el derecho del agua en argentina leonardo...
TRANSCRIPT
EL DERECHO DEL AGUA EN ARGENTINA
Leonardo Fabio Pastorino
Prof. Titular Ordinario Derecho Agrario – Fac. Ciencias Jurídicas y Sociales
Prof. Titular Ordinario Legislación de los Recursos Naturales Renovables – Fac.
Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
Dirección: Calle 43 Nº 834, Piso 5to. B (1900) La Plata, Argentina
Tel.: 0054 (0) 221 482332
E-mail: [email protected]
Introducción
En el presente trabajo intentaré sintetizar el estado actual del derecho del agua en la
República Argentina tratando de abarcar la totalidad de los aspectos a considerar, aunque,
en rigor del espacio disponible, lo haré en forma esquemática o resumida. Ello permitirá
contar con una presentación completa y simplificada para el lector extranjero.
He querido resaltar en el título un concepto que vengo sosteniendo que el agua es una, por
ello el singular (Pastorino, 2009, b), y he querido remarcar la importancia del recurso
resaltando que se trata de un derecho “del” agua y no de un derecho “de” aguas,
introduciendo la idea de que contamos con un derecho objetivo que tiene al recurso en el
centro de su interés, abordando no sólo las consideraciones referidas al dominio, sino
también su aprovechamiento y tutela. Valga la explicación para aclarar que no entiendo con
dicha nominación que el agua cuenta con un derecho subjetivo de sí misma para hacerse
valer o respetar por los demás, pero tampoco que el agua está regulada como mero objeto
de apropiación o uso por parte de los seres humanos, sino que existe una valoración sobre
el recurso que impone la creación y desarrollo de un derecho específico que tiene en mira
las características y problemáticas propias del recurso.
Pero a pesar del concepto de unicidad del agua, lo cierto es que contamos con un esquema
institucional derivado de la Constitución Nacional que adoptó el federalismo y, por otra
parte, tenemos una cantidad de aguas compartidas con otros países de la región. Por lo
tanto, para presentar este derecho del agua, vamos a ir analizando, partiendo de la Carta
Magna, la legislación federal o nacional, la provincial, la interprovincial y la internacional,
intentando cerrar con las decisiones judiciales más trascendentes y aportando la doctrina
que entendemos en más relevante tanto en el mismo texto como en la bibliografía.
La Constitución Nacional, el deslinde de competencias y las normas referidas al agua
en las leyes nacionales
Antes de la reforma constitucional de 1994 no había en la ley suprema nacional referencias
expresas al agua aunque sí a la libertad de navegación (arts 14, 20 y 26 CN) y la
competencia federal en la materia (art 75 inc. 10 CN) como asimismo para el dictado
ciertos códigos llamados “de fondo” (art. 75 inc. 12 CN) y para celebrar tratados
internacionales (arts. 75 inc. 22 y 99 inc. 11 CN) y la facultad concurrente con las
provincias de explorar las vías navegables (arts. 75 inc. 18 y 125 CN). Pero el esquema de
competencias se definía por la regla fundamental que reza que todo el poder no delegado a
la nación expresamente en la Constitución, queda en poder de las provincias (art. 121 CN),
por lo que las mismas iban a disponer del mayor cúmulo de potestades legislativas, de
disposición, de control y de gestión del agua.
Luego de 1994 se incluye expresamente la declaración del dominio originario provincial de
todos los recursos naturales (art.124 CN) y, a la vez, la posibilidad para la Nación de dictar
los presupuestos mínimos de protección ambiental -que obviamente puede incluir la
protección del agua- (art. 41 CN), quedando la posibilidad para las provincias de
complementarlos.
En síntesis, en materia de aguas, es competencia del estado federal (Pastorino, 2009, a) lo
siguiente:
* La clasificación de las aguas según el régimen dominical, incluido en el Código Civil;
* Las restricciones respecto al uso de las aguas, fundamentalmente vinculadas a cuestiones
de vecindad, también contempladas en el Código Civil;
* La firma, aprobación y ratificación de tratados internacionales que regulan principios
fundamentales sobre el uso, la conservación y la gestión de ríos o cuencas compartidas,
como se hizo referencia antes;
* El dictado de normas que regulan la navegación y la contaminación hídrica a raíz de esa
actividad, como el decreto-ley 20.0941 de navegación y el decreto-ley 22.190
2 que
establece el Régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas
proveniente de buques y artefactos navales y otros acuerdos internacionales que regulan la
prevención, la reparación de daños, y aspectos afines;
* Determinar los presupuestos mínimos de protección, como los contenidos en la
cuestionada ley 25.688,3 de gestión ambiental de las aguas, que so pretexto de incluir meros
presupuestos mínimos prevé ciertos criterios que para muchas provincias encierran una
intromisión indebida en competencias no delegadas; por ejemplo, la imposición de
participar en comités de cuencas en el caso de aguas interprovinciales. Ello sin dejar de
admitir que es correcto entender -como lo hace la ley- a la cuenca como una unidad
ambiental es indivisible. En efecto, se define, en el art. 2 se define a la cuenca hidrográfica
como la región geográfica delimitada por la divisoria de aguas que discurren hacia el mar a
través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las
1
BO 02-03-1973
2
BO 18-03-1980
3
BO 03-01-2003
endorreicas. En el mismo sentido, la ley 26.639 de preservación de los glaciares y del
ambiente periglaciar.
* Definir el régimen de la responsabilidad por daños, especialmente en caso de
inundaciones derivadas por obras públicas o privadas, que se dirime a través de las reglas
del Código Civil. Existen, al respecto, innumerable casos judiciales resueltos por tribunales
de todo el país, fundamentalmente a partir de inundaciones de campos (Pastorino, 2012, b);
* Establecer los delitos por contaminación de las aguas, tal como lo hacen el Código Penal
y la ley 24.0514 de residuos peligrosos. Así, el art. 200 CP dispone que “será reprimido con
reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare de un modo peligroso
para la salud, aguas potables o substancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso
público o al consumo de una colectividad de personas”. En tanto que el art. 55 de la ley
24.051 consigna que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el art. 200 del
Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare,
adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera
o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena
será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión”. El artículo siguiente refiere al delito
cometido por negligencia o impericia y el art. 57 a la responsabilidad de la persona jurídica
disponiendo que “cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se
hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los
directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin
perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
El régimen dominial de las aguas en el Código Civil
4
BO 17-01-1992
El Código Civil sancionado en 1869 y que entrara en vigencia en 1871, decidió sobre el
dominio de las aguas, al tratar de las cosas, adoptando un sistema acorde con la filosofía
reinante en la época y que había sido consagrada antes en la Constitución Nacional; esto es,
favorecer la privatización de las tierras y tutelar en forma intensa y amplia, la propiedad
privada individual. Así las cosas, resolvió que muchas de las aguas formaban parte del
dominio del propietario fundiario. Ello no obstante, ya a la época de la sanción del Código,
algunos “cuerpos” de agua eran visualizados como entes propios y estratégicos y concitaron
la declaración de un dominio público sobre los mismos.
