discriminación y exclusión indígena una mirada desde las políticas públicas
TRANSCRIPT
Discriminación y exclusión indígena: una mirada desde las políticas públicas.
Rodrigo Perera Ramos
La discriminación y la exclusión social de la población indígena en Latinoamérica, si bien
no es un tema nuevo, es un problema poco tratado dentro de la perspectiva de las
políticas públicas. Más allá de estudios cuantitativos, estadísticos y demográficos, pocos
son los que profundizan dentro del tema, especialmente en las causas por las que a pesar
de que se han destinado amplios recursos a políticas y programas dirigidos a la población
indígena, su condición no mejora, sino todo lo contrario, cada vez más, con forme pasa el
tiempo, la brecha de desigualdad entre indígenas y población no indígena se ensancha,
sus condiciones de vida son más precarias y su exclusión y discriminación se hace cada vez
más patente.
En México, el agudizamiento del problema de la desigualdad indígena, su exclusión y
discriminación, es un fenómeno transversal y multifactorial. Por un lado el modelo
económico neoliberal, que predomina en la configuración de las políticas públicas, dejó de
lado el paradigma del “bien común”, por el del “bien individual”; reduciendo las
responsabilidades y acciones del Estado y depositándolas en la sociedad civil, a la cual se
le dio la responsabilidad del desarrollo social. Lo que ocasionó una diversificación de las
políticas (aisladas y desvinculadas) en acciones puntuales y focalizadas, que no trastocan
el problema de fondo.
Por otro lado, la degradación de la tierra, el cambio climático, la contaminación de suelos
y agua, la depredación de los ecosistemas, han provocado la migración de la población
indígena, hacia los centros urbanos, en donde su vida se vuelve aún más precaria.
Tampoco podemos omitir, la migración forzosa que han sufrido varias comunidades al ser
“reubicadas” por el Estado en pos del progreso nacional o la paramilitarización de zonas
indígenas con fines clientelares y de control social, que han excluido y marginado aún más
esta población.
Asimismo, las políticas que se han establecido para frenar la desigualdad social, que trae
como consecuencia la discriminación y la exclusión, han sido de corte economicistas, a la
luz del rational choise y el incrementalismo; políticas que no han reducido el problema
sino sólo lo han administrado, y en muchos casos de forma clientelar, con vistos
electorales y no para resolver el problema de fondo.
Así, las políticas públicas, en términos de Theodore Lowi (1964), se han enfocado a ser de
dos tipos: regulatorias y distributivas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, para frenar
la desigualdad y exclusión social, así como, la discriminación hacia los grupos vulnerables,
en especial los indígenas. Al contrario, las brechas de desigualdad se han ampliado y con
ello la exclusión y la marginalidad de ciertos grupos.
En resumen, el tema de la desigualdad indígena y su exclusión es altamente complejo, en
donde, la situación de miseria en la que vive gran parte de la población indígena, está
estrechamente relacionada a una exclusión constante del Estado hacia este grupo, que ha
sido discriminado sistemáticamente a través de las instituciones del Estado, las cuales le
han dado históricamente un trato diferencial (negativo) a la población indígena; con
derechos inferiores al resto de la población, así como, una distribución de la riqueza
desigual. Lo cual se ha traducido, en la baja calidad y poco acceso que tienen los indígenas
hacia los servicios prestados por el Estado y en general en los pocos recursos que se han
destinados para el progreso económico, cultural y social de los pueblos originarios.
En lo que se refiere los derechos indígenas podemos señalar diez puntos importantes:
1. El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de interés público y no
de derecho público.
2. Negación del sustento territorial al ejercicio de autodeterminación de los pueblos;
las limitaciones a la libre determinación y a la autonomía (y dentro de esta a los
seis “derechos autonómicos”: formas de organización social; administración de
justicia; elección de autoridades comunitarias a través de usos y costumbres;
derechos lingüísticos y culturales; obligación a conservar y mejorar el hábitat y sus
tierras; uso y disfrute de los recursos naturales. Que en algunos casos se les llega a
“conceder” derechos que ya poseen los ciudadanos mexicanos o que habían
alcanzado expresiones más avanzadas en otras leyes federales.
3. En el caso concreto del uso y disfrute de los recursos naturales la constitución
establece el acceso “preferente” a ellos y no lo reclamado sobre tierras y
territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
4. Imprecisiones y limitaciones de los mecanismos y facultades para la representación
proporcional en los ayuntamientos.
