Turbulencias en el pozo1

Características del mercado energético latinoamericano, megaproyectos y geopolítica en el contexto de integración

regional y globalización capitalista

Contenidos:

1. Introducción2. Características del mercado energético latinoamericano3. El timo de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): “nuevas oportunidades para las empresas en Latinoamérica”4. Apuesta del Banco Mundial por el carbón y las grandes hidroeléctricas5. El Banco Europeo de Inversiones hecha más gasolina al fuego6. El paradigma de la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia7. Brasil: ¿el poder hegemónico en Latinoamérica? 8. Contradicciones de los planes energéticos de Venezuela9. Megaproyectos energéticos y geopolítica10. ¡Basta de legalizar el saqueo! ... se están organizando las resistencias

Las actuales tendencias energéticas en América Latina dejan mucho que desear en lo que atañe el medio ambiente y los Derechos Humanos, así como la búsqueda de modelos alternativos basados en recursos renovables. Ante el agotamiento del petróleo en 20 o 30 años, los impactos destructivos de la industria hidrocarburífera y las ya palpables consecuencias del Cambio Climático –como las sequías nunca vistas en la Selva Amazónica – vuelven muy discutibles las apuestas por los hidrocarburos y los megaproyectos de infraestructura energética para “sacar de la pobreza a la región” como pretenden algunos Gobiernos y Organismos Internacionales. ¿Habrá una América Latina justa sin los patrones del desarrollismo económico actual que está provocando la mayor crisis estructural social y ambiental de la historia moderna?

Introducción

América Latina vive en este momento un intenso debate sobre la gestión de los recursos energéticos y turbulencias políticas a raíz de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Los allanamientos de las oficinas de una filial de la petrolera transnacional Repsol YPF en Santa Cruz, las detenciones de algunos de sus directivos y la retirada de concesiones a Repsol y Petrobras inquietan a los poderes económicos del mundo occidental. Repsol amenazó con demandas judiciales y reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglos y diferencias Relativas a Inversiones. Irritada y con actitud negativa se mostró también la industria brasileña, chilena y argentina por el encarecimiento del gas boliviano. El ministro boliviano de Hidrocarburos señaló que la consultora estadounidense De Golyer & MacNaughton informó al Gobierno que las reservas de los yacimientos probados de gas habrían disminuido en un 33%. Curiosamente cuando el Estado boliviano tomó el control de su riqueza hidrocarburífera.2

Además están supremamente asustadas las elites derechistas del continente –y también de Europa y EEUU- por los planes del Gobierno venezolano de financiar con la renta petrolera una serie de proyectos geopolíticos a medio y largo plazo, como el ALBA, la integración energética en Suramérica (Petrocaribe y Petrosur) con una empresa común de hidrocarburos e infraestructuras muy problemáticas. “El aumento de la influencia de Venezuela en Latinoamérica –y otros países en vías de desarrollo- es preocupante”, comenta el Financial Times en su editorial, y advierte que “la observación de sus [de Chávez] actividades se vuelve urgente”3. Los medios de comunicación españoles acrecentaron la alarma reinante entre la clase política y

1 Estas líneas son en realidad el resultado de los debates, los análisis y los escritos de los movimientos populares; Ecologistas en Acción hace parte de la campaña ¿Quién debe a quién? donde intentamos abordar estos temas y luchar por la justicia desde la reivindicación de la abolición de la Deuda Externa, así como el reconocimiento y la restitución de la Deuda Ecológica. Una versión reducida de este texto se publicó en la revista Viento Sur (Nº 89, noviembre 2006 – www.vientosur.info). Agradezco los comentarios de Begoña Carrera Ríos y Ramón Fernández Durán.2 BOLPRESS: "La mira está puesta en la industrialización del gas. Comenzaron las auditorías a las petroleras" 24 de julio de 2006. Las auditorías serán realizadas a las inversiones en 56 campos petroleros operados por nueve compañías, entre ellas las filiales de la hispano argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la franco belga Total Fina Elf y las británicas British Gas y British Petroleum.3 Vigilando a Chávez. Editorial de Financial Times, 25 de agosto de 2006.

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empresarial.4 Citamos el diario Expansión al respecto: “Un fantasma recorre Latinoamérica; no es el del comunismo, pero la inquietud que despierta en los mercados financieros no le va a la zaga. El venezolano Hugo Chávez o, ahora, el boliviano Evo Morales, ha hecho saltar las luces de alarma en las empresas españolas con intereses en el subcontinente.” Y con cerca de una docena de procesos electorales a la vista –continua el rotativo- “más de uno se pregunta si se producirá un contagio de las tesis de Morales en una región que concentra más del 10% de las reservas mundiales de petróleo, alrededor del 14% de la producción de crudo, el 4% de las reservas de gas natural y el 6% de la producción.”.5 En unas jornadas sobre la RSC del sector eléctrico español en América Latina del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa en Madrid6, algunos representantes del poder económico alarmaron el público ante la crisis de sostenibilidad del mercado energético, la incertidumbre y las tensiones. “Empresas que se levantan y critican las actuaciones de los gobiernos como el boliviano o venezolano son fumigados”, se decía en el foro, “se repite la historia de los años 80 con la fuerte intervención estatal”, y comentarios similares.

Sí, las políticas de los Gobiernos de Bolivia y Venezuela hacen frente al modelo neoliberal y tienen la intención de redistribuir las rentas entre la población para eliminar la extrema pobreza y demás injusticias. Pero ambos están incrustados en medio de los diseños capitalistas de integración regional en el mercado global (MERCOSUR, CAN, tratados de libre comercio, etc.), planes militares (Plan Colombia, Proyecto Triple Frontera, rearme, etc.) y sobre todo de infraestructuras (Plan Puebla-Panamá, IIRSA, SIEPAC, etc.). El actual modelo energético del continente sigue estando basado en la exportación de materias primas7, con muy poco procesamiento en los países, para abastecer el consumo desaforado e insostenible de Europa, EEUU y el Sureste asiático. Este modelo se caracteriza por ser concentrador de riqueza, destructor del medio ambiente, dilapidador de los recursos y muy vulnerable a los vaivenes de la economía global.

No obstante, algo se mueve a raíz de las Guerras del Gas en El Alto (Bolivia) en 2003 y 2005. En Perú, por ejemplo, pobladores de la comunidad nativa Canaan tomaron de manera pacífica las instalaciones y pozos de la petrolera Maple Gas Corporation porque incumplía el acuerdo de tomar medidas medioambientales y sanitarias en la zona de explotación. Costa Rica prohíbe la explotación petrolífera en sus aguas del Caribe y se enfrenta por eso a varias denuncias de la petrolera Harken. Y en Ecuador el Gobierno –influenciado por las presiones de los movimientos sociales- anuló un contrato fraudulento que manejaba la petrolera norteamericana Oxy. Importantes restricciones de importación de gas natural desde Argentina, mayores costes de producción, alzas en los precios del gas natural y la inseguridad de abastecimiento, son parte del complejo escenario energético que vive Chile y refleja lo revuelto que está el río.

Al tiempo que avanza la transnacionalización de empresas “estatales” como Petrobras que extiende su control por el continente y firma alianzas estratégicas con otras empresas estatales petroleras ignorando totalmente cuestiones ambientales y sociales. “Hay una reorganización regional de los estados, los cuales siguen prestando protección a las empresas transnacionales de sus propios países. El Estado mexicano, que tiene 20 transnacionales, está defendiendo sus intereses, como Lula con sus empresas en Bolivia, Chile y Venezuela”, opina Andrés Barreda.8

El capital español –con una presencia importante en el sector eléctrico9 aparte de las inversiones de Repsol YPF- se muestra preocupado y llama la atención al Gobierno español para salvaguardar sus intereses. El Ejecutivo español sale inmediatamente en defensa de Repsol YPF. Es decir que, en lugar de dejar actuar al Poder Judicial boliviano, intenta presionar al Gobierno de Morales para que Repsol-YPF no tenga que responder ante las acusaciones que tiene interpuestas. Para el sector empresarial la reacción del Gobierno ha sido insuficiente. “Cuesta imaginar una reacción gubernamental tan seráfica si semejante atropello lo

4 Ver por ejemplo: Jorge Marirrodriga: “El populismo cambia las reglas” El País, 14 de mayo de 2006. “Repsol, en el laberinto boliviano” El País, 3 de septiembre de 2006.5 Antonio Muñoz Vélez: Latinoamérica y el fantasma populista. Expansión.com 18 de mayo de 20066 www.observatoriorsc.org7 El 52% del total de las exportaciones de la Comunidad Andina consiste en productos generadores de energía, tales como el petróleo, el carbón y el gas.8 “El Estado es una forma social que no va a desaparecer mientras no desaparezca el capitalismo” Entrevista a Andrés Barreda por el equipo de OMAL (Observatorio de las Multinacionales en América Latina). Boletín OMAL No 10. www.omal.info 9 En América Latina Endesa es la principal empresa multinacional de electricidad del sector privado, opera en 13 países, y realiza actividades en la región desde principios de la década de 1990. Iberdrola tiene inversiones en cinco y el Grupo Unión Fenosa está presente con operaciones en 14. Los ingresos de estas tres empresas provenientes de América Latina llegan a representar hasta la tercera parte de sus resultados netos (Ganancias netas en 2005 respectivamente: Endesa 3.182 millones de euros, ingresos: 18.229 millones); Iberdrola 1.382 millones; Unión Fenosa 824 millones). Gamesa, Abengoa y Red Eléctrica Española también operan en el sector eléctrico latinoamericano.

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hubieran sufrido multinacionales como Exxon Mobile, Shell, Total, Eni o BP. Este conflicto deja en evidencia la debilidad del Gobierno para defender los intereses de las empresas españolas en el exterior”, manifestó Expansión.10 “El Gobierno debe actuar con firmeza para exigir garantías y seguridad jurídica para las empresas españolas en Latinoamérica”, exigió en su editorial.

Preocupados (también) por los procesos energéticos en Latinoamérica y los balances económicos de las empresas transnacionales los líderes del G8, reunidos en San Petersburgo, aprobaron una declaración en la que fijan una serie de principios sobre mercados de energía “abiertos y transparentes”. ”Los mercados libres, competitivos y abiertos son esenciales para el funcionamiento eficaz del sistema energético mundial”, señala el documento.

