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1

Caso Bolt y otros Vs. Repblica Cardenal

Representantes de las vctimas

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2

Abreviaturas

Artculo Art.

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH

Comisin Interamericana de Derechos Humanos CIDH

Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH

Corte Penal Internacional CPI

Derecho Internacional Humanitario DIH

Organizacin de las Naciones Unidas ONU

Convencin Americana sobre Derechos Humanos CADH

Organizacin de Estados Americanos OEA

Ley de Responsabilizacin, Cierre y Reconciliacin LRCR

Comisin de Alto Nivel CAN

Comisin de la Verdad CV

Derechos Humanos DDHH

Movimiento Revolucionario Libertad Boneca MRLB

Grupo Consultor del Presidente GCP

Ministerio Pblico MP

Ministerio de las Vctimas MV

Tribunal Transicional TT

Ley de Reparaciones LR

Convencin sobre la Imprescriptibilidad de los crmenes

de Guerra, Lesa Humanidad y Genocidio CICGLHyG

Estatuto de la Corte Penal Internacional ECPI

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3

ndice

1. Bibliografa ................................................................................................................................. 4

2. Exposicin de los hechos .......................................................................................................... 10

3. Anlisis Legal del Caso ............................................................................................................ 16

3.1 Competencia de la Corte IDH ................................................................................................. 16

3.2. Violacin a los Arts. 8 y 25 de la CADH en relacin con la obligacin general de garantizar

los derechos y de adoptar disposiciones de Derecho Interno (Art. 1.1 y 2) .............................. 17

3.2.1. Consideraciones sobre la adopcin e implementacin de un modelo de transicin ........... 17

3.2.2. Anlisis particular de la violacin al derecho de acceso a la justicia y el incumplimiento de

la obligacin general de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno . 19

3.2.3 Conclusin ........................................................................................................................... 30

3.3 Violacin al Art. 4, en relacin con el Art. 1.1 y 19 de la CADH, en perjuicio de Anbal

Lpez ......................................................................................................................................... 32

3.4 Violacin a los Art. 3, 4, 5, 7 y 24 de la CADH, en relacin con el Art. 1.1 del mismo

instrumento, I.a) de la CIDFP y 1, 2 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Ricardo Bolt ............... 34

3.5 Violacin al Art. 4, 5, 7 y 11 de la CADH, en relacin con el artculo 1.1 del mismo

instrumento, 7.b de la CIPSEVM y 1,2 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Lucrecia Rossi........ 35

3.6 Violacin al Art. 5 de la CADH en perjuicio de los familiares de las vctimas ..................... 37

3.7 Solicitudes de Reparacin ....................................................................................................... 38

4. Petitorio ..................................................................................................................................... 39

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4

1. Bibliografa

1.1 Libros y Documentos Legales

1.1.1 Libros

Ambos Kai, Malarino Ezequiel y Elsner Gisela, editores, Justicia de Transicin: Informes de

Amrica Latina, Alemania, Italia, y Espaa, Ed. Konrad Adenauer Stiftung, Uruguay, 2009.

(pg. 24).

Amnista Internacional, Hacer los derechos realidad: La violencia contra las mujeres en los

conflictos armados, Amnista Internacional, Madrid, Espaa, 2005. (pg. 36).

CICR, Responder a la necesidades de las mujeres en conflictos armados: Gua prctica del

CICR, Comit Internacional de la Cruz Roja, Ginebra Suiza, 2006. (pg. 36).

Comisin Colombiana de Juristas, Principios sobre impunidad y reparaciones, Comisin

Colombiana de Juristas, Colombia, 2007. (pg. 25).

De Greiff, Pablo, Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional, Anuario

de Derechos Humanos, Universidad de Chile, 2011.(pg. 28).

De Greiff, Pablo, Duthie Roger, Transitional Justice and Development: Making connections,

International Centre for Transitional Justice, Social Science Research Council, NY, 2009. (pg.

24).

Mario Rojas, Cielo, Derechos de los nios y nias reclutados o utilizados en hostilidades en la

justicia transicional en Colombia: evolucin normativa y prcticas jurdicas, 2012. (pg. 33).

Parra Vera, Oscar, La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra la

impunidad: algunos avances y debates, Revista Jurdica de la Universidad de Palermo. (pg. 24).

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5

Uprimny Yepes, Rodrigo, et. al., Justicia para la paz: Crmenes atroces, derecho a la justicia y

paz negociada, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Bogot, 2014.

(pg. 23, 24).

Uprimny Yepes, Rodrigo, et. al., Justicia Transicional sin transicin? Verdad, justicia y

reparacin para Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia,

Colombia, Bogot, Junio de 2006. (26).

1.1.2. Documentos Legales

ONU. Convencin sobre los Derechos del Nio, adoptada por la Asamblea General en su

Resolucin 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. (pg. 33).

OEA. Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la violencia contra la

Mujer, Convencin Belm Do Par, Adoptada por la Asamblea General en su vigsimo cuarto

periodo ordinario de sesiones, Belm Do Par, Brasil 9 de junio de 1994 (pg. 25).

OEA. Convencin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada por la

Asamblea General en su Decimoquinto periodo ordinario de sesiones, 09 de diciembre de 1985

(pg. 34).

OEA. Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas, adoptada por la

Asamblea General, Cartagena de Indias, Colombia, 09 de junio de 1994. (pg. 34).

ONU. Declaracin y Plataforma de Accin de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia

Mundial Sobre la Mujer, Beijing, septiembre de 1995 (pg. 25).

CIDH. Derecho a la verdad en Amrica, OEA/Ser.L/V/II.152, agosto de 2014, (pg. 27).

ONU. El Estado de derecho y la justicia de transicin en las sociedades que sufren o han sufrido

conflictos, Consejo de Seguridad, Resolucin S/2004/616, 3 de agosto de 2004. (pg. 18).

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6

CPI. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la

Conferencia Diplomtica de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento

de una Corte Penal Internacional (pg. 21, 22).

ONU. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

sobre los Derechos Humanos y la Justicia de Transicin, Asamblea General, Resolucin

A/HRC/18/23, 4 de julio de 2011 (pg. 17).

ONU. Acceso a la justicia en la promocin y proteccin de los derechos de los pueblos

indgenas, Estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indgenas,

Consejo de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General en su resolucin

A/HRC/EMRIP/2013/2, 29 de abril de 2013. (pg. 18).

ONU. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto.

Iniciativas de Enjuiciamiento. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, HR/PUB/06/0, Nueva York y Ginebra, 2006 (pg. 20, 26).

ONU. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto.

Programa de reparaciones, HR/PUB/08/1, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2008 (pg. 28, 29).

ONU. La Justicia Transicional: Una oportunidad para las mujeres?, Manual de Consulta ONU

Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de gnero y el empoderamiento de las

mujeres, 2 ed., Septiembre de 2012 (pg. 18, 26, 36).

CIDH. Las Mujeres frente a la Violencia y la Discriminacin Derivadas del Conflicto Armado

en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de 2006 (pg. 29).

CIDH. Lineamientos principales para una poltica integral de reparaciones,

OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1, 19 de febrero de 2008 (pg. 29).

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7

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la

proteccin de las vctimas de los conflictos armados sin carcter internacional (Protocolo II),

aprobado por la Conferencia Diplomtica sobre la Reafirmacin y el Desarrollo del Derecho

Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados, Ginebra, junio de 1977 (pg. 33).

ICC. Policy Paper on the Interests of Justice, the Office of the Prosecutor, ICC-OTP-2007, p. 7.

(pg. 18).

ONU. Principios y directrices bsicos sobre el derecho de las vctimas de violaciones

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del

derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por

la Asamblea General en su resolucin A/RES/60/147 durante su LX periodo de sesiones, Nueva

York, 16 de diciembre de 2005 (pg. 28).

SCSL. Prosecutor Vs. Brima, Case No. SCSL-04-16T, Decision on Defense Motions for

Judgement of Acquittal Pursuant to Rule, 98, march 31, 2006 (pg. 21).

ONU. Proteccin jurdica internacional de los derechos humanos durante conflictos armados,

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

HR/PUB/11/01, Nueva York y Ginebra, 2011 (pg. 36).

ONU. Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra Leone,

Security Council, Resolution S/2000/915, October 4, 2000 (pg.21).

ONU. Resolucin 1325 (2000), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesin 4213,

celebrada el 31 de octubre de 2000, Resolucin S/RES/1325 (2000) (pg. 18, 36).

ONU. Resolucin 1820 (2008), S/RES/1820 (2008), Consejo de Seguridad, 19 de junio de 2008

(pg. 25)

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8

ONU. Resolucin 1882 (2009), Consejo de Seguridad, Resolucin S/RES/1882 (2009), 4 de

agosto de 2009. (pg. 33).

CPI. Situacin en Colombia. Reporte Intermedio, Oficina de la Fiscala. Noviembre de 2012,

prr. 157, 200, 204, 205. (pg. 21).

