diagnostico_víctimas

ISBN 978-956-336-006-6Impreso en Santiago de Chile

Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación, siempre y cuando se reco-nozca y cite al autor original y publicación, no se realicen modificaciones y no se utilice para fines comerciales.

Edición GEnEralGonzalo Fuenzalida FigueroaJefe del Programa de Apoyo a VíctimasSubsecretaría de Prevención del DelitoMaría Paz Rutte BarreraCoordinadora Área política pública e intersectorialidad Programa de Apoyo a Víctimas

invEstiGador PrinciPalEsteban De la Huerta FernándezSociólogoPrograma de Apoyo a Víctimas

invEstiGadorEsCatalina Fernández CruzatPsicóloga Programa de Apoyo a Víctimas

María Pilar Iturrieta CuevasAbogada Programa de Apoyo a Víctimas

Paula Medina GonzálezPsicóloga

colaboradorEsJoseline Carbonell ÁlvarezCorporación de Asistencia Judicial MetropolitanaMinisterio de Justicia

Angélica Palma CerdaEncargada de los Centros de la MujerServicio Nacional de la Mujer

ÍndicE Antecedentes

Capítulo 1Caracterización del problema

Capítulo 2Servicios a víctimas

Conclusiones

Bibliografía

Pies de página tablas

8 Víctimas de Delito en Chile | diagnóstico nacional

diagnóstico nacional 9

antEcEdEntEs

La necesidad de que el Estado desarrolle acciones dirigidas a entregar asistencia a víctimas de delito fue consignada en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana (DSP, 2004), y debatida ampliamente en el foro de expertos cuya misión fue la elaboración de un documento de consenso que estableciera un diagnóstico o línea de base para el posterior debate sobre las estrategias necesarias para disminuir la delincuencia.

La preocupación por la víctima se ha materializado en su inclusión como eje de trabajo en materia de seguridad, tanto en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como en el plan Chile Seguro, instrumento guía de las políticas de seguridad pública durante el período 2010-2014.

Desde mediados de los años ’80 en Chile, instituciones públicas han im-plementado acciones destinadas a asistir a víctimas de delitos1. La primera de estas acciones fue la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile. A este siguieron iniciativas de otras tantas instituciones públicas (corporaciones de asistencia judicial, Servicio Nacional de Menores y Servicio Nacional de la Mujer, entre otras) cuya función principal no se relaciona con las víctimas de delito, pero que, igualmente, han incluido la asistencia a éstas como una de sus múltiples líneas de acción.2

Estas acciones, por tanto, “surge[n] como respuesta a una necesidad detectada en la población, pero no es una respuesta organizada y estruc-turada, sino mas bien fue un levantamiento de servicios originados por las propias instituciones” (Dirección de Presupuestos Dipres, 2008: 201) o “las iniciativas surgen intuitivamente de distintas instituciones del Estado para dar respuesta a una realidad que les demanda…” (DSP, 2005: 137).

1 Se hace referencia a delitos violentos como delitos sexuales y homicidios; y no a delitos vinculados a vulneraciones graves de los derechos humanos, ámbito en el cual nuestro país posee una vasta experiencia, principalmente a través del trabajo de ONGs y el programa PRAIS del Ministerio de Salud.2 “Cada una de las de las estructuras organizacionales de las cuales dependen los componentes [programas de asistencia] tiene sus prioridades contenidas en sus planificaciones estratégicas y en la mayoría de los casos la atención a víctimas no ocupa un lugar primordial” (Dipres, 2008: 205). El origen de estas iniciativas, que no se relacionan con la función central de las instituciones que las acogen puede ser el que sugiere el diagnóstico del año 2006 “Lo que se observa son iniciativas que surgen ya sea por injerencia de tratados internacionales o por necesidades internas de servicios públicos, que se han visto en la obligación de asumir esta responsabilidad para poder cumplir con los objetivos del servicio (DSP, 2005: 76).

Víctimas de Delito en Chile |


La naturaleza inorgánica del crecimiento de esta oferta pública de asistencia ha generado, con el paso del tiempo, una situación que, evaluada desde una perspectiva de racionalidad estratégica de la acción del Estado, carece de organización y no es eficiente en la consecución de los objetivos que se propone.

Esta situación, puesta de manifiesto por el diagnóstico en materia de asistencia a víctimas de delito del año 2006 (DSP, 2005) y por la evaluación hecha por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a los programas de asistencia a víctimas3, da lugar a una primera instancia de coordinación, la Red de Asistencia a Víctimas (RAV), constituida el año 2007 por medio de un convenio entre siete instituciones que desarrollaban acciones en esta área y, posteriormente, al mandato del plan Chile Seguro (2010) de desarrollar una política pública nacional, integral e intersectorial en materia de asistencia a víctimas de delito (DSP, 2010: 46) a que se hace referencia anteriormente.

El plan Chile Seguro, en este sentido, reconoce la importancia de la asistencia a víctimas y el impacto de ésta en la reducción de las consecuencias negativas de la victimización al señalar que “(…) existe amplio consenso y evidencia empírica respecto de que brindar asistencia a víctimas de delitos, especialmente asistencia reparatoria, tiene efectos positivos en la superación de las consecuencias de la victimización…” (id)., pero al mismo tiempo se hace parte del diagnóstico sobre una oferta pública afectada por serias limitaciones, las que describe de la siguiente manera:

Ausencia de evaluación de los programas, en particular de los efectos •que éstos tienen sobre las víctimas atendidas.Ausencia de datos actualizados sobre usuarios atendidos y atenciones. •Desorganización de la oferta pública de atención y ausencia de una •política pública que permita coordinar la acción del Estado.Déficit de cobertura y barreras de acceso de los servicios. •

Este diagnóstico coincide con la evaluación de la Dirección de Presupuestos y con el diagnóstico nacional en materia de asistencia a víctimas del año 2006.

El diagnóstico de Dipres específicamente recalca la ausencia de planificación de la oferta estatal, dispersa en diversos programas e instituciones, el cual, si bien responde en general a un adecuado diagnóstico de problemas

3 Evaluación en la cual fueron incluidos únicamente tres programas públicos: el Centro Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la Región Metropolitana, dependiente de la Policía de Investigación de Chile y los centros dependientes de las corporaciones de asistencia judicial (CAVIs) y del Ministerio del Interior (CAVDs).

Víctimas de Delito en Chile | diagnóstico nacional 11

específicos (Dipres, 2008: 203), no incluye procedimientos de coordinación comunes a todas las instituciones que permitan “la consecución de los fines señalados” (Id.: 204).

Al respecto, el informe sugiere avanzar en distintas materias como meca-nismos de registro, derivación, evaluación, planificación en la asignación de recursos (Id.: 205, 207 y 210) y capacitación, entre otros. Estos últimos, corresponden a los mismos problemas detectados en el diagnóstico del año 2006, a saber: limitaciones o inexistencia de mecanismos de registro y evaluación (DSP, 2005: 135-137) y escasa coordinación entre las instituciones (Id.: 134).4

Finalmente, para ambas evaluaciones los problemas diagnosticados implican la necesidad de una política pública que permita enfrentar los desafíos descritos, por medio de la planificación y la coordinación: “(…) gran parte de los vacíos e incompetencias detectadas en los servicios se debe a la ausencia de un marco común que regule su accionar [de los diversos programas] de manera integral. Por esto muchos de los juicios negativos que las instituciones han recibido en esta evaluación son reflejo de debilidades a nivel sistémico, que difícilmente las instituciones podrán subsanar en ausencia de una política pública en materia de atención a víctimas” (Dipres, 2008: 208). Además, que esta política pública se plasme en una institucionalidad dotada de facultades5, que regule la oferta (Id.:212), la oriente o focalice (Id.:222):

“[Recomendación 1] Generar una instancia estatal que permita la coordi-nación de la oferta pública, sistematice la información derivada de ella y tenga atribuciones para evaluar y controlar la ejecución de los distintos programas de asistencia” (DSP, 2005: 139).

La necesidad de una política pública planteada por esta evaluación se refiere, en síntesis, a la necesidad de un instrumento que dote a la intervención dirigida desde el Estado de una adecuada racionalidad estratégica, que especifique los objetivos a los que se orienta la acción, ajuste las respuestas a tales objetivos y evalúe permanentemente los resultados obtenidos en función de los objetivos propuestos, tal como se expresa claramente en la evaluación de los presupuestos y rendimiento de las instituciones, realizada por Dipres sobre los que se propone que “sean redefinidas en base a las necesidades de la población y no exclusivamente en base a las capacidades de atención del servicio” (Dipres 2008: 220).

4 Desde la perspectiva de los programas, además, ambas evaluaciones coinciden en la baja tasa de cobertura de los servicios públicos, considerados conjuntamente y en relación a sus poblaciones objetivo.5 “La mayor debilidad es la carencia de un gestor de red que tome el liderazgo explícito a un nivel resolutivo y vinculante. Lo anterior es producto de la ausencia de un marco jurídico que la faculte para ello…” (DIPRES, 2008: 204).


El diagnóstico del año 2006 es aun más explícito en torno al carácter de orientación estratégica que debe tener la política pública, pues indica que “La principal desventaja señalada es la ausencia de una política pública en la materia, que coordine los esfuerzos individuales, defina funciones y permita tener una mirada estratégica y de largo plazo para el tratamiento del tema” (DSP, 2005: 132).

Cumpliendo con el compromiso del plan Chile Seguro, el Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha trabajado, desde el año 2010, en la formulación de una política nacional en materia de víctimas, para lo cual ha consultado a expertos en el tema, a instituciones que prestan servicios a víctimas -tanto a nivel nacional como regional-, ha consultado las opiniones de la ciudadanía sobre la materia y ha implementado un diagnóstico amplio y actualizado de la asistencia a víctimas en Chile, el que se plasma en un conjunto de estudios. Finalmente, ha formulado propuestas de contenidos para tal política.

Esta publicación comparte con la ciudadanía y las instituciones los princi-pales antecedentes recopilados por los estudios del diagnóstico, así como antecedentes complementarios que permiten interpretar adecuadamente los datos. Por su parte, los contenidos aportados para la formulación de la política se encuentran en el Documento de política pública, disponible en www.apoyovictimas.cl.

En total se presentan 8 diferentes estudios, los que se agrupan en dos capítulos.

El Capítulo 1 describe el problema que se busca enfrentar desde el Estado, a saber, los negativos efectos que la victimización tiene sobre las personas.

Para ello presenta la cantidad de víctimas asociadas a determinados tipos de delitos, a las que describe en términos de sus características socio-demográficas y su distribución geográfica.

Describe las consecuencias que la victimización genera a las personas en un conjunto de ámbitos vitales, como son la salud física y mental, las finanzas y las relaciones sociales, entre otras, para víctimas de delitos violentos, de violencia intrafamiliar y para víctimas indirectas de femicidio.

Adicionalmente aporta antecedentes novedosos sobre las formas de expresión de la victimización secundaria, tema de especial relevancia para las instituciones que realizan asistencia a víctimas.

En el Capítulo 2 describe la respuesta actualmente existente, es decir, la oferta de intervención provista por el Estado y orientada a víctimas de delito.


Para ello, se describe la legislación que enmarca la acción en materia de víctimas de delitos.

Posteriormente se caracteriza la acción de las diferentes instituciones en términos de sus objetivos, programas, esquemas de intervención, costos y mecanismos de evaluación, lo que entrega una visión breve, pero exacta, sobre las acciones emprendidas desde el Estado y sus principales características.

Finalmente se hace una breve reseña de la Reforma Constitucional de julio de 2011, que obliga al Estado a brindar representación judicial y se presenta un estudio sobre el rol que la representación jurídica puede cumplir en la reparación integral de las víctimas de delito.

Para facilitar su revisión y comprensión, cada estudio presentado es antecedido por una ficha destacada que resume sus principales atributos.

Esperamos que estos antecedentes ayuden en la formación de opinión pública sobre la situación de las víctimas en Chile y facilite la implementación de una política nacional que resuelva, de forma definitiva, las limitaciones reveladas por los diagnósticos.


caPÍtulo 1 caracterización del problema

La victimización es un problema social, debido a que implica costos para la sociedad6, además de una transgresión al derecho a la integridad personal que impacta en el temor y la inseguridad.

El año 2010, el 28,2% de los hogares urbanos en Chile fue víctima de un delito7 (DSP, 2010), y el 9,5% de los hogares fue afectado por la victimización en más de una ocasión.

La victimización de la que informan las encuestas y estadísticas tiene una dimensión personal. Las personas experimentan las consecuencias negativas de la victimización, las que, en muchas ocasiones, afectan no sólo a la víctima directa (el ofendido por el delito), sino también a su entorno familiar, social o comunitario.

Este capítulo sintetiza los resultados de los estudios de caracterización de las víctimas de delitos; de necesidades y demandas de las víctimas de delitos violentos; de necesidades y demandas de las víctimas de violencia intrafamiliar; y de necesidades y demandas de los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de femicidio; además de presentar resultados preliminares del Estudio de Victimización Secundaria, todos ellos desarrollados por el Programa de Apoyo a Víctimas.

Agrega además, antecedentes relativos a victimización, consecuencias de la victimización en las víctimas, necesidades de las víctimas y otros que resultan de utilidad para desarrollar una comprensión cabal del fenómeno.