5. Limitaciones o exclusiones a la participación indígena en el diseño de los
programas de desarrollo regional.
6. Propuestas limitadas en materia de salud, que en el convenio 169 se extiende a la
seguridad social, y no solo a los servicios asistenciales o a los programas de
mejoramiento de la nutrición.
7. Disposiciones en materia de presupuesto que perpetúan el asistencialismo.
8. Remisión, en materia de adquisición, administración y operación de medios de
comunicación, a la legislación vigente, que ha sido claramente limitativa de las
posibilidades de los indígenas de disponer de medios que les permitan ‐salvo como
empresas mercantiles‐ asegurar la difusión de sus lenguas y culturas de manera
autónoma.
9. Reducción de la categoría de “migrantes indígenas” a la de “jornaleros agrícolas”,
con ignorancia de la diversidad e importancia de la migración indígena.
10. Reducción de la consulta a los pueblos indígenas a la sola participación en el Plan
Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, en contradicción, con lo
dispuesto en el Convenio 169, que amplía el campo a todas aquellas innovaciones
legislativas que afecten o puedan afectar sus condiciones de vida.
En este sentido, la exclusión de la población indígena para participar en el proceso de
elaboración de las políticas, tratándolos como “menores de edad” de la sociedad e
incapaces de intervenir por sí mismos en la vida política de nuestro país, ha traído como
consecuencia, que este grupo de la población, esté muy por debajo de la media nacional
en lo que se refiere al acceso de: salud, educación, vivienda, trabajo, justicia,
infraestructura, servicios públicos y respeto a sus derechos, especialmente los dispuestos
en el Convenio 169 de la OIT ratificado por México en 1990; lo que ha propiciado una
continua agudización y multiplicidad de su precariedad que los ha arrojado a la miseria,
entendiendo a esta última como: “la permanencia de la situación de precariedad múltiple
por un lapso continuo que, muchas veces comprende varias generaciones” (Cecilia
Satriano, 2006: 62).
Sólo por dar un somero ejemplo, de acuerdo a las últimas cifras arrojadas por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 72% de la población
indígena en México vive en la pobreza, 30.6% en pobreza extrema, 80% carece de
seguridad social y uno de cada cuatro indígenas no tiene accesos a servicios de salud, 60%
carece de los servicios básicos en sus viviendas (CONEVAL, 2013).
A continuación se presentan algunas gráficas que pueden ilustrar mejor las brechas de
desigualdad entre la población indígena y no indígena en México.
Gráfico 1 Porcentaje de población analfabeta. Gráfico de elaboración propia. Fuente: PNUD (2010). Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Porcentaje de población analfabeta mayor de 15años
Hombres Indígenas
Hombres no indígenas
Mujeres indígenas
Mujeres no indígenas
Gráfico 2 Taza de mortalidad infantil. Porcentaje de población analfabeta. Gráfico de elaboración propia. Fuente: PNUD (2010). Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
Gráfico 3 Porcentaje de viviendas con servicios sanitarios deficientes. Gráfico de elaboración propia. Fuente: PNUD (2010). Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
43
26.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Taza de mortalidad infantil
Población indigena
Población no indígena
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Porcentaje de viviendas con servicios sanitarios deficientes
Población indígena
Población no indígena
Gráfico 4 Porcentaje de viviendas sin servicios. Gráfico de elaboración propia. Fuente PNUD (2010). Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
Gráfico 5 Porcentaje de desnutrición crónica infantil. Gráfico de elaboración propia. Fuente: PNUD (2010). Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Sin aguaentubada
Sin drenaje Sinenergíaeléctrica
Viviendas conpiso de tierra
Población indígena
Población total
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Desnutrición infantil crónica
Población indígena
Población no indígena
Gráfico 6 Índice de Desarrollo Humano. Gráfico de elaboración propia. Fuente: PNUD (2006). Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
Por otro lado, a lo que se refiere al análisis de las políticas públicas, encaminadas hacia
este sector, ya se ha dicho que en su mayoría son análisis cuantitativos, es decir,
evaluaciones y metaevaluaciones, de su diseño e implementación, así como, de sus
resultados. Sí bien, estos estudios han sido fructíferos y necesarios, en donde coinciden en
que los programas sociales que han sido dirigidos hacia la población indígena son de corte
asistencialista, éstos han olvidado otras herramientas dentro del análisis de las políticas
públicas, que son sumamente necesarios, ante un problema tan complejo y que pueden
ayudar a visualizar de mejor manera las causas por las que las políticas han fallado.