Este régimen fue afectado por la reforma de dicho Código de 1968, operada por el decreto-
ley 17.711.5 Dicha reforma materializó la preocupación de ciertas observaciones críticas de
la doctrina y antecedentes reformistas, orientados más a los usos de tipo consuntivo, sobre
los que el reconocimiento de un derecho de propiedad bastante extendido sobre las aguas
ponía serios límites. Fundamentalmente avanzó sobre las aguas subterráneas y sobre “toda
agua susceptible de satisfacer un interés general” las que se declararon públicas, abriendo
una extensa y aún irresuelta discusión sobre la constitucionalidad de dicha innovación.
Sin poder tratar cada una de las cuestiones que la doctrina ha descripto y sobre las que se
generaron innumerables discusiones, para lo cual remitimos a las obras clásicas del derecho
de aguas y a aquellas más recientes y completas (Marienhoff, 1939; Spota, 1941; Allende,
1971; López, 1987; Mathus Escorihuela, 2007), sintetizamos a continuación la situación
respecto al régimen dominical dado por el Código Civil vigente:
* Aguas de dominio público de los estados (federal o provinciales, según el lugar en que las
mismas se encuentren, art. 2339 CC), pudiendo permitir éstos su uso y explotación a los
particulares a través de permisos o concesiones. En esta categoría se encuentran, de acuerdo
al art. 2340 CC:
- el mar territorial;
- los mares interiores;
- los ríos (además de sus cauces);
5
BO 26-04-1968
- las aguas que corren por cauces naturales;
- las aguas subterráneas (aunque el mismo artículo reserva el derecho, sometido a un
ejercicio regular, del propietario del fundo superficiario de extraer las aguas subterráneas
en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación);
-las aguas susceptibles de satisfacer un interés general;
- los lagos navegables.
* Aguas del dominio privado (de los particulares o de los estados, si se tratara de inmuebles
no afectados al dominio público):
- las lluvias que caen en terrenos privados (art. 2635 CC);
- las aguas de vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad (art.
2350 CC);
- las aguas que surgen en terrenos particulares mientras no constituyan un curso de
agua por cauce natural (art. 2637 CC) y
- los lagos no navegables (art. 2349 CC), aunque para algunos autores y ante la
indefinición del mismo código, podría interpretarse que éstos tampoco pertenecen al
propietario del fundo en el que se encuentren ya que el artículo sólo les otorga el uso y goce
de los mismos.
* Finalmente, existiría un régimen particular en el art. 2636 CC que establece que “todos
pueden reunir las aguas pluviales que caigan en lugares públicos, o que corran por lugares
públicos, aunque sea desviando su curso natural, sin que los vecinos puedan alegar ningún
derecho adquirido”, lo que podría interpretarse como una liberalidad por parte del Estado.
A pesar de que este régimen dominical en el Código Civil ha sido más o menos aceptado,
no dejó de plantear dudas que volvieron a surgir nuevamente a partir de 1994 cuando la
Constitución Nacional dispuso expresamente que los recursos naturales son del dominio
originario de las provincias (art. 124).
Al quedar presentado el cuadro enunciado por el Código Civil como un catálogo de aguas
que integran el dominio público, motivado ello por la excepcionalidad de dicho dominio y
por la necesidad de que sea una ley la que afecte las cosas al mismo, el capítulo quedó
redactado como uno propio del derecho público o administrativo, incluido en un código de
naturaleza privada o civil. Según López (1987), la tesis que avala dicha decisión del
redactor del Código Civil si bien mayoritaria, fue contestada por Carlos Silveyra y
Guillermo Cano, entendiendo que calificar a los bienes como públicos o privados es una
facultad privativa del poder público provincial que nunca fue delegada por las provincias en
la Constitución y que se refiere directamente a una determinación esencial como la
composición de su patrimonio público. En tanto que, el principal argumento que se ha
sostenido para justificar su inclusión en el Código Civil, que debe regular a las personas y
los bienes privados, es que no se podía, y menos en tiempo fundacionales, regular el
dominio privado sin antes delimitarlo, es decir, sin antes decidir qué bienes no lo
integrarían. Ello en virtud de la regla que todos los bienes que no integran el dominio
público, son privados, consagrada por el mismo Código Civil en su art. 2347.
Como se dijera apenas antes, ahora que la Constitución Nacional determina el dominio
originario sobre los recursos naturales de las provincias, se suma un argumento más a favor
de la tesis minoritaria, puesto que deberían poder las provincias determinar el modo de
disponer y proteger sus recursos decidiendo sobre un aspecto tan central del mismo. Ello no
obsta, sin embargo, al argumento esgrimido por la tesis mayoritaria, ya que el dictado del
Código Civil ha sido atribuido al Congreso Nacional por la originaria ley suprema. Claro
que nunca se determinó el contenido que debería tener y que resulta un tema más propio del
derecho público; pero también se debe decir que si la explicación dada por la tesis
mayoritaria fue aceptada, estimo yo también por un criterio organizacional, no habría un
argumento definitivo que pudiera sostener que aún con una declaración expresa sobre el
dominio de los recursos naturales, al Congreso no se le pueda haber delegado la función de
clasificar los bienes de acuerdo a su titularidad dominial, lo que ha hecho a través del
Código Civil. Esta cuestión seguramente traerá más de alguna interpretación judicial en un
futuro más o menos cercano.
Por mi parte, desde hace un tiempo pregono la posibilidad de que se elimine el sistema
clasificatorio dominial y apropiativo del agua para pasar a verla como un elemento más de
la naturaleza, que conlleve competencias nacionales, provinciales y municipales pero
respecto a su gestión y cuidado y con un criterio de titularidad en cuanto a la
responsabilidad al respecto, con participación de toda la ciudadanía por tratarse de un
recurso limitado que satisface plurales intereses y que se ha convertido en un valor común.
