el neoliberalismo en las tierras del meta

El neoliberalismo en las tierras del Meta


Emilio García Gutiérrez


Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER


Diagramación: Lucila Cubillos Cruz

Primera edición: Octubre de 2000

Impresión y encuadernación: Surtipapeles

Dirección electrónica: [email protected]

mailto:[email protected]



1. Caracterización de la globalización.

2. El modelo neoliberal imperante.

3. La desactivación productiva.

3.1. Desagriculturización.

4. La ofensiva ideológica de la apertura.

5. La actividad productiva en la Orinoquia.

6. Repercusiones del neoliberalismo en el sector rural.

6.1. Pérdida de identidad cultural y de biodiversidad.

6.2. Pérdida de seguridad alimentaria.

6.3. Impacto negativo en renglones productivos.

6.4. Empobrecimiento tecnológico.

6.5. Crisis y pobreza.

7. Bibliografía.




Lectura para análisis en el curso de Política Agraria en Unillanos

Villavicencio, octubre de 2000.

1. Caracterización de la globalización.

La globalización bajo el modelo neoliberal, es la característica de la etapa

actual del capitalismo. Se reproduce en las sociedades modernas bajo la

presión de diversas fuerzas sociales, económicas, tecnológicas y

geopolíticas que se profundizaron a partir del fin de la segunda guerra

mundial, y al diseminarse por el mundo está alterando la forma de relación

y el comportamiento no sólo de las sociedades sino de sus miembros como

individuos. (Garay, 1999a).

La acción de estas fuerzas ha exigido una nueva definición del papel del

Estado, diferente a la que prevaleció durante el siglo XX, principalmente por

la erosión del concepto de soberanía nacional al iniciarse el

desplazamiento, desde el Estado-nación hacia instancias supranacionales,

del centro de decisiones referidas a un conjunto cada vez más amplio de

temas (en principio problemas que atañen a la humanidad como un todo).

Entre las principales fuerzas que han impulsado el proceso de globalización

se pueden señalar, (Garay, 1999ª):


La revolución en la informática, las comunicaciones y las nuevas

tecnologías que propiciaron la automatización flexible y la aparición del

posfordismo, la descentralización espacial de los procesos productivos y

el cambio en la organización de la producción y del capital. Y en el

campo de las relaciones entre individuos, la masificación de la televisión

y la telefonía y la comunicación interactiva instantánea a escala mundial,

por encima de la posibilidad de censura previa y con acceso a fuentes,

privilegiadas de conocimiento.

El avance en la internacionalización de los procesos de producción y de

reproducción del capital, y en la renovación del patrón internacional de

especialización.

La mundialización del sistema financiero internacional y la jurisprudencia

surgida de la constitución y funcionamiento de entidades multilaterales.

El desarrollo de las armas atómicas.

El fin de la guerra fría expresado en el derrumbe del campo socialista,

que desactivó la polarización entre sistemas y permitió la

configuración de bloques económicos a escala mundial.

La profundización de los problemas medioambientales a escala cada

vez más global.

La progresiva toma de conciencia de que el funcionamiento del sistema

capitalista en un mercado mundialista hace necesario enfrentar cierto

tipo de problemas de una manera global, incluso por encima de las

nacionalidades. Entre este tipo de problemas se pueden citar la defensa

de los derechos humanos, la profundización de condiciones

democráticas en los países, reconociéndose la crisis del modelo de

democracia ligado a la existencia de los partidos de masas, el combate al


crimen organizado y el narcotráfico y la manipulación de la genética

humana.

Estas fuerzas permitieron el desarrollo del “mecanismo del desanclaje” del

tiempo y el espacio -la interacción a distancia- mediante el cual se hace

posible la reorganización de las relaciones sociales sin la limitación de la

distancia (Giddens, 1993), y entender que la globalización es un proceso

social en el que las restricciones de la geografía en los arreglos sociales y

cultural se desvanecen y mediante el cual la gente va tomando conciencia

de tal desvanecimiento (Waters, 1996).

La globalización se reproduce en tres esferas determinantes de la dinámica

social en medio de un proceso de progresivo relacionamiento entre

sociedades del mundo como un todo: la económica, la política y la cultural.

El ámbito de la esfera económica es el arreglo social para la producción,

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios -bajo desafíos

colectivos como el desarrollo sustentable y la preservación del medio

ambiente.

El escenario de la globalización en la esfera política tiene lugar en el

ordenamiento social para la coordinación, aplicación y legitimación del uso

del poder en sus diversas formas, desde las relaciones con los aparatos

militar y policial para la conservación del orden público y la preservación de

la seguridad territorial, hasta las más mediatizadas como son la estructura

jurisdiccional para velar por el imperio de los principios rectores y las

reglas del juego sobre las conductas y convivencia ciudadanas -incluidas las

regulaciones del comportamiento de los agentes económicos en el mundo.

La esfera cultural es la conciencia social representada por los valores,

carencias, principios, preferencias y gustos de la población recreada

permanentemente por la historia de la propia sociedad.


2. El modelo neoliberal imperante

La globalización capitalista está siendo administrada bajo el modelo

neoliberal imperante en el mundo de hoy. Este no es el único modelo de

globalización; por el contrario su perdurabilidad está en serio

cuestionamiento ante la creciente exclusión y agudización de

contradicciones que genera. Es una etapa posterior a la de la

internacionalización de la economía capitalista y es consecuente con la

tendencia a la configuración de una “sociedad global” fraccionada,

desigual, excluyente y diferenciadora, constituida por grupos relativamente

amplios de las sociedades desarrolladas y de sólo determinadas elites

privilegiadas de otras sociedades no hegemónicas.

En la concepción neoliberal y de libre competencia se supone, en la esfera

económica, que el mercado es una institución social donde los diferentes

agentes intervienen, en teoría, en condiciones de igualdad en el

intercambio, y con las mismas capacidad y oportunidad para satisfacer sus

necesidades a través de su interacción en el propio mercado. Así, la

instauración del mercado y del régimen de competencia debería tener

como contrapartida en la esfera política la necesidad de desarrollar un

régimen que responda a los mismos postulados básicos -como principios

teóricos abstractos- del régimen de competencia.

El primero de esos principios teóricos es el de la “igualdad” de los

ciudadanos en el proceso de decisión política para la definición de las

prioridades sociales mediante el derecho de elección a través del voto lo

que en términos de mercado implicaría el derecho de los agentes a

participar e interactuar a través de la relación oferta-demanda.

El segundo es el de la “soberanía” en las decisiones. Se supone

teóricamente que en el mercado, el agente económico es soberano en sus

decisiones. Similarmente, en el régimen democrático cada ciudadano, con


el acervo de información y de oportunidades que dispone, es soberano en

el sentido de que no debe haber fuerzas externas que lo lleven a definir o

condicionar sus decisiones en la esfera de lo político.

En la medida en que no se cumple en la práctica (como evidentemente

ocurre) con los postulados de igualdad y soberanía -en términos de la

capacidad y la disponibilidad real de oportunidades efectivas de los actores

para decidir libremente-, la consolidación de un régimen de mercado no

implica necesariamente la equiparación de un régimen democrático. Es

más, se ha llegado a argumentar que para su funcionamiento el mercado

no requiere necesariamente de la existencia de condiciones democráticas

al tenor de lo ocurrido en la Alemania nazi y en el Chile de Pinochet. En

estos casos se supondría que las dictaduras son una forma de “efectividad”

del Estado que “contribuiría” a la transparencia del mercado.

No obstante, como lo han afirmado algunos autores, la democracia

representativa -poliárquica como se la conoce en la práctica- ha

sobrevivido de manera estable en países con predominio de economías de

mercado capitalista, por el hecho de que algunos principios teóricos

característicos del mercado (capitalista) son compatibles -con instituciones

democráticas.

Ahora bien, la democracia y el capitalismo de mercados se relacionan en

medio de graves contradicciones y tensiones por la reproducción de

desigualdades de oportunidades en lo económico y en lo político. Es por

ello que “el capitalismo de mercado en gran medida favorece el desarrollo

de la democracia hasta el nivel de la democracia poliárquica. Pero, dadas

sus adversas circunstancias para la igualdad política, es desfavorable para el

desarrollo de la democracia más allá del nivel de la poliarquía” (Dahl, 1999).

Además, una economía de mercado no es autorregulada sino que como

institución social requiere, la instauración de valores, principios, normas,

regulaciones y comportamientos íntimamente compatibles con los

postulados de la racionalidad de la competencia: protección de los


derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos en el mercado para

asegurar la reciprocidad y la confianza en el mercado como institución

social. Todavía más necesaria la intervención sobre el mercado en presencia

de “fallas” en la competencia y en la medida en que se reproduzcan

inequidades y perjuicios sobre unos ciudadanos y agentes económicos que

sean “injustificados” -en términos económicos y morales- a la luz de

criterios socialmente acogidos sobre la justicia distributiva.

El régimen político que debía acompañar al modelo neoliberal teórico, que

pregona por postulados como la igualdad y soberanía, en la realidad no es

el modelo democrático vigente en la etapa actual del proceso de

globalización. En este sentido el régimen político tiene que

complementarse o renovarse para que, en consulta con las condiciones

existentes tanto políticas como económicas, pudiera facilitar en mayor

medida la competencia en el mercado.

De otra parte, sobresale una seria contradicción interna al neoliberalismo

por ser en el ámbito económico hostil a la tradición, como consecuencia

del impulso de las fuerzas del mercado y de un individualismo agresivo.

Pero por ser defensor de la tradición en el ámbito político y cultural, de ahí

que su legitimación y su conciliación con el conservadurismo se deban

basar en la persistencia y defensa de la tradición en las áreas de la nación,

la religión, los sexos y la familia. Dado que no posee verdaderos motivos

teóricos, su defensa de la tradición en estas áreas suele adoptar la forma

de algún fundamentalismo (Giddens, 1996).

Ahí reside precisamente, una razón de la necesidad de reflexionar, analizar

y plantear opciones alternativas de política bajo escenarios probables como

la no sostenibilidad del modelo neoliberal teórico y la implantación de

otros alternativos, tomando en consideración las implicaciones sociales,

políticas y económicas entre diferentes países, regiones y en el sistema

capitalista en su conjunto.


