el gasto de gobierno en la seguridad pública...
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El gasto de gobierno en la seguridad pública ¿administración o
despilfarro? Una perspectiva heterodoxa.
Gerardo Gutiérrez Jiménez
Jorge Tovar García
Aprobado para su publicación en noviembre de 2012
en las memorias de XIII Ciclo de Conferencias de la
Licenciatura en Administración de la Unidad
Iztapalapa,
Resumen:
Ante el creciente embate de la delincuencia organizada que es cada vez más
violento en el país, el presente artículo trata de describir las variables
macroeconómicas que influyen potencialmente en el aumento de la inseguridad,
pretende identificar el origen, las causas y los efectos que se han producido
actualmente. Aun cuando no procura dar una respuesta, si tiene la finalidad de
analizar los puntos vulnerables en las estrategias empleadas. En la primera
sección, se describe en forma general los antecedentes del problema,
posteriormente, se hace un comparativo utilizando el Producto Interno Bruto, el
nivel de empleo y de los salarios, así como los índices de inflación y emisión de
dinero en circulación. La sección posterior, pretende hacer un comparativo
sobre la distribución del gasto público empleado para reducir los índices
delictivos y finalmente, se analizan las estrategias empleadas por las
administraciones gubernamentales más recientes en materia de seguridad
publica y las alternativas subyacentes que pretenden ser la solución al problema
de seguridad pública y que muestran la desesperación por encontrar la
respuesta.
Palabras Clave: Seguridad pública, variables macroeconómicas, gasto público y disyuntivas.
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¿Seguridad o inseguridad?
Al iniciar el tema nos encontramos con una incertidumbre, ¿si el título debería llevar la
frase seguridad pública o inseguridad pública? Oficialmente el término empleado es seguridad
pública, esto se debe a que del total de los ingresos públicos que recauda el gobierno, una
proporción de ellos se destina a este propósito, no obstante, debemos cuestionar ¿realmente existe la
seguridad pública en nuestro país? Aun cuando el objetivo del artículo es atender de soslayo las
variables económicas y las estrategias ofrecidas que han influido sobre el tema de la inseguridad,
debe tenerse presente que la variable económica a la que debemos referirnos es gasto público y
posteriormente al rubro de seguridad pública, por lo tanto, el titulo debe incluir la frase seguridad
pública, si lo consideramos bajo una perspectiva coloquial, también cobra sentido ya que si
consideramos la palabra seguridad, podemos decir con toda “seguridad” que todos estamos
expuestos a ser victimas de la delincuencia —es seguro que algo me puede ocurrir—.
La ola de violencia ha sido insospechada, la intención del gobierno ha sido disminuirla,
pero el fallido intento no ha logrado ni siquiera contenerla. Aun cuando en ninguna parte del mundo
se ha logrado erradicar el problema de inseguridad, el compromiso debe dirigirse a atender las
variables que son la raíz del problema y no precisamente a las constantes que son síntomas
inequívocos de una salud económica y social enferma de gravedad. Ante esta situación, cada vez
más creciente de violencia, cuyo reflejo son los altos índices de delincuencia que actualmente
padecemos los mexicanos, hemos tenido que cambiar radicalmente nuestros hábitos, a tal grado de
no creer más en las autoridades, en la impartición de justicia, desconfiamos de las instituciones,
pero principalmente hemos sufrido la perdida de los valores y la confianza en nuestros semejantes.
Por otro lado, la probabilidad en la esperanza de vida de las personas se ha visto afectada
drásticamente, ya que en muchos de los casos ha dejado de ser una variable natural, esto es, a
dejado de ser propiamente una cuestión de salud, edad o accidental, para dar paso a una variable
aleatoria llamada inseguridad, donde la vida de las personas se convierte potencialmente en una
variable intencional, con la salvedad de ser un situación azarosa, cuyo desenlace puede ser o no
fatal.
El 2012 es un año electoral, se desenvuelve en un ambiente contaminado y lleno de
pretextos para hacer campañas con programas ambiciosos pero muy poco reales, el combate a la
delincuencia organizada se ha convertido en un distractor de la situación económica actual. Bajo
esta premisa surge una primera disyuntiva ¿cómo se debe abordar el problema de seguridad
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pública? Reiteradamente hemos observado que los que han gobernado hasta el momento no han
respondido a las expectativas y los que se piensan gobernar este país tampoco saben como hacerlo.
El propósito del documento gira en torno a un análisis descriptivo de las variables
macroeconómicas correlacionadas positivamente con el tema de inseguridad pública, si observamos
en conjunto el comportamiento y las características de cada uno de estos agregados económicos
podemos entender una de las principales causa del problema de inseguridad. En el presente
documento, hemos renunciado al debate sobre la psicología y la naturaleza del individuo, dejando
de lado su forma de pensar y de actuar ya sea de forma particular o colectiva; hemos renunciado a
su entorno social, al contexto histórico e inclusive a los cambios en los paradigmas sociales y
económicos que influyen notablemente en el actuar de una sociedad.
No pretende dar una solución o hacer un análisis exhaustivo. Pretende buscar cuáles han
sido las causas y las estrategias empleadas que influyen y permiten la propagación de este cáncer
social que destruye el tejido económico, político y social, así como analizar los efectos que han
obstaculizado el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Reflexionando sobre las
estrategias adoptadas por los últimos gobiernos, podemos observar que recientemente se muestra
una tendencia ascendente que lejos de generar una sensación de seguridad salvaguardada por el
orden público lo que genera es una inseguridad que nos ha convertido en cautivos o rehenes de la
delincuencia organizada, cuyos tentáculos han alcanzado a los diferentes niveles socioeconómicos,
ramas productivas, esferas de la política y de los gobiernos.