Así, para elaborar un análisis adecuado de las políticas públicas, definiendo a éstas como
el proceso mediante el cual el Estado diseña y ejecuta una política dirigida a un sector
mayoritario de la población; y que puede involucrar no sólo acciones, sino también
omisiones respecto de asuntos de interés para determinados actores. No basta, hacer
evaluaciones o metaevaluciones a partir de indicadores, que muchas veces no ilustra una
realidad más profunda, como puede ser este caso, o simplemente verifican, lo que
0.7057
0.8304
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
Índice de desarrollo humano
Índice de Desarrollo Humano delos Pueblos Indígena
Índice de desarrollo Humano dela Población no Indígena
lamentablemente, en este problema, se pude palpar a flor de piel, es decir, la
investigación cuantitativa nos puede ayudar a visualizar el problema o comprobarlo, pero
no a descubrir las causas por las que han fallado estas políticas dirigidas hacia el grupo
más vulnerables de nuestro país desde hace 500 años: los indígenas.
Para ello, debemos ocupar también otros tipos de análisis, partiendo de cómo se ha
definido el problema indígena dentro de la agenda formal o sistémica y cuales han sido los
ciclos de atención hacia esta problemática en dicha agenda.
Lamentablemente, pocos investigadores y analistas de las políticas públicas se enfocan en
el primer paso de toda política: su definición como problema y se centran en la evaluación
o análisis del diseño, su implementación, sus indicadores, recursos, etc. En general,
estudios de tipo economicistas.
Si bien, el proceso de las políticas públicas es un cíclico, que constantemente está
redefiniendo los problemas que atienden, es de suma importancia saber el por qué se
definió de una forma y no de otra, ya que a partir de la definición, no sólo se legitima la
actuación del Estado ante una situación, sino que también, al definir una situación como
problema de políticas; significa aceptar que tiene solución y delimitar sus soluciones
posibles.
De tal forma, que se presume no sólo que se debe y se puede “hacer algo” sino que la
posible solución cae dentro de la competencia de las autoridades legítimas del gobierno.
Pero lo más importante, es que de la definición dependerán las políticas y programas que
le darán solución: quien define el problema define la política.
En este sentido, Cobb y Elder (1984) señalan que los problemas políticos son
construcciones sociales que reflejan concepciones específicas de la realidad, existiendo
una multiplicidad de definiciones acerca de un problema, por lo tanto, lo que está en
juego en el proceso de formación de la agenda no es sólo la selección de los problemas
sino también su definición. Las definiciones sirven, a la vez, para encuadrar las elecciones
políticas posteriores y para afirmar una concepción particular de la realidad.
Por lo tanto, la estrategia que tiene la definición del problema en el proceso de
formulación de las políticas públicas es de suma importancia. Como estrategia, refleja una
apreciación de las inclinaciones culturales y sociales propias del sistema político (Cobb y
Elder, 1984)
Visto de esta forma, las políticas públicas son, en esencia, una actividad en la que se
incluyen y de la que se excluyen asuntos y se movilizan sesgos a fin de asegurar el manejo
y la contención de conflictos. Por lo tanto, la definición de los temas constituye una forma
fundamental de poder político; por lo que “la definición de las alternativas, es el
instrumento supremo del poder” (Schattschneider, 1960: 69) y “Quien determina de que
se trata la política, gobierna el país, pues la definición de alternativas es la selección de
conflictos” (ídem).
En este sentido Parsons afirma que “Para entender completamente un problema social,
debemos saber cómo llego a definirse como problema social” (Parsons, 2007: 133),
asimismo, argumenta que “la génesis de una política pública implica el reconocimiento de
un problema. Qué cuenta como problema y cómo se define depende de la manera en que
los diseñadores de las políticas buscan aproximarse a un tema o evento” (ídem).
Asimismo, la génesis, definición y desarrollo de una política se ven enmarcadas dentro de
las ideas dominantes del momento histórico, es decir, se estructuran con base en
creencias valorativas (sobre la existencia humana y social), las cuales suelen plasmarse en
constitución política, leyes, convenios internacionales… Planes generales (estratégicos u
operativos) de gobierno; creencias científico‐técnicas y el contexto sociopolítico (Aguilar,
2007).