ICC. Situation in the Democratic Republic of the Congo, Judgment on the Prosecutors Appeal

Against the Decision of Pre- Trial Chamber I Entitled Decision on the Prosecutor's Application

for Warrants Of Arrest Article 58, ICC-01/04, 13 July 2006. (pg. 21).

ONU. Situation of human rights in Cambodia, General Assembly, Resolution adopted on the

report of the Third Committee (A/52/644/Add.2), 52/135., 27 February 1998 (pg. 21).

1.2 Casos Legales

1.2.1 Corte IDH

Corte IDH. Caso Velsquez Rodrguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26

de junio de 1987. Serie C No. 1 (pg. 17).

Corte IDH. Caso Nios de la Calle (Villagrn Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo.

Sentencia de 19 de noviembre 1999. Serie C No.63 (pg. 33).

Corte IDH. Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11

de marzo de 2005. Serie C No. 123 (pg. 27).

Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006.

Serie C No. 148 (pg. 28).

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Per. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160 (pg. 20).

Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163 (pg. 20, 24, 27, 28, 30, 37).

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9

Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panam. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de Agosto de 2008. Serie C No. 186 (pg. 17, 27).

Corte IDH, Caso Gonzlez y otras (Campo Algodonero) vs. Mxico. Excepcin Preliminar,

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205 (pg. 30).

Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y

Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213 (pg. 27).

Corte IDH. Caso Rosendo Cant y otra vs. Mxico. Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones

y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216 (pg. 25).

Corte IDH, Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha Do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No.

219 (pg. 25).

Corte IDH. Caso Masacres de Ro Negro Vs. Guatemala. Excepcin Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 249 (pg. 24).

Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y Lugares aledaos Vs. El Salvador. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de Octubre de 2012. Serie C No. 252 (pg. 18, 23, 24,

25, 27, 33, 36).

Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y

Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259 (pg. 31, 33).

Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Per. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No.274 (pg. 24, 34).

Corte IDH. Caso Rochac Hernndez y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285 (pg. 20).

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10

Corte IDH. Caso Rodrguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de

2014. Serie C No. 287 (pg. 24, 25).

1.2.2 Tribunales Nacionales

Corte Constitucional Colombiana. Ley de Justicia y Paz. Sentencia C-370/06 de 2006,

Magistrado Alfredo Beltrn Sierra (pg. 17).

Corte Constitucional Colombiana. Mecanismos de Justicia Transicional previstos en la Ley 1424

de 2010. Sentencia C-771/11 de 2011, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (pg. 17).

Corte Constitucional Colombiana. Instrumentos Jurdicos de Justicia Transicional. Sentencia C-

579/13 de 2013, Magistrado Presidente Jorge Ivn Palacio Palacio (pg. 20).

2. Exposicin de los hechos

2.1. La Repblica Cardenal y el Pueblo Boneca

1. El Estado Cardenal, ubicado en el continente Americano, cuenta con un 4.5% de

poblacin perteneciente a grupos tnicos, del cual el 90% son integrantes del Pueblo Boneca. En

la dcada de 1960, el pas vivi una dictadura de enfoque integracionista que busc eliminar a

este pueblo; cientos de indgenas fueron masacrados y gran parte de su territorio confiscado.

2. En respuesta a las agresiones del Estado, desde la dcada de 1980 se present una

situacin de protesta social por parte de integrantes del pueblo Boneca que deriv en la

conformacin del grupo armado Movimiento Revolucionario Libertad Boneca (MRLB), mismo

que buscaba el derrocamiento del orden constituido y la implementacin de un Estado

comunista.

3. Las acciones del MRLB se desarrollaron bajo una estrategia de guerra de guerrillas. De

este modo, desde la dcada de 1990, el Estado se vio inmerso en un conflicto armado no

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11

internacional, caracterizado por los miles de muertos y graves violaciones a derechos humanos

como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual, cometidas en el

marco de los enfrentamientos entre el ejrcito y el MRLB.

4. A finales de esta dcada, fue electo Presidente Armando Ferreira, quien se impuso bajo la

promesa del fortalecimiento de la fuerza pblica para someter militarmente a la guerrilla.

Durante su mandato confiri amplios poderes a las fuerzas militares para la represin y

persecucin oficial contra disidentes polticos y guerrilleros.

2.2 El caso de los Angelitos

5. La estrategia agresiva del Presidente oblig a que la guerrilla se replegase y utilizara

atentados estratgicos en contra de objetivos militares y civiles como forma de presin al

gobierno para alcanzar sus fines. En el marco de estos atentados, el MRLB secuestr el microbs

escolar en el que viajaban Anbal Lpez y otros 22 nios y nias del Colegio ngeles del Saber.

6. El cautiverio de los nios y nias se extendi por aproximadamente 90 das, y por ello el

Presidente Ferreira orden amplios operativos militares para ubicar su paradero. En poco tiempo,

a travs de la intercepcin de las comunicaciones telefnicas, el Estado logr identificar el lugar

en donde siete integrantes del MRLB entre ellos, Ricardo Bolt, Paulo Mukundi y Lucrecia

Rossi mantenan atrapados a las nias y nios.

7. Posteriormente, el Estado despleg un operativo de rescate inmediato bajo el mandato

directo del Presidente, en el cual un comando antisecuestros emple armas de largo alcance y

granadas para penetrar la edificacin y responder a los ataques de la guerrilla. En el operativo

fallecieron cuatro nios, entre ellos, Anbal Lpez.

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12

8. Horas ms tarde, los restantes 19 nios y nias sobrevivientes fueron liberados. Sin

embargo, el Presidente Ferreira jur no descansar hasta que se hiciera pagar a quienes haban

producido la muerte de los cuatro nios que perdieron la vida.

9. En los das posteriores al operativo de rescate, el Pueblo Boneca fue hostigado y

amenazado porque se identific la perteneca a este pueblo de uno de los captores, Ricardo Bolt,

quien nunca fue localizado. Sin embargo, dos aos despus, Pablo Mukundi declar haber sido

detenido, mantenido en cautiverio junto con Bolt y torturado por agentes del Estado.

10. Los familiares de Bolt denunciaron la desaparicin forzada del mismo pero tal denuncia

no prosper porque las autoridades consideraron que lo declarado por Mukundi no era verdad.

Frente a esta respuesta, Annika Bolt, esposa de Ricardo Bolt, present una denuncia ante la

CIDH en diciembre de 2002, por la desaparicin forzada de su esposo.

11. En junio de 2000, el cuerpo de Lucrecia Rossi, otra de las presuntas captoras de los

angelitos, apareci desmembrado, con signos de tortura y violencia sexual en una plaza pblica

de la ciudad. No existieron investigaciones para determinar a los responsables de su muerte.

12. En aquella poca, se iniciaron dos investigaciones en la jurisdiccin interna tanto para

determinar la responsabilidad de las y los captores de los angelitos como de los agentes estatales

que haban participado en el operativo. Este proceso, llevado en sede militar y seguido en

ausencia de Ricardo Bolt tuvo como resultado que se le condenara junto con Paulo Mukundi a

prisin perpetua. Respecto de las y los militares e integrantes de la fuerza pblica que

participaron en los hechos se archiv la investigacin.

2.3 Los Acuerdos de Paz y el Modelo de Transicin

13. En el ao 2006, tras la consecuente crisis poltica que enfrent el Presidente Ferreira,

lleg a la presidencia Gabriela Nunes cuya plataforma poltica permiti alcanzar un acuerdo con

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13

el MRLB para garantizar el reconocimiento del Pueblo Boneca, una reforma constitucional

democrtica y un modelo de transicin garante de los derechos de las vctimas.

14. En el marco del modelo de transicin se promulg la LRCR, que ofreci a las y los

partcipes del conflicto la posibilidad de no investigar, juzgar o sancionar sus crmenes a cambio

de impulsar la desmovilizacin de las y los combatientes, as como su posible colaboracin con

la verdad. Lo anterior, a travs de un procedimiento mixto de persecucin slo para los mximos

responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones graves al DIH.

15. En el procedimiento mixto de persecucin participaban instituciones judiciales y no

judiciales: la Comisin de la Verdad determinaba patrones generales y regionales de

victimizacin con base en informacin proporcionada por vctimas, excombatientes y fuentes

oficiales. Posteriormente, el Ministerio Pblico investigaba el patrn criminal, y seleccionaba

mximos responsables de conformidad con los criterios establecidos en la LRCR. Por ltimo,

la Comisin de Alto Nivel evaluaba la informacin y decida contra quines ejercer accin penal.

Las personas que buscaran re-evaluar dicha decisin contaban con un recurso de revisin.

16. Las medidas para el proceso transicional fueron aprobadas por el Congreso y ratificadas

mediante refrendo por el 57 por ciento de la poblacin total. Pese a ello, las medidas de

transicin han generado inconformidad por parte de completos sectores de la poblacin,

principalmente los Bonecas, quienes iniciaron procesos tradicionales de justicia.

