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Destrucción a toda costaJulio 2006

Informe sobre la situación del litoral español

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La Junta de Andalucía continúa ejerciendo unmodelo territorial insostenible, especialmenteen el litoral. Este modelo se basa en un apro-vechamiento máximo de las posibilidades dedesarrollo de los espacios con un mayorpotencial de crecimiento turístico bajo crite-rios estrictamente económicos. Sólo miran acorto plazo y se olvidan de introducir criteriosde sostenibilidad ambiental y social.

La elaboración de leyes para limitar la espe-culación urbanística se está quedando en unmero ejercicio de buenas intenciones, comodemuestra la modificación propuesta en laLey de Medidas para la Vivienda Protegida yel Suelo o el nuevo Plan Director de Infraes-tructuras. Estas medidas retiran las trabas ini-cialmente propuestas a los promotores parala construcción de segundas residencias, limi-tan la creación de viviendas protegidas y danpreferencia al agua para regar campos degolf. La Junta de Andalucía debe retirar lasmodificaciones de esta Ley.

Se impone en el litoral la construcción decampos de golf asociados a promocionesurbanísticas a las que revalorizan instantáne-amente. El número de nuevos campos progra-mados es sencillamente escandaloso.

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Destrucción a toda costa 2006 Andalucía

Entre los que están construidos o en trámite,Andalucía pretende llegar a los 210 camposde golf. Y mientras tanto, la Junta sigue retra-sando el Decreto que los regule y limite.Todavía están a tiempo de decretar una mora-toria sobre la construcción de nuevas instala-ciones de este tipo y prohibir que se asociena segundas residencias.

El turismo sigue resintiéndose de la satura-ción, especialmente en zonas como la Costadel Sol, a pesar de lo cual continúan autori-zando la construcción de nuevos hoteles ysegundas residencias. Los casos de corrupciónurbanística, con Marbella a la cabeza, hacenun flaco favor a esta industria, que deberíaimplicarse decididamente en su lucha. Los espacios turísticos que no habían sucum-bido a la vorágine urbanística en nombre delturismo se apresuran a rellenar su costa deladrillos (Huelva, los tramos vírgenes de Cádiz,Granada y el levante almeriense).

La Junta de Andalucía debe elaborar un Plandel Litoral que retrase la línea de urbaniza-ción a 500 metros, como han hecho Galicia oAsturias en sus espacios costeros. Se asegu-raría así la supervivencia de muchos tramosde costa donde la arena ya no llega.

Los intentos desesperados, e ilegales, delMinisterio de Medio Ambiente de proporcio-nar arena de espacios protegidos deberíanser desestimados completamente y buscarsoluciones reales a los problemas de erosiónapuntando a las causas.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía(EPPA), responsable de la gestión de lospuertos deportivos andaluces, tiene comoobjetivo para 2015 duplicar la cifra actual deamarres hasta llegar a los 25.000. La falta decoordinación existente entre los gestores delos puertos deportivos y las administracionesambientales desemboca en graves afeccionespara las costas que llevan a la desaparición,en los casos más extremos, de playas ente-ras. Es imprescindible que la Junta de Andalu-cía establezca los criterios que impidan laimplantación de estas instalaciones cuandohaya daños ambientales significativos. Seestaría así garantizando su propio futuro.

Resulta incomprensible la escasa atenciónque dedican los municipios a acabar con losvertidos de aguas residuales en las mismasplayas que visitan los turistas. La contamina-ción de las aguas de Cádiz y Málaga es senci-llamente escandalosa.

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1 Según datos de Izquierda Unida.

Análisis por Comunidades Autónomas

Urbanizacióny turismoMás del 26% del primer kilómetro de la costaandaluza se encuentra urbanizado, según uninforme de la Consejería de Medio Ambiente,que aporta datos hasta 1999, por lo que losporcentajes urbanizados son sensiblementesuperiores. Algunos municipios costeros tie-nen más del 60% de su primer kilómetro lito-ral urbanizado: Torremolinos (73,8%), Fuengi-rola (73,37%), Málaga (72,3%), Benalmádena(69,3%), Mijas (61,7%) y Cádiz (60,4%).

En el territorio andaluz se urbanizan tres hec-táreas de terreno al día1. El motor del creci-miento en Andalucía es la construcción, quepone en manos de grandes promotoras inmo-biliarias elevadas extensiones de terreno. Sesacrifican los recursos naturales y se aniquilaun modelo en donde el territorio juega unpapel de riqueza social y cultural.

El crecimiento experimentado por la construc-ción en Andalucía entre 2000 y 2004 es del36%. En 2005 por primera vez, el sector de laconstrucción superó en su aportación a lasarcas andaluzas al sector industrial aportando15.000 millones de euros. Durante este ejerci-cio, se aprobaron en firme en Andalucía173.000 viviendas, un 9,4% más que en elaño anterior. La cifra multiplica casi por cuatroel número de viviendas construidas hace diezaños y duplica la de 2003.

La construcción en la costa andaluza se haganado a pulso ser sinónimo de especulacióny corrupción. Izquierda Unida estima que hay150.000 viviendas construidas ilegalmente. Ysi bien la Junta de Andalucía no es la culpabledirecta de esta situación, ya que son los muni-cipios quienes ostentan la potestad urbaniza-dora, sí es la responsable de una situaciónque la facilita. La construcción de viviendasilegales más que un hecho, parece un derechoen los municipios litorales andaluces, conCádiz y Málaga a la cabeza.

La Carta Europea de la Ordenación del Territo-rio define este concepto como “la expresión

espacial de las políticas económica, social,cultural y ecológica de toda la sociedad”. LaJunta de Andalucía acumula un retraso into-lerable en lo referido a esta materia. El resul-tado más claro de esta política ha sido laacumulación de escándalos de corrupciónasociados con la urbanización.

El Plan de Ordenación del Territorio en Anda-lucía (POTA) está a punto de ser aprobado.Esta norma efectúa un diagnóstico del territo-rio andaluz para trazar las comunicaciones ylos planes de urbanización en los próximosaños, con el horizonte de 2013. El plan olvidael potencial ecológico, social y económicodesde una perspectiva del desarrollo sosteni-ble y no impone las necesarias limitaciones alcrecimiento urbanístico en el litoral. Tampocoplantea medidas para luchar contra la especu-lación urbanística o el voraz consumo derecursos naturales que supone la construccióndesmedida de segundas viviendas. La existen-cia de un plan de ordenación del territorio esen sí una buena noticia, pero el planteado porla Junta de Andalucía presenta criterios dema-siado ambiguos y generales que resultan dedifícil aplicación. Los pocos planes subregio-nales de ordenación del territorio aprobadoshasta la fecha ponen de manifiesto una reali-dad que muestra que, de punta a punta, loque predomina en el litoral andaluz es el ladri-llo y el POTA no parece el instrumento quevaya a modificar esta situación.

Este año sólo han visto la luz dos planessubregionales, el de la Costa del Sol Occiden-tal y el de la Axarquía, ambos en Málaga. El dela Costa del Sol perpetúa el modelo de satura-ción existente y permite la recalificación degrandes superficies para usos residencialescon unas previsiones de crecimiento insosteni-bles: dos millones de personas en 2015. Por elcontrario, el de la Axarquía, permite intuir uncambio en la dinámica de crecimiento incon-trolado. Estos dos planes vienen a sumarse alos seis ya aprobados de una lista de 19 docu-mentos de planificación subregional que llevanun retraso de doce años en su elaboración.

La Ley 13/2005 de Medidas para la ViviendaProtegida y el Suelo podría ser modificada

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Campo de golf en Chiclana.

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próximamente. La modificación sólo puedeentenderse como una cesión ante las presio-nes de los promotores urbanísticos, ya que selimita a variar las disposiciones referentes aeste sector, que tendrá la posibilidad de seguirdesarrollando grandes operaciones inmobilia-rias sin función social alguna.

Si bien la Ley 13/2005 determina que el 30%del suelo destinado a edificación debe serpara viviendas de protección oficial, la pro-puesta de modificación incluye la posibilidadde que cada Plan General de Ordenación Urba-na pueda “eximir total o parcialmente de estaobligación a sectores con una densidad infe-rior de quince viviendas por hectárea y que,además, por su tipología no se considerenaptas para la construcción de este tipo devivienda”. Esto significa una carta blanca para,por ejemplo, las urbanizaciones con camposde golf donde la “necesidad” de equipamien-tos deportivos o turísticos podría excluir lasVPOs. Se diluye así el compromiso de la Juntade Andalucía para construir viviendas de pro-tección oficial.

Igualmente se propone derogar el artículo 24de la Ley 13/2005 referido al uso turístico ydelimitación de los usos residenciales, queincide en el hecho de que las segundas resi-dencias son consideradas como de uso resi-dencial y no turístico y que el cambio de unaresidencia a uso turístico sólo puede realizarse

a través de instrumentos de planeamiento. Sudesaparición implica que desaparece la defini-ción legal de ambos usos, favoreciendo clara-mente a los promotores inmobiliarios quepodrán así cambiar el uso de sus edificios,modificar la densidad de edificación y conver-tir en viviendas los suelos destinados a hote-les, campings, restaurantes y otros equipa-mientos turísticosI.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalu-cía (LOUA) establece enero de 2007 comoperiodo final para la “actualización” de losplanes urbanísticos municipales andaluces.Esta ley introduce la figura de los conveniosde planeamiento, una fórmula para llegar aacuerdos con particulares sobre la recalifica-ción de terrenos o cambios de uso fuera delplaneamiento (en aras del interés público).Como en otras Comunidades Autónomas configuras similares, los ayuntamientos han utili-zado esta figura para consolidar una finan-ciación no planificada de las arcas municipa-les. El mayor problema de estos conveniosreside en que introducen una tremenda desi-gualdad, ya que sólo permiten recalificar elsuelo a aquél que tenga dinero para costearla operación, anulando las características defunción pública que debería tener el planea-miento urbanísticoII.

Los casos de corrupción urbanística han lleva-do a la Junta de Andalucía a anunciar una


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modificación en la LOUA para retirar las com-petencias urbanísticas a aquellos ayuntamien-tos en los que “no se gestione el urbanismocomo una función pública, sino atendiendo aintereses privados, no se respete la estructurade la ciudad, ni tampoco sentencias judicialesque determinen la ilegalidad en que seencuentra el consistorio en cuestión”. La modi-ficación llega muy tarde y no va al fondo delproblema del urbanismo en la costa andaluza.

El pasado mes de abril se creó la Red Andaluzaen Defensa del Territorio, compuesta por perso-nas y movimientos sociales. El primer manifies-to de esta organización señala a la especula-ción urbanística como el mayor problemaecológico y uno de los más graves problemassociales de Andalucía, señalando las principa-les consecuencias de este modelo de desarro-llo: destrucción de espacios naturales y pérdidade recursos naturales, precariedad laboral,desarraigo cultural y deterioro democrático.

La presión urbanística tiene, además, efectoscolaterales que ayudan muy poco al desarrolloequilibrado del territorio andaluz. Así, porejemplo, los precios de la tierra agraria hancrecido más que las rentas agrícolas que estosmismos terrenos generan, al estar condiciona-do su precio por el valor que puedan alcanzaren caso de convertirse en urbanizables, espe-cialmente en la costaIII.

Hay sequía, pero los campos de golfse multiplican

Los campos de golf producen un fuerte impac-to territorial por la extensa ocupación del terri-torio, la contaminación del suelo a través deproductos fitosanitarios y fertilizantes y ladilapidación de recursos hídricos.

Los Verdes han denunciado que en Andalucíahay, entre construidos y en trámite, 210 cam-pos de golf. De alcanzarse este número, elgasto de agua en su riego alcanzaría 150 hec-tómetros cúbicos al año.

La mayor concentración de campos de golf seda en Málaga, con más de 43 campos y otros

40 proyectos en estudio que ponen a munici-pios como Estepona, Marbella o Mijas ensituación de riesgo medioambiental según uninforme de la Consejería de Medio Ambiente.Además, una cuarta parte de estos campos degolf no satisface la demanda turística al noreunir la calidad suficiente, tal y como denun-cian los touroperadores especializados.

Dentro del Plan Director de Infraestructuras deAndalucía destaca el capítulo de las infraes-tructuras dedicadas al agua, cuya finalidad noes otra que propiciar una oferta ilimitada derecursos hídricos a las zonas de mayor creci-miento económico.

La mayoría de los campos de golf están vin-culados a promociones inmobiliarias, y esque estas instalaciones se han convertidoen una excusa para construir viviendas a lasque la instalación deportiva proporcionauna revalorización inmediata del 15%. Gra-nada es un buen ejemplo del “boom” delgolf. Aunque en la actualidad existen doscampos de golf, hay una veintena de pro-yectos en trámite, destacando el caso deAlmuñécar, con cuatro proyectos en su terri-torio. En Cádiz, donde la mitad de los 20campos ya existentes incumplen la Declara-ción de Impacto Ambiental y sólo tres riegancon agua depurada, los nuevos planesgenerales de ordenación urbana incluyenhasta 60 nuevos campos asociados a laconstrucción de 7.000 viviendas en los pró-ximos años. Huelva, con siete campos degolf en la actualidad planea tener 21. Alme-ría prevé construir en los próximos ochoaños 22 campos de golf.