3. La desactivación productiva

Bajo un ordenamiento político en avanzado estado de resquebrajamiento

progresa una determinada aculturación de la ilegalidad, y la cultura

productiva sufre severas y profundas transformaciones. En Colombia la

cultura productiva que prevalece no corresponde a la de una verdadera

cultura capitalista sino, en cierta medida, es una cultura que ha propendido

a la búsqueda del lucro y la satisfacción de objetivos egoístas excluyentes

en favor de ciertos grupos, logrados mediante el usufructo de privilegios

individuales relacionados con su posición en la estructura política,

económica y social del país. Más aún, esta cultura manifiesta rasgos

típicamente rentísticos; esto es, prácticas a través de las cuales los grupos

dominantes privilegian la obtención de ganancias como fruto de su

posición en la estructura social y no como fruto del trabajo, el ahorro, la

inversión, la innovación y el riesgo. A continuación veamos los

planteamientos de Luis Jorge Garay (1998).

Estos privilegios fueron adquiridos por ciertos grupos predominantes en

el ordenamiento político y económico del país al influir, con base en su

poder de influencia e incluso de coacción de los que disponen en la

aplicación de políticas públicas y colectivas aún a costa del interés público,

en beneficio exclusivo de sus propios intereses privados egoístas y/o por

medio del aprovechamiento de su capacidad de actuación respecto al

mercado, donde han existido condiciones equiparables a las de

competencia perfecta.

Puede decirse que en Colombia no se ha desarrollado una verdadera

cultura empresarial capitalista ni una verdadera cultura capitalista en el

sentido que su sociedad no ha observado estrictamente valores clave del

régimen capitalista de acumulación. Lo anterior sin pretender “idealizar” la

cultura capitalista, ni pregonar su irrestricta perdurabilidad, sino

reconociendo apenas que además de ser el régimen imperante en el


mundo hoy día, es en el que se encuentra adscrita esta sociedad, al menos

nominalmente.

Esta aculturación rentística tiene una clara expresión en el caso de la

industria y, en buena medida, la agricultura, en especial, para no

mencionar el caso típico de la prestación de servicios financieros-, al haber

sido reproducida por una excesiva prolongación y falta de renovación de

una estrategia de industrialización circunscrita primordialmente a apoyar a

unos determinados (sub)sectores domésticos productores de bienes tanto

de consumo como intermedios basados en recursos naturales, sin una

contraprestación comprometida por parte de los agentes beneficiados en

términos, por ejemplo, del mejoramiento de su capacidad competitiva, de

una creciente productividad en la utilización de recursos productivos, de la

capacitación del recurso humano y de la innovación técnica. Ello resultó

favoreciendo a los sectores tradicionales mono u oligopolizados y con

mayor poder de influencia política y económica por su posición

privilegiada en la estructura productiva en el país.

Si se analizan cuidadosamente los diferentes planes de desarrollo que ha

habido en Colombia desde los setenta hasta el día de hoy, se puede

observar que no han satisfecho no sólo las metas, sino que no se han

podido llevar a cabo porque gran parte del esfuerzo y de la prioridad de la

política económica han estado centrados en la búsqueda de la estabilidad,

y no necesariamente en la continuidad de un programa de desarrollo.

Ello no quiere decir que hubiese convenido haber dejado de lado la

estabilidad, sino que se requería buscar, dentro de un proyecto social más

comprometido, los esfuerzos necesarios para que con estabilidad también

se hubieran podido mantener metas, programas y objetivos de desarrollo

a largo plazo. Esto no ha sucedido en Colombia, y a la profundización de

los problemas estructurales del aparato productivo señalan que las

respuestas no se pueden buscar exclusivamente en las prácticas y

propuestas del manejo económico que han prevalecido.


En un mundo de globalización conviene contar con un programa de

desarrollo que presente un proyecto que sea buscado e implementado a

través del tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. ¿ A

través de qué mecanismos, de qué modalidades, y con la intervención de

qué sectores y qué agentes de la sociedad, se puede definir y aplicar el

proyecto de desarrollo y velar por su cumplimiento? No es el Estado, en el

mundo actual, el único y exclusivo responsable del diseño, aplicación,

implantación, verificación y control de un programa de desarrollo; se trata

de una relación público-colectivo-privada nueva que está por crearse y por

institucionalizarse no sólo en Colombia sino en países en desarrollo en el

mundo globalizado, para poder ejercer una acción que posibilite por lo

menos la búsqueda de una inserción productiva del país al escenario

internacional.

Casi independientemente del modelo imperante -ahora el neoliberal-,

Colombia tendrá que desarrollar una nueva cultura productiva y política

con la abolición de prácticas y lógicas de comportamiento arraigadas,

como la rentística y la ilegal, enmarcadas dentro de un verdadero

ordenamiento democrático e incluyente socialmente, bajo el contexto de

globalización en las esferas económica, política, social y cultural, si se

deseara transitar hacia la construcción de una nueva sociedad.

En los orígenes de la crisis estructural y en una perspectiva

fundamentalmente económica se observa que la sociedad colombiana ha

desarrollado una cultura adversa a la inversión y a la acumulación de

capital, y más proclive al consumo.

Las tasas de ahorro y de inversión privada en Colombia nunca han

despegado de un nivel promedio moderado, en contraste con economías

similares que para desarrollarse incrementaron significativamente

(triplicaron o aun cuadruplicaron temporalmente) sus niveles de ahorro

respecto al Producto Interno Bruto, durante períodos de dos o tres

décadas.


A la par con esta cultura de no acumulación y de no inversión, el país

tampoco ha logrado alterar su estructura productiva de manera creativa y

funcional con el desarrollo económico. Colombia se ha caracterizado por

haber sufrido un proceso simultáneo de desindustrialización,

desagriculturización y terciarización durante los últimos treinta años.

Con estas características, aunque Colombia había logrado una capacidad

de estabilidad con crecimiento moderado, en medio del proceso de

apertura a la competencia externa surgieron serios interrogantes sobre,

primero, la sostenibilidad del crecimiento y las fuentes del crecimiento, y

segundo, sobre la capacidad de la economía colombiana para poder

competir o resistir la competencia de los bienes importados y para alcanzar

una productiva inserción al mercado internacional bajo el proceso de

globalización.

Dentro de la dinámica actual del sistema capitalista, el proceso de

desindustrialización y de terciarización parece constituir una de sus

características básicas. Sin embargo, en los países desarrollados y en los de

reciente industrialización, el proceso de terciarización ha sido dinámico,

centrado alrededor de sectores con tecnología de punta que desarrollan

eslabonamientos y relacionamientos con el resto de la economía, cada vez

más modernos, tecnificados y productivos. Infortunadamente, en el caso

de Colombia el tipo de terciarización que ocurrió fue uno absolutamente

pasivo y no productivo: los sectores terciarios financieros y de servicios de

gobierno, algunos de ellos privatizados recientemente, y nuevos servicios

en el área de comunicaciones, los cuales no incorporan ni desarrollan

tecnología ni posibilidades de modernización del sistema productivo e

institucional.

Como resultado de la cultura de la no acumulación, de fallas inherentes al

proceso productivo colombiano y de la apertura externa, se ha agudizado

la tendencia a reproducir déficit en las cuentas comercial y corriente de

Colombia con el exterior, lo que quiere decir que Colombia no sólo tiende a

consumir más de afuera que los productos que logra colocar en el exterior,


sino que a su vez requiere, crecientemente, del ahorro externo; es decir, de

recursos del resto del mundo para poder sustentar sus patrones de

consumo e inversión y gasto (productivo e improductivo).

Eso incluso en medio de bonanzas externas de toda índole que Colombia

pudo usufructuar desde 1975. Uno de los interrogantes centrales a tener en

cuenta es hasta qué punto se puede mantener esta tendencia a consumir

sin consultar debidamente el ingreso permanente de índole legal del país.

Quizás la crisis a la cual el país se enfrenta es una de las expresiones de la

no sostenibilidad de este patrón de consumo y bajo ahorro e inversión,

asociado con la orientación del mercado financiero en Colombia, y éste es

un fenómeno ligado a la crisis particular del sector financiero.

Ahora bien, ¿por qué existe la tendencia a utilizar ahorro externo en una

economía como la colombiana? En primer lugar; por la insuficiencia del

ahorro interno e inversión; en segundo lugar, por una tendencia al

consumo; y en tercer lugar, por algo que es fundamental: en Colombia uno

de los factores que contribuyó (no el único ni el más determinante

necesariamente) para haber mantenido estabilidad con crecimiento, fue el

hecho de haber usufructuado permanentemente, desde los años 1975-

1976, de consecutivas bonanzas externas de diferente índole: legales,

paralegales y abiertamente ilegales.

Todas estas bonanzas, ligadas a recursos naturales, que no implicaban ni

eran fruto del esfuerzo de la actividad productiva del país y de sus

ciudadanos (con la excepción del café), ni tampoco fruto del mejoramiento

de la capacidad productiva del sistema económico nacional sino, por un

lado, de la “aparición” de recursos naturales estilo petróleo o carbón, o de

bonanzas esporádicas del precio de los productos de exportación

colombianos como el café y, por otro lado, de la utilización de parte del

territorio para cultivar, procesar y comerciar drogas ilícitas, llevaron a que la

economía y la sociedad colombiana se acostumbraran a tener un patrón de

consumo que no responde a la capacidad de creación de riqueza de la

sociedad.


Al reducirse este tipo de bonanzas, Colombia está obligada a realizar un

serio ajuste en su patrón de consumo e inversión, para poder sostener no

sólo la solvencia del país, sino también su viabilidad y poder crear una

base que le permita crecer hacia el futuro. Más que un ajuste cosmético, se

trata de hacer uno verdaderamente estructural que vaya más allá del

diseño de la política económica: se trata de una nueva concepción de

desarrollo y un cambio de la cultura económica. En cuanto a esta cultura,

ha venido siendo permeada crecientemente por la irrupción de patrones

anómalos: comportamientos “mafiosos”, de enriquecimiento ilícito, y de

aprovechamiento de los bienes colectivos-públicos a favor de intereses

individuales privilegiados.

En este sentido la situación económica colombiana no se puede desligar de

la situación social y cultural porque, en la medida en que se vive en un

mundo más globalizado, estas anomalías internas imponen restricciones

crecientes y determinantes en la conducción económica del país.