Características del mercado energético latinoamericano

Latinoamérica alberga una variedad de recursos energéticos (entre ellos petróleo, gas natural, carbón, sistema fluvial potente, biomasa, etc.) lo que en las últimas décadas despertó diferentes olas de inversiones provenientes de Europa, EEUU y ahora también de Asia –fundamentalmente de China y Japón-. En consecuencia se han producido desastres ecológicos, graves violaciones de los Derechos Humanos y crueles impactos sobre la población.

El consumo de energía primaria de Centro y Suramérica11 aumenta anualmente un 5% (la media mundial es de 4,3%). En el año 2004 se gastaron un total de 483,1 millones de toneladas equivalentes en petróleo (tep)12 correspondientes a crudo (221,7 millones), gas natural (106,2), carbón (18,7), energía nuclear (4,4) y energía hidráulica (132,1). La región importa al año unos 38 millones de toneladas de petróleo y exporta 107 millones, esto es menos de la octava parte de lo que exporta Oriente Medio13, y alberga unas reservas de carbón de 19.893 millones de toneladas. No es tampoco mucho si lo comparamos con Ucrania que solo tiene inscritos 34.153 millones.14 En cambio en la hidráulica (132,1 millones tep) su potencia se acerca a la de Asia-Pacífico (152 millones tep) y supera África (19,8).

A lo largo de la década de 1990 se registraron montos muy elevados de inversión extranjera en el sector de la energía. En su mayoría correspondieron a los pagos realizados por empresas europeas y estadounidenses que adquirieron los activos privatizados por los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. Estos operadores extranjeros se convirtieron en los líderes del sector eléctrico y también de hidrocarburos, con la excepción de Brasil, dónde la presencia estatal seguía aún predominante.15 Los beneficiarios de la privatización han sido –además de las eléctricas- los consultores (empresas de abogados) y los bancos, las constructoras, las empresas de seguros, los fondos de pensiones y otras empresas industriales y comerciales que pudieron invertir en los servicios recién privatizados u ofrecerles préstamos. “Ellos son los que han asesorado los planes de privatización y han ayudado a redactar las leyes desreguladoras”, destaca Sharon Beder.16

Las empresas transnacionales dedicadas al sector han expandido sus esferas de influencia sobre los regímenes legislativos, informativos y sociales, moldeándolos según sus intereses y por encima de la soberanía nacional y los derechos de las comunidades afectadas. La explotación de los recursos significa el despojo de las comunidades campesinas e indígenas de sus propios espacios territoriales de subsistencia, da origen al desempleo estructural, la migración campo-cuidad, la pobreza, la marginación y el etnocidio. Los empleados están sobre-explotados y trabajan en condiciones inestables y de mala calidad donde además está prohibido muchas veces la organización sindical. La falta de una adecuada conservación y restauración de los ecosistemas y bienes ambientales contaminados, degradados o destruidos por parte de las empresas ha dejado, y cada día que pasa está dejando más, una Deuda Ecológica no reconocida.17

10 Expansión.com: Firmeza de España frente a Bolivia. 4 de mayo de 200611 Sin contar con México.12 Excluyendo biomasa.13 Oriente Medio exportaba en el año 2004 unos 853,8 millones de toneladas.14 EEUU: 246.643 millones de toneladas; Australia: 77.500 millones; China: 114.500 millones.15 CEPAL-Naciones Unidas: Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2005.16 Sharon Beder: “El impacto global de las reformas energéticas” en “Más allá del mercado: el futuro de los servicios públicos”. Anuario de servicios públicos 2005\6. TNI / Public Services Internatinal Research Unit (PSIRU), 2006. http://www.tni.org/books/yearb05energy-s.pdf 17 Andy Higginbottom, Christian Ferreyra y Pedro Ramiro: Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe – Informe General del área Recursos Naturales. Viena, 2006.

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Incluso los gobiernos han puesto sus propias Fuerzas de Seguridad al servicio de las empresas, atacando violentamente cualquier protesta social.18 Mediante una alianza entre la empresa inversionista y el Estado anfitrión, se ha creado una cultura de impunidad en la cual todos “los ganadores” se protegen mutuamente. Los megaproyectos energéticos generan conflictos, pero los poderes públicos criminalizan cualquier manifestación que se exprese en contra del interés económico dominante. Está práctica viene acompañado por los fenómenos de corrupción, con objeto de comprar el apoyo de ONGs y la capacidad represora del Gobierno para marginalizar las voces sociales criticas y opuestas a los grandes proyectos.19 Hay varios casos donde empresas europeas, por ejemplo, se han beneficiado de métodos ilegales desplegados contra los opositores a la privatización de la energía. Uno de los casos más sonados, por su irresponsabilidad corporativa, es el de la eléctrica española Unión Fenosa en Colombia20.

En la región centroamericana los países han llevado a cabo procesos de reforma de sus respectivas industrias eléctricas privatizando total o parcialmente las antiguas empresas públicas de generación, transmisión y distribución, donde sobresalen inversiones de Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa. Pero cada vez son más las protestas en contra de la “recolonización española”. En Nicaragua, por ejemplo, en el mes de agosto de 2006, miles de ciudadanos ocuparon la sede del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para exigir la expulsión de Unión Fenosa a la que acusan de prestar un servicio deficiente pero con elevadas tarifas. Desde hace días la población no tenía ni agua potable ni luz eléctrica. El INE anunció que iniciará un juicio de arbitraje contra Unión Fenosa, distribuidora en el país, para pedir la anulación de la concesión por no garantizar el suministro a los usuarios, provocando constantes cortes de energía. 21 “Aunque en Centroamérica las cifras no son tan importantes como las de los gigantes sudamericanos y ya se agotaron las mayores oportunidades que presentaba el mercado emergente de las privatizaciones, se están abriendo nuevas oportunidades para la inversión española. Por un lado, el actual Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC) que está en fase de construcción y donde Endesa juega un papel protagonista, despierta expectativas de fortalecer el mercado regional. Por otro, los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), uno de los mecanismos “flexibles” del Protocolo de Kyoto, empiezan a cobrar importancia en las estrategias de expansión de las empresas españolas de cara a obtener certificados de reducción de emisiones con los que pueden comerciar en el mercado europeo de CO 2, que empezaba a operar a partir de 2005.”22

El timo de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL’s): “nuevas oportunidades para las empresas en Latinoamérica”

"Al poner énfasis sobre la comercialización de derechos de emisiones", critica Enrique Leff, Coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caríbe, Programa de las NNUU para el Medio Ambiente, “el Protocolo de Kyoto ofrece un salvoconducto a los países del Norte, que en vez de reducir sus emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero las compensan transfiriendo sus costos a países que se encuentran por debajo de sus cuotas”23. Y lo que es aun más grave, a través de los MDL’s se introducen cambios en el uso del suelo y formas de cultivo “como por ejemplo la siembra directa, mediante la cual se pretende reducir las emisiones de gases y la aplicación de agroquímicos al tiempo que se implantan cultivos transgénicos, cuyos riesgos ecológicos y para la salud están lejos de poder ser evaluados y en particular cuantificados”, subraya Leff.

18 Zor Ekologiko Batzordea - EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA: El ejercito ecuatoriano al servicio de las petroleras. El estado de emergencia de junio/julio del 2006 www.ekologistakmartxan.org 19 Ídem.20 Tribunal Permanente de los Pueblos: “Violaciones de Unión Fenosa en Centroamérica y Colombia”. Acusación popular en la sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe (Viena, Mayo de 2006). “Se presentan en detalle los conflictos generados por la operación de la empresa española en cada uno de los países de referencia y las acciones ilegales e indebidas perpetradas por Unión Fenosa en Colombia, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que permiten denunciar a esta empresa, y en ocasiones a los Estados, por su responsabilidad directa en la violación de la Constitución y legislación local, violaciones a los derechos humanos, influencia en los regímenes políticos y legislativos, manipulación económica, abuso de posición dominante, desprestigios, calumnias e intimidaciones a los líderes de las comunidades, negligencia, impunidad, complicidad, violación a la legislación laboral y de derechos y acuerdos internacionales.”21 La Voz de Galicia: Nicaragua denuncia a Fenosa por no garantizar el suministro a los usuarios. 18 de agosto de 2006. 22 Mª José Paz, Soraya González y Antonio Sanabria: Centroamérica encendida. Barcelona, Icaria-Paz con Dignidad, 2005.23 Enrique Leff: “La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable” en “Neoliberalismo de guerra y recursos naturales”. OSAL, 2005. http://osal.clacso.org

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Los MDL’s, así como muchos esquemas de comercio de carbono del sector privado, alientan a los países industrializados y a sus corporaciones a financiar o crear sumideros de carbono baratos, tales como las plantaciones industriales de árboles a gran escala en el sur, como una alternativa lucrativa al cumplimiento de la reducción de emisiones en el norte. Y, al otorgar financiación a proyectos del sector privado, se permite que éstos se apropien de bienes ambientales que son sostén de la vida de las comunidades locales, para dedicarlos a nuevos sumideros de carbono para las industrias del norte.24 Estas plantaciones de árboles están provocando fuertes protestas por sus impactos sociales y ambientales negativos. Además no está verificado su contribución a frenar el Cambio Climático. Si los gobiernos no excluyen la opción de obtener “créditos de carbono” a través de las plantaciones industriales aumentarán los conflictos por el uso de la tierra en las zonas cubiertas con “Plantaciones Kyoto”. 25

El Banco Mundial es uno de los promotores más influyentes de este “lavado verde” en nombre del “desarrollo sostenible”. El Gobierno del PSOE colabora sin escrúpulos en este “dumping” del comercio de emisiones ya que “los países empobrecidos venden barato sus servicios ambientales”, como señala Joan Martínez Alier. Madrid acogió en el 2005 la primera reunión internacional de Autoridades Nacionales Designadas para los MDL’s.26 En el encuentro, se dio a conocer a las empresas españolas las “oportunidades de negocio” que se derivan de las distintas iniciativas puestas en marcha por la Administración española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto. Destacan la creación de un Fondo Español de Carbono en el Banco Mundial, con una aportación de 170 millones de Euros para la obtención de 34 millones de CO2, la creación de la Iniciativa Iberoamericana de Carbono en la Corporación Andina de Fomento, con una aportación de 47 millones de Euros para la obtención de 9 millones de toneladas de CO2

y la firma de quince acuerdos bilaterales de cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Marruecos, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Una vez más se legitimó la transferencia de dinero público a las empresas privadas, bajo la hipócrita excusa de “apoyar el crecimiento sostenible en los países en desarrollo a través de la transferencia de tecnologías limpias”.