Si bien, el tema a tratar es la inseguridad que vivimos en México, no podemos soslayar que
las estrategias y respuestas al problema giran considerablemente en los indicadores económicos,
principalmente en el gasto público que se destina con la intensión de proporcionar la seguridad
pública; por lo tanto, el título tiene que estar en función de la seguridad publica, ya que es el
objetivo que se pretende conseguir y la inseguridad representa la característica del problema. Sin
una adecuada estrategia que permita mejorar la situación económica actual, no hay solución al
problema; la intersección entre los altos índices de pobreza, los bajos niveles en el salario y el
empleo, constituye una bomba de tiempo que puede desestabilizar y poner en riesgo la aparente
tranquilidad y libertad en la que hoy vivimos.
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Las variables macroeconómicas:
Antes de iniciar con el análisis empecemos por definir nuestros conceptos base: Seguridad
Nacional, Seguridad del Estado y propiamente lo que es Seguridad Pública. La primera tiene que
ver con la soberanía del país y los conflictos entre naciones. Mientras que la segunda, permite
perpetuar el sistema, aislando y reduciendo el efecto de los conflictos o manifestaciones civiles que
pongan en riesgo la estabilidad del Estado en sus tres niveles. Finalmente, la Seguridad Pública
tiene por objetivo servir a la población para salvaguardar sus bienes, propiedades y principalmente
el derecho a la vida. La seguridad pública, pretende hacer valer los derechos tanto propios como los
ajenos, vigilar y hacer cumplir las normas sociales establecidas, procurando la convivencia
armónica entre los individuos.
En la alborada del nuevo siglo las cosas no han ido del todo bien; los 10 primeros años son
comparables con la “década perdida” en la Gran Bretaña de 1945 – 1955, o al caso de América
Latina en la década de los ochentas, donde la característica principal es un notable estancamiento de
las principales variables de la economía. En México la primera década del Siglo XXI está marcada
por los peores indicadores económicos: el Producto Interno Bruto (PIB) más bajo, el desempleo en
sus niveles más elevados, los salarios decrecieron aún más, la pobreza extrema se agudizo, entre
otros.
La tendencia del PIB de los años 1990-2011 ha sufrido sus peores momentos en la crisis
financiera de 1994, tal y como se observa en la gráfica 1, producto de la recesión económica
estadounidense y del cambio de administración en el gobierno mexicano y, más recientemente por
los estragos causados por la crisis mundial de 2008—2009 producto de la exagerada emisión de
dinero ficticio principalmente en los bines inmuebles en Estados Unidos.
No obstante, la tendencia no es uniforme, observamos que el primer año de la
administración de Vicente Fox Quezada el PIB no alcanzó ni siquiera el 1%, cabe señalar que no se
trataba de un periodo recesivo, por el contrario este fue el inicio de una marcado declive en las
variables macroeconómicas que perduró a lo largo de toda la década.
EL PIB es una variable fundamental ya que representa la actividad económica de un país,
de ella depende el ingreso disponible de una nación, por lo tanto, refleja el nivel de empleo, la
capacidad productiva, la inflación, la base monetaria así como los ingresos públicos para poder
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hacer frente a los programas económicos y sociales previstos en la agenda pública de cualquier
nación. La gráfica 1, nos muestra las fluctuaciones (altas y bajas) del PIB, pero también nos permite
observar que las caídas han sido más prolongadas comparadas con los mejores momentos de la
producción nacional. Durante los periodos recesivos en una economía, los salarios, el empleo y los
niveles de pobreza se agudizan, empujando de esta manera el aumento en la cantidad de delitos que
se comenten diariamente y que en años recientes ha marcado la pauta para que la delincuencia se
organice y vulnere cualquier tipo de estrategias en materia de seguridad pública.
Gráfica 1: Producto Interno Bruto en términos porcentuales
Fuente: propia utilizando datos del INEGI.
La crisis mundial de 2008 y 2009 nos dejó severos daños en las variables macroeconómicas
y el empleo no fue la excepción; como se puede observar en la gráfica 2, el número de
desempleados aumento en 2009, mientras que el número de afiliados al IMSS reportó una caída que
se ha venido mejorando paulatinamente; sin embargo, no se ha logrado ni siquiera bajar la
desocupación a los niveles del año 2005 que incluso, en ese mismo año, el desempleo era
demasiado alto.
Una de las causas significativas en el incremento de la delincuencia organizada es
indudablemente el nivel de empleo; esto debido a que, la delincuencia aprovecha la coyuntura
reclutando principalmente a los desempleados y a los llamados “ninis” —jóvenes que ni estudian ni
trabajan- ofreciendo salarios atractivos, y en muchos de los casos, dicha retribución es de facto.
Los jóvenes que son utilizados por el crimen organizado deben ser vistos como síntomas del
fracaso de las políticas públicas dirigidas a ese sector. Cuando la falta de opciones de vida se
combina con el fácil acceso a las drogas y las armas, y la violencia impregna el vecindario, unirse a
la delincuencia organizada es una opción tentadora. De manera significativa, muchos niños y niñas
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describen esa opción como la única, en un momento dado. El crimen ofrece a estos niños y niñas las
recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad de manera legal. De
hecho, entre las principales razones enumeradas por los y las involucrados en el narcotráfico están
la pobreza y la exclusión social, los malos tratos, la ambición de poseer bienes de consumo, dinero
fácil y acceder a un estatus social elevado, la búsqueda de identidad y reconocimiento, la necesidad
de protección y el deseo de venganza.