LAS VíCtIMAS DE DELItOLa definición de víctima, que puede abordarse desde múltiples perspectivas, pone de manifiesto la dimensión personal de las consecuencias negativas de la victimización; las alternaciones ocasionadas por el delito a las personas, su entorno y sus condiciones de vida; y la vulneración de los derechos que éstas sufren.

6 El costo económico del delito fue estimado en 1.354 millones de dólares para el año 2002 (DSP, 2005b: 101).7 Específicamente al menos uno de sus miembros fue víctima de un delito.


El año 2010, casi 1,2 millones de personas denunciaron ser víctimas de delitos en Chile8. Si consideramos el fenómeno de la no denuncia, las víctimas totales de delitos pueden cifrarse entre 2,7 y 4,69 millones de personas.

La evolución de la cantidad de víctimas de delitos denunciados coincide con la tendencia al aumento de las denuncias. Mientras los casos ingresados en el Ministerio Público aumentaron desde 944.547 en 200610 a 1.247.104 en 201011, las víctimas de delitos denunciados aumentaron de 756.556 en 200512 a 1.194.377 en 201013.

Esta tendencia al aumento se verifica, con diferencias, en todas las agrupaciones de delitos estudiadas y durante el conjunto del periodo considerado (Gráfico 1), a excepción del año 2010, en que los datos revelan una pequeña disminución de las denuncias.14

Gráfico 1: Evolución de las víctimas de varias agrupaciones de delitos.

8 Base AUPOL, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Carabineros de Chile.9 Cálculo propio en base a tasas de no denuncia, causas conocidas por la justicia criminal y otras fuentes.10 Primer año completo de operación de la Reforma Procesal Penal en todo el país.11 Boletines estadísticos del Ministerio Público, disponibles en www.fiscaliadechile.cl 12 Primer año con estadísticas comparables a nivel nacional. 13 Base AUPOL, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Carabineros de Chile.14 Coincidente, por lo demás, con la mayor disminución de la tasa de victimización que las encuestas registran.

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Víctimas totalesViolentos gravesRobosHomicidiosLesionesDelitos Sexuales

756.556

818.127

972.245

1.204.084

1.194.377

1.059.858


Las víctimas de delitos pueden ser estudiadas desde diferentes fuentes, las principales son las encuestas de victimización y los datos de denuncias.

Los datos de denuncias son bastante adecuados para segmentar y caracterizar, puesto que las bases de datos que los registran suelen incluir múltiples variables de caracterización (es el caso de Chile), consignan todos los tipos de delitos y tienen cobertura para todo el territorio.

En contrapartida, no todos los delitos que ocurren son denunciados y, por tanto, las estadísticas de denuncias ocultan una parte del problema que es conocida como “cifra negra”15.

Las encuestas de victimización, por su parte, al consultar directamente al público general por los delitos que le han afectado, superan las limitaciones de la no denuncia, aunque, en general, no consultan por delitos sexuales o violencia intrafamiliar y pueden infravalorar o perder información sobre múltiples delitos al consultar en un hogar.

En Chile existe más de una institución facultada para acoger denuncias de delitos (ambas policías, Ministerio Público y tribunales de justicia, entre otras). Algunas de las fuentes para conocer las estadísticas de denuncias son la base de denuncias de Carabineros de Chile (Aupol), que recibe en torno al 90% de las denuncias realizadas ante las policías16, y las estadísticas de casos llevadas por el Ministerio Público en base al sistema SAF.17

Anualmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública encarga, además, una encuesta de victimización de hogares, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), en la lógica de las encuestas nacionales de victimización realizadas en varias sociedades desarrolladas18.

Los datos que a continuación se presentan corresponden a una selección de la información incluida en el Estudio de Caracterización de Víctimas de Delito.

15 El año 2010 se denunció en Chile el 35,7% de los delitos (por los que se consulta, los que excluyen delitos sexuales y violencia intrafamiliar). Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2010, Ministerio del Interior y Seguridad Pública e Instituto Nacional de Estadísticas (DSP, 2010b).16 Boletines estadísticos del Ministerio Público.17 Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF). Sistema informático de registro del Ministerio Público, cuyos principales datos son puestos a disposición del público por medio de los boletines estadísticos de éste.18 El modelo de estas son la British Crime Survey (BCS) del Reino Unido y la National Crime Victimization Survey (NCVS) de los Estados Unidos.

diagnóstico nacional 17

1. Estudio de la caracterización de víctimas de delito

Origen Diagnóstico nacional en materia de víctimas 2011.

Disponibilidad www.apoyovictimas.cl

Fecha publicación Mayo 2011.

Ejecución Propia.

Objetivos Caracterización de las víctimas de delitos a partir de bases de datos cuantitativas y secundarias.

Métodos Análisis de datos secundarios (estadísticas de denuncias, encuestas de victimización, estadísticas de ingresos de casos del Ministerio Público, datos censales).

Los delitos pueden ser agrupados según diversos criterios:

Según la magnitud o gravedad del daño: en este sentido es posible distinguir delitos con el potencial de generar un mayor daño o afectación en las personas, ya sea por la extensión temporal del daño o su irreversibilidad (muerte, discapacidad), o por la cantidad de ámbitos afectados (físico, psicológico, económico, etc.).19

Según la violencia del delito: La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como “el uso intencional de la fuerza”, colocando el énfasis en la intención de quien comete el delito, independiente de las consecuencias que este produzca.

Los delitos también pueden ser agrupados según el tipo de bien jurídico afectado: la vida, la propiedad, la libertad o indemnidad sexual; según criterios comparados: es decir, según lo que en otras sociedades se ha priorizado para fines de asistencia o compensación, o lo que en otros estudios se ha seleccionado como objeto de investigación; según las definiciones institucionales, es decir, aquellos delitos que las instituciones han seleccionado como objeto de atención preferente o exclusivo.

El Estudio de Caracterización de Víctimas de Delito utiliza criterios de gravedad del daño, entendido como las consecuencias potenciales del delito, el tipo de bien jurídico afectado, criterios comparados y definiciones institucionales para agrupar y describir las características de víctimas de diferentes tipos de delitos.

19 Lo anterior sin perjuicio de la tendencia de la literatura actual en la materia, al relacionar las consecuencias de la victimización principalmente con las características de la víctima y sus recursos de superación.

Víctimas de Delito en Chile |


En esta sección se presenta y describe a las víctimas de delitos según ocho agrupaciones diferentes:

El conjunto de las víctimas de delitos.1.

Las víctimas de delitos violentos graves, es decir, de aquellos 2. delitos con mayor potencialidad para generar daño.

Víctimas de robos.3.

Víctimas de homicidios.4.

Víctimas de lesiones.5.

Víctimas de delitos sexuales.6.

Víctimas de violencia intrafamiliar.7.

Víctimas de cuasidelitos de lesiones y homicidios.8.

De esta manera, todas de las víctimas de estas últimas agrupaciones (3 a 8), es decir, de delitos de robos, homicidios, etc., están incluidas en la primera agrupación (total de víctimas) y algunas de ellas están incluidas en la segunda agrupación (víctimas de delitos violentos graves). Por lo mismo, las agrupaciones no son mutuamente excluyentes y su porcentaje de participación sobre el total (tabla 1) no suma 100.

A partir de las bases de datos de denuncias es posible apreciar la magnitud de la victimización por estas agrupaciones de delitos (tabla 1).

Víctimas de Delito en Chile | Diagnóstico Nacional 19

Tabla 1: Delitos denunciados, víctimas y tasa de no denuncia, según agrupaciones de delitos, año 2010.

Víctimas según estadísticas de denuncia1

% sobre el total

Casos ingresados en el Ministerio Público2

% sobre el total

Tasa de no denuncia (cifra negra)3

Violentos graves4 269.781 22,6 52%

Robos 277.781 23,3 300.027 23,4 51%

Homicidios5 553 0,0 1.342 0,1 20%

Lesiones 120.902 10,1 174.022 13,6 51%

Delitos sexuales 10.722 0,9 17.766 1,4 75%

Violencia intrafa-miliar

135.714 11,4 122.615 9,6 70%

Cuasidelitos 69.679 5,8 15.878 1,2 51%

Víctimas totales 1.194.377 100,0 1.283.083 100,0 54%

El cuadro muestra cómo, a medida que aumenta la gravedad del daño (en función de sus consecuencias)20, disminuye la cantidad de víctimas afectadas por estos delitos.

Del total de 1,2 millones de víctimas asociadas a las denuncias durante el año 2010, un 23% corresponde a delitos de robo, un 11% a violencia intrafamiliar y un 10% a lesiones. En su conjunto, estas categorías agrupan alrededor de la mitad de las víctimas.

Si se agrupan los delitos según la gravedad de sus consecuencias21, algo más de un quinto de las víctimas totales -269.781- corresponde a víctimas de delitos violentos graves. En tal selección no se incluye a todas las víctimas de los tipos de delitos seleccionados, sino específicamente a aquéllas que sufren consecuencias de mayor gravedad (por ejemplo, según gravedad de las lesiones).

Desde una perspectiva comparada, esta última cifra agrupa a las víctimas incluidas en los catálogos de atención de instituciones de la Red de Asistencia a Víctimas (RAV), lo que refuerza el juicio de que se trata de las víctimas de delitos de mayor gravedad.20 Selección de delito según sus consecuencias en función de lo reportado por la literatura en la materia y la prevalencia de tipo de lesiones según clasificación de delitos.21 Id.

*

* Los piés de página de tablas se encuentran en las páginas 67 y 68


Los delitos de una especial complejidad, en términos de sus consecuencias, como los delitos sexuales y de homicidio, afectan a una cantidad relativa-mente pequeña de víctimas.

Los datos de víctimas procedentes de denuncias no coinciden con los de casos ingresados del Ministerio Público -si bien en general son similares en magnitud-, debido a que la base de denuncias considera personas y la del Ministerio Público casos22; a que los casos pueden incluir más de un delito; a que la asignación a categorías es dinámica en ésta; y a que ambas bases responden a diferentes objetivos.

La cantidad de víctimas correspondientes a diferentes agrupaciones de delitos pueden, a su vez, ser caracterizadas según atributos de las personas, los grupos o los territorios donde habitan (tablas 2, 3 y 4).

22 A partir del año 2011 el Ministerio Público ha comenzado a presentar información de nivel víctimas en sus boletines.


Tabla 2: Sexo, edad, grupo socioeconómico y tipo de lesiones de las víctimas según agrupaciones de delitos, año 2010.

Sexo Edad (en años) GSE6 Lesiones

HOM MUJ 0-17 18-39 40-64 65+ Medio o alto Bajo

Les menos graves o superior

Víctimas delitos violentos graves

59,9 40,1 17,2 51,7 27,4 3,7 19,6 80,4 13,6

Víctimas de robo 65,4 34,6 2,5 51,8 40,2 5,6 45,9 54,1 0,8

Víctimas de homicidio 82,5 17,5 7,2 62,6 26,8 3,4 5,9 94,1 89,78

Víctimas de lesiones 59,7 40,3 16,8 53,3 26,8 3,1 17,1 82,9 15,7

Víctimas de delitos sexuales

14,8 85,2 54,6 34,7 10,2 0,5 9,3 90,7 3,5

Víctimas de violencia intrafamiliar

18 82 7,3 55,4 32,7 4,7 17,8 82,2 3,2

Víctimas de cuasidelitos 63,3 36,7 12,3 46,7 34,4 6,5 21,8 78,2 15,4

Víctimas totales 54,8 45,2 7,8 51,4 35,5 5,3 30,3 69,7 4,5

Población general9 49,3 50,7 30,9 35,2 25,8 8,1 42,6 57,4 N/A

Un análisis detallado de las características de las víctimas según agrupaciones de delitos, muestra que los hombres constituyen la mayoría de las víctimas para el total de los delitos (54,8% de hombres), al igual que entre los delitos de robos (65% de hombres) y lesiones (60% hombres), mientras que las mujeres constituyen una amplia mayoría entre las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar (82% mujeres) y delitos sexuales (85% mujeres).

En el caso de los cuasidelitos y de los homicidios, los hombres son también las víctimas mayoritarias (63% y 83% de hombres, respectivamente).Por tanto, las mujeres son víctimas mayoritarias únicamente en el caso de los delitos con un importante componente relacional, es decir, aquellos en que el victimario es un integrante del hogar o un conocido de la víctima.



En términos de edad, la mayoría de las víctimas se sitúa en tramos medios de edad. El 51% de las víctimas tiene entre 18-39 años y el 36% está entre los 40 y 64 años. Los menores de edad y los adultos mayores representan, en conjunto, el 13% de las víctimas.

En comparación con la población nacional, en general las víctimas de delitos tienen una mayor edad, pues la proporción de menores entre las víctimas es baja.

No obstante lo anterior, en particular las víctimas de delitos de lesiones, de delitos violentos graves, de cuasidelitos y de delitos sexuales son más jóvenes que las víctimas de delitos en general y, en el caso específico de los delitos sexuales, los menores de edad constituyen la mayoría de las víctimas (54,6%).

Por el contrario, las víctimas de robos son, en promedio, de mayor edad (45,8% mayores de 39 años, contra 33,9% de las víctimas totales).

