dictamen nÚmero treinta y ocho consejo general del instituto estatal electoral … · 2019. 8....

COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN

Dictamen Número 38 1

DICTAMEN NÚMERO

TREINTA Y OCHO

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración del Consejo

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en

los artículos 5, apartado B,90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción

XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción V, último

párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de

Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente

sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente

Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO

AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE

$163,850.76 M.N. (CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA

PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA TERCERA MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.

GLOSARIO:

Comisión de Administración La Comisión Especial de Administración del Consejo General del

Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Congreso del Estado XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Consejo General El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Constitución Local La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja

California.

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California.

Periódico Oficial El Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Presidencia La Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de

Baja California.

Secretaría Ejecutiva La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja

California.



ANTECEDENTES:

1. El 15 de diciembre de 2017 el Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2018,

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de

$187’344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete millones trescientos cuarenta y

cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 moneda nacional). 2. El 31 de diciembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal

2018, con las claves de identificación tomo CXXIV, número 59, número

especial, sección II, en el que se incluye el presupuesto anual para el Instituto

Electoral. 3. El 01 de febrero de 2018 mediante oficio número IEEBC/SE/176/2018

(Anexo uno), se notificó a la C. Claudia Luz Ochoa Rodríguez la remoción

libre de su cargo como auxiliar especializado adscrito a la Coordinación de

Comunicación Social, con efectos a partir del 02 de febrero de 2018.

4. El 13 de febrero de 2018 se recibió la validación del proyecto de

liquidación (Anexo dos) emitida por el Despacho Jurídico Mireles, asesor

externo del Instituto Electoral en materia laboral.

5. El 21 de febrero de 2018 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio

número IEEBC/SE/263/2018, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de

Administración el proyecto de autorización para llevar a cabo una

ampliación automática de partidas presupuestales por la cantidad de

$163,850.76 M.N. (Ciento sesenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos

76/100 moneda nacional), a través de la tercera modificación presupuestal

que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral en el

ejercicio fiscal 2018.

6. El 21 de febrero de 2018 la Presidencia, a través del oficio número

IEEBC/CGE/286/2018, turnó a la Comisión de Administración la solicitud

referida en el antecedente inmediato anterior, para su análisis, estudio y

posterior dictaminación.

7. El 22 de febrero de 2018 la Comisión de Administración celebró Reunión

de Trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de solicitud de

autorización para llevar a cabo una ampliación automática de partidas

presupuestales por la cantidad de $163,850.76 M.N. (Ciento sesenta y tres mil

ochocientos cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), a través de la



tercera modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos

del Instituto Electoral en el ejercicio fiscal 2018; evento al que asistieron por la

Comisión Dictaminadora el C. Rodrigo Martínez Sandoval, Presidente; la C.

Erendira Bibiana Maciel López y el C. Daniel García García, Vocales; el C.

José Manuel Martínez Arroyo, Secretario Técnico en funciones; por parte del

Consejo General se contó con la asistencia del C. Clemente C. Ramos

Mendoza, Consejero Presidente, así como las C.C. Graciela Amezola

Canseco y Helga Iliana Casanova López, Consejeras Electorales; el C. Raúl

Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C, Rosendo López Guzmán,

María Elena Camacho Soberanes y Carlos Alberto Sandoval Avilés,

Representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del

Trabajo y Encuentro Social, respectivamente.

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al

proyecto de dictamen, mismas que fueron atendidas por parte la Comisión

de Administración.