3.1. Desagriculturización

La desagriculturización que se produjo simultáneamente con la

desindustrialización tuvo el efecto perverso de reducir la capacidad de

crecimiento y acumulación de la economía colombiana, mientras expulsaba

“destructivamente” población del sector rural hacia el sector urbano sin que

este último sector, por el patrón productivo que se ha mencionado, lograra

incorporar creativa y productivamente a esta mano de obra excedente del

sector rural.

El proceso de desagriculturización del país es consecuencia de un variado

conjunto de anomalías y problemas de muy diversa índole que van desde

las tradicionales prácticas sociales y económicas (por ejemplo, fiscales) en

favor de la acumulación de tierras en amplias zonas con fines más

especulativos -ligados a la valorización urbana y/o la búsqueda de poder y


legitimidad por parte de agentes ilegales y paralegales- antes que

propiamente productivos, a la exagerada pobreza del campesinado, a la

elevada concentración de la tierra y de activos rurales y a la ausencia de

una verdadera política de tierras y de productividad agraria, hasta la

aberrante proliferación de variadas modalidades de violencia enraizadas y

retroalimentadas por las condiciones de desigualdad, marginación e

inaccesibilidad a servicios básicos (como salud, educación, justicia, vías)

ante la ausencia del Estado, la preeminencia de intereses particulares

individualistas -legales e ilegales- y a la pérdida de legitimidad del régimen

político tradicional en buena parte del territorio nacional.

Colombia no ha superado problemas endémicos -políticos, económicos y

sociales-, sino que incluso ha sufrido serios retrocesos que han deteriorado

aun más las condiciones de vida del campo. No sólo se ha producido una

mayor concentración de la tierra, con la presencia de intereses ilegales, que

buscan en el poder territorial y geoestratégico una forma de legitimación y

de poder político, sino que tampoco se ha avanzado decididamente en una

mejor explotación de la tierra con técnicas productivas más eficientes y con

adecuados patrones de especialización. Por el contrario , aparte de que

amplias zonas del país están dedicadas a la ganadería extensiva cuando

algunas de ellas podrían ser utilizadas en la siembra de cultivos

comerciales, en otras regiones no se está produciendo de manera

consecuente con la aptitud de la tierra y en otras hay cultivos ilícitos que

han propiciado la transgresión de reservas forestales, extendiéndose

indebidamente la denominada frontera agrícola del país.

Esto ha llevado a que en diversas actividades del campo se haya arraigado

una aculturación rentística cuya lógica no es la producción comercial

capitalista mediante el aprovechamiento de las condiciones de la tierra, el

mejoramiento de la productividad y la competitividad, sino

fundamentalmente el aprovechamiento de un poder territorial para facilitar

una cierta legitimidad y la realización de excedentes legales e ilegales, y

para asegurar el logro de sus propios intereses individuales.


Con sus particularidades, en lo rural la acumulación rentística se profundizó

gracias al predominio de poderes territoriales sustentados en la elevada

concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio, con una influencia

determinante en la configuración de partidos tradicionales y, a través de

ellos, en la conducción de asuntos del Estado y la aplicación de políticas

públicas como, por ejemplo, la impositiva que no solamente no penaliza

con mayor tributación de uso de la tierra para fines fundamentalmente

rentísticos y especulativos, sino que tampoco busca premiar relativamente

la producción eficiente en el campo.


4. La ofensiva ideológica de la apertura

En letras de molde quedaron las advertencias de que la aplicación del

modelo neoliberal conducirá la nación al matadero: así ocurrió con los

muchos análisis publicados en las revistas Deslinde y Agricultura Tropical

en estos nueve años. En esta sección incluimos los análisis que en el

ensayo “Neoliberalismo y desastre agropecuario” realiza Jorge Enrique

Robledo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

Entre las muchas cosas que quedaron claras en los orígenes de la apertura

estuvo la que ella no era el producto de la genialidad de algún cerebro

criollo y que se estaba ante la definitiva concreción de una emboscada que

se intentaba desde antes. Dos años antes de definirla, el 7 de noviembre

de 1988, en el periódico El Tiempo, el ex ministro de hacienda Edgar

Gutiérrez Castro advirtió que Colombia estaba siendo sometida “a un

peligroso desmantelamiento de los controles sobre sus importaciones”, por

cuenta de “una política dictada por el Fondo Monetario Internacional”. Por

su parte, a los pocos días de aprobada la definitiva desprotección del

mercado interno, Abdón Espinosa Valderrama, explicó la decisión como el

producto de un chantaje y agregó que “el equipo económico del gobierno

de Barco ha dado, en sus postrimerías, prueba de heroico estoicismo al

guardar escrupuloso silencio sobre el origen de la mal llamada apertura de

la economía colombiana. Ha preferido asumir valientemente su

responsabilidad a compartirla con la institución de donde provino su

exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento

de sus créditos.

En efecto, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos, (...). Si el

gobierno quería obtener nuevos prestamos, siquiera equivalentes al pago

de capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones, o, en términos

más benignos, abrir su economía...


Anteriores experimentos de liberación de importaciones, también

impuestos desde afuera como supuestos requisitos de la aceleración del

desarrollo, tuvieron adversos resultados: estrangulamiento exterior en 1966

y recesión económica en 1981 – 82”. (Espinosa Valderrama, 1990).

También se advirtió que en el caso de los productos agropecuarios que

hacían parte de la oferta de las grandes potencias, los agricultores y

ganaderos colombianos no darían ni un brinco, porque en esas naciones

trabajaban, entre otras ventajas, con el respaldo de unos subsidios que

sumaban la enorme suma de 320 mil millones de dólares anuales, aportes

que no iban a ser desmontados por la retórica del mal llamado “libre

comercio”, como quedó demostrado en la Ronda de Uruguay, donde

Estados Unidos y sus socios en el control del Banco Mundial apenas

aceptaron disminuirlos en 21%, dejándolos en 252.800 millones de dólares

al año (!)(El Espectador, 1993), promesa que por supuesto tampoco

cumplieron. Y que ese comercio internacional de productos agrícolas y

pecuarios era aun más corrupto que las muchas corruptelas nacionales que

usaban las aperturistas como pretexto para dejar indefensos a los

productores colombianos, lo explicó Carlos Gustavo Cano, presidente de la

Sociedad de Agricultores de Colombia, cuando dijo:

“Se sabe que el comercio internacional de dichos bienes no solo no es

diáfano sino que es muy oscuro y que, bajo su turbia sombra, la supuesta

corrupción de los organismos públicos que intervinieron en él es apenas un

pálido reflejo de la del sector privado y transnacional” (SAC, 1990).

Otra de las afirmaciones que se hicieron anticipando la gravedad del

impacto de la apertura sobre toda la nación fue la muy certera de Darío

Múnera Arango, presidente de la Junta Nacional de la Andi, quién señaló:

“entonces yo llego a la tesis de que la competencia no es entre empresas

sino entre naciones, naciones completas (...) en el ámbito internacional, más

que la capacidad de competencia empresarial o de competencia industrial

juega la capacidad nacional de competencia” (ANDI, 1990).


Significaba con ello Múnera Arango que en el precio de cualquier

mercancía que se envía por el mundo, lo principal, lo determinante, no es la

voluntad de los individuos que la producen sino las circunstancias en que

ellos actúan, es decir, las condiciones nacionales que les hayan permitido, o

no, acumular grandes capitales y las tecnologías que de ellos se derivan, y

si se beneficiaron de maquinarias con precios razonables, de créditos

abundantes y baratos, de insumos con precios bajo control, de altos niveles

de educación, investigación científica y asistencia técnica, de grandes y

pudientes mercados internos, de enormes obras de infraestructura, de

fletes internos baratos, de subsidios abiertos y encubiertos, de barreras

proteccionistas arancelarias y fitosanitarias y de las restantes garantías que,

en últimas, determinan quién vence a quién en la competencia

internacional.

Una vez se hizo el ejercicio de comparar cómo se producía en el agro de

Colombia y en el de Estados Unidos, por ejemplo, quedó claro que la

capacidad nacional de competencia de los colombianos era bastante

menor, y no solo porque los subsidios de esa potencia a su sector

agropecuario sumaban unos 80 mil millones de dólares al año. Cuando la

apertura empezó, toda la producción se hacía allá con equipos de

significado poder y, con frecuencia, por auténticos monopolios que

controlaban capitales e inversiones inmensas, porque no existía la

producción campesina, entendida ésta como la que hacen quienes carecen

de manera absoluta de un capital o lo tienen de muy escaso monto y

deben entonces laborar con sus manos y las de su familias, sin contratar

mano de obra asalariada o en muy poca cantidad, y sin el empleo de

maquinarias que les aumenten la productividad de su trabajo.

También se señaló que los precios de sustentación norteamericanos era tan

efectivo que hasta habían permitido garantizarles el ingreso a los

agricultores para que no sembraran o pagarles, por cuenta del Estado, el

sacrificio de millares de vacunos y el derrame de millones de litros de leche,

para impedir superproducciones consideradas indeseables. Eran tan


notorias las diferencias en las tasas de interés de los créditos, que no es del

todo exagerado decir que allá los productores pagaban por el dinero en un

año lo que aquí se les cobraba en un mes. En tanto aquí el riego apenas

respaldaba una porción pequeña del área sembrada, allá era prácticamente

omnipresente, gracias a que desde la década de 1930 el Estado había

hecho por su cuenta grandes inversiones en represas y canales.

Mientras en esas tierras los fletes se abarataban por el común empleo de

ríos y ferrocarriles como sistemas de comunicación, en éstas casi todo se

cargaba por carretera, el sistema de transporte más costoso que existe

después del aéreo. En tanto allá existía una formidable red de

universidades públicas gratuitas y multitud de centros de investigación

financiados por el gobierno, que ponían a disposición de los productores

especialistas a porrillo y casi a diario semillas mejoradas y avanzados

recursos para controlar las plagas, aquí apenas había unas pocas facultades

de agronomía y veterinaria signadas por la escasez de recursos, y los

institutos de investigación, mal dotados y financiados, eran la excepción y

no la norma, a pesar de que en los países de la zonas templadas los gélidos

inviernos se encargan de hacer fuertes controles fitosanitarios cada año,

mientras que en las regiones tropicales las plagas se reproducen y mutan

con extraordinaria rapidez, realidad que genera diferencias naturales

enormes y de grandes consecuencias a la hora de producir.