2.4 El procesamiento del caso de los Angelitos en el Modelo de Transicin

17. En el 2008, la CV seleccion el caso de los Angelitos como un caso emblemtico. Como

parte de la informacin recabada determin que Ricardo Bolt haba sido vctima de tortura y

desaparicin forzada, toda vez que era la prctica militar de la poca.

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18. En el marco del procedimiento transicional, se siguieron procesos en contra de Paulo

Mukundi y Derek Guadamuz, quienes accedieron a colaborar con el esclarecimiento de los

hechos y admitieron su responsabilidad por el error militar que provoc la muerte de algunos de

los llamados Angelitos. De igual modo, se sigui un proceso en contra de Otavio Pires

General retirado que acept su responsabilidad personal e institucional por el conocimiento que

tena de la detencin arbitraria de Lucrecia Rossi. Adems, seal que los integrantes del grupo

consultor del Presidente Ferreira tambin podran tener responsabilidad por las violaciones a los

derechos humanos cometidas en el marco del operativo antisecuestro.

19. Despus de haberse seguido los respectivos procesos penales, el Estado conden a Paulo

Mukundi a prestar trabajo comunitario, considerando el previo juzgamiento que haba sufrido sin

garantas del debido proceso y los siete aos que ya haba pasado en prisin. Por su parte, Derek

Guadamuz slo fue sentenciado por delitos no relacionados con el caso de los angelitos y

condenado a cinco aos de prisin en instalaciones alternativas; el General retirado Otavio Pires

fue condenado a prestar servicio a la comunidad y a firmar un libro en un juzgado, gracias a sus

aportaciones para el esclarecimiento de los hechos.

20. El Estado otorg medidas de reparacin a los familiares de los nios secuestrados, de las

y los integrantes de la guerrilla identificados como sus captores y las familias de los nios

asesinados. Sin embargo, estableci una clusula de transaccin de la ley para otorgar mayor

indemnizacin a las personas que renunciaran al derecho de demandar la responsabilidad

patrimonial del Estado.

21. El ex presidente Ferreira fue juzgado como consecuencia del recurso que Annika Bolt

interpuso para que la jurisdiccin transicional considerara iniciar accin penal en su contra y en

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15

contra de todas las personas que integraban su grupo consultor. Sin embargo, respecto a stas

ltimas el recurso no prosper.

2.5. El trmite ante el SIDH

22. El SIDH recibi varias peticiones por el caso de los angelitos. En 2002, Annika Bolt

present una denuncia alegando la responsabilidad del Estado por la desaparicin de su esposo

Ricardo Bolt. En mayo de 2009, Lupita Lpez present una peticin por la impunidad de la

muerte de su hijo Anbal Lpez y por la falta de reparacin por los hechos; y un mes despus,

Emily y Maximiliano Rossi presentaron una denuncia por la falta de investigacin, sancin,

castigo y reparacin de la muerte de Lucrecia Rossi.

23. En 2008 la CIDH admiti la peticin de Annika Bolt, la cual se analiz conjuntamente

con las peticiones presentadas por Lupita Lpez y los familiares de Lucrecia Rossi presentadas

un ao ms tarde. En 2013 la CIDH emiti su informe de fondo, en el que declar la violacin a

los derechos de Lucrecia Rossi, Ricardo Bolt, Anbal Lpez y sus familiares, siendo sometido el

caso a la jurisdiccin de la Corte IDH en febrero de dicho ao.

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3. Anlisis Legal del Caso

3.1 Competencia de la Corte IDH

La Corte IDH es competente para conocer del presente caso en razn de la materia, debido a que

los hechos constituyen violaciones a los derechos consagrados en los artculos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

11, 19, 24 y 25 de la CADH; en razn del tiempo, dado que las alegadas violaciones ocurrieron

con posterioridad a que la Repblica Cardenal ratificara la CADH y reconociera la competencia

contenciosa de la Corte, lo cual ocurri el 10 y 21 de agosto de 1990, respectivamente.

Asimismo, ratific la CIPST el 30 de septiembre de 1988 y la CIDFP el 27 de julio de 2006.

3.1.1. Improcedencia de la excepcin preliminar de falta de agotamiento de recursos

internos

Esta Honorable Corte es competente para conocer del fondo del caso debido a que no existi un

recurso efectivo para la revisin de la renuncia a la accin penal en contra de los mximos

responsables de la muerte de Anbal Lpez y Lucrecia Rossi.

En la Repblica Cardenal, el modelo de justicia transicional contempla un recurso de revisin

sobre las decisiones de la CAN que determinan no ejercer accin penal en contra de personas que

no son consideradas mximos responsables. Sin embargo, este recurso no es efectivo debido a

que el mismo no hubiese permitido a Lupita Lpez y a los familiares de Lucrecia Rossi revocar

el no ejercicio de la accin penal en contra de los agentes del Estado que participaron

efectivamente en las violaciones a sus derechos.

Lo anterior, debido a que el Tribunal Transicional que conoce de este recurso debe sujetarse a los

criterios de seleccin de mximos responsables contemplados en la LRCR, mismos que no

hubiesen permitido investigar y juzgar a los agentes del Estado que perpetraron las violaciones a

los derechos humanos de Anbal Lpez y Lucrecia Rossi, toda vez que estn formulados a partir

EQUIPO 145

17

de criterios que consideran la responsabilidad en trminos de jerarqua y no de participacin

efectiva. Es decir, la LRCR slo permite el juzgamiento y sancin de los altos mandos, lo cual

resulta inconvencional.

En esta tesitura, vale la pena enfatizar que la efectividad del recurso est supeditada al estudio de

convencionalidad de los criterios de seleccin de mximos responsables, lo cual corresponde al

anlisis de fondo, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte.1 Por consiguiente, se

solicita que desestime la excepcin relacionada con la falta de agotamiento de recursos internos.

3.2. Violacin a los Art. 8 y 25 de la CADH en relacin con la obligacin general de

garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de Derecho Interno (Art. 1.1 y 2)

3.2.1. Consideraciones sobre la adopcin e implementacin de un modelo de transicin

La representacin de las vctimas estima necesario formular las siguientes consideraciones sobre

la inconvencionalidad del modelo de justicia transicional adoptado por la Repblica de Cardenal.

A juicio de esta representacin, el establecimiento de un modelo de justicia transicional no es,

per se, incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado en el marco del SIDH, siempre

y cuando reconozca el respeto y garanta de los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia y

la reparacin como el lmite a la negociacin poltica de la paz. 2

En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que las medidas

adoptadas en el marco de la justicia transicional deben ser planteadas desde una visin holstica

que asegure un balance adecuado entre los derechos a la verdad, justicia y reparacin, lo cual

significa que los Estados no deben privilegiar la garanta de un derecho en particular, sino que

1 Corte IDH. Caso Velsquez Rodrguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, prr. 88; Caso Heliodoro Portugal vs. Panam. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de Agosto de 2008. Serie C 186, prr. 14. 2 ONU. informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y la justicia de transicin, Asamblea General, Resolucin A/HRC/18/23 de 4 de julio de 2011, prr. 3, 59; Corte Constitucional Colombiana, Mecanismos de Justicia Transicional previstos en la Ley 1424 de 2010, Sentencia C-771/11 de 2011, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, prr. 4.1; Corte Constitucional Colombiana, Ley de Justicia y Paz. Sentencia C-370/06 de 2006, Magistrado Alfredo Beltrn Sierra, prr. 5.5

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18

deben garantizar que las restricciones impuestas a cada una de ellos sean proporcionales para la

consecucin de la paz como una finalidad legtima en trminos de la jurisprudencia de este

mximo Tribunal.3 Adicionalmente, cualquier Estado que decida adoptar un modelo de justicia

transicional holstico acorde con los estndares internacionales y que garantice los derechos

reconocidos en la CADH, tiene el deber de establecer mecanismos especiales de justicia con

perspectiva de gnero que atiendan a las afectaciones particulares que sufren las mujeres en los

conflictos armados en razn de su gnero,4 as como una perspectiva intercultural que asegure el

reconocimiento de los derechos de los pueblos indgenas5.

En el asunto en concreto, el Estado argumenta haber adoptado una estrategia de justicia

transicional holstica que asegura el mayor grado de verdad, justicia y reparacin para las

vctimas del conflicto y que adems, cumple con los estndares internacionales. Por ello, ha

solicitado a este Honorable Tribunal evaluar su modelo de transicin de manera global a fin de

no colocar en riesgo la paz y su estabilidad democrtica.