8. El 27 de febrero de 2018 la Comisión de Administración celebró Sesión de

Dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el

proyecto de dictamen relativo al cierre presupuestal y programático del

Instituto Electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2017; evento al que

asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. Rodrigo Martínez Sandoval,

Presidente; la C. Erendira Bibiana Maciel López y el C. Daniel García García,

Vocales; el C José Manuel Martínez Arroyo, Secretario Técnico en funciones;

por parte del Consejo General se contó con la asistencia de las C.C. Graciela

Amezola Canseco y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Consejeras

Electorales; el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C. Juan

Carlos Talamantes Valenzuela, Alejandro Jaen Beltrán Gómez, Rosendo López

Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Ildefonso Chomina Molina,

Rogelio Robles Dumas, Carlos Alberto Sandoval Avilés, Salvador Miguel de

Loera Guardado y Javier Arturo Romero Arizpe, Representantes de los

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva

Alianza, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Morena,

respectivamente.

En esta sesión, los participantes efectuaron observaciones y comentarios

sobre el contenido del dictamen, las cuales se incorporaron al presente

documento; aprobándose por mayoría con dos votos a favor por los CC.

Rodrigo Martínez Sandoval y Erendira Bibiana Maciel López y un voto

razonado en contra del C. Daniel García García mismo que se anexa al

presente Dictamen.



Por lo anterior, y

CONSIDERANDO:

I. DE LA COMPETENCIA.

Que la Comisión de Administración es el órgano competente para conocer y

dictaminar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas

presupuestales del Instituto Electoral, de conformidad con los artículos 5,

apartado B, 90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la

Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y

37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral.

II. DEL INSTITUTO ELECTORAL.

Que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función

pública que se realiza a través del Instituto Electoral, dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y

los partidos políticos, según lo dispone la Ley. En el ejercicio de esta función

pública, son principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad y objetividad.

El patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e

inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas que

anualmente se le señalan en el presupuesto de egresos del Estado, para la

organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de

los partidos políticos.

El Consejo General tiene la atribución de aprobar las solicitudes de

transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales

que le sean presentadas, de conformidad con el artículo 46, fracción XXXVI,

de la Ley Electoral.1

1Artículo 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral. “El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

I al XXXV. …

XXXVI. Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que le

sean presentadas, cuando así proceda, ordenando su remisión al Congreso del Estado para su autorización, de

conformidad con la normatividad aplicable.”



III. DE LA AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES.

Que esta Comisión Especial procedió al estudio de la solicitud de

modificación presupuestal consistente en una ampliación automática de

partidas presupuestales por la cantidad de $163,850.76 M.N. (Ciento sesenta y

tres mil ochocientos cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), a través de

la tercera modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de

egresos del Instituto Electoral en el ejercicio fiscal 2018, verificando que ésta

obedece a la necesidad que tiene el Instituto Estatal Electoral de contar con

disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir la totalidad de las

prestaciones laborales de la C. Claudia Luz Ochoa Rodríguez, quien venía

desempeñándose como auxiliar especializado adscrita a la Coordinación de

Comunicación Social, quien dejó de prestar sus servicios a este Instituto a

partir del 02 de febrero de 2018.

A continuación se presenta el total del desglose por concepto del finiquito,

mismo que fue calculado con base en las disposiciones legales aplicables en

la materia y validados por el Despacho Jurídico Mireles, asesor externo del

Instituto Electoral en materia laboral:

Concepto

Alta 26/04/2001

Baja 01/02/2018

Sueldo Diario $542.66 M.N.

Partida Presupuestal Importe

13102.- Prima antigüedad $136,522.40 M.N.

13203.- Gratificación de fin de año (Aguinaldo) $2,854.39 M.N.

15201.- Indemnizaciones (Vacaciones) $27,328.36 M.N.

Total Finiquito $166,705.15 M.N.

Una vez examinadas las partidas necesarias para llevar a cabo el pago de

las prestaciones de ley, se realizó un análisis del presupuesto disponible de

este Instituto Electoral, determinando que existe disponibilidad presupuestal

solo para las siguientes partidas:

13203.- Gratificación de fin de año (Aguinaldo)

Sin embargo, para las partidas correspondientes a la prima de antigüedad e

indemnizaciones no se cuenta con recursos suficientes que permitan cubrir el



pago de dichos conceptos, las partidas referidas se identifican de la siguiente

forma:

13102.- Prima de antigüedad

15201.- Indemnizaciones

Por tal motivo, esta solicitud de modificación contempla dotar de suficiencia

presupuestal únicamente a las partidas ya mencionadas -Prima de

antigüedad e Indemnizaciones-, mismas que se consideran de ampliación

automática.

