Diagnóstico Ambiental de México Andrés Barreda Marín

El colapso ambiental

Este documento tiene como propósito explorar las causas mediatas e inmediatas del

colapso socio-ambiental del país. También propone acciones concretas de carácter

político/auto-gestivo que al ser llevadas a cabo por la red de organizaciones de

afectados ambientales pueden contribuir a preparar a la ciudadanía para enfrentarlo y

mitigarlo. El colapso no obedece a causas simples, sino a la convergencia de complejos

y numerosos factores. Pero una causa general destaca: la manera salvaje en que el

capitalismo mexicano ha sido construido durante las últimas décadas y el efecto que

ello ha tenido sobre la estructura y funcionamiento de la sociedad mexicana y sus

relaciones con la naturaleza.

En México no son nuevos los problemas ambientales causados por el capitalismo. El

siglo XX fue testigo de extracciones mineras, aprovechamientos hidráulicos,

deforestaciones tropicales, explotaciones de la flora y la fauna, y otras actividades

económicas de índole privada y pública que dejaron profundas heridas en los

ecosistemas mexicanos. Estas heridas siguen abiertas; algunas de sus causas son

vigentes y muchas de sus expresiones ambientales y sociales son irreversibles. En la

introducción al Informe sobre la situación del medio ambiente en México 2005 (ISMA

2005), la Semarnat reconoce que: “La disminución y degradación de la cubierta vegetal

natural y del suelo, la acelerada pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los acuíferos

son algunos de los principales problemas que hoy enfrenta el país.”

 

Pero en los últimos veinticinco años de política neoliberal una nueva lógica de

destrucción ambiental se ha extendido y profundizado en todo el territorio nacional. En

una primera fase del periodo (1982-2000) surgió un principio que parecía dar cierta

esperanza. El paradigma del “desarrollo sustentable” hizo “boom” a nivel mundial, y ello

obligó a un Estado mexicano en búsqueda de aprovechar óptimamente los “beneficios

de la globalización” a incorporar --en la ley, en el discurso y, superficialmente, en la

práctica-- los principios y métodos necesarios para resolver las tensiones entre la crisis

ambiental y el crecimiento capitalista. Los ecos discursivos del paradigma todavía

reverberan, y en la introducción al ISMA 2005, pag. 17, referida arriba se señala:

“Durante mucho tiempo, los temas ambientales fueron pasados por alto o considerados

sólo como secundarios y supeditados a la planeación del desarrollo. El impacto del

crecimiento demográfico, de la desigual distribución territorial de la población, de la

actividad productiva y de la urbanización sobre la calidad del aire, del agua y del suelo,

sobre la disponibilidad de los recursos naturales y sobre la integridad y funcionamiento

de los ecosistemas naturales fue estimado de manera parcial en algunos casos y en

otros simplemente ignorado. El avance de la investigación científica ha mostrado la

necesidad de reconocer el valor del capital natural como un elemento indispensable

para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable, lo cual implica establecer políticas,

estrategias y acciones que promuevan la salud de los ecosistemas en el mismo rango de

prioridad que tienen los sistemas económico, educativo o de salud pública.”

Pero la ideología hegemónica del periodo, el neoliberalismo –que podríamos definir

como el proteccionismo de Estado de la lógica de reproducción del capital trasnacional-

monopólico–, convirtió en ficción estas frases al permitir que la integración comercial y

el aumento del flujo de capitales extranjeros conllevara la destrucción de nuestra

soberanía industrial, alimentaria, comercial, financiera y demográfica. Supuestamente

dirigido a crear un nuevo pacto social que nos condujera, ahora sí, a la verdadera

modernidad, el neoliberalismo muy pronto debilitó las instituciones y órganos del

Estado mexicano, hasta convertirlos en instrumentos del poder fáctico y la delincuencia

organizada. Al ponerlos en práctica en este contexto, varios principios políticos

 

largamente perseguidos por la sociedad mexicana, como son la democracia efectiva, la

descentralización administrativa y la coordinación inter-sectorial, degeneraron y se

convirtieron bajo el nuevo régimen justamente en su opuesto: el Estado hobbsiano, la

balcanización política, la feudalización municipal y la colusión burocrática1[1].

Algo semejante ocurrió con el desarrollo sustentable. Así, en la segunda fase del

periodo (2000-2008), en que George W. Bush ha desgobernado al mundo y el PAN

empujado a México hacia la corrupción institucional generalizada, las leyes que

“obligan” el desarrollo sustentable en nuestro país no son otra cosa que letra muerta y

espíritu vacío. La idea de que es posible planificar un desarrollo capitalista que pueda

estructurar un equilibrio entre los ámbitos ambiental, social y económico, y los valores

de la sustentabilidad, la eficiencia, la equidad y la participación ciudadana, −−que todavía

podía plantearse con honestidad y orgullo hace algunos años entre los funcionarios de

gobierno−− ha perdido vigencia y se desecha de facto como pretenciosa e irreal en los

corredores del ambientalismo oficial. Por el contrario, en esos mismos corredores ahora

se forjan argumentos (en realidad, argucias) para relajar la interpretación y aplicación

de la normatividad ambiental y −−a golpe de simulaciones, ocultamientos y mentiras—

para negar, encubrir y mediatizar los costos socio-ambientales de la libre operación de

un sistema económico profundamente irracional. Guiados por el interés, una falsa

prudencia (en realidad temor) o el cinismo, cada vez son más los funcionarios

municipales, estatales y federales que, debiendo ser los garantes del aprovechamiento

racional de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas, actúan como

fiadores de la impunidad ambiental y se han convertido en verdaderos intermediarios

con cartera oficial de los intereses de las empresas privadas y las corporaciones. Así, al

quedar bajo la rectoría de los grandes capitales, los socio-ecosistemas del campo y la

ciudad se han desestructurado como nunca, y se han vuelto cada vez más tóxicos,

mermando la salud presente y futura de cada vez más mexicanos.

                                                        1 Según Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en cuestión de corrupción y delincuencia

organizada, “entre un 50 y 60% de los municipios mexicanos han sido feudalizados o capturados” (citado en Cíntora, 2008, p. 20).

 

En resumen, en los últimos años las instituciones mexicanas no sólo han dejado de

cumplir con su función fundamental de regular las contradicciones que existen entre la

reproducción capitalista y la reproducción de los ecosistemas, sino también la de

procurar un clima de confianza y un sentido público que brinden una base coherente

para el ejercicio de la cooperación social y la preservación de los ecosistemas. El pacto

socio-ambiental mexicano está hecho pedazos.

Los mexicanos vivimos un drama que pronto podría convertirse en tragedia. México

está en el umbral de un futuro profundamente incierto, marcado por la depresión

económica mundial, la crisis energética y el calentamiento climático global. En este

difícil contexto, hemos perdido también el control social de nuestro ambiente nacional,

es decir, de la base primordial de nuestras condiciones generales de vida y

reproducción. En otras palabras, no sólo están en crisis nuestros ecosistemas, sino

también nuestra soberanía ambiental y la capacidad ciudadana e institucional para

recuperarla.

Este documento busca construir una conciencia más desarrollada sobre la naturaleza

de esta crisis socio-ambiental. Dicha conciencia es necesaria para definir qué acciones,

herramientas y armas debemos esgrimir para enfrentarla y, en el largo plazo, encontrar

las vías para alcanzar la reconciliación del pueblo mexicano con su privilegiado territorio

natural.

I. BREVE PERFIL DEL COLAPSO

Desde hace muchos años diferentes voces de la comunidad científica y la sociedad

civil han denunciado inútilmente la deforestación en México. El país sigue ocupando uno

de los primeros lugares mundiales (4º), y entre 1990 y 2005 perdió 15% de sus bosques

y selvas primarias. Por la considerable fragmentación de los ecosistemas, la distribución

geográfica de muchas especies biológicas se ha reducido, con una pérdida de

biodiversidad incalculable. Adicionalmente, en los últimos ocho años la política de la

 

conservación forestal ha sufrido un debilitamiento profundo. Miles de hectáreas

forestales con la más alta biodiversidad se encuentran desprotegidas, y en las ANPs

mexicanas ahora se desarrollan megaproyectos carreteros, minas, explotación

petrolera e hídrica irracional, construcciones urbanas y otras actividades que propician

un acelerado cambio en el uso de suelo. Estudios recientes demuestran que sólo el 50%

de las ANP controlan efectivamente la transformación del hábitat natural. En muchos

casos, se trata de tierras marginales en las que no interesa todavía el emplazamiento de

algún proceso de desarrollo altamente lucrativo.

El sistema de uso y manejo del agua en México es profundamente ineficiente y no

corresponde en modo alguno al nivel de nuestra economía. Decenas de acuíferos están

sobrexplotados, lo que nos obliga a transportar, con un costo energético excesivo,

millones de metros cúbicos de unas cuencas a otras y extraer aguas con arsénico en

cada vez más regiones del centro y norte del país. Los niveles de los mantos freáticos

descienden y aumenta la salinización en los campos. Desaparecen miles de manantiales;

algunos ríos que fueron perennes se han vuelto intermitentes, y otros simplemente han

desaparecido para siempre. Nuestras seis principales cuencas (Grijalva-Usumacinta,

Coatzacoalcos, Papaloapan, Pánuco, Balsas y Lerma-Chapala-Santiago) se encuentran

entre las más contaminadas del mundo. Como consecuencia de todo esto, los

ecosistemas fluviales están prácticamente destruidos. El sistema de megapresas

hidroeléctricas del país envejece y se vuelve obsoleto. En condiciones similares, en

Estados Unidos se procede a su progresivo desmantelamiento y sustitución por otras

formas más amables de generar energía eléctrica. En México, en cambio, se emprende

el desarrollo de una nueva generación de presas, con sus implicaciones funestas:

desplazamiento de decenas miles de personas, pérdida de tierras fértiles, elevación de

las emisiones de CO2 y severa destrucción de la biodiversidad.