Al respecto, esta representacin no controvierte que el esquema de transicin efectivamente

persiga la consecucin de la paz como una finalidad legtima. Sin embargo, lo cierto es que el

caso de los Angelitos pone en evidencia que algunas de las medidas transicionales no han sido

proporcionales para alcanzar este fin y, adems, han constituido un marco propicio para que las

3 ONU. El Estado de derecho y la justicia de transicin en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Consejo de Seguridad, Resolucin S/2004/616 de 3 de agosto de 2004. Informe del Secretario General, prr. 25, 26; Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y Lugares aledaos Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de Octubre de 2012. Serie C, No. 252, Voto concurrente del Juez Diego Garca Sayn, prr. 37, 38; CPI. Policy Paper on the Interests of Justice, the Office of the Prosecutor, ICC-OTP-2007, p. 7, 8. 4 ONU. La Justicia Transicional: Una oportunidad para las mujeres?, Manual de Consulta ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de gnero y el empoderamiento de las mujeres, 2 ed., Septiembre de 2012, p. 4, p. 2; ONU, Resolucin 1325 (2000), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesin 4213, celebrada el 31 de octubre de 2000, Resolucin S/RES/1325 (2000), 31 de octubre de 2000, p. 1. 5 ONU, Acceso a la justicia en la promocin y proteccin de los derechos de los pueblos indgenas. Estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indgenas, Consejo de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General en su resolucin A/HRC/EMRIP/2013/2, 29 de abril de 2013, prr. 84.

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19

violaciones cometidas por los agentes del Estado permanezcan en la impunidad, afectando a las

vctimas del conflicto en lo general, y en lo particular a las relacionadas con el presente caso.

En particular, y como se demostrar a continuacin, los obstculos para garantizar los derechos

de las vctimas del caso derivan de los incentivos establecidos en la LRCR para las personas que

colaborasen con la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Por un lado, se estableci que no

se iniciara accin penal en su contra, siempre que stas no pudieran ser consideradas mximas

responsables; y por otro lado, en dicho supuesto, se permita el establecimiento de una moderada

sancin de sus crmenes a travs de la aplicacin de penas alternativas.

En conclusin, se solicita a este Mximo Tribunal que determine que el marco transicional

adoptado por el Estado no corresponde en su totalidad con un modelo holstico de justicia

transicional y, por ende, resulta contrario a las obligaciones reconocidas en la CADH, toda vez

que privilegia abiertamente la satisfaccin del componente de verdad y la negociacin poltica de

la paz en perjuicio de los derechos de acceso a la justicia y reparacin integral de Anbal Lpez,

Ricardo Bolt, Lucrecia Rossi y sus familiares, como casos ejemplificativos de la situacin que

enfrentan las vctimas del conflicto armado en el Estado.

3.2.2. Anlisis particular de la violacin al derecho de acceso a la justicia y el incumplimiento

de la obligacin general de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno

La Repblica Cardenal viol el derecho de acceso a la justicia en perjuicio de los familiares de

las vctimas, toda vez que el modelo de transicin impidi la efectiva determinacin,

investigacin y sancin de los mximos responsables de las graves violaciones a los derechos de

Anbal Lpez, Ricardo Bolt y Lucrecia Rossi, as como su acceso a una reparacin integral y al

conocimiento de la verdad de lo sucedido.

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De conformidad con la jurisprudencia de este Mximo Tribunal, el derecho de acceso a la

justicia exige al Estado asegurar el derecho de las presuntas vctimas y de sus familiares a que se

haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, a que se juzgue, investigue y

sancione a los eventuales responsables.6

En el asunto en concreto, el Estado incumpli con estos deberes, debido a que: i) los criterios de

seleccin de mximos responsables reconocidos en la LRCR impidieron la investigacin y

juzgamiento de los agentes estatales que participaron en los hechos; ii) no realiz investigaciones

diligentes para la efectiva determinacin de los agentes responsables en los casos de las tres

vctimas; iii) las sanciones aplicadas a los agentes estatales que s fueron seleccionados como

mximos responsables fueron desproporcionadas y; iv) no se repar integralmente a los

familiares de las vctimas.

i) Los criterios de seleccin de mximos responsables

El Estado viol el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las presuntas vctimas, toda

vez que la adopcin e implementacin de los criterios de mximos responsables en la LRCR

constituy un obstculo para la investigacin y juzgamiento de los responsables de las graves

violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Lucrecia Rossi y Ricardo Bolt.

En el marco de modelos de justicia transicional se ha reconocido que el Estado tiene la

posibilidad de establecer criterios de seleccin para elegir juzgar solamente a los mximos

responsables de las violaciones cometidas en el marco del conflicto armado.7 En este sentido, la

6 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Per. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, prr. 382; Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No. 163, prr. 146; Caso Rochac Hernndez y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014, Serie C, No. 285, prr. 139. 7 ONU. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Iniciativas de Enjuiciamiento. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HR/PUB/06/0, Nueva York y Ginebra, 2006, pg. 7, 8. Corte Constitucional Colombiana. Instrumentos Jurdicos de Justicia Transicional. Sentencia C-579/13 de 2013, Magistrado Presidente Jorge Ivn Palacio Palacio, Conclusin 9.4

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21

Repblica de Cardenal adopt la LRCR, la cual establece que nicamente se investigar, juzgar

y sancionar a quienes sean considerados como mximos responsables en atencin a su posicin

en la cadena de mando, esto es, habindose determinado si saban o deban saber que se estaban

cometiendo crmenes de especial magnitud y no previnieron ni sancionaron tal conducta.8

No obstante lo anterior, los criterios de seleccin de mximos responsables reconocidos en la ley

referida no cumplen con los estndares internacionales y, por consiguiente, constituyen un

obstculo a la investigacin y juzgamiento de quienes pudieron ser tambin responsables de las

violaciones graves en contra de Bolt y Lucrecia Rossi aun cuando no ocupaban un lugar superior

dentro de la jerarqua de mando del Estado.

Al respecto, a partir de los pronunciamientos de los Tribunales Especiales de Sierra Leona,9 la

Oficina del Fiscal de la CPI y otros organismos internacionales,10 se ha determinado que la

seleccin de mximos responsables debe realizarse tomando en consideracin tanto criterios de

jerarqua como de participacin efectiva. Particularmente, tratndose de graves violaciones a los

derechos humanos como la tortura, la desaparicin forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la

violencia sexual, los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todas las

8 CPI, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomtica de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, artculo 28. 9 SCSL, Prosecutor Vs. Brima, Case No. SCSL-04-16T, Decision on Defense Motions for Judgement of Acquittal Pursuant to Rule, 98, march 31, 2006, par. 38 10 CPI. Situacin en Colombia. Reporte Intermedio. Oficina de la Fiscala. Noviembre de 2012, prr. 157, 200, 204, 205, 206; ONU. Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra Leone, Security Council, Resolution S/2000/915, October 4, 2000, p. 30; Resolution 1315 (2000) Adopted by the Security Council at its 4186th meeting, on 14 August 2000, Security Council, Resolution S/RES/1315 (2000), 14 August 2000, p. 3; ONU, Situation of human rights in Cambodia, General Assembly, Resolution adopted on the report of the Third Committee (A/52/644/Add.2), 52/135., 27 February 1998, prr. 110; ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo, Judgment on the Prosecutors Appeal Against the Decision of Pre- Trial Chamber I Entitled Decision on the Prosecutor's Application for Warrants Of Arrest Article 58, ICC-01/04, 13 July 2006, prr. 51-53

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personas que, de conformidad con su grado de participacin y no slo de su jerarqua, tuvieron

un alto grado de responsabilidad en su comisin.11

En el presente caso, el General retirado Pires denunci ante la CV que el grupo de oficiales y

suboficiales de primer nivel que asesoraba al Presidente Ferreira dise la estrategia de rescate

en el caso de los Angelitos en el marco de la cual tuvo lugar la desaparicin de Ricardo Bolt y la

muerte de Anbal. Sin embargo, el Tribunal decidi que no cumplan con el criterio para ser

considerados mximos responsables en virtud de su posicin jerrquica, aspecto que les permiti

beneficiarse de las medidas de justicia transicional, aun cuando efectivamente pudieron ser

consideradas como responsables por la elaboracin de un operativo contrario a los principios de

precaucin y proteccin del derecho internacional humanitario.

Por la misma razn, los autores materiales de la tortura, violacin sexual y muerte de Lucrecia

Rossi tampoco pudieron ser considerados como mximos responsables por las autoridades de la

Repblica Cardenal y, en consecuencia, no se llev a cabo una investigacin y sancin de los

responsables de tales violaciones a los derechos humanos.

En consecuencia, se solicita a esta Honorable Tribunal que determine la afectacin del derecho

de acceso a la justicia, toda vez que la formulacin de los criterios de seleccin de mximos

responsables establecidos en la LRCR limita desproporcionadamente el derecho de acceso a la

justicia de las vctimas y se constituye en un obstculo para la investigacin y sancin de quienes

han sido perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos.