Con la autorización de la presente modificación presupuestal, el Instituto

estaría en la posibilidad de pagar la totalidad de las obligaciones de

carácter laboral objeto de esta modificación. A continuación se detalla el

desglose de la presente modificación presupuestal por las diferentes partidas

de gasto autorizadas en el presupuesto de egresos del Instituto para el

presente ejercicio fiscal:

PARTIDAS CONCEPTO

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

MODIFICADO

SOLICITUD DE

AMPLIACIÓN A

TRAVÉS DE

DICTAMEN 38

PRESUPUESTO

MODIFICADO

13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD $0.00 M.N. $136,522.40 M.N. $136,522.40 M.N.

15201 INDEMNIZACIONES $57,917.81 M.N. $27,328.36 M.N. $85,246.17 M.N.

OTRAS PARTIDAS $50’791,682.75 M.N. $0.00 M.N. $50,791,682.75 M.N.

10000 SERVICIOS PERSONALES $50’849,600.56 M.N. $163,850.76 M.N. $51,013,451.32 M.N.

III.1. FUENTE DE LOS RECURSOS.

Que para cubrir la ampliación automática de partidas presupuestales se

pretende utilizar recursos financieros propios del Instituto Electoral producto

de remanentes de ejercicios anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

TOTAL DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS $44’243,095.04 M.N.

BANCOS $777,065.04 M.N.

INVERSIONES TEMPORALES $43’466,030.00 M.N.

(-)PASIVO CORTO Y LARGO PLAZO $29’552,535.05 M.N.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR $2’166,851.15 M.N.

PROVEEDORES $2’481,261.57 M.N.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES $501,344.61 M.N.



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $2’165,639.23 M.N.

PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO $71,408.49 M.N.

PROVISIÓN DE FONDO DE PENSIONES (ACUERDO DEL

CONSEJO GENERAL) $22’166,030.00 M.N.

EFECTIVO PRESUPUESTAL Y REMANENTES AL 01 DE ENERO DE 2018 $14’690,559.99 M.N.

RECURSO APLICADO

PRIMERA MODIFICACIÓN – AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA $1’271,571.56 M.N.

SEGUNDA MODIFICACIÓN – AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA (TRAMITE LEGISLATIVO EN

CONGRESO DEL ESTADO) $11'690,335.75 M.N.

EFECTIVO PRESUPUESTAL Y REMANENTES AL 13 DE FEBRERO DE 2018 $1’728,652.68 M.N.

Es importante señalar que la presente ampliación presupuestal no lleva

consigo modificaciones al Programa Operativo Anual, puesto que esta solo

obedece para dar suficiencia presupuestal a las metas y acciones

autorizadas para su debido cumplimiento.

Por último, a esta modificación presupuestal se le considera de ampliación

automática, de conformidad con el artículo 50, fracción V, último párrafo, de

la Ley de Presupuesto.2

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de

este Órgano de Dirección Superior, los siguientes

PUNTOS RESOLUTIVOS:

Primero. Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales

por la cantidad de $163,850.76 M.N. (Ciento sesenta y tres mil ochocientos

cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), a través de la tercera

modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del

Instituto Electoral en el ejercicio fiscal 2018, en términos del Considerando III.

2 Artículo 50, fracción V, último párrafo, de la Ley de Presupuestos. “Si algunas partidas presupuestales requieren

modificarse para adecuar su disponibilidad durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, se estará a lo siguiente:

I al IV. …

V. …

…

…

….

Tratándose de partidas de las consideradas de ampliación automática, deberá darse aviso al Congreso del Estado

dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que las mismas se efectúen.