Las planicies costeras, esteros y manglares ceden cada vez más kilómetros de playas y

selvas vírgenes a megaproyectos privados camaronícolas, plantaciones forestales y

 

proyectos hoteleros trasnacionales al servicio de las llamadas escaleras náuticas, los

grandes corredores turísticos o los nuevos megapuertos estratégicos intermodales.

Persiste la contaminación de las tierras, alimentos, animales, campesinos y

consumidores finales ocasionada por el uso desregulado de sustancias agroquímicas y

veterinarias para la producción de alimentos. El maíz criollo mexicano se está

contaminando con variedades híbridas y transgénicas controladas por las

corporaciones internacionales. Se establece la aterradora posibilidad de que se

contamine con variedades de maíz no alimentarias diseñadas en Estados Unidos como

materias primas para la producción de plásticos, biocombustibles, espermicidas,

anticoagulantes y usos militares secretos. El crecimiento de la mancha urbana está sin

control. La megalópolis de la ciudad de México, desde hace décadas la segunda más

grande del mundo, vuelve ahora a expandir sus tóxicas e irracionales dinámicas

metabólicas ya no sólo en el conocido corazón metropolitano que forman el Distrito

Federal y sus 59 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo. Crece la

corona de municipios y ciudades intermedias que le rodean en el Estado de México,

Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Recientmente se reconoció

públicamente que los sucios aires de la megalópolis propician desde hace mucho

tiempo la muerte de numerosas personas. Las decenas de basureros de este sistema de

ciudades son enormes (algunos de los cuales son de los más grandes del mundo) y

generan enfermedades gravísimas entre sus miles de vecinos.

La eufórica industria de la construcción demanda, por su parte, la apertura

indiscriminada de cada vez más minas y concesiones de extracción de minerales no

metálicos, como cemento, cal, arena, grava, arcillas, granitos, etc., materias primas

indispensables para la expansión de las manchas urbanas, lo mismo que para la

construcción de cada vez más vías rápidas interurbanas que avasallan bosques, selvas,

barrancas, ecosistemas variados y tierras comunitarias.

 

En todo el país no hay freno al sobre-consumo. Crecen, por decenas de miles, los

centros comerciales (malls) y las tiendas de conveniencia, que no han hecho sino

escalar, de forma nunca antes vista en nuestro país, la generación de basuras no

biodegradables y tóxicas, así como otras perniciosas externalidades. Al aumento en la

generación de los residuos no corresponde, sin embargo, el esfuerzo para su manejo

sustentable. La ley federal de manejo integral de residuos sólidos es, en la práctica, letra

muerta; ningún municipio en el país cumple con los procesos de separación, reciclaje y

reuso que ella especifica. En cambio, crece el número de empresas de servicios de

recolección, transferencia y disposición final cuyas ganancias se incrementan con la

generación de la basura.

Con vistas a su progresiva privatización, la política energética ha convertido a Pemex en

una de las empresas petroleras que más accidentes ambientales provoca en todo el

mundo. El obsoleto sistema industrial petroquímico y de refinación, así como la

negligencia de las autoridades ambientales del país han permitido también que en el

sureste de México se haya contaminado el entorno rural y urbano con niveles

verdaderamente alarmantes de dioxinas, furanos y otros compuestos orgánicos

persistentes. La minería metálica, que ha crecido vigorosamente en México durante la

última década, deforesta montañas, contamina aguas y enferma a los trabajadores

mineros y pueblos que viven aguas abajo, sin que ninguna autoridad ambiental intente

impedir la actuación rapaz de las empresas trasnacionales que se han apoderado de los

principales yacimientos del país.

 

II. LAS CAUSAS DEL COLAPSO

La situación ambiental de México, sus regiones y sus pueblos es resultado de un

profundo desequilibrio en el modelo de acumulación de capital imperante en el país. Por

un lado, la apertura al flujo internacional de capitales y productos ha provocado un

importante aumento de la inversión en los procesos de extracción, transformación y

fragmentación de los hábitats, recursos y servicios eco-sistémicos, y en la generación

de residuos y desechos debidos a un consumo creciente pero irracional. Por el otro, los

“efectos técnicos” esperados, que en teoría deberían aumentar el uso de procesos de

producción más limpios con el aumento en los flujos comerciales, no se han hecho

presentes. Ello se debe, en parte, a que el aumento en la riqueza esperada sólo ha

beneficiado el ingreso en unos cuantos sectores y regiones, aumentando la pobreza en

la mayoría de ellos, y en otra parte, porque las políticas de ajuste, liberalización y

privatización en un contexto de competencia monopolística han debilitado tanto la

voluntad como la capacidad públicas de responder a la creciente demanda social por

un mejor ambiente; estimular la inversión económica y social dirigida a la conservación,

remediación, rehabilitación y restauración de los hábitats, recursos y servicios eco-

sistémicos; y dar tratamiento, reuso y reciclamiento a los residuos y desechos. Como

consecuencia, ahora nuestra economía es esencialmente minera (en el sentido amplio),

contaminadora y no sustentable. A continuación analizaremos los actores, procesos y

políticas involucrados en la formación de esta situación.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS

En México, los grupos de poder económico han emprendido procesos de

acumulación de capital monopolista que es difícil observar en otras partes del mundo.

Unas cuantas empresas mexicanas (publicas y privadas) se han convertido en agresivas

empresas transnacionales de primera importancia mundial, y otras, de origen

transnacional, que comenzaron por exportar su capital hacia México, encontraron el

ambiente propicio para expandirse exitosamente al resto de América Latina y el mundo.

 

No se puede exagerar la responsabilidad de estas empresas nacionales y

transnacionales en el proceso de devastación ecológica. Al ocupar con poca resistencia

reguladora las ramas de energía (petrolera y eléctrica), agricultura, química,

agroquímica, comunicación, construcción, minería y alimentación, dichas empresas han

abusado de los recursos y principales servicios públicos del país, modificado y

manipulado no sólo las leyes sino el contenido material de los objetos de consumo y el

gusto de los consumidores, denegado información clave sobre lo que se consume y

ocultado los saldos negativos en la salud que imponen tanto la destrucción del medio

como las nuevas formas del consumo. A pesar de ello, estas empresas no aparecen

como responsables ante los medios de comunicación, la investigación científica ni la

opinión publica nacional. Se las ha ocultado sistemáticamente como las principales

beneficiarias de los recursos, servicios y “ventajas económicas e institucionales” del

país. Son empresas que ganan y ganan, pero carecen de una deuda social y ambiental.

México es uno de los países en el mundo donde mejor se oculta la responsabilidad

histórica de las empresas que saquean y destruyen el medio ambiente.

¿Cómo ha ocurrido esto? Un factor es el extraordinario peso que siempre ha

tenido el Estado mexicano en la organización histórica del proceso de acumulación. El

Estado mexicano no sólo cuenta con grandes consorcios de energía (petróleo, gas y

electricidad), parte de las comunicaciones y transportes (ferrocarriles, teléfonos,

correos y televisión) y otras ramas clave (petroquímica, siderurgia, etc.). También ha

jugado un papel importante en el origen de muchas empresas privadas, que nacieron y

crecieron como fruto de la corrupción político-económica que permitió incubar y

proteger, desde la gestión publica, a privilegiadas empresas de servicios (construcción,

vivienda, alimentación, finanzas, manejo de residuos sólidos y agua, etc.), o subastar y

desnacionalizar la mayor parte de los activos nacionales (siderurgia, teléfonos, satélites,

carreteras, ferrocarriles, puertos marinos y aéreos, electricidad, minería, petróleo y gas,

agua, salud, educación, etcétera). En México, las empresas transnacionales disponen de

amplios márgenes: de cabildeo en el Congreso, de corrupción al interior de los tres

poderes de unión y los partidos políticos, de presencia autoritaria en los medios de

 

comunicación y de impunidad general ante las instancias de procuración de justicia. No

es fácil encontrar reunidos estos privilegios en otros lugares del mundo.

De ahí que en la opinión pública y la conciencia nacional ordinaria predomine la falsa

sensación de que el único actor responsable de las crisis, los saqueos, los fracasos y las

desgracias nacionales es el Estado mexicano, mientras que, en la opinión pública

internacional, se mantenga la ilusoria percepción de que México, mal que bien, avanza

sostenidamente bajo el manto protector de un extraño “ogro filantrópico”. A diferencia

de lo que ocurre con la opinión publica y la conciencia general de otros lugares del

mundo (sean metropolitanos o del hemisferio sur), la mistificación estatista del proceso

de acumulación del capital en México ayuda al encubrimiento sistemático de la

responsabilidad básica que tienen todas las empresas publicas y privadas, nacionales y

extranjeras, en la devastación ambiental del país.

POLÍTICAS NEO-LIBERALES

La segunda base general sobre la que descansan la erosión, deterioro y colapso del

medio ambiente nacional se ubica en el diseño y aplicación de numerosas políticas

públicas neoliberales del Estado mexicano. Nacidas bajo la presión de los organismos

financieros internacionales y el actual proceso de subordinación de México a Estados

Unidos, determinan las políticas industriales, comerciales, financieras, urbano-

regionales, construcción de obra pública y agropecuarias.

El núcleo duro del neo-liberalismo está en su política industrial. Durante las décadas de

los 80s y 90s, el ajuste macro-económico, la privatización de la mayoría de los activos

industriales del Estado y la liberalización económica provocaron no sólo una reducción

absoluta del sector manufacturero, sino que lo transformaron –principalmente con la

maquila-- en un apéndice de la industria estadounidense. Desde entonces, el Estado

mexicano ha ofrecido, como ventaja comparativa del país, la posibilidad de super-

explotar a su población (especialmente a las mujeres y los niños mexicanos, haciéndolos

 objetos de devaluación y violencia), entregar nuestros principales recursos naturales

estratégicos (energía y minerales) y devaluar sistemáticamente la naturaleza en todo el

territorio nacional2.