Apuesta del Banco Mundial por el carbón y las grandes hidroeléctricas

Teniendo en cuenta que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se han subido al tren de la desregulación y la privatización del sector energético, como secuela directa de las dictaduras militares y/o por las políticas impuestas del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), es elemental subrayar el papel de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en los lineamientos de los préstamos privados y públicos para el sector. Grupos ecologistas y ONGs han criticado duramente, por ejemplo, el reciente documento del BM sobre “Energía limpia y desarrollo: hacía un marco de inversiones” por su perversa definición de “energías limpias”, sin comprometer a los países contaminantes del Norte de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y pasando por alto las necesidades de la población pobre en el medio rural.

El BM incluye en sus prioridades financieras, tecnologías de carbón no probadas, la energía nuclear y grandes hidroeléctricas como soluciones al calentamiento global. Apuesta por las grandes centrales, conectadas entre si a través de las autopistas eléctricas a grandes distancias, ignorando el hecho que 1.600 millones de personas en el mundo no están conectadas a las redes. Escasa prioridad, en cambio, le asigna a las fuentes descentralizadas y renovables (eólica, mini-hidráulica, solar, biogás, etc.) que podrían ser –además de frenar al Cambio Climático – soluciones de bajo coste. “No creo que haya que disculparse por decir que se puede utilizar el carbón transformándole para ser ambientalmente beneficioso”, dice el científico jefe del BM Robert Watson. Según el Institute for Policy Studies en Washington los proyectos de petróleo, gas y carbón financiados por el BM desde 1992 emitirán durante su funcionamiento un total de 43 billones de toneladas de CO2.27

No extraña pues que los ejecutores de los grandes proyectos energéticos latinoamericanos en marcha ignoran el debate global entorno al Cambio Climático si los organismos financieros apuestan por las energías más contaminantes y problemáticas. “Los gobiernos, las agencias de crédito a la exportación, las

24 Declaración de Durban sobre el Comercio de Carbono. 10 de octubre de 2004. Durban, Sudáfrica25 Para más información ver: Jutta Kill: Sinks in the Kyoto Protocol. A Dirty Deal for Forests, Forest Peoples and the Climate. FERN, Bruselas, 2001. www.fern.org26 Fundación Entorno: Madrid acoge la primera reunión internacional de Autoridades Nacionales Designadas para el MDL del Protocolo de Kioto. Madrid, 18 de octubre de 2005. 27 Bretton Woods update: “Cleaning” energy: ambiguous framework proposes coal and large hydro. www.brettonwoodsproject.org

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corporaciones y las instituciones financieras internacionales siguen apoyando y financiando la exploración y extracción de combustibles fósiles y otras actividades que incrementan el calentamiento global, como la degradación y destrucción a gran escala de bosques, mientras dedican sumas irrisorias a la energía renovable. Resulta particularmente perturbador que el Banco Mundial haya desafiado recientemente la recomendación de su propia Revisión de Industrias Extractivas, que demanda la eliminación progresiva del financiamiento del Banco a la extracción de carbón, petróleo y gas.”28

Además en 2005 se destinaron 60% de los fondos del Banco para “energías renovables y eficiencia energética” a cinco proyectos de grandes hidroeléctricas. Una constante en las políticas energéticas del BM en Latinoamérica donde ya existen 979 grandes represas de las cuales más del 60% están en Brasil. 29 Los impactos de la instalación de grandes represas y redes eléctricas han significado en la mayoría de los casos altos costes ambientales, sociales y culturales, que son asumidos exclusivamente por la población local y los ecosistemas. Según el CIEPAC30, existen planes de al menos 340 nuevas represas en Mesoamérica. En la III. Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar), celebrada en octubre de 2005 en Cubulco, Guatemala los más de 400 delegados y delegadas provenientes de 25 países y de 112 organizaciones señalaron al BM, FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras, como responsables de la violación a los derechos humanos y las privatizaciones en todo el continente. Pero dejaron constancia de que “habrá más resistencia”. El gran reto para Redlar es –comenta Gustavo Castro Soto del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, “liberar a Chile de 40 grandes pantanos y otros 15 proyectos de los cuales cuatro de ellos se pretenden construir en la Patagonia [por Endesa31], oponerse a 494 pantanos en Brasil, y evitar la expulsión de otro millón de brasileños de sus tierras, resistir a 95 proyectos en Panamá, 45 proyectos en Honduras, y 45 proyectos en México”32.

La energía eléctrica generada en este rebaño de hidroeléctricas será distribuida a través del Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC) y Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) con el fin de interconectar todo el sistema eléctrico en una sola red, con una sola Ley para la región, y con el financiamiento de los Bancos Nacionales de Desarrollo y los IFI’s, pero gestionado y explotado económicamente por las empresas transnacionales. Estos proyectos agudizarán la deuda externa de los países ya muy empobrecidos. La desregulación está abriendo la puerta a la privatización de todo el sector energético, el agua, las infraestructuras y los Servicios Públicos ligados.

En los países latinoamericanos, uno de los principales argumentos en favor de la privatización del sector eléctrico y de los hidrocarburos señala que, con ella, se conseguiría capital extranjero para crear unas infraestructuras eléctricas “muy necesitadas”. En muchos países, los Programas de Ajuste Estructural del FMI obligaban a los Gobiernos a recortar el gasto público a cambio de “renegociar” el pago de la Deuda Externa (ilegítima). Esta falta de presupuestos públicos, combinada con la electricidad subvencionada para los muy pobres, suponía el endeudamiento de las empresas eléctricas públicas. Las inversiones extranjeras en los 90, sin embargo, no se han traducido en el progreso de las instalaciones o el mejor acceso de la población rural. Las empresas eléctricas extranjeras han adquirido empresas estatales ya existentes a precios de saldo, han despedido personal, han incrementado los precios y han enviado los beneficios a sus países de origen en lugar de invertir en puestos de trabajo, acceso gratuito de la población más necesitada, eficiencia energética o energías alternativas.

La deuda externa de Brasil, por ejemplo, aumentó al mismo ritmo que el capital extranjero invertido en el país. Los inversores extranjeros, que estaban lo bastante entusiasmados como para adquirir centrales eléctricas existentes y libres de deudas que les permitirían rentabilizar las inversiones rápidamente, no estaban tan dispuestos a invertir en ampliar la capacidad productiva, a pesar del incentivo que suponían las elevadas tarifas eléctricas. Así, exigieron que el 70% de los nuevos proyectos estuviera financiado por el Banco de Desarrollo del Brasil; que el precio del gas, que preferían como fuente de electricidad, estuviera garantizado para el futuro mediante contratos a largo plazo; y que el Gobierno brasileño se hiciera cargo de

28 Declaración de Durban sobre el Comercio de Carbono. 10 de octubre de 2004. Durban, Sudáfrica29 Solo en Brasil, más de 2.000 represas, la mayoría hidroeléctricas, han desplazado a 1 millón de habitantes, mientras 20 millones viven sin luz eléctrica, y las que sí la tienen pagan 10 veces más que las industrias extranjeras.30 Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción http://www.ciepac.org31 Más información en: www.quiendebeaquien.org 32 Gustavo Castro Soto: América Latina se niega ser presa de represas, empresas. Biodiversidad en América Latina, 2006. http://www.biodiversidadla.org

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las pérdidas que generaría una caída del valor de la moneda brasileña con respecto al dólar estadounidense.33

El Banco Europeo de Inversiones hecha más gasolina al fuego

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) son otros dos organismos que han apostado fuertemente por los megaproyectos energéticos insostenibles.34 Ambos bancos firmaron un acuerdo de cooperación, particularmente mediante el respaldo de estrategias regionales de integración como el PPP e IIRSA. También “podrían promover asociaciones publico-privadas y facilitar la inversión extranjera directa en la región”, informó Business News Americas.35

Tal y como denuncia la investigación “El BEI en el Sur, ¿en interés de quién?”, el banco se ha convertido en una “institución guiada por los intereses, la demanda y las necesidades de sus clientes, las empresas europeas, financiando únicamente proyectos con rendimientos económicos altos y garantizados”. Más del 90% de los préstamos del BEI en América Latina desde 1993 han sido otorgados a empresas transnacionales europeas o sus subsidiarias en los países receptores. Repsol-YPF, Gas de France, British Gas y Shell recibieron fondos públicos para invertir en el sector energético de petróleo y gas, el sector que acumuló el 25% de los créditos del BEI entre 1994 y 2004.

En 1998 el BEI adjudicó a la Transportadora Brasileira Gasoduto, un consorcio formado por Petrobras, Enron y Shell, un crédito de €55 millones para financiar el gaseoducto Bolivia-Brasil con más de 3000 Km. de longitud. La instalación - una de las mayores inversiones privadas en América Latina - cruza varios lugares de altísimo valor ecológico. Como el Gran Chaco en Bolivia, un área protegida de bosque tropical primario y seco; el Pantanal, el humedal más grande del mundo y el bosque lluvioso de Mata Atlántica en el Sureste de Brasil.36

En la cumbre UE-América Latina-Caribe (Viena 2006) se lanzó una nueva Facilidad Financiera y un Fondo de Solidaridad Bi-Regional en América Latina, gestionados por el BEI en el marco de los acuerdos de libre comercio entre la UE y América Latina. El primero de los instrumentos tiene como objetivo la interconexión de infraestructuras y proyectos energéticos en América Latina y el Caribe como el Plan Puebla Panamá (PPP) y el plan de Integración de Infraestructuras Regionales en Sur América (IIRSA). “Estos planes incluyen proyectos muy controvertidos, con impactos ambientales y sociales altamente negativos, a la vez que implican la violación de derechos humanos y de los pueblos indígenas y no aportan nada en la lucha contra la pobreza”, subraya Iolanda Fresnillo del Observatorio de la Deuda.37

El paradigma de la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia

A inicios de la presente década se desencadenó una profunda crisis energética que obligó a casi todas las empresas localizadas en la región a modificar sus estrategias de expansión. El desarrollo del sector se truncó debido los límites de la globalización. El caso de Bolivia es muy ejemplar. Mónica Vargas del Observatorio de la Deuda en la Globalización señala que “el cambio en la política estatal de gestión del gas y del petróleo asumido por el nuevo gobierno boliviano no constituye una medida aislada o una promesa electoral de corte populista, sino más bien el resultado de un proceso social, cultural y político vinculado con la crisis de corto y largo aliento, en el marco de las cuales se construye y desarrolla la democracia boliviana “desde abajo” 38. Por un lado la crisis del modelo neoliberal y del sistema de creencias asociado, sustentado en “el dogma del papel modernizante de la inversión extranjera y la libre empresa, en la reducción del ideal democrático a los contubernios de los pactos partidarios, en la apertura de mercados y la flexibilización laboral como modos de despegue económico”39. Por el otro lado la crisis del Estado-Nación.