Para completar el cuadro de las desemejanzas, allá solo se producía en

tierras planas y aquí buena parte de la agricultura y la ganadería se hacía en

las montañas, donde ni siquiera era posible beneficiarse de muchas de las

posibilidades que ofrece el empleo de la rueda. En resumen, a cada

agricultor y ganadero norteamericano lo llevaban de la mano el Estado y la

capacidad nacional de competencia que los gobiernos habían creado y

mantenían, cuando en Colombia ocurría todo lo contrario. Y las garantías

en Europa y Japón eran aún mayores.

Las diferencias anotadas entre las capacidades nacionales de competencia

son las que en últimas explican las grandes distancias entre las respectivas


productividades del trabajo, el indicador que por excelencia marca los

niveles de tecnificación de las faenas y de desarrollo de las naciones. En el

caso del arroz, por ejemplo, los trabajadores norteamericanos tienen una

productividad 4.6 veces mayor que la de los colombianos (Induarroz, 1999),

así las producciones del cultivo por hectáreas sean similares.

También se explicó que si todos los gobiernos de todas las potencias

protegían sin escrúpulos a su agro, no lo hacían porque sufrieran de un

particular estupidez que los indujera a convertir en perezosos a sus

pueblos –como podría deducir algún neoliberal ignorante-, sino en razón

de las conveniencias de sus monopolio y del conjunto de sus naciones.

Porque en el capitalismo el agro termina por desaparecer sin la debida

protección del Estado, porque los menores precios de los alimentos

disminuyen el precio de la mano de obra y, por esa vía, de todas las

mercancías, porque los consumos de la producción agropecuaria jalonan la

industria y el resto de la economía, porque las exportaciones de productos

agrícolas constituyen una parte vital de sus comercios exteriores, hasta el

punto que en 1995 las norteamericanas superaron los 50 mil millones de

dólares, y, por sobre todo, porque país que no garantice la seguridad

alimentaria de su pueblo perderá su soberanía nacional y será

indefectiblemente sometido a lo que le quieran imponer los que le vendan

y controlen su comida, y especialmente los cereales, el alimento estratégico

por excelencia.

Sin lugar a dudas, en la campaña neoliberal tendiente a convencer a los

colombianos de que la soberanía nacional ha caducado en la era de la

“globalización”, también cuenta que así se prepara el terreno ideológico

para eliminar o reducir hasta la insignificancia la producción cerealera, sin

que se generen protestas proporcionales al tamaño del atentado. Así se

entiende porqué la ministra de agricultura de Samper, cuando le

preguntaron qué opinaba acerca de que las importaciones de maíz

hubieran pasado de 17 mil a 1.7 millones de toneladas a partir de 1990,

tuvo el descaro de responder:


“Colombia tiene que entender que no puede ser un país competitivo en

producción de cereales” (El Tiempo. 1997)

Afirmación que si se hubiera hecho en cualquiera de los países

desarrollados que los aperturistas criollos dicen imitar, habría provocado la

destitución fulminante del funcionario o la caída del gobierno.

Lo otro que se aclaró fue por qué el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional, los cancerberos de los intereses de los monopolistas

norteamericanos y de las restantes potencias, decidieron pisar el acelerador

de la política aperturista precisamente en ese momento. Según Lester

Thurow, decano de la escuela administración del Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT):

“tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo,

calcule a cuanto habrá de comprarlo el mundo, y habrá cuanto menos un

30% de exceso de capacidad de producción” (Thurow, 1993).

Y para el caso del agro, Turow detalló:

“el mundo sencillamente puede producir más que lo que necesitan comer

los que tienen dinero para pagar. Ningún gobierno firmará un acuerdo que

obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de

sus tierras a retirarse de la agricultura” (Thurow, 1992), con lo que dejó

claro que la humanidad padece por una de las clásicas crisis de

superproducción que periódicamente azotan a las economías de mercado,

que la apertura busca sacar tierras, agricultores y ganaderos del negocio

agropecuario como solución a ese exceso de capacidad productiva y que

cuando habla de “ningún gobierno” no se refiere a los de Barco, Gaviria,

Samper y Pastrana, sino a los de Estados unidos y de las restantes

potencias.


La ruina de millones de productores urbanos y rurales en todo el mundo no

es, entonces, una consecuencia impensada de las orientaciones

neoliberales, sino su principal propósito. Si en esta etapa los monopolistas

y en general los empresarios de los países desarrollados no logran eliminar

competidores en todo el orbe, la política habría fracasado. Es obvio que la

idea de crear mercados de envergadura global presupone la consolidación

de capitales de esa misma amplitud, es decir, de carácter monopólico y

transnacional, los únicos capaces de actuar en cada rincón de la tierra, y

presupone, también, la tendencia al desaparecimiento de todas las formas

económicas no monopolistas, bien sean empresariales y, naturalmente,

campesinas.

Entonces, otra de las mentiras de la época consiste en decir que la apertura

estimula la competencia entre todos los productores, como si fuera posible

que ella se diera haciendo caso omiso del tamaño de los competidores,

razón que explica porqué en el deporte, la actividad humana competitiva

por excelencia, se compite pero dentro de categorías precisamente

establecidas. Sin duda alguna, el público reclamaría indignado contra un

promotor de boxeo que metiera en el mismo ring un peso pesado y a un

peso pluma, así a éste lo hubiera tramado dictándole varios cursos para

mejorarle su autoestima.

Que por diversas razones que no es del caso detallar aquí, en Estados

Unidos, Japón y Europa exista una política que se empeña en mantener con

vida a sectores de productores no monopolistas en su agro, no debe

entenderse como que éstos, y los del resto del mundo que logren

sobrevivir, quedarán exentos de tributarle al gran capital transnacional.

Aun si a esos productores se les permitiera mantenerse en el negocio

indefinidamente, jugando el papel de concentrar parte de la producción

alimentaria del mundo, serán cada vez más una especie de siervos de los

monopolios de agroquímicos, de semillas y comerciales. Que se trata de

empresas que poseen poderes cada vez más descomunales y que actúan

en los más diversos campos, como corresponde con la época de la

definitiva consolidación del capital financiero como el amo y señor del


capitalismo, lo muestra bien el caso de Cargill, conglomerado que tuvo

ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996 y que controla el 25% de

las exportaciones de grano, un quinto del procesamiento de maíz y un

cuarto del triturado de semillas oleaginosas de Estados Unidos, país donde

también posee trescientos elevadores de grano. La diversidad de intereses

de Cargill, que tiene 79.000 empleados, activos en 65 países y comercia con

100, incluido Colombia donde compra café, se entiende mejor cuando se

sabe que

“produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú.

Desarrolla una semilla de maíz en Pakistán, para alimentar los pollos que

sacrifica en Tailandia y se consumen en Japón” (El Tiempo, 1997).

El corolario de estas políticas de concentración de la riqueza podría ser la

adquisición de las mejores tierras de todos los países que lo permitan por

parte de las transnacionales de los imperios, en todo de acuerdo con el

acaparamiento que ya se observa en las finanzas, la industria y el comercio.

Lo ocurrido en Argentina, donde el área comprada por dos inversionistas,

uno norteamericano y otro europeo, suma más de medio millón de

hectáreas, alerta lo que podría terminar ocurriendo en Colombia y en todas

partes.

Además, era previsible que países distintos a los desarrollados también

pusieran en aprietos la producción nacional, como sucede con el Ecuador,

pues dado su menor desarrollo relativo poseen costos de mano de obra

substancialmente inferiores a los colombianos. Eso es lo que ocurre en

Tailandia, país que en el arroz tiene una productividad del trabajo 21 veces

inferior a la colombiana (Induarroz, 1999) y, sin embargo, es el primer

exportador del mundo.

Y que no digan los neoliberales que no se les advirtió que las licencias de

importación de la apertura le darían “patente de corso” al contrabando,

forma de corrupción que, además, se facilitó con las primeras

determinaciones legales del gaviriato; o que no era obvio que los acuerdos


subregionales podían servir para triangular importaciones norteamericanas

o de cualquier otra parte, como en efecto ha ocurrido.

La tesis neoliberal de que el agro colombiano debía dedicarse

exclusivamente a los productos tropicales de exportación, porque en ellos

las ventajas del clima liberaban al país de tener que competir con los

productos de las zonas templadas de Europa, Estados Unidos y del

hemisferio sur, también fue rebatida. Y lo fue porque era apenas natural

que más de medio centenar de países pobres dedicados a sembrar lo

mismo agravaría la tendencia a la superproducción de esos cultivos y la

caída de los precios, experiencia ya comprobada en el banano y el café;

porque carecía de sentido común emplear las posibles exportaciones de

pitayas, por ejemplo, como pretexto para justificar las importaciones de

maíz; y porque en esos productos de exportación los cultivadores

nacionales terminan por dejar de ser campesinos y empresarios libres para

convertirse en una especie de peones de las transnacionales que

monopolizan la comercialización internacional, como gráficamente lo

explicara un bananero del Magdalena.

Por otro lado, este disparate teórico genera una nueva amenaza, en estos

días en que la ingeniería genética abre posibilidades hasta hace poco

insospechadas: si en el futuro la manipulación de los genes de las plantas

permitiera sembrar banano en la Florida, café en Alemania y los demás

cultivos tropicales en cualquier parte donde el clima hoy no lo permite, ¿la

nación colombiana también deberá resignarse a abandonar lo que le han

autorizado producir las potencias en esta etapa y aceptar que sus tierras

solo sirvan para cargar rastrojos? ¿Será a esto a lo que aspiran las

concepciones más agresivas del imperialismo ambientalista, las cuales

buscan crear en el orbe zonas “pulmones” que descontaminen lo que

contaminan las potencias?