La Junta de Andalucía lleva retrasando desdeel año pasado la puesta en marcha de unDecreto para regular la edificación en los cam-pos de golf. El borrador de esta normativa fijaun máximo de 400 viviendas y hasta 300 pla-zas hoteleras en los de 18 hoyos, y 600 vivien-das y 400 plazas hoteleras en los de 27hoyos. El retraso sin duda servirá para dar luzverde a muchos de los proyectos planteados,en otro ejemplo más del clásico efecto “llama-da” al que recurren las administraciones antesde aprobar una normativa.

A pesar de que cuando se habla de escán-dalo urbanístico en la costa andaluza, loprimero en lo que uno piensa es en Marbe-lla, no es esta localidad malagueña la únicaque contempla cómo miembros de su ayun-tamiento se sientan en el banquillo.

■ Mazagón (Huelva). La Junta de Andalucíaha logrado paralizar el plan parcial “Cuestade la Barca” de 60,9 hectáreas junto a laplaya. Una sentencia del TSJ de Andalucíaha paralizado la venta de los terrenos,aprobada por el PP y el PA, que iba a rea-lizarse por 2,3 millones, un precio muyinferior a su tasación (27,5 millones deeuros) para construir un complejo turísticoy residencial. Otra sentencia del TSJ deAndalucía ratifica dos anteriores que obli-gaban al Ayuntamiento de Palos de la Fron-tera a “restablecer la legalidad” en lasobras de construcción de un chalet que laempresa Gibrapark comenzó a realizar enla playa de Mazagón en el año 2000.

■ El Puerto de Santa María (Cádiz). El Tri-bunal Superior de Justicia de Andalucía haconfirmado la demolición del complejo LasBeatillas, ordenado por la Junta de Andalu-cía en 2003. Las obras fueron realizadassin licencia, y desoyendo las sucesivasórdenes de suspensión de la Junta, por lapromotora inmobiliaria JALE, cuyo dueño,José Antonio López Esteras, ha acudido alos tribunales en repetidas ocasiones paradetener la demolición. Desde Ecologistasen Acción denuncian la connivencia delayuntamiento, que siempre ha pedido lalegalización del complejo.

■ Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El exalcalde socialista, Agustín Cuevas, acabade ser condenado a dos años de prisión,diez de inhabilitación y una multa de360.000 euros por los delitos de cohechoy tráfico de influencias por un intento desoborno a un edil del PP para que no

votara en una moción de censura en 1999.La sentencia también condena por los mis-mos hechos al ex alcalde de Chipiona, LuisMario Parcero.

■ Marbella (Málaga). Los casos de corrup-ción en esta localidad malagueña no tienenfin. Desde 1991, ocho concejales han sidocondenados y 27 imputados en los más de30 sumarios abiertos por corrupción. Enoctubre de 2000 la Audiencia de Málagacondenaba a Jesús Gil a 28 años de inhabi-litación y seis meses de arresto por el des-vío de 2,7 millones de euros del Ayunta-miento al club Atlético de Madrid. En mayode 2005 concluía en la Audiencia Nacionalla instrucción del caso del desvío de 26,7millones de euros del ayuntamiento deMarbella a empresas privadas. En septiem-bre de 2003 la Audiencia Nacional recibióel caso referido a la compra fraudulenta deinmuebles en Madrid y Marbella por elayuntamiento de esta localidad y quepasaron a ser propiedad, sin pago alguno,de Jesús Gil.

La Fiscalía Anticorrupción presentaba a laAudiencia Nacional en abril de 2003 unaquerella contra Jesús Gil y otras 34 perso-nas del GIL por la deuda de 900 millonesde euros contraída por el Ayuntamiento deMarbella con la Seguridad Social entre1991 y 2001. En marzo de 2005 se conde-naba al sucesor de Jesús Gil, Julián Muñozy a otros cinco concejales a seis meses decárcel y ocho de inhabilitación por la licen-cia de obras concedida a la urbanizaciónBanana Beach, en un área en primeralínea de playa calificada como suelo rústi-co en el PGOU.

(continúa en página siguiente)


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Andalucía: marcada por los escándalos urbanísticos

(viene de página anterior)

Muñoz ha sido condenado en tres ocasio-nes. La sucesora de Muñoz, Marisol Yagüe,todavía sin condenas en su haber, está porel momento imputada en los procedimien-tos urbanísticos ilegales Brick 2000 yBohemian.

En la reciente “Operación Malaya” se detu-vo a la alcaldesa, tres concejales, al Secre-tario del ayuntamiento, al asesor de Urba-nismo, Juan Antonio Roca, y a otra veintenade personas.

■ Manilva (Málaga). El alcalde del PartidoDemocrático de Manilva, Pedro Tirado, fuecondenado y encarcelado a finales de 2005por malversación de caudales públicos ycohecho en el caso “Ballena Blanca”, lamayor operación de blanqueo de dineroprocedente del narcotráfico destapada enla Costa del Sol. En su casa se encontraron770.000 euros en bolsas de plástico, dine-ro proveniente, según el ex alcalde, dedonaciones de los vecinos a su partido. Lainvestigación policial que llevó a su arrestose centró en el incremento de valor de losterrenos “La Parrada”, recalificados en2003 de rústico a urbanizable, cuyo coefi-ciente de edificabilidad se duplicó en2004. La elección de un nuevo alcaldepara Manilva no estuvo exenta de polémi-ca con el nombramiento como regidor delúnico concejal socialista, Salvador Zotano,con el apoyo de un tránsfuga y los cincoediles del Partido Democrático de Manilva(PDEM), antiguos concejales del GIL. Ladirección provincial del PSOE en Málagadesautorizó la decisión de Zotano y anun-ció su expulsión por “incumplir el manda-to” de apoyar la candidatura de AntoniaMuñoz, de IU.

■ Benalmádena (Málaga). El alcalde inde-pendiente Enrique Bolín ha sido denuncia-do por conceder licencia de obras para unedificio en una parcela en la que sólo

podían construirse viviendas unifamiliaressegún el PGOU.

■ Tolox (Málaga). La fiscalía ha encontradoindicios de delito en la concesión de 15licencias para edificar 2.000 viviendas ensuelo no urbanizable en esta localidad dela Sierra de las Nieves.

■ Almuñécar (Granada). El alcalde deesta localidad, Juan Carlos Benavides delPA, fue acusado de prevaricación en 2004por la Fiscalía de Granada tras proseguircon la puesta en marcha de una urbaniza-ción en el puerto deportivo Marina delEste. En abril el Juzgado de Almuñécarabrió diligencias contra Benavides por undelito de alzamiento de bienes. La Fisca-lía del Tribunal Superior de Justicia deAndalucía ha solicitado cinco años de cár-cel y quince de inhabilitación para Maríadel Rosario González, mujer del alcaldede Almuñécar, por un delito de malversa-ción de caudales públicos.

■ Níjar (Almería). El alcalde socialista deesta localidad almeriense autorizó la cons-trucción de noventa viviendas en AguaAmarga, a pesar de que las Normas Subsi-diarias sólo contemplaban cincuenta, paralo que, además, se desvió una calle y seocuparon unos terrenos destinados a apar-camientos públicos. Ecologistas en Acciónpresentó una denuncia ante los tribunalespor estos hechos.


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A continuación analizamos por provincias lasituación de la urbanización y el turismo,siguiendo la línea de costa.

Huelva

El Plan de Ordenación del Territorio del LitoralOccidental de Huelva (POTLOH) ha visto la luzeste año. Muy criticado desde todos los secto-res e incluso llevado a los tribunales por elAyuntamiento de Punta Umbría (PP), olvidacualquier componente ambiental para ponerseal servicio de la construcción turística enforma de hoteles (permite la creación de70.000 nuevas plazas, cuando el propio sectorconsidera que el nivel recomendable es30.000), campos de golf y puertos deportivos.La aprobación final del documento fue acorda-da por la Junta de Andalucía y seis de los sietealcaldes afectados, quienes llegaron a acuer-dos sobre los que pesaron denuncias de oscu-rantismo y falta de transparencia.

Las aprobaciones iniciales de los PGOU deCartaya y Ayamonte se produjeron a finalesdel pasado verano. La Junta de Andalucíahabía decretado una moratoria sobre nuevosplanes urbanísticos hasta la aprobación delPOTLOH. La medida fue suspendida inmedia-tamente por las presiones de los ayuntamien-tos, demostrando la estrecha vinculación de laadministración y las empresas urbanizadoras.

En Ayamonte el nuevo plan urbanístico hadado luz verde a 6 convenios urbanísticospara reclasificar como urbanizables más decinco millones de metros cuadrados. Uno delos mayores proyectos, “Puente Esury” planeala construcción de 6.300 viviendas y 420 pla-zas hoteleras. Otro proyecto controvertido esel de la urbanización de la finca El Marquesa-do en los términos de Isla Cristina y Ayamon-te. Esta finca está destinada en la actualidad ausos forestales y agrícolas, situada a muchadistancia de las zonas urbanizadas de los dosmunicipios. La recalificación de su suelo plan-teada simultáneamente en los PGOUs de losdos municipios a petición de la constructoraonubense Rafael Morales SA, no resultaentendible bajo ningún prisma que no sea elde la especulación.

El nuevo plan general de Isla Cristina planeaunir mediante urbanizaciones y hoteles estalocalidad con la vecina Islantilla (Lepe). Inclu-ye la construcción de urbanizaciones desegundas residencias de gran tamaño y, ade-más, la desafección de una parte de la maris-ma que en la actualidad es dominio públicomarítimo-terrestre y Paraje Natural.

En Cartaya, el PGOU aprobado inicialmentesupone una grave agresión a los lugares másemblemáticos de la localidad, algunos ellosenclavados en las inmediaciones y en la zonade influencia del Espacio Natural Marismas del

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Pradera litoral en Zahara de los Atunes, Cádiz.

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Piedras y Flecha de El Rompido (Urbanizacióncon campo de golf “Ribera de Cartaya”). Seplantean urbanizaciones como la tercera fasede Nuevo Portil, que supondrá la recalificaciónde 225 hectáreas de monte público o la“Dehesa de las Yeguas” para la que debenrecalificarse mil hectáreas.

Las complicidades de la Junta de Andalucíacon los desarrollos urbanísticos parecen cla-ras. La Evaluación de Impacto Ambiental dela carretera de Malpica, proyecto a estudioen el POTLOH y que condiciona la ordenaciónde nuevos proyectos de expansión urbanísti-ca en los municipios de Punta Umbría y Car-taya, salió a información pública el pasado15 de Agosto.

Cádiz

Los cálculos indican que esta provincia acogecerca de 30.000 viviendas construidas ilegal-mente, casi todas en la costa. Chiclana(10.000), Sanlúcar (5.000), El Puerto de SantaMaría (3.000) son algunos de los casos másllamativos. La revisión de los planes urbanísti-cos planea legalizar la mayoría de ellas. Casila mitad de los municipios de la provinciaestán en fase de revisión de sus PGOUs, elnúmero de nuevas viviendas propuesto supe-ra las 100.000 en un horizonte de 15 años.

En El Puerto de Santa María se acumulan lassentencias contrarias a urbanizaciones levan-tadas ilegalmente en una localidad que cuen-ta con 3.000 viviendas ilegales según unaestimación realizada por Ecologistas enAcción. Es el caso de la urbanización de LasBeatillas, donde el Tribunal Superior de Justi-cia de Andalucía ha confirmado que el centrode congresos, las pistas deportivas, el restau-rante, la carpa de celebraciones y el aparca-miento debe ser demolido al construirse sinlicencia en suelo urbanizable no programadode la Sierra de San Cristóbal. La Junta deAndalucía comenzó a tramitar la demolición elpasado diciembre. JALE, la promotora inmobi-liaria responsable del complejo, tiene previstohacer un campo de golf y 1.000 viviendas uni-familiares. El PGOU de la localidad presentado

en abril incluye el desarrollo urbanístico deLas Beatillas.

También en El Puerto, donde gobiernan encoalición Independientes Portuenses (IP) yPSOE, la urbanización de Pinar de Coig, juntoa la Sierra de San Cristóbal, se ha construidoilegalmente en un pinar protegido y que figu-ra como Parque Público en el planeamientomunicipal con la connivencia del alcalde, Her-nán Díaz Cortés, de IP, y del concejal de Urba-nismo, Juan Carlos Rodríguez. Ambos juntocon el promotor han sido denunciados ante laFiscalía de Medio Ambiente. Pero no es ésta laúnica denuncia. Los vecinos han sido denun-ciados por el ayuntamiento (a través de laConcejalía de Urbanismo) por construir sinlicencia de obra. Por su parte, los vecinos hanrespondido con otra denuncia al ayuntamien-to y al promotor de la urbanización por undelito de estafa inmobiliaria y prevaricación. ElJuzgado de Instrucción número 2 de esta loca-lidad ha imputado al alcalde y al concejal deUrbanismo como autores de un delito de pre-varicación y ordenación del territorio por estedesarrollo inmobiliario.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante laComisión Europea la ampliación del campo degolf de Vistahermosa, que invade un hábitatprotegido, un bosque de retamas, pinos,sabinas y enebros que alberga una de laspoblaciones de camaleones (Chamaleo cha-maleo) más destacadas de la península. Juntoa la ampliación se construirán 325 chalets delujo. Y todo ello, sin Evaluación de ImpactoAmbiental (EIA) y con el informe negativo dela Confederación Hidrográfica del Guadalqui-vir. Otro campo de golf, el que la empresaGolf El Puerto SA planeaba construir en lasfincas Las Cabezas y Viña Rango, ha sidoanulado por el TSJ de Andalucía al estimarque las licencias fueron concedidas a pesarde que el Plan de Actuación Urbanística y elPlan Parcial no estaban aprobados de formadefinitiva. Además, la sentencia aprecia indi-cios de prevaricación en la autorización con-cedida en 2002.