Si analizamos la composición socioeconómica de las diferentes clasificaciones de víctimas, veremos que a medida que aumenta la gravedad de los delitos (en función de sus consecuencias), aumenta la proporción de víctimas pertenecientes a los grupos socioeconómicos (GSE) más vulnerables.

La mayor proporción de víctimas de grupo socioeconómico medio o alto se da entre las víctimas de robo (45,9%), mientras que las víctimas de grupo socioeconómico bajo componen el 82,9% de las víctimas de lesiones, el 90,7% de las víctimas de delitos sexuales y el 94,1% de las víctimas de homicidio.

Como muestra la tabla 3, es posible decir que la población de menores ingresos enfrenta mayores probabilidades de ser víctima de delitos y muchas más probabilidades de ser víctima de delitos violentos graves, comparada con la población de mayores ingresos.

Tabla 3: Porcentaje de población de menores ingresos a nivel nacional y entre las víctimas de delito.

% GSE bajo Nivel de sobre-representación10

Población general 57,4% 0%

Víctimas de delito 69,7% 21%

Víctimas de delitos violentos graves 80,4% 40%



Entre el total de víctimas, sólo el 4,5% sufre lesiones de carácter menos grave o superior, porcentaje que se triplica entre las víctimas de delitos violentos graves.

En general, es posible decir que, comparativamente dentro de la población, las víctimas de delitos son en mayor medida hombres, de mayor edad y menor nivel socioeconómico, y que a mayor gravedad del delito mayor proporción de hombres y personas de GSE bajo.

Una importante excepción a lo anterior son las víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, que en su mayoría son mujeres y, en el caso de las víctimas de delitos sexuales, menores de edad.

Desde la perspectiva espacial o geográfica, la distribución de los delitos y las víctimas puede analizarse en términos absolutos o relativos.

En términos absolutos, se puede analizar la cantidad total de delitos o víctimas en un territorio y realizar comparaciones entre territorios. En Chile, tanto los delitos como las víctimas tienden a concentrarse en las zonas con mayor población.

Del total de 1,2 millones de víctimas, 519 mil, equivalentes al 43%, residen en la región Metropolitana, que concentra al 40% de la población. Las siguientes concentraciones de víctimas se ubican en las regiones del Biobío y de Valparaíso, es decir, en las siguientes regiones en orden de población.

Esta situación se replica, con algunas diferencias, en las diferentes agrupaciones de delitos.

En términos relativos, sin embargo, se puede analizar la prevalencia de delitos o víctimas entre la población general, por ejemplo, por medio de tasas poblacionales.

La tabla 4 presenta las tasas de víctimas de las agrupaciones de delitos estudiadas cada 100.000 habitantes y compara las tasas de diferentes zonas geográficas, indicando la mayor o menor probabilidad de sus habitantes de ser víctimas de los delitos correspondientes.


Tabla 4: tasas poblacionales de víctimas de delito, según zona geográfica y agrupaciones de delitos. Se comparan las tasas nacionales (valor=100) con las de diferentes zonas geográficas.

Tasa poblacional de víctimas11

Nacional 3 mayores regiones12 Norte Centro Sur RM

Víctimas delitos violentos graves 1.578 100 103 108 93 88 108

Víctimas de robo 1.625 100 112 106 83 69 123

Víctimas de homicidio 3 100 97 95 85 120 106

Víctimas de lesiones 707 100 97 118 98 97 97

Víctimas de delitos sexuales 63 100 106 93 82 93 118

Víctimas de violencia intra-familiar

794 (1.727)13

100 93 108 105 119 86

Víctimas de cuasi-delitos 408 100 98 105 103 102 95

Víctimas totales 6.987 100 104 107 93 89 108

Victimización14 100 105 100 98 88 105

El análisis de las tasas poblacionales de víctimas de delito muestra que una mayor proporción de habitantes de la región Metropolitana son víctimas de robo (123% del promedio nacional), de delitos sexuales (118%), de delitos en general, de delitos violentos y de homicidio. Aunque esta región presenta menores tasas de violencia intrafamiliar (86%) y cuasidelitos (95%).

En las regiones con mayor población existen mayores tasas de víctimas de robos (112%) y de delitos sexuales (106%), pero menores tasas de víctimas de violencia intrafamiliar (93%).

La zona norte del país, por su parte, presenta mayores tasas de víctimas de lesiones (118%), violencia intrafamiliar (108%), delitos violentos (108%),



delitos en general (107%) y robos (106%), pero menores tasas de víctimas de delitos sexuales (93%) y de homicidios (95%).

La zona centro presenta una tasa ligeramente mayor al promedio nacional de víctimas de violencia intrafamiliar (105%), pero tasas bastante menores de víctimas de delitos sexuales (82%), robos (83%), homicidios (85%), delitos violentos graves y delitos en general.

La zona sur presenta la mayor diferencia negativa a nivel nacional, su tasa de víctimas de robos es equivalente al 69% de la tasa nacional, es decir, por cada 3 víctimas de robo en otras zonas, en esta zona existen solo dos. Sus tasas de víctimas de delitos violentos graves, delitos en general y delitos sexuales son también marcadamente inferiores al promedio nacional. En contrapartida, la zona sur presenta las mayores tasas de víctimas de homicidio (120%) y violencia intrafamiliar (119%).

A partir de estos antecedentes, y basándose específicamente en las víctimas asociadas a delitos denunciados, es posible decir que las grandes zonas urbanas presentan mayores tasas de víctimas de robos, delitos sexuales, delitos en general y delitos violentos graves.

Por el contrario, la violencia intrafamiliar se configura como un fenómeno que afecta a una proporción mayor de personas en regiones con menores concentraciones de población y el homicidio muestra un comportamiento más complejo; afecta a una mayor proporción de habitantes de la Región Metropolitana (106%) y a una proporción inusualmente mayor de habitantes de la zona sur del país, sin configurarse, por ello, como un fenómeno específicamente regional, puesto que las zonas norte y centro muestran menores tasas poblacionales. Las tasas de víctimas según zonas coinciden, en términos generales, con los diferentes niveles de victimización detectados por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, mostrando mayores niveles en las grandes zonas urbanas y niveles menores en las zonas centro y sur.23 Esto, pese a que ambos datos provienen de fuentes disímiles, el primero corresponde a datos de denuncia y el segundo de encuesta.

23 Las diferencias en los niveles de victimización según zona y región detectados por la encuesta muestran, en cualquier caso, una tendencia a la normalización en torno a la media. Es decir, versiones anteriores de la encuesta mostraban mayores diferencias entre los niveles de victimización de las diferentes zonas, diferencias que han tendido a disminuir en las mediciones sucesivas.


CONSECUENCIAS DE LA VICtIMIzACIóN En la literatura especializada en la materia, las consecuencias de la victimización han sido investigadas a partir de tres fuentes principales de información: la evaluación clínica de las víctimas; las entrevistas en profundidad a víctimas, muchas veces acompañadas de la aplicación de cuestionarios estandarizados de consecuencias o necesidades; y las encuestas de victimización a hogares. Cada uno de estos métodos presenta fortalezas y limitaciones, aunque “los datos disponibles permiten alcanzar conclusiones generales con razonable confianza” (Maguire, 1991: 387).

Esta sección presenta información sobre las consecuencias que la victimi-zación tiene para las víctimas de delitos. Se basa en los resultados de los estudios sobre necesidades y demandas de víctimas de delitos violentos, de víctimas de violencia intrafamiliar y de menores de edad víctimas de homicidio o parricidio en contexto de violencia intrafamiliar, realizados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en colaboración con otras instituciones, así como antecedentes aportados por la literatura.

2. Estudio de necesidades y demandas de las víctimas de delitos violentos

Origen: Diagnóstico nacional en materia de víctimas 2011.

Disponibilidad: www.apoyovictimas.cl

Fecha de publicación: Febrero 2011.

Ejecución: Propia, en colaboración con CAJMEtRO y SERNAM.

Objetivos:Identificar las necesidades, demandas, expectativas y satisfacción con el servicio de personas que han sido víctimas de delitos violentos.

Métodos: Encuesta poli-etápica, aleatoria a nivel de selección de sujeto, presencial, hetero-aplicada.

Muestra:

442 víctimas usuarios de los centros de atención del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y del Servicio Nacional de la Mujer, en la Región Metropolitana.

En relación a la afectación producida por el delito, el 80% de las víctimas considera que el delito les ha hecho la vida mucho más difícil (Gráfico 2).


Gráfico 2: Impacto del delito en las víctimas.

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes frases? Mi vida se ha vuelto mucho mas dificil por causa del delito.

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Consultadas sobre los ámbitos en los que han enfrentado problemas, el 97% de las víctimas ha afrontado problemas emocionales o psicológicos y más de dos tercios de las víctimas han enfrentado problemas en los ámbitos legal, familiar o social y de salud física (Gráfico 3).

Gráfico 3: Ámbitos más frecuentemente afectados por el delito.

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Del conjunto de los ámbitos afectados como consecuencia de la victimi-zación, los que tienen un mayor impacto en la vida de las personas son: los problemas psicológicos o emocionales (54,1%), económicos (16,8%), familiares o sociales (10,7%) y de salud física (9,8%).

El conjunto de consecuencias reportadas mayoritariamente por las víctimas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana demuestra el elevado potencial de la victimización para impactar negativamente en la calidad de vida.

En este sentido, y a modo de ejemplo, el 93% de las víctimas siente angustia, rabia o impotencia, el 76% experimenta problemas de sueño, al 73% le cuesta concentrarse, el 68% sufrió una disminución de los ingresos y el 65% necesita estar acompañado.

Los ámbitos impactados negativamente por el delito coinciden con aquellos en que las personas expresan mayores expectativas, entre las que recuperar el bienestar psicológico o físico figura en primer lugar (52%).

Este dato parece, efectivamente, indicar una relación entre las consecuencias de la victimización y las necesidades percibidas por las víctimas.

tales necesidades muestran que si bien los servicios de intervención especializados, como la terapia psicológica o la representación jurídica son importantes, la necesidad de acceso a servicios de orientación, infor-mación y servicios sociales, es prioritaria para el 47,4% de las víctimas. Dado lo anterior, es posible afirmar que los servicios especializados no pueden suplir, por sí solos, las necesidades de acceso a la información y orientación, dimensión que adquiere un valor relevante en el diseño de servicios dirigidos a las víctimas.

Finalmente, cabe destacar que los resultados indican que las principales expectativas de las víctimas son recuperar su bienestar psicológico y su salud, las cuales aparecen asociadas a la entrega de servicios tanto de atención especializada, como de orientación e información.


CONSECUENCIAS DE LA VICtIMIzACIóN POR VIOLENCIA INtRAFAMILIAR

3. Estudio de necesidades y demandas de las víctimas de violencia intrafamiliar

Origen Diagnóstico nacional en materia de víctimas 2011.


Fecha de publicación Abril 2011.

Ejecución Propia, en colaboración con CAJMEtRO y SERNAM

Objetivos Identificar las necesidades, demandas, expectativas y satisfacción con el servicio de personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar.

Métodos Encuesta poli-etápica, aleatoria a nivel de selección de sujeto, presencial, hetero-aplicada.

Muestra 182 víctimas de violencia intrafamiliar usuarios de los centros de atención del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y del Servicio Nacional de la Mujer, en la Región Metropolitana.

Sin obviar el conjunto de antecedentes que muestran que la violencia intrafamiliar es un fenómeno complejo con consecuencias que pueden, incluso, transmitirse inter-generacionalmente, los datos para estas víctimas sugieren un patrón de consecuencias con mayor énfasis en los aspectos prácticos, asociados al sustento económico.

En efecto, los efectos experimentados por las víctimas de violencia intrafamiliar son, en esencia, similares a los experimentados por víctimas de otros delitos, pero con un menor nivel de afectación general (Gráfico 4) y con una mayor importancia de las consecuencias económicas entre el conjunto de las consecuencias (69% contra 62% en las víctimas de otros delitos).


Gráfico 4: Impacto del delito en las víctimas, comparación víctimas de violencia intrafamiliar y de otros delitos.

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes frases? Mi vida se ha vuelto mucho mas dificil por causa del delito.

% de acuerdo + muy de acuerdoN=438

De hecho, mientras solo un 12% de las víctimas de delitos en general considera que las económicas son las consecuencias que más le han afectado, entre las víctimas de violencia intrafamiliar este porcentaje alcanza el 24%.

Otro rasgo distintivo de la violencia intrafamiliar es el amplio rango de magnitud de sus consecuencias.

En el indicador global de magnitud de las consecuencias de la victimización, las víctimas de otros delitos encuestadas experimentaron consecuencias de una magnitud media-alta en la escala, con una distribución normal.

Las víctimas de violencia intrafamiliar (Gráfico 5), por el contrario, presentan consecuencias de una magnitud variable, que no se distribuye de manera normal, sino bi-modal. Es decir, muchas víctimas de violencia intrafamiliar enfrentan consecuencias altas y muchas otras enfrentan consecuencias bajas.

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Gráfico 5: Gravedad total de las consecuencias de la victimización, comparación víctimas de violencia intrafamiliar y de otros delitos.

Frecuencias según número de consecuencias y línea de tendencia modelada

VíCtIMAS INDIRECtAS DE FEMICIDIO y PARRICIDIO4. Femicidio | parricidio en contexto de violencia contra la mujer

Origen Solicitud de instituciones de la RAV.


