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DERECHO CONSTITUCIONAL II: Antecedentes.- Cronológicamente esta disciplina jurídica, surge en épocas relativamente recientes, ya que el derecho se desarrolló primero en el ámbito privado, pues los intereses de la sociedad antigua estaban vinculados a los aspectos de la familia, y a los patrimoniales de las personas, asociados al derecho civil; de esta forma, no sorprende que la mayor civilización del mundo antiguo, la romana, cultivara preferentemente dichas normas. Posteriormente, en el curso de la edad media, se configuró un área pública, preocupada primero por establecer sanciones en contra de aquellos que vulneraran bienes jurídicos asociados a los valores de la iglesia y de la monarquía; elaborando más adelante, normas relativas a la recaudación de tributos o al establecimiento de aranceles aduaneros para financiar las arcas del rey. Sólo cuando el Estado moderno logra su plena madurez, a finales del siglo XVIII, surge un área específica dentro de la ciencia jurídica, destinada a regular la estructura de tal institución, así como las relaciones entre gobernantes y gobernados, comenzando a configurarse el derecho constitucional. El Derecho Constitucional representa la base fundamental del Derecho Público interno, ya que la Constitución Política es el texto superior del ordenamiento jurídico del Estado moderno, toda vez que las demás normas que lo integran se crean, modifican, derogan y controlan de acuerdo con sus preceptos y sólo gracias a ella adquirirán vigencia y validez (principio de supremacía constitucional). De tal manera que, podemos afirmar que esta disciplina es relativamente reciente, pues comienza a tomar forma a partir de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y después del triunfo de la revolución francesa. Sin embargo, la gran época de florecimiento del Derecho Constitucional tiene lugar a partir del último tercio del siglo XIX, cuando el sistema constitucional se logró afianzar no sólo en Europa y Estados Unidos, sino que se extendió a todo el mundo moderno. Justamente la implantación generalizada de sistemas constitucionales y la consolidación del concepto de Estado de Derecho fueron los motivos principales que afianzaron la consolidación de la materia. Uno de los principios fundamentales que contribuyó al nacimiento del Derecho Constitucional fue suponer que los gobernantes eran hombres comunes, por tanto, sometidos al ordenamiento legal como cualquier otro ciudadano, concepto que generado remotamente en la Grecia Ateniense se había perdido en la noche de los tiempos medievales, regresando triunfante como bandera de lucha del movimiento liberal que lo impuso como ideal de la democracia moderna. La voluntad ciudadana de someter a los gobernantes al imperio del derecho se manifestó con el establecimiento de las primeras constituciones, incluyendo en ellas la obligación de ajustar el ejercicio del poder a la Ley Fundamental y a las demás normas creadas de acuerdo con ella, atribuyendo a este principio una fuerza tal que se le revistió de una rigidez especial para evitar que fuese alterado por el solo capricho de la autoridad. El constitucionalismo clásico cambió la sociedad fundada en la historia y las tradiciones al expandir la idea de crear una sociedad basada en la voluntad de los hombres, a partir de una especie de pacto social sustentado por los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau, pasando a ser los ciudadanos los sujetos a quienes corresponde determinar los principios básicos de la estructura del poder y 1

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Page 1: DERECHOCONSTITUCIONAL I y II

DERECHO CONSTITUCIONAL II:

Antecedentes.- Cronológicamente esta disciplina jurídica, surge en épocas relativamente recientes, ya que el derecho se desarrolló primero en el ámbito privado, pues los intereses de la sociedad antigua estaban vinculados a los aspectos de la familia, y a los patrimoniales de las personas, asociados al derecho civil; de esta forma, no sorprende que la mayor civilización del mundo antiguo, la romana, cultivara preferentemente dichas normas.

Posteriormente, en el curso de la edad media, se configuró un área pública, preocupada primero por establecer sanciones en contra de aquellos que vulneraran bienes jurídicos asociados a los valores de la iglesia y de la monarquía; elaborando más adelante, normas relativas a la recaudación de tributos o al establecimiento de aranceles aduaneros para financiar las arcas del rey.

Sólo cuando el Estado moderno logra su plena madurez, a finales del siglo XVIII, surge un área específica dentro de la ciencia jurídica, destinada a regular la estructura de tal institución, así como las relaciones entre gobernantes y gobernados, comenzando a configurarse el derecho constitucional.

El Derecho Constitucional representa la base fundamental del Derecho Público interno, ya que la Constitución Política es el texto superior del ordenamiento jurídico del Estado moderno, toda vez que las demás normas que lo integran se crean, modifican, derogan y controlan de acuerdo con sus preceptos y sólo gracias a ella adquirirán vigencia y validez (principio de supremacía constitucional).

De tal manera que, podemos afirmar que esta disciplina es relativamente reciente, pues comienza a tomar forma a partir de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y después del triunfo de la revolución francesa. Sin embargo, la gran época de florecimiento del Derecho Constitucional tiene lugar a partir del último tercio del siglo XIX, cuando el sistema constitucional se logró afianzar no sólo en Europa y Estados Unidos, sino que se extendió a todo el mundo moderno. Justamente la implantación generalizada de sistemas constitucionales y la consolidación del concepto de Estado de Derecho fueron los motivos principales que afianzaron la consolidación de la materia.

Uno de los principios fundamentales que contribuyó al nacimiento del Derecho Constitucional fue suponer que los gobernantes eran hombres comunes, por tanto, sometidos al ordenamiento legal como cualquier otro ciudadano, concepto que generado remotamente en la Grecia Ateniense se había perdido en la noche de los tiempos medievales, regresando triunfante como bandera de lucha del movimiento liberal que lo impuso como ideal de la democracia moderna.

La voluntad ciudadana de someter a los gobernantes al imperio del derecho se manifestó con el establecimiento de las primeras constituciones, incluyendo en ellas la obligación de ajustar el ejercicio del poder a la Ley Fundamental y a las demás normas creadas de acuerdo con ella, atribuyendo a este principio una fuerza tal que se le revistió de una rigidez especial para evitar que fuese alterado por el solo capricho de la autoridad.

El constitucionalismo clásico cambió la sociedad fundada en la historia y las tradiciones al expandir la idea de crear una sociedad basada en la voluntad de los hombres, a partir de una especie de pacto social sustentado por los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau, pasando a ser los ciudadanos los sujetos a quienes corresponde determinar los principios básicos de la estructura del poder y de su ejercicio, es decir, la base de la sociedad pasó a depender del consentimiento de los individuos y no de la decisión autoritaria y absoluta del gobernante.

Hacia fines del siglo XVIII, aparecieron los primeros textos escritos que contienen tales ideas, así ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Declaración de Independencia, en la Constitución de Philadelphia y en Francia en 1789, por medio de la Declaración de los Derechos del Hombre.

Sin embargo la madurez del Derecho Constitucional la situamos en las postrimerías del siglo XIX, como consecuencia del predominio alcanzado en esa época, por el positivismo jurídico que logró imponerse como el paradigma científico dominante en los estudios de la materia, en torno a este pensamiento se articularán estudios analíticos y polémicas doctrinales, haciendo una contribución decisiva a la formación del Derecho Político.

En efecto, el positivismo contribuyó a la formulación de sistemas conceptuales basados exclusivamente en la aplicación de la lógica del derecho, dejando fuera las consideraciones históricas, filosóficas o políticas.

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Sin duda que el principal exponente de esta tendencia fue Hans Kelsen, quien fundamenta su teoría justamente en la delimitación del objeto de la ciencia jurídica a partir de su teoría pura del derecho, el objeto del derecho queda reducido a las normas, y la ciencia del derecho se centra en el análisis de ellas, desde la perspectiva de su validez, entendiendo por tal precisamente la existencia específica de una norma.

Reconociendo que los planteamientos positivistas le dieron autonomía científica y desarrollo al Derecho Constitucional, no es menos cierto, que sus postulados metodológicos, desligados de cualquier referente axiológico o social, condujeron a la incomprensión de los cambios que se estaban generando en la estructura política y social de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, acarreando graves consecuencias en las primeras décadas de la centuria pasada.

Algunos aportes de Hans Kelsen al Derecho Constitucional.- Este autor sostiene que el derecho desde una perspectiva dinámica es algo creado a través de un determinado proceso, siendo jurídico todo lo creado de tal manera; de acuerdo con ello, una norma pertenece a cierto orden jurídico, si es creada conforme a un procedimiento prescrito por la ley fundamental del propio orden.

Carácter jerárquico del ordenamiento jurídico.- (norma superior y norma inferior) Para Kelsen si se hace un análisis de la ciencia jurídica se pone de manifiesto el carácter dinámico del sistema jurídico y el rol de la norma fundamental.

Señala que el derecho se distingue de otras disciplinas sociales, en cuanto éste regula su propia creación, ya que una norma jurídica determina la forma en que otra es creada y además condiciona el contenido de ella.

Cuando una norma jurídica es válida por haber sido creada en la forma establecida por otra, esta última constituye la razón de validez de la primera, es decir, ellas se encuentran supra y subordinadas, siendo superior la que determina la creación de la otra. De aquí resulta que el orden jurídico es un orden jerárquico, que establece distintos niveles, en el que la norma de grado más alto es la Constitución Política del Estado, pues ella representa la suprema razón de validez de todo el sistema legal.

Kelsen plantea el problema de la validez de las normas jurídicas en relación con la Constitución y dice que “la derivación de las normas de un orden jurídico de la norma fundamental del sistema, se realiza mostrando cómo las normas particulares han sido creadas de acuerdo con la norma básica, así si un policía apresa a alguien, la validez de este acto deriva de una sentencia judicial, la que a su vez es idónea porque ella se dictó conforme a la ley penal y ésta vale porque se ajusta a la Constitución y a los mecanismos establecidos por ella”. Si nos preguntamos porqué la Constitución es válida, debemos señalar que se debe a que atribuimos validez al procedimiento que la estableció y porque estamos de acuerdo con sus principios.

Contenido formal y material de la Constitución, según Hans Kelsen.- En su sentido material, la ley fundamental está constituida por los conceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales, particularmente de las leyes; mientras que en el aspecto formal es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que sólo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas.

La Constitución Material, es decir, las normas que regulan la “creación” de preceptos generales y –en derecho moderno–, las que determinan los órganos y el proceso legislativo, constituyen el elemento esencial de cada orden jurídico.

Kelsen agrega que una Constitución en sentido formal, especialmente en lo que se refiere a los preceptos por los cuales su modificación es más difícil que los de las leyes ordinarias, sólo tiene vigencia cuando ella consta en un texto escrito, es decir, cuando tiene el carácter de estatuto, lo que no ocurre en todos los estados, ya que algunos carecen de constitución escrita y por lo tanto, no tienen texto formal, en tal caso, la Constitución en sentido material se funda en el derecho consuetudinario no habiendo diferencia entre las leyes constitucionales y las ordinarias.

De lo anterior se desprende que una Constitución en el sentido material, puede ser escrita o no, o sea, tener el carácter de derecho legislado o el de derecho consuetudinario.

En sentido material, la Constitución puede referirse no sólo a los órganos que participan en el proceso legislativo, puede además, determinar el contenido de las leyes futuras, también puede señalar lo que no deben contener las leyes que se dicten bajo su imperio. Inclusive las decisiones judiciales y administrativas, que forman parte del orden jurídico, según Kelsen, pero que no tiene vigencia general en cuanto actos que sólo atañen a los involucrados, son determinados por la Constitución, ya que deben ajustarse a sus preceptos.

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Valor de la costumbre en el Derecho Constitucional.- Kelsen sostiene que ella vale si la Constitución –en el sentido material de la palabra– la instituye como procedimiento de creación jurídica al lado de la legislación, agregando que en tal caso, ella tiene que ser como la legislación escrita una institución constitucional, lo que a veces se señala expresamente en el texto de la Ley fundamental; pero puede ocurrir que la constitución misma no sea escrita y basarse en el derecho consuetudinario, como ocurre en Inglaterra; sin embargo, el derecho basado en la costumbre solamente tendrá valor jurídico en aquellos casos en los que los órganos encargados de aplicar el derecho –los tribunales– tienen que aplicar de igual forma las normas legisladas como la costumbre.

Para Kelsen el concepto de Constitución Política, no es exactamente el mismo del punto de vista de la Teoría del Derecho, que de la óptica de la Teoría Política, en el primer sentido se refiere al aspecto material de la Ley Fundamental, es decir, a las normas que regulan el proceso legislativo; en tanto que, en su aspecto político, la Constitución abarca además de lo anterior, las normas que regulan la creación y competencia de los órganos del estado.

En el sentido formal del término, la Constitución comprende los más variados elementos, entre ellos:

Preámbulo: que es aquella parte introductoria que expresa las ideas políticas, morales y religiosas que el ordenamiento jurídico pretende promover, en general, aquí no se señalan normas definidas sobre la conducta humana por lo que tiene poca relevancia jurídica, más bien expresa una orientación ideológica. Si esta parte fuera suprimida dice Kelsen, la significación real de la Constitución no cambiaría en absoluto

Determinación del contenido de las leyes futuras: La Constitución no se agota en el señalamiento de los órganos del Estado o en el establecimiento del proceso promulgatorio de una ley, también contempla reglas relativas al contenido de tales leyes, así puede contener disposiciones negativas o positivas, es decir, aspectos sobre los cuales no se podrá legislar y otros, en cambio, exigirán la dictación de una ley.Si el legislador expide una ley cuyo contenido está prohibido por la Constitución, este hecho producirá una serie de consecuencias jurídicas que culminarán con la declaración de inconstitucionalidad de tal precepto

Determinación de la función administrativa y de la función judicial: Las constituciones contienen normas de aplicación directa para los órganos administrativos y judiciales, las prescripciones de esta especie deben ser aplicadas por ellos sin que ningún acto legislativo se interponga entre la Constitución y la resolución judicial o el acto administrativo

La ley inconstitucional: La regulación del contenido de la legislación futura por la Constitución, es una técnica que únicamente tiene significación jurídica cuando los cambios constitucionales deben efectuarse de acuerdo con un procedimiento especial, distinto de la rutina legislativa ordinaria, sólo entonces una ley puede ser inconstitucional y este hecho producir efectos jurídicos, ya que si la Constitución se modifica de la misma manera que se cambia una ley ordinaria, rige el principio “lex posterior derogat priori”, por lo que el antiguo precepto constitucional, quedaría derogado por la nueva ley

Prohibiciones constitucionales: El Estado, esto es el individuo que actúa como órgano del estatal, solamente puede hacer aquello que el orden jurídico le autoriza para realizar.En este aspecto, hay que tomar en cuenta que los órganos de los poderes del Estado, son incapaces de funcionar sin estar autorizados para ello por una norma general, ya sea de derecho consuetudinario o escrito, aunque ella lo puede facultar para que obre discrecionalmente, así ocurre generalmente con el poder legislativo que puede crear leyes sobre diversas materias sin restricciones (Constitución de 1925). En cambio, en derecho privado la situación es totalmente diversa, pues el individuo que no actúa como órgano estatal, puede realizar todo lo que no está prohibido por el orden jurídico.Desde el punto de vista jurídico es superfluo prohibir cualquier cosa a un órgano del Estado, pues basta con no autorizarlo para hacerla, no se requiere que el acto esté prohibido expresamente por un precepto de derecho.

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Declaración de derechos: estas declaraciones forman parte de todos los textos constitucionales, sin embargo, señala Kelsen que sólo confieren un derecho a los individuos y es el de tener la posibilidad de proceder contra el acto inconstitucional del órgano del Estado que lo dictó y eventualmente anularlo

Garantía de la Constitución: La función principal de la Constitución en el sentido material consiste en determinar la creación de normas jurídicas generales, los órganos que las elaboran, los procedimientos y el contenido de la norma, un problema fundamental estriba en asegurar la observancia de tales prescripciones constitucionales y garantizar la constitucionalidad de las leyes, para ello el orden jurídico establece un procedimiento especial por el que examina que la norma inferior se ajuste a la superior, debiendo la primera ser abolida si no concuerda con la de mayor jerarquía.Existen varios métodos para anular las normas inconstitucionales, uno consiste en que el órgano que tiene que aplicarla, Poder judicial, puede negarse a aplicar la disposición contraria a la Ley fundamental; al rehusarse a aplicarla el órgano judicial en el caso concreto de que conoce, no la anula en general, sino sólo para el caso individual de que conoce, aunque la ley como tal permanece válida y aplicable a otros casos.También la facultad de examinar la constitucionalidad de las leyes y de invalidar los preceptos inconstitucionales puede ser concedido a un Tribunal Constitucional.La función de anular una ley es una función legislativa; o más bien, un acto de legislación en sentido negativo. La posibilidad de que una ley expedida por el órgano legislativo sea anulada por otro órgano, constituye una importante limitación a la función legislativa, significa que junto al legislador positivo existe un legislador negativo, siendo totalmente distinto el origen de cada uno de ellos, el primero surge de la voluntad popular expresada en la elección del Congreso, en tanto que el segundo se elige de manera diferente según lo que determine cada ordenamiento jurídico

Concepción de Maurice Duverger sobre el Derecho Constitucional.- Según este autor, el Derecho Constitucional es “aquella rama del Derecho Público que reglamenta la organización y funcionamiento de las instituciones políticas de un Estado”. Adquiere su nombre a partir del siglo XIX, cuando sus normas se concentran en un documento solemne llamado Constitución.

Derecho y sociedad.- La noción de derecho es inseparable de la cultura, la que los antropólogos sociales definen como el conjunto de modelos de comportamiento de un grupo social, de tal suerte que toda colectividad descansaría en un conjunto complejo de modelos de comportamiento o roles a los que se adecuan sus integrantes cuando se encuentran en una situación dada, la actuación de los individuos que componen el grupo resulta condicionada por tales roles, es decir, se comporta de acuerdo con una pauta social, cultural, en la que cada uno juega un rol preestablecido; así se conforman las reglas de comportamiento social, cuyo conjunto constituye las normas de comportamiento colectivo. Cuando hablamos de norma nos referimos a una obligación, hacemos algo porque nos sentimos obligados a realizarlo, esto no implica necesariamente que la regla esté respaldada por una coerción material, se apoya en un sistema de valores culturales.

El derecho es un elemento integrante de la cultura que actúa junto con otros aspectos sociales, como las creencias religiosas, las artes, los conocimientos científicos, la moral, las costumbres y en general las demás aptitudes y hábitos que adquieren las personas como producto de su convivencia social. Entre este conjunto de elementos el derecho se distingue por algunas particularidades:

Porque reposa sobre valores de un tipo particular; sus normas se fundan en la distinción entre lo justo y lo injusto; entre lo equitativo y lo no equitativo. El derecho surge cuando las personas intentan regular sus relaciones mediante un equilibrio entre las ventajas y desventajas que cada uno obtiene de esas relaciones, equilibrio entre lo que se intercambia, entre lo que se da y lo que se recibe, entre el daño y la reparación

Otro elemento que distingue al derecho, es la naturaleza de la sanción que respalda a la norma jurídica en caso de violación, en efecto, el derecho está formado por un conjunto de reglas cuya aplicación o violación conlleva sanciones organizadas, lo que se manifiesta en el hecho de que ciertas personas de la colectividad reciben el poder de constatar el cumplimiento o la vulneración

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de las normas jurídicas y de aplicar las sanciones correspondientes, disponiendo de los medios necesarios para hacer respetar sus decisiones. La facultad de sancionar es una de las manifestaciones del poder en general y las personas investidas de tal atribución, forman parte de las autoridades del grupo, aquí también se pone de manifiesto la relación entre el derecho y la política.

Otro elemento que distingue al derecho en las sociedades modernas se refiere a su forma de elaboración, en la actualidad la mayoría de dichas normas son establecidas por la autoridad pública bajo la forma de Constituciones, leyes, reglamentos, decretos, actos administrativos, etc., en el pasado eran elaboradas por el grupo de manera difusa, no organizada, a través de la costumbre, la tradición, los usos, etc.

Para este autor existen fundamentalmente dos tipos de sistemas constitucionales, los regidos por Constituciones – leyes y los sujetos a Constituciones – programa, agregando que sólo los primeros (propio de los Estados Liberales) constituyen efectivamente regímenes constitucionales, pues sólo allí se aplican plenamente las leyes.

En los estados autoritarios, presididos por constituciones programa, las declaraciones de derecho, las garantías contra la arbitrariedad, los recursos contra los abusos del poder gubernamental suelen quedarse en letra muerta, en ellos el alcance de las constituciones es más débil, definen un proyecto ideal o simulado, pero no contienen obligaciones jurídicas en sentido estricto. Otro aspecto que distingue cualitativamente los sistemas constitucionales es la existencia de controles efectivos de la constitucionalidad de los actos jurídicos.

André Hauriou y el significado del Derecho Constitucional.- De acuerdo con esta visión, el objetivo del derecho constitucional es organizar en el marco del Estado – Nación, una coexistencia pacífica entre el poder y la libertad.

El ser humano en su esencia está sujeto a una dualidad entre su ser individual y su instinto gregario que lo lleva a vivir en comunidad, está inmerso en esta contradicción fundamental entre su individualismo y su vocación colectiva. Por una parte el hombre requiere de la vida social para resolver los problemas que le plantea el desenvolvimiento de la vida material; pero por otro lado su destino es individual, ello lo impulsa a conservar su identidad. El conjunto de las tradiciones filosóficas y religiosas, en especial en occidente, afirman que la salvación humana es individual, por lo que las instituciones políticas, sociales y jurídicas lo conciben como un centro de responsabilidades y derechos.

Los hombres tienen el derecho, incluso el deber de realizar su destino individual en la medida que este logro no implique un obstáculo para el interés general; si por una parte el progreso moral y material está ligado a la organización de la sociedad, también depende en una gran proporción de la iniciativa y creación personal.

Es necesario, sostiene Hauriou, conciliar estos dos aspectos de la naturaleza humana; lo individual y lo colectivo, la libertad y la autoridad; para ello se requiere organizar la sociedad y ese es el papel fundamental del Derecho Constitucional, aunque es preciso reconocer que la contradicción entre el interés individual y el colectivo no es exclusivo de nuestra disciplina, ya que está presente en todas las áreas del derecho público o privado, ejemplo en el derecho de familia la contradicción entre la autoridad paterna y el deseo de libertad de los hijos, en el derecho penal, el interés social de aplicar sanciones se contrapone al deseo del inculpado de permanecer en libertad, etc. Sin embargo donde esta contradicción entre necesidades sociales y aspiraciones individuales, entre autoridad y libertad se hace más sensible y aguda es en el derecho público y particularmente en el Constitucional, ya que aquí se trata de situar las relaciones de base entre la sociedad y los individuos.

El predominio de uno u otro aspecto ha dividido históricamente a la sociedad y ha conducido frecuentemente a guerras y revoluciones y por cierto, en el ámbito del derecho constitucional, ha dividido a los juristas entre algunos que privilegian la libertad individual y otros que prefieren fortalecer la autoridad. En los extremos están una escuela francesa encabezada por Marcel Prêlot y otra, norteamericana dirigida por Mirkine – Guetzevich.

Prêlot define el derecho constitucional como una técnica de autoridad, señalando que “es la ciencia de las reglas jurídicas según las cuales se establece, ejerce y transmite el poder político”, es decir, es el fenómeno de la autoridad pública en sí, lo que en sus aspectos jurídicos constituye el objeto del derecho constitucional, sin importar que se trate de la autoridad en un régimen absolutista, autoritario o democrático.

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Esta visión es criticada, por cuanto si bien es cierto que el conocimiento de las reglas relativas al establecimiento, ejercicio y transmisión del poder son necesarias para definir el régimen político de un país, no puede concebirse que el ejercicio de la autoridad sea un fin en sí mismo, en circunstancias que ella sólo se justifica en la medida que garantiza los derechos de los gobernados.

En el otro extremo B. Mirkine – Guetzevich, define el derecho constitucional como una técnica de la libertad, cuyo defecto consiste en suponer que no deben establecerse límites a la libertad, lo que tampoco es posible ya que la sociedad debe ser dirigida por un poder organizado para evitar la anarquía.

Finalmente de acuerdo con Hauriou, debe encontrase un equilibrio que concilie la Libertad y la Autoridad, siendo el derecho constitucional la técnica de conciliación de la autoridad y la libertad en el marco del Estado Nacional, ya que en este ámbito es donde se hace totalmente explícito el antagonismo entre poder y libertad, debiendo resolverse esta dialéctica en la Constitución Política.

Aunque esta contradicción entre lo individual y lo colectivo es anterior a la formación del Estado moderno, ya que es inherente a toda forma de autoridad social; es en éste donde alcanza su máxima expresión y es aquí donde se inicia el esfuerzo por conciliar el poder y la libertad, a través del derecho constitucional, al que Hauriou cualifica como un aporte específico de la cultura occidental al mundo.

Las fuentes del Derecho Constitucional

Este tema ha suscitado interesantes debates entre los estudiosos del derecho a partir de los cuestionamientos kelsenianos al concepto tradicional de las fuentes del derecho, expuesto en su “Teoría General del Derecho y del Estado”, este autor señala de manera radical que la ambigüedad del término hace inútil su empleo y en vez de una expresión tan figurativa y equívoca, debiera introducirse otra acepción capaz de descubrir de manera clara y directa el fenómeno que se tiene presente.

Kelsen señala que “la creación consuetudinaria y la legislativa del derecho, suelen ser vistas como las dos fuentes del mismo”, entendiendo únicamente como derecho las normas generales, las que producen efecto erga omnes, pero esta visón prescinde y pasa por alto las normas individuales, a pesar que de que éstas forman parte del orden jurídico en el mismo sentido que las otras.

La expresión fuente del derecho para este autor, es una acepción figurada, superlativamente ambigua, a la que se le emplea no solamente para designar los métodos de creación jurídica, la costumbre y la legislación, entendiendo por esta última, en su sentido más amplio, incluso la creación del derecho a través de los actos judiciales y administrativos y las transacciones jurídicas entre partes, sino también para caracterizar el fundamento de validez del derecho y especialmente, la razón última de su validez. De esta manera la norma básica (Constitución Política), aparece como la fuente del derecho, pero en su sentido más amplio, cada norma jurídica es fuente del precepto cuya creación regula, al determinar el procedimiento de elaboración y contenido de la norma que ha de ser creada; en este sentido, toda norma jurídica es fuente de la inferior; por tanto, la Constitución, es fuente de las leyes creadas de acuerdo con ella, la ley es fuente de las resoluciones judiciales que en ella se fundan, la resolución judicial es fuente del deber que impone a las partes, etc.

Concluye este autor que el concepto de fuente del derecho no es como la expresión parece sugerirlo, una entidad diversa del derecho, dotada de existencia independiente de éste. La fuente es en todo caso, derecho, una norma jurídica superior en relación con otra inferior, o sea, el método de creación de una norma inferior determinado por otra, lo cual constituye un contenido específico del derecho, que lo hace diferente de otras disciplinas y elementos de la cultura, como las ciencias naturales que se rigen por el principio de causalidad (causa – efecto).

Reconoce Kelsen que a la expresión fuente del derecho, también se le puede dar otro sentido, aplicándose a todas aquellas ideas que en realidad ejercen influencia sobre los órganos de creación jurídica, ejemplo normas morales, postulados políticos, doctrinas jurídicas, opiniones de jurisperitos; pero todos estos aspectos carecen de fuerza obligatoria, por lo que no son normas jurídicas, por tanto ineficaces del punto de vista del derecho, aunque el orden jurídico las pueda tomar en consideración cuando elabora sus normas.

Del Vecchio señala que la fuente del derecho es la naturaleza humana, de allí se desprenden principios inmutables de justicia, o sea del derecho natural, pero en su sentido técnico, se refiere al derecho vigente o positivo, sustancialmente existen dos fuentes: la costumbre y la Ley.

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Para Norberto Bobbio, la definición más extendida de fuente es la que considera a las fuentes del derecho como aquellos actos o hechos a los que un determinado ordenamiento jurídico atribuye la idoneidad o la capacidad de producir normas jurídicas.

Aún hoy el concepto de fuente del derecho no tiene un contenido unívoco claro, sino que contiene múltiples significados a lo que es preciso agregar la dificultad para establecer con claridad los límites de los actos o hechos productores de derecho, más aún todavía es frecuente confundir la fuente del derecho con el derecho mismo. Existe un consenso más o menos general en torno a que deben ser consideradas inequívocamente como fuentes la ley, los reglamentos y la costumbre (con menos fuerza que los anteriores), sin embargo no se da el mismo acuerdo en torno a la jurisprudencia, el negocio jurídico o los principios generales de derecho.

Por último para Pizzorusso, la determinación de las fuentes debe buscarse en cada derecho positivo y sólo reconoce como tales “aquellas que introducen reglas que son eficaces con carácter erga omnes, respecto de todos los sujetos del ordenamiento jurídico y no la tienen los elementos jurídicos que producen actos con eficacia Inter.

Definición: Fuentes del Derecho son las formas o modos mediante los cuales se produce y se transforma el Derecho. “Los métodos de elaboración de las normas jurídicas”.

Del punto de vista formal, las fuentes del Derecho Constitucional son:

La Constitución Política del Estado Las leyes interpretativas Las leyes reglamentarias Los decretos, reglamentos e instrucciones Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados La jurisprudencia La costumbre La doctrina

Las fuentes del derecho las podemos clasificar en fuentes directas e indirectas:

Directas: Son en esencia normas jurídicas

La Constitución Política: Es el elemento más importante en la formación del Derecho Constitucional, ya que es ella la ley fundamental de la cual derivan todas las normas que regulan la redacción de los órganos del Estado y la actividad política en general.La Constitución establece las bases de la organización política, social y económica del Estado, condiciona y subordina a sus postulados, todas las demás disposiciones jurídicas que se refieren al ejercicio del poder político. De ella emanan la ley, reglamentos, decretos y resoluciones administrativas a través de las cuales se materializa el Derecho Constitucional

Las normas constitucionales a su vez, se clasifican en: Declarativas y Dispositivas.

Declarativas: pueden ser doctrinarias y programáticas

Disposiciones doctrinarias de la Constitución de 1980:

o Art. 1° “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común...”

o Art. 4° de la Constitución de 1980, “Chile es una república democrática”. Esta disposición tiene su antecedente en otra declarativa y programática que emana del Art. 1° de la Constitución de 1925. “El Estado de Chile es unitario. Su gobierno es republicano y democrático representativo”

Disposiciones declarativas y programáticas en la Constitución de 1980:

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o Art. 97 “Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central; cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional

o Artículo 112: “La ley podrá establecer fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios que integren las regiones con respecto a los problemas que les sean comunes como, así mismo, en relación a los servicios públicos existentes en la correspondiente región”

Dispositivas :

Imperativas en la Constitución de 1980:

o Artículo 30: “El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido”

o Artículo 22: “Todo habitante de la república debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales”.

Prohibitivas: Art. 78 C. Pol:

o “Ni el Presidente de la República ni el Congreso, pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales”

o artículo 92: “Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta

Permisivas: Art. 117, el Presidente de la República tiene dos opciones:

a) promulgar dicho proyecto y

b) a menos que consulte a la ciudadanía mediante el plebiscito.

Punitivas:

o Art. 11 – 2: “La nacionalidad chilena se pierde: por prestación de servicios durante una guerra, a enemigos de Chile o de sus aliados”

o Artículo 17 – 2: Se pierde la calidad de ciudadano por condena a pena aflictiva.

Leyes interpretativas: “Son aquellas que aclaran o precisan el sentido y alcance de una ley y particularmente de la Constitución”. Art. 63 inc. 1°.

Estas disposiciones forman parte complementaria del texto constitucional, ya que su objetivo es precisamente aclarar puntos oscuros o ambiguos del texto constitucional. No modifican la letra o el texto. Revisión previa del texto constitucional.

En nuestro desarrollo constitucional tenemos como ejemplo la ley de cultos, promulgada el 27 de julio de 1865, en la que aclaró el art. 5° de la Constitución de 1833, estableciendo la tolerancia para el ejercicio de los cultos disidentes; también la ley 6922 de 19 de mayo de 1941, referente a las incapacidades e incompatibilidades parlamentarias, que explicó el significado de los arts. 29 y 30 de la Constitución Política de 1925.

Ley 18.152 Constitución de 1980, referente a la reajustabilidad de pensiones de jubilación, interpreta art. 19 N° 24.

De acuerdo con nuestro sistema jurídico, sólo corresponde al legislador interpretar la ley, el Artículo 3º del Código Civil señala “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo general obligatorio”

Leyes complementarias o reglamentarias: Son leyes de carácter específico y concreto que desarrollan ciertos preceptos constitucionales. “Son aquellas que desarrollan y complementan el texto constitucional y en algunos aspectos materializan las disposiciones programáticas, y son preceptos constitucionales de carácter declarativo que consagran ciertos principios”.

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La Constitución comprende las bases del mecanismo institucional, pero su realización concreta se obtiene a través del funcionamiento de las leyes reglamentarias o complementarias. Se señala en doctrina que el texto constitucional, sólo debe comprender los principios fundamentales de la vida social, por lo que, debe ser reglamentado por leyes especiales que complementen su texto.

Germán Urzúa las define como “Aquellas leyes que desarrollan y complementan el texto constitucional y en algunos aspectos materializan las disposiciones programáticas de la Constitución.

Ej: Constitución de 1980, Art. 18 “Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por la Constitución”.

En la Constitución de 1925, se estableció la necesidad de dictar varias leyes complementarias que nunca se aprobaron, ej.: asambleas provinciales, descentralización administrativa, tribunales administrativos.

Clasificación de las leyes complementarias:

Ordinarias

Quórum calificado

Orgánicas constitucionales

Indultos generales y amnistías

Leyes Orgánicas: Son aquellas que estando expresamente previstas y designadas como tales en la carta fundamental, necesitan para ser aprobadas modificadas o derogadas, del quórum de los 4/7 de los Diputados y Senadores en ejercicio, que no admiten delegación en el ejecutivo y que requieren del pronunciamiento previo del tribunal Constitucional, entre otros aspectos, tienen por objeto estructurar los organismos y servicios públicos, están establecidas en el art. 63 inc. 2° de la Constitución. Ej. Ley 18.840, del Banco Central; la ley 18.556 que establece el Servicio Electoral; 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, 18.603 sobre Partidos Políticos, 18.575, sobre Bases Generales de la Administración Pública, 18.948, sobre las Fuerzas Armadas, etc.

Leyes de Quórum Calificado: Se refieren a materias que el constituyente ha estimado de tal trascendencia que requieren para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio ejem:

18.314 que establece conductas terroristas art. 9 inc. 2°

Pena de muerte; 19 N° 1

Ley de abusos de publicidad; 19 N° 12 inc.2°

Consejo Nacional de T.V.; 19 N° 12 inc. Penúltimo

Control de armas art. 92

Cabe recordar, que la disposición 5ª transitoria, de la Constitución establece que las leyes orgánicas constitucionales y de las de quórum calificado, vigentes a la entrada en vigencia de la carta, se mantendrían en vigor hasta que se dicten nuevas normas al respecto.

Leyes Comunes: (Complementarias) requieren de la sola mayoría de diputados y senadores presente en la sala para su aprobación, modificación o derogación, ejem:

Libertad provisional ; 19 # 7

Indultos particulares

Indemnización requisiciones Estado de excepción; 41 # 8

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Decretos con Fuerza de Ley: Aunque no constituyen propiamente una ley, ya que formalmente no siguen los trámites inherentes a la formación de ellas, sin embargo, por su contenido corresponden materialmente a disposiciones legales, por lo que dado su carácter obligatorio, deben ser considerados también como fuentes directas del derecho constitucional. La Constitución vigente, se refiere a ellos en el art. 61 del texto

Tratados internacionales: Tratado, es un acuerdo internacional celebrado generalmente entre estados, regido por el Derecho Internacional y destinado a producir efectos jurídicos. Han adquirido particular importancia en la medida que se han ampliado las relaciones internacionales entre los diferentes Estados, debemos recordar que estos cuerpos jurídicos para su aprobación siguen los mismos trámites de la ley y producen los mismos efectos.

Del punto de vista del Derecho Constitucional, resultan particularmente importantes los tratados internacionales que se refieren a los derechos humanos, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del art. 5º de la Constitución, los órganos del estado deben respetar con la misma rigurosidad con que protegen los derechos y garantías establecidas en su texto, aquellos derechos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes cuando ellos se refieran al respeto de los derechos esenciales que emanen de la naturaleza del hombre. Sobre esta materia volveremos y profundizaremos más adelante.

Decretos, reglamentos e instrucciones: Corresponden al ejercicio de la potestad reglamentaria, que de acuerdo con la Constitución de 1980 tienen por objetivo, dictar normas con contenido específico o general, destinadas a ejecutar las leyes y hacer cumplir la función administrativa encomendada al Estado, obviamente sólo son fuente de derecho constitucional los que se refieren a ella y a las materias que esta regula.

Reglamento: Es una colección metódica de disposiciones o conjunto de normas, dictados por el Presidente de la República, para la aplicación y ejecución de las leyes.

Decreto: Son los mandatos u órdenes escritas expedidas por un ministerio y tramitados por la Contraloría General de la República, en virtud del cual el Presidente de la República cumple con la misión de administrar y gobernar al Estado que le ha sido confiado por la Constitución Política. Son particularmente los Decretos Supremos que expide el Presidente de la República

Instructivos: Son órdenes que imparte el ejecutivo a sus agentes naturales e inmediatos y a los funcionarios de la Administración Pública, para una mejor aplicación de la ley, señalando normas de conducta que deben ser observadas.

Reglamentos del Senado y Cámara de Diputados: Estas disposiciones en realidad no constituyen leyes, reglamentos ni decretos y son normas que se refieren al funcionamiento de las cámaras legislativas.

Autos acordados de la Corte Suprema; Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. Son dictados en virtud del ejercicio de las facultades económicas que les confiere la Constitución. Son particularmente relevantes para nuestra materia los que regulan ciertos recursos constitucionales como el de inaplicabilidad, amparo y protección, tampoco son leyes, ni reglamentos, ni decretos.

Indirectas: No tienen carácter obligatorio en nuestro derecho, pero permiten aclarar o interpretar el derecho vigente. Están constituidas por:

La Jurisprudencia: “Se entiende por tal el criterio uniforme de resolver una determinada cuestión jurídica que resulta de una serie de fallos concordantes dictados por un mismo órgano jurisdiccional en casos de idéntica naturaleza”.

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A los jueces y tribunales se les someten casos singulares y han de resolverlos en su individualidad, sin que el fallo mediante el cual lo hayan resuelto sea aplicable por sí a otros, por más semejantes que puedan ser. Sin embargo, es lógico que las causas se resuelvan de manera similar cuando la naturaleza de los asuntos que conocen es la misma; de esta forma surge la llamada jurisprudencia.

Esta fuente del Derecho se va constituyendo a través de la función de juzgar, que corresponde a los tribunales de justicia, actividad que desarrollan en nuestro país desde la Corte Suprema hasta el juzgado más humilde del país; desde luego los fallos de los órganos superiores tienen una mayor relevancia en cuanto a la influencia que ejercen sobre las de menor jerarquía.

El criterio de los tribunales de mayor jerarquía es avalado por la superior preparación profesional que se exige a sus integrantes y a ello se agrega la autoridad moral que generalmente poseen; de aquí emana el hecho de que sus opiniones jurídicas se impongan sobre los tribunales inferiores, es decir, su influencia deriva del convencimiento y respeto que suscitan y no por la obligatoriedad de sus criterios.

Con frecuencia ocurre en la práctica judicial que dichos criterios cambien, variando en esos casos la jurisprudencia, por ello se sostiene a veces que ciertos fallos importantes sientan jurisprudencia en alguna materia.

El Derecho anglosajón es preferentemente jurisprudencia, basado en la sentencia de los tribunales, los que crean jurisprudencia y con ello un precedente obligatorio, más aún, crean norma jurídica, aplicable a casos posteriores de igual índole. De esta manera los tribunales se atienen a lo resuelto por ellos anteriormente o por otros tribunales de mayor jerarquía; la jurisprudencia en el Derecho anglosajón tiene un carácter obligatorio de tal investidura, que se iguala a la ley. La jurisprudencia, en este caso, es verdaderamente creadora del Derecho y la norma así formada, subsiste hasta que otra resolución del mismo tribunal u otro superior, la sustituya por un criterio distinto; el juez entonces crea el Derecho, al igual que lo hace el órgano legislativo.

En nuestra legislación y en la de los demás países latinos en general, la jurisprudencia juega un papel más limitado y sólo influye en cuanto orientadora de las decisiones judiciales, mas no tiene fuerza obligatoria. Además de la Corte Suprema existen otros organismos que generan sentencias constitutivas de jurisprudencia en nuestra materia, especial mención corresponde al tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones

Kelsen, con relación a esta fuente del Derecho, sostiene que la sentencia judicial no consiste en la mera aplicación de una norma jurídica general a un caso particular, sino que al mismo tiempo constituye una norma jurídica individualizada, esto es, reguladora, igual que el negocio jurídico y la resolución administrativa, de una situación singular, el juez debe a la vez que interpretar y aplicar la norma general, optar entre varias posibilidades, debiendo decidirse por una determinada posibilidad; de esta manera el juez crea una norma individualizada, ejerciendo una actividad creadora del Derecho.

La Doctrina: aunque no uniformemente aceptada, las opiniones de los tratadistas son consideradas frecuentemente como fuente del Derecho.

Urzúa define a los tratadistas y jurisconsultos, como “los individuos que se consagran al estudio de las distintas disciplinas del saber humano y que, a una sólida base de cultura general, agregan una seria especialización, adquieren prestigio y respeto ante la opinión pública”.

Estas opiniones son valiosas para interpretar el Derecho vigente, explicarlo y eventualmente modificarlo.

Respecto de esta fuente del Derecho, los impulsores del llamado movimiento del Derecho libre, sostienen a través de Kantorowicz que, “la ciencia jurídica no debe contentarse con el humilde papel de sirvienta y altavoz del legislador, sino que debe colocarse libre y decididamente a su lado y adoptar una función creadora, en atención y para suplir las insuficiencias de aquella”.

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La Costumbre: Sobre este punto, Kelsen sostiene que solamente será fuente de Derecho, si la Constitución –en el sentido material del concepto– la instituye como tal. Efectivamente, este autor en referencia al tema dice que, “Si dentro de un orden jurídico el Derecho consuetudinario existe al lado del escrito, y los órganos encargados de aplicar el Derecho especialmente los tribunales, no sólo tienen que aplicar las normas generales legislativamente establecidas, sino también las consuetudinarias creadas, entonces la costumbre tendrá que ser vista lo mismo que la legislación, como un hecho creador de Derecho.

Por otra parte, Duverger dice que, “por costumbre constitucional, entendemos toda creación o modificación de una Constitución que no es la obra de un órgano regularmente investido del poder constituyente”.

Los ejemplos más relevantes de la influencia de la costumbre como fuente del Derecho constitucional, los encontramos en las prácticas que cimentaron el parlamentarismo inglés.

En Chile el parlamentarismo en 1891, derivó de las prácticas de fiscalización y censura de los ministros de Estado.

Otro ejemplo de la Constitución de 1925, fueron las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el Congreso Nacional, práctica no estatuida e incluso rechazada en la elaboración del texto.

Evolución Constitucional chilena

La independencia de Chile coincide con el auge de los principios del constitucionalismo clásico que se inicia a fines del Siglo XVIII, prolongándose durante todo el Siglo XIX. Este pensamiento se expresa en la idea de que un buen texto constitucional es suficiente para provocar un cambio en la sociedad acorde con los postulados teóricos contenidos en las disposiciones jurídicas.

Estas ideas se materializaron en nuestro derecho constitucional, en una serie de intentos por regular la situación política del país, la mayoría de ellos son como lo era en ese momento el Estado chileno, imperfectos, llenos de vacíos y contradictorios; pero de cualquier forma no se puede desconocer el mérito de haber servido de base a la formación paulatina de un cuerpo constitucional de cierta perfección y estabilidad como fue la Constitución Política de 1833 que permaneció vigente hasta la segunda década del siglo XX, aunque podríamos considerar que el desarrollo del constitucionalismo chileno, se inició en realidad con el Reglamento Constitucional de 1812, que para muchos representa la primera Constitución Política chilena.

Sobre esta etapa de la historia nacional, don Luis Galdames es su obra “Evolución Constitucional de Chile”, señala que “los primeros legisladores de la República tuvieron la obsesión de las Constituciones; se imaginaban que ni la sociedad ni la nación podrían subsistir sin lo que ellos llamaban “el pacto social” dice que desde 1812 a 1828 ensayaron una serie de pactos, ninguno duró largo tiempo: y lo que fue peor, ninguno se aplicó lealmente; sin embargo, si la Sociedad no se disolvió, ni la nación desapareció fue porque la existencia de una y otra no dependía de unas cuantas hojas de papel”.

Sobre el desarrollo del pensamiento jurídico político de los primeros años de Independencia, don Camilo Henríquez, destacado periodista que expresaba sus puntos de vista en los periódicos la Aurora de Chile y El Monitor Araucano, resaltando el carácter de las obligaciones de los gobernantes y gobernados derivados de la voluntad soberana y libre del pueblo, con prescindencia de las influencias divina.

Primera etapa constitucional: 1810-1833.

Durante este período surgen una serie de textos más o menos imperfectos de constituciones o proyectos de tales, destacando la Constitución de 1828 que fue el más acabado intento por establecer una Constitución liberal y progresista en Chile en el siglo XIX. Cronológicamente los principales cuerpos legales de aquella etapa fueron:

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Proyecto de declaración de los Derechos del Pueblo chileno del año 1810 emanado del Supremo gobierno de la época y modificado por dictamen del alto congreso.

Reglamento de 1811 para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria, sancionado el 14 de Agosto de 1811, este texto fue obra del primer Congreso Nacional que se instaló el 4 de Julio de ese año. Tuvo un carácter Provisorio pues regiría hasta el regreso de Fernando VII, constó de 19 artículos y un preámbulo.

La máxima autoridad del gobierno radicaba en el Congreso Nacional, que elegía al poder ejecutivo, compuesto por tres miembros, que se alternaban en la presidencia. Esta Junta obraría a nombre del rey de España, tendría un carácter provisorio hasta que se dictase la Constitución definitiva.

Dentro de las facultades del Congreso se incluyeron las relaciones exteriores, el mando de las tropas, la provisión de empleos militares superiores, los recursos sobre provisiones de la autoridad ejecutiva, la remoción de empleados, etc.

Se critica en este texto la extrema debilidad en la que quedaba al Poder Ejecutivo, ya que lo hacía totalmente dependiente del legislativo.

Reglamento constitucional provisorio de 1812. Consta de 27 artículos y un preámbulo. Declara también que el gobierno de Chile era don Fernando VII.

Establecía una Junta Superior Gubernativa y un Senado de 7 miembros, dos representaban a Coquimbo, dos a Concepción y tres a Santiago.

El poder judicial se radicaba en Tribunales y jueces ordinarios.

En materia de Derechos individuales se reconocían los de libertad personal e individual en el art. 24 y de imprenta, art. 23, también incluía la igualdad de derechos entre todos los habitantes.

Este intento constituye un avance en el constitucionalismo chileno, pues legisla acerca de ciertos derechos individuales y define la autoridad, Amunategui lo considera un texto muy avanzado para su época, entre otros aspectos notables hay que destacar el art. 25, que es un antecedente de la posterior ley de presupuesto, al establecer que cada seis meses se imprimiría una razón de las entradas y gastos públicos, previo anuncio del Senado.

Proyectos de Constitución del Estado de Chile, que por disposición del Alto Congreso Nacional, se había escrito en 1811 y sólo vino a publicarse hasta 1813 por orden del Supremo Gobierno. En su texto se debe resaltar la propuesta de Voto Secreto y Sanciones a quienes intenten presionar a los electores, propone un Tribunal Calificador de Elecciones y distribuye los cargos de la Cámara de Diputados en proporción a los habitantes de cada división territorial.

Tercer Reglamento Constitucional Provisorio, del 7 de Marzo de 1814. Promulgado en las postrimerías de la Patria Vieja, persigue como objetivo fundamental, radicar en un individuo, con el título de Director Supremo, todas las facultades de la Junta de Gobierno. Es un texto dictado en pleno período de guerra con España.

Consta de un total de 13 artículos, el primero de ellos señala que, “las críticas circunstancias del día obligan a concentrar el poder ejecutivo en un individuo, con el título de Director Supremo, por residir en él las absolutas facultades que ha tenido la Junta de Gobierno en su instalación”. El Decreto Supremo duraba 18 meses en el cargo, al término de los cuales quedaba sujeto al Juicio de residencia.

Establecía además un Senado de 7 miembros, elegidos por el Director Supremo a propuesta en terna de la Junta de Corporaciones (institución compuesta por cierto Tribunal especial, y la Junta de Minería además de otras corporaciones públicas).

El Director Supremo era asesorado por un Secretario de Gobierno, otro de Hacienda y uno de Guerra (Ministros).

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En materia de sufragio marca un retroceso, ya que el Senado dejó de ser de elección popular, pasando a ser un órgano decorativo ya que sólo se le confirió facultades resolutivas en asuntos extremadamente graves como declaraciones de guerra, tratados de paz, contribución, etc. en lo demás tenía un carácter exclusivamente Consultivo.

Lo destacable de este texto es el establecimiento de un ejecutivo Unipersonal. Según Amunategui es un retroceso en la evolución constitucional chilena con relación al de 1812.

Así concluye la evolución constitucional chilena en le período de la llamada Patria Vieja que corre entre 1810 y 1814.

Chile independiente:

Una vez consolidada la independencia del país después de la batalla de Chacabuco y Maipú, la principal tarea de los nuevos gobernantes fue la de organizar y estructurar la nación, en este contexto se promulgan diferentes ensayos constitucionales, culminando esta etapa formativa con la dictación de la Constitución de 1833, precedida de otro intento constitucional importante como fue el texto liberal de 1828.

La Constitución de 1818. Intervinieron en su elaboración, don Manuel de Salas, don Joaquín Gandarillas, don Francisco Antonio Pérez y don José M. Rojas.

Esta Constitución fue promulgada el 23 de Octubre de 1818 previo plebiscito.

Este cuerpo legal consolidó el poder de don Bernardo O’Higgins, a quien confirió facultades omnímodas. El Senado era elegido por el mismo Director Supremo, quien concentraba todo el poder político, incluidas la iglesia y los Tribunales de Justicia.

En cuanto al concepto de la separación de los poderes del Estado se considera que este texto es un avance con relación a los anteriores, en general se estima que esta Constitución se basa en las ideas de don Juan Egaña en los referente a las garantías individuales.

Esta Constitución funcionó regularmente durante 3 años y en realidad constituyó un texto cuyo propósito fue legitimar la dictadura O´higginista de ese período.

Constitución de 1822. Este texto se inspiró en la Constitución española de 1812, de corte liberal, que legisló sobre la soberanía, la ciudadanía y la nacionalidad, materias sobre las cuales no se habían pronunciado las cartas anteriores.

Estableció la mayoría de edad a los 25 años, El capítulo IV consagró las libertades individuales, entre ellas la personal, de propiedad, de trabajo, de industria, la inhabilidad de la correspondencia.

El gobierno se organizó sobre la base del régimen representativo y la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial.

El Congreso lo formaban la Cámara de Diputados y el Senado, este último no era electivo.

Al Poder ejecutivo se le dotó de potestad reglamentaria, el ejercicio de la soberanía externa era ejercido por un Director Supremo, quien era elegido por el Congreso en sesión plena con un quórum de los 2/3 de sus miembros, duraba 6 años en el cargo y podía ser reelegidos por 4 años más. Tenía la atribución de designar al regente que le sucedería en caso de muerte. En 1822, se dio por elegido en el cargo a don Bernardo O’Higgins.

Se estima que esta Constitución sirvió de base a la de 1833.

Constitución de 1823. Inspirada por don Juan Egaña, se designó Director Supremo a don Ramón Freire.

Fue la primera Constitución aprobada por un poder constituyente.

El poder ejecutivo también se radica en un Director Supremo, con amplias atribuciones.

Era elegido por sufragio popular y duraba 4 años su mandato.

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El poder legislativo radicaba en un senado de 9 miembros electos por seis años y reelegibles.

El poder judicial era jerarquizado y su poder superior lo constituía la Corte Suprema, las Corte de Apelaciones, jueces letrados, etc.

Esta carta resultó inaplicable y significó un retroceso del punto de vista jurídico en relación al texto de 1822 y 1818.

Constitución de 1828.- Se impone después del triunfo de las fuerzas liberales en las elecciones de ese mismo año. Se designó una comisión compuesta por don Diego Antonio de Elizondo, don Francisco Ruiz Tagle, don Francisco Ramón Vicuña, don Melchor Concha, don José Miguel Infante y don Francisco Fernández.

El proyecto fue revisado por don José Joaquín de Mora. El proyecto se aprobó y la Constitución fue promulgada el 8 de Agosto de 1828.

El poder ejecutivo se radicó en un Presidente de la República, creándose además un cargo de Vicepresidente que lo sustituiría en caso de muerte del titular. El mandato de ambos es de 5 años sin reelección.

El ejecutivo tenía facultades legislativas y derecho a voto suspensivo, debían presentar anualmente el presupuesto de gastos y rendir cuenta de la inversión del presupuesto anterior.

Podían ser acusados por la Cámara de Diputados aún un año después de cesar en sus funciones por los delitos de traición, malversación de fondos públicos, infracción a la Constitución y violar a los Derechos individuales.

El poder legislativo se radica en un Congreso Nacional de “2 Cámaras”. Los diputados son elegidos directamente por el pueblo por cada 15.000 hab. A los Senadores los eligen las Asambleas Provinciales, 2 por cada provincia, gozan de inmunidad e inhabilidad.

En las provincias se establecen las Asambleas Provinciales compuestas de miembros elegidos por el pueblo.

El Poder Judicial lo compone la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones y Juzgados de letra Instancia.

Los Ministros de la Suprema los nombra el Congreso y los Jueces el ejecutivo.

Consagra los “Derechos imprescindibles e inviolables del hombre”. La religión oficial es la católica y excluye el ejercicio público de cualquier otra pero el art. 4to. señala que nadie puede ser perseguido ni molestado por sus opiniones privadas.

La ciudadanía se adquiere a los 21 años o antes si se es casado, si se sirve en la milicia, se profesa ciencia, arte o industria o se dispone de algún capital, bien raíz o empleo.

La forma de gobierno es la Representativa popular.

Esta Constitución marca el último intento federalista en Chile. Se inspiró en la Constitución francesa de 1791 – 1793 y la de Cádiz de 1812, fue un ensayo liberal para organizar la República, texto breve y claro en disposiciones sensatas.

El país no estaba preparado para su aplicación. Debilitaba el Poder Ejecutivo y confería autonomía a las provincias.

Su texto junto al de 1822 sirvieron de base para la Constitución de 1833 y sobre todo para las reformas de 1874.

Segunda etapa constitucional: 1833 – 1925.

Este período está enmarcado por la evolución y vigencia de la carta de 1833, que es la base para la formación del Estado chileno, considerando una primera etapa inspirada por las ideas portalianas, continuando con la consolidación del liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX y finalizando con el imperfecto parlamentarismo chileno.

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Constitución de 1833.- Don Manuel José Gandarillas presenta el 8 de junio de 1831 una moción al Senado, proponiendo la formación de una “Gran Convención”, convocada por el Congreso con el propósito de estudiar una nueva Constitución, dicha Convención se disolvería una vez cumplido el mandato, este proyecto fue sancionado como ley el 1 – 10 –1831. Se le fijó como objetivo reformar y adicionar la Constitución vigente.

La comisión se compondría de 16 diputados y 20 ciudadanos distinguidos por su probidad e ilustración, para su funcionamiento se rigió por los estatutos de la Cámara de Diputados; los personajes más destacados en la discusión del proyecto fueron don Mariano Egaña y don Manuel José Gandarillas. Aprobado el Proyecto la Constitución fue promulgada con fecha 25 de mayo de 1833.

La Constitución de 1833 comenzó por definir los límites del país, lo que evidentemente no fue una decisión acertada art. 1º “El territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama hasta el cabo de hornos...”; más adelante destacó entre las bases institucionales la idea de la soberanía nacional, resaltó el carácter representativo del sistema institucional chileno, consagró la división de los poderes públicos, instauró la responsabilidad gubernamental, reconoció las garantías individuales, con todo lo cual vemos acogidas en ella las ideas básicas del constitucionalismo clásico, vigente en aquella época.

En lo que se refiere al ámbito religioso, estableció como institución oficial a la iglesia católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otras, este señalamiento motivará en el curso de aquel siglo una enconada lucha ideológica que culminará con la dictación de la Ley interpretativa del 5º de la Constitución, en 1865.

Se instituyó un sufragio restringido y censitario, pues se requería tener 25 años de edad para votar o 21 si se era casado, saber leer y escribir; tener una propiedad inmueble o un capital mínimo invertido en alguna especie de giro comercial o industria; el ejercicio de alguna profesión, industria o arte, o el goce de algún empleo, renta o usufructo, cuyos emolumentos o productos guardasen proporción con la propiedad inmueble o el capital.

Se sostiene que esta carta no se ajustó ni a un régimen presidencial clásico ni a uno parlamentario, ya que, contenía elementos de uno y otro; del último se destaca la compatibilidad de los cargos de parlamentario con los de ministro de Estado, con el presidencial comparte 2 elementos: La irresponsabilidad política del Presidente de la República y la facultad de éste para nombrar y remover a los Ministros de Estados.

Con relación al proceso reformatorio del texto, se podría calificar de rígida, toda vez que requería de la concurrencia de dos períodos legislativo, el primero aprobaba la reforma y el segundo la confirmaba la modificación, a lo que habría que agregar un quórum especial de parlamentarios para aprobarla.

En general, se puede definir a la Constitución de 1833 como un texto en el que predominó el carácter autoritario y clasista, ya que el Presidente de la República era una especie de monarca absoluto e irresponsable según las expresiones de don Gabriel Amunategui.

Poder ejecutivo.- El presidente se elegía por 5 años y podía ser reelegidos por igual período, así ocurrió durante los decenios de Prieto, Bulnes, Montt y Pérez., época en las que el presidente fue el gran elector a través de la intervención electoral. Entre sus potestades en el proceso de formación de la Ley, destaca el derecho de veto, así como el otorgamiento de facultades extraordinarias.

Se creó un Consejo de Estado para asesorar al Presidente de la República compuesto por los Ministros de Estado y por funcionarios designados por el ejecutivo, después se agregaron tres senadores y tres diputados.

Poder legislativo.- Estaba organizado estructuralmente de manera bicameral, un Senado y una Cámara de Diputados.

Sesionaba en legislatura ordinaria y extraordinaria, pudiendo el Presidente de la República, prorrogar las primeras y convocar a las 2das.

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Entre las facultades del legislativo estuvo la de aprobar anualmente la ley de presupuesto, fijar las fuerzas de mar y tierra, además cada 18 meses aprobar la ley para autorizar el cobro de contribuciones, y anualmente la de permanencia de las tropas alrededor de la sede de gobierno, estas leyes llamadas Periódicas, fueron el medio que permitió al congreso imponer un remedo de sistema parlamentario a partir de 1891.

El Senado estaba compuesto por 20 miembros que duraban 9 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos, su representación abarcaba a todo el país.

Los Diputados duraban 3 años en sus funciones y se elegían a razón de uno por cada 20.000 habitantes y fracción que no bajara de 10.000.

Poder judicial.- Sus miembros eran designados por el Presidente de la República, de una terna presentada por el Consejo de Estado, que a su vez la elaboraba de una lista de 15 candidatos propuestos por la Corte Suprema.

COMISIÓN CONSERVADORA. Esta Comisión funcionaba durante el receso del Congreso, estuvo constituida originalmente por 7 senadores elegidos por esa Cámara, a ellos posteriormente se les agregaron 7 Diputados; la misión fundamental de este organismo fue velar por la observancia de la constitución y las leyes.

Comentario: Durante 30 años rigió el texto aprobado sin modificaciones, en este período estuvo vigente a plenitud el sistema autoritario previsto en ella. El período de los decenios enmarca la formación del Estado chileno. La autoridad del Presidente fue casi omnímoda, decía en su texto: “Al Presidente de la República esta confiada la administración y gobierno de Estado y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes”.

Las facultades presidenciales se consagran en el art. 83 de la carta, confiriéndole atribuciones excesivas, don José Guillermo Guerra, al respecto señala que era “un monarca electivo por 5 años, con facultad de ser reelegido por otros cinco.

En el fondo, se reproduce la monarquía vigente durante la época colonial. Incluso algunos consideran que sus facultades presidenciales eran mayores que la de los Capitanes Generales.

Algunos autores atribuyen la estabilidad de los primeros años de independencia al hecho de que Portales estableció este régimen político de carácter civil, proscribiendo la intervención militar en política, de manera que los uniformados no fueron cuerpos deliberantes sino estrictamente obedientes al poder civil, fortalecido por la figura presidencial.

Portales excluyó la oposición política y durante su período (Prieto) así como durante los decenios siguientes, en general, la seguridad y el orden público se mantuvieron gracias a las medidas de emergencia adoptadas permanentemente por los gobiernos en turno. En todo aquel período se abusó de las facultades extraordinarias; la 1era. ley de excepción que inicia este proceso se publicó el 2-09-1833, es decir al inicio del gobierno de Joaquín Prieto.

Al respecto, el diario el Comercio publicaba en 1851. El orden de los 20 años ha costado a la nación todas sus libertades, desde la libertad de escribir hasta la libertad de sufragar, y hoy al cabo de 20 años de independencia no estamos más adelantados que lo estuvimos a este respecto en 1810”.

El cuerpo electoral en este período fue francamente paupérrimo, en las elecciones de 1834 sufragaron 888 ciudadanos, menos que en 1829 en que lo hicieron 4431 electores.

Respecto a este período, son Germán Urzúa Valenzuela señala que “La Constitución de 1833 no tendió a favorecer el desarrollo de un régimen democrático de gobierno. La propia teoría inspiradora de esa Constitución no sólo fue renuente a la Democracia, sino una crítica evidente a los valores de esta, agrega que a partir de 1833 se revive la tradición colonial del gobierno monárquico.

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Don Julio Heisse destaca entre las facultades presidenciales, las facultades que podía delegarle el Congreso y la posibilidad de decretar el Estado de Sitio, dice que “La completa irresponsabilidad que la Constitución aseguraba al Presidente de la República durante el ejercicio de su mandato le daba una situación que nos recuerda la inviolabilidad y la irresponsabilidad de los monarcas absolutos, que no podían equivocarse”.

La hegemonía presidencial comienza a debilitarse a partir de 1871, al reformarse los arts. 61 y 62, prohibiendo la reelección del Presidente de la República. Se reforman también las facultades extraordinarias. Después Balmaceda establece el voto universal a partir de los 21 años y termina con el ominoso sistema del voto censatario.

En 1874 se incluyen como garantías constitucionales, los Derechos de reunión, asociación y enseñanza, además se estableció la incompatibilidad de los cargos de diputados y senadores con los de empleados públicos, también ese año se restringen las facultades del Congreso para delegar facultades en el Presidente de la República.

Finalmente en 1882 se cambia, facilitando el sistema de reforma constitucional, aunque se mantiene el sistema de congreso sucesivos.

En general las reformas de los años 70 a la Constitución de 1833 conducen a reducir las amplísimas facultades del ejecutivo bajo el imperio del texto original, con este se inicia el proceso de alteración del régimen político presidencial al parlamentario, que entra en plena vigencia desde 1891 a 1924.

El parlamentarismo.- El régimen parlamentario en Chile adoleció de graves defectos, en primer término el Presidente de la República se elegía en votación destinada a ese objeto y no era producto de las elecciones parlamentarias.

Por otra parte el jefe del ejecutivo nunca tuvo la facultad de disolver las cámaras legislativas que es otra atribución propia de todo régimen parlamentario, ya que a través de ese mecanismo se pueden resolver los conflictos políticos.

Otra deficiencia radicaba en el excesivo número de partidos políticos, así como el escaso nivel cívico e intelectual de la población y los congresistas.

Tampoco existía un sistema de clausura de los debates parlamentarios los que se extendían en estériles discusiones.

Las leyes eran producto de las transacciones entre intereses y doctrinas opuestas de los diferentes partidos.

Según el profesor de historia constitucional de la Universidad de Chile, Julio Heisse, tres fueron las causas que facilitaron a los jefes del ejecutivo mantener la continuidad gubernativa en este lapso: 1.- la escasa diferencia doctrinaria entre los diversos partidos. 2.- El hecho de que detentara el poder una sola clase social y 3.- La rotativa ministerial que sirvió para liberar las tensiones políticas acumuladas.

Tercera etapa constitucional:

El siglo XX recoge en doctrina y en el derecho comparado los principios del llamado constitucionalismo social, propio de la idea de Estado Social de Derecho, que implica la incorporación de los derechos sociales en los textos constitucionales y una limitación en la fuerza normativa del derecho de propiedad. Este período en el derecho nacional está cubierto por la constitución de 1925, que acoge tímidamente en un comienzo estos postulados, hasta plasmarlos con vigor a partir del Estatuto de Garantías Constitucionales de 1971 durante el gobierno de la Unidad Popular.

Constitución de 1925.-

Orígenes.- Los inicios de esta Constitución emanan del acta suscrita por los Presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores así como por los presidentes de los diferentes Partidos Políticos y otras personalidades, en virtud de la cual estas personas se comprometieron a obtener el pronto despacho de las reformas constitucionales y legales y las modificaciones de los reglamentos de las

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Cámaras Legislativas, a fin de adecuarlas a la realidad vigente, y sobre todo se acordó impulsar un proyecto de reforma integral de la Cámara vigente.

Con fecha 7 de Abril de 1925, el Presidente don Arturo Alessandri Palma designó una Comisión Resolutiva, compuesta de 53 miembros que posteriormente se aumentaron a 122, con el propósito de que prepararan la convocatoria y organización de una Asamblea Constituyente.

Se formaron 2 comisiones, una encargada de preparar el proyecto de reforma, patrocinado por el gobierno, que se reunió varias veces cumpliendo una labor notable y otras, destinada al estudio del mecanismo por el cual se convocaría a la asamblea de poca eficacia.

Por D.L. 461, se convocó a un plebiscito el 3 de Agosto de 1925, en el que se estableció que los ciudadanos eran llamados a pronunciarse sobre 3 proyectos: a) Si se aceptaba el proyecto propuesto por el Presidente de la República, que era el resultado del trabajo de la Comisión mencionada; b) Si se pronunciaban por otro proyecto de gobierno parlamentario presentado por representantes de Partidos Políticos y c) Si se rechazaban ambas propuestas.

A pesar de los reparos formulados por los representantes de los partidos opositores, el plebiscito se verificó el 30 de Agosto, triunfando ampliamente la propuesta gubernativa.

La carta aunque formalmente entró en vigencia el 18 de Septiembre de 1925, en la práctica se comenzó a aplicar a partir de 1932.

Antecedentes.- Al asumir el mando el presidente Arturo Alessandri Palma presentó en abril de 1920 un programa en el cual propuso algunas Reformas Constitucionales:

1.- Disolver por una vez en cada mandato la Cámara de Diputados

2.- Elección directa del Presidente de la República

3.- Establecer un Tribunal Calificador de elecciones

4.- Separación de la Iglesia del Estado

5.- Establecer impuestos proporciones

6.- Suprimir el Consejo de Estado y la Comisión Conservadora

7.- Modificar la clausura de los debates parlamentarios.

Algunas Características.- La Carta de 1925 reforzó el poder del Presidente, su mandato se extendió a 6 años, se eligió en votación directa, pero sin ninguna candidato alcanzaba la mayoría absoluta, lo designaba el Congreso pleno. El período legislativo era de 4 años para los Diputados y 8 para los Senadores, eliminándose la posibilidad de interpelar a los ministros.

A la Constitución de 1925, se le puede definir como breve, semirrígida y democrática.

El constituyente comenzó por suprimir las leyes periódicas, las que como vimos al analizar la vigencia de la Carta de 1833, debían ser aprobadas anualmente; sólo se conservó con este carácter, la discusión de la ley de presupuesto; por otra parte, se prohibió el ejercicio simultaneo de los cargos de parlamentarios y ministros de Estado.

Por otro lado, la Carta de 1925 autorizó a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado al Presidente de la República y sus ministros por abusos en el ejercicio del poder; siendo la cámara alta la encargada de juzgarlos.