El alcalde de El Puerto ha sido ya condenadoa siete años de inhabilitación por otro delito

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de prevaricación por designar “a dedo” alsubinspector de Policía Local, sentencia queha recurrido.

El PGOU de esta ciudad de 80.000 habitantesha estado parado durante dos años por la tra-mitación de 22 convenios urbanísticos que afec-taban a 500.000 metros cuadrados de suelo nourbanizable protegidos por su interés forestal.El documento final, presentado en abril, elimina19 convenios privados, fija la construcción de23.000 nuevas viviendas y legaliza 3.300 cons-truidas al margen del planeamiento.

En Vejer, uno de los últimos tramos vírgenesdel litoral andaluz, se ha autorizado la cons-trucción de 1.850 plazas hoteleras. Por suparte, el Ayuntamiento de Barbate ha autoriza-do la construcción en primera línea de playade tres hoteles de lujo. Inicialmente descarta-do por la Junta de Andalucía, uno de los pro-yectos, el de las cadenas Hipotels y TUI Robin-son, planea construir un complejo turístico de900 plazas. Se sitúa en el Tómbolo de Trafal-gar, declarado Lugar de Interés Comunitario yMonumento Natural.

El PGOU aprobado por Conil en 2004 prevé laconstrucción de 5.000 casas, 1.000 de ellasdurante este año.

Entre Barbate y Vejer se levanta otra urbaniza-ción ilegal, la de Montenmedio. Con sentencia

de derribo firme por haberse construido sinlicencia en suelo calificado como rústico, éstano se ha ejecutado. Ahora, el alcalde popularde Barbate, Juan Manuel de Jesús Núñez, haotorgado una segunda licencia de obra paratratar de regularizar la situación y ha inter-puesto un recurso de súplica para evitar laejecución de la sentencia. Al mismo tiempo hallegado a un acuerdo con Ibercompra, la pro-pietaria de esta urbanización, para construir850 plazas hoteleras y 285 chalets de lujomediante la recalificación de 155 hectáreas desuelo rústico. En enero se conocía una senten-cia del TSJ de Andalucía que declaraba urbani-zables 200 hectáreas de la urbanización, loque abre el camino a Ibercompra para comen-zar la construcción de hoteles y viviendas.

Izquierda Unida solicitó en octubre de 2005 ladeclaración de Atlanterra, en Tarifa, comozona urbanísticamente saturada mediante lapresentación de una Proposición No de Ley enel Parlamento andaluz. La modificación delPGOU de esta localidad abre el camino a laconstrucción de 1.888 viviendas y un campode golf en esta zona costera.

La probable urbanización de dos fincas, Gua-dalquitón y Borondo, situadas entre los térmi-nos de San Roque y La Línea de la Concep-ción parece haber sido responsable de ladisputa entre los dos ayuntamientos sobre suubicación. Desde el Partido Andalucista se ha

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Las ruinas de Baelo Claudia en la playa de Bolonia, Tarifa (Cádiz).

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solicitado la declaración de paraje de protec-ción especial por sus valores ambientales, yaque se trata de los últimos reductos de montemediterráneo de alcornocales que lleganhasta el mar.

Sanlúcar de Barrameda acumula un elevadonúmero de irregularidades en su gestión urba-nística. Las recalificaciones de terrenos muni-cipales a precios de saldo para operacionesinmobiliarias y la gigantesca deuda del ayun-tamiento emulan una situación parecida a lade Marbella. El ex alcalde socialista, AgustínCuevas, acaba de ser condenado a dos añosde prisión, diez de inhabilitación y una multade 360.000 euros por los delitos de cohecho ytráfico de influencias por un intento de sobor-no a un edil del PP para que no votara en unamoción de censura en 1999. La sentencia tam-bién condena por los mismos hechos al exalcalde de Chipiona, Luis Mario Parcero.

El actual equipo de gobierno (PP-PA) ha pre-sentado un avance del PGOU que planea laconstrucción de 18.000 nuevas viviendas y lalegalización de 3.000 construidas fuera delplaneamiento urbanístico municipal. Ecologis-tas en Acción ha denunciado que en realidadel PGOU duplicará la superficie urbanizable deesta localidad mediante la recalificación decerca de once millones de metros cuadrados.También ha denunciado que quedan excluidosdel PGOU proyectos de campos de golf y

desarrollos turísticos que serán legalizadosposteriormente mediante acuerdos puntuales.El grupo municipal socialista ha denunciado laexistencia de promotores anónimos que ame-nazan a propietarios de suelos para que losvendan o los perderán “mediante procesos deexpropiación”.

En San Fernando, el Plan Parcial de La Caseríade Ossio supone la construcción de sietetorres de 16 plantas a escasos metros de lalínea de costa y de la Bahía de Cádiz. La Con-sejería de Obras Públicas de la Junta de Anda-lucía ha pedido la paralización de las obras.

El PGOU de Chiclana ha sido anulado por sen-tencia en marzo de este año. Contemplaba laconstrucción de 40.000 nuevas viviendas y lalegalización de las 10.000 ilegales que existen.Con la anulación del plan urbanístico quedantambién en suspenso los treinta conveniosurbanísticos firmados hasta la fecha. Destacaentre ellos el de Pinar de Hierro, una masa depinar litoral de un valor excepcional, donde elayuntamiento había aprobado un proyecto deurbanización.

Málaga

En la Costa del Sol se construye el 45% deltotal andaluz. El exceso de oferta, especial-mente en la franja costera, se empieza a

“Estamos invadidos por un tsunami decemento, que está convirtiendo nuestrolitoral en una muralla gris, construida conlos ladrillos de la especulación y, enmuchas ocasiones, con el cementode la corrupción”.

Antonio RomeroParlamentario andaluz por Izquierda Unida

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Urbanizaciones cerca de la playa de Getares (Tarifa, Cádiz).

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2 Revista El Observador. www.revistaelobservador.com

notar en tramos de costa como Mijas, Marbe-lla o Estepona, según recoge un informesobre el Mercado Residencial Turístico elabo-rado por Aguirre Newman. Es difícil cuantifi-car el número de viviendas ilegales en Mála-ga, sin embargo, encontramos ejemplos queson ilustrativos de la situación de ilegalidadde esta franja litoral: 30.000 viviendas ilega-les en Marbella, 10.000 en la Axarquía o3.000 en Estepona.

El ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, hasido condenado por malversación de cauda-les públicos y cohecho en el caso “BallenaBlanca”, la mayor operación de blanqueo dedinero procedente del narcotráfico destapadaen la Costa del Sol. La investigación policialque llevó a su arresto se centró en el incre-mento de valor de los terrenos “La Parrada”,1,3 millones de metros cuadrados de terrenorústico a urbanizable recalificados en 2003 ycuyo coeficiente de edificabilidad se duplicóen 2004. Los convenios urbanísticos firmadoscon la empresa Royal Marbella States incre-mentaron el precio de la finca, cuyo preciopasó de 12 a 160 millones de euros.

En mayo se conoció la demolición de seisviviendas construidas en la urbanización Corti-jos Altos de la promotora Green & Blue Pro-perties construidas en una zona verde segúnel planeamiento urbanístico de Manilva.

En Estepona la cifra de viviendas ilegales seacerca a las 3.000. El nuevo PGOU prevé lacreación de 82.000 nuevas viviendas. El Ayun-tamiento aprobó seis convenios urbanísticosantes de la entrada en vigor de la Ley deMedidas de Vivienda Protegida y Suelo, queimpide a los municipios obtener dinero antici-pado de los convenios.

Este año se conoció el proyecto para recalifi-car 662.000 de los 995.000 metros cuadradosde la reserva de animales Selwo, que fuerechazado por la Junta de Andalucía. Losterrenos de Selwo, de propiedad municipal,tenían la calificación de rústicos protegidospero la consideración del proyecto como de“interés estratégico” permitió la construccióndel zoológico.

En Málaga capital, el alcalde encabeza la defen-sa de un proyecto para levantar cinco torres depisos, incluido un rascacielos de 40 plantas, enlas 18 hectáreas que quedarán libres tras ladesaparición de los depósitos de Repsol.

El nuevo PGOU de Rincón de la Victoria propo-ne la recalificación de 1.947 hectáreas de

¿Dónde están las viviendasde Aifos?

La empresa inmobiliaria Aifos ha sidodemandada por un presunto delito deestafa y apropiación indebida de fondospor la compañía británica Ocean View,que actuaba como intermediaria en laventa de viviendas a clientes ingleses yahora le reclama más de 20 millones deeuros en indemnizaciones. Las víctimasson cerca de 500 compradores del ReinoUnido que formalizaron sus contratos decompra entre 2002 y 2003.

Aifos está acusada de vender inmueblesque no están construidos (en algunoscasos ni siquiera tiene la propiedad delas parcelas). La promotora continúacomercializando tres promociones urba-nísticas en Málaga: Calahonda Hills, Coli-nas de Estepona y Balcones de Riviera.

Aifos asegura que es Ocean View la res-ponsable de la estafa. La inmobiliariamalagueña ha demandado a la revista ElObservador2, que ha informado de lassupuestas ilegalidades cometidas por laempresa, por un supuesto delito contrael derecho al honor.

Por otro lado, los permisos de construc-ción de los dos hoteles de Aifos en Mar-bella (Guadalpín Marbella y GuadalpínBanús) están pendientes de sentenciapor parte del Tribunal Superior de Justiciade Andalucía por concesión ilegal de lalicencia de obras.


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Edificaciones en primera línea de playa en el litoral malagueño.

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suelo como urbanas (el 68% del municipio),casi el triple de lo que existe en la actualidad,para construir 15.000 nuevas viviendas.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga pretendeedificar en los terrenos de la desembocaduradel río Vélez. El proyecto que defiende elalcalde socialista, Antonio Souvirón, plantea laedificación de viviendas de lujo y hoteles enuna de las zonas naturales más importantesde la Costa del Sol.

Marbella: crónicade una corrupción anunciada

Ningún ayuntamiento ha generado tanto dine-ro como Marbella, y éste es un dato quepudiera resultar importante para entender lapermisividad durante tanto tiempo de lasadministraciones encargadas de controlar lagestión del consistorio, pero esta cantidad essólo comparable a su deuda. Hay datos demo-ledores: 800 convenios urbanísticos firmadosy tan sólo un 2% de su millonario presupues-to invertido en el municipio.

La modificación de la LOUA para retirar lascompetencias urbanísticas a ayuntamientosinfractores parecía diseñada específicamentepara Marbella, donde se han construido conabsoluta impunidad entre 20.000 y 30.000viviendas ilegales de las 60.000 edificadas

desde 1991. La Junta ha impugnado 389 licen-cias de obra y la justicia ha paralizado 250proyectos ya comenzados. El ayuntamiento haestado recurriendo de forma sistemática todoslos fallos judiciales contrarios a sus planes.Una situación repetida durante once años,desde la llegada del GIL al ayuntamiento, enlos que el número de licencias construidas

Las “promotoras” de Marbella

Al menos cuatro grandes promotoras seencuentran entre la decena de empresasdenunciadas por promover las 30.000viviendas ilegales que hay en Marbella.Fadesa, Apex (la filial inmobiliaria deIberdrola), Inmobiliaria Osuna, GrupoPinar, Stael Inversiones, Naviro Inmobi-liaria 2000, Productos Lácteos Badajoz,Turasa, Avilas Rojas, POVISA, Construc-ciones Salamanca, Arenal 2000, Obarin-sa, Renta 95, Nuevos Aires 2002 y Nes-gar, entre otras, están acusadas decontinuar obras paralizadas por el Tribu-nal Superior de Justicia de Andalucía, porlo que han sido denunciadas nuevamen-te, ahora por desobediencia. La paraliza-ción de las obras corresponde a un totalde 82 promociones urbanísticas.


llegó a las 11.000 por año y de la que la Juntade Andalucía es responsable por dejación desus funciones de ordenación del territorio. En2001 el Tribunal de Cuentas declaró al ayunta-miento en quiebra técnica.

En diciembre del año pasado la Junta de Anda-lucía anunciaba la retirada de las competen-cias urbanísticas a la famosa localidad mala-gueña, gobernada por una amalgama detránsfugas. De las 30.000 viviendas ilegalesimpugnadas ante los tribunales, la Junta plan-teó la legalización de 25.000 de ellas a travésde un nuevo Plan General de OrdenaciónUrbanística. Las otras 5.000, ubicadas en sue-los no urbanizables, protegidos o destinadosa servicios y equipamientos, quedaban enmanos de los tribunales. El PGOU fue rechaza-do por el consistorio marbellí y la retirada decompetencias urbanísticas contestada por unamoción aprobada por el ayuntamiento sin losvotos del PSOE demandando al presidenteChaves una explicación de motivos y retándo-le a que demostrara la existencia de “una solalicencia que no se ajuste al plan”.