Gráfica 2: Tasa de desempleo y Empleo Formal
Fuente: tomado de (OCDE, 2011)
Evidentemente la correlación que existe entre la desocupación y el sector informal es alta
como se muestra en las gráficas 3 y 4. A partir del año 2007 el sector informal sigue una tendencia
a la alza. Los salarios de castigo han provocado que los trabajadores además de un empleo tengan la
necesidad de subemplearse en actividades que incrementen su ingreso disponible (sector informal),
en el mejor de los casos en actividades económicas informales (realizando actividades laborales en
su tiempo libre, explotando sus habilidades u oficios, mismos que no siempre se registran ante las
instituciones de salud) y en el peor de los casos, en actividades ilícitas (que van desde la
comercialización de una diversidad de productos apócrifos, tráfico de droga, secuestro de personas,
trata de seres humanos, hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.) influyendo así en
los altos niveles de delitos que se generan día con día.
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Gráfica 3: Tasa de Desocupación Gráfica 4: El Sector Informal
Fuente: tomado de (UAM-A, 2011) Fuente: tomado de (UAM-A, 2011)
Es en el año 2000 cuando comienza una drástica caída tanto en los salarios reales como en
los salarios nominales; es a partir de 2002 que los salarios nominales muestran una tendencia muy
estable misma que ha permanecido hasta el año 2012, tal y como se observa en la gráfica 5,
mientras que el salario real oscila por debajo y en menor medida por encima de los salarios
nominales. A partir del año 2010 los salarios reales han ido ganando terreno y se encuentran por
encima de los salarios nominales, esto es positivo en términos del poder adquisitivo del salario.
Pero no debemos eludir que aun se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes del año
2000.
Gráfica 5: Salario Nominal y Real en México
Fuente: Propia utilizando datos del INEGI
El punto de inflexión del año 2000 a 2002, muestra los niveles que se tenían antes del año
2000 y los que hemos tenido a lo largo de la década; los salarios reales sufren su peor momento en
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Salario Nominal y real en México (2000 - marzo 2012)
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el año 2004 y no en el 2008 y 2009 como habría de esperarse producto de la recesión económica
mundial; cabe señalar, que es en el año 2005, cuando los salarios reales encuentran su mejor
momento y esto no vuelve a ocurrir sino hasta 2010 y 2011 respectivamente.
La inflación es una variable corrosiva que está dentro de las variables objeto de estudio, ya
que afecta en forma directa al poder adquisitivo de los salarios y estos entre más bajos incitan a
satisfacer necesidades de consumo en un mercado de productos que bien pueden ser apócrifos o
bien ilegales, coludiéndose y haciéndolos participes de un delito a quienes comercian y consumen
productos en estos mercados.
Como lo muestran las gráficas 6 y 7, el poder adquisitivo de las familias ha venido de la
mano con el proceso inflacionario, ambas se han correlacionado de manera positiva al punto que
podemos decir que el salario mínimo se ha ajustado ligeramente por debajo del incremento
generalizado en el nivel de precios, registrando así la misma tendencia, esto de ninguna manera es
alentador, ya que los salarios no han logrado repuntar, se mantienen en niveles predominantemente
soeces y por debajo de la inflación.
Gráfica 6: La inflación y los salarios
Fuente: propia utilizando datos del INEGI.
En términos porcentuales, la gráfica 7 indica que después del primer semestre de 2009 los
salarios reales han experimentado una recuperación frente al incremento en los precios, esta
tendencia parece ir disminuyendo en el año 2012. Sin embargo, no olvidemos que por ser año
electoral, posiblemente se busquen distractores para desviar la percepción de la opinión pública o
como ha ocurrido en otros sexenios, -tal es el caso, con Carlos Salinas de Gortari en 1994- donde la
estabilidad de las reservas internacionales que sustentaban al peso se estabilizó mediante la emisión
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de bonos y de esta manera se pudo mantener la paridad cambiaria del peso. En ese sentido, los
salarios reales son percibidos por la opinión pública de forma positiva, no obstante, la pregunta esta
en el aire ¿se está utilizando un mecanismo de endeudamiento que sustente el buen posicionamiento
de los salarios reales?
Gráfica 7: El Índice Nacional de Precios al Consumidor y los salarios
Fuente propia utilizando datos del INEGI
Un argumento a favor del poder adquisitivo pero en contra del proceso inflacionario puede
estar sustentado en la emisión de circulante que se expande considerablemente a partir del año 2005
como lo indica la gráfica 8. Los bancos en este sentido se han manejado con prudencia; sin
embargo, el dinero en poder del público no guarda las mismas proporciones. Si consideramos la
crisis mundial del año 2008, la base monetaria debió contraerse al menos durante ese año y el
siguiente, además, el PIB después de dicha crisis no ha aumentado significativamente para
considerar que se deba inyectar permanentemente circulante de dinero como lo indica la gráfica 8.
Debemos imaginar por consiguiente que la emisión de saldos monetarios tiene como propósito
financiar el déficit presupuestario, que bien puede realizarse para mantener una estabilidad en el
poder adquisitivo de los salarios. Si esto es así, entonces surge una duda ¿cómo han logrado
estabilizar el proceso inflacionario? será que nuevamente ¿están jugando al mago y la realidad se
muestre después de tener un (a) nuevo (a) y flamante presidente (a)?
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Gráfica 8: Emisión de dinero en circulación.
Fuente propia utilizando datos del INEGI.
La administración pública del gasto en materia de seguridad pública.