Las solicitudes de modificaciones a las partidas presupuestales que se presenten para su autorización al Congreso

del Estado o Ayuntamiento respectivo según corresponda, deberán ser presentadas antes del quince de octubre

del ejercicio fiscal que se trate.”



Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las

gestiones administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado,

a fin de hacer del conocimiento la presente ampliación automática de

partidas presupuestales, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la

aprobación del dictamen por el Consejo General.

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de Internet del

Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente de

su aprobación por el Consejo General Electoral.

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal

Electoral, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

“Por la Autonomía e Independencia

de los Organismos Electorales”

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL

PRESIDENTE

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ

VOCAL

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA

VOCAL

C. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARROYO

SECRETARIO TÉCNICO EN FUNCIONES

RMS/JMMA/Comisión Especial de Administración.

Dictamen Número 38 Anexo uno

•

IEE lnsfüuf EslnfQf Eleclc,of

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Baja California SECRETARÍA EJECUTIVA

OFICIO NÚMERO lEEBC/SE/176/2018 Mexicali, Baja California, a 01 de febrero de 2018

C. CLAUDIA LUZ OCHOA RODRÍGUEZ PRESENTE.-

Por este conducto y de conformidad con los artículos 33, 34 y 36, fracción 11, inciso e), 55, fracciones 1, X y XXII!, 98 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 206, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento,s .Electorales; así corno el arábigo 481 del Estatuto del Servicio Profesional ElectoratNqdo[l(:ll· y del Personal de la Rama Administrativa; en relación con los artíc,LJl-OS,4;5;6y 5l,frocCión 1, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Pocieíe~~IEsta{:lo y Municipios de Baja California, me permito informarl,~·que se le remueve. t~rn§i)ti;;¡ del cargo que venía desempeñando como Aim'liar Especializado en JO :Coordinación de Comunicación Social del Instituto EstatoíÉf~ctoral de Baja California. ' , · ; ·

. ;,•·>·h'·· ·:··· .. ;,-:--·' . . 1::.~< i.?;.:. . J _;:.: :_·;. ·_: ·)·>-_ ·:'·' ;:":": .. ··.-,;· :_~_:~ ·./=:·,!_':· .- ::. :-.->-.; ---.--.. ' -

La remoción lib~'~rá efectos a partirdel dí&ü2de~[i;lr9¡jef9l?,por lo que se le solicita tomar l~iiii)~q¡das pertinentes a fin de er¡tie~ Sf¡ p!J$stp con todas las formalii:lades:admfníSlta}i\it:Js necesarias para evitar ie5pOriS06llidódesJ1.ihiras .

.. .. _ : •·. . , _. 'c.·i,_"·,-·,:··'· ·e·:'"-', . . .-· _·· ···:·,_·, ._._ .. "_:.'·. '_:·· ·.\··. ;:.::,-¿;i'.:'.' · :. : . '·"'! •

Dictamen Número 38 Anexo dos

Instituto Estatal Electoral de Baja California

Attn. Mtro. Raúl Guzmán Gómez Presente.-

Mexicali, Baja California, a 13 de febrero del 2018.

Asunto: Validación de finiquitos.

Anteponiendo un cordial saludo, en respuesta a los oficios número IEEBC/SE/207 /2018 y

IEEBC/SE/208/2018 de fecha 8 de febrero de 2018, me permito emitir opinión jurídica respecto al

cálculo de finiquitos de los siguientes trabajadores:

• Claudia Luz Ochoa Rodríguez

Los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad se están

cubriendo de manera correcta, con apego a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al

Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (LSC).

• Clemente Mora González

Los conceptos de sueldo, aguinaldo y pnma vacacional se están cubriendo de manera

correcta, de acuerdo a la LSC.

Cabe señalar que el empleado cuenta con un saldo negativo de vacaciones gozadas. Por lo

tanto, con fundamento en el artículo 46, fracción I de la LSC, es posible realizar la retención

de los montos correspondientes a las vacaciones pagadas en exceso.

