el control constitucional en mexico
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M.D. MARCOS A. SANTOS PEREZ
EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
JUNIO 4 DE 2010
M.D. MARCOS ALBERTO SANTOS PÉREZ
EL CONTROL
CONSTITUCIONAL
EN MÉXICO
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M.D. MARCOS A. SANTOS PEREZ
EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
JUNIO 4 DE 2010
ÍNDICE
paginas
INTRODUCCIÓN 3
1. NATURALEZA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 4
1.1. SEGÚN EL ÓRGANO PROTECTOR 5
1.2. SEGÚN EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN 6
1.3. ANTECEDENTES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL EN
MÉXICO
7
2. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 8
2.1 JUICIO DE AMPARO 9
2.2 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17
2.3 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22
2.4 FACULTAD DE ATRACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE 28
2.5 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
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3. CONSIDERACIÓN 33
BIBLIOGRAFÍA 34
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Introducción
Ante todo, debe precisarse que por medios de control de
constitucionalidad entendemos todas aquellas instituciones y formas de
actuación que permiten asegurar, de una forma u otra, que los sujetos
de derecho de un sistema jurídico determinado ajusten su conducta a
los principios, límites y disposiciones constitucionales.
La mayoría de las constituciones modernas prevén medios de control
constitucional a través de los cuales es posible cuestionar leyes y, en
general, cualquier norma jurídica que no se ajuste al texto
constitucional; esto es, a través de dichos medios de defensa
constitucional es posible combatir actos positivos de los órganos
legislativos del Estado.
En el sistema jurídico mexicano existen los siguientes medios de
control constitucional en sede jurisdiccional: el juicio de amparo, la
controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, de los
cuales corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
conforme a los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como el recurso de apelación, el juicio de
inconformidad, el recurso de reconsideración y el juicio de revisión
constitucional electoral, de los que conoce el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Así también la Facultad de atracción de la Suprema Corte, en los casos
en que esta lo juzgue conveniente.
En el presente trabajo se abordaran cada uno de los medios de control
constitucional, puesto que todos juegan un gran papel en nuestro
sistema jurídico, y aunque los supuestos para recurrir a estos son
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distintos, todos son de gran importancia ya que su fin último es
garantizar la armonía entre los particulares y del Estado.
1. NATURALEZA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL1
Si la organización que instituye la ley suprema pudiera ser violada
impunemente, los preceptos constitucionales no pasarían de ser
principios teóricos o mandamientos éticos. No es posible aceptar
talcosa; si alguna ley debe ser cumplida y observada, es la ley suprema
del país.
El respeto debido a la Constitución tiene que ser, en principio,
espontaneo y natura. Solo como excepción cabe considerar la existencia
de violaciones constitucionales, dentro de un orden jurídico regular.
Cuando la excepción se convierte en regla, es que la anarquía o el
despotismo han reemplazado al orden constitucional.
Pero aun considerada como excepción, la violación a la Constitución
debe ser prevenida o reparada. Esto quiere decir que, aparte de la
manera normal de preservar ala Constitución, que es observándola
voluntariamente, tiene que haber en todo régimen constitucional un
medio de protegerlo contra las transgresiones, ya provengan estas de
un mal entendimiento de los preceptos o ya del propósito deliberado de
quebrantarlos.
La defensa de la Constitución debe levantarse frente a los poderes
públicos, cuyas limitaciones son el objeto de la propia Constitución; esas
limitaciones de los poderes entre si y de los poderes en relación con los
individuos, solo pueden se5r saltadas e infringidas por los mismos
1 TENA RAMIREZ, Felipe. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Ed. XII. Porrua. México, 1975.
P. 517
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órganos limitados. A veces las leyes secundarias se preocupan por
proteger, en las relaciones de los individuos entre si, los derechos que la
Constitución consagra con el nombre de garantías individuales,
convirtiendo en delito su violación; pero esta medida no se adopta para
salvaguardar la Constitución, sino por estimarse que el acto de un
particular violatorio de garantías individuales en perjuicio de otro
particular, engendra un mal estar tal en la sociedad que merece ser
sancionado como delito. La defensa típicamente constitucional es la que
se erige para contener a los poderes dentro de sus orbitas respectivas.
1.1. SEGÚN EL ÓRGANO PROTECTOR
¿A quién encomendar y como organizar dicha defensa?, son cuestiones
de primera importancia en toda organización constitucional y que han
preocupado a los legisladores y a teóricos.
Los sistemas de defensa constitucional pueden clasificarse en dos
grandes grupos, atendiendo a la naturaleza política o judicial del órgano
al cual se le encomienda la defensa.