En la gráfica 9, se indica que el gasto total utilizado durante los años de 2007 a 2009 como
proporción del PIB representa el 8.08 % en promedio anual, si consideramos el gasto total como la
unidad, podemos decir que en 2007 y 2008 el gasto público destinado a la seguridad pública
representó el 16.09 y 16.78 % respectivamente, mientras que en el año 2009 y a pesar de la
situación adversa en la economía representó el 19.17%, lo que significa un aumento en el gasto
público orientado a la seguridad pública.
Gráfica 9: Gasto Total como proporción del PIB
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
El gasto público se ha distribuido de la siguiente forma según se observa en la gráfica 10: El
gasto federal representa el 36.2%, 36.90% y 39.9 % respectivamente para el periodo 2007 - 2009,
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PIB nominal11,206,070,000,00012,110,555,000,00011,281,884,000,000
Gasto total 826,358,399,474 952,015,597,663 1,016,016,487,707
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Gasto como proporción del PIB
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mientras que el gasto destinado a los Estados representó el 56.6%, 52.5% y 50.6 % para el mismo
periodo.
El total de recursos destinado a los municipios fue el siguiente, para 2007 se destinó el
7.3%, para 2008 el 10.6% y para 2009 el 9.5%. Como puede observarse en la gráfica 10, la mayor
parte de los ingresos públicos se destina principalmente a los Estados y en menor proporción al
nivel federal y solo una pequeña cantidad a los municipios. Esto tal vez sea la causa para que
existan municipios o delegaciones más conflictivas que otras o con altos índices de delincuencia; no
debemos soslayar el contexto socioeconómico de cada una de estas entidades.
Gráfica 10: El Gasto Público
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
El gasto público federalizado representó en 2007 el 36.2% del presupuesto de egresos,
mientras que en 2008, 2009 y 2010 fue de 36.9%, 39.9% y 38.6% respectivamente lo que significa
que se ha venido incrementando año con año excepto en 2010, la variación porcentual de 2008
respecto al año anterior fue de 18.43%, mientras que la variación porcentual de 2009 fue de 24.15%
y finalmente, la variación porcentual de 2010 fue de -0.28%. En términos porcentuales, el
incremento en el gasto público federalizado es considerable. (Véase gráfica 10). Esto nos permite
ver que la estrategia es gastar más recursos federalizados sin que estos hayan logrado mejorar la
situación de inseguridad en el país. El gasto público destinado a los Estados muestra la misma
tendencia. Sin embargo, cada vez se suman más Estados de la República Mexicana a la lista de
entidades más peligrosas del mundo (Ciudad Juárez, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, etc).
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2007
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2007 2008 2009
Municipal 9,651,987,268 16,882,621,249 18,480,820,893
Estatal 75,194,934,471 83,921,422,886 98,521,633,154
Federal 48,110,735,960 58,982,681,383 77,766,516,435
Gasto Público
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Gráfica 11: Gasto Federalizado.
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
El gasto federalizado se distribuyó en Prevención Social, Situacional del delito, Procuración
de Justicia y Administración de justicia que durante 2007 fue de 28.4%, 19.16%, y 52.44%
respectivamente, para 2008 considerando los mismos rubros fue de 33.42%, 15.78% y 50.80%, para
2009 y 2010 los datos son muy similares. El rubro en el que más se gasta es en la administración de
justicia seguido de la prevención social. Si comparamos los gastos utilizados (36.3% promedio
anual de los gastos federalizados, ramo 36) con el número de delitos de alto impacto como el
secuestro y la extorción han experimentado un aumento impresionante tal y como lo indica (ICESI,
2011) nos indica que de 2007 a 2008 hubo un incremento de 102% y de 2008 a 2010 el incremento
fue 73 %, promedio anual, podemos observar que tienen tendencia a la alza, dejándonos en claro
que no necesariamente gastar más implica mejores resultados. Cabe mencionar que los recursos
destinados a readaptación social, defensoría pública, Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
(SUBSEMUN) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se aplican únicamente
para los gastos públicos estatales y se incluyen además los rubros anteriores.
Los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han duplicado del año
2007 al año 2010, pasando de $13,664 millones de pesos a $32,437 millones de pesos, como lo
indica la gráfica 11. En el caso del gasto destinado a la Procuraduría General de la República (PGR)
también muestra un incremento, en menor proporción durante el mismo periodo. El incremento en
las plazas de trabajo ofrecidas por la Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva (PFP) cuyos
ingresos le son asignados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las plazas de trabajo
ofrecidas por la Policía Ministerial (PM) antes Agencia Federal de Investigación (AFI) cuyos
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2007
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2007 2008 2009 2010
PJ 25,229,513,906 29,963,249,983 32,539,820,490 32,113,632,017
PGR 9,216,539,400 9,307,808,800 12,309,857,565 11,781,474,057
SSP 13,664,682,654 19,711,622,600 32,916,838,380 32,437,776,662
Gasto Público FederalizadoEn seguridad pública
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ingresos económicos le son asignados a la Procuraduría General de la República (PGR) aunados a
los atractivos salarios que se ofrecen, están estimulando a los egresados de las distintas
universidades a no buscar trabajo ya que el salario de un recién egresado representa una tercera
parte de lo que percibe un policía federal o ministerial de reciente incorporación, esto está
provocando cuerpos policiacos mercenarios ya que la mayoría de los aspirantes buscan enrolarse en
estas instituciones que representan un mecanismo de represión por parte del Estado más por los
salarios que se ofrecen que por una vocación de servicio. Esto facilita enormemente los nexos entre
servidores públicos y la delincuencia organizada.