11 CPI, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomtica de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, artculo 25

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ii) Falta de investigaciones diligentes para la determinacin de mximos responsables

El Estado vulner el derecho de acceso a la justicia, toda vez que no realiz investigaciones

diligentes para la efectiva determinacin de los mximos responsables de las graves violaciones

cometidas en perjuicio de Anbal Lpez, Ricardo Bolt y Lucrecia Rossi.

En el marco de su modelo de transicin, el Estado implement un mecanismo especial de

investigacin que le brind la oportunidad de identificar los casos ms representativos, los

crmenes ms graves, sus partcipes y sus respectivas responsabilidades a travs de la

informacin recabada por la Comisin de la Verdad, la cual en 2008 decidi seleccionar el caso

de los angelitos precisamente como un caso emblemtico de los secuestros ocurridos durante el

conflicto y de la estrategia antiguerrillera del Estado.

Ahora bien, como resultado de su labor, la Comisin de la Verdad revel que Ricardo Bolt haba

sido detenido y trasladado a un lugar clandestino de detencin, en el cual probablemente haba

fallecido vctima de torturas.12Adems, se logr el reconocimiento de la responsabilidad del

Estado por la tortura y asesinato de Lucrecia Rossi. Sin embargo, en ningn momento se

iniciaron investigaciones en contra de ninguno de los posibles agentes estatales presuntamente

involucrados en los hechos que afectaron a Ricardo Bolt, Lucrecia Rossi y Anbal Lpez.

En casos sobre violaciones a derechos humanos acontecidas en el marco de conflictos armados,

este Honorable Tribunal ha determinado que el Estado tiene el deber de identificar e investigar

no slo a los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos, sino a todas las

personas inmersas en las estructuras de poder y en las cadenas de mando que facilitaron o

propiciaron la comisin de las afectaciones.13 En este sentido, es esencial que las autoridades

12 Vase, Hechos del caso, prr. 42. 13 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y Lugares aledaos Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de Octubre de 2012. Serie C, No. 252, prr. 257; Uprimny Yepes, Rodrigo, et. al., Justicia para la paz: Crmenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad,

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valoren adecuadamente los patrones sistemticos que permitieron la comisin14 de las

violaciones a derechos con el objeto de evitar omisiones en la recaudacin de la prueba o en el

seguimiento de lneas lgicas de investigacin.15

En el presente caso, el Estado no desarroll las investigaciones necesarias que permitieran

identificar a todos los agentes que, como parte de la estructura del poder dictatorial y militar de

aquella poca, pudieran ser considerados mximos responsables de las violaciones cometidas en

perjuicio de Ricardo Bolt, Lucrecia Rossi y Anbal Lpez.

En primer lugar, el caso de Ricardo Bolt revela que el modelo transicional del Estado

privilegiaba de manera desproporcionada el componente de la verdad en perjuicio del derecho de

acceso a la justicia, debido a que las autoridades consideraron cumplidas sus obligaciones en

materia de investigacin a partir de la informacin obtenida por la Comisin de la Verdad,

renunciando a la investigacin y sancin de los responsables.

Aunque en contextos de justicia transicional el trabajo de las comisiones de la verdad es

relevante para el esclarecimiento de los hechos que constituyeron graves violaciones a derechos

humanos, este Honorable Tribunal ha sido enftico en determinar que el trabajo de la misma no

puede sustituir su obligacin de investigar,16 en particular, tratndose de hechos de desaparicin

Dejusticia, Bogot, 2014, pg.58; Parra Vera, Oscar, La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra la impunidad: algunos avances y debates, Revista Jurdica de la Universidad de Palermo, p. 18 14 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, prr. 156. 15 Corte IDH. Caso Masacres de Ro Negro Vs. Guatemala. Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, prr. 194; Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y Lugares aledaos Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de Octubre de 2012. Serie C, No. 252, prr. 257. 16 Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaos vs El Salvador, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nm. 252, prr. 298; Corte IDH, Caso Rodrguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de 14 de noviembre de 2014, Serie C, No. 287, prr. 88; Caso Osorio Rivera y familiares vs. Per, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, Serie C, no.274, prr. 147; De Greiff, Pablo, Duthie Roger, Transitional Justice and Development: Making connections, International Centre for Transitional Justice, Social Science Research Council, Nueva York, 2009, p. 152.; Ambos Kai, Malarino

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25

forzada, toda vez que sta ha sido caracterizada en el derecho internacional como una grave

violacin a los derechos humanos17 cuya naturaleza pluriofensiva exige precisamente la

irrenunciable obligacin de investigar a las y los agentes los que participaron en su comisin.18

Por otro lado, en el caso de Lucrecia Rossi, el Estado tambin tena el deber de juzgar a los

responsables efectivos de los hechos constitutivos de violencia sexual, toda vez que se trata de

una grave violacin a derechos humanos que incluso trasciende a la propia vctima y se proyecta

en el resto de la sociedad, de tal suerte que genera un efecto masivo de victimizacin cuando

queda en impunidad.19

Aunado a lo anterior, el caso de Rossi tambin revela que el modelo transicional privilegiaba el

componente de verdad en perjuicio del derecho de acceso a la justicia, sin embargo, esto se torna

especialmente grave en el marco de las prcticas sistemticas de tortura y violencia sexual

durante la poca del conflicto armado en la Repblica Cardenal,20 debido a que el Estado tena el

deber de adoptar mecanismos especiales, asegurando la transversalidad de la perspectiva de

Ezequiel y Elsner Gisela, editores, Justicia de Transicin: Informes de Amrica Latina, Alemania, Italia, y Espaa, Ed. Konrad Adenauer Stiftung, Uruguay, 2009, p. 51. 17 Corte IDH, Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha Do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C, no. 219, prr.105; Uprimny Yepes, Rodrigo, et. Al., Justicia para la paz: Crmenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogot, 2014, pg.52. 18 Corte IDH, Caso Rodrguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C, no. 287, prr. 265 y 475.; De Len, Cristina, et. Al., Debida Diligencia en la Investigacin de Graves Violaciones de Derechos Humanos, CEJIL, Argentina, 2010, p. 11. 19 Corte IDH, Caso Rosendo Cant y otra vs. Mxico, Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie c, no. 216, prr. 108 y 109; Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaos vs El Salvador, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nm. 252, prr. 165.; Comisin Colombiana de Juristas, Principios sobre impunidad y reparaciones, Comisin Colombiana de Juristas, Colombia, 2007 p. 22; ONU, Resolucin 1820 (2008), S/RES/1820 (2008), Consejo de Seguridad, 19 de junio de 2008 , pg. 3; ONU, Declaracin y plataforma de accin de Beijing, , adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, Beijing, septiembre de 1995, pg. 39; OEA, Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la violencia contra la Mujer, Convencin Belm Do Par, Adoptada por la Asamblea General en su vigsimo cuarto periodo ordinario de sesiones, Belm Do Par, Brasil 9 de junio de 1994., Prembulo, prr. 3 20 Vase, Hechos del caso, prr. 5.

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gnero, para dar tratamiento diferenciado a las mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos

en razn de componentes de gnero.21

En consecuencia, es innegable que el Estado debe ser considerado responsable de la violacin al

derecho de acceso a la justicia de Annika Bolt y Emily Rossi, toda vez que, despus de 15 aos,

no se ha investigado ni juzgado a quienes participaron efectivamente en la los hechos que

atentaron contra Lucrecia Rossi y Ricardo Bolt.

iii) Aplicacin de penas alternativas

El Estado es responsable por la violacin del derecho de acceso a la justicia de los familiares de

Lucrecia Rossi y Anbal Lpez por la falta de sancin a los agentes estatales responsables de las

violaciones a sus derechos.

En el presente caso, la nica persona sancionada por el caso de los angelitos, as como por la

muerte de Lucrecia Rossi fue el General Pires, quien acept su responsabilidad y contribuy al

esclarecimiento de los hechos por lo que recibi una pena alternativa que resulta contraria al

derecho de acceso a la justicia de los familiares de las vctimas.

Esta representacin es consciente que la aplicacin de penas alternativas podra ser admisible en

contextos de justicia transicional a fin de asegurar la colaboracin de las partes del conflicto con

la justicia y tambin porque sera materialmente imposible sancionar con la pena privativa de la

libertad a la totalidad de las y los perpetradores de las violaciones masivas22. Sin embargo, los

Estados deben asegurar, en cumplimiento de su deber de sancionar, que la imposicin de penas

21 ONU, La Justicia Transicional: Una oportunidad para las mujeres?, Manual de Consulta ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de gnero y el empoderamiento de las mujeres, 2 ed., Septiembre de 2012, p. 4, p. 7. 22 ONU. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Iniciativas de Enjuiciamiento. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HR/PUB/06/0, Nueva York y Ginebra, 2006, pg. 7; Uprimny Yepes, Rodrigo, et. al., Justicia Transicional sin transicin? Verdad, justicia y reparacin para Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Colombia, Bogot, Junio de 2006.

