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Un año más se ha cerrado en Venezuela sin las esperanzas de una pronta recuperación de la crisis humanitaria que ha venido acechando al país durante los últimos años. Un año más se cierra sin cifras alentadoras que nos demuestren una disminución en las continuas violaciones a los derechos humanos que afectan todos los sectores de la sociedad venezolana. Un nuevo período se cierra donde la institucionalidad y el Estado de Derecho se sigue quebrantando, día tras día. Estas son las conclusiones a las que podemos arribar tras la revisión del informe 2019 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que brinda, con detalles y una minuciosa documentación, un contexto desolador y de necesidades continuas y urgentes.

En efecto, el informe 2019 pone en evidencia un continuo debilitamiento de la institucionalidad democrática, de la mano con la profundización de la crisis humanitaria y la continua violación de derechos humanos de distinta naturaleza. Con crecientes protestas por la demanda del goce efectivo de derechos civiles y políticos, así como la demanda de servicios básicos para la población, el informe denota, por un lado, una recuperación de la capacidad de convocatoria por parte de la sociedad civil y, por otro, una preocupante represión de las movilizaciones, que pone en evidencia una práctica de uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (FEHCL), incluyendo las FAES, como ha destacado la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDHNU) en su informe de julio 2019. En ese sentido, resulta fundamental que, en el 2020, las manifestaciones puedan conducirse de modo pacífico y que los FEHCL respeten cabalmente los principios sobre uso de la fuerza.

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Junto con la criminalización de la protesta, la suspensión del ejercicio de ciertos derechos también ha puesto la mira sobre las condiciones y los requisitos legales para dicha suspensión, los cuales deben ajustarse a los criterios de legalidad, causa legítima, y necesidad en una sociedad democrática. Este requisito nos obliga a un estricto monitoreo de la situación en el año 2020, donde la declaratoria de un estado de emergencia “permanente” frente al desafío del COVID-19 podría dar lugar a la suspensión -o violación- de derechos, fuera de los estándares internacionales aplicables para situaciones de emergencia. Asimismo, el informe de Provea de 2019 arroja también una constatación ineludible: la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, lleva a que, frente a una dimensión multifacética de la crisis humanitaria (o las diversas crisis) en Venezuela, se agrave aún más el escenario. En efecto, aquella situación de “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”, como denominó el Consejo de Derechos Humanos en el 2018, ha continuado a lo largo del año 2019.

Finalmente, el 2019 arrojó un contexto de una relación entre corrupción y violaciones a los derechos humanos que resulta cada vez más intrínseca e indisociable, lo cual resulta de suma gravedad en un país que, según Transparencia Internacional, se ubica en el quinto lugar más bajo a nivel global en cuanto a índices de corrupción en el sector público (173 de 180 países analizados). Así, esta relación no sólo denota un fenómeno que agrava la comisión de estas violaciones, sino que, a menudo, constituye la causa detrás de las mismas.

Ello dicho, frente a este escenario desolador, cabe destacar dos aspectos esperanzadores. En primer lugar, la creación y consolidación, en el 2019, de distintos

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mecanismos internacionales que apuntan a analizar, documentar y/o investigar graves violaciones a los derechos humanos, y poder dar respuestas a corto, mediano, y largo plazo a la crisis por la que atraviesa el país. Estos mecanismos incluyen la Misión de Determinación de Hechos, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; un nuevo mandato a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales se unen al importante trabajo que ha venido siguiendo en los últimos años tanto la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de su Examen Preliminar en Venezuela (abierto desde febrero 2018).

Respecto a este último espacio, debemos hacer hincapié en el reciente Informe Anual sobre Exámenes Preliminares de la Fiscalía de la CPI, de diciembre 2019, donde, en su capítulo sobre Venezuela, indica que la Fiscalía estaría avanzando hacia una nueva Fase del Examen Preliminar a inicios del 2020, procediendo al análisis en materia de admisibilidad, donde se evaluará tanto las medidas nacionales a la luz del principio de complementariedad, como la gravedad de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el año 2014. Es necesario subrayar que este último mecanismo no sólo brinda luces en materia de documentación de graves violaciones a los derechos humanos (concretamente, en materia de crímenes internacionales), sino que, sobre todo, significa una importante respuesta en materia de responsabilidad penal

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en caso se proceda a la apertura de una investigación formal,clave frente a la ausencia de respuestas a nivel interno en un contexto de impunidad generalizada, producto de un Poder Judicial que carece de independencia y está marcado por la corrupción, como ha indicado la OACNUDH en su informe de julio de 2019.

El segundo aspecto esperanzador que se debe destacar es la continua y activa participación de la sociedad civil venezolana, tanto dentro como fuera del país, pese a los diversos desafíos a los que se sigue enfrentando. Ésta incluye a organizaciones no gubernamentales, líderes sociales, sectores de la academia, entre otros. Estamos ante una sociedad civil que se enfrenta a amenazas constantes y a desafíos de diversa índole, desde ataques a la libertad de información y expresión, obstáculos para la inscripción y recepción de financiamiento, e incluso atentados contra la vida, integridad y libertad de quienes la conforman. La situación de los y las defensores y defensoras de derechos humanos resulta de particular preocupación. Ante ello, la sociedad internacional debe seguir apostando por una defensa inquebrantable de los y las defensores y defensoras de los derechos humanos en Venezuela. Para ello, resulta fundamental exigir el respeto a sus derechos, así como apoyar su trabajo, difundir sus informes, asistir en la protección de su documentación, brindar capacitación técnica continua, adoptar medidas urgentes de protección cuando sean requeridas, entre otras medidas.

El Programa Venezolano de Educación � Acción en Derechos Humanos no es ajeno a estos desafíos. El trabajo de documentación y defensa que han venido realizando en las últimas tres décadas ha colocado a esta organización como un estandarte de seriedad, independencia y dedicación dentro de la sociedad

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venezolana. Su capacidad para alzar la voz y realizar incidencia a nivel regional y global, en diversas plataformas y foros multilaterales, nos obliga a abordar con suma responsabilidad, humildad y compromiso las conclusiones de este informe.

Lima, abril de 2020Michelle Reyes*Coordinadora Regional para las Américas, Coalición

por la Corte Penal Internacional. Profesora Ordinaria, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú

Las opiniones vertidas en este texto son de plena responsabilidad de la autora y no comprometen ni a la Coalición por la Corte Penal Internacional, la cual mantiene una posición de neutralidad frente a todo Examen Preliminar e investigación que llega a la Corte Penal Internacional, ni a la Pontificia Universidad Católica del Perú.