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. R~es Tejeda.

Avenida Cristóbal Colón, número 1914, Colonia Nueva, l\1exicali, Baja California Teléfono (686) 252-7610 [email protected]

VOTO RAZONADO RESPECTO DEL DICTAMEN NUMERO TREINTA V OCHO. DE LA COMISION ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL INSTIUTO ·ESTATAL ELECTORAL RELATIVO A LA "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA , , LLEVAR A CABO AMPLIACION AUTOMATICA DE PARTIDAS

. PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $163,850.76 M.N. . . .

. (CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCI~NTOS CIENCUENTA , PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVES DE LA , TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018"

Con fundamento en el artículo 26, numeral 3, inciso h) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, expreso mi voto razonado por no acompañar el sentido del presente Dictamen de la Comisión Especial de Administración. Mi principal motivo de disenso lo constituye la. falta de motivación y fundamentación para justificar la ampliación· presupuesta! que se aprueba.

Esta postura la sostengo en base a las siguientes consideraciones.

En principio es importante destacar que desde la creación del Instituto Estatal Electoral (IEE) en .diciembre de 1994 sus trabajadores no tienen hasta la fecha un régimen de seguridad social que los proteja como a cualquier trabajador en una relación laboral formal. Esto resulta inconcebible en una institución que debiera ser ejemplo de la aplicación lrrestricta de los principios de legalidad no solo en materia electoral, sino en todas las ramas del derecho que nos rijan; y siendo el recurso humano el capital más valioso de esta institución en razón de su naturaleza y funciones que realiza, desde su conformación tendría que contar con un régimen de seguridad social para garantizarle todas las prestaciones previstas en la Ley d~I Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (Ley del Servicio Civil), así como los previstos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Ley del ISSSTECALI).

Ante esta realidad, los trabajadores del Instituto Estatal Electoral no tienen la posibilidad de una eventual pensión o jubi lación, independientemente del número de años laborados, cuando por razones de incapacidad o de edad se tengan que retirar de esta institución.

Durante los últimos 23 años han dirigido este Instituto Electoral nueve Consejos Generales Electorales y. diversas administraciones, y este grave problema no ha sido parte · de la agenda, se ha soslayado como si no existiera una Constitución General de la República, Tratados Internacionales y leyes federales y locales en materia laboral que nos obliguen a su cumplimiento cabal .

Es lamentable y muy grave que el único organismo público local electoral (OPLE) en todo el país que no tiene un régimen de seguridad social para sus trabajadores es el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California.

El actual Consejo General Electoral deberá desplegar toda su capacidad para incorporar a sus trabajadores al régimen de seguridad social a que tienen derecho y cuenten con los beneficios que se les ha negado por tanto tiempo, siendo corresponsables de esta grave omisión el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores d~I Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y el Instituto Esta ta 1 Electora 1.

Antes de analizar el Dictamen 38 de la Comisión Especial de Administración que se presenta, mismo que adolece de la debida motivación y fundamentación, es importante tomar en cuenta algunos aspectos que se relacionan directamente con su contenido.

Como sabemos, la relación laboral de los trabajadores del Instituto Estatal Electoral se regula por la Ley Electoral del Estado de Baja California (Ley Electoral) y Ley del Servicio Civil, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Electoral. Supletoriamente se aplicarán la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jurisprudencia, la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de justiCia social que deriven del artículo 123 constitucional y los principios generales del derecho.

Las disposiciones contenidas en la Ley Electoral en materia laboral se limitan a cinco artículos (98 al 102), debiendo aplicarse en la mayoría de los supuestos la Ley del Servicio Civil, y demás ordenamientos y criterios jurídicos.

La clasificación general de todos los trabajadores en nuestro país en los establecimientos laborales públicos o privados son de confianza o de base. Estos últimos son la regla general, en cambio, los de confianza son la excepción y se determina por las fu,nciones que realizan. Así se determina el artículo 123 apartado B, fracción XIV y el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 123, apartado B.