Fecha de publicación Mayo de 2011

Ejecución Propia, en colaboración con CAJMEtRO y SERNAM

Objetivos Conocer las necesidades de las víctimas indirectas menores de edad de femicidio o parricidio en contexto de violencia contra la mujer.

Métodos Métodos: entrevistas estructuradas a profesionales tratantes, a cuidadores de las víctimas menores de edad y grupo focal con profesionales tratantes.

Muestra Nacional. Se entrevistó a todos los profesionales tratantes y adultos cuidadores de víctimas de este tipo atendidas durante 2010 en los centros del Programa de apoyo a víctimas.

La muestra incluyó a los cuidadores y profesionales tratantes de 22 víctimas indirectas.

VIF Otros delitos


El estudio surge de la preocupación por parte de las instituciones de la RAV, en particular del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), por la situación de los menores de edad afectados por el homicidio de uno de los padres, especialmente en contextos de violencia contra la mujer.

El estudio estableció que existían 1,7 víctimas indirectas menores de edad por cada víctima directa detectada. Si consideramos que el número de femicidios ocurridos anualmente ha disminuido ligeramente en los últimos años, siendo de 49 casos en 201024, es posible estimar un número de víctimas indirectas asociadas a estos casos de 80-100 menores anualmente (83 para el año 2010).

De 22 víctimas indirectas incluidas en el estudio, 7 permanecían al cuidado de la madre y otras 15 se encontraban al cuidado de terceros diferentes a los padres: abuelos maternos, tíos o tíos abuelos, hermanos o vecinos.

Muchos de estos casos ocurren en hogares que enfrentan una gran vulnerabilidad:

“En general son familias de nivel socioeconómico bajo, multi-problemáticas. Son familias en las cuales existe la violencia en forma transgeneracional, con roles bastante marcados y aislamiento social… El rol parental muchas veces no es asumido por los padres, sino por vecinos o familiares” (Profesional describe familias de origen de las víctimas indirectas, grupo focal).

Los hogares que acogen a las víctimas indirectas experimentan menores niveles de vulnerabilidad, pues si bien en general pueden ser caracterizados como de similar nivel socioeconómico, en estos hogares no se reporta la presencia de violencia.

Las consecuencias de la victimización se expresan en las víctimas indirectas en diferentes ámbitos y con diferente intensidad (Gráfico 6), aunque, en general, coinciden con los ámbitos de vida más impactados en los casos de otras víctimas de delitos violentos: consecuencias emocionales o psicológicas, o familiares o sociales.

todas las víctimas experimentan consecuencias emocionales o psicológicas de la victimización, lo que en estos casos es esperable. Sin embargo, un tercio de las víctimas experimentan consecuencias “complejas”, que constituyen potenciales condiciones para el desarrollo de trastornos perdurables.

Las víctimas experimentan consecuencias negativas en los ámbitos económicos, educacionales y, en menor medida, consecuencias de salud física, las que son de baja intensidad y corta duración.

24 Fuente: Servicio Nacional de la Mujer, en http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=20 .


El 59% de las víctimas experimenta niveles de afectación “altos”, es decir, un alto impacto negativo de la victimización en su vida, con importantes compromisos en múltiples esferas.

Los altos niveles de afectación están asociados a los siguientes factores: víctimas indirectas de mayor edad, casos de pérdida de ambos padres, situaciones de incertidumbre sobre quiénes serán los cuidadores y ambivalencia hacia los participantes en el delito.

Gráfico 6: Consecuencias de la victimización en víctimas indirectas de femicidio-parricidio en contexto de violencia intrafamiliar.

CONSECUENCIAS DE LA VICtIMIzACIóN EN DIFERENtES tIPOS DE VíCtIMASAunque las consecuencias que la victimización tiene sobre las víctimas están fuertemente influidas por los atributos de éstas, de su entorno y por las características de la victimización, el tipo de delito es un factor relevante en las potenciales consecuencias que las víctimas pueden enfrentar.

Determinados tipos de consecuencias aparecen recurrentemente asociados a determinados tipos de delitos en las investigaciones (tabla 5). La información aportada por todas estas fuentes es específica, se aplica a víctimas de delitos seleccionados y difiere en términos de la sociedad y condiciones en que fue generada. Sin embargo por razones prácticas se presenta en términos generales, por lo que debe ser interpretada con precaución.

Desde la perspectiva de la dimensión personal de la victimización, las consecuencias del delito sobre la víctima son el fundamento clave de la acción del Estado. La intervención se sustenta en que el delito altera un estado de cosas previo que debe ser reparado.

Educacionales

Afectación generalConsecuencias

Familiares y sociales

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Psicológicas (salud mental)

9 víctimas indirectas con afectación general “moderada”, 13 con afectación general alta.

La mayoría presenta consecuencias. 14 presentan en el plano conductual, 12 en su rendimiento académico, 3 deben cambiarse de colegio

19 de 22 experimientan consecuencias económicas asociadas al delito.

Todos experimentan, un tercio experimenta “síntomas complejos”.

La mitad presenta consecuencias. Éstas son de baja intensidad y corta duración.

Todos experimentan múltiples consecuencias.


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Consecuencias de la victimización según agrupaciones de delitos

tabla 5


tal como se informó al comienzo de la sección, los esfuerzos imple-mentados para conocer las consecuencias de la victimización en las víctimas tienen una extensa historia y enfrentan limitaciones propias de sus métodos y posibilidades.

Las investigaciones refuerzan el carácter multidimensional de las conse-cuencias de la victimización, al indagar en una gran variedad de ámbitos. Las pérdidas económicas han sido consultadas en encuestas de victimización de hogares (por ejemplo en la British Crime Survey) y las lesiones físicas y consecuencias de salud han sido abordadas desde la aplicación a víctimas de cuestionarios de salud estandarizados (el GHQ, por ejemplo).

Las técnicas de entrevistas dirigidas a víctimas de delitos, han buscado indagar en las dimensiones conductuales y emocionales de la victimización, las que también se han explorado por medio de la aplicación de cuestionarios estandarizados diseñados con fines diagnósticos para problemas ansiosos o de ánimo.

Mención aparte merece el trastorno de estrés postraumático (PtSD, por sus siglas en inglés), con que algunos autores han sintetizado las consecuencias psicológicas del delito en las víctimas, especialmente adecuado para víctimas de delitos con un alto potencial traumático, como son las víctimas indirectas de homicidio por acciones terroristas.25

El conjunto de los antecedentes permite indicar que las consecuencias de la victimización se expresan en una amplia variedad de ámbitos, que incluyen las finanzas, la salud física y mental, las relaciones con el entorno social, las conductas de corto y largo plazo y la capacidad para sostener relaciones sexuales, de pareja y familiares armónicas en el largo plazo o en edades diferentes a la de la victimización.

tales consecuencias se expresan a escala personal, familiar y social. A nivel social pueden expresarse en la forma de costos. Como se dijo, el costo económico del delito en Chile fue estimado en 1.354 millones de dólares en 2002, y el costo de la violencia intrafamiliar en Gran Bretaña fue estimado en 15.700 millones de libras para el año 200826.

tales cifras no pueden, en ningún caso, expresar adecuadamente los costos personales que las víctimas sufren, pero recuerdan la dimensión solidaria y social de las consecuencias de la victimización.

En cualquier caso, sea que la victimización afecte uno o varios ámbitos vitales, que lo haga con mayor o menor intensidad, que modifique situaciones de

25 Un buen ejemplo de este acercamiento es el trabajo de Enrique Echeburúa (ver bibliografía).26 Home Office, 2011: 7.


violencia previa o que signifique una alteración negativa en la vida de la persona, que las consecuencias afecten a una sola persona, a su entorno familiar o social, o que sus consecuencias sean de corto o largo plazo, que la victimización tenga consecuencias negativas, que represente un perjuicio en la vida de las personas y que se deba a la acción de un tercero, sufrida involuntariamente por la víctima, es el fundamento de la intervención del Estado en materia de atención reparatoria a víctimas de delito, cuyo objetivo es disminuir las consecuencias negativas y favorecer una positiva adaptación o mejoría de las personas afectadas.

Es necesario destacar que no todas las consecuencias negativas de la victimización se deben a la victimización misma. La intervención de las instituciones que se relacionan con las víctimas de delitos puede tener consecuencias negativas para ésta y estas consecuencias pueden magnificar, profundizar o incluso ser aun más negativas que las consecuencias originales producidas por el delito.

VICtIMIzACIóN SECUNDARIALa victimización secundaria se refiere a “efectos producidos por la intervención del sistema social, judicial o policial en la investigación del delito o en el trato hacia la víctima. Se denomina victimización secundaria porque puede constituirse en una segunda experiencia de victimización, posterior a la vivencia del delito, si en el contacto con el sistema, el ofendido experimenta la sensación de recibir trato objetivante; de desconocimiento de su calidad de sujeto de derechos; de pérdida de tiempo y excesiva burocratización; de incredulidad por parte de los operadores del sistema y/o simplemente de ser ignorado, entre otros.” (RAV, 2009: 16).

La victimización secundaria ha sido generalmente asociada a la relación de las víctimas con las instituciones de justicia, sin embargo también puede observarse en la respuesta de otras instituciones a la victimización (las policías, los servicios de salud) y en la respuesta de la sociedad y los medios de comunicación. No se trata, en general, de un efecto buscado por las instituciones, sino más bien de una falta de reconocimiento del carácter de víctimas que les asiste a los afectados y de una falta de sensibilidad a sus necesidades.

La preocupación por la adecuación de la respuesta entregada por las instituciones se plasma en la Declaración sobre los principios fundamentales


de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, de la ONU, instrumento de referencia de las políticas de asistencia a víctimas.

La Declaración incluye una sección de “Acceso a la justicia y trato justo”, que se refiere a la necesidad de tratar a las víctimas con compasión y respeto por su dignidad, de informarles adecuadamente sobre sus derechos, y de adecuar los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, por ejemplo “permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses” (ONU, 1985: sección A, artículo 6, letra b).

El Manual de Justicia para víctimas, de la ONU, que orienta en el uso y aplicación de la Declaración se refiere explícitamente a la victimización secundaria, la que define, caracteriza y relaciona especialmente con el proceso de justicia y el reconocimiento (o falta de éste) dado a las necesidades o perspectivas de las víctimas.

“…todo el proceso de investigación criminal y juicio puede causar victimi-zación secundaria, desde la investigación, debido a las decisiones sobre si proceder o no con el proceso, el juicio mismo y la condena del ofensor, hasta su eventual liberación. La victimización secundaria a través del proceso de justicia criminal puede producirse debido a dificultades en equilibrar los derechos de las víctimas contra los derechos del acusado o del ofensor. Más comúnmente, sin embargo, ocurre porque aquellos responsables de desarrollar los procesos de la justicia criminal y los procedimientos lo hacen sin tomar en cuenta la perspectiva de la víctima” (ONU, 1999: 9).27

A nivel internacional la victimización secundaria ha sido asociada y estu-diada en relación a la participación de niños (Ben Arieh & Windman, 2007) y adultos (Orth, 2002) en los procedimientos judiciales y al tratamiento dado por los medios de comunicación a las víctimas de delitos (tandon, 2007), entre otros temas estudiados.

“El 67% de los participantes tienen puntajes negativos en la escala. De esta manera, en la muestra investigada se encontró un alto nivel de victimización secundaria percibida.” (Orth, 2002: 319).28

A nivel nacional, la escasa investigación sugiere un impacto negativo sobre las víctimas, generado por la intervención del sistema de administración de justicia. Existe una amplia percepción de daño provocado por el proceso de justicia sobre menores víctimas de delitos sexuales “…se puede constatar

27 traducción propia del original en inglés.28 Id.


que en la mitad de los casos, se percibe que el proceso judicial genera daño en los niños (as) y adolescentes” (Amparo y Justicia, 2009: 76), asociado especialmente a la interposición de denuncia, la realización de peritajes físicos y la declaración en juicio.

La investigación en la materia, sin embargo, se enfrenta a serias limitaciones. Se produce sobre muestras específicas de víctimas (menores de edad, víctimas de determinados tipos de delitos), las muestras son en general pequeñas y, sobre todo, indagan en la percepción de las víctimas, pero no en la presencia de factores objetivos que permitan relacionar tales percepciones con características de la atención, del proceso o los resultados. Para conocer con mayor precisión los factores eventualmente asociados a la ex-presión de la victimización secundaria, la Subsecretaría de Prevención del Delito se encuentra implementando un estudio inédito que relaciona la percepción de victimización secundaria de las víctimas con el diagnóstico de factores objetivos con potencial victimizante.

5. Diagnóstico de victimización secundaria en servicios de primera línea

Origen Producto plan 2011 RAV.

Disponibilidad Estudio en desarrollo.

Fecha de publicación

Ejecución Propia, con colaboración de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Servicio Médico Legal.

Objetivos Diagnosticar la presencia de victimización secundaria en servicios de primera línea, identificando sus formas de expresión y sugiriendo medidas de intervención adecuadas a las realidades institucionales.

Métodos Análisis de documentos, observación estructura-da no participante, encuesta y grupos focales.