De esta forma Luís Aguilar explica que “el análisis procede entonces en primer lugar a
averiguar los factores que estructuraron la política en curso de una determinada manera,
por lo que identifica las creencias valorativas de una sociedad y su gobierno, que son las
que están en la base de la aparición y justificación de determinadas expectativas y
objetivos sociales, así como examina las creencias científicos‐técnicas de sociedad y
gobierno […] En suma, la base de estructuración de una política es su firmamento
normativo y su universo informativo y científico técnico” (Aguilar, 2007: 9).
Así, podemos afirmar, que las creencias científicas del momento así como el marco
jurídico es principalmente lo que define al problema y lo estructura para darle una
solución.
De tal forma, que través de este modelo, podemos ver cómo es que se ha definido el tema
del “problema indígena” a lo largo de la historia de México, y sus consecuentes políticas
públicas que le han buscado solución.
En este sentido, encontramos que:
En el siglo XIX, dentro de las ideas de la economía liberal y la influencia del
positivismo podemos enmarcar una época de un México con ansias de
modernidad, concibiendo al indio como un freno hacia ella, por lo que la política
fue ver al indio como el enemigo del México independiente: “era todo lo indio lo
que se veía como enemigo del México imaginario. ‘Desde la Independencia hasta
la Revolución: de acuerdo con la ideología de la época, el gobierno se ocupó de los
indios, casi exclusivamente, primero, para acabar con sus antiguas instituciones,
después para reprimirlos en sus revueltas’.” (Bonfil, 2001: 157)
En el México postrevolucionario, se introdujeron una serie de políticas que en su
conjunto se le denominan indigenismo. Las cuales fueron cambiando también
dentro de la misma etiqueta, definiendo al “problema indígena” de diferentes
formas, de acuerdo a los marcos valorativos preponderantes del momento.
La corriente indigenista, surge en 1916 cuando Manuel Gamio publica “Forjando
patria”, fundamente ideológico que fue el ancla de la política indigenista hasta
1970 y que tiene como constante una postura política y económica en un primer
momento de incorporativista y en una segunda etapa integracionista, es decir, el
indio debe incorporarse o integrase a la cultura mestiza: formas de organización,
religión, lengua, economía, política, moda, valores sociales, etc. O sea,
desindianizar al indígena.
Para 1940, el indigenismo, redefine el problema y lo ve como un problema ya no
de incorporación al indio, sino de integración, redefinición que una vez más se
construye a través de la nueva ideología política en boga “El Estado benefactor” y
la ideología científica del positivismo funcional.
Durante esta etapa de integración, que se enmarca a partir del Congreso
Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en 1940 y que tiene como resultado la
fundación del Instituto Nacional Indigenista en 1947 y al puesta en marcha de toda
una “estrategia estatal para ordenar su relación con los pueblos indígenas […]
como un quehacer unilateral (desde el Estado), unidireccional (hacia los indios) y
de propósito único (incorporarlos a la nación), que busca sustituir los rasgos
culturales de las comunidades indígenas por aquellos considerados comunes y
constitutivos de la nacionalidad y opera mediante la castellanización, la educación
escolarizada, la generalización de la agricultura y la manufactura intensivas y
comerciales, la dotación de servicios y la incorporación al mercado interno” (Zolla
y Zolla, 2004: 224).
En esta política que dominó de 1940 hasta la década de 1970, el Estado se
caracterizó por métodos autoritarios y paternalistas contenidos en la política
indigenista, estableciendo formas de relación de opresión y dependencia.
Para finales de la década de 1960 y principios de los setentas, el “problema
indígena” se empieza a redefinir, mediante lo que Cobb y Elder (1984) denominan
“la expansión del conflicto”, es decir, que el problema indígena comenzó a llegar a
públicos más extensos y como consecuencia se involucren sectores más amplios de
la población, expandiendo así la lucha por la definición del problema.
De esta forma, los profesionales empezaron a cambiar de paradigma e iniciaron
fuertes críticas al indigenismo y la manera en la que se estaba elaborando las
políticas con respecto al “problema indígena”. Como afirman Cobb y Elder “Debido
a sus conocimientos altamente especializaos y al premio que la sociedad otorga a
las soluciones ‘racionales’ de los problemas, estos profesionales juegan muy a
menudo un papel clave en la definición del debate de la política. Su influencia
directa tiende a variar según el alcance y la intensidad de la controversia alrededor
de un problema específico […] Los profesionales de las políticas públicas pueden
actuar para contrabalancear y minimizar los sesgos introducidos por otros grupos,
pero ellos introducen también sus propios puntos de vista. También tienen un
interés marcado en las cuestiones a considerar y a definir” (Cobb y Elder, 1984: 86‐
87).