El primer grupo confía la guarda de la Constitución a un órgano
político, que puede ser uno de los ya existentes dentro de la división de
poderes o bien, que puede ser creado para que sirva de protector de la
constitucionalidad. Ejemplo de órgano ya existente es el proponía
Schmitt dentro de la Constitución de Weimar y que consistía en
considerar como protector nato de la Constitución al Presidente del
Reich, quien por estar colocado por encima del juego político de los
partidos, representaba el poder neutral e independiente, capaz de
mantener la integridad de la Constitución; esta solución solo puede
proponerse en un sistema parlamentario, donde el jefe del gobierno se
conserva al margen de la actividad política. Ejemplo de órgano político
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creado para proteger la constitucionalidad, es el Supremo Poder
Conservador, instituido por la segunda ley constitucional de la
Constitución centralizada de 1836, a imitación de Senado Conservador,
que bajo la doble influencia de las ideas de Sieyes de Bonaparte,
apareció en la Constitución francesa del año VII.
El segundo grupo confiere la tarea de velar por la Constitución al órgano
judicial, el cual tiene generalmente, aparte de su misión ordinaria de
decidir el derecho en una contienda entre partes, el cometido especial
de declarar si los actos de los poderes constituidos están de acuerdo con
la ley suprema. Ejemplo característico de los sistemas que integran este
segundo grupo, es la Constitución de Estados Unidos.
1.2. SEGÚN EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
La clasificación precedente tiene en cuenta la naturaleza del órgano
protector; íntimamente relacionada con dicha clasificación, pero acaso
más importante, es la que considera el alcance de las funciones
encomendadas al órgano. En este respecto, la función del control
constitucional puede consistir en dar definiciones generales de
constitucionalidad, con motivo o no de un caso concreto; o puede
consistir en definir la constitucionalidad únicamente respecto al caso que
se ventila y con eficacia exclusivamente para ese caso.
La función de la primera clase se ejercita ordinariamente a petición
del órgano del poder a quien perjudique la disposición institucional y
tiene por efecto anular radicalmente dicha disposición. La función de la
segunda clase se ejercita por demanda el individuo perjudicado con el
acto inconstitucional y tiene como efecto paralizar dicho acto con
respecto al quejoso, o cual implica que conserva su validez paro todos
los que no lo reclamen; este es exactamente el sistema mexicano.
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Hay otros sistemas que podríamos llamar mixtos, donde un mismo
órgano puede hacer declaraciones generales y particulares, según los
casos; de este modo en la ley española del Tribunal de Garantías, de
1933, la inconstitucionalidad de una ley solo podía pedirla el agraviado
por su aplicación y los efectos de la sentencia consistían en la total
anulación de la ley que no hubiere sido votada o promulgada
debidamente, mientras que las sentencias relativas a la
inconstitucionalidad materias únicamente producían efectos en el caso
concreto.
Refiriendo a nuestra Constitución las ideas expuestas, debemos situar el
control de la constitucionalidad que ella establece actualmente, en el
sistema que encomienda dicho control al Poder Judicial Federal (artículo
103), con eficacia únicamente respecto al individuo que solicita la
protección (artículo 107).
1.3. ANTECEDENTES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
El sistema vigente de defensa de la constitución no fue hallazgo
repentino he imprevisto, sino obra de gestación larga y lenta.
Ni en el Acta Constitutiva ni en la Constitución de 1824 existió control
de la constitucionalidad, no obstante que en la primera de dichas leyes
(art. 24) se estableció la primacía del pacto federal sobre las
Construcciones de los Estados.
Por primera vez en nuestra historia constitucional, la Constitución de
1836 se encaro con el problema de la defensa de la Constitución y
pretendió resolverlo mediante la institución de un órgano político,
llamado Supremo Poder Conservador, que se componía de cinco
miembros, elegidos mediante selecciones por las juntas
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Departamentales, la Cámara de Diputados y el Senado; de esos cinco
individuos debían renovarse uno cada dos años.
Las facultades relativas a la defensa de la constitución que tenía el
Poder Conservador, eran en síntesis, declarar la nulidad de los actos
contrarios a la Constitución de uno de los tres Poderes, a solicitud de
cualquiera de los otros dos.
Este sistema fracaso, no porque su ejercicio hubiera demostrado sus
defectos, sin o precisamente por falta de ejercicio; los tiempos no
estaban para esos injertos de alta técnica constitucional. La constitución
de la Siete Leyes tuvo como merito poner de relieve la importancia del
control de la constitucionalidad y de este modo sirvió de estimulo para
que otros corrigieran y mejoraran el sistema que proponía.
En 1840 Manuel Crescencio Rejón elaboro en Yucatan el Proyecto de
Constitución donde encomendaba al Poder Judicial la defensa de la
Constitución. De igual manera Otero opinaba que el Poder Judicial era
quien debía de proteger a todos los habitantes de la Republica en el
goce que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales,
contra los atentados del Ejecutivo o del Legislativo de los Estados o de
la Unión. Estos personajes influyeron en gran medida para crear el Juicio
de Amparo, que es el medio de control por excelencia de la
constitucionalidad de los actos de los Poderes en contras de los
particulares.
2. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
El orden establecido por la Constitución Federal se rompe no solo
cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino
también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter
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general contrarias al texto constitucional, cuando los poderes y niveles
de gobierno exceden su esfera de competencia y cuando se violentan los
derechos políticos electorales de los ciudadanos.