Muestra Una unidad de atención de cada una de las siguientes instituciones: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, en la Región Metropolitana.

360 encuestas aplicadas a usuarios selecciona-dos aleatoriamente de entre los usuarios de las unidades de atención observadas.


La investigación se enfocó en las instituciones de primera línea, es decir, sobre aquellas que tienen un primer contacto con la víctimas, y aunque se encuentra aún en desarrollo, los resultados preliminares sugieren que en el caso de estas instituciones de primera línea en Chile, existe victimización secundaria en diferentes grados, provocada por las instituciones, que contrasta con la buena disposición de los profesionales y las mismas instituciones hacia las víctimas. Esto se debe al desconocimiento general en la materia, especialmente por parte de los profesionales, a la ausencia de un adecuado diseño de procedimientos por parte de las instituciones, y a dificultades a nivel de infraestructura y de los procedimientos de coordinación de las instituciones.

Así, la victimización se produce por las condiciones de atención, por el trato a la víctima o por el proceso de atención. La importancia de cada uno de estos factores varía en cada servicio y se relaciona con el grado de normalización de los procedimientos.


caPÍtulo 2servicios a víctimas

El capítulo anterior informa sobre las amplias y diversas consecuencias que la victimización tiene para las víctimas y sobre cómo éstas son el fundamento de las acciones que el Estado realiza para asistirlas.tales antecedentes describen el problema. La respuesta está constituida por las iniciativas que las instituciones públicas han implementado para asistir a tales víctimas. Cabe preguntarse ¿Son tales respuestas adecuadas?

A partir de los antecedentes entregados en el Capítulo 1 sabemos que la respuesta pública enfrenta serias deficiencias, especialmente en lo relativo a la manera en que las diversas instituciones se coordinan para responder, en conjunto, al problema. Para poder comprender tales deficiencias es necesario conocer en mayor detalle la oferta pública de asistencia.

Las instituciones que asisten a víctimas de delito en Chile, se encuentran agrupadas, desde el año 2007 en la Red de Asistencia a Víctimas (RAV). La RAV constituida por medio de un Convenio de colaboración29, reúne a “las diversas reparticiones públicas que han venido impulsando variadas iniciativas para aminorar el impacto negativo que el delito tiene sobre la vida de las personas”30: Ministerio Público, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerios de Justicia y de Salud, Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile. El Ministerio de Justicia, a su vez, representa a las corporaciones de asistencia judicial, al Servicio Nacional de Menores (Sename) y al Servicio Médico Legal (SML).

Muchas de estas instituciones, como se indicó en los antecedentes, no tienen como función principal atender a las víctimas, pero han desarrollado servicios para dar respuestas a las necesidades de las víctimas con las que se relacionan en el desarrollo de su función principal.

29 Decreto exento 733, del 7 de Mayo de 2007, del Ministerio del Interior. 30 Id. Artículo 1°, segundo.


6. REVISIóN NORMAtIVA NACIONAL


Disponibilidad:

Fecha de publicación: Julio 2011.

Ejecución: Propia.

Objetivos: Describir la legislación vigente actualmente en la materia a nivel nacional.

Métodos: Sistematización y análisis de documentos.

Muestra:Normas orgánicas de las instituciones de la RAV y legislación general con efectos sobre estas instituciones y sobre las víctimas de delito.

Tabla 6: Las víctimas de delito desde la perspectiva de las normas.

Posición de las víctimas ante la ley

Las víctimas carecen de un estatuto especial ante la ley, que defina, más allá del proceso penal, el conjunto de los derechos que les asisten y que aglutine los servicios que se les prestan. Aunque hay derechos reconocidos y servicios prestados, muchos de éstos no están asociados a la sola condición de víctima.Dado lo anterior, en materia de derechos, las víctimas son titulares de todos los derechos que se le reconocen a la persona humana, por su sola condición de tal y no en atención a su condición particular de víctima. Éstos se encuentran dispersos en los cuerpos legales aplicables a toda persona. Respecto de los servicios brindados a las víctimas, muchos de ellos se brindan a éstas de manera incidental y no corresponden a un diseño de asistencia victimológica.Existen organismos del estado que desarrollan acciones concretas de asistencia y protección respecto de determinados grupos de víctimas (mujeres y niños), dado su mayor nivel de vulnerabilidad.En el ámbito procesal penal, el Ministerio Público, por mandato legal y constitucional, tiene el deber de brindar protección a las víctimas. Además, el Código Procesal Penal reconoce a éstas ciertos derechos, dada su calidad de intervinientes en el proceso penal, la que se deriva de su sola condición de víctimas.


Derechos específicos de víctimas

Resguardo especial de los derechos humanos reconocidos a toda persona, por su sola condición de tal (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidad, 1989; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidades, 1989; Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1991).Resguardo especial de los derechos del niño (Convención Internacio-nal sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas, 1990).Resguardo especial de los derechos de la mujer (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, 1998).Derechos de la víctima como interviniente en el proceso penal (artículo 109 CPP).Existencia de tribunales especializados en materias de familia que ejercen competencia en casos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito y maltrato de niños, niñas y adolescentes (Ley 19.968, que crea los tribunales de Familia; Ley 20.066, sobre Violencia intrafamiliar).Existencia de normas que regulan los procedimientos que deben adoptar los servicios de salud ante víctimas de delitos sexuales (RE 9.487 S.M.L).

Instituciones con funciones específicas hacia las víctimas

Ministerio Público; protección y atención (LOC 19.640 y CPP).Sename; atención en casos de vulneración de derechos (DL 2.465 y Ley 20.032)Sernam; prevención, atención y protección a mujeres en materia de violencia intrafamiliar (Ley 20.066)Corporaciones de asistencia judicial; asistencia jurídica (Leyes 17.995, 18.632, DFL 994, 995 y 1.944)Servicios de salud; procedimientos en materia de delitos sexuales (RE 9.487 S.M.L)

Instituciones sin funciones específicas hacia las víctimas

Carabineros de ChilePolicía de Investigaciones de ChileMinisterio del Interior y Seguridad Pública

Desde el punto de vista de la normativa, las víctimas cuentan con los mismos derechos que asisten a toda persona o, en otros términos, no cuentan con derechos específicos por el hecho de ser víctimas, a excepción de los derechos que, en cuanto intervinientes en el proceso penal, les reconoce el Código Procesal Penal.



Pese a lo exiguo del marco normativo en que sustentan su acción, las instituciones de la RAV prestan muchos y diversos servicios. Algunas de estas instituciones ofrecen servicios dirigidos específicamente a víctimas de delito, que buscan entregar orientación e información, terapia reparatoria psicológica y social y representación jurídica, entre otros. Éste es el caso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de las corporaciones de asistencia judicial, Ministerio de Salud, Sename, Sernam y CAVAS, de la PDI.

Otras instituciones ofrecen servicios de acceso especializado a sus programas. En este caso, el servicio que se entrega es similar al que se da a cualquier persona, pero los mecanismos de acceso al servicio o algunos aspectos de éste han sido especialmente adaptados para satisfacer de mejor forma las necesidades de las víctimas de delito. Éste es el caso de los servicios del Ministerio de Salud y de Carabineros de Chile.

Existen, finalmente, otras instituciones cuyos objetivos no se relacionan con la asistencia a las víctimas de delito, pero en cuyos procesos de entrega del servicio se relacionan con víctimas. Para estas instituciones los usuarios no son las víctimas de delito, sino las instituciones o sistemas, pese a lo cual sus acciones pueden implicar beneficios para las víctimas (es el caso del Servicio Médico Legal).

también existen instituciones que ofrecen servicios que pueden ser clasi-ficados en distintas categorías. Es decir, brindan servicios especialmente dirigidos a víctimas, otros servicios orientados a cualquier usuario con un acceso especializado para víctimas de delito y otros servicios dirigidos a otros objetivos, pero que en el curso de su prestación tienen contacto con víctimas (es el caso del Ministerio Público).


7. Descripción de programas públicos dirigidos a Víctimas


Disponibilidad: Julio 2011.

Fecha de publicación:

Ejecución: Propia.

Objetivos:

Caracterizar en profundidad la oferta de atención a víctimas de delitos en términos de: objetivos, tipos de servicios, esquemas de intervención, costos de produc-ción, recursos humanos, presupuestos y mecanismos de registro, evaluación y coordinación.

Métodos:Recopilación y análisis de información secundaria provista por las instituciones.

Muestra: Instituciones que conforman la RAV.

En la tabla 7 se presenta una descripción sintética de las principales carac-terísticas de los diferentes programas que intervienen con víctimas.


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obje

tivo

Cara

bine

ros

de C

hile

Fono

fam

ilia

y fo

no

niño

sPr

esta

r ayu

da y

se

rvir

com

o ca

nal

de e

ntra

da a

las

nece

sidad

es d

e la

pob

laci

ón.

Fono

fam

ilia

Aten

der a

las v

íctim

as d

e vi

olen

cia

intr

afam

iliar

, en

treg

arle

s orie

ntac

ión

y ac

oger

sus r

eque

rimie

ntos

, en

treg

ando

apo

yo a

los a

fect

ados

a tr

avés

de

pers

onal

esp

ecia

lizad

o, e

info

rmar

resp

ecto

de

las

acci

ones

que

deb

en a

dopt

ar la

s víc

timas

de

este

tip

o de

del

itos.

Pobl

ació

n ge

nera

l en

rela

ción

a d

elito

s co

ntra

la fa

mili

a.

Fono

niñ

osIm

plem

enta

r sist

emas

tele

fóni

cos y

de

emer

genc

ia

dirig

idos

a n

iños

, niñ

as y

ado

lesc

ente

s men

ores

de

edad

, con

el o

bjet

o de

aco

ger s

us re

quer

imie

ntos

re

spec

to d

e am

enaz

as o

vuln

erac

ión

de su

s de

rech

os, e

n el

ám

bito

del

mal

trat

o in

fant

il y

abus

os se

xual

es, e

ntre

gánd

oles

orie

ntac

ión,

apo

yo,

para

con

curr

ir a

su a

uxili

o, d

eriv

ar o

den

unci

ar su

sit

uaci

ón, s

egún

cor

resp

onda

.

Men

ores

de

edad

.

Polic

ía d

e in

vest

iga-

cion

es d

e Ch

ile

Cava

s rep

arac

ión

Prev

enir

y re

para

r lo

s efe

ctos

ps

icos

ocia

les

nega

tivos

pr

ovoc

ados

por

lo

s pro

ceso

s de

vict

imiz

ació

n pr

imar

ia y

secu

n-da

ria e

n m

ater

ia

de a

tent

ados

se

xual

es.

Víct

imas

de

delit

os

sexu

ales

(los

men

ores

de

eda

d de

ben

habe

r de

nunc

iado

).

Sena

me

Prog

ram

as se

lecc

io-

nado

s del

Sist

ema

de P

rote

cció

n de

la

Infa

ncia

y A

dole

scen

cia

Proy

ecto

de

repa

ra-

ción

en

mal

trat

oCo

ntrib

uir a

l pro

ceso

repa

rato

rio d

el n

iño,

niñ

a o

adol

esce

nte

que

ha su

frido

mal

trat

o fís

ico,

con

sti-

tutiv

o de

del

ito y

/o a

gres

ión

sexu

al, e

n cu

alqu

iera

de

sus f

orm

as.

Niño

s, ni

ñas y

ado

les-

cent

es vu

lner

ados

en

sus d

erec

hos.

Proy

ecto

de

expl

ota-

ción

sexu

al c

omer

cial

in

fant

il

Aseg

urar

los p

roce

sos d

e re

para

ción

del

niñ

o, n

iña

o ad

oles

cent

e ví

ctim

a de

exp

lota

ción

sexu

al c

omer

cial

y

prop

icia

r su

inte

grac

ión

fam

iliar

y so

cial

.

Proy

ecto

de

repr

esen

-ta

ción

judi

cial

Asum

ir la

repr

esen

taci

ón le

gal d

e lo

s/as

niñ

os/

as y

ado

lesc

ente

s víc

timas

de

vuln

erac

ione

s de

dere

cho

y su

s fam

ilias

30 a

nte

los t

ribun

ales

de

just

icia

, util

izan

do c

omo

estr

ateg

ia la

impe

trac

ión

de la

s cor

resp

ondi

ente

s acc

ione

s jud

icia

les q

ue

perm

itan

aseg

urar

la d

ebid

a pr

otec

ción

al n

iño,

niñ

a o

adol

esce

nte

y ap

orta

r al p

roce

so re

para

torio

.

Sern

amPr

even

ción

, ate

nció

n y

prot

ecci

ón e

n vi

olen

cia

intr

afam

iliar

.

Prev

enci

ón, a

ten-

ción

y p

rote

cció

n en

viol

enci

a in

traf

amili

ar.

Cent

ros d

e la

muj

erCo

ntrib

uir, e

n el

ám

bito

loc

al, a

redu

cir l

a vi

olen

cia

cont

ra la

muj

er, e

spec

ialm

ente

la q

ue se

pro

duce

en

las r

elac

ione

s de

pare

ja, m

edia

nte

la im

plem

en-

taci

ón d

e un

mod

elo

de in

terv

enci

ón in

tegr

al c

on

énfa

sis e

n la

pre

venc

ión

com

unita

ria d

el p

robl

ema

y la

ate

nció

n de

las m

ujer

es q

ue so

n ví

ctim

as d

e és

te.