Por otro lado, considerando los montos del gasto público total la pregunta sería ¿nos hemos
endeudado? Según (SHCP, 2011) “el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre
del primer trimestre de 2011 se ubicó en 2 billones 817 mil 112.6 millones de pesos, monto superior
en 8 mil 192.4 millones de pesos al observado al cierre de 2010. Esta variación fue el resultado
conjunto de: a) un endeudamiento interno neto por 89 mil 986.7 millones de pesos, b) un
incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 94 mil 417.0 millones de pesos y c)
ajustes contables al alza por 12 mil 622.7 millones de pesos, derivados principalmente, del efecto
inflacionario de la deuda interna indizada. La participación de los valores gubernamentales a tasa
nominal fija de largo plazo en el total pasó de 60.5 por ciento al cierre de 2010 a 61.9 por ciento al
término del primer trimestre de 2011”. Aunque esto nos indica que los incrementos en la deuda
interna se deben principalmente a los ajustes por inflación, debemos tener presente que la emisión
de circulante representa una forma de financiamiento del gasto público. Por otro lado, la emisión de
valores gubernamentales, representa el otro tipo de deuda interna que puede financiar el aumento en
el gasto público. ¿Debemos seguir utilizando mecanismos de endeudamiento para financiar el gasto
público? O ¿debemos aprender a administrar los recursos y diseñar estrategias adecuadas para
combatir el problema de inseguridad?
Utilizando la misma fuente, (SHCP, 2011) “Al cierre del primer trimestre de 2011, el saldo
de la deuda externa neta del Gobierno Federal se ubicó en 56 mil 864.9 millones de dólares, monto
superior en 4 mil 525.9 millones de dólares al registrado al cierre de 2010. Como porcentaje del
PIB, este saldo representa 5.0 por ciento. Un desendeudamiento externo neto de 384.1 millones de
dólares, derivado de disposiciones por 1 mil 340.1 millones de dólares y amortizaciones por 1 mil
724.2 millones de dólares. Ajustes contables positivos por 199 millones de dólares, que reflejan la
variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda. Los
activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa presentaron una
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disminución de 4 mil 711 millones de dólares. Este cambio refleja, la variación negativa en el saldo
neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación”. En cuanto a la
deuda externa es preciso indicar que la paridad cambiaria actuó en favor de la deuda, ya que los
ajustes por el tipo de cambio permitieron aminorarla, en este sentido no tenemos indicio de que el
gobierno pudiera financiar el gasto público mediante préstamos con los organismos e instituciones
internacionales, podemos decir, que el gobierno se ha manejado con prudencia, lo que resulta muy
positivo para el presupuesto público y los contribuyentes que son quienes terminamos pagando la
deuda pública que se genere.
Considerando la gráfica 12, el aumento en el gasto público destinado a la seguridad pública
deja en claro que la estrategia tiene como intensión disminuir la delincuencia mediante el
incremento en el gasto público del Estado; tal vez, más con la intensión de aumentar la seguridad
del Estado más que con la firme intensión de disminuir la inseguridad pública prevaleciente en
México.
Gráfica 12: Tipo de Gasto.
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
Si consideramos el gasto privado durante el periodo 2007-2009, fue de 82.90%, 82.24% y
79.66% respectivamente, lo que muestra una ligera disminución en los gastos de particulares en
materia de seguridad. Sin embargo los gastos de los particulares son elevados e influyen
directamente como un costo de producción haciendo que aumenten los precios y disminuya el poder
adquisitivo de las familias.
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200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
1,000,000,000,000
2007 2008 2009
Tipo de Gasto
Gasto Público Gasto Privado Gastos Indirectos
15
La gráfica 13, nos muestra que el sector privado mismo que comprende a la industria,
empresas y familias es quien más gasta con la intensión de salvaguardar sus bienes y su integridad
física. Datos que son de llamar la atención ya que un incremento en los gastos de la industria o
empresa representa un costo adicional en la producción, reflejándose en el precio de venta, donde se
observa que este tipo de distorsión en el mercado influye directamente sobre el proceso
inflacionario provocando un desajuste sobre diversas variables macroeconómicas, produciendo un
círculo vicioso. No podemos negar que el gasto que realiza el gobierno se ha incrementado
ligeramente pero es muy inferior al que realiza el sector privado y no ha tenido la eficacia suficiente
para o por lo menos disminuir los índices delictivos.
Gráfica 13: El Gasto Privado
Fuente: propia usando ICESI, Cuaderno No. 5.
Las encuestas respecto a gastos en salud, pérdidas por delito y seguridad en el hogar
sumaron la cantidad de $ 123,239 millones de pesos mexicanos en el año 2007, para el año 2009 en
pleno proceso de la recuperación de la crisis la cifra aumentó a $ 53,929, millones de pesos, esto
representa un incremento del 30.4%. Según (Mendoza Mora, 2009) “El monto total de las pérdidas
fue de 685,038.7 millones de pesos en 2007 y de 782,918.6 millones en 2008. Las encuestas
realizadas por el ICESI, revelan que los gastos para prevenir el delito y como consecuencia de éste,
representaron una quinta parte del resto de los gastos, siendo aquellos destinados al pago de
sobornos los que mayor peso tuvieron con el 95.3 por ciento”.