Convergencia con Centroamérica: Aumento de salarios en el norte, disminución en el sur y mano de

obra no calificada.

No es una casualidad que en los mismos lugares donde hoy se asientan los grandes

centros industriales de las maquiladoras e impera la contratación de mano de obra

femenina e infantil inusitadamente barata (como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tehuacan,

Puebla, Tlaxcala, la Península de Yucatán, etc.) ocurran los asesinatos seriales de

mujeres, su inexplicable desaparición forzada, la prostitución y el tráfico de blancas, las

cárceles para el castigo de trabajadoras indisciplinadas, el tráfico de niños y la

pederastia de curas y empresarios. Curiosamente, es en estas mismas regiones de

tortura de la condición femenina e infantil donde prospera también un abanico de

industrias químicas y basureros desregulados, el silencioso saqueo industrial de los

acuíferos, la invaluable e infaltable connivencia de las autoridades de la Comisión

Nacional del Agua (CNA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),

                                                        2 Bajo el imperio del libre comercio, las reglas para proteger el comercio, el flujo de capital y la

propiedad intelectual han progresado mucho más --y más rápidamente-- que las reglas emitidas para

proteger a los trabajadores o el ambiente. Una nueva generación de promotores del libre comercio

reconoce que esta es una distorsión que ha erosionado profundamente la credibilidad ética y política del

paradigma (Elliot, 2004). Además, la evidencia de que el cumplimiento de los estándares laborales y

ambientales bloquea la formación de ganancias corporativas no es contundente (Estevadeordal et.al,

2004). Se argumenta que dichos estándares laborales y ambientales puede convertirse, sobre todo en

economías medianas con una fuerte tradición de seguridad social como la mexicana, en una ventaja

comparativa por los siguientes motivos: 1) facilitan la formación de mecanismos de negociación, acción

colectiva y formación de capital humano durante el proceso productivo , 2) atraen corporaciones con

marcas de identidad fuertes o intereses en la seguridad de su reputación. Desafortunadamente, el

gobierno mexicano, de treinta años para acá más papista que el papa , persiste en sostener el mito

ideológico de que el éxito del libre comercio implica necesariamente deconstruir la tradición mexicana de

protección social y organización sindical, y apostar a la devaluación de nuestros principales recursos

sociales y naturales para promover la inversión externa de capitales. Por ello, también, no ha firmado aún

la Convención 98 de la OIT sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente.

 

los cementerios industriales clandestinos de askareles y otros desechos peligrosos, las

mutaciones genéticas, la leucemia, la anencefalia, etcétera.

La política comercial del neoliberalismo se ha enfocado a entregar sistemáticamente el

mercado al control de unas cuantas empresas, sobre todo las transnacionales más

poderosas del mundo, como Telmex, Wal-Mart, Costco, Sam’s y Carrefour. Ejercitando

un poder monopólico sin regulación por parte del gobierno, estas corporaciones

arrebatan palmo a palmo todos los espacios previamente ocupados antes por los

mercados públicos y callejeros, los cines tradicionales, el comercio mediano

especializado, las papelerías, ferreterías, misceláneas, jugueterías, paleterías, cafeterías,

etc. Gracias a las facilidades otorgadas por el Estado, los malls y las tiendas de

conveniencia se multiplican por decenas de miles, asaltan los espacios estratégicos de

los barrios, alientan el proceso general de urbanización salvaje y regulan una parte

importante el uso del suelo. Incluso controlan ya buena parte del comercio ambulante

de las grandes ciudades, cerrando así los últimos resquicios de supervivencia

económica popular no criminal de la que disponían millones de mexicanos.

El peor saldo de la nueva política comercial, sin embargo, es la promoción sin límite de

un mundo de “innovadores pero falsos” satisfactores. Miles de nuevos objetos de

consumo han desplazado innecesariamente a bienes no nocivos, no tóxicos ni

desechables, como son las bolsas de papel, las canastas de yute y mimbre, las botellas

de vidrio, los teléfonos públicos, los jabones, los alimentos y bebidas sin agroquímicos, la

ropa de fibras naturales, los juguetes, muebles y electrodomésticos de madera, entre

otros. Para promover una “falsa calidad de vida”, el Estado mexicano no sólo permite

sino que estimula irresponsablemente la producción y venta de millones de toneladas

de falsos “satisfactores” modernos, en realidad productos profundamente adictivos,

como son los falsos alimentos tipo McDonald’s, las miríadas de accesorios suntuarios, la

literatura y video del engaño --banales y efímeros—, etc., así como los productos que

envenenan cada vez más a los consumidores, como son los alimentos saturados de

sustancias químicas tóxicas, los peligrosos teléfonos celulares, los medicamentos

iatrogénicos y generadores de fármaco-dependencias, etc. Estos y otros objetos son

 promovidos como “emblema de libertad y comunidad”, pero sólo son entrañables

vulgaridades propias del capitalismo salvaje. Entretanto, también se estimula la venta de

objetos como televisores, radios, computadoras, focos, lavadoras o juguetes que

promueven un consumo de energía ilimitada y una demanda eléctrica urbana no

sustentable. Los nuevos patrones de consumo intoxican el ambiente con millones de

toneladas de plásticos, baterías eléctricas, llantas, fármacos, cosméticos o sustancias

químicas nocivas que terminan como basura. Poco a poco, la vida consumista se ha

convertido en la herramienta estratégica de la sujeción de México a Estados Unidos.

Buscando articular las políticas mencionadas, el Estado mexicano también se ha

encargado de impulsar una nueva política regional y urbana. Es muy poco lo que puede

hacer el ordenamiento ecológico y territorial establecido por las leyes mexicanas frente

al estímulo del Estado mexicano a los nuevos procesos capitalistas de uso del espacio

nacional, que operan en función de las necesidades espaciales de la industria

corporativa, las mega-ciudades y las infraestructuras estratégicas. Estos procesos han

impuesto una redefinición de las regiones con recursos naturales estratégicos

(petróleo, gas, electricidad, minería, biodiversidad y agua), así como del desarrollo de los

centros urbanos, corredores urbano-industriales, redes de infraestructuras de

transportes, comunicaciones, energía y agua, para el mejor aprovechamiento y control

del espacio territorial mexicano por el capital monopólico nacional y extranjero. un

En lo fundamental, la política nacional de vivienda no está dirigida a resolver de fondo la

necesidad de hogares, transportes y servicios causadas por el crecimiento poblacional,

sino a promover y mantener una economía de especulación y despojo en el mercado de

bienes raíces y la industria de la construcción. La falta de compromiso del gobierno con

la atención adecuada a la demanda de servicios se expresa, por ejemplo, en los

insuficientes recursos económicos –tanto créditos como subsidios-- que destina a los

programas de vivienda no terminada –que son los que en realidad se dirigen a la

población mayoritaria de menores ingresos. En cambio, su compromiso con los

aspectos especulativos del mercado de bienes raíces es patente, pues no sólo ha

impulsado numerosos mecanismos para estimular a los trabajadores de cuello blanco,

cuadros medios del gobierno o las empresas, a invertir sus medianos ahorros en la

adquisición de bienes inmuebles de bajo costo como un medio para enfrentar la

 

creciente incertidumbre de la economía mexicana, sino que brinda a las empresas de

construcción y comercialización inmobiliaria todo tipo de recursos públicos directos y

facilidades para la expansión incontrolada de su industria. Entre las “facilidades” se

encuentran un “servicio ampliado” de gestión estatal y municipal de los permisos de

construcción caracterizado por una observancia excepcionalmente relajada de las

normas de construcción y protección ambiental, por lo que en todo el territorio nacional

estas normas son violadas sistemáticamente por empresas constructoras como ARA y

GEO, haciendo que las nuevas viviendas del Sistema Urbano Mexicano sean todo menos

“dignas y decorosas”. Con esta y otras acciones parecidas, la actual política urbana

alienta la especulación incontrolada y creciente de la tierra; un auge irresponsable y

alevoso de la industria de la construcción; la entrega del uso de suelo urbano y el

manejo de las cuencas a la mafia inmobiliaria, industrial y comercial; la construcción de

millones de “casitas Auschwitz”; la exacerbación de la privatización y desnacionalización

de los servicios públicos urbanos para convertirlos en dominio absoluto del parque

vehicular privado de las ciudades (verdadero regalo envenenado de la industria

automotriz transnacional); y la entrega del agua, la basura, los falsos servicios de

remediación ambiental, la seguridad, la educación o la salud municipales a grandes

cadenas transnacionales especializadas.

Estas contradicciones de las ciudades en crecimiento salvaje son mediatizadas por la

licuadora sensorial creada por los medios masivos de información: televisión, radio,

prensa e internet. Los medios permiten simular prosperidad, estabilidad y democracia

en la vida urbana, al atomizar lo comunitario, azuzar el consumo y la competencia

extrema y embriagar a los solitarios pobladores. Por ello, aunque los urbanistas,

sociólogos y geógrafos hablan mucho de la desmaterialización de la vida y de las

relaciones de las ciudades con su Hinterland, ocasionada por la globalización

informatizada de la City, y en el imaginario de la burguesía mexicana el crecimiento

urbano se presenta como el florecimiento de una pujante y emprendedora clase media,

que los partidos políticos de ultra derecha o de “izquierda moderna” buscan cortejar y

regentear, la verdad es que con nuestras ciudades crece el agotamiento irreversible de

los recursos naturales que avanza por los crecientes círculos concéntricos de su

 

infernal metabolismo. La vida económica de las ciudades toma de los campos sus aires

y aguas limpias, los alimentos, la energía, los minerales, la base biológica y gnoseológica

de los medicamentos, los servicios ambientales, los saberes ancestrales, la cultura e

incluso la población, con el robo integral de todas las fuerzas productivas que ello

implica. A cambio de estos recursos, las ciudades regresan a los campos excrementos y

tóxicos químicos, lixiviados de sus basuras, gasolinas, grasas y smog, y desde ellas

avanzan la “gran ingeniería y la tecnología dura”, que se extiende por el campo

derribando y minando las montañas, apresando las aguas, sobrexplotando los acuíferos,

calentando la atmósfera y degradando la biodiversidad con agroquímicos y organismos

transgénicos. Y, naturalmente, las ciudades mexicanas también regalan a los campos el

desprecio por la vida comunitaria y el racismo contra los indígenas, así como la

presencia de técnicos, profesionistas y burócratas, la mayoría de ellos profundos

ignorantes, que promueven el modo “chatarra” de cooperar, producir, consumir y

atender el bienestar social propio de las ciudades mexicanas, junto con la cultura

“democrática” de sus solitarios individuos. Así es como hoy se expande y potencia en

México el viejo dominio de la ciudad sobre el campo.