Con la finalidad de restablecer el orden constitucional en estos casos, la
propia Constitución prevé los llamados medios de control constitucional,
cuya finalidad es preservar el orden creado por la Ley Suprema, entre
los que destacan al juicio de amparo, las controversias constitucionales,
las acciones de inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en
materia electoral y la facultad de atracción de la Suprema Corte.2
2.1 JUICIO DE AMPARO
El juicio de amparo es una aportación de gran trascendencia de los
juristas mexicanos Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, y ha
servido de inspiración a otros países en el fortalecimiento de sus medios
de protección de los derechos fundamentales.3
El juicio de amparo es un medio de control de defensa constitucional a
través del cual cualquier ciudadano puede acudir a los órganos
competentes, que son los emanados de la suprema corte de justicia de
la nación, para solicitar el amparo y protección de la justicia federal ante
actos de autoridades del servicio público.
Salvo el caso del art. 105 restringido a los conflictos constitucionales
entre los poderes del Estado, la defensa de la Constitución solo puede
hacerse en México en el juicio de amparo; la defensa así lograda es
2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
PARA JOVENES. McGraw Hill. México, 2004. P 23. 3 ibíd.
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primordialmente del individuo y solo indirecta, secundaria y
li9mitadamente de la Constitución.4
El artículo 103 constitucional prevé los casos de procedencia del
Amparo, y el artículo 107 regula sus aspectos procesales. Está fuera de
discusión que este instrumento de control “constituye la garantía
constitucional por antonomasia y la institución procesal más importante
del ordenamiento mexicano”. Aquí estamos en presencia de un tipo de
proceso jurisdiccional, seguido ante un órgano de esa naturaleza, entre
partes, en donde la actora son los gobernados y la demandada las
autoridades autoras de los actos impugnados, seguido ante los
tribunales federales, en forma de juicio.
PRINCIPIOS QUE RIGEUN EL JUICIO DE AMPARO:5
El juicio de amparo se rige según la doctrina por los siguientes principios
característicos:
Principio de instancia de parte agraviada. El juicio no se tramitará
de oficio por ninguna autoridad judicial, sólo por petición del
propio afectado, su apoderado o representante legal (o por
cualquier otra persona pero sólo en los casos en que el afectado
esté privado de su libertad personal).
Principio de agravio personal y directo. Sólo podrá solicitar amparo
quien sea el titular del derecho subjetivo que se considere
afectado por el acto de autoridad.
Principio de prosecución judicial. El juicio se tramitará con arreglo,
exclusivamente, a las disposiciones procesales de la Ley de
4 TENA RAMIREZ. Op. Cit. p 545 5 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. Dirección
General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. México, 2004. P 22.
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Amparo y, sólo en caso de que ésta sea omisa o insuficiente, por
supletoriedad se aplicará el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Principio de definitividad. El juicio de amparo sólo procederá
cuando contra el acto de autoridad, no esté previsto ningún
recurso o medio de defensa legal, o estándolos, se hayan agotado
previamente a la demande de amparo. Este principio admite
diversas excepciones, por ejemplo: en materia administrativa,
cuando la ley que rija el acto reclamado, no prevea la suspensión
del mismo o para suspenderlo pida requisitos mayores que la Ley
de Amparo; cuando el acto reclamado no esté fundado y por ello
no pueda saberse qué medio ordinario de defensa se debía agotar;
contra actos que afecten a terceros extraños a juicio.
Principio de estricto derecho. La sentencia del juicio se limitará a
resolver las cuestiones propuestas en los conceptos de violación,
sin poder abordar otras. También admite excepciones por
suplencia de la queja deficiente, ya sea respecto a los conceptos
de violación o a los agravios en el recurso de revisión, en casos
como los siguientes: en materia laboral a favor sólo del
trabajador; en materia penal a favor del acusado; en cualquier
materia si se advierte una violación manifiesta de procedimiento
que haya dejado sin defensa al quejoso; en materia familiar a
favor de menores o incapacitados.
Principio de relatividad de las sentencias. La sentencia del juicio
sólo protegerá a individuos particulares que hayan promovido el
juicio, sin beneficiar a nadie más, y el acto quedará invalidado sólo
para el quejoso que haya litigado, pero no se hará ninguna
declaración general sobre la ley o acto impugnado.
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PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO:6
a) El quejoso o agraviado: es aquella persona que inicia el juicio para
reclamar un acto o una ley de autoridad, por presunta violación de
garantías individuales o de distribución de competencias entre la
Federación y los Estados de la Republica.
b) La autoridad responsable: es todo aquel órgano o funcionario al
que la ley le otorga de naturaleza pública, y que realiza actos que
afectan las garantías individuales de las personas. Es importante
destacar que, para emitir esos actos, la autoridad actúa
unilateralmente porque no necesita recurrir a los tribunales ni
obtener el consentimiento del afectado.
c) El tercero perjudicado: es la persona que tiene interés en que
subsista el acto que se reclama. Puede serlo, por ejemplo, la
contra parte del quejoso cuando el acto que motivo al amparo
provenga de un juicio del orden civil. O la persona que tenga
derechos a la reparación del daño sufrido por la comisión de un
delito. Cabe señalar que no en todos los casos existen terceros
perjudicados, por ejemplo cuando se promueve un amparo en
contra de una multa en materia fiscal.
d) El ministerio público: es el representante social que vigila el
correcto desarrollo y que puede intervenir si estima que el asunto
reviste interés público.
COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO
A. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
En el Artículo 103 de la Constitución, le concede a los tribunales
federales la potestad exclusiva de conocer originariamente de toda
6 Ídem.p21
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controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las
garantías individuales, o que vulneren o restrinjan o invadan las esferas
federal y de los Estados; sin embargo, pueden ejercerla
excepcionalmente las autoridades judiciales del orden común en los
casos de jurisdicción concurrente y auxiliar.
B. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
I. De los juicios de amparo contra sentencias definitivas, laudos o contra
resoluciones que pongan fin a un juicio, por violaciones contenidas en
ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:
a. En materia penal, se sentencias o resoluciones dictadas por
autoridades judiciales del orden común o federal, y las dictadas en
incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de
los inculpados, o en la responsabilidad civil pronunciadas por los
mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos
respectivos o por tribunales diversos , en los juicios de
responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del
delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas
por tribunales militares cualesquiera que sean las penas
impuestas.
b. En materia administrativa, de sentencias y resoluciones
dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o
federales.
c. En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones
respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de
acuerdo a las leyes que los rigen, o de sentencias o resoluciones
dictadas en apelación en juicios del orden común o federal; y
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d. En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas
o tribunales laborales federales o locales.
II. De los recursos que procedan contra autos y resoluciones que
pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito, o el
superior del tribunal responsable.
III. Del recurso de queja. En los siguientes casos.
a. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal
que conozca o haya conocido del juicio, o por los mismos tribunales
colegiados del circuito.
b. Contra las resoluciones de un juez de distrito o del superior del
tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la
suspensión provisional.
IV. Del Recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la
audiencia constitucional por los jueces de distrito , tribunales unitarios
de circuito o por el superior del tribunal responsable , y cuando se
reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a
petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad
prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución.
VII. De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos
de la Fracción I-B del artículo 104 de la Constitución.
VIII. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales
unitarios de circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de
amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales
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unitarios de circuito o jueces de distrito de distinta jurisdicción, conocerá
el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno.
IX. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se
susciten entre jueces de distrito, y en cualquier materia entre los
magistrados de los tribunales de circuito, o las autoridades que se
refiere el artículo 37 de la ley de amparo, (la violación a las garantías
individuales de los artículos 16, en materia penal y 19 y 20 fracciones I,
VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución, podrá
reclamarse ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior
del tribunal que haya cometido tal violación) en estos casos conocerá el
tribunal colegiado de circuito más cercano. Cuando la cuestión se suscite
respecto de un solo magistrado de circuito de amparo, conocerá su
propio titular.
X. De los recursos de reclamación
C. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO
1.-De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales
unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en
términos de los previsto en la ley de amparo respecto de los juicios de
amparo indirecto promovidos ante el juez de distrito, en estos casos, el
tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de
aquél que haya emitido el acto impugnado.
2.- De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los
jueces de distrito.
3.-Del recurso de la denegada apelación.
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4.- De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los
jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo.
5.- De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito
sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo.
D. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO
El artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, establece que se
pedirá amparo ante juez de Distrito.
I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales,
reglamentos expedidos por el Presidente de la República, que por su
sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen
perjuicio al quejoso.
II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo.
E. COMPETENCIA CONCURRENTE Y JURISDICCIÓN AUXILIAR
CONCURRENTE
En el artículo17 fracción XII, reconoce la posibilidad de que, bajo
determinadas situaciones, los jueces o tribunales locales concurran o
auxilien a los jueces o tribunales federales en el conocimiento de
algunos juicios de amparo.
JURISDICCIÓN AUXILIAR: Los jueces locales de primera instancia tienen
potestad de conocer en forma auxiliar de la acción de amparo, cuando
no exista un Juez de Distrito en el lugar en que reside la autoridad
ejecutora de las violaciones. Esta jurisdicción, funciona de la siguiente
manera:
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En primer lugar, con el fin de evitar abusos, se ha limitado la facultad de
declarar la suspensión provisional de los actos reclamados; los jueces
locales queden hacerlo únicamente cuando:
1. Se trate de violaciones al artículo 22 constitucional o de actos que
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal
fuera del procedimiento judicial, etc.
2. Se señalen como actos reclamados aquellos que puedan tener por
efecto privar de sus derechos agrarios a un núcleo de población quejoso
o de sus derechos individuales a ejidatarios o comuneros.
En segundo lugar: la actuación de los jueces de primera instancia se
concreta a lo siguiente:
1. Recibir la demanda y proveer provisionalmente sobre la suspensión,
si está en los casos permitidos por la ley.