Muj

eres

, may

ores

de

14 a

ños,

víct

imas

de

viol

enci

a in

traf

amili

ar.

Casa

s de

acog

ida

Ofre

cer p

rote

cció

n te

mpo

ral a

muj

eres

que

se

encu

entr

an e

n sit

uaci

ón d

e rie

sgo

vita

l por

cau

sa d

e vi

olen

cia

intr

afam

iliar

, oto

rgán

dole

s un

luga

r seg

uro

de re

siden

cia,

aten

ción

psic

osoc

ial, y

lega

l, así

com

o ap

oyo

para

la re

elab

orac

ión

de su

pro

yect

o de

vida

.

Muj

eres

víct

imas

de

viol

enci

a in

traf

amili

ar

que

impl

ica

riesg

o vi

tal, d

eriv

adas

por

el

Min

ister

io P

úblic

o.

Corp

ora-

cion

es d

e as

isten

cia

judi

cial

Prev

enir

y ay

udar

a

supe

rar l

as

cons

ecue

ncia

s de

la

vict

imiz

ació

n, p

rote

ger

los d

erec

hos p

or m

edio

de

su e

jerc

icio

y p

o-te

ncia

r a la

s víc

timas

y

com

unid

ades

.

Prev

enir

y ay

udar

a

supe

rar l

as

cons

ecue

ncia

s de

la vi

ctim

izac

ión,

pr

oteg

er lo

s de

rech

os p

or

med

io su

eje

rci-

cio

y po

tenc

iar

a la

s víc

timas

y

com

unid

ades

.

Orie

ntac

ión

e in

form

ació

nBr

inda

r ate

nció

n in

terd

iscip

linar

ia a

víct

imas

de

delit

os vi

olen

tos y

sus f

amili

as c

on e

l obj

eto

de

ayud

ar a

supe

rar l

a sit

uaci

ón tr

aum

átic

a, re

stab

lece

r su

func

iona

mie

nto

habi

tual

e in

tegr

ar la

exp

erie

ncia

vi

vida

y/o

mod

ifica

r los

fact

ores

que

pro

voca

ron

o fa

cilit

aron

el d

elito

.

Prev

enir

y at

enua

r las

con

secu

enci

as se

cund

aria

s de

ser v

íctim

a y,

para

lela

men

te, p

rote

ger l

os d

erec

hos

de la

s per

sona

s afe

ctad

as h

acie

ndo

efec

tiva

la

resp

onsa

bilid

ad le

gal d

el a

gres

or y

la re

para

ción

del

da

ño y

per

juic

io c

ausa

do.

Pobl

ació

n ge

nera

l.

Aten

ción

inte

gral

Víct

imas

de

delit

os

viol

ento

s (ho

mic

idio

, pa

rric

idio

, rob

os

viol

ento

s, de

litos

se

xual

es, le

sione

s de

cará

cter

gra

ve o

supe

-rio

r, rob

os c

alifi

cado

s, se

cues

tro,

sust

racc

ión

de m

enor

es y

cua

si-de

litos

de

lesio

nes y

ho

mic

idio

s).

Min

ister

io

del I

nter

ior

y Se

gurid

ad

Públ

ica

Cent

ros d

e ap

oyo

a ví

ctim

asCo

ntrib

uir a

la

supe

raci

ón d

e la

s co

nsec

uenc

ias

nega

tivas

de

las

vict

imiz

ació

n po

r hec

hos

cons

titut

ivos

de

delit

o, m

edia

nte

la e

ntre

ga

de a

siste

ncia

co

ntin

gent

e,

espe

cial

izad

a, in

terd

iscip

linar

ia

y gr

atui

ta.

Serv

icio

de

orie

nta-

ción

e in

form

ació

nOf

rece

r apo

yo a

las v

íctim

as d

e de

litos

, med

iant

e la

en

treg

a de

info

rmac

ión

y or

ient

ació

n es

peci

aliz

ada.

Pote

ncia

r la

esta

biliz

ació

n em

ocio

nal d

el u

suar

io

med

iant

e la

prim

era

acog

ida

y co

nten

ción

.

Dete

ctar

aqu

ello

s cas

os d

e m

ayor

com

plej

idad

, de

rivan

do a

los u

suar

ios q

ue re

quie

ran

de o

tras

in

stan

cias

de

la re

d.

Víct

imas

de

delit

os

viol

ento

s (ho

mic

idio

, pa

rric

idio

, rob

os

viol

ento

s, de

litos

se

xual

es, le

sione

s de

car

ácte

r gra

ve

o su

perio

r, ro

bos

calif

icad

os, s

ecue

stro

y

sust

racc

ión

de

men

ores

).

Serv

icio

de

asist

enci

a re

para

toria

Brin

dar a

poyo

psic

osoc

ial a

l usu

ario

en

la fa

se m

ás

agud

a de

la c

risis,

ayu

dánd

olo

a so

rtea

r con

éxi

to

las d

eman

das q

ue g

ener

a la

situ

ació

n po

r la

cual

at

ravi

esa.

Pote

ncia

r la

elab

orac

ión

e in

tegr

ació

n de

la

expe

rienc

ia vi

ctim

al a

l con

tinuo

vita

l, de

form

a ad

apta

tiva.

Aten

ción

en

caso

s de

Conm

oció

n pú

blic

aPe

rmiti

r la

supe

raci

ón d

e la

cris

is en

las p

rimer

as

hora

s o d

ías d

e su

cedi

do e

l del

ito p

or m

edio

de

una

inte

rven

ción

tele

fóni

ca o

pre

senc

ial.

Víct

imas

de

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os

con

el p

oten

cial

de

cau

sar t

emor

o

inse

gurid

ad e

n la

so

cied

ad.

Min

ister

io

Públ

ico

Ince

ntiv

ar la

par

tici-

paci

ón d

e ví

ctim

as y

te

stig

os e

n el

pro

ceso

pe

nal, o

torg

ar p

rote

c-ci

ón a

víct

imas

de

VIF

y m

ejor

ar la

cal

idad

de

los t

érm

inos

de

esta

s ca

usas

.

Ince

ntiv

ar la

pa

rtic

ipac

ión

de ví

ctim

as y

te

stig

os e

n el

pr

oces

o pe

nal,

otor

gar p

rote

c-ci

ón a

víct

imas

de

VIF

y m

ejor

ar

la c

alid

ad d

e lo

s tér

min

os d

e es

tas c

ausa

s.

Mod

elo

OPA

(Orie

n-ta

ción

, Pro

tecc

ión

y Ap

oyo)

Ince

ntiv

ar la

par

ticip

ació

n de

víct

imas

y te

stig

os

en e

l pro

ceso

pen

al, m

ejor

ando

los s

istem

as d

e at

enci

ón.

Víct

imas

y te

stig

os e

n ge

nera

l.

Aten

ción

inm

edia

ta

en V

IFOt

orga

r una

pro

tecc

ión

opor

tuna

y e

fect

iva

a la

s ví

ctim

as d

e vi

olen

cia

intr

afam

iliar

dur

ante

su p

arti-

cipa

ción

en

el p

roce

so p

enal

y m

ejor

ar la

cal

idad

de

los t

érm

inos

de

las c

ausa

s.

Víct

imas

de

viol

enci

a in

traf

amili

ar o

del

itos

sexu

ales

.

caus

as.

de V

IF y

mej

orar

la

cal

idad

de

los t

érm

inos

de

esta

s cau

sas.

los t

érm

inos

de

las c

ausa

s.

Min

ister

io

de S

alud

Sala

s de

prim

era

acog

ida

Impl

emen

tar s

alas

de

acog

ida

a ví

ctim

as d

e de

litos

se

xual

es e

n lo

s ser

vici

os d

e ur

genc

ia d

el p

aís,

dest

inad

as a

aco

ger, d

ar c

onte

nció

n em

ocio

nal e

in

form

ació

n a

las v

íctim

as.

Víct

imas

de

delit

os

sexu

ales

.

Dete

cció

n, d

iagn

óstic

o y

trat

amie

nto

inte

gral

a

pers

onas

víct

imas

de

VIF

en

aten

ción

pr

imar

ia

Dete

ctar

, dia

gnos

ticar

y p

ropo

rcio

nar u

na a

tenc

ión

inte

gral

, acc

esib

le, o

port

una

y ef

icaz

, a m

ujer

es m

a-yo

res d

e 15

año

s, qu

e su

fren

viol

enci

a in

traf

amili

ar.

Muj

eres

, may

ores

de

15 a

ños,

víct

imas

de

viol

enci

a in

traf

amili

ar.

Acce

so a

ate

nció

n in

tegr

al d

e sa

lud

en

serv

icio

s de

urge

ncia

pa

ra ví

ctim

as d

e vi

olen

cia

de g

éner

o

Dete

ctar

a p

erso

nas q

ue su

fran

viol

enci

a in

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ami-

liar e

n la

s con

sulta

s de

urge

ncia

(Scr

eeni

ng)

Otor

gar a

tenc

ione

s en

el á

mbi

to o

dont

ológ

ico,

tr

aum

atol

ógic

o, o

ftal

mol

ógic

o y

gine

co-o

bsté

tric

o.De

rivac

ión

a Pr

ogra

ma

dete

cció

n, d

iagn

óstic

o y

trat

amie

nto

a pe

rson

as ví

ctim

as d

e vi

olen

cia

intr

a- .dadilaicepsE levin o aira

mirp nóicneta al ne railimaf

Víct

imas

de

viol

enci

a in

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amili

ar.

* Lo

s pié

s de

pági

na d

e ta

blas

se e

ncue

ntra

n en

las p

ágin

as 6

7 y

68

Min

ister

io

del I

nter

ior

y Se

gurid

ad

Públ

ica

Cent

ros d

e ap

oyo

a ví

ctim

asCo

ntrib

uir a

la

supe

raci

ón d

e la

s co

nsec

uenc

ias

nega

tivas

de

las

vict

imiz

ació

n po

r hec

hos

cons

titut

ivos

de

delit

o, m

edia

nte

la e

ntre

ga

de a

siste

ncia

co

ntin

gent

e,

espe

cial

izad

a, in

terd

iscip

linar

ia

y gr

atui

ta.

Serv

icio

de

orie

nta-

ción

e in

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ació

nOf

rece

r apo

yo a

las v

íctim

as d

e de

litos

, med

iant

e la

en

treg

a de

info

rmac

ión

y or

ient

ació

n es

peci

aliz

ada.

Pote

ncia

r la

esta

biliz

ació

n em

ocio

nal d

el u

suar

io

med

iant

e la

prim

era

acog

ida

y co

nten

ción

.

Dete

ctar

aqu

ello

s cas

os d

e m

ayor

com

plej

idad

, de

rivan

do a

los u

suar

ios q

ue re

quie

ran

de o

tras

in

stan

cias

de

la re

d.

Víct

imas

de

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os

viol

ento

s (ho

mic

idio

, pa

rric

idio

, rob

os

viol

ento

s, de

litos

se

xual

es, le

sione

s de

car

ácte

r gra

ve

o su

perio

r, rob

os

calif

icad

os, s

ecue

stro

y

sust

racc

ión

de

men

ores

).

Serv

icio

de

asist

enci

a re

para

toria

Brin

dar a

poyo

psic

osoc

ial a

l usu

ario

en

la fa

se m

ás

agud

a de

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risis,

ayu

dánd

olo

a so

rtea

r con

éxi

to

las d

eman

das q

ue g

ener

a la

situ

ació

n po

r la

cual

at

ravi

esa.

Pote

ncia

r la

elab

orac

ión

e in

tegr

ació

n de

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expe

rienc

ia vi

ctim

al a

l con

tinuo

vita

l, de

form

a ad

apta

tiva.

Aten

ción

en

caso

s de

Conm

oció

n pú

blic

aPe

rmiti

r la

supe

raci

ón d

e la

cris

is en

las p

rimer

as

hora

s o d

ías d

e su

cedi

do e

l del

ito p

or m

edio

de

una

inte

rven

ción

tele

fóni

ca o

pre

senc

ial.

Víct

imas

de

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os

con

el p

oten

cial

de

cau

sar t

emor

o

inse

gurid

ad e

n la

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cied

ad.

Min

ister

io

Públ

ico

Ince

ntiv

ar la

par

tici-

paci

ón d

e ví

ctim

as y

te

stig

os e

n el

pro

ceso

pe

nal, o

torg

ar p

rote

c-ci

ón a

víct

imas

de

VIF

y m

ejor

ar la

cal

idad

de

los t

érm

inos

de

esta

s ca

usas

.

Ince

ntiv

ar la

pa

rtic

ipac

ión

de ví

ctim

as y

te

stig

os e

n el

pr

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Programas que prestan atención a víctimas de delito y sus objetivos.

tabla 7


Los programas y servicios ofrecidos por las instituciones difícilmente pueden ser considerados y procesados conjuntamente, pues son de muy diferentes características y niveles de complejidad, disponibles, en muchos casos, para poblaciones específicas (mujeres víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de delitos sexuales, etc.). Asimismo, no se dispone de un sistema de registro que permita presentar una estadística actualizada y unificada en el tema que retroalimente la gestión del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, para el año 2009, los programas considerados atendieron, en total, a 171.727 personas, sobre una población objetivo de 293.36331.