Desde hace más de una década, la política agropecuaria ha sido reorganizada para reducir

los apoyos productivos a los agricultores campesinos y desmantelar la soberanía

alimentaria mediante la apertura de nuestro mercado a la importación de granos

estadounidenses subsidiados. Simultáneamente, se ha intensificado la sobreexplotación

de la tierra fértil, el agua y la biodiversidad en las regiones donde operan los sectores

rurales más ricos dedicados a la exportación agrícola, ganadera, pesquera o forestal.

Bajo la protección estatal ha proliferado la venta de paquetes tecnológicos producidos

por las más poderosas empresas agricultoras transnacionales, principales

monopolizadoras mundiales de la producción de agroquímicos, fármacos veterinarios,

maquinaria y alimentos transgénicos. Las inversiones de largo plazo dirigidas a la

conservación de los recursos naturales y socio-ecosistemas del medio rural han

decrecido notoriamente. Tanto la política macro-económica como la sectorial primaria

han propiciado inversiones dirigidas a las actividades extractivas a gran escala, que

tienden a convertirse en beneficios económicos casi exclusivamente para las unidades

 domésticas más ricas. Las pocas reinversiones, además, han promovido la adquisición

de bienes de capital importado o la búsqueda de rentas extraordinarias obtenidas a

partir de una mayor explotación de las “reservas de recursos”, es decir, en un desarrollo

económico basado en el aprovechamiento desmedido de los ecosistemas o en la

expansión de la frontera agrícola (destrucción de los ecosistemas) que funciona por

corto plazo y cuyos beneficios se disipan rápidamente. Mientras, en los medios rurales

tradicionales la desaparición de los mercados locales para productos campesinos, la

irrupción del poder monopólico protegido desde el gobierno y la desestructuración de

las relaciones agrarias para dar paso al acceso abierto son factores que han debilitado

la inversión campesina y con ello las posibilidades de una economía rural tradicional

basada en el manejo sustentable de las tierras, aguas y bosques. La creciente

degradación de las tierras y aguas abandonadas o semi-abandonas por los migrantes, y

la pérdida de las prácticas de vigilancia y conservación de los bosques son expresiones

de este proceso.

Gastos de protección al ambiente (GPA) por tipo de gasto (gobierno federal, gobiernos estatales y hogares)

Unidades monetarias (miles de pesos)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-Total 26,435,880 30,111,983 32,293,121 36,360,884 42,215,225 45,574,016

Corriente 16,833,386 16,022,633 20,431,850 25,379,222 28,609,499 30,752,112

Capital 9,602,494 14,089,350 11,861,271 10,981,662 13,605,726 14,821,904

Fuente: INEGI. Sistema de cuentas económicas y ecológicas,

http://www.inegi.org.mx/lib/Olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=scee_gpagasto

          

 LA DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA ERA DEL TLCAN

El desarrollo reciente del capitalismo mexicano ha tenido un impacto definitivo en

los tejidos comunitarios y sociales (indígenas y mestizos, rurales y urbanos). Ya que a

estos tejidos se debe la creación, sustentación y desarrollo de numerosos recursos

tradicionalmente dedicados al manejo sustentable y conservación de los socio-

ecosistemas, su deterioro constituye una tercera base del colapso ambiental3.

Una lista no exhaustiva de los factores que han contribuido a este deterioro incluye: la

crisis agrícola y rural, la emigración desde el campo, la explosión urbana, el desempleo y

el subempleo, los programas públicos de generación de ingreso por vías ajenas a los

modos de vida comunitarios4, la emigración a Estados Unidos, la penetración de los

medios de comunicación en la vida cotidiana, la universalización de los aspectos más

nocivos del “American Way of Life” (como el sobre-consumismo), la inseguridad y el

crimen generalizado. Al dar rienda suelta a todos estos procesos, el desarrollo

neoliberal ha acarreado el debilitamiento de numerosas relaciones de solidaridad y

formas de decisión colectiva dentro y entre las familias y los pueblos, así como de los

usos y costumbres de las comunidades indígenas, de las instituciones políticas,

económicas y culturales, e incluso de los principios constitucionales de nuestra

identidad nacional (como fue la contrarreforma de 1992 del artículo 27 de la

Constitución y su Ley Agraria). Muchos de estos factores no son nuevos, pero si es

nueva la profundidad con que han desmembrado las estructuras y capacidades de

autogestión social.

En el discurso –pero sólo ahí—los gobiernos neo-liberales persisten en tratar de

compensar el deterioro comunitario con la introducción de nuevas virtudes sociales y

personales “modernas”: agencia libre, cooperación, equidad, eficiencia y sustentabilidad.

Pero, ¿cómo puede esto lograrse sobre las ruinas sociales, morales y psicológicas

producidas por la disrupción de lo comunitario? La respuesta supuestamente

contundente del neo-liberalismo es: con el bienestar personal y social que confiere un

                                                        3 A los tejidos sociales con estas capacidades se les denomina en la literatura reciente “Capital Social”. 4 Solidaridad, Procede, Progresa, Oportunidades, Vivir Mejor, etc.

 

mayor ingreso debido al crecimiento económico. Por más de veinticinco años los

profetas neo-liberales han argumentado que el crecimiento económico permitirá en un

futuro cercano arribar a una sociedad social, económica y ambientalmente sustentable.

El argumento no tiene fundamentos lógicos y nunca ha sido demostrado históricamente

(ver Pipitone, 1995), pero brinda una justificación pseudo-ética –más bien política-- a la

necesidad de “colocar en espera” a la sustentabilidad para garantizar el funcionamiento

de los mercados. Así, incluso en la SEMARNAT y en las secretarias del ambiente

estatales, la propiedad y el crecimiento son principios superiores en la escala de valores,

y la sustentabilidad es una simple promesa de un futuro mejor. Pero la frustración

económica, política y ahora socio-ambiental; el desempleo y la pobreza crecientes; la

desconfianza en los gobiernos neo-liberales y la corrupción; estos y otros factores han

perturbado totalmente el sistema de necesidades fundamentales de las personas. Poco

a poco, a golpe de ‘shocks’, engaños, falsas expectativas y sorpresas indeseadas, se han

ido borrando del imaginario popular las nociones de una vida económica y ciudadana

digna, en un ambiente ecológico adecuado. Como señala Max-Neef (et al.,1986), las

personas hemos dejado de comprender y, por lo tanto, nos hemos convertido en masas

cínicas, o más bien perplejas, alienadas e impotentes ante la realidad. A esta realidad

neo-liberal le van muy bien las siguientes palabras de Karl Polanyi:

‘…de aplicarse el remedio, produciría por todas partes la enfermedad hasta llegar a

la muerte. Esta es la forma en que perecen las civilizaciones…El sistema económico que

estaba en peligro de destrucción se fortalecería de ese modo, mientras que la gente

misma era sometida a una reeducación destinada a desnaturalizar al individuo y

volverlo incapaz de funcionar como la unidad responsable del organismo político.’

(Polanyi, 1957, pp. 237)

A la condición de alienación y cinismo social creada por el neo-liberalismo mexicano

han correspondido perfectamente no sólo la transformación de los patrones de trabajo

y consumo descritos antes en torno a la política industrial y comercial, sino también la

política destinada a atender la reproducción social en las áreas de la nutrición, salud,

reproducción, vivienda, educación, cultura y descanso. Bajo la premisa de que se debe

 

de evitar cualquier intervención que distorsione el funcionamiento del mercado, la

política social se ha reducido hasta su mínima expresión y ha dado origen a una

atención a la pseudo-satisfacción de la subsistencia.

El núcleo de la política social neoliberal es el sacrificio de la producción y reproducción

demográficas. Como parte de ello, a la política demográfica nunca se la formula de

forma completamente explícita y coherente. De manera que, aunque no se pueden

encontrar documentos oficiales que hablen redondamente de algo así, sí se puede

observar claramente que, en su lugar, existe una forma de actuación sistemática

aunque esquizofrénica por cuenta del Estado neoliberal, pues existen políticas que, por

un lado, fomentan y aprovechan abiertamente el boom demográfico con políticas de

salud, alimentación e higiene que se aplican rigurosamente en todo el país, fomentando

la producción de sobrepoblación; pero, por otro lado, también se promueve abierta o

clandestinamente, la regulación selectiva de este crecimiento.

En acuerdo con el crecimiento demográfico, existen políticas dedicadas a vender la

sobrepoblación dentro del mercado mundial como el “bono demográfico” que nos

otorga una ventaja comparativa en el mercado mundial o como la base de esa exitosa

exportación de migrantes que redunda en la estratégica importación de remesas, o los

negocios telefónicos de un tal Slim; ventajas de la sobrepoblación que combinan bien

con las políticas panistas, de la Iglesia mexicana y de Pro Vida, destinadas a prohibir

cualquier modo de planificación familiar de la natalidad. En sentido opuesto, pero en

acuerdo con las otras políticas dedicadas a la regulación y reducción de la

población, tenemos frente a nosotros los programas oficiales de regulación de la

natalidad, la esterilización secreta de sectores marginados e indígenas, el exterminio de

sobrepoblación que alienta la permisividad del consumo de drogas letales entre los más

pobres, la desatención extrema de la indigencia y el trabajo infantil, la pederastia o la

violencia sistemática contra las mujeres.