33 C. Benjamín: “The Reason for the Energy Crisis in Brazil”, conferencia presentada en la III. Conferencia Regional Energética de la ICEM, Río de Janeiro, 10-13 de septiembre de 2001.34 De los préstamos del BID de 1961 hasta 2002 el 51% iban destinados a proyectos energéticos de los que 33% de realizaron en Brasil.35 “BID y BEI firman memorando de entendimiento de cooperacion” en Business News Americas del 14 de Diciembre de 2004.36 Jaroslava Colajacomo: “El Banco Europeo de Inversiones en el Sur ¿en el interés de quién?” Friends of the Earth International, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, World Economy, Ecology and Development y CEE Bankwatch, 2006. http://www.foei.org/esp/publications/pdfs/eibenelsur.pdf 37 Iolanda Fresnillo: ¿Un Banco Mundial Europeo? Observatorio de la Deuda en la Globalización, 2006. www.debtwatch.org 38 Mónica Vargas: Detrás del árbol, se esconde el bosque. ODG, 2006. www.debtwatch.org 39 Álvaro García Linera: “La crisis boliviana en el contexto regional”, en: Fobomade, Geopolítica de los recursos naturales y acuerdos comerciales en Sudamérica. La Paz, 2005.

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Claudio Katz aprecia que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia “marca una significativa ruptura con las privatizaciones de los 90. Pero el alcance de esta medida es aún incierto y su futuro dependerá del destino asignado a la nueva renta estatal”. Si los fondos públicos se destinan a favorecer a los grupos capitalistas, advierte Katz, se reproducirán “todos los vicios del estatismo petrolero que se han verificado desde México hasta Kuwait”. “Por el contrario, si los fondos se canalizan hacia el incremento de los salarios, el inicio de la reforma agraria, la financiación de los pequeños agricultores, la creación de empleo y el sostenimiento de la obra pública podrían sostener una redistribución de los ingresos favorable a la mayoría de la población. Solo la presencia, control e intervención directa de los movimientos sociales en la administración de los nuevos fondos permitiría asegurar su utilización en beneficio de la población”, sentencia. Al tiempo indica que “la medida que adoptó el gobierno de Morales presenta aristas más problemáticas. Por un lado, está en juego la re-estatalización general de los recursos que habían sido transferidos a las empresas privadas y no sólo una renegociación puntual de contratos. Por otra parte, Bolivia detenta riquezas de gas de gran incidencia regional. La nacionalización es una medida impactante que constituye el punto de partida de un giro más radical si se extiende al conjunto de América Latina”.40

En este contexto es inadmisible que la Coordinadora de ONG’s de España diga en un comunicado que “respeta la preocupación de las empresas españolas ubicadas en Bolivia y entiende que el Gobierno trate de negociar las medidas más adecuadas a sus intereses”.41

“El Decreto que nacionaliza los hidrocarburos no es una nacionalización en el sentido estricto”, piensa el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), y el Estado no llega a tener el monopolio sobre los recursos hidrocarburíferos, cosa demandada por los sectores movilizados en torno a la nacionalización. “Pero no deja de ser una medida significativa que incluye avances importantes respecto de la problemática de los hidrocarburos en el país”. Piden “no bajar la guardia” y a enfrentar las presiones de las empresas transnacionales. “Seríamos ingenuos si esperáramos que sus intereses correspondan a los de obtener ganancias razonables. Dejarían de ser transnacionales si así fuera”42.

Brasil: ¿el poder hegemónico en Latinoamérica?

“Si un país tan pobre y saqueado como Bolivia puede iniciar esta acción, ¿qué impide a las grandes naciones de Sudamérica recuperar el manejo efectivo del petróleo y el gas?”, se pregunta Claudio Katz. “Los principales gobiernos de la región toleran una escandalosa gestión de los hidrocarburos que nutre los bolsillos de los grandes capitalistas.” Así en México la empresa estatal PEMEX financia la “alianza dominante de burócratas y monopolistas” mientras la pobreza afecta al 50% de la población. En Brasil la compañía PETROBRAS se presenta como una empresa estatal, mientras el 60% de su accionario “está controlado por fondos de inversión que cotizan en las Bolsas internacionales”. Katz dice que al igual que Repsol, PETROBRAS conoce la magnitud de las reservas de gas bolivianas y no tiene ninguna intención de retirarse del país. Ambas empresas prefieren perder una tajada de la renta, antes que renunciar a las ganancias que obtendrían con la explotación de los yacimientos del Altiplano.

“Los sucesivos gobiernos brasileños estuvieron de acuerdo con el capital mundial y con la abertura de los mercados”, explica Jean-Pierre Leroy, coordinador del Proyecto Brasil Sustentable e Democrático. Según Guido Mantega, presidente del banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES), “el actual gobierno reconoce que la globalización de la economía es irreversible, y pretende participar de ese proceso como protagonista y no como coadyuvante”.43 De allí resultan el impulso al MERCOSUR y del IIRSA, la aproximación con la Comunidad Andina, China, India y África del Sur, profundizando un modelo primario-exportador. Es innegable, expone Guilherme Carvalho, que Brasil se posiciona de modo que su liderazgo en el proceso de integración regional esté garantizado.44 Por la disminución de las reservas de

40 Claudio Katz: “El torbellino de la integración” en “El rediseño de América Latina”. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2006.41 “La Coordinadora hace un llamamiento para que no se supedite la lucha contra la pobreza a los intereses comerciales”. Nota de prensa de la CONGDE del 9 de mayo de 2006. www.congde.org 42 CEDIB: “En el marco de la Ley 3058 se “nacionalizan” los hidrocarburos en Bolivia” Cochabamba, 2006. www.cedib.org 43 El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil fue instruido bajo el Gobierno de Lula a financiar grandes proyectos de infraestructura en Sudamérica, entre otros grandes hidroeléctricas en Ecuador y Venezuela.44 Guilherme Carvalho: A Integração Sul-Americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação da IIRSA. FASE, 2004.

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petróleo en el continente Brasil “busca la diversificación de su matriz energética, en particular con la producción creciente de biomasa, y acciona una política ofensiva de Petrobras en la región”, detalla Leroy45.

Petrobras invierte en una carrera para conseguir el máximo posible de yacimientos y diversificar sus actividades. Ha anunciado que construirá nuevas plantas para importar 20 millones de metros cúbicos diarios de Gas Natural Licuado (GNL). El director de Gas y Energía de Petrobras, Ildo Sauer, pronostica inversiones propias como en asociación con terceros por valor de 17.300 millones de euros entre los años 2007 y 2011. En la actualidad, Bolivia abastece más de la mitad del mercado brasileño de gas natural, con 30 millones de metros cúbicos por día. “Si tenemos en cuenta las estimaciones de Petrobras para 2011, la demanda interna de gas estimada por la compañía para 2011 será de unos 121 millones de metros cúbicos por día, frente a los 45,5 millones de metros cúbicos que se demandan en la actualidad”, desarrolla Sauer.De esa oferta total, hasta 30 millones de metros cúbicos seguirán proviniendo de Bolivia, 20 millones será GNL importado y 71 millones será producido por Petrobras dentro de Brasil. En el exterior Petrobras desarrolla proyectos de producción de gas natural en Venezuela, en el Golfo de México, Angola y Nigeria, por lo que en los próximos años podría disponer de volúmenes propios de GNL para colocarlos en Brasil o en terceros países.

La actuación de Petrobras la reduce a una vulgar transnacional para quien todos los comportamientos son válidos. Su intervención en Ecuador, por ejemplo, significa que organizaciones sindicales sean víctimas de represión, su destrucción de ecosistemas es irreversible, comunidades indígenas ven que sus denuncias no cambian nada en la práctica, las poblaciones locales no son consultadas, la desinformación es general. “Los accidentes que están ocurriendo”, cuenta el director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Argemiro Pertence, “son resultado de una política desfrenada para alcanzar la autosuficiencia cueste lo que cueste”, al mismo tiempo que 22.000 profesionales formados por la empresa fueron mandados a sus casas y sustituidos por servicios subcontratos, “sin la misma preparación ni especialización”.

Hay que recordar también que en medio de la manifestación de miles de personas contra la cumbre de la OMC en Hong Kong en diciembre de 2005, el G90 (los países más empobrecidos con ningún poder real en la OMC) junto con los países como Venezuela y Cuba intentaron preservar acuerdos comerciales menos rígidos, pero fueron frustrados por Brasil y la India que se unieron a EEUU y la UE. "India y Brasil han conducido a los países del Sur al engaño a cambio de un acceso a los mercados agrícolas para Brasil y el de servicios de contratación externa (outsourcing) para la India", señaló Walden Bello de Focus on the Global South. Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, destacaba de la cumbre de Hong Kong que “altamente significativo” era “la admisión paradigmática de los gobiernos de Brasil e India al exclusivo club de Estados Unidos, Unión Europea, Japón y unos pocos gobiernos más. Para algunos medios masivos, el nuevo papel de Brasil e India representó un triunfo para los países del sur. Lamentablemente, esta visión es resultado de pensar que en los circos romanos los cristianos tenían oportunidades frente a los leones, o que invitar a un par de plebeyos a aplaudir la matanza desde el palco imperial cambiaría el resultado.” Ella resalta que al 2004, las 200 empresas mayores del mundo, con sede en los países de la UE y EEUU, controlaban 29 por ciento de la actividad económica del planeta.Contradicciones de los planes energéticos de Venezuela

Para entender mejor lo que acontece en el sector de energía en Latinoamérica necesariamente se tiene que analizar los procesos de integración regional, los tratados de libre comercio y las rupturas políticas de alianzas. Venezuela se retira de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y entra en el MERCOSUR. Chile, Perú, Colombia y México, aliados de EEUU, despliegan tratados bilaterales de libre comercio, seguidos por Centroamérica y posiblemente Uruguay que también está coqueteando con Washington. Colombia entra a formar parte del PPP. Por el otro lado está el Tratado de Comercio de los Pueblos entre Bolivia, Cuba y Venezuela.