Al respecto he presentado una ponencia en las audiencias públicas desarrolladas para
estudiar un anteproyecto de código unificado civil y comercial (Pastorino, 2012, a).
Aguas subterráneas y otras aguas de interés general
Sin lugar a dudas, los temas más conflictivos con relación a las aguas son los dos
introducidos con la reforma del decreto-ley 17.711: el de las aguas subterráneas y el de
“toda agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general”.
Las aguas subterráneas antes de la reforma indicada, por la falta de una mención expresa,
podían quedar comprendidas dentro de la propiedad del superficiario en virtud de la
disposición del art. 2518, aún no derogado, y que en su primera parte dispone “la propiedad
del suelo se extiende a toda su profundidad, y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas
perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los
tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales sobre
ambos objetos”. En línea acorde, el art. 2637 todavía reconoce de propiedad del
superficiario a las aguas que “surgen” o “broten”, según la versión actual o anterior a la
reforma del decreto-ley 17.711.
La disputa por las aguas subterráneas y los avances de los conocimientos científicos
habrían motivado, sin embargo, otras interpretaciones. Así, López (1987) menciona a
algunos autores que, ya antes de la reforma, las consideraban públicas por aplicación del
inciso 3º -inciso donde casualmente se las incorpora luego- siempre que corrieran por
cauces naturales “subterráneos”. Pero el mismo autor recuerda también la postura de otros
doctrinarios y de la Corte Suprema que en el caso “Provincia de Mendoza contra Compañía
de Ferrocarriles Gran Oeste Argentino y Buenos Aires al Pacífico” (JA T. XII, p. 648)
seguían sosteniendo la propiedad del superficiario.
El texto actualmente vigente las convierte en públicas por lo que, si se sostiene que antes
eran privadas, puede interpretarse como una expropiación sin indemnización y, por lo tanto
contraria al texto del art.17 de la Constitución Nacional. Máxime en la interpretación que
ubica a las aguas subterráneas dentro de la categoría de las aguas que tienen o pueden
adquirir aptitud de satisfacer necesidades generales, implicando una declaración en
abstracto que viola el “principio de justicia por compensación” que crea la inviolabilidad de
la propiedad garantizada en el art. 17 CN. (Moyano, 2012).
Para evitar ese tipo de reclamo, la misma reforma adoptó en el texto ciertos recaudos, los
que, a mi juicio, de todas formas, son insuficientes. Dejó a salvo “el ejercicio regular del
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su
interés y con sujeción a la reglamentación”. Qué se entiende por “ejercicio regular” y por
“la medida de su interés”, cuál es el alcance de la reglamentación y si ésta puede poner un
costo al uso del agua, constituyen algunas discusiones que la misma reforma abrió en la
doctrina. También, ciertas interpretaciones, a mi juicio no del todo acordes con los restantes
alcances del ejercicio del derecho de propiedad que, vale la pena recordar, según el Código
Civil es exclusivo, perpetuo y absoluto con sólo las limitaciones que surgen del Código y
del ejercicio del poder de policía que, obviamente, no puede excluir el dominio mismo.
Se distinguió, por ejemplo, diciendo que el superficiario no puede considerarse expropiado
si al tiempo de la reforma no explotaba o extraía el recurso subterráneo, relacionando esto
con la teoría de los derechos adquiridos. Creo que esta postura olvida la disposición del art.
2510 que dispone que “el dominio es perpetuo, y subsiste independientemente del ejercicio
que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de
propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero ejerza con su
voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa por otro, durante el tiempo requerido
para que ésta pueda ser adquirida por la prescripción”.
Considero todavía más inviable el argumento de Moisset de Espanés (López, 1987) que
cree que las aguas subterráneas no alumbradas antes de la reforma, es decir, no
aprovechadas, al no ser susceptibles de tener valor no eran directamente cosas por el art.
2312. Choca esta interpretación con el art. 2510 citado e introduce un argumento de una
gravedad institucional superlativa si por analogía se aplicara a todas las cosas adheridas a
una propiedad que su dueño no utiliza.
Creo que, entonces, el camino posible para plantear la validez de la reforma o su carácter
no expropiatorio es analizar si en el caso las aguas integran un cauce subterráneo e insistir
con esa teoría que las encuadraba en el dominio público antes de la reforma en tal supuesto.
Caso contrario, se tendrá que reconocer que cualquier afectación patrimonial que por
aplicación del nuevo texto del inciso 3º del art. 2340 se le ocasione al superficiario, deberá
conllevar su indemnización. Obviamente, la excepción está dada por el art. 2510 citado y es
la de la usucapión.
Aún más grave es el caso de las aguas que tengan o adquieran la aptitud de satisfacer usos
de interés general. Desde ya, si esas aguas eran antes de la reforma considerada privadas,
no puede cambiárseles el régimen sin indemnización, pero mucho menos se puede dejar
sometida esa consecuencia –el paso de ser privadas a ser públicas- a un hecho futuro
indicado con el vocablo “adquieran” y a las necesidades variables de una sociedad en
expansión. Acá comparto la opinión del querido maestro López que dice al respecto que se
debe considerar esta incorporación del decreto-la ley 117.711 como una declaración
genérica de utilidad pública, de las tantas que abundan en el derecho agrario, quedando la
afectación librada a la discrecionalidad de las autoridades públicas que evaluarán el caso
concreto, debiendo, eventualmente, indemnizar al sujeto privado expropiado.
Para concluir, estimo que si la intención del legislador de 1968 fue la de avanzar en un
sistema que contemple a todas las aguas de dominio público debido al interés superior que
las mismas tienen para nuestra sociedad y para los procesos ambientales, hubiera hecho un
enorme favor a las generaciones actuales optando por otro sistema. Hubiera podido declarar
todas las aguas, sin distinciones complejas y hasta absurdas, del dominio público pudiendo
haber reconocido todos los derechos posibles respecto al uso a los superficiarios del
momento y de por vida, declarando el bien intransmisible por actos entre vivos o por
sucesión hereditaria. En ese caso sí, los sucesores no tendrían derecho, y se hubiera evitado
una discusión que, luego de cuarenta años no sólo perdura sino que empieza recién a
demostrar sus consecuencias, ya que es éste el tiempo en que se hace evidente la escasez
del agua (Pastorino, 2009).