 

El mejor espejo general de esta velada política demográfica es la política indígena

gubernamental que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial manifestaron en 2001 y

2002, al denegar sus derechos a los pueblos indios. Mediante un sorprendente acuerdo

político unitario, el PAN, el PRI y el PRD recortaron incluso las leyes entonces vigentes

para mejor controlar a este grupo de población que, después del levantamiento

zapatista de 1994, como todos sabemos se compone de 10 a 12 millones de personas

que padecen una marginación indescriptible y que, sin embargo, empeora día con día.

Así, se conforma una política demográfica de exterminio económico de un grupo social

que es, para el Estado neoliberal mexicano y para el capital que lo domina, racial y

geopolíticamente incómodo.

En el fondo, esta voluntad de exterminio indígena apenas se maquilla como desatención

o carencia presupuestal para garantizarles servicios de salud, educación, transportes o

comunicaciones. Si el Estado keynesiano brindaba incipientemente estos servicios en

vistas a una posible integración cultural, política y, posiblemente económica, de los

pueblos indios, el neoliberalismo cancela tales aspiraciones y desnuda sin más su visión

racista contra estos pueblos, al no aceptarlos como sujetos de derechos económicos,

políticos ni culturales, sino sólo como objetos económicos, en tanto materia prima de la

genómica, de la bioprospección antropológica y lingüística de la farmacéutica, o del

folklore turístico internacional, o bien, como objetos de una manipulación política que

resulta necesaria al momento de preparar conflictos interétnicos que conduzcan al

despojo de los recursos naturales estratégicos, el saqueo de los saberes locales o la

venta de sus servicios ambientales para beneficio de la conservación transnacional.

La política social neoliberal ha sido concebida como un mecanismo de destrucción

rápida y directa de los tejidos comunitarios de los pueblos indios y demás grupos de

marginados. Para ello, el Banco Mundial y los tecnócratas diseñan sus programas de

“atención” a la pobreza como programas de manipulación de la alimentación, la salud y

la educación de estos grupos. En ello, desempeña un papel central el desmantelamiento

y la sustitución del milenario sistema alimentario del maíz, frijol, chile, calabaza,

jitomate, yerbas y frutas locales y la promoción, en los pueblos, de la comida chatarra, la

 

sopas Maruchan, galletas de harinas y azúcar refinadas, Coca Cola, etc., la aplicación de

programas de salud reproductiva, control de la natalidad o incluso esterilización

encubierta que reducen drásticamente la fertilidad de estos grupos, la impartición de

modelos de educación juvenil que estimulan la vergüenza por la identidad indígena y el

deseo de emigrar hacia las ciudades y, finalmente, la distribución de magros apoyos

financieros individualizados y a mujeres que se disciplinan dentro de estas

prácticas, lo cual dolosamente pasa por encima de las instituciones comunitarias

dedicadas a la toma de decisiones. Con todos estos mecanismos, el Estado mexicano

aplica cuidadosamente una ingeniería del conflicto que alienta las envidias y destruye

los vínculos de confianza que sobreviven entre las mujeres, último reducto de cualquier

organización comunitaria.

La política de salud es también una pieza clave de la política demográfica. No

casualmente, el gobierno mexicano entrega directamente el control del Instituto

Nacional de Nutrición a las empresas transnacionales dedicadas a la producción de

comida, refrescos y aguas embotelladas, e incluso, de comida chatarra. Como

complemento, se estrangula estructuralmente el presupuesto de los servicios médicos y

hospitalarios del Estado; se castiga el salario regular, las prestaciones, los fondos de

pensión y las jubilaciones de los trabajadores de la salud; se propicia la obsolescencia

dolosa del equipo y las infraestructuras; se castiga la investigación médica que más

requiere el país, o se promueve la importación de biotools y medicamentos de patente a

precios monopólicos impuestos por las transnacionales farmacéuticas. En los pocos

centros de investigación que todavía reciben apoyo, se adoptan sin discusión ni

moderación todos los lineamientos que marcan las nuevas medicinas basadas en la

información genética, mientras quedan bajo el control de las empresas médicas y

farmacéuticas transnacionales, que establecen patentes exclusivas en torno de las que

se identifican como principales enfermedades genéticas de los mexicanos.

En paralelo, sobre la base de la precarización de los servicios médicos públicos, se

desata la negligencia médica sin control alguno, un creciente sistema de encubrimiento

 

e impunidad de estas irresponsabilidades, un manejo irresponsable de los desechos

hospitalarios que son arrojados sin más al medio ambiente, una privatización creciente

de los servicios, el control transnacional de los medicamentos, la prohibición absurda

del uso de las plantas medicinales y las técnicas curativas tradicionales de México, el

escalamiento en el precio de los medicamentos, así como la progresiva corrupción de

algunas instituciones y personal médico que se abocan al libre mercado de órganos. En

concordancia, crece de manera cada vez más abierta y cínica, una epidemiología

mercenaria que se dedica a encubrir la responsabilidad y las deudas social y ambiental

que las empresas neoliberales y el Estado mexicano han adquirido en la progresiva

degeneración y destrucción del medio ambiente y la salud de los mexicanos. Ello ocurre,

lo mismo con el estallido de las epidemias de obesidad y diabetes, ocasionadas por la

adulteración hecha por el TLCAN de la dieta nacional, que con el boom de

enfermedades como el cáncer y las mutaciones genéticas, disparadas por el incremento

en la carga de dioxinas, furanos, metales pesados, organoclorados y otras sustancias

tóxicas que reciben las tierras y aguas del país, como resultado del incontrolado

consumo de pesticidas, quema de basuras municipales infinitas o la emisión de residuos

industriales.

Otro complemento de esta catástrofe ambiental esta en la política informativa que

sobrevuela en trono de nuestras desgracias ambientales y de salud. Gracias a la

privatización y concentración de la propiedad extrema de los medios masivos de

comunicación, existe en México una política de control riguroso de la libertad de

información que le impide a la sociedad civil la divulgación masiva de información crítica

en radio y televisión. Como consecuencia, estos medios nunca ventilan

democráticamente nuestros principales problemas de salud y ni los asociados con el

deterioro del medio ambiente y la calidad de la vida, dejando la opinión sobre cualquiera

de estos problemas en manos de “científicos especializados”, pero también expertos en

obedecer la línea de las empresas transnacionales. Por lo mismo, no se habla del

deterioro estructural de las condiciones de vida que padece la gente, ni de la verdadera

y catastrófica destrucción que sufre la naturaleza de México. Menos aún se razonan

 

críticamente las causas de estos problemas y, en todo caso, sólo se banalizan los

efectos y las protestas ciudadanas, cuando éstas traspasan la barrera de la censura

informativa que el libre mercado nos impone “democráticamente”.

Como resultado general de las políticas económicas y sociales que el neoliberalismo

impone en México, se decanta nuestra política ambiental neoliberal. No es por ello casual

que ésta se fundamente en la aplicación de las políticas de la llamada “sustentabilidad”,

según la cual, el mercado soluciona todo vendiendo y comprando. Ni es tampoco

fortuito que, aplicando esta regla de libre mercado del TLCAN, se haya depredado el

medio ambiente, pues la sustentabilidad de los nuevos “mercados verdes” de todo tipo

de servicios ambientales (que incluye la privatización de plantas de tratamiento de agua

y los basureros, la biorremediación, la construcción de “carreteras verdes”, unidades

habitacionales “ecológicas”, etc.) cae sobre ese terreno cuidadosamente predefinido

por el torcimiento de nuestras leyes o la nula aplicación de aquellas que sí impiden

negocios a las fuerzas más poderosas del mercado, por la ausencia de vigilancia, la

anuencia de las autoridades al uso indiscriminado de sustancias agrotóxicas por cuenta

de la industria química, o el saqueo industrial del agua, así como por la exclusión de la

vigilancia y participación ciudadana en la gestión de los problemas ambientales

cruciales y la usurpación de la ciudadanía en los cuerpos consultivos y de vigilancia por

cuenta de las mismas empresas que aparecen en ellos como personas (morales)

interesadas.

La dislocación de las prácticas institucionales en la era de George W. Bush

En la medida en que las políticas económica y social de la nación no han estado

enfocadas a un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, el saldo de

las últimas cinco décadas de neoliberalismo no se expresa únicamente en el fracaso

reiterado de los programas de crecimiento económico. Estos fracasos han definido,

adicionalmente, un modo de intentar neutralizarlos y esconderlos (no de resolverlos

realmente), mediante la reiterada adopción de medidas deslumbrantes pero

 

inmediatistas o de emergencia, con cada vez más ingredientes de insustentabilidad

económica, política, social y ambiental. Si miramos con detenimiento el camino

recorrido por estas propuestas, encontraremos una larga estela de huidas hacia

adelante.

 Nos referimos a las sucesivas apuestas por la importación indiscriminada de inversión

extranjera especulativa pero, sobre todo, por la privatización y desnacionalización

acumulativa de los principales activos industriales y servicios financieros del Estado.

También esta ahí la apuesta por la Inversión Extranjera Directa en la rama automotriz y

por la industria maquiladora de exportación (que supuestamente echaría mano del

bono demográfico); la apuesta por el uso del territorio como istmo de paso estratégico

entre el este de Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico (con la carretera inteligente de

Salinas, los corredores de integración urbano industrial de Zedillo, el Plan Puebla-

Panamá de Fox, y el Plan Mesoamérica de Calderón); o también la apuesta por sacar

raja de los flujos de emigración más grandes del mundo (mediante cargos bancarios a

las remesas, onerosas llamadas telefónicas, venta de tortillas y telenovelas en las

metrópolis yanquis, etc.); así como la actual obsesión por salir avante de la estanflación

mundial mediante la aplicación de programas descomunales de urbanización salvaje en

todo el territorio nacional. Como resultado de esta forma crónica de fracasar en la que

se ha especializado nuestra emprendedora burguesía nacional, en México ocurre un

incontrolado desbordamiento de la corrupción empresarial, de los partidos políticos, de

los funcionarios públicos (en las instituciones administrativas, policiales, legislativas y

judiciales), así como de los científicos, intelectuales, curas, periodistas y un largo

etcétera.