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impuestas y su ejecucin no se constituyan en factores de impunidad de graves violaciones a

derechos humanos.23

En este sentido, la CIDH ha determinado que el derecho de acceso a la justicia conlleva a que el

Estado haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a los eventuales

responsables.24 Por su parte, la Corte IDH ha determinado que el cumplimiento de este deber

exige a los Estados asegurar que la imposicin de penas sea proporcional a partir de diversos

aspectos25, entre ellos, las caractersticas del delito que se cometi, la participacin y

culpabilidad del acusado;26 el patrn sistemtico de violaciones en el contexto de un conflicto

armado no internacional y su complejidad; as como la naturaleza del derecho violado.27

En el caso en cuestin, el Estado incumple con la obligacin de sancionar de manera

proporcional, en tanto que la pena impuesta a Pires por el Tribunal Transicional Especializado no

tom en cuenta que los hechos sancionados, consistentes en actos de tortura y violacin sexual

en perjuicio de Lucrecia Rossi, se trataban de graves violaciones28 cometidas de manera

sistemtica dentro del marco de un conflicto armado entre fuerzas armadas y grupos guerrilleros,

lo cual exiga la obligacin del Estado de tener especial cuidado en la imposicin de una sancin

proporcional a este tipo de crmenes con la finalidad de no propiciar que la impunidad afectase el

proceso de consolidacin de la paz. Asimismo, el propio Tribunal Transicional omiti analizar el

23 Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Prr. 150. 24 CIDH. Derecho a la verdad en Amrica. OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 de agosto de 2014, prr. 14. 25Corte IDH Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de marzo de 2005, Serie C No. 123, Voto concurrente del Juez Sergio Garca Ramrez, prr. 34. 26 Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, prr. 203; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, prr. 196; Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Prr. 150. 27 Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaos vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C 252, prr. 319. 28 OEA, Convencin Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San Jos, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969, Artculos 4 y 5.

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grado de participacin y culpabilidad del General Pires en el diseo e implementacin del

operativo de los angelitos, en el marco del cual falleci Anbal Lpez.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Honorable Corte que declare la responsabilidad

de la Repblica Cardenal, toda vez que la falta de sancin ha mantenido en impunidad los hechos

que afectaron a los familiares de Lucrecia Rossi y Anbal Lpez

iv) Reparacin Integral

De acuerdo con la Corte IDH, el derecho de acceso a la justicia requiere que el Estado garantice

que la reparacin de las graves violaciones a derechos humanos29 se adece a la nocin de

reparacin integral,30 la cual exige la adopcin de medidas de restitucin, indemnizacin,

rehabilitacin, satisfaccin, garantas de no repeticin y tendientes a asegurar el derecho a la

verdad, tanto en su vertiente individual como colectiva.31

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que la reparacin integral constituye un componente

fundamental de la justicia transicional.32 En tal medida, a fin de garantizar la coherencia de un

modelo que busque ser holstico y compatible con la CADH, resulta relevante asegurar su

adecuado equilibrio en relacin con la bsqueda de la verdad y el enjuiciamiento.33

En el caso en concreto, aun cuando el Estado de Cardenal haba diseado un programa de

reparaciones adecuado a los estndares interamericanos, lo cierto es que Annika Bolt, Lupita

29 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No. 163, prr. 193. 30 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C. No. 148, prr. 341; ONU, Principios y directrices bsicos sobre el derecho de las vctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General en su resolucin A/RES/60/147 durante su LX periodo de sesiones, Nueva York, 16 de diciembre de 2005, prr. 18. 31 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No. 163, prr. 221. 32 ONU. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Programa de reparaciones, HR/PUB/08/1, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2008, pg. 1. 33 De Greiff, Pablo, Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional, Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile, 2011, pg. 35, 36.

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Lpez, Emily y Maximiliano Rossi, familiares de las vctimas, recibieron como nica medida de

reparacin la indemnizacin tasada por el programa de reparaciones para familiares de las

personas asesinadas durante el conflicto armado, cuyo monto haba sido fijado en $20,000 USD.

Lo anterior, a pesar de que el Estado tena el deber de proporcionar reparaciones que

respondieran adecuadamente a todas las violaciones que se hubieran producido en el conflicto

para lo cual era necesario no slo el otorgamiento de todas las modalidades de reparacin, sino

tambin la consideracin de la condicin particular de cada vctima.34

En suma, es evidente que el Estado omiti adoptar modalidades de reparacin integral por las

agresiones sexuales en contra de Lucrecia Rossi, la desaparicin de Ricardo Bolt y la muerte de

Anbal Lpez, especialmente, en lo correspondiente al otorgamiento de medidas de satisfaccin y

garantas de no repeticin que respondieran a la naturaleza de las violaciones cometidas.35

V. El derecho a la verdad como una forma de reparacin.

Esta representacin ha constatado que el modelo de justicia transicional adoptado por la

Repblica de Cardenal privilegi el esclarecimiento de la verdad en su dimensin colectiva en

perjuicio de la satisfaccin de la dimensin individual de este derecho en los casos de Lucrecia

Rossi, Ricardo Bolt y Anbal Lpez.

En el marco del proceso seguido ante la Comisin de la Verdad, se reconoci la participacin y

responsabilidad del Estado en la desaparicin forzada de Ricardo Bolt, la violencia de gnero en

contra de Lucrecia Rossi e incluso, por la planeacin fallida del operativo de rescate en el que

falleci Anbal Lpez. No obstante, la verdad sobre los hechos no ha sido conocida de manera

34 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [C.H.R], Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Programa de reparaciones, HR/PUB/08/1, Organizacin de las Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, pg. 19, 20, 22. 35 CIDH. Lineamientos principales para una poltica integral de reparaciones. OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1, 19 de febrero de 2008, prr. 13; CIDH, Las Mujeres frente a la Violencia y la Discriminacin Derivadas del Conflicto Armado en Colombia OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de 2006, prr. 233.

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30

efectiva, toda vez que no existe determinacin judicial o investigaciones iniciadas en contra los

responsables efectivos de las violaciones a los derechos.36

En efecto, en el caso sub iudice, an se desconoce la verdad sobre los hechos relativos a la

desaparicin de Ricardo Bolt, su paradero o la posible ubicacin de sus restos. De igual modo,

respecto de los casos de Lucrecia Rossi y Anbal Lpez no se desarrollaron investigaciones

claras, lgicas e imparciales para conocer judicialmente la identidad de las personas responsables

que participaron en la violacin a sus derechos37.

A juicio de esta representacin, el Estado ha impedido deliberadamente el conocimiento de la

verdad en el presente caso, lo cual tambin constituye un incumplimiento del deber de reparar las

violaciones a los derechos de las vctimas. Lo anterior, toda vez que instrumentaliz el papel de

la CV para justificar que no haca falta iniciar investigaciones diligentes, serias y exhaustivas en

contra de los agentes estatales que pudieron haber participado en las violaciones, debido a que el

informe de la propia CV ya haba reconocido la participacin y tolerancia del Estado en los

hechos y por tanto, asegurado el derecho a la verdad de todas las vctimas.

En razn de lo anterior, este Honorable Tribunal debe determinar la violacin al derecho de

acceso a la justicia y al derecho a la verdad, toda vez que la Repblica de Cardenal no adopt las

medidas necesarias para reparar integralmente a los familiares de Lucrecia Rossi, Anbal Lpez y

Ricardo Bolt, quienes tampoco conocen la verdad de lo sucedido.

3.2.3 Conclusin

En razn de lo expuesto, es evidente que las medidas implementadas en marco del modelo de

transicin de la Repblica Cardenal han tenido consecuencias negativas sobre los derechos de las

36 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No. 163, prr. 195. 37 Corte IDH, Caso Gonzlez y otras (Campo Algodonero) vs. Mxico. Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 16 de noviembre de 2009, Serie C, no. 205, prr. 290, 293.

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vctimas en tanto que obstaculizaron la investigacin, juzgamiento y sancin de los responsables

de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Lucrecia Rossi, Ricardo

Bolt y Anbal Lpez.

De manera particular, las violaciones permanecen en una situacin de total impunidad que est

amparada en el modelo transicional adoptado por el Estado y en particular en la LRCR, ya que

esta ley justific que el Estado no realizara diligencias necesarias, serias y exhaustivas para la

identificacin de todos los responsables, intelectuales o materiales, de las violaciones cometidas

en perjuicio de Anbal Lpez, Lucrecia Ross y Ricardo Bolt, as como para que se conociera

toda la verdad de los hechos del caso de los angelitos, siendo los nicos sancionados personas

integrantes del MRLB y dejando en la impunidad a los agentes del Estado involucrados.