Sumada Venezuela al MERCOSUR, los presidentes de los países del bloque celebraron la incorporación de Bolivia, Paraguay y Uruguay a un proyecto de interconexión gasífera que arrancaría a lo largo de América del Sur. La iniciativa venezolana del Gran Gasoducto del Sur, que recorrerá unos 8.000 kilómetros desde la cuenca del mar Caribe hasta el Río de la Plata, había sido pactada con Argentina y Brasil. Atravesando áreas tan ecológicamente delicadas e importantes como los humedales orientales y, la declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad, Gran Sabana en Venezuela así como el corazón del Amazonas en Brasil; con el fin de abastecer de gas venezolano a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El costo

45 Jean-Pierre Leroy: Introducción a la publicación “Petrobras fuera del Parque Nacional Yasuní”, Proyecto Brasil Sustentable e Democrático / FASE, 2006.

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del proyecto ha sido cifrado en unos 20.000 millones de dólares. Lo que permitiría erigir una obra "a la par" del hoy también controvertido gasoducto Rusia-Europa hasta ahora el más grande del mundo.

Según la Red Alerta Petrolera46 el Gobierno de Hugo Chávez ha emprendido varios mega-proyectos en materia de hidrocarburos, con el concurso de un diverso y nutrido conjunto de ávidas empresas petroleras transnacionales que incluyen desde la Chevron-Texaco y Repsol YPF47 hasta Petrochina y Petrobras. Pretenden ejecutar una masiva extracción petrolera y gasífera prácticamente en todo el territorio nacional, en tierra y mar, y también de construcción de nuevas refinerías e instalaciones petroquímicas, oleoductos y gasoductos a lo largo y ancho del país, con el sueño de convertir a Venezuela en "la primera potencia de petróleo y gas del mundo".

“El Plan de atravesar el Amazonas ya debería encender todas las alarmas de la gente preocupada por el medio ambiente y ese vital simiente-pulmón de la vida en el planeta que es la selva tropical amazónica”, se pronuncia Oilwatch en un comunicado. “La zona ya ha tenido una trágica experiencia con la industria gasífera y el tristemente célebre gasoducto Camisea, que se ha propuesto llevar gas amazónico hasta el pacífico peruano. La mencionada tubería, obra también de considerables proporciones, en su relativa corta vida ya ha tenido cuatro grandes derrames de gas liquido, los cuales han causado tantos perjuicios al ambiente y a los pobladores aborígenes, catalogada como uno de los peores desastres ambientales que ha habido en todo el Amazonas y uno de los mayores del mundo.”48

Cabe aquí la reflexión si el proyecto de la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA)49 puede basarse fundamentalmente en los recursos energéticos de Venezuela. Ya que el proyecto “más decisivo de la ALBA es una red de oleoductos en el espacio geográfico del Caribe (Petrocaribe) y latinoamericano (Petrosur)”, según Elmar Altvater50. El empujón de la ALBA con la adhesión de Bolivia “tiene que ver con el aumento del precio de petróleo desde hace dos años”, dice Enrique Dussel, de la Universidad Autónoma de México. Pero si bajan los precios o se consuman las reservas de Venezuela, “sería bastante cuestionable si se mantiene este modelo de integración”, considera Dussel.51 O dicho de otro modo por Mónica Vargas para el caso Bolivia: “Convertirse en uno de los más importantes países exportadores de gas en el continente, no suena tan ilusorio en vistas del próximo cambio de matriz energética a nivel mundial”.52

“Más importantes que los límites de las reservas de petróleo (“peakoil”), son las condiciones ecológicas y sociales de su extracción y transporte, sobre todo en regiones ecológicamente tan frágiles como las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata”, añade Altvater.

Chávez, no cesa en su frenética política exterior con visitas a países productores y importadores de crudo. Pero indignan ciertas imágenes de abrazos y sonrisas con los jefes de Estado en Moscú, Teherán y Kiev. Todos ellos denunciados por los movimientos sociales de estos países por constituir dictaduras, terrorismo de estado e impunidad por graves violaciones de los Derechos Humanos. Además de Kuala Lumpur, Malí y Luanda, Chávez también viajó recientemente a China que visitó por cuarta vez en busca de inversiones y acuerdos sobre la exportación de crudo.

“Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, tiene mucho que ofrecer a China, que es ya su segundo importador después de EEUU”, analiza Xulio Ríos del IGADI. “La colaboración en ese ámbito va viento en popa y no sólo en el petróleo o el gas.” China opera ya en los campos petrolíferos venezolanos y busca desarrollar industrias auxiliares (perforadoras) o la industria petroquímica, añade Ríos, mientras amplía sus

46 "El Plan Estratégico de la nueva PDVSA: Un nuevo Salto al Abismo" www.amigransa.blogia.com47 Repsol YPF ha obtenido la licencia de Venezuela para explotar un nuevo bloque petrolero de 500 kilómetros cuadrados. La Faja Petrolífera del Orinoco, en el Sur-Este del país, es la principal reserva de crudo pesado y extrapesado del mundo y está considerada como uno de los mayores yacimientos del planeta. En la actualidad, según Europa Press, Repsol YPF produce 220.000 barriles equivalentes de petróleo (bep) al día en el área del Caribe, de los que 100.000 provienen de los bloques Quiriquire, Mene Grande, Quiamare-La Ceiba y Guárico Occidental en Venezuela, y los restantes 120.000 de sus bloques de gas y petróleo en Trinidad y Tobago. La compañía posee en Venezuela derechos mineros sobre siete bloques, uno de exploración, con una superficie neta total de 1.970 kilómetros cuadrados, y seis de explotación, con una superficie neta total de unos 5.902 kilómetros cuadrados.48 Red Alerta Petrolera Orinoco-Oilwatch: "El proyecto del gigante gasoducto" en El Libertario. Edición 46. www.nodo50.org/ellibertario 49 ALBA abarca además de la integración económica y de infraestructuras hidrocarburíferas líneas de ferrocarriles y carreteras, una cooperación más intensa en materia de salud y educación, la reforma agraria, la protección de los recursos, la igualdad de genero, la promoción de la población indígena, el movimiento sindical, la defensa ante las catástrofes naturales, colaboración de militares, medios de comunicación comunes (tipo Telesur), etc.50 Elmar Altvater: Una visión crítica de la integración petrolera latinoamericana. Sin Permiso, 2006. http://www.sinpermiso.info51 “Sin petróleo no hay ALBA” Entrevista con Enrique Dussel en la revista Jungle World. www.jungle-world.com 52 Mónica Vargas: Detrás del árbol, se esconde el bosque. ODG, 2006. www.debtwatch.org

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importaciones de orimulsión (combustible fósil no convencional y altamente energético) y prevé la construcción de una nueva planta destinada a su producción.53

En este sentido no parece de todo acertado cuando Altvater explica que “el sistema de oleoductos planeado por Petrocaribe y Petrosur no va a terminar en puertos marinos para ser cargado en tanques el petróleo que ha de suministrarse a los países industrializados, sino que su destino será una alianza regional de la propia América Latina”. El aumento del precio del petróleo permitiría -resalta- “financiar proyectos capaces de promover el bienestar de las naciones implicadas, precisamente en la medida en que se apartan del principio del libre comercio”. Lo último es cierto, ¿pero realmente es tan diferente exportar barriles a China y firmar acuerdos comerciales con Rusia que el envío de petróleo a EEUU, destino actual del 60% de las exportaciones venezolanos de crudo?

Más preocupante aún es la política exterior venezolana con el vecino Colombia. Un país en guerra, con más de tres millones de desplazados y con un Gobierno que está legalizando el paramilitarismo. Un estado dónde se violan sistemáticamente los derechos Humanos (torturas, asesinatos, allanamientos, desapariciones, detenciones arbitrarias, masacres, amenazas, etc.) y donde se registraron entre 1988 y 2003 casi 15.000 crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, la policía y sus aliados paramilitares.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe Veléz representa el papel de “mejor”aliado de EEUU en Sudamérica.54 Y emplea el Terrorismo de Estado contra la población civil y fundamentalmente contra los movimientos sociales y las comunidades que se resisten a la profundización del modelo neoliberal (privatizaciones, megaproyectos, TLC con EEUU, expolio de los recursos, monocultivos para la exportación). A pesar de todo ello, Caracas pone en marcha varios proyectos de cooperación económica con Bogotá. Lo que refleja una práctica política que viola el espíritu de los principios bolivarianos del Gobierno, los esfuerzos de los movimientos de resistencia a favor de una Latinoamérica justa y la propia Constitución de Venezuela.

En Maracaibo, Uribe y Chávez, con la presencia del presidente panameño Martín Torrijos inauguraron la construcción del gasoducto entre ambos países. Proyecto enmarcado en la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central). Según la agencia IPS Venezuela tiene una producción de gas cercana a la de su consumo, y para ciudades y refinerías de su occidente prevé importar el fluido desde Colombia durante el próximo quinquenio, en tanto desarrolla nuevos proyectos y exploraciones en la plataforma atlántica frente al delta del río Orinoco y entre su litoral sobre el Caribe. El Gobierno venezolano manifestó que se presentará asimismo un informe sobre la posibilidad de construir un poliducto y oleoducto que iría de Cabrutas a Tumaco (costa pacífica colombiana). Este proyecto contempla –aclara la Agencia Bolivariana de Noticias- el traslado de combustible desde Cabruta hasta el sur de Colombia y el norte de Ecuador, así como el Pacífico, lo cual permitiría a Venezuela relacionarse con Asia.