2. Ordenar que se rindan al Juez de Distrito los informes respectivos.
3. Formar por separado un expediente en el que se consigna un extracto
de la demanda y se integran las resoluciones dictadas, oficios girados y
demás constancias.
4. Remitir sin demora el original de la demanda con sus anexos al juez
de Distrito, quien les acusa de recibo de la demanda y otros documentos
que hubiesen remitido.
2.2 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
Las controversias constitucionales son juicios mediante los cuales se
resuelven los conflictos que ocurran entre los poderes –Ejecutivo,
Legislativo o [Judicial- o bien, entre los niveles de gobierno –federal,
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estatal, municipal o del distrito federal- por invasión de competencias.
Corresponde a la Suprema Corte de Justicia resolver las controversias
constitucionales.7
Los antecedentes más inmediatos de este tipo de procedimiento
constitucional los encontramos, como ya se ha expuesto, en las
Constituciones de 1857, en sus artículos 97, 98 y 99.
En efecto, el artículo 97 en sus fracciones IV y V señalaba:
“Artículo 97. Corresponde a los tribunales de la federación
conocer:
…IV De las controversias que se susciten entre dos o más Estados.”
V De las que se susciten entre un Estado y uno o más vecino de otro.”
El artículo 98 de la mencionada constitución decía:
“Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de
un Estado con otro, y de aquellas en las que la Unión fuere parte”.
Finalmente en el artículo 99 se disponía:
“Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federación,
entre estos y los de los Estados, ó entre los de un Estado y otro”.
Así mismo, debemos señalar que el Constituyente de Querétaro, en
1917, contempló también la figura de la Controversia Constitucional,
pues en su artículo 105 se decía:
7 EL PODER JUDICIAL DE L AFEDERACION PARA JOVENES. Op. Cit. p 26
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“Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más
Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la
constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la
Federación y uno o más Estados., así como en aquellas en que la Federación fuere parte”.
Las controversias constitucionales son procedimientos de control de la
regularidad constitucional, planteados en forma de juicio ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que las partes, sea como
actores, demandados o terceros interesados, pueden ser, la Federación,
los Estados, el Distrito Federal o municipios, el Ejecutivo Federal; el
Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras o Comisión
permanente, los Poderes de un Estado, y los órganos de Gobierno del
Distrito Federal, en los que se plantea la posible inconstitucionalidad de
normas generales o de actos concretos y se solicita su invalidación,
alegándose que tales normas o actos no se ajustan a lo
constitucionalmente ordenado; o bien para plantear conflictos sobre los
límites de los estados cuando éstos adquieren un carácter contencioso.
Ahora bien, no debe pasar desapercibido que acorde con la naturaleza
de las controversias constitucionales, no basta el planteamiento de la
inconstitucionalidad de los actos o disposiciones que en ella se
impugnen, sino que también exista la afectación en el ámbito
competencial de alguno de los entes a que se refiere el artículo 105,
fracción I de la Constitución Federal.
De tal forma que sólo cuando se alegue contravención a la Carta
Fundamental por normas o actos de un órgano, poder o entidad que
afecten a otro, es que podrá entrarse al estudio de los conceptos de
invalidez que se hayan hecho valer.
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De las características destacadas podemos deducir
substancialmente que su naturaleza es la de un juicio entre Órganos y
Poderes que tienen autoridad y que representan un nivel de gobierno
dentro del sistema federal, en el que se solicita la invalidez de normas
generales o de actos concretos que se estiman contrarios a la Carta
Magna o a la ley.
La finalidad de este juicio es obligar y constreñir a que todos los
Órganos y Poderes que se derivan de la Constitución Federal conformen
y ajusten su actuación y la realización de sus actos a lo que dispone la
Constitución General de la República. En consecuencia, cuando se
ejercita la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, es porque se estima que
los actos de dichos Órganos y Poderes no se han ajustado a lo que
preceptúa la Constitución Federal.
En atención a la naturaleza y fines que persigue el procedimiento
constitucional de la Controversia, SE TIENDE A PRESERVAR,
ESENCIALMENTE, LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO CON ESTRICTO APEGO A LAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON EL FIN DE GARANTIZAR Y FORTALECER El ESTADO DE DERECHO,
EL EQUILIBRIO DE PODERES, LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL
SISTEMA FEDERAL.
LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL:
Las partes que intervienen en la controversia constitucional son las que
se señalan en la fracción I del artículo 105 constitucional, las que
esquemáticamente enunciadas son las siguientes:
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La Federación y un Estado o el Distrito Federal; La Federación y un Municipio;
El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera
de las cámaras de éste, o en su caso, la Comisión Permanente,
sea como órganos federales o del Distrito Federal; Un estado y Otro;
Un Estado y el Distrito Federal;
El Distrito Federal y un Municipio;
Dos Municipios de diversos Estados;
Dos Poderes de un mismo Estado; Un Estado y uno de sus municipios;
Un Estado y un Municipio de otro Estado;
Dos Órganos de gobierno del Distrito Federal.