Interminable es el sistema de fraudes que garantiza la reproducción de las mafias del

poder político y económico y que complementa el monopolio de la violencia que sólo

favorece a quienes detentan el monopolio de la riqueza. Este desbordamiento de la

corrupción ha conducido hacia la inevitable estructuración y crecimiento de la

economía criminal como un elemento indispensable dentro de la economía

convencional y el funcionamiento “normal” del Estado mexicano.

 

La pieza clave del actual sistema de corrupción política y empresarial que destruye al

país está en el control del sistema judicial, pues sin éste, resultaría inimaginable la

impunidad creciente de la que goza el nuevo ejército de poderosos funcionarios en

curso de asociación con todo tipo de criminales industriales, comerciales, financieros,

políticos, ambientales, de la salud, etc., ya sea que se trate de criminales nacionales (que

operan como caciques municipales, estatales o federales, mandos policíacos y del

ejército, periodistas, líderes de opinión o jerarcas eclesiásticos), o bien, de criminales

estadounidenses, chinos, españoles, gallegos, etcétera. Como la masa de crímenes

crece mucho mas rápidamente que el actual proceso de torcimiento de las leyes, se

requiere de una prolífica inventiva que ha dado nacimiento a una ingeniería política en

el diseño de todo tipo de fraudes, así como de otra ingeniería en el manejo de los

medios de comunicación por parte de los tecnócratas encargados de la imagen de los

poderosos, conforme estallan sucesivos escándalos de corrupción. Finalmente, también

se desarrolla otra ingeniería de cinismo extremo en materia de interpretación

constitucional, conforme las demandas ciudadanas ascienden por el kafkiano castillo de

las instancias judiciales, hasta llegar al supremo círculo infernal de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación. La corrupción del poder judicial ha sido puesta al servicio puntual

de las nuevas políticas públicas neoliberales, conformando así una gruesa capa de actos

corruptos, negligentes, dolosos, autoritarios, de desgobierno, saqueo, sadismo jurídico y

escalamiento de todo tipo de conflictos.

Como resultado de lo anterior, priva entre la nueva generación de empresarios y

políticos nacionales y extranjeros, el espíritu del usufructo y el lucro privado, del

inmediatismo, de la ganancia fácil en ausencia de previsión y cualquier principio

precautorio, así como del saqueo indiscriminado de todas nuestras riquezas nacionales.

Tomar lo que se pueda cuanto antes, porque eso es lo mejor. Por ello, priva la burla

hacia quien se alarme por las consecuencias futuras, las cuales, en realidad, mañana ya

se verán y serán atendidas por el libre mercado de lo sustentable, que es un

“mecanismo inteligente e infalible”. Como resultado general, cada aspecto de la vida

económica nacional es visto como un paraíso de ganancias fáciles y acaparamiento

extremo de recursos. No en balde, se incuban en México algunos de los empresarios (y

 

prestanombres) más poderosos del mundo, al tiempo que acuden alegremente al país

todas las empresas transnacionales que buscan ganancias fáciles sin tener que

enfrentar mayor restricción ambiental. Como ello ocurre en un contexto de

desmantelamiento sistemático de nuestra soberanía, todo este proceso de asalto y

destrucción goza de la simpatía de los principales poderes económicos y políticos

internacionales, que miran a México como un espacio en el cual también ellos pueden

obtener ganancias extraordinarias fáciles, sin las engorrosas restricciones ambientales

que cada vez se complican más en el resto del mundo. Ganancias extraordinarias que

resultan particularmente útiles en momentos de crisis y desesperación empresarial

como el actual.

Caminando la senda anterior, el Estado mexicano ha llegado hasta la crisis general de

sus funciones básicas de gestión. Pues las nuevas “reglas” del juego político que

imperan son completamente salvajes (la guerra de todos contra todos). Dentro del

Estado neoliberal mexicano ha estallado una fragmentación extrema de todos los

grupos políticos y una guerra franca entre los variados grupos de interés que hoy

disputan el control de los tres poderes de la unión, de cada uno de los partidos políticos

(grandes y pequeños), de las instituciones religiosas, educativas, delincuenciales, y de

cada una de las sectas menores que intentan intervenir en la vida política nacional.

Guerra que naturalmente ocurre adentro y entre cada uno de los tres niveles de

gobierno, así como en todas las escalas de la vida política de la sociedad civil.

La virulenta disputa por el control de las instancias que permiten el poder y el control de

los recursos materiales y los otros impide, de forma estructural, que cualquiera de los

grupos y sectas políticos y las instituciones de gobierno cumplan su función elemental

de gobernar y resolver los servicios de gestión que requiere la población. Por ello,

ocurre actualmente que cada vez más instituciones del Estado y sus funcionarios

pierden la capacidad, las maneras y los conductos que tradicionalmente existían para

establecer contacto con la sociedad civil, así como para realizar las negociaciones que

conlleva la función pública.

 

III. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Se dice fácil, pero la descripción de la manera en que a México se le ha convertido en

uno de los países más destruidos social y ambientalmente del mundo resulta muy

dolorosa al ser detallada.

1. Comencemos de nuevo por el campo. La presión que la política neoliberal le ha

impuesto al campesinado mexicano le ha obligado a competir con el agro y la ganadería

subsidiada de Estados Unidos. Esta guerra abierta contra la agricultura de mediana y

pequeña escala esta debilitando severamente a estos agricultores que hoy representan

el principal dique que todavía convive y protege la mayor parte del medio ambiente

rural. Si atendemos a las perdidas que ya se pueden medir como destrucción

irreversible de los recursos naturales del campo mexicano (ríos, lagos, suelo arable,

bosques, biodiversidad) y los flujos migratorios que progresivamente tienden a vaciar

regiones de hombres y de población adulta en edad laboral, se puede afirmar que se

trata de una guerra que hasta ahora los campesinos van perdiendo, a pesar de la

enorme e indudable resistencia que ofrecen.

Otra severa destrucción del ambiente rural se observa entre los grandes propietarios de

tierra y agua, o bien entre los campesinos tecnificados que pueden participar dentro de

la agroexportación. Pues los paquetes de la revolución verde imponen el uso ilimitado

de sustancias agroquímicas y de aguas de riego. Particularmente acentuada en los

invernaderos para cultivo de hortalizas, flores, etc. A lo que se suma el emplazamiento

de plantaciones forestales (desiertos verdes) y megagranjas de pollos, credos, peces,

camarones, etc. Todos estos “progresos” agropecuarios se los ha logrado convertir en

la emisión masiva de sustancias perniciosas hacia ríos, acuíferos, presas y tierras.

Agrotóxicos que terminan depositándose en el cuerpo de los agricultores y los

consumidores, propiciando que aumenten os grupos de la población cada vez más

enfermedades degenerativas y mutagénicas. Otro factor catastrófico que alientan los

agricultores que hoy triunfan en la exportación de hortalizas, flores, frutas, etc. hacia el

mercado estadounidense es la sobreexplotación de las aguas del subsuelo. Tal como se

 

observa en el Bajío o La Laguna y en los estados de México, Hidalgo o Chihuahua, donde

el bombeo de aguas cada vez más profundas propicia un consumo creciente de

arsénico entre la población, lo que alienta el desarrollo de más enfermedades

degenerativas entre los campesinos.

Aunque la sequía de los ríos y lagos, el descenso de los espejos de agua y el

derretimiento de nuestros glaciares es atroz y nos acerca hacia inminentes hambrunas,

no obstante el principal colapso ambiental del campo mexicano encarna en la actual

guerra que las principales empresas trasnacionales de la agrofarmacéutica (Monsanto,

Pioneer, Dow Chemical, DuPont, Archer Danelds Midland, Cargill y Maseca) le han

declarado al maíz mexicano. Guerra que ya no sólo consiste en la contaminación

incontrolada del maíz BT estadounidense que se exporta hacia México, de la

transformación de nuestras leyes de bioseguridad al gusto y medida de estas empresas,

y de la creación de ominosas nuevas leyes que prohibirán el intercambio de semillas

nativas y obligaran a la compara de semillas patentadas. La peor parte de esta guerra

comenzará pronto cuando comiencen a ingresar dentro del país la nueva ola letal de la

segunda generación de maíz transgénico ya no alimentario, enfocado exclusivamente a

la producción de plásticos, espermicidas, anticoagulantes, energéticos y usos militares

secretos. La aplicación de estos negocios destructivos que benefician a las necrófilas

empresas agrofarmacéuticas se apuntala con la falta de orientación informativa de los

campesinos y la población en general en trono de estos peligros, así como en la

ausencia de regulación epidemiológica y ambiental, y en la nula o escasa investigación

de los procesos de devastación que hoy ya se padecen en el campo pero que les tienen

sin cuidados a las instituciones de salud o los centros de enseñanza e investigación

superior.

Por diversas causas el panorama es de destrucción general de aguas, tierras, aires,

bosques, biodiversidad, ecosistemas, condiciones de vida y soberanía alimentaria,. A lo

que se suma el progresivo despojo de los campesinos sean con los pocos recursos

rurales de buena calidad que todavía les sobran, recursos que en virtud a su carácter

escaso creciente se han vuelto cada vez más estratégicos.