Otros cambios fueron:

La supresión del Consejo de Estado y la Comisión Conservadora

Se creó un Tribunal Calificador de elecciones y se estatuyó una absoluta libertad religiosa

Se incluyeron algunos Derechos Sociales, se reconoce la inviolabilidad de la propiedad, pero se establece que la propiedad privada puede ser limitada cuando así lo exigiera el interés social

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Se protege el trabajo y la industria, se acentúan los deberes del Estado en cuestiones referentes a la salud y la educación al declarar que debía “proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia”

En materia electoral se estableció un sistema de “representación proporcional” en lugar del sistema de voto acumulativo, con el propósito de dar una representación justa a todas las fuerzas políticas en pugna, siempre que alcanzaren un porcentaje mínimo de votos

En lugar de dejar al Congreso la facultad de juzgar la validez de las elecciones de sus propios miembros y del Presidente de la República, creó un Tribunal especial para calificarles

Se posibilitó la creación de comisiones mixtas de Diputados y Senadores para armonizar las opiniones diferentes entre ambas cámaras

En cuanto al Poder Judicial, se estableció un nuevo sistema de elección de los jueces, suprimiendo las disposiciones de la Carta de 1833 en lo que se refería a la injerencia del Ejecutivo y legislativo en esta materia.

Se cambió la división política y administrativa del país, estableciendo un gobierno interior que dividía al país en Provincias, Departamentos, Subdelegaciones y distritos y una Administración interior que lo organizó en Provincias y Comunas, aunque en los hechos, prevaleció un absoluto centralismo administrativo y presupuestario en el país que en gran medida se mantiene hasta hoy. La Carta de 1925, incluyó las llamadas Asambleas Provinciales, las que nunca entraron en vigencia. Ya que no se dictó la Ley reglamentaria correspondiente.

Paralelo entre la Constitución de 1833 y la de 1925

La de 1925 tiene una mejor redacción. La base del texto corresponde a la inspiración de don José Maza el que contó con la colaboración de los principales juristas de la época, en especial los profesores de Derecho Constitucional señores Jorge Hunneus y Carlos Estévez

La nueva carta tuvo una mejor estructura y ordenación de las materias

Separación de la Iglesia del Estado, se puso término al reconocimiento oficial de la Iglesia Católica; consagrando la libertad de cultos

En materia de garantías, se destaca la función social de la propiedad como fundamento para limitarla, se protege el trabajo, la industria, la previsión social, la Salud Pública, el bienestar higiénico del país. Particularmente después de las reformas de 1971

La de 1925 precisa de mejor forma las facultades de los diversos órganos del Estado

Establece la elección directa del Presidente de la República

En materia de órganos del Estado, se suprimió el Consejo de Estado y la Comisión Conservadora y por otra parte, se crearon las Asambleas Provinciales y los Tribunales administrativos, los que en definitiva no tuvieron vida por no dictarse la ley reglamentaria correspondiente

Se estableció el emblemático recurso de inaplicabilidad por Institucionalidad

Se facilitó el proceso de reformas constitucionales, terminando con la exigencia anterior de 2 legislaturas consecutivas aprobando las reformas

Características Generales: Semirígida, sumaria y democrática

Poder ejecutivo.- La Carta de 1925 estableció un gobierno con amplio predominio presidencial, lo que llevó a don Federico Gil a expresar que: “El Presidente Chileno ejercía tan amplios poderes políticos, administrativos, legislativos y, en ocasiones, hasta judiciales que, en verdad, el sistema podría designarse como una autocracia legal”.

Para ocupar el cargo de Presidente de la República se requería ser ciudadano nacido en Chile y tener más de 30 años de edad. Se elegía en votación directa por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, de no conseguirse en la primera votación, elegía el Congreso Pleno entre las

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dos primeras mayorías relativas, durante la vigencia de la carta de 1925, siempre se respetó al que obtuvo la más alta votación.

La “potestad reglamentaria” fue la herramienta a través de cuyo ejercicio, el Presidente de la República desarrolló las funciones administrativas, mediante ella dictaba reglamentos para complementar las leyes aprobadas en términos generales por el Congreso.

Poder legislativo: El capítulo IV se refería al “Congreso Nacional”, comenzando con el art. 24 que establecía dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado.

Se estableció para su conformación un procedimiento que pretendía lograr la proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos, siendo las reclamaciones de los procesos electorales, entregados a un Tribunal especialmente creado para pronunciarse sobre estas materias.

Para ser Diputado se exigían los mismo requisitos que para ser ciudadano y para ser Senador, además 35 años de edad.

Artículo 39 fueron atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularan en contra de: Presidente de la República, Ministros de Estado, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia por notable abandono de sus deberes; Generales o Almirantes de la FFAA. por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la nación; Intendentes y Gobernadores

Fiscalizar los actos de gobierno

Atribuciones exclusivas del Senado:

Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable. El Senado resolvía como jurado y se limitaba a declarar si el acusado es culpable o no, si la acusación era en contra del Presidente de la República debía ser pronunciada por los 2/3 de los Senadores en ejercicio. En los demás casos, bastaba la mayoría simple. Por esta vía fueron destituidos varios ministros durante el gobierno de Salvador Allende

Decidir si habrá o no lugar a la admisión de acusaciones de particulares contra los Ministros de Estado

Declarar si habrá o no lugar a la formación de causa en materias criminal en contra de Intendentes y Gobernadores

Conocía de las contiendas de competencia entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia.

Atribuciones del Congreso, art. 43; entre otras:

Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de inversión de los fondos destinados a gastos de la administración pública

Autorizar al Presidente para salir del país

Aprobar o desechar los tratados internacionales

Poder judicial: Consagra el principio de separación de poderes y la independencia de este poder, al prohibir al Presidente de la República o al Congreso ejercer funciones judiciales, art. 80.

Los ministros y fiscales de la Corte Suprema eran elegidos por el Presidente de la República de una lista de 5 individuos propuesta por la misma corte en ella debía figurar los 2 ministros más

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antiguos de Corte de Apelaciones, los otros 3 se llenarían en atención a los méritos de los candidatos, pudieron figurar personas extrañas al poder judicial.

Reformas a la Constitución de 1925

En 1943 se aprobó la primera reforma constitucional, por cuya virtud, se reconoció como órgano constitucional autónomo a la Contraloría General de la República, asignándole importantes funciones fiscalizadoras; también en ese año, se reservó a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República la alteración de la División Política y Administrativa del país.

En 1957 se modificó nuevamente la Constitución con el objeto de facilitar la obtención de la carta nacionalización a los españoles residentes, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad de origen, a cambio de igual beneficio para los chilenos radicados en aquel país.

Posteriormente en 1963 se modificó el art. 10 N° 10, referente al derecho de propiedad, para permitir el inicio de un tímido proceso de reforma agraria, a través de la expropiación de predios rústicos abandonados o manifiestamente mal explotados, pudiendo el Estado pagar el 10% de su valor al contado y el resto en un plazo de 15 años. Con esta modificación se amplía la función social de la propiedad.

En 1967, la Ley 16.615 profundiza la tendencia a socializar la propiedad De los medios de producción, confiriendo al legislador atribuciones para dictar normas con el objeto de fijar el monto de las indemnizaciones expropiatorias, estableciendo que en el caso de los predios rústicos sería equivalente al avalúo vigente para el pago de las contribuciones de bienes raíces, pagaderos en 30 años. Por otra parte, permitió reservar el dominio exclusivo del Estado los bienes que se declaren de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. También reservó al dominio nacional de uso público las aguas existentes en el territorio chileno.

La última reforma a la constitución de 1925, aprobada durante el gobierno del presidente Frei Montalva, se contiene en la ley 17.284 de Enero de 1970 y se refiere a los siguientes aspectos:

1. Concede el derecho a sufragio a los mayores de 18 años

2. Faculta al Presidente de la República para salir del país hasta por 15 días, sin necesidad de la autorización del Congreso.

3. Permite al Presidente de la república dictar decretos con fuerza de ley, previa delegación de facultades del Congreso.

4. Crea un Tribunal Constitucional, compuesto por cinco ministros, 3 designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y 2 por la Corte Suprema de entre sus miembros.

5. En materia de formación de la Ley, restringe las adiciones y observaciones a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, permite la formación de comisiones mixtas para resolver los desacuerdos entre las Cámaras.

6. Faculta al Presidente para convocar a plebiscito en los procesos de reformas constitucionales para resolver las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Reformas de 1971.- Debido a la conmoción política que produjo el triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970, la oposición a su gobierno exigió la aprobación del llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, el objetivo era garantizar la subsistencia de régimen político vigente. Ello se logró a través de la aprobación de la Ley 17.398 constitucional chileno y que fue la expresión democrática de las mayorías nacionales vigentes en aquellos años, los principales aspectos considerados en ella, fueron los siguientes:

1. Se aseguró a todos los ciudadanos el ejercicio libre de los derechos públicos, dentro de un sistema republicano y democrático, lo que implicaba plena libertad para adscribir a partidos políticos, a los que se reconoció el carácter de personas jurídicas de derecho público, con libertad para organizarse autónomamente, determinar sus propios programas y declaraciones de principios

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2. Asegurar a todas las personas el derecho al trabajo, a su libre elección, a una remuneración suficiente para vivir con dignidad el trabajador y su familia y para obtener una justa participación en las utilidades de la empresa en que trabajen. Garantizaba además el derecho a la Seguridad Social, proponiendo una redistribución equitativa de la renta nacional, garantiza además a toda persona, la participación activa en la vida social, cultural, cívica, política y económica del país

3. Se consagró plenamente la libertad de opinión, señalando que “no podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar o difundir cualquier idea política”, elevando a la vez a rango constitucional el derecho de rectificación

4. La educación fue una función primordial del estado, que la cumple por medio de un sistema nacional del cual formarían parte las instituciones públicas y las privadas

La última reforma que experimentó la carta de 1925 y la tercera en el gobierno del Dr. Salvador Allende, fue aprobada por la unanimidad de la clase política chilena y tuvo por objeto recuperar para el país la riqueza cuprífera en manos de empresas norteamericanas. Se logró mediante la aprobación de la Ley 17450 el 16 de Julio de 1971, y consideró los siguientes aspectos:

1. Permitió la nacionalización de los recursos naturales, bien de producción u otros que la ley declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país, con lo que se profundizan sustancialmente las disposiciones expropiatorias incorporadas por la reformas de 1967, de la ley 16.615

2. Se modifica el régimen de propiedad minera, reservando al Estado la propiedad sobre las sustancias minerales, entregado la exploración y explotación de ellas a las concesiones obtenidas por resolución judicial

3. Se establecen reglas especiales relativas a la nacionalización de actividades o empresas mineras que la ley califique como integrantes de la gran minería

4. Se establece que los contratos leyes podrían ser modificados o extinguidos por el legislador, cuando así lo exija el interés nacional

5. Se nacionalizaron e incorporaron al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituían la gran minería del cobre con la indemnización correspondiente

Comentarios acerca de la Constitución de 1925

De acuerdo con alguna opinión de la doctrina, uno de los elementos que contribuyó a la crisis de este cuerpo legal fue la llamada asincronía electoral, es decir, el hecho de que las elecciones de Presidente de la República no coincidieran con las elecciones parlamentarias, dificultaba la labor gubernativa. A veces las votaciones legislativas se verificaban un año antes que las de Presidente, en otras por el contrario, se realizaron después de la elección del ejecutivo. Este desfase electoral provocaba inestabilidad del sistema al impedir que se formaran mayorías legislativas coincidentes con el gobierno en turno.

Lo anterior condujo a que fuera necesario muchas veces improvisar fórmulas políticas para poder llevar adelante los programas de gobierno, siendo necesario frecuentemente transar las posiciones entre planteamientos antagónicos; por ello ningún gobierno logró desarrollar a plenitud sus postulados.

Por otra parte la Constitución de 1925 careció de un procedimiento adecuado para poner término a las crisis políticas, ejemplo, no consultaba la disolución de las Cámaras, por lo que había que esperar nuevas elecciones generales para resolver los conflictos, con la consecuente prolongación de estos con graves consecuencias para la convivencia democrática del país.

Otro factor que contribuyó a la crisis del texto de 1925, fue el sistema de elección presidencial, que aunque se designaba en elección directa, en los casos que ninguno de los candidatos obtuviera mayoría absoluta, que fue casi siempre el caso durante la vigencia de la carta, el Congreso pleno debía de elegir entre las 2 más altas mayorías lo que también contribuía a crear un clima de inestabilidad política.

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Por otra parte, se señala como factor de crisis el desarrollo artificial e injustificado de muchos partidos políticos carentes de bases ideológicas claras, muchos de ellos surgieron para enfrentar determinados procesos electorales ejem.: el Partido Agrario Laborista, durante el ibañismo.

La tendencia caudillista en la política chilena del siglo XX, muchas veces las figuras presidenciales provocaron divisiones en el seno de sus colectividades, con el fin de poder obtener mayorías parlamentarias afines a su gobierno. A veces la propia doctrina de los partidos políticos se ha adaptado a los planteamientos del Presidente.

Sin embargo, en nuestra opinión un factor determinante en la Crisis del Sistema Político y consecuencialmente de la vigencia de la carta de 1925, hay que encontrarlo en la propia realidad política del país en la cual le correspondió desenvolverse, el Chile del siglo XX.

Si bien es cierto que en la implantación del texto de 1925, coincidieron la mayor parte de las fuerzas políticas de la época, esta unidad se fue erosionando con el curso de los años

La fuerza hegemónica que impuso el documento original lo constituyó la alianza del Partido Liberal y el Partido Radical, apoyados por casi todos los demás sectores políticos, en los años sucesivos, el Partido Radical fue adquiriendo el dominio político de la sociedad chilena, alcanzando la 1era magistratura de la nación un hombre de sus filas en 1938, encabezando la combinación progresista denominada Frente Popular que agrupaba a dicho partido, a los comunistas, socialistas e intelectuales de izquierda en general. Esta fórmula política ya se había ensayado en algunos países europeos como fue el caso de Francia y sobre todo en España donde se combatía en plena guerra civil, al asumir el frente popular chileno.

El Partido Radical fue el eje de las fuerzas populares hasta la finalización de la 2da. guerra mundial, eligiendo presidentes a don Pedro Aguirre Cerda, a Juan A. Ríos y a don Gabriel González Videla; este último asumió en 1946, al término del conflicto señalado y comienzo de la guerra fría, las presiones internacionales ejercidas por EEUU principalmente, forzaron al Presidente en turno a expulsar a los comunistas que integraban su gobierno con lo que se pone término a esta asociación y se dicta la ley de Defensa de la Democracia que ilegalizó al Partido Comunista.

Por otro lado el triunfo bélico alcanzado por la URSS principalmente sobre el nazismo alemán, al término de la 2da guerra mundial, produjo un fuerte apoyo a ese país, al movimiento comunista internacional y al socialismo en general; también refuerza esta tendencia los éxitos científicos y espaciales logrados por la Unión Soviética en especial en el Cosmos, al colocar el primer Sputnik y posteriormente al primer cosmonauta en el espacio.

En el contexto latinoamericano el triunfo de la revolución cubana que se plantea como una alternativa diferente frente a la secular hegemonía Norteamericana en el hemisferio occidental, impulsa la incorporación de nuevas fuerzas en el campo de las ideas políticas socialistas en Chile, en especial el Partido Socialista de Chile y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria reciben este contingente de jóvenes; este cuadro hace emerger una poderosa fuerza de izquierda, desplazando el predominio radical del progresismo al eje socialista-comunista, provocando una crisis y escisión profunda en aquel Partido que reduce significativamente sus fuerzas, perdiendo la hegemonía que había mantenido por casi 50 años.

También se consolida y acrecienta la influencia del pensamiento social de la Iglesia, representada por la Democracia Cristiana como fuerza representante de diferentes clases sociales heterogéneas; pero con una gran dinámica social y de masas.

Estos factores fueron dividiendo políticamente a la sociedad chilena, terminando por quebrar el sistema institucional vigente desde 1925 y pasando a un sistema autocrático de gobierno, prácticamente desconocido en la historia institucional precedente.

La Carta de 1925 dejó de ser útil a quienes pugnaban por un cambio revolucionario, pues tenían en ella un escollo para realizar las transformaciones profundas que propiciaban, como lo fue para aquellos que querían mantener el esquema tradicional de la sociedad chilena, quienes vieron impedida a través de la Constitución de 1925 la posibilidad de deponer al presidente democráticamente electo.

También en el plano exterior, el pleno desarrollo de la guerra fría impulsó la quiebra del sistema político chileno que había permitido el arribo al poder ejecutivo de un representante que

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cuestionaba aspectos importantes del modelo capitalista propiciado por el llamado mundo occidental.

A partir del término de la 2da. Guerra mundial, con el advenimiento de la guerra fría y la influencia de los factores externos se produjo un distanciamiento entre las clases tradicionales de la sociedad chilena y los nuevos contingentes que emergen de la juventud y de los sectores laborales.

El crecimiento de las fuerzas progresistas e intelectuales expresado políticamente en los Partidos Socialistas y Comunista los lleva a dominar organizaciones tan importantes como la Central Única de Trabajadores; Federación de Estudiantes, Centros Poblacionales y finalmente la propia presidencia de la República, todo lo cual generó una gran preocupación entre los sectores conservadores del país y sobre todo de parte de EUA. que alarmado frente al triunfo, consolidación y extensión de influencia de la revolución cubana y de un nuevo triunfo revolucionario en Chile, propicia y financia la unidad opositora al gobierno popular que es derribado el 11.09.73, y junto con él cae el soporte jurídico del Estado Chileno, la Constitución Política de 1925.

Cuarta etapa constitucional

El quiebre institucional ocurrido a partir del golpe militar del 11 de Septiembre de 1973, interrumpe la orientación que la apreciación de los derechos sociales había tenido en las décadas de los años sesenta y comienzos de los setenta y reorienta el papel del Estado en el ámbito social y económico, relegándolo a una función meramente subsidiaria en estos aspectos, instaurándose un período de transición constitucional que culminará con la aprobación de la Constitución vigente.

Sistema institucional durante la dictadura militar

En el período dictatorial, es preciso distinguir dos etapas: una que transcurre entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1981, y otra que abarca desde esa fecha hasta el 11 de marzo de 1990.

La regulación del primer período se rige por decreto ley de 26 de junio de 1974, que estableció el “Estatuto de la Junta de Gobierno”. De este cuerpo legal hay que destacar principalmente el Título II que se refería al poder constituyente y legislativo que se radicaba en ese organismo, a falta de los componentes constitucionales de tales poderes, en aquel título se señalaba además que los acuerdos y decisiones se adoptarían por la unanimidad de los componentes de la Junta.

Por su parte el D.L. 788 de diciembre de 1974, precisaba que los decretos leyes emitidos en el lapso de vigencia de la Junta militar, es decir, a partir del 11 de septiembre de 1973, en cuanto fueren contrarios o se opusieren o fueren distintos a algún precepto de la Constitución de 1925, tendrían el carácter de normas modificatorias de la misma, sea de manera expresa o tácita, parcial o total, según fuere el caso. Lo mismo ocurriría con los que se dictaren con posterioridad a la fecha de este Decreto; pero en lo sucesivo para modificar la Constitución debían señalar expresamente, que cambiaban el texto de la ley fundamental.

De esta forma y de manera paulatina se fue sustituyendo el articulado del texto de 1925, documento que en los hechos había dejado de existir el día del golpe militar.

Actas constitucionales: Se dictaron 4 durante el lapso 1973 – 1981

La primera está contenida en el Decreto Ley N° 1319 de 9 de enero de 1976, por medio del cual se creó un órgano asesor del poder ejecutivo, llamado “Consejo de Estado”, integrados por los ex presidentes vivos a la fecha, es decir, Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, este último se negó a formar parte de él. Además de los ex presidentes, se incorporaron al Consejo ex personajes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como miembros de las fuerzas armadas; todos afines al gobierno militar. Este órgano lo presidió el ex presidente de la república Jorge Alessandri, quien también renunció después de la aprobación del texto constitucional de 1980, siendo sustituido por Miguel Schweitzer.

La función principal de este organismo, ad later del gobierno, fue asesorar a la Junta en la elaboración del nuevo texto constitucional que estudiaba la Comisión de Estudios Constitucionales formada en 1973, así como colaborar en la formación de los decretos económicos, financieros,

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administrativos y sociales; además debía asesorar en la celebración de tratados o convenios internacionales, contratos y negociaciones del alto interés del Estado y demás asuntos de trascendencia nacional.

El acta N° 2 se refería a las bases esenciales de la institucionalidad chilena, pasando posteriormente a constituir el capítulo primero de la actual constitución de 1980; su texto se contiene en el Decreto Ley N° 1551 del 13 de septiembre de 1976.

Establece el carácter unitario del Estado chileno, divide el país en regiones y señala que la administración del país es funcional y territorialmente desconcentrada. Establece el bien común como finalidad esencial del Estado, reconociendo a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.

Reconoce como límite a la soberanía nacional, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza del hombre.

Propone una nueva democracia protegida por mecanismos que aseguren su fortalecimiento y autoridad.

Se establece la subsidiariedad del Estado.

El acta constitucional N° 3, se refiere a los derechos y deberes constitucionales, muchos de los cuales no fueron respetados en los hechos durante la vigencia del régimen militar; comienza este documento por declarar que siendo los derechos del hombre, anteriores al Estado y su vida en sociedad, la razón de ser de todo ordenamiento jurídico, es la protección y garantía de los derechos básicos del ser humano, los que constituyen necesariamente el fundamento esencial de toda organización social.

Establece el derecho a la vida y a la integridad de las personas, así como el derecho a la vida del que está por nacer, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y da importancia al derecho ambiental.

Propicia una protección irrestricta al derecho de propiedad, reconociendo su función social.Propone la creación de un nuevo recurso de protección para cautelar los derechos humanos.Este documento pasó a ser la base del actual Capítulo III del texto de la carta de 1980.

El acta N° 4, contenida en el Decreto Ley 1553, del 13 de septiembre de 1976, se refiere a los regímenes de emergencia, cuya finalidad fue suspender o restringir los derechos y garantías constitucionales, lo que fue una práctica normal en todo el período dictatorial.

Por primera vez en nuestro sistema institucional se regularon de manera sistematizada en la ley fundamental los Estados de Excepción, entregando al Presidente de la República la facultad de decretarlos con la participación del Consejo de Seguridad Nacional y del Congreso en los estados de sitio.

Modificaciones a la Constitución de 1925, derivadas de la implantación de las actas constitucionales.

Los documentos referidos modificaron el texto de la Constitución de 1925, en los siguientes sentidos:

Quedaron sin efecto los arts. 1, 2, 3 y 4. Se derogaron los artículos 10 al 20, que se referían a las garantías constitucionales y que

formaban parte del Capítulo III de aquel texto constitucional con excepción de la parte relativa a los bienes de la Iglesia católica y los de cualquier otra religión

Se modificaron las disposiciones relativas a la libertad personal, de imprenta y las facultades del Presidente de la República, respecto de ciertos estados de excepción.

Sin embargo, realmente desde el instante mismo de la toma del poder por el gobierno militar, se manifestó la intención de dictar una nueva constitución política del Estado chileno, lo que ocurrió de dos maneras: una, la señalada, sustituyendo por la vía de la promulgación de decretos leyes que modificaron o anularon la carta vigente hasta el 11 de septiembre de 1973 y por otro lado, mediante el establecimiento de los organismos encargados de redactar un nuevo texto.

Quinta etapa constitucional:

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La Constitución de 1980

Orígenes: Una de las primeras tareas del gobierno militar fue la de elaborar una nueva Constitución que se adaptara a la ideología triunfante en el levantamiento militar.

El 24 de septiembre de 1873, es decir, menos de dos semanas después de consumado el golpe militar , se reunió una comisión designada por la Junta Militar para redactar un nuevo texto.

Por Decreto Supremo N° 1064 de 25 de octubre de 1973 se dio vida a la comisión, encargándole que estudiara, elaborada y propusiera un anteproyecto de Constitución Política del Estado y de su leyes complementarias, que se ajustara al contenido de los postulados señalados en el acta de Constitución de la Junta de Gobierno Con la idea de renovar la institucionalidad del país de acuerdo con esa ideología.

El general Presidente de la Junta señaló algunas bases que debería contener el texto:

Propugnaba el establecimiento de un “Poder de Seguridad”, contemplando un papel preponderante para las FFAA como garantías de la supervivencia

Consolidación de un poder Ejecutivo fuerte

Sistemas eficaces de control

Proscripción de la difusión y acción de doctrinas, grupos y personas de inspiración totalitaria

Superación de la huelga como instrumento de solución de los conflictos sociales

Creación de un Banco Central independiente del gobierno

Disminución del papel de los Partidos Políticos en cuanto a la participación ciudadana

Establecer nuevos sistemas para la designación o elección del Presidente de la República

Modificar la composición parlamentaria

Incompatibilidad entre los cargos parlamentarios y dirigentes sindicales, estudiantiles, profesionales, vecinales

La comisión redactora funcionó hasta el 5 de Octubre de 1978, entregando el anteproyecto al Presidente quien a su vez lo turnó al Consejo de Estado al que correspondía conocer de él en virtud de lo dispuesto en el Acta Constitucional N° 1.

El consejo estudió el anteproyecto y lo modificó, estableciéndose un proyecto definitivo en Julio de 1980. A pesar de la homogeneidad de los componentes del grupo de trabajo, hubo un voto de minoría sustentando por don Pedro Ibáñez Ojeda y don Carlos Cáceres, quienes descartaron el sufragio universal y propusieron otro sistema de representación política.

La Junta designó a un grupo especial de trabajo para analizar los proyectos de la Comisión y del Consejo de Estado; optándose por el 1er texto con algunas consideraciones del 2°, así se redactó un documento final de 120 art. Permanentes en 14 capítulos y 39 disposiciones transitorias, el que fue aprobado por la Junta el 8 de Agosto, convocándose a un plebiscito, por medio del Decreto Ley 3465, de esa fecha.

El Plebiscito se desarrolló el 11 de Septiembre de 1980, es decir en el 7° aniversario del golpe militar, en pleno período de vigencia de emergencia constitucional, sin existencia de Partidos Políticos, sin libertad de prensa, con la mayor parte de los dirigentes opositores, muertos, encarcelados o exiliados.

No hubo una información adecuada a la ciudadanía ni opción diferente al texto propuesto, no existían registros electorales, pues los vigentes hasta 1973 fueron quemados. La alternativa fue votar SI o NO, el voto en blanco se atribuyó al SI.

Se permitió votar a los mayores de 18 años, habrían colegios Escrutadores a nivel regional y 10 días después de la votación se practicaría un escrutinio nacional por el Colegio Escrutador Nacional, que estuvo integrado por el Contralor General, un Ministro de la Corte de Apelaciones de

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Santiago, designado por la Corte Suprema, fungiendo como Secretario del Colegio, el que lo fuera de la Corte Suprema.

Todos los reclamos ciudadanos en contra de la invalidez del evento fueron desestimados y el resultado final de un 67,04% de los votos a favor y un 30,19% en contra.

El texto definitivo se promulgó el 21 de Octubre de 1980 y publicado en el Diario Oficial del 24 de Octubre de ese año, comenzando a regir a partir del 11 de Marzo de 1981, salvo en lo relativo al Tribunal Constitucional, al Congreso y a las normas relativas a los impedimentos del Presidente de la República en el período comprendido entre la aprobación del texto y su entrada en vigencia.

Los arts. transitorios establecieron las normas por las que se regiría la institucionalidad en el período de transición hasta la elección de las nuevas autoridades, que entre otros aspectos, estableció lo siguiente:

Se dispuso el “receso político” hasta la dictación de una ley de Partidos Políticos, lo que se produjo el año 1987, como la ley orgánica, constitucional N° 18.603

Se estableció un período de 8 años de transición

Se señaló que continuaría en el cargo de Presidente el general Presidente de la Junta de Gobierno

Se atribuye al Presidente una serie de facultades exclusivas como:

o Designar y remover libremente a los alcaldes

o Decretar por sí mismo los estados de emergencia y catástrofe

Con acuerdo de la Junta el Presidente de la República podía:

o Designar a los Comandantes en Jefe de las FFAA y al Director General de Carabineros

o Designar al Contralor General de la República

o Declarar la guerra

o Decretar los estados de asamblea y de sitio

o Decidir si habría lugar o no a la admisión de las acusaciones que cualquier individuo presentara contra los Ministros de Estado por los perjuicios que podría haber sufrido por actos cometidos por ellos en el ejercicio de sus funciones

o Ausentarse del país por más de 30 días o en los últimos 90 días de su mandato

Además en el caso que en el período de transición se produjesen alteraciones graves del orden público o perturbación de la paz interior, el Presidente de la República podría así declararlo y se atribuiría por seis meses las siguientes facultades:

o Arrestar personas hasta por 5 días en sus propias casas o en lugares que no fuesen cárceles, pudiendo extenderlo a 15 días

o Restringir el derecho de reunión y la libertad de información.o Prohibir el ingreso a territorio nacional o expulsar de él a quienes propagasen doctrinas

prohibidas por la Constitución Políticao Disponer la permanencia obligada de personas en localidades urbanas del territorio, por

períodos no mayores a 3 meses

Todas estas medidas sólo eran susceptibles del recurso de reconsideración ante la propia autoridad que las había dictado.

Por su parte la Junta Militar contaba con las siguientes atribuciones:

Ejercer el poder Constituyente, sujeto a plebiscito

Ejercer el poder Legislativo

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Dictar leyes interpretativas de la Constitución

Aprobar o rechazar tratados internacionales

Permitir la entrada de tropas extranjeras al país

Iniciativa de ley en todas aquellas materias que no fueron atribución exclusiva del Presidente de la República

En el período de transición, no tuvieron vigencia las disposiciones relativas al Congreso, manteniendo la validez de la Junta y del Consejo de Estado hasta las primeras elecciones parlamentarias.

El Consejo de Estado, encabezado por don Jorge Alessandri había concebido una etapa, distinta de transición, el plazo de ella lo habían establecido en 5 años en lugar de 8, propusieron también el funcionamiento de un poder legislativo compuesto de 2 Cámaras, la de diputados sería de 120 miembros designados por la Junta Militar y un senado integrado por los ex presidentes de la República y el 41 miembros designados por el Presidente.

En cuanto a la designación del Presidente de la República se estableció que los comandantes en jefe de las FFAA y de ORDEN 90 días antes del vencimiento del período transitorio, debían designar al reemplazante del Presidente acuerdo que debían adoptar por las unanimidad de sus miembros.

El convocado debía reunir los siguientes requisitos:a) Tener 40 años de edad.b) haber nacido en territorio chileno.c) Ser ciudadano.

Podría ser reelecto para el período siguiente. En caso de que los comandantes en jefe no alcanzaran la unanimidad, debía recurrirse al Consejo de Seguridad Nacional.

Si el plebiscito ratificaba la elección hecha por la Junta, si no era aprobado el candidato propuesto, el mandato del general Pinochet se extendería por un año (11.03.90)

Para la realización del plebiscito, el 27 de Agosto de 1988 por los decretos 1197 y 1198, se puso término a los Estados de Excepción.

El 30.08 la Junta de Gobierno propuso a su Presidente para que continuara en el mando entre 1989 y 1993, convocando a plebiscito para el 5 de Octubre de 1988.

Se convocó a elecciones parlamentarias y presidenciales para el 14.12.89 y el 11 de Marzo de 1990 se reinicia el proceso democrático interrumpido 17 años antes.

El texto refundido de la Constitución después de las reformas constitucionales contempladas en la Ley 20.050, ha establecido cambios importantes a la Constitución vigente hasta el 17 de Septiembre de 2005.

Bases de la Institucionalidad

(Capítulo I, arts 1º a 9º)

Están contenidas en el capítulo I de la Constitución de 1980 y fueron establecidas bajo la inspiración del Consejo de Estado, son definidas por el profesor Emilio Pfeiffer como los “principios, ideas, valores e inspiraciones fundamentales que orientan el proceso de creación y transformación del Derecho Constitucional, los que junto con la parte relativa a los Derechos y Deberes Constitucionales, forman parte del aspecto dogmático de la Constitución y constituyen el pilar de la normativa constitucional.

Las bases de la institucionalidad representan la intención del constituyente originario de que los demás preceptos del texto sean las concreciones particulares de sus señalamientos, se pretende que ellos sean la inspiración esencial que anima la carta.

De acuerdo con lo planteado en la Comisión por el profesor José Luis Cea el 1er capítulo de la Constitución, representa la visión de la civilización occidental y especialmente histórica de la persona, la sociedad y el estado, distinto del socialismo colectivista y del liberalismo decimonónico.

El Tribunal Constitucional, refiriéndose al articulado de las bases de la institucionalidad ha señalado “Que es de un profundo y rico contenido doctrinario que refleja la filosofía que inspira

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nuestra Constitución y orienta al interpretar en su misión de declarar y explicar el verdadero sentido y alcance del resto de la preceptiva constitucional” y agrega que: “estos preceptos no son meramente declaratorios sino que constituyen disposiciones expresas que obligan a gobernantes y gobernados tanto en sí mismos, como también en cuanto normas rectoras y vitales que coadyuvan a desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones de la Constitución. El legislador en el ejercicio de su función creadora del Derecho, debe tener presente, e inspirarse en las normas consagradas en este capítulo I. Le está vedado vulnerar el espíritu de estos preceptos.”

Su importancia radica en los siguientes aspectos:

Cumplen una función orientadora del órgano constituyente, al limitar el ejercicio del poder constituyente derivado, que al pretender modificar su texto debe tomar en consideración estos preceptos básicos

Para modificar estas bases se requiere de un quórum especial, 2/3 de senadores y diputados en ejercicio

También inspiran al legislador en la interpretación de los preceptos constitucionales, señalando el marco dentro del cual puede moverse, si lo transgrede, el legislador incurriría en inconstitucionalidad

Sirve de fuente inspiradora en el proceso de creación y transformación de la norma constitucional, en especial al Tribunal Constitucional, Corte Suprema y legislador en general

Limita al poder político en cuanto éste en ejercicio de sus funciones no puede transgredir la dogmática constitucional

Cumplen una función educativa, se pretende con ellos, crear una conciencia cívica y política sobre los Derechos y Deberes Constitucionales

Bases que se refieren a aspectos Filosóficos, influidos por las concepciones iusnaturalistas:

Consagra los principios básicos de “Constitucionalismo Clásico”, ejem. División de poderes, constitución escrita, soberanía nacional, Estado de Derecho, supremacía constitucional, etc.

También contiene aspectos del “Constitucionalismo moderno” ejem. Derecho Supranacional.

El capítulo I del texto constitucional, integra la parte dogmática de la Constitución Política de 1980, que se refiere a la idea de organización social. Según dice Cea Egaña, en esta parte dogmática, se declaran los Derechos Humanos para ampararlos y promoverlos mediante la organización y sujeción del Estado, en la parte orgánica de ella, según el sistema de normas que tornan previsibles los comportamientos de los gobernantes. Esta parte es la que define los valores fundamentales “que inspiran una carta constitucional”.

Germán Urzúa Valenzuela sobre la materia, señala que la Constitución de 1980 no aporta nada nuevo, ya que se remite a reproducir conceptos que ya estaban señalados en Constituciones precedentes y que en general no son sino repeticiones de lo señalado en cuerpos legales extranjeros.

Se señala que en la Constitución de 1980 se ve reflejado el pensamiento político del grupo gobernante, tiende a consolidar el pensamiento liberal individualista en lo económico. En muchos aspectos representa un retroceso frente a ciertos avances sociales alcanzados en la carta de 1925, los que fueron afianzados en la ley 17.398 de garantías constitucionales.

La idea central de la carta de 1980 es de que “el Estado debe de cesar en su función social de beneficencia” y transformarse en un Estado que sólo interviene cuando la iniciativa privada no lo haga.

Estudio del articulado de las bases de la institucionalidad

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Concepción individualista.- La Constitución de 1980 deja claramente establecido el carácter individualista y liberal de nuestro ordenamiento jurídico a partir del primer artículo de su texto. Este art. se inspira en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948

Art. 1° “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y Derechos” Este inciso se refiere a toda persona racional de la especie humana sea hombre o mujer.

Dignidad : Respeto que merece toda persona por su calidad de tal, ser racional, dotado de voluntad y afecto, no debe ser coaccionado física ni mentalmente. La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona.

Libertad: Consiste en el libre albedrío, libertad para escoger entre diferentes alternativas o crear nuevas frentes a las ya existentes. Implica ausencia de coacción moral o física, pleno desarrollo de las capacidades creadoras, autonomía, consustancial al hombre.

Igualdad: Nadie es superior ni inferior a otro; eliminación de toda discriminación arbitraria, corregir desigualdades existentes.

La comisión Ortúzar no había incluido la expresión Derechos, que fue agregada por el Consejo de Estado. Esta norma trata de asegurar el respeto a los Derechos fundamentales de la persona, que son anteriores y superiores al Estado que sólo los reglamenta y reconoce.

La familia.-En seguida este art. señala que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.

Este aspecto también encuentra su origen en la doctrina ius naturalista y de él se pueden deducir 2 obligaciones para el Estado:

Darle protección a la familia y propender a su fortalecimiento

Debe Proteger a la familia y reconocer a los Grupos intermedios en general Debe adoptar las medidas necesarias para la protección de los grupos intermedios

Los grupos intermedios.-“El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y

estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”.

Este inciso 3° se inspiró en la ley 17.398 que reconoció la autonomía y personalidad jurídica de los grupos intermedios, a las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y otras organizaciones sociales (Art. 19 N° 19)

A través de este artículo se consagra el principio de la Subsidiariedad del Estado. En virtud del cual cada grupo ve limitado su funcionamiento, en razón de la actividad de otro, siendo el Estado encargado de velar por que ello se realice con independencia. La organización superior nace para cumplir los fines que la inferior no puede realizar por sí sola; siendo su órbita la que empieza donde termina la posibilidad de acción de la menor

Contenido del principio de subsidiariedad.-El principio de la Subsidiariedad el Estado del inciso 3º del art 1º, implica:

Reconocer a los grupos intermedios una adecuada autonomía

Supone que los grupos intermedios tienen Fines Específicos, para lo cual poseen autonomía, pero subordinada al bien común de la sociedad

Los grupos Intermedios se ubican socialmente entre el individuo y el Estado

Objetivos del principio de subsidiariedad:

Limitar la actividad del Estado:

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o El Estado interviene sólo cuando las actividades que asume no las desarrollan los grupos intermedios ni los individuos

o O bien, cuando la importancia de las tareas que asume no es conveniente entregarlas a particulares

Las demás funciones deben ser ejercidas por los grupos intermedios, absteniéndose el Estado de intervenir, asumiendo un rol pasivo en el orden económico y social.

Pretende asegurar la existencia de una sociedad libre, con pleno desarrollo de las capacidades humanas

Finalidad del Estado:El inciso 4° del art. 1, señala que, “el Estado está al servicio de la persona humana y su

finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los Derechos y garantías que la Constitución establece”. Consagra constitucionalmente como finalidad del Estado, el bien común, acorde con la teoría tomista que inspira esta disposición.

Deberes del Estado.-Deberes del Estado contenidos en el Inciso final del art. 1°Esta enumeración no es taxativa, es más, el principal deber del Estado que es el que emana

de lo dispuesto en el inciso 2º del art. 5º, respetar y promover los derechos humanos no está mencionado en este artículo.

Promover el bien común (objetivo), ya señalado anteriormente como la finalidad del Estado chileno

Resguardar la Seguridad Nacional, concepto que se refiere a la seguridad del Estado en su conjunto, la de sus habitantes, la de los Derechos que a ellos corresponden, la seguridad del territorio nacional y la seguridad del poder del Estado. No puede ser considerada un fin en sí misma, sino que es un medio para alcanzar el Bien Común (es la condición para que el Estado se desarrolle normalmente), en todo caso debe estar subordinada al Bien Común. Este concepto no está definido en el texto

Proteger a la población en general

Proteger y fortalecer la familia

Promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación Asegurar la participación igualitaria de todas las personas en las oportunidades que brinda la

vida nacional

Principios jurídico - políticos, definidos en la Constitución de1980.-

Definición jurídica (forma de Estado).- El Art. 3° señala que, “El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley”.

A este artículo, se le ha agregado un inciso 2º, que establece como un mandato para los órganos del Estado, cual es, promover el proceso de regionalización, iniciado durante el gobierno militar, así como el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional.

El inciso 2º señala: “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

Estado unitario es aquel en que el poder conserva una unidad en cuanto a su estructura, al elemento humano y al territorio sobre el que se ejerce, emanando sus normas legales de un órgano central, es decir, existe un solo aparato gubernamental.

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Al Estado Unitario se le define como aquel que no posee más que un solo centro de impulsión política, la población estatal obedece a una sola autoridad central y por ende, a un régimen constitucional único. Este art. 3° tiene su fuente en la Constitución de 1925, pero en este caso separa la forma de Estado que considera la distribución espacial del territorio, de la forma de gobierno que se refiere al ejercicio del poder.

En cuanto al territorio, lo divide en regiones a las que posteriormente asigna relativa importancia en el articulado cuando se refiere al gobierno interior, tendiente a la descentralización, considerando elementos geográficos, factores humanos, de seguridad, los recursos naturales y socioeconómicos de la distintas zonas: La fuente de estos aspectos se encuentra en los D.L. 573 y 575 que dividió al país en 13 regiones, las que posteriormente se señalaron en el art 45 referente a la integración del Senado, hoy derogado, relegando al ámbito del legislador la determinación del Nº de Regiones.

Este precepto constitucional, en su inciso 1º, a su vez había sido modificado como aparece en el texto, por el art. 1° de la ley 19.097 publicada en Diciembre de 1991, esta modificación provocó intenso debate parlamentario sobre los siguientes aspectos:

El ejecutivo propuso en aquella ocasión, incorporar en este art. el concepto de Provincias y Comunas para concordar esta disposición con el art. 99 del texto, que se refiere a éstas unidades; pero se rechazó la propuesta porque el art. 3° está en el Capitulo I de la Constitución, revestido de una mayor rigidez constitucional y el 99, forma parte de las normas de gobierno y Administración Interior de menor relevancia. Es evidente que la importancia que se le quiso dar a la ubicación de la comuna radica en el origen democrático de esta, que responde a la soberanía popular, lo que no ocurre con la Región, ni Provincia que derivan de una decisión administrativa del ejecutivo

Se eliminó del texto la expresión “propenderá” que tenía antes de la reforma, por no enfatizar de manera suficiente la idea de descentralización administrativa, la que con esa expresión verbal aparecía un tanto ambigua, ahora el texto señala que la administración del Estado “será funcional y territorialmente descentralizada”

La otra expresión empleada, “o desconcentrada en su caso”, significa que hay aspectos que no se pueden descentralizar, como es el caso de la FFAA, las relaciones internacionales y otros que por su importancia y naturaleza, se mantienen centralizados.

La expresión “en conformidad con la ley”, quiere decir que se dejó a una ley orgánica la reglamentación detallada de la materialización de los aspectos referentes a la descentralización y desconcentración. Lo que el legislador concretó con la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, la Nº 18.575, de 5 de Diciembre de 1986

Se establece, a través de la Ley 20.050 el mandato a los órganos del Estado de promover el proceso de regionalización y el desarrollo equitativo y armónico de las regiones, provincias y comunas

Este art. 3° se relaciona con el art. 99 que se refiere al Gobierno Interior y a la Administración de la República, dividiendo al país en Regiones, Provincias y Comunas; así como con el art. 45 que regula la integración del Senado, para cuyo efecto, el país se dividió en 13 Regiones y en circunscripciones electorales (hoy sustituido).

Este aspecto ha cobrado mayor relevancia después de las modificaciones del texto refundido de la reforma constitucional que ha introducido un inciso 2° al art 3°, en el que establece como deber para los órganos del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, promover la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas. El constituyente sólo se refiere a la solidaridad en relación con las regiones, ya que la eliminó en toda la extensión constitucional como aconteció con las acciones de salud o de previsión que en doctrina y en el derecho comparado, son típicamente solidarias.

Definición política del Estado Chileno.-

Ella emana de lo dispuesto en los art. 4° y 5° de la Constitución vigente, el art 4º señala que, Chile es una República Democrática, pero como hemos señalado anteriormente no basta una

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declaración legal para que funcione automáticamente un sistema, sino que ello, es y de manera preponderante, el resultado de la vida real de un país.

Un gobierno democrático según la doctrina, supone la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Autoridades elegidas según el principio de representación popular.

b) Autoridades sujetas al imperio de la ley.

c) Consagración y resguardo de los Derechos y garantías fundamentales.

d) Fiscalización de las autoridades por órganos independientes de control.

e) Separación de funciones

En este artículo 4º, se eliminó la expresión representativa que contenía el texto de 1925, en razón de que parte el Senado se elegía con prescindencia de la representación popular, restando por lo tanto al Congreso una base exclusivamente representativa y democrática.

Por su parte, el art. 5º, inciso 1° señala que “la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

Por soberanía se entiende el poder supremo, en virtud del cual el Estado se da una organización y estructura jurídico-política, planteándose frente a los otros Estados en un plano de independencia e igualdad, no admite otro poder por sobre él. El antecedente de este inciso se encuentra en la Constitución de 1925.

El depositario de la soberanía es la nación, que es el conjunto de personas que vinculadas por raza, tradiciones, costumbres, idioma, creencias y pasado común, habitan nuestro territorio, la dificultad de esta decisión, deriva del carácter abstracto y difuso del concepto de nación.

El hecho de que la soberanía se vincule a la nación y no al pueblo con Derecho y Deberes políticos, amplía el concepto a los que no votan por razones de edad u otros motivos por lo que numéricamente es más que el pueblo elector.

Si bien es cierto, la soberanía pertenece a la Nación, quien la ejerce realmente es el pueblo, a través de los procesos electorales, es decir, aquella parte de la nación mayor de 18 años, que no ha sido condenada a pena aflictiva.

Nadie puede atribuirse la soberanía en forma exclusiva y quien lo haga comete delito de sedición, sancionado en el Código Penal y en la Ley de Seguridad del Estado, anteriormente esta figura delictiva estaba establecida en el propio texto constitucional.

El inciso 2° del art. 5° “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los Derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales Derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. Los tratados se tramitan por Decreto Supremo, igual que toda ley, previa aprobación del Congreso, requieren, además de promulgación y publicación, sin embargo ésta no está sujeta a los cinco días de un proyecto normal, sino que queda diferida a la aprobación recíproca del otro Estado u Organización Internacional.

Este inciso siguió el predicamento de la Comisión redactora, inspirado por Jaime Guzmán, quien sostenía que el límite de la soberanía era el Derecho Natural; pero como tal expresión era vaga y ambigua se prefirió aludir a los “Derechos Esenciales” que emanan de la naturaleza humana, más que a la Declaración Universal de los Derechos del hombre; esto porque la naturaleza humana sería superior y anterior a éste en cuanto el Derecho es creación de los hombres.

La parte final de este inciso refuerza el papel de garante del Estado de los derechos de los ciudadanos que serían superiores y anteriores al poder Estatal.

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Se critica en este inciso el rango que se confiere a los tratados internacionales que pueden entrar en contradicción con el Derecho positivo vigente en Chile, incluso con el propio articulado de la Constitución. Esta disposición se modificó en conformidad con la ley de reforma Constitucional N° 18.825 del 17 de Agosto de 1989. Aquí se plantea la posibilidad de que en virtud de este mecanismo se pudieran abrogar disposiciones legales vigentes en nuestro Derecho positivo que estuvieren en contradicción con los señalado en el tratado que se apruebe. El texto tampoco aclara a qué tipo de tratados se refiere. Además, cuando expresa “y que se encuentren vigentes”, queda la duda si se refiere a la vigencia en el plano nacional o internacional. Art. 32 N° 17 y 50 N° 1.

Derechos humanos incorporados vía Tratados Internacionales.

Una vez ratificado un tratado que se refiera a materias de Derechos Humanos, produce las siguientes consecuencias, según la doctrina:

Los Derechos humanos así aprobados, se incorpora al O. Jurídico nacional, formando parte de la Constitución Política

Su vulneración infringe tanto la Constitución como el Tratado suscrito y vigente, con efectos jurídicos tanto de orden interno como externo a través del Derecho Internacional Público

El tratado sobre Derechos Humanos incorporado por esta vía, implica un procedimiento especial de Reforma Constitucional, ya que no sigue los mecanismos establecidos en ella

Cualquier Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, sólo puede mejorar el tratamiento jurídico de ellos, de ninguna manera podría disminuir su aplicación o vigencia

Ejercicio de la Soberanía según el art. 5°, se realiza a través de:

Elecciones periódicas

Plebiscito. Y por

Las autoridades que la Constitución establece

Estado de Derecho

De acuerdo con la doctrina, los elementos básicos que forman parte de este concepto son:

1. Imperio de la ley

2. Separación de poderes

3. Administración pública objetiva, actuando sujeta a la ley

4. Control jurisdiccional

5. Derechos y garantías fundamentales establecidas en el texto constitucional

Conceptos que en nuestro texto se encuentran inmersos preferentemente en los arts. 6° y 7°, todos ellos, analizados en el curso anterior de Derecho Constitucional I.

El inc. 1° del art. 6° señala que “los órganos del Estado deben de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella” Es decir, se manifiesta la intención de resaltar que los órganos que ejercen la función pública deben hacerlo acorde con la Constitución Política y con las leyes dictadas de acuerdo con ella, en acatamiento al ordenamiento jurídico vigente que es objetivo e impersonal.

También este principio pone de manifiesto la existencia de un orden jerárquico y la consagración de la Supremacía Constitucional, la que se resguarda a través, del control preventivo de acuerdo al art. 81 y represivo, consagrado en el art. 80.

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Inc. 2° “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. Reitera la igualdad ante la ley que señaló en el art. 1° y que ratificará en el 19. Gobernantes y gobernados sujetos al derecho.

El inciso 3° señala que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Artículo 7°. La fuente de esta disposición se encuentra en el antiguo art. 4° de la Constitución Política de 1925 y del art. 151 de la Constitución de 1833, que establece el principio de las competencias y el deber de ajustarse a él; según opinión del Sr. Evans De la Cuadra, integrante de la Comisión, para respetarlo deben cumplirse 3 requisitos:

a) Investidura regular de los integrantes.

b) Actuar dentro de la órbita de sus atribuciones legales.

c) Que las atribuciones se desarrollen con los resguardos y formalidades que las leyes prescriben.

De acuerdo con las actas de la comisión se exige que las autoridades se ajusten a las formalidades previstas por el legislador.

El inciso 2° del art. 7° dice “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. Principio de separación de funciones.

La sanción a la trasgresión de esta disposición es la nulidad del acto contrario a ella y originará responsabilidades legales, la Constitución de 1925, además hacía incurrir al infractor en el delito de sedición.

El Estado de Derecho en la Constitución de 1980, según la doctrina.- Para el profesor Germán Urzúa Valenzuela, el aspecto básico del Estado de Derecho es la consagración y respeto a los derechos consustanciales del hombre, lo que implica dar plena aplicación a los señalamientos contenidos en los capítulos I y III de la Constitución vigente, particularmente las disposiciones de los arts. 6° y 7° del texto, en este sentido considera un avance importante la aprobación de la ley N° 18.825 que derogó el art. 8° de la redacción original que constituía una restricción importante a la participación política y social en la vida del país, dicha disposición señalaba “todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propaguen la violencia o una concepción de la sociedad, del estado y del Orden Jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la república”.

Para la profesora Luz Bulnes, los presupuestos del Estado de Derecho, consagrados en nuestra Constitución son:

1. Supremacía constitucional

2. Responsabilidad gubernativa.- que se hace efectiva por el juicio político en el desempeño de ciertos cargos (art 48), por la responsabilidad ministerial de los jueces, y por la no reelección de los parlamentarios

3. Principio Competencia, es decir, consagración de la separación de funciones del Estado.

Para don Alejandro Silva Bascuñán, nuestra Constitución en este capítulo de las bases de la institucionalidad, respecto del Estado de Derecho, consagra los siguientes elementos:

Principio de supremacía constitucional; éste se manifiesta en el inciso primero del art. 6° cuando expresa: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”. Por órgano debe entenderse al cuerpo integrado por una o más personas, cuya voluntad o voluntades, debidamente expresadas, valen como si fuera manifestación directa o propia del querer del Estado, o sea, se imputan a éste de modo que sus consecuencias, favorables o adversas, son experimentadas por la colectividad organizada en cuyo nombre han actuado.

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Además esta supremacía es protegida a través de ciertos mecanismos de control, tanto preventivo a cargo del Tribunal Constitucional, como represivo por cuenta de la Corte Suprema de justicia; esto antes de la Reforma de la ley 20.050. La supremacía contiene implícitamente la idea de jerarquía del orden jurídico, en cuya cúspide se encuentra la carta fundamental.

Este principio de la supremacía normativa de la Constitución, se aplicó por primera vez de manera concreta en los Estados Unidos de Norteamérica en virtud del principio “Judicial Review”, que reconoció a los Tribunales de ese país el poder de declarar nulas las leyes que contradigan el texto constitucional, de acuerdo a lo resuelto por el Juez Marshall en el caso “Maldbury versus Madison”, señalando que “La Constitución es superior a cualquier otro acto del legislador ordinario”. (Prof. Luz Bulnes Aldunate, “La Fuerza Normativa de la Constitución, ponencia presentada a las XXIX Jornadas de Derecho Público Universidad Católica de Chile) .

Esta supremacía y el orden jerárquico consiguiente, confiere a la Constitución una fuerza normativa o fuerza vinculante que permite la aplicación inmediata y directa de sus disposiciones de acuerdo con la doctrina que se ha impuesto después del término de la Segunda Guerra Mundial.

En Francia hoy se reconoce como garantía de los derechos fundamentales la aplicación directa de estos derechos; con relación a ello, Favoreau expresa: “En realidad, nada se saca con proclamar derechos y libertades con lujo de detalles, si al mismo tiempo el constituyente entrega al legislador la labor de poner en ejercicio estos derechos o si la opinión dominante es que estos derechos no son de aplicación inmediata”. En el mismo sentido, el Consejo Constitucional francés ha expresado que los derechos fundamentales son de aplicación inmediata y el Juez constitucional ha ido aún más allá, dejando entender claramente que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales deben aplicar directamente las normas constitucionales. Igual doctrina siguen la Constitución Portuguesa art. 18, Española art. 9.1 y Alemana art. 1°.

La Profesora Luz Bulnes sostiene que la Constitución Política de 1980 de nuestro país, consagra plenamente este principio al señalar el art. 6° que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los preceptos de esta institución obligan tanto a los titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo; de aquí deduce que las normas constitucionales se aplican directamente a las autoridades y a todo grupo o persona. Refuerza su argumento, citando al profesor Alejandro Silva Bascuñan que en las sesiones de la Comisión de Estudios Constitucionales expresó: “toda preceptiva de la Constitución, debe ser respetada tanto por las autoridades que ella establece como por los gobernados”, es decir, no se requiere la promulgación de ley alguna para hacer operativas las normas constitucionales, el hecho de que el constituyente se remita, en algunos casos al legislador, no impide que el precepto constitucional se aplique de inmediato.

La aplicación directa de la Constitución, provoca las siguientes consecuencias jurídicas:

Es obligatoria ; según el profesor Gustavo Fiamma “son vinculantes puesto que ellos por mandato constitucional lo son, ya que no sólo obligan al legislador, sino que además obligan con independencia del legislador a los demás órganos del Estado”

Nuestro Tribunal Constitucional , en referencia al art. 6° ha fallado “En sus incisos 1° y 2° consagra principios vitales en los cuales descansa la nueva constitucionalidad, como son el de la supremacía constitucional sobre todas las otras normas jurídicas, que integran nuestro ordenamiento positivo y el de la vinculación directa de los preceptos constitucionales a las autoridades públicas y a todos los ciudadanos, siendo por ende tales preceptos obligatorios para los gobernantes como para los gobernados”.

La Constitución debe ser aplicada directamente por los tribunales de justicia ; así debe interpretarse la norma del art. 19 N° 3 del texto, que señala que la Constitución asegura a todas las personas, la igual protección en el ejercicio de sus derechos.

El tema se debatió en la Comisión de Estudios Constitucionales destacándose las siguientes intervenciones: Sergio Diez, opina que las personas que vean conculcados sus derechos, pueden acogerse a este art. 19 N° 3 y recurrir directamente a los tribunales aunque no se dicte una ley que reglamente esos derechos. El Sr. Evans opinó que “el afectado puede hacer valer su derecho por la vía de la petición o del recurso ordinario o extraordinario”, el Sr. Ortúzar agregó que el afectado puede recurrir a los tribunales sin que éstos se puedan excusar de conocer el asunto ni por razones de competencia, ni porque no exista ley que resuelva el conflicto.

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El Sr. Ovalle expresó que ésta es la base esencial de la cual fluyen las consecuencias que configuran el Estado de Derecho en Chile, la primera premisa es que la ley fundamental obliga a todos por igual, gobernantes y gobernados; nadie puede sentirse ajeno a ella y a todos es aplicada su normatividad con igual rigor.

En cuanto a los órganos del Estado y su acción, don Alejandro Silva Bascuñán, plantea que de acuerdo con el inciso primero del art. 7°, “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”; esta mención da paso al principio de las competencias y la necesidad de ajustarse a él, lo que expresa en los siguientes requisitos.

Investidura regular de los integrantes en cuanto a la validez de la elección, del nombramiento, del sorteo, etc, por ej.: la promesa o juramento del presidente de la república para asumir el mando

Actuar dentro de la órbita de sus atribuciones constitucionales y legales , es decir que las resoluciones que emitan las autoridades se encuentran dentro del marco de sus atribuciones

Que se cumplan las formalidades establecidas en la ley , por lo tanto con las solemnidades, modalidades que cada caso amerite; ejm. la firma de los ministros en los decretos respectivos, informes previos, quórum, etc.

La carencia o imperfección de cualquiera de los requisitos esenciales anula el acto.

Debe agregarse actualmente el principio de probidad con que deben actuar los órganos del Estado y sus titulares, de acuerdo con lo señalado en el art 8º inciso 1º, del texto refundido de septiembre de 2005 y

Los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que apliquen, son públicos, sin perjuicio que una ley de quórum calificado pueda establecer su reserva cuando la publicidad afecte su debido cumplimiento, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.

Nulidad de derecho público.- Otro aspecto que surge a propósito del art. 7° inciso final es el de la nulidad de Derecho Público; en efecto, el acto realizado al margen del Derecho es privado de todo efecto jurídico y es declarado nulo. “Todo acto en contravención a este artículo, es nulo”.

La nulidad es la sanción por la omisión de requisitos y formalidades que la Constitución o las leyes prescriben para la validez de un acto y consiste en desconocerle sus efectos jurídicos, estimándolo como si no hubiese existido.

Para el profesor de Derecho Constitucional, Hernán Molina Guaita, la nulidad del Derecho Público del art. 7° inciso final, es de tipo administrativo, una sola y no admite la clasificación del Derecho Civil de absolutas y relativas. Según él, debe ser declarada por el tribunal y no opera Ipso Jure, de acuerdo con el art. 38 inc. 2°, es decir, mientras no se declara sigue produciendo efectos, ya que cuando se quiso sancionar con la nulidad Ipso Jure, el constituyente lo declaró expresamente, ej. Art. 35.

Según don Alejandro Silva B. El acto nulo carece de validez y eficacia, o sea no produce efecto alguno. Fundado en el Código Civil, art. 10 “los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención”. No merece obediencia.

Son nulidades de Derecho Público “las que se producen en la actuación o decisión de un órgano del Estado que encierran un vicio o defecto consistente en el incumplimiento de los requisitos exigidos para su validez y que, por lo tanto, no generan los efectos llamados a producir”. Hay causas de nulidad por objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público chileno.

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Imperio de la ley.- Se desprende de lo estatuido en el inciso segundo del artículo séptimo de la Constitución: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. Esta disposición se refiere a todas las instituciones que actúan en la vida pública.

Sustancialmente el precepto prohíbe invocar y hacer efectiva una función que no haya sido conferida a la autoridad que la emite. La atribución debe ser conferida expresamente, de manera clara, patente y categórica, ya que en Derecho Público sólo se puede realizar aquello para lo que se encuentra expresamente facultado.

Responsabilidades.- Las violaciones a los preceptos del Estado de Derecho, consagrados en los art. 6 y 7 de la Constitución Política acarrea responsabilidades de diferente tipo; civil, penal, funcionaria, profesional o política.

La responsabilidad civil se orienta a obtener el pago de una indemnización por parte del infractor; la pena acarrea una sanción de tipo corporal; la administrativa repercutirá en la posición del infractor en relación con su empleo; la política puede privar del derecho de sufragio o de la posibilidad de ser elegido para algún cargo; por último, la profesional repercute en la carrera funcionaria del infractor.

Sanciones.- Por último, el Estado de Derecho implica que se apliquen las medidas establecidas en la Constitución y en la ley a los responsables

La probidad de los actos de la administración.- La reforma constitucional, agregó un nuevo art 8º que propende a modernizar y transparentar el ejercicio de las funciones públicas, elevando a rango constitucional los principios de probidad, así como, a través de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado se procura una mayor transparencia en el desarrollo de los actos y procesos administrativos. El art. 8º actual señala: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

La publicidad de los actos de la administración.- Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional”.

Condena al terrorismo El art. 9° completa las Bases de la Institucionalidad con una disposición condenatoria al terrorismo, entregando al legislador la tipificación de las conductas terroristas, lo que efectivamente hizo por medio de la ley 18.314. La disposición original del texto constitucional ha sido modificada por las leyes 18.937, la 19.027, la 19.055 y la 19.172, quedando en definitiva la redacción actual, que comienza por proclamar en el inciso primero que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. El principal inspirador de esta disposición en el seno de la Comisión de Estudios Constitucionales fue el ex senador Juan de Dios Carmona Peralta. Nos parece incompleta la disposición señalada porque se omite la condena de otros delitos contra la humanidad, que son tanto o más graves que éste, como son el de genocidio, la desaparición forzada de personas, la tortura, y el propio terrorismo de estado que es el más repudiable de todos, pues se ejecuta amparado en el anonimato y la impunidad que representa el ejercicio ilegítimo del poder. El constituyente no definió este delito por lo que hay que buscar su tipificación en la doctrina, entre nosotros; el profesor Jorge Mario Quinzio, lo define como el “acto de violencia aguda o atroz, cometido normalmente con medios de estrago, dirigidos a producir estados de conmoción y temor

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generalizado en la población, con fines políticos de sometimiento colectivo y quebrantamiento moral del actor político oponente, el llamado aniquilamiento subjetivo”, cuyo contenido se caracteriza por:

ejercicio de actos de violencia uso de medios de estrago afectación de civiles inocentes espectacularidad de los actos servirse políticamente de los actos de terror o amedrentamiento.

Nuestra Corte Suprema, en fallo de 1957 ha señalado que “los atentados terroristas son actos criminales cometidos solamente, o principalmente, con un propósito de alarma, por el empleo de métodos capaces de crear un estado de peligro común. La infracción política realizada por el método terrorista cesa de ser tal y pasa a ser común. La infracción terrorista presenta cierta analogía con la infracción política en cuanto a su base teórica, pero el método (el terror) corrompe, transforma y desnaturaliza la infracción en una de derecho común. Este método suprime el carácter ideológico de la infracción y hace del terror el elemento preponderante del acto”.

En una sentencia posterior ha establecido que “las conductas que el legislador ha de tipificar como delito sobre la base de la habilitación que le ha otorgado la Constitución en su art. 9° inciso 2°, ha de relacionarse con el terrorismo, esto es, conductas y actos graves que lesionan indiscriminadamente bienes jurídicos importantes -como la vida, la integridad física, bienes materiales, sustracción de personas, etc.- con el objeto de causar temor o terror en la población, para sojuzgarla y llevar a cabo los planes o propósitos de los terrorista y de su organización”. Fallo de 1988, citado por A. Silva Bascuñan.

Establece que las conductas terroristas y su finalidad deben de ser determinadas por la ley de quórum calificado, inhabilitando a los autores de estos delitos para ejercer funciones o cargos públicos; tampoco pueden ser rectores o directores de establecimientos de educación o ejercer funciones de enseñanza, explotar o ser directores o administradores de medios de comunicación social o para desempeñar funciones o informaciones. Ni dirigentes de organizaciones políticas, profesionales, empresariales, sindicales, estudiantiles o gremiales.

Los delitos calificados como terroristas se consideran siempre comunes y no políticos para los efectos legales. No procederá a su respecto el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.

La ley 18.314, modificada por la 19.027, establece como delitos terroristas los del art. 2° de la ley que reúnen los siguientes requisitos:

Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efecto de los medios empleados, o por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.Se presumirá que existe ese temor, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, mediante tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieran ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos.

Que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. El art. 2° de la ley se refiere a los siguientes delitos a los que se aplican los requisitos anteriores:

Homicidio art. 390 y 391 lesiones art. 395, 396, 397 y 399 secuestro y sustracción de menores art. 141 y a 42 envío de explosivos incendio y estragos infracciones contra la salud descarrilamiento

Apoderarse o atentar contra nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público. O realizar actos en contra de ellos que pongan en peligro la vida, integridad corporal o salud de pasajeros y tripulantes

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Atentar contar la vida o integridad corporal del Jefe del Estado y otras autoridades

Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo

Asociación ilícita, cuando tenga por objeto la comisión de delitos terroristas

Nación, nacionalidad y ciudadanía.(Capítulo II Constitución Política, arts 10 a 18)

La Nación.- Es un concepto que ya se estudió en Derecho Político como parte de la teoría del Estado, al referirnos a los elementos que componen esa institución y especialmente en la parte referida al grupo humano. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha definido la nación como el “conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”

Para Hauriou es la “agrupación de formaciones étnicas primarias en que la convivencia prolongada en un mismo país unida a ciertas comunidades de raza, lengua, religión y recuerdos históricos ha engendrado una comunión espiritual, base de una formación étnica superior”.

En el concepto de nación, encontramos elementos objetivos como la raza, lengua, cultura, religión, etc. y subjetivos, conformados básicamente por la conciencia de pertenecer a una nación determinada, de que se poseen rasgos comunes que los distinguen de otras comunidades y la voluntad de seguir viviendo asociados.

La Nacionalidad se define como “aquel vínculo jurídico y político que une a un individuo con un Estado determinado”. El concepto de nación se expresa jurídicamente a través de lo que nuestra Constitución Política establece en el capítulo II, art. 10, al señalar quienes son chilenos. El constituyente nacional ha sido minucioso al reglamentar el régimen relativo a las fuentes naturales de la nacionalidad; en cambio en otros ordenamientos jurídicos se ha dejado en manos del legislador la regulación de todos los aspectos referentes a la nacionalidad. Las normas relativas a esta materia han sido actualizadas por las reformas de la Ley 20.050. La determinación de la nacionalidad, desde luego, tiene importancia en el ámbito del Derecho Internacional Público y Privado, pero también en el Derecho Interno, en materias como regímenes matrimoniales, sucesión, Derecho del Trabajo, Tributario, Penal, etc. Sin embargo, en lo que se refiere a los Derechos Constitucionales la situación de nacionales y extranjeros se equipara y sólo se puede exigir nacionalidad chilena en determinados casos para ocupar algunos cargos; pero tal situación debe establecerse por la ley. En cuanto a los deberes de los nacionales, los inc. 2° y 3° del art. 22 señala los que sólo afectan a los chilenos; ellos se refieren al servicio militar y a las demás cargas personales.

En la comunidad internacional se ha impuesto el principio de que ninguna persona debe estar desprovista de nacionalidad, así la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su art. 15 “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.

Sistemas de Determinación de la Nacionalidad.- Se distingue entre sistemas:

1) “naturales o biológicos” y 2) “adquiridos o derivados”.

El primer sistema se refiere a las consecuencias de la aplicación del IUS SOLI, es decir, la determinación de la nacionalidad de acuerdo con el lugar en que se nace, el territorio del país respectivo; y del IUS SANGUINIS que surge de la nacionalidad de los padres, es decir, la atribución de la nacionalidad de acuerdo al vínculo carnal entre el adquirente y sus progenitores

El sistema de nacionalidad adquirida o derivada es consecuencia de una determinación voluntaria y consciente de un individuo adulto (nacionalización, opción) o bien por una

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atribución legal (nacionalización por matrimonio, o cuando se le confiere la nacionalidad a alguien en virtud de los servicios prestados al país)

La Constitución de 1980 utilizó una combinación de los aspectos mencionados; Los tres primeros N°s. Del art. 10 antes de la reforma, revistieron el carácter de originales, naturales o biológicos y los otros dos, derivados o adquiridos, art. Profundamente modificado en el texto refundido de Septiembre de 2005.