Si comparamos estos datos con los del año 2005, en que las diversas instituciones atendieron a 42.950 usuarios (DSP, 2005: 106), con una tasa de cobertura de 11,4%, veremos que las instituciones, consideradas conjuntamente, incrementaron cuatro veces su capacidad de atención y que la tasa de cobertura sobre la población objetivo aumentó de 11,4% a 58,5%32.

tal incremento se explica, principalmente, por la introducción del servicio de atención telefónica de Carabineros, que atendió a 57 mil usuarios en 2009 y por el incremento de las atenciones de salud, que se multiplicaron por 2,7 durante el período estudiado.

Si consideramos únicamente los servicios con un enfoque integral sobre las consecuencias de la victimización33, los usuarios atendidos por estos servicios, que reciben atención especializada, son 44.501, equivalentes al 26% del total de los usuarios atendidos.

Los usuarios restantes reciben servicios de atención telefónica por parte de Carabineros (32%), prestaciones de salud, por parte del Ministerio de Salud (26%) u obtienen acceso a servicios de información general o protección por parte del Ministerio Público (16%).

Es posible decir, por tanto, que aunque la tasa de cobertura total es de 58,5%, la tasa de cobertura de atención especializada es de 15,1% sobre la población objetivo.

31 Análisis propio sobre datos de denuncia extraídos de AUPOL.32 El dato asume que todas las atenciones se realizan sobre la población objetivo y que no existe duplicidad de atenciones. Los criterios utilizados para el cálculo de la población objetivo difieren entre ambas mediciones. Con datos comparables, la tasa de cobertura para el último año sería de 33,9%.33 Es decir, excluimos aquellos en que las víctimas reciben atención por un solo tipo de profesional, en un solo ámbito de consecuencias o en que son derivados o incluidos en un sistema, pero no reciben atención directa.


La presencia de diversos tipos de servicios, con diferente complejidad y grado de especialización, algunos de los cuales son prestados presencialmente y otros telefónicamente, en que la composición profesional del equipo y el énfasis de la atención varía, puede caracterizar a un sistema que entrega respuestas especialmente adecuadas a los problemas de cada víctima.

Sin embargo, para que esto ocurra debe existir un sistema capaz de planificar y asignar recursos de acuerdo a prioridades y de derivar adecuadamente a los usuarios hacia el o los servicios más adecuados para su necesidad.

La coordinación entre las instituciones, en este caso y como se indicó en el capítulo 1, es deficiente, con un sistema regido por relaciones insuficien-temente normadas y que carece de un ente coordinador (Gráfico 7).

Gráfico 7: Instituciones públicas que se relacionan con víctimas y sus relaciones

MinisterioPúblicoDenuncia

Ministerio del Interior y

Seguridad Pública

No DenunciaSERNAM

CAJS

SERNAM

SENAME

PDI CAVAS

Salud

Educación

Capacitación y empleo

Vivienda

SERVICIOSSOCIALES

Servicios salud

CarabinerosSUB Familia

SISTEMA DE ASISTENCIA

SISTEMA DE JUSTICIA Policías

(auxiliares)

Medicina Legal (SML)

Victimización

Tribunales de Justicia

Defensoría Penal

Tribunal de Familia

MinisterioPúblico

Ministerio del Interior y

Seguridad Pública


La ausencia de planificación del funcionamiento conjunto de las instituciones, en particular de las que realizan intervención integral en víctimas, se traduce en que el nivel de cobertura es muy variable entre diferentes poblaciones de víctimas (tabla 7), sin que esto responda a un diseño o priorización.

Entre las víctimas de delitos sexuales la cobertura es de 31,6% entre los menores de edad y de 22,2% entre los mayores de edad (considerando tanto la población que denuncia como la que no denuncia).

En contraste, entre las víctimas de delitos violentos mayores de edad, la tasa de cobertura es de 6,6% entre la población que denuncia. Si se incluyera a la población que no denuncia, la tasa de cobertura descendería a 3,3%34, es decir, sería casi 10 veces menor a la tasa de cobertura entre víctimas menores de edad de delitos sexuales.

Tabla 8: Coberturas de atención integral según poblaciones de víctimas.

Tipo delito Edad Cobertura servicios especializados

Delitos sexuales31 >18 31,6%

18+ 22,2%

Violencia intrafamiliar >18 12,9%

18+ 17,5%

Delitos violentos >18

18+ 6,6%

Total - 15,1%

Si consideramos cómo se relaciona tal cobertura con los recursos destinados a su provisión, veremos que el conjunto de las instituciones contaron, el año 2009, con un presupuesto de más de 22.026,635 millones de pesos corrientes (equivalente a un quinto del presupuesto del Ministerio Público para el mismo año36) y que su costo de atención promedio por usuario fue de 128.265 pesos.

34 Población global estimada asumiendo una tasa de no denuncia para delitos violentes de 50,5% (Dipres, 2008).35 El costo de los servicios prestados por Carabineros y Ministerio Público no pueden ser calculados, por carecen de glosa presupuestaria propia y el presupuesto de uno de los programas del Ministerio de Salud no fue informado.36 Fuente: Ley 20.314 de Presupuestos del sector público, año 2009.



A modo de comparación, este valor es equivalente al precio de 5 consultas de psicología clínicas en los servicios de salud (Superintendencia de Salud, 2009)37. Sin embargo, los usuarios beneficiados con terapia psicológica reciben, en promedio 12 consultas de este tipo38, prestación que además se vincula y coordina con prestaciones jurídicas y sociales en la mayoría de los casos.

tal costo promedio oculta grandes diferencias dependiendo del tipo de servicio prestado, en un amplio rango entre más de 700 mil y 30 mil pesos por usuario.

Tabla 9: Costo unitario de atención según población o tipo de servicio.

Tipo de víctima Costo (miles de pesos) Tipo de servicio Costo (miles

de pesos)

Delitos violentos 717,1 Representación jurídica 523,7

Delitos sexuales 457,9 Prestación de salud 30,9

Violencia intrafamiliar 252,9

Como muestran los datos, el conjunto de las instituciones manejaron, para el año 2009, un presupuesto de 22 mil millones de pesos, el que se distribuyó se manera desigual entre las diferentes problemáticas y que dio lugar a intervenciones de costos muy variables, sin una priorización explícita de la intervención del Estado.

La mayoría de las atenciones se concentraron en víctimas de violencia intrafamiliar, que fueron el 76% de los usuarios totales, seguidas de víctimas de otros delitos (14%), de delitos sexuales (7%) y de delitos violentos (3%) (tabla 10).

El presupuesto, por su parte se concentró a partes iguales entre víctimas de delitos sexuales (45%) y de violencia intrafamiliar (45%), con un restante 10% dedicado a la atención de otras víctimas (homicidios, lesiones, robos violentos, entre otros).

37 Arancel de modalidad de libre elección de FONASA, de $ 24.142 pesos. Valores para el año 2009 según las estadísticas nacionales del período.38 En los centros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los usuarios ingresados al servicio de atención reparatoria (SAR) permanecen en promedio 3 meses, con un estándar de una atención semanal.


Los desequilibrios entre número de usuarios atendidos y presupuesto destinado a tales atenciones son marcados, por ejemplo, el presupuesto destinado a la atención de cada usuario mayor de edad víctima de delitos sexuales fue 15 veces mayor que el destinado a la atención de cada víctima de violencia intrafamiliar mayor de edad.

Estas diferencias se producen por los diferentes costos de producción de los servicios (tabla 9).

Tabla 10: Usuarios y presupuestos según problemática.39

Tipo de víctima atendida % usuarios % presupuesto

Relación presupuesto / usuarios

Menores víctimas de delitos sexuales 6% 36% 6

Menores víctimas de otros delitos 4% 3% 0,75

Mayores víctimas de delitos sexuales 1% 9% 9

Mayores víctimas de VIF 76% 45% 0,6

Mayores víctmas de delitos violento 3% 6% 2

Mayores víctmas otros delitos 10% s/i -

Si bien es cierto que para entregar servicios de atención integral al conjunto de la población objetivo, de acuerdo a los costos conocidos, se requeriría un presupuestos conjunto de más de 100 mil millones de pesos, no es menos cierto que uno de los principales problemas de los programas de atención a víctimas es, como indicaba la evaluación de Dipres, que los presupuestos no se definen en función del problema que buscan resolver.

En tal sentido, y de acuerdo a los antecedentes aportados en el capítulo 2, no todas las víctimas requieren servicios integrales, aunque sí se requiere un sistema capaz de proveerlos.

El presupuesto conjunto de las instituciones es adecuado, por ejemplo, para entregar atención especializada para la casi totalidad de las víctimas 39 El indicador “relación presupuesto/usuarios” corresponde al cociente entre el porcentaje del presupuesto y el porcentaje de usuarios. Un valor de 1 indica una proporción similar de presupuesto y usuarios, valores mayores indican un mayor presupuesto por usuario que el promedio y viceversa.


de delitos sexuales (incluyendo al conjunto de quienes no denuncian), o para incrementar de manera drástica la cobertura de atención a víctimas de delitos violentos.

Sin embargo, en la actualidad, no existe una planificación y priorización de recursos que indique cuáles son los niveles óptimos de cobertura para cada sub-población considerando la restricción presupuestaria. Es decir, si bien sabemos que entregar atención integral a una víctima de delitos sexuales cuesta casi el doble que atender a una víctima de violencia intrafamiliar, no existe una definición sobre si es preferible atender a la primera con el costo de oportunidad que esto implica para el sistema.

Las instituciones tienen espacio para mejorar la integralidad de la aten-ción por medio de una mejor coordinación, lo que permitiría una mayor especialización y eficiencia y para aumentar sus niveles de rendimiento40, lo que habría ocurrido en algunas instituciones durante el período41.

Estos esfuerzos se podrían ver favorecidos por una coordinación del sistema de atención que aprovechara la mayor eficiencia, desde una perspectiva estratégica, para mejorar el desempeño de éste frente a aquellas proble-máticas que deben ser enfrentados de manera prioritaria.

EVALUACIóN E INVEStIGACIóN EN LAS INStItUCIONESHay que decir sí que las instituciones han contando con poca información que permita analizar las problemáticas que deben enfrentar, es decir, que permita conocer de mejor forma las consecuencias de la victimización en sus usuarios, y poder evaluar sus propias acciones para resolverlas.

Debido a la debilidad general de los sistemas de registro utilizados por las instituciones (sólo el Ministerio Público, Sename y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuentan con sistemas de registro automatizados), parte importante de la investigación desarrollada por las instituciones se ha orientado a levantar insumos de gestión sobre la población de usuarios, sus características y los tipos de servicios prestados.

tales evaluaciones, plasmadas en estadísticas de usuarios y prestaciones, tienen las limitaciones de ser estáticas, descriptivas, generadas manualmente y de no permitir conocer ni evaluar el impacto de las intervenciones sobre los usuarios y el problema.

40 La evaluación de Dipres determinó la existencia de costos de administración algo superiores a la norma de 10% recomendada.41 Los centros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública aumentaron en un 61% sus atenciones entre 2009 y 2010 y en más de un 300% entre 2010 y 2011.


En los últimos tres años las instituciones han implementado, de forma generalizada, evaluaciones de satisfacción de usuarios. Si en 2008 solo el Ministerio del Interior había desarrollado este tipo de estudios (Dipres, 2008)42, en los últimos tres años lo han hecho las corporaciones de asistencia judicial, CAVAS de la PDI y Sename. En algunos de estos casos, las evaluaciones han sido específicamente diseñadas para poblaciones especiales de usuarios, como menores de edad.

A estos se suman las evaluaciones de satisfacción usuaria implementadas por los servicios de Salud y el Servicio Médico Legal para el conjunto de sus servicios o unidades. todos estos estudios muestran muy altos niveles de satisfacción entre los usuarios (en general superiores al 90% y con una tendencia al aumento). Sin embargo, la satisfacción no implica efectividad.

En términos de efectos de la intervención, todas las instituciones que prestan servicios especializados (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, corporaciones de asistencia judicial, Sename, Sernam y CAVAS de PDI) realizan evaluaciones de sus procesos de atención presencial.

En todos estos casos, la intervención especializada se basa en un diagnóstico inicial del usuario, que busca detectar sus necesidades y que guía el proceso de intervención en su conjunto por medio de un plan de intervención especializado. Este plan es el parámetro de evaluación de la efectividad del servicio, la que se mide en función del grado de cumplimiento de los objetivos del plan, una vez concluido o abandonado el tratamiento.

tal medición, sin embargo, es subjetivamente realizada por los profesionales del servicio y, en general, se encuentra poco estandarizada.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha implementado acciones dirigidas a la medición objetiva del impacto del tratamiento.

Al respecto ha desarrollado cuestionarios estandarizados de consecuencias de la victimización que consideran múltiples ámbitos (aquellos más comúnmente afectados por el delito, según las investigaciones propias y el estado del arte en la materia) para ser aplicados a usuarios de manera previa y posterior al tratamiento.

también ha compendiado y evaluado la utilidad de los instrumentos utilizados a nivel internacional para la evaluación de alteraciones de la salud física y mental, en aras a su estandarización y aplicación como instrumentos de evaluación permanentes en sus programas.