 

2. La política industrial neoliberal propicia por un lado la adopción de un patrón

industrial basado en el crecimiento de la industria del ensamble maquilador (textil, de

arneses, electroinformático, químico), que conforme sube la presión competitiva de la

extraordinariamente barata mano de obra asiática sólo acierta a ofrecer como su

principal ventaja comparativa para los capitales externos la oportunidad de poder

producir depredando y contaminado sin límite alguno las aguas, suelos, aires y cuerpos

de las obreras mexicanos. Pero esta misma política industrial y por su posición

geográfica México también ha sido elegido para el emplazamiento de la producción

globalizada de vehículos automotores. Con la consiguiente sinergia que ello ha

propiciado en el desarrollo de parques industriales complementarios y en la elevación

descomunal de las tasas de consumo de energía y agua.

Tanto en la fase de la sustitución de importaciones como en la era neoliberal la industria

energética nacional no ha perdido su función básica de subvencionar a la industria. La

única diferencia entre ambos periodos es que en la actualidad se subvenciona con

tarifas bajas al capital trasnacional maquilador, electroinformático o automotriz. Si bien,

además de las bajas tarifas existe esa otra subvención ambiental que las futuras

generaciones deberán pagar por la alta tasa de accidentes ambientales que hoy

produce nuestra industria energética por explosiones en ductos y almacenes, derrames

de aceite en mares y ríos, campos pardos en Terminales de Almacenamiento y

Distribución de Pemex, gasolineras, etc. Externalidades artificialmente fomentadas por

el deterioro planeado de Pemex, así como todos los desechos nocivos que le ha dejado

al país la CFE: emisiones de CO2 por quema de coque, depósitos clandestinos de

askareles en diversas regiones del país, y por los residuos radioactivos de Laguna Verde.

A la inicial y parcial destrucción ambiental que originalmente impuso la era de la

sustitución de importaciones le sucede no sólo una progresiva destrucción del mercado

interno y sus cadenas industriales, sino paradójicamente un sesgado crecimiento de

unos cuantos sectores altamente globalizados (automotriz, cemento, vidrio, química,

agua embotellada, alimentos) que en función de la enorme demanda que atienden y los

nuevos procesos técnicos escalan como nunca antes su potencia depredatoria de

 

recursos naturales y su capacidad de envenenar irreversiblemente el medio ambiente.

Ello propicia una política de concesiones y saqueo de los recursos, o bien de

contaminación del agua dulce de los ríos y el subsuelo en todas las regiones en las que

prosperan los dinámicos nuevos clusters industriales. Lo que a su vez promueve la

exacerbación del agigantado consumismo automotriz, electroinformático, eléctrico, así

como la plastificación desregulada de la vida cotidiana, y sobre todo la generación y

acumulación de nuevos tipos de basura irreciclable.

Como la privatización de los recursos estratégicos y de los servicios urbano industriales

también estratégicos es el sello general que marca el nuevo desarrollo industrial

conformado por la subordinación de México a Estados Unidos, estamos frente a un

proceso de crecimiento industrial basado en la lógica del saqueo, el despojo, la

corrupción de las autoridades ambientales, el deterioro de la calidad del consumo y la

contaminación ambiental.

3. La especialización del país como un centro productor estratégico de

sobrepoblación regional destinada a los grandes centros urbanos del NAFTA, tiene

como costo ambiental en el campo el hecho de que nuestra sobrepoblación rural se ha

convertido en una causa real propiciatoria de parte del avance de la frontera

agropecuaria sobre selvas y bosques, y por ende de la aguda deforestación nacional,

así como de la creciente escasez cualitativa y cuantitativa del agua, de la disputa

violenta por la sobreexplotación de este y otros recursos (madera, biodiversidad, etc.).

Mientras la emigración o la pérdida de fuerza de trabajo se expresa también en el

abandono de prácticas y recursos de inversión en la conservación.

4. La apertura del libre comercio también convierte al moderno consumismo de

bienes, imágenes y símbolos en una forma de simulación del bienestar que resulta clave

para el control político “democrático” de la ciudadanía. De ahí la confusión dolosa que

los medios de comunicación y los peores estudios económicos y sociológicos hacen de

este consumismo con un supuesto desarrollo de los índices de bienestar. Como el

consumismo del libre comercio esta asociado a las industrias comerciales este proceso

 

empata con la explotación ilimitada de recursos, pues las empresas comerciales

globales como el Wallmart, Costco, Sams y Carrefour, basan su actuación en la

promoción de un consumo ilimitado entre sus clientes. No fue casuel el emplazamiento

de los grandes centros comerciales (malls), de las cadenas de tiendas de conveniencia y

de todo tipo de papelerías, restaurantes, etc. convierte a todos los centros urbanos de

consumo (grandes, medianos y pequeños) en generadores ilimitados de desechos

tóxicos e irreciclables que van a parar en las aguas, los aires y los basureros de

desechos sólidos. De ahí la crisis y el actual colapso de la basura nacional, estatal,

municipal y barrial, así como la saturación de basura en las barrancas, las orillas de las

carreteras, las calles de las ciudades, los ríos, las playas e incluso el océano mundial y la

estratósfera.

5. El crecimiento indiscriminado y desregulado de las ciudades grandes e

intermedias del país, muy especialmente la megalopolis de la Ciudad de México y su

corona de ciudades propicia la ampliación continua de radio metabólico de acción:

tomando aguas de lugares cada vez más lejanos y profundos, imponiendo trasvases,

obligando a la sobreexplotación del agro mediante el uso irracional de agroquímicos y

transgénicos, construyendo cada vez más hidroeléctricas insustentables, abriendo cada

vez más minas metálicas y no metálicas al servicio de la gran industria y de la

construcción, promoviendo cada vez mayores deforestaciones, ganaderización y

ampliación de la frontera agrícola (para caña de azúcar, plantaciones forestales y de

biocombustibles y agroexportación). Con la consiguiente contaminación de los ríos, el

retorno al campo de todos los materiales robados pero a la manera de basuras tóxicas

y descomunales basureros de todo tipo, plenos en sustancias inmetabolizables:

lixibiados, metales pesados, medicamentos, plósticos y otras formas de órganoclorados,

organohalogenados, nanopartículas, transgénicos, etc. Todo ello mientras la mancha

urbana (asfáltica y de cemento) se expande imparable, impidiendo cada vez más la

recarga de los acuíferos y propiciando que el agua dulce de la lluvia se mezcle con las

aguas negras y se escurra cada vez rápidamente hacia la aguas saladas del mar.

 

Esta destrucción real y perversa del valor de uso del campo la complementa el

neoliberalismo con la destrucción perversa de los valores de uso (alimentos,

medicamentos, habitaciones, vestidos, etc.) que componen la reproducción de la vida

rural, para así mejor promover entre las nuevas generaciones una ilusión de bienestar

que vende a las ciudades (muy especialmente a las estadounidenses) como lugares de

trabajo, salarios, ciencia, técnica y confort que disponen de recursos, servicios y

bienestar ilimitados que durarán para siempre. De manera que la regulación neoliberal

de la emigración del campo a la ciudad no sólo descansa en un engaño ambiental, pues

la concentración de servicios y bienes de consumo altamente tecnificados que

provienen del país y el mundo entero son completamente reales. Bienes y servicios que

adicionalmente han sido sometidos a manipulaciones industriales, químicas,

energéticas, etc., que no sólo sirven para satisfacer necesidades reales, pues a la

manera ejemplar de las drogas, la televisión y las bebidas de cola, también se los

convierte en objetos adictivos y esclavizantes de los consumidores. Manipulaciones y

consumismo que están directamente asociadas al carácter ambientalmente

destructivo de los actuales valores de uso urbanos.

Ocultando con ello que la implacable destrucción del campo mexicano proviene de la

acción y el metabolismo inmediato y mediato de las grandes ciudades de América del

Norte. Y que la situación de bienestar, empleo y salarios termina no sólo

ocasionalmente durante los cíclicos periodos de crisis, cuando cíclicamente llega el

momento de la expulsión y retorno de los migrantes mexicanos hacia el sur o también

cuando llegan el tiempo de las hambrunas. Pues lo que no se ve es que el gran

“bienestar” de la parte de la población triunfadora del NAFTA también se colapsará

definitivamente en el momento en que los campos del mundo ya no logren brindar los

recursos ilimitados que demandan las industrias y los consumismos urbanos.

6. Las advertencias ambientales en torno a la profunda insustentabilidad de la

actual vida urbana y de la devastación rural no sólo la brindan las grandes crisis

mundiales del clima, el agua y la biodiversidad. También las pronuncian las

consecuencias epidemiológicas críticas que ya padecen innumeras personas que

 

reciben en sus cuerpos enfermos o deformes las consecuencias de los agrotóxicos, de

las basuras hospitalarias, radioactivas y municipales, de las sustancias fecales y

químicas que saturan las aguas de los ríos y acuíferos, de los aires de las grandes

ciudades y del desbordamiento de las faunas nocivas urbanas. El ocultamiento inmoral

y sistemático de la información sobre la actual crisis de la salud de los mexicanos

ocasionada por la destrucción de las condiciones ambientales de los campos y ciudades,

en realidad sólo contribuye a que este desastre no sólo se mantenga intacto, sino sobre

todo a que crezca sin control alguno. Hasta el momento en que la actual desgracia

colectiva adquiera una dimensión irreversible.

8. Por desgracia, actualmente no existe una verdadera conciencia ni una

preocupación ética por investigar el alcance real que ya tiene la crisis socioambiental y

de salud, ni tampoco existe la voluntad política entre los principales medios de

comunicación de hablar verazmente sobre los problemas reales, las devastaciones,

agravios, despojos de recursos y enfermedades que asolan la vida de la naturaleza y de

los mexicanos. Ni sobre la enorme acumulación de factores imprevisibles que acumula

la introducción de nuevas tecnologías de punta que cada vez son colocadas en los

mercados sin mediar seriamente verdaderos principios de precaución. De manera que

no disponemos actualmente de una información veraz que nos ayude a enfrentar y a

resolver los graves problemas ambientales que padece el país. Por el contrario, la

información verdadera sobre el colapso ambiental, de la salud, la economía, la política,

etc., apenas si se vuelve información clasificada para uso confidencial y exclusivo de

algunos políticos, empresarios, poderosos delincuentes del más alto nivel, o bien de

alguno de los zares de la investigación científica nacional. No es de extrañar que por ello

que exista una política de información ambiental al público completamente parcial,

fragmentada, banalizada, sesgada, manipulada e incluso perversa.