El art. 10 Nº 1: dispone que son chilenos: 1° los nacidos en el territorio nacional, entendiendo por tal, desde luego, el terrestre, el marítimo y el aéreo, así como las sedes diplomáticas en el extranjero.

Para los efectos de este art. 10 N° 1, se entiende por territorio nacional el natural o jurídico (espacios terrestre, aéreo y marítimo) comprendido en sus límites geográficos, así lo confirma una sentencia de la Corte Suprema de abril de 1924, que señala que es la “superficie de tierra en el que el país ejerce su soberanía a título de tenencia, de posesión o dominio y siempre que sea independiente de la soberanía de otra nación”. En realidad sólo se refiere al espacio terrestre y resolvió un asunto en disputa en la zona de Tacna y Arica antes del Tratado de 1929.

Esta regla general tiene las siguientes excepciones:

Los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile al servicio de su gobierno. Ambos deben ser extranjeros y que a lo menos uno de ellos esté al servicio de su gobierno

Los hijos de los extranjeros “transeúntes”, que son aquellos que se encuentran de paso por el país, sin intención de permanecer en él. “El que transita o pasa por un lugar”.Sin embargo, la Constitución posibilita a quienes se encuentran en esta situación excepcional para que puedan optar por la nacionalidad chilena, en cuyo caso se encontrarían en la situación de la norma general.Deberán declarar que optan por la nacionalidad chilena, dentro de un año contado a partir de que cumplen 21 años, ante el Intendente o Gobernador respectivo o agente diplomático si está en el extranjero

El Nº 2 del artículo 10 (anterior, hoy derogado): mencionaba que también lo son los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, cuando se encontraba cualquiera de ellos en actual servicio de la República; la expresión “actual” se refería al hecho de que se hallen en el momento del nacimiento en el desempeño de algún cargo de los referidos. Entendemos que el señalamiento de “al servicio de la República”, se refiere a algún organismo oficial, cualquiera sea el poder a que corresponda, ejecutivo, legislativo, judicial, militar, administrativo, etc. De acuerdo con la Constitución, a estos chilenos para todos los efectos, se les consideraba nacidos en el territorio de la República.

La consideración que hacía la parte final del N° 2 del art. 10, era importante para los efectos señalados en el antiguo art. 25, que exigía como requisito para ser elegido Presidente de la República, haber nacido en territorio chileno, siendo ésta de las escasas disposiciones legales en la que se exigía esta condición; cabe mencionar que en este aspecto nuestra Constitución ha sido bastante amplia, reproduciendo lo que al respecto estatuía la Carta de 1925. La reforma ha modificado los requisitos para ser Presidente de la República y hoy exige tener la nacionalidad de acuerdo con los dos números que hemos analizados, es decir, haber nacido en Chile o obtener la nacional por ser hijo de padre o madre chilena, según el Nº 2 del texto actual.

El Nº 3 del artículo 10 (derogado): mencionaba que se confiere la calidad de chilenos a los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero por el sólo hecho de “avecindarse por más de un año en Chile”. La Constitución Política de 1925 no exigía temporalidad alguna; bastaba el hecho de avecindarse en el país.

Avecindarse es “establecerse en algún pueblo en calidad de vecino, arraigar o estar de asiento una persona o cosa “

El actual Nº 3 se refiere a la nacionalidad adquirida.

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Disposición actual.- Los dos números sustituidos, el 2 y 3, han sido reemplazados en el texto refundido, por un nuevo Nº 2 del artículo 10, que actualmente señala: “Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los Nºs 1º, 3º o 4º. Esta nueva disposición ha refundido y modificado la disposición anterior, extendiendo la nacionalidad a cualquier hijo de chileno, nacido en el exterior, siempre que su antecesor la haya adquirido por nacimiento, naturalización o gracia y que el vínculo se refiera a ascendientes directos hasta el segundo grado, es decir, nietos del nacional. Con esta modificación se ha querido resolver la situación de innumerables hijos de chilenos nacidos en el exterior, sin distingos de ninguna especie y además, el art 25 ha dejado de exigir para ser elegido Presidente de la República el haber nacido en territorio chileno, lo pueden ser, de acuerdo con el texto refundido, tanto los nacidos en el territorio, como los hijos de chilenos nacidos en el exterior, art 25, inciso 1°

Nacionalidad Adquirida o Derivada.- Hoy se refiere a ella el Nº 3 del texto refundido, que señala: 3º “los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley”, esta disposición derogó el antiguo Nº 4, que decía: Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, renunciando expresamente a su nacionalidad anterior; esta renuncia no será exigible cuando, a través de un tratado internacional, el país del solicitante confiera a los chilenos el mismo beneficio.

El inciso 2° de este N° 4, establecía como única restricción al ejercicio de Derechos políticos la circunstancia de no tener posibilidad de optar a cargos públicos de elección popular, sino 5 años después de estar en posesión de la carta de nacionalización. Hoy derogado.

El Decreto Supremo 5142 establece los requisitos para obtener la nacionalidad chilena por parte de extranjeros residentes en el país, están señalados en el art. 2° de ese decreto y establece lo siguiente:

Haber cumplido 21 años de edad; la ley 19.221 que modificó la mayoría de edad estableciéndola en 18 años, no cambió esta exigencia, respecto del Decreto Supremo 5142

Más de 5 años de residencia continuada, sin interrupciones, lo que no evita la posibilidad de salidas por breve tiempo del territorio nacional.

Renuncia a la nacionalidad de origen o a cualquier otra adquirida o que pudiere corresponderle, excepto en el caso señalado en el art. 10 # 4 de la Constitución Política. Esta obligación ha desaparecido del texto constitucional. Deberá formularse ante el Ministerio del Interior si el solicitante vive en la región metropolitana o ante el Intendente o Gobernador respectivo si reside en provincia; debe ser escrita y firmada personalmente por el solicitante.En la práctica se llena un formulario y se dirige al Presidente de la República quien la otorga de acuerdo con el art. 1° del D.S. 5142. El Ministro del Interior califica la solicitud y de acuerdo con este antecedente resuelve el Presidente de la República.

También se puede otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de los nacionalizados mayores de 18 años que reúnan los requisitos señalados anteriormente.

No pueden obtenerla de acuerdo con el art. 3° del D.S. los siguientes extranjeros:

Los condenados o procesados por “simples delitos o crímenes” (no es necesario que estén condenados a pena aflictiva)

Los que no tengan capacidad para ganarse la vida

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Los que practiquen o defiendan doctrinas que puedan producir alteración revolucionaria del régimen social o político, o que puedan afectar la integridad nacional

Los que se dediquen a trabajos contrarios a las buenas costumbres, la moral o el orden público y en general, cuando “se estime inconveniente por razones de seguridad nacional

El procedimiento de tramitación de estas solicitudes se reglamenta en el decreto referido, en los arts. 4° y siguientes. La situación de los extranjeros que ingresan al país está regulada en el D.S. 597 de 1984, el párrafo 4° art. 26 y siguientes establece las prohibiciones de ingreso de ciertos extranjeros. La Constitución de 1925 respecto a la situación de los extranjeros residentes era más restrictiva en lo referente a la doble nacionalidad la que por ley 12.548 de 1957, sólo beneficiaba a los nacidos en España.

La nacionalidad se otorga por el Presidente de la República mediante Decreto refrendado por el Ministro del Interior. En caso de negativa ésta debe ser fundada.

Según el Nº 5 del artículo, finalmente, también puede adquirirse la nacionalidad chilena por parte de aquellos que la obtuvieren por especial gracia a través de la ley, situación legislada en el N° 5 del art. 10 de la Constitución Política que señala “los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”, hoy Nº 4. Esta situación también se encuentra establecida en el Decreto Supremo 5142 de octubre de 1960.

Pérdida de la Nacionalidad Chilena: Se puede perder por un acto voluntario o por un hecho violatorio del Derecho Público Nacional.

A.- Por un acto voluntario.- Modificado en el texto refundido. Hoy el art 11 Nº 1º señala que se pierde: “por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona previamente, se ha nacionalizado en país extranjero”.

Requisitos actuales:a) La renuncia debe ser voluntaria, cualquier presión anula la decisiónb) Verificarse ante una autoridad chilenac) La autoridad debe ser competente para recibirlad) Debe haberse nacionalizado previamente en país extranjero, a fin de que no carezca de

nacionalidad

Anteriormente la perdían, quienes se nacionalizaban en país extranjero, renunciando a la nacionalidad chilena y siempre que no se hubieren visto obligados a renunciar a ella en virtud de exigencias del país adoptante.

La modificación, en consecuencia, hace posible que un chileno renuncie a su nacionalidad, sin perderla, cuando el acto de renuncia no está motivado en una decisión libre, sino en circunstancias ajenas, determinadas por la nación de residencia.

B.- Por acto violatorio del Derecho Público Chileno:

Prestar servicios en caso de “guerra exterior” a enemigos de Chile o de sus aliados. Se requiere en este caso la dictación de un Decreto Supremo fundado, es decir, debe contar con la aprobación del Presidente de la República. El Nº 2º del art 11, actual, señala: “Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados.”

Se eliminó el anterior Nº 3º del art 11 que la privaba, por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes del Estado, de acuerdo con la ley de quórum calificado. Los hechos en estos procesos se apreciarán en conciencia. Disposición derogada, ya que se prestaba para arbitrariedades de la autoridad.

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Actual art 11 Nº 3º: Por cancelación de la carta de nacionalización, en los términos del Decreto Supremo 5142 de 1960, la resolución debe ser fundada en las causales del art. 3°; o acaecido hechos que hagan indigno del beneficio, condenado ley 12927. Acuerdo Consejo de Ministros Decreto Supremo art. 8° Decreto Supremo 5142.

Revocación de la. Nacionalidad concedida por gracia, en este caso se requerirá de una ley que cancele la concesión graciosa.

La rehabilitación de la nacionalidad perdida sólo podrá obtenerse por ley.Recurso de Protección de la Nacionalidad.- Este derecho a la nacionalidad se encuentra

protegido por la disposición contenida en el art. 12 de la Constitución Política, que establece un recurso especial para este efecto.

Requisitos para interponerlo. a) Acto o resolución de autoridad administrativa b) Privación o desconocimiento de la nacionalidad c) Interpuesto en un plazo fatal de 30 días ante la Corte Suprema.

Efectos.- Suspensión del acto o resolución recurridos hasta el fallo que se pronuncia sobre la materia

Tribunal competente.- La Corte Suprema que actúa como Jurado y en Tribunal Pleno

Forma de interponerlo.- Personalmente o por cualquiera que actúe a nombre del afectado

Derechos y Deberes de la Nacionalidad.- En general la nacionalidad atribuye los derechos que la Constitución concede a todas las personas en el art. 19 y sobre todo la facultad de ejercer la soberanía, participando en la generación de las autoridades políticas del país.

Deberes.- En cuanto a los deberes se encuentran contemplados en las obligaciones que pesan sobre todo habitante del país, los que se estatuyen en el art. 22 del texto:

a) Respeto a Chile y sus emblemasb) Honor a la patriac) Defender su soberaníad) Contribuir a preservar la seguridad nacional y valores esenciales de la nacionalidad chilenae) Hacer el servicio militarf) Cargas personales que imponga la leyg) Inscribirse en los registros militares en su caso

Nacionalidad en Derecho Comparado:

C. Costa Rica Art. 13 N° 4 La adquiere el “Infante de padres ignorados encontrados en Costa Rica”

Guatemala Art. 145 “También se considerarán guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las Repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana, si adquieren domicilio en Guatemala y manifiestan su deseo de ser guatemaltecos no pierden nacionalidad anterior

Bolivia Art. 37, “Son Bolivianos por naturalización los españoles y latinoamericanos que adquieren la nacionalidad boliviana sin hacer renuncia a la de su origen”, cuando existen convenios

Ecuador Art. 9° Son ecuatorianos “Los españoles e iberoamericanos de nacimientos que se domicilien en Ecuador”

Perú Art. 92. Son peruanos “los latinoamericanos y españoles de nacimiento domiciliado en Perú, pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen”

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La ciudadanía

KELSEN identifica los conceptos de ciudadanía y nacionalidad, diciendo que ella se regula por normas de Derecho Nacional e Internacional, dice que el Derecho Nacional atribuye al ciudadano ciertos derechos y le establece determinadas obligaciones, diciendo que el deber más importante que impone, es el de cumplir con el servicio militar, al respecto señala que el Derecho Internacional impide que un Estado obligue a ciudadanos de otro país a cumplir con dicha exigencia ya que, si lo hace, violaría si el extranjero voluntariamente se contrata en las tropas de otro Estado ejemplo: legión extranjera, no será ilícito del punto de vista del Derecho Internacional.

Sobre esta materia dice que los Derechos políticos son los que usualmente se reservan sólo para los ciudadanos, agrega que se les define como los que dan a su poseedor la facultad de intervenir en la formación de la voluntad del Estado, el Derecho político principal es el Derecho de voto. La característica esencial de este Derecho es que concede al individuo la posibilidad jurídica de participar en la creación o ejecución de los preceptos legales. Agrega que sólo en la democracia todos los individuos tienen Derechos políticos.

Sin embargo dice KELSEN que los Derechos Políticos, frecuentemente no se restringen necesariamente a los ciudadanos, ya que el orden jurídico nacional, puede conferirle a los extranjeros el Derecho a votar.

Finalmente sobre este punto dice KELSEN que entre los Derechos políticos se considera el de ser electos o designados para el desempeño de cargos públicos.

Según Germán Urzúa ciudadanía es el “Conjunto de condiciones que el Derecho político establece para que las personas naturales puedan ejercitar esos Derechos dentro del Estado”. Dice entonces que “son ciudadanos, los nacionales investidos de Derechos políticos o electores que constituyen la nación legal.

Distingue entre nacionalidad y ciudadanía, pues puede haber nacionales que nunca llegarán a ser ciudadanos o que puedan perder esta condición, por otra parte hay personas nacionales que no pueden ser ciudadanos como es el caso de las personas jurídicas.

Requisitos de la ciudadanía Artículo 13.

Ser Chileno (también las mujeres)

Haber cumplido 18 años de edad, el Derecho a sufragio fue ampliado a aquellos que hayan cumplido la edad señalada, en virtud de modificación efectuada a la Constitución de 1925 por la Ley 17.284. Actualmente; la mayoría de edad se adquiere también al cumplirse 18 años, por disposición legal de Mayo de 1993, en vigencia desde Junio de ese año, la Ley 19.221.

No haber sido condenado a pena aflictiva, lo que de acuerdo con el art. 37 del Código Penal es la condena a penas iguales o superiores a 3 años y un día, por sentencia definitiva que se encuentre ejecutoriada. La Constitución de 1980 suprimió como requisito la inscripción en los Registros electorales

De acuerdo con la actual Constitución podemos resumir los siguientes aspectos relativos a las inscripciones electorales:

a) Ha dejado de ser condición de la ciudadanía

b) No establece la obligación de inscribirse en los Registro Electorales

c) Se puede probar la calidad de ciudadano por cualquier medio.

d) De acuerdo con el Estatuto Administrativo, para ingresar a la Administración Pública se requiere estar inscrito en los Registros Electorales

Derechos del ciudadano. Art. 13 inciso 2°

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1. Derecho a sufragio que lo habilita para ejercer la soberanía.

2. Derecho a optar a cargos de elección popular, son electivos los cargos de elección popular, son electivos los cargos de Presidente de la República, parlamentarios y concejales.

3. Derecho a ejercer los atributos que la Constitución le confiere.

4. Ejercer todos los Derechos que las leyes le confieran.

Sin embargo, la carta en el texto refundido, ha agregado al art 13, un inciso 3º que restringe el derecho a sufragio de los chilenos nacidos en el exterior y a los extranjeros que obtengan la nacionalidad chilena por gracia, que estén avecindados en el país por más de un año.

Debemos recordar que al respecto se rechazó la idea de conceder el derecho de sufragio a los chilenos residentes en el exterior, aunque aún existe la intención de crear una nueva región para los emigrados, con derecho a elegir senadores y diputados, creando para ello una nueva circunscripción y distrito, como ocurre en muchos estados modernos.

Por su parte el art. 14 de la Constitución Política extiende el Derecho a sufragio a ciertos extranjeros cuando se cumplen determinados requisitos:

Haberse avecindado en Chile por más de 5 años, para este efecto deberá rendir las pruebas pertinentes

Tener más de 18 años de edad.

No haber sido condenado a pena aflictiva.

Los extranjeros podrán ejercer este derecho en los casos y en la forma que determine la ley, por lo que las condiciones de este Derecho a voto pueden establecerse y modificarse por ley ordinaria.

Causales de Suspensión del Derecho a sufragio.

1. Por encontrarse en interdicción a causa de demencia

2. Por hallarse procesado por delito que merezca pena aflictiva o delito que la ley califique como conducta terrorista, en este caso no se requerirá la circunstancia precedente

3. Por sanción del Tribunal Constitucional por infracción a las normas sobre pluralismo político consagrado en el art. 19 N° 15, en los casos que el Tribunal Constitucional, declara que un partido, movimiento u organización tiene por objetivo actos y conductas que no respeten el O. Democrático y constitución. En este caso para recuperar los Derechos ciudadanos, deben de transcurrir 5 años desde la declaración formulada por el Tribunal Constitucional

Pérdida de la ciudadanía.

1. Por pérdida de la nacionalidad chilena

2. Por condena a pena aflictiva

3. Por condena por delito que la Ley 18.314 califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva

Los que hubieren perdido la ciudadanía por condena a pena aflictiva, la recuperarán, en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal

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Los que la hubieren perdido por conducta terrorista o por tráfico de estupefacientes, podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez cumplida la condena. Art 17, inciso final

El sufragio

Definición: “Una manifestación de la voluntad que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar los titulares de determinados cargos o roles concernientes al Gobierno de una comunidad, sea para decidir cerca de asuntos que interesan a esta”.

En nuestra carta de 1980 se encuentra consagrado el Derecho a sufragio en el inc. 2° del art. 13 que expresa que la calidad de ciudadano otorga los Derechos de sufragio; de opción a cargos de elección popular y a todos los demás que la Constitución y la ley confieren. En realidad esta atribución que confiere la calidad de ciudadano más que un Derecho es una Obligación, lo que queda demostrado con lo dispuesto en el Art. 15 del propio texto que señala algunas particularidades del sufragio como son su carácter personal igualitario y secreto; pero sobre todo dice la ley que para los ciudadanos es además obligatorio, por lo que se concluye que solamente sería un Derecho facultativo para los extranjeros residentes quienes pueden o no votar si cumplen con los requisitos que establece la ley. Los ciudadanos inscritos que se abstienen de votar en las elecciones periódicas o en los plebiscitos son objeto de sanción.

De acuerdo con opinión del profesor don Alcibiades Roldan el Derecho de sufragio corresponde a cada individuo integrante de la comunidad, en cuanto es dueño de una parte de la soberanía, por lo que en ese concepto no debiera imponérsele ninguna sanción a quien no cumple con esta obligación.

Por el contrario también se argumenta en doctrina que este No es un Derecho Privativo Individual, ya que la Soberanía pertenece a Toda la Colectividad, y no a cada uno de los miembros de ella separadamente. De esta forma el sufragio debe entenderse como una Función Pública y el ciudadano que vota al hacerlo, cumple una obligación que le impone la vivencia en sociedad de esta idea el concepto de Sufragio – Deber o Sufragio – Función; pasando de esta manera a ser una actividad obligatoria.

Además del carácter obligatorio, el sufragio según la ley debe ser personal, es decir, es un acto que debe de ejercer el ciudadano directamente sin que pueda delegar en nadie esta función, Art. 15

También según la Constitución el sufragio debe ser “Igualitario”, por lo tanto todos los votos valen lo mismo sin que sea admisible establecer ningún tipo de diferenciaciones en este sentido.

Por otra parte el Art. 15 señala que el voto debe de ser “Secreto”, en relación a este aspecto cabe señalar que la ley debe de adoptar todas las providencias necesarias a fin de que la expresión de la voluntad ciudadana sea lo más transparente posible, cabe recordar para nuestro país significó la implantación de la cédula única electoral de 1958, que contribuyó a poner término a la práctica del cohecho en las zonas rurales.

El sufragio en cuanto elección habilita en nuestro país para elegir presidente de la república, parlamentarios y concejales y en cuanto votación permite pronunciarse sobre los términos de una consulta plebiscitaria

Finalmente se agrega que la expresión de la voluntad a través del sufragio debe de abarcar al mayor cuerpo electoral posible, al respecto debe valorarse en la segunda mitad de este siglo la incorporación del voto femenino y a los mayores de 18 años. Durante la primera etapa de la Constitución de 1833 se estableció el voto censitario, es decir, algunos requerimientos económicos.

En estas circunstancias concluye Germán Urzúa que el sufragio se diferencia de los demás actos sociales por su “Universalidad”, por la “Igualdad” en la influencia del acto y por la “Individualidad” o personalidad del mismo, así como por la “No Responsabilidad” del mismo en cuanto es Secreto.

Recordar Derecho a sufragio de los extranjeros Art. 14- 5 años de avecindamiento, certificados por la gobernación respectiva.- Mayor de 18 años de edad.- No condenado a pena aflictiva.

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- Inscribirse en los registros electorales.

Aplicación del Derecho de Sufragio en Chile.-De acuerdo con el art. 5° incluido en el capítulo I de la Constitución el derecho de sufragio en nuestro país en las elecciones periódicas establecidas que son las de Presidente de la República Senadores y Diputados y en las municipales. Además se tiene el derecho a ejercer el sufragio en los casos en que de acuerdo con la ley se convoque a plebiscito. Estos últimos de acuerdo con la Constitución sólo se aplican en los procesos de Reforma Constitucional que se consagra en el Inciso 4° del art. 117 el que establece que el Presidente de la República podrá convocar a plebiscito cuando el Congreso insistiera en un proyecto de reforma constitucional por los 2/3 de sus miembros en ejercicio y cuando aquel no estuviera de acuerdo; en ese caso podrá consultar a la ciudadanía mediante plebiscito. Esta facultad está ratificada en el N° 4 del art. 32 de la Constitución. También se refiere al plebiscito el art. 107 que establece que una Ley Orgánica Municipal determinará las materias en las que el Alcalde, con acuerdo del Consejo o a requerimiento de una determinada proporción de ciudadanos debe de someter a plebiscito.

Sistema Electoral de acuerdo con la Constitución: Esta materia se encuentra legislada en el texto en el Art. 18 que establece que habrá un “sistema electoral público” agregando que una ley orgánica especial determinará su organización y funcionamiento.

También por mandato constitucional la ley orgánica “Regulará la forma” en que deberán realizarse los procesos electorales y plebiscitarios, debiendo garantizarse la plena “Igualdad entre los independientes y los Partidos Políticos”, tanto en la participación misma en el proceso electoral como en cuanto a la presentación de candidaturas. Esta es una expresión de la ideología del grupo gobernante del momento, formando parte del pensamiento político de la derecha chilena la despotilización del país y el afianzamiento de la supuesta independencia política de la ciudadanía, lo que parece ser relativo pues aunque es real la no militancia en las estructuras partidarias no lo es tanto del punto de vista de la inclinación habitual de elector.

El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la Ley.

La Constitución de 1925 había establecido un “sistema proporcional” en las elecciones de representantes populares, incorporado en el art. 25 del texto lo que hacía más difícil su modificación. Este sistema daba representación proporcional a las mayorías y a las minorías; en la actualidad la ley orgánica pertinente establece un sistema binominal distrital.

Las materias electorales en el Derecho positivo chileno se encuentran dispersas en varias leyes como son:

a) La Ley 18.556 referente a “inscripciones electorales y Servicio Electoral.”

b) Ley 18.700 que se refiere a las votaciones populares y escrutinios.

c) Ley 18.460 sobre el Tribunal Calificador de Elecciones.

d) Ley 18.603 L.O.C. de los Partidos Políticos del 23 de Marzo de 1987.

Organismos electorales

Servicio Electoral.- Según la Ley 18.556 (Ley Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales, 1.10.86); es un organismo autónomo, con “personalidad jurídica y patrimonio propio”; cuyo objeto es cumplir con las funciones que le señale la ley y que a través de Ministerio del Interior se relaciones con el Presidente de la República.

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1.- Funciones del Servicio Electoral.-

a) Supervisar y fiscalizar a los “organismos electorales” establecidos en la ley y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales

b) Formar y mantener el “Boletín Electoral” que contiene el nombre de los electores

c) Formar y mantener “el registro de las personas” a quienes se ha suspendido el Derecho a sufragio

d) Formar y mantener la nómina de los que han “perdido” la calidad de ciudadanos

e) Formar y mantener el “archivo Electoral General”

f) Desempeñar las “demás tareas administrativas” que le señale la ley

2.- Estructura.- Está a cargo del Director Nacional, nombrado por el Presidente de la República con “acuerdo del Senado y con el voto conforme de la mayoría de los miembros en ejercicio”

3.- Requisitos para ser designado Director Nacional:

a) Requisitos generales para ocupar cargos públicos

b) Ser Abogado con 10 años de título

c) No haber desempeñado cargos de representación popular o de dirigente de Partido Político en los 5 años anteriores a la designación

II.- Funciones de las Juntas Electorales.- Están establecidas en el art. 4º de la Ley 18.556

a) Proponer al Director del Servicio Electoral, la nómina de los postulantes para ser designados miembros de las Juntas Inscriptoras.

b) Designar a propuestas de los Alcaldes respectivos, los locales en que se constituirán y funcionarán las Juntas Inscriptoras.

III.- Las Juntas Inscriptoras.-

1. Integración.- La forman 3 miembros designados por el Director del Servicio Electoral, de los cuales 2 son a propuesta de la Junta Electoral.

2. Funciones:

a) Inscribir a los ciudadanos y a los extranjeros con Derecho a sufragio en los Registros Electorales

b) Otorgar comprobantes con los datos de las inscripciones.Desarrollan sus funciones en la localidad sede del Municipio respectivo y su ámbito territorial, se denomina Circunscripción Electoral

3.- Requisitos para ser miembros de las Juntas Inscriptoras:

a) 21 años de edad.b) Aprobar la enseñanza básica.c) Ser vidented) Tener domicilio en la circunscripción electoral.4.- Prohibiciones:

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a) No desempeñar cargos de elección popular

b) No ser candidato a cargo de elección popular

c) No tener cargo de Confianza del Presidente de la República

d) No ser dirigente de Partidos Políticos

5.- Período de Funcionamiento.- Deben de estar abiertas los primeros 7 días hábiles de cada mes a los menos de 9 a 12 horas. Suspenden su funcionamiento 120 días antes de cada elección ordinaria o desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial tratándose de plebiscito o elección extraordinaria; renovando la actividad 10 días hábiles después que le sean devueltos los ejemplares de los registros cerrados transitoriamente. Son fiscalizadas por el Servicio Electoral.

Los Registros Electorales.- Las inscripciones deben de efectuarse en libros denominados Registros Electorales, lo que contendrán un total de 350 inscripciones c/u. Se separan los de mujeres y valores e incluyen a chilenos y extranjeros con la firma y huellas digitales del solicitante.

En el párrafo 3° de la Ley 18.556, se establecen los procedimientos judiciales a que dan lugar las inscripciones electorales, entre ellos, el art. 50 señala la forma de reclamar contra la negativa injustificada de inscripción y el art. 51, faculta a cualquier persona para reclamar contra quien se inscriba en contravención a la ley.

En el Título III se señalan las normas específicas a fin de mantener el orden y garantizar la libertad de acceso a quienes acudan a inscribirse y señala la reglamentación para evitar la Comisión de delitos por parte de los miembros de la Juntas Inscriptoras.

De las Votaciones Populares y Escrutinio: Esta materia está regulada en la Ley 18.700 (Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios 6.5.88), esta ley tiene que ver con los procedimientos para la preparación, realización, escrutinios y calificación de los plebiscitos y de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Contiene una reglamentación exhaustiva de las materias electorales en 11 títulos y 181 artículos con 16 disposiciones transitorias.

El Título I se refiere a los actos preparatorios de las elecciones y dentro de él establece la forma en que deben presentarse las candidaturas:a) Formularse por escritob) Para cada acto electoralc) Ante el Director del Servicio Electoral o el Respectivo Director Regional del Serviciod) El Director o Director Regional, les pondrá cargo y otorgará recibo

Personas que pueden efectuar las declaraciones.

a) El Presidente y el Secretario de la Directiva Central del Partido Político, o

b) Los Presidentes y Secretarios de las Directivas Centrales de los Partidos Políticos que acordaren un pacto electoral; o

c) A los menos 5 de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañado de la nómina de sus patrocinante.

Siempre debe ir suscrita por el candidato en el caso de candidatos Independientes a Diputados y Senadores, se exige un patrocinio igual o superior al 0,5 de los sufragantes en la última elección del Distrito respectivo.

Para patrocinar candidaturas independientes se requiere (Art. 11)

a) Suscribirse ante Notario

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b) Declarar no pertenecer a Partidos Político

c) Estar inscrito en el Distrito o circunscripción respectiva

Se pueden inscribir hasta 2 candidatos por Distrito o Circunscripción, ya que ese será el número de elegidos.

La modalidad que emplea el sistema chileno para las elecciones es el de cédula única establecido en el 2° gobierno de Carlos Ibáñez.

El Título II de la Ley, se refiere al “acto electoral mismo”, estableciendo que en cada mesa habrá 5 vocales elegidos por las Juntas Electorales, requiriendo un mínimo de 3 miembros para su constitución.

Las mesas se instalaran a las 7:00 AM, no después de las 15:00 (Art.157)El Delegado completa las mesas que sumen menos de tres (Art. 58)

El Título III regula el “escrutinio local”, en tanto que el V se refiere al escrutinio general y la calificación de las elecciones.

Los colegios escrutadores reúne las actas de escrutinios de cada mesa suman los votos no deliberan ni se pronuncian sobre la validez de la votación

El Título IV Reclamaciones electores Art. 96 a 99 bis

El Título V Escrutinio oral y calificación elecciones (art. 100 – 109 bis)

El Título VI Orden Público (Art. 110 a 123)

El Título VII señala las sanciones y los procedimientos judiciales.

En cuanto a la votación misma la Ley 18.700, en el art. 139, reitera que el voto es obligatorio y señala las sanciones en que incurren quienes no sufragan, imponiendo multas a beneficio municipal que van de ½ a 3 U.T.M.

La Ley crea, además, colegios Escrutadores compuestos de 6 miembros titulares e igual mínimo de suplentes cuya misión es la de revisar las actas de los escrutinios y sumar los votos.

El procedimiento de reclamaciones está establecido en el Título IV de la ley.Lo relativo al orden público en los actos eleccionarios se contempla entre los arts. 110 y 123

exclusive.

La elección presidencial.- Las normas relativas a la elección presidencial se encuentran en el art 26 del texto constitucional, al respecto la carta actual mantuvo la elección directa establecida en la Constitución de 1925 y el requisito de que el elegido debe contar con el respaldo de la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Fija como fecha de la votación, noventa días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.

Sin embargo modificó las normas posteriores, fijando una segunda vuelta, en el caso en que habiendo más de dos candidatos, ninguno de ellos logre la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, lo que deberá ser declarado por el tribunal Calificador de Elecciones; en este evento, se realizará un segunda votación que se circunscribirá a los dos candidatos que hayan obtenido las más altas mayorías relativas, lo que también será indicado por dicho Tribunal y resultará electo el que obtenga la mayor cantidad de votos válidos.

La segunda votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la primera, si fuere Domingo, de no ser así, se hará el domingo inmediatamente siguiente al trigésimo día.

En todo caso los votos blancos y nulos se considerarán como no emitidos a fin de facilitar la elección.

El acuerdo del Tribunal Calificador de Elecciones proclamando al Presidente electo, se comunicará por escrito al Presidente en ejercicio, al presidente del Senado y al elegido.

La Elección de Parlamentarios.- Los sistemas existentes en doctrina y en el Derecho comparado básicamente se refieren a los que se inclinan por fórmulas mayoritarias o las que

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privilegian la proporcionalidad en la repartición de cargos. Cabe referir que el establecido por el legislador chileno no corresponde con exactitud a ninguno de los 2 mencionados.

El art. 4° de la Ley 18.700 señala que: “las declaraciones de candidaturas a Senadores o Diputados que presenten los Partidos Políticos o los pactos electorales, podrán incluir hasta 2 candidatos por cada circunscripción senatorial o Distrito según corresponda”.

El Art. 109 bis de la Ley referida, establece que si una lista alcanza el mayor número de sufragios y logra un total de votos que excediere el doble de los que alcanzare la lista o nómina que le sigue en el Nº de sufragios, elegirá a los dos senadores o diputados, según el caso y si ninguna lo consigue, cada una de las 2 listas más votadas obtiene 1 cargo, el mandato recaerá en los candidatos que en cada una de ellas hayan obtenido más votos.

Si el 2º cargo por llenar, corresponde con igual derecho a 2 o más listas, el Tribunal Calificador de Elecciones proclamará electo al candidato que tuviere más sufragios y en caso de empate entre varios de una misma lista o de distintas listas, que a su vez estuvieran empatados, el Tribunal procederá a hacer un sorteo en audiencia pública para determinar al ganador, proclamándolo electo.

Los Plebiscitos en la Constitución de 1980. Nuestra Carta Constitucional se refiere a los plebiscitos en dos partes:

En primer lugar, en los arts. 117 inc. 5° en relación con el art. 119, cuando regula los procesos modificatorios de la Constitución Política en el Capítulo XIV de su texto; en la última disposición se establece que el plebiscito debe convocarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insisten en el proyecto aprobado por ellas y que ha sido vetado por el Presidente de la República, cuando éste reafirma su criterio discordante con el Congreso. Se materializa por medio de un Decreto Supremo, en el que se establece la fecha de realización del plebiscito.

El plebiscito no se puede celebrar antes de 30 días, ni después de 60, contados desde la publicación en el Diario Oficial de dicho Decreto. Si el Presidente no convoca a plebiscito en ese plazo, se promulgará el Proyecto aprobado por el Congreso.

El Decreto contendrá el Proyecto aprobado por el Congreso Pleno y vetado totalmente por el Presidente de la República, o si el veto es parcial, contendrá las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este caso, cada una de las cuestiones debatidas, en que no hubiere acuerdo será votada de manera separada.

Una vez promulgado el Proyecto pasa a formar parte integrante de la Constitución, inciso final del art. 119.

En caso de discrepancias en torno a la convocatoria al plebiscito, la contienda la debe resolver el Tribunal Constitucional, según lo señalado en el art. 82 N° 4.

En segundo lugar, en los plebiscitos comunales, reglamentados en el art. 107 de la Constitución Política del Estado en el inc. 5° señala que una ley orgánica constitucional indicará las materias de Administración Municipal en las que el Alcalde, con acuerdo del Concejo o a requerimiento de la proporción de ciudadanos que ella determine, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, entre ellas, la oportunidad, forma y efectos de la convocatoria.

El Art. 104 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los Alcaldes someterán a plebiscito las materias de Administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan de desarrollo comunal, a la modificación del plan regulador u otras materias de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de las esfera de competencia municipal, cuando le sea solicitado:

a) Por los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la Comuna, ob) Con acuerdo del Concejo de la Corporación.

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De la forma señalada en la letra a) se genera el plebiscito comunal de iniciativa popular; para ello, se requiere que lo soliciten a lo menos el 10% de los ciudadanos inscritos al 31 de Diciembre del año anterior.

En el segundo caso, de acuerdo con la Ley, se requiere el acuerdo del Concejo, aprobado por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva.

El Alcalde debe dictar el Decreto respectivo dentro de los 10 días siguientes a la adopción del acuerdo, o de recepcionado que sea el requerimiento ciudadano.

El Decreto Alcaldicio debe de publicarse dentro de los 15 días siguientes a su dictación en el Diario Oficial y en uno de los de mayor circulación en la Comuna. Debe de contener las cuestiones sometidas a plebiscito y señalar la fecha de su realización, debiendo efectuarse no antes de 60 días ni después de 90, contados desde la publicación del Decreto en el Diario Oficial.

Los Partidos Políticos.- Por último en materia de ciudadanía y específicamente en cuanto al sistema electoral público, la otra Ley Orgánica Constitucional a considerar es la que regula a los Partidos Políticos, la 18.603.

Según definición de Gabriel Amunátegui, Partido Político, es “una asociación voluntaria de ciudadanos, sobre la base de un programa, que procura obtener el poder, a fin de realizar sus doctrinas desde el gobierno y llevar a sus correligionarios a las funciones públicas; por su parte el Art. 1º de la Ley 18.603 señala que: “Los Partidos Políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”.

Objetivo de los Partidos Políticos.- La Ley les señala como finalidad “contribuir el funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir el interés nacional. No señala si su personalidad jurídica es de Derecho Público o no, Molina Guaita afirma que sí por los fines que la ley les asigna.

Funciones de los Partidos Políticos.- Según el art. 2º de la Ley señala que son actividades propias de los Partidos Políticos sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los principios y postulados de sus programas podrán participar en los procesos electorales y plebiscitarios”, así mismo podrán asistir sólo con derecho a voz a las actividades de las Juntas Inscriptoras”.

Podrán además:

1.- Presentar a los habitantes del país sus declaraciones de principios, políticos y programas de conducción del Estado, iniciativa y criterios de acción en asuntos de interés público.

2.- Cooperar a requerimiento de los parlamentarios en las labores que estos realizan.

3.- Capacitar a los ciudadanos para asumir responsabilidades públicas

4.- Otras actividades complementarias de las anteriores

Sin embargo la propia disposición aclara que dichas actividades no son exclusivas de los Partidos Políticos sino que pueden realizarlas también los independientes.

Obligaciones de los Partidos Políticos.- Se les impone como deberes:

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1.- Defender la soberanía nacional.

2.- Defender la independencia y unidad de la Nación

3.- Contribuir a perseverar la Seguridad Nacional

4.- Defender los valores esenciales de la tradición chilena

Prohibiciones: Se les prohíbe:

1.- Subordinar su acción a organizaciones políticas foráneas o internacionales a gobiernos o intereses extranjeros 2.- No podrán intervenir en el ejercicio de las atribuciones exclusivas de las autoridades constitucionales y legales

3.- No pueden intervenir en las organizaciones gremiales o grupos intermedios, ni ser dirigentes en ellas

4.- Participar en los plebiscitos comunales

5.- No podrán dar órdenes ni exigir el cumplimiento de los deberes que como afiliados correspondan al Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Embajadores, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, miembros de los CORE, y a los funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, mientras se encuentren desarrollando sus funciones

Constitución de los Partidos: quedan legalmente constituidos a partir de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, momento desde el cual gozarán de la personalidad jurídica correspondiente.

Para constituir un Partido se requiere de 100 ciudadanos inscritos en los Registros Electorales y que no pertenezcan a otra colectividad, deben suscribir una escritura pública que contenga el nombre, una declaración de principios y los estatutos.

Una copia de dicha escritura se acompaña al Director del Servicio Electoral, quien ordena publicarla en el Diario Oficial, a partir de esta fecha la colectividad se encuentra en formación y tiene 210 días para reunir el número de ciudadanos inscritos en los Registros electorales que exige la Ley y que es de a lo menos el 0,5% del electorado que hubiere sufragado en la última elección periódica de Diputados en cada una de las Regiones donde se esté constituyendo, según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. El número de afiliados se debe reunir en a lo menos ocho regiones o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas últimas fueren geográficamente contiguas. Cumplidos los requisitos indicados, se procede a solicitar la inscripción al Director del Registro Electoral, de lo que este resuelta se puede apelar para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Para afiliarse a un Partido Político se requiere estar inscrito en los Registros Electorales, no podrán formar parte de ellos:

1.- Los miembros activos de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública.

2.- Los funcionarios y empleados del Poder Judicial

3.- Los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y

4.- Los miembros del Servicio Electoral

Los cargos de miembros de un Directorio Nacional o Regional o de un órgano administrador superior de un gremio o sindicato, son incompatibles con los cargos de miembros de la Directiva Central o Consejo Regional o del Tribunal Supremo de un Partido Político.

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La condición de militante puede ser renunciada en cualquier momento, sin expresión de causa, no se puede estar afiliado a más de un partido.

De la Organización de los Partidos Políticos. Deberá establecerse a lo menos una directiva central, un Consejo General, Consejos Regionales y un Tribunal Supremo, cuya renovación deberá efectuarse como máximo cada tres años, en lo demás se regirán por sus propios estatutos.

LA JUSTICIA ELECTORAL

Se refiere a ella el Capítulo IX de la Constitución Política que contiene 3 arts. del 95 a 97, inclusive.

El Tribunal Calificador de EleccionesEl primer Art. de los nombrados, se refiere a un Tribunal especial que con la denominación de

Tribunal Calificador de Elecciones, es el más alto organismo de la justicia electoral chilena.

Composición del Tribunal.- Esta constituido por 5 miembros:

Antecedentes.- Bajo la vigencia de la Constitución de 1833, la calificación de las elecciones de parlamentarios las realizaban las cámaras respectivas con los problemas de transparencia que ello implicaba, las elecciones presidenciales eran calificadas por el congreso pleno.

La Constitución de 1925, estableció por primera vez un Tribunal Calificador de elecciones, compuesto por 5 miembros:

a) Un ex presidente o Vicepresidente del Senado.b) Un ex presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados.c) Dos representantes de la Corte Suprema.d) Un representante de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Actualmente, después de la última modificación constitucional sobre la materia, el Tribunal quedó compuesto por :

4 Ministros de la Corte Suprema elegidos por sorteo

1 ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado, por un período no inferior a 365 días. Será designado por la Corte Suprema por sorteo efectuado entre los que reúnan tal requisito. Este miembro no podrá estar ejerciendo cargo parlamentario, ni ser candidato a cargo de elección popular, ni ministro de Estado, ni dirigente de partido político

Los miembros del Tribunal, duran 4 años en sus funciones y se les aplican las normas de los parlamentarios en cuanto a incompatibilidades, arts 58 y 59.

El Tribunal Calificador de Elecciones, es un Tribunal especial, por lo que, no depende de la Corte Suprema y en consecuencia no está sujeto a las medidas disciplinarias, ni correctivas, ni económicas de tal organismo.

El Tribunal Calificador de Elecciones no es de los órganos excluidos de la posibilidad de regulación, a través de D.F.L, de acuerdo con lo señalado en el inciso 3º del art 64, lo que constituye una inconsistencia jurídica.

El texto original de la Constitución de 1980 había establecido una composición diferente, incluyendo 3 ministros o ex ministros de la Corte Suprema, elegidos en votaciones sucesivas y secretas, un abogado, elegido también por la Corte Suprema y un ex presidente del senado o de la cámara de diputados que hubiere ejercido el cargo por un período no inferior a 3 años, elegido por sorteo, lo que debido al prolongado receso político y parlamentario entre 1973 y 1990 hacía imposible de cumplir.

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La duración del cargo es de 4 años, si se produce alguna vacante se llenará por el tiempo que falte y el sucesor lo designará la Corte Suprema.

Incompatibilidades: Las funciones en este organismo son incompatibles con:

a) Todo empleo o comisión Retribuidos con Fondos del Estado, Municipales, Entidades Fiscales, Autónomas, Semifiscales, o en general empresas del Estado o del Fisco o en que este intervenga con Aportes de Capital

b) Función o Comisión de igual naturaleza que la descrita en la letra a).

c) Cargo de Director o Consejero en las entidades fiscales, autónomas, semifiscales o estatales o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital

Los miembros del Tribunal Calificador desde el momento de ser designados y hasta 6 meses después de expirado su cargo, no podrán ser nombrados para ningún empleo, función o comisión de las descritas.

Funciones del Tribunal Calificador de Elecciones::

a) Conocer del escrutinio general de las elecciones presidenciales y parlamentarias

b) Calificar las elecciones presidenciales y parlamentarias.La jurisprudencia ha descrito el acto de calificar una elección como “apreciar o determinar las

calidades de ella y las circunstancias en que se ha realizado, a fin de establecer si se han seguido fielmente los trámites ordenados por la ley y si el resultado corresponde a la voluntad realmente manifestada por los electores en una decisión libre y sin coacciones” o bien, “establecer si la elección se ha verificado en conformidad a las disposiciones que la rigen y así poder declarar, no sólo quienes han resultado elegidos, si no también si lo han sido legítimamente”

c) Conocer de los reclamos que se interpusieren con motivo de las elecciones referidas

d) Proclamar a los candidatos electos de acuerdo con los procedimientos electorales

e) Conocer de los asuntos a que de lugar la convocatoria a plebiscito

f) Cumplir las funciones que la ley le asigne. Esta expresión de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe extenderse dirigida a Leyes Orgánicas Constitucionales, pues sólo ellas pueden hacer referencia a materias atingentes a este Tribunal Constitucional de Estado

El Tribunal Calificador de Elecciones conoce como Jurado de los asuntos sometidos a su competencia; pero deberá resolverlos conforme a Derecho. Sus resoluciones son Inapelables y no susceptibles de recurso alguno; pero el propio Tribunal puede Modificar de Oficio sus resoluciones por error de hecho y siempre que lo haga dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la última notificación a las partes.

Tribunales Electorales Regionales

Fueron creados por la Constitución de 1980, que los estableció en el art. 85, actual 96.

Integración:

1. Un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta.

2. 2 Miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones que haya ejercido la profesión de abogado o desempeñando la función de Ministro o abogado integrante de la Corte de Apelaciones por un término no inferior a 3 años. Durarán 4 años en sus funciones.

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Funciones:- Conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende.- Resolver las reclamaciones a que dieren lugar dichas elecciones.- Proclamar a los candidatos electos- Conocer de la calificación de las elecciones de “carácter gremial y de los grupos intermedios”

Finalmente cabe señalar, que estos Tribunales son financiados con recursos contemplados en la ley de Presupuestos de la Nación, de acuerdo con lo señalado en el art. 86 de la Constitución del Estado, actual art 97.

Derechos y deberes constitucionales (Capítulo III de la Constitución Política arts. 19 a 23.)

La lucha permanente del Derecho Constitucional ha sido la brega de los ciudadanos comunes por reducir el poder de la autoridad, recordando que la historia de esta pugna se inició en la Inglaterra del siglo XIII, cuando se dicta la Carta Magna, que es el primer documento, a través del cual, se concede a todos los hombres libres protección contra las decisiones del rey y el derecho a un justo juicio o debido proceso.

Fue aquella la primera oportunidad en que un monarca es compelido a respetar, con carácter obligatorio ciertas normas que le impuso su pueblo, así, por ejemplo, la carta expresaba “ningún hombre libre será detenido, ni encarcelado, ni desposeído de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado en modo alguno, sino en virtud de un juicio legal de sus conciudadanos y según la ley del país. Allí encontramos condensados algunos de los principios que más tarde, en el siglo XVIII, constituirán las bases fundamentales del constitucionalismo clásico.

Estos mismos principios se consagraron por primera vez en una Constitución escrita en la carta de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, siendo ratificados inmediatamente después en Francia, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano y posteriormente universalizados a través del Derecho Constitucional.

El predominio de estos valores, tiene mucho que ver con el triunfo del racionalismo filosófico y científico y con las teorías liberales del contractualismo, sugeridas por Locke y Rousseau, que más adelante cobrarán vida en el moderno concepto de Estado de Derecho.

Si bien es cierto que los derechos fundamentales tienen un origen pre normativo, formando parte de la cultura cristiano occidental a través de la doctrina liberal, no es menos cierto que, sólo adquieren su auténtica naturaleza de derechos públicos subjetivos, a partir de su positivización y constituyen una plena garantía jurídica desde su incorporación en la Constitución normativa.

En nuestra tradición constitucional ellos se incorporan en la Constitución de 1833, en el capítulo V, reconociendo la igualdad ante la ley, a los empleos y funciones públicas, así como a la repartición de impuestos y gravámenes e incluyendo algunas libertades individuales; sin embargo la plena madurez de ellas sólo se logra después de las reformas constitucionales de 1874, que agregaron el derecho de reunión, de asociación y la libertad de enseñanza. Sin duda la Constitución de 1925, representó una ampliación significativa en el tratamiento de esta materia al incorporar nuevos derechos y mejorar la redacción de los ya contemplados, garantizando un total de 16 derechos fundamentales.

La Constitución de 1980 dedica el capítulo III a esta materia, siendo sus antecedentes inmediatos las disposiciones contenidas en los arts 10 a 20 de la carta de 1925, la Declaración Universal de los derechos del hombre de 1948, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, de Bogotá, del mismo año, el Pacto Internacional de los Derechos, económicos, sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas de 1966, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969 y el Acta Constitucional Nº 3, contenida en el Decreto Ley 1552, del 13 de Septiembre de 1976, documento elaborado por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, modificado posteriormente por el Consejo de Estado y por la propia Junta Militar.

Principios rectores que se tuvieron en consideración para la redacción de este capítulo en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución:

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- Los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana y no nacen del reconocimiento que les brinde el Estado

- Constituyen un sistema de convivencia basado en los derechos fundamentales del hombre- El fundamento de la sociedad civil es que todo ser humano es persona dotada de inteligencia

y voluntad libre y con derechos inviolables e inalienables- El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos- Propender al fortalecimiento del derecho de propiedad- Debe consagrase el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos- Deben establecerse mecanismos expeditos para amparar los derechos afectados

El capítulo III se inicia con el art. 19 que contempla un total de 26 números referidos a los derechos consagrados y garantizados en nuestro texto, recordando que esta no es una enumeración taxativa, ya que otros derechos están contenidos en tratados internacionales aprobados por Chile y en otras disposiciones del ordenamiento jurídico nacional. Ejemplo la protección de la familia y el derecho a fundar una, esto implica la igualdad de derechos entre los hijos legítimos y los concebidos fuera del matrimonio (acogido en nuestra Ley de Filiación); los derechos del niño, requiere la protección de su familia, de la sociedad y del estado; derecho a la circulación y residencia incluye el derecho de los nacionales a no ser expulsados de su patria ni privados del derecho de regresar a ella, la no expulsión colectiva de extranjeros.

El encabezado del art. 19 señala, en su inciso primero, que “la Constitución asegura a todas las personas”. Este señalamiento al emplear el verbo asegurar quiere enfatizar que los derechos consagrados en este art, son innatos al hombre y forman parte de su dignidad, por lo que son anteriores al ordenamiento positivo que sólo los reconoce expresamente.

Estos derechos tienen un carácter universal por lo que se extienden a todo el género humano, en todo tiempo y lugar, sin distinción de edad sexo o condición, son absolutos ya que su respeto se reclama al legislador, a la autoridad, a la comunidad o a cualquier persona.

Se considera que la expresión persona que empleó el constituyente, abarca tanto a las personas naturales como a las jurídicas.

El derecho a la vida, art 19 Nº 1, señala que la constitución asegura a todas las personas, “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”.

La ley protege la vida del que está por nacer.La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con

quórum calificado.Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo”

El derecho a la vida es fundamental, ya que sin él todos los demás carecen de sentido. Este derecho no se acostumbraba incluir en los textos constitucionales, pues se consideraba implícito dentro de todo ordenamiento jurídico, sin embargo, los graves atentados contra la vida, ocurridos durante la segunda guerra mundial, impulsó a los legisladores a incluirlo expresamente entre los protegidos en los códigos políticos, así como en las declaraciones de principios de los organismos internacionales, ejm. la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Desde el término del conflicto referido, el derecho a la vida, se considera el principal derecho de toda persona, que debe ser respetado por todos, el legislador, la autoridad, la comunidad y los terceros. Este derecho se traduce en la facultad jurídica de exigir de los demás, la conservación y la protección de la vida humana, es decir del estado de actividad sustancial propio del ser humano. Todo ser humano tiene el derecho esencial de conservar su vida y de exigir que el ordenamiento jurídico se la proteja contra atentados de la autoridad y de terceros, lo que implica dos obligaciones: a) respetar la propia vida, por lo que se condena la tentativa de suicidio y b) respetar la vida de los otros seres humanos.

Al referirse al derecho a la vida, el constituyente alude a una vida íntegra que comprende además, la facultad de disfrutar a plenitud de las cualidades y medios orgánicos y fisiológicos con lo que la naturaleza nos ha dotado para cumplir los fines inherentes al ser humano.

Para lograr aquella finalidad, es preciso también, tener asegurada una salud psíquica adecuada, al respecto el psiquiatra Armando Roa, señaló en la Comisión de Estudios de la Nueva

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Constitución, que “es obvio que la expresión persona, comprende lo físico y lo psíquico, ya que la mera defensa del aspecto físico sería una protección incompleta”.

Relacionado con el derecho a la vida se considera actualmente, en la doctrina, la situación de las ejecuciones extrajudiciales y extralegales de las personas, así como la desaparición forzada de ellas.

La ejecución extralegal o extrajudicial, se refiere a atentados contra la vida de las personas realizadas por agentes estatales o por personas o grupos que actúa en colusión o con la connivencia de las autoridades, excluyéndose desde luego, las que se fundan en sentencias judiciales. Este tema adquirió gran relevancia por cuanto se constituyó en una práctica usual durante los regímenes dictatoriales de América Latina, entre otros el nuestro.

La materia pasó a ser preocupación de la comunidad internacional que lo consideró en varios Tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostiene que: “Los estados parte no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también deben evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. La privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad, por consiguiente la ley debe controlar y limitar las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona”. En 1989, la ONU en su resolución 65 determinó la necesidad de que tales ejecuciones se tipifiquen como delitos en el derecho penal de cada estado y deben sancionarlas con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos.

Respecto de la desaparición forzada de personas, es conveniente señalar que esta situación afecta una serie de bienes jurídicos y derechos, pero sin duda que el más importante es el que se refiere al derecho a la vida. La Convención Interamericana la define como: “La privación de libertad a una o más personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Tanto la ONU como la Convención Interamericana califican la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas como un crimen contra la humanidad, por lo que estos delitos caen dentro del ámbito de la Jurisdicción Internacional y pueden ser perseguidos en cualquier lugar en que se encuentren los infractores, estos hechos no pueden ser amparados por leyes de amnistía, ni sus violadores acogerse al asilo político, no admiten prescriptibilidad ni la excusa de obediencia debida a órdenes superiores.

También relacionado con este tema, se plantea en doctrina, el derecho a una muerte digna, como última fase de la vida humana, teniendo la posibilidad el enfermo, de decidir sobre un determinado tratamiento médico, ya que en este caso no estamos hablando propiamente de un derecho a la muerte, sino del derecho de un sujeto, que como exigencia de su dignidad, tenga la facultad de llegar a un término natural de su existencia, rechazando un tratamiento, cuando lo considere innecesario debido a la irreversibilidad de su situación, pudiendo depararle el mantenimiento de la vida tan sólo un alargamiento artificial de su existencia, o cuando estime que su prolongación es inaceptable por el sufrimiento que pueda causarle tal tratamiento. En situaciones de urgencia clínica, el consentimiento puede prestarlo el cónyuge, los padres o hijos mayores de edad si el afectado no puede manifestar libremente su voluntad.

Es distinto el caso de la Eutanasia activa, que consiste en la muerte llevada a cabo por un tercero, por la propia y libre decisión del enfermo, cuando se encuentra médicamente en una situación extrema calificada de incurable y con el propósito de evitar sufrimientos y dolores innecesarios, abreviando la vida del paciente cuando su vida resulta inestimable para el paciente. Esta forma de eutanasia es rechazada en general por la doctrina y el derecho comparado, considerándosele como delito de homicidio o de auxilio al suicidio, con la sola excepción de Holanda.

Límites Al derecho a la vida.- no obstante la importancia y prevalencia de este derecho, no excluye la aplicación de la eximente de responsabilidad penal de la legítima defensa, contemplada en los Nº 4, 5 y 6 del art. del Código Penal, relativos a la legítima defensa, cuando alguna persona sufre una agresión ilegítima, no provocada y tiene necesidad racional de emplear medios defensivos para proteger su vida, la de algún familiar o un tercero.

La pena de muerte.- La otra limitación al derecho a la vida, es la pena de muerte, contemplada en el propio Nº 1 del art 19 de la Constitución. Sobre este tema se ha discutido

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ampliamente en doctrina acerca de la legitimidad de su procedencia Sobre esta materia, el Sr Alejandro Silva Bascuñan en una de las discusiones durante la elaboración del Proyecto Constitucional en el seno de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, señaló que no existe contradicción en consagrar el derecho a la vida y permitir la aplicación de la pena capital, por que el derecho a la vida en una sociedad es una garantía y la pena de muerte se aplica al que libremente realizó actos de tal naturaleza como para que la sociedad lo castigue, pero no para quitarle el derecho a la vida, sino para sancionarlo por su actuación contra el ordenamiento jurídico; sin embargo en la actualidad la doctrina y el derecho comparado se han inclinado por la supresión de esta pena, en virtud de los errores cometidos en su aplicación y la irreversibilidad de su aplicación, además que se afirma no constituye una medida ejemplificadora, ya que se ha probado estadísticamente que donde se ha abolido no se ha incrementado la criminalidad, antes bien, ha disminuido.

En lo que se refiere a la integridad física de las personas cobra interés lo relativo a la donación de órganos extraídos a seres vivos y a cadáveres para el transplante de pacientes, en nuestro país la situación se regula a través de la Ley 19.471 y en el art 8º del Código Sanitario, que señala “ toda persona plenamente capaz podrá disponer de su cuerpo o parte de él, con el objeto de que sea utilizado para transplante de órganos con fines terapéuticos”, debiendo el donante manifestar su voluntad por declaración firmada ante notario. Esta autorización se consigna además en la cédula de identidad del donante y en su licencia de conducir. Por su parte, el art 147 del Código Sanitario señala, “Los cadáveres de personas fallecidas en establecimientos hospitalarios públicos o privados, o que se encuentren en establecimientos del servicio Médico Legal, que no fueren reclamados dentro de plazo, podrán ser destinados a estudio e investigación científica y sus órganos y tejidos destinados a la elaboración de productos terapéuticos o realización de injertos”.

La Ley protege la vida del que está por nacer.- El constituyente a través de esta disposición, consagra el derecho a vivir del producto de la concepción desde que se encuentra en el seno materno, constitucionalizando el art 75 del Código Civil chileno, que representa una restricción a la despenalización del aborto y zanjando cualquier discusión acerca de si el nasciturus, que no es persona, sino spes hominis (vida humana en formación) está o no protegido por este derecho.

Al señalar que la Ley protege la vida del que está por nacer, impone dos mandatos al legislador, por una parte, rechaza toda interrupción provocada del embarazo y toda legislación conducente a la despenalización del aborto en cualquier circunstancia. Si no se prohibió expresamente el aborto en este Nº, fue porque a esa fecha se encontraba vigente el art. 119 del antiguo código Sanitario, que señalaba que con fines terapéuticos se podría interrumpir el embarazo, siempre que se contara con la certificación de dos médicos cirujanos, que acreditasen las circunstancias. Por otra parte, obliga al legislador a adoptar las medidas necesarias para proteger la existencia del no nacido y para que no se apliquen sanciones a la madre que pongan en peligro al feto.

Vinculado con este tema cobra actualidad la situación de la fecundación artificial in vitro, cuyas técnicas se han venido perfeccionando y permitiendo a muchas parejas resolver problemas fisiológicos que antes impedían la procreación, este es un aspecto que toca derechos constitucionalmente protegidos como el de formar una familia y el derecho a la vida privada que compete a los cónyuges, además del derecho a la vida y la protección que se confiere al que está por nacer, ciertamente que esta materia es controvertida en el campo doctrinario por razones religiosas y éticas. Algunos como el Dr. Gustavo Monckeberg, se oponen a la fecundación artificial fundándose precisamente en el derecho a la vida, pues sostiene que en estos procesos artificiales se pierden muchos óvulos fecundados y pocos alcanzan el éxito deseado, con lo que en realidad se producirían varios pequeños abortos lo que atentaría contra la moral, pues es moralmente censurable privar de la vida tanto a un feto de varios meses o semanas como a los óvulos de 2 días.

Sobre este mismo tema, el profesor Enrique Evans de la Cuadra, opina lo siguiente:

a) Debe autorizarse la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria en los matrimonios en que se establezca fehacientemente la imposibilidad física de la mujer para que la concepción se desarrolle naturalmente y en matrimonios que se hayan celebrado a lo menos cinco años antes de esta práctica

b) Asegurarse de que los cónyuges han intervenido en el proceso de manera exclusiva y excluyentec) Prohibir toda utilización o conservación de los espermios y óvulos no involucrados en el procesod) Prohibir la impugnación de la paternidad cuando se han cumplido los resguardos legales

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e) Prohibir absolutamente las experiencias de bebés concebidos totalmente en probetas y la práctica de la fecundación heteróloga, es decir, mediante dadores de semen o arriendo de vientres maternos

Doctrina española .- El Tribunal Constitucional español, ha llegado a la conclusión de que los derechos del nasciturus es un bien jurídico constitucional que debe ser protegido (aunque el nasciturus, no es titular del derecho a la vida, ya que todavía no es persona), por esta razón, se condena el aborto en términos genéricos, pero se acepta la NO punibilidad del aborto en determinados supuestos en los que la vida del nasciturus entra en conflicto con la vida, la salud o la dignidad de la madre, bienes éstos integrados en los derechos de una persona existente que, precisamente por esta razón se encuentran superiormente protegidos.

En virtud de tal planteamiento, el Tribunal Constitucional de España, admitió la legalidad constitucional de los supuestos de despenalización del art 41 bis del Código Penal de ese país, que admite el aborto eugenésico, probabilidad de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas; el aborto terapéutico, grave peligro para la vida o salud de la embarazada, y el aborto criminológico cuando el embarazo es producto de un hecho constitutivo de delito como la violación de la madre.

Se discute aún en España la posibilidad de incluir un fundamento social como causa de aborto a partir de un estado de necesidad, fundado en la angustia derivada de una situación socio económica y penal de la madre. También se discute una hipotética ley de plazos en los cuales se podría practicar el aborto, realizado dentro de un plazo a partir de la gestación.

Sobre el tema de la clonación, la Convención Europea sobre Biomedicina, a través del Consejo de Europa, con fecha 12 de Enero de 1998, con el propósito de proteger la identidad del ser humano, prohibió el empleo de cualquier técnica sea o no la clonación, para crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano.

Prohibición de todo apremio ilegítimo.- Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo, esta disposición tiene su antecedente en la Constitución de 1925, que lo establecía en el art. 18, empleando la expresión tormento, en lugar de la actual que es más amplia que la anterior, además que excluye la condena de ciertos apremios legítimos como el señalado en el art 233 del Código Civil que faculta al padre de familia para castigar moderadamente a sus hijos.

Esta materia motivó largas discusiones tanto en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución como en el Consejo de Estado, presentando cada uno de estos organismos propuestas diferentes, aunque ambos se refirieron expresamente a apremios físicos como psíquicos, alusiones que la Junta de Gobierno eliminó en el proyecto definitivo.

Por apremio ilegítimo se comprenden las torturas, los malos tratos crueles, las acciones que provoquen deliberadamente daños físicos o psicológicos o cualquier otra forma análoga de perjuicio en las víctimas, la Ley prohíbe su utilización no sólo contra los procesados o condenados, sino contra cualquier persona.

La doctrina define la tortura como todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflige intencionadamente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información u otra confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras.

Esta restricción además del señalamiento constitucional está ratificada en diversos textos de Tratados Internacionales suscritos y aprobados por Chile; las disposiciones internacionales señalan que ningún estado permitirá la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, no podrán invocarse para su justificación, circunstancias excepcionales como estados de guerra o amenaza de ella, inestabilidad política o cualquiera otra emergencia pública según resolución de la ONU el responsable directo y sus superiores jerárquicos, que pudiendo evitarlo no lo hicieren, incurren en responsabilidad penal que no admite atenuantes.

Por otra parte, la Convención contra la tortura, en su art 1º, señala que “Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que ha cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionara esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

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El apremio ilegítimo no admite limitaciones ni tiene excepción alguna que lo justifique, ni como atenuante ni mucho menos como eximente de responsabilidad penal

Art 19 Nº 8, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.- Este derecho se considera como un complemento del derecho a la vida por la importancia que reviste para su adecuado ejercicio, esta materia se ha ido incluyendo en los textos constitucionales de los últimos lustros, sobre todo después de su incorporación en la Constitución española de 1978; en nuestro país se consideró en primer término en el art 1 Nº 18 del acta constitucional Nº 3 y de allí se incorporó definitivamente en el texto constitucional de 1980.

La contaminación en sus diferentes manifestaciones se ha constituido en uno de los más graves problemas de nuestros días, como consecuencia del proceso de industrialización que se desarrolla en el planeta desde el siglo XVIII en adelante, esto ha provocado un gran desequilibrio ecológico y la consiguiente contaminación del medio ambiente en el que vive actualmente el ser humano, lo que, sin duda afectará a las próximas generaciones.

El término contaminación que el constituyente empleó en la redacción del texto, debe entenderse de forma genérica, por lo que comprende varias formas de manifestación, como es la suciedad de las aguas, de la atmósfera, acústica, los hedores, el agotamiento de los recursos naturales y en general, todos los factores causales y las consecuencias negativas que forman parte del equilibrio ecológico.

Durante la elaboración del proyecto de constitución, la Comisión de Estudios, recibió un oficio de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, conteniendo las ideas básicas que debían considerarse en la redacción del Nº correspondiente, señalando que:

1.- La soberanía nacional no sólo se ejerce cuando se cautela el ámbito territorial o el patrimonio geográfico, sino también al proteger el medio ambiente y los recursos naturales

2.- El medio ambiente y los recursos naturales son patrimonio de todos los habitantes actuales y futuros de la nación

3.- El Estado debe asumir la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, ya que es la única Institución revestida de autoridad y poder suficiente para lograrlo

4.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen un patrimonio común que beneficia a todos, por lo que es deber de todas las personas naturales y jurídicas colaborar con el Estado en su conservación

5.- El Estado debe crear una conciencia nacional de responsabilidad ciudadana, orientada hacia la defensa del medio ambiente y los recursos naturales

6.- Debe asegurarse la formación de organismos técnicos para adoptar decisiones acerca de los problemas ambientales y de contaminación

El acta Nº 3, ya señalaba que la integridad territorial de Chile, comprendía la de su patrimonio ambiental, sin embargo, esta frase fue eliminada en el texto final.

La Constitución de 1980, establece como deberes del Estado chileno en esta materia:

1.- Velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no se afecte, y

2.- Tutelar la preservación de la naturaleza. Por preservar se entiende conservar los recursos naturales renovables y mantener las áreas geográficas que han permanecido libres de la transformación y manipulación humanas. La preservación de la naturaleza comprende el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país, en tanto que se comprende como conservación del patrimonio ambiental, el uso y aprovechamiento racional o reparación en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de generación

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El inciso final de este Nº 8 faculta al legislador para que en defensa del medio ambiente, establezca restricciones específicas, no generales, al ejercicio de determinados derechos o libertades. Esta situación particularmente dice relación con limitaciones al derecho de propiedad cuando sea necesario hacerlo en virtud de tal objetivo.

Además de las normas constitucionales, esta materia está regulada por el legislador a través de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al que define como el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

Por otra parte se señala que medio ambiente libre de contaminación, es aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

La Ley establece que contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía, o combinación de ellos, en concentraciones o con concentraciones y permanencia, superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.

La Ley también define el término contaminante como todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

La Ley 19.300, creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es un servicio público descentralizado funcionalmente y por lo tanto, goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, que está sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Secretario General de Gobierno, su administración está a cargo de un Director Ejecutivo designado por el Presidente de la República; además se considera la existencia de un Consejo Directivo integrado por diferentes Ministros de Estado y las Comisiones Regionales de Medio Ambiente, órganos desconcentrados territorialmente a cargo de un Director Regional.

Por último cabe señalar que este derecho está protegido por el recurso de protección, consagrado en el art 20 de la Constitución Política vigente.

El derecho a la protección de la salud, art. 19 Nº 9.- La Constitución de 1980 modificó sustancialmente esta materia con relación a lo que señalaba la carta de 1925, pues ella indicaba como deber del Estado, velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país, debiendo destinarse cada año, dentro del presupuesto nacional, recursos para mantener un servicio Nacional de Salud, lo que le daba un carácter eminentemente social a este derecho.

Cabe señalar que en la redacción final del texto, se desecharon los planteamientos propuestos por la Fuerza Aérea, a través del Ministro de Salud de la época, General Fernando Mattei, en orden a priorizar el papel del Estado en esta materia, dejando reducida la participación privada a un papel meramente secundario. En efecto, en documento remitido a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el general de brigada sostuvo que “todo el quehacer en salud del sector privado debe ser subsidiario a la responsabilidad del Estado”; estableciendo como responsabilidad de éste “normar, planificar, coordinar, controlar y ejecutar las acciones de salud. El Proyecto despachado por la Comisión, contemplaba incluir en el texto el derecho a la salud en los términos anteriores, lo que posteriormente fue modificado en el documento final.