La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional ante el cual se
sustancia y resuelve la controversia constitucional.
a) Actor: Entidad, Poder u Órgano que promueve la controversia.
b) Demandado: Entidad, Poder u Órgano que emitió o promulgo el acto que presume inconstitucional.
c) Tercero interesado: Entidades, Poderes u Órganos que perdieran
resultar afe4ctados con la sentencia.
d) Procurador General de la Republica.
Así, conforme al citado artículo 105, fracción I, en relación con el 10 de
su respectiva Ley Reglamentaria, será parte actora, demandada o
tercero interesado la Entidad, Poder u Órgano de alguno de los entes
mencionados.
De lo anterior se advierte que los PARTICULARES NO ESTÁN
LEGITIMADOS PARA ACCIONAR UNA CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. Más aun, ni siquiera los integrantes de esas
entidades, poderes u órganos, en lo individual o sin la representación de
estos, pueden ejercitar esa acción.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
JUNIO 4 DE 2010
La Suprema Corte de Justicia no sólo se encuentra autorizada por la
Constitución para examinar cualquier planteamiento propuesto como
concepto de invalidez en las controversias constitucionales, sino que
tiene el deber de hacerlo para responder con fidelidad a la
responsabilidad que se le ha conferido, de vigilar celosamente a través
de los diferentes medios de control constitucional, que el orden supremo
que la Constitución previene no sea vulnerado.
La CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL es de una gran importancia en la
consolidación del federalismo mexicano y en la concreción del anhelo
social de fortalecer nuestro Estado de Derecho.
2.3 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Las acciones de inconstitucionalidad tienen su origen en los tribunales
constitucionales de Europa o como se conoce en el viejo continente
como “recurso de inconstitucionalidad”
Una de las diferencias con el recurso de inconstitucionalidad es que se
puede promover a priori y a posteriori, lo cual en México únicamente es
a posteriori, ya que es un control correctivo y no preventivo
Las acciones de inconstitucionalidad tuvieron su nacimiento en el
ordenamiento jurídico mexicano a partir de las reformas de diciembre de
1994.
La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos prevé la figura de la acción de
inconstitucionalidad. Esta tiene por objeto determinar si una disposición
de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna
disposición constitucional.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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Son juicios tramitas ante la Suprema Corte de Justicia, en las que se
denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general- ley,
decreto, reglamento o tratado internacional-, por una parte, y la
Constitución Federal, por la otra, con el objeto de invalidar la norma
general o tratado internacional impugnados para que prevalezcan los
mandatos constitucionales.8
En la reforma del 31 de diciembre de1994, propuesta por el Presidente
de la República Ernesto Zedillo Ponce de León facultó a la Suprema
Corte de Justicia para conocer de las controversias constitucionales
(excepto en materia electoral) y se incluyeron las acciones de
inconstitucionalidad que versaran sobre la inconstitucionalidad de una
norma de carácter general.
Posteriormente, en la reforma del 22 de agosto de 1996 se otorgó
la posibilidad a los partidos políticos con registro ante el instituto Federal
Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales para plantear
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales
o locales.
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN:
A diferencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad
únicamente puede ser promovida ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación por órganos del Estado (con excepción de partidos políticos,
los cuales no son órganos del Estado). Específicamente, la acción de
inconstitucionalidad puede ser promovida por:
8 EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. Op. Cit. p 23
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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El 33% de los Diputados integrantes de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión respecto de leyes federales o leyes
emitidas por el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal;
El 33% de los Senadores respecto de leyes federales o leyes
emitidas por el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal;
El 33% de los Diputados locales respecto de leyes emitidas por las
legislaturas estatales;
El 33% de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, respecto de leyes emitidas por la propia
Asamblea;
El Procurador General de la República en contra de leyes de
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como respecto
de tratados internacionales;
Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal
Electoral en contra de leyes federales en materia electoral;
Los partidos políticos con registro ante algún Instituto Electoral
Estatal en contra de leyes en materia electoral emitidas en el
Estado en el que tienen registro (vean la contradicción expresada
en el primer párrafo);
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como
de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los
derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo
los organismos de protección de los derechos humanos
equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes
expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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El artículo 105 claramente establece que para que el pronunciamiento
de la Suprema Corte de Justicia en las acciones de inconstitucionalidad
pueda tener el efecto de declarar la invalidez de una norma, dicho
pronunciamiento deberá ser aprobado por una votación no menor a
ocho ministros.
SUPUESTOS DE PROCEDENCIA:
La procedencia de la acción de inconstitucionalidad será en
contra de la contradicción una norma de carácter general y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Al respecto Humberto Suárez Camacho señala que las normas
que pueden ser impugnables pueden ser:
Leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
Leyes expedidas por los órganos legislativos de las entidades
federativas.
Leyes expedidas por la Asamblea de Representantes del Distrito
Federal.
Tratados Internacionales suscritos por el Presidente de la
República y ratificados por el Senado.