X IV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Ley Federal del Trabajo

Artículo 90.- La categoría de trabaiador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza las de dirección. inspección. vigilancia y fi.scalizaci6n. cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

Asimismo, la Ley del Servicio Civil dispone en su artículo 4 que los trabajadores al servicio de las Autoridades Públ'icas se clasifican en trabajadores de confianza o trabajadores de base.

2

Por su parte, el artículo 98 de la Ley Electoral señala que se considerarán. servidores oúblicos de confianza, todo el personal del Instjtuto Estatal Electoral .

Es evidente que lo previsto en la Ley Electoral está en contradicción con el sistema jurídico nacional en este rubro. Más aún, existen diversas tesis y criterios emitidos por la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Tribunales Colegiados de Circuito, que sostienen que la categoría de un trabajador se determina por la naturaleza de sus funciones y no por la denominación. que tenga el puesto. Así lo acordó la Segunda Sala de la SCJN en sesión del 8 de junio de 2016 mediante Tesis de Jurisprudencia la cual es de aplicación obligatoria para todas las autoridades del país a partir de 4 de julio del mismo año, y cuyo contenído es el siguiente:

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN · ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA . DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER. \~

Las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias estatales y municipales, describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de confianza; sin embargo, si alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general atribuye a un cargo o función la calidad excepcional referida, como acontece con la mayor parte de las legislaciones laborales de los Estados de la República Mexicana, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe perderse de vista que, al constituir una presunción, admite prueba en contrario y al ser aplicable sobre todo a · los hechos jurídicos, deben encontrarse plenamente demostrados, esto es, lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así, ·el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es · coherente con ef carácter protector de las leyes laborales hacia el trabajador, quien es la parte débil de la relación laboral. (énfasis agregado)

Esta jurisprudencia es de suma Importancia para las relaciones laborales en todo el país, particularmente en tratándose de la categorización de los trabajadores que los diversos ordenamientos legales o normativos establecen. Y esta nueva concepción obedece en buena medida a la reforma al artículo 1 de la Constitución General de la República en materia de derechos humanos, específicamente en sus tres primeros párrafos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en donde se estableció lo siguiente:

Artículo 10 .. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

3

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad. con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los prinC1p1os de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en Jos términos que establezca la ley.

Lo· explicado anteriormente, tiene pertinencia porque el Dictamen 38 que se presenta, únicamente establece en los Antecedentes foja 2, lo siguiente:

"3.- El O 1 de febrero de 2018 mediante oficio número IEEBC/SE/176/2017, se notificó a la C. Claudia Luz Ochoa Rodríguez la remoción libre de su cargo como auxiliar especializado adscrito a la Coordinación de Comunicación Social, con efectos a partir del 02 de febrero de 2018.

En este oficio número SEIEE/176/2018 que el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, remite a la C. Claudia Ochoa Rodríguez, no se señalan las causas por las cuales se rescindirá la relación laboral de la trabajadora. En la parte conducente de este oficio únicamente se indica lo siguiente:

n •••• me permito informarle que se le remueve libremente del cargo que venía desempeñando como Auxiliar Especializado en la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral de Baja California"

El Secretario Ejecutivo no está justificando las causas de la separación del cargo de la trabajadora, y en consecuencia no se explican si son causas imputables al patrón o a la trabajadora. Esto es importante, no sólo porque así lo exige la Ley del Servicio Civil, y demás normatividad aplicable, sino porque de ello depende, en su caso, los montos de una eventual liquidación.

Lo anterior tiene mucha importancia por todo lo razonado en este escrito, pero además porque esta ausencia de justificación puede ser objeto de observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California. Este órgano del Congreso del Estado, recientemente observó que los asesores de las Consejeras y Consejeros Electorales no estaban registrando sus entradas y salidas del Instituto Estatal Electoral, con mayor razón si no se justifican los despidos de trabajadores del mismo Instituto.