La nueva constitución establece como criterio inspirador el que las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, así como los de rehabilitación podrán ser brindadas tanto por instituciones públicas como privadas, coexistiendo ambos sistemas, pudiendo las personas elegir libremente el que más les convenga. Además el constituyente prohibió expresamente cualquier

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monopolio estatal sobre el sistema de salud, impidiendo al legislador o a la autoridad imponer un sistema único otorgado por el Estado, que en esta materia pasó a ocupar un lugar subsidiario.

Sin embargo el Estado conserva el control y la coordinación de los sistemas de salud, procurando que ellos sean idóneos y adecuados a los requerimientos ciudadanos.

El concepto tradicional de salud se amplió con elementos nuevos como la protección y rehabilitación del enfermo, además se la consideró como un patrimonio nacional y factor fundamental para el desarrollo del país.

Deberes del estado en relación al derecho a la protección de la salud:1.- Cautelar el derecho a la protección de la salud, lo que significa proporcionar la implementación hospitalaria y profesional para brindar atención en este sentido

2.- Garantizar la libertad de elegir el sistema de salud estatal o privado que deseen las personas, con un libre acceso en plano de igualdad con los demás habitantes del país, es decir, sujetos a los mismos requisitos. Le quedó vedado, tanto al legislador como a la autoridad imponer un sistema único estatal

3.- Coordinar y controlar todos los sistemas de salud, sean públicos o privados

4.- Garantizar que las acciones de salud se realicen en la forma y condiciones que señala la Ley

La Constitución además señaló, que el legislador podría establecer cotizaciones obligatorias como efectivamente ocurrió. Las materias relativas a las prestaciones de salud se encuentran reguladas en la Ley 18.469 de 1985.

Derecho a la seguridad social, art. 19 Nº 18.- Este derecho se estima como un complemento del derecho a la vida contemplado en el Nº 1 del art. 19, por lo que, inicialmente se consideró colocarlo a continuación de aquel.. La Constitución de 1925 había dejado todo el sistema previsional en manos del Estado, en efecto, consagraba este derecho en el art. 10 Nº 16, en el que se establecían medidas tendientes a satisfacer los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, al tiempo que buscaba lograr una equitativa redistribución de la renta nacional. Por otra parte, aquella carta, consagraba además el principio de solidaridad, que se traducía en que las cotizaciones más altas, contribuían a financiar las prestaciones de las personas de menor ingreso.

Este derecho consiste en garantizar a las personas un apoyo material en los momentos en que pueda pasar por estados de necesidad, fundada en tres principios: a) Generalidad de las prestaciones, en el sentido de que se debe proteger a la totalidad de las personas; b) Integridad, lo que supone que se cubran todos los riesgos y c) uniformidad, que consiste en que todos queden sometidos al mismo régimen previsional.

Don Enrique Evans define la seguridad social como un sistema legal cuyo objetivo es proporcionar a las personas beneficiadas diversas prestaciones que cubran los estados de necesidad derivados de situaciones de muerte, enfermedad, edad y cesantía, en forma general, integral y en lo posible uniformes.

Después de intensos debates en los que propusieron diferentes sistemas, quedó estatuida en esta materia, la subsidiariedad de la participación del estado en los sistemas previsionales, con lo que se puso término al rol protagónico que le había conferido la carta anterior, bajo cuyo imperio, fueron creadas las Cajas de Previsión y el Seguro Obrero. Actualmente al Estado sólo le cabe supervisar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

La Constitución de 1980, reguló esta materia en el art. 19, en su Nº 18, que señala que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que ellas se otorguen por medio de Instituciones públicas o privadas, facultando al legislador para imponer cotizaciones obligatorias.

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El Decreto Ley 3.500, creó las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.), constituidas por sociedades anónimas abiertas que administran con fines de lucro los dineros acumulados por los imponentes, a través de cotizaciones obligatorias. Sin embargo, a quienes no quisieron cambiar el sistema estatal que tenían anteriormente se les permitió continuar operando bajo aquellas normas, a través del Instituto de Normalización Previsional.

Para cumplir la obligación de supervisar la actividad de las administradoras, el Estado creó la Superintendencia de A.F.P., con facultades de control , vigilancia y fiscalización.

Según la Constitución vigente, las leyes que regulen el ejercicio del derecho a la seguridad Social, serán de quórum calificado, aunque existe una contradicción entre lo que señala este Nº y el art 60 Nº 4, pues de acuerdo con esta última disposición, bastaría una ley ordinaria. De cualquier manera, la iniciativa legislativa en cuanto a modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, serán de competencia exclusiva del Presidente de la República. Por último, en conformidad con lo indicado en el art 19 Nº 7, letra h, no se puede aplicar como sanción la pérdida de los derechos previsionales.

LAS IGUALDADES La igualdad de todas las personas frente a la ley fue una reivindicación esgrimida por los

revolucionarios liberales del siglo XVIII, incorporándola dentro de los principios inspiradores del Estado Moderno, en contraposición con el carácter estamental y clasista del régimen feudal que representaba la existencia de distintos ordenamientos jurídicos y de Tribunales diferenciados según el origen social de las personas.

Sin embargo dicha igualdad formal no fue suficiente, ya que daba lugar a situaciones de clara injusticia, por lo que el derecho constitucional en su evolución ha ampliado este concepto en procura de que la igualdad entre las personas sea real y efectiva, admitiéndose hoy un tratamiento diferente para situaciones distintas; es decir, en materia de igualdad, lo que el constituyente ha querido excluir de manera tajante, son las diferencias arbitrarias que el legislador, o la autoridad, o los particulares pudieran implantar.

El texto de 1980, acorde con su vocación liberal clásica, se refiere a las igualdades en las propias bases de la institucionalidad, declarando en su primer artículo, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, agregando al final de la misma disposición, que es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

La igualdad ante la Ley, art 19 Nº 2.- El Nº 2 del art 19 establece la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la Ley. La referencia a la esclavitud parece innecesaria, pues en nuestro país nunca esta forma de explotación tuvo trascendencia social ni económica. La reforma de 1999, repuso la referencia a que hombres y mujeres son iguales ante la Ley, la que se había omitido en el texto original de la Constitución, a pesar de que había sido considerada en esos mismos términos, tanto en el Proyecto de la Comisión de Estudios como en el del Consejo de Estado.

La Constitución de 1980 cambió la alusión a clase privilegiada que establecía la carta de 1925, por el concepto más amplio de persona o grupo privilegiado, con esta modificación se quiso además eliminar la connotación política que el término de clase social tiene para la doctrina marxistaSegún el profesor Evans de la Cuadra, esta igualdad consiste en el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea procedente efectuar entre ellas distinciones favorables o adversas en razón de raza, nacionalidad, sexo, profesión, actividad u oficio y de grupo o sector social o categoría económica a la que se pertenezca.

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La doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera, reconocen que no obstante la existencia de este principio, no se excluye la posibilidad de que el legislador establezca diferencias a favor de personas, grupos o actividades, justamente para darle vida al concepto, así por ejemplo, en materia tributaria, se establecen tributos diferentes según las rentas de los contribuyentes, o en materia laboral, se incluyen disposiciones favorables a los trabajadores para equilibrar las relaciones de trabajo. En consecuencia, lo que el constituyente quiso eliminar de manera absoluta, fueron las diferencias arbitrarias, es decir, aquellas que impliquen una discriminación ilegal o abusiva, esto es, carente de racionalidad. El inciso segundo de la norma señala que “ni la Ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

En virtud de lo anterior se acepta que la norma jurídica regule en forma igual aquellas situaciones jurídicas esencialmente iguales, pero reconoce que las situaciones desiguales deben tratarse de manera desigual, así ha sido reconocido por el Consejo de Estado francés y por la jurisprudencia administrativa francesa y alemana.

Aunque el constituyente en la redacción de este Nº 2, inciso 2º, se refiere exclusivamente a la Ley, este concepto debe interpretarse de manera amplia, incluyendo toda disposición que integre el ordenamiento jurídico nacional y no sólo a las leyes propiamente tales.

La igualdad ante la ley confiere a cada persona el derecho subjetivo a no ser discriminado arbitrariamente.

Jurisprudencia:La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las

personas que se encuentre en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares, no se trata por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo, la igualdad supone por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición. Tribunal Constitucional 8 de Abril de 1985.

La igualdad consiste en que todos los habitantes, cualquiera que sea su posición social, su forma o su origen, gozan de los mismos derechos, lo que supone la igualdad de todos para ser sujetos de derecho, mediante la protección legal al derecho de todos. Corte Suprema, 04.01.1968.

La igualdad en el ejercicio de los derechos e igualdad ante la Justicia, art 19 Nº 3. Este artículo corresponde a una indicación presentada en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución por don Alejandro Silva Bascuñan, quien sostuvo en ella que con este Nº se pretende que quienes deban recurrir ante cualquier autoridad, incluidos los tribunales de justicia para la protección de sus derechos, se encuentren en un plano de igualdad jurídica, sin que existan privilegios o fueros especiales que sólo beneficien o perjudiquen a algunos, proscribiendo cualquier forma de discriminación arbitraria. Por su parte, Sergio Diez, en relación con este número opinó que las personas a las que le sean conculcados sus derechos podrán recurrir directamente ante los tribunales de justicia, para hacerlos valer, aunque el legislador no establezca un procedimiento especial para cubrir específicamente la situación reclamada

El contenido de esta norma garantiza los siguientes bienes jurídicos:

1.- El derecho de toda persona a una defensa jurídica 2.- Legalidad del Tribunal

3.- Legalidad del juzgamiento4.- exclusión de presunciones de derecho en materia de responsabilidad penal5.- Irretroactividad de la Ley penal6.- Principio de tipicidad

1.- Derecho a una defensa jurídica.- “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan obtenerla por sí mismos.” En las actuales condiciones de la vida moderna es evidente que la asesoría de un abogado es indispensable, por ello la Constitución garantiza a todas las personas de este país el derecho a una defensa jurídica para cuyos efectos la Ley 17995 creó la Corporación de Asistencia Judicial a fin de brindar atención a quienes carezcan de recursos para pagar un abogado, el servicio es brindado por postulantes, egresados de las escuelas de derecho del país y forma parte de los requisitos para titularse de

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abogados realizar en ellas una práctica forense durante seis meses. A partir de la reforma al nuevo proceso penal chileno que creó el Ministerio Público, se estableció una Defensoría Penal Pública, en virtud de la Ley 19.718, para asumir la representación de los imputados en las causas criminales, proporcionando un defensor a toda persona que carezca de abogado; estas defensas sólo pueden ser asumidas por abogados titulados. La defensa implica el patrocinio de las causas y la representación del defendido en la forma debida, es decir, de manera pertinente y respetuosa.

Este Nº garantiza a los abogados y procuradores una plena libertad para el desempeño de sus cargos en defensa de los imputados, cubriendo no sólo la tramitación judicial, sino abarcando todos los aspectos jurídicos, ya sea que se desarrollen ante los Tribunales Ordinarios de Justicia o ante cualquier autoridad, el texto señala “Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si fuese requerida”.

El derecho internacional y los tratados suscritos por Chile ratifican el contenido de esta garantía, en efecto, la Carta Internacional de Derechos Humanos señala en su art 7 que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”, además el art. 8º de ese documento agrega, “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Por su parte, La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en el art 8º las garantías judiciales , estableciendo en el Nº 2, letra e) el “Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la Ley”

2.- Legalidad del Tribunal.- “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que le señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. De tal manera que, todo imputado por un delito debe ser enjuiciado por un tribunal preestablecido por el legislador, excluyéndose la posibilidad de juzgamientos por comisiones constituidas al margen de la Ley. Este principio no excluye la existencia de tribunales especiales como los de menores, los laborales, o los militares de acuerdo con el Código de Justicia Militar, ya que ellos abordan materias especializadas de la judicatura; durante la dictadura militar se discutió la validez de los tribunales militares en tiempos de guerra, que funcionaron en los primeros meses del golpe militar y que pronunciaron varias sentencias de muerte, sin embargo, la Corte Suprema validó sus actuaciones.

Otro aspecto que divide a la doctrina es si los tribunales deben estar constituidos antes del inicio del proceso o antes del inicio de los hechos delictivos, lo que se pretende lograr con esta garantía es la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional. En la comisión de estudios prevaleció el criterio de que el tribunal debería existir antes del inicio del proceso. Consultado el Tribunal Constitucional acerca de la capacidad de la cámara de diputados para acusar constitucionalmente a los gobernantes del régimen militar y al senado para declarar su culpabilidad, señaló que sólo podrían acusar y resolver las acusaciones relativas a hechos posteriores a su instalación, esto es, después del 11 de Marzo de 1990. El texto refundido ha resuelto esta controversia al establecer que el Tribunal debe existir antes de la perpetración del hecho.

Sobre esta materia, la Convención Americana sobre derechos Humanos, en su art 8º, Nº 1 señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...”

Sin embargo esta controversia se ha resuelto con las modificaciones del texto refundido de Septiembre de 2005, ya que, ahora se señala expresamente que el Tribunal debe existir antes de la perpetración del hecho, art 19 N° 3, inciso cuarto: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la ley y que se hallares establecido con anterioridad a la perpetración del hecho”.

3.- Legalidad del juzgamiento.- “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Esto se refiere a que debe garantizarse la existencia de un debido proceso legal, a lo que se agregó a partir de las

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reformas al procedimiento penal una investigación legal. Consultado el Sr. José Bernales sobre el contenido de este principio, señaló: que el demandado en un juicio debe ser notificado del proceso iniciado en su contra, se le debe conferir un plazo razonable para contestar la demanda, otorgarse un plazo que permita a las partes rendir sus pruebas, que el Tribunal esté constituido legalmente y de manera que se asegure su imparcialidad, debe establecerse la posibilidad de apelar de lo resuelto en primera instancia y en general, debe contener una serie de principios que se consideran indispensables para lograr un procedimiento justo.

4.- Exclusión de presunciones de derecho en materia de responsabilidad penal. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal, (presunciones de derechos, son aquellas que no admiten prueba en contrario) esto en virtud de que en derecho se presume la inocencia de los inculpados, de los detenidos y de las personas sometidas a proceso, siempre la culpabilidad debe ser probada por los medios que establece la ley.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala en su art 11, que, 1.- “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

5.- Irretroactividad de la ley penal.- “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Este principio está plenamente incorporado en nuestra tradición constitucional, a lo menos desde 1823, incluso en la comisión de estudios de la nueva constitución, se propuso ampliarlo al ámbito civil, sin embargo no hubo acuerdo salvo en lo relativo al derecho de propiedad donde también se le dio plena vigencia. La única excepción a este valor jurídico lo constituye el principio indubio pro-reo, es decir, cuando una nueva disposición favorece al reo, se debe aplicar esta última.

Además, a través de este inciso cobra vida el principio de que no hay pena sin ley.

El art 11 Nº 2 de la Declaración Universal de los derechos Humanos señala: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

6.- Principio de la tipicidad.- “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. Según Enrique Cury, no hay delito sin una descripción legal de aquello en que el hecho esencialmente consiste. Con esta disposición se quiso evitar la dictación de leyes penales en blanco, es decir, normas que establecen sanciones sin describir adecuadamente las situaciones delictivas.

Jurisprudencia:

Legalidad del Tribunal.- “El tribunal Militar en tiempos de guerra es el señalado en el D.L. 3655, que se hallaba establecido con anterioridad al inicio del hecho que motivó el proceso, de manera que no es una comisión especial, a que se refiere el art 19 Nº 3, inciso 4º de la Constitución Política (C.S, 8 de Mayo de 1984, confirmando otra sentencia de la C.A. de Santiago.

Leyes penales en blanco.- Si bien la Constitución limita la libertad del legislador para dictar leyes en blanco, no se requiere que la conducta esté completa y perfectamente descrita en la ley, la conducta que la ley sanciona debe de estar expresada y de tal manera descrita que permita deducir si un hecho, acto o conducta está encuadrada en ella, esto es, si es o no típica, pero sin que exija la carta fundamental, como lo ha expresado el Tribunal Constitucional que la descripción sea completa y perfecta (C.S: 23 de Enero de 1988).

La igualdad en la admisión a los cargos públicos, art 19 Nº 17. “La Constitución asegura a todas las personas”: “La admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes”.- El origen de esta

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disposición está en los principios de la revolución francesa que reacciona contra la arbitrariedad monárquica en la designación de los colaboradores del rey, que en definitiva eran los funcionarios del Estado monárquico.

La disposición de la constitución de 1980, tiene su antecedente inmediato en la carta de 1925, que regulaba la materia en término muy similares, ya que, solamente se agregó en el texto actual la constitución como fuente de requisitos de ingreso junto a la Ley y se sustituyó la acepción condiciones por requisitos, ya que ésta es más precisa del punto de vista jurídico.

El art 38, consolida esta igualdad al asegurar a todas las personas la igualdad de oportunidades de ingreso, así como la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes. A su vez, el art 11 del Estatuto Administrativo, fija los requisitos de acceso a la administración pública y son, ser ciudadano, cumplir con la ley de reclutamiento, salud apta, educación básica, no haber cesado en cargo público por medida disciplinaria o calificación deficiente, no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo o funciones públicas ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito.

La Constitución, además exige condiciones especiales para acceder a ciertos cargos públicos y a los de elección popular, por ejm. para ser presidente de la república las fija en el art 25, para ser senador en el art. 46, diputado en el 44. Para ser miembro del Tribunal Constitucional deben cumplirse los requisitos del art 81, para el Tribunal Calificador de elecciones los del art 84, para cargos del gobierno interior los del art 113, etc.

Por otra parte hay restricciones para ejercer ciertos cargos, respecto de ciudadanos sancionados como infractores del pluralismo político, de acuerdo con el art 19 Nº 15, o en algunas situaciones o algunas inhabilidades para ser candidato a senador o diputado, art. 54.

La igualdad ante las cargas públicas, art. 19 Nº 20.- La Constitución asegura a todas las personas: “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas”.- También el antecedente inmediato de este Nº es la carta de 1925 que mencionaba impuestos y contribuciones, en lugar de la actual acepción genérica de tributos que es más amplia. Por impuesto se entiende toda prestación monetaria de carácter individual, recabada por el Estado a los particulares, de acuerdo con reglas fijas y con el propósito de financiar servicios públicos de interés general; en cambio, contribución, es el gravamen que se impone a ciertas personas para realizar determinadas obras o para la mantención de servicios que las benefician en forma especial.

Por su parte, La expresión tributo de la Constitución de 1980, se refiere a toda exacción patrimonial impuesta por la ley en beneficio del fisco, comprendiendo además los aranceles, por lo que éstos se deberán fijar por ley de iniciativa presidencial, de acuerdo con lo señalado en el art 62.

Además el texto anterior establecía que las cargas gravarían los haberes de las personas, en cambio, ahora la tributación se determina sobre la base de las rentas obtenidas.

Cuando el constituyente estableció esta igualdad en la repartición de los recursos se refirió a que las cargas tengan igual peso para contribuyente, tratando que el sacrificio para cada cual sea equivalente, esto obviamente lleva a establecer escalas tributarias diferenciadas según los ingresos de cada persona.

Por otra parte, se garantiza la igual repartición de las demás cargas públicas, las que se clasifican en reales o personales, según si graven bienes o personas, entre estas últimas se destaca el servicio militar que afecta a los varones mayores de dieciocho años o los cargos concejiles que son gratuitos.

Se prohíbe el establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, entendiendo por tales, aquellos que si aplican impiden el desarrollo de la actividad gravada o si destruyen el bien afecto al gravamen.

El inciso tercero señala que todos los tributos recaudados, ingresarán al patrimonio general de la nación, sin que puedan afectarse a un fin específico, pasando de la administración central y de allí se distribuye entre los diferentes servicios y regiones. Los tributos que se recauden

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cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.

Sin embargo, el inciso final de este Nº 20, establece dos excepciones: la defensa nacional y el desarrollo local. En este último caso, podrá autorizarse que ciertos tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identidad regional o local, podrán ser aplicados por la autoridad regional o comunal al financiamiento de obras de desarrollo. La ley en este caso habla de la posibilidad de que las autoridades apliquen dichos tributos a esos fines, pero no los habilita para establecerlos, ya que ellos sólo se pueden crear por ley de iniciativa presidencial, art 62 Nº 1

Los recursos no renovables derivados de la actividad minera, pesquera o forestal, se consideran de aquellos que tienen una clara identidad regional y por lo tanto, susceptibles de imponerles tributos para dedicarlos al desarrollo regional o local.

Art 19 Nº 22 La constitución asegura a todas las personas: “ La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el estado y sus organismos en materia económica”.- Este aspecto forma parte, además, del derecho público económico, oportunidad en la que desarrollaremos este punto.

LAS LIBERTADES

Siendo como es el derecho constitucional, creación de la doctrina liberal, es lógico que el pensamiento filosófico, político y jurídico de los grupos emergentes de los siglos XVII y XVIII, tanto en Inglaterra como en el continente europeo, se orientaran a perfeccionar y garantizar las libertades individuales como una manera de consolidar su predominio. Efectivamente los burgueses de aquella época requerían liberar la adscripción del hombre a la tierra, sometido a ella a través de la gleba feudal y transformarlo en un individuo que libremente pudiese concurrir al mercado laboral hegemonizado por la gran empresa industrial, lo que se manifiesta jurídicamente en la libertad ambulatoria.

También se hacía necesario morigerar la pasión belicosa inspirada en las diferentes interpretaciones del cristianismo predominante, imponiendo como solución la tolerancia religiosa para contener la secuela de guerras y persecuciones originadas en las diferentes interpretaciones de la Biblia y los evangelios, ello conduce a incorporar la libertad de conciencia como un bien jurídico superior.

La acumulación de riqueza por parte de los grupos sociales y económicos vinculados al gran capital, hace prevalecer el interés por fortalecer el derecho de propiedad individual, anteponiéndola a la del estado e incluso a las propiedades corporativas de carácter religioso.

El derecho constitucional chileno, doctrinariamente influido por el pensamiento político y jurídico surgido en la Europa occidental moderna, sobretodo la francesa, deformada por la aplicación hispánica del derecho político, asume e incorpora tempranamente las libertades individuales en sus textos, con las salvedades relativas a los intereses vinculados a la iglesia católica, apostólica y romana, que fue la oficial del Estado chileno en el curso de todo el siglo XIX y hasta la cuarta parte del siglo XX.

Los autores clasifican las libertades de muy diversa manera, de acuerdo con sus particulares concepciones, comenzaremos por analizar la Libertad personal y las garantías con que la Constitución de 1980 la rodea, para finalizar el tema con las normas relativas al derecho público económico que es la expresión jurídica del pensamiento económico de quienes implantaron la constitución que nos rige.

La libertad personal y la seguridad individual.-, art 19 Nº 7 Consiste en la posibilidad de desplazarse libremente y de desarrollar cualquier actividad lícita, es la libertad de movilización, de locomoción, en síntesis, la libertad ambulatoria.

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Letra a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.”

En cuanto al primer aspecto, esto es, el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, la Constitución asegura una amplia libertad para hacerlo definitiva o temporalmente en cualquier lugar de Chile, o cambiarlo a voluntad, no siendo necesario permiso, pase o pasaporte alguno, así como entrar o salir libremente del territorio nacional, en este último caso con la documentación internacional correspondiente, generalmente se requiere pasaporte para salir de Chile.

Sin embargo, en virtud del sometimiento de este derecho a la ley y al interés de terceros, durante el gobierno militar de 1973 a 1990, este derecho fue severamente impedido para una gran cantidad de chilenos a quienes se listó en extensas nóminas, prohibiéndoseles el derecho de vivir en la patria por razones de seguridad nacional, determinadas arbitrariamente por la autoridad de la época, nunca antes en su historia Chile había conocido una aplicación tan extensa y arbitraria de violaciones a este derecho.

Por su parte, el ordenamiento jurídico establece ciertas restricciones específicas a este derecho, entre ellas:

1.- Los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el Tribunal en que presenten servicios, art 311 del Orgánico de Tribunales.

2.- El Presidente de la República no puede abandonar el territorio nacional por más de 30 días, sin autorización del senado, o si lo hace en los últimos 90 de su mandato.

3.- Los parlamentarios no pueden ausentarse del territorio nacional por más de 30 días, sin la autorización de la sala respectiva o de su presidente, durante el receso parlamentario.

4.- En determinadas situaciones judiciales, los jueces pueden dictar órdenes de arraigo en contra de los procesados o imputados. Art 305 bis del Código de Procedimiento Penal y 155 del Código Procesal Penal.

5.- La aplicación de ciertas penas; Confinamiento, que es la obligación de residir en algún lugar del extranjero; extrañamiento, que es la expulsión del condenado del territorio de la República a un lugar de su elección; destierro, expulsión del condenado de algún lugar de la república; relegación que consiste en el traslado del procesado a un punto habitado del territorio de la república con prohibición de salir de él, pero permaneciendo en libertad.

Con respecto a la seguridad individual la Constitución establece diversos mecanismos destinados a preservar la vigencia de la libertad personal, don Alejandro Silva Bascuñan, señala que la seguridad individual es la garantía de la persona de no ser impedida en el ejercicio de sus libertades, las garantías establecidas en la Constitución, son:

Letra b) “ Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes” La carta de 1980, agregó a la Constitución como fuente de restricciones a la libertad personal, pues la mayor parte de ellas están contenidas en el propio texto constitucional, además no sólo se consideran las privaciones efectivas de libertad, sino que se incluye cualquier amenaza o perturbación de la misma.

Letra c) “Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden la sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investiguen hechos calificados por la ley como conductas terroristas.”

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Complementan estos señalamientos los arts 253 del Código de Procedimiento Penal que señala que ningún habitante de la República puede ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le sea intimada en forma legal, a menos de ser sorprendido en delito flagrante, y en este caso para el único objeto de ser conducido ante juez competente. A su vez el art. 125 del Código Procesal Penal ratifica este principio.

El art 254 del Código de Procedimiento Penal señala alguna de las autoridades facultadas para girar órdenes de detención, y son:

1.- El juez que instruye el sumario o conoce del delito.2.- Los Intendentes o Gobernadores en los casos que indique la ley3.- Los agentes de policía, en los casos que determina la ley.4.- Cualquier persona en los casos de delito flagrante.

5.- Cualquier Juez, aunque no ejerza jurisdicción criminal en los casos de crímenes o simple delito, arts. 56, C.P.P. y 128 C. Procesal Penal.

6.- Autoridades de casa de salud en los casos que los faculta la ley.

La orden deben constar por escrito, ya que le debe ser intimada en forma legal al detenido, esto, es, le debe ser exhibida.

Excepcionalmente la constitución y la ley admiten que una persona sea detenida al momento de cometer un delito flagrante, en cuyo caso no se requiere de orden alguna y sólo se permite la detención con el objeto de poner al delincuente a disposición del Juez competente dentro de las 24 horas siguientes a la detención, arts 260 al 263 del Código de Procedimiento Penal y 130 del Código Procesal Penal, este último señala que se encuentra en situación de flagrancia:

El que actualmente se encontrare cometiendo el delito El que acabare de cometerlo El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra

persona como autor o cómplice El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con

objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y

El que las personas asaltadas, heridas o víctimas de un robo, o hurto que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de un delito que acabare de cometerse.

Letra d) “Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.”

Se entiende por detenido a aquella persona que se ha visto privada de su libertad en una situación vinculada a un proceso criminal, en tanto que, el arresto corresponde a una medida de apremio legítimo, como es el caso del alimentante renuente a cumplir su obligación alimenticia, o una medida de seguridad dictada dentro del marco de un estado de excepción; o bien, una pena militar por faltas a la disciplina castrense, etc.

La prisión preventiva, en cambio, se refiere a los inculpados sometidos a proceso, es decir aquellos inculpados respecto de los cuales, existen fundadas sospecha de que han tenido participación en el delito como autores, cómplices o encubridores y siempre, por cierto, de que esté acreditada la existencia del delito, art 274 del Código de Procedimiento Penal; el nuevo Código Procesal Penal, contiene las normas relativas a la prisión preventiva en el párrafo 4º del título V del Libro I, señalando que ella sólo tendrá lugar cuando las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento.

En consecuencia, para que se decrete la prisión preventiva se requiere:

1.- Que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga.2.- que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y

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3.- Que existan antecedentes calificados que permitieren al Tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. ( art 140 del Código Procesal Penal.).

Por preso se entiende a aquel condenado respecto del cual se ha dictado sentencia definitiva ejecutoriada y está cumpliendo una condena privativa de libertad por no tener derecho a medidas alternativas a ella.

Las personas privadas de su libertad deben serlo en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Lugares públicos, son aquellos establecimientos de rehabilitación y tratamiento penitenciario que se encuentra a cargo de Gendarmería de Chile, dependientes del Ministerio de Justicia y constituidos por cárceles, presidios y penitenciarías, así como algunas colonias penales.

El recinto debe ser público para que se sepa el lugar de detención y se puedan interponer las acciones legales de resguardo que correspondan, además porque se requiere que a los privados de su libertad se les confine en lugares di0gnos de toda persona humana.

Con la finalidad de cumplir los resguardos correspondientes a las personas privadas de libertad, la Constitución impone diversas obligaciones a los encargados de las cárceles públicas, entre ellas:

1.- Dejar constancia de la orden correspondiente en un registro público.2.- Debe constatar que la orden de detención, provenga de una autoridad competente para dictarla.3.- puede visitar al privado de libertad y a petición de este transmitir al Juez Competente la copia de la orden de detención, o reclamar para que se le dé dicha copia.4.- Dar un certificado de hallarse detenido el individuo si al momento de su detención se hubiere omitido este requisito.5.- No podrá rehusar que el detenido antes de ser puesto a disposición del Tribunal pueda conferenciar con su abogado, en su presencia, hasta por 30 minutos cada día, exclusivamente sobre el trato recibido, las condiciones de su detención y los derechos que puedan asistirle.

Letra e) “La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva del detenido sea considerada por el Juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad”.

“La resolución que otorgue la libertad provisional a los procesados por los delitos a que se refiere el art 9º. Deberá siempre elevarse en consulta. Esta y la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la excarcelación serán conocidas por el Tribunal superior que corresponda integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que apruebe u otorgue la libertad provisional requerirá ser aprobada por unanimidad. Mientras dure la libertad provisional el reo quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple”.

Esta disposición ha sido modificada en el texto refundido en los siguientes términos:

Letra e) “La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el Juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla”.

Se eliminó la referencia a libertad “provisional” y también las investigaciones “del sumario”, etapa del proceso penal que ha desaparecido en el actual sistema. Del inciso 2º, se eliminó el trámite de la consulta que contenía el texto original, respecto de los autores de conductas terroristas; sin embargo, aún persisten las otras disposiciones discriminatorias respecto de estos autores.

Siendo la privación de libertad la más drástica de las medidas que contempla el Procedimiento Penal chileno, la Constitución encargó al legislador la regulación de los requisitos y modalidades para otorgar la libertad provisional cuando ella se haya perdido mientras se tramita un juicio criminal.

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La Constitución de 1925 establecía la inexcarcelabilidad de los delitos sancionados con pena aflictiva; la Constitución de 1980 en su redacción original sólo la mantuvo respecto de los delitos de conductas terroristas, lo que fue modificado por la Ley 19.055, en los términos señalados en el inciso final de la letra e del Nº 7, que aunque permite la concesión de la libertad en este tipo de delitos, la sujeta a exigencias muy difíciles de cumplir como la integración del tribunal exclusivamente por ministros titulares, la unanimidad de la decisión favorable y otras limitaciones que hacen discutible el rango constitucional del inciso 2º de esta letra; aunque en las actuales circunstancias se explican medidas drásticas contra las conductas terroristas, estimamos que ellas las debe abordar el legislador y no el constituyente.

El legislador, abordó la excarcelación en el código de Procedimiento Penal, ha regulado tal situación entre los arts 356 y 379 inclusive, el primero de ellos, establece que la libertad provisional es un derecho de todo detenido o preso que podrá hacer valer en cualesquier etapa de la investigación. La prisión preventiva sólo durará el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines, al resolverla el Juez deberá tener en consideración el tiempo de su duración, debiendo poner en libertad al acusado cuando aparezca su inocencia. Además el legislador ordenó a los funcionarios que intervengan en un proceso que deben dilatar lo menos posible la privación de libertad.

El art 358 señala si el delito no merece pena aflictiva y se dictan sentencias de absolución o auto de sobreseimiento, se otorgará la libertad sin caución, lo mismo ocurrirá en los casos en los que el tiempo de la condena se hubieren completado durante la detención o prisión preventiva, en estos casos la libertad se decretará sin caución.

En los casos en los que el delito investigado no amerite pena aflictiva, se o0torgará la libertad provisional previa caución que asegure la comparecencia durante el juicio y a la ejecución de la sentencia que se dicte. Pena aflictiva de acuerdo con el art 37 del Código Penal, son las de crímenes o simples delitos sancionados con presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos, es decir 3 años y un día o más.

En los casos de delitos que merezcan pena aflictiva, también procederá la libertad provisional, pero cuando el Juez la conceda en primera instancia, la resolución deberá ir en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva; sin embargo, ella podrá ser denegada por las causales establecidas en el art 363 del Código de Procedimiento Penal

El art 363 del Código de Procedimiento Penal establecía que sólo se podía denegar la libertad provisional cuando se dictaba una resolución fundada, basada en antecedentes calificados del proceso, cuando la privación de libertad, se consideraba estrictamente indispensables para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. De acuerdo con el art 140 del nuevo Código Procesal Penal, se considera indispensable la prisión preventiva cuando existieren sospechas graves y fundadas de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación, mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

Para determinar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el Tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, el Nº de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad personal o gozando de alguno de los beneficios alternativos la ejecución 0de las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitan presumir que éste realizará atentados graves en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.

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Letra f) “En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrá ser obligado a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias señale la ley.”

Esta disposición se inspiró en el art 18 de la Constitución de 1925 y suscitó un largo debate en la Comisión de Estudios en la que muchos comisionados estuvieron por eliminar esta garantía que sin embargo se mantuvo, ya que ella forma parte de la tradición jurídica de occidente, pues a nadie se puede obligar a declarar contra sí mismo, ni tampoco contra familiares cercanos. Con esta garantía, se pretende evitar que los presuntos culpables en los procesos criminales falten a la verdad, cometiendo perjurio al obligarlos a inculparse, lo que en opinión del comisionado, Sr. Lorca, repugnaría a los principios generales del derecho natural, ya que toda persona está obligada a decir la verdad, pero no en su propio perjuicio. Este es un principio de derecho penal universalmente aceptado.

Letra g) “No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas”.

La confiscación consiste en una pena que permite al Estado adquirir bienes sin pago de indemnizaciones, la que se excluye como sanción por tratarse de una pena que afecta al grupo familiar del delincuente en circunstancias que, las responsabilidades son personales.

Se excluyó de la garantía, el comiso, que es la pérdida de los instrumentos o efectos del delito; Entendiendo por instrumento del delito, los medios materiales utilizados para perpetrar la acción delictiva y efectos, los objetos materiales sobre los que recae la acción ilícita.

Se incluyeron como excepción a esta norma las asociaciones ilícitas, lo que permitió al gobierno militar, apropiarse de los bienes pertenecientes a los partidos de la unidad popular, previamente declarados ilegales, los que actualmente se han restituido a sus antiguos propietarios, o bien se les ha indemnizado los perjuicios provocados.

Letra h) “No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales.” Con esta disposición se elevó a rango constitucional lo que ya había establecido la ley 17.902 y cuyo fundamento es el mismo de la letra anterior, es decir, el carácter personal de la pena, en tanto que, los derechos previsionales afectan al grupo familiar.

Letra i) “Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria., tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en proceso breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia.”

La expresión injustificadamente errónea que empleó el constituyente, se refiere a que la resolución carezca de fundamento racional o cuando no existe una explicación razonable para el fallo judicial.

Esta materia está procesalmente regulada por un auto acordado de la Corte Suprema de 24 de Mayo de 1996, siendo titular de la acción el procesado o condenado por sentencia definitiva de primera o segunda instancia y demandado el Estado de Chile.

Los requisitos para interponer la acción, son los siguientes:

a) Ser absuelto por sentencia ejecutoriada de primera o segunda instancia o sobreseído definitivamente

b) Presentar la solicitud ante la Corte Suprema, que es el Tribunal competente para declarar el carácter injusto o arbitrario del procesamiento o la condena de que fue víctima el afectado

c) Debe presentarse la solicitud dentro del plazo de seis meses, a contar de la ejecutoria de la resolución absolutoria o del auto de sobreseimiento en su caso

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Una vez obtenida la declaración correspondiente de la Corte Suprema, la acción indemnizatoria se presentará ante el Juez Letrado respectivo, quien fijará el monto de ella, en procedimiento breve y sumario y en el que el magistrado apreciará la prueba , en conciencia; debiendo incluir en el monto, tanto los perjuicios patrimoniales como los morales.

Jurisprudencia, acerca del error judicial.- “Para que se configure se requiere que sea manifiesto, craso, que es el que no admite excusa

ni razón para explicarlo, interpretación que armoniza con las ideas vertidas en sesión 119 de la Comisión Constituyente sobre el sentido de la expresión injustificadamente errónea. Arbitrariedad es, según la Comisión Constituyente, un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes y dictado por la sola voluntad o capricho; situación que no se da en la especie “Corte Suprema 30.10.87.

Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, art 19 Nº 4. La Constitución asegura a todas las personas: 4º “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia”. La actual disposición, ha sido reducida a este inciso 1º, eliminándose toda referencia a la vida pública, así como el delito especial que señalaba el antiguo inciso 2º.

Este Nº se refiere entre otros aspectos, al derecho a la intimidad , esto es el derecho de estar solo, a no ser molestado, siendo este un derecho de la personalidad que no puede ser vulnerado ni por la autoridad ni por persona alguna, esto representa un reforzamiento de las libertades individuales. Lo medular de este Nº es que a través de él se pretende proteger el buen nombre y la privacidad de las personas y su familia.

Las primeras manifestaciones de la protección a los derechos de la personalidad emanan del derecho romano, de instituciones como la Lex Comelia Injuris, que consagraba la inviolabilidad del domicilio.

La redacción de este Nº, en su versión original, se debió fundamentalmente al aporte del Consejo de Estado en la redacción de la carta de 1980, particularmente en lo que se refiere a la protección de la vida pública que no se había considerado anteriormente en nuestro derecho constitucional; también propuso el inciso 2º de la disposición, hoy derogado, estableciendo el delito especial de imputación de hecho falso, de daño o descrédito a las personas. Este agregado obviamente tuvo como finalidad proteger a aquellos funcionarios públicos que en el desempeño de ellos sean sujetos de imputaciones falsas. Además la intervención del Consejo determinó la separación de este derecho a la privacidad del Nº 4, del siguiente Nº 5, referido a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, los que en el proyecto de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, estaban fundidos en uno solo, integrando el acta constitucional Nº 3.

En relación con el delito tipificado en el anterior inciso 2º de la disposición, este se configuraba cuando el derecho a la vida privada y pública de las personas, se veía vulnerado a través de un medio de comunicación social. Esta disposición se reforzó mediante la aprobación de una Ley especial, la Nº 19.048 que protege, los siguientes bienes jurídicos:

a) Respeto a la vida privada.b) Respeto a la vida pública, yc) Respeto a la honra, honor o buen nombre de la persona y su familia

Por honor se entiende, la “cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos”.

La Honra es un bien espiritual estimable, que en su aspecto subjetivo se refiere al sentimiento íntimo de dignidad moral y en el objetivo comprende la apreciación y la estima que los demás tienen por nosotros.

Por vida pública se entienden las actuaciones de la persona que por su naturaleza deben ser conocidos por la sociedad, hoy el art 8º señala que los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen, son públicos.

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Para la configuración del delito, se requería:

a) Que la infracción se produjera a través de un medio de comunicación social.b) Que el hecho o acto fuera falso, o que causare injustificadamente daño o descrédito.c) Que el afectado hubiere sido una persona o su familia. Respecto del concepto de familia, el profesor Germán Urzúa, comenta que, es impreciso el alcance que le dio el constituyente, aunque considera que debe comprender al padre, a la madre y a los hijos menores de edad.

La Constitución dejó al legislador la determinación de la sanción aplicable al delito, quien lo hizo a través de la Ley 18048.

El legislador ha establecido algunas excepciones al ejercicio de este derecho, como son:

a) En el caso de delitos vinculados directamente con la vida privada de las personas, como son, la bigamia, adulterio, incesto y otros similares, en los que necesariamente deberá inmiscuirse el magistrado en aspectos de la vida privada de las personas

b) En los juicios de menores y de alimentos, el Juez con frecuencia, ordena a las asistentes sociales que informen de la vida familiar de las partes

En la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se aclaró que representan un atentado contra este Nº, la intercepción de conversaciones y el gravado de imágenes o de actos que caen en la esfera de la privacidad, sin el conocimiento o consentimiento de las personas involucradas.

Se estima en doctrina que no constituyen hechos relativos a la vida privada o familiar de las personas, los siguientes:

Los referentes al ejercicio de funciones públicas Los realizados en el ejercicio profesional cuando su conocimiento es de interés

público Las actividades a las que el público ha tenido libre acceso Las actuaciones captadas con conocimiento del interesado Las que implicaren la ejecución de delitos de acción pública

Entre las fuentes que el derecho comparado aporta a esta disposición, cabe mencionar el art 12 de la Declaración Universal de los Derechos de Hombre que señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques.” También el Pacto de San José de Costa Rica, señala que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.”

La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, art 19 Nº 5.- “La Constitución asegura a todas las personas. “La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse abrirse o registrase en los casos y formas determinados por la Ley “.

A esta garantía, se le considera como integrante del derecho a la intimidad e incluso en la Comisión de Estudios se pensó tratarla conjuntamente con el derecho anterior incluyéndolas en un mismo artículo.

Esta disposición forma parte de los principios del constitucionalismo clásico del siglo XVIII, en efecto el primer texto que la proclama es la Constitución francesa de 1791; en Chile es reconocida desde los primeros textos del siglo XIX. La Constitución de 1925, la reguló en art 10 Nº 12 y 13, separando la inviolabilidad del hogar de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y de las comunicaciones telefónicas.

En la actualidad la disposición, abarca dos aspectos:

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1.- La inviolabilidad del hogar, entendiendo por tal, a todo recinto privado, abarcando la vivienda, permanente u ocasional, las oficinas, hoteles y toda edificación o predio que no tenga el carácter de abierto al acceso del público o que se trate de un bien nacional de uso público.

En la Comisión se estableció que hogar, casa o morada es el recinto de las habitaciones y sus dependencias en que una persona vive o ejerce sus actividades de trabajo y también los recintos cerrados que tenga bajo su control a cualquier título, aunque no concurran las circunstancias de vida o actividad dentro de él.

El valor protegido en cuanto tal, no es el hogar material, sino la intimidad de la persona y su familia que no puede ser alterada, molestada o perturbada por acciones ilegítimas de cualquier tercero.

El código Penal, ratifica este derecho en los arts. 144 y 155, que sancionan respectivamente al que entre en morada ajena, contra la voluntad de su morador; y al empleado público que excediéndose en sus atribuciones allane la casa de alguna persona.

Sobre esta materia cabe recordar la excepción que platea este derecho, el art 156 del Código de Procedimiento Penal, que faculta a los Tribunales de Justicia para decretar conforme a la Ley, el allanamiento de cualquier edificio público o particular cuando las circunstancias lo ameritan, también la Ley de Quiebras, permite el allanamiento para incautarse de ciertos bienes del fallido; Carabineros e Investigaciones podrán entrar en recintos privados en caso de delito flagrante; también el Código de Procedimiento Civil permite el allanamiento con descerrajamiento para hacer cumplir sus resoluciones; el Código Sanitario y la Ley de Municipalidades contemplan otras excepciones a este derecho.

2.- La inviolabilidad de las comunicaciones privadas, esto comprende la protección de la correspondencia o mensajes epistolares, telegráficos, telefónicos, radiales, por télex y los emitidos por cualquier otro medio, así como la inviolabilidad de los documentos privados, es decir los que la persona lleve consigo, mantenga en su vivienda o tenga en su lugar de trabajo y de los que sean dueños o tenedores legítimos.

Los documentos privados no pueden ser interceptados, abiertos, registrados o conocidos, salvo que lo autorice la Ley y siempre que se cumplan las formalidades que ella establece, proscribiendo cualquier abuso o arbitrariedad. Excepciones los del cónyuge o hijos menores.

Interceptar significa, apoderarse de un documento, antes de que estos lleguen a poder de sus destinatarios

Esta disposición cobra particular importancia en la actualidad, ya que los nuevos métodos tecnológicos e informáticos permiten con cierta facilidad, interceptar, gravar o difundir aspectos personales, industriales o comerciales, incluso militares de gran relevancia, por lo que constituye un desafío para el legislador dar vida a este derecho constitucional.

La Ley 19.423, ha introducido nuevos tipos penales que sancionan la entrada en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso para el público, así como captar, interceptar, gravar o reproducir conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sin autorización del afectado.

La libertad de conciencia, art 19 Nº 6.- “La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijada por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor, los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones”.

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Este derecho constitucional protege el bien jurídico constituido por el pensamiento libre y en este sentido ha tenido una evolución positiva nuestro derecho constitucional, a partir del texto de 1833, en efecto, dicha carta señalaba en su art 5º, “La religión de la República de Chile es la Católica, Apostólica y Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”, esta disposición provocó un ácido debate político en el Chile del siglo XIX, lo que llevó a que se aprobara en 1865 una Ley interpretativa que facultó a los disidentes a practicar cultos diferentes, pero en recintos particulares y además les permitió fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus hijos.

Los problemas entre la iglesia y el Estado fueron frecuentes en el curso del siglo XIX, ya que en virtud del patronato, el Estado chileno a través del Presidente proponía al Consejo de Estado el nombramiento del titular de la Sede Episcopal. A su vez, en razón de exequátur el poder ejecutivo o la ley, según el caso, autorizaban ciertas resoluciones de la Santa Sede que debían cumplirse en Chile; además se establecían tribunales especiales para el enjuiciamiento de eclesiásticos, rompiendo el principio de la igualdad ante la Ley.

La Constitución de 1925, bajo la inspiración del Presidente Arturo Alessandri Palma y de su Ministro José Masa, consagró la separación de la iglesia del Estado, fijando una indemnización monetaria a favor de esta religión para compensar los recursos que el Estado destinaba a su mantención. Además esta carta, consagraba la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias y la libertad de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, autorizando a todas las confesiones religiosas para erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijada por las leyes.

El Nº 6, actual garantiza a todas las personas los siguientes derechos:

a) La libertad de conciencia, esto es, la libertad para adherir a cualquier creencia y descartar las que no le satisfagan, este es un derecho que corresponde a todo ser humano y que le es inherente por su condición de tal, esta libertad tiene dos interpretaciones, una amplia y ora restringida:

El concepto amplio, que es el que sigue nuestro Derecho Constitucional, se refiere a cualquier elaboración del intelecto, respetando toda religión, filosofía, ideología, incluso el agnosticismo y el ateísmo.El restringido ampara solamente la fe del hombre en un ser superior, un Dios.

b) Ampara la opinión, difusión y propagación de ideas de carácter religioso, consagrando plenamente el pluralismo religioso, se protege el derecho a dar a conocer la preferencia que se tenga

c) Se refiere al fuero externo de las personas, es decir, las manifestaciones externas del culto que se profesa, por tanto, participar individual o colectivamente en las ceremonias que cada credo establezca como forma de adorar a Dios, es más, el legislador también protege este derecho, en los arts 138 y 139 del Código Penal, sancionando a los que interrumpan o perturben el ejercicio de las ceremonias religiosas

d) Las limitaciones a este derecho sólo se pueden fundar en principios jurídicos de orden superior como es el respeto a la moral, a las buenas costumbres y el orden público.

A este respecto, en Octubre de 1999, se publicó la Ley Nº 19.638 sobre Iglesias y Organizaciones religiosas, definiéndolas en su art 4º, como entidades integradas por personas naturales que profesan una determinada fe, estableciendo que todas ellas tendrán los mismo derechos, exenciones y beneficios tributarios que la Constitución de la República, las leyes especiales y los reglamentos vigentes otorguen y reconozcan a otras iglesias, confesiones e instituciones religiosas existentes en el país. En esta virtud, los ministros de los cultos no católicos son asimilados al confesor y por lo tanto, no están obligados a declarar sobre el secreto que se les haya confiado, según lo señala el art 201 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil.

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e) Se faculta a las confesiones religiosas a erigir y conservar los templos y sus dependencias, respetando las normas de seguridad e higiene, establecidas por el legislador o la autoridad.

f) Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio del culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones.

Las libertades culturales

El derecho a la educación, art 19 Nº 10.- “La Constitución, asegura a todas las personas: El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

El Estado promoverá la educación parvularia.La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un

sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas a toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir 21 años de edad.

Corresponderá al Estado asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.En realidad este es un derecho eminentemente social en el que participan, en primer lugar

los padres del educando, el Estado y la comunidad toda, se le define como “El derecho de acceso al saber, a la instrucción y a la formación necesaria en las distintas etapas de la vida, para que la persona pueda lograr su desarrollo y ser útil a la sociedad”. Sólo se consagra de manera expresa nuestro derecho constitucional a partir del acta constitucional Nº 3, que lo hace general para la educación básica, ya que ésta es obligatoria para todos los habitantes

La Constitución de 1925 trataba en el art 10 Nº 7, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación conjuntamente, confiriendo el papel preponderante al Estado, el texto señalaba, “La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales. “sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento de acuerdo a las normas que establezca la ley.” Con estos señalamientos quedaban consagrados los principios del estado docente sustentado por las fuerzas de izquierda y el partido radical, al entregar al estado el establecimiento de los programas educativos a todos los niveles.

En la discusión de este tema en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el Sr. Jaime Guzmán, resaltó la conveniencia de distinguir entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, criterio que finalmente prevaleció al separar ambas materias, por su parte, el comisionado Ovalle enfatizó el hecho de que el derecho a la educación constituye un derecho social, que la Constitución debe garantizar y otorgar a cada chileno, señaló también que la educación es una obligación que el estado y la comunidad tienen respecto a cada uno de sus miembros; en cambio, opinaba que la libertad de enseñanza exigía pasividad al estado y a la comunidad, quienes no debían intervenir ni interferir esta libertad, dejando que cada quien enseñe lo que quiera y como quiera, siempre que no atente contra las buenas costumbres, la moral y el orden público.

Actualmente el contenido de esta norma, abarca los siguientes aspectos:

1.- El derecho a la educación en sí mismo, lo que implica una actitud por parte del Estado que posibilite la satisfacción de la aspiración social de que cada quien alcance el pleno desarrollo personal, pero sujeto a las posibilidades financieras de otorgarlo, por lo que no es exigible por medio de ningún recurso especial ni siquiera por el de protección del art 20, que excluye en general de su protección a todos los derechos sociales.

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El objeto constitucional del derecho a la educación, es “lograr el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”.

En cuanto a la educación parvularia se incluyó un inciso que encomienda al Estado su promoción y referente a la educación media y superior le exige desarrollarlas y perfeccionarlas, promoviendo en los educandos el sentido de responsabilidad moral cívica y social, el amor a la patria y a sus valores fundamentales, el respeto a los derechos humanos y al espíritu de fraternidad entre los hombres y de paz entre los pueblos.

2.- De acuerdo con el texto vigente, el rol preferente en la educación de los hijos corresponde a los padres, debiendo el Estado proteger de manera especial este derecho.

A los padres corresponde elegir el establecimiento de enseñanza en el que van a complementar la educación recibida en el seno familiar. Pesa sobre el Estado el deber de resguardar este derecho preferente de los padres.

Deberes del Estado en relación con esta norma:

1.- Proteger el ejercicio del derecho a la educación.2.- Financiar un sistema gratuito de educación básica y media, garantizando el acceso a ella a

toda la población, en el caso de la educación media hasta los 21 años de edad.3.- Fomentar el desarrollo educativo a todos los niveles.4.- Estimular la investigación científica y tecnológica.5.- Estimular la creación artística.6.- Proteger e incrementar el patrimonio cultural de la nación.

Por su parte pesa sobre los padres la obligación de educar a sus hijos y sobre la comunidad toda el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

La libertad de enseñanza, art 19 Nª 11. “La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en

cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al estado velar por su cumplimiento. Dicha Ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”.

Durante el imperio de la Constitución de 1925 prevaleció el principio de Estado Docente el que se mantuvo hasta la derogación de aquel texto a partir del golpe militar de 1973, sin embargo la iglesia católica y los sectores políticos vinculados a ella, el partido conservador y la democracia cristiana bregaron por fortalecer la libertad de enseñanza.

A través del Estado docente se postulaba que la educación era un deber preponderante del Estado, Institución que debía impartir y controlar la enseñanza, reconociendo el papel subsidiario de la iniciativa privada, ello conducía a propiciar una educación gratuita y democrática en todos los niveles del sistema educativo, básico, medio , superior y especial.

Sin duda que el estado chileno, desde temprano dio una relevancia especial a la educación, sobre todo gracias a los aportes de ilustres pedagogos y juristas como José Joaquín de Mora, Mariano Egaña y Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, así como el exiliado argentino don Domingo Faustino Sarmiento, permitiendo en el siglo XIX la creación de la Escuela Normal de Preceptores, lamentablemente desaparecida durante el gobierno militar. Esta preocupación del estado chileno llevó a Chile a ocupar sitiales de privilegio en cuanto a la erradicación del analfabetismo y la calidad de la educación en todos sus niveles.

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Algunos comisionados como Mario Bernaschina, sostuvieron en la Comisión, la necesidad de mantener el principio de estado docente, señalando que su desconocimiento constituiría una incomprensión digna de la peor crítica.

Sin embargo, es cierto que la exageración de la aplicación de este principio llevó a niveles inadecuados de centralización, como por ejemplo el hecho de que hasta 1953, sólo la Universidad de Chile podía conferir títulos profesionales, debiendo los alumnos de universidades privadas dar sus exámenes ante comisiones de la universidad del Estado, lo mismo ocurría, respecto de los alumnos de colegios particulares de la educación media.

En las postrimerías de la vigencia de la Constitución de 1925, durante el Gobierno de la Unidad Popular, por medio de las reformas de 1971 se reguló de manera especial la libertad de enseñanza, estableciendo:

Art 10 “Asimismo, la Constitución segura a todos los habitantes de la República”: 7º la libertad de enseñanza

La educación básica es obligatoria.La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema

nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales.

Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento, de acuerdo con las normas que establezca la ley.

Habrá una Superintendencia de educación pública, bajo la autoridad del gobierno, cuyo consejo estará integrado por representantes de todos los sectores vinculados al sistema nacional de educación. La representación de todos los sectores vinculados el sistema nacional de educación. La representación de estos sectores deberá ser garantizada democráticamente”.

La Comisión que elaboró la carta de 1980, determinó el rol preferente y esencial de los padres en la educación y el carácter subsidiario del estado en este aspecto, cambiando radicalmente la orientación anterior.

Principios relativos a la libertad de enseñanza, consagrados en el Nº 11 del art 19:

1.- Derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, con lo que se abre un espacio a la actividad empresarial en el área de la enseñanza, lo que ha traído consigo la proliferación de institutos de enseñanza, básica, media y superior de carácter privado

2.- La libertad de enseñanza comprende el derecho de impartir todo tipo de conocimientos mediante sistemas y métodos libremente elegidos

3.- El papel actual del estado en cuanto a la enseñanza privada se reduce a comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para cada uno de los niveles de enseñanza básica y media, así como las exigencias necesarias para reconocer oficialmente a los establecimientos educacionales autorizados que la imparten

4.- La supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, recae en un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica e integrado con representantes de las personas e instituciones que mantienen establecimientos educativos, de los padres y de los apoderados y profesores.

5.- A las universidades estatales y particulares reconocidas por el estado, se les reconoce su plena autonomía académica, administrativa y económica.

6.- El ejercicio de la libertad de enseñanza no está sujeto sino a ciertos bienes jurídicos de rango superior, como son, la moral, el orden público y la seguridad nacional.

7.- Reconoce también, la libertad de cátedra, cuyo ejercicio no autoriza a propagar doctrinas, sino exponerlas todas para que los educandos extraigan sus propias conclusiones; la Constitución

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declara además, que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá propagar tendencia político partidista de ninguna especie.

8.- La libertad de enseñanza está amparada por el recurso de protección del Nº 20 del texto, mismo que no protege el derecho a la educación como ya se mencionó en el número anterior.

La libertad de opinar e informar sin censura previa. Art 19 Nº 12. La constitución asegura a todas las personas: Nº 12 “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiere sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene derecho de fundar, editar y mantener diarios revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

Habrá un consejo nacional de televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de producción cinematográfica.”

El reconocimiento de este derecho se remonta a los primeros intentos constitucionales de nuestra patria, efectivamente la primera manifestación de este él lo encontramos en el Reglamento Constitucional de 1812, sin perjuicio de que la más completa regulación sobre materia, en el siglo XIX, se encuentra en la carta de 1833, que estableció el derecho a emitir opiniones mediante el uso de la imprenta, sin censura previa.

Por su parte, la Constitución de 1925, aseguraba a todos los habitantes de la República, “la libertad de emitir, sin censura previa sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquier otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad en la forma y casos determinados por la ley. No podrán ser constitutivos de delito o abuso sustentar y difundir cualquier idea política”.

Toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine, por el órgano de publicidad en que esa información hubiese sido emitida.

Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares.

Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades o los partidos políticos, tendrán el derecho de organizar, fundar y mantener diarios revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley. Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y funcionamiento de esos medios de comunicación. La expropiación de los mismos podrá únicamente realizarse por ley aprobada, en cada cámara con el voto conforme de la mayoría de los miembros en ejercicio.

La importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga. Se prohíbe discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarios de editoriales, diarios, periódicos, revistas radiodifusores y estaciones de televisión en lo relativo a venta o suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país.

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Sólo el Estado y las universidades tendrán el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, cumpliendo con los requisitos que la ley señala.

Queda garantizada la circulación, revisión y transmisión, por cualquier medio, de escritos impresos y noticias, que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres. Sólo en virtud de una ley, dictada en los casos previstos en el art 44 Nº 12, podrá restringirse el ejercicio de esta libertad.

Estos señalamientos de la Constitución de 1925, ampliados y perfeccionados gracias al Estatuto de Garantías de 1971, reflejan la preocupación del constituyente de garantizar una irrestricta libertad de opinar e informar sin censura previa, garantizando a todos los sectores políticos el acceso a ellos y la propiedad de los mismos.

En cuanto a la televisión y acorde con los criterios de los países democráticos de la época, en especial los de Europa, quedaba reservado su uso y dominio al Estado y a las universidades, con el propósito de mantener un adecuado nivel cultural de este medio, así como el acceso a ella a todos los sectores políticos y de opinión.

También se dio gran importancia a la libre importación y circulación de libros y revistas nacionales y extranjeras, sin restricciones de ninguna especie.

Las regulaciones señaladas contaron en ese entonces con el respaldo de todas las fuerzas vivas de la época, influidas por las ideas políticas y filosóficas predominantes en aquellas décadas del siglo pasado.

Contenido del Nº 12 del art 19:

1.- Consagra la libertad de Opinión y de información. “ La Constitución, asegura a todas las personas : 12º La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”. Esto implica el derecho a expresar libremente y sin autorización previa opiniones políticas, filosóficas, científicas o religiosas de forma oral, por escrito o través de imágenes.

La libertad de información se refiere al derecho a dar a conocer a los demás el pensamiento o los hechos del acontecer nacional e internacional. También debe considerarse en este derecho la posibilidad de recibir la información que se difunde por cualquier medio.

La ley 19733 que complementa este texto, agrega que El ejercicio de este derecho incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones; así como buscar y recibir informaciones, estos aspectos no fueron considerados por el constituyente que no incluyó el derecho a recibirla.

Lo medular de la disposición es que este derecho se ejerce sin censura previa; pero en todo caso, el que la emite, se hace responsable de cualquier delito o abuso que pudiere cometerse vulnerando la ley.

La ley definió como medio de comunicación social, aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado.

2.- Derecho a fundar y mantener medios impresos: “ toda persona tiene derecho de fundar, editar, o mantener diarios, revistas y periódicos , en las condiciones que señale la ley”. Esto significa:

a) No discriminar en cuanto a los medios necesarios para fundar, editar y mantener prensa escrita, diarios revistas y periódicos.. La ley entiende por diario, ·” todo periódico que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la Ley”, art. 2º, ley 19.733.

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La no discriminación, incluye la adquisición y suministros de los medios necesarios para publicarlos.

b) Comprende la posibilidad de publicar y hacer circular sin restricciones el material impreso.

3.- Régimen especial de la Televisión. La Constitución de 1980, estableció un nuevo régimen con relación a este medio, ampliando el Nº de entidades que pueden establecer canales de televisión, dando la posibilidad de que personas o entidades autorizadas por la ley lo puedan hacer. Desde luego se terminó el monopolio del Estado y las universidades en el uso comercial de este medio. Se creó un “Consejo Nacional de Televisión”, cuya función principal es velar por el correcto funcionamiento de este medio, a través de una entidad autónoma con personalidad jurídica, la que sin embargo no podrá interferir en las programaciones ni censurar política o ideológicamente el material televisivo, sin perjuicio de los resguardos que se establecen para proteger a los menores y a las personas sin criterio formado

4.- En cuanto a la cinematografía, la redacción inicial del texto del art 12 establecía censura, la que fue eliminada por la modificación posterior que establece que la Ley regulará un sistema de calificación para la exhibición, de la producción cinematográfica

5.- Respecto de la radiodifusión, no existen normas especiales

6.- Derecho de réplica.- El Estatuto de Garantías de 1971, elevó a rango constitucional el derecho de rectificación que la carta de 1980 ha conservado, ampliando su contenido para proteger el buen nombre y fama de las personas. Se exige que la persona sea aludida injustamente u ofendida por un medio de comunicación social

La ley 19.733, ha establecido en su título IV el derecho de aclaración y de rectificación, el art 16 señala que “ Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”.

7.- Prohibición de establecer un monopolio estatal sobre los medios de comunicación, con ello se pretende garantizar la pluralidad de ellos, sin embargo nada señala sobre los monopolios privados.

Derecho de reunión, art 19 Nº 13.- La Constitución asegura a todas las personas, “ El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de la policía.”

Este derecho fue reconocido por primera vez bajo la vigencia de la Constitución de 1833, después de las reformas constitucionales de 1874.

Consiste en el derecho de toda persona de congregarse accidental o transitoriamente para discutir sobre cualquier asunto de interés particular o común sin necesidad de solicitar permiso previo, en consecuencia, la esencia de este Nº radica en la posibilidad de convocar, realizar y concurrir a cualquier tipo de reunión sin permiso previo.

La ley para regular este derecho, distingue según el lugar en el que verificará la reunión, siguiendo el siguiente criterio:

En los recintos privados se podrán realizar las reuniones sin permiso previo de ninguna clase, siempre que ella sea pacífica y sin armas.

Cuando las reuniones se convoquen para celebrarlas en plazas, calles y demás lugares de uso público, éstas quedarán sujetas a la regulación que al efecto establezca la reglamentación policial. Generalmente se requiere de permisos de la autoridad, las que se deben solicitar con 48 horas de

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antelación en la Intendencia o Gobernación respectiva. La carta de 1925, había entregado esta regulación al legislador , lo que le daba un carácter mucho más objetivo que la actual redacción.

Jurisprudencia. “El Nº 13 del art. 19 de la carta fundamental al hablar de lugares de uso público, se refiere a los bienes nacionales de uso público, como caminos, calles, plazas y puentes, pero no a los establecimientos abiertos al público, como son las posadas, fondas, hoteles y teatros que son bienes pertenecientes a particulares. La autoridad recurrida contravino la reglamentación jurídica vigente al exigir una autorización innecesaria para la celebración de una reunión no política en un recinto privado. C.S. 17.03.1986.

Derecho de petición, art 19 ª 14.- La constitución asegura a todas las personas “el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.”

La Constitución de 1980 reproduce este derecho en los mismos términos del texto de 1925, siendo su debilidad fundamental el hecho de que la autoridad no está obligada a dar respuesta a la petición, Alejandro Silva Bascuñan y en general la doctrina, son partidarios de que se establezca esta obligación para hacer efectivo el derecho.

Contenido de la norma:

Este derecho asegura a todas las personas que habitan el país, la posibilidad de formular peticiones, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, de manera individual o colectiva

Las peticiones pueden versar sobre cualquier asunto o materia, ya sean de orden público o privado

Deben ser formuladas en términos respetuosos y convenientes Se pueden presentar ante cualquier autoridad, ejecutivo, legislativo o judicial

Mario Bernaschina opina que este derecho es una variante del derecho de opiniónEn algunos casos las peticiones están reglamentadas como ocurre con las peticiones que

pueden formular los diputados de acuerdo con el art 48 Nº 1, o las pensiones de gracia de la Ley 18.056, las de personalidad jurídica para corporaciones o fundaciones, los indultos particulares.

El proyecto presentado por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, incluía un inciso final que establecía la obligación para la autoridad de dar respuesta a la petición, pero fue eliminado en el contraproyecto del Consejo de Estado.

El derecho de asociarse sin permiso previo.- Art. 19 Nº 15.- Este derecho no formaba parte de los consagrados originalmente en la declaración universal de 1789, ya que los revolucionarios franceses, reaccionando contra el corporativismo medieval, abolieron toda asociación de carácter profesional, destruyendo los gremios que eran un obstáculo para el desarrollo capitalista.

Tampoco nuestro derecho constitucional inicialmente reconoció este derecho, que recién se incorpora con rango constitucional en 1874, en las modificaciones a la carta de 1833.

Las asociaciones se definen como agrupaciones, más o menos permanentes, de personas que persiguen fines comunes: religiosos políticos, laborales, profesionales, culturales, etc. vínculo del que surgen derechos y obligaciones para los integrantes de la entidad y que están previstos en el pacto social o en el estatuto que las rige.

La Constitución de 1980, reconoce este derecho de asociarse sin permiso previo; pero para actuar en el campo del derecho, requieren de personalidad jurídica la que adquieren de acuerdo con la Ley. Aunque la carta consagra la libertad plena en este sentido, el anteproyecto de la Comisión de estudios de la nueva constitución, se excluía la colegiatura obligatoria en los colegios profesionales,

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la que finalmente se eliminó del texto, pasando a ser voluntaria la afiliación a ellos, medida que ha sido muy criticada en la doctrina por la importancia ética de estas instituciones.

Contenido de la norma:

1.- Asociación en general, consiste en la facultad de organizar entidades lícitas, de ingresar y permanecer en ellas y de retirarse sin permiso previo, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, esta norma emana del art 1º, Nº 9 del acta constitucional Nº 1.

Los elementos de la asociación son: a) agrupación de personas y b) una finalidad común y c) un vínculo jurídico más o menos permanente, lo que diferencia del derecho de reunión. El ejercicio de este derecho implica que las personas puede crear entidades que las aglutinen con el propósito de lograr fines lícitos, sin permiso previo. Esos fines pueden ser:

a) fines de lucro, regidas por el código civil, de comercio o leyes especiales

b) Fines morales como es el caso de las corporaciones y fundaciones, del art 545 y siguientes del Código Civil

c) Fines sociales, culturales, deportivos, etc.

2.- La personalidad jurídica , las asociaciones en general gozan de esta personalidad, esto es, ejercen derechos y contraen obligaciones y son representadas judicial y extrajudicialmente, debiendo constituirse de acuerdo con la Ley respectiva, aunque para ello no requieren de permiso previo.

Al respecto hay personas jurídicas de derecho público, que son las reconocidas o creadas por la Constitución o la Ley, ejm el fisco, las municipalidades, los Gobiernos Regionales y también personas jurídicas de derecho privado cuya constitución varía según el tipo de ellas. La Constitución de 1925, establecía que la concesión y cancelación de la personalidad jurídica de las asociaciones era facultad del presidente de la República, actualmente esta normativa está reservada al legislador, así lo reconoce un fallo de la Corte Suprema.

3.- Libertad de asociación, nadie puede ser obligado a formar parte de una asociación en contra de su voluntad, es decir, hay plena libertad para integrar cualquier tipo de organización y nadie puede verse forzado a pertenecer a alguna.