Digo dominio público porque era la hipótesis imperante en ese momento. En el presente,
creo que se podría optar por soluciones -a mi juicio- mejores, como la de considerar el agua
un bien común de carácter inapropiable, garantizando simplemente los usos a partir de una
adecuada reglamentación del Estado y con un sistema de decisión, gestión y participación
ampliamente participativo, postura que hemos presentado en las audiencias públicas por la
reforma al Código Civil (Pastorino, 2012, a).
La legislación provincial y los códigos de aguas
A las provincias les compete el dominio efectivo y las decisiones sobre el agua y la
regulación de sus usos y, por ende, el otorgamiento de permisos y concesiones. En forma
concordante, se entiende que poseen la materia administrativa y el poder de policía excepto
en las actividades cuya regulación fue expresamente cedida a la Nación. Entre tales
funciones de policía, el control de la contaminación como también la autorización y
posterior supervisión de las actividades que se desarrollan en su territorio y que pueden
impactar en el ambiente y en particular en las aguas. Por otra parte, las provincias se dan
sus propias instituciones (art. 122 CN) pudiendo, por ende, definir libremente lo que
consideren el mejor modo de organizar institucionalmente el gobierno del agua. También
pueden complementar las normas de presupuestos mínimos dictadas por la Nación. Les
compete la gestión y decisión sobre el agua, los cursos y sus ciclos, pudiendo intervenir
autorizando obras públicas o realizándolas por sí, entre tantos otros ejemplos que pueden
mencionarse, recordando que a ellas (las provincias) le cabe toda competencia no delegada
expresamente a la Nación.
Estas competencias pueden expresarse en distintas leyes provinciales, pero la importancia
del recurso fue tendiendo a fomentar su unificación y puesta bajo alguna autoridad
específica.
Ante la decisión del Código Civil de reservar ciertas aguas al dominio privado, algunas
primeras leyes provinciales optaron por regular sólo las aguas públicas y específicamente
las superficiales, ello sobretodo porque las subterráneas, antes de la reforma de 1968 eran
consideradas por la doctrina mayoritaria pertenecientes a los propietarios superficiarios. En
tanto, el art. 2339 del Código Civil ya reconocía que los bienes públicos pertenecían a las
provincias o a la Nación según el territorio en el que se encuentren.
Sobre aguas definidas como públicas, es claro que los poderes provinciales como titulares
de dicho dominio público son muy superiores ya que claramente abarcan la disponibilidad
y no sólo una regulación de policía de las actividades o usos que puedan hacer los privados
sobre su dominio. También recordamos que en el caso de dominio público, el derecho al
uso del recurso se deberá resolver a través de instituciones de derecho administrativo
(público), fundamentalmente la concesión y los permisos que alcanzan en materia de aguas
una particular fisonomía.
Más modernamente, se avanzó sobre esta posibilidad, es decir, buscando contemplar
regulaciones completas del recurso, reconociendo la unicidad del mismo y manteniendo el
Código Civil diferentes posibilidades en cuanto a la titularidad del dominio, el criterio fue
el de regular las aguas públicas a partir de los poderes derivados de la dominialidad estatal
y las privadas a través del poder de policía. Claro que -sin poder en estas breves páginas
ahondar en esta cuestión de derecho administrativo- el poder de policía daría facultades de
control respecto al uso, imponiendo conductas y obligaciones, pero quedaría controvertido
que dicho poder llegue al punto de limitar o condicionar la disponibilidad de los bienes
privados más allá de una razonable tolerancia que, bajo la forma de restricción, tenga
alcance general, se disponga por ley y no termine por desvirtuar los derechos de disposición
y aprovechamiento de la propiedad misma reduciendo considerablemente el beneficio
económico que ella podría ofrecer o prestar. De esta diferenciación entre regulación en
relación al dominio público o en relación al poder de policía surgirían consecuencias
también concretas de otra índole, como la posibilidad o no de establecer un canon por el
uso del recurso. En el caso de que las aguas sean públicas, el mismo estará aceptado,
mientras que difícilmente pueda admitirse un canon a pagar por las aguas propias.
Como ejemplo de lo que venimos marcando, citamos al Código Rural para los Territorios
Nacionales (ley 3.088 de 1894) que inicialmente rigió en varias de las actuales provincias y
dispuso sobre las aguas de ríos y arroyos (art. 214). En la primera ley de la provincia de San
Juan, (ley 312 de 1928) se trataron las aguas superficiales, incluyéndose referencias a las
aguas subterráneas más tarde, en el Código de Aguas (ley 4.392 de 1978 con
modificatorias). Por otro lado, algunos códigos de aguas, como el de Jujuy (ley 161 de
1950), determinan que rigen el uso de las aguas públicas, pero, además, dispone normas de
policía para las aguas privadas. En igual sentido, el de Santiago del Estero (ley 4.869 de
1980) regula las aguas públicas pero, además, las “restricciones” a las aguas privadas.
Como puede comenzar a percibirse, la idea de contemplar globalmente el agua hizo pasar
de simples leyes de aguas a códigos de aguas, siempre provinciales, que intentaban regular
la mayor cantidad de aspectos posibles de competencia provincial. Ello también modificó el
esquema legislativo respecto a otras materias, como el derecho agrario, ya que en algunos
códigos como el Rural de la Provincia de Buenos Aires, se contemplaba el uso agrícola del
agua, que perdió su vigencia al regularse en forma completa todos los usos en el Código de
Aguas de dicho estado provincial.
En el libro que he coordinado, Derecho agrario provincial (2011), se han compendiado
todas las legislaciones provinciales en materia agraria y de recursos naturales renovables
donde puede encontrarse la situación actual de las distintas provincias respecto al agua y
sus códigos.
Se señala a Mendoza como la pionera en el derecho interno de aguas por haber sancionado
la primera ley en la materia en todo el país, en 1884, y luego haber incorporado importantes
preceptos en su constitución provincial, donde figuran principios básicos y creando,
además, un órgano con autonomía política, estabilidad de sus autoridades (que se eligen por
períodos diferentes a los del gobernador provincial) y autarquía financiera: el Departamento
General de Irrigación.