Durante esta etapa que va de la década de 1970 a la década de 1990, surge una
fuerte lucha por la definición del “problema indígena”, que terminará, al menos
oficialmente, con una nueva definición hacia el “problema de desigualdad
indígena”, en donde se le reconoce al indígena ya no como problema, sino como
un sujeto de derechos, especialmente en lo colectivo y como principales
portadores de la riqueza cultural en México.
En este mismo sentido, fue hasta 1976 que el estado mexicano reconoció su
fracaso en el intento por desaparecer a las culturas, costumbres y lengua
indígenas; lo atribuyó a un error de estrategia, por lo cual decidió cambiarlas
haciendo participes a los pueblos indios en el diseño de los programas de
desarrollo. De esta manera, con José López Portillo como presidente de la
Republica, impulsó la “nueva” política indigenista llamada de participación (1976‐
1988), la cual se mantuvo hasta el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. La
“participación” consistió en tomar en cuenta la opinión de los indios para la
aprobación de los proyectos que los técnicos diseñaban en sus escritorios; y esta
opinión consistía tan solo en aprobar o rechazar el proyecto, con un “no” o un “sí”.
No había ningún tipo de aportación por parte de los indios, mucho menos la
aprobación de iniciativas de los propios “beneficiados”. La imposición de proyectos
y programas continuo, y se sigue ejerciendo de algún modo hasta el día de hoy.
Para la década de los noventas surgió una nueva política que se le ha etiquetado
como la de “reconocimiento de derechos”: aunque la política de participación
continua, es posible distinguir una nueva etapa que opera simultáneamente con la
anterior; esta es la fase del indigenismo a la que se le ha llamado reconocimiento
de derechos indígenas (1988‐2013).
Esta nueva faceta de la política indígena se estableció debido a las condiciones
sociales, económicas y políticas que sucedieron desde el inicio de la década de
1980. La primera, fue la transformación de las economías indias en todo el país,
que derivó en un mayor empobrecimiento de los indios.
La segunda causa para la aparición de la política de reconocimiento de derechos
indígenas fue la creciente participación indígena en los asuntos políticos de sus
pueblos y comunidades y de las esferas políticas extra comunales, todo lo cual se
refleja en la serie de reuniones de discusión sobre temas de interés indígena, en la
aparición de nuevas organizaciones y en la configuración de demandas más
amplias y más políticas, como el derecho histórico a la ocupación, control disfrute
y aprovechamiento de sus territorios y de los recursos naturales que hay en ellos;
el derecho a participar en la toma de decisiones para la instrumentación de
programas y megaproyectos de desarrollo económico que afectan a sus territorios
y el reconocimiento de la propiedad de su patrimonio cultural.
La tercera causa fueron las presiones internacionales para que el gobierno de
Salinas de Gortari, ratificara el Convenio 169 de la OIT (1989), que ya reconocía los
derechos de los pueblos indígenas y que derivó en la Declaración de Naciones
Unidas Sobre Derechos de los Pueblos (2007).
Conclusiones:
A lo largo de este breve ensayo, hemos visto como la discriminación hacia la población
indígena, no es ejercida solamente por la población no indígena que comparte con ellos el
territorio mexicano o por los agentes de las instituciones del Estado, como podrían ser los
ministerios públicos o los encargados de ventanillas. Sino que es una discriminación aún
más profunda, que es la que se quiso visualizar en este trabajo. Este tipo de discriminación
ha sido histórica y es producida por las ideas y creencias, en las que se incluyen las
científicas, que son dominantes en cierto momento histórico y que para nuestro objeto de
estudio, se hacen patentes en las políticas públicas.
Como todo política pública, y en este caso, la política pública dirigida a los indígenas no es
la excepción, ésta es componente de una historia de decisiones, definiciones y
redefiniciones del problema, con altibajos dentro de la agenda y de políticas que se han
estructurado principalmente a partir de las creencias valorativas propias del momento
histórico: “la política en curso y la política nueva tienen una historia de análisis y
decisiones detrás de ellas que ellas mismas son eslabones de esa historia política, social e
intelectual difícilmente fluida y progresiva, y la cual está hecha, en cambio de rodeos,
altibajos, frenos y aceleraciones, que pasan al momento de definir los problemas,
discriminar las expectativas, calificar los objetivos, remendar las opciones de acción y
seleccionar los instrumentos” (Aguilar, 2007: 20).