4.- Se prohíben las asociaciones contraria a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. En la Comisión de estudios de la Nueva Constitución, en su sesión 128 se estableció que esta norma se basta a sí misma, por lo que no requiere regulación por parte del legislador, de aquí se desprende que el poder jurisdiccional es competente para determinar si una asociación es o no contraria a alguno de los bienes jurídicos protegidos en este Nº, al respecto, cabe aclarar que el recurso de protección sólo ampara cuando se priva, perturba o amenaza este derecho, no así cuando se trata de organizaciones que ya 0existen y están funcionando, las que para reclamar de un acto arbitrario de la autoridad deben recurrir a los Tribunales de 1ª instancia.

5.- Los Partidos Políticos, Lucas Verdú los ha definido como las agrupaciones, organizadas, estables, que solicitan apoyo social a su ideología y programas políticos, para competir por el poder y participar en la orientación política del Estado. Por su parte, el artículo 1º de la Ley 18.603, los define como “ asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir el interés nacional”.

Estas instituciones adquirieron expresamente rango constitucional a partir de las reformas introducidas a la Constitución de 1925, a través del Estatuto de Garantías Constitucionales de Enero de 1971, allí se señaló en el art 9º, que la Constitución, asegura a todos los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano.

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Todos los chilenos pueden agruparse libremente en partidos políticos, a los que se reconoce calidad de personas jurídicas de derecho público y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática a determinar la política nacional.

Los partidos políticos gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en elecciones de regidores, diputados, senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y en general, para desarrollar sus actividades propias. La Ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los poderes públicos.

Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de diputados senadores o regidores.

A la inversa de lo estatuido en la constitución anterior, la carta de 1980, inspirada en el apoliticismo del gobierno militar restringió drásticamente la actividad de los partidos políticos y su participación en la vida nacional, lo que se manifiesta en los siguientes aspectos:

a) Les prohíbe intervenir en actividades ajenas a las que le son propias, las que determinó el legislador en el art 2º de la Ley 18.603, consistentes fundamentalmente en autorizar su participación en los procesos electorales y plebiscitarios en la forma que determine la Ley. El legislador además los facultó para presentar declaraciones de principios y programas de conducción del Estado; contribuir a la educación cívica y capacitación para ocupar cargos públicos de los ciudadanos y; cooperar en la labor que desarrollen los parlamentarios a requerimiento de éstos sin poder intervenir en el ejercicio de sus atribuciones ni en las de ninguna autoridad de rango constitucional o legal, inciso final del art 2º de la Ley

b) No podrán tener privilegio alguno ni el monopolio de la participación ciudadana, el art 2º de la Ley, reconoce a las personas naturales, el derecho a presentar candidaturas independientes para optar a cargos de elección popular

c) Se les obliga a registrar la nómina de sus militantes en el servicio electoral, el que deberá guardar reserva de la misma, sin perjuicio de hacerla accesible a los militantes de ese partido

d) Los partidos políticos deberán llevar contabilidad pública de sus ingresos y egresos, lo que el legislador reguló en el título V de la ley 18.603

e) Las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas, no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, Aportes Ni créditos de origen extranjero, lo que ratifica el inciso final del art 33 de la Ley, que señala: partidos sólo podrán tener ingresos de origen nacional

f) Por último los estatutos partidarios, deberán contener normas que aseguren una efectiva democracia interna

6.- Pluralismo político.- La Constitución garantiza el derecho de sustentar, difundir, y propagar todas las ideas y doctrinas políticas, a este respecto la derogación del art 8º original de la Constitución constituyó un aporte a la democracia chilena.

Se sancionará con inconstitucionalidad a los partidos, movimientos u otras formas de organizaciones políticas que no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, a los que procuren establecer un régimen totalitario y a los que hagan uso de la violencia, la propaguen o hagan uso de ella como método de acción política.

La sanciones a los infractores, consisten en suspensión del derecho de sufragio; tampoco podrán participar en la formación de otros partidos , Movimientos u otras formas de organización política y no podrán optar a cargos públicos de elección popular, ni a los mencionados en el art 54 Nº

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1 a 6; esto por el término de cinco años a contar de la resolución dictada por el Tribunal Constitucional, los que estuvieren desempeñando algunos de los cargos mencionados, los perderán de pleno derecho a partir de que la sentencia queda firme o ejecutoriada.

La libertad de asociación y el derecho internacional.- Esta materia esta incluida en varios tratados internacionales suscritos por Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos en su art 22 señala: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otros”, mientras que la Convención Americana sobre derechos humanos dice: “toda persona tiene derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, liberales, sociales, culturales deportivos o de cualquier otra índole”. Art 161.

Ambos Tratados admiten limitaciones a este derecho en atención al funcionamiento de una sociedad democrática siempre que ellas se establezcan por el legislador y fundadas en razones de seguridad pública, seguridad nacional, orden público o para proteger la salud de las personas o la moral pública o los derechos y las libertades de terceros.

Los derechos laborales

La libertad de trabajo y su protección.- art 19 Nº 16.- Esta materia fue sustancialmente modificada en su contenido por la Constitución de 1980, en relación a lo dispuesto por el texto de 1925, sobre todo después de sus modificaciones a través del estatuto de garantías de 1971, en el que se elevó a rango constitucional el derecho al trabajo en el art. 10, en efecto la redacción de la carta anterior, señalaba lo siguiente:

Art 10, asimismo, la Constitución asegura a todos los habitantes de la República:

14º “La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan”. La inclusión del derecho al trabajo, así como el contenido de la disposición proclive a la participación del trabajador en las utilidades de la empresa en las que laboraban era coincidente con los principios del Estado Social vigentes aún en la séptima década del siglo pasado

“El derecho a sindicarse en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena, y el derecho de huelga, todo ello en conformidad a la ley”. La Constitución de 1925, a través de esta modificación, incluía expresamente el derecho de los trabajadores a la huelga en conformidad con las disposiciones legales.

“Los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales, gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la Ley.”

“ Los sindicatos son libres para cumplir sus propios fines”.

“ Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así”.

En los trabajos preliminares de la Comisión de estudios de la Nueva Constitución, se consideró la preservación del derecho al trabajo en el Nº 15 del art. 19; pero posteriormente fue suprimido en el proyecto del Consejo de Estado y en el texto final aprobado pro la Junta de Gobierno. El criterio que se esgrimió para no incluir este derecho eminentemente social, fue que el Estado no estaba en condiciones de garantizar a todas las personas el derecho al trabajo, por lo que al no poder cumplir esta obligación se produciría un descrédito de la norma constitucional. También se cambió la expresión remuneración por retribución, pues se consideró que esta última es más amplia al considerar honorarios, remuneraciones, salarios, participación en las utilidades, etc.

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Contenido de la norma actual:

1º.- La disposición del art 19 Nº 16, protege tanto el trabajo dependiente como el independiente.

La norma asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, lo que habilita a todas ellas a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerada o ejercer cualquier profesión u oficio lícito. Esto implica la posibilidad de elegirlo y de obtener una justa retribución por ello, incluyendo en este concepto, el salario, los honorarios, la participación en las utilidades, etc.

Cabe señalar que el recurso de Protección, consagrado en el art 20 de la Constitución, sólo protege la libertad de contratación y la elección de un trabajo; pero no ampara la justa retribución según opinión de doña Luz Bulnes, integrante del Tribunal Constitucional.

2º.- El inciso 2º de este número, garantiza al empleador, la posibilidad e contratar libremente a sus colaboradores en el trabajo .

3º.- El inciso 3º de esta norma, prohíbe cualquier discriminación arbitraria en materia laboral. La ley, la autoridad administrativa o los particulares, sólo pueden establecer distingos cuando se funden en la capacidad e idoneidad de las personas. Sin embargo, el legislador en casos específicos puede exigir un mínimo de edad o la nacionalidad chilena para ejercer ciertos trabajos; pero esta exigencia no puede tener un carácter general.

4º.- En concordancia con lo dispuesto en el Nº 15 del art. 19, ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar determinada actividad. Con esta restricción se pretendió evitar que se estableciesen discriminaciones por razones políticas o religiosas o de cualquier otro tipo que no tuvieren que ver exclusivamente con la capacidad e idoneidad de las personas.

5º.- La Constitución en este Nº 16, prohíbe todo trabajo que se oponga a la moral, a la seguridad, a la salubridad o cuando por razones de interés nacional así se determine; circunstancias que deberá establecer siempre el legislador y no la autoridad, es más, cuando ésta haga uso de tal facultad concedida por el legislador, su resolución deberá ser fundada, proscribiéndose de esta manera cualquier discriminación arbitraria.

6º.- En cuanto a las profesiones que requieren grado o título universitario, el legislador determinará las condiciones que deberán reunirse para ejercerlas.

7º.- La negociación colectiva.- consiste en el procedimiento entre empleadores y trabajadores organizados o no en la empresa en que laboran para establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado. Esta negociación es un derecho que la Constitución reconoce a los trabajadores dependientes o que laboran sujetos a una relación laboral que la Ley no puede suprimir, es un derecho cuyo cumplimiento los trabajadores pueden exigir a sus empleadores; sin embargo, cuando la negociación afecte a más de una empresa, se requerirá siempre el acuerdo previo de las partes.

En este aspecto, el constituyente delegó en el legislador los siguientes aspectos:

a) Las modalidades a las que se sujetará la negociación colectiva.b) La ley deberá además establecer los procedimientos adecuados para lograr una solución

justa y pacífica.c) También deberá establecer los casos en los que la negociación colectiva deba someterse a

arbitraje obligatorio, el que corresponderá resolver a Tribunales de expertos cuya organización y atribuciones deberá establecerlos la Ley.

El arbitraje obligatorio está previsto para aquellos casos en que la huelga está prohibida, así como cuando se decreta el cierre temporal de una empresa o cuando se ha decretado la reanudación de faenas.

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Sólo son susceptibles de negociación colectiva aquellas materias que se refieren a remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero y en general, las condiciones comunes de trabajo.

No son materias de negociación colectiva aquellas que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar su empresa.

Tampoco se puede negociar colectivamente en las empresas dependientes del Ministerio de la Defensa Nacional o que se relacionen con él ni en aquellas instituciones o empresas públicas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado.

Por último, no podrán negociar colectivamente los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, los gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que estén dotados a los menos de facultades generales de administración.

8º.- El derecho de huelga en la Constitución de 1980.- el texto sólo menciona los casos en los que no procede este derecho. La huelga es la cesación o paro en el trabajo de personas que bajo subordinación o dependencia están vinculadas por un mismo oficio, hecho de común acuerdo con el fin de imponer ciertas condiciones comunes de trabajo y de remuneración a su empleador (no rompe la relación laboral, sólo la suspende).

La Constitución de 1980, prohíbe la huelga en los siguientes casos:

a) Respecto de los funcionarios del Estado y de las municipalidadesb) Tampoco podrá declararse en huelga las personas que trabajen en corporaciones o empresas, de

cualquier naturaleza, finalidad o función que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.El constituyente , entregó a la Ley, no a la autoridad administrativa, el procedimiento para señalar qué corporaciones o empresas no podrán declarase en huelga; para este efecto, cada año se debe dictar una resolución que indique en que empresas o corporaciones, sus funcionarios no podrán declarase en huelga, esta determinación se toma con la participación de los Ministros de Economía, de Defensa y del Trabajo

El derecho de sindicarse.- Art 19 Nº 19.- En Chile, aunque los sindicatos tuvieron existencia legal desde antes, su reconocimiento constitucional sólo se logró a partir de las reformas al texto de 1925, a través del Estatuto de Garantías de 1971, que modificó el art. 10, en su Nº 14 contemplando este derecho en los incisos segundo, tercero y cuarto, en la forma referida en el Nº anterior.

Contenido de la norma:

1º El derecho de asociarse en sindicatos.- Lo que es parte del derecho de asociación consagrado ya en el Nº 15; pero en este caso referido a las actividades sindicales. Este derecho fue sustentado en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución por don Alejandro Silva Bascuñan, tanto por la tradición chilena en este aspecto, como por su trascendencia y por las modalidades especiales que se deberían considerar en su inclusión, opinión que fue respaldada por Enrique Evans de la Cuadra.

El constituyente se remitió expresamente al legislador en lo referente a la forma de ejercicio de este derecho, debiendo señalar los casos en los que procede el ejercicio de este derecho, así como para determinar la forma de constituir las organizaciones sindicales. La Ley vigente en esta materia es la Nº 19.069, de Julio de 1991, que en su art 1º, señala: “Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de constituir sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas”.

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Se entiende por sindicato, aquella agrupación de personas, miembros de una misma empresa y ligadas entre sí por intereses económicos, que tienen por objeto la representación, defensa y promoción de esos intereses. En consecuencia, los objetivos principales de estas organizaciones son, de acuerdo con la Ley:

a) Representar a sus afiliados en la defensa de sus contratos individualesb) Representar a los trabajadores en las negociaciones colectivasc) Velar por el cumplimiento de las leyes laborales o de la seguridad social

La única garantía que se basta a sí misma de este Nº, es la que consagra el inciso 2º, es decir, la adquisición inmediata de personalidad jurídica con el solo registro de sus estatutos y actas de elección de sus directivas, en la forma y condiciones que señale ley, lo que imposibilita la intervención decisoria de la administración para reconocer o rechazar la personalidad jurídica.

2º, se ratifica la libertad de afiliación, el Nº 19, en su inciso primero parte final, señala que la afiliación sindical será siempre voluntaria, lo que ratifica la Ley 19.019 que señala que la afiliación sindical será personal e indelegable.

Los menores de edad pueden pertenecer a una organización sindical sin que requieran autorización de ninguna especie, incluso pueden ser administradores o dirigentes sindicales.

3º La Constitución encomienda al legislador asegurar la autonomía o independencia de las organizaciones sindicales, así lo expresa el inciso final del Nº 19, esto debe de entenderse tanto respecto de la parte patronal, como respecto del Estado y sus autoridades, o de organizaciones ajenas.

4º Por otra parte, el precepto constitucional excluye la participación de estas organizaciones en materias político partidistas, entendiéndose que dicha disposición no excluye que los sindicatos tomen acuerdos o participen en actos referentes a temas de interés nacional o de aspectos que atañen al interés laboral.

En el plano internacional, la declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano, reconoce que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses”.

El orden público económico en la Constitución vigente

La Constitución de 1980 consagra en su articulado una serie de disposiciones que tienden a establecer un sistema económico de libre mercado, excluyendo cualquier intento por socializar la economía nacional, al respecto, el profesor Evans de la Cuadra, miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, señala “lo único que no podría hacerse bajo el imperio de la Constitución de 1980 sería pretender o crear un régimen de economía socializada, estatizada o colectivizada... ello pugnaría, de modo absoluto, con la letra, el espíritu y la historia de los preceptos constitucionales que consagran las garantías de libertad de todas las personas”.

El ex senador Jaime Guzmán sobre este tema, expresaba en la Comisión, que la libertad está en la vigencia del principio de subsidiariedad, antes que en el respeto a las libertades políticas, incluso reconocía que en el régimen de la Unidad Popular existía un marco de libertades que no fueron vulneradas en forma grave como ocurrió con los derechos de reunión y con la libertad de expresión, pero la asfixia estatista se habría producido principalmente en las libertades de carácter económico y ello fue lo que puso en serio riesgo el régimen de libertades en Chile.

Quien primero planteó en el seno de la Comisión el interés por establecer normas destinadas a regular la vida económica de los chilenos, fue el comisionada Sergio Diez, principios que definió como preceptos de orden público económico, destinados a evitar la socialización de la economía chilena.

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El orden público económico se define como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla, en armonía con los valores de la seguridad nacional en la Constitución Política del Estado.

Como resultado de estos planteamientos, en la Constitución de 1980, se incorporaron en los números 21 a 25 inclusive diversas disposiciones que tienden a regular un marco de orden público económico, a las que hay que agregar, por cierto, otras numerosas disposiciones constitucionales y legales que persiguen igual finalidad.

El derecho a desarrollar cualquier actividad económica.- art 19 Nº 21 “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo, de quórum calificado”.

Este derecho en la Constitución de 1925 estaba implícito dentro de la libertad de trabajo, pero su resguardo carecía de la fortaleza que hoy le da su consagración particularizada en el Nº 21.

El objetivo que se persigue con este número, es dar prioridad a la actividad económica particular, consagrando la plena libertad empresarial, sin perjuicio de que ella deba someterse a las regulaciones legales, sólo se prohíben las actividades contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional.

El hecho de que el constituyente haya establecido que las actividades económicas deben sujetarse a la Ley no significa que las limite, sino solamente que el legislador debe encauzarlas y velar porque ellas se desarrollen correctamente.

Sin duda que este derecho está vinculado estrechamente con disposiciones constitucionales como la libertad personal y la de trabajo, pero a través de ella se refuerza la intención de garantizar un sistema económico basado en el libre mercado, evitando que alguna contingencia política pudiera cambiarlo.

Otro aspecto relevante de esta disposición es que restringe drásticamente la intervención del estado en la economía, al establecer en su inciso 2º, que “el Estado y sus organismos sólo podrán participar en actividades empresariales cuando así se lo permita una ley de quórum calificado”, evidentemente el propósito de esta disposición fue reducir la participación e importancia del estado en la economía, ratificando el principio de subsidiariedad estatal. El Sr Evans puntualizó en la Comisión, que el principio de subsidiariedad no se agota con el respeto a la autonomía de los grupos intermedios, sino que también se les deben respetar los espacios susceptibles de ser desarrollados por los particulares en forma eficaz y conveniente.

El Sr Guzmán señaló que el papel del Estado en materia económica, se reduce a dos grandes tareas:

a) Abordar las actividades que no pueden desarrollar los particulares yb) Aquellas que emprende en forma subsidiaria, cuando los particulares no lo hacen a pesar de

facilidades que el Estado les da y siempre que el interés general exija que ellas sean desarrolladas

Además de lo anterior, el constituyente agregó que cuando se autorice la intervención estatal en actividades empresariales, ellas deberán desarrollarse en las mismas condiciones y con las mismas exigencias que se determina para los empresarios privados. Sin embargo, el legislador podrá establecer, en ciertos casos, excepciones por motivos justificados y mediante una ley que deberá ser también de quórum calificado. Con estos señalamientos el constituyente pretendió evitar cualquier ventaja arbitraria o injustificada a favor del Estado o sus organismos, cuando participen en actividades propias de la empresa privada.

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El recurso de protección ampara esta libertad al incluir este derecho entre los explícitamente mencionados en el art 20 de la Constitución, a mayor abundamiento y con la intención de cautelar de forma más estricta este derecho, el legislador incrementó esta defensa, estableciendo un recurso especial que se conoce como recurso de amparo económico, consagrado en la Ley 18.971, del 10 de Marzo de 1990, es decir, el último día del régimen militar.

El recurso de amparo económico lo puede interponer cualquier persona que constate alguna infracción a este Nº 21 del art 19 del Código Político, aún sin tener interés actual en los hechos denunciados; la acción deberá interponerse en el plazo de 6 meses contados desde que se hubiere producido la infracción. El Tribunal competente para conocer del recurso será la Corte de Apelaciones respectiva y su fallo será apelable para ante la Corte Suprema en un plazo de 5 días. Si la denuncia carece de fundamento, el denunciante será responsable de los perjuicios causados.

Corolario del contenido de la norma del art. 19 Nº 21:

1º es una consagración de la libertad personal y de la libertad de trabajo.2º El Estado sólo puede participar en actividades empresariales cuando lo autoriza una Ley de

quórum calificado.3º Ratifica el papel subsidiario del Estado en materia económica.4º Cuando el legislador autorice la participación estatal en el ámbito empresarial, deberá

garantizar que lo hace en igualdad de condiciones con los empresarios privados.5º Está protegido por el recurso de protección del Nº 20 de la Constitución.6º Está protegido por un amparo especial económico, regulado en la Ley Nº 18.971.7º, sólo está limitado por bienes jurídicos superiores como la moral, el orden público y la

seguridad nacional.

No discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.- Art 19 Nº 22 “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos”.

Esta disposición se incorporó en el proyecto de la Comisión de Estudios de una Nueva Constitución en las postrimerías de su funcionamiento, con el objeto de establecer una norma especial, en el sentido que ni el estado ni sus órganos, sin distinción dicten decretos, reglamentos o resoluciones que signifiquen una discriminación arbitraria en materia económica.

Además de la connotación dentro del derecho público económico, esta norma constitucional, forma parte del concepto de igualdad ante la Ley del Nº 2 del art 19. Don E. Evans, sostuvo al respecto, que ni el Estado ni ninguna de las entidades que cumplan funciones públicas puede asilarse en facultades que le haya otorgado la Ley para efectuar discriminaciones en materia económica, entendiendo por discriminación arbitraria, toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, o por el Estado, sus órganos o agentes, que aparezca como contraria a la concepción elemental de lo que es ético o un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable.

Según Mario Verdugo, el propósito de incluir este Nº en el texto de 1980, fue, asegurar la plena vigencia de la igualdad en el trato que el Estado y sus organismos deben dar a los particulares en materia económica.

La expresión trato, empleada por el constituyente, debe interpretarse como el efecto del manejo que el Estado y sus órganos otorgan en materia económica, refiriéndose tanto al ejecutivo como al legislativo y a los servicios administrativos, centralizados y descentralizados.

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Sin perjuicio de lo anterior, el inciso 2º del art 22, estableció que excepcionalmente se podrán autorizar determinados beneficios, directos o indirectos, a favor de algún sector, actividad o zona geográfica o establecer gravámenes especiales, siempre que: 1.- se establezcan por la vía legislativa; 2.- que no impliquen una discriminación arbitraria y 3.- en el caso de franquicias o beneficios indirectos, la estimación de su costo, deberá incluirse en la Ley de presupuestos.

La libertad de adquirir toda clase de bienes.- Art 19 Nº 23 “ La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes”.

A esta libertad se la considera como un atributo de la personalidad, por ello no se le había incorporado expresamente en los textos anteriores a 1980, en los que sólo se reconocía y amparaba a la propiedad adquirida, pero no a la adquisición de la misma. Esta disposición fue propuesta en la Comisión por Raúl Bertelsen, quien estimó pertinente incluirla fundado en la necesidad de amparar la libre iniciativa empresarial.

Cuando se discutió su incorporación en el Proyecto, algunos comisionados como E. Evans lo cuestionaron, por cuanto no existe una total libertad para adquirir cualquier clase de bienes, ya que ella está limitada por el legislador; y además, porque no se cumpliría la finalidad de limitar los excesos del Estado, pues este como cualquier persona jurídica también tiene amplia libertad para adquirir toda clase de bienes. Al respecto, Jaime Guzmán, aclaró que estas garantías deben entenderse referidas a las personas ya que el Estado no necesita amparos, por el contrario, todas las garantías constitucionales se refieren a las que el este reconoce a los particulares.

Limitaciones a este derecho:

1º No son susceptibles de libre adquisición, los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres.

2º Los que debe pertenecer a la nación toda y la Ley así lo declara, estos pueden ser desgravados por el legislador y hacerlos susceptibles de propiedad particular, ejem. Plazas, calles, etc.

3º Limita la facultad del legislador de declarar bienes nacionales de uso publico, sólo a aquellos bienes que por su naturaleza pueden ser objeto de este destino.

4º.- el inciso 2º, estableció que cuando lo exija el interés nacional, una ley de quórum calificado podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

El derecho de propiedad.- Art 19 Nº 24 .- Este derecho ha sido reconocido desde los primeros intentos constitucionales, así el texto de 1822 garantizaba a todos los ciudadanos la libre disposición de sus bienes, rentas, trabajo o industria; por su parte, la Constitución de 1828 lo singularizaba como un derecho imprescriptible e inviolable.

El constituyente de 1833 indicaba que nadie podía ser despojado del derecho de dominio, ni siquiera de una parte de él, sino por virtud de una sentencia judicial o en los caos que la utilidad pública del Estado, calificada por Ley, exija el uso o enajenación de alguna propiedad, debiendo en este caso, pagarse la indemnización correspondiente.

La Constitución de 1925, en sus orígenes reprodujo el contenido de la carta anterior, cambiando algunos aspectos, en primer término, sustituyó la expresión “ la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades “, por la de “ la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna”, con ello quedó claro que no sólo amparaba las constituidas sobre cuerpos ciertos, sino todo tipo de dominio sobre toda clase de bienes, esto es, todo aquello que tuviera significación patrimonial. Además, sustituyó la expresión

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utilidad del Estado por la de utilidad pública, concepto más amplio que abarcaba cuanto diga relación con el interés general del estado, con la salud de los ciudadanos y con la salubridad pública.

También el texto de 1925, agregó un nuevo inciso, que sujetó el derecho de propiedad a las “limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social”, facultando al legislador para imponerle obligaciones o servicios de utilidad pública con lo que se posibilitó dictar cuerpos legislativos como el código de aguas, la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, la Ley General de Ferrocarriles, etc.

Sin embargo, el texto inicial de 1925, comenzaría a experimentar un acelerado proceso de cambios en el curso de los años sesenta de la centuria pasada, hasta 1973; el primero de ellos se realizó a través de la Ley 15.195 del 8 de Octubre de 1963, durante el gobierno de Jorge Alessandri, en virtud del cual se inició un tímido proceso de reforma agraria, señalándose que si con el objeto de propender a la conveniente división de la propiedad rústica se expropiaren, por causa de utilidad pública, predios rústicos abandonados , o que estén manifiestamente mal explotados y por debajo de las condiciones normales predominantes en la región para tierras de análogas posibilidades, deberá darse previamente el 10% de la indemnización y el saldo en cuotas anuales iguales dentro de un plazo que no exceda de 15 años, con el interés que fijará la Ley. Se estableció que los afectados podrían reclamar ante un Tribunal Especial cuyos fallos serían apelables para ante la Corte de Apelaciones respectiva, no pudiendo el Estado iniciar nuevas expropiaciones indemnizables a plazo, si existiese retardo en el pago de las anteriores.

Otra modificación del 20 de Enero de 1967, establecida, por medio de la ley 16.615, señaló que el legislador podría establecer limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos, aclarando que la función social comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes, conceptos pertenecientes al período de predominio del Estado Social de Derecho y del Constitucionalismo Social del siglo pasado.

Además esta reforma de la Constitución amplió sustancialmente la participación del estado en materia social y económica, ya que el inciso 3º del señalado precepto, estableció que : “ cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la Ley podrá reservar al estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.” Esta disposición refuerza el comentario anterior en orden a consolidar los principios del neo constitucionalismo en nuestro ordenamiento jurídico político.

En lo que se refiere al recurso hídrico la reforma facultó al legislador para reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar para incorporarlas a dicho dominio las que sean de propiedad particular.

Cuando se trate de la expropiación de predios rústicos, la indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren incluidas en dicho avalúo pudiendo pagarse con una parte al contado y el resto en cuotas en un plazo no superior a 30 años.

Por último se estableció que la pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño y la vivienda habitada por su propietario no podrían ser expropiadas sin previo pago de la indemnización.

La evolución del derecho de propiedad bajo el concepto del Estado Social de Derecho, culmina con la aprobación de las modificaciones constitucionales contenidas en la Ley 17.450, del 16 de Julio de 1971, que permitieron la nacionalización de la Gran Minería del Cobre y que fuera aprobada con el voto favorable de todas las fuerzas políticas de la época.

En virtud de dicha modificación, se agregó el siguiente inciso al art 10 de la Constitución de 1925: “Cuando el interés nacional lo exija, la Ley podrá nacionalizar o reservar al estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia

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preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar; además se señaló que : “El estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales”.

En cuanto a la nacionalización de la gran minería del cobre, la ley 17.450, estableció que ella no sólo se haría extensiva a las minas y bienes de estas empresas, sino que, también se extendería a los bienes de terceros que estuvieren directa y necesariamente destinados a la explotación de las actividades de esas empresas”.

En cuanto al monto de las indemnizaciones a las empresas nacionalizadas se determinaría sobre la base del costo original de los bienes aportados, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia, además de las rentabilidades excesivas que las compañías hubieren obtenido, todo lo cual constituyó un serio desafío a los intereses extranjeros vinculados a la actividad minera, lo que motivó la demanda de las empresas afectadas y el embargo internacional a los embarques chilenos del mineral.

Con la finalidad de dejar sin efecto las concesiones otorgadas a las empresas norteamericanas por el gobierno del Presidente Frei, se aprobó una disposición que establecía que en lo casos que el Estado o sus organismos hayan celebrado o celebren con la debida autorización o aprobación de la ley, contratos o convenciones de cualquier clase en que se comprometan a mantener a favor de particulares determinados regímenes legales de excepción o tratamientos administrativos especiales, éstos podrán ser modificados o extinguidos por la Ley cuando lo exija el interés nacional. Esto fundado en el principio de que la soberanía estatal no facultaba para renunciar a la plena potestad legislativa, ya que se discutía la pertinencia de esta reforma.

Sin embargo, el proceso de nacionalización del cobre, concluyó cuando el gobierno militar después del golpe de 1973 transigió los litigios, pagando las indemnizaciones solicitadas, a través de los D. L 710, 821 y 1167 de los años 1974 y 1976, respectivamente.

Durante el gobierno militar se modifican sustancialmente las normas relativas a este derecho, disminuyendo notoriamente la fuerza de la función social de ella. En primer término el Acta Constitucional Nº 3 del año 1976, eliminó toda referencia a la nacionalización, a la reserva al estado del dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, a la expropiación de predios rústicos, al dominio nacional de uso público de las aguas y a la facultad del legislador para modificar o dejar sin efecto los contratos leyes. Se restringió la función social del dominio y las limitaciones u obligaciones impuestas por ley.

Posteriormente el Consejo de Estado en su propuesta restringió la nómina de bienes jurídicos comprendidos en la función social del dominio y propuso que las indemnizaciones por expropiación se pagasen en dinero efectivo y al contado antes de la toma de posesión del bien expropiado.

Finalmente la Junta estableció el texto definitivo, modificando lo propuesto en lo que se refiere a la propiedad minera, sustituyó la definición de que “ el Estado tiene el dominio eminente de las minas” , por el de “ El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas...” ; eliminó la reserva exclusiva al estado de la exploración y explotación de las minas; cambió la obligación del dueño de una pertenencia minera de satisfacer la función social, por el interés público y aclaró que la concesión minera está protegida por garantía constitucional del derecho de propiedad.

Sin duda que el constituyente del régimen militar cambió radicalmente la tendencia creciente de atribuir una función social al derecho de propiedad, proceso que culminó con la reforma de 1971, regresando en su conceptualización a los preceptos liberales tradicionales con algunas adaptaciones del neo liberalismo. Algunas opiniones vertidas en el seno de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución dan cuenta de las ideas que impulsaron estos cambios, ejm. “La garantía fundamental del derecho de propiedad carece hoy día (1973) de la prestancia y fuerza que corresponde a normas de tan alta jerarquía, ya que ha ido perdiendo su eficacia hasta el punto que el campo de acción de los particulares se ha visto disminuido notablemente, configurando un factor de inseguridad económica de primerísimo orden, atentatorio contra los derechos individuales, ante esta realidad

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histórica, la subcomisión (que estudió el tema), estimó imprescindible la dictación de una norma que logre robustecer el derecho de propiedad privada.

Contenido de la Norma del Nº 24:

1.- El inciso primero de este Nº, señala que la propiedad comprende tanto los bienes corporales como los incorporales, elevando a rango constitucional el art 583 del Código Civil.

El derecho de dominio es el derecho real que se tiene sobre una cosa corporal o incorporal para usar, gozar y disponer de ella, según lo resuelva su dueño, sin atentar contra la ley o derecho ajeno.

En cuanto a los titulares del derecho de propiedad, pueden ser las personas naturales o jurídicas, siendo sus atributos, el ius utendi, o derecho de uso, ius fruendi, o derecho de gozar de los frutos civiles o naturales de la cosa y abutendi o derecho de disposición por acto entre vivos o por causa de muerte.

2.- El inciso 2º, restringe a la ley la definición y forma de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, así como de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

En cuanto al concepto de función social, aunque no se llegó a ningún acuerdo sobre su definición, se estimo que comprendía los mismos aspectos que había señalado el constituyente en la reforma de 1967, eliminando la referencia a hacer el dominio accesible a todos , así como, “el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas al servicio de la colectividad y la elevación del nivel de vida del común de los habitantes”; agregando por otra parte algunos conceptos nuevos.

Aspectos que comprende actualmente la función social, de acuerdo con el texto de 1980:

a) Los que exija el interés general de la nación.- Es un concepto abierto que expresa un bien jurídico y que se relaciona con toda la nación y no con un sector de ella

b) La seguridad nacional. “es un concepto complejo que tiene variables políticas, económicas y especiales que involucran defensa nacional así como la integridad del orden político”. Se refiere a la defensa del territorio frente a las amenazas externas, a la seguridad de la población y del poder político legítimamente constituido.

c) La utilidad y salubridad pública. Se refieren a un beneficio colectivo, relacionado con los aspectos mencionados

d) Y la conservación del patrimonio ambiental, limitaciones a la propiedad para la protección de la ecología del país

De esta forma, al criterio original de la reforma de 1967, se le agregó la seguridad nacional, acorde con la ideología del grupo redactor y el patrimonio ambiental, aspecto que ya se abría paso en el derecho comparado.

Hay que tener presente que las limitaciones u obligaciones que el legislador imponga a los particulares no origina derecho a indemnización alguna, a diferencia de lo que ocurre con la expropiación.

3.- En cuanto a la privación del dominio, el único procedimiento para privar de la propiedad es la expropiación, la que requiere de una Ley general o especial que la autorice, pero en todo caso el expropiado siempre tendrá derecho de ser indemnizado.

La expropiación se define como: “el acto administrativo unilateral que priva del dominio sobre un bien, cualquiera sea su naturaleza, en virtud de la ley que lo autoriza por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador, con sujeción a un procedimiento legalmente determinado y con pago previo de la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado al expropiado”.

Requisitos de la expropiación:

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a) Una Ley general o especial que la autorice. La ley debe autorizar la expropiación de uno o más bienes privados. Los bienes expropiados pasarán al dominio de la nación para servir al uso público, al dominio del Estado o de alguna entidad estatal para lograr objetivos colectivos

b) La causa de la expropiación debe fundarse en la utilidad pública o el interés nacional, por tanto, se suprimió el bien social contemplado anteriormente en la carta de 1925. Por utilidad pública debe entenderse un bien jurídico que implique un beneficio colectivo sin relación a personas o grupos; el interés general engloba todos los bienes jurídicos que tengan alguna significación general o en que juegue o se haga un imperativo de acción de la autoridad pública para promover o defender el bien común

Frente a cualquier expropiación, el expropiado tiene dos derechos:

a) Reclamar del acto expropiatorio ante los Tribunales ordinarios, (de la legalidad)b) Tiene derecho a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado,

comprendiendo el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos y los previstos o que debieron preverse

En lo que se refiere a la toma de posesión del bien expropiado se distinguen dos situaciones:

a) Si existe acuerdo entre las partes, se indemnizará , pagando el total de la indemnización yb) Si no hay acuerdo, estando pendiente el reclamo, el Estado para tomar posesión del bien

expropiado, deberá depositar previamente la suma que provisionalmente hubiere determinado el perito, conforme a la ley. En caso de desacuerdo entre las partes acerca de la forma de pago, esta será íntegra, al contado y en efectivo. Cuando el reclamo se refiera a la procedencia o no de la expropiación, el juez podrá suspender la toma de posesión del bien por parte del Estado

4.- La propiedad minera.- La Constitución de 1980, atribuye al Estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, considerando no sólo el dominio actual, sino también el pasado y el futuro (dominio pleno, patrimonial). Comprende las covaderas, arenas metalíferas, salares, depósitos de carbón e hidrocarburos, demás sustancias fósiles, exceptuando solamente las arcillas superficiales; sin embargo, éstos no obstante su propiedad por personas naturales o jurídicas, estarán sujetas a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración o beneficio de las minas

Sin perjuicio de la propiedad del estado sobre las sustancias mineras ellas son susceptibles de la actividad privada a través de las concesiones mineras que constituyen la regla general en nuestro derecho, salvo algunos recursos que no son concesibles. Por lo tanto, el Estado tiene la propiedad plena sobre las minas, en tanto que, los concesionarios tienen la propiedad de la concesión, la que también está protegida por la garantía general del Nº 24.

Las concesiones mineras se definen como el “Derecho real inmueble, distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño, oponible al estado y a cualquier persona, transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional o del presente Código.”, art. 2º del Código de Minería.

No son concesibles las siguientes sustancias:

a) Los hidrocarburos líquidos o gaseososb) Las que se encuentren en las aguas marinas sometidas a jurisdicción nacional, art 5º del Código

de Mineríac) Cualquier yacimiento que se encuentre situado en todo o en parte en zonas declaradas por ley

como de importancia para la seguridad nacionald) El litio

La forma de explorar, explotar o beneficiar los yacimientos que contengan sustancias no concesibles, es por el Estado directamente, o a través de concesiones administrativas o bien por medio de contratos especiales de operación. Las concesiones administrativas se producen cuando el Estado delega su derecho en beneficio de algún particular, imponiéndole las condiciones necesarias

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para salvaguardar el interés nacional; en cambio, el contrato de operación, se asimila al arrendamiento de servicios y el contratista en este caso actúa por cuenta del Estado o a su nombre.

Características de las concesiones mineras:

a) Son concedidas por resolución judicial, a petición del interesado ante el Juez de Letras respectivo, esta solicitud se denomina pedimento cuando se refiere a permisos de exploración y manifestaciones cuando se refiere a la explotación de las minas

b) Debe inscribirse la resolución que las concede en el registro correspondiente del Conservador de Minas, a partir de cuyo momento se entiende perfeccionada la posesión de la concesión

c) La duración es de 4 años para los permisos de exploración, como máximo e indefinida la de explotación

d) Imponen los derechos y obligaciones contempladas en la leye) Sobre los concesionarios pesa la obligación de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer

el interés público que justifique su otorgamiento, debiendo pagar una patente anualf) El titular de la concesión, lo es sobre el derecho de exploración o explotación y no sobre el

yacimiento

Por último el inciso final del Nº 24 se refiere a la propiedad del aprovechamiento de las aguas, no del recurso hídrico en sí, pues este es un bien nacional de uso público, de acuerdo con el art 5º del Código de Aguas, que señala “ las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”, derecho que otorga la Dirección General de Aguas, la que debe también inscribirse.

El derecho de autor sobre sus creaciones.- Art 19 Nº 25 “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior a la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición e integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas ya la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y”.

Esta disposición ha sido recientemente modificada, a fin de destacar la libertad de crear y difundir las artes, incorporando el párrafo inicial de este Nº, con ello se ha querido reafirmar la voluntad del constituyente de fortalecer la democracia chilena, a través de la ampliación de este derecho como expresión del pluralismo cultural.

Esta garantía es complementada por el legislador en diferentes leyes sobre propiedad intelectual, la Nº 17.336, la 18.443 y la 19166 y por tratados internacionales como el Convenio de Berna sobre Protección de las obras literarias y artísticas , El Convenio Sobre Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Convención Interamericana sobre derecho de Autor; así como la Ley 19.039 sobre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas comerciales.

El derecho de autor sobre creaciones intelectuales y artísticas.- Las primeras manifestaciones de este derecho se encuentran en el art. 143 de la Constitución de 1833 y en el art 584 del Código Civil. La propiedad intelectual debe inscribirse en un registro especial llevado por la Biblioteca nacional cuyo propósito es mantener el historial intelectual de Chile. La constitución de 1980 se refiere a ellas en los incisos 1º y 2º del Nº 25

El derecho de autor, en la actualidad nace con la creación de la obra y es protegido por la Constitución y las leyes, tutelándose el conjunto de bienes jurídicos que los conforman y que son: la paternidad de la obra, esto es, estampar el nombre o el seudónimo del autor, la edición o

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autorización para hacerla pública y la integridad, que permite al autor evitar que su obra sea deformada, mutilada o modificada de cualquier manera.

La protección de la propiedad intelectual dura por toda la vida del autor y se extiende hasta 50 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento y aún más si existe cónyuge sobreviviente, hijas solteras o viudas, prolongándose el plazo hasta el fallecimiento del último de estos sobrevivientes, de acuerdo con el art 10 de la Ley 17.336.

Derechos que emanan de la propiedad intelectual:

- Paternidad de la obra, incluyendo el seudónimo del autor- La edición, autorización para hacerla pública- Integridad de la obra, su publicación sin mutilaciones ni enmiendas

Las últimas modificaciones de la Ley 19.166 han adecuado nuestra legislación a los tratados internacionales firmados por Chile sobre la materia y cuya protección comprende los siguientes aspectos:

Protección de los derechos durante toda la vida del autor y por 50 años después de su fallecimiento

La protección tiene efectos retroactivos al cónyuge o hijo del autor Las obras del patrimonio cultural común pueden ser utilizados por cualquiera siempre que se

respete la paternidad de la obra y su integridad La ley regula la obra musical y la recitación o lectura de obra literaria así como su reproducción

en programas o difusión en radio y T.V., o en cualquier forma de comunicación al público

La propiedad industrial.- Se refiere a ella, el inciso 3º del Nº 25 de la Constitución vigente, y en especial, la Ley de Propiedad Industrial 19.039. Esta propiedad se adquiere por el cumplimiento de los trámites que deben desarrollarse en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que confiere al titular de la patente el derecho exclusivo de fabricar, vender y comercializar el producto o el objeto de su invento y celebrar sobre él toda clase de contratos lícitos.

El dueño de una marca comercial, de acuerdo con la ley tiene la propiedad exclusiva de ella durante 10 años renovables, debiendo llevar una marca visible con las palabras M.R. se entiende por marca comercial, todo signo visible novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

El dueño de una patente de invención, de diseños industriales y modelos de utilidad goza de la exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto y objeto del invento, diseño o modelo y, en general, realizar cualquier tipo de explotación de los mismos. Las patentes de invención se pueden otorgar por un plazo de 15 años, en tanto que, las de modelo de utilidad y diseño industrial, sólo por 10 no renovables.

En la actualidad cobra interés en este tema el llamado Know-How, que consiste en el conjunto de conocimientos, técnicas y experiencias de operación, necesariamente aplicables en un proceso productivo. Si bien es cierto estos conocimientos no son patentables en nuestro derecho, ellos se transfieren a través de royaltys que autorizan el uso de marcas de productos extranjeros de connotación mundial, a través del pago de regalías convenidas.

Aspectos que comprende la propiedad industrial:

- Las patentes de invención- Las marcas comerciales- Los modelos- Los procesos tecnológicos- Otras creaciones análogas

Patente de invención, es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La patente es el derecho exclusivo que el Estado concede para la protección de dicho invento.

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Marcas comerciales, son los signos visibles novedosos y característicos que sirven para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

Modelos de utilidad, son en general, los dispositivos y objetos o partes de instrumentos, herramientas o aparatos, que deben aportar a la función que están destinados, beneficios, ventajas o efectos que antes no tenían.

Diseños industriales, son las formas tridimensionales que sirve de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinguen de las similares, sea por su forma o configuración geométrica, ornamentación o combinación de estas, siempre que le den una apariencia especial perceptible por medio de los sentidos, dándole una fisonomía original, nueva y diferente., ejm. Envases.

La particularidad de este tipo de propiedad, intelectual e industrial, sobre la forma general del dominio del Nº 24, es en primer lugar, su carácter transitorio, ya que se extingue por el transcurso de los plazos legales, sin perjuicio de que en los demás aspectos se aplican las normas generales del derecho de propiedad, en especial en lo relativo a las limitaciones y obligaciones derivadas de su función social, pudiendo ser expropiadas por ley con los requisitos señalados en el Nº 24. La expropiación supone la transferencia al Estado de los derechos patrimoniales del creador, pero no los derechos morales básicos de integridad y paternidad de la obra.

La protección jurídica del libre ejercicio de los derechos constitucionales.- art 19 Nº 26 “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”

Algunos autores estiman que ésta es la más importante de las garantías constitucionales, ya que su propósito es conferir la más amplia tutela de los consagrados en los números precedentes del art 19.

De acuerdo con este Nº, los derechos constitucionales no pueden ser afectados en su esencia ni por el legislador ni por autoridad alguna, ejecutiva, legislativa, judicial o administrativa.

La idea fundamental de la incorporación de esta disposición fue incluir un precepto que impidiera a todo trance la posibilidad de que personas o grupos totalitarios pudieran en determinadas circunstancias violar o desconocer las garantías consagradas en la Constitución. El inspirador de este precepto fue el comisionado Enrique Evans de la Cuadra, quien planteó que a través de este Nº se pretendía impedir que en el futuro, sectores totalitarios que buscaren anarquizar el régimen político vigente o el orden social pudieran asilarse en interpretaciones distorsionadas de los principios constitucionales.

Sólo al legislador corresponde regular, complementar o interpretar las garantías que otorga la Constitución Política del Estado.

La expresión esencia que empleó el constituyente, se refiere a uno o más bienes jurídicos que garantizan la real vigencia del derecho o garantía, sin los cuales la consagración constitucional aparecería como expresión de una intención meramente discursiva. El Tribunal Constitucional ha fallado, que un derecho es vulnerado en su esencia, cuando se le priva de aquello que le es consustancial, de manera que deja de ser reconocible y que impide el libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable, o lo privan de tutela jurídica ( T.C. 24.1187. )

En lo que se refiere al término afectar empleado en el texto, se entiende que es el sentido que le da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua “ producir alteración o mudanza de una cosa”.

De acuerdo con la doctrina la expresión preceptos legales, incluye los Decretos, Decretos con Fuerza de Ley y los Tratados Internacionales.

Estos preceptos no podrían regular, complementar o limitar las garantías establecidas en el Nº 19, en contra de los principios establecidos en la Constitución, alterándolos en su esencia, o imponiendo condiciones, tributos o requisitos que impiden su libre y real ejercicio.

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Recursos que amparan los derechos constitucionales.- Sin perjuicio de la protección general a los derechos constitucionales contenida en el Nº 26 del art 19, la Constitución de 1980 y el legislador han incluido diversas acciones o recursos para amparar particularmente algunos de los derechos consagrados en ella, se agregó al tradicional recurso de amparo, el de protección que se incorpora en el texto actual de la carta, así como el amparo económico establecido en la Ley Nº 18.971 de 10 de Marzo de 1990.

El recurso de Amparo (hábeas corpus).- art 21 “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley. A fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación, o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

Esta acción de protección de la libertad personal y de la seguridad individual ha sido ampliamente reconocida en el derecho comparado y en nuestra tradición constitucional. Sus orígenes se extienden hasta al derecho romano que lo contempló en la institución de la intercessio y en el interdicto Homine libero exhibendo. Sin embargo sus antecedentes más recientes provienen del derecho inglés, en especial de la ley de Habeas Hábeas de 1679.

Definición.- Acción que la Constitución establece para tutelar la libertad personal y la seguridad individual, frente a cualquier acto ilegal o arbitrario que represente una amenaza, perturbación o privación para el legítimo ejercicio de tales derechos.

Este recurso está establecido en el art. 21 de la Constitución Política y complementado por los arts 306 al 317 del Código de Procedimiento Penal y por el Auto acordado de la Corte Suprema de 1932. El Nuevo Código Procesal Penal en su art 95 se refiere al amparo ante el Juez de Garantía, quien examinará la legalidad de la orden de privación de libertad del imputado y las condiciones en las que este se encuentre, constituyéndose si fuere necesario en el lugar de detención.

Esta acción, protege solamente los derechos de la libertad personal y la seguridad individual, establecidos en el Nº 7 del art 19 de la Constitución Política. Por libertad personal debe entenderse según la norma mencionada, el derecho que tiene toda persona para residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse libremente cuando lo desee de un punto a otro y entrar o salir libremente del territorio nacional, de acuerdo con la ley y salvo el perjuicio de terceros; en tanto que, la seguridad individual, es un concepto complementario del anterior, que tiene por objeto rodear a la libertad personal de mecanismos cautelares que impidan su anulación como consecuencia de cualquier abuso o arbitrariedad.

Características del recurso de Amparo:

- Es una acción constitucional y no un recurso , ya que su objeto no es impugnar una resolución judicial sino restablecer el imperio del derecho, poniendo término a una supuesta ilegalidad o arbitrariedad. Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia del amparo en contra de resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso cuando importan una privación , amenaza o perturbación de la libertad personal, en estos casos especiales se la puede considerar propiamente un recurso.

- Es una acción cautelar, ya que pretende que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio de un derecho, otorgando al afectado la debida protección jurídica

- Es una acción de derecho público y por lo tanto irrenunciable- Es una acción especial y sui generis

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- Se interpone directamente ante el Tribunal que debe conocer de él, la Corte de Apelaciones respectiva

- Es una acción de carácter preventivo y correctivo, puesto que puede ser interpuesta con anterioridad o posterioridad a la privación de libertad

- Tiene una tramitación breve y sumaria- No tiene plazo para su interposición, puede interponerse en cualquier momento mientras

subsistan los motivos que la originan- Es un recurso informal, ya que no está sujeta a trámites especiales y puede ser interpuesta

por el afectado, o cualquiera en su nombre- Confiere acción popular, cualquiera lo puede interponer- Corresponde a las facultades conservadoras de los Tribunales de Justicia, puesto que su

objetivo es la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho

El art. 21 establece los requisitos que se deben cumplir para que opere este recurso, los efectos jurídicos que produce su interposición, las medidas que con relación a él pueden adoptar los Tribunales y las consecuencias que se siguen cuando él es acogido.

Requisitos para interponer el recurso de amparo:

- Que la persona se encuentre arrestada, detenida, presa; o bien amenazada o perturbada en su libertad personal

- Que la amenaza, perturbación o privación de libertad se consume con infracción a las normas constitucionales o legales. La arbitrariedad o ilegalidad del acto se puede fundar en vicios de forma o de fondo

Vicios de forma:

- Ocurre cuando la orden respectiva emana de autoridad que no se encuentra expresamente facultada para emitirla. Están facultados para dictarlas, los Jueces, fiscales militares, Intendentes, Gobernadores en los Estados de Excepción, en ciertos casos los Alcaldes, Director del Servicio de Salud, fiscales del ministerio público con autorización del Juez de Garantía, policía de seguridad y Carabineros

- Cuando las órdenes privativas de libertad se emiten con infracción de cualquiera de las formalidades exigidas por la Constitución o la Ley. El mandato debe constar por escrito y firmado por la autoridad correspondiente, ya que le debe ser intimada al afectado

Formalidades del mandamiento:

Designación del funcionario que emite la orden Nombre de la persona a quien se encarga su ejecución Identificación de la persona que debe ser aprehendida Motivo de la detención o prisión Determinación de la cárcel o lugar público de detención Si se incomunica o no Firma entera del funcionario y del secretario que la emite

El art 154 del Código Procesal Penal, establece actualmente los requisitos que debe contener la orden privativa de libertad.

- Cuando el afectado no es puesto a disposición del Juez en los plazos señalados, o no es interrogado por él dentro de las 24 horas siguientes a su detención.

Vicios de fondo:

Cuando las órdenes privativas de libertad son expedidas fuera de los casos señalados en la Ley Cuando son dictadas sin que exista mérito o antecedente que la justifique

Titular de la acción.- El ejercicio de este recurso, corresponde a todo aquel que resulte afectado por una orden privativa de libertad, ya sea actuando personalmente o por medio de cualquier persona que pueda comparecer en juicio. El art 317 del Código de Procedimiento Penal,

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obliga a todo aquel que tenga conocimiento de una privación irregular de libertad a efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad, bajo apercibimiento de responsabilidad penal si no lo hiciere. El mismo art. Exige que quien denuncia sea persona capaz de comparecer en juicio.

Tramitación.- El art. 307 del Código de Procedimiento Penal, indica que debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva, aunque la ley no aclara cuál es ésta, sin embargo se considera que por estar establecida a favor del afectado este puede recurrir a aquella con jurisdicción en el lugar de su detención, o la de su domicilio, o la de la jurisdicción donde se dictó la orden, a elección de aquel.

El recurso de amparo no está sujeto a plazo, no requiere de solemnidad alguna en cuanto a su presentación, puede ser presentado por telégrafo, pudiendo hacerse uso de los más rápidos medios de comunicación., no requiere del patrocinio de abogado, ni la designación de apoderado.

Presentado el recurso, el secretario del Tribunal, consignará el día y hora de la presentación, debiendo poner la solicitud de amparo en manos del relator para que éste de cuenta inmediatamente al Tribunal y se provea lo pertinente. La Corte de Apelaciones efectuará un control acerca de la admisibilidad del recurso.

En caso de estimar admisible el recurso, ordenará pedir los datos e informes que considere necesarios de acuerdo con lo señalado en el art 307 del Código de Procedimiento Penal. Llegados los informes o sin ellos en su caso, el Tribunal dispondrá su agregación, ordenará traer los autos en relación y sorteará la sala que verá el recurso, radicándose en ella su conocimiento. La causa se verá con preferencia sobre las causas ordinarias puestas en la tabla el día respectivo, sólo podrá suspenderse por motivos graves e insubsanables del que la solicita..

Medidas que puede adoptar la Corte durante la tramitación del recurso:

Que el detenido o preso sea traído a la presencia de la Corte Comisionar a uno de los Ministros para que se traslade al lugar en que se encuentra el detenido o

preso. Allí, el Magistrado podrá: tomar declaración a la persona privada de su libertad, decretar su libertad si fuere procedente, o que se subsanen los defectos detectados y dar cuenta a la Corte de las resoluciones adoptadas, acompañando los antecedentes del caso

Fallo del recurso:

La Corte de Apelaciones, conociendo del recurso, podrá:

- Acogerlo, adoptando de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado y son:

- Decretar su libertad inmediata- Hacer que se reparen los defectos legales- Poner al detenido o preso a disposición del Juez competente- Corregir por sí misma los defectos detectados o dar cuenta a quien corresponda para que

los corrija

- Rechazarlo, la sentencia que se pronuncie tiene el carácter de definitiva, pues pone fin a la instancia y resuelve la cuestión planteada

La Corte deberá fallar el recurso en el término de 24 horas de terminada la vista de la causa, sin embargo, si hubiere necesidad de practicar alguna investigación o esclarecimiento para establecer los antecedentes del recurso, fuera del lugar en que funcione el Tribunal llamado a resolverlo, se aumentará dicho plazo en 6 días, o con el término de emplazamiento que corresponda si este excediere de 6 días.

En contra del fallo de la Corte de Apelaciones procede la apelación para ante la Corte Suprema en el término perentorio de 24 horas desde la notificación de la sentencia. Si se acoge el amparo la apelación se concede en el solo efecto devolutivo y si se rechaza procede en ambos efectos.

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La acción de Amparo en el Código Procesal Penal.- Está contemplada en el art 95 de dicho texto legal y sus características son:

- Confiere acción popular, ya que puede deducirlo cualquier persona- Su tramitación está regulada en el propio art 95 del C. Procesal Penal- Da lugar a un procedimiento rápido, que se puede promover verbalmente- De tramitación rápida y urgente- Resguarda la libertad ambulatoria del Nº 7 del art. De la Constitución Política- Tiene un carácter reparatorio o crrectivo, ya que su objeto es examinar la legalidad del acto

privativo de libertad y determinar las condiciones en que se encuentra la persona privada de libertad

- Se tramita en única instancia, no es susceptible de apelación- Prima el principio inquisitivo, ya que el juez está facultado para constituirse en el lugar donde

se encuentra el afectado, pudiendo ordenar la libertad del mismo y adoptar las medidas que fueren procedentes

- Es un procedimiento concentrado- Es un procedimiento informal

De acuerdo con dicho art 95 , el imputado tiene derecho a ser conducido sin demora ante el Juez de Garantía, para que examine la legalida de su privación de libertad y las condiciones en que se encuentra.

Por su parte el Juez de Garantía puede constituirse en el lugar en que se halle el detenido, ordenar su libertad o adoptar las medidas que fueren procedentes.

Si la privación de libertad ha sido decretada por orden judicial, su legalidad sólo podrá ser impugnada por los medios procesales que correspondan, ante el tribunal que la hubiere dictado.

El recurso de protección.- art 20. “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el art 19 Nº 1º,2º,3º, inciso 4º, 4º,5º,6º y 9º, inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º, en lo relativo a libertad de trabajo y el derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 4º. 19º,21º,22º,23º,24º y 25º, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. Esta última parte de la disposición ha sido modificada, mejorando su redacción, al señalar que procederá respecto del N° 8° del art 19, cuando sea afectado por “acto u omisión ilegal”, imputable a una autoridad o persona determinada.

Orígenes.- En nuestro derecho constitucional, se consagra por primera vez en el art 2º del Acta Constitucional Nº 3, D. Ley Nº 1552 de 1976, inspirado en la idea de tutelar la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por actos de la administración y no cubiertos por el recurso de amparo. Resguarda básicamente las libertades individuales y los derechos patrimoniales, mas no los derechos sociales.

Antecedentes.- En la doctrina se comenzó a legislar sobre estas materias en los códigos políticos de la segunda mitad del siglo pasado, lo contemplan, la Constitución francesa, la italiana, el art 33 de la Carta Argentina, los arts. 103 y 107 de la carta fundamental de México .

Concepto.- Acción cautelar de ciertos derechos constitucionales, taxativamente señalados en el art 20, frente a los menoscabos u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Características:

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Es una acción cautelar, ya que persigue la adopción de medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho privado, amenazado o perturbado, otorgando la debida protección al afectado

Es un recurso extraordinario, sólo procede en los casos establecidos en la Constitución Se interpone directamente ante la Corte de Apelaciones respectiva que conocerá de él Sólo sirve para proteger los derechos y garantías que la Constitución señala específicamente en

el art 20 Es un recurso informal, puesto que se puede interponer no sólo por el afectado, sino que en su

nombre, puede ejercerlo cualquier persona capaz de parecer en juicio, aún por telégrafo o télex Debe interponerse en el plazo fatal de 15 días a contar de la acción u omisión ilegal o arbitraria

Requisitos para su interposición:

- Acción u omisión ilegal o arbitraria, esto es contrarias a derecho y a la razón, antijurídica. En el caso de omisión debe referirse a la derivada de una obligación legal para el agente. El autor del agravio puede ser cualquier autoridad política o administrativa, persona natural o jurídica

- Privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos señalados en el art 20 de la Constitución política. Se debe producir un menoscabo en legítimo ejercicio de un derecho o garantía protegido.

Derechos Protegidos:

- Dº a la vida, a la integridad física y psíquica- La igualdad ante la ley- Prohibición de hacer juzgar por comisiones especiales- Respeto y protección a la vida privada y pública, así como al honor y honra de las personas y

su familia- Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada- Libertad de conciencia, creencia y culto- Vivir en un medio ambiente libre de contaminación- Elegir un sistema de salud, estatal o privado- Libertad de enseñanza- Libertad de emitir opinión e informar sin censura previa- Reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas- Asociarse sin permiso previo- Libertad de trabajo- Derecho de Sindicación- Desarrollar cualquier actividad económica- No discriminación arbitraria en el trato que el Estado y sus órganos deben dar en materia

económica- Adquirir toda clase de bienes- Derecho de Propiedad- Derecho de autor

El sujeto activo de la acción puede ser persona natural, jurídica o grupo de personas afectados directamente o por cualquiera en su nombre siempre que sea capaz de parecer en juicio. El sujeto pasivo es el Estado y el agresor si se le conoce, sin embargo, la jurisprudencia ha exigido que se determine con exactitud al ofensor.

El Tribunal competente en primera instancia es la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, en segunda instancia la Corte Suprema. en la sala constitucional.

Tramitación.- Debe interponerse, de acuerdo con lo expresado anteriormente, en el plazo fatal de 15 contados desde la realización del acto ilegal o arbitrario o desde que se ha incurrido en la omisión, este término ha sido criticado en la doctrina por lo breve y por la dificultad de computarlo en el caso de las omisiones. El plazo es de días, continuo, legal, improrrogable y no ampliable según la tabla de emplazamiento. Se interpone directamente ante la Corte de Apelaciones respectiva. La tramitación en general es muy similar a la del recurso de amparo, sólo que la sentencia de primera

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instancia es apelable para ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días, sin que sea procedente el recurso de casación.

El recurso de amparo económico.-Contemplado en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.971 del 10 de Marzo de 1990. Es la acción que cualquier persona puede interponer ante la Corte de Apelaciones respectiva. A fin de denunciar las infracciones en que se incurra respecto al art. 19 Nº 21 de la Constitución Política del Estado.

Características:- es una acción cautelar- Sólo sirve para proteger el derecho contemplado en el art 19 Nº 21 de la Constitución en

ambos incisos- Es una acción de derecho público y por lo tanto irrenunciable- Sólo tiene un carácter correctivo, ya que se interpone con posterioridad a la comisión de las

acciones que importan una infracción al art 19 Nº 21- Recurso informal, puede interponerlo no sólo el afectado sino cualquier persona capaz de

parecer en juicio

Plazo.- seis meses contados desde que se hubiere cometido la infracción

Los Estados de Excepción Constitucional

Nos referimos a ellos en el curso del año pasado, señalando que ellos rigen en momentos de anormalidad política, social o derivados de catástrofes naturales Que se expresan en restricciones o limitaciones de algunos de los derechos y garantías, consagradas en la Constitución Política.

En nuestro derecho resultan de facultades que se conceden al poder ejecutivo, concretamente al Presidente de la República para enfrentar ciertas situaciones emergentes.

La Constitución de 1980 es el primer texto constitucional que incluye un párrafo especial destinado a los Estados de Excepción en los arts 39 a 41 inclusive, el último de los cuales señala que una ley orgánica constitucional podrá regularlos, como efectivamente lo hizo, sin perjuicio de lo cual, las normas constitucionales habrían sido de aplicación directa en esta materia. Esta materia ha sido modificada de manera sustancial en el texto refundido de las reformas de Septiembre de 2005.

No obstante que el constituyente los ubicó en el capítulo 4º, referido al gobierno, los estableceremos para fines didácticos después de los derechos y garantías constitucionales y sus mecanismos de protección, ya que representan una afectación al ejercicio de ellos.

Principios generales acerca de los estados de excepción en nuestra institucionalidad:

- No se pueden establecer otros regímenes de excepción distintos de los expresamente contemplados en la Constitución Política

- Para decretar los estados de excepción constitucional, se requerirá que los hechos que los motivan, afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado

- En lo que se refiere a las situaciones de hecho que dan lugar a los estados de excepción, se estimó aconsejable, no definirlas en el texto constitucional debido a la gran diversidad de ellos, no siendo aconsejable regular jurídicamente situaciones políticas, sociales y de la naturaleza, ya que ellas son esencialmente impredecibles

- La Constitución ha establecido taxativamente los estados de excepción que se pueden utilizar para enfrentar las situaciones emergentes y ellos son:

El de Asamblea, para situaciones de guerra externa.El de sitio para hechos de guerra interna o conmoción interior.El de emergencia, en los casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la

seguridad nacional.Y el de catástrofe en los casos de calamidad pública.

- En ningún caso las medidas restrictivas o privativas de derecho de los estados de excepción, podrán afectar la competencia, y el funcionamiento de los órganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares

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- El Presidente de la República podrá ponerles término cuando lo estime conveniente- Los tribunales en ningún caso podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho

invocadas por la autoridad- Las requisiciones y limitaciones al derecho de dominio, motivadas en la aplicación de los

estados de excepción, deberán ser indemnizadas- El art 44 actual, establece que una ley orgánica constitucional, regulará los estados de

excepción y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procedan. Por lo que se ha delegado en el legislador la regulación de estos estados; sin embargo, dicha ley contemplará, solamente lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional. Todo esto de acuerdo con la buena doctrina y los principios consagrados en el derecho comparado sobre esta materia

- Desaparece toda atribución del Consejo de Seguridad Nacional en esta materia

Una garantía constitucional se suspende cuando se impide del todo y de manera temporal su ejercicio y se restringe cuando la vigencia de un estado de excepción, limita su ejercicio.

El Estado de Asamblea.- art 40 1º “En situación de guerra externa el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea”. Hoy señala: “El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.” Por lo tanto, el código político establece para ambos casos el acuerdo del Congreso; antes de la reforma, el estado de asamblea era acordado con el Consejo de Seguridad Nacional, que actualmente es un órgano meramente consultivo.

Se considera en doctrina que el estado de asamblea procede decretarlo, cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando ha sido formalmente declarada- Cuando existiere de hecho o se hubiere decretado la movilización general para la misma- Cuando hay guerra entre terceros estados que pueda comprometer la integridad nacional o

su soberanía- Cuando hay enfrentamiento con fuerzas irregulares extranjeras- Cuando el país se ve envuelto en ella por la aplicación de algún tratado de Internacional

como es el Tratado Interamericano de Asistencia recíproca

La ley orgánica constitucional vigente, que los regula, establece que para decretar el estado de asamblea, bastará la existencia de una situación de guerra externa y no requerirá que la declaración de guerra haya sido autorizada por ley, art. 8º, inciso 4º.

El Estado de Asamblea es decretado por el Presidente de la Republica con acuerdo del Congreso Nacional, lo firma el Ministro del Interior y de la Defensa y mantendrá su vigencia mientras dure la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República lo suspenda con anterioridad. Anteriormente tenía una duración de 90 días y podía ser prorrogado.

Puede afectar a todo el territorio nacional o sólo a una parte del mismo, lo que deberá determinarse en la declaración correspondiente.

Efectos del Estado de Asamblea:

Suspende o restringe:- La libertad personal- El derecho de reunión. y- La libertad de trabajo.

Se quitó de este concepto la libertad de información y de opinión que contenía la redacción original

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Sólo se admite la restricción de los siguientes derechos:

- El derecho de asociación. Se eliminó la restricción al derecho de sindicación- Permite interceptar, abrir o registrar correspondencia y toda clase de comunicaciones.- Disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al derecho de propiedad.

El Estado de Sitio.- Art 40 2º “En caso de guerra interna o conmoción interior, el Presidente de la República podrá, con acuerdo del Congreso, declarar todo o parte del territorio nacional en estado de sitio”. Hoy regulada, como señalamos en el nuevo inciso 1° del art 40.

Ocurre cuando hay situaciones de grave enfrentamiento entre sectores de la comunidad nacional; cuando hay acciones, amenazas o presiones que puedan trastornar significativamente el orden institucional o económico.

Guerra interna.- No está definida en la Constitución o la ley, pero se estima que existe cuando ocurren situaciones de grave enfrentamiento entre sectores de la comunidad nacional que luchan por la consecución del poder o por reivindicaciones al margen de la ley.

Conmoción interior.- cuando hay enfrentamientos de la fuerza pública con rebeldes y sediciosos, así como cuando existen amenazas o presiones de tal naturaleza que puedan afectar significativamente el orden institucional o económico de la República.

Corresponde al Congreso aprobar o rechazar la petición presidencial en orden a decretar un estado de sitio, o de asamblea pero no puede modificarla o condicionarla, deberá hacerlo dentro de 5 días contados desde que le es sometida a su consideración, reduciendo el plazo anterior que era de 10 días; de no hacerlo en este plazo, se entenderá aprobada la solicitud.

El Presidente de la República podrá adoptar las medidas que correspondan a los estados de asamblea y de sitio, mientras el Congreso se pronuncia sobre ellas, aunque en el caso de estado de sitio, sólo podrá restringir el derecho de reunión, mientras el Congreso se pronuncia. Las medidas adoptadas transitoriamente por el Presidente de la República, podrán ser objeto de revisión por los Tribunales de Justicia, sin la limitación del art 45, es decir, la de no poder calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para aplicarlas.

Medidas que se pueden adoptar en el Estado de Sitio:

El Presidente podrá restringir:

- La libertad de locomoción- Arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la Ley determine y que no

sean cárceles ni estén destinados a la a la detención o prisión de reos comunes.- Y suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

Otro efecto importante de los estados de sitio, fundados en causales de guerra interna, es que comienzan a operar los consejos de guerra instituidos en el Código de Justicia Militar, con todas las implicancias que ello trae consigo.

Al vencimiento del plazo de vigencia del estado de sitio, 15 días, el Presidente de la República podrá pedir su prórroga, la que estará sujeta a los trámites ya descritos.

La reforma a la Ley 18.415, relativa a los Estados de Excepción, suprimió la facultad de expulsar del territorio nacional y la de prohibir la entrada y salida de ciertas personas a Chile, facultades ampliamente utilizadas durante el gobierno militar.

Estado de emergencia.- art 40 3º, hoy art 42. “El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias.”

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Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas, quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República, quién asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que le señale la ley.