A lado y lado de la frontera -como denuncia la ONG colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- indígenas como el pueblo originario Wayúu, mestizos y afro descendientes fueron sorprendidos por los efectos del pragmatismo político que anuncia vientos del “progreso”, cimentados “sobre la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad, en la negación del Derecho a la existencia, a la supervivencia y la destrucción ambiental”.

La simbólica presencia del presidente panameño, dejó entrever lo que ya se venía afirmando reiteradamente, el gasoducto es el comienzo de otras obras de infraestructura energética, que se proyectan a medio plazo uniendo Venezuela -a través de Colombia- con Centroamérica, con un gasoducto hacia Panamá (que se conectará con los gasoductos proyectados en el PPP hasta las redes de EEUU) y de la interconexión eléctrica con Panamá (en el marco del SIEPAC).

Uribe participó luego en la Cumbre del Plan Puebla-Panamá, “con dos negocios entre manos: venta de gas e interconexión de energía”, según el periódico El Tiempo. Para llevar la energía eléctrica hasta Panamá se

53 Xulio Ríos: Chávez y China. La Insignia. China, agosto de 2006. www.lainsignia.org 54 C. Katz (2006): “Bush aprovecha las alianzas militares y la estrecha ligazón política con ciertos gobiernos de la región para ensayar la contraofensiva de los TLCs y abrir un curso de reconstrucción parcial del ALCA. En esta estrategia Colombia ocupa un papel central. La reelección de Uribe en un contexto de gran abstención fue precedida por la ratificación del acuerdo bilateral con Estados Unidos. El país soporta una situación de ocupación bélica, guerra permanente, refugiados y secuestros más parecida al escenario de Medio Oriente que a la realidad actual de Latinoamérica.”

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construirá una red de 614 kilómetros, con una inversión cercana a los 220 millones de dólares, inversión que sería recuperada en dos años. Atravesaría el Tapón del Darién que abarca 1.2 millones de hectáreas de áreas silvestres vírgenes y el Bajo Atrato (Chocó y Urabá) con zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad única en el mundo. La región colombiana está expuesta a la deforestación, a la sobreexplotación de sus recursos naturales y a la paramilitarización que ha causado cientos de víctimas asesinadas, torturadas, violadas, desaparecidas y desplazadas desde 1997.55 Colombia también suministrará 27 millones de pies cúbicos de gas, diarios, en barcazas, a partir del primer bimestre del 2007. Ese transporte se hará posteriormente a través del gasoducto que construirá fundamentalmente Venezuela.

Contento con el anuncio de que Colombia había sido aceptado como miembro del PPP, fue la empresa colombiana ISA (Interconección Eléctrica S.A )56 que participa en la Empresa Propietaria de la Red del SIEPAC. La construcción de esta mega-línea de transmisión eléctrica de 1.830 kilómetros de longitud – financiados por el BID y con fondos de la cooperación española que por ley, deberían haber sido orientados a la lucha contra la pobreza57- comenzó en julio del 2006 en Panamá. Sus costes serán revertidos sobre los usuarios y sus impactos socio-ambientales enormes, afectando a Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, así como desviando y represando ríos con la construcción de hidroeléctricas. Las obras de los tramos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá estarán a cargo de Instalaciones Inabensa, filial de la firma española Abengoa.58 Los prestamos asumidos por los Estados partícipes del proyecto –que beneficiará a un puñado de empresas privadas- incrementarán la Deuda Externa. La misma que fustigó las poblaciones de Centroamérica a una pobreza estructural. Por lo que no pueden ver cubiertas sus necesidades más básicas, como es el acceso a la alimentación, educación, sanidad, al agua potable y a recursos energéticos.59

En 39 meses que lleva funcionando el mecanismo de las Transacciones Internacionales de Electricidad entre Colombia y Ecuador, este negocio le ha representado al sector eléctrico colombiano recursos por 415,7 millones de dólares. En Ecuador ya hay serios reparos porque a juicio de sus autoridades, el precio de la electricidad que Colombia le vende a Ecuador es elevado.

Pero los mandatarios vecinos desconocen, como advierte la ONG Justicia y Paz, “que en Colombia los territorios sobre los que se proyectan todas estas obras, o están desolados y repoblados en desarrollo de estrategias paramilitares, o se han desarrollado contrarreformas agrarias o se ejercen controles políticos, sociales, militares basados en la destrucción de vidas humanas, en la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad y en la apropiación ilegal de tierras”60. Cuentan que desde hace años, por ejemplo, los indígenas Wayuú en La Guajirá y los Uiwas han sido víctimas de una violencia inusitada contra sus comunidades.

Coinciden los lugares donde la violencia del Estado se ha venido desarrollando con el trayecto del gasoducto y de los demás proyectos energéticos. “La geografía del terror es coincidente con la geografía económica”, alerta Justicia y Paz. Y preguntan a los mandatarios de Venezuela y de Panamá: “¿Quién investigará y sacará a la luz la relación entre las violaciones sistemáticas a los derechos que han sucedido y suceden en Colombia a través de estrategias militares y paramilitares, y el desalojo de pueblos indígenas y afrocolombianos y campesinos mestizos desde Guajirá hasta el Pacífico, y que coincide con el desarrollo de estos proyectos? ¿En que medida estos proyectos impulsados por el gobierno de Uribe Vélez dentro del Plan Puebla-Panamá, son los responsables, entre otros, de la persecución sistemática que desde hace años

55 www.justiciaypazcolombia.org 56 ISA, es una de las empresas colombianas que le está sacando enormes beneficios a la integración energética que se está viviendo en la región. Compró la Companhia de Transmissão de Energia Paulista, en Brasil, por 534 millones de dólares. Con la nueva adquisición, el Grupo ISA sumará unos 29.000 kilómetros de redes en el continente convirtiéndose en la mayor de su tipo. Con la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), llegó a un acuerdo con Hydro Québec de Canadá para la adquisición, por 67 millones de dólares, del 57% que la empresa canadiense posee en el Consorcio TransMantaro S.A., empresa ransportadora de energía ubicada en el Perú.57 El BID está financiando el proyecto con 170 millones de dólares en préstamos para los seis países participantes en SIEPAC. España, a través del Fondo Quinto Centenario administrado por el BID, ha aportado otros 70 millones de dólares a cambio que Endesa administrará la empresa gestora del SIEPAC.58 “Comienza en Panamá construcción de línea de transmisión eléctrica centroamericana SIEPAC”. Banco Interamericano de Desarrollo. Comunicado de prensa del 11 julio, 200659 La región más endeudada con el Estado español sigue siendo, históricamente lo ha sido, América Latina, que supone una tercera parte, el 34 %, en cifras absolutas son unos 3.400 millones de euros. Sin embargo las políticas de gestión de la deuda externa siguen siendo para el Gobierno español una buena estrategia para internacionalizar la empresa española e inflar las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo, como demuestra la Ley Reguladora de la Gestión de Deuda Externa, aprobado por el Congreso de los Diputados el 22 de junio de 2006. Más información: www.quiendebeaquien.org .60 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: DeVer 282 “¿Al pueblo de Colombia quién lo escucha? Quién decide. Notas a propósito del Gasoducto de Venezuela y Colombia. Bogotá, 21 de julio de 2006. www.justiciaypazcolombia.org

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vienen padeciendo las comunidades indígenas y afrocolombianas del Bajo Atrato chocoano, que han cometido el pecado de ocupar ancestralmente los territorios por donde hoy se planea que pase el gasoducto hacia Centroamérica, o la carretera Panamericana o la interconexión eléctrica? ¿De qué desarrollo se habla, de que beneficios se habla para quiénes? ¿Desde ya se conocen los directos beneficiarios de estos negocios, porque muchas de las tierras están controlados por las estructuras de tipo paramilitar? ¿Quién se ha tomado la molestia de escuchar a las comunidades originarias, perseguidas, judicializadas? ¿Quién se ha tomado el tiempo de evaluar con transparencia la destrucción de la biodiversidad en razón de estos proyectos?”61

Megaproyectos energéticos y geopolítica

ALBA y mega-empresa pública subcontinental del Gobierno de Venezuela aparte, la red de oleoductos y gasoductos ya construidos o proyectados se inscribe dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Uno de los planes más ambiciosos y peligrosos para elevar la competitividad de la región en la economía mundial. Se conectarían zonas con muchos recursos -gas, agua, petróleo, biodiversidad, madera, minerales, recursos pesqueros, soja y otros monocultivos como la Palma aceitera, azúcar o caucho, etc.- con los espacios estratégicos de acumulación del capital y las rutas internacionales del transporte intermodal (incluyendo nuevos corredores interoceánicos). IIRSA abre accesos a zonas aún muy preservadas, principalmente para el control militar-social y los intereses comerciales. Uno de los sectores más agresivos es el agropecuario. Actualmente se está sembrando grandes extensiones con monocultivos (aceite de palma, soja, caña de azúcar, etc.) para la ganadería industrial 62 y la producción de agro-combustibles (“bio”-diesel y “bio”-etanol).63 El gran engaño con los agro-combustibles –y sus efectos sociales y ecológicos en los países periféricos, pero también en los países centrales- abordaremos merecidamente en otro texto por la gravedad, importancia y envergadura del asunto. Los cultivos destinados a agro-combustibles destruyen irreversiblemente los ecosistemas continentales más valiosas y ocupan tierras que podrían usarse para cultivar alimentos, especialmente en países empobrecidos. Se desplaza los campesinos a las ciudades, se viola el Derecho a la Alimentación y se intensifica el uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Hay estimaciones realistas que muestran que generar energía a partir de cultivos requiere más energía fósil que la energía que producen, y que no reducen sustancialmente las emisiones de gases con efecto invernadero, cuando se incluyen todos los factores en los cálculos (cosecha, transporte, transformación, distribución, etc.). Aunque plantásemos toda la Tierra con cultivos energéticos, en ningún caso los agro-combustibles podrían sustituir al consumo actual de combustibles fósiles. La alternativa está clara: reducir drásticamente el consumo energético en los países del norte y cambiar el modelo económico-político que favorece el despilfarro energético.