De esta forma hemos visto cómo el “problema indígena” ha pasado de ser concebido
como un obstáculo para la nación, a un problema de desigualdad. Sin embargo, esta
nueva concepción, no se ha reflejado aún en los programas destinados a esta población,
ya que en su mayoría siguen teniendo de fondo una ideología de la política indigenista
paternalista, es decir, asistencialista, la cual sólo perpetúa una relación de dependencia de
los pueblos originarios con el Estado, que a su vez permite el uso clientelar y discrecional
de los recursos.
Esta situación, se debe, a que por un lado, aunque ha cambiado el paradigma, aún
persisten rasgos de los anteriores y por otro lado, la visión incrementalista, que domina el
que hacer de la política pública, no permite cambios redistributivos y los normativos y
distributivos, son lentos, costumbristas y paulatinos. Asimismo, el predominio del rational
chiose, derivado de una visión dominantemente economicista y positivista de las políticas
públicas, limita a éstas, a una lógica de coste‐beneficio en donde los grupos marginados,
poco tienen que ofrecer ha esta ideología de mercado.
De tal forma, que el paradigma hegemónico actual dentro de las políticas públicas, es
decir, las creencias científico‐teóricas dominantes, coadyuvan a perpetuar la condición de
miseria de la población indígena, en una dinámica de mercado (coste‐beneficio) en la cual,
lo más valioso que este grupo puede ofrecer a quienes planean y ejecutan las políticas
públicas es su voto; lo que trae como consecuencia políticas clientelares y discrecionales,
que ejercen un control social y político dentro de la población indígena.
A su vez, esto ha generado, que aunque ya se hayan hecho cambios sustanciales a las
normas jurídicas en cuestión de derechos indígenas, para hacerlas acorde al Convenio 169
y a la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos, no se han podido
hacer patentes en la realidad indígena. Asimismo, aunque ya se empieza a reconocer el
tema indígena, como un problema de desigualdad, aún falta empezar a visualizar al
indígena como un sujeto de derecho, principalmente en lo colectivo y encontrar las
herramientas necesarias en materia de política pública para adecuarlas a este nuevo
paradigma, lo cual muchas veces carece de voluntad política, ya sea porque no les es
conveniente trastocar el status quo a los grupos de poder o porque no es un tema
relevante en la agenda política, lo que nos llevaría una vez a más a cuestionar la idea del
pluralismo democrático y a reflexionar sobre la discriminación de los asuntos indígenas en
la agenda sistémica, lo cual sería tema para otro ensayo.
Bibliografía:
Aguilar Villanueva, Luis F (2007). Marco para el análisis de las políticas públicas,
documento inédito, México.
Bonfil Batalla, Guillermo (2001). El México profundo: una civilización negada, Editorial
Grijalbo, México.
Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo (2013). Informe de Evaluación
de la política social de desarrollo 2012, CONEVAL, México
Elder, Charles y Cobb, Roger (1984). “Formación de la agenda. El caso de la política de
ancianos”, en: Aguilar, Luís (2003). Problemas públicos y agenda de gobierno, Editorial
Miguel Ángel Porrúa, México.
Lowi, Theodore. (1964). "American Business and Public Policy Case Studies and Political
Theory", en: World Polities, XVI, pp. 677‐715.
Organización Internacional del Trabajo (1989). Convenio 169.
Organización de las Naciones Unidas (2007). Declaración de Naciones Unidas Sobre
Derechos de los Pueblos.
Parsons, Wayne (2007). Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del
análisis de políticas públicas, FLACSO, México.
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (2006). Informe sobre el desarrollo
humano de los pueblos indígenas en México, PNUD, México.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (2010). Informe sobre el desarrollo humano de los
pueblos indígenas en México, PNUD, México.
Satriano, Cecilia (2006). “Pobreza, políticas públicas y políticas sociales”, en: Revista Mad,
No.15, Departamento de Antropología, Universidad de Chile, pp 60‐74.
Schattschneider, Elmer (1960). The semisovereign people: a realist's view of democracy in
America, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York.
Zolla, Carlos y Zolla Márquez, Emilio (2004). Los pueblos indígenas de México.
100preguntas, UNAM, programa Universitario México Nacional Multicultural, Ciudad
Universitaria, México.