42 Es necesario aclarar que este estudio indagaba en solo tres programas de atención.


tales esfuerzos deben enfrentarse a limitaciones, como la ausencia de grupos de control, de pruebas estandarizadas para el contexto nacional y la dificultad para la aplicación de evaluaciones de seguimiento, sin embargo tales esfuerzos están en línea con las prácticas imperantes de evaluación de impacto de la intervención a nivel internacional (Maguire, 1991), que demuestra el impacto de algunos tipos de intervención43 en la morigeración de las consecuencias negativas de la victimización44 (Bisson, 2009).

RESEÑA: REFORMA CONStItUCIONAL y DEFENSA JURíDICA DE LAS VíCtIMASEn los últimos años, la preocupación por las víctimas de delitos violentos ha formado, como nunca antes, parte de la discusión pública (Ministerio del Interior, 2005: 9, Clear, 2005: 329), tanto en el mundo desarrollado como en América Latina y Chile. Como indica la Fundación Paz Ciudadana, se trata de “un intenso debate en los últimos 20 años” (Paz Ciudadana, 2008: 32). En Chile, este debate, promovido desde la sociedad civil, se ha centrado en el ejercicio del derecho de la víctima a querellarse de forma particular y en la necesidad, o ausencia de ésta, de proveer desde el Estado y de manera gratuita el acceso a un querellante particular.

En nuestro país, la representación jurídica o defensa judicial de las víctimas no forma parte de los servicios que el Estado entrega de manera regular, pese a la facultad de algunas instituciones de representar en el proceso de justicia penal a víctimas en casos calificados o sujeto a condiciones particulares.

Recientemente una reforma a la Constitución Política, promulgada en Julio de 2011 (por medio de la Ley 20.516), establece la obligación del Estado de prestar defensa penal y asesoría jurídica a personas naturales víctimas de delito en la forma y casos que una ley establezca.

A partir de estos antecedentes es necesario preguntarse sobre la manera en que la representación jurídica de los intereses de la víctima en el proceso penal puede tener un efecto positivo para ésta.

La declaración de Naciones Unidas sobre “Principios básicos de justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder” (ONU, 1985) declara que “Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas” (ONU, 1985: punto 6°), lo que se relaciona con la prevención de la victimización secundaria que el actuar del sistema de justicia puede tener para la víctima (ONU, 1999).

43 En particular la terapia cognitivo-conductual.44 Evaluadas, en general, en la forma de Síndrome de estrés postraumático.


Además de la función de prevención de la victimización secundaria, la intervención con víctimas tiene, según la misma declaración, la función de propender a la superación de las consecuencias negativas de la victimización en un conjunto de ámbitos de la vida de la persona, dando a la intervención un marco de integralidad.

¿Cuál es el aporte de la representación jurídica de la víctima para la reparación integral de las consecuencias que la victimización tiene para las víctimas? Esta pregunta permite también indagar en los objetivos que esta representación debe perseguir.

7. Representación jurídica: rol en el contexto de la reparación integral de víctimas de delitos violentos


Disponibilidad:

Fecha de publicación: Mayo 2011.

Ejecución: Propia.

Objetivos: Describir el rol de la representación judicial en el marco del proceso reparatorio integral de víctimas de delito.

Métodos: Entrevistas semi-estructuradas a 9 usuarios de servicios de representación jurídica, grupos focales con profesionales abogados, psicólogos y trabaja-dores sociales que prestan servicios reparatorios a víctimas (14 participantes).

Muestra: Usuarios y profesionales de servicios de reparación integral en que se presta representación jurídica penal.

El Estudio revela que la representación judicial cumple tres tipos de funciones en relación a la reparación integral: información y orientación a las víctimas, fomento y adaptación de la participación de la víctima en el proceso penal y representación de los intereses de la víctima.

Entre las actuaciones que favorecen la adaptación de la víctima y sus necesidades al proceso de justicia están:

Ajuste de expectativas.a.

Decisión sobre cursos de acción.b.


Adaptación de los tiempos del proceso.c.

Asesoría en casos complejos.d.

Curaduría ad-lítem. e.

Entre las actuaciones que buscan moderar o evitar la victimización secundaria por parte de la víctima están:

Información para la participación activa de la víctima.a.

Previsión y preparación para eventuales resultados.b.

Explicación de los resultados del proceso.c.

Protección de la víctima.d.

Explicación de las consecuencias negativas de participación en e. el proceso.

El estudio indaga en cada una de estas categorías, describiendo el positivo efecto que las actuaciones tienen para la víctima y la manera en que éstas se implementan por parte de los equipos profesionales de intervención. Este tipo de representación es ejercida por abogados, pero es orientada y apoyada por un equipo interdisciplinario, que busca alcanzar la reparación desde una perspectiva integral, en el que el tipo de término de la causa (y eventual condena del ofensor) es uno de los múltiples factores a considerar. Como lo plantea un abogado en el estudio:

“Porque el problema que tienen nuestros usuarios es un problema social, no es estrictamente esta construcción artificial que es lo que nosotros denominamos delito, porque rebasa la definición, problemas familiares, de vecindad, de dónde la persona está viviendo o de qué cosas le están pasando con su trabajo, con su vida diaria es un problema social, que si coincide con la definición legal le llamaremos delito…” (Abogado)

La representación judicial se ha implementado, en algunas instituciones, bajo modelos que comprenden las consecuencias de la victimización desde un enfoque integral y que, por tanto, intervienen desde múltiples focos y por medio de un equipo interdisciplinario, en que la víctima es entendida como un usuario y sujeto de atención, dando especial importancia a sus necesidades y espacio para su toma informada de decisiones.


conclusionEs

Los diagnósticos y evaluaciones previas versan principalmente sobre la •necesidad de contar con una política pública que coordine la variada oferta provista desde el Estado y que sea materializada a través de un ente que esté en condiciones de ordenar las interacciones entre las instituciones que conformen un eventual “Sistema intersectorial de atención a víctimas”.

Por su parte, las ofertas institucionales de atención y reparación •dirigidas a las víctimas responden adecuadamente a sus propios objetivos y servicios diseñados. Sin embargo, el principal déficit del sistema estatal es la coordinación de intervenciones, que en su conjunto puedan ser “integrales”, esto debido a que, en la actualidad, la oferta pública se caracteriza por la presencia de diferentes componentes, provistos por cada institución, que pretenden cumplir por sí mismos el requisito de integralidad, lo cual dificulta la articulación de un Sistema intersectorial de atención, y a su vez, afectaría la eficiencia en la entrega de servicios.

Si bien la cobertura de las instituciones que atienden a las víctimas •en su generalidad es suficiente, ya que atiende a más de la mitad del público objetivo, como es el caso de las víctimas generales de delitos violentos, tiende a ser reducida en cuanto a prestar servicios a víctimas de delitos específicos, es decir, respecto de prestaciones “especializadas”, como lo son las requeridas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

En este sentido, se requiere mayor especialización de los servicios, en •función de las características de las víctimas o de las características de la victimización sufrida y sus consecuencias; lo anterior, bajo una lógica de intervención progresiva.


Desde un marco más amplio, el conjunto de las instituciones debería •avanzar en la definición de poblaciones priorizadas que permita una adecuada focalización de los recursos en los problemas más acuciantes, de acuerdo a una política pública dirigida a víctimas de delitos.

Esto último permitiría disminuir las marcadas diferencias entre los •recursos destinados a diferentes problemáticas.

El establecimiento de un eventual sistema coordinado, que agrupe •a las instituciones estudiadas, puede definir como objetivo su intervención en la prevención o morigeración de la victimización secundaria, y determinar, como indicador de su desempeño, el grado de victimización secundaria promedio.

Esto último en la medida en que, si bien los servicios que lo compondrían •persiguen objetivos y cumplen funciones muy diversas, la prevención de la victimización secundaria es un objetivo relevante y legítimo para todas ellas.

La victimización secundaria, por lo demás, es un fenómeno en que la •coordinación entre las instituciones y la adecuada respuesta desde el Estado son factores determinantes.

Para mejorar su funcionamiento, tanto individual como colectivo, las •instituciones estudiadas deben avanzar en mejorar su capacidad de evaluar su desempeño, implementando sistemas de medición del mismo que les permitan especificar estrategias de mejoramiento.


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Tandon, Neeti, 2007. • Secondary victimization of children by the media: an analysis of perceptions of victims and journalists. En International Journal of Criminal Justice Sciences. Vol. 2 Issue 2 Julio – Diciembre, 2007.

Tseloni, A. & Pease, K, 2003. • Repeat Personal Victimization. ‘Boosts’ or ‘Flags’?. the British Journal of Criminology, Vol. 43, Issue 1, pp. 196-212, 2003.

Victim Support, 2005. • Investigating the practical support needs of burglary victims.

Victim Support, 2006. • In the aftermath. the support needs of people bereaved by homicide. A research report.

Legislación y normas • 45:

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Naciones -Unidad, 1989.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, -naciones Unidades, 1989.

Convención Americana sobre Derechos Humano, San José de -Costa Rica, 1991.

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Naciones -Unidas, 1990.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar -la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, 1998.

45 La legislación nacional puede ser consultada en www.bcn.cl


Leyes - 17.995, 18.632, 19.640, 19.968, 20.032, 20.066, 20.314, 20.507, 20.516 y otras normas orgánicas de las instituciones que conforman la Red de Asistencia a Víctimas.

Información aportada por las instituciones que conforman la Red de •asistencia a víctima en el contexto del diagnóstico nacional.


PiEs dE PÁGina En tablas

Fuente: Base AUPOL. Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 1. Carabineros de Chile.

Fuente: Boletín estadístico anual 2010 del Ministerio Público. Disponible 2. en www.fiscaliadechile.cl

Fuente: DIPRES, 2008: 73. tasas calculadas en función de datos aportados 3. por las instituciones. En el caso de delitos sexuales se actualizó la tasa del informe (88%) a partir de información aportada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Por ser una selección específica de víctimas y delitos, no se puede 4. presentar información comparable para el Ministerio Público.

Las estadísticas oficiales sobre causas de muerte reportan 903 5. homicidios para el año 2009. Fuente: Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. Corresponde a las muertes provocadas por agresiones para el último año con información completa. Es el dato más exacto, pues corresponde al total de muertes ocurridas en el país en el periodo, que fueron causadas por agresiones de terceros.

Grupo socioeconómico de las víctimas según clasificación ESOMAR, 6. utilizada por la Asociación de investigación de mercado (AIM). Los grupos son: medio o alto (ABC1, C2 y C3) y bajo (D y E).

Porcentaje de víctimas con lesiones clasificadas como de carácter 7. menos grave o superior.

En los casos de homicidio, la información corresponde a las víctimas 8. indirectas.


Para fines de comparación, se presenta la distribución de las variables 9. de segmentación demográficas a partir de los resultados del Censo de población y vivienda 2002. La distribución poblacional de GSE proviene de los datos de AIM, disponibles en www.aimchile.cl .

Corresponde al cociente entre el porcentaje observado y el porcentaje 10. esperado, equivalente al valor poblacional, multiplicado por cien. Es decir, es el porcentaje en que el valor observado es mayor al esperado. Un nivel de sobre-representación de 100% significa que la proporción observada es equivalente al doble de la esperada.

Víctimas de los delitos seleccionados, cada 100.000 habitantes.11.

Se refiere a las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. La 12. zona norte incluye las regiones XV, I, II, III y IV. La zona centro incluye las regiones V, VI, VII y VIII. La zona sur incluye las regiones IX, XIV, X, XI y XII.

tasa calculada sobre sub-población de mujeres mayores de edad.13.

Porcentaje de victimización de hogares según encuesta ENUSC 14. 2010 (DSP, 2010b). La relación entre la victimización nacional y la de diferentes zonas corresponde a un cálculo propio a partir de los datos de la encuesta.

DSP, 2010b.15.

Id.16.

Algunas líneas de investigación internacional sugieren que la vic-17. timización previa es un indicador fuertemente relacionado con la probabilidad de re-victimización (tsaloni & Pease, 2003: 196-212). Las estadísticas sobre concentración de la victimización según hogar en Chile parecen sugerir lo mismo (DSP, 2010: 46).

Ver nota 28.18.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2011.19.


Id.20.

Home Office, 1993.21.

El estudio levanta información primaria obtenida de víctimas de robo 22. en lugar habitado. La encuesta no se aplica directamente a menores de edad, pero se consulta a los adultos sobre su percepción del impacto en éstos. Fuente: Víctim Support, 2005.

Fuente: Id.23.

Victim Support, 2006: 15-52. El estudio levanta información primaria 24. y realiza un compendio de la literatura en la materia.

Fuente: Id.25.

Home Office, 1993.26.

Home Office, 2009: 14.27.

Heize, 1994. Citado por informes compilados Centros de la Mujer, 28. Servicio Nacional de la Mujer.

Lyon & Lane, 2008:62. Necesidades de usuarios de albergues para víctimas 29. de violencia intrafamiliar. Se trata de una muestra representativa, por tanto, de las víctimas de violencia intrafamiliar de mayor gravedad.

Cuando estas no involucradas en el delito y son un factor protector.30.

Poblaciones incluye víctimas que denuncia y no denuncian, estas 31. últimas proyectadas según tasa tipológica para estos delitos.

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