Otro sector es la industria de celulosa que está plantando cientos de miles de hectáreas con árboles (eucalipto, pino y otras especies, algunos genéticamente modificadas) con el fin de exportar celulosa de papel a los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos.64 Estos proyectos favorecerán en forma directa o indirecta a los grupos capitalistas en desmedro de la población y el medio ambiente.

El objetivo del IIRSA es la reorganización de todo el mapa continental basada en el desarrollo de infraestructuras de transporte fluvial, por carretera, mar y aire, óleo- y gasoductos, aeropuertos, puertos marítimos y fluviales, “autopistas” eléctricas y redes de fibra óptica y de líneas de telecomunicación, para nombrar algunos. Estos proyectos estarán organizados en 12 ejes o corredores donde las inversiones aumentarán el comercio (regional y global), extenderán el saqueo de bienes ambientales y crearán cadenas productivas conectadas al mercado mundial. De tal manera será posible exportar los recursos energéticos, pero al mismo tiempo garantizar el abastecimiento energético para el mercado latinoamericano, sus espacios industriales y altamente urbanizados donde se incrementan las demandas de energía. Un territorio

61 Ídem.62 Sentencia de la vista oral del Tribunal Popular del Monocultivo de la SOJA. Barcelona, 26 de abril de 2006. www.veterinariossinfronteras.org / Ferran Garcia: Cuando la ganadería española se come el mundo. Barcelona, 2005. www.notecomaselmundo.org / Greenpeace Internacional: Devorando la Amazonía. Ámsterdam, 2006. www.greenpeace.org 63 Grupo de Reflexión Rural: La fiebre por los biocombustibles en la Argentina. 2006 / Jorge Eduardo Rulli: La catástrofe ambiental de la provincia del Chaco y las propuestas de fabricar biodiesel con la soja. http://www.grr.org.ar / Mae-Wan Ho: Biocombustibles para los adictos al petróleo: ¿la cura peor que la enfermedad? / Etanol de Biomasa de Celulosa: ni sustentable, ni ambientalmente benigno. http://www.twnside.org.sg/title2/par/whichEnergy.pdf64 “El maquillaje verde de los monocultivos de árboles en Uruguay”. Ricardo Carrere. Guayubira. Marzo 2006. / Documentación del grupo ecologista Guayabira. www.guayabira.org.uy / ORTEGA, Miquel: El Túnel verde. Por qué la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no deben apoyar la planta de celulosa de ENCE en Uruguay. Observatorio de la deuda en la Globalización. Abril, 2006. www.debtwatch.org / Ver también: www.quiendebeaquien.org

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rentable tanto para la exportación de bienes, servicios y capitales desde los centros económicos (UE, NAFTA, ASEAN), así como para ensamblar los mismos productos (maquiladoras, fábricas deslocalizadas) que luego serán ofertados en las tiendas de todo el mundo. El futuro de la globalización capitalista pasa por las exportaciones al mercado asiático donde vive más de la mitad de la población mundial.

Cinco de estos corredores del IIRSA transitan por Bolivia. Valga esta puntualización por la importancia estratégica del país dónde se están desarrollando procesos sociales significativos que pueden contribuir a una profundización de la integración tipo IIRSA o emprender otros rumbos. El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo - FOBOMADE dice al respecto65: "La posición geográfica del país y las características fisiográficas del territorio nos muestran las razones del interés de los países vecinos de consolidar en Bolivia el Eje Interoceánico como principal ruta de transporte de mercancías hacia el Pacífico Sur y a la que confluyen los otros ejes que pasan por Bolivia. Sin embargo, las comunidades y poblaciones a lo largo del Eje no son receptoras de algún beneficio, al contrario, Bolivia asume todos los costos económicos, ambientales y sociales resultado de la consolidación de esta ruta. La integración de Bolivia en la región debe iniciarse con la integración del territorio nacional en base a las reales demandas internas, a fin de satisfacer los intereses de las mayorías. Es a partir de esta base que el país deberá re-definir su rol en el proceso de integración Sudamericana, proceso que no debe fundamentarse en criterios economicistas y de interés empresarial, sino más bien pretender alcanzar condiciones de dignidad y equidad.”

Como ya se apuntaba, se encuentra entre los megaproyectos e inversiones continentales integrantes del Plan Puebla-Panamá y la implementación de la IIRSA la interconexión de gasoductos de todo el continente americano (de la Patagonia hasta EEUU). Gustavo Castro, miembro también del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción de Chiapas, detalla que el BID menciona en el documento "Conectividad de la Propuesta Regional de Transformación y Modernización de Centroamérica y del Plan Puebla-Panamá"66, los estudios denominados "Terminales Regionales para la Importación y Almacenamiento de Combustibles" y "Suministro de Gas Natural al Istmo Centroamericano". En ellos se afirmaba de "hacer más eficiente la adquisición externa de hidrocarburos" y construir "dos gasoductos, uno desde México y otro desde Colombia, con una longitud de 1,117 y 1,310 Km e inversiones estimadas de 593 y 830 millones de dólares (...)".67

En otro documento del BID denominado "Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Básica entre México y los países del Istmo Centroamericano" (noviembre 2000) se señalaba que "los gasoductos parecen la mejor alternativa para el transporte de gas (en comparación con el transporte de gas licuado por buques)". Además mencionaba dos elementos fundamentales: primero, "El gasoducto tiene más efectos locales y cuenta con sinergias con el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC)". Segundo, "permite la eventual interconexión desde Venezuela hasta Estados Unidos: Gasoducto entre Yucatán y Guatemala, con extensión al resto de Centroamérica; Gasoducto de Colombia a Panamá, con extensión a otros países del norte; Gasoducto entre Venezuela y Colombia (para proveer a Panamá)".68 En otras palabras, se facilitaría a las empresas eléctricas transnacionales invertir en proyectos de gas ya que se prevé será el insumo principal para generar la energía en la próxima década. "El mercado más importante para el gas natural en Centroamérica sería la generación eléctrica", según el mismo PPP.

Gobiernos y IFIs crean cada vez más instrumentos para asegurar la continuidad de la economía globalizada. Precisamente un nuevo fondo del BID de 20 millones de dólares apoyará la preparación de proyectos y la formación de alianzas público-privadas para promover inversiones en infraestructura, informa el banco. Además de este nuevo fondo, el BID administra un Fondo para la Integración, que provee recursos de cooperación técnica para apoyar iniciativas de integración de la infraestructura regional como el Plan Puebla Panamá en Mesoamérica o IIRSA en América del Sur. Bajo lineamientos recientemente aprobados, el BID puede ampliar sus operaciones de financiamiento para proyectos del sector privado. “Tales préstamos y garantías financieras, que solían tener un techo de 75 millones de dólares por operación, pueden llegar a 200 millones de dólares, en casos excepcionales, hasta 400 millones”, añade el BID en una nota de prensa.

También anunció la aprobación de un préstamo de 580 millones de dólares destinado a financiar una línea de transmisión eléctrica de 500 kV de 1220 kilómetros de longitud que vinculará a las regiones del noroeste

65 Para más información: "El rol de Bolivia en la integración sudamericana" http://www.fobomade.org.bo 66 Del 30 de abril de 2001.67 Gustavo Castro Soto: Petróleo, Gas y Plan Puebla-Panamá. Ecoportal, 2005. www.ciepac.org 68 Ídem.

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y noreste de Argentina. Este proyecto ha sido incluido en la IIRSA para "mejorar" la interconexión eléctrica regional con Chile y Brasil. En realidad sirve al mercado mayorista de generación eléctrica para vender o comprar electricidad en una región donde incrementó la generación con gas barato de Bolivia. Pero en vísperas de las próximas elecciones es más popular decir que "ayudará a reducir la brecha de pobreza entre esta región y el resto del país".69

“La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha puesto de manifiesto cuán escandalosa es la continuidad de la privatización de los mismos recursos en Argentina”, manifiesta Claudio Katz. En el país se cobran los impuestos más bajos de Latinoamérica y las compañías extranjeras gozan de muchos privilegios. La propiedad provincial de los recursos se ha convertido en el gran subterfugio legal para perpetuar las concesiones. Pero el gobierno además de salvar los intereses de los grupos privados energéticos, actúa como mediador para asociar a estas compañías a los proyectos de integración energética regional como el Gran Gasoducto, el IIRSA o las transmisiones eléctricas.

¡Basta de legalizar el saqueo! ... se están organizando las resistencias

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera apunta sobre los acontecimientos en Bolivia: “En torno a este recurso [el gas] se ubica un tipo de Referendo plebeyo que se ha dado en los últimos años por medio de bloqueos y movilizaciones, cuestionando el papel de las empresas privadas en Bolivia, en la medida en que los hidrocarburos, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, la electricidad y el agua, se encuentran en manos privadas. De esta forma, el gas constituyó un “pretexto unificador” que permitió [durante la Guerra del Gas] articular grupos, tendencias, corrientes, liderazgos y comportamientos muy diferenciados y dispersos en los movimientos sociales”70.

Cada vez son más y mejor organizadas las comunidades afectadas por los megaproyectos energéticos, apunta Marc Gavaldà71 de la campaña ¡Repsol Mata!. Y la diversidad de las resistencias es amplia: toma de pozos petroleros, piquetes y bloqueos, manifestaciones por la nacionalización de los recursos, demandas contra las empresas, campañas de sensibilización, solidaridad y boicot, viajes a las regiones afectadas, la organización de los accionistas minoritarios y de los sindicatos, la articulación entre consumidores y afectados, reuniones con los Gobiernos y las empresas. En Argentina por ejemplo, las comunidades Mapuche se enfrentan a Repsol YPF ante la justicia. Presentaron una demanda de 445 millones de dólares contra Repsol para que reparase los impactos a la salud, la cultura y el medio ambiente. Por otra parte en 2005 la Corte Suprema de Justicia de Mendoza (Argentina) dictó una resolución firme prohibiendo la explotación de hidrocarburos en la Reserva Laguna Llancanelo. “Este es un precedente que podría sentar jurisprudencia para frenar la entrada de Repsol en numerosas áreas protegidas donde tiene concesiones”, observa Gavaldà. Las poblaciones indígenas y campesinas se oponen explícitamente a la entrada de las petroleras en sus territorios.72

En la Amazonía Ecuatoriana se reunieron recientemente representantes de comunidades afectadas y otras organizaciones preocupadas por el desarrollo petrolero planificado en la zona de triple frontera entre Ecuador, Perú y Colombia, en la cuenca del Río Napo.73 Si los planes se concretizan, se estaría formando un nuevo enclave petrolero en una de las regiones de mayor biodiversidad del Planeta. En la zona se encuentran las áreas protegidas: Parque Nacional Yasuní en Ecuador, la Reserva Gueppi en Perú y la Reserva La Paya en Colombia. Se teme además que con el desarrollo petrolero, se extienda a esta región, otros problemas relacionados de manera indirecta con la industria petrolera como es la extensión de la violencia, la inflación local, la emergencia de nuevas enfermedades, la expansión de cultivos ilícitos, pues varios de los precursores para el procesamiento de la coca se usan también en la industria petrolera.