Con esto, se vulnera el principio de certeza que en todo acto que emita esta autoridad electoral debe quedar acreditado, al igual que los demás principios que rigen la función pública electoral.

Esta justificación de la remoción libre prevista en el artículo 51, fracción i, tercer párrafo, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, puede ser aplicable única y exclusivamente para los trabajadores de confianza, siempre y cuando exista causa o causas que lo justifiquen. Sin embargo, el Secretario Ejecutivo aplica esta disposición en forma arbitraria y discrecional.

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Esta 'disposición señala con toda ·claridad lo siguiente:

" ... Los funcionarios de las dependencias y de las instituciones públicas nombrarán y removerán iibremente a los .trabajadores de confianza. Para llevar a cabo la remocióf! de los trabajadores de confianza, se hará. mediante escrito simple, sin que se requiera de procedimiento, notificac;ón o formalidad alguna; salvo aquellas condiciones y requisitos que para el caso de los servidores públicos de carrera llegue a establecer la ley del servicio profesional de carrera que se expida para tal efecto." (énfasis agregado)

Es evidente que la trabajadora C. Claudia Oi:hoa Rodríguez, de conformidad con su cargo de Auxiliar Especializado en el área de Coordinación de Comunicación Social, a quien se ha despedido en base a la figura de la remoción libre, a juicio del suscrito, es improcedente porque ESTA TRABAJADORA NO DESARROLLA FUNCIONES DE CONFIANZA.

Esta trabajadora no ejecuta o desarrolla funciones de dirección, inspección, vigilancia e inspección. Esta trabajadora no ejerce poder de decisión o de mando, no maneja recursos económicos, ni fondos ni valores, no tiene personal a su cargo, no fiscaliza a órganos del Instituto Estatal Electoral u otros, no realiza funciones de auditoría, no realiza actos de representación legal, y demás actividades o funciones consideradas de confianza. Es por ello, que la figura de la remoción libre en que se fundamenta este Dictamen, en todo caso, es cuando se trata únicamente de trabajadores de confianza, ~ como se plasma en la siguiente Tesis de Jurisprudencia acordada por la Segunda Sala de la SCJN en sesión del 19 de febrero de 2014 la cual es de aplicación obligatoria para todas las autoridades .del país a partir del 10 de marzo del mismo año, y cuyo contenido se transcribe:

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SER.VICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE .CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

La actual integración de la 'Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia· de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción XIV, en relación con Ja diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base,' sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue Intención del Constituyente Permanente otorgar .el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un pape! importante en el ejercicio· de la función públlca del Estado; de ahí~que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante

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responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso la "remoción libre", lejos de estar prohibida, se justifica en Ja medida de que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público. (énfasis agregado).

Para la debida justificación de esta modificación presupuesta! para los efectos indicados en el Considerando V de este Dictamen, la autoridad electoral debe acreditar que la trabajadora C. Claudia Ochoa Rodríguez, de conformidad con su cargo de Auxiliar Especializado en el área de Coordinación de Comunicación Social, realizaba funciones de confianza, con independencia de su nombramiento o cargo, así lo exigen las disposiciones legales aplicables y la jurisprudencia invocada con anterioridad, cuya parte resalto " ••• deben encontrarse plenamente demostrados, esto es, lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así, el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es coherente con el carácter protector de las leyes laborales hacia el trabajador, quien es la parte débil de la relación laboral"

Aplicar discrecionalmente la figura de la "remoción libre" a los trabajadores del Instituto Estatal Electoral que no desarrollan funciones de confianza, además de contravenir diversas disposiciones previstas en los ordenamientos jurídicos sobre la materia, y de violentar los derechos humanos de carácter laboral de los trabajadores, implica atentar con los objetivos y atribuciones que por mandato legal debe cumplir este organismo público, porque se atenta contra sus principios rectores de la función pública electoral, particularmente con los principios de legalidad, certeza y profesionalismo.