Por lo demás, la preocupación anotada atrás de que las transnacionales

vienen hasta por la producción agropecuaria, incluida la de los cultivos

tropicales, ya tiene base material en Colombia. Fuera de desalojar de


buena parte de la comercialización del banano de Urabá a las empresas

nacionales, las compañías extranjeras han incursionado en la producción

bananera de esa región, donde ya poseen más de seis mil hectáreas. Lo

más reciente al respecto es que Dole ya adquirió tres de las principales

empresas que cultivan flores en la sabana de Bogotá, compra que no por

casualidad coincidió con la decisión norteamericana de cesar en las

acusaciones de dumping en las Cortes de ese país en contra de las

exportaciones colombianas.

Obviamente, también se resaltó que la apertura llevaría a un rotundo

descalabro por otra razón, además de las ya anotadas: la existencia de una

pavorosa violencia que se ha enseñoreado particularmente del campo y

que, por supuesto, hace bien difícil, cuando no imposible, atender como se

debieran la agricultura y la ganadería.

A pesar del conocimiento de estas verdades, las cuales se encuentran todas

en los textos elementales de economía, los neoliberales empotrados en el

poder decidieron aplicar la totalidad de unas recetas en las que apenas

jugaron el melancólico papel de traducirlas del inglés, solo que tuvieron

que hacerlo con un inconveniente: quedaron impedidos para defenderse

alegando que nadie les había anunciado lo que sucedería, aun cuando la

verdad es que hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para conseguir la

unanimidad del pensamiento, mediante la oferta de puestos, prebendas y

contratos y el empleo de amenazas, exclusiones y castigos.


5. La actividad productiva en la Orinoquia

Colombia vive hoy en día la peor crisis del siglo. Esta crisis está marcada

por la falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones

nacionales.

El recrudecimiento de la violencia en todas sus formas, generalización del

conflicto armado, expansión de las áreas dedicadas a cultivos ilícitos, el

aumento del narcotráfico, el creciente desempleo, la caída de la tasa de

crecimiento del PIB y la agudización de las crisis en el sector rural, son

algunos de los factores que explican dicha crisis.

Gracias a la existencia de todos estos factores el sector rural ha vuelto a ser

objeto de atención de analistas y algunos sectores del gobierno, pues es

en dicho sector donde se ubica un buen número de los problemas antes

mencionados. El abandono del Estado al sector rural, expresado en la falta

de políticas claras de apoyo para el logro de un desarrollo equitativo y

armónico y la aplicación de las políticas de apertura económica, de manera

repentina y drástica, han contribuido a la desestabilización de la siempre

frágil estructura rural. (Universidad Javeriana, 1999).

La importancia del sector rural colombiano es indiscutible. Allí habitan más

de doce millones de personas, lo cual representa más del 30% de la

población total del país. El producto Interno Bruto agropecuario representa

el 18% del PIB total, genera el 27% del empleo y el 31% de las

exportaciones del país. Todo esto a pesar de las condiciones de abandono

por parte del Estado y de la situación de guerra generalizada.

En efecto La participación del sector agropecuario en el PIB nacional ha

venido descendiendo paulatinamente desde 1991, cuando contribuía con

el 22%, al 18% en 1999; el crecimiento se ha desacelerado de manera


considerable pasando de las tasas del 4.6% observadas en el último

quinquenio de los ochenta al 2.5% en el período 1990 - 1994 y 1.48% en

1993 - 1997. Incluso entre 1996 - 1998 se registraron tasas negativas o

menores del 1% (Perry, 1999).

La agricultura tiene un peso importante en el valor de la producción

agropecuario, representando en promedio un 64% en el período 1970 -

1997. El área dedicada a la agricultura presentó, hasta principios de los 90,

un crecimiento continuo.

Entre 1991 y 1998, las áreas de cultivos transitorios (arroz, maíz, sorgo,

cebada, trigo, y oleaginosas de ciclo corto, principalmente) disminuyeron

en más de 875 mil hectáreas, en tanto las áreas dedicadas a permanentes

sin incluir café (caña de azúcar, la caña panelera, la palma y los frutales,

principalmente) aumentaron en 293 mil. Sin embargo, su consolidación no

se da sobre la base de la sustitución de los cultivos semestrales, lo que

afecta de manera particular zonas como la Costa Atlántica (Balcázar y otros,

1998).

El área y la producción cafetera han sufrido igualmente una considerable

merma durante la década, derivada de la baja en los precios internacionales

y problemas fitosanitarios. La producción en 1998 se tasaba en 10.7

millones de sacos, frente a 18 millones en 1992.

Es importante anotar, como hecho coyuntural, el crecimiento del área de

cultivos transitorios entre el primer semestre de 1998 y el mismo semestre

en 1999, a pesar de que se han agudizado las condiciones de violencia y no

se tienen nuevas modificaciones importantes en las políticas

macroeconómicas que afecten el sector. Así mismo, el sector agrícola

muestra, para el primer trimestre de 1999, un repunte del orden del 6.7%,

hecho que contribuyó de manera predominante a llevar la tasa de inflación

hasta el 12%, la menor en los últimos treinta años (El Tiempo 1999a).


Esto no significa que haya mejorado la productividad agrícola ni que haya

una tendencia hacia el mejoramiento de la situación del sector

agropecuario. Más bien la explicación del repunte es la abundancia de las

lluvias durante el último año, debido al fenómeno de La Niña.

La superficie en hectáreas cultivadas en la Orinoquia durante 1997,

representa aproximadamente el 14% de la superficie cultivada en la nación

(sin incluir superficies dedicadas al cultivo de frutales). La superficie está

dedicada especialmente al cultivo de arroz secano mecanizado (55% del

área nacional para éste uso), palma africana (36%), soya (34%), arroz riego

(26%), plátano (12%) y yuca (11%)

En un análisis de la década (1997/1987) es posible observar como los

cultivos de arroz, soya, palma africana, yuca y plátano presentan un

crecimiento en superficie, en tanto que otros como el sorgo y el cacao

presentan un decrecimiento, los cultivos del algodón y maíz se mantienen

estables.

En conclusión para la Orinoquia se presentó un crecimiento (90/87) del

35% en el área sembrada regionalmente, determinado por un crecimiento

acelerado de las extensiones agrícolas, debido a la política proteccionista

imperante en ese entonces. Posteriormente, de 1990 a 1997 se dio una

caída en el área consechada que por fortuna fue aminorada gracias a que

los cultivos permanentes como el plátano, yuca y la palma africana

tendieron a aumentar en superficie, sustituyendo cultivos transitorios como

el sorgo y la soya, entre otros. Entre 1990 y 1997 se registró una

disminución en la superficie sembrada regionalmente, equivalente al 13%

del área sembrada en 1990, es decir 44.964 hectáreas.

Ahora bien, en términos de tendencia los cultivos en los cuáles se registra

comportamiento creciente en la curva de superficie cultivada son: la palma,

el plátano y la yuca, mientras el arroz riego, algodón, sorgo, soya y cacao

son cultivos que tienden a ser sustituidos.


En términos generales la producción de cultivos permanentes viene

creciendo cada año, indicando que los agricultores lejos de pensar en dejar

de producir, tomaron la opción de sustituir cultivos transitorios por

permanentes como en el caso del plátano, yuca y palma africana. Aunque

la palma tuvo una caída en producción durante 1997, debida a una leve

reducción del área sembrada y al hostigamiento de la guerrilla.

El rendimiento de los productos orinoquense se ha mantenido estable en la

mayoría de los casos durante la serie 87 – 97. Durante los años 1992 y

1993 se presenta en la mayoría de los productos un incremento

significativo en el rendimiento, caso más evidente en el plátano y la yuca;

productos que durante esos años generaron una mayor producción por

hectárea, a pesar que la superficie cultivada no creció significativamente.

Tenemos para el período 1997/1987 rendimientos crecientes para la palma

africana, yuca, algodón, soya, plátano y maíz tecnificado. El arroz ha caído

en rendimiento mientras que el sorgo, el maíz tradicional y el cacao están

igual en rendimiento que en 1987.

Tanto el arroz como la palma en su condición de requerir grandes

inversiones y extensiones de tierra, han venido obteniendo los beneficios

de las economías de escala, como otra forma para sortear fluctuaciones de

precios. Sin embargo es contradictorio el caso del arroz en la región que

según información de los centros de almacenamiento es un cultivo que a

comienzos de la década empleaba fincas hasta de 1000 hectáreas, pero que

ahora es implantado en fincas de máximo 500 hectáreas. Esto obedece al

riesgo que tienen que enfrentar los productores que ya no depende

únicamente de la calidad de la cosecha, los intereses bancarios, el

incumplimiento de los pagos de los molineros, sino también del vaivén de

precios en los mercados nacionales e internacionales.

La producción pecuaria nacional, por su parte, representa el 40% del valor

de la producción agropecuaria del país, con una tasa de crecimiento

estable del 3.5% anual en las tres décadas pasadas, pero hay diferencia


importantes al interior del subsector. Por ejemplo, las producciones con

menor crecimiento han sido la de carne de res (1.4%, anual) y la porcícola

(2.1%). La avicultura, en cambio, ha sido el renglón más dinámico en las

tres últimas décadas, con un crecimiento promedio anual de 11.6% para

pollos y 7.5% en los huevos. La producción de leche ha crecido a partir de

1978, pues antes, debido a las políticas de control de precios estaba

estancada. Hasta 1997 la producción de leche creció a una tasa promedio

anual de 6.2%.

Uno de los cambios más importantes en la producción pecuaria se ha dado

en la disminución en la contribución porcentual de la producción de carne

de res y de cerdo, frente a la producción de pollos entre 1970 y 1996. La

producción de carne bovina ha tenido un crecimiento muy pobre a largo

plazo. La tasa de extracción (razón entre sacrificio e inventario) se sitúa

alrededor del 15% lo que lleva a caracterizar a la ganadería colombiana

como altamente extensiva, pues países como Uruguay y Argentina

presentan tasas de extracción cercanas al 25% (Balcázar y otros, 1998).

Otro cambio importante ha sido la consolidación del doble propósito

como característica de la producción bovina en Colombia. Entre 1970 y

1996 la producción de leche pasa de representar el 30% al 41% del valor de

la producción ganadera.

El crecimiento de la ganadería se ha dado gracias a la pérdida del área de

los cultivos transitorios en los años 90 que han sido reemplazados por

pastos y rastrojos. En especial el crecimiento de la ganadería de carne se

debe a la sustitución de cultivos agrícolas por ganaderías extensivas,

fenómeno que es bastante notorio en la Costa Atlántica.