0 100,000,000,000 200,000,000,000
2007
2007 2008 2009
Gastos en Salud 8,498,147,136 8,036,648,279 3,044,532,321
Pérdidas por delito 84,843,215,649 97,893,132,939 131,112,155,522
Seguridad en el hogar 29,898,509,250 40,922,412,410 43,012,914,111
Encuestas 123,239,872,034 146,852,193,629 177,169,601,955
Gasto Privado
16
Gráfica 14: Otros Gastos Privados
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
En el rubro de otros gastos encontramos los gastos más comunes, mismos que representan
una parte del gasto poco significativo. Cabe destacar que en la gráfica 14, el soborno es el mayor
gasto privado que se realiza, ocupa el 95.58%, seguido del fraude mismo que representa el 1.92%,
continúa el robo de combustibles con el 1.17% y los seguros de autos con 1.10%, mientras que el
seguro por robos con violencia, seguro por robo de mercancías, seguro por dinero y valores y,
finanzas judiciales no llegan al 1% del total de gastos privados y sumados representan el 0.22%.
Podemos añadir algunos gastos adicionales producidos por la inseguridad en el país según
se observa en la gráfica 15, donde la productividad en los internos ocupa el primer lugar, seguido
del gasto que realizan las empresas por concepto de seguridad privada. El tercer lugar lo ocupa las
pérdidas por homicidio. Seguido en cuarto lugar por el gasto que se realiza producto de la reclusión,
así lo informa (Mendoza Mora, 2009).
0 400,000,000,000 800,000,000,0002007 2008 2009
Finanzas judiciales 215,600,000 228,300,000 251,400,000
Seguros por dinero y valores 482,300,000 551,200,000 607,379,676
Seguros robo de mercancías 368,500,000 421,200,000 447,371,088
Seguros robo con violencia y
asaltos a casa habitación181,900,000 207,900,000 229,042,199
Seguros de autos 6,173,500,000 7,056,400,000 8,856,055,067
Sobornos 536,980,900,000 606,115,500,000 594,402,700,650
Fraudes 10,796,100,000 12,186,000,000 17,500,000,000
Robo de combustibles 6,600,000,000 9,300,000,000 9,906,204,800
Otros Gastos Privados
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Gráfica 15: Pérdidas por delitos que se cometen en México
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
Disyuntivas frente a las estrategias:
La delincuencia organizada no reconoce fronteras y es un enemigo cada vez más fuerte,
mejor preparado y con campos de acción más diversificados; sin duda, el combate a esta
problemática ocupa un lugar prioritario. Se requiere de la más alta cooperación entre las autoridades
encargadas de proporcionar seguridad, pero qué hay de las estrategias adoptadas por el gobierno,
¿realmente se ha incrementado la confianza de los ciudadanos en sus autoridades? ¿La delincuencia
organizada a permeado en las instituciones públicas, al punto de neutralizar cualquier estrategia que
adopten los gobiernos? Desde nuestro punto de vista no se puede entender de forma irreversible
una pregunta sin incluir a la siguiente.
En México el problema del crimen organizado y el narcotráfico no son nuevos. Sin
embargo, el grado de violencia producto de estos ha alcanzado niveles alarmantes nunca antes
vistos. La incapacidad del Estado para mantener la paz y preservar la integridad de los ciudadanos
es evidente. En su desesperación se ha optado por aplicar medidas inadecuadas que han producido
pérdidas enormes, más violencia y un sentimiento de inseguridad generalizado. Aun cuando no es el
objetivo de este documento, podemos decir que ambas son el resultado de la negligencia e
ineficiencia de nuestro sistema político.
Para resolver estas preguntas sería necesario identificar si se incurre reiteradamente en una
ceguera legislativa por intereses creados de ciertos grupos o, simplemente es una bochornosa
ignorancia de los gobiernos, que tienen poca seriedad, ética y responsabilidad. Debemos tener
0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000
2007
2008
2009
Pérdidas por dejar de ir al cine
Pérdidas por homicidios
Pérdidas por el inicio de
averiguaciones previas
Pérdidas por reclusión
Productividad en los internos
Seguridad privada
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presente que el presidente no es el único responsable, son las cámaras tanto alta como la baja
quienes toman gran parte de las decisiones que se toman en este país. Cualquiera de las dos
situaciones que esté ocurriendo, debemos considerar que es necesario reformar y no simplemente
restructurar nuestro sistema político, el marco jurídico y la conciencia del pueblo. Tenemos que
hacer frente a los problemas sociales como pueblo maduro y no como nos han querido ver nuestros
gobernantes.
Los recursos económicos destinados a la seguridad pública son cuantiosos. Bajo esta
premisa es pertinente hacernos la siguiente pregunta, ¿debemos considerar la parte de los egresos
públicos destinados a la seguridad pública como un gasto público o cómo una inversión pública? Si
lo vemos como gasto público, la estrategia de “combate a la delincuencia” emprendida por el
presidente Felipe Calderón Hinojosa es adecuada en el sentido del derroche de recursos económicos
que se traducen en mayor consumo y genera nuevas fuentes de empleo (más cuerpos policiacos,
grupos de inteligencia, tecnólogos en criminalística, adquisición de armamento y tecnología,
subsidio a las “Victimas del delito”, etc.), de esta manera los déficit compensatorios cobran sentido
frente a la estrategia de hacer hoyos y taparlos.
El combate a la delincuencia es y seguirá siendo una estrategia parcial ya que sólo se ocupa
de enfrentar a los cárteles de las drogas, considerando así al narcotráfico como raíz del problema y
promotor del resto de los delitos. No obstante, la estrategia emprendida no ha permitido que
disminuya el número de asesinatos colectivos, extorción, secuestro en sus distintas modalidades,
robo de combustibles, robo a casa habitación, robo a transeúntes, entre muchos otros delitos.
Desataron a los demonios y ahora no saben como devolverlos al infierno. En la llamada “Guerra
contra el narcotráfico” tan solo en los primeros meses de 2010, según el reporte de Guillermo
Valdés, director del CISEN había 28,000 muertos relacionados al crimen organizado y las
autoridades reconocieron que no se había logrado recuperar la seguridad nacional ¿seguridad
nacional? (Nájar, 2010).