Los tres últimos alcaldes de Marbella hanpasado por las dependencias judiciales y poli-ciales acusados de permitir todo tipo de des-manes urbanísticos. Jesús Gil y Julián Muñozfueron inhabilitados como alcaldes y MarisolYagüe permanece actualmente en la cárcel acuenta del mayor escándalo de corrupción

municipal conocido hasta la fecha. Y no sólo losalcaldes. Desde 1991, cuando el GIL llegó a laalcaldía, ocho concejales han sido condenadosy otros 27 imputados, a los que hay que sumarlos inculpados en la “Operación Malaya”.

A comienzos de marzo se conocía, tras unadenuncia efectuada por la empresa Copasur,que la ex alcaldesa Yagüe había utilizadocerca de un millón de euros de las arcas muni-cipales para reformar su casa. No era más queel comienzo. En abril comenzaba la “Opera-ción Malaya”, una gran operación contra latrama urbanística de corrupción urdida por elAyuntamiento de Marbella. La alcaldesa, elSecretario del Ayuntamiento, el asesor deUrbanismo y otras 17 personas eran detenidasentre Marbella, Madrid y Murcia.

El supuesto cerebro de la operación, JuanAntonio Roca, amasó la cuarta fortuna deEspaña con sus negocios ilegales. Durante 14años Roca concedió licencias urbanísticas ile-gales a cambio de dinero o una parte del terre-no; luego recalificaba su parte multiplicandosu valor por diez y proponía al siguiente pro-motor que llamaba a su puerta la urbanizaciónde esta parcela a cambio de entre un 25% y un50% de la promoción inmobiliaria resultante.

Tras las detenciones, se creó una ComisiónGestora que gobernará el ayuntamiento hastalas próximas elecciones municipales. Una de

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Hotel construido en dominio público en el litoral malagueño.

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3 El metro cuadrado se paga a 2.311 euros. Presente, pasado y futuro de la vivienda en Andalucía. Sociedad de Tasación y ValoraciónCohispania.


sus primeras decisiones fue la paralización delas obras del hotel Senator y un edificio deviviendas adjunto, sobre las que pesaba unaimpugnación de la Junta de Andalucía y unasuspensión cautelar por parte del TribunalSuperior de Justicia de Andalucía desde 2004que no había sido ejecutada por el ayuntamien-to. Los terrenos fueron cedidos para equipa-miento público, pero el ayuntamiento los ven-dió por 2,6 millones de euros a la empresaProinsa quien, a su vez, volvió a venderlos,esta vez por 15 millones, a Hoteles Playa SA,que obtuvo la licencia de obras en tres días. ElTribunal Supremo tiene la decisión final. La ges-tora ha pedido ayuda a la Junta de Andalucíapara afrontar el caos urbanístico de Marbella,calculan que necesitarán al menos tres mesespara precintar las obras ilegales y cerca de6.500 millones de euros para reparar las ilega-lidades cometidas. También ha decidido retirarlos 700 recursos contenciosos-administrativosque el consistorio había presentado contra lasimpugnaciones de la Junta de Andalucía respec-to a licencias urbanísticas municipales.

Granada

Granada experimenta una explosión urbanísti-ca sin precedentes, concentrada especialmen-te en los municipios del litoral. El número deviviendas previstas en la costa duplicarían lapoblación actual, cobrándose su rédito en

destrucción de suelo, pérdida de acuíferos,desaparición de espacios naturales, degrada-ción de los recursos naturales y deterioro dela calidad de vida de los ciudadanos.

La Junta de Andalucía acaba de comenzar lostrámites del Plan de Ordenación del Territoriodel Litoral de Granada, que llega muy tarde ycuando todos los ayuntamientos litorales, aexcepción de Motril que ya lo tiene aprobado,se encuentran en periodo de revisión de susplanes de ordenación urbanística.

Las previsiones hechas superan las necesida-des futuras de vivienda, centrándose en laconstrucción de segundas residencias dedica-das al turismo. Almuñécar, Salobreña y Motriloptan por rellenar de ladrillos los espacios sinurbanizar, mientras los municipios de la costaoriental optan por sustituir las grandes super-ficies de invernaderos en primera línea deplaya por urbanizaciones y hoteles.

Almuñécar, donde más caro se paga el metrocuadrado de la costa granadina3, es el mayorexponente de la especulación urbanística eneste tramo litoral. La aprobación de su nuevoPGOU se produjo a mediados del pasado mesde agosto, en plenas vacaciones. Propone laconstrucción de 28.000 nuevas viviendas enuna localidad con una población de 23.000personas. Incluye además 6.000 plazas hote-leras, cuatro campos de golf, dos puertos

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Agresivas obras sobre la playa de La Herradura, Granada.

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deportivos y la recalificación de 19,7 millonesde metros cuadrados.

El PGOU ha estado rodeado de críticas,denuncias y reticencias por parte de la Juntade Andalucía, que incluso lo ha puesto en lalista de candidatos para retirarle las compe-tencias de urbanismo.

La aprobación del Plan de Ordenación Territo-rial de Andalucía este año implica la revisiónde las normas urbanísticas, pero el alcalde delPartido Andalucista Juan Carlos Benavides, convarias causa judiciales abiertas, ha optado porpedir una consulta popular para ratificarlo tra-tando de evitar cualquier tipo de modificación.Se trata del mismo alcalde que firmó 34 conve-nios urbanísticos con promotores, constructo-res y propietarios del suelo justo antes de queentrara en vigor la Ley de Medidas de ViviendaProtegida y Suelo que impide a los municipioscobrar por anticipado el dinero procedente delos convenios urbanísticos. Almuñécar ingresó2,9 millones de euros gracias a los “adelantos”de los convenios firmados. De esa cifra, 1,8millones corresponden a siete convenios cuyoestudio de impacto ambiental es “negativo” o“muy negativo” y cinco de ellos reciben la cali-ficación de “desaconsejables” en los informesdel ayuntamiento.

El pasado mes de agosto el Defensor delPueblo Andaluz admitía a trámite las quejas

formuladas por la Plataforma en Defensa dela Vega y el Litoral sobre los convenios urba-nísticos firmados por el ayuntamiento sincontar con la aprobación de los propietariosde suelo rústico y agrícola.

La Plataforma en Defensa de la Vega y el Lito-ral de Almuñécar estudia iniciar acciones lega-les contra el alcalde al considerar que hacometido un presunto delito de falsedad enlos datos difundidos sobre las alegacionespresentadas al Plan Urbanístico. El alcalde hacuantificado 7.800 alegaciones, de las que el70% son favorables al plan según sus cálcu-los. La plataforma asegura haber presentado8.000 alegaciones contra el plan urbanístico.

Salobreña, con un planeamiento urbanísticode 2001, ha decidido reformarlo nuevamentepara añadir 16.000 nuevas viviendas, doscampos de golf con urbanizaciones adyacen-tes y un puerto deportivo. Contempla la con-versión del 50% del municipio en suelourbanizable.

Motril aprobó su PGOU en 2002. Supondrá laconstrucción de 12.000 nuevas viviendas y laconstrucción de un campo de golf. El horizon-te final de este plan urbanístico es el 2013,pero el responsable de Urbanismo en el ayun-tamiento calcula que las 12.000 viviendasestarán construidas en un par de años, por loque habrá que revisarlo mucho antes.

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Construcción de viviendas en San José, Almería, en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar.

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Los municipios de la costa oriental tambiénplanean crecer considerablemente. Lújar plan-tea 2.000 nuevas viviendas enfocadas en sumayoría para el turismo residencial. Rubiteincluye 4.000 nuevas viviendas en su nuevoplan urbanístico, destacando una urbanizaciónde 1.500 viviendas con campo de golf, hotel yresidencia geriátrica en una extensión de unmillón de metros cuadrados. Albuñol incluye6.000 nuevas viviendas y un campo de golf ensus previsiones.

Almería

La avalancha de proyectos de urbanización enel litoral de Almería ha sido espectacular enlos últimos años, hasta el punto de que laONU ha puesto a la costa de Almería comoejemplo del aumento de la urbanización y dela destrucción del litoral en el mundoIV.

Roquetas de Mar. En los acantilados deAguadulce la empresa Almeragua SA constru-ye más de 600 viviendas en tres bloques de19 plantas a escasos metros del puertodeportivo. Para realizar estas obras se des-truirán completamente los acantilados verti-cales que existen. El Plan Parcial no cuentacon el necesario informe de la DirecciónGeneral de Costas del Ministerio de MedioAmbiente a pesar de que afecta a la servi-dumbre de protección del dominio público

marítimo-terrestre. La Junta de Andalucía haanulado el plan parcial de los Acantilados,pero las obras siguen.

Cabo de Gata. La Junta de Andalucía hademostrado su poco interés en la defensa deuna de las joyas que se conserva en buenestado en el litoral mediterráneo español, elParque Natural Cabo de Gata-Níjar. Sólo laspresiones de los grupos ecologistas y de losciudadanos ha conseguido paralizar algunasde las actuaciones más monstruosas, entre lasque el hotel de Azata en la playa de El Algarro-bico es la más conocida. Pero esta pequeñavictoria no debe hacernos apartar la vista dela estafa que prepara la Consejería de MedioAmbiente: la legalización de la urbanizaciónde 200 hectáreas del Parque Natural a travésde la modificación de su Plan de Ordenaciónde los Recursos Naturales (PORN).

El PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjarse aprobó en 1994 y en él quedan recogidoslos usos de los suelos y la clasificación de losmismos en base a sus valores ambientales.Sin embargo, ayuntamientos como Níjar o Car-boneras, incluidos dentro del parque, hanestablecido sus planeamientos urbanísticos almargen completamente de las normas ambien-tales en vigor. Por su parte, la Junta de Andalu-cía, en lugar de obligarles a adecuar susPGOUs, ha permitido las construcciones ilega-les, muchas de las cuales han acabado en los

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Noviembre de 2005. Acción de Greenpeace contra el hotel ilegal de Azata en la playa de El Algarrobico, Carboneras,dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

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“Los ayuntamientos de Níjar y Carbonerashan declarado urbanizable en sus planesmunicipales de 1997 lo que les haparecido bien, y lo que es más grave,la Consejería de Medio Ambiente hacogido esas ilegalidades y las ha metidoen el Plan de Ordenación de RecursosNaturales del Parque Natural Cabo deGata-Níjar vigente, sin expediente alguno,lo que es una falsificación”

José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistasen Acción de Almería. Diagonal. 24.01.06.


tribunales de justicia. En los juicios, la Junta deAndalucía siempre ha presentado unos planosdel parque que carecen de validez legal y quenunca han sido publicados oficialmente con elobjetivo de dar cobertura a estas actuacionesurbanísticas, que afectan a 200 hectáreas delparque. Ahora, ante la evidencia de la ilegali-dad, la Consejería de Medio Ambiente ha pro-puesto la modificación del PORN, incluyendotodas las reclamaciones de los ayuntamientospara urbanizar espacios protegidos.

Prueba de esta actitud es la facilidad con quela Junta de Andalucía viene perdiendo unaserie de pleitos en el Tribunal Superior de Jus-ticia de Andalucía en los que se discute laurbanización de suelos protegidos dentro delParque Natural Cabo de Gata-Níjar. El motivose repite: la Junta de Andalucía no aporta losplanos del Parque Natural que aprobó en elPORN y el Tribunal Superior de Justicia deAndalucía dicta sentencias erróneas declaran-do urbanizables espacios donde la construc-ción está prohibida.

Estos son algunos casos:

La Fabriquilla. Un plan parcial aprobado enenero de 2005 permite la construcción de 150viviendas y un hotel de 40 habitaciones. El plancontradice el PORN y el Plan Rector de Uso yGestión (PRUG) del Parque Natural Cabo deGata-Níjar, donde La Fabriquilla aparece como

zona protegida C2. Además, la urbanizaciónvulnera la Ley de Costas ya que parte de lasedificaciones se encuentran dentro de la servi-dumbre de protecciónV. El Plan Parcial cuentacon una sentencia favorable del TribunalSupremo de 1997 donde no se menciona nin-gún aspecto referido a las normas que rigen elParque Natural. Por su parte, la DirecciónGeneral de Costas está empeñada en empren-der un proyecto de regeneración artificial deesta zona de costa, fundamental para la cons-trucción de las viviendas.

Las Negras. Alrededor de 30 hectáreas califica-das por el PORN de Cabo de Gata como zonaC1, zona protegida donde no se puede urbani-zar, fueron declaradas urbanizables sin expe-diente alguno en los planes urbanísticos deNíjar. El nuevo PORN las legaliza.

La Isleta del Moro. La Junta de Andalucía tuvoque intervenir contra una urbanización de 400viviendas, reduciéndolas a 100. El promotorinterpuso una demanda contra esta decisión.En la defensa ejercitada por la Junta no seaportaron los planos del PORN del ParqueNatural Cabo de Gata-Níjar, sino unos planosfalsos donde se multiplicaba por cuatro lasuperficie urbana respecto a la planimetríalegal. La sentencia falló a favor de la promoto-ra, que tiene derecho al cobro de indemniza-ciones. La Junta de Andalucía no ha recurridola sentencia.

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En La Fabriquilla, dentro del PN Cabo de Gata, se ha planeado la construcción de 150 viviendasy un hotel de 40 habitaciones.

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En Aguamarga, 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar serán destruidas.