Finalmente, en esta panorámica visión del derecho de aguas provincial, quiero citar
brevemente el esquema del Código de la Provincia de Buenos Aires, por ser la provincia
más extensa en territorio, con mayor diversidad de actividades productivas y más
población, a la vez de ser aquella en la que habito y cuyo derecho enseño.
En la Provincia de Buenos Aires, en 1998 y luego de un tortuoso y prolongado camino
legislativo, se sancionó el primer Código de Aguas, ley 12.257 que pretendió
comprenderlas en forma integral, regulando la “protección, conservación y manejo del
recurso hídrico” (art. 1). Es decir que, dejando para las disposiciones del Código Civil las
cuestiones atinentes al régimen dominial y las restricciones que aquél establece con
relación, sobre todo, a las relaciones de vecindad, se ocupa del uso, el cuidado, la gestión,
el aprovechamiento del recurso y las restricciones administrativas, reglamentando o
mejorando los límites de los derechos de dominio derivados del código de fondo.
Ello no obstante, y a pesar que el Código de Aguas deroga una gran cantidad de normas
preexistentes en su pretensión sistematizadora de la materia, queda aún vigente la ley 5.965
de 1958, de protección de las fuentes de provisión y de los cuerpos receptores de agua y de
la atmósfera, orientada fundamentalmente al control de la contaminación y con una
significativa tradición en este campo, a pesar de que ni las reglamentaciones de la misma,
ni mucho menos la concreta aplicación y control, se condicen con los postulados netos y
contundentes de ella.
Así, a pesar de unas mínimas, pero existentes referencias al control de la contaminación en
el Código, pareciera que éste se ocupa mucho más de los derechos, usos, permisos y
concesiones, instrumentos de planificación y gestión, dejando el tema específico del control
de la contaminación a la ley 5.965.
Sin pretender comentar en forma acabada el Código, de 187 artículos, puntualizo sus
contenidos rescatando los aspectos que, creo, tienen un voltaje jurídico mayor.
En lo institucional, el Código define las atribuciones del Poder Ejecutivo en general y de la
Autoridad del Agua en particular, a la que crea como “ente autárquico de derecho público y
naturaleza interdisciplinaria” (art. 3). Considera –como no hacía la precedente normativa
incluida en el Código Rural- al Río de la Plata dentro de su ámbito de aplicación (art. 8);
dando directrices, también en lo que respecta a usos con repercusión interjurisdiccional
(arts. 2 y 9).
El Código desarrolla bien un principio central sobre gestión de recursos naturales que es el
relacionado con el conocimiento del recurso y la gestión integral del mismo. En este
sentido comprende: planificación hidrológica (art. 5); inventario físico (art. 10); evaluación
de impacto y auditorías para realizar obras (arts. 93 y ss.); comités de cuencas hídricas y
consorcios (arts. 121 y ss.) y una serie de limitaciones administrativas al dominio (arts. 136
y ss.). También prevé que la Autoridad del Agua debe confeccionar cartas de riesgo hídrico,
previendo inundaciones (art. 6) y declarar vedas sanitarias prohibiendo el uso recreativo y
el abastecimiento doméstico o urbano, en salvaguardia de la salud pública (art. 7).
Otras definiciones intentan poner certeza a los derechos dominiales: publicación de
mediciones relativas al límite externo de playas y riberas (art. 11); catastro de aguas (art. 10
y ss.); fijación de la línea de ribera que puede ser de oficio o a petición de interesado (art.
18 y ss.); inscripción de concesiones de agua en un Registro Público del Agua (art. 22 y
ss.); regulación de permisos y concesiones para el uso de aguas públicas y definición de las
mismas como intuitu re (art. 25 y ss.) y previsiones para el caso de disminución del agua
disponible.
Luego siguen los usos y su regulación: consuntivo o de abastecimiento de agua potable;
agrícola; pecuario; industrial; recreativo, deportivo o de esparcimiento; energético;
terapéutico; minero; piscícola y naval (arts. 55 a 81); pero a contrario de lo que sucede en
muchos otros códigos provinciales, éste no establece preferencias en cuanto a los usos,
dejando esta atribución al Poder Ejecutivo (art. 2, inc. c) que dicta los criterios a tener en
cuenta para ese cometido, privilegiando sólo por ese medio el abastecimiento para agua
potable.
Soslayando la cuestión, lamentablemente aún no resuelta, de la constitucionalidad del inc.3
del art. 2340, el Código considera públicas las aguas subterráneas (que obviamente están
incluidas en su normativa, cuando en el Código Rural sólo se trataban las aguas
superficiales) y obliga a obtener permiso de la Autoridad para la perforación y explotación
de las mismas (arts. 82 y ss.).
Luego el Código regula las obras, acueductos, servidumbres, etc.; todo lo que, sometido a
la Autoridad del Agua, puede devenir en resoluciones de conflictos o en nuevos
cuestionamientos, por lo que el Código organiza un régimen y procedimiento
contravencional (art. 158 y ss.) habilitando la vía contencioso administrativa a las
decisiones definitivas de la Autoridad del Agua (art. 162).
Aguas interjurisdiccionales y el concepto de cuenca
En el plano de las aguas interjurisdiccionales tenemos las aguas interprovinciales y las
aguas internacionales. En ambos casos la Argentina tiene una extendida tradición en
legislación y gestión de recursos hidrográficos compartidos debido a su geografía y la
presencia en su territorio de ríos que se encuentran entre los más largos del mundo (Paraná
y Uruguay) con distintos tipos de aprovechamiento (naviero, energético, pesquero, etc.) y
con funciones tanto de límites como de medios de contacto con sus países vecinos,
especialmente con Uruguay, Brasil y Paraguay.
En el orden interno, existen importantes acuerdos interprovinciales de consolidada
experiencia, como también cuestiones conflictivas entre provincias aún sin resolver. El
primer antecedente se remonta a la Conferencia del Río Colorado llevada a cabo en Santa
Rosa, La Pampa, en agosto de 1956, donde las provincias ribereñas del Río -Buenos Aires,
La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro- declararon: "Que es de su derecho exclusivo
reglar el uso de las aguas del Río Colorado, mediante pactos interprovinciales entre todas
ellas". También acordaron la designación de una “Comisión Técnica Interprovincial
Permanente encargada de estudiar todo lo relativo a la regulación, aprovechamiento y
distribución de las aguas del Río Colorado". Luego se incorporó el gobierno federal y se
firmó en 1976 el acuerdo interprovincial, ratificado por ley de cada una de las provincias y
del estado nacional. Dicho acuerdo distribuye caudales de agua entre las provincias
signatarias, crea la entidad interjurisdiccional que luego pasará a llamarse COIRCO
(Comité Interjurisdiccional Río Colorado), dispone sobre el financiamiento, los estudios
necesarios para alterar la distribución de caudales y la constitución de una comisión de
expertos para darle el marco legal al funcionamiento del organismo.
