de derechos humanos - reliefwebreliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources... ·...

de Derechos S i t u a c i ó n

Humanos

y balance de agresión contra defensores, líderes y lideresas

socilales en Antioquia2012

20

12

Contenido

Presentación p. 3

Capítulo I:

Balance de agresiones contra defen-sores y defensoras de derechos

humanos en Antioquia 2010-2012P. 6

Capítulo II:

Balance de los acuerdos y compro-misos del proceso de garantías

para defensores de derechos huma-nos en Antioquia 2009 – 2012

P. 21

Capítulo III: Crisis Humanitaria: Nordeste Antio-

queño P. 36

Capítulo IV: Norte de Antioquia: territorios en

medio del confinamiento militar y el des-

pojo extractivo multinacional. P. 45

Capítulo V: Contexto de derechos humanos de

la población campesina y minera del Bagre Antioquia y Sur de Bolívar.

p. 50

Capítulo VI: Contexto general de los casos de reclamantes de tierras en Urabá

p. 62

Capítulo VII: Represas en Colombia: desplaza-

mientos y miseria p. 66

Capítulo VIII: Comuna 8- Medellín: Entre la difu-

sa legalidad y el “des- orden de la ilegalidad”.

p. 79

Capítulo IX: Corregimiento Altavista- Medellín:

contexto de derechos humanos, desapariciones y desplazamientos

forzados p. 82

Capítulo X:

Situación de derechos humanos en cárceles de Antioquia

P. 86

El nodo Antioquia de la Coordinación Colombia- Europa Estados Unidos, presenta el informe anual sobre derechos humanos y si-tuación de defensores y defensoras en Antioquia; este texto fue compilado por la Fundación Sumapaz, y lo que en él se encuentra plasmado fue construido por: Fundación Sumapaz, Corporación

Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste- CAHUCOPANA, Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA- Instituto Popular de Capacitación- IPC, Corporación Cedecis y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- FCSPP; para esta ocasión se invitó a la Asociación de Her-mandades Agroecológicas y Mineras de Guamacó- Aheramigua -1, quien no solo trabaja en el departamento de Bolivia sino también hace presencia en el Bajo Cauca Antioqueño, a su vez presenta el informe de HidroItuango el Movi-miento Ríos Vivos.

Esta compilación ha sido el resultado del acompañamiento permanente a las organizaciones campesinas, sociales, comunitarias y de base que durante el año 2012, han realizado acciones tendentes a visibilizar la grave situación de derechos humanos que padecen, debido al avance y profundización del mo-delo de desarrollo económico neoliberal que ha instaurado un “orden social”, exclusivo y marginal, produciendo mayores niveles de pobreza, concentración de la riqueza en pequeños sectores, desplazamientos forzados siendo Antio-quia el departamento con mayor índice de desplazamientos forzados del país (CODHES), privatización de los recursos naturales y entrega de los mismos a las transnacionales; a esto se suma las políticas nacionales, regionales y locales de persecución contra campesinos y mineros por sus labor, la cual es catalogada de ilegal a razón de beneficiar los intereses de las compañías internacionales.

En Antioquia, de los 125 municipios que la conforman, según el Plan de Desarrollo de Antioquia 2012- 2015 “el 43,2% de los municipios de Antio-quia presentan un grado bajo de pobreza, el 19,2% un grado medio mientras

1 Aheramigua, pertenece a la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos, y hace parte del Nodo Nororiental.

Presentación

que el 37,6% muestra entre medio alto y un grado muy alto”2, se resalta que las subregiones más pobres son: el Urabá Antioqueño y el Bajo Cauca, en contraste con la subregión del Valle de Aburrá, Oriente y el Suroeste. La desigualdad social que pervive entre los municipios obedece a las lógicas imperantes económicas, y al desarrollo de una guerra que ha tenido como efecto un control sobre la población y sus territorios, muestra de ellos son las zonas de consolidación militar.

De acuerdo con lo anterior es importante señalar que el conflicto político, social y armado que vive la región ha traído graves consecuencias a la pobla-ción civil, ya que esta ha sido víctima de confinamientos, empadronamien-tos, asesinatos, desapariciones forzosas, judicializaciones, hostigamientos, persecución y señalamientos por parte de los diferentes actores del conflic-to. En este sentido, es recurrente en el análisis de contexto y en las denun-cias de las organizaciones campesinas, sociales, comunitarias, de base y Ongs, encontrar denuncias acerca del control militar y social, que ejercen las diferentes estructuras paramilitares hoy mal llamadas “Bandas Criminales Emergentes- BACRIM”, a lo ancho y largo de los territorios, los hechos más recurrentes son: desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones, hos-tigamientos, señalamientos y amenazas, lo cual ha continuado produciendo graves violaciones a los derechos humanos.