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Aguamarga. La mercantil Marinas de Aguamar-ga SA ha comenzado las obras de una urbani-zación de 12,2 hectáreas y ha presentado elplan parcial para construir una segunda de48,25 en una zona doblemente protegida. Elpromotor de la urbanización, Federico Echeva-rría Sainz, fue contratado por el Ayuntamientode Níjar para elaborar el planeamiento urba-nístico del municipio. El PORN de 1994 clasifi-có la zona con el grado B2, por lo que la fincadesapareció como urbanizable en la revisiónde las Normas Subsidiarias de Níjar en 1995.Los propietarios recurrieron esta decisión y elTribunal Superior de Justicia de Andalucía lesdio la razón. La Junta de Andalucía no recurrióla sentencia ante el Tribunal Supremo ampa-rando así la destrucción de 48 hectáreas den-tro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Ecologistas en Acción ha presentado unaqueja ante la Comisión Europea por estoshechos. La denuncia se basa en que la zonadonde se proyecta la urbanización, incluido uncampo de golf, se ubica en un Lugar de Inte-rés Comunitario (LIC) y en una Zona de Espe-cial Protección para las Aves (ZEPA). De acuer-do con la Directiva Hábitat y la Directiva paralas Aves, no es legal construir una urbaniza-ción en esos terrenos aunque dispongan desentencia firme.

En una reciente reunión con la Consejería deMedio Ambiente, los responsables de la Junta

reconocieron que el proyecto incumple la nor-mativa comunitaria y que su adecuación a laDirectiva de Hábitats implica la anulacióncompleta del proyecto.

El Algarrobico (Carboneras). Aunque tarde, eltiempo nos ha dado la razón. Las obras deconstrucción del hotel que la constructoraAzata SA llevaba a cabo en la misma playa deEl Algarrobico (Carboneras), son ilegales y elhotel será demolido.

La Junta de Andalucía ha tardado en ver loque para Greenpeace y el resto de los gruposecologistas estada claro: la ilegalidad delhotel. Dos hechos explican claramente estailegalidad: el PORN del Parque Natural Cabode Gata-Níjar de 1994 define el área donde sesitúa el hotel como zona no urbanizable y, porotro lado, 72 de los 100 metros de la servi-dumbre de protección que determina la Ley deCostas eran invadidos por el proyecto, tal ycomo quedó reflejado en los sucesivos infor-mes de la Dirección General de Costas.

A pesar de que el PORN declara el entorno dela playa como no urbanizable, el plan urba-nístico parcial de esta zona, aprobado seisaños antes por el Ayuntamiento de Carbone-ras, incluía la construcción del hotel, incu-rriendo en contradicción. Tal disyuntiva sesoluciona acudiendo a la Ley 4/89 de Conser-vación de los Espacios Naturales y de la Flora

4 Posteriormente se conoció una carta del concejal de Urbanismo en la que eximía a Azata del pago del 1% restante.


y la Fauna, que establece que las normasurbanísticas deben adaptarse al PORN, algoque en este caso no se produjo por dejadezde la Junta de Andalucía.

Pero aún hay más, la Junta de Andalucía noreconoce como válida la cartografía del PORNdel Parque Natural Cabo de Gata-Níjar quedeclara El Algarrobico como área silvestre y decultivo tradicional, asegurando que los planoshan sido modificados con posterioridad paraconvertir estos terrenos en suelo urbano.

Por su parte, el alcalde socialista de Carboneras,Cristóbal Fernández, que acaba de ser inhabili-tado por un delito electoral junto a su hermanay edil del consistorio, ha defendido la legalidaddel hotel en todo momento, negando que seedificara en terrenos situados dentro del ParqueNatural. El Ayuntamiento de Carboneras ha incu-rrido en comportamientos de difícil explicación,como la exención del 99% de la licencia deobras a la empresa del hotel (1,2 millones deeuros), mediante la modificación de la ordenan-za del Impuesto de Construcciones4.

Además, el Ministerio de Economía concedióal hotel en 2002 una subvención de 2,8 millo-nes de euros para la creación de puestos deempleo. La subvención no eximía del cumpli-miento de los requisitos y autorizacionesadministrativas necesarias por lo que, a lavista de las ilegalidades cometidas en la cons-trucción, dicha subvención debería ser devuel-ta al Estado.

En noviembre de 2005 activistas de Greenpea-ce ocuparon las obras ilegales del hoteldurante dos noches y tres días demandandosu demolición. La acción terminó cuando elMinisterio de Medio Ambiente reconoció queel hotel ocupaba ilegalmente la zona de servi-dumbre de protección de costas. Posterior-mente las obras del hotel fueron paralizadascautelarmente por el Juez del Juzgado de loContencioso nº 2 de Almería ante una denun-cia presentada por la asociación SalvemosMojácar y el Levante Almeriense.

Igualmente destacable es la apertura de unexpediente contra España por parte de la

Comisión Europea al no haberse realizado lacorrespondiente Evaluación de ImpactoAmbiental del proyecto a pesar de situarse enun Lugar de Interés Comunitario.

Durante todo este tiempo Greenpeace ha tra-tado de que la Junta de Andalucía reconozcasus responsabilidades en este caso. Estaadministración se ha autoexculpado durantetodo este tiempo de no atender a sus res-ponsabilidades en el caso, trasladando lasculpas al Ministerio de Medio Ambiente; noha querido asumir que es ella quien ejerce

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La corrupción en Carboneras

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremoacaba de desestimar el recurso de casa-ción interpuesto por el alcalde socialistade Carboneras, Cristóbal Fernández, y suhermana, Rosario Fernández, concejal enel mismo ayuntamiento, confirmando asíla sentencia de 1 de febrero de 2005,dictada por la Audiencia Provincial deAlmería, que condena a ambos a seismeses de inhabilitación como autoresde un delito electoral.

Los hechos probados que recoge la sen-tencia establecen que, semanas antesde la celebración de las pasadas eleccio-nes municipales, el alcalde y su hermanase dirigieron tres veces al conserje de uncentro educativo dependiente del Ayun-tamiento. Rosario Fernández pidió alconserje que “una vez que llegara elvoto por correo se pasara para llevarleel documento de identidad propio y elde su mujer para votar a su partido”. Porsu parte, Cristóbal Fernández pidió elvoto al conserje “a cambio de mantener-le en su puesto y subirle el sueldo”.

Ambos fueron absueltos de los delitosde alteración del censo y vulneración delas normas del voto por correo, delitosmás graves y de los que también esta-ban acusados.


las competencias urbanísticas y en materiade medio ambiente, en virtud de las cualestiene obligación de garantizar y salvaguar-dar el litoral en la acepción más amplia deltérmino.

El pasado mes de mayo se conocía la noticiade que la Junta de Andalucía había decidido

ejercitar el derecho de retracto sobre losterrenos donde se asienta el hotel, una fór-mula mágica para no tener que asumir lasresponsabilidades derivadas de su negligenteactuación en la defensa del Parque Natural.Los terrenos fueron vendidos en 1999 a Azatasin la obligatoria notificación a la Administra-ción (por tratarse de una parcela enclavada

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Greenpeace ha remitido tanto al Presidentede la Junta de Andalucía, Manuel Chaves,como a la Ministra de Medio Ambiente, Cris-tina Narbona, un documento que recogealgunos de los casos en los que la urbani-zación ha ganado a la protección ambientalpor la dejación de facultades de la Junta deAndalucía:

■ El caso de las normas subsidiarias deMarina de Agua Amarga (Níjar), en el que laJunta de Andalucía no informó al TribunalSuperior de Justicia de Andalucía de la clasi-ficación del espacio como Hábitat Priorita-rio y Exclusivo y no recurrió la sentenciaque permitía la urbanización de 48 hectáre-as dentro del Parque Natural.

■ El caso de las normas subsidiarias (NNSS)de Níjar por las que este ayuntamiento plan-teaba la urbanización de espacios protegi-dos por el PORN de Cabo de Gata-Níjar. LaJunta no presentó los planos del PORN queacreditaban la protección de los espaciosprotegidos, por lo que el Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía declaró los terrenosurbanizables en contra de lo dispuesto enpor la Ley 4/89 y de la jurisprudencia delpropio Tribunal Superior de Justicia de Anda-lucía. En este caso la Junta de Andalucíarecurrió la sentencia posteriormente y seestá a la espera de la sentencia firme.

■ El caso de un particular que recurrió lasnormas subsidiarias de Níjar que habíandeclarado no urbanizables sus terrenos.

La Junta no aportó los planos del PORNque acreditaban la protección de estosterrenos, que fueron declarados urbaniza-bles. La Junta tampoco ha recurrido lasentencia que permite la urbanización delterreno, hoy en propiedad de la empresaURBIS.

■ El caso de unos terrenos colindantes aEl Algarrobico propiedad de Azata, paraque no se realizase Evaluación de ImpactoAmbiental sobre terrenos protegidos porel PORN y declarados ZEPA y LIC. La sen-tencia asegura que no debe realizarse Eva-luación de Impacto Ambiental sobre losterrenos protegidos, mostrando un inmen-so desconocimiento de la normativaambiental europea. Al tiempo que se cono-cía esta sentencia del Tribunal Superior deJusticia de Andalucía se sabía que la Comi-sión Europea había abierto un expedientecontra España por este mismo motivo.

■ El caso de Punta Isleta, que pretendíaque se declarasen urbanizables espaciosprotegidos por el PORN. En este caso laConsejería de Medio Ambiente aportó unplano donde el espacio urbanizable de laIsleta del Moro era unas cuatro vecessuperior a lo que declara el PORN y secorrespondía exactamente con la propues-ta de urbanización de Punta Isleta. Poste-riormente la Consejería aportó otro plano,que, aunque ilegible, era la copia legaldel mapa publicado en el BOJA. El pleitoestá en fase de conclusiones finales.

Los pleitos de la Junta de Andalucía

dentro del Parque Natural). En las escriturasde compra-venta, las sociedades vendedoras,Río Alías y Parque Club El Algarrobico, hicie-ron constar que las fincas no estaban inclui-das en el Parque Natural.

Especialmente fraudulento ha sido el papeljugado por la Consejera de Medio Ambiente,Fuensanta Coves, y el Delegado de MedioAmbiente en Almería, Juan José Luque que, adía de hoy, siguen defendiendo los planos fal-sos que permitieron que se levantara el hotelen la playa de El Algarrobico.

En una reciente reunión mantenida por Ecolo-gistas en Acción con el Viceconsejero de laConsejería de Medio Ambiente, éste reconocióque el plano de El Algarrobico se había modifi-cado sin respetar los trámites legales. Igual-mente confirmó que se había calificado comourbanizable en el PORN sin expediente alguno,para adaptarlo a las normar urbanísticas muni-cipales y que iban a comunicar estos hechos ala Comisión Europea. El hotel de Azata era elprimero de un complejo de ocho hoteles, uncampo de golf y 1.500 viviendas. La empresaha anunciado que construirá el resto que seencuentra, igualmente, en terrenos protegidosdel Parque. Habrá que seguir de cerca lasactuaciones de la Junta de Andalucía.

Mojácar. Playa Macenas. El Plan Parcialaprobado por el Ayuntamiento de Mojácar

para esta zona virgen persigue el desarrollode una “comunidad residencial turística” acargo de la empresa Med Group para cons-truir 1.400 viviendas, un hotel de cinco estre-llas y un campo de golf. El hotel, de la cade-na Sheraton, mantiene similitudes con el dela playa de El Algarrobico: la mitad del hotelinvade la franja de 100 metros de protecciónque decreta la Ley de Costas. Además tanto elhotel como el campo de golf invaden íntegra-mente la zona de dominio público hidráulicode la Rambla de Macenas. La Junta de Andalu-cía dio la orden de paralización de las obrasel mes de marzo y un mes después iniciaba eldeslinde de la rambla, que impide la cons-trucción del campo de golf. La reacción de laJunta ha llegado demasiado tarde, cuando yase han realizado desmontes que desfigurancompletamente la playa virgen de Macenas.

El ayuntamiento nunca recibió de la empresalas cesiones de terreno acordadas en el planparcial, que iban a ser incorporadas al ParqueNatural Cabo de Gata-Níjar.

Fuera del Parque, el resto del levante alme-riense presenta unos planes de urbanizacióncompletamente insostenibles.

Antas. El nuevo PGOU del ayuntamientosocialista plantea la recalificación de 32 millo-nes de metros cuadrados para construir60.000 viviendas y cinco campos de golf en


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Terrenos desprotegidos por Costas para ubicar un polígono industrial en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz).

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un municipio que cuenta en la actualidad con3.000 habitantes y menos de 1.000 viviendas.

El Ayuntamiento de Vera, en manos del PA,asegura perseguir un crecimiento urbanísticoque respete los criterios medioambientales yde sostenibilidad. Algo que resulta difícil decreer al mirar su nuevo PGOU, que preveía118.000 viviendas para urbanizar el 75% desu territorio junto con la construcción de doscampos de golf.

Cuevas del Almanzora. Con 11.000 habitan-tes, este municipio gobernado por el PP hapropuesto en su nuevo PGOU la construcciónde 148.000 viviendas. Cerca de 40 promoto-res ya han obtenido la ratificación de losconvenios urbanísticos para urbanizar 1.400hectáreas.

En noviembre de 2005 la Fiscalía de Almeríaordenó la paralización de más de 8.000viviendas que se estaban construyendo sinlicencia de obras en suelo no urbanizable gra-cias a un convenio urbanístico firmado por elayuntamiento.