Una estrategia alterna surge de los grupos activistas y sugiere legalizar las drogas, entonces
debemos preguntar ¿A quién puede interesarle legalizar las drogas? Sin duda a quien las vende,
consume o al menos a quien obtiene un beneficio de dicho comercio. El pasado 29 de abril de 2009,
mientras la pandemia de la influenza A H1N1 mantenía al pueblo mexicano atemorizado y
enclaustrado es sus hogares, el Senado aprobó que cualquier ciudadano puede portar pequeñas
cantidades drogas para su consumo personal (5g. de mariguana y 500 miligramos de cocaína,
19
heroína 25 miligramos), no olvidemos que las adicciones son un problema de salud, si se legalizan
las drogas habrá que gastar en campañas que informen a los consumidores el daño irreparable que
se tiene y no deja de ser un gasto público en el rubro de salud pública.
Esta propuesta la han fundamentado con más de diez razones respetables todas ellas, sin
embargo, en nuestra opinión el único argumento a favor por así decirlo para legalizar las drogas es
el hecho de que no aumenta el consumo, sería como considerar que las personas están en espera de
un precio bajo para iniciarse en el consumo de drogas. Aun cuando no se espera que aumente el
consumo de dichas sustancias, para nosotros no representa una estrategia que resuelva el problema
de seguridad pública, sino que defiende el derecho que todos tenemos a decidir como queremos
llevar nuestra vida, Además, debemos tener presente que en los países donde se ha legalizado la
droga son países con bajos índices de violencia (Holanda, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, España
y en Estados Unidos en los Estados como California, etc.).
En los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se señala que en
México existen los narcotraficantes más buscados y ricos del mundo, debemos preguntar ¿en qué
lugar los buscan? por que en este país siguen operando libre e impunemente. La legalización de la
droga sería tanto como hacer de los altos mandos de la delincuencia —personas sin escrúpulo, ni
moral— honorables empresarios con influencia en la opinión pública y vida económica, social y
política de nuestro país. Es admitir que la delincuencia organizada está por encima del Estado, es
aceptar que nuestros principios, cultura y nuestra moral se pueden ofrecer a cambio de nuestra
“seguridad” o “tranquilidad”. Si se legalizan las sustancias prohibidas, entonces ¿qué hacemos con
los secuestros? ¿También los legalizamos? Ya que los secuestros también son un cáncer social y
están presentes en la vida cotidiana de los mexicanos, ¿se podrían reglas válidas para los candidatos
a ser secuestrados y otras que respeten la vida de las victimas? Consideramos que no se puede
resolver un problema dejándolo de lado o legislando a favor de un mal social.
Si lo vemos por el lado de la inversión pública que es lo recomendable, la estrategia
empleada deberá ser capaz de generar una tasa de retorno, un beneficio que se pueda traducir en un
bienestar social y que resuelva el problema de fondo. Las propuestas deben apuntar hacia las
variables clave como la educación de calidad y no populista (lo que reditúa buenos dividendos en
las urnas) con becas que se otorgan de manera casi irracional y lo único que se provoca es una sobre
oferta de profesionistas con grados académicos que no encontrarán cabida en el mercado laboral,
provocando el subempleo y desempleo de mano de obra calificada. Esto solo constituye caldo de
20
cultivo para nuevos integrantes en las filas de la delincuencia. Se debe entonces impulsar
paralelamente a la educación con la industria, las PYMES, el campo, la investigación tecnológica y
científica, así como toda actividad económica que procure la ocupación o empleo, establecer
políticas antinflacionarias y de mejora a los salarios reales ya que son éstas las herramientas que
solucionan el problema de fondo y no las armas como una medida de solución. Históricamente las
armas representan la fuerza, la represión, y en manos de los gobiernos actuales la imposición y
como estrategia no han dado frutos y el gasto publico se convierte en un singular consumo.
Si analizamos a la delincuencia organizada como el gran negocio que representa, podemos
obtener algunas lecciones respecto a las estrategias. El narcotráfico opera como si se tratara de una
empresa transnacional, como si fuera una economía paralela que bien podríamos llamar “economía
criminal”. En México, es el segundo negocio por sus dimensiones, sólo por debajo del petróleo.
Estas bandas están equipadas con tecnología de punta y armamento. Poseen buenos canales de
distribución, han hecho más productivo el campo, ofrecen empleo al margen y fuera de la ley a los
desempleados, poseen una de las mejores nominas del país, son exportadores potenciales, ha
incursionado en seno de la empresa mediante el lavado de dinero, utilizan los cuerpos policiacos
estatales o federales para entrenar a sicarios sin costo alguno mediante la infiltración y la
corrupción, etc. ¿debemos aprender algo? Aun cuando poseen armamento sofisticado no le han
declarado la guerra al gobierno mexicano y cuando les es necesario han aportado cuantiosos
recursos económicos a las guerrillas como en el caso las FARC en Colombia. En México, la
formación de grupos paramilitares pone en riesgo la seguridad del Estado y la seguridad pública,
mientras el narcotráfico se asegure de ampliar su mercado en este mundo globalizado, cualquier
lucha será en vano.