La inseguridad ha sido uno de los factores más influyentes en el desarrollo

de la ganadería colombiana. Especialmente en la década de los 90 la

expansión del paramilitarismo y narcotráfico han impulsado una

reconcentración de la propiedad ganadera en fincas de grandes

extensiones. La violencia también ha inducido procesos de relocalización de


la producción ganadera, ubicándose en las zonas donde es menor la

inseguridad para los propietarios, gracias a la aparición de grupos de

autodefensas que protegen la vida y los bienes de los ganaderos aunque

ello conlleve un alto incremento de los costos de transacción.

Es también importante anotar que ha habido cambios significativos en la

productividad de la ganadería por la utilización de tecnologías modernas

como introducción de pastos y razas mejoradas, nuevas prácticas de

manejo de ganado, progreso en el potencial genético de los hatos, etc. En

estos cambios tecnológicos jugaron un papel importante los

narcotraficantes - ganaderos, pero también ganaderos tradicionales y

empresarios y profesionales del sector.

Los ganaderos han desarrollado una serie de estrategias para mantener la

producción y desarrollar el mercado de la ganadería, tales como la

administración a “control remoto” de sus fincas mediante la instalación de

equipos electrónicos, y la organización de mercados virtuales de venta de

ganado.

Según el Dane, en 1995 el hato ganadero nacional alcanzó la cifra de

26.392.173 cabezas, en donde el departamento del Casanare ocupó el

segundo lugar con 2.752.472 cabezas que representan el 10.4%, el primer

lugar lo ocupó Antioquia con 2.774.284 cabezas y el 10.5% del total

nacional y en tercer lugar se encuentra Córdoba con 2.623.369 cabezas y

una participación del 10% a nivel nacional.

La producción pecuaria de Arauca se ha visto disminuida pues mientras en

1991 el hato ganadero era de 766.100 cabezas, y lo que se esperaba era

que aumentase, para 1995 la cifra disminuyó a 590.289 cabezas, con tan

solo una participación del 2.2% del total nacional. El Meta ocupó una

posición destacada con 1.818.165 cabezas y una participación de 6.9% a

nivel nacional, ubicándose en el promedio de otros departamentos

ganaderos.


En la Orinoquia los departamentos de Meta, Casanare y Arauca presentan

en 1995 un total de 5.160.969 cabezas, que aportan el 19.55% del total

nacional. Para este hato ganadero el área en pastos es de 6.826.326 has.

(Arauca 1.163.871, Casanare 2.668.885, Meta 2.993.570) las cuales

representaron el 25.7% del total nacional (26.580.245 has). La capacidad de

carga de 0.78 para Casanare, que superó el promedio nacional (0.73), y

Arauca y Meta se ubicaron por debajo del promedio con 0.38 y 0.47

respectivamente.

En pastos con cobertura densa, la Orinoquia en ganado de carne, fase de

cría, tiene una carga de 0.43 UGG/hectárea en pastos de cobertura densa y

0.42 UGG/hectárea a en pastos de cobertura rala, inferior a la región caribe

que tiene cargas de 0.98 y 0.79.


6. Repercusiones del neoliberalismo en el sector rural

6.1. Pérdida de identidad cultural y de biodiversidad

El uso intensivo de la tierra unido a la necesidad de utilización de una

cantidad mayor de insumos agrícolas (fertilizantes químicos y agrotóxicos)

y a la tendencia hacia la especialización de la producción favoreciendo el

monocultivo; provoca una serie de cambios culturales, representados por

ejemplo en cambios culturales, representados por ejemplo en cambios en

los hábitos de consumo y la tendencia a reducir los periodos de barbecho y

descanso que significan una ruptura de los mecanismos de preservación de

los agroecosistemas.

En otras palabras, las tecnologías que se continúan impulsando, con mayor

agresividad en el modelo de apertura atentan claramente contra la

diversidad y conservación de los recursos genético, que son la base de las

producciones futuras no solo de los campesinos sino de cualquier cultivo.

En realidad en el origen de la generación de las semillas milagrosas de la

Revolución Verde y de la creación de variedades mejoradas, está la

necesidad de tener una base genética suficientemente rica y diversa que

sirva de materia prima para el enriquecimiento de los avances ya obtenidos

y para los nuevos.

Así las cosas, la reiterada insistencia en la modernización y la constante

negativa hacia una investigación que favorezca los elementos positivos de

este tipo de producción, atenta no solamente contra este sector de la

sociedad sino contra las posibilidades alimentarias y productivas del

plantea en el futuro. Al mismo tiempo se está dejando perder una

importante base de conocimiento y de prácticas culturales que han

demostrado ser eficientes en términos de la utilización sostenible de los

recursos naturales.


Colombia se ubica en los primeros lugares del mundo en diversidad

natural. Complemento de ello es la coexistencia de múltiples grupos

étnicos y culturales con diferentes grados de articulación a la economía de

mercado. A pesar de la rápida incorporación del campesinado, a los

procesos de modernización, existe todavía una importante diversidad

cultural que es necesario tomar en consideración cuando se piensa en las

posibilidades de un desarrollo sostenible.

La tendencia modernizante y homogenizadora de los modelos de

desarrollo impuestos hasta ahora, y especialmente del neoliberal, va en

contravía al mantenimiento de nuestra identidad cultural que es diversa en

su base y contenido y puede aportar grandemente en términos de

autonomía local. El conocimiento producto de esta diversidad y ajustado a

nuestras condiciones naturales, está desapareciendo rápidamente y con

ello, las posibilidades de un desarrollo apoyado en nuestros propios

recursos.

De otro lado, la entrega total a los mecanismos del mercado, cuya artillería

publicitaria es una fábrica de creación de necesidades, unido a la libre

entrada de los productos correspondientes afectará sin duda los patrones

de consumo y los componentes culturales que los acompaña.

Paralelamente, la orientación de la producción hacia la demanda de los

mercados internacionales determina cambios en los productos, en las

formas de producirlos y de las posibilidades de apoyarnos en bienes de

autoconsumo –especialmente- en el caso de la producción campesina.

En el contexto de la apertura, el empeño de muchas organizaciones no

gubernamentales y otros sectores de la sociedad en el rescate de la cultura

propia y en la comprensión de las formas de vida locales, solamente tendría

posibilidad si los resultados se convierten en productos de exportación.

Evidentemente, esta situación afecta las bases mismas de la nacionalidad

colombiana.


6.2. Pérdida de seguridad alimentaria

La producción de alimentos para el mercado interno pierde toda relevancia,

con la opción del mercado mundial como despensa del país. En el

mercado alimentario mundial Colombia deberá abrirse paso con

exportaciones de granadilla, uchuva, mora de castilla, fresa, pepinillo,

maracuyá, pitahaya, curuba, uva, además de continuar colocando café y

banano. Entre tanto ampliará sus compras de cereales, oleaginosas, leche

en polvo y carne. En otras palabras, se trataría de colocar una amplia gama

de productos de alta fragilidad mercantil, absolutamente prescindibles y

sujetos a todo tipo de manipulaciones y restricciones mientras que entraría

a comprar productos de alto valor estratégico alimentario y geopolítico.

6.3. Impacto negativo en renglones productivos

Evidentemente con la política de importación de alimentos estratégicos, la

heterogeneidad de la economía campesina implica impactos diferentes.

Directamente se están afectando los cultivadores de productos transables

internacionalmente: en primer lugar la tradicional producción campesina de

maíz que constituye alrededor de un 6% del valor total de la pequeña

producción (Cartier y Forero, 1990). En segundo término las materias

primas industriales contempladas en la política gubernamental de

compensaciones por los efectos nocivos de la apertura y cuya aplicación

parece rezagarse angustiosamente de los efectos. Son susceptibles de

afectación los pequeños productores de arroz y algodón que compiten en

condiciones desventajosas con los empresarios capitalistas o producen

asociaciones con ellos. En el más corto plazo parecen producirse

consecuencias negativas para los campesinos que cultivan soya. Quienes

están insertos también en medio de la agricultura capitalista.

La enorme agroindustria panelera (azúcar no centrifugada) que ocupa a

más de 200.000 familias y genera un 11% de la producción campesina

podría afectarse también en el mediano o largo plazo por la importación de


azúcar. El secado de yuca, una agroindustria reciente muy exitosa y ligada

al aprovisionamiento de materias primas para la fabricación de alimentos

para animales queda en una situación de alta fragilidad. Queda también

dependiendo de los subsidios de las vacas europeas, una floreciente

producción lechera que en las dos últimas décadas ha consolidado el

autoabastecimiento nacional conformando una eficiente y extensa red

basada fundamentalmente en la intensificación y el cambio técnico de los

productores.

Aparentemente quedaría a salvo y hasta posiblemente estimulada por una

posible estabilización de los precios de los insumos agroquímicos, la

producción de tubérculos hortalizas, frutas, plátanos que surten

directamente la canasta de los consumidores urbanos y rurales y que

constituye un 62% de la producción campesina total. La producción

cafetera campesina que representa un 13% esta producción –y un 37% del

total de la producción de grano- queda en una situación de menor

fragilidad que su competencia capitalista en la medida en que la menor

relación entre costos monetarios e ingresos monetarios protege

mayormente a los primeros de las pérdidas en dinero suscitadas por la

caída de precios del café; eso si, a costa de la subremuneración del trabajo

de la familia y de los recursos de la finca.

El panorama presentado hasta aquí arroja luces sobre las posibles

consecuencias para el futuro del campesinado como resultado de la actual

política estatal. Al quedar aplazada la solución de problemas urgentes

como el de acceso a al tierra, a los recursos de la producción y a la

tecnología apropiada, el mejoramiento de las condiciones de vida de esta

población, esta práctica, aparece mas lejano que en épocas anteriores, con

todas las secuelas sociales y políticas que esto implica.

La economía campesina continuará con su papel de abastecedora de

alimentos, esta vez con una reducción fundamental en los mismos apoyos

con que, mal que bien, habían contado.


El sector agrícola empresarial también ha manifestado su desconcierto ante

el modelo neoliberal; esta incertidumbre puede tener efectos de

importancia para el campesinado pues la ausencia de inversión privada en

el agro afectaría las posibilidades de ingreso que significa el trabajo fuera

de la finca en explotaciones comerciales, una de las estrategias de

supervivencia frecuentemente utilizada por los pequeños productores.