Palomares. Famosa por la caída de unabomba atómica en los años 60, esta pedaníade Cuevas del Almanzora es hoy un mar degrúas. El Consejo de Seguridad Nacional reco-mendó al Gobierno la expropiación de losterrenos donde cayeron las bombas, pormiedo a que los movimientos de tierrassaquen a flote la radioactividad proveniente delas partículas de plutonio y americio que podrí-an dispersarse a través del aire. El Estado tansólo ha comprado siete hectáreas de las másde 200 que se consideran contaminadas. Junto

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El 16 de enero de 1966, un B-52 de lasfuerzas aéreas de los Estados Unidos coli-sionaba con un avión nodriza KC135 queprocedía de la base americana de Morónde la Frontera mientras realizaban unamaniobra de repostaje de combustible envuelo.

De las cuatro bombas termonucleares de70 kilotrones que llevaba el B-52, dos cho-caron directamente contra el suelo enterrenos de la playa de Palomares (luegorebautizada como Quitapellejos) en Cuevasdel Almanzora. La explosión liberó su cargaconvencional y su contenido radioactivo,compuesto principalmente por plutonio yamericio, creando una nube radioactivaque se esparció sobre unas 226 hectáreasde terreno debido al viento reinante. Elárea incluía la población de Palomares y asus habitantes.

Según los datos aportados por el Consejode Seguridad Nuclear, la retirada de mate-

rial contaminante se restringió sólo a laszonas que presentaban una radiación inten-sa, el 0,97% de las 226 ha. afectadas. Elresto del terreno fue labrado, regado ysepultado bajo medio metro de tierra des-contaminada.

El seguimiento biológico efectuado por laantigua Junta de Energía Nuclear (JEN) selimitó al esparto, dos caracoles y una cabra.En todos ellos se encontraron trazas de plu-tonio. Sobre la población se realizó un aná-lisis de orina y una exploración pulmonar,que según los expertos, ni aportaron datossignificativos ni son suficientes para realizaruna valoración epidemiológica

En 1984 el Centro de Análisis y ProgramasSanitarios descalificó públicamente losseguimientos realizados por la JEN sobremortalidad a causa de la radiactividad alconsiderarlos incompletos e incluso sesga-dos y ser realizados mediante métodos pre-sididos por la ambigüedad y la indefinición.

Palomares: 38 años de radiación nuclearVI


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“Las colonias de adosados que lasinmobiliarias tienen el desparpajo de

llamar pueblos andaluces han acabadocon los montes y los turistas sólo

encuentran barato el tabaco y las bebidasde dudoso origen”.

Félix Bayón. Typical. Europa Sur. 21.12.05

Promociones en el litoral de Conil, Cádiz.

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a la parcela expropiada, se sitúan diversosproyectos. Al final de la playa, los planes delayuntamiento incluyen la construcción de unpuerto deportivo.

La Declaración de Impacto Ambiental elabora-da por la Consejería de Medio Ambiente de laJunta de Andalucía ha rechazado el 80% delos planeamientos urbanísticos de Cuevas yVera, que incluían la construcción de vivien-das en zonas inundables, la recalificación desuelos forestales, la ocupación de vías pecua-rias y la falta de garantías para el suministrourbano de agua. Sin embargo, no ha dichohasta el momento nada sobre el PGOU deAntas, donde a diferencia de las otras doslocalidades gobierna el PSOE.

¿Hacia dónde va el turismo?

Los datos sobre el turismo indican que Andalu-cía es la tercera comunidad española que más“Valor Añadido Bruto” genera, por detrás deBaleares y Canarias con sus ingresos turísticos.

Los informes de los expertos aseguran que lariqueza generada por cada plaza hotelera esde 11.751 euros frente a los 1.456 que producela oferta residencial en Andalucía. Otro dato atener en cuenta es que la oferta reglada gene-ra una media de 135 empleos directos frente alos 23 de la oferta residencial.

Pero los mayores problemas llegan con lasaturación, cuando la competencia desmedidaunida inexorablemente a la destrucción delterritorio impide rentabilizar las plazas. Serecurre entonces a disminuciones en los pre-cios o a fórmulas como el “todo incluido” quellevan a la ruina al sector.

Las localidades costeras andaluzas registra-ron el mayor aumento de plazas hotelerasnuevas entre 2000 y 2004. Si la media nacio-nal fue del 14%, en Andalucía esta cifra sesituó en el 29%.

En los últimos cinco años la Costa del Sol, eldestino turístico andaluz por excelencia, havisto disminuir los niveles medios de ocupa-ción de sus hoteles en 16,8 puntos debido alfuerte aumento de la oferta en ese periodo.De igual forma ha disminuido la estanciamedia y el gasto por turista. El 80% de lasestancias se producen en establecimientos noreglados según datos presentados en elObservatorio Turístico elaborado por la Socie-dad de Planificación y Desarrollo.

Las cifras turísticas se resienten y su imagentambién. El escándalo de corrupción en Mar-bella no aportará ningún aspecto positivo a laindustria turística, un hecho que debería serasumido por los responsables de este sector,que deberían implicarse de igual forma en lalucha contra la corrupción municipal.


La fiebre por los campos de golf que asola ellitoral andaluz no se ve reflejada en lasencuestas sobre los gustos de los turistas. Uninforme elaborado por el Patronato de Turis-mo de la Costa del Sol recoge que para el96,5% de los turistas británicos la Costa delSol es un destino de ocio y descanso, mien-tras que tan sólo un 1,4% considera el golfcomo el principal elemento vacacional, el 2%restante apuesta por los congresos y la moti-vación cultural.

Los municipios litorales que no habían sucum-bido al turismo más depredador están cayen-do uno a uno. La costa de Huelva cada vez separece más a la de Málaga, viéndose sustitui-da la arena por el ladrillo. Cádiz está en plenoproceso de subasta de sus últimos tramos decosta virgen. Granada sustituye el cultivo deaguacates y chirimoyas por el monocultivo delcemento y el levante almeriense se enfrenta alos proyectos más salvajes imaginados paraeste paisaje lunar.

En nombre del turismo se traslada la especu-lación urbanística que arrasa el litoral anda-luz hacia el interior. Uno de los casos más lla-mativos este año ha sido la reclasificación demedio millón de metros cuadrados del Par-que Natural de Los Alcornocales (Cádiz) ava-lada tanto por el director del Parque Naturalcomo por la Consejería de Medio Ambiente,que declara “viable” la construcción de una

urbanización de 200 viviendas unifamiliares,un hotel y un centro geriátrico en terrenosque hasta ahora estaban protegidos. Todo seenmarca dentro del PGOU de Prado del Rey,que plantea urbanizar dos millones demetros cuadrados. Junto al Parque Natural seconstruirá además un campo de golf y 845viviendas. La Consejería de Medio Ambienteha autorizado el riego del campo de golf conagua potable de manantiales de la Sierra deGrazalema.

La última actuación de la Policía Nacional con-tra las mafias organizadas que operan en laCosta del Sol ha acabado con un fraude millo-nario en el sector de la multipropiedad desa-rrollado en las localidades de Fuengirola, Mijasy Coín. Se calcula que 15.000 propietarios, ensu mayoría anglosajones, habrían sido estafa-dos por un valor de 18 millones de euros.

Actuacionesen el litoral

El Ministerio de Medio Ambiente afronta unacomplicada situación en cuanto a la gestióndel litoral andaluz. Las playas pierden arena yel ministerio ya no sabe de dónde sacarlamientras sigue gastándose enormes sumas enla construcción de paseos marítimos. Esta

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Maquinaria pesada trabajando sobre la arena.

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administración debería articular las bases paraque este tipo de actuaciones de carácter lúdi-co fueran construidas fuera del espacio deprotección que estable la Ley de Costas y fue-ran financiadas por los ayuntamientos o lascomunidades autónomas.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene previstofinalizar el deslinde del litoral de Huelva elaño que viene, donde todavía quedan 216kilómetros por delimitar. La urbanización deIsla Canela (Ayamonte), supuso realizar unasobras que invadieron el dominio público marí-timo-terrestre, rellenaron las marismas conescombros y destruyeron las dunas de laplaya. A pesar de la ilegalidad de la actuación,las construcciones han aumentado cada año,devorando la playa y las marismas.

A pesar de que la Dirección General de Costasdeclaró la ilegalidad de las obras por invadirel dominio público marítimo-terrestre, ahora,año tras año, se afana en “arreglar” la situa-ción de una urbanización sobre un espaciodonde las fuerzas de la naturaleza siguenactuando. La pérdida de arena y la granafluencia de algas molestan a los turistas.Ahora la Dirección General de Costas planearecrecer un espigón construido en la desem-bocadura del río Guadiana para evitar la llega-da de algas a los menguantes arenales. Lasactuaciones ilegales no deberían ser premia-das por el Ministerio de Medio Ambiente.

Las marismas del Odiel (Huelva) se enfrentana uno de los procesos de degradación y des-naturalización más graves de todo el litoralespañol. Esta Reserva de la Biosfera sufreenormes impactos procedentes de actividadesprivadas y actuaciones de diversa índole,obras para construir balsas de sedimentosprocedentes del dragado de la ría, perforacio-nes en las dunas para insertar tuberías decrudo y vertidos de aguas fecales.

Fertiberia y Foret en Huelva

La Ley de Polos de Desarrollo de PromociónIndustrial, de enero de 1964, incluyó a la ciu-dad de Huelva y a su ría, en la confluencia de

los cauces del Tinto y del Odiel, en una zonade expansión industrial. En 1968 las empresasFertiberia y Foret obtuvieron la concesión delMinisterio de Medio Ambiente para el vertidode yesos en zona de dominio público maríti-mo-terrestre. Desde entonces empezaron averter sus residuos a los cauces próximos. Adía de hoy unos 120 millones de toneladas defosfoyesos, un residuo tóxico, se han acumu-lado a unos 500 metros de las barriadas dePérez Cubillas y Los Rosales, en las marismasdel río Tinto.

Los reiterados incumplimientos de varias delas 12 condiciones incluidas en la concesiónpara el vertido en las marismas (como la reor-denación de vertidos en altura, utilizar las bal-sas de fosfoyesos como vertedero de residuostanto sólidos urbanos como tóxicos y peligro-sos) hizo que el Ministerio de Medio Ambienteabriera expediente sancionador a Fertiberia.Ello provocó que el propio ministerio, en elaño 1998, iniciara un expediente de caducidadde la concesión. La empresa recurrió en losdiferentes dictámenes de Costas, pues su pre-tensión es que los terrenos ocupados por losvertidos pasen a ser de su propiedad. El casollegó hasta el Consejo de Estado y, finalmenteen 2004, una Orden Ministerial declaró lacaducidad de la concesión. A pesar de ello, laempresa solicita la suspensión cautelar de laOrden Ministerial y prosigue los vertidos. Elpapel jugado en todo el proceso por la Juntade Andalucía ha sido lamentable con resolu-ciones y apoyos a la empresa en contra delinterés general, de la salud pública y la defen-sa del medio ambiente.

Gracias a la presión social y de los gruposecologistas, el Ministerio de Medio Ambienteestá elaborando un documento para que Ferti-beria y Foret cesen los vertidos en las maris-mas del Tinto. El acuerdo tendrá que ser pac-tado por el ministerio, la Junta de Andalucía,los grupos ecologistas y las empresas. Elpunto más importante del documento es queno habrá cesión de los terrenos situados endominio público marítimo-terrestre y prevé unplan de devolución y restauración de los terre-nos ocupados por los vertidos de fosfoyesos acargo de las empresas contaminantes.

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La zona de El Prado-Castilnovo, un prado lito-ral de una espectacular belleza en la costa deConil (Cádiz), permanece libre de edificacio-nes. El Ayuntamiento de Conil (IU) solicitó a laConsejería de Medio Ambiente la declaraciónde Paraje Natural para defenderlo de la espe-culación urbanística y preservar sus caracte-rísticas naturales y paisajísticas. Sin embargo,ni la Consejería de Medio Ambiente ni el Con-sejo Provincial de Medio Ambiente de Cádizparecen excesivamente dispuestos a protegereste espacio respaldándose en la falta deconsenso social (es necesario señalar que elPSOE local que inicialmente aprobó la pro-puesta, ha cambiado de opinión). La conseje-ría considera que sería más adecuada ladeclaración de Parque Periurbano, figura queotorga un grado de protección muy inferior ala solicitada por el Ayuntamiento de Conil yque se aplica a espacios adjuntos a núcleosurbanos con fines meramente recreativos. Laconsejera Coves se defiende argumentandoque la declaración de paraje natural “suponemucho tiempo”. Ante tal actitud, tanto elalcalde de Conil como Ecologistas en Acciónhan propuesto al Ministerio de MedioAmbiente la compra de estos tres millones demetros cuadrados del litoral.

Una de las noticias más tristes conocidas esteaño ha sido la propuesta para realizar unnuevo deslinde por parte del Ministerio deMedio Ambiente en los terrenos de Las Aletas(Puerto Real) para realizar un polígono indus-trial en dominio público marítimo-terrestre. LaDirección General de Costas considera losterrenos “difícilmente reversibles” actuandono se sabe bien bajo qué presiones.

No es el único polígono industrial en terrenoscosteros. La Junta construye un polígono enuna zona junto al río Palmones en Los Barrios,a pesar de que se trata de una zona inunda-ble, desoyendo las denuncias ecologistas, losinformes desfavorables del Defensor del Pue-blo y los del Servicio de Protección de la Natu-raleza (Seprona) de la Guardia Civil. La zonaestá incluida en el mapa de Riesgos Naturalesy Tecnológicos que elaboró en 1995 la Conse-jería de Obras Públicas, que ahora defiende sucarácter urbanizable.