A partir de esta senda, se fueron celebrando otros acuerdos de estas características y en
muchos casos creando organismos interjurisdiccionales con participación también del
estado federal. Los contenidos de estos acuerdos, sus alcances, las características propias de
cada uno, sus facultades y hasta los nombres (comité interjurisdiccional; autoridad
interjurisdiccional; comisión interprovincial; comisión regional; etc.) van a depender de los
condicionantes particulares de cada uno de ellos, las situaciones políticas y las
motivaciones fundamentales tenidas en cuenta a la hora de acordarse los instrumentos de
origen.
Sin poder siquiera mencionar cada uno de ellos, cito al más reciente, la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), nacida de circunstancias particularísimas, en
2006, ya reformada la Constitución Nacional y sancionada la ley 25.688 de presupuestos
mínimos sobre gestión de aguas. Una acción judicial directamente presentada como
demanda originaria ante la Corte Suprema de Justicia por parte de vecinos ribereños al
Riachuelo (límite interjurisdiccional entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma del mismo nombre, capital del país), por daños ambientales propios y por daño
al ambiente colectivo, es decir, a causa del alto grado de contaminación de ambos ríos, es
aceptada por el máximo tribunal federal. La demanda se entabló originalmente contra el
estado federal, y las dos jurisdicciones citadas y contra cuarenta y cuatro industrias
instaladas en las márgenes de dichos ríos. El llamado de atención que significó la
aceptación del caso por la propia Corte, hizo que las tradicionales defensas aducidas por los
estados y vinculadas a la multiplicidad de atribuciones originadas en el esquema federal y
la legislación derivada -muchas veces sumamente tortuosa y poco respetuosa de dicho
marco constitucional- se produjera este nuevo acuerdo por el cual se constituye un órgano
interjurisdiccional tripartito, bajo la conducción del máximo organismo ambiental del
gobierno federal. A través de dicho acuerdo, aprobado por ley de la Nación, de la Provincia
y de la Ciudad Autónoma, se concentran las competencias ambientales sobre los distintos
establecimientos que pueden verter a la cuenca. Para su consulta, la ley nacional de
ratificación lleva el número 26.168.
Desde el punto de vista institucional, se ratifica la postura que establece que sólo los
acuerdos interjurisdiccionales pueden autorizar la cesión de competencias provinciales, no
pudiéndose obligar a las provincias a integrar comités de cuencas u otros organismos de
igual naturaleza por imperio de una ley nacional, sin su expreso consentimiento.
Los ríos o lagos internacionales comprenden los cursos de agua o lagos que sirven de
frontera entre dos o más países o que la atraviesan, y no refieren a que el río o lago esté
sujeto a un régimen multi o supranacional (Cano, 1979). A partir de este concepto, se
procedió por un camino de integración regional entre los estados vecinos, en especial los
integrantes de la Cuenca del Plata, la primera que tiene un tratado internacional para dicha
integración y que va a servir de base a ulteriores acuerdos binacionales por porciones
menores de la cuenca o los ríos que la integran. Dicho tratado, firmado el 23 de abril de
1959 entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay tiene por objeto promover el
desarrollo armónico y la integración física de dicha cuenca y de sus áreas de influencia
directa y ponderable (art. 1). Se crea un Comité Interjurisdiccional Coordinador; se
establece que las decisiones se adoptan por unanimidad y que la acción colectiva entre las
Partes Contratantes deberá desarrollarse sin perjuicio de aquellos proyectos y empresas que
decidan ejecutar en sus respectivos territorios, dentro del respeto al derecho internacional y
según la buena práctica entre naciones vecinas y amigas.
Bajo la órbita de dicho tratado, Argentina y Paraguay firmaron el 16 de junio de 1971, el
Convenio para el Estudio del Aprovechamiento de los Recursos del Río Paraná,
especialmente teniendo en cuenta la potencialidad del río en materia energética, sin
descuidar que se trata del río que históricamente sirvió de vía de comunicación y conflicto
en la región y sobre las márgenes del cual se han desarrollado importantes ciudades de
ambos países. Se crea una comisión mixta que se denominará “Comisión Mixta Argentino-
Paraguaya del Río Paraná” que reconoce el antecedente de 1958 entre ambos países que
crearon la Comisión Mixta Argentino Paraguaya de Yacyretá-Apipé, represa actualmente en
funcionamiento y gestión a través de un Entidad Binacional.
Respecto al aprovechamiento energético en el río, es de destacar que los proyectos
existentes también en Brasil pusieron tensión con nuestro país y llevaron a intercambios
entre ambos países, los que se reconocen como antecedentes inmediatos para la redacción
de los principios 20 y 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, de Estocolmo, 1972, que proponen el libre intercambio de información
y el derecho soberano de los países a explotar sus propios recursos en aplicación de su
propia política ambiental, pero asegurando que las actividades que se lleven a cabo dentro
de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros estados o zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional (COMIP, 1992).
Otros acuerdos significativos son el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, entre
Argentina y Uruguay, firmado el 19 de noviembre de 1973. Fija límites, determina las
zonas de jurisdicción exclusiva de ambos países y la colaboración entre ellos; acuerda la
pertenencia a la Argentina de la Isla Martín García -aunque con cargo de que sea
conservada como reserva natural-; dispone sobre navegación, obras, practicajes, facilidades
portuarias, salvaguardia de la vida humana, salvamento, lecho, subsuelo, contaminación,
pesca e investigación y crea la Comisión Mixta del Río de la Plata con sede en la
mencionada isla.