69 Banco Interamericano de Desarrollo: BID aprueba préstamo US$580 millones a Argentina para proyecto de transmisión eléctrica del noreste-noroeste. Comunicados de prensa, 2 de agosto de 2006. www.iadb.org 70 Ídem.71 Marc Gavaldà: Resistencias sobre el pozo. Todos contra Repsol. 72 En respuesta, se forjan leyes para criminalizar todo tipo de protesta, como muestran las modificaciones al Código Penal en Perú, vigentes desde el 23 de julio de 2006. Con la finalidad de impedir que muchas protestas se realicen, se introdujo en el Artículo 281 “Atentado contra la seguridad común” que será “reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años, el que crea un peligro para la seguridad común, realizando cualquiera de las conductas siguientes: Atenta contra fábricas, obras o instalaciones destinadas a la producción, transmisión, almacenamiento o provisión de electricidad o de sustancias energéticas, o contra instalaciones destinadas al servicio público de aguas corrientes”. El Artículo 315 “Disturbios” añade que el que “en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.73 www.accionecologica.org

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En Ecuador ecologistas protestaron recién ante la embajada de Francia contra la petrolera Perenco, exigiendo su salida del país. “Los abusos de la empresa francesa van desde violaciones a las normas ambientales hasta su intención de enfrentar a la población con las fuerzas militares”, declaró Esperanza Martínez, directora de la organización OilWatch.74

El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), junto a la CoCePA, el Grupo Petróleo y Autoconvocados, están organizando una campaña por la nacionalización del petróleo y el gas argentinos. “Suspensión inmediata de la exportación de gas y petróleo. Es agraviante e injusto que el país sufra cortes y escasez de energía, mientras las multinacionales siguen exportando con pleno aval oficial”, argumentan.

También la privatización de la electricidad ha provocado agrias protestas. El descontento popular se ha manifestado en Argentina, Nicaragua, México, República Dominicana y Colombia. En Perú, Ecuador y Paraguay, las protestas han conseguido congelar -en parte- las propuestas de privatización.

En mayo de 2006 se realizó la contra-cumbre denominado “Enlazando Alternativas 2” en Viena. 75 Este encuentro, organizado por la Red birregional Latinoamérica-Caribe-Europa, reivindicaba ante la Cumbre de Jefes de Estado de ambas regiones que se abandone la agenda de libre comercio. Se desarrolló, entre otras, la Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que reunió las acusaciones contra multinacionales europeas como Unilever, Bayer, Unión Fenosa, Suez, Benetton, ENCE, el BBVA o Repsol YPF, y que tendrá continuidad.

Diversas organizaciones sociales de Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, Inglaterra, Austria, Alemania y España denunciaron, por ejemplo, a Repsol YPF por violaciones a los Derechos Humanos, daños ambientales irreversibles e importantes impactos sociales, así como perjuicios económicos. 76 Entre las organizaciones se encontraron las campañas que actualmente se están desarrollando, en nuestro territorio, movilizaciones sobre los conflictos energéticos y Deuda Ecológica. Una es la campaña ¿Quién debe a quién?77 que promueve un debate social en torno a las consecuencias de la inversión española en el extranjero, intentando crear sinergias entre los diferentes organizaciones que abordan estos temas. La campaña demanda al gobierno español “el reconocimiento de la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos, el establecimiento de mecanismos para su restitución y la aplicación de políticas que eviten una nueva generación”. Además exige “la no utilización de los mecanismos públicos de apoyo a la exportación para impulsar actividades de transnacionales españolas que comporten impactos ambientales y sociales negativos” y el “establecimiento de mecanismos públicos de control, evaluación, denuncia y asunción de responsabilidades”. La otro es “RIPsol 2006. Contrajunta de afectad@s” que realizó el pasado junio acciones entorno a la Junta de Accionistas de la petrolera. Incluso se llegó a irrumpir la Junta, cuando a los pocos minutos de iniciar la sesión, los cuerpos de seguridad expulsaron a cuatro activistas que lucían camisetas con el lema "RIPSOL MATA" e intentaron desplegar pancartas. Fueron desalojados con violencia mientras los gritos de denuncia resonaron en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y en la transmisión en directo por Internet de la empresa. El discurso del presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau fue interrumpido por minutos por los reclamos "Repsol contamina y financia grupos paramilitares" y "Repsol fuera de Bolivia". Esta iniciativa, inédita en el Estado, ha articulado a poblaciones afectadas por la actividad de la transnacional Repsol-YPF del Estado Español y América Latina. Mientras al exterior de la Junta, se desplegaron pancartas, ataúdes y disfraces con símbolos necrológicos, en el interior del Palacio un accionista tomó la palabra lanzando una profunda crítica al accionar de la empresa en los lugares donde opera. Fundamentado en datos validados en informes, denunció la militarización de los campos de Repsol en Colombia, donde Amnistía Internacional relacionó esta empresa con grupos paramilitares. También comentó los atentados a la salud pública de poblaciones mapuche en el yacimiento Loma de la Lata, donde se han detectado en el cuerpo de sus habitantes concentraciones altísimas de metales pesados. Para terminar, preguntó por qué Repsol-YPF que presume de transparencia, no informa en sus declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de los conflictos sociales que genera y también preguntó dónde aparecen las partidas presupuestarias del

74 www.oilwatch.org 75 www.alternativas.at 76 Ver: “Acusación Popular a Repsol YPF” TPP, Viena, 11 de mayo de 2006. www.quiendebeaquien.org 77 www.quiendebeaquien.org

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financiamiento para grupos policiales como la Policía del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador o para el ejército de Colombia.78 La Contrajunta recibió el apoyo de más de 50 organizaciones internacionales que se han adherido el Manifiesto, así como la realización de acciones en Consulados de España y oficinas de Repsol YPF en países como Ecuador, Argentina e Inglaterra y ciudades como Sevilla, Iruña, Bilbao, Tarragona y Barcelona.

Destacables son igualmente las acciones que se realizó en “solidaridad con la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia”. Así, una veintena de organizaciones se concentró en mayo frente a la embajada de Bolivia en España para mostrar su rechazo a la actitud del Gobierno español ante el proceso de nacionalización del petróleo y el gas iniciado en el país andino. Acusaron al Ejecutivo de plegarse a los intereses privados de Repsol YPF en Bolivia.79

Factores importantes como la creciente demanda de recursos energéticos de China y la expansión de las transnacionales chinas del sector energético, así como las condiciones del tejido social para hacer frente a la expansión del capital asiático, habrá que analizar en otro momento. Pero, hoy por hoy, no conocemos ONGs o movimientos sociales organizados que, en su momento, podrían denunciar en China los posibles abusos y delitos de las empresas chinas en Latinoamérica.80 Si la alianza de organizaciones latinoamericanas y europeas reunidas en la Red birregional Latinoamérica-Caribe-Europa consiguiese a medio plazo la expulsión de algunas empresas europeas y estadounidenses de zonas protegidas, incluso de algún país o minimizar sus impactos, podemos estar casi seguros que las reemplace una compañía china provocando la misma Deuda Ecológica.

La Red birregional se inició en Guadalajara (México), durante el Encuentro Enlazando Alternativas en Mayo de 2004. Su creación fue el resultado de una creciente concientización de que las políticas de la UE eran parte de una agenda liderada por el poder corporativo. Así también, la creación de esta Red birregional reflejó la necesidad de incrementar la resistencia por parte de ambas regiones a las corporaciones transnacionales con base en la Unión Europea.

La creación de la Red es significativa dado que va mas allá de la cooperación bilateral entre Europa y América Latina y el Caribe y logra crear un espacio político de acción común donde movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, agricultores, organizaciones políticas, organizaciones defensores del medio ambiente, comunidades indígenas, organizaciones de migrantes y refugiados de ambos continentes pueden involucrarse. Uno de los primeros logros de la Red fue el romper con la concepción clásica de solidaridad unidireccional norte-sur. Al contrario, la naturaleza de esta Red responde a un concepto de solidaridad mutua, articular redes y campañas en marcha, unir las luchas actuales, las resistencias populares emergentes y las visiones alternativas, así como de buscar puntos de convergencia. Para lograr este objetivo, la Red enfatizó en el hecho de que no sólo la vida de los pueblos de América Latina esta siendo amenazada, sino también las y los ciudadanos europeos están sufriendo consecuencias similares. Es así, que la creación de la Red busca subsanar la necesidad de conformar una alianza social de ambas regiones capaz de desafiar el poder de las corporaciones europeas y con el objetivo de crear propuestas regionales alternativas desde “abajo” a la agenda comercial de la OMC, a la propuesta de una zona de libre comercio entre UE y Latinoamérica y a los planes de integración regional dominantes.81

Meira-Galicia, agosto 2006.

Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción (E-Mail: eea_comisioninternacional2@yahoo.es)

78 “Protesta interrumpe Junta de Accionistas de Repsol YPF” Nota de prensa de la campaña ¿Quién debe a quién? y de la campaña “RIPsol 2006. Contrajunta de afectad@s” www.quiendebeaquien.org 79 “Una veintena de organizaciones acusa a Zapatero de plegarse a los intereses de Repsol YPF en Bolivia” http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/05/solidaridad/1146832336.html 80 El 80% de las empresas privadas chinas violan los derechos de sus trabajadores, según un estudio. EUROPA PRESS 04/01/200681 Cecilia Olivet: Reporte “Enlazando Alternativas 2 (10-13 Mayo Viena 2006)” www.tni.org

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