En la Línea de la Concepción (Cádiz) estánpreocupados por las repercusiones que ten-drán sobre su costa los grandes rellenosque se realizan en la zona este de Gibraltarpara construir un complejo residencial yturístico acompañado de un puerto deporti-vo. La Línea sufre graves problemas de pér-dida de arena desde hace tiempo. El Gobier-no español ha solicitado la paralización delas obras hasta que no se conozca su impac-to ambiental.

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Cazatesoros en el litoral gaditano

La Dirección General de Costas delMinisterio de Medio Ambiente anunciabaen febrero la destitución de GregorioGómez Pina, Jefe de la Demarcación deCostas de Andalucía-Atlántico, responsa-ble de la autorización de un estudiosobre contaminación marina en el litoralgaditano a una empresa instaladora degas y servicios telefónicos de CiudadReal, Plangas SL que, a su vez, subcon-trató para llevar a cabo el trabajo a losbarcos Louise y Maruk III. El capitán deéste último, Roberto Mazzara, expertoen arqueología submarina es un famosocazatesoros italiano.

Las sospechas comenzaron con sus posi-ciones en el mar, nunca junto a puntosnegros, ni en bocanas de emisarios sub-marinos, sino sobre pecios hundidos ydocumentados.

La trama se descubrió al presentarse unadenuncia ante la Capitanía Marítima deAlgeciras y encontrar un muestra de res-tos arqueológicos a bordo de un segun-do barco, el Louise, equipado con unsofisticado equipo y armado con fusilesde guerra. Finalmente la Demarcación deCostas adoptó una resolución de caduci-dad de la concesión para la realizacióndel estudio.


Este año, tan sólo en la provincia de Málaga,se gastarán unos 2 millones de euros enregenerar artificialmente 22 playas. Y es quelas playas de Málaga pierden arena por loscuatro costados. Las barbaridades urbanísti-cas y el exceso de barreras en el mar, enforma de puertos deportivos, diques y espi-gones, han ocasionado una pérdida de arenaconstante y cada vez más generalizada difícil

de solucionar. Y además muy cara. Desde elMinisterio de Medio Ambiente se intentapaliar esta situación, pero no todas las solu-ciones son válidas.

La Dirección General de Costas del Ministeriode Medio Ambiente ha presentado el proyectoExtracción de arenas en la zona de Calahon-da-Cabopino TM de Mijas (Málaga) para la

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Playas naturales en Conil, Cádiz.

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En noviembre de 2005 el Ministerio deMedio Ambiente, la Junta de Andalucía y elAyuntamiento de Níjar (Almería) anunciabanconjuntamente la demolición del EdificioGenoveses, dentro del Parque Natural Cabode Gata-Níjar.

La historia de este edificio comienza en1983, cuando el Ayuntamiento de Níjar con-cedió la licencia de obras en una zona nourbanizable invadiendo las servidumbres detránsito y protección que establece la Leyde Costas. El edificio de apartamentos conpiscina comenzó a construirse, pero unadenuncia efectuada por la Asociación deVecinos “Mar y Sol” de San José consiguióque el Tribunal Supremo declarara ilegal lalicencia de obras. Los propietarios del

inmueble reclamaron entonces una compen-sación económica al Ayuntamiento por lasobras efectuadas. Para evitarlo, el Ayunta-miento de Níjar optó por comprar el edificioilegal y en ruinas por 7,5 millones de eurosy propuso que fuera declarado de interéspúblico, intento desestimado por sentenciade los Juzgados de Almería. Pero la demoli-ción no llegaba y Ecologistas en Acción deAndalucía presentó un nuevo recurso con-tencioso que ya estaba visto para sentenciacuando las tres administraciones acordaronla demolición del hotel. Las mismas tresadministraciones implicadas en la concesiónde la licencia y en el retraso durante 22años de la demolición. Pura coincidencia.

Fuente: Ecologistas en Acción de Andalucía

La demolición del Edificio Genoveses tras 22 años de ilegalidad


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Instalación de bloques de hormigón para combatir la erosión en la costa de Cádiz.

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extracción de veinte millones setecientoscincuenta mil metros cúbicos de arena(20.750.000 m3) con el objetivo de regenerarartificialmente 30 playas de esta provincia. Setrata de una enorme cantidad de sedimentos,cuya extracción puede tener consecuenciasmuy negativas para las playas de Mijas. Losproyectos de dragado de arena suponen unaafección negativa significativa donde se desa-rrollan. Durante la extracción los fondos mari-nos sufren tanto la succión de la vegetaciónexistente como la turbiedad que genera, res-ponsables de la muerte de hábitats y especies.

Según el documento del proyecto, la extrac-ción se realizará en una zona donde no existeningún lugar que ostente una figura de pro-tección. Resulta inaudito que el propio Minis-terio de Medio Ambiente oculte la presenciade espacios propuestos como Lugares deInterés Comunitario en la zona marítimo-terrestre de Málaga (LIC ES 6170036 FondosMarinos de la Bahía de Estepona, LIC ES6170030 Calahonda y LIC ES 6170002 Acanti-lados de Maro y Cerro Gordo). La actuaciónpropuesta por el Ministerio de Medio Ambien-te afectaría directamente al LIC ES 6170030Calahonda, de gran importancia por la pre-sencia de Posidonia oceanica. Resulta censu-rable que el Ministerio de Medio Ambienteproponga como “yacimientos de explotación”hábitats protegidos por el anexo I de la Direc-tiva de Hábitats europea.

El proyecto incumple igualmente el requisitomarcado por el artículo 63 de la Ley de Cos-tas, que señala la obligatoriedad de determi-nar con exactitud el punto de destino de laarena extraída.

No es la única actuación de los ingenieros deCostas en espacios protegidos del litoral. Lostrabajos para la regeneración de la playaPunta de la Plata en la Bahía de Esteponaincluyen la construcción de un espigón frentea la desembocadura del arroyo Monterrosoque afectarán al Lugar de Interés Comunitariode la Bahía de Estepona, incluido en la RedNatura 2000 gracias a la presencia de las pra-deras sumergidas de Posidonia oceanica másoccidentales de todo el Mediterráneo. Ecolo-gistas en Acción ha presentado una queja antela Comisión Europea ya que el Ministerio deMedio Ambiente no ha realizado la obligatoriaEvaluación de Impacto Ambiental del proyecto.

La Dirección General de Costas ha decididoemprender un proyecto de regeneración en ellitoral de La Fabriquilla, en San Miguel deCabo de Gata (Almería), que permitirá la urba-nización de la zona.


Puertos

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía(EPPA), responsable de la gestión de lospuertos deportivos andaluces, tiene comoobjetivo para 2015 duplicar la cifra actual deamarres hasta llegar a los 25.000. Actualmen-te hay 42 puertos deportivos y 13.500 ama-rres repartidos por los 871 kilómetros decosta andaluza. Málaga y Cádiz son las pro-vincias con más instalaciones (11), seguidaspor Almería (9), entre las tres concentran el75% de los amarres.

La proliferación de puertos deportivos care-ce de coordinación con las administracionesambientales, lo que desemboca en un evi-dente perjuicio para las costas y especial-mente las playas y espacios naturales adya-centes a los puertos deportivos. Losgestores de estas instalaciones harían bienen impulsar de manera prioritaria medidasencaminadas a proteger el territorio y elturismo, poner en práctica medidas contra lacontaminación e impedir la ubicación depuertos en aquellos puntos donde el dañoambiental es seguro. Estarían asegurando supropio futuro.

En Huelva los planes de la Junta de Andalucíapersiguen aumentar de 1.200 a 2.000 los atra-ques existentes.

La Autoridad Portuaria de Algeciras promuevela construcción de un puerto deportivo en LaLínea de la Concepción con 800 amarres. En laciudad de Cádiz el Ayuntamiento ha proyecta-do otro puerto deportivo. En Puerto Real seha presentado un proyecto para construir unpuerto deportivo con 320 amarres. En Chipio-na sigue adelante el proyecto de ampliacióndel puerto deportivo que destruiría completa-mente la playa Micaela y unos valiosos fondosmarinos incluidos en la Reserva de Pesca de laDesembocadura del Río Guadalquivir. En Tarifase ha propuesto la ampliación del puerto de lalocalidad que obvia los daños ambientalesque provocará. El nuevo puerto deportivo deGallineras, en San Fernando, está a punto definalizar sus obras.

Benalmádena va a ampliar su puerto deporti-vo para alcanzar los 2.000 amarres, duplican-do el número actual. En la Costa del Sol tam-bién han licitado obras de ampliación de LaBajadilla, en Marbella, que pasará de 268 a704 amarres. La Caleta, en Vélez-Málaga,aumentará de los 248 actuales a 568. En ellímite entre Torrox y Nerja se plantea la reali-zación de un puerto deportivo con 420 ama-rres en Calaceite. En Málaga capital se ha

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El fraude de Puerto Sherry

Desde sus comienzos en 1982 la historiade este puerto deportivo, situado en ElPuerto de Santa María (Cádiz), ha estadorodeada de irregularidades e ilegalidades.Puerto Sherry se inició con una cesión desuelo urbano sin las cesiones obligatoriaspara zonas verdes y equipamientos públi-cos. Iba a ser un complejo turísticomodelo, motor de la economía de laBahía de Cádiz, pero se quedó en unmero “pelotazo”. Los gestores del puerto,Marina de El Puerto de Santa Maria, lodejaron “morir” hasta que finalmente seprodujo la quiebra.

La solución acordada por las administra-ciones ha consistido en que a los mismosresponsables de la quiebra se les ofrecela posibilidad de recuperar la concesión yademás se les premia aumentando la edi-ficabilidad de las zonas adyacentesmediante la firma de un convenio urba-nístico que recalifica suelo hotelero ycomercial convirtiéndolo en residencial. Elayuntamiento, además, renuncia al cobrode la deuda contraída por los propieta-rios del puerto deportivo.

El 50% de la empresa gestora pertenecea Joaquín Rivero, presidente de Metrova-cesa, una de las mayores constructorasdel país.

Fuente: Ecologistas en Acción Cádiz


recuperado la idea para construir un nuevopuerto deportivo en Baños del Carmen. LaEPPA acaba de sacar a concurso la ampliacióndel puerto deportivo de Fuengirola para pasarde los 124 amarres actuales a cerca de mil. Elplan para construir un nuevo puerto deporti-vo en La Cala (Mijas) con 2.000 amarres hasuscitado críticas por los daños que ocasio-naría a las playas donde se pretende ubicar.

Marina de Arraijanal

El proyecto de construcción del puerto depor-tivo Marina del Arraijanal en la periferia urba-na de Málaga plantea ocupar cerca de un kiló-metro del litoral de Guadalmar para construiruna marina interior con 900 atraques, unaurbanización con 1.600 viviendas y 800 plazashoteleras en una parcela de 60 hectáreas.

A pesar de que fue desestimado por la Juntade Andalucía en 2003, el ayuntamiento buscóuna fórmula que le permitiera sortear este“contratiempo” separando la instalación náuti-ca de las edificaciones y eludiendo así el infor-me vinculante de la Comisión Provincial deUrbanismo. El ayuntamiento aprobó el proyec-to el pasado 12 de agosto.

Pero la actuación del Ministerio de MedioAmbiente desbarató los planes del alcalde,Francisco De la Torre. A finales del año pasa-do la Dirección General de Costas emitió uninforme desfavorable (el tercero) sobre elproyecto y anunció la expropiación de losterrenos para dedicarlos a “uso ciudadano”.A pesar de ello el alcalde ha solicitado uninforme jurídico que le permita aprobar lamodificación del PGOU para seguir adelantecon el proyecto. El Ministerio de MedioAmbiente acaba de remitir su informe negati-vo a la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-miento de Málaga.

En la costa de Granada existen dos puertosdeportivos, pero los nuevos planes urbanísti-cos incluyen la construcción de más instalacio-nes. En Almuñécar el nuevo PGOU aprueba laconstrucción de dos nuevos puertos deporti-vos, el de Chinagorda y Marina seca, además

de la ampliación del actual. El de Marina Secase ha proyectado tierra adentro, en la vegatropical para sustituir las plantaciones deaguacates y chirimoyas. Salobreña ha incluidoun puerto deportivo en su PGOU.

En Roquetas de Mar está proyectada laampliación del puerto deportivo para construirmás de 400 amarres.

En la ciudad de Almería se ha planteado laposibilidad de construir un nuevo puertodeportivo junto a la Universidad que provoca-ría impactos negativos muy significativossobre los aportes de arena a las playas deRetamar y Toyo, según ha denunciado elgrupo ecologista Cóndor. Los planes paraampliar de 50 a 250 amarres el puerto depor-tivo de San José pretenden esquivar las limita-ciones que introduce el PORN del ParqueNatural Cabo de Gata-Níjar.

ContaminaciónEl Ministerio de Medio Ambiente y la Junta deAndalucía han firmado este año un conveniopara invertir 319 millones de euros en obrashidráulicas y de saneamiento. Se dará así unimpulso a la depuración de aguas residualesen el litoral andaluz, donde grandes munici-pios como Algeciras o Nerja no depuran susaguas residuales, que son vertidas al mar.