De conformidad con el Título Tercero, Capítulo Segundo de la Ley del Servicio Civil relativo a la terminación de las relaciones laborales, su artículo 56 dispone lo siguiente:

Artículo 56.- Los trabajadores sólo podrán ser cesados por causa justificada en los términos que exige esta Ley, tratándose de separación injustificada podrán optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización constitucional, y al pago de las demás prestaciones establecidas, mediante el procedimiento legal para el efecto establecido en los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les indemnice constitucionalmente y al pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados a proporción, si así lo manifiesta expresamente, y en caso de indemnización, al pago de una prima de antigüedad consistente en quince días de salario por cada año de servicios prestados, independientemente de las demás prestaciones a que tuviere derecho el trabajador.

Asimismo, la Ley del Servicio Civil establece en su artículo 57 las causas por las cuales puede rescindirse la relación laboral, sean imputables al trabajador o al patrón, señalando además lo siguiente:

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"Si en e/ juicio correspondiente no comprueba la Autoridad Pública la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido .hasta por un período máximo de doce meses."

La propia Constitución General de la República establece en su artículo 123, apartado B, fracción XI, qu~ los trabajadores sólo podrán ser cesados por causa justificada, en los siguientes términos;

Artkulo 123 de la Constitución General de la República.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

XI Los trabajadores sólo podrán ser . suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. _,.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la Indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

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Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, dispone en su artículo 46 lo siguiente:

Artículo 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares .de las dependencias por las siguientes causas:

Fracciones de la I a la V incisos de la . a) a la j) .....

En este mismo rubro consistente en la rescisión de la relación ·laboral, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 46 señala lo siguiente:

Artículo 46.- El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualqúier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.

En cuanto a las causas de resc1s1on de esa relación, en el mismo ordenamiento laboral, en sus artículos 47 y 51 se establecen las causas sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador, respectivamente.

Artículo 47.- . Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

Fracciones de la I a la X. ....

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

Fracciones de la I a la X. ..•• 7

Cuando al trabajador se le despide sin causa justificada, el artículo 48 en sus dos primeros párrafos de la misma Ley Federal del Trabajo, indica lo siguiente:

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón 'del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de Ja rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.

En resumen, mi voto es en contra del Dictamen 38 de la Comisión Especial de Administración, por lo siguiente:

Primero. El Dictamen 38 caree~ de la motivación y fundamentación que se exige por la normatividad vigente.

Segundo. El Secretario Ejecutivo NO JUSTIFICA EL ACTO realizado consistente en la rescisión de la relación laboral de la trabajadora Claudia Ochoa Rodríguez.

Tercero. La trabajadora C. Claudia Ochoa Rodríguez, de conformidad con las funciones que desarrollaba NO PUEDE CATALOGARSE COMO TRABAJADORA DE CONFIANZA de conformidad con la naturaleza de sus funciones, por lo tanto, no les aplica la figura de libre remoción prevista en el Considerando V de ambos Dictámenes.

En virtud de la trascendencia de este asunto para el Instituto Estatal Electoral y sus trabajadores, además de solicitar a esta Presidencia del Consejo General Electoral sea agregado este voto razonado al Dictamen en cuestión, también le solicito se remita al Departamento de Control Interno del Consejo General Electoral para los efectos legales correspondientes y para su estudio y análisis en relación a las políticas laborales del Instituto Esta ta 1 Electoral.

ATENTAMENTE

C.c.p. Todos los integrantes del Consejo General Electoral. C.c.p. Departamento de Control Interno del Consejo General Electoral.

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DICTAMEN 38 CEA_AMPLIACION AUTOMATICA PRESUPUESTO EGRESOS 2018 IEEBCANEXO UNO-OFICIO IEEBC-SE-176-2018ANEXO DOS-OPINION LIC. MIRELES ASESOR LABORALvoto

dictamen nÚmero treinta y ocho consejo general del instituto estatal electoral … · 2019. 8....

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