PLAZOS PARA SU INTERPOSICIÓN:
Los plazos para ejercitar la acción de inconstitucionalidad serán de
30 días naturales, a partir del día siguiente a la fecha en que la
ley o tratado internacional que se pretenda impugnar sean
publicados en el medio oficial correspondiente.
Si el último día del plazo fuere inhábil, se podrá presentar la
demanda el 1er día hábil siguiente.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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En materia electoral todos los días son hábiles
PROCEDIMIENTO:
Una vez iniciado el procedimiento si el escrito fuere
obscuro o irregular, el Ministro Instructor prevendrá al
demandante o a sus representantes comunes para que realicen
las aclaraciones pertinentes en el término de 5 días. Posterior a
este plazo, el Ministro dará vista a los órganos legislativos que
hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere
promulgado para que en un plazo de15 días rindan un informe
que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la
validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la
acción de inconstitucionalidad. El Congreso de la Unión, mediante
cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe.
En el caso de que se impugnen leyes electorales, los plazos
serán de 3 días para hacer aclaraciones y de 6 para rendir el
informe que contenga las razones y fundamentos que sostengan
la constitucionalidad de la ley impugnada.
EFECTOS:
Si la Suprema Corte de justicia declara que una norma es contraria a la
Ley Suprema, no puede volver a tener vigencia ni aplicársele a nadie.
Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de
inconstitucionalidad tienen efectos generales.9
TRASCENDENCIA:
9 EL PODER JUDICIAL PARA JOVENES. Op. Cit. p 29
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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Como un medio de control constitucional, la importancia de la acción de
inconstitucionalidad es evidente. Una de las características que le
agrega importancia es que es un medio de control constitucional al
alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia a invasión de
esferas de competencia como es el caso de la controversia
constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá
ocuparse no sólo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo
que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la
acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a
garantías individuales.
Esta característica le añade gran importancia, pues pone en manos de
órganos de gobierno una herramienta para proteger a los gobernados
contra leyes que violan sus garantías individuales.
Adicionalmente, una cuestión que la diferencia de los otros medios de
control constitucional es que a través de la acción de
inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Federación se
puede pronunciar sobre la constitucionalidad de una norma en materia
electoral. Al ser una materia excluida dentro de los actos impugnables a
través de un juicio de amparo, el pronunciamiento sobre la
constitucionalidad de legislación electoral es, por regla general, una
facultad reservada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Inclusive el artículo 105 de la Constitución Federal es
tajante en señalar que la acción de inconstitucionalidad es el único
medio a través del cual se puede impugnar la inconstitucionalidad de
una disposición en materia electoral.
En el único otro caso que la Suprema Corte de Justicia podrá
pronunciarse sobre la constitucionalidad de una disposición en materia
electoral es en caso de una contradicción entre el criterio sostenido por
28
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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alguna Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral de la
Federación y el criterio sostenido por las Salas o Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Otro elemento que le añade importancia a la acción de
inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el carácter de
jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 2/2004, cuyo
rubro es el siguiente: "Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones
contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las
sentencias en controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales
colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
2.4 FACULTAD DE ATRACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para averiguar
algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna
garantía individual.10
La Corte puede efectuar esta investigación cuando así lo juzgue
conveniente o cuando se lo solicite el Ejecutivo Federal, algunas de las
Cámaras del Congreso de la Unión o el Gobernador de algún Estado.11
La Suprema Corte está facultada, asimismo, para practicar de oficio a
averiguación de algún hecho que constituya una violación al voto
público.12
10 ELSISTEMA JURIDICO MEXICANO. Op. Cit. p 24 11
EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION PAR JOVENES. Op. Cit. p 30
29
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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En ambas situaciones, después de analizar el caso en particular, la
Suprema Corte emite un opinión autorizada que remite a los órganos
competentes – que son, entre otros, el ejecutivo Federal, las Cámaras
del Congreso de la Unión o el Ministerio Publico-, para que, en el
supuesto de existir alguna responsabilidad, se inicie la acción
correspondiente.
2.5 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
La justicia electoral contribuye a la democracia constitucional al menos
de dos maneras: propiciando y auspiciando la deliberación constitucional
en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, y
definiendo el alcance normativo del propio principio democrático en su
relación con otros derechos y en las restricciones que el mismo
establece. Además, el derecho electoral es el escenario principal en
donde operan las reglas del juego democrático, como reglas jurídicas
que delimitan y reglamentan los procesos de participación política y de
ejercicio efectivo de la soberanía popular a través del voto libre y
secreto de la ciudadanía.
Son juicios atreves de los cuales se busca la revocación o modificación
de actos concretos de aplicación de las leyes electorales.13
En el ámbito Federal corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos e
impugnaciones de los actos de autoridades electorales –federales o
12 Ibid. 13
EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. Op. Cit. p 23
30
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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locales- que lesiones los principios de constitucionalidad o legalidad,
salvo las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales federales
o locales, cuya resolución corresponde a la suprema corte de justicia.14
México ha obsequiado a la ciencia del derecho la creación de un Tribunal
Especializado en Materia Electoral, con toda la naturaleza jurídica de un
órgano jurisdiccional, que en el devenir de las reformas que ha vivido
nuestra Carta Magna, han concretado su facultad para analizar
cuestiones de constitucionalidad que los sujetos legitimados en la
materia electoral le plantean mediante el sistema de medidos de
impugnación establecidos respecto de la materia de mérito. Esto lo
obtuvimos con la reforma al artículo 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos publicada en noviembre de 2007.