6.4. Empobrecimiento tecnológico por la presión a la especialización

productiva

De acuerdo con el análisis de las posibilidades del país para posicionarse en

los mercados internacionales, se vislumbra una peligrosa especialización de

la producción en bienes no indispensables, al tiempo que se abandona el

necesario fortalecimiento del mercado interno. Mientras tanto

dependemos cada vez mas de la importación de los recursos básicos ante

el desestímulo a la producción interna de los mismos. Todo esto induce a

cambios en los patrones de consumo tanto de los productores como de

demandantes y muy posiblemente a una reducción de la demanda por los

bienes nacionales.

La especialización de la producción a su vez significa la pérdida de una

serie de prácticas de cultivo y de manejo de recursos naturales en los

diferentes ecosistemas, que hasta ahora han garantizado el mantenimiento

de especies vegetales y animales, que de otra manera hace mucho tiempo

habría desaparecido. Además la especialización, por naturaleza contraría a

la lógica de producción, contribuye al debilitamiento de aquellos renglones

destinados al autoconsumo que en muchos casos también pueden ser

mercadeados. En estas circunstancias se presiona el abandono de la

poliactividad campesina y de sus mecanismos de fortalecimiento, basados

en las estrategias de combinación de diversas alternativas productivas para

el autoconsumo y el mercadeo.


La toma en consideración de los recursos naturales en el modelo parecería

ser apenas una mención, si pensamos en la propuesta tecnológica implícita

y en la urgencia con que se requiere una mayor vinculación con los

mercados internacionales. Así por ejemplo, ante el argumento de la

imposibilidad de competir con productos que ya tienen una importante

posición en el mercado, se ha propuesto la exportación de los recursos

naturales y de la diversidad, eso si con tecnologías altamente eficientes, es

decir, capaces de extraerlos rápidamente y en grandes volúmenes... con el

agravante de que, por supuesto, estas tecnologías también son importadas.

En la práctica, la investigación para las condiciones del trópico y la

conservación de los recursos naturales se ven también amenazados desde

que se enfatiza más en la eficiencia económica, que en la sostenibilidad del

desarrollo. La política de ciencia y tecnología acorde con la política global,

tampoco presenta alternativa claras para la producción, descargando todo

el peso de la responsabilidad en las organizaciones no gubernamentales.

La pérdida de la relativa autonomía alimentaria y la exigencia de un tipo de

producción que obedezca a las posibilidades de competencia en los

mercados externos, implican un incremento importante en la dependencia

tecnológica y financiera, por lo tanto, nos lleva a la pérdida de autonomía

para decidir el tipo de desarrollo que queremos.

Es necesario aclarar aquí que lo que defendemos no es el encierro y

aislamiento del país ante la inevitable internacionalización de la economía

de la que, de hecho, hace tiempo hacemos parte. Creemos que es

necesario el mejoramiento de la calidad de muchos de los productos que

estamos produciendo internamente, lograr incrementos de producción y

reducir los costos, diversificar, buscar y ganar posiciones importantes en los

mercados internacionales. Es indiscutible también la necesidad de

modernizar la producción nacional y de hacer más evidentes los costos que

esto representa. Pero esto no puede significar la entrega de nuestra

seguridad alimentaria, de nuestros recursos naturales y sobre todo de

nuestra autonomía política y cultural. Nuestra historia esta llena de


ejemplos de lo que ha significado para nosotros la dependencia y la

entrega de sectores importantes a los capitalistas internacionales. No

podemos permitirnos el lujo de omitir lo que la experiencia nos ha

enseñado, a riesgo de llegar al futuro con una fragilidad aún mayor.

6.5. Crisis y Pobreza

Luego de los análisis reseñados, no había que ser adivino para prever cuál

sería el resultado de la introducción del llamado “mercado libre” en el

comercio internacional del café, de la baja de los aranceles a los productos

agropecuarios importados y de la eliminación o el debilitamiento del

respaldo estatal del agro nacional. ¿Y que´ ocurrió? ¿Progresaron la

agricultura y la ganadería? ¿Creció la riqueza y el empleo? ¿Se redujeron la

pobreza y la miseria? ¿Hubo un salto hacia el futuro o Colombia cayó como

una piedra hacia el pasado?

Entre 1992 y 1999 desaparecieron cerca de seis millones de sacos de café

de la cosecha nacional, los cafetales que superaron la edad crítica pasan del

40% del total y se agudizó la pauperización de los cafeteros: 95% sobrevive

con cafetales de menos de cinco hectáreas, el 88% con menos de tres y el

60% con menos de una, situación que el editorial de La República del 11

de diciembre de 1997 resumió como que “se avanza en un acelerado

proceso de proletarización” del sector. Si las cosas no son peores, fue

porque con la lucha de los agricultores, en la que ocupó papel importante

la orientación de Unidad Cafetera, se consiguió la condonación total de

cerca de cien mil deudas bancarias anteriores a 1994.

La situación de los otros renglones es, si se quiere, más grave. Los cultivos

transitorios disminuyeron en 800 mil hectáreas y la participación del agro

en el Producto Interno Bruto se redujo en casi cuatro puntos, una pérdida

enorme si se tiene en cuenta que se trata de un indicador macroeconómico

y que los productos de pancoger le ayudan a las cifras porque son muy

resistentes a la ruina, dada la proverbial capacidad campesina para


apretarse el cinturón. Prácticamente desaparecieron el algodón, el maíz, la

cebada y el sorgo, en tanto que disminuyeron el arroz, la soya, el tabaco, y

tantos más.

Las rentabilidades, claves porque de ellas depende el futuro de los

productos, han caído en picada en los sectores sobrevivientes, como lo

ilustra el caso de la ganadería, otrora símbolo de prosperidad. Y son

decenas de miles los agricultores y ganaderos entrampados por créditos

impagables, que amenazan con despojarlos hasta de la propiedad de las

fincas y parcelas, en tanto los bancos no aceptan los predios rurales como

garantías hipotecarias. De ahí que no tenga nada de extraño que 72 de

cada 100 habitantes en las zonas rurales ya no sean pobres sino miserables,

pues aparecen por debajo de la “línea de pobreza” que define el gobierno.

(Robledo, 1999).

Cada una de las causas del desastre es conocida. Utilizando una supuesta

lucha contra la corrupción como el pretexto favorito para justificar

cualquier atentado contra los colombianos, se eliminaron o debilitaron las

medidas e instituciones que en algo respaldaban el agro. Así se liquidó el

Idema y con él los precios de sustentación que algún control ejercían sobre

las maniobras de los intermediarios; las tasas de interés de los créditos para

el sector se igualaron con las comerciales y éstas se llevaron a niveles

confiscatorios; el precio de los insumos se dejó al arbitrio de los

monopolios de agroquímicos; a la Caja Agraria se le redujeron sus recursos

hasta anquilosarla, primero, y liquidarla, luego; la investigación se redujo a

casi nada y se le quiere entregar la responsabilidad de hacerla a las débiles

agremiaciones de los productores y las tarifas de los servicios públicos y los

impuestos se escalaron para poder auspiciar las privatizaciones y

compensar las bajas de los aranceles a las importaciones.

Como era de esperarse, los productos de exportación no se salvaron de la

crisis, colocando nuevamente al desnudo la estulticia neoliberal, la cual los

propuso, y con cinismo lo sigue haciendo, como la salida del sector. El

café, además de sufrir por las mismas razones del resto del agro, fue la


primera víctima de las concepciones neoliberales. El rompimiento del Pacto

que le ordenaba su comercio internacional le entregó a las transnacionales

la libertad de esquilmar sin contemplaciones a los productores, mediante el

establecimiento de precios de compra tan bajos que alcanzaron a ser de

casi un tercio de los vigentes antes del rompimiento. A su vez, los

bananeros han sufrido por los precios de monopolio y por los pleitos entre

las comercializadoras europeas y norteamericanas, y el Banco Mundial ya

anunció que el exceso de producción y la disminución de los consumos

deberá deprimir aún más las cotizaciones internacionales de los productos

tropicales, hasta el punto que en la próxima década las de café y el aceite

de palma africana serían inferiores en un 30 y 40%, respectivamente.

Pero lo que definitivamente desquició el agro nacional fueron las fuertes

reducciones de los aranceles a las importaciones agropecuarias, por lo que

éstas pasaron de 700 mil toneladas –que ya era mucho- a siete millones de

toneladas, en una política que tiene a los colombianos comprando de todo

en el extranjero: trigo y maíz, arroz y soya, carne de res, de cerdo y de

pollo, leche y huevos, yuca y plátano, aguacates y sapotes, manzanas y

naranjas, ajos y cebollas, sin excluir hasta las hojas en la que se envuelven

los tamales, con lo cual no solo se reemplaza la producción interna sino

que se debilitan los precios de venta de los productos nacionales que no

desaparecen.

Inclusive, la Nestlé importa café soluble y se sabe que en las conversaciones

con el Mercosur y en la nueva ronda de la Organización Mundial del

Comercio están sobre el tapete la apertura en azúcar y café verde –únicos

productos agrícolas que no pueden importarse al país-, importaciones que

destrozarían a los caficultores colombianos, quienes producen con costos

superiores a los brasileños, en tanto que las de azúcar borrarían del mapa

la producción azucarera y podrían liquidar de carambola la caña panelera y

setenta mil pequeños y medianos trapiches artesanales, si los grandes

ingenios vallecaucanos se transforman en productores de panela, camino

que ya parece han iniciado con su decisión de montar un entable panelero

de 30 mil millones de pesos en el departamento del Cauca.


Estas importaciones se facilitaron por otro de los engendros neoliberales:

una notable disminución en el control del precio del dólar, la cual le facilitó

a los especuladores nacionales y extranjeros actuar a su antojo y en contra

del interés nacional, política que revaluó el peso y generó la casi increíble

situación de golpear, al mimo tiempo, a los que producían para la

exportación y a los que producción para el mercado interno. En la

revaluación de la moneda también contó el haber pasado la deuda externa

de 15 mil a 34 mil millones de dólares en solo ocho años, con el propósito

de reemplazar por préstamos la destrucción del trabajo nacional, adicción

al crédito que, a su vez, impulsó hacia arriba las tasas internas de interés,

como una forma de atraer capitales especulativos a un país que está

quebrado, como todo el mundo en el exterior lo sabe.