El 26 de febrero de 1995 también se firmó entre ambos países el Estatuto del Río Uruguay
con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional
aprovechamiento del mencionado río (art.1). Regula temáticas similares al anterior, en
especial recupero aquí la de los capítulos vinculados a la explotación de los recursos
naturales y la contaminación que fueron objeto de análisis en uno de los fallos judiciales
que posteriormente reseñaré. Respecto a la explotación de los recursos, el Capítulo IX
dispone de cinco artículos sobre manejo de suelos, bosques, utilización de aguas
subterráneas y afluentes, obligando a las partes a adoptar las medidas necesarias para que
su manejo no cause alteración que perjudique sensiblemente el régimen del mismo o la
calidad de las aguas (art. 35). Se contempla expresamente el fin de evitar la alteración del
equilibrio biológico (art. 36). Se regula la pesca y el compromiso de acordar capturas
máximas (arts. 37 y 38). En tanto que el Capítulo X contiene otros cinco artículos sobre la
contaminación, definiéndola (art. 40); obligando a las partes a: a) Proteger y preservar el
medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y
adoptando las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios internacionales
aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los
organismos técnicos internacionales; b) No disminuir en sus respectivos ordenamientos
jurídicos: 1) Las exigencias técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas, y
2) La severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción. c) Informarse
recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar con relación a la contaminación de las
aguas, con vistas a establecer normas equivalentes en sus respectivos ordenamientos
jurídicos (art. 41). Se impone a cada parte la responsabilidad por los daños inferidos como
consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su
territorio realicen personas físicas o jurídicas (art. 43).
De igual modo que el anterior acuerdo con el Uruguay, se dispone que la solución de
controversias podrá ser llevada a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, adonde,
finalmente, Argentina recurrió, en una causa que brevemente citaré en el punto siguiente.
Jurisprudencia más relevante en materia de ríos interjurisdiccionales
Rescato tres sentencias significativas en la materia puntualizando las enseñanzas más
relevantes que dejaron, si bien cada una en sí misma ameritaría, por su relevancia, de más
de un libro.
En primer lugar, el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la República
Argentina, el día 3 de diciembre de 1987 en autos “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza,
Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos”. Se trata del primer
antecedente en el máximo tribunal del país que lo lleva a “dirimir” en los términos del art.
127 de la Constitución Nacional, un conflicto entre dos estados provinciales. Dicho
artículo, con fundamento en el espíritu de hermandad entre los estados confederados
dispone que ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia y que sus
quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema y dirimidas por ella. Es decir que el máximo
tribunal de la República actúa en los casos vinculados con el derecho público entre estados
federados, no juzgando en los términos tradicionales y aplicando el derecho, sino
dirimiendo o resolviendo los diferendos como árbitro en su carácter de cabeza de uno de los
tres poderes del estado federal.
El caso se suscita por la falta de agua en el río Atuel en la parte que recorre la provincia de
La Pampa. Dicho curso, presenta una cantidad de connotaciones desde su propia naturaleza
por tratarse de un río que ya un poco antes de adentrarse al territorio pampeano no tiene
agua en forma permanente pero, porque a su vez, existía la posible influencia de varias
represas construidas aguas arriba (Los Nihuiles). El fallo analiza variadas cuestiones del
derecho del agua, define al Atuel como río, a pesar de su intermitencia y, específicamente,
como río interprovincial. Acepta el concepto de cuenca y las reglas de Helsinski para
resolver cuestiones entre estados provinciales. Así recepta el principio de la utilización
equitativa y razonable de las aguas como derecho de cada estado provincial integrante de la
cuenca (Regla IV de Helsinski, ILA). No otorga derecho adquirido por la prioridad en el
uso. Establece que la armonización de los derechos respectivos a la distribución equitativa
debe hacerse efectiva a través de la cooperación y buena fe y manda a las provincias a
celebrar acuerdos entre ellas para el aprovechamiento del recurso instando a constituir un
ente administrativo con representación de ambas.
Si bien la decisión no termina por definir una cantidad de agua que se reclamaba por parte
de La Pampa, la sentencia de la Corte parece inclinarse en todos los aspectos tratados a
favor de los argumentos de dicha provincia. Ello condicionó a Mendoza que terminó
firmando en tres oportunidades distintas acuerdos concretos sobre la cuestión que, no
obstante, al día de la fecha no se han cumplido. De allí la importancia del caso, que conjuga
interpretaciones jurídicas con necesidades de soluciones prácticas.
En virtud de los hechos sucintamente narrados, un particular inició una nueva acción ante la
Corte (invocando la legitimación otorgada por el art. 43 de la Constitución Nacional para
reclamar por derechos que protegen al ambiente, entre otros de incidencia colectiva) que,
recientemente, llevó a dicho tribunal a aceptar su competencia en el caso. En dicha causa se
reclama el cumplimiento de los acuerdos celebrados- También la provincia acaba de iniciar
una acción más reclamando importantes sumas por los perjuicios sufridos, precisamente, a
partir de tales incumplimientos.
El otro caso -también de la Corte Suprema- es “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado
Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, que ya fue referida al mencionar a la ACUMAR. En
realidad, son varias las sentencias dictadas en este caso, siendo las más relevantes a los
fines del tema que comentamos, las de los días 20 de junio de 2006 y 8 de julio de 2008. A
raíz de las demandas indemnizatorias de los vecinos y el reclamo para recomponer el daño
ambiental sufrido en el Riachuelo por efectos de la contaminación proveniente de una
pluralidad de causas, en una zona altamente e históricamente industrial, densamente
poblada y vecina a un polo petroquímico y a dos puertos, se celebra el acuerdo de creación
de la ACUMAR, tal lo comentado previamente.
En la causa, la Corte ordena en cabeza de dicho ente, con imposición de astreintes para su
presidente ante el caso de incumplimiento, un detallado plan de saneamiento y remediación
en la cuenca que tiene por objetivos: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de
la cuenca; 2) la recomposición ambiental de la misma en todos sus componentes -agua, aire
y suelos-; 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
También manda realizar un sistema de información pública completo; el control ambiental
de las industrias en un plazo de treinta días con intimaciones de presentar planes de
tratamiento; un plan de saneamiento de basurales y erradicación de familias; la limpieza de
márgenes de ríos; la ampliación de la red de agua potable; un plan de obras de desagües
pluviales; un saneamiento cloacal y un plan sanitario de emergencia.