9. Gracias a ello la actual política ambiental nacional de “sustentabilidad” puede ser

torcida hacia prioridades mercantiles, permitiendo la manipulación de los estándares de

vigilancia y alta tolerancia estatal frente a cualquier interés económico poderoso,

alentando la nula aplicación de importantes leyes ambientales, la sistemática ausencia

de vigilancia ciudadana por la sistemática exclusión de las comunidades de todos los

 

problemas cruciales. A lo cual se suma la criminalización y persecución de la protesta y

resistencia ambiental, o bien la represión directa de las movilizaciones colectivas e

incluso el asesinato selectivo de activistas ambientales. La disyuntiva es atroz. Pues

cada vez más comunidades son colocadas contra la pared al obligarlas a elegir por un

lado entre mantenerse callados ante la muerte de sus hábitats, la destrucción de sus

condiciones de vida y la salud de sus comunidades (con poblaciones que ya están

comenzando a morir y enfermar irreversiblemente como consecuencia de la

degeneración de las condiciones ambientales y de consumo) o bien por el otro a

arriesgarse a estigmatizados como atávicos enemigos del progreso o incluso a ser

criminalizados y reprimidos al momento en que las comunidades o sus activistas

deciden defender con valentía la condiciones ambientales y la vida misma de sus

pueblos, campos y ciudades. De ahí la manera en que las instituciones del Estado

mexicano supuestamente dedicadas a velar por el cuidado del medio ambiente y la vida,

la SEMARNAT, la CNA, la PROFEPA, etc., se están convirtiendo en responsables directas

de la muerte que experimenta cada vez mas población por la perdida irreparable de

nuestros ecosistemas, recursos y condiciones de vida.

10. Gracias a la disociación estructural que el Estado neoliberal realiza entre su

política económica y su política social, desde hace mucho el cuidado integral de la

totalidad del medio ambiente y de la salud colectiva de la población no pintan como un

buen negocio, ni como un verdadero objetivo político deseable. Estas prioridades se

sacrifican a las especulaciones históricas encarnadas por los grandes planes de

desarrollo de una ambiciosa pero torpe burguesía, así como al pragmatismo de una

clase política cada vez más homogénea y miope. De esta manera la conducción del país

se sujeta a un sistema de fantasías que una y otra vez promueven un futuro imposible:

el ingreso al primer mundo, maquilatitlán, los jaguares americanos del Plan Puebla

Panamá. Falacias que tan sólo sirven para mal maquillar el verdadero despojo a las

comunidades y el saqueo nacional de las riquezas, que si avanza y sólo termina en las

manos de los poderosos, sobre todo de las empresas estadounidenses. Fracaso en los

planes de desarrollo y avance real en las dinámicas de saqueo y destrucción de la

 

soberanía nacional que en realidad es la causa profunda por la cual ocurre

puntualmente el aborto estructural de una pretendida reforma democrática, así como

el progresivo aborto de la pretendida política de conservación ambiental del país.

11. Una acelerada descomposición de la economía, las instituciones públicas y el

mismo quehacer político en México se ha impuesto progresivamente durante los

últimos cuatro sexenios, y se ha atravesado en el camino que originalmente seguía la

regulación ambiental, propiciado la trasmutación de las preocupaciones originales en

una frivola doctrina económica de sustentabilidad, según la cual el mercado tiene la

capacidad de resolver los problemas ambientales transformándolos en mercancías, con

la supuesta capacidad de propiciar negocios y procesos exitosos de acumulación verde

de capital.

La distorsión económica estructural que el Imperio del norte le impone al Estado

mexicano le empuja hacia la corrupción crónica de sus empresas convencionales y los

tres poderes de la Unión, muy especialmente hacia la corrupción de su aparto judicial. El

control de este poder a su vez requiere de la manipulación de las leyes ambientales

relativamente nuevas en nuestro país. Leyes que originalmente se redactaron con la

participación de numerosos científicos, técnicos y juristas honestos preocupados

sinceramente por el vertiginoso deterioro ambiental que ya se observaba en México

desde los años ochenta. De esta manera se ha impuesto el recorte segado pero

estratégico de las principales leyes ambientales, así como el riguroso control

antidemocrático de todas las instancias de vigilancia y participación ciudadana. Todo lo

cual tiende a hacer de nuestra legislación ambiental ya no sólo letra muerta, sino letra

envenenada que mata como en el caso de la ley de bioseguridad.

12. La convergencia entre los numerosos grupos fraudulentos del Estado mexicano,

la nueva economía criminal y el creciente deterioro del medio ambiente, es puntual y

compleja. Dicha convergencia implica, por ejemplo, no sólo el tráfico de influencias que

permite a los políticos y empresarios allegados al Estado sacar raja de todos los

 

programas de desarrollo, de los emplazamientos industriales sobre acuíferos

estratégicos, de la construcción de todo tipo de infraestructuras públicas, del usufructo

de la información privilegiada sobre los planes de desarrollo urbano, de los programas

de compras gubernamentales, de los programas de rescate ambiental, de los

programas de privatización de los servicios urbanos estratégicos etc. Los políticos, los

empresarios y una nueva generación de criminales también están hallando la manera

de asociarse en innovadoras empresas dedicadas al tráfico e importación de sustancias,

basuras altamente tóxicas, información genética y órganos humanos, o bien en la

quema de las basuras del diablo mediante cada vez más poderosos incineradores, como

los tan promovidos incineradores de arcos de plasma.

13. El espíritu de ganancias fáciles y acumulación por despojo que se ha terminado

por imponer en México expande agresivamente en el territorio nacional el

desmantelamiento del derecho de cualquier tipo de ciudadano y pueblos al lugar rural o

urbano en donde viven, sin importar cuantos años, décadas o siglos lleve ocupando esa

sede. Este espíritu corsario curiosamente no choca en la actualidad con otro grupo

creciente de nuevos empresarios hoy dedicados a invertir en los nuevos negocios de la

remediación ambiental. Nuevos empresarios dedicados a aprovechar puntualmente los

programas de privatización del agua, la basura, etc., para hacer negocios con las

nuevas plantas de tratamiento de aguas, los rellenos sanitarios, las plantas de

generación de combustibles, las carreteras o las unidades habitacionales verdes. Pues

se trata de empresas que nunca invierten un peso en la restitución de los bienes y las

condiciones de vida real de los ciudadanos que han sido despojados.

Los nuevos capitales verdes, sin cargar con el estigma de la destrucción del ambiente,

gozan de los beneficios que les otorga encontrar en los mercados los despojos previos

de aguas, tierras, saberes locales, servicios ambientales, etc. A lo cual se añade el

prestigio que les da la venta de supuestas soluciones al colapso ambiental actual. Pero

también a impedir, gracias al control absoluto que el empresariado tiene de las

instituciones estatales y de las cabezas de los funcionarios públicos, la participación

 

ciudadana en la construcción de alternativas menos costosas y más eficaces en el

rescate ambiental del país.

La crisis, o mejor dicho, el colapso es tan extendido y grave que las instituciones

públicas estatales y municipales cada vez aciertan menos a poder resolver la gestión de

los servicios públicos elementales y los problemas ambientales como son los servicios

públicos de agua, basura, vivienda, transportes, etc. La solución de cada uno de estos

servicios se complica por efecto de la contaminación creciente, la masificación del

consumo, el crecimiento urbano salvaje o los diversos efectos catastróficos del

calentamiento global. Pero el caos se consuma cuando cada uno de los grupos en

disputa por el poder ve en la posible solución de cada necesidad y servicio la

oportunidad para estrangular el poder de las sectas y los políticos rivales, sea en

disputas geopolíticas territoriales, en los procesos electorales o en la guerra por las

imágenes dentro los medios. Todo lo cual ya propició el agotamiento del aparato

político del Estado mexicano en cada uno de sus niveles de gobierno.

14. Una parte del corazón de esta destrucción ambiental del país esta, por lo mismo,

en la destrucción de todas las formas sociales comunitarias que tradicionalmente se

han ocupado de gestionar y autogestionar las condiciones ambientales como un bien

común que es propiedad de los pueblos, las etnias, los municipios, las regiones, las

ciudades o el país entero. La perdida de este corazón comunitario nacional esta

redundando en la perdida irreversible de los bosques, los manglares, los suelos fértiles,

las aguas dulces, la biodiversidad silvestre y doméstica, los saberes locales, el uso

milenario de la riqueza biológica, la variedad y el uso colectivo de las semillas, las yerbas

medicinales, los paisajes, la producción de aire limpio, la limpieza de las barrancas, los

ríos, los acuíferos, los lagos, los esteros, las costas y las calles de nuestras ciudades.

Perdida de recursos, saberes y servicios ambientales que no podrá recuperarse con la

mercantilización de los mismos sino sólo mediante la verdadera restitución de nuestros

lazos colectivos.

 

Por todas estas vías se expande y generaliza la imposibilidad de organizar nuevas

prácticas económicas y políticas que permitan la verdadera sustentabilidad comunitaria

del medio ambiente. Todo lo cual redunda en la creación de procesos productivos y

reproductivos que generan una alta tasa de sufrimiento, así como en la perdida

irreversible de la soberanía ambiental. Lo que redunda en una crisis de la salud de la

población de alcances ya insospechados que resulta inefable para el Estado mexicano.

Razón por la cual avanza cada vez más el desasosiego, el desconcierto y la

desesperación entre la sociedad. Con el consiguiente estallido de un descontento que

crece velozmente entre los pueblos y los campos más castigados, pero también entre

los barrios y ciudades enteras.

 http://www.afectadosambientales.org