Resulta incomprensible por parte de las admi-nistraciones la escasa atención que prestan aeste apartado que provoca lamentables episo-dios de contaminación a los que ya estánacostumbrados los veraneantes, como lascotidianas “natas” de las playas malagueñas olos bautizados como “OFNIS” (objetos flotan-tes no identificados) que impiden el baño yproceden de depuradoras de escasa capaci-dad y reducido poder de depuración.

Grandes municipios de la costa de Cádizsiguen sin depurar sus aguas residuales. Loca-lidades como Barbate, Conil, Chipiona, PuertoReal, El Puerto de Santa María, Sanlúcar deBarrameda o Tarifa tienen depuradoras que o

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Vertido contaminante en la desembocadura del río Barbate, en Barbate (Cádiz).

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no funcionan o, si lo hacen, son claramenteinsuficientes por lo que siguen arrojandoaguas residuales al litoral. De todas las aguasresiduales que se vierten al litoral de esta pro-vincia, sólo un 4% son reutilizadasVII.

La Fiscalía de Medioambiente de la AudienciaProvincial de Cádiz ha remitido al juzgado deBarbate la denuncia interpuesta por la plata-forma “Depuradora ¡ya!” al apreciar indiciosde delito en las actuaciones del Ayuntamien-to de Barbate y la Junta de Andalucía respec-to a la Estación Depuradora de Aguas Resi-duales (EDAR) del municipio. La plataformadenunció el pasado mes de septiembre aestas administraciones por presuntos delitoscontra el medio ambiente y los recursosnaturales, malversación de caudales públicosy prevaricación.

La Consejería de Medio Ambiente abrió el añopasado un expediente al Ayuntamiento de SanFernando por los continuos vertidos de aguasresiduales al Parque Natural Bahía de Cádiz.

Uno de los casos más graves de contamina-ción, con consecuencias directas para lapoblación, en el litoral de Andalucía se dio elverano pasado en Rota (Cádiz). La contamina-ción de los conductos de agua potable conaguas fecales provocó 100 casos de gastroen-teritis (300 según los vecinos) en la urbaniza-ción Alca Golf en Costa Ballena.

La playa urbana de Sanlúcar de Barramedarecibe los vertidos de aguas residuales proce-dentes del arroyo de San Juan.

Sólo un tercio de la costa de Málaga depurasus aguas residuales. Nerja, Torrox y la zonanorte del Guadalhorce esperan a que se cons-truya una depuradora en su territorio. Estepo-na, Manilva y La Cala de Mijas necesitanampliar sus estaciones depuradoras. EnBenalmádena y Fuengirola las depuradorasestán en proceso de construcción.

En Vera se produjo el verano pasado un graveepisodio de contaminación por un vertido deaguas fecales en la desembocadura del ríoAntas, conocido como la laguna de Vera, yque afectó al playazo de Vera.

Los vertidos de petróleo siguen siendo unaconstante en algunos puntos del litoral anda-luz. En noviembre de 2005 se detectó un ver-tido de petróleo en la costa de la ciudad deHuelva debido a la descarga de un petroleroen la monoboya de la refinería La Rábida, deCepsa, que alcanzó la Flecha del Rompido. LaFiscalía de la Audiencia Provincial de Huelvaabrió diligencias para investigar este episodiode contaminación.

La bahía de Algeciras sufre episodios de con-taminación con regularidad. Un estudio elabo-rado por la Universidad de Cádiz ha permitido


determinar que los efectos de los grandes ver-tidos como el del Prestige (77.000 toneladas)son menores que los detectados en lugaresde alta concentración de industrias que arro-jan sus residuos al mar de forma continuada.Esta conclusión se extrae al comparar losniveles de contaminación de la costa gallega yla del Campo de Gibraltar, descubriendo quelos niveles de toxicidad presentes en la bahíade Algeciras son superiores a los de las zonasafectadas por el Prestige.

Los vertidos se producen con una frecuenciaaterradora. En 2005 se vertieron 9.360 litrosde hidrocarburos a las aguas de la bahía. Enseptiembre de 2005 el Eileen derramaba7.000 litros de fuel. Tres meses después elBerge Frost provocaba un vertido que afectó ala playa de Getares. El pasado mes de febreroel Spabunker 22 realizaba un nuevo vertidode fuel cuando realizaba “bunkering”, o avi-tuallamiento de combustible en alta mar, per-mitido por Gibraltar.

Hasta el pasado mes de abril Gibraltar esca-paba a la legislación comunitaria sobre elpaso de buques con mercancías peligrosas.Esto ha provocado que muchos buquesmonocasco cargados con mercancías peligro-sas se “escondan” frente a la Costa del Sol, a200 millas de Estepona, fuera del control dela inspección al ser una zona calificada como“de paso”.

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Refinería de San Roque, sobre la misma arena.

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Enlaces de interés

AGADEN: agaden.e.telefonica.net

Amigos del Parque Natural de Cabode Gata-Níjar:www.cabodegata.net

Asociación Cultural La Laja:www.lalaja.org

Ecologistas en Acción:www.ecologistasenaccion.org

Grupo Cóndor: www.grupocondor.org

Plataforma Pinar de Hierro:www.pinardehierro.com

Red Andaluza en Defensa del Territorio:www.radete.org

Salvemos Mojácar yel Levante Almeriense:www.salvemosmojacar.org

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Huelva1. Ayamonte. Urbanización 5millones de metros cuadrados2. Isla Cristina. Urbanizaciónmasiva.3. Cartaya. Urbanización conafección a espacios naturalesprotegidos4. Huelva. Contaminación en lasmarismas del Odiel.

Cádiz5. Sanlúcar de Barrameda.Numerosas irregularidadesurbanísticas. 18.000 nuevasviviendas Depuración incorrectade aguas residuales.6. Chipiona. Puerto deportivo quedestruirá la playa Micaela.Depuración incorrecta de aguasresiduales.7. El Puerto de Santa María.Numerosas irregularidadesurbanísticas. Campo de golf enhábitat protegido. Puerto Sherry:urbanización. Depuraciónincorrecta de aguas residuales.8. Puerto Real. Las Aletas:polígono Industrial en dominiopúblico marítimo-terrestre.Depuración incorrecta de aguasresiduales.9. San Fernando. Plan parcial LaCaseria: 7 torres de 16 plantas aescasos metros de la línea decostas. Vertidos de aguasresiduales.10. Chiclana. PGOU anulado,plantea 40.000 nuevas viviendasy legalización de 10.000. Proyectopara urbanizar el Pinar de Hierro.

11. Conil. 5.000 viviendas (1.000este año). Depuración incorrectade aguas residuales.12. Vejer. Urbanización de litoralvirgen.13. Barbate. Construcción dehoteles en primera línea de playa.Urbanización Montenmedio(Barbate-Vejer): construida sinlicencia y con sentencia dederribo. Ahora tratan delegalizarla. Depuradora en malestado.14. Tarifa. Atlanterra: cerca de2000 nuevas viviendas y uncampo de golf. Ampliación depuerto. Depuración incorrecta deaguas residuales.15. Bahía de Algeciras. Episodiosconstantes de contaminación porvertidos de hidrocarburos.16. Gibraltar. Urbanización enterrenos ganados al mar medianterellenos que afectan a la dinámicalitoral de La Línea de laConcepción.

Puntos negros en el litoralandaluz. Huelva y Cádiz

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Málaga17. Estepona. Urbanizaciónmasiva: 82.000 nuevas viviendasy legalización de 3.000 ilegales.Depuración incorrecta de aguasresiduales.18. Playa Punta de la Plata (Bahíade Estepona). Espigón frente adesembocadura del arroyoMonterroso.19. Marbella. Urbanización ilegal:30.000 viviendas ilegales. Variasconstructoras están denunciadaspor desobediencia al no paralizarlas obras pese a haber sentenciasen firme. Corrupción. Ampliaciónpuerto deportivo de La Bajadilla.

20. Fuengirola. Ampliación puertodeportivo.21. La Cala. Mijas. Nuevo puertodeportivo destruyendo playas.Depuración incorrecta de aguasresiduales.22. Benalmádena. Ampliación delpuerto deportivo.23. Vélez-Málaga. Urbanización endesembocadura. Ampliaciónpuerto deportivo La Caleta.24. Torrox. Carece de depuradorade aguas residuales.25. Nerja. Carece de depuradorade aguas residuales.

Granada26. Almuñécar. Urbanizaciónmasiva: 28.000 nuevas viviendas,6.000 plazas hoteleras, cuatrocampos de golf y dos puertosdeportivos.27. Salobreña. Urbanizaciónmasiva: 16.000 nuevas viviendas,dos campos de golf y un puertodeportivo.28. Motril. Urbanización masiva:12.000 viviendas.29. Calahonda-Cabopino.Extracción de 20 millones demetros cúbicos de arena pararegeneración artificial afectandoa LICs.

Puntos negros en el litoralandaluz. Málaga y Granada

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Almería30. Aguadulce. Roquetas de Mar.Urbanización de tres bloques de600 viviendas en acantilados.31. La Fabriquilla. San Miguel deCabo de Gata. Urbanización consentencia favorable en espacionatural protegido e invadiendo laservidumbre de costas.32. San José. PN Cabo de Gata.Ampliación del puerto deportivo.33. La Isleta del Moro. PN Cabode Gata. Urbanización ilegal enespacio natural protegido.34. Las Negras. PN Cabo de Gata.30 hectáreas de suelo protegidodeclaradas urbanizablesilegalmente por el Ayuntamientode Níjar. El nuevo PORN delparque natural las legalizaría.

35. Aguamarga. Níjar. PN Cabo deGata. Urbanización de 48 ha. enzona doblemente protegida consentencia favorable no recurridapor la Junta.36. El Algarrobico. Carboneras. PNCabo de Gata. Urbanización ilegalen espacio natural protegido einvadiendo la servidumbre deprotección.37. Playa Macenas. Mojácar.Urbanización en dominio públicomarítimo-terrestre y dominiopúblico hidraúlico.38. Vera. Planes de urbanizaciónmasiva (118.000 viviendas)paralizados.39. Antas. Urbanización masiva:60.000 nuevas viviendas y cincocampos de golf.40. Cuevas del Almanzora. Planesde urbanización masiva (148.000viviendas) paralizados.

Puntos negros en el litoralandaluz. Almería

Abreviaturas

BIC Bien de Interés CulturalCAM Caja de Ahorros del Mediterráneo.COTMAC Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de CanariasDIA Declaración de Impacto AmbientalEDAR Estación Depuradora de Aguas ResidualesEIA Evaluación de Impacto AmbientalENCE Empresa Nacional de CelulosasFEDER Fondos Europeos de Desarrollo RegionalFSC Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal)GEN Grup d'Estudis de sa Naturalesa de IbizaGOB Grupo Ornitológico BalearHa HectáreaHm3 Hectómetros cúbicosICV Iniciativa Per CatalunyaILP Iniciativa Legislativa PopularIP Independientes Portuenses (El Puerto de Santa María, Cádiz)IVVSA Instituto Valenciano de la Vivienda (Comunidad Valenciana)IU Izquierda UnidaJEN Junta de Energía NuclearLIC Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 europeaLIFE Instrumento Financiero para el Medio AmbienteLOUA Ley de Ordenación Urbanística de AndalucíaLRAU Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad ValencianaLUV Ley Urbanística ValencianaM2 Metros cuadradosPA Partido AndalucistaPAI Programa de Actuación Integrada (Comunidad Valenciana)PATL Plan de Actuación Territorial del Litoral (Comunidad Valenciana)PGOU Plan General de Ordenación UrbanaPIB Productor Interior BrutoPIOT Plan Insular de Ordenación y Territorio (Islas Canarias)PN Parque NaturalPOLA Plan de Ordenación Litoral de AsturiasPOTA Plan de Ordenación del Territorio de AndalucíaPOTLOH Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de HuelvaPP Partido PopularPSIR Proyecto Singular de Interés Regional (Cantabria) PSOE Partido Socialista Obrero EspañolPSPV Partido Socialista del País ValencianoPTI Plan Territorial Insular (Ibiza y Formentera)PXOM Plan Xeral de Ordenación Municipal (Galicia)RACC Real Automóvil Club de CataluñaSEPRONA Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia CivilTSJ Tribunal Superior de JusticiaUV Unió ValencianaVPO Vivienda de Protección OficialZEPA Zona de Especial Protección Para las Aves de la Red Natura 2000 europea

Abreviaturas

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Destrucción a toda costa 2006 Referencias

I Análisis de las propuestas de modificaciónde la Ley 13/2005 de Medidas para laVivienda Protegida y el Suelo. Ecologistasen Acción de Andalucía. Marzo 2006.

II “Los Convenios Urbanísticos dePlaneamiento: un instrumento para ladesigualdad”. Inmaculada González Mena.Área de Defensa Jurídica de Ecologistasen Acción Andalucía. Marzo 2006.

III Informe anual de Analistas Económicosde Andalucía. Octubre 2005.

IV Atlas de nuestro entorno cambiante.Agencia de Naciones Unidas para el MedioAmbiente. 2005.

V El artículo 25 de la Ley de Costas prohíbelas edificaciones destinadas a residencia ohabitación en la servidumbre de protecciónde costas.

VI Palomares. 38 años de radiación nuclear.José Javier Matamala García. Almediam.

VII Golf y urbanismo en la provincia de Cádiz:la insostenibilidad de un nuevo modeloturístico. Ecologistas en Acción de Andalucía.

Referencias

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destrucción a toda costaarchivo-es.greenpeace.org/espana/global/espana/report/other/... ·...

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