En esta tesitura, es imprescindible que este Honorable Tribunal ordene al Estado que revierta a la

brevedad las condiciones de impunidad a travs de la remocin de todos los obstculos de facto y

jure que la propiciaron. Lo anterior, teniendo en consideracin que el artculo 2 de la CADH

precisamente obliga a los Estados a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y

a las disposiciones de la Convencin, las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los

derechos y libertades protegidos por la Convencin.38

Si bien esta representacin no niega que la ley en cuestin ha jugado un papel relevante para la

consolidacin de la paz en el Estado de Cardenal, lo cierto es que no es totalmente compatible

con los objetivos que persigue el SIDH. Lo anterior, debido a que no fue formulada desde una

visin holstica de la justicia transicional en la medida que no asegura un adecuado equilibrio

entre la verdad, la justicia y la reparacin; y carece de la incorporacin de una perspectiva de

gnero e indgena que tuviese en cuenta los obstculos que enfrentan las mujeres vctimas de

38 Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, prr. 211.

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violencia de gnero en el marco de conflictos armados, las personas indgenas bonecas que

integraban la guerrilla y sus familiares, para acceder a la justicia.

En consecuencia, la representacin de las vctimas solicita a esta Honorable Corte declare que el

Estado es responsable de la violacin a los artculos 8 y 25 de la CADH, en relacin con el

artculo 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio los familiares de Anbal Lpez, Lucrecia

Rossi y Ricardo Bolt.

3.3 Violacin al Art. 4, en relacin con el Art. 1.1 y 19 de la CADH, en perjuicio de Anbal

Lpez

El Estado es responsable de la violacin al derecho a la vida de Anbal Lpez por no adoptar

medidas de proteccin y precaucin en la realizacin del operativo de rescate de las nias y nios

secuestrados por la guerrilla.

El 28 de marzo de 2000, el comando anti secuestros del Estado implement un operativo para

liberar a 23 nias y nios del Colegio ngeles del Saber que haban sido secuestrados por

integrantes del MRLB. Gracias a informacin de inteligencia, el comando tena identificado el

edificio en el que se encontraban capturados. No obstante, al trasladarse a tal sitio, los agentes

estatales lanzaron una amenaza a las y los secuestradores para que entregasen a las y los nios;

seguidamente escucharon una explosin que vena del interior y penetraron en la edificacin

haciendo uso de granadas y armas de largo alcance, ah encontraron muertos a Anbal y tres

nios ms.

Si bien el jefe de la guerrilla reconoci ante la CV la responsabilidad del comando armado por

haber cometido un error militar que caus la muerte de Anbal, haciendo referencia posiblemente

a la explosin que ocurri en el interior y que provoc la intervencin desmedida por parte del

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comando antisecuestros, lo cierto es que el Estado no tom las medidas de proteccin y

precaucin necesarias para evitar colocar en riesgo la vida de las y nios.

Este Mximo Tribunal ha recurrido a los principios de precaucin y proteccin para referirse a

las obligaciones que tiene el Estado de realizar operaciones con el cuidado constante de preservar

a la poblacin civil, adoptando todas las precauciones posibles para evitar afectaciones a la vida

e integridad de personas que no participan en las hostilidades.39

Adicionalmente, en atencin al art. 19 de la CADH, la Corte IDH ha establecido con claridad

que el Estado tiene el deber de adoptar medidas especiales para la proteccin de nias y nios,40

mxime cuando se encuentran inmersos en contextos de conflicto armado, toda vez que son

quienes padecen los excesos de tal situacin de forma desmesurada.41

En el presente caso, esta representacin advierte que el operativo no se desarroll con la debida

precaucin y proteccin, sino que el comando antisecuestros actu de manera reactiva y

desproporcionada en el rescate de los angelitos. Es decir, aunque el comando conoca el lugar

donde estaban secuestrados los nios y nias, lo cierto es que no mostr haber planeado

anticipadamente una estrategia para penetrar en el edificio sino que simplemente se traslad al

lugar y amenaz a los captores de atentar contra su vida para que entregasen a los angelitos.

Adems, ante el sonido de una explosin, las y los agentes del comando entraron

39 Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, prr. 211; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la proteccin de las vctimas de los conflictos armados sin carcter internacional (Protocolo II), aprobado por la Conferencia Diplomtica sobre la Reafirmacin y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados, Ginebra, 8 de junio de 1977, art. 4.1. 40 Mario Rojas, Cielo, Derechos de los nios y nias reclutados o utilizados en hostilidades en la justicia transicional en Colombia: evolucin normativa y prcticas jurdicas, 2012, p. 81; ONU, Resolucin 1882 (2009), Consejo de Seguridad, Resolucin S/RES/1882 (2009), 4 de agosto de 2009, pg. 3 y 4.; Corte IDH, Caso Nios de la Calle (Villagrn Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre 1999, Serie C, No.63, prr.146; ONU. Convencin sobre los Derechos del Nio, adoptada por la Asamblea General en su Resolucin 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989, Prembulo, prr. 6. 41Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaos vs El Salvador, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nm. 252, prr.145.

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intempestivamente en el edificio utilizando indiscriminadamente armas de largo alcance y

granadas, mismas que pudieron ocasionar la muerte de Anbal Lpez.

En consideracin a lo anterior, es evidente que el Estado no garantiz el derecho a la vida de

Anbal Lpez por la falta de prevencin y precaucin en el desarrollo del operativo de rescate de

los angelitos. A su vez, como ha quedado demostrado, por la falta de investigaciones para

esclarecer las circunstancia de su muerte. Por ello, debe ser declarado internacionalmente

responsable por la violacin del art. 4 en relacin con los artculos 1.1 y 19 de la CADH.

3.4 Violacin a los Art. 3, 4, 5, 7 y 24 de la CADH, en relacin con el Art. 1.1 del mismo

instrumento, I.a) de la CIDFP y 1, 2 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Ricardo Bolt.

El Estado es responsable de la detencin arbitraria, tortura y desaparicin forzada de Ricardo

Bolt en virtud del reconocimiento de patrones sistemticos y generalizados de la comisin de

estas prcticas cometidas en contra de las y los integrantes pertenecientes al MRLB.

De conformidad con la interpretacin que ha dado este Mximo Tribunal a las obligaciones

reconocidas en la CIDFP, la CIPST y la propia CADH, la identificacin de prcticas sistemticas

y generalizadas de detencin, tortura y desaparicin forzada, exige a los Estados iniciar

investigaciones ex officio, sin dilacin, y de una manera seria, imparcial y efectiva42. Lo anterior,

a fin de garantizar todos los derechos que son afectados por la comisin de estas conductas, en

particular, la libertad personal, la integridad personal, la personalidad jurdica y la vida.

En el caso concreto, la CV acredit que Ricardo Bolt fue detenido en un lugar clandestino,

torturado y que adems, haba sido vctima de desaparicin forzada como parte de la prctica de

42 Corte IDH, Caso Osorio Rivera y familiares vs. Per. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C, no.274. prr. 178; OEA. Convencin Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura, aprobada por la Asamblea General en su Decimoquinto periodo ordinario de sesiones, 09 de diciembre de 1985, art. 1, 2, 6; OEA. Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas, adoptada por la Asamblea General en su Vigsimo cuarto periodo ordinario de sesiones, Cartagena de Indias, Colombia, 09 de junio de 1994, art. I.a.

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las unidades militares durante la poca del conflicto armado. Sin embargo, a la fecha, no se han

realizado las investigaciones correspondientes para la determinacin de las personas

presuntamente responsables, ni se ha identificado su paradero.

En consecuencia, este Honorable Tribunal debe declarar la responsabilidad del Estado por la

violacin al art. 3, 4, 5, 7 y 24 en relacin con el art. 1.1 de la CADH y lo dispuesto en el

artculo I.a) de la CIDFP, y 1, 2 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Ricardo Bolt.

3.5 Violacin al Art. 4, 5, 7 y 11 de la CADH, en relacin con el artculo 1.1 del mismo

instrumento, 7.b de la CIPSEVM y 1,2 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Lucrecia Rossi.

El Estado es responsable de la violacin al derecho a la vida, integridad personal, libertad

personal, la proteccin de la honra y dignidad de Lucrecia Rossi por la participacin directa de

agentes del Estado en la comisin de agresiones y actos de violencia de gnero que culminaron

en su muerte.

En el presente caso, el Estado ha reconocido la afectacin a la libertad personal, integridad

personal y vida de Lucrecia Rossi, pues, en el marco de las sesiones celebradas por la CV el

General Pires acept su responsabilidad por tales afectaciones.43 Sin embargo, a pesar de la

aportacin positiva de la CV para el esclarecimiento de los hechos, subsiste el anlisis del deber

que tena el Estado para proteger a Lucrecia Rossi de los ataques a su libertad personal,

integridad personal, honra y dignidad y la consecuente vulneracin al derecho a la vida

cometidos en el marco de patrones sistemticos y generalizados de violencia de gnero.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, la observancia del artculo 4 y 5 de la

Convencin, en relacin con su artculo 1.1, requiere que los Estados adopten todas las medidas

apropiadas para proteger y preservar los derechos de las mujeres de actos de violencia

especialmente en el marco de conflictos armados. Particularmente, esta obligacin tiene 43 Vase, Hechos del caso, 42.prrs. 5 y 9.