En las discusiones de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se aclaró que este Estado no sólo se aplica en las contingencias políticas, sino que también cubre emergencias económicas o sociales.

El Estado de Emergencia, no podrá extenderse por más de 15 días, antes eran 90, sin embargo, el Presidente podrá prorrogarlo por otros 15; pero para sucesivas prórrogas, deberá obtener el acuerdo del Congreso Nacional, en igual forma que en los casos de estados de sitio y de asamblea.

Durante la vigencia de este Estado, sólo se puede restringir la libertad de locomoción y de reunión.

El Estado de catástrofe.- art 40 4º, hoy art 41 “El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma.”

Constituyen calamidad pública, aquellos fenómenos que por causas naturales o humanas produzcan o puedan producir grave daño a la población o a la seguridad nacional; pudiendo extenderse las medidas a otras zonas aledañas, además de la afectada, cuando se requiera ir en auxilio de las víctimas.

El Presidente de la República, deberá informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas durante el estado de catástrofe.

El Congreso podrá dejar sin efecto la declaración del estado de catástrofe; pero sólo después de transcurridos 180 días, de su declaración, y siempre que las razones que la motivaron hayan cesado en forma absoluta. En realidad esta nos parece una atribución excesiva del Presidente de la República, más aún éste puede declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del congreso nacional, en la misma forma y plazo señalado en el art 40, respecto de los estados de asamblea y de sitio.

Las medidas que se pueden adoptar, en este estado de excepción son las siguientes:

- Restringir la libertad de locomoción y de reunión.- Disponer requisiciones de bienes.- Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad- Adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el

pronto restablecimiento de la normalidad de la zona afectada.

Decretado este estado de excepción, las zonas quedan bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que se designe, por el Presidente de la República. Este funcionario, asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que le señale la ley.

Los recursos de protección y amparo bajo los Estados de Excepción.- Esta materia se modificó después de las reformas introducidas al texto constitucional en 1989, al término del gobierno militar, en efecto se sustituyó el Nº 3 del art. 41. quedó con la siguiente redacción, “Los Tribunales de Justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para adoptar las medidas en el ejercicio de las facultades excepcionales que le confiere esta constitución. La interposición y tramitación de los recursos de amparo y de protección que conozcan los Tribunales no suspenderán los efectos de las medidas decretadas, sin perjuicio de lo que resuelvan en definitiva respecto de tales recursos”. De acuerdo con la opinión del profesor Emilio Pfeffer Urquiaga, los propósitos del constituyente derivado con esta reforma fueron:

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- Que siempre será posible interponer estos recursos durante la vigencia de los Estados de Excepción

- El Tribunal deberá acogerlos, si comprueba que las medidas aplicadas no están permitidas dentro del Estado de Excepción respectivo, o si se dictan extemporáneamente , o cuando son tomadas por autoridad no competente

- La única limitación para la Corte Suprema al conocer de estos recursos es que no podrá entrar a calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para adoptar las medidas.

-Actualmente el art. 45, sobre esta materia señala:

“Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 39. No obstante respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.

Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño.”

Gobierno (Capítulo IV, arts 24 a 45, inclusive)

Una vez determinadas las bases orgánicas del Estado chileno, el constituyente se refirió al gobierno, tema que aborda en el capítulo IV, arts 24 a 45 del texto, en el que se desarrollan en especial las normas relativas al Presidente de la República, a los Ministros de Estado, a las Bases Generales de la administración pública y por último los llamados estados de excepción a los que ya nos hemos referido.

El constituyente de 1980 privilegió la ubicación del poder ejecutivo en la Constitución de 1980 frente a los demás poderes del estado, particularmente del legislativo que en doctrina y en nuestra tradición constitucional era considerado con prioridad a aquel.

El Presidente de la República.-

Dentro del gobierno se destaca la figura del Presidente de la República al que la nueva carta dota de poderes amplísimos, recordando la primera etapa de la Constitución de 1833, en efecto se le confieren importantes atribuciones legislativas, la posibilidad de decretar los estados de excepción, y la de designar 2 senadores y un miembro del Tribunal Constitucional (hoy derogado), sin perjuicio de los más de 3.000 cargos de su exclusiva confianza que le corresponde nominar. En este sentido el constituyente asumió plenamente las recomendaciones del Presidente de la junta militar quien ofició a la Comisión de Estudios, proponiendo la creación de un ejecutivo fuerte y centralizado.

Recordando lo estudiado en el curso de Derecho Constitucional I, cabe recordar que la función ejecutiva comprende básicamente dos aspectos, uno referido a las decisiones políticas y el otro a las administrativas. Puget define la función gubernativa como el conjunto de actividades de orden esencialmente político, referidas a la gestión de los asuntos relacionados con los intereses fundamentales de la comunidad nacional, las que tienen que ver con la orientación general del destino del Estado; en tanto que, la función administrativa consiste en conducir los asuntos corrientes destinados a proveer la satisfacción normal de las necesidades públicas conforme a las directivas del gobierno; la distinción entre ambos conceptos no es fácil de precisar, aunque ambas forman parte del llamado proceso administrativo.

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional sobre bases generales de la administración del estado, se refiere a estas materias, indicando que el Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establecen la Constitución y las leyes; pero especialmente es el art 24, inciso primero, el que define que: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe del Estado”.

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De acuerdo con la tradición constitucional chilena, el ejecutivo es encabezado por una figura

unipersonal, el Presidente de la República, que actúa como jefe de Estado y como jefe de gobierno, en el primer sentido, le corresponde conservar el orden público en lo interior y la seguridad externa de la nación, en tanto que, en el segundo aspecto, le cabe diseñar e implementar los planes y programas de gobierno con estricto apego a las normas constitucionales y legales.

Requisitos para ser elegido presidente.- están señalados en el art 25, inciso primero: “Para ser elegido Presidente de la República, se requiere haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio”. Hoy ha sido modificado en el texto refundido que señala: “Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los N|s 1° ó 2° del artículo 10; tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio”, de la disposición transcrita se desprende que las exigencias se deben cumplir antes de la elección.

- Tener la nacionalidad chilena por haber nacido en el territorio nacional, de acuerdo con el N° 1 del art 10; o bien, haber nacido en territorio extranjero, pero ser hijo de padre o madre chilena, según el N° 2° de la misma disposición.

- Tener cumplidos treinta y cinco años de edad al momento de la elección. Se modificó la disposición original en este sentido, ya que aquella, establecía una edad mínima de 40 años para postular al cargo, la doctrina en general, está de acuerdo en la reducción de la edad para postular al cargo, en el derecho comparado, la edad para postular, fluctúa entre 21 y 40 años.

- Ser ciudadano con derecho a sufragio.- En consecuencia no pueden estar privados de la ciudadanía ni tener suspendido el derecho de sufragio, es extraño que respecto del Presidente no se exija la educación media o su equivalente cursada.

Duración del mandato presidencial.- De acuerdo con la modificación a la carta, la duración del mandato presidencial que era de seis años, se rebajó a 4 años no pudiendo reelegirse para el período siguiente,, reforma bastante discutible por la brevedad del plazo, así como por la no reelección para el período inmediato, lo que le resta eficacia a la modificación. Así lo señala el inciso segundo del art 25 “El Presidente de la República, durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente”.

Con respecto al tiempo de duración del mandato, se plantearon diferentes alternativas en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el texto original señalaba que el término sería de ocho años, el que se consideró inconveniente por lo prolongado de su tiempo, aunque otros comisionados habían preferido un término de 5 años, tal como lo indicaba la carta de 1833. Finalmente la última modificación sobre la materia lo establecía en seis años, siguiendo el criterio de la Constitución de 1925, plazo que tenía el inconveniente de la asincronía electoral con la renovación de los poderes legislativos, hoy a través de la última reforma, las elecciones presidenciales y parlamentarias se efectúan en la misma fecha.

También se debatió la posibilidad de reelegir al presidente para el período inmediatamente posterior, prevaleciendo la no reelección, en conformidad con la tradición republicana chilena.

De acuerdo con el mandato imperativo de la Constitución, el Presidente concluye su mandato el día que complete los seis años, así lo expresa el art 30 inciso 1º, “El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido”.

Esta escueta mención contemplada en el texto original de la Constitución de 1980, fue sustancialmente implementada por la Ley 19.672 de 28 de Abril de 2.000, agregándosele 5 incisos con el propósito de establecer constitucionalmente la dignidad oficial de ex presidente de la república, la que se adquiere de pleno derecho inmediatamente después de completar el período correspondiente.

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En el texto refundido se ha vuelto a modificar este artículo, ya que desaparece la calidad de senador vitalicio que el texto anterior confería a los ex presidentes que hubieren cumplido un período completo de seis años.

La dignidad de ex presidentes confería a los beneficiarios, aunque renunciaren a su calidad de senadores vitalicios o no se incorporaren a esa cámara legislativa, la inmunidad o fuero que a tales parlamentarios otorga la Constitución, así como el derecho a percibir la dieta parlamentaria sin necesidad de ejercer el cargo. Hoy desaparecen los senadores vitalicios; pero se mantienen los privilegios que a ellos corresponden como ex presidentes de la república.

La anterior reforma constitucional acordada con los votos de los parlamentarios oficialistas y de oposición, tuvo por finalidad amparar la situación del ex presidente de la Junta militar y la del ex presidente de Chile, don Patricio Aylwin Azócar, quien a pesar de haber cumplido su mandato constitucional no se pudo integrar al senado por cuanto su mandato sólo duró 4 años y la Constitución exigía períodos de seis años para asumir el cargo de senador vitalicio (art 45 letra a).

Forma de elección del Presidente de la República.- La Constitución de 1980 ratificó el sistema de elección directa del Presidente de la República, siguiendo de esta manera la tradición constitucional de nuestra nación que pretende de esta forma configurar un jefe del poder ejecutivo fuerte y vinculado estrechamente con su ciudadanía que lo elige.

Según lo expresado por la Constitución, la elección se realizará en la forma que determine la Ley 90 días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que está en funciones, inciso 1º del art. 26 “el presidente será elegido en votación directa y mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, la elección se realizará en la forma que determine la Ley “.

La Constitución establece que en caso de presentarse más de dos candidatos a la elección y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas, resultando electo el que obtenga el mayor número de sufragios, esta nueva votación se realizará en la forma que determine la ley, el trigésimo día después de efectuada la primera, si cae en domingo , en caso contrario, se efectuará el domingo inmediatamente siguiente, en este caso también se computarán solamente los sufragios válidamente emitidos.

El proceso de calificación de la elección presidencial, deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera o segunda votación, según corresponda, art 27 inc. 1º.

Formulada la proclamación anterior por el Tribunal Calificador de Elecciones la comunicará al Presidente del Senado. Posteriormente el Congreso Pleno, se reunirá en sesión pública 90 días después de la 1ª o única votación y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución, en el mismo acto, el Presidente electo prestará juramento o promesa, ante el Presidente del Senado de:

- Desempeñar fielmente el cargo.- Conservar la independencia de la nación.- Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y de inmediato asumirá sus funciones.

El cargo de Presidente de la República, es el único caso en el que la Constitución exige el juramento o promesa para desempeñarlo, éste se realiza en presencia de los diputados y senadores que asistan a la sesión pública del Congreso Pleno y lo presta ante el presidente del senado.

Obligación de dar cuenta al país del Estado administrativo y político de la nación.- art 24 inc. 3º, El presidente de la República a lo menos una vez al año, dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación. La Constitución de 1925 impuso al Presidente de la república la obligación de dar cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la nación; pero no le exigía su asistencia personal para leer el mensaje; sin embargo, la tradición lo impuso por la fuerza de la costumbre y así como la de asistir a la inauguración del período ordinario de sesiones el día 21 de Mayo, fecha en que entregaba su cuenta. Esto se ha consolidado en el texto refundido, que agregó un inciso final, señalando expresamente esa oportunidad para rendir su cuenta. “El 21

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de Mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno”.

Ausencias del país del Presidente de la república.- Art 25, inciso 3º, “El presidente de la República, no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días ni en los últimos 90 días de sus período, sin acuerdo del senado”. En la Constitución de 1925, después de su reforma de 1970, se estableció que el Presidente podía ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso hasta por 15 días, siempre que la ausencia no se produjera durante los últimos 90 días del mandato.

El texto actual, introdujo dos modificaciones a lo que establecía la carta del 25:- Aumenta a 30 días el período en el que puede ausentarse sin permiso del senado.- Actualmente el que autoriza es el senado y no el congreso como lo establecía el texto de

1925

Se mantiene la exigencia cuando sale en los últimos 90 días del mandato. De todas maneras el Presidente debe comunicar la salida del territorio de la república al senado, con la debida antelación e indicando los motivos que la justifican.

Por otra parte, el artt 48, Nº 2, señala que la cámara de diputados deberá otorgar permiso para salir del país al ex presidente, una vez que haya terminado el mandato y dentro de los seis meses siguientes.

Subrogación y reemplazo del Presidente de la república.- La subrogación tiene por objeto cubrir las ausencias del Presidente de la República, electo o en ejercicio, cuando el motivo o causal en la que se funda es temporal; en tanto que, el reemplazo, procede cuando hay una imposibilidad definitiva para asumir las funciones o si está en funciones para continuar en ellas.

Impedimentos transitorios para desempeñar el cargo de Presidente:

- Por enfermedad, en este caso si el Presidente no está en condiciones de designar al subrogante, asume quien corresponda de acuerdo con la Constitución.

- Ausencia del territorio nacional.- Cualquier otro motivo grave no comprendido en los caos anteriores.

Impedimentos definitivos:

- Muerte del Presidente, electo o en ejercicio.- Aceptarse por el Senado su renuncia al cargo, oyendo previamente al Tribunal Constitucional.- Por impedimento físico o mental, declarado por el Senado, oyendo previamente al tribunal

Constitucional- Por destitución, en los casos en que el Senado por mayoría absoluta de sus miembros en

ejercicio, acoja una acusación constitucional, aprobada previamente en la Cámara de Diputados, en conformidad al art 48 de la Constitución.

Subrogación y reemplazo del Presidente Electo art 28.- Es Presidente electo, aquel que ha sido proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones; pero que aún no ha asumido el cargo.

Subrogación. En caso de subrogación, asume transitoriamente y mientras dure el impedimento, con el título de Vicepresidente de la República: El presidente del senado, a falta de este, el de la Cámara de diputados y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema (se alteró el orden entre el Presidente de la Cámara de diputados y el de la Corte Suprema). La subrogación desaparecerá, tan pronto como cese el motivo que la origina.

Reemplazo. Si el impedimento que afecta al Presidente electo es absoluto e indefinido, el Vicepresidente, designado en la forma anterior, dentro de los diez días siguientes al acuerdo del

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senado, adoptado de acuerdo con lo señalado en el art 49 Nº 7º de la carta, procederá a expedir las órdenes correspondientes para que dentro del plazo de sesenta días, llame a nuevas elecciones.

Al senado corresponde declarar la inhabilidad del Presidente electo, oyendo previamente al tribunal Constitucional, el que emitirá un informe no vinculante al respecto.

El Presidente así elegido, durará en su cargo hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento motivó la nueva elección.

Subrogación y reemplazo del Presidente en ejercicio, art 29. Es aquel que ha asumido sus funciones, luego de haber prestado juramento o promesa de rigor ante el Presidente del Senado, art 27, inciso final, “El Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones”.

Subrogación. Se produce en caso de impedimento temporal, siendo subrogado con el título de Vicepresidente, por el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal, que actualmente encabeza el Ministro del Interior, seguido por el de Relaciones Exteriores., a falta de todos los Ministros, suceden el Presidente del senado, el de la Cámara de diputados o de la Corte Suprema según el caso, también aquí se cambió la precedencia, prefiriendo al Presidente de la Cámara de diputados sobre el Presidente de la Corte Suprema.

Reemplazo. Si el Presidente en ejercicio debe ser reemplazado por algunas de las causales señaladas, hay que distinguir dos situaciones; si la vacancia se produce faltado menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente reemplazante será elegido por el Congreso Pleno (reunión conjunta de ambas cámaras), dentro de los 10 días siguientes a la vacancia, por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Si la vacante se produce, faltando dos o más años para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, convocará a la ciudadanía a nuevas elecciones, dentro de los primeros diez días de su mandato, la que se efectuará el sexagésimo día después de la convocatoria. El presidente así elegido, asumirá su mandato, 10 días después de su proclamación por el tribunal Calificador de Elecciones.

El Presidente que se elija en cualquiera de las situaciones anteriores, durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente, art 29, inciso final.

Cuando corresponda asumir el mando de la nación al Vicepresidente, éste tendrá las mismas atribuciones que la Constitución confiere al Presidente de la República.

Atribuciones del Presidente de la República. El Constituyente originario acogió plenamente la recomendación del Presidente de la Junta Militar, en torno a rodear a la figura presidencial de una serie de facultades que lo transforman, sin duda , en la autoridad más relevante de la institucionalidad chilena. En primer término podemos clasificar estas atribuciones en generales y especiales.

Atribuciones generales del Presidente de la República.- Están señaladas en el art 24 de la Constitución Política que encabeza el capítulo IV, que señala “El gobierno y la administración del estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Es necesario recordar que en cuanto a nuestro ordenamiento institucional, en el cargo unipersonal del presidente de la República confluyen las calidades de jefe de estado y jefe de gobierno, por lo que éste concentra las facultades políticas y administrativas del Estado, respondiendo de las primeras solamente ante el pueblo que lo elige.

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La amplitud de las facultades presidenciales quedan de manifiesto en la expresión “su autoridad se extiende a todo...”, con las únicas limitaciones de respetar la Constitución y las leyes; recordando que en el ámbito político el Presidente de la República tiene una mayor flexibilidad para adoptar decisiones, en cambio, en el plano administrativo el ejecutivo está sujeto de manera irrestricta a lo señalado por el legislador.

La administración del Estado esta compuesta por los Ministros de Estado, los Intendentes, Gobernadores y servicios públicos, entre los que se incluyen la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las de orden y Seguridad Pública, las municipalidades y las empresas públicas creadas por Ley.

Atribuciones especiales del Presidente de la República.- Están contenidas en el art 32 de la Constitución política y son de variada índole:

- Atribuciones constituyentes. Se desprenden de lo señalado en el Art 32 Nºs 1 y 4. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 1º “Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas”, en este caso en lo relativo a una reforma constitucional. Y 2 º “Convocar a plebiscito en los casos del art 128”, facultad política del Presidente de la república de convocar al pueblo en los casos que la Constitución se lo permite.

- En este sentido cabe recordar que al Presidente como parte del poder constituyente derivado cabe la posibilidad de iniciar un Proyecto de Reforma Constitucional.

- Participar en los proyectos de reforma constitucional, a través de la intervención de los Ministros de Estado en las sesiones de sala o comité donde y cuando se debatan, de acuerdo con lo señalado en el art 37 de la Constitución Política.

- Aprobar, rechazar o formular observaciones a los proyectos de reforma que le remitan las cámaras legislativas.

- Promulgar y publicar las leyes de reforma constitucional que haya aprobado el Congreso Nacional.

- Sin embargo la más importante atribución que le confiere la Constitución, es la derivada del Nº 4 del art 32, en relación con el 128, que lo faculta para convocar al pueblo, a través de plebiscito, para que se pronuncie acerca de la discrepancia entre ejecutivo y legislativo, producida cuando el Presidente de la República está en desacuerdo con un Proyecto aprobado por las cámaras, observado total o parcialmente por él e insistido por ellas por los 2/3 de senadores y diputados en ejercicio.

- Atribuciones legislativas.- Nuestro sistema institucional se aparta de los modelos puros de presidencialismo, otorgando al primer mandatario amplias facultades legislativas, entre ellas, iniciativa de ley, más aún , iniciativa exclusiva en las materias más importantes del sistema administrativo, financiero y social del Estado chileno; puede intervenir en la discusión de las leyes, a través de la participación de los Ministros en las sesiones de sala o de las comisiones de trabajo; puede formular indicaciones en la etapa de sanción; solicitar la clausura de los debates y hacer presente la urgencia en algún trámite específico o en todas las etapas del proyecto

Las facultades legislativas del Presidente, son de dos tipos, las que dicen relación con la formación de las leyes y las que se refieren al funcionamiento del Congreso:

Formación de las leyes.

- Iniciativa legislativa.- La iniciativa corresponde a quien propone un proyecto de ley, puede hacerlo el Presidente de la República, a través de un documento denominado mensaje o cualquier parlamentario en la sala que le corresponda, por medio de una moción, la que no puede ser patrocinada por más de 10 diputados ni más de 5 senadores. En el derecho

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comparado en algunos casos, como en Suiza, se confiere al cuerpo electoral la posibilidad de presentar proyectos de ley, reuniendo un número determinado de firmas.

Es preciso tener en cuenta que los conceptos de iniciativa y origen no son sinónimos, ya que este último se refiere a la cámara en que tiene su comienzo la tramitación. En algunos casos, en nuestra legislación, se exige que la cámara de origen sea una determinada, así las leyes sobre tributos, sobre presupuesto de la Administración Pública y sobre reclutamiento sólo pueden tener origen en la de diputados; en tanto que, los de amnistía e indultos generales sólo tienen origen en el senado, art 65, inciso 2º. La restricción de sujetar ciertas materias a la cámara baja se debe al constitucionalismo inglés, donde una de ellas, la de los comunes es de representación popular y la de los Lores no, por lo que los proyectos tributarios y los relativos a las fuerzas armadas debían ser tratados en aquella, hoy en aquel país sólo la cámara baja legisla y la alta se limita a suspender la aplicación de una ley hasta por un plazo de un año, siempre que el proyecto no se refiera a temas financieros en los que carece de esta facultad.

Materias de iniciativa presidencial exclusiva.- El hecho de que el Presidente de la República tenga iniciativa exclusiva en materias importantes, es una manifestación del carácter presidencialista de nuestro régimen constitucional y un reflejo de la vigorización del poder ejecutivo en el curso del siglo XX, sobre todo en la carta de 1980, que en este sentido, también se apegó a las recomendaciones que Presidente de la Junta Militar hizo llegar a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución.

El art 65 de la carta de 1980, ha reservado al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos y con las materias señaladas en los Nºs. 10 y 13 del art 63, es decir, las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento y concesión; así como, las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en los tiempos de paz o de guerra y las que permitan la entrada de tropas extranjeras a territorio nacional o la salida de las nuestras fuera del país.

Este mismo art. Agrega 6 Nºs, conteniendo otras materias de iniciativa presidencial, entre otras:

- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan

comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las municipalidades y sus organismos y servicios

- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, etc, al personal en servicio o retiro de la administración pública y fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado

- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social, tanto del sector público como del

privado

- Participación del ejecutivo en la discusión de las leyes.- El presidente de la República puede intervenir en la discusión de las leyes a través de sus Ministros, ya que el art 37 de la Constitución, los faculta para que participen en las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, cuando lo estimen conveniente, con preferencia en el uso de la palabra, pero sin derecho a votar, pueden participar en las reuniones de las comisiones legislativas e incluso intervenir durante las votaciones para rectificar los conceptos emitidos por los parlamentarios al emitir sus votos

- Sanción, promulgación y publicación de las leyes.-

Sanción.- Sancionar una ley quiere decir aprobarla, el art 32 Nº 1, de la Constitución, señala que es atribución especial del Presidente de la república, sancionar las leyes con arreglo a la carta. En caso de que el Presidente de la República, no devolviere el proyecto de ley dentro de 30 días,

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contados desde la fecha de su remisión por la cámara de origen se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley (art 75 ).

Clases de sanción:

Sanción expresa, esta es la forma ordinaria de sancionar una Ley y ocurre cuando el Presidente aprueba expresamente el proyecto de Ley, ordenando su publicación en el Diario Oficial, art 69 de la Constitución Política.

Sanción tácita, es aquella que se produce, cuando el Presidente de la república no devuelve el proyecto de ley dentro de los 30 días contados desde la remisión por parte del congreso, o cuando han transcurrido los 10 primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente, sin hacerle observaciones, en este caso se entenderá que lo aprueba y deberá promulgarlo y publicarlo como ley. (art. 75 inciso 1º )

Sanción obligatoria o forzosa, sucede cuando las dos cámaras insisten en un proyecto por los 2/3 de los miembros presentes de sus miembros en la totalidad o parte de un proyecto aprobado por ellas, y se devuelve al presidente de la República para su promulgación, debiendo éste elaborar el decreto correspondiente (art 73, inciso 4º)

Derecho de veto.- Lo puede ejercer el Presidente, formulando las observaciones correspondientes a los proyectos de ley. El veto en doctrina puede ser absoluto o relativo, el primero retarda indefinidamente o por largo tiempo la sanción de la ley, en tanto que el segundo, sólo suspende la promulgación de la ley mientras el Congreso se pronuncia acerca de las observaciones presidenciales, también puede ser total si afecta a todo el proyecto o parcial si se refiere a una parte del mismo. La Constitución de 1980, consagra en nuestro derecho el veto con carácter suspensivo, art 73.

Para formular sus observaciones, el Presidente de la República dispone de 30 días corridos, de acuerdo con lo establecido en los arts 73 y 75 de la Constitución vigente; el plazo de cuenta desde la remisión del proyecto por parte de la cámara de origen, si el presidente lo desaprueba, lo devolverá a la cámara de origen con las observaciones convenientes en el plazo señalado.

Las observaciones deberán referirse a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que en proyectos de su iniciativa, reponga por la vía del veto las ideas consideradas en su mensaje y omitidas por el congreso.

Si las dos cámaras aprueban las observaciones, el proyecto es reenviado al ejecutivo para su promulgación; pero en caso de que ambas cámaras desechen todas las observaciones o alguna parte de ellas e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o en parte en el proyecto aprobado previamente por ellas, devolverán el proyecto al ejecutivo, el que deberá promulgar el texto aprobado por ellas.

Promulgación.- Promulgar es el acto jurídico solemne, expresado en un decreto supremo, mediante el cual el Presidente de la República atestigua a la nación la existencia de una ley y ordena su cumplimiento. La promulgación deberá hacerse en el plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.

Publicación.- Con el propósito de dar a conocer la aplicación y vigencia de las leyes ellas son publicadas en el Diario Oficial de la república, a partir de cuyo momento se presume de derecho que su texto es conocido por todos los habitantes del país; sin embargo durante la dictadura militar, a algunos Decretos Leyes, como el relativo a la ley del cobre, se les confirió el carácter de secreto y el diario oficial que lo contiene se mantiene en reserva.

El art 75, inciso final ordena que las publicaciones se harán dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.

- Las urgencias.-Se denomina urgencia la preferencia que para la tramitación de un proyecto de ley o de

reforma constitucional, solicita el Presidente de la República. La calificación de la urgencia, corresponderá hacerla al Presidente de la República, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso Nacional, arts 26 y siguientes de la Ley Nº 18,918.

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De acuerdo con el art 74 de la Constitución vigente, el Presidente de la república podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en tal caso, la cámara deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días, aunque vencido dicho plazo no se produce la aprobación tácita de la Ley, sólo la de presupuesto anual produce la aprobación tácita si la cámara no se pronuncia dentro de los sesenta días siguientes a su presentación por parte del ejecutivo, art 67.

Grados de urgencia:

Simple urgencia, el Congreso debe despachar el trámite o el proyecto, según el caso, en el término de 30 días

Suma urgencia, dispondrá de un palazo de 10 días para su despacho, yDiscusión inmediata, aquí el plazo se reduce a sólo 3 días, en este caso el proyecto se

discutirá en general y en particular, a la vez.El plazo de la urgencia comienza a correr, desde la sesión en la que se da cuenta de la

petición presidencial; sin embargo el término de una legislatura ordinaria o la clausura de una extraordinaria dará lugar a la caducidad de las urgencias.

Funcionamiento del Congreso.-

Entre las facultades que la constitución confiere al presidente de la República es preciso considerar aquellos aspectos que inciden en el funcionamiento de las cámaras legislativas, entre ellas:

- Dictar previa delegación de facultades del congreso Decretos con Fuerza de Ley sobre las materias que autoriza la Constitución. Este tipo de delegaciones por parte del legislativo al ejecutivo, forma parte de las tendencias constitucionales del siglo XX, especialmente después de la segunda guerra mundial

En nuestro derecho constitucional está considerada en el art. 61, que faculta al Presidente de la República para solicitar autorización al congreso nacional, a fin de dictar disposiciones con fuerza de Ley sobre materias propias del dominio legal, por un plazo máximo de un año.

La autorización deberá otorgarse a través de una ley habilitante, la que deberá determinar de manera precisa las materias sobre las que podrá legislar el ejecutivo por esta vía. Y además podrá establecer o determinar limitaciones, restricciones y las formalidades que estime convenientes y el término por el que se concede, que no podrá jamás exceder de un año.

Queda prohibida la delegación sobre materias relativas a la nacionalidad, ciudadanía, elecciones ni plebiscito, tampoco las que se refieran a las garantías constitucionales, ni las que de acuerdo con la Constitución deban aprobarse como orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Art 64 inciso 2º, “Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni el plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado”.

Tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del poder judicial, del Congreso nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la república.

Estos Decretos con Fuerza de Ley, están sometidos al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, la que deberá rechazarlos cuando excedan o contravengan la autorización legislativa. En todo lo demás están sometidos a los mismos trámites que se requieren para la aprobación de una ley. Art. 61, inciso final “Los Decretos con Fuerza de Ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley.

En el derecho comparado estos instrumentos tienen plena vigencia, así en España, existen los decretos legislativos, que son similares a nuestros Decretos con Fuerza de Ley y que se definen como normas con fuerza de Ley, dictadas por el gobierno en virtud de una autorización expresa de las Cortes. Art. 82 de la Constitución española. Por su parte, el art 86 de ese texto, habla de decretos leyes, que son normas con fuerza de ley dictados por el gobierno en casos de urgencia, aquí no hay intervención del legislativo y proceden cuando existe una extraordinaria y urgente necesidad.

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- El Nuevo N° 2° del art 32,sustituyó el anterior que confería al Presidente de la República prioridad para convocar a legislatura extraordinaria, sin embargo actualmente le da la posibilidad de citar a sesión a cualquiera de las cámaras, indicando los motivos de ella; en este caso la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible, atribución similar a la del Presidente de lso Estados Unidos de Norteamérica, que nos parece de dudosa pertinencia en nuestro caso, ya que aquí puede intervenir en los debates a través de sus ministros.

- Atribuciones gubernamentales de naturaleza política, internacional, militar y financiera.-

Atribuciones de naturaleza política.- arts 32 Nº 4 y 7 de la Constitución, son aquellas que dependen de la habilidad política del gobernante para tomar las decisiones correspondientes en el momento oportuno, considerando el momento político que viva la nación, en realidad todas o casi todas las funciones presidenciales requieren la habilidad señalada, pero son 3 las principales contempladas en el art 32:

Convocar a plebiscito en los casos del art 128 de la Constitución.- De acuerdo con lo establecido en el art 128, inciso 4º, cuando un proyecto de reforma constitucional, vetado por el Presidente, pero insistido por ambas cámaras por los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio el Presidente de la República estima inconveniente la reforma, puede convocar a plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie entre su opinión o la del congreso acerca de la totalidad del proyecto de reforma o sobre una parte de él.

Declarar los estados de excepción.- De acuerdo con lo señalado anteriormente, corresponde al presidente de la república declarar los estados de excepción, lo que hará con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en la mayoría de los casos y con la anuencia del congreso en los estados de sitio.

Atribuciones de naturaleza internacional.- El constituyente radicó en el Presidente de la República el manejo de las principales materias relativas a las relaciones externas del Estado chileno en cumplimiento de su papel de jefe de estado propio del sistema presidencial de gobierno. El art 32 le confiere atribuciones especiales en este ámbito en los siguientes aspectos:

- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales. El art 32 Nº 15, señala que: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República. 15º, conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales...”

- Por otra parte la misma disposición y Nº señala que es atribución del Presidente, “llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la probación del congreso conforme a lo prescrito en el art 50 Nº 1, Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere”. Además de esta disposición, otras como los arts 24 y 50, ratifican esta facultad presidencial.

Tratado es todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, art 2º de la Convención de Viena.

El Congreso sólo está facultado para aprobar o rechazar los Tratados propuestos por el Presidente, pero no puede enmendarlos. A diferencia de las demás leyes, los Tratados Internacionales, no tienen plazo para su publicación en el Diario Oficial.

- También en el ámbito internacional, le corresponde al Presidente de la República designar a los embajadores y ministros diplomáticos y a los representantes ante organismos internacionales. Actualmente estos funcionarios son de la exclusiva confianza del Presidente de la República, rectificando el mandato de la Constitución de 1925 que sometía sus nombramientos a la aprobación del senado. Nos parece más adecuada la norma anterior por

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la responsabilidad que implica la representación nacional en el exterior que hace recomendable la participación del órgano legislativo en esta materia.

Atribuciones de naturaleza militar.- Están contenidas en los Nºs. 16, 17,18 y 19 del artículo 32.

- “Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el art 105”. Durarán 4 años en sus cargos y no podrán ser reelegidos para el período siguiente, una vez nombrados los comandantes en jefe, podrán ser removidos por el Presidente de la República por Decreto Fundado, previo informe a la Cámara de Diputados y al Senado. Se ha criticado en doctrina el hecho de que el Presidente de la República tenga limitada esta facultad a las cinco primeras antigüedades de estas ramas de la defensa nacional

- Disponer de las fuerzas de aire mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional, art 32 Nº 17

- Asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las fuerzas armadas, art 32 Nº 18, estimamos que este mando debe ser permanente, en tiempos de paz o de guerra

- Declarar la guerra, previa autorización por ley,, al dictar el Decreto correspondiente deberá dejar constancia de haber escuchado al Consejo de Seguridad Nacional, art 32 Nº 19

Atribuciones de naturaleza financiera. Están contempladas en el art 32 Nº 20. - Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la

Ley. El organismo encargado de recaudar los fondos es la Tesorería General de la República, previa determinación de los montos por el Servicio de Impuestos Internos, a su vez la Contraloría General de la República, fiscaliza los ingresos y la inversión de los fondos del fisco; de las municipalidades y de los organismos y servicios que determine la Ley. El Tesorero General de la República y el Director General del Servicio de Impuestos Internos, son de la exclusiva confianza del Presidente de la República, en tanto que, al Contralor General lo nombra el Presidente con acuerdo del Senado.

- Dictar decretos de emergencia, de acuerdo con el mismo Nº 20 del art 32. En caso de calamidades, el Presidente con la firma de todos sus Ministros puede decretar pagos no autorizados por la ley, para atender necesidades impostergables derivadas de las calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, etc.; pero el total de gastos no puede exceder anualmente del 2% de los gastos que autorice la Ley de Presupuesto.

- Atribuciones administrativas del Presidente de la República.- Se refieren fundamentalmente a las actividades necesarias para satisfacer los intereses públicos del Estado, la atención de los servicios generales a los ciudadanos y al cumplimiento de los planes y programas de gobierno; estas atribuciones deben ser desarrolladas con estricto apego a la ley, ya que en derecho público sólo se pude realizar aquello para lo cual se está expresamente facultado.

La potestad reglamentaria.- Consiste en el atribución especial que tiene el Presidente de la República para dictar unilateralmente normas jurídicas generales (reglamentos, decretos e instrucciones ) destinadas al gobierno y a la administración del Estado, cuando ellas no hayan sido entregadas por la Constitución al dominio del legislador, o bien, para reglamentar la aplicación o ejecución de las leyes.. El profesor Alejandro Silva Bascuñan, la ha definido como “ la facultad otorgada al Presidente de la República para emitir toda especie de órdenes encaminadas a satisfacer, en la amplitud de su proyección, la vastísima tarea que le entrega la carta y que no tiene más limitaciones que la de someterse a la Constitución y a las leyes y la de no dictar normas que pertenezcan a la función legislativa.”, arts 32 Nº 8 y 60.

Art 32, “Son atribuciones especiales del Presidente de la República, 6º Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”.

De lo anterior se desprende que la potestad reglamentaria del ejecutivo reviste dos formas de manifestación, una autónoma y otra de ejecución.

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La potestad reglamentaria autónoma o ampliada, se refiere a todas aquellas materias que el constituyente no entregó exclusivamente al legislador, es decir que no pertenecen al dominio legal, lo que constituye una novedad del constituyente de 1980 al haber establecido de manera taxativa las materias de ley en el art 63 del actual texto. El Presidente de la República puede ejercer con total discrecionalidad esta facultad autónoma en todas las materias no reservadas al dominio legal. En este sentido la Constitución de 1980 siguió el modelo establecido en la Constitución francesa de 1958 al señalar expresamente las materias propias de ley, ampliando con ello sustancialmente las atribuciones presidenciales para complementar el ordenamiento jurídico por medio de la potestad reglamentaria.

La Constitución de 1925 establecía el sistema inverso, llamado del mínimo legal, que consistía en establecer las materias que necesariamente debían abordarse por el legislador, autorizando a éste a regular otras materias que también podía abordar el presidente a través de la potestad reglamentaria, pero radicando en el legislativo la norma de clausura, pues éste al adoptar la vía legislativa prevalecía sobre el reglamento o decreto dictado por el Presidente.

Actualmente la Constitución de 1980, establece el principio del máximo legal, situando la norma de clausura del ordenamiento positivo en el Presidente de la República a través de la potestad reglamentaria.

La potestad reglamentaria de ejecución, es aquella que persigue desarrollar, detallar y llevar adelante las disposiciones legislativas., en virtud de la cual el Presidente tiene la atribución de “dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes ”., a través de ella el jefe del ejecutivo cumple su función administrativa medular, cual es la de llevar lo general y abstracto de la ley a lo particular y concreto de su obediencia y cumplimiento.

La potestad reglamentaria presidencial, se materializa a través de la dictación de decretos, reglamentos e instrucciones:

Decreto es todo mandato u orden dictada por cualquier autoridad sobre asuntos o negocios de su competencia. Cuando los dicta el Presidente de la República se llaman Decretos Supremos; los decretos se caracterizan por su especialidad y particularidad, a diferencia de los reglamentos que son de aplicación general.

Requisitos de los decretos:

Deben ser dictados por la autoridad en conformidad a la Constitución y las leyes, debiendo someterse al control de la Contraloría General de la República a fin de verificar su conformidad con la carta fundamental y con la ley. Las normas sobre su tramitación están contenidas en la Ley Orgánica de Ministerios y en la de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Los decretos contienen una parte expositiva que se refiere a los fundamentos y motivos de su dictación y las normas en las que se basa y otra parte dispositiva, que contiene la orden o mandato que debe cumplirse.

- Deben llevar la firma del o los ministros de la o las carteras respectivas, sin cuyo requisito no serán obedecidos

- Deben llevar consignada la fecha de su expedición y un Nº correlativo- Deben llevar consignado el cumplimiento del trámite de toma de razón (control de

constitucionalidad y legalidad)- La revisión de la existencia de fondos, si implican gastos- Deben ser transcritos a los interesados y - Publicarse

Los Decretos entran en vigencia y son aplicables, desde la transcripción al interesado si son particulares, o desde su publicación en el Diario Oficial si son de aplicación general.

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Los reglamentos, representan una colección ordenada de reglas o preceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley, o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Los reglamentos pueden ser administrativos, cuando organizan un servicio público o de derecho cuando regulan la aplicación de una ley.

Por su parte, las instrucciones, son expresiones de voluntad que tienen por objeto explicar u orientar a los órganos subordinados en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas superiores o para el desempeño de cualquier tarea pública.

Control de la potestad reglamentaria.- Las resoluciones que dicta el Presidente de la República están sometidas al control de Constitucionalidad y legalidad, para cuyo efecto deben ser enviadas a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón. La Contraloría, puede representar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de ellos en su caso; aunque de todas formas deberá darles curso en los casos de ilegalidad, no de inconstitucionalidad, cuando el presidente insiste en ellos con la firma de todos sus ministros; la Contraloría en este caso, debe enviar copias de esos decretos a la Cámara de Diputados para que esta ejerza las facultades fiscalizadoras que le corresponden. Sin embargo, La Contraloría no dará curso , en caso alguno, cuando los decretos de gastos excedan los límites señalados en la Constitución o las leyes.

Los decretos de insistencia son improcedentes en los casos de Decretos con Fuerza de Ley, de decretos promulgatorios de una ley o de una reforma constitucional, cuando se apartan del texto aprobado en las cámaras; así como los declarados inconstitucionales por el órgano contralor.

Límites a la potestad reglamentaria.- No puede el Presidente de la república dictar reglamentos que afecten a los órganos constitucionales, al Congreso Nacional, al poder judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Calificador de Elecciones, a la Contraloría General de la República, al Banco Central y al Consejo de Seguridad Nacional.

Otras funciones administrativas.-

- Otra función administrativa es la del art 32 Nº 7° “ Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores”. Estos son los principales y más cercanos colaboradores del Presidente de la República, en la versión original del texto, además designaba a los Alcaldes de las diferentes comunas del país, lo que constituía un atentado contra el principio de independencia y autonomía comunal, esta facultad fue suprimida a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 19.097 del 12 de Noviembre de 1991

- También en el plano administrativo, puede mencionarse la disposición del art 32 Nº 8°, “Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante los organismos internacionales: Tanto estos funcionarios como los señalados en el Nº 9. precedente, será de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella”. Esta atribución la incluimos anteriormente entre las gubernamentales de carácter internacional, comentando la conveniencia de que sus nombramientos sean ratificados por el Senado

- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del senado, de acuerdo con el art 32 Nº 9°. El acuerdo del senado debe darse en sesión con la aprobación de los 3/5 de los senadores en ejercicio, según lo dispone el art98 actual, su cargo durará ahora 8 años, no podrá ser removido por la sola voluntad presidencial , cesando en sus funciones al cumplir 75 años de edad

- Otra importante facultad administrativa es la de “nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de exclusiva confianza del Presidente de la República y proveer los empleos civiles en conformidad a la Ley”. En la actualidad se plantea reducir drásticamente estos empleos dejándolos sujetos a concursos públicos de antecedentes.

- “Nombrar a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones respectivamente, y al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución”; art 32 Nº 12º, es decir, en nuestro 0sistema el nombramiento de los jueces es un sistema mixto, ya que el poder judicial propone los nombramientos y el ejecutivo resuelve, además con la aprobación del senado en los cargos de mayor relevancia; la participación del órgano legislativo, se

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incluyó a través de la reforma constitucional en el período democrático de la vigencia de la Constitución

- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del poder judicial y requerir a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del Tribunal competente o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación., art 32 Nº 13º.

- Nombrar al Presidente del Banco Central.

- Atribuciones judiciales.- Están contempladas en el art 32 Nºs 11 y 14:- Nº 11° “Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las

leyes“. Montepío es la asignación que se le concede al pariente del funcionario fallecido; pensión de gracia, es el beneficio patrimonial otorgado a quienes no reúnen los requisitos legales para jubilar y el Estado, les otorga una cantidad de dinero anual o mensual.

- Nº 14° “Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el proceso respectivo “. El indulto consiste en el perdón de la pena o su conmutación por otra menor. La amnistía por el contrario extingue la pena y sus efectos, de acuerdo con el art 93 del Código Penal.

Los Ministros de Estado.- Estos secretarios de Estado, son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, ante quien responden de sus actos pudiendo ser removidos a entera voluntad de este cuando lo estime pertinente”.

El art 33 señala “Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la república en el gobierno y administración del estado”.

La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como también el orden de precedencia de los ministros titulares.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponda a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional”.

La precedencia actual de los Ministros según la ley es la siguiente: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Economía Fomento y Reconstrucción, Hacienda,, Educación Pública, Justicia, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Trabajo y Previsión social, Salud Pública, Minería, Vivienda y Urbanismo y Transportes y Telecomunicaciones. Además tienen rango Ministerial, el Secretario General de Gobierno, el Secretario General de la Presidencia, el Director de la Oficina Nacional de Planificación (ODEPLAN), el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y el de la Comisión Nacional de Energía.

Los Ministerios están administrativamente desconcentrados, a través de los Secretarios Ministeriales a cargo de los Secretarios Regionales Ministeriales respectivos, quienes son nombrados por el Ministro del ramo, pero oyendo previamente al Intendente respectivo.

Requisitos para ser nombrado Ministro de Estado:

- Ser chileno.- Tener cumplidos 21 años de edad.- Reunir los requisitos para incorporarse a la administración pública, estos requisitos son :

cumplir con las normas de reclutamiento, salud compatible con el servicio, no haber sido condenado o hallarse procesado por resolución ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito de acción pública, idoneidad profesional, a lo menos, 4º año medio rendido o su equivalente

Sin embargo, no pueden ser designados ministros, los diputados y senadores desde su elección, designación o integración y hasta seis meses después de haber cesado en sus funciones, salvo el caso de guerra externa.

Los Ministros de Estado no pueden ser candidatos a senador o diputado, inhabilidad que rige durante el año inmediatamente anterior a la elección, no pudiendo ser designados Ministros

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nuevamente aún si no son elegidos hasta un año después del acto electoral, art 57 de la Constitución Política.

De acuerdo con el art 34, inciso 2º, y el art 22 de la Ley 18.575, los Ministros son subrogados en sus puestos por el Subsecretario respectivo y si fuere más de uno en la cartera, por el de más antiguo nombramiento.

Responsabilidad de los Ministros.- Responden individualmente de los actos que firman y además son solidariamente responsables de los que suscriben y acuerdan con los otros ministros. Sin embargo por ser nuestros tipo de gobierno presidencial, carecen de responsabilidad política ante el Parlamento y sólo responden de sus actos ante el presidente de la república, sin perjuicio de poder ser acusados constitucionalmente de acuerdo con las normas del art 52 Nº 2º de la Constitución Política del Estado, respondiendo por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringido la Constitución y las leyes o dejarlas sin ejecución y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos y por soborno.

Todos los reglamentos y decretos deben llevar la firma del Ministro del ramo, sin cuyo requisito esencial no serán obedecidos. Art 35, “Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la Ley.

Por último y de acuerdo con lo señalado en el art 37, los ministros pueden participar en los debates de las Cámaras con preferencia en el uso de la palabra aunque sin derecho a voto.

Bases generales de la Administración del Estado.- Siguiendo los lineamientos presidenciales, la Comisión de estudios incluyó dentro del capítulo de gobierno un artículo relativo a las bases de la Administración Pública del estado chileno. Esta administración es encabezada por el Presidente de la República y conformada por el conjunto de órganos que prestan servicios generales a la población chilena, por lo tanto, pertenecen a ella, el propio Presidente, los ministros de estado y el conjunto de reparticiones fiscales que actúan bajo el amparo de la personalidad jurídica y del patrimonio del Estado.

La norma básica en este aspecto está contenida en el art 38 del texto, que señala:“Una Ley Orgánica Constitucional determinará la organización básica de la Administración

Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”

El Constituyente entregó al legislador, a través de una Ley Orgánica Constitucional la organización básica de la administración pública, quien lo hizo por medio de la Ley Nº 18.575 del 5 de Diciembre de 1986, sobre la base de lo señalado en el texto constitucional, es decir, garantizando un servicio civil de carrera de acuerdo con los principios weberianos, reclutamiento sobre la base de la capacidad e idoneidad de los postulantes, carácter objetivo, técnico y profesional de los servicios y una capacitación permanente de los funcionarios.

El inciso segundo de la disposición establece el derecho de toda persona de reclamar en contra del Estado, ante los Tribunales que determine la Ley, por los actos de la administración o de las municipalidades, esto sin perjuicio de las responsabilidades personales de los funcionarios que hubieren cometido los actos abusivos.

El Congreso Nacional

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(Capítulo V arts. 46 a 75)

En nuestro sistema institucional el ejecutivo y el legislativo participan conjuntamente en el proceso de formación de la ley, más aún como podemos observar de lo señalado en el capítulo anterior, el Presidente de la república es el actor principal de este proceso, por tal motivo, el constituyente prefirió encabezar el capítulo V refiriéndose al Congreso Nacional y no al poder legislativo.

Las disposiciones del capítulo V de la Constitución representan las bases normativas del Congreso nacional junto con la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.918 de 5 de Febrero de 1990 y además complementan este marco normativo los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.

El término Congreso significa “Junta de varias personas para deliberar sobre algún negocio perteneciente o relativo a la nació”. El hecho de radicar el poder legislativo en cámaras colegiadas, representativas de la voluntad popular, deriva de la circunstancia de que varias opiniones sobre un mismo tema permiten un mejor análisis de las materias.

El Congreso nacional está formado por dos cámaras: un senado y una cámara de diputados. Este sistema bicameral se ha consolidado desde la carta de 1822, la razón que se esgrime en doctrina para justificar la existencia de dos cámaras legislativas, es que la cámara alta o senado en nuestro caso, representa el órgano reflexivo y la experiencia por el menor número de integrantes y la mayor edad de sus componentes, en tanto que, la de diputados es expresión del impulso y de la fuerza de la juventud; hay sectores que estiman innecesaria esta separación, postulando la existencia de una sola cámara para hacer más ágil el proceso formativo de la ley. Otro fundamento de la separación en dos cámaras se basa en que una de ellas, el senado, es un órgano de integración nacional donde todas las regiones están representadas de manera equitativa, en cambio, la de diputados o baja, se integra según el número de habitantes, este argumento tiene especial vigencia en los Estados de forma Federal; en nuestro país los senadores se eligen por circunscripciones de dos senadores cada una, pero en algunas regiones hay dos circunscripciones y en otras sólo una; los diputados se eligen por Distrito, dos por cada uno; pero sin considerar el tamaño demográfico de ellos.

El senado lo componen 38 senadores electos por votación popular; los diputados son 120 elegidos a razón de dos por cada uno de los sesenta distritos en los que se divide el país.

Las elecciones parlamentarias se realizan en forma conjunta, Las elecciones de diputados y senadores que corresponda elegir por votación directa se efectuarán conjuntamente, hoy también las presidenciales, a partir del texto refundido.

Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos, La cámara de diputados se renovará totalmente cada cuatro años, en tanto que el senado, lo hará de manera parcial, renovándose primero las regiones impar y en las siguientes las pares y la metropolitana. Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la Ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.

En virtud del principio de separación de poderes se postula que el legislativo sea independiente del poder ejecutivo, no obstante lo cual, en la práctica, el proceso legislativo se realiza a través de la actuación coordinada entre ejecutivo y legislativo, así ocurre en nuestro país y en la doctrina.

En cuanto a su funcionamiento, las cámaras se rigen por sus propios reglamentos internos que los determinan con plena autonomía, incluso respecto de la Contraloría General de la república. Los acuerdos se adoptan separadamente por cada cámara, sin perjuicio de las decisiones que excepcionalmente adopta el congreso pleno en sesión conjunta de ambas ramas. El Congreso pleno se reúne para recibir el juramento o promesa del Presidente electo.

Las cámaras sesionan separadamente para ejercer sus facultades exclusivas, requiriendo contar con la asistencia de a lo menos la tercera parte de sus componentes. Trabajan en

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colaboración para pronunciarse sobre las acusaciones constitucionales, para aprobar las declaraciones de estados de sitio y para aprobar o rechazar los Tratados Internacionales que les proponga el ejecutivo.

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso regula la forma de tramitar los proyectos de Ley, los vetos en los proyectos de reformas constitucionales y las acusaciones contra los funcionarios que determina el art 52 Nº 2.

Cámara de diputados.- La cámara de diputados está integrada por 120 diputados elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la Ley Orgánica respectiva, renovándose en su totalidad cada cuatro años. La Comisión de Estudios había determinado originalmente una composición de 150 miembros, coincidente con el número que había establecido la carta anterior. El país está dividido en 60 distritos, eligiéndose dos por cada uno de ellos. El legislador no señaló los requisitos para determinar el tamaño de los Distritos, su población ni otros datos necesarios para objetivar el Nº de diputados. En la Región durante la vigencia de la Constitución de 1925, se elegían 7 diputados, hoy con dos Distritos se eligen 4.

Requisitos para ser elegido Diputado.- Están establecidos en el art 48 de la Constitución y son:

- Ser ciudadano con derecho a sufragio.- Tener cumplidos 21 años de edad.- Haber cursado la enseñanza media o equivalente.- Tener residencia en la Región a la que pertenezca el Distrito Electoral durante un plazo no

inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.

La Constitución actual, agregó como requisito una instrucción mínima, enseñanza media o su equivalente, limitación que no indicaba la carta anterior; también hoy se exige residencia en la Región en que se encuentra ubicado el Distrito correspondiente de a lo menos dos años contados hacia atrás desde el día de la elección. De acuerdo con el inciso primero del art 4, se entiende que los diputados tienen por el sólo ministerio de la Ley, su residencia en la Región que representan, mientras se encuentren en el ejercicio de su cargo, requisito que fue eliminado respecto de los senadores por la Ley 20.050.

La cámara de diputados se renueva íntegramente cada cuatro años, en un comienzo el texto

facultaba al Presidente de la república para disolverla una vez durante su mandato, pero se eliminó tan pronto se restableció el sistema democrático, ya que esta atribución no es propia de un gobierno de tipo presidencial.

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.- De acuerdo con el art 52 de la Constitución Política, corresponde a esta cámara, fiscalizar los actos del ejecutivo y determinar si han o no lugar las acusaciones constitucionales en contra de los más altos funcionarios de la administración del Estado.

Fiscalización parlamentaria art. 52 N° 1.- Este N° ha sido sustancialmente modificado, agregando importantísima facultades fiscalizadoras a la Cámara de diputados, desde luego ha establecido tres letras que representan otras tantas facultades.

a) La cámara, puede con el voto de la mayoría de los diputados presentes “adoptar acuerdos o sugerir observaciones”, que se trasmitirán por escrito al Presidente de la República. El gobierno deberá dar respuesta a ellas, a través del Ministro respectivo, dentro del plazo de 30 días, Pero actualmente pesa sobre el ejecutivo la obligación de dar respuesta fundada, es decir, no basta una simple contestación sino que debe fundar sus argumentaciones.

Además cualquier diputado podrá solicitar determinados antecedentes al gobierno, para lo cual deberá contar con el respaldo de un tercio de los miembros presentes en la sala y también el Presidente de la República deberá contestar fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, en el plazo de 30 días.

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Por supuesto que siendo nuestro tipo de gobierno de carácter presidencial esos acuerdos, observaciones o solicitudes, de ninguna manera afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado.

b) La letra b del nuevo N° 1 del art 52, agrega una facultad importantísima, cual es la de poder citar a un Ministro de Estado a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de sus funciones. La petición respectiva debe formularla a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, lo que representa un porcentaje relativamente bajo que posibilita a la oposición política a ejercer este derecho, hasta por un máximo de 3 veces en un año calendario, pudiendo extenderse esta cantidad, pero con el acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio

El Ministro citado está obligado a concurrir y deberá responder las preguntas y consultas que motiven la citación.

c) Por último, también en virtud de este N° 1°, se faculta a la cámara de diputados para crear comisiones especiales investigadoras, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno, a petición de los dos quintos de los diputados en ejercicio, lo que representa un quórum más elevado; pero con posibilidades ciertas de constituirse, ya que se requerirán 44 diputados si están todos en ejercicio, lo que no es muy difícil de lograr.

Estas comisiones, a su vez, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes a:- Los Ministros de Estado.- Funcionarios de la administración.- Personal de las empresas del Estado.- Personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación

mayoritaria

Estos funcionarios, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten; nos parece que esta disposición se debió hacer extensiva a cualquier ciudadano o residente que pueda entregar antecedentes como ocurre en Estados Unidos, ya que es obligación todo habitante de la República hacerlo cuando el interés nacional lo exige, particularmente en los casos de corrupción, en donde os particulares juegan un rol relevante.

En todo caso, el constituyente encargó al legislador por la vía orgánica la definición de estos aspectos en la Ley del Congreso Nacional.

Acusaciones constitucionales.- Es atribución exclusiva de la cámara de diputados, declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de ciertas autoridades por los delitos, infracciones o abusos de poder en que incurran en el desempeño de sus funciones. Esta acción se puede ejercer en contra de las más altas autoridades del país, las que están expresamente señaladas en las letras a a la e del art 52.

La cámara es el órgano acusador y el senado declara si el acusado es o no culpable del delito que se imputa, de la infracción o abuso de poder: En caso de que la cámara alta apruebe la acusación, los antecedentes se envían al tribunal Ordinario competente para que aplique las penas que correspondan.

Autoridades que pueden ser juzgadas en juicio político.- (no involucra responsabilidad política; sólo penal, civil o administrativa).

1.- El Presidente de la República, quien responde por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.

La acción en contra del Presidente se puede ejercer mientras esté ejerciendo el cargo y hasta seis meses después de concluido su mandato, en este último período no podrá salir del país sin la autorización correspondiente de la cámara de diputados.

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2.- Respecto de los Ministros de Estado, responden por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o por dejarlas sin ejecución, además de los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.

Concusión, consiste en la exacción arbitraria efectuada por funcionario público en provecho propio, arts. 157 y 241 del Código Penal. Comete malversación de fondos públicos, el funcionario público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga caudales o efectos públicos o particulares que tenga a su cargo en consignación o secuestro.

3.- De los magistrados de los Tribunales Superiores de justicia y del Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes, consistentes en hechos de suma gravedad que demuestran por actos y omisiones, la torcida intención, el inexcusable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonen, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública.

4.- De los Generales o Almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación.

5.- De los Intendentes y gobernadores, por infracción a la Constitución y por delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

Los funcionarios de los números dos a 5, pueden ser acusados durante el desempeño de sus funciones y hasta tres meses después de su expiración.

Para declarar que ha lugar a la acusación en contra del Presidente de la República, se necesitará el voto de la mayoría delos diputados en ejercicio, en los demás casos, basta la mayoría de los diputados presentes.

Efectos de la acusación:

1.- Una vez presentada la acusación, el afectado no puede abandonar el país sin permiso de la cámara de diputados, excepto en el caso del Presidente en ejercicio.

2.- Si ha lugar a ella, el acusado en caso alguno podrá salir del país.

3.- Si el funcionario está en actividad se le suspende del cargo.

Posteriormente al Senado corresponderá pronunciarse sobre la acusación, conociendo del asunto como jurado. La cámara alta solamente se pronunciará acerca de si es o no culpable el acusado.

Para aprobar una acusación en contra del Presidente de la República, se requiere de los 2/3 de los senadores en ejercicio. Si se declara la culpabilidad del funcionario acusado, cesa en sus funciones y queda inhabilitado para desempeñar cualquier función pública durante 5 años, sea o no de elección popular.

El inculpado será juzgado por un Tribunal competente para la aplicación de la pena correspondiente y para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños causados al estado o a particulares.

Funciones del Presidente de la Cámara de Diputados:Subrogar, en su caso de acuerdo con las normas constitucionales al Presidente de la

República.

El Senado.- El senado está constituido por miembros elegidos en votación directa por circunscripciones electorales, a razón de dos por cada una de ellas, seis regiones del país se dividen en dos circunscripciones, eligiendo un total de 4 senadores; Art 45 “El senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones electorales, en consideración a las trece regiones del país. Cada región constituirá una circunscripción, excepto seis de ellas que serán

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divididas, cada una, en dos circunscripciones por la ley orgánica constitucional respectiva, a cada circunscripción corresponde elegir dos senadores.

Los senadores serán, elegidos en votación directa durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y la región Metropolitana.

Requisitos para ser elegido senador.- Están establecidos en el art 50 del texto:- Ser ciudadano con derecho a sufragio- Tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección- Haber cursado la enseñanza media o su equivalente- Se eliminó la disposición que establecía el requisito de residencia en la región con una

antelación de dos años contados hacia atrás del día de la elección, lo que ha sido una pésima decisión del constituyente, alejando aún más la posibilidad de descentralizar territorialmente este país

Atribuciones exclusivas del Senado.- De acuerdo con lo señalado en el art 53 de la Constitución, corresponde al senado:

- Conocer y pronunciarse sobre las acusaciones constitucionales a que haya dado lugar la cámara de diputados, en conformidad al Nº 1 del art citado, complementado por lo dispuesto en los arts 47 a 52 de la Ley del Congreso Nacional y los arts 189 a 197 del Reglamento de esta cámara

El senado “resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”. Consiste en determinar y declarar el hecho justiciable o la culpabilidad del acusado, correspondiendo a los jueces la imposición de la pena que corresponda de acuerdo con la Ley. Los senadores deben apreciar en conciencia los hechos según su leal saber y entender.

El senado sólo declara la culpabilidad del acusado, sin pronunciarse acerca de la pena que la fija el Tribunal ordinario (Juez de Letras respectivo). A partir de la declaración de culpabilidad el afectado queda destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública de elección popular o no por el término de 5 años. El Tribunal aplicará la pena asignada al delito si lo hubiere y fijará la indemnización por daños y perjuicios causados al Estado o los particulares.

Cuando el acusado sea el Presidente de la República la culpabilidad deberá ser declarada por los 2/3 de lo senadores en ejercicio, en los demás casos basta la mayoría de los senadores en ejercicio.

- Desafuero civil de los Ministros.- Admitir las acciones judiciales que cualquier ciudadano pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustificadamente por acto de éste en el desempeño de su cargo, art 49 Nº 2º. El objeto de esta acción debe ser la responsabilidad civil por perjuicios sufridos por un particular, en consecuencia, no se refiere a la imputación de un delito. La decisión favorable del senado implica un pase para que el particular entable la acción civil correspondiente en contra del ministro afectado

- Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia

- Rehabilitar la ciudadanía perdida por condena a pena aflictiva- Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en

que la Constitución o la Ley lo requieran, art 53 Nº 5º. Si el Presidente hace presente la urgencia en la tramitación de la solicitud, el senado tiene 30 días para pronunciarse, si no lo hace dentro de plazo, se entiende que lo aprueba

- Autorizar al Presidente de la república para ausentarse del país por más de 30 días o en los últimos 90 de su mandato, de acuerdo con el art 53 Nº 6º

- Declarar la inhabilidad del Presidente de la república o del presidente electo y admitir o desechar su dimisión. En el primer caso, el senado actúa de oficio y en el segundo, debe calificar los fundamentos de la renuncia presidencial, debiendo oír previamente al Tribunal Constitucional sin que la opinión de este organismo sea vinculante para la cámara

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- Dar acuerdo a la sanción que el Tribunal Constitucional aprobare contra el Presidente electo o en ejercicio en el caso de formación de movimientos o partidos políticos inconstitucionales, de acuerdo con el art 93 Nº 10, en relación con el art 19 Nº 15

- Dar su dictamen al Presidente de la República cuando este lo solicite

El art 53 finaliza, señalando que el senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiera, no podrán fiscalizar los actos del gobierno, ni de las entidades que de él dependen, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización, ello por cuanto ésta es atribución exclusiva de la cámara de diputados

Funciones del Presidente del Senado:

- Presidir el Congreso Pleno- Recibir el juramento del Presidente de la república- Subrogar al Presidente de la República de acuerdo con los arts 29 y 28 de la Constitución- Formar parte del Consejo de Seguridad Nacional, art 106

Atribuciones exclusivas del Congreso.- Las ejercen ambas cámaras, funcionando separadamente cada una de ellas, pero actuando concurrentemente para obtener el acuerdo, se trata de facultades exclusivas de las ramas legislativas, porque el ejecutivo ha intervenido previamente en la tramitación de los asuntos a tratar que son la aprobación de los Tratados Internacionales y las declaraciones de estados de sitio. Esta materia también se ha ampliado sustancialmente en lo relativo a la participación del Congreso en lo que dice relación con la aprobación de los Tratados Internacionales, aunque sigue siendo facultad presidencial negociarlos y proponerlos al Congreso Nacional para que los apruebe o rechace.

Art 54.” Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda en conformidad al art. 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley

Se agregó un importante inciso 2°, que señala que el Presidente de la República, deberá informar al Congreso sobre el contenido y alcance del Tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle.

El Congreso ahora puede participar activamente, sugiriendo la formulación de reservas y declaraciones interpretativas en el curso del trámite de aprobación del Tratado, siempre que ellas procedan de acuerdo con los términos del Tratado o con las normas generales del Derecho Internacional.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley.

Tampoco requerirán de acuerdo del Congreso Nacional, los Tratados que el Presidente de la República celebre en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Las disposiciones de los Tratados Internacionales, sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en ellos o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

El Presidente de la República tendrá la facultad exclusiva de denunciar o retirarse de un Tratado Internacional; sin embargo, deberá pedir la opinión de ambas cámaras en el caso de que el tratado haya sido aprobado por ellas. Una vez Una vez que la denuncia o retiro haya producido sus efectos en conformidad con lo establecido en él, éste dejará de producir efectos en el orden jurídico nacional.

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Cuando el Tratado haya sido aprobado por el Congreso, la denuncia o retiro deberá ser informada por el Presidente de la República al legislativo dentro de los 15 días de efectuada la denuncia o retiro.

Si el Congreso Nacional tuvo en consideración una reserva para aprobar el Tratado, se requerirá de su acuerdo para retirarla, en conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional tendrá el plazo de 30 días, constados desde la recepción del oficio en el que se le solicita el acuerdo pertinente., si no lo hace en ese plazo se entenderá aprobado el retiro de la reserva.

La Constitución, ahora exige, en virtud de la publicidad de los acuerdos de los órganos del Estado, que se de debida publicidad a los hechos que digan relación con los tratados internacionales, tales como, su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.

Se mantiene la norma anterior, en el sentido de que se faculta al Congreso que en el trámite aprobatorio de la ley faculte al Presidente de la República para dicte Decretos con Fuerza de Ley para el cabal cumplimiento del tratado, aplicando las normas del actual art 64 que regula los D.F.L.

2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso 2° del art. 40 de la Constitución.

Principales aspectos modificados por la ley 20.050:

- Respecto de los tratados internacionales cabe señalar que la negociación de los mismos de acuerdo con las facultades otorgadas al Presidente en el art 32, corresponde al Presidente de la República, por lo que el Congreso no puede cambiar las cláusulas del pacto; sin embargo éste antes de ratificarlo con la contraparte requiere de la aprobación por el congreso, mediante un acuerdo que se obtiene separadamente en cada cámara, la disposición del nuevo art 50, establece que en cada una de las cámaras será necesario reunir el quórum que corresponda, según afecte disposiciones propias de Ley Orgánica, de quórum calificado u ordinaria.

- El Presidente deberá informar al Congreso acerca del contenido del tratado, su alcance y las reservas que pretenda confirmar o formularle. Será necesario explicar la conveniencia, oportunidad y ventajas de su firma.

- Durante su tramitación, el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas, cuando sean procedente de acuerdo con las normas del tratado en trámite o con las normas generales del Derecho Internacional.

- No estarán sujetos a la aprobación por el Congreso, aquellos tratados que el Presidente celebre en conformidad con su potestad reglamentaria.

- Las modificaciones, suspensiones o derogaciones de los tratados se efectuarán de acuerdo con las normas del Derecho Internacional, o según lo señalado en ellos.

- Es facultad exclusiva del Presidente de la República denunciar un tratado o retirarse de él, debiendo solicitar la opinión, no vinculante, de ambas ramas del Congreso, cuando ellos hayan sido aprobados por ellas. En todo caso el Presidente de la República deberá informar al Congreso cuando denuncie un tratado o se retire de él dentro del plazo de 15 desde que haya efectuado la denuncia o el retiro.

- Para que el Presidente retire alguna reserva considerada por el Congreso al momento de aprobarlo, requerirá del pronunciamiento de este organismo dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicitó el acuerdo pertinente, si no lo hace dentro de plazo, se entenderá aprobado el retiro de la reserva.

- Deberá darse publicidad a los hechos relacionados con el tratado internacional, entre ellas la terminación y nulidad del mismo, de acuerdo con lo señalado en este nuevo art 53.

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- El Congreso queda facultado además para otorgar en el acuerdo aprobatorio, facultades para que el Presidente de la República dicte los Decretos con Fuerza de Ley, que sean necesarios para el mejor cumplimiento del tratado.

- La publicación del tratado en el diario oficial queda sujeta a la aprobación y ratificación de la contraparte

2) En cuanto al Nº 2 del artículo sustituido, hoy 52, cabe recordar que de acuerdo con la modificación de la ley 20.050, los estados de asamblea y sitio, actualmente los declara el Presidente con acuerdo del Congreso Nacional.