Si algún gobierno decide negociar con la delincuencia organizada, equivale a negociar la
forma en que nos despojaran de nuestros bienes. Es acordar con la delincuencia, que disminuya el
robo entre otros delitos para que las estadísticas de un gobierno sean flamantes, ya sea con fines
electorales o políticos y a cambio se agregue una nueva modalidad de delinquir como lo es
actualmente el llamado “renteo”, misma que utiliza la delincuencia para proporcionarnos una
aparente seguridad que el Estado no ha sido capaz de ofrecer, es una cuota obligada y violenta que
atemoriza a la victima y por la misma razón no denuncia. Esta solo puede ser una estrategia con
fines electorales pero jamás será una estrategia que resuelva el problema. La cuantiosa cantidad del
gasto público que se destina a la seguridad pública debe ser administrada eficientemente para
erradicar el problema y no para salir del paso.
21
La estrategia del gobierno ha obligado a sacar de los cuarteles al ejército, tenemos que tener
presente que el ejército fue diseñado para la seguridad nacional, los militares son entrenados para
una guerra frontal donde está de por medio la vida tanto la propia como la del adversario. La policía
federal fue diseñada para la seguridad pública, son adiestrados para servir a la población y
mantener el orden entre los pobladores, no utilicemos el destornillador como si se tratara de un
cincel para partir una roca. Así no se puede decir que exista administración de los recursos
económicos. Despilfarrar los recursos económicos no se llama administración.
Por otro lado, en el operativo “rápido y furioso” los Estados Unidos de Norte América
violaron nuestra soberanía permitiendo el paso de armas y la infiltración de cuerpos de inteligencia
en nuestro país, el gobierno mexicano se quedó casi sin respuesta, solicitando al gobierno vecino
una explicación de lo ocurrido. Pero como nuestra intensión no es el uso de las armas, sino de la
estrategia, entonces, debemos considerar que los Estados Unidos de Norte América son productores
y vendedores potenciales de armamento, su constitución les permite comerciar libremente las armas
de asalto, por lo tanto, debemos fortalecer la vigilancia de nuestras fronteras, nosotros somos
responsables de salvaguardar nuestro patrimonio y soberanía, nosotros también somos responsables
de lo que entra por nuestras fronteras, no podemos esperar a que ellos legislen en contra de lo que
su constitución les permite. No sigamos buscando alternativas que no representan estrategias.
Finalmente, la delincuencia organizada ha utilizado la psicología del individuo ya que las
drogas mitigan los estados depresivos de los individuos. Las drogas afectan el sistema central
nervioso donde se alteran las conductas del individuo. Los narcos aprovechan los dolores morales
de una situación a veces precaria económicamente y a veces precaria en la transmisión de valores.
En este sentido, si quien administra los recursos económicos no es capaz de mitigar las condiciones
precarias de los individuos y solo piensa en remedios y no en soluciones, entonces no hay
estrategia, no se puede llamar administración, no se puede pensar en un mundo mejor, justo o
equitativo. Según, la encuesta nacional de adicciones, en 10 años la depresión será prevalente lo
cual constituye caldo de cultivo para la obesidad y las adicciones ¿qué hacemos? Todo parece
indicar que no queremos ver nuestra realidad.
Hace falta salud mental en nuestros gobernantes, las adicciones son una enfermedad social,
después de 5 años el daño no es nada más moral sino también orgánico, lo que hace más difícil la
rehabilitación. El problema de inseguridad en nuestro país lleva más de 5 años mal administrado, ya
22
no representa solo un daño moral, sino orgánico y la rehabilitación será costosa, lenta y dolorosa. El
consumo de drogas tiene un efecto inicial que estimula al individuo, éste efecto no lo vuelve a
encontrar jamás y en su afán de volverlo a sentir, aumenta la dosis, asesinándose poco a poco. La
corrupción ha estimulado a la inseguridad pública y para recuperar la seguridad pública ahora
debemos aumentar los recursos económicos, si seguimos gastando en lugar de invertir, la
inseguridad nos irá consumiendo poco a poco tal y como está ocurriendo en Nuevo León donde los
negocios poco a poco van cerrando sus cortinas.
Consideraciones finales:
Debemos pensar en hacer reformas estructurales y no solo coyunturales. La solución a los
problemas de seguridad pública se resuelve de forma integral, multidisciplinaria, pensando en
estrategias dinámicas, es decir, pensando en el movimiento que realiza -y los que podría en un
momento dado realizar- cada una de las piezas, y considerando que la contraparte tiene capacidad
de respuesta, no debemos subestimar y pensar que haciendo gasto público se soluciona el problema.
Estratégicamente, debemos invertir en educación de calidad, creando nuevas fuentes de empleo que
sean capaces de absorber en lo posible los niveles de desocupación, mejorar los salarios y combatir
los altos niveles de extrema pobreza. La inversión debe ser con capital propio tal que mejore la
calidad de vida de los individuos y si no se cuenta con los recursos económicos, debemos pensar en
alternativas como la Inversión Extranjera Directa en sectores productivos y no en sectores
estratégicos como PEMEX, CFE y otras paraestatales.
Debemos entender que el endeudamiento es positivo cuando los déficits presupuestarios
están dirigidos a la inversión, es decir, cuando se canalizan de forma productiva. Cuando el
endeudamiento se destina al consumo de los recursos no se puede hablar de administración, por lo
tanto, nos puede rebasar al punto de llevarnos a la ruina. La estrategia debe ser en función de
asignar recursos a las variables macroeconómicas que marcaron pauta para el acrecentamiento del
problema y no a destinar los recursos económicos en gastos improductivos y estériles que solo nos
han endeudado y han desatado aun más la ola de violencia en el país. Cambiemos el fusil por la
estrategia y los gastos por inversión.
23
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Universal. Recuperado el 30 de enero de 2011 de:
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Jiménez Ornelas, R. (2000). LA CIFRA NEGRA DE LA DELINCUENCIA EN MÉXICO: SISTEMA DE
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