Conforme el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, con excepción
de la competencia que, en cuanto a acciones de inconstitucionalidad,
corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También de
acuerdo con el dispositivo citado, el Tribunal Electoral es un órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación y, para el ejercicio de
sus atribuciones, funciona con una Sala Superior y cinco Salas
Regionales. La Sala Superior, de carácter permanente, se integra con
siete magistrados, en tanto que las Salas Regionales se componen con
tres magistrados y se instalan en cada proceso electoral federal
(ordinario o extraordinario).
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponde
resolver en forma definitiva e inatacable:
14
EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION PAR JOVENES. Op. Cit. p 29
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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Las impugnaciones de las elecciones federales de Diputados y
Senadores, competencia de las Salas Regionales y, en segunda
instancia, a la Sala Superior.
Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en única instancia
por la Sala Superior.
Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad
electoral federal distintas a las señaladas, que violen normas
constitucionales y legales, cuya resolución compete, según sea el
caso, a las Salas Regionales o a la Sala Superior.
Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de
las autoridades competentes de las entidades federativas para
organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que
surjan durante los mismos que puedan resultar determinantes
para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las
elecciones. Esta vía, competencia de la Sala Superior, procede
solamente cuando la reparación solicitada sea material y
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la
instalación de los órganos o la toma de posesión de los
funcionarios elegidos.
Las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones que
violen los derechos de los ciudadanos de votar y ser votado en las
elecciones populares, de asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos, cuyo conocimiento
corresponde, según sea el caso, a las Salas Regionales y a la Sala
Superior.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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De los conflictos laborales entre el Tribunal Electoral y sus
Servidores, así como los conflictos laborales entre el Instituto
Federal Electoral y sus servidores.
La tarea fundamental del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mediante la resolución de los distintos medios de
impugnación, es hacer efectivo el cumplimiento de la Constitución y de
la ley, pues sólo de esta manera es objetivamente posible, en última
instancia, la realización de la justicia electoral, entendida ésta como la
protección o tutela eficaz del derecho fundamental más paradigmático
de las sociedades democráticas modernas, que es, en su vertiente
activa, la facultad de elegir a los representantes populares y, en su
aspecto pasivo, la posibilidad de ser elegido para desempeñar un cargo
público; así como la actualidad y vigencia del conjunto de principios
rectores que informan esta actividad y la satisfacción de las garantías
para la competencia democrática de las que gozan los participantes
(partidos políticos y ciudadanos), impidiéndose así la posibilidad de
violación o distorsión de la voluntad popular.
33
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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3. CONSIDERACIÓN
La Constitución precisa una forma de sistema de gobierno, señalando los
límites a los propios órganos de gobiernos.
Nos da la estructura política, social y hasta económica de cómo se
organizan los Estados.
Las leyes fundamentales nos hablan de una serie de normas y
principios fundamentales de derechos humanos, en el aspecto
puramente humanístico.
La Constitución, denominada la Carta Magna lo que pretende, y lo que
se busca, es tener una ley, una normatividad en lo más alto de la
cúspide, a la cual se sujeten las demás leyes secundarias.
El principio fundamental en toda constitución es que debe de contar con
una supremacía absoluta, de manera que nada esté por encima de la
Constitución.
Ninguna ley secundaria puede ir o trastocar los derechos fundamentales
y los derecho sociales, en ella contemplados.
Del espíritu de las leyes, se puede ver que el Poder Judicial busca
equilibrar a los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo. Es un sistema
de pesos y contrapesos.
Por último puedo agregar que esto medios, son el arma por
excelencia que tiene los particulares para contrarrestar los agravios que
los órganos públicos que en el ejercicio de sus funciones -ya sea
deliberada o erróneamente-, les causan.
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M.D. MARCOS A. SANTOS PEREZ
EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO
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BIBLIOGRAFÍA
1. Burgoa Orihuela, Ignacio. EL JUICIO DE AMARO. Porrua, México,
1992.
2. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION PARA JOVENES. McGraw Hill. México, 2004.
3. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EL SISTEMA
JURIDICO MEXICANO. Dirección General de la Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. México, 2004
4. TENA RAMIREZ, Felipe. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Ed.
XII. Porrua. México, 1975.
5. V. Castro, Juventino. GARANTÍAS Y AMPARO. Porrua, México, 1991.
LEGISGRAFIA
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Ley de Amparo
3. ley orgánica del poder judicial de la federación
PÁGINAS DE INTERNET
1. www.bibliojuridica.org
Es la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.
2. www.scjn.gob.mx
Página de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
3. www.juridicas.unam.mx
Página de la Facultad de derecho de la UNAM