Normas comunes para diputados y senadores:

Reemplazo de los parlamentarios.- La carta de 1980 eliminó las elecciones complementarias para reemplazar a los parlamentarios fallecidos o inhabilitados para desempeñar su cargo como lo señalaba la Constitución de 1925, evitando las tensiones políticas que algunas veces suscitaban estas votaciones el art 47, en su inciso final señala, “en ningún caso procederán elecciones complementarias”. Estableció el siguiente sistema de reemplazo:

- En las vacantes de diputados y de senadores elegidos en votación directa, que se produzcan en cualquier tiempo, se proveerán con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del que cesó en el cargo, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Esta norma no podrá aplicarse en el caso en que hubieren sido elegidos los dos candidatos de la lista ganadora, o cuando el compañero de lista fallece o está imposibilitado de asumir

- En caso de no ser aplicable la norma anterior y faltaren más de dos años para el término del período del que ha cesado en el cargo, la vacante será proveída por la cámara que corresponda por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido a que perteneciera el que dejó la vacante; el que durará en el cargo el mismo término que le faltara al reemplazado. Los independientes no serán reemplazados a menos que hubieren postulado integrando listas en conjunto con un partido político

Sin embargo la Ley 20.050, ha establecido importantes modificaciones a esta disposición, los que quedaron plasmados en el actual art 51, inciso 3° y siguiente

“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el Partido Político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”.

“Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados”.“Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista

en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura”.

“El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo un diputado podrá ser nominado para ocupar un puesto de senador, debiendo aplicarse, en este caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía”.

El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante”.

El inciso final anterior se mantiene en su redacción original “En ningún caso procederán elecciones complementarias.

Esta modificación contribuye a radicar en la colectividad que eligió al diputado o senador que produce la vacante, la decisión sobre su reemplazo en la cámara respectiva, en este sentido mejora la disposición anterior que entregaba el cargo al compañero de lista en primer término, que generalmente no pertenecía al mismo partido del faltante y si no era aplicable esta medida y faltaban más de dos años para el término del mandato, otorgaba la resolución a la cámara respectiva por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, con lo que la decisión final permanecía ajena a la colectividad que lo había elegido, vulnerando la expresión de la soberanía popular. Por otra parte ahora, los independientes que postulan en una lista pueden designar el

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Partido que entregan la sucesión en el cargo, con lo que la decisión parece más acorde con la expresión de la voluntad de los electores.

Sin embargo, el inconveniente está en entregar a las cúpulas centrales la decisión final sobre el cargo, sin una participación clara de la ciudadanía del Distrito o Circunscripción representada.

Inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de los cargos parlamentarios.-

Inhabilidades.- Consisten en los impedimentos que afectan a ciertas personas para desempeñar el cargo de senador o diputado; ellas pueden ser absolutas o relativas.

- Los requisitos para ser elegido diputado o senador son obligatorios, por lo que de no cumplirse constituyen una causal de inhabilidad absoluta para ejercer el cargo parlamentario.

- El art 57 de la Constitución, se refiere a las inhabilidades relativas, es decir, las afectan a ciertas personas que ejercen determinados cargos o se encuentran en situaciones especiales que les impide asumir como parlamentarios:

“No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:

1.- Los Ministros de Estado,2.- Los Intendentes, gobernadores, los Alcaldes, concejales, los subsecretarios y los miembros de los Consejos Regionales. Se agregaron los Subsecretarios.3.-Los miembros del Consejo del Banco Central.4.- Los magistrados de Tribunales Superiores de Justicia, Jueces de Letras y funcionarios que ejerzan el Ministerio Público (Fiscal de la Corte Suprema y Fiscales de las Cortes de Apelaciones ) 5.- Miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales.6.- El Contralor General de la república.7.- Las personas que desempeñan cargosa directivos de naturaleza gremial o vecinal.8.- Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el estado; 9.- El Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y Adjuntos del Ministerio Público, y.10.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las de orden y seguridad Pública”.

“Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los Nº 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el Nº 9, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral”.

La disposición actual incluyó un número, estableciendo la inhabilidad correspondiente respecto de los oficiales de la Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública, con lo que se puso término a una absurda omisión del texto original.

La mención anterior es taxativa, por lo que no procede aplicar ninguna otra inhabilidad fuera de las indicadas en el art. 54. Las inhabilidades deben existir durante el año anterior a la elección respectiva, salvo el caso de los dirigentes gremiales, vecinales y respecto de los gerentes o administradores de personas jurídicas, quienes no podrán ocupar los cargos referidos al momento de inscribir sus candidaturas; la otra excepción, son los funcionarios del Ministerio Público, para quienes el plazo se extiende a dos años. Parecen excesivos los plazos exigidos por el constituyente, (el que por otra parte omitió otros cargos relevantes que no están sujetos a esta inhabilidad como es el caso de los altos mandos de la Fuerzas Armadas, lo que ha posibilitado, por ejemplo, que un ex comandante en jefe se proclame candidato a un cargo senatorial antes de una semana después de dejar el cargo). Colocamos entre paréntesis el comentario anterior a la modificación del texto.

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Cesación en los cargos parlamentarios o incapacidades sobrevinientes, art 60.-

- Cesan en el cargo los parlamentarios que cumplen el período de su mandato, cuatro años respecto de los diputados y ocho respecto de los senadores, sin perjuicio de ser reelegidos indefinidamente

- Muerte del senador o diputado- Ausentarse del país por más de treinta días, sin permiso previo de la cámara a la que

pertenezca- Aquellos parlamentarios que durante el ejercicio de sus mandatos celebren o caucionen

contratos con el estado (además del fisco, los organismos mencionados en el art 1º de la Ley 18.575, sobre bases generales de la Administración del estado)

- Actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el fisco o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo

- Pasar a ser director de Banco o de alguna sociedad Anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades

- Ejercer cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales a favor o en representación del empleador o trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellas ante cualquiera de las partes

- Actuar o intervenir en actividades estudiantiles de cualquier nivel, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento

- El que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público, o al cambio del orden jurídico institucional, por medios diferentes de los establecidos en la Constitución

- Por comprometer gravemente la Seguridad o el honor de la nación- Participar en la formación de movimientos o partidos políticos inconstitucionales

Además de cesar en el cargo parlamentario no podrán optar a ningún cargo o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los que lo hayan perdido por organizar partidos o movimientos inconstitucionales, en cuyo caso, de acuerdo con el art 19 Nº 15, la inhabilidad se extenderá a cinco años.

- La reforma de la Ley 20.050 agregó el siguiente inciso final: “Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así los califique el Tribunal Constitucional”.

Incompatibilidades: arts 58 y 59, La reforma ha establecido un nuevo inciso 1º a este artículo, sustituyendo al anterior “Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el art anterior

- Los cargos de senadores y diputados son incompatibles entre sí.- También son incompatibles con toda retribución, empleo o comisión retribuidos con fondos

del fisco de las municipalidades, entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del estado o en las que el fisco tenga participación por aportes de capital y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza.

- Son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aún cuando sean ad-honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el estado tenga participación por aporte de capital.

El diputado o senador por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Actual art 58 inciso 3º.

Las incompatibilidades rigen desde la proclamación por el Tribunal Calificador de elecciones, y se prolongará hasta seis meses después de terminado el mandato. Sin embargo estas incompatibilidades no regirán en los casos de guerra exterior.

Los privilegios e inmunidades parlamentarias. Considerando la alta función que corresponde a los parlamentarios como representantes directos del pueblo, es natural que el

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constituyente los haya rodeado de ciertos privilegios cuyo objetivo es lograr un mejor y más independiente desempeño de tales mandatarios.

- Los parlamentarios no son responsables de su actuación política sino ante sus electores, debiendo ajustarse en su desempeño a los reglamentos de la cámara respectiva.

- La inviolabilidad de sus opiniones y votos.- La Constitución de 1925 sobre esta materia señalaba en su art. 32 que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos”, No hay autoridad que pueda procesarlos, ni aun reconvenirlos en ningún tiempo por ello”. Tal disposición protegía ampliamente a los parlamentarios para que expresaran libremente sus opiniones y puntos de vista en cualquier tiempo y lugar durante el desempeño de sus cargos.

La Constitución actual regula de manera mucho más restrictiva la libertad de opinar de los diputados y senadores, al señalar el art 61 que sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o comisión”. La inviolabilidad implica exención de la responsabilidad en que incurriría un ciudadano común al expresar una opinión con lo que se afecta la igualdad ante la ley, pero se hace en beneficio de la independencia de la actuación de estos personeros.

Este privilegio no ampara los actos y opiniones vertidos en otras circunstancias diferentes a las sesiones ordinarias o especiales de sala y comisión, la redacción amplia de la carta de 1925 está más acorde con la opinión mayoritaria de la doctrina que busca facilitar el desarrollo de las funciones parlamentarias.

- Fuero. Junto con la inviolabilidad referida, el fuero es otra excepción al principio de igualdad ante la Ley, en virtud del cual los parlamentarios no pueden ser privados de libertad ni acusados sin que se realice un trámite previo para determinar su participación en los hechos que se le imputan

Los parlamentarios, diputados o senadores, no pueden ser acusados, o privados de su libertad, sin que previamente se tramite su desafuero que constituye una de las garantías más importantes del ejercicio del mandato popular, proveniente del constitucionalismo inglés.

La disposición previa a la reforma decía: “Ningún diputado o senador, desde el día de su elección, o designación o desde su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la Jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema”. Art 58 inc. 2º. Esta disposición ha sido modificada en la Ley 20050, art 61 por el siguiente texto:

“Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la Jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema” La mención al Tribunal de Alzada debe entenderse referida a la Corte de Apelaciones donde presuntamente se cometió el delito; así también, la Corte Suprema ha descartado la competencia en estas materias de la Corte Marcial, ya que en este caso la competencia se fija en atención a la calidad de parlamentario y no al carácter del delito.

La Corte Suprema en sentencia de 1999 ha señalado “el trámite del desafuero tiene por objetivo, exclusivamente, proteger a los parlamentarios contra infundadas acciones judiciales penales que pudieran intentarse en su contra, permitiéndoles así el mejor cumplimiento de sus mandatos. “

Si se declara haber lugar a la acusación por resolución firme, queda el acusado suspendido de su cargo, lo que lo inhabilita para el desempeño de sus funciones y no se le considerará en ejercicio para el efecto de los quórum legales.

Si el parlamentario es sorprendido en delito flagrante y es detenido, debe ser puesto de inmediato a disposición del Tribunal de Alzada, con la información sumaria correspondiente.

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- A los parlamentarios no le son aplicables las medidas suspensivas o restrictivas de las libertades en los casos de decretarse estados de excepción, de acuerdo con lo señalado en el art 44.

- Tiene derecho a una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado, incluidas las asignaciones que a estos corresponden, art 62.

- Además tienen otros beneficios complementarios como pasajes liberados, franqueo postal, telegráfico, pago de secretarias y oficinas, etc.

Sesiones del Congreso.- La disposición anterior a la reforma señalaba que la legislatura ordinaria se inauguraba el 21 de Mayo de cada año y se prolongaba hasta el 18 de Septiembre, en la primera sesión, el Presidente de la república rendía su informe anual a la nación. En cualquier época el Congreso se entendería convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estado de sitio hecha por el Presidente de la República

Con la reforma de la Ley 20.050, se derogó el art 51 que establecía un período ordinario de sesiones, que dejaba un extenso período de 8 meses de legislatura extraordinaria, preferentemente convocada por el Presidente de la República, en el cual, sólo se podían tratar los proyectos de Ley incluidos por el Presidente en dicha convocatoria; actualmente la Constitución, dejó en manos del legislador la instalación y el inicio del período legislativo, de acuerdo con el nuevo artículo 55 que señala :

“El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su Ley Orgánica Constitucional.

En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional.

La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el art 74.

Las cámaras para sesionar requieren de la presencia de a lo menos la tercera parte de sus miembros en ejercicio, Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento, la clausura del debate por simple mayoría. Art 56.

Para los efectos de determinar el quórum, se entiende que no están en ejercicio: Los parlamentarios que no hayan prestado juramente; los ausentes del país con permiso y los suspendidos, previo desafuero legalmente tramitado.

Materias de Ley.- La Constitución de 1980 trataba esta materia en el capítulo V arts. 63 y 64, el primero de los cuales establece de manera taxativa los aspectos que podrá abordar el legislador, siguiendo el modelo establecido en la Constitución francesa de 1958 al incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el sistema de dominio legal máximo, variando con ello lo preceptuado en la carta de 1925.

La Constitución anterior (la de 1925), en su art. 44 señalaba que “sólo en virtud de una ley se puede..., agregando quince numerales en los cuales señalaba las materias que obligatoriamente requerían de una ley para aprobarse, es decir, determinando las materias que sólo podían abordarse por el legislador, pero dejándole libertad para crear leyes sobre cualquier otro aspecto; esto permitía al congreso legislar sobre cualquier materia siempre que ella no estuviese reservada al Presidente de la República, de esta manera el parlamento cerraba o clausuraba a través de la Ley el ámbito normativo de una materia, quedando reducida la potestad reglamentaria presidencial solamente a las regulaciones relativas a la ejecución de esas leyes.

La Constitución de 1980, de esta manera, ha ampliado sustancialmente las facultades presidenciales, ya que éste a través del ejercicio de la potestad reglamentaria de carácter autónomo o ampliado, puede desarrollar cualquier materia no comprendida taxativamente entre alguno de los 20 números del art. 63.

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La pretensión de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, de establecer de manera tajante el principio francés del dominio legal máximo, se atenuó al incorporar en el proyecto definitivo el último número del art 63, ya que este no contiene un objeto o materia específico, sino que hace referencia al carácter general y obligatorio relativo a las bases esenciales de un ordenamiento jurídico, esto es, cualquier materia que el legislador estime pertinente, sin perjuicio la facultad presidencial para establecer la regulación específica de tal ordenamiento, por medio de su potestad reglamentaria.

La norma del Nº 20, así como las de los números 4 y 18, al regular sólo las bases esenciales de tales ordenamientos, introducen en nuestro sistema jurídico, las llamadas leyes de base o leyes marco, propias del constitucionalismo contemporáneo.

El art 63, señala que sólo son materias de Ley:

1.- Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales.2.- Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley.3.- Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra.4.- Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de

seguridad social.5.- Las que regulen honores públicos.6.- Las que modifiquen los emblemas nacionales.7.- Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar

empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deberá hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyos vencimiento exceda el término de duración del respectivo período presidencial.

8.- Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y municipalidades. Esta norma no se aplicará al Banco Central.

9.- Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas.

10.- Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión.

11.- Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país.12.- Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y

medidas.13.- Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de

paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él.

14.- Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

15.-Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República.16.- las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con

arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares o pensiones de gracia.

Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos que la Ley considere de conductas terroristas.

17.- Las que señalen la ciudad en la que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el tribunal Constitucional.

18.- Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública.-

19.- Las que rigen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general., y20.- Toda otra norma de carácter general y obligatorio que estatuya las bases esenciales de

un ordenamiento jurídico.

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Tipos de Ley.- La actual Constitución política ha establecido de manera expresa diferentes categorías de leyes en el art 66, mencionando la leyes interpretativas, las Orgánicas Constitucionales, las de quórum calificado y las ordinarias o comunes.

- De acuerdo con definición del profesor Alejandro Silva Bascuñan, ley interpretativa es aquella cuyo objeto explícito e intencionado es esclarecer o precisar la auténtica significación de un determinado precepto constitucional vigente que pudiera prestarse a comprensiones diversas. Al respecto, el art 66 señala que “las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán , para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio; sin perjuicio de la revisión obligatoria de constitucionalidad que corresponde verificar respecto de ellas al tribunal Constitucional, de acuerdo con el art 93 Nº 1 de la Constitución vigente. Las leyes interpretativas son las de mayor rango jurídico dentro del sistema legal y pasan a integrar la propia constitución en su sentido material. Aclarando su alcance, el Tribunal Constitucional ha fallado que: “por medio de una ley interpretativa sólo cabe proporcionar claridad o precisión a la redacción de una norma constitucional, cuando su propio texto sea susceptible de originar confusión o desentendimiento, para asegurar con esa interpretación su correcta, uniforme, armónica y general aplicación.”

- Las leyes orgánicas constitucionales fueron incorporadas en nuestro derecho constitucional, siguiendo el modelo de la Constitución francesa de 1958 y la española de 1978, tienen como objetivo regular determinadas materias que la propia constitución ha señalado taxativamente, con lo que pretende preservar el ideal de derecho contenido en la Constitución en forma más eficiente, propendiendo a proteger con mayor seguridad la institucionalidad jurídica. Al igual que las interpretativas requieren de la revisión obligatoria del Tribunal constitucional y para su aprobación, modificación o derogación, necesitan de los 4/7 de senadores y diputados en ejercicio. Jerárquicamente se ubican entre la Constitución y las leyes ordinarias.

- Las leyes de quórum calificado tratan materias a las que el constituyente atribuye especial significación, exigiendo para su aprobación, modificación o derogación, la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio.

- Por último las leyes ordinarias o comunes se aprueban modifican o derogan por la mayoría de los diputados y senadores presentes en la sesión correspondiente.

- Los Decretos con Fuerza de Ley, que constituyen leyes en su sentido material, ya que se refieren a materias de la reserva legal establecidas en el art. 60; sin embargo, en su aspecto formal no lo son, ya que se excluye el trámite de discusión en el Congreso cuando éste delega en el Presidente de la República la facultad de legislar por la vía reglamentaria. Estos decretos tienen pleno reconocimiento jurídico, pues han sido reconocido regulados por el constituyente en el actual art 61, siendo necesario que una ley habilitante o delegatoria establezca las materias que podrá abordar el Presidente de la República por esta vía y el plazo dentro del cual puede ejercer la facultad, el que de ninguna manera podrá exceder de un año, materia a la cual nos hemos referido en el curso anterior de la cátedra.

El actual art 64 ha incluido un nuevo inciso 5º, pasando los antiguos incisos quinto y sexto a ser sexto y séptimo, dicha disposición señala “ Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance”.

Proceso de formación de las leyes.- En el proceso de formación de las leyes en nuestro país participan conjuntamente el Presidente de la República y el Congreso Nacional, el primero sanciona y promulga las leyes, sin perjuicio de tener iniciativa legislativa e incluso ella es exclusiva en las principales materias de ley, además convoca preferentemente a legislatura extraordinaria, puede solicitar urgencia en los diferentes trámites del proceso legislativo y pedir delegación de facultades para dictar decretos con fuerza de ley. Al Congreso por su parte le corresponde iniciar proyectos de ley a través de las mociones de los parlamentarios y discutirlos.

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Origen e iniciativa de las leyes.- Los proyectos de ley pueden tener su origen tanto en la cámara de diputados como en el senado, excepcionalmente algunas de ellas deberán iniciar su trámite de manera exclusiva en la cámara de diputados o en el senado según veremos.

Las leyes sobre amnistía e indultos generales, sólo pueden tener origen en el senado, en tanto que, las relativas a tributos, la de presupuesto de la Administración Pública y sobre reclutamiento deben comenzar sus trámites en la cámara baja, art 65

El origen se refiere a la cámara donde tiene lugar el primer trámite en la formación de la ley. Cuando el autor es el Presidente de la República, el envío del proyecto se contiene en un oficio denominado mensaje, los parlamentarios lo hacen en un documento llamado moción.

Por otra parte, todo proyecto de ley puede iniciarse por mensaje del Presidente de la República a cualquiera de las cámaras o a la que corresponda según la materia de que se trate o por moción de algún o algunos parlamentarios, no más de cinco senadores ni más de diez diputados pueden patrocinar cada proyecto de Ley, a fin de garantizar la discusión de los mismos.

Sólo el Presidente de la República tiene iniciativa legislativa para:

1º.- Alterar la división política o administrativa del país, art. 62, inciso 3º.2º.- Proyectos de ley que se relacionen con la administración financiera o presupuestaria del Estado con el objeto de radicar sólo en el ejecutivo el manejo de las finanzas generales del estado.3.- Proyectos que modifiquen la ley de presupuesto, lo que es concordante con la facultad exclusiva de elaborar el presupuesto general de la nación.4.- Los que fijan las normas para la enajenación de los bienes del Estado y de las municipalidades así como las que regulan su arrendamiento o concesión., art 63 Nº 105.- Las que fijan las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en tiempos de paz o guerra, así como la entrada de tropas extranjeras o la salida de las nacionales al exterior.6.- Las del art 65 Nºs. 1º a 6º:

a) “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”.

b) “Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales, semi fiscales, autónomos, o de las empresas del estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones”.

c) “Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas a favor del fisco o de los organismos o entidades referidos”.

d) “Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como así mismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos, todo ello sin perjuicio de los dispuesto en los números siguientes”.

e) Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

f) Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.“El congreso nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República”.La transcripción de la parte pertinente del art 65 de nuestra Constitución, pone de manifiesto el carácter altamente centralizado y autocrático de nuestro sistema institucional al radicar en la figura presidencial las decisiones más relevantes del manejo administrativo, financiero y económico del Estado chileno.

Discusión y aprobación de las leyes.- Es la etapa de análisis de los proyectos de ley que se realiza en cada una de las cámaras legislativas y que conduce a su aprobación o rechazo.

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Los proyectos contenidos en un mensaje presidencial se presentan en cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones señaladas respecto de aquellos que sólo pueden tener como origen alguna de ellas, las mociones se presentan en la corporación a la que pertenezca o pertenezcan sus autores. Los proyectos deberán acompañarse con los antecedentes que expliquen los gastos que pudieren implicar la aplicación de sus normas, el monto de ellos y la fuente de los recursos necesarios.

El Presidente de la Corporación, deberá dar cuenta en sesión de sala de todo proyecto presentado, por medio de la oficina de partes de la cámara respectiva, pero en ningún caso podrá darse curso a materias que deban tener origen en la otra cámara de acuerdo con el art. 65 de la Constitución Política; tampoco podrán recibirse a tramitación proyectos que contengan conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional o que impliquen gastos sin contemplar las fuentes de su financiamiento.

Posteriormente el proyecto se envía a alguna de las comisiones permanentes de la cámara de origen para que sea analizado en sus aspectos generales, esto es, en cuanto a las ideas matrices o fundamentales del mismo, a menos que por acuerdo unánime de la sala se decida omitir este trámite, lo que no podrá ocurrir en los proyectos que deban ser informados por la comisión de hacienda. Por otra parte la sala puede decidir que el proyecto sea informado por dos o más comisiones unidas e incluso nombrar comisiones especiales con ese objeto.

Las comisiones reunirán los antecedentes necesarios para emitir su informe a la sala, para este efecto podrán solicitar la comparecencia de los funcionarios que puedan ilustrar el debate, hacerse asesorar por expertos, solicitar informes, oír a las instituciones o personas que estimen conveniente.

La sala discute el proyecto en sus aspectos generales y decide si aprueba o rechaza la idea de legislar sobre la materia atendidas sus ideas fundamentales o matrices.

En caso de aprobarse el proyecto en general, se envía nuevamente a la comisión para que lo estudie en lo particular, artículo por artículo formulando las indicaciones que estimen pertinentes pero que tengan que ver con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

En seguida, la sala con el informe de la o las comisiones unidas procede a discutir en particular el proyecto respectivo.

Concluido el debate se procede a votar el proyecto definitivo el que será aprobado si reúne el quórum establecido en la Constitución, para este efecto se considerarán solamente los parlamentarios que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

En la etapa de discusión debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el Presidente solicite urgencia para el despacho de un proyecto en uno o en todos sus trámites; la eventual participación de los Ministros de Estado en los debates de las cámaras, y que los conflictos o cuestiones de constitucionalidad que puedan surgir en la tramitación, deberán ser resueltos por el Tribunal Constitucional.

Si el proyecto es desechado en general en la cámara de origen, no podrá renovarse sino hasta después de un año, no obstante lo cual, el Presidente de la República en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra cámara (la revisora) y si esta lo aprueba por los 2/3 de los miembros presentes, volverá a la de origen la que para desecharlo requerirá del voto de los 2/3 de sus miembros presentes.

Una vez aprobado el proyecto en la cámara de origen, pasa a la revisora para la correspondiente discusión, art 66 inciso 2º, la que podrá aprobarlo, rechazarlo o hacerle enmiendas. Si lo aprueba en su totalidad, será remitido al Presidente de la República, a través de la cámara de origen, para su sanción o veto, art 72

Si el proyecto es desechado en su totalidad por la cámara revisora, será considerado por una comisión mixta, compuesta por igual Nº de diputados y senadores la que propondrá la forma y modo de resolver las controversias, hecho lo cual, devolverá el proyecto a la cámara de origen, la que de aprobarlo, lo reenviará a la revisora, que si también lo aprueba, lo devolverá a la de origen para que esta lo remita al Presidente de la República para su promulgación o veto.

Si la Comisión mixta no hubiere llegado a acuerdo o si la cámara de origen rechaza el proyecto de acuerdo de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá pedir que la cámara de origen se pronuncie nuevamente sobre el proyecto originalmente aprobado por ella y si la cámara de origen insiste por los 2/3 de sus miembros presentes, el proyecto original pasará por segunda vez a la cámara revisora y ésta para rechazarlo, requerirá reunir los 2/3 de los miembros presentes, en caso contrario continúa la tramitación, art 70.

Por último, la otra opción es que la cámara revisora adicione o enmiende el proyecto, en este caso, lo devolverá a la de origen y se entenderán aprobadas las modificaciones si esta las aprueba

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por la mayoría de los miembros presentes; La cámara revisora se transformará en cámara de origen, en relación a cada una de las enmiendas que acuerde introducirle al proyecto.

Si las adiciones o enmiendas fueren desechadas, las analizará una comisión mixta de manera similar a lo señalado anteriormente, en caso de que en esta comisión no se llegue a acuerdo o que su propuesta fuere desechada por alguna de las dos cámaras, el Presidente de la república podrá solicitar a la cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora, si esta rechaza las adiciones o modificaciones por los 2/3 de los miembros presentes no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero si hubiere mayoría por el rechazo, menos a los 2/3, el proyecto pasará a la revisora y se entenderá aprobado por las 2/3 partes de los miembros presentes.

Veto y promulgación de las leyes.- En el apartado correspondiente a las facultades legislativas del Presidente de la República, nos referimos a su participación en lo que dice relación con la sanción expresa, tácita u obligatoria de las leyes. al respecto, cabe recordar que de acuerdo con lo señalado en el art 73 de la Constitución, el Presidente de la República dispone de treinta días para formular observaciones al proyecto aprobado por las cámaras de origen y revisora, según el procedimiento descrito anteriormente. Anteriormente establecía que Si el congreso cerraba sus sesiones antes de cumplirse el plazo de treinta días, el Presidente podía formular las observaciones dentro de los diez primeros días de la legislatura siguiente, esto ha quedado derogado con las reformas de la Ley 20.050, ya que desaparece la división entre legislatura ordinaria y extraordinaria que contemplaba el inciso 1º del art. 72 que en su redacción actual, el art 75, establece: “ Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley”.

De cualquier manera, sólo se admitirán a tramitación las observaciones presidenciales que se refieran a las ideas fundamentales o matrices del proyecto aprobado por las cámaras, a menos que ellas hubieren estado contenidas en el mensaje presidencial.

En caso de que el Presidente vete el proyecto, lo devuelve a la cámara de origen con las observaciones convenientes; si las dos cámaras aprueban las observaciones el proyecto se devolverá al Presidente quien procederá a dictar el decreto promulgatorio correspondiente y ordenará publicarlo en el Diario Oficial.

Si las cámaras desechan todas o algunas de las observaciones, podrán insistir por los 2/3 de los miembros presentes en la totalidad o en parte del proyecto aprobado por ellas, en cuyo caso lo devolverán también al Presidente de la República para que lo promulgue y publique y en caso contrario no habrá ley.

La promulgación del proyecto deberá efectuarse siempre dentro de los 10 días contados desde que ella sea procedente.

Publicación.- Se hace mediante la inserción del proyecto en el Diario Oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que queda totalmente tramitado el decreto promulgatorio. A partir de ese momento se transforma en ley de la República y se presume de derecho su conocimiento.

Ley de presupuesto, art 67.- Debido al carácter especial de esta ley periódica y a la importancia que ella tiene en la definición de las políticas financieras del Estado, el constituyente estimó pertinente considerar de manera especial algunos aspectos relativos a la tramitación de esta ley.

En primer término cabe señalar que se considera presupuesto al conjunto o cálculo ordenado y previo de todas las entradas probables y el compuesto de todos los gastos que presumiblemente requerirá la Administración Pública durante el año fiscal respectivo, el que debe ser aprobado a través de una Ley especial, que es la expresión financiera de los planes de gobierno.

Desde luego es una ley periódica que se aprueba año a año, coincidiendo con el año calendario, es decir, rige desde el 1º de Enero y hasta el 31 de Diciembre del año respectivo.

La Constitución trata lo relativo a esta ley n el art 67 de su texto, complementado por el art 19 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuyo contenido principal se resume en los siguientes aspectos:

Es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, quien debe enviar el mensaje correspondiente a la cámara de diputados, tres meses antes de que entre en vigencia.

El congreso debe despachar la ley en el término de sesenta días contados desde su presentación, en caso de no hacerlo, regirá el proyecto presentado por el ejecutivo.

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El proyecto será informado por una comisión especial, integrada por igual Nº de senadores y diputados, formando parte de ella los miembros de las respectivas comisiones de hacienda de cada una de las cámaras y será presidida por un senador elegido por sus miembros; esta comisión debe conformarse antes del término del período ordinario de sesiones del congreso; sin perjuicio de esta comisión, sus miembros podrán decidir la formación de subcomisiones en las que no será necesario respetar la paridad entre senadores y diputados.

Durante la tramitación de esta ley, el congreso no está autorizado para aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, sólo podrá reducir los gastos a excepción de aquellos que estén establecidos en una ley permanente.

La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de Ley corresponderá exclusivamente al Presidente previo informe de los organismos técnicos respectivos.

El Congreso no podrá aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación sin que se indiquen al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para cubrirlos. Si la fuente de recursos otorgados por el Congreso es insuficiente, para financiar cualquier nuevo gasto, el Presidente al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o Institución, a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General, deberá deducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

El proyecto aprobado por el Congreso también puede ser observado por el Presidente si no está de acuerdo con sus partidas, sin embargo la parte no observada por él, regirá como Ley de presupuestos del año fiscal para el cual fue dictada, a partir del 1º de Enero del año respectivo., art 36 de la Ley 18.918, Orgánica del Congreso Nacional.

Poder Judicial (Cap. VI, arts 73 a 80 inclusive, actual arts 76 a 82)

La Constitución de 1980 introdujo varias modificaciones al capítulo correspondiente al poder judicial con relación a la carta anterior, desde luego, la Junta Militar respetó e incrementó las facultades de este poder que fue un apoyo permanente al régimen, agregando en la Ley Fundamental los siguientes aspectos:

- Se elevó a rango constitucional el concepto de jurisdicción contemplado en el art 1º del Código Orgánico de Tribunales.

- Se delegó en el legislador, a través de una Ley Orgánica la determinación de la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, la que para ser modificada debe contar con un informe previo de la Corte Suprema, art 74, inciso 2º, hoy art 77 “La ley Orgánica Constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.”

- Se ha modificado la integración de la Corte Suprema de Justicia, ampliándose el Nº de Ministros, actualmente son 21, de los cuales cinco son ajenos al poder judicial y se proveen mediante concurso público de antecedentes. A los miembros del poder judicial se les exige que figuren en lista de mérito para integrar las quinas correspondientes.

- Se elevó a rango constitucional el imperio de los Tribunales de Justicia, para hacer cumplir lo resuelto, art 76, inciso 3º , actual art 76 “Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el poder judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren”.

- Se establece como causal de cesación en el cargo de Juez el cumplir 75 años de edad.- (disposición derogada en la Ley 20050) Se faculta a la Corte Suprema para declarar de

oficio la inaplicabilidad de una norma constitucional cuando esté conociendo de algún asunto, zanjando la discusión doctrinal al respecto; también podrá durante la tramitación de un recurso de inaplicabilidad, decretar la suspensión del procedimiento en cualquier gestión que esté pendiente; y por último, en relación con el mismo recurso se cambió la expresión “juicio pendiente”, por la de “gestión pendiente “, que es más amplia. Actualmente el art 93, señala, son atribuciones del Tribunal Constitucional: Nº 6º “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un Tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.

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7º “Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior.” Con esta modificación se ha seguido la buena doctrina, en orden a establecer un solo tribunal superior encargado de supervisar la constitucionalidad de las leyes.

Bases constitucionales de la organización judicial.- Básicamente son los principios de: jurisdicción, independencia, inexcusabilidad, legalidad, generación del poder judicial, inamovilidad e imperio.

La jurisdicción.- Está contenida en el inciso 1º del art 73, hoy art 76 con el que comienza el capítulo VI, señalando que: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley...”, estos señalamientos están reproducidos en el art 1º del Código Orgánico de Tribunales.

El concepto de jurisdicción etimológicamente quiere decir, declarar el derecho, siendo este uno de los aspectos más debatidos del derecho procesal, analizándose desde un ámbito territorial determinado y como s0inónimo de competencia, se le considera como poder o función del Estado moderno.

El profesor Francisco Hoyos, en su obra “Temas fundamentales del Derecho Procesal”, la define como: “Un poder deber del Estado, que ejercido con sujeción a las formas del debido proceso de derecho tiene por objeto resolver litigios, con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución”.

Los tribunales conocen de los asuntos contenciosos, es decir, cuando hay contienda entre las partes acerca de la interpretación del derecho y de los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuando se pide al tribunal que declare un derecho. Los asuntos contenciosos pueden ser civiles, si se refieren a asuntos de interés de las partes o criminales si son causas penales, derivadas de hechos delictivos.

El ordenamiento jurídico nacional, reserva a los tribunales de justicia la potestad destinada a resolver los litigios que pudieren producirse entre partes. Los tribunales deben administrar justicia, aplicando los preceptos establecidos por el legislador o cuando éste no lo ha hecho, aplica la jurisprudencia o los principios generales del derecho o la equidad natural.

Los jueces escuchan a las partes y reciben sus pruebas para acreditar los hechos controvertidos, después juzgan y resuelven y finalmente, en caso necesario, recurren a la fuerza pública para hacer cumplir sus fallos.

Inexcusabilidad.- Forma parte del interés social que las controversias acerca de la interpretación del derecho no permanezcan indefinidamente sin solución, por tal motivo se asigna al poder judicial la misión de conocer y juzgar dichas contiendas, sin que esta autoridad pueda desligarse del conocimiento y solución de los conflictos, aún cuando el legislador no haya resuelto el problema específico que se le plantea. , art. 73, inc. 2º , hoy art. 76 “ Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión”

Independencia del poder judicial.- Es un elemento esencial de todo estado de derecho que los tribunales de justicia sean independientes de los otros poderes; al respecto, la segunda parte del inciso primero del art 73, hoy 76 señala “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”; esta disposición corrobora los que ya el constituyente había estatuido en el inciso 2º del art. 7º, en las bases de la institucionalidad, al señalar: “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

El principio de independencia de poderes también rige respecto del poder judicial, prohibiéndole entrometerse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general, ejercer otras funciones que las determinadas a su respecto, así lo corrobora el art 4º del Código Orgánico de

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Tribunales, , agregando el art 12 de ese cuerpo legal, que el Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por último, el art 222 del Código Penal castiga a todo empleado del orden administrativo que se arrogase atribuciones judiciales o impidiese la ejecución de una resolución dictada por el tribunal competente.

Imperio de los tribunales de Justicia.- Es la facultad que tienen los tribunales de justicia para hacer cumplir sus resoluciones y practicar los actos de instrucción que decreten, al respecto, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren, y la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámites el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento y oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

Si los Tribunales dependieran de otro organismo para hacer ejecutar lo resuelto, perderían independencia y eficacia, resultado vanos sus fallos en tal circunstancia. El Código Orgánico de Tribunales ratifica tal facultad, estableciendo que la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los Tribunales que establece la ley. También tienen imperio los tribunales especiales que integran el poder judicial, en tanto que los restantes, lo deberán hacer en la forma que la ley determine. La expresión fuerza pública, se aplica solamente a Carabineros de Chile y a la Policía de investigaciones.

Legalidad.- El art 19 Nº 3 señala que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino que debe serlo por un Tribunal establecido previamente por ley. El art 77, hoy señala que una Ley Orgánica Constitucional determinará la organización y atribuciones para una pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la república, esta determinará las calidades que deberán tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogados las personas que fueren nombradas ministros de corte o jueces letrados.

La Ley Orgánica del poder judicial no podrá ser modificada sin oír previamente a la Corte Suprema, para este efecto ella deberá hacerlo dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se le solicite tal pronunciamiento, en caso de que el Presidente hubiere solicitado urgencia para su despacho, se le comunicará esta circunstancia a la Corte y ésta deberá evacuar la consulta dentro del plazo establecido para la urgencia solicitada. En caso de no emitir la opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite sin el informe correspondiente.

Por otra parte, debe recordarse que de acuerdo con el art. 19 Nº 3º, toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, pesando sobre el legislador la obligación de establecer siempre las garantías de un debido proceso, al igual que toda investigación que se emprenda sobre algún imputado. Los Jueces tanto en la tramitación de los juicios como en el pronunciamiento de los fallos, deberán respetar los principios del debido proceso.

Generación de los jueces.- Respecto de esta materia hemos visto que en el derecho comparado existen diferentes mecanismos para nombrar a los integrantes del poder judicial, así en algunos casos como en Suiza o algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica, ello se verifica directamente por los ciudadanos en elecciones populares, teniendo como fundamento la representación de la sociedad que jueces e investigadores representan; en otros casos opera la cooptación, siendo los propios tribunales los que proponen y designan a sus integrantes; en otros países los elige el poder legislativo o el ejecutivo; aunque en la mayoría de los estados modernos, como en nuestro derecho opera un sistema mixto que implica la intervención de los tres poderes clásicos, al menos en la designación de los integrantes de la Corte Suprema.

La Constitución de 1980, mantuvo en esencia el sistema de generación del poder judicial establecido en la Constitución de 1925, en virtud del cual, en la designación de los jueces participan el propio poder judicial que propone quinas o ternas y el ejecutivo que los nombra a través del Presidente de la república y en los casos de la Corte Suprema con acuerdo del senado adoptado por los 2/3 de los miembros en ejercicio.

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Nombramiento de Ministros y fiscales de la Corte Suprema.- La Corte Suprema en la actualidad está constituida por 21 miembros, uno de ellos la preside, siendo elegido cada tres años de entre sus integrantes, tiene su sede en la capital de la República, de acuerdo con los arts. 93 y 94 del Código Orgánico de Tribunales.

Cinco de sus integrantes deben ser abogados externos al poder judicial, los que accederán al cargo mediante concurso público de antecedente.

Requisitos de los abogados externos para ser designados Ministros de la Corte Suprema:

- 15 años de antigüedad en el título.- Haberse destacado en la actividad profesional o universitaria.- Cumplir los demás requisitos que señale la Ley Orgánica respectiva.

Los Ministros y Fiscales judiciales son nombrados por el Presidente de la República de una nómina de cinco personas propuestas por la misma Corte Suprema, compuesta exclusivamente y deberá figurar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos; los otros cuatro lugares se llenarán de acuerdo con los méritos de los candidatos, art 75, inciso 3º, hoy art 78.

Nombramiento de Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones.- El Nº de Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones varían según el rango de ellas, las de Santiago tienen 25 Ministros y 6 fiscales, la de Valparaíso 13 Ministros y 3 fiscales, la de Concepción y San Miguel, 10 y 2 y 3 fiscales respectivamente, la de Antofagasta 7 ministros y 2 fiscales, funcionando en dos salas.

Los Ministros y fiscales de estas Cortes, los designa el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte Suprema; en la terna debe figurar el Juez Letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte de Apelaciones que figure en lis de méritos y exprese interés en el cargo, los otros se llenan en atención a los méritos de los candidatos, art 75 , hoy 78 de la Constitución Política, en relación con el art 284 del Código Orgánico de Tribunales.

Los nombramientos de Jueces Letrados y demás miembros del Poder Judicial, art 75., hoy 78, Los nombra el Presidente de la República a propuesta en una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva; el Juez en lo civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de méritos y que exprese interés en el cargo debe ocupar un lugar en la terna, los otros dos se llenan en atención al mérito de los candidatos.

Los otros funcionarios judiciales se nombran según las normas del artículo 285 del Código Orgánico de Tribunales.

Las quinas que forma la Corte Suprema y las ternas de ella y de las Cortes de Apelaciones, se confeccionarán en un pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada integrante tendrá derecho a votar por tres o dos personas respectivamente, resultando elegidos aquellos que obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según el caso, de haber empates, la designación se resolverá por sorteo.

Designación de Ministros de Corte y jueces suplentes.- Los Ministros de Corte Suplentes los designa la Corte Suprema y a los jueces, la Corte de Apelaciones respectiva, estas suplencias no pueden durar más de 60 días y no serán prorrogables, art 75.

Respecto de los traslados, el art 77 inciso final señala, hoy art 80 “La Corte Suprema en pleno especialmente convocado al efecto y por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá ordenar, fundadamente el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del poder judicial a otro cargo de igual categoría”

Inamovilidad de los jueces. Los jueces no pueden ser removidos de sus cargos mientras observen el buen comportamiento exigido por la Constitución y las leyes es un derecho que les asiste de no ser separados, destituidos suspendidos o trasladad en el ejercicio de sus funciones, sino

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en virtud de causa legalmente sentenciada, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley y luego que se demuestre la falta de buen comportamiento.

El que falla con arreglo a derecho tiene la garantía de que no será removido de su cargo durante su buen comportamiento; “ pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes”, , inciso 1º, parte final, se refería a los jueces de Distrito y Subdelegación los que duraban dos años en sus funciones, pero que hoy han desaparecido.

Causales de cesación en los cargos de jueces:

- Al cumplir 75 años de edad, disposición que no afectó a los que estuvieren desempeñando funciones en 1981, fecha de entrada en vigencia de la Constitución.

- Por renuncia al cargo.- Por incapacidad legal sobreviniente, es decir, cuando después de nombrado el Juez deja de

tener aptitud física, psíquica o moral para ejercer el cargo., arts 256 y 332 del Código Orgánico de Tribunales.

- Ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada, es decir, cuando cometan delitos comunes, ministeriales o funcionarios, o lo afecta una inhabilidad sobreviviente.

- Cuando la Corte Suprema declare su remoción a petición del Presidente de la república, de particulares o de oficio, en los casos que no hayan tenido buen comportamiento, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, art 77 de la Constitución Política, inciso 3º, hoy art 80.

Prerrogativas.- Los jueces letrados, los fiscales y los miembros de los Tribunales Superiores

de Justicia, no podrán ser aprehendidos sin orden de Tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del Tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley, art 78, hoy art 81.

Responsabilidad de los jueces.- Ella puede derivar de los actos que realicen como particulares o por sus acciones funcionarias. El Juez que incurra en delitos comunes, sancionados por la Ley Penal, responde como cualquier otra persona, con la diferencia de que se le confiere un fuero especial por lo que debe ser juzgado por un Tribunal de mayor jerarquía, al igual que si es demandado en una acción civil, el que se determina de acuerdo con el rango del inculpado .

La Constitución Política se refiere a la responsabilidad funcionaria en su art 79, señalando que, los jueces son personalmente responsables: a) por delito de cohecho, b) falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, c) denegación y torcida administración de justicia y d) en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Por cohecho se entiende recibir dádiva o promesa para que, contra justicia o derecho se haga o se deje de hacer lo que interesa al cohechador; prevaricar es faltar dolosa o culpablemente a los deberes que impone el ejercicio de un cargo o profesión, en consecuencia, se requiere que actúe a sabiendas, maliciosamente o con negligencia e ignorancia inexcusables. Cabe señalar además, que la carta de 1980 agregó el concepto de denegación y torcida administración de justicia que no consideraba la Constitución de 1925.

Los delitos de los jueces se persiguen por medio de una acción denominada querella de capítulos, que es una especie de antejuicio, que tiene por objeto determinar si la acción en contra del juez es o no admisible.

Declarada su admisibilidad por el Tribunal superior correspondiente, el Juez queda suspendido de su cargo y continúa el juicio en la forma ordinaria, en caso de dictarse sentencia condenatoria el magistrado queda definitivamente separado de su cargo.

El inciso segundo del art. 324 del Código Orgánico de Tribunales señala que no será aplicable a los Ministros de la Corte Suprema, lo relativo a la falta de observancia de las leyes que regulan el procedimiento, ni en cuanto a la denegación ni a la torcida administración de justicia.

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La querella de capítulos es la acción o medio que la ley otorga a las partes para hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces y otros funcionarios judiciales por actos ejecutados en el ministerio de sus funciones que importen una infracción penada por la ley, la acción puede ser deducida por el Ministerio Público o por un individuo particular, de acuerdo con el 623 del Código de Procedimiento Penal, aún vigente en algunas regiones del país; sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal, la contempla en los arts 424 y siguientes, estableciendo que cuando el fiscal estimare procedente formular acusación por crimen o simple delito en contra de un Juez, un fiscal judicial o un fiscal del ministerio público, remitirá los antecedentes ante la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que si hallare mérito, declare admisibles los capítulos de la acusación, igual declaración previa será necesaria para que el fiscal investigador solicite la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar en contra de los imputados referidos al Juez de Garantía que corresponda, de acuerdo con el art 425 Código Procesal Penal.

En los casos de delitos de acción privada, el querellante particular, también deberá recurrir ante la Corte de Apelaciones que corresponda solicitando que declare admisibles los capítulos de la acusación, antes de que sea presentada ante el Juez de Garantía.

En caso de que un Juez, Fiscal Judicial o del Ministerio Público, fuera sorprendido en delito flagrante, deberá ser puesto de inmediato ante la Corte de Apelaciones respectiva por el fiscal investigador, remitiendo la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren conducentes para resolver el asunto.

La resolución que se pronuncie, por la Corte de Apelaciones respectiva, sobre la querella de capítulos, será apelable para ante la Corte Suprema y una vez que quede firme la que declara admisible alguno de los capítulos de la acusación, el funcionario capitulado quedará suspendido del ejercicio de sus funciones y el procedimiento penal continuará de acuerdo con las reglas generales; en el caso de que declare inadmisibles todos los capítulos de la acusación, tal resolución producirá los efectos de sobreseimiento definitivo respecto del capitulado y en caso de delito de acción privada, el Juez de Garantía no admitirá a tramitación la querella y archivará los antecedentes.

Por último, de acuerdo con lo analizado en el capítulo anterior, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones) , pueden ser acusados por notable abandono de deberes de acuerdo con lo estatuido en el art 48 Nº 2º, letra c y art 49 Nº 1º, de la Constitución vigente, hoy, arts 52 y 53 respectivamente.

Otros principios relativos al poder judicial, no contemplados en la Constitución Política:

- El de la publicidad de los actos judiciales, salvo las excepciones señaladas en la Ley.- Gratuidad, los Tribunales no reciben remuneraciones de las partes, ya que son remunerados

por el Estado. - Pasividad, no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, art 10 inc. 1º del Código

Orgánico de Tribunales, salvo las excepciones legales.- Territorialidad, ya que sólo pueden actuar dentro del territorio que la ley les determina, art

7º del C.O.T.- Inavocabilidad, ya que ningún Tribunal puede avocarse el conocimiento de causa o negocio

pendiente ante otro Tribunal, a menos que la ley, le confiera expresamente esa facultad, art 8º del C.O. T.

Ley Orgánica Constitucional de los Tribunales.- Una Ley Orgánica Constitucional determina la organización y atribuciones de los Tribunales, por tal motivo requiere de la 4/5 partes de diputados y senadores en ejercicio y antes de su promulgación debe ser enviada al Tribunal Constitucional para que practique el control preventivo de constitucionalidad, art 63 In 1º y 82 Nº 1º, hoy arts 66 y 93, respectivamente; además se debe oír previamente a la Corte Suprema en informe no vinculante. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la materia, dentro del plazo de 30 días, desde la recepción del oficio en que se le solicita la información pertinente.

La disposición 5ª transitoria, hoy 4ª, de la Constitución de 1980, señala que las leyes Orgánicas Constitucionales y las de quórum calificado que estuvieren en vigor a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución, seguirán vigentes si no son contrarias a ella, mientras no se dicten

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los correspondientes cuerpos legales; por lo que se estima que el Código Orgánico de Tribunales continuó su vigencia.

La Ley Orgánica Constitucional de los Tribunales deberá señalar las calidades que deban tener los jueces y el Nº de años que deban de haber ejercido la profesión de abogado las personas que fuesen nombradas Ministros de Corte o Jueces Letrados, art 74 inc. 1º. El Código Orgánico de Tribunales lo señala en sus arts. 250 y siguientes.

Superintendencia de la Corte Suprema.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la nación, excepto del Tribunal Calificador de Elecciones, de los Tribunales Electorales Regionales, del Tribunal Constitucional y de los Tribunales Militares en tiempo de guerra., art 79 inc.1º, hoy art 82. Estos últimos tribunales (los Militares en tiempo de guerra), han sido excluidos de la excepción y por lo tanto, se restablece el control que sobre ellos cabe a la Corte Suprema, como corresponde a todo estado de derecho; de tal manera que, la excepción sólo beneficia actualmente y en razón de su autonomía funcional a los que dicen relación con los procesos electorales, además del Tribunal Constitucional como órgano superior y garante del principio de supremacía Constitucional.

La función directiva se expresa en la formación de quinas y ternas para proveer cargos judiciales, al declarar el mal comportamiento de los jueces, al acordar sus remociones, al calificar al personal sujeto a su jurisdicción disciplinaria.

La superintendencia económica atiende a las medidas que puede adoptar la Corte Suprema para lograr una más pronta administración de justicia y al dictar auto acordados.

Contiendas de competencia.- (Facultad transferida por la reforma al Tribunal Constitucional, actual art 82 Nº 12º) La Corte Suprema conocerá de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas y administrativas y los Tribunales de Justicia siempre que no correspondan al Senado, art 79 inciso 2º. Las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales de igual o distinta jerarquía, se resuelven de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales. (inciso derogado)

Asuntos contencioso administrativos.- En doctrina se discute la competencia en esta materia, en el derecho anglo-sajón, el conocimiento de estos asuntos corresponde a los tribunales de Justicia, sin embargo la doctrina francesa promueve la existencia de una judicatura especial para resolver estos conflictos.

En Chile, la Constitución de 1925 estableció los Tribunales Administrativos; pero nunca se creó la ley reglamentaria correspondiente por lo que jamás entraron en funciones. El texto original de la Constitución de 1980 consideraba un ámbito contencioso administrativo, el que fue posteriormente eliminado en la redacción final del art 79 quedando estos aspectos dentro de la competencia de los tribunales ordinarios de justicia, que en consecuencia se pronuncian sobre los siguientes aspectos:

- Las violaciones a los derechos subjetivos de los particulares por parte de la administración, determinando la responsabilidad contractual o extra contractual del estado.

- La actuación de los órganos administrativos cuando lo hacen al margen de la Constitución o la ley

- Revisando la potestad sancionatoria de la administración cuando se ejercen los recursos correspondientes

Sin perjuicio de lo anterior, se tramita actualmente en el Congreso Nacional, un proyecto que establece la judicatura administrativa.

Control de la Constitucionalidad de las leyes (control represivo).- (este control ha sido traspasado totalmente al Tribunal Constitucional) Este aspecto está relacionado con la supremacía constitucional, es decir la condición de la Constitución Política de ser la norma

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fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, carácter que es protegido a través de un control preventivo ejercido por el Tribunal Constitucional y el control represivo o a posteriori que compete preferentemente a la Corte Suprema de Justicia.

La Constitución de 1925 es la primera que establece este control en el art 86, inciso segundo de aquel texto, que señalaba, “ La Corte Suprema en los casos particulares de que conozca o que le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro Tribunal, podrá declara inaplicable, para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constitución, este recurso podrá deducirse en cualquier estado del juicio, sin que se suspenda su tramitación”. La Constitución actual sustituyó la expresión juicio pendiente por la de gestión pendiente, y agregó la posibilidad expresa de suspender la tramitación de la gestión.

En efecto, la carta actual trata la materia en el art. 80 que señala: “ La Corte Suprema , de oficio o a petición de parte, en las materias de que conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro Tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento”. (artículo derogado)

Siguiendo a Emilio Pfeffer, lo podemos definir como “ Un recurso que tiene por objeto obtener que la Corte Suprema, en el ejercicio de sus facultades conservadoras que le otorga la Constitución Política del Estado, declare que un precepto legal determinado no debe ser aplicado en un caso específico por ser contrario a la carta fundamental”.

El recurso está reglamentado jurídicamente en el mencionado art 80 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Corte Suprema de 1932, que detalla su procedimiento, señalando que una vez presentada una solicitud de inaplicabilidad, se conferirá traslado común de seis días, más la tabla de emplazamiento a las demás partes en el pleito, transcurrido el cual, con o sin la respuesta de los interesados, se pasarán los antecdentes al Fiscal para que dictamine, evacuado este trámite se pondrá la causa en trámite para su vista y fallo como los otros asunto de que conoce el tribunal Pleno. Completa lo anterior el art 96.Nº 1 del Código Orgánico de Tribunales que establece que esta materia será de conocimiento del Tribunal Pleno

Características:

- Es un recurso extraordinario y sui generis, porque sólo procede en los casos y con los requisitos que señala la Constitución Política para declarar inaplicables preceptos legales inconstitucionales sin afectar a resoluciones judiciales.

- Es especialísimo y de derecho estricto, pues no está contemplado ni nombrado en las leyes procesales comunes.

- Se puede interponer directamente ante la Corte Suprema, o por la vía incidental.- La Corte Suprema tiene competencia limitada, ya que sólo debe limitarse a declarar si el

precepto impugnado es o no inconstitucional y si lo es disponer su inaplicabilidad para ese caso.

- No tiene plazo de interposición, en cualquier tiempo, mientras la gestión esté pendiente..- Constituye un procedimiento separado e independiente de la gestión en que incide.- Está establecido en el interés personal de la parte agraviada, la que puede renunciar a él.- Puede suspender la tramitación del proceso.

Requisitos para la interposición del recurso:

- Que exista un precepto legal vinculado a una gestión que deba ser aplicado a un caso determinado.

- Que dicho precepto legal sea claro y manifiestamente contrario a la Constitución.- Que el precepto legal contrario a la Constitución se pretenda aplicar en una gestión

pendiente ante otro Tribunal.- Que el recurso se funde en un vicio de fondo.- Precepto legal y disposición constitucional vigente.- Que no se haya discutido el mismo vicio ante el Tribunal Constitucional.

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- Que la aplicación del precepto cause agravio al recurrente.

Por precepto legal se entiende a un mandato del ordenamiento común de carácter general, abstracto y obligatorio, es decir toda norma que tenga jerarquía de ley, que constituya una disposición legal en su sentido material. Por lo tanto, involucra a los Decretos con Fuerza de Ley, a los Decretos Leyes y los Tratados Internacionales además de las leyes mencionadas en el art 63 de la Constitución Política.

La contradicción debe darse entre el precepto y el texto constitucional. La constitucionalidad es la conformidad que debe existir entre las leyes y la Constitución Política en cuanto a la no transgresión por aquéllas de las normas sustantivas y adjetivas que ésta establece. No debe vulnerarse la Constitución ni en la letra ni en su espíritu.

Por gestión debe entenderse cualquier actividad jurisdiccional, sea voluntaria o contenciosa, civil, criminal o laboral; sin embargo se estima improcedente respecto a procesos administrativos que no sean de competencia de algún órgano jurisdiccional sometido a la superintendencia de la Corte Suprema. Que esté pendiente quiere decir que no se haya resuelto por resolución firme ejecutoriada

Respecto de la inconstitucionalidad de fondo no hay discusión, sin embargo respecto de la de forma sólo es aceptada por parte de la doctrina en virtud del principio de separación de funciones, otros la aceptan en ambos casos , pues el constituyente no distinguió entre una u otra.

Inicialmente la Corte Suprema resolvió que las leyes anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución contrarias a ella debían entenderse tácitamente derogadas, correspondiendo su declaración al Tribunal de primera instancia y no a la Corte Suprema a través de este recurso; sin embargo, fallos posteriores a 1990, han sostenido la competencia de la Corte Suprema respecto de normas opuestas a la Constitución dictadas con anterioridad a su vigencia, ya que si lo pueden hacer los Tribunales de menor rango, con mayor razón esta lo puede realizar, por cuanto la Constitución le otorga amplia facultad para declarar inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constitución que se siga ante otro Tribunal, sin distingo alguno.

De acuerdo con el art 83 de la Constitución, “ resuelto por el Tribunal Constitucional que un precepto legal determinado es conforme a la Constitución, La Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fuera materia de la sentencia”.

Formas de conocer del recurso:La Corte Suprema lo puede hacer de oficio sobra las materias de que está conociendo.A petición de parte cuando el asunto ya está sometido a su conocimiento.Y cuando se solicita, interponiendo el el recurso para que se deje de aplicar un precepto legal

en cualquier gestión que se siga ante otro Tribunal.

En cuanto a la naturaleza del recurso, se discute acerca de si es tal o sólo una excepción de inconstitucionalidad, ya que quien lo ejerce trata de defenderse de la aplicación de un precepto legal que estima inconstitucional; recordando que los recursos procesales tratan de invalidar, modificar o enmendar resoluciones judiciales agraviantes para las partes..

Efecto del recurso, sólo produce efectos entre las partes involucradas y respecto del caso planteado, no produce efectos erga homnes, aunque existen proyectos de reforma constitucional para derogar los preceptos declarados inconstitucionales por más de tres ocasiones consecutivas.

Ministerio Público (Capítulo Arts. 83 a 91)

El sistema procesal penal chileno inicia un proceso de modernización, a través de las modificaciones introducidas a la Constitución de 1980, por medio de la Ley 19.519, de 16 de Septiembre de 1997, que creó el Ministerio Público, para cuyo efecto se agrega un capítulo VI A que contiene 9 artículos numerados como Nº 80 de la letra A a la I, además de las disposiciones trigésima sexta y trigésima séptima transitorias. Posteriormente en 1999 se dictó la Ley Orgánica

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Constitucional Nº 19.640, del 15 de Octubre de ese año, que regula su organización y funcionamiento.

Sin embargo, las nuevas reformas constitucionales contenidas en la Ley 20.050 y su texto refundido de 17 de Septiembre de 2005, ha considerado la creación de un nuevo capítulo en la Constitución, el Nº VII, que se refiere a esta institución, cambiando además la numeración de los artículos correspondientes.

En consecuencia, El Ministerio Público, es un organismo constitucional de carácter autónomo, jerarquizado que se inserta dentro del sistema de distribución de competencias al interior del Estado, sujeto a los principios de juridicidad y responsabilidad. Es una Institución que no depende directamente de ninguno de los poderes del Estado, tiene potestad para dirigirse a sí mismo dentro de los lineamientos constitucionales y de su Ley Orgánica, así como de las instrucciones que dicte el Fiscal Nacional; sin embargo, no podrá ejercer en ningún caso funciones jurisdiccionales.

Definición.- Es un órgano autónomo y jerarquizado al que corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, así como aquellos que determinen la participación punible del imputado y los que acrediten su inocencia, ejerciendo la acción penal pública cuando corresponda conforme a la Ley; de igual manera deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y a los testigos.

Principios jurídicos que informan la actuación del Ministerio Público.

1.- Principio de la objetividad.- En toda investigación deberán considerarse no sólo los hechos y circunstancias que configuren el delito o agraven la responsabilidad del imputado, sino también las que le eximan de ella, la extingan o atenúen.

2.- Principio de oportunidad.- Los fiscales podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo (61 a 540 días), o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

3.- Principio de legalidad.- Como todo órgano del Estado, sus actuaciones se encuentran regidas por el principio de legalidad, que exige una habilitación legal previa y expresa para la realización de sus cometidos. De esta manera, cuando los fiscales tuvieren conocimiento de la existencia de una hecho que revista caracteres de delito, deberán, con el auxilio de la policía, promover o proseguir la persecución penal pública, sin que puedan suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos por la ley.

4.- Principio de la responsabilidad.- Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados con ocasión del ejercicio de sus funciones. En todo caso, el Estado, será responsable por las conductas injustificadamente erróneas del Ministerio Público.

Funciones.- Se desprenden de lo señalado en el art 80 A de la Constitución Política y del art 1º de la Ley 19.640, hoy art 83.

1.- Dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito.2.- Investigar los hechos que acreditan la responsabilidad y la inocencia de los imputados.3.- Ejercer las acciones penales públicas que correspondan, en la forma prevista por la Ley,

sin perjuicio de las facultades del ofendido.4.- Adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y a los testigos de delitos.5.- Impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación;

pero en caso de que ellas impliquen una privación, restricción o perturbación de los derechos Constitucionales de los imputados o de terceros, se deberá previamente obtener la autorización judicial previa, otorgada por el Juez de Garantía.

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La Fuerza Pública en el cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio Público, deberá hacerlo sin más trámite y sin poder calificar el fundamento, oportunidad, justicia o legalidad del mandato, salvo el requerir la autorización judicial previa en los casos procedentes.

Estructura orgánica y niveles jerárquicos de Ministerio Público.- Están establecidos en la Ley Orgánica 19.640, ubicándose en la cúspide del organismo la figura del Fiscal Nacional, seguido de los fiscales regionales y un Consejo General, asesor y colaborador del Fiscal Nacional.

Fiscal Nacional.- Este funcionario es el jefe superior del Ministerio Público y responsable del funcionamiento del organismo, con sede en la ciudad de Santiago. Es designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina por la Corte Suprema y con acuerdo del senado adoptado en sesión especialmente convocada para el efecto y por os 2/3 de sus miembros en ejercicio. En caso de ser desechada la propuesta presidencial, la quina deberá ser completada con otro nombre y repetir el procedimiento.

Requisitos para ser designado fiscal nacional:

- Tener a lo menos 10 años de antigüedad en el título de abogado.- Tener cumplido 40 años de edad.- Poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

- No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la Ley.

El fiscal nacional durará 10 años, la Ley 20.050 ha reducido el mandato a 8 años en el cargo y no podrá ser designado para el período siguiente, gozará de inamovilidad y sólo podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la cámara de diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y la remoción deberá ser acordada con el voto conforme de los 4/7 de sus miembros, se cambió este porcentaje por el simple mayoría de sus miembros en ejercicio y se establece como causal de cesación el cumplir 75 años de edad. ( art 80 G ), actualmente art 89, inciso 1º

Funciones del Fiscal Nacional, están señaladas en el art 17 del Código Procesal Penal, entre otras:

- Formular anualmente la propuesta de criterios de persecución penal.- Controlar la marcha de los asuntos entregados a los fiscales regionales.- Proponer las políticas necesarias para mejorar el sistema penal.- Asumir personalmente la conducción de asuntos de especial relevancia.

Los fiscales regionales.- A estos corresponden el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en la región o extensión geográfica de la región que corresponda a la fiscalía regional a su cargo, por sí o por medio de los fiscales adjuntos que se encuentren bajo su dependencia. De aquí se desprende que habrá uno por cada región, excepto en aquellas que por el número de habitantes o que por su extensión, requieran más de uno.

Nombramiento.- Son designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva; en caso de existir más de una corte, la terna será elaborada por un pleno conjunto de todas ellas, en sesión especialmente convocada para el efecto por el presidente de la de más antigua creación, actual art 86.

Requisitos para ser nombrado fiscal regional, se hará mediante concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas del art. 29 de la Ley Orgánica, se requiere en general:

- Tener a lo menos 5 años de antigüedad en el título de abogado.- Tener 30 cumplidos.- Las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

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- No encontrarse afecto a algunas de las incapacidades o incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica respectiva.

Los fiscales regionales, durarán 10 años en sus funciones, actualmente reducidos a 8 años en la reforma y no podrán volver a ser designados en las mismas funciones, para el período siguiente, sin perjuicio de poder ser nombrados en otros cargos del Ministerio Público, actual art 86.

Las quinas y ternas para ocupar los cargos previstos en el Ministerio Público, se formarán en una misma votación, previo llamado a concurso público de antecedentes, en pleno especialmente convocado para el efecto, no pudiendo integrar dichas quinas ni ternas, los miembros activos del poder judicial. Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la que cada integrante votará por 3 o 2 nombres, según el caso, quedando conformadas por las cinco o tres primeras mayorías. Esto naturalmente con el propósito de transparentar los nombramientos, actual art 87, inciso 2º.

Fiscales adjuntos.- Son designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del Fiscal Regional, previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con lo dispuesto en el art 80 F, actualmente, art 88.

Requisitos para su nombramiento:

- Título de abogado.- Calidad necesaria para ser ciudadano con derecho a sufragio, art 80 F, hoy, art .88.

El Consejo General, está integrado por el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, entre cuyas funciones está la de dar a conocer su opinión respecto de los criterios de acción del Ministerio Público, a solicitud del Fiscal Nacional; oír las opiniones sobre el funcionamiento del servicio que formulen sus integrantes; asesorar al Fiscal Nacional cuando lo solicite. Arts 24, 25 y 26 del Código Procesal Penal.

La superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público corresponderá al Fiscal Nacional, art 80 I de la Constitución Política, actual art. 91.

La Defensoría Penal Pública

Es un organismo que el constituyente creó con la intención de dar vida a lo dispuesto en el art 19, Nº 3 de la Constitución Política, en orden a garantizar el derecho de todas las personas a una defensa jurídica, otorgando asesoramiento y defensa técnica adecuada a quienes no pueden procurársela por sí mismos. También con su funcionamiento se da satisfacción a diferentes pactos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos Humanos ratificados por el país y que se encuentran vigentes, como son El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, cuyo art 8º, Nº 2 , letra e), establece, el “ Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por así mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la Ley “.

Esta Institución es un servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia., creado por la Ley 19.718, el 10 de Marzo de 2001.

La creación de este servicio vino a satisfacer la necesidad de establecer un sistema de defensa organizado nacionalmente, con recursos suficientes y con los abogados capacitados para hacer frente a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.

El objetivo de la Defensoría Penal Pública es proporcionar un defensor a toda persona que carezca de abogado en el nuevo sistema procesal penal, cuando se le imputa la comisión de un

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crimen o simple delito o de una falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un Tribunal de juicio oral en lo penal y de las Cortes respectivas en su caso. La defensa siempre estará a cargo de un abogado titulado.

La ley asegura una buena calidad en la defensa que se preste ante el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y eventualmente ante la Policía, cuando corresponda.

El imputado en conformidad a la Ley, tiene derecho a:

1.- Intervenir desde el inicio de la persecución penal.2.- Conocer los cargos que se le imputan.3.- Contradecir la acusación.4.- Formular alegaciones.5.- Presentar pruebas de acuerdo con las normas legales y procesales.

La defensoría se organiza a través de la siguiente estructura:

1.- La defensoría Nacional.2.- Defensorías Regionales.3.- Defensorías locales.4.- Consejo de licitaciones de la Defensoría Penal Pública.5.- Comité de Adjudicaciones Regionales.

1.- El Defensor Nacional es el jefe superior del servicio, nombrado por el Presidente de la República por medio de Decreto Supremo.

Funciones:

A.- Dirige, organiza y administra la defensoría.B.- fija, oyendo al Consejo los criterios de actuación de la defensoría.C.- fija los criterios de recursos humanos, remuneraciones, inversiones y gastos.D.- Fija los estándares básicos en la prestación de la defensa.E.- Aprueba los programas de capacitación del personal adscrito al servicio.F.- Nombra y remueve a los Defensores Regionales.G.- Determina la ubicación de las Defensorías locales.H.- Elabora el presupuesto anual.I.- Representa judicial y extrajudicialmente al servicio.J.- Contrata consultores externos para el diseño y ejecución de los procesos de evaluación de

la defensoría.K.- Lleva las estadísticas del servicio.

2.- Las defensorías regionales.- son las encargadas de la administración de los medios y recursos necesarios para la prestación de la defensa penal pública en la Región respectiva, o en la extensión geográfica que corresponda cuando en la región hubiere más de una, a los imputados o acusados que carezcan de abogado en el nuevo sistema procesal penal..

Los cargos de los Defensores Regionales se llenan mediante llamado a concurso público de oposición y antecedentes.

3.- Defensorías locales, son las unidades operativas que se desempeñan en los territorios correspondientes de cada región.

Funciones de los defensores locales:

A.—Asumir la defensa de los imputados que carezcan de abogado, desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, especialmente en la primera audiencia judicial..

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B.- Asumir las defensas cuando falle el abogado defensor por cualquier causa, en cualquier etapa del procedimiento.

C.- Mantener la defensa hasta el término de la causa, salvo que el imputado designe su propio abogado, o cuando se le autorice a defenderse por sí mismo, o cuando la Ley ordene que pase la defensa a otro abogado.