Para completar el cuadro, el desastre del agro nacional también se agravó

porque su propio hundimiento, y el de la industria y el del resto de la

economía, llevaron el desempleo y la caída de los consumos a niveles

nunca vistos en el país, por lo que los sectores que sobreaguan no

encuentran a quien venderle sus productos. Ni siquiera de la reducción de

la inflación pueden vanagloriarse los neoliberales, pues ésta no es el fruto

del desarrollo y el progreso sino de todo lo contrario. Mucho de lo que se

está ofreciendo a menosprecio, incluidos los alimentos, contiene el germen

de la ruina que acompaña a quienes venden a pérdida.

A las causas de la debacle del sector agropecuario colombiano solo resta

sumarle el rotundo fracaso de las políticas neoliberales como medio para

resolver los problemas de la economía mundial, pues es notorio que la

caída de los precios de los productos agrícolas en los mercados

internacionales también tiene que ver con las quiebras de países de todos

los continentes y con la cada vez más notorio incapacidad de Estados

Unidos para actuar como locomotora del mundo, haciendo de gran

consumidor de última instancia, para no mencionar lo que ocurrirá si se

produce el muy probable colapso de la burbuja especulativa que sustenta

la glotonería de las capas medias y altas de ese país.


El Plan de Desarrollo, a pesar de utilizar las mismas cifras indicadores del

desastre que se emplean en este texto, no dice una palabra sobre echar

atrás el modelo neoliberal e insiste en que la prosperidad del agro

descansará en los productos de exportación, en dejar a los restantes

sometidos a la dolorosa suerte que les impone la apertura y en acabar de

desmontar la institucionalidad agropecuaria que aún queda.

Por si hubiera dudas, ahí están los hechos: nada de precios de

sustentación, menos de créditos baratos, ninguna solución a los problemas

de deudas, IVA a los insumos agrícolas, protección a los abusos de los

monopolios de agroquímicos, alzas en las tarifas de los servicios públicos y

la gasolina, sepultura de la Caja Agraria, la toma de 398 mil millones de

pesos del Fondo Nacional del Café, que es la plata del precio interno del

grano, para el “rescate” del Bancafé y, especialmente, continuar con la

importación masiva de productos agropecuarios, como lo muestra de sobra

la autorización para importar arroz y una nueva disminución de los

aranceles a las importaciones de maíz.

Y ahí está, por sobre todo, la determinación de someter el país de una vez

por todas a los ucases del Fondo Monetario Internacional, órdenes que,

como se sabe, exigen profundizar en la apertura y la privatización y en el

fallido intento de reemplazar con deuda externa condicionada y usurera la

riqueza que las víctimas del modelo neoliberal ya no pueden producir, así la

normal impudicia de quienes ferian la soberanía nacional de Colombia

intente presentar el fracaso implícito en los acuerdos con las banqueros

norteamericanos como un gran éxito de sus políticas y al FMI como una

institución que “ya no es el ogro que era antes”.

El caso de las importaciones de arroz ilustra bien la realidad nacional y las

orientaciones de extinción a las que la tiene sometida la práctica

aperturista. Esas compras se autorizaron a pesar de que Colombia es

autosuficiente en ese cereal y que la productividad promedio del cultivo de

los arroceros colombianos es la primera entre los países tropicales y está


cerca del nivel de la de Estados Unidos, a la cual iguala o supera en el caso

de los productores más tecnificados; aun cuando se produce sin el respaldo

de otros cultivos que permitan rotar las tierras y en muchos casos sin el

beneficio de los distritos de riego; no obstante que el subsidio promedio al

arroz en los países del la OCED llega al 80% y que hay casos como el de

Japón donde los productores reciben un pago seis veces superior a la

cotización del grano en el mercado mundial; sin importar que por lo menos

una porción considerable del arroz despachado por los comerciantes

ecuatorianos sea simple triangulación de cereal norteamericano y que el

arroz sea el último pilar de la seguridad alimentaria nacional.

Haciendo caso omiso de que las importaciones y el contrabando de 1998

tienen a los cultivadores colombianos en una crisis que puede arruinarlos y

que si ello ocurre quedarán sin trabajo 21 mil familias de productores y se

perderá el equivalente a 175 mil jornales permanentes; que sufrirán

consecuencias negativas todas las actividades económicas de un

importante número de municipios de Tolima, Meta, Huila, Casanare, Norte

de Santander, Valle y la Costa Atlántica y que si ese cultivo desaparece no

habrá qué hacer con las tierras que hoy utiliza. Y, además, sin considerar

que su ruina podría arrastrar la de la industria molinera, pues sería extraño

que los países exportadores siguieran pagándole fletes internacionales a la

cascarilla del arroz y no se dieran el gusto de emplear a fondo los molinos,

enviándonos arroz blanco ya empacado e inclusive precocido.

En términos comerciales acabar con el cultivo del arroz no tiene misterio,

como ya se vio con el algodón. Ni siquiera se requiere reemplazar con

importaciones y de un día para otro toda la producción nacional. Basta

con que el grano importado reduzca los precios de compra del nacional

hasta el punto de que los agricultores no les queda alternativa distinta que

tomar la decisión de no sembrar, para que el gobierno quede políticamente

autorizado para abastecer con importaciones lo que requiera el consumo

del país.


A los que les puedan parecer muy severas estas advertencias, hay que

recordarles que en la apertura hasta las peores pesadillas se han

convertido en realidad y contarles las declaraciones de Linda Kotschwar,

ponente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el

XIII Congreso Internacional de Induarroz, en octubre de 1998, quien

refiriéndose a las exportaciones de arroz de su país, dijo:

“En 1997-98 América Latina se ha convertido en un mercado muy

importante, específicamente Colombia y Ecuador (...) También es factible –

agregó- que Colombia se convierta en un mercado regular para el arroz

norteamericano” (Induarroz, 1999).

Esta amenaza tampoco suena exagerada si se sabe que el mercado mundial

arrocero es todavía muy pequeño, porque lo corriente es que casi todas las

naciones sean autosuficientes y apenas se exporten excedentes temporales,

lo que podría estimular el diseño de una estrategia tendiente a concentrar

su producción en unos cuantos países y a entregarle a las transnacionales

del comercio agrícola del mundo la intermediación de esos grandes

volúmenes, tal y como ocurre en el trigo, el maíz, la cebada y en general

con todos los cereales.

Para acabar de complicar las cosas en el arroz y en todo el agro, la apertura

no ha concluido. Apenas va en la primera etapa. Los aranceles deben bajar

más, de acuerdo con lo diseñado por la banca internacional y el gobierno

norteamericano, que insisten en hacer un solo gran mercado desde Alaska

hasta la Tierra del Fuego, orientación en la que los acuerdos subregionales,

como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), apenas tienen como

fin servirle de mascarones de proa al gran imperio que viene detrás. Y el

actual gobierno ha ratificado, en la teoría y en la práctica, que continuará

con esta política de destrucción del ahorro y del trabajo nacional.

El pensamiento del neoliberalismo colombiano sobre el tema lo expresó

con cierta franqueza el funcionario del Banco de la República, Carlos Felipe

Jaramillo, en el mismo congreso de Induarroz. Allí dijo:


“En las negociaciones internacionales el tema del arroz y del azúcar siempre

genera discordia y rechazo entre nuestros socios. Se suele preguntar: ¿por

qué Colombia protege estos dos cultivos? ¿Qué tiene de especial esos

cultivos? ¿Qué es lo que están escondiendo? Si las protecciones fueran

relativamente bajas, de niveles de 10%, 15% o 20%, se podría argumentar

que esos niveles son normales y se generarían menos presiones. El

problema es que el arroz y el azúcar son los únicos cultivos con niveles de

protección del 60% y 70%”,

al tiempo que ocultó la “protección” de la que habla no tiene origen en los

estímulos que reciben los arroceros colombianos sino los extranjeros. Y

agregó:

“participé en las negociaciones del GATT y en la formación de la OMC.

Conozco la naturaleza de estas discusiones y debo advertirles que el arroz

en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable. Durante la

nueva ronda de negociaciones del GATT, a Colombia le van a reclamar por

la protección elevada del arroz. Esto también ocurrirá en las negociaciones

de una zona de libre comercio de las Américas” (Induarroz, 1999).

Cuando los neoliberales han desnudado su verdadera naturaleza y han

anunciado que los tiene sin cuidado que sus teorías no funcionen y que las

seguirán aplicando a un cuando no cuenten con el respaldo de la nación,

porque les basta y les sobra con la bendición del imperio norteamericano,

con el aplauso de los contados nacionales que se lucran de la hecatombe y

con los beneficios personales que se derivan de dirigir el Estado y de

ingresar a las burocracias de las agencias internacionales de crédito, los

colombianos y en particular las gentes del agro no tienen sino dos

opciones. O resignarse a la manifiesta arbitrariedad con que los tratan y

desentenderse de las consecuencias personales y nacionales de lo que

ocurre, aceptando esos lavados cerebrales tan en boga que venden como

muy sabio convertir la cobardía en una virtud y que enseña “cómo morirse

de hambre y ser feliz”, u oponerse a que sus vidas y las de la nación acaben


por perderse en un infierno de destrucción productiva, desempleo y

miseria, que hará que Colombia se aparezca cada vez más al continente

africano.

Lo que hay que conseguir no es nada excesivo. Que la agricultura y la

producción pecuaria cuenten con las mismas garantías con que cuentan en

los países soberanos donde tiene éxito, es decir, con precios de

sustentación remunerativos y estables y garantizados por el Estado,

créditos suficientes, oportunos y baratos y definitiva solución a los

problemas de las deudas que ya existen, control a los costos de los

insumos, tarifas e impuestos.

Se necesita el activo papel del Estado en respaldo a la financiación,

comercialización, investigación, asistencia técnica, infraestructura y demás

necesidades del agro, debida atención a los asuntos particulares de las

regiones y productos y, especialmente, definición de una política que

defina como de máxima prioridad conseguir el autoabastecimiento y la

seguridad alimentaria nacional (Robledo, 1999).


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el neoliberalismo en las tierras del meta

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