Finalmente, la tercer decisión, fue la de la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
vinculada a la posible contaminación provocada por dos pasteras en proceso de instalación
en la margen del Río Uruguay, en el país vecino, para lo cual no se habían hecho a la
Argentina las notificaciones correspondientes previstas en el Estatuto del mismo río y que,
según dicha norma, deben realizarse a través de la Comisión Administradora. El artículo 7
de dicho tratado dispone que: “La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la
modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera
otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad
de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un
plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra
parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada
deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión. En la
notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de
su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una
evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o
a la calidad de sus aguas”.
La sentencia analiza e interpreta en forma definitiva el Estatuto, su naturaleza jurídica y
varios de sus artículos (en especial, los mencionados al sintetizar el tratado sobre
explotación de recursos naturales y contaminación), además del mencionado artículo 7 y
siguientes que determinan el procedimiento de notificación y consulta. Entiende que la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) es un organismo permanente para la
gestión del recurso compartido y que los estados no pueden abandonarla o soslayarla. En tal
sentido, condena al Uruguay por haber incumplido con los procedimientos de notificación
previstos en el Estatuto al querer empezar dos plantas de producción de celulosa que
podrían alterar la calidad de las aguas. Pero no admite medidas cautelares solicitadas por
Argentina en prevención de efectos contaminantes que podrían afectar su sector del río y
decide que la obligación de cooperar entre las partes, que nace del mismo acuerdo, impone
la realización de un monitoreo permanente y conjunto del establecimiento industrial que dio
origen a la controversia. A raíz del fallo se realizó el acuerdo internacional para realizar el
monitoreo, si bien aún la aplicación del mismo y la comunicación de los datos obtenidos
siguen resultando tema de controversia.
Conclusiones
En el presente trabajo he realizado una síntesis escueta de todo el derecho del agua en
Argentina. Me disculpo por cualquier insuficiencia en la explicación o mayor grado de
detalle y desarrollo pero he cumplido con el espacio asignado.
El mayor valor del trabajo es, precisamente, el de realizar dicha presentación, a la vez
actualizada. Como surge de la bibliografía, existe bastante material de estudio en la materia
pero no una reseña actual, a partir de la reforma constitucional y la sanción de la ley de
presupuestos mínimos 25.688 y que también contemple la jurisprudencia analizada, todo en
un mismo trabajo.
En los últimos cuatro años he dirigido un equipo de investigación interdisciplinario que ha
desarrollado un proyecto titulado “La problemática del agua ante el crecimiento
poblacional y el modelo de desarrollo vigente. Impactos jurídicos” que sigue en la
actualidad por otros cuatro años con el título de “Agua y Ambiente: respuestas jurídicas
ante la crisis del agua”. De lo investigado allí tengo la convicción que el derecho del agua
está llamado a generar importantes cambios en breve. Desde nuestro proyecto nos
preparamos para seguir analizando dichos cambios. Seguramente, dicha percepción sea
compartida por otros investigadores en otras partes del mundo.
Nuestro desafío entonces está dado por estar alertas, con la mente abierta y tratando de
interpretar la nueva realidad actual con una forma moderna y no con viejos moldes
conceptuales de arraigada tradición pero tal vez estructurados en esquemas que hoy limitan
la posibilidad de gestionar el agua como un valor esencial para la vida humana, la de las
especies animales y vegetales, los ecosistemas, el desarrollo económico y también
espiritual de todos.
BIBLIOGRAFÍA
ALLENDE, Guillermo, Derecho de aguas con acotaciones hidrológicas, Eudeba Editorial
Universitaria de Buenos Aires, 1971.
CANO, Guillermo, Recursos hídricos internacionales de la Argentina, Víctor P. de Zavalía,
Buenos Aires, 1979.
COMIP (Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río de la Plata), Aprovechamiento
energético del Río Paraná, Buenos Aires, 1992.
LÓPEZ, Joaquín, El derecho de aguas en la legislación federal, Tomo XXVI de Anales,
Córdoba, 1987, p.23.
MARIENHOFF, Miguel, Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1939.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel (Director), Derecho y administración de aguas,
Edición propia, Mendoza, 2007.
MOYANO, Amilcar, El dominio de las aguas bajo la Constitución, La Revista del Foro,
Número especial de derecho ambiental, Nº 118, Foro de Cuyo, Ediciones Dike, Godoy
Cruz, Mendoza, 2012, p.35.
PASTORINO, Leonardo Fabio, Derecho agrario argentino, Abeledo Perrot, 2009 (a),
edición actualizada 2011.
El agua y las categorías jurídicas, en Leonardo Pastorino (Director), El agua,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Ediciones Cooperativas, Buenos
Aires, 2009, p.19 (b).
Ponencia presentada en la Audiencia Pública para la Reforma de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación, realizada el día 28 de agosto de 2012 (a),
disponible en http://ccycn.congreso.gob.ar/ponencias/buenosaires/
Inundaciones de campos, en Facciano y Powell (Coordinadores), Derecho
agrario, Nova Tesis, Rosario, 2012 (b).
PASTORINO, Leonardo Fabio (Director), Derecho agrario provincial, Abeledo Perrot,
2011.
SPOTA, Alberto G., Tratado de Derecho de Aguas, Librería y Casa Editora de Jesús
Menéndez, Buenos Aires, 1941.
Fuentes Legislativas.
Legislación Nacional
- Código Civil de la República Argentina.
- Código Penal de la República Argentina.
- Constitución de la Nación Argentina. 1994.
- Ley N° 3088. Código rural para los territorios nacionales.
- Ley N° 17711. Reforma del Código Civil.
- Ley N° 20094. Ley de navegación.
- Ley N° 22190. Régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas u
otros elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de buques y
artefactos navales.
- Ley N° 24051. Residuos peligrosos. - Ley N° 25688. Régimen de gestión ambiental de aguas.
- Ley Nº 26168. Ley de la cuenca Matanza Riachuelo.
- Ley N° 26639. Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y
del ambiente periglacial.
Legislación Provincial
- Ley N° 161. Código de Aguas de la provincia de Jujuy.
- Ley Nº 4869. Código de Aguas de la provincia de Santiago del Estero.
- Ley N° 5965. Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos
receptores de agua y a la atmósfera, de la provincia de Buenos Aires.
- Ley N° 12257. Código de Aguas para la provincia de Buenos Aires.
- Ley Nº 4392. Código de Aguas de la provincia de San Juan.
Legislación Internacional
- Estatuto del río Uruguay. 1975.
- Tratado de la Cuenca del Plata. 1969.
- Tratado del río de la Plata y su frente marítimo. 1973.