4.- El Consejo de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública.- Es un cuerpo técnico encargado de cumplir las funciones relacionadas con el sistema de licitaciones de la Defensa Penal Pública, integrado por el Ministro de Justicia o su subsecretario, que lo preside, el Ministro de Hacienda o un representante, EL Ministro de Planificación y cooperación o su representante, un académico con experiencia en derecho penal, o procesal penal, designado por el Consejo de Rectores y un académico de las características anteriores designado por el Colegio de Abogados con el mayor número de afiliados del país.

Funciones del Consejo:

1.- Proponer al defensor Nacional el monto de los fondos para licitar las defensas a nivel nacional y regional.

2.- Aprobar las bases para las licitaciones a nivel regional.3.- Convocar a las licitaciones regionales.4.- Resolver las apelaciones contra las decisiones del Comité de Adjudicación Regional.5.- Disponer la terminación de los contratos de prestación de defensas penales celebrados en

virtud de las licitaciones con personas naturales o jurídicas.Las licitaciones son convocadas según bases y condiciones que fija el Consejo y se adjudican

a abogados o a personas jurídicas. En ellas pueden participar quienes tengan título de abogado y las personas jurídicas, públicas o privadas con o sin fines de lucro.

Los Comités locales de adjudicación Regional, lo integran, un representante del Ministro de Justicia, el Defensor Nacional o el que éste designe ,el defensor regional o quien designe, un académico del área de economía de la región y un Juez con competencia penal, designado por la mayoría de los integrantes de los Tribunales del juicio oral y jueces de garantía.

La Defensa Penal Pública, será siempre gratuita, salvo respecto de los que dispongan de recursos para financiarla privadamente, en cuyo caso el cobro se establecerá de acuerdo con el nivel de ingresos del solicitante, su capacidad de pago y el grupo familiar que dependa de su remuneración, siempre que se cobre se informará de ello y se cobrará de acuerdo a un arancel fijado por el defensor nacional.

Tribunal Constitucional(Capítulo VIII, arts 92 a 94 inclusive)

Su existencia se debe al criterio de entregar a un Tribunal autónomo e independiente el control de la constitucionalidad de las normas jurídicas, particularmente de las leyes, quitándolo de la esfera de la corte Suprema para dar mayor autonomía a la interpretación de los principios y normas constitucionales.

La Constitución de 1980 lo ha regulado en el capítulo VII, arts 92 a 94 inclusive, que se refieren a su composición, organización y atribuciones, complementado por la Ley Orgánica Constitucional 17.997 de 1981, que establece los procedimientos correspondientes a las materias que aborda.

Actualmente en el texto refundido de la Constitución a este órgano se le ha regulado en el nuevo capítulo VIII, artículos 92 a 94 inclusive De esta manera, la Constitución y el legislador han entregado a este organismo la importante función de preservar el principio de la supremacía

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constitucional, de proteger la democracia y el Estado de Derecho; confiriéndole un carácter autónomo e independiente del poder judicial y de todo otro poder del Estado; su conformación es colegiada, ya que está compuesto por siete miembros, todos abogados.

Su autonomía queda de manifiesto, a través de las siguientes atribuciones:

- Le corresponde nombrar y remover a sus funcionarios.- No le son aplicables las disposiciones que rigen la acción de la Contraloría General de la

república.- Sus integrantes son inamovibles, permaneciendo 8 años en sus funciones, actualmente se

aumentó a 9 años.- Puede dictar auto acordados, a través de los cuales complementa las normas de los

procedimientos que se tramitan en este Tribunal.- Tiene independencia económica, decidiendo el destino de sus recursos.- Sus integrantes no están sujetos al juicio político del art 48 Nº 2.- Están excluidos de la superintendencia de la Corte Suprema.- Falla conforme a derecho.- Hoy está facultado para revisar la constitucionalidad de los auto acordados de los Tribunales

Superiores de Justicia.

Composición del Tribunal Constitucional.- estaba compuesto por siete miembros:

- tres Ministros de la Corte Suprema, que se elegían por mayoría absoluta en votaciones sucesivas y secretas. Esta forma de designación ha sido cuestionada en virtud de que una mayoría circunstancial puede elegir a los tres representantes.

- Un abogado designado por el Presidente de la República . La carta de 1980, había reducido la importancia de la participación presidencial en la conformación de este organismo.

- Dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional. También se criticaba la participación de este órgano en la formación del Tribunal Constitucional, ya que no representa a ningún poder formal del estado.

- Un abogado elegido por el senado, por la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, la cámara de Diputados no participaba en la configuración del Tribunal Constitucional , por lo que el poder legislativo tampoco tenía una importancia relevante en la composición de esta institución.

Composición actual, después de las reformas de la Ley 20.050:

- Tres miembros designados por el Presidente de la República, art 92, letra a).

- Cuatro elegidos por el Congreso Nacional, dos nombrados directamente por el Senado, por los dos tercios de los senadores en ejercicio y dos propuestos por la Cámara de Diputados para la aprobación o rechazo en el Senado. La propuesta de la cámara debe ser aprobada por los 2/3 de los diputados en ejercicio, la elección se verificará en cada cámara en sesión única., art 92 letra b)

- Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en especialmente convocada al efecto, art 92, letra c.

Requisitos anteriores para ser nombrado Ministro del Tribunal Constitucional:

- Los Ministros de la Corte Suprema no debían reunir requisitos previos especiales para incorporarse al tribunal Constitucional, pero cesarían en su cargo si es que dejaban de ser Ministros de La Corte Suprema por cualquier causa.

- Los abogados que designaba el Consejo de Seguridad Nacional, el Presidente de la República y el Senado, debían reunir los siguientes requisitos :

Tener a lo menos 15 años de título de abogado.Haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o públicaNo tener impedimento que los inhabilite para desempeñarse como jueces.

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Los cargos de ministros del tribunal Constitucional, son incompatibles con los cargos de diputados y senadores, así como con los cargos de integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones, siéndoles aplicables las normas de los parlamentarios a este respecto.

La duración actual del cargo será de 9 años y se renovarán parcialmente cada 3; cesando en sus funciones al cumplir 75 años de edad. Cuando sean reemplazados, el nuevo ocupante desempeñará el cargo por el período que le falte al que sustituya. Actualmente no podrán ser reelegidos para el cargo salvo que hayan sido elegidos como reemplazantes y ejercido el cargo por un período inferior a cinco años. Una vez nombrados, sus cargos son inamovibles.

De acuerdo con el actual texto refundido, los requisitos generales son:

- Tener a lo menos 15 años de título de abogado- Haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública.- No tener impedimento para desempeñarse como jueces.- No tener incompatibilidad para desempeñar el cargo, los afectan las mismas que a los

parlamentarios.- No ejercer como abogados, incluyendo la judicatura, por tanto se excluyen los ministros de la

Corte Suprema.- Ni encontrase en la situación del art 60, (si durante su ejercicio celebran o caucionan

contratos con el Estado, actúen como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el fisco), etc.

Funcionamiento: El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas; esto es una novedad de la reforma, en el primer caso, el quórum para sesionar será de a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos cuatro.

El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos que requieran un quorum mayor y fallará conforme a derecho. Las decisiones más importantes deberá adoptarlas el pleno.

En cuanto a la Organización y funcionamiento del Tribunal, se regirá por la Ley orgánica constitucional respectiva, ésta también fijará las plantas, remuneraciones y estatuto del personal a su servicio. Art 92

Atribuciones. Como se ha señalado, le corresponde velar por la supremacía constitucional, resolver los conflictos de carácter jurídico-constitucional, que surjan entre los diversos órganos del estado, velar por el mantenimiento del orden constitucional, declarar las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de los Ministros de Estado y de los parlamentarios, informar al senado cuando un impedimento físico o mental inhabilita al Presidente de la República electo o en ejercicio para desempeñar sus funciones o cuando renuncie, hoy además, declarar la inaplicabilidad de preceptos legales inconstitucionales y derogar los cuando corresponda.

Las atribuciones de este organismo estaban consagradas de manera expresa en el art 82 de la Constitución, actualmente art 93 y son:

1.- Las que resguardan la supremacía constitucional:

- Art 93 Nº 1 que establece el control obligatorio de los proyectos de leyes interpretativas, orgánicas constitucionales y tratados internacionales cuando contengan disposiciones propias de ley orgánica. Lo relativo a los tratados fue incorporado por la reforma. - Control de otras disposiciones jurídicas a requerimiento de las autoridades facultadas para solicitarlo art 93...2.- Las relacionadas con disposiciones que atentan contra el ordenamiento jurídico del Estado, art. 93 Nº 10 .3.- Las que tienen por objeto pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en los cargos de Ministro de Estado y parlamentarios, art 93 Nºs 13º y 14º 4.- Informe al senado, art 93 Nº .11º

Normas Generales de Procedimiento en el Tribunal Constitucional. La tramitación será por escrito y sólo se admitirán alegatos en la forma y condiciones que el propio Tribunal

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determine, por lo que, podrá decretar las medidas que estime pertinentes para tramitar los asuntos de que conozca, en el ejercicio de esta atribución, podrá requerir los antecedentes que estime convenientes a cualquier poder u órgano público, o autoridad, organización, movimiento o partido político, los que estarán obligados a proporcionárselos oportunamente.

Las resoluciones que dicte el Tribunal no son susceptibles de recurso alguno, salvo la facultad que se concede al propio Tribunal para modificar sus resoluciones de oficio, a petición de parte, pero sólo para corregir errores de hecho.

Formas de control.- El control de constitucionalidad puede ser obligatorio o facultativo cuando lo solicita alguno de los órganos facultados para hacerlo.

- Control obligatorio de constitucionalidad, opera en el caso del art 93 Nº 1 de la Constitución, son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1º ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpretativas, de las orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. En estos casos el control es obligatorio, por lo que, el Presidente de la Cámara de origen, una vez concluido el proceso de discusión de la ley y dentro del plazo de 5 días desde que queda totalmente tramitado el Proyecto, (lo que será certificado por el Secretario de la cámara respectiva), debe remitirlo al Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo. Actualmente esta disposición está contenida en el art 93 Nº 1 y se ha agregado a este tipo de control el de los tratados internacionales que versen sobre materias propias de Ley Orgánica.

Si durante el proceso de tramitación del proyecto, se discutió su constitucionalidad, se remitirán las actas de las sesiones de sala o de comisión en las que hubieren formulado los cuestionamientos, así como los oficios del Presidente de la República en los que conste el asunto debatido.

El Presidente del Tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa queda en estado de tabla, y el Tribunal resolverá sobre la constitucionalidad del proyecto, declarándolo así en su caso y comunicándolo al Presidente de la Cámara respectiva. Si el pronunciamiento recae en una Ley interpretativa, el fallo debe ser fundado.

Si durante el debate parlamentario se discutió la constitucionalidad del proyecto y el Tribunal Constitucional estima que sí es constitucional, deberá así declararlo y fundar su resolución.

Si el Tribunal declara inconstitucional algunos aspectos, ellos serán excluidos del Proyecto que se remita al Presidente de la República para su promulgación.

Declarado constitucional un proyecto de ley interpretativa u orgánica constitucional, no se admitirá a tramitación en el Tribunal ningún requerimiento para resolver cuestiones sobre constitucionalidad de dichos proyectos o de uno o más de sus preceptos.

- En los demás casos contemplados en el art 82, hoy 93, el control no es obligatorio y el pronunciamiento debe ser solicitado por quien corresponda, Presidente de la República, Cámara de Senadores, de Diputados o una cuarta parte de los miembros en ejercicio de alguna de ellas; excepcionalmente cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar al Tribunal que se pronuncie acerca de la inhabilidad de un Ministro de Estado o cuando se refiera a la constitución de organizaciones o movimientos políticos inconstitucionales.

- El texto refundido ha agregado una nueva función en el Nº 2º del art 93, facultado al Tribunal Constitucional, para “resolver sobra las cuestiones de constitucionalidad de autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, y el Tribunal calificador de elecciones”, en este la caso la intervención del Tribunal, la pueden solicitar, el Presidente de la República, cualquiera de las cámaras o diez de sus miembros; así como toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado, así lo establece el

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nuevo art 93, Esto como consecuencia de que se ha radicado en este organismo la acción de inaplicabilidad que antes se tramitaba en la Corte Suprema, art. 93 Nº 6º.

Art 82 Nº 2, hoy art. 93 Nº 3º “Resolver sobre las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”. El Tribunal conoce de ellos a petición del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Salvo la excepción señalada anteriormente, cuando los tratados contengan materias propias de leyes orgánicas.

El requerimiento, debe ser formulado antes de la publicación de la Ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después del 5º día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación.

Los parlamentarios podrán formular sus observaciones a través del Secretario de la Cámara respectiva o directamente ante el Tribunal, pero siempre con el Nº de firmas necesarias y certificadas por el Secretario de la cámara. El requerimiento deberá contener la exposición de los hechos y fundamentos de derecho, acompañando copias íntegras de lo debatido en la sala o en comisiones, indicándose la parte impugnada del proyecto.

Presentado el requerimiento, se comunicará al Presidente de la República para que se abstenga de promulgar el proyecto mientras dure su tramitación en el Tribunal.

Se dará conocimiento de las impugnaciones a los órganos constitucionales interesados para que hagan llegar sus observaciones en un plazo de cinco días, transcurridos los cuales el Tribunal lo tramitará con o sin la respuesta.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días, contados desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados (nuevo art. 93)

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de ley de presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República

De acogerse el requerimiento, el proyecto no se podrá promulgar en su totalidad o en la parte declarada inconstitucional.

Art 82 Nº 3, hoy 93 Nº 4º “Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un Decreto con Fuerza de Ley”. El reclamo puede ser planteado por el Presidente de la República dentro de los diez días a partir de la recepción del rechazo de Contraloría en el Ministerio respectivo, también deberá ser firmado por el Ministro. Además el requerimiento pueden formularlo cualquiera de las cámaras o de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de cada una de ellas, en este caso el reclamo se debe plantear dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el diario oficial, por lo tanto, en este caso el control puede ser preventivo (Presidente) o represivo (cámaras). La sentencia que acoja el reclamo presidencial, será comunicada al Contralor General para que proceda a tomar razón del D.F.L. de inmediato. En caso de que se acoja el reclamo parlamentario en contra de un D.F.L. del que la contraloría había tomado razón y esté vigente, la sentencia se publicará en el Diario Oficial dentro de 3º día y la norma quedará sin efecto de pleno derecho.

Art 82 Nº 4, hoy 93 Nº 5º “Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones”. En este caso el requerimiento podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de los diez días contados desde la fecha de la publicación del Decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución, el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando este fuere procedente.

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Si al tiempo de dictarse la sentencia faltan menos de 30 días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los 30 y los 60 días siguientes al fallo.

La nueva acción de inaplicabilidad.- Está regulada en el art 93 Nº 6º, esta acción fue considerada en nuestros anteriores cartas constitucionales, la de 1925 y la de 1980 en su redacción original, radicándola en la Corte Suprema de Justicia, aunque la doctrina reciente postulaba la incorporación de ella al Tribunal Constitucional, lo que se consigue en la reforma reciente. Actualmente el art. 80 y consecuencialmente el auto acordado respectivo, han quedado derogados.

Lo señalado anteriormente en cuanto a las características, requisitos y formas de conocer de esta acción, han variado radicalmente de acuerdo con lo establecido en el actual art 93.

La acción de inaplicabilidad deberá ser resuelta por el pleno del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en el art 92

La acción podrá ser planteada:- por cualquiera de las partes - o por el Juez que conoce del asunto.

Previamente se verá la admisibilidad de la acción en cualquiera de las salas del Tribunal Constitucional, la que resolverá sin ulterior recurso la admisibilidad de ella, sin perjuicio de que la inaplicabilidad deberá ser resuelta por el Tribunal en pleno. La sala, para este efecto, deberá verificar lo siguiente:

- Que exista una gestión pendiente, es decir, antes de que se halla dictado sentencia definitiva y que ésta esté ejecutoriada.

- Que el asunto en el que incida la inconstitucionalidad se esté tramitando ante un Tribunal ordinario o especial.

- Que la aplicación de la norma presuntamente inconstitucional resulte definitiva en la resolución del asunto

- Que la impugnación esté fundada razonablemente.- Que se cumplan los requisitos que establece la Ley.

La sala respectiva, cuando las circunstancias lo ameriten, podrá decretar la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad.

Declaración de inconstitucionalidad del precepto inaplicable.- Por primera vez en nuestra institucionalidad se ha establecido la posibilidad de que un Tribunal, en este caso, el Constitucional, pueda declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal, aprobado por el legislativo y plenamente vigente hasta esta declaración. La Corte Suprema en el recurso de inaplicabilidad, sólo podía declarar inaplicable el precepto, respecto del asunto particular en que se hubiere pronunciado, sin producir el efecto Erga Omnes.

Requisitos para declarar la inconstitucionalidad:

- Una sentencia previa que declare la inaplicabilidad del precepto impugnado.- Cumplir con los requisitos que establezca la Ley Orgánica que se dicte para dar vida a esta

disposición, el legislador deberá señalar: los requisitos de admisibilidad cuando se ejerza la acción pública y el procedimiento que se seguirá cuando el Tribunal Constitucional actúe de oficio.

En consecuencia, será necesario aprobar la Ley Orgánica respectiva para hacer operativa esta interesante y esperada reforma.

Art 93 Nº 8º Respecto de los reclamos que se formulen cuando el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o cuando publique un texto diverso del aprobado, el Tribunal, será requerido por cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de cada una de ellas. Al respecto cabe recordar, la nueva facultad que se le confiere al Presidente de la República en virtud de lo señalado en el inciso 5º del art 64, “... el Presidente de la República queda autorizado para

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fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance”.

El requerimiento deberá formularse dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la publicación de la ley. En este caso si el Tribunal acoge el reclamo, deberá publicar en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la publicación incorrecta.

Respecto de los informes que el Tribunal Constitucional deba enviar al Senado, sólo éste órgano puede requerir la intervención del Tribunal Constitucional.

Existirá acción pública para requerir la intervención del Tribunal Constitucional, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos o partidos políticos y la participación de las personas involucradas en su formación; así como, respecto de las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a los Ministros de Estado para permanecer en el cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. Respecto del primer caso, si la responsabilidad recae en el Presidente de la República, electo o en ejercicio, el requerimiento debe ser formulado por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

Respecto de las cuestiones de competencia que se susciten entra autoridades políticas o administrativas y los Tribunales de Justicia, la intervención del Tribunal Constitucional puede ser requerida por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.

En cuanto a las inhabilidades, incompatibilidades o causales de cesación en el cargo respecto de los parlamentarios, la intervención del Tribunal Constitucional puede ser requerida por el Presidente de la República o a lo menos, diez parlamentarios en ejercicio.

Respecto de los Decretos Supremos, dictados por el Presidente de la República, sólo puede conocer a requerimiento de alguna de las cámaras, dentro de los 30 días siguientes a su publicación o notificación del texto impugnado; sin embargo cuando se trate de Decretos que no excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República, también podrá ser solicitada la intervención del Tribunal Constitucional por la cuarta parte de los miembros en ejercicio del senado o de la cámara de diputados.

El Tribunal podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de la cesación en un cargo parlamentario, lo mismo que en los casos de inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos o partidos políticos y la responsabilidad de las personas que participaren en los hechos que hubieren motivado tal declaración; en el caso de los informes al senado y cuando se pronuncie sobre las inhabilidades inconstitucionales y legales que afecten a una persona para ser designado Ministro de Estado., permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones.

Cuando deba resolver acerca de la constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones o el Tribunal Calificador de Elecciones; o sobre la constitucionalidad de partidos y movimientos políticos; o respecto de las inhabilidades ministeriales, una de las salas deberá previamente pronunciarse sin ulterior recurso, acerca de la admisibilidad del requerimiento.

Las disposiciones que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales, no podrán convertirse en ley en el proyecto o Decreto con Fuerza de Ley que se trate.

Los Decretos Supremos que fueren impugnados quedarán sin efecto, de pleno derecho, con el sólo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. Sin embargo, las declaraciones de inconstitucionalidad de los auto acordados de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Calificador de Elecciones; la inconstitucionalidad de los Decretos con Fuerza de Ley; y de los preceptos legales vigentes, se entenderán derogados desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

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Por último, las sentencias del Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un D.F.L., de un Decreto Supremo o de un Auto Acordado, deberán publicarse en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.

Las resoluciones del Tribunal Constitucional no son susceptibles de recurso alguno, salvo que el mismo Tribunal, conforme a la ley, pueda rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Contraloría General de la República (Capítulo. X, actuales arts. 98 a 100)

La Constitución le dedicó el capítulo IX a este organismo, hoy capítulo X, este organismo fue creado el 26 de Marzo de 1927, refundiendo en ella a la Dirección General de Contabilidad y al Tribunal de Cuentas, durante la presidencia de don Emiliano Figueroa, el 23 de Noviembre de 1943, en virtud de la Ley 7.727, se elevó a rango constitucional.

Naturaleza jurídica.-Existe una corriente en la doctrina que sostiene que la Contraloría es un poder del Estado,

habida consideración al hecho que la Constitución la contempla como un organismo independiente y, además, autónomo, cuyo personal es nombrado por el Contralor General que, a su vez, es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, el nombramiento dura 8 años o hasta que cumpla 75 años de edad.

Características.-

- Tiene rango constitucional.

El Capítulo X de la Constitución Política, denominado Contraloría General de la República, regula fundamentalmente esta institución en los siguientes términos.-

“Artículo 98 : un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República, ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismo y servicios que determinen las leyes, examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad gubernamental de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”. Este inciso 1º conserva la misma redacción del art 87 anterior.

Sin embargo, el inciso 2º ha sufrido varios cambios, actualmente señala: “ El Contralor General de la república deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por 3/5 de sus miembros en ejercicio, por un período de 8 años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.” Esta disposición se ha adecuado a las normas de modernización del Estado, se establece que el contralor debe ser abogado, lo que no señalaba el texto anterior ; también agrega que debe haber cumplido 40 años de edad, lo que nos parece una edad excesiva, considerando las nuevas tendencias constitucionales; se amplía el acuerdo del senado, pues en la redacción anterior bastaba la ratificación de la mayoría de los senadores en ejercicio, para aceptar la propuesta presidencial, hoy se exige 3/5 de los senadores en ejercicio, es decir, prácticamente la unanimidad de la clase política; se reduce su período en el cargo que era indefinido e inamovible a 8 años, sin poder ser designado para el período siguiente; se mantiene la cesación en las funciones al cumplir 75 años de edad.

- Es esencialmente un órgano de control de legalidad en la Administración del Estado.

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En relación con ello, el artículo 99 de la Constitución Política establece que en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General de la República ejercerá las siguientes atribuciones, denominadas:

- toma de razón, y- representación.

- Es un organismo autónomo, en el sentido que goza de independencia para el ejercicio de sus funciones.

No está, pues, sometida ni al mando ni a la supervigilancia del Poder Ejecutivo, ni del Congreso Nacional, ni del judicial. En refuerzo de esta autonomía, el Contralor General, una vez designado por el Presidente de la República, durará 8 años en el cargo y deja de ser inamovible.

Las causales de cesación en el cargo que contempla la Carta Fundamental son las de cumplir 75 años de edad y la remoción dispuesta por la Cámara de Diputados, fundada en notable abandono de funciones /artículo 52 Nº 2 letra c) de la Constitución)

En cuanto a su personal, cabe señalar que la planta del personal de la Contraloría es materia de ley, pero el Contralor General dispone de todos los nombramientos y las demás materias atinentes a sus funcionarios.

El Organismo Contralor no goza de personalidad jurídica, actuando siempre con la personalidad del Estado.

Tampoco goza de autonomía financiera, de modo que la aprobación y ejecución de su presupuesto está sometido a las mismas reglas que el resto de los servicios públicos, lo que supone la iniciativa legislativa del Presidente de la República.

- Forma parte del sistema nacional de control, integrado además por:a) la Cámara de Diputados como fiscalizador de los actos de gobierno,b) El Tribunal Constitucional, en el control de constitucionalidad de las leyes.c) los tribunales de justicia,d) algunos órganos especializados de fiscalización, como las superintendenciase) los controles jerárquicos, y f) las unidades de control interno de los servicios públicos.

- Integra la Administración del Estado, por mandato del artículo 1º de la ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por lo tanto, está sometido a las normas del Título I de dicho texto legal, el que exige, entre otros aspectos, una actuación coordinada con los servicios públicos, sin perjuicio de su autonomía, y.

- La norma que regula la organización y funcionamiento de la Contraloría (la ley Nº 10.336) tiene el rango de ley orgánica constitucional.

Ámbito de acción.-

Están afectos a la acción fiscalizadora de la Contraloría General, los órganos y servicios centralizados y descentralizados de la Administración del Estado, incluyendo los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas del Estado creadas por ley, con la sola excepción de aquellas reparticiones marginadas por la ley de su control.

Aún cuando no integran la administración estatal, se encuentran también sujetas a control las instituciones de carácter privado en que el Estado tenga aportes, representación o participación en los porcentajes que señala el artículo 16º inciso segundo de la ley Nº 10.336. Ello tiene por objeto el balance de la gestión financiera del Estado.

Asimismo, la Contraloría tiene atribuciones con respecto a las entidades del sector privado que perciban en virtud de leyes permanentes, aportes o subvenciones del Estado para finalidades específicas y determinadas, con el objeto de verificar el cumplimiento de esos fines.

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También fiscaliza a todas las organizaciones no gubernamentales (O.N.G.), que reciben aportes o subvenciones estatales, para verificar el empleo de esos recursos en los fines previstos por el legislador

Objetivos.-

- Proteger el patrimonio público, en especial con la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado.

- Implícitamente, vela también por la probidad administrativa, definida como la conductora moralmente intachable de los agentes administrativos, con una entrega leal y honesta al servicio y con preeminencia del interés público sobre el privado (artículo 7 de la ley citada Nº 18.575). Recordar el inciso 1º del actual art 8º de la Constitución: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

Funciones.-Se dividen en funciones jurídicas, inspectivas y contables.

Funciones jurídica:

- La toma de razón, consagrada tanto en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado como en el artículo 10º de la ley Nº 10.336, consiste en un control previo de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos de la Administración.

Así, examina aquellos decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría. También debe tomar razón de los decretos con fuerza de ley (DFL).

En términos generales, el acto administrativo se somete a un examen destinado a comprobar si cumple con los requisitos de forma y de fondo exigibles a su respecto. Lo cursa y toma razón, si la conclusión del análisis es favorable.

La representación de decretos inconstitucionales o ilegales.

Sometidos los actos a toma de razón, en el evento que adolezcan de infracciones a la Carta Fundamental o a la legislación vigente, la Contraloría deberá representar la inconstitucionalidad y la ilegalidad de que puedan adolecer tales decretos y resoluciones. Así los devolverá sin tramitar si tiene observaciones o reparos que formular.

Cabe señalar que existen numerosas leyes que exceptúan de este control a determinados servicios públicos, o a determinadas materias, por ejemplo, el artículo 53 del DFL Nº 2-19.602, de 1999, de Interior, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que los decretos alcaldicios en materias de personal están sometidos al trámite de registro; por otra parte, los contratos de trabajo y finiquitos de ciertas empresas del Estado son materias que no están afectas a ese control previo de legalidad. Por su parte, el Contralor General tiene la facultad de eximir de dicho trámite a los decretos y resoluciones que incidan en materias que , a su juicio, no son esenciales.

Tratándose de decretos con fuerza de ley, los representará cuando excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

En relación con esta materia, es necesario destinar unas palabras al trámite de insistencia.

El decreto de insistenciaLa Contraloría General deberá dar curso a los actos administrativos cuando, a pesar de su

representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados.

Excepciones:

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En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de Diputados.

El Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, si la representación tiene lugar respecto de:

a) Un decreto con fuerza de leyb) Un decreto promulgatorio de una ley, o de una reforma constitucional por apartarse del texto

aprobado, o c) A un decreto o resolución por se contrario a la Constitución.

En caso de no conformarse con la representación de la Contraloría, deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin que éste resuelva la controversia.

Por otra parte, es necesario hacer presente que el plazo para pronunciarse respecto de la juridicidad de los actos administrativos sometidos a toma de razón es de 30 días. No obstante, la ley Nº 10.336 y otros cuerpos legales fijan términos más breves respecto de materias que requieren un pronunciamiento más ágil.

Además, es de competencia del Contralor General el establecimiento de las materias que deben someterse a trámite de toma de razón. Tanto es así, que la norma general prescrita por la resolución Nº 55, de 1992, cuyo texto refundido se encuentra fijado en la resolución Nº 520, de 15 de noviembre de 1996, de la Contraloría General de la República, establece como regla general la exención del trámite en comento, tratándose de asuntos de mero trámite, tales como resoluciones exentas de permisos, feriados, aprobación de contratos o honorarios cuyo gasto no se imputa al Subtítulo 21 del Clasificador Presupuestario que anualmente elabora el Ministerio de Hacienda entre otros.

Por excepción, se someten a él los actos administrativos que disponen nombramientos, contrataciones, vida funcionaria, medidas disciplinarias, materias financieras, de bienes y obras públicas, concesiones, traspasos, etcétera.

Para finalizar este aspecto, cabe manifestar que en relación con los nombramientos de empleados públicos, los organismos administrativos permiten la asunción inmediata de funciones, por lo que, dichas resoluciones pueden cumplirse aún antes de su toma de razón; no obstante, si se han cometido infracciones legales en la previsión de los cargos, la autoridad que dispuso la designación se encuentra en la obligación de dejarla sin efecto con posteriormente y subsanar los vicios de que adolezca.

- Salvo en asuntos litigiosos, la Contraloría General emite dictámenes jurídicos en los cuales informa acerca de la correcta interpretación que debe darse a las normas en las variadas materias que son de su competencia. Ellos son expedidos a solicitud de la autoridad administrativa, o bien a petición de la persona afectada por un acción u omisión de la Administración. También pueden ser emitidos de oficio.

Igualmente, el Organismo Contralor suele impartir instrucciones que dirige a los servicios públicos con el fin de ilustrarlos sistemáticamente acerca de la forma en que deben dar aplicación a determinados preceptos jurídicos de especial interés.

La jurisprudencia de la Contraloría es obligatoria para todos los órganos administrativos sometidos a su fiscalización. Los abogados de la Administración deben atenerse a ella, salvo cuando defiendan al estado en los tribunales de justicia.

La Contraloría realiza diversas otras tareas de apoyo y asesoría a la Administración al Congreso Nacional, publicación de los tomos leyes y reglamentos, dar información jurídica a los servicios públicos y particulares a través de boletines de jurisprudencia y la base computacional que mantiene sobre legislación y jurisprudencia . También publica anualmente una Memoria de su

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gestión y mantiene en Internet una página web en el sitio www.contraloría.cl con información pública.

Funciones contable:La Contraloría tiene amplias facultades de auditoría y de contabilidad, que son las que a

continuación se explican:Mediante esta labor se hace la evaluación de los controles internos, se examinan las

cuentas, se realizan las pruebas de validación pertinentes y se verifica el funcionamiento de los servicios de acuerdo con la ley.

Lleva la contabilidad general de la Nación.

Para ello, consolida los registros contables que deben efectuar los servicios, conforme a las pautas y procedimientos que ella determina. Uno de los resultados de esta función es la elaboración del balance anual de la gestión financiera del Estado.

Actúa como Tribunal de Cuentas.

Puede iniciar juicios de cuentas en contra de funcionarios o de ex – funcionarios públicos cuando han actuado ilegalmente, con dolo o con negligencia, provocando daño al patrimonio público, perjudicando los intereses del Fisco.

Con este mecanismo es posible resarcir al Estado de los perjuicios que se le hayan causado, situación que fluye del respectivo examen de cuentas o de las conclusiones de un sumario administrativo.

La demanda respectiva se llama reparo y se deduce por la división o por el Contralor Regional que corresponda en contra de los inculpados, quienes, por regla general, deben responder en forma solidaria. Esta acción prescribe en el plazo de un año desde la entrega de la documentación respectiva y se tramita de conformidad con las normas contenidas en la Ley Nº 10.336 El Tribunal de primera instancia es el Sub contralor y el de segunda instancia o de alzada, es el Contralor General. Por otra parte, el Fiscal de la Contraloría es parte de este juicio, representando el interés del Estado.

El fallo condenatorio se cumple mediante el descuento de remuneraciones, haciéndose efectivas las fianzas de fidelidad funcionaria o mediante un juicio ejecutivo seguido ante los Tribunales de Justicia.

- Funciones inspectivas:

La Contraloría tiene facultades de carácter inspectivo sobre los servicios que fiscaliza.

Mediante esta labor se hace la evaluación de los controles internos, se examinan las cuentas, se realizan las pruebas de validación pertinentes y se verifican el funcionamiento de los servicios de acuerdo con la ley.

Si, como consecuencia de las tareas de investigación realizadas de oficio, o a petición de la Cámara de Diputados, o por denuncias, se verifican faltas administrativas, el Organismo Contralor puede realizar investigaciones y sumarios administrativos.

En tal caso, la Contraloría no tiene facultades sancionadoras, sino que sólo propone las medidas a las autoridades respectivas con competencia para decidir. Sin embargo, tratándose de infracción a las normas sobre uso de vehículo estatales, la entidad fiscalizadora aplica también las sanciones, de las que se puede apelar a la Corte Suprema en caso de la medida disciplinaria de destitución.

- Además, ejerce el control del personal de la Administración, para lo cual goza de amplias facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas estatutarias de los funcionarios públicos, mediante la toma de razón de los decretos y resoluciones respectivas, inspecciones, órdenes de reintegro de remuneraciones mal percibidas, etc

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Por último, el art 100, establece que las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, debiendo señalarse la ley o la parte del presupuesto que autoriza tal gasto.

Los pagos que efectúen las Tesorerías, se efectuarán considerando, el orden cronológico establecido en la ley o el ítem presupuestario y previa refrendación presupuestaria del documento que ordena el pago.

Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública (Capítulo. XI, arts 101 al 104)

De acuerdo con la doctrina, las Fuerzas armadas y de orden de un país, representan el ejercicio legítimo de la fuerza coactiva, sirven para garantizar la integridad territorial de la nación y para restablecerla en caso de violación, así como para defender y proteger el orden estatal del país y a sus ciudadanos frente cualquier agresión externa. Weber señalaba al respecto, que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio legítimo de la fuerza, a lo que André Houriou, agrega que el Estado es la única fuente del derecho a la violencia.

La Constitución de 1980 dedicó un capítulo especial, el X, hoy capítulo XI a esta materia que anteriormente figuraba dispersa en diferentes partes del texto, ello como consecuencia de la aplicación en nuestro país de la doctrina de la seguridad nacional, puesta en boga en aquella época de guerra fría por la política exterior norteamericana que preconizaba la necesidad de proteger la democracia a través de la acción de las fuerzas armadas internas de los países latinoamericanos, lo que se tradujo en la consolidación de las dictaduras militares de los años sesenta y setenta del siglo pasado.

La Comisión de estudios constitucionales acordó, en esta materia, siguiendo los lineamientos del Presidente de la Junta, los siguientes criterios:

1.- Crear un capítulo especial para regular su funcionamiento, 2.- que allí se señalare el procedimiento para designar y remover a los comandantes en Jefe, 3.- la duración del cargo sería de 4 años, 4.- inamovilidad de sus cargos, 5.- radicar en ellas el control de armas, 6.- señalar en el texto constitucional las funciones y características de ellas y 7.- establecer su participación en los problemas de seguridad nacional (Ius et Praxis, U. De Talca, Reformas Constitucionales, pag 56)

El art. 101 actualmente en vigencia, señala que la Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad de la nación , en tanto que, las fuerzas de orden y seguridad tienen por misión dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, para lo cual los Tribunales Ordinarios de Justicia y los especiales que integran el poder judicial, así como El Ministerio Público, podrán impartir órdenes directas a la fuerza publica.

Tal disposición, también establece que las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea., en tanto que, las de Orden y Seguridad las integran el Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

En virtud del D.F.L. 444 de 1974, las fuerzas de orden y seguridad pasaron a depender del ministerio de la defensa, en el que se creó la Subsecretaría de Carabineros, bajo la carta de 1925 estas instituciones estaban subordinadas al Ministerio del Interior, lo que era más funcional a sus objetivos, por cuya razón el proyecto de reforma constitucional pendiente en el Senado considera el regreso de Carabineros y de la Policía de investigaciones a su antigua dependencia del Ministerio del Interior. En definitiva la ley 20.050, de reciente aprobación las ubicó bajo la dependencia del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, de acuerdo con el actual art. 101.

Funciones de las Fuerzas Armadas:

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1.- Defensa de la patria, el art. 22 de la Constitución señala que “los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena”.

2.- Defender la integridad territorial y la soberanía del Estado. En este aspecto la Comisión de Estudios del nuevo texto, consideró inmerso el desarrollo integral del país y la cautela de las situaciones de emergencia que pusieren en peligro el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales en una interpretación amplia del concepto de seguridad nacional.

3.- Garantizar el orden Institucional de la República cuando fallen los demás órganos y mecanismos de cautela ( esta misión ha sido eliminada de sus funciones al derogarse la parte pertinente del ex art. 90 ) en esta misión actuaban en conjunto las Fuerzas Armadas y Carabineros, que para este efecto, se integraban a ellas. Esta función fue una de las más polémicas en doctrina, ya que es peligroso que a estas instituciones se las inmiscuya en asuntos de carácter netamente político, ya que por definición de sus características deben estar al margen de estas actividades, ello ha motivado que el proyecto de Reformas constitucionales pendientes (ya aprobado) se considere la eliminación de esta función. En todo caso es claro que esta función sólo la ejercían cuando habían fallado todas las demás instancias constitucionales. Efectivamente la reforma de la ley 20.050, eliminó la función descrita. (Eliminado)

Funciones de la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública:

1.- Dar eficacia al derecho, auxiliando a los Tribunales Ordinarios de Justicia y al Ministerio Público en la ejecución de sus mandatos, debiendo cumplir este cometido sin más trámites, sin poder calificar el fundamento de las órdenes, sólo en las actuaciones del Ministerio Público, deberán constatar la aprobación del Tribunal de Garantía cuando se trate de resoluciones que impliquen la afectación de alguno de los derechos constitucionales, tampoco podrán calificar la oportunidad ni la justicia o legalidad del mandato, art 73, hoy art 76, inciso final.

2.- Garantizar el Orden Público y la Seguridad Pública Interior, adoptando las medidas necesarias para prevenir la delincuencia, mantener el orden público y la tranquilidad pública interior.

Están sujetas estructural y funcionalmente a las leyes orgánicas respectivas, la del Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Su dependencia actual es del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, por lo que han sido sacadas de la esfera de la Defensa Nacional.

Características comunes a las Fuerzas Armadas y Carabineros:

1.- Son cuerpos armados, ya que tienen poder de fuerza con capacidad de acción y reacción, siendo los únicos organismos autorizados para portar armas, detentando el monopolio legítimo de la fuerza del Estado chileno.

Control de armas.- Al respecto, la Constitución establece en su art 103 el control de armas, al disponer que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una Ley aprobada con quórum calificado, sin la autorización correspondiente otorgada en conformidad a ella., el cumplimiento de este mandato constitucional será fiscalizado por el Ministerio de la defensa Nacional o un organismo de su dependencia.

2.- Son órganos no deliberantes, tienen vedadas las deliberaciones de tipo político, es decir, no pueden como cuerpo, emitir o asumir posiciones políticas, en este sentido, no pueden discutir problemas colectivos para uniformar criterios o coordinar actitudes que conduzcan a aprobar o rechazar a los órganos o a las autoridades legalmente constituidas, no podrán discutir las órdenes de la autoridad civil. Sólo podrán abordar colectivamente los asuntos relativos al cumplimiento de sus funciones constitucionales.

3.- Son profesionales. Cada vez y de manera creciente la profesión militar requiere de una mayor preparación profesional y técnica, en virtud de la tecnología aplicada en los ingenios bélicos.

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La incorporación a las instituciones armadas se realiza a través de las escuelas respectivas, a excepción de las que se efectúan por contratación para ingresar a los escalafones profesionales y de empleados civiles, de acuerdo con lo que señalan las leyes correspondientes.

4.- Son jerarquizadas, siendo esta característica una de las más destacables y propia de la organización militar, se estructuran sobre la base de grados y jerarquías de acuerdo con sus leyes orgánicas y reglamentos institucionales.

5.- Son disciplinadas, requisito indispensable de todo cuerpo militar, están sujetas a las medidas disciplinarias establecidas en sus reglamentos y en el Código de Justicia Militar.

Nombramiento y remoción de los comandantes en jefe.- Lo relativo a la designación y remoción de los jefes máximos de estas instituciones, estaba establecido en el art 93 del Código Político, actualmente se regula en el art 104, después de la reforma de la Ley 20.050. La redacción original, había reducido sustancialmente las prerrogativas presidenciales que la Constitución de 1925 había concedido al Jefe de la nación.

El Presidente de la República sólo puede seleccionarlos de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que además reúnan los requisitos exigidos por los estatutos de la Institución respectiva.

Estos comandantes en jefe durarán 4 años en sus funciones, sin posibilidad de ser reelegidos para otro período.

Por otra parte, en la redacción original de la carta del 80, se había restringido la facultad presidencial de removerlos, admitiéndose la remoción, sólo en casos calificados y con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Esta disposición no rigió en el caso de los Comandantes en Jefe que detentaban el mando al restablecimiento de la democracia en 1990, quienes continuaron en ellos hasta 1997, en conformidad con las normas transitorias de la Constitución.

El actual art 103, en su inciso 2º, establece que “El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período”. En consecuencia, esta disposición ha restablecido la buena doctrina, permitiendo al Presidente deponer a los comandantes en Jefe cuando no cumplan adecuadamente sus funciones.

Para remover a los Jefes militares, el Presidente de la República deberá materializar su decisión, a través de un Decreto fundado, es decir, tomando en cuenta causales objetivas que aconsejen la medida, ya que no se pueden considerar a los Comandantes en Jefe, ni al Director General de Carabineros, funcionarios de la exclusiva confianza presidencial; además deberá previamente informarse de su decisión a cada una de las ramas del Congreso Nacional

Nombramiento de oficiales.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales que integran las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros, se efectúan mediante decreto supremo, en conformidad con las normas establecidas en las Leyes Orgánicas de las instituciones armadas y de Carabineros, allí se señalarán las normas básicas por las que se van a guiar estas decisiones , se fijará en ellas las normas de la carrera profesional de los oficiales, su incorporación a las plantas, lo relativo a la previsión, antigüedad, mando y presupuesto de ellas. En cuanto a la Policía de Investigaciones, estos aspectos se regularán en su Ley especial, art 105.

El Consejo de Seguridad Nacional (Capítulo. XII, arts 106 -107)

La incorporación de este capítulo con rango constitucional, está vinculada a la ideología del gobierno militar que sustentaba entre sus principios la necesidad de crear un órgano protector de la democracia, partiendo del supuesto que ella estaba expuesta a los embates de ideologías exógenas que pretendían cambiar las bases de la cultura occidental; criterio sustentado en la Escuela de las

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Américas de Panamá, sostenida por el Pentágono e inserta dentro del contexto mundial de guerra fría.

No obstante la importancia que el constituyente de 1980 otorgó al concepto de seguridad nacional, mencionándolo en varios pasajes del código político, no aparece definido ni en la Constitución Política ni en texto legal alguno por lo que debe conformarse de acuerdo con las opiniones de la doctrina.

Por cierto y considerando lo polémico del tema, existen distintas definiciones y conceptos de lo que se entiende por seguridad nacional, así, el D.F.L. 181 de 1960 señala que: “ es toda acción encaminada a procurar la preservación del orden público, jurídico, institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la nación en el interior como en el exterior, con arreglo a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, a las leyes de la República y a las normas de derecho internacional según corresponda”; el General Toro Dávila aportó en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, otras definiciones, tales como “ Es la condición de orden y estabilidad que permita un desarrollo mínimo que satisfaga el bien común de los ciudadanos y que permita enfrentar las eventuales calamidades públicas y los conatos contra la paz social y el orden público interior y los atentados extranjeros contra la soberanía y la autodeterminación de la república”, o, “ Es aquella condición de orden y estabilidad que permite la conservación y supervivencia del Estado”. El profesor Evans de la Cuadra la define como el conjunto de exigencias de la organización social y de cautelas jurídicas que garanticen la inexistencia de conflictos que conduzcan o puedan conducir a un deterioro de la normalidad en lo externo o interno de la nación.

En síntesis el concepto engloba la seguridad de la nación y del Estado en el ámbito externo cuando es afectado por guerras, agresiones militares, o crisis internacionales y en lo interno, cuando se producen tensiones derivadas de pugnas entre gobernantes y gobernados que se traducen en rebeliones e insurrecciones. Algunos le atribuyen a la seguridad nacional el carácter de doctrina, es decir, un conjunto de principios y valores sobre los cuales se debe construir la sociedad, lo que constituye una evidente exageración.

La Constitución de 1980, estableció un Consejo de Seguridad Nacional compuesto por el Presidente de la República que lo preside e integrado por el Presidente del Senado, el de la Corte Suprema y desde 1989 por el Contralor General de la República además del Comandante en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y por el General Director de Carabineros, todos los cuales tienen derecho a voz y voto, será su secretario, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Además forman parte del organismo, pero sólo con derecho a voz, los Ministros de Interior, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Economía, Fomento y Reconstrucción y el de Hacienda., art 95 de la Constitución Política.

El texto refundido de la reforma constitucional de 2005, establece en su art 105,que habrá un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la Seguridad Nacional, el que estará integrado por el Jefe de Estado que lo presidirá, por el Presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por el Contralor General de la República y por los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas, así como por el Director General de Carabineros. En esta integración se incluyó al Presidente de la Cámara de diputados, el que no había sido considerado en el proyecto original; además el Presidente de la República, cuando lo determine, podrá incluir al Ministro del Interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de relaciones exteriores y el de economía y finanzas.

Otro aspecto importante de le reforma es definir a este organismo como un mero asesor en materia de seguridad del Presidente de la República; pero claramente es éste el integrante de mayor relevancia del Consejo, encargado de convocarlo.

En cuanto a su funcionamiento sólo el Presidente De la República lo puede convocar el quórum para sesionar es de la mayoría absoluta de sus miembros y no podrá adoptar acuerdos. Desaparece en el nuevo texto la referencia al lugar de funcionamiento y sólo el Presidente lo convoca, además de impedirle tomar acuerdos, todo lo cual restablece la buena doctrina en la materia.

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El Consejo ahora, no podrá adoptar más acuerdo que necesario para la aprobación de su propio reglamento y en las sesiones, cualquiera de sus miembros podrá expresar su opinión acerca de algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o con la seguridad nacional, desapareciendo el cúmulo de materias que el antiguo artículo 96 le atribuía.

Anteriores atribuciones del organismo (art 96): hoy derogado.

- Asesorar al Presidente de la República en cualquier materia vinculada a la seguridad Nacional que se le solicite.

- Hacer presente al Presidente de la República, al congreso Nacional o al tribunal Constitucional su opinión frente a un hecho, acto o materia que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o que pueda comprometer la seguridad nacional. Esta disposición es cuestionable en el sentido de que no parece adecuado que un organismo sin representación soberana se superponga sobre las máximas autoridades dela institucionalidad chilena como son el jefe del ejecutivo, el poder legislativo y el Tribunal Constitucional, más aún si el órgano está conformado con varias autoridades militares a las que les está vedado deliberar sobre temas de política contingente,

- Informar previamente respecto de los proyectos de ley que fijen las fuerzas de aire , mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempos de paz o guerra, así como autorizar la entrada de tropas extranjeras o la salida de las nacionales al exterior.

- Recabar de las autoridades y funcionarios de la administración de todos los antecedentes relacionados con la seguridad exterior e interior del Estado y el requerido estará obligado a brindarla. Tampoco parece adecuado que se solicite directamente informes a funcionarios públicos, ya que el jefe directo de ellos es el Presidente de la República, la petición se debiera practicar a través del Ministerio respectivo.

- Dar su opinión al Presidente de la República en caso de declaración de guerra.- Otorgar su acuerdo previo en los casos calificados en que el Presidente llame a retiro a los

Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas o al General Director de Carabineros, tampoco parece lógico este pronunciamiento que involucra a miembros del propio Consejo o a compañeros de armas. De los miembros del Consejo.

- Otorgar en caso de guerra externa su acuerdo previo al Presidente de la República para declarar todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea.

- Otorgar su acuerdo previo para que el presidente de la república aplique de inmediato las medidas correspondiente al estado de sitio, mientras el congreso se pronuncia sobre la materia.

- Otorgar su acuerdo previo para que el Presidente de la república declare todo o parte del territorio nacional en Estado de Emergencia.

- Otorgar su acuerdo previo al Presidente de la república para declarar el estado de catástrofe de una zona afectada por una calamidad pública.

- Calificar la situación de guerra exterior o de peligro de ella, de acuerdo con el art 98 inciso 3º- Elegir como miembros del senado a un ex comandante en jefe del ejército, de la armada, de

la Fuerza Aérea o de Carabineros, según lo dispone el art 45 de la Constitución.- Elegir dos abogados como miembros del Tribunal Constitucional, según lo dispone el art 81- Acordar las modificaciones al Reglamento que rige el funcionamiento del Consejo.

No cabe duda de la pertinencia de las atribuciones del organismos en materia estratégica y militar, pero es sumamente cuestionable el cúmulo de facultades que le permitía intervenir en la composición y funcionamiento de los poderes del Estado.- (todo lo cual ha sido corregido después de la reforma).

Banco Central ( cap. XIII, arts. 108 – 109 )

El Banco Central, que no ha tenido modificaciones en las reformas a la carta, es un organismo que ha adquirido gran relevancia y rango constitucional como consecuencia del predominio alcanzado por las teorías monetaristas de Milton Friedman, que propician la existencia de una institución autónoma e independiente para manejar los flujos monetarios.

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El Banco fue creado en 1925 a propuesta de la comisión Kemerer su reglamentación se funda en el D:L: 1078 de 1975, en el que se le fijó como objetivo “propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional, mediante las políticas monetarias, crediticias, de mercado de capitales de comercio exterior y cambios internacionales, del ahorro y las demás que fije la Ley”.

La Ley Orgánica Nº 18.840 que lo rige actualmente le asigna la misión, “velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es la autoridad monetaria del país y le corresponde en ese plano, regular la emisión de dinero, establecer las normas de encaje o reservas obligatorias para los bancos comerciales, fijar normas de crédito y tasas de interés, de compra y venta de títulos y valores y apoyar al comercio exterior del país”.

El art 108, lo señala como un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y de carácter técnico. No es integrante de la administración del Estado ni se le aplican las normas del sector público. Su Ley Orgánica, lo define como “un organismo técnico, con personalidad jurídica y de duración indefinida”.

La Dirección y Administración Superior de esta entidad, estará a cargo de un Consejo, constituido por cinco miembros, designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado; al presidente de consejo lo nombra el Presidente de la República de entre sus miembros.

Tiene la facultad exclusiva de emitir billetes y de acuñar monedas; sin embargo la Constitución le señala varias limitaciones:

- Sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, públicas o privadas. No puede realizar operaciones directas con particulares.

- No podrá otorgar su garantía a las operaciones que realicen las instituciones financieras sean públicas o privadas.

- Se le prohíbe adquirir documentos emitidos por el Estado.- Se le prohíbe financiar los gastos públicos, según el art 109, inciso segundo, ningún gasto

público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central, excepto el caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional.

- No podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza, art 109, inciso 4º.

Las decisiones que adopte el organismo deberán tomar en consideración las orientaciones globales de la política económica del gobierno, informando al Presidente de la República y al Senado respecto de las políticas y normas que dicte. Deberá además, asesorar al ejecutivo y al legislativo en las materias de su incumbencia.

Gobierno y administración Interior del Estado (Capítulo. XIV, arts 110 a 126)

Gobierno Regional

Para el gobierno y la administración interior del estado, el territorio chileno se divide en regiones, estas en provincias, las que para efectos de la administración local se dividen en Comunas.

Este capítulo mantiene en general la misma redacción que el texto anterior; la única modificación que estableció la reforma fue la modificación del antiguo inciso 2º del art 99 por el actual inciso 2º del art 110, que establece “La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.” Anteriormente lo relativo a la modificación de los límites regionales era materia de ley de quórum calificado y no mencionaba la creación de nuevas regiones.

Del Intendente.- La función de gobierno permanece centralizada y jerarquizada, en concordancia con el carácter unitario de nuestra forma de estado y en el nivel regional la ejerce el

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Intendente como representante natural y directo del Presidente de la República; en el desempeño de su cargo, aquel debe seguir los lineamientos indicados por el primer mandatario. En consecuencia, el cargo de Intendente es de la exclusiva confianza del Presidente de la República, quien lo puede remover a voluntad.

Requisitos para ser nombrado Intendente:

1.- Ser ciudadano con derecho a sufragio

2.- Residir en la región respectiva, a lo menos durante los dos años anteriores a su nombramiento

3.- Tener cumplidos 21 años de edad

4.- Tener los requisitos generales para ingresar a la administración pública

5.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos

6.- No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta, por sentencia ejecutoriada

Al Intendente como representante directo del Presidente de la República, le corresponden, de acuerdo con el art 19 Nº 2 de la Ley Nº 19.175, entre otras:

a) Dirigir las tareas de orden interior en la región, de acuerdo con las orientaciones, órdenes e instrucciones del Presidente de la República

b) Velar porque se respete la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y bienes en la región

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en conformidad a la Leyd) Informar al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y la de

gobernadores y jefes regionalese) Informar reservadamente al Presidente de la República de la conducta ministerial de los jueces

de la regiónf) Aplicar administrativamente la Ley de extranjeríag) Proponer las ternas para la designación de los seremi. En su caso proponer sus remocionesh) Coordinar, fiscalizar y supervisar los servios públicos que operan en la Regióni) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus funciones

El Gobierno Regional.- Sin embargo, la administración superior de cada región está radicada en un Gobierno Regional, organismo con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo objetivo es lograr el desarrollo social, cultural y económico de la región, este órgano está conformado por el propio Intendente y el Consejo Regional, art. 100 de la Constitución Política (Actual 111) .

Al gobierno regional, corresponden las siguientes funciones: Art. 16, ley 19.175

a) Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como el proyecto de presupuesto regional, ajustándose a las políticas generales de desarrollo y al presupuesto general de la nación. Esta función será coordinada a nivel nacional por el Ministerio Nacional de Planificación y cooperación

b) Resolver las inversiones de los recursos de la región F.N.D.R., c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de

inversión sectorial de asignación regional contemplados en la Ley general de presupuestod) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competenciae) Asesorar a las Municipalidadesf) Participar en acciones de cooperación internacional dentro del marco de los tratados

internacionales suscritos por el país

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El Consejo Regional, cuya finalidad es hacer efectiva la participación de la comunidad regional, para lo cual la Ley le confiere facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, es presidido por el Intendente.

Al Intendente, en el ejercicio de esta función, le corresponden entre otras, las siguientes atribuciones: ( art 24, Ley 19.175)

a) Formular las políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales.

b) Someter a consideración del consejo regional, los proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo, sus modificaciones y proveer su ejecución.

c) Presidir el consejo regional con derecho a voz, sólo votará en caso de empates como voto dirimente.

d) Someter a la consideración del consejo regional el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional.

e) Proponer la distribución de recursos del F.N.D.R.f) Representar judicial y extrajudicialmente al Gobierno Regional.g) Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del Gobierno Regional.h) Administrar los bienes nacionales de uso público en la región.i) Responder por escrito los actos de fiscalización que realice el Consejo en su conjunto y las

informaciones solicitadas por los consejeros en forma individual.

El consejo, además del Intendente, está compuesto por consejeros elegidos de manera indirecta por los concejales, que se constituyen para estos efectos en colegio electoral, de acuerdo con el art 29 de la Ley; a este organismo le corresponden las siguientes funciones:

a) Aprobar el Reglamento que regule su funcionamientob) Aprobar los reglamentos regionalesc) Aprobar los planes regionales de desarrollo y el presupuesto regionald) Aprobar los planes de desarrollo urbanoe) Resolver el destino de los recursos del F.N.D.R., de los programas de inversión sectorial y

los recursos propios del Gobierno Regional que resulten de la aplicación del Nº 20 del art 19

f) Fiscalizar el desempeño del Intendente, en su calidad de presidente del consejo y órgano ejecutivo del mismo

Las regiones obtienen sus recursos de las siguientes fuentes:

1.- De los recursos ordinarios fijados anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Nación

2.- En conformidad con el art. 19 Nº 20, De la afectación de determinados tributos que graven actividades o bienes de clara identidad regional, los que podrán ser aplicados dentro del marco de la Ley respectiva, por las autoridades regionales, al financiamiento de obras de desarrollo local o regional

3.- Los fondos provenientes del F.N.D.R.4.- Los recursos provenientes de inversiones sectoriales de asignación regional, contemplados

en la Ley de Presupuesto General de la Nación5.- Recursos provenientes de la celebración de convenios anuales o plurianuales de

programas de inversión pública celebrados con el gobierno central o sus ministerios

El Gobierno Provincial

En cuanto al Gobierno Provincial, existirá una Gobernación, que es un órgano territorialmente desconcentrado del Intendente y que es encabezado por un Gobernador como representante del Presidente de la República, quien lo nombra y remueve libremente, ya que es de su exclusiva confianza. Puede ser asesorado por un Comité Técnico Asesor, formado con los jefes de los servicios públicos de la provincia respectiva. (actual art 116)

Funciones del Gobernador: (Art 45 L.O.C.)

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a) Supervigilar los servicios públicos existentes en la Provinciab) Ejercer las otras funciones que le delegue el Intendentec) Designar a los delegados para el ejercicio de sus facultades en algunas localidades de la

Provinciad) Presidir el Consejo económico y Sociale) Supervisar los programas y proyectos de desarrollo de los servicios públicos de la provinciaf) Proponerle al Intendente proyectos de desarrollo provincialg) Asesorar a las municipalidades

También, en cada Provincia funcionará, un órgano consultivo y de participación comunitaria provincial, denominado Consejo Económico y Social Provincial, Presidido por el Gobernador e integrado, además por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la Provincia y por representantes por derecho propio (F.F.A.A., rectores de universidades, etc., art. 48) Las normas relativas a este organismo se señalan en el párrafo 4º de la L.O.C., arts. 48 a 51 inclusive.

Administración comunal

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas, reside en una municipalidad, las que, según el art 118 inc. 4º de la Constitución, son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Están constituidas por el Alcalde y por el Concejo.

Características de las Municipalidades:

a) Son corporaciones autónomas con capacidad para auto normarse y auto administrarseb) Son entes descentralizados administrativamente con personalidad jurídica propia de

derecho públicoc) Son corporaciones con patrimonio propiod) Tienen funciones y atribuciones propiase) Son órganos descentralizados territorialmente que ejercen sus funciones en el ámbito de

la respectiva comuna

Sus principales funciones son:

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, armonizándolo con los planes regionales y nacionales

b) Planificación y regulación de la Comuna y la confección del plan regulador comunalc) Promover el desarrollo comunitariod) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público dentro de la comunae) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanizaciónf) El aseo y ornato de la comunag) Las señaladas en los arts. 4º y 5º de la Ley 18.695

El instrumento rector del desarrollo comunal es el plan comunal de desarrollo, que deberá contemplar las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. Art 7º de la L.O.C, debiendo en su elaboración, tener en cuenta la participación ciudadana y la coordinación con los servicios públicos establecidos en la comuna.

Para el cumplimiento de sus funciones, podrán celebrar convenios con otros órganos de la administración del estado, así como asociarse entre ellas, también podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro para promover y difundir el arte, la cultura y el deporte. En todo caso, deberán actuar dentro del marco de los planes nacionales y regionales; sin embargo, sólo podrán participar en actividades empresariales cuando una Ley de quórum calificado las autorice.

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La máxima autoridad de la Comuna es el Alcalde, a quien corresponde la dirección y administración superior de la misma, así como la supervigilancia de su funcionamiento. Le corresponde presentar oportunamente a la aprobación del Concejo, el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y las políticas de normas generales sobre licitación, adquisición concesión y permisos municipales. Art 56 L.O.C.

Para ser Alcalde se deben reunir las exigencias del art 73, de la Ley Orgánica de Municipalidades, que son las mismas necesarias para ser concejal, es decir:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragiob) Saber leer y escribirc) Tener residencia en la región a que pertenezca la comuna o agrupación de ellasd) Tener la situación militar al díae) No estar afecto a alguna de las inhabilidades legales

El Alcalde será elegido por sufragio universal, en votación conjunta y cédula separada de la de concejales. Resultará electo, el candidato que obtenga la mayor cantidad de sufragios validamente emitidos en la Comuna, según determine el Tribunal Electoral Regional correspondiente. En caso de empate el Tribunal Electoral Regional respectivo, en audiencia pública y mediante sorteo determinará electo dentro de los candidatos empatados. Art. 125 de la L.O.C. Su mandato durará 4 años y podrá ser reelegido.

El cargo de Alcalde será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica, media o superior, hasta el límite de doce horas semanales, art 59 L.O.C.

El Alcalde tiene las siguientes atribuciones propias: art 63 L.O.C.a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidadb) Proponer al concejo la organización interna del municipioc) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia, según las normas estatutariasd) Velar por la observancia de los principios de probidad administrativae) Administrar los recursos financieros de la Municipalidadf) Administra los bienes municipales y los nacionales de uso público de la comunag) Otorgar, renovar y poner término a los permisos municipalesh) Adquirir y enajenar bienes mueblesi) Coordinar el funcionamiento de la municipalidadj) Convocar y presidir el concejok) Someter a plebiscito las materias de administración local, de acuerdo con las normas

constitucionalesl) Y con acuerdo del Concejo, las señaladas en el art 65 de la L.O.C.

El otro organismo del municipio es el concejo, que es el encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, al que le corresponden funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Esta integrado por un Nº variable de Concejales, según el Nº de electores de cada Comuna

Son atribuciones del Concejo:

a) Elegir al Alcalde en caso de vacancia, de acuerdo al art 62 de la LOC.b) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la ejecución

del presupuestoc) Fiscalizar las actuaciones del Alcalde d) Pronunciarse sobre los motivos de la renuncia a los cargos de Alcalde y concejale) Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundacionesf) Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales y a las

entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidadg) Fiscalizar las unidades y servicios municipalesh) Supervisar el cumplimiento del plan de desarrollo comunal

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En cada municipalidad existirá un Consejo Económico y Social, compuesto por representantes de la comunidad local organizada, será un órgano asesor que tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

La integración, organización, competencia y funcionamiento de los consejos, serán determinados por cada municipalidad, en un reglamento que el alcalde someterá a la aprobación del consejo.

Plebiscitos comunales.- El Alcalde, con acuerdo del concejo, o a requerimiento de los 2/3 de este organismo; o de a lo menos el 10% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan de desarrollo comunal, a la modificación del plan regulador u otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley. En ningún caso podrán celebrarse más de un plebiscito en una misma Provincia dentro del mismo mes calendario, ni tampoco dentro del año que preceda a cualquier votación popular.

En cuanto a las elecciones municipales, se rigen por las disposiciones contenidas en el Título V de la Ley, siendo calificadas por el Tribunal Electoral Regional respectivo, en resoluciones apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El actual art 126 de la Constitución, que la Ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que se susciten entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales y también establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el Intendente y el Consejo Regional, así como entre el Alcalde y el Consejo Municipal.

Reforma de la Constitución (Cap. XV , arts 127 – 129)

La facultad de reformar el texto constitucional corresponde al constituyente derivado que debe respetar los señalamientos del constituyente originario, nuestro texto consagra el principio clásico de rigidez constitucional, en el sentido que las modificaciones a la carta están sujetas a trámites difíciles de superar en la intención de dar estabilidad jurídica a los principios consagrados, pero admitiendo reformas que permitan adaptar el texto a nuevas realidades, sin embargo, en la práctica ellas requieren la unanimidad de las fuerzas políticas vigentes, de allí las enormes dificultades que ha enfrentado el deseo ciudadano de democratizar varias normas de la Constitución vigente.

En cuanto a la iniciativa de las reformas constitucionales, ellas corresponden tanto al Presidente de la República, por la vía del mensaje, como a los parlamentarios a través de las mociones que no más de cinco senadores ni de 10 diputados puedan presentar en sus respectivas cámaras, el jefe del ejecutivo puede elegir la cámara de origen.

De acuerdo con lo señalado, los poderes involucrados en los procesos de reforma constitucional son el ejecutivo y el legislativo, pudiendo participar eventualmente el pueblo directamente por la vía del plebiscito, en el caso de que el presidente lo convoque cuando sea procedente., incluso puede hacerlo circunstancialmente el Tribunal Constitucional a petición de alguna de las autoridades facultadas para hacerlo.

Para aprobar los proyectos de reforma constitucional se requiere un quórum de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, pero si se trata de modificaciones a los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, se necesitará de las 2/3ª partes de senadores y diputados en ejercicio.

Además del trámite de discusión en las cámaras de origen y revisora, será necesario verificar una sesión del Congreso Pleno, convocada por el Presidente del Senado no antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la aprobación del proyecto, con la asistencia de la mayoría del total de sus miembros, tomarán conocimiento y votarán sin debate el proyecto. En caso de que a la hora señalada no se reuniere la mayoría del total de los miembros de las cámaras, la sesión se verificará el mismo día a una hora posterior fijada por el Presidente del Senado en la convocatoria, sólo con los diputados y senadores que asistan. (Disposición contenida en el art 117 incisos 1º

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y 2º, derogados en la reforma) Desde luego, este trámite era innecesario y dilatorio para la aprobación de las reformas.

El proyecto aprobado por ambas cámaras pasará al Presidente de la República para su promulgación o veto.

Las observaciones presidenciales sólo podrán referirse a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que las hubiere considerado en el mensaje.Corresponderá al Presidente de la cámara de origen declarar la inadmisibilidad de las observaciones cuando correspondiere, lo que no obsta para que lo pueda hacer el Presidente de la cámara revisora cuando no lo hubiere hecho el primero, art 32 de la Ley 18.918; sin embargo, la sala de la cámara que corresponda podrá reconsiderar la declaración de inadmisibilidad formulada por su presidente.

Si el Presidente rechaza el total del proyecto de reforma, lo observará, regresándolo al Congreso, en cuyo caso, las cámaras votarán únicamente si insisten en la totalidad del proyecto aprobado por ellas. Si en alguna de las cámaras no se reúnen los 2/3 para insistir en su proyecto, este concluirá su tramitación; pero en caso de insistir ambas cámaras en su propuesta por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, obligará al Presidente a promulgarlo, a menos que éste estime pertinente someterlo a plebiscito de acuerdo con lo señalado en el art 117, art 128 actual de la Constitución Política.

En caso de que el Presidente observe parcialmente el proyecto aprobado por el Congreso, tendrán lugar, en cada cámara, dos votaciones separadas, una destinada a determinar si aprueban o rechazan cada una de las observaciones formuladas por el Presidente y la otra destinada a resolver, en caso de rechazo de las observaciones, si insisten o no en la mantención de la parte observada por el Presidente, art 34 de la Ley 18.918.

Las observaciones se entenderán aprobadas por el Congreso con el voto conforme de las 3/5ª partes o los 2/3ª, según el caso y se devolverá al Presidente para su promulgación. En el caso de que las cámaras no aprueben las observaciones, no habrá reforma en los puntos en discrepancia, a menos que ambas cámaras insistieren con el quórum respectivo en su propuesta (2/3 de senadores y diputados en ejercicio), en cuyo caso, el Presidente deberá promulgarlo o convocar a plebiscito con los textos para que el pueblo se pronuncie sobre las materias en desacuerdo.

El presidente deberá convocar al plebiscito dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ambas cámaras insistieren en el proyecto aprobado por ellas, total o parcialmente, ordenando su realización mediante Decreto Supremo que fijará la fecha de la votación, la que no podrá tener lugar antes de 30 ni después de 60 días, contados desde la publicación del decreto. Si transcurre el plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito se deberá promulgar el proyecto aprobado por el congreso en la forma indicada.

El decreto de convocatoria a plebiscito deberá contener el proyecto completo vetado por el Presidente cuando éste lo haya rechazado totalmente. En el caso de veto parcial, se incluirán las materias insistidas por el Congreso y las observaciones presidenciales, votándose separadamente cada una de las cuestiones en desacuerdo.

Una vez obtenido el resultado del plebiscito, el Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el resultado al Presidente de la República, especificando el texto aprobado por la ciudadanía, el que será publicado en el diario oficial dentro de los 5 días siguientes a la fecha de comunicación, pasando sus disposiciones a formar parte de la Constitución.

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