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fundamento en el reconocimiento de la especial situacin de vulnerabilidad en que se encuentran

las mujeres en el marco de las hostilidades44, toda vez que la violencia sexual es utilizada

comnmente como un instrumento para amedrentar, infundir temor y castigar a las mujeres que

estn asociadas a un grupo opositor del gobierno.45

Adicionalmente, en el derecho internacional de los derechos humanos se ha entendido que la

obligacin de proteger a las mujeres de actos de violencia en situacin de conflictos armados

consiste no slo en abstenerse de cometer actos que vulneren derechos humanos, 46 sino en tomar

medidas para evitar que otros agentes lo hagan.47

En el presente caso, el Estado no slo fue omiso en adoptar las medidas diligentes para la

proteccin de los derechos de Lucrecia despus de su detencin, sino que deliberadamente

cometi actos de violencia de gnero en su contra, los cuales revistieron un impacto particular no

solo para la vctima y sus familiares, en virtud de que sus restos mortales fueron exhibidos con

signos de violencia sexual y tortura en una plaza pblica de la ciudad, lo cual tena precisamente

como objetivo enviar un mensaje a la sociedad respecto de las consecuencias que poda sufrir

una mujer que decidiera pertenecer a un grupo en oposicin al gobierno. 48

44 Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaos vs El Salvador, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nm. 252, prr. 165; ONU, La Justicia Transicional: Una oportunidad para las mujeres?, Manual de Consulta ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de gnero y el empoderamiento de las mujeres, 2 ed., Septiembre de 2012, p. 4, p. 2; ONU, Resolucin 1325(2000), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesin 4213, Consejo de Seguridad, Resolucin S/RES/1325 (2000), 31 de octubre de 2000, p. 1; , CICR, Responder a la necesidades de las mujeres en conflictos armados: Gua prctica del CICR, Comit Internacional de la Cruz Roja, Ginebra Suiza, 2006, pg. 8. 45 Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaos vs El Salvador, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nm. 252, prr. 165; ONU, La Justicia Transicional: Una oportunidad para las mujeres?, Manual de Consulta ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de gnero y el empoderamiento de las mujeres, 2 ed., Septiembre de 2012, p. 4, p. 2.; CICR, Responder a la necesidades de las mujeres en conflictos armados: Gua prctica del CICR, Comit Internacional de la Cruz Roja, Ginebra Suiza, 2006, pg. 27. 46 ONU, Proteccin jurdica internacional de los derechos humanos durante conflictos armados, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HR/PUB/11/01, Nueva York y Ginebra, 2011, Pg. 19 47 Amnista Internacional, Hacer los derechos realidad: La violencia contra las mujeres en los conflictos armados, Amnista Internacional, Madrid, Espaa, 2005, pg. 29-30. 48 Vase, Hechos del caso, prr. 5 y 9.

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En consecuencia, es evidente que el Estado no adopt las medidas para la proteccin y

preservacin del derecho a la vida, integridad personal, honra y dignidad de Lucrecia Rossi, por

lo que debe ser declarado internacionalmente responsable por la violacin a los artculos art. 4, 5,

7 y 11 de la CADH, en relacin en relacin con el art. 1.1 del mismo instrumento, y los Arts. 1, 2

y 6 de la CIPST, as como con las obligaciones contempladas en el artculo 7.b) de la CIPSEVM.

3.6 Violacin al Art. 5 de la CADH en perjuicio de los familiares de las vctimas

El Estado es responsable de la violacin a la integridad personal de Lupita Lpez, Annika Bolt,

Emily y Maximiliano Rossi, debido a las violaciones a los DDHH de las vctimas directas en el

presente caso y a la falta de actividad del Estado para identificar a los mximos responsables de

tales violaciones.

Han pasado 15 aos desde el da en que ocurrieron los hechos del caso de los Angelitos, pese a la

magnitud de las violaciones cometidas y a los intentos de los familiares por obtener justicia, las

violaciones permanecen impunes y se desconoce, hasta la fecha, la verdad de lo sucedido sobre

las condiciones de la muerte de Anbal Lpez, el paradero de Ricardo Bolt y a las y los agentes

que cometieron hechos de violencia sexual en perjuicio de Lucrecia Rossi.

En suma, todo lo anterior constituye una violacin a la integridad psquica y moral de los

familiares de las vctimas, debido al sufrimiento adicional que stos han padecido como producto

de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos49 y a

causa de las actuaciones u omisiones ya comprobadas por parte de las autoridades estatales.

En consecuencia, esta representacin solicita se declare la responsabilidad internacional del

Estado por la violacin a la integridad personal de los familiares de las vctimas.

49 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No. 163, prr. 137.

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3.7 Solicitudes de Reparacin

Con fundamento en el artculo 63.1 de la CADH, y tomando en consideracin que se ha

demostrado la responsabilidad del Estado de la Repblica Cardenal por las violaciones a los

Derechos Humanos de Anbal Lpez, Ricardo Bolt, Lucrecia Rossi, as como de sus familiares,

la representacin de las vctimas solicita las siguientes medidas de reparacin.

3.7.1 Garantas de no repeticin

Teniendo presente la necesidad de armonizar el modelo de justicia transicional en el marco de las

obligaciones convencionales, resulta fundamental: A) Eliminar la figura de la clusula de

transaccin contemplada en la LR, por constituir un obstculo al acceso a los tribunales, con

miras a la obtencin de una justa indemnizacin. B) Adecuar los criterios de seleccin de

mximos responsables contenidos en la LRCR, para que sean compatibles con las obligaciones

del Estado asumidas en el marco del SIDH. C) La implementacin de un programa con

perspectiva de gnero para dar tratamiento especial de las violaciones de derechos humanos

cometidas en contra de las mujeres de La Repblica Cardenal y que dicho programa coadyuve en

la ejecucin de las investigaciones correspondientes.

3.7.2 Medidas de satisfaccin

D) Realizar las investigaciones pertinentes para la identificacin de los agentes del Estado

responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas a Anbal Lpez, Ricardo Bolt y

Lucrecia Rossi. E) Realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la forma en que

se configur la desaparicin forzada de Bolt, as como la identificacin de su paradero, o en su

defecto, de los restos mortales para que conforme a las tradiciones de la comunidad indgena

Boneca, se le den los ritos fnebres correspondientes. F) La construccin de una verdad

histrica, que abarque el inicio del conflicto y que contine con las afectaciones del derecho de

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acceso a la justicia de los miembros de la comunidad Boneca, los miembros de la guerrilla, y los

civiles que sufrieron vejaciones por las hostilidades. G) La celebracin de un acto pblico de

reconocimiento de responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos

cometidas en el marco del operativo de rescate de Los Angelitos. H) La publicacin de la

sentencia de esta Honorable Corte en los medios de comunicacin oficial, de mayor difusin y

circulacin nacional.

3.7.3 Medidas de rehabilitacin

I) En virtud del proceso de revictimizacin, derivado de la impunidad que impera en La

Repblica Cardenal, se solicitan nuevas medidas de atencin psicolgica para los familiares de

Anbal Lpez, Ricardo Bolt y Lucrecia Rossi.

4. Petitorio

Con fundamento en lo argumentado en el presente escrito, la representacin solicita a este

Honorable Tribunal que declare y concluya que: A. El Estado es responsable por la violacin a

los derechos consagrados en los artculos 3, 4, 5 y 7 de la CADH, en relacin con el art. 1.1 del

mismo instrumento, I.a de la CIDFP y 1, 2 y 6 de la CIPST en perjuicio de Ricardo Bolt. B. El

Estado es responsable por la violacin a los derechos consagrados en los artculos 4,5,7 y 11 de

la CADH, en relacin con el artculo 1.1 del mismo instrumento, 7.b de la CIPSEVM y 1, 2 y 6

de la CIPST, en perjuicio de Lucrecia Rossi. C. El Estado es responsable por la violacin a los

derechos consagrados en los artculos 4 y 5, en relacin con el artculo 1.1 y 19 del mismo

instrumento, en perjuicio de Anbal Lpez. D. El Estado es responsable por la violacin a los

derechos consagrados en los artculos 8 y 25 de la CADH, en relacin con los artculos 1.1 y 2

del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Ricardo Bolt, Lucrecia Rossi y Anbal

Lpez. E. El Estado tiene el deber de adoptar en su Derecho Interno criterios de participacin

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efectiva para la seleccin de mximos responsables, de manera tal que su modelo de transicin

garantice el derecho de acceso a la justicia. F. El Estado tiene el deber de realizar investigaciones

diligentes para determinar efectivamente a todos los mximos responsables de las violaciones

cometidas en perjuicio de las vctimas. G. El Estado est obligado a otorgar las medidas de

reparacin sealadas en el captulo correspondiente.