Respecto a las fuerzas estatales es recurrente encontrar denuncias de las comunidades, por violaciones a los derechos humanos, se resalta la cons-tante presión y coerción contra la población civil, empadronamiento, confi-namiento, hostigamiento, hurtos de enceres, señalamientos, falsos positi-vos judiciales y empleo de informantes, que por prebendas económicas dan falsos testimonios contra líderes, lideresas y organizaciones sociales. Así mismo en las visitas realizadas a algunas zonas del departamento se pudo constatar que tropas del Ejército Nacional permanecieran en medio de los caseríos violando el principio de distinción y poniendo a sus habitantes en grave riesgo. En cuanto a las denuncias contra la insurgencia, estas se cen-tran en las infracciones al derecho internacional humanitario, se destacan: coerción, amenazas y asesinatos.

En cuanto a la situación de defensores y defensoras de derechos huma-nos, se llama la atención sobre las constantes presiones a las que se ven sometidos en razón de su labor, la cual continúa siendo estigmatizada y perseguida no solo por agentes del estado, sino también por paramilitares, lo cual ha impedido en muchas ocasiones denunciar las graves violaciones de derechos humanos, generando mayores niveles de impunidad en tanto no se ha podido esclarecer los hechos violatorios que se realizan contra las comunidades.

Finalmente, este informe es el productos de un esfuerzo colectivo de hombres y mujeres que día a día trabajan por la construcción de una socie-dad donde se respete y garanticen los derechos humanos como fundamen-

2 Plan de Desarrollo de Antioquia “Antioquia la más educada” 2012- 2015. Pág. 4 de la línea estratégica: inclusión social.

tos de una vida digna. Agradecemos a: la Asociación Mujeres Ideales de Ituango- AMII, Corporación Jurídica Libertad- CJL, Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño- ASOCBAC, Asociación Nacional de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierras- Tierra y Vida-, Colectivo de Estu-dio y Trabajo de la Universidad de Antioquia, Corporación para la Paz y el Desarrollo- CORPADES- Asociación Familiares de Detenidos y Desapare-cidos- ASFADDES- Antioquia, Colectivo de Derechos Humanos Comuna 8, Mesa Subregional de Víctimas de Urabá, Mesa de Derechos Humanos comu-na 6, Comité Universitario de derechos humanos Gustavo Marulanda, Cor-poración en derechos humanos Contracorriente, Corporación Convivamos, Periódico Comunitario Tinta Tres, Centro de Producción Audiovisual Esfera Tres- comuna 3, Red Jóvenes Sin Fronteras comuna 2, Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, Latepaz, Asociación Campesina de Ituango, Comité Permanente Héctor Abad, Asociación Campesina de San José de Apartado, Ruta Pacífica de Mujeres, Trabajadores y Trabajadoras por la Paz, Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú- ASODECAS- Junta de Acción Comunal Esfuerzos de Paz comuna 8, Mujeres Aventureras, Cor-poración Volver, ANTHOC- Antioquia, Derechos Humanos- CUT- Antioquia, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos- GIDH- Juntas de Acción Comunal de Dabeiba Antioquia,

Capítulo 1Balance de agresiones contra defensores y defensoras

de derechos humanos en Antioquia 2010 – 2012Capí tu lo elaborado por la Fundación Sumapaz

El proceso Social de Garantías y el nodo Antioquia de la Coor-dinación Colombia- Europa- Estados Unidos –CCEEU-, reporta que durante los años 2010, 2011 y a noviembre 26 de 2012, en la región de Antioquia se han registrado por lo menos 646 agre-siones contra defensores y defensoras de derechos humanos en

las 9 subregiones del departamento; estos ataques sistemáticos han sido de carácter colectivo e individual afectando la labor de defensa de los derechos humanos, actividad legitima y legal en Colombia. En 2010 se presentaron 108 casos de ataques contra defensores, para 2011 se tiene un registro de 164 agresiones, y en lo trascurrido de 2012 se han presentado 374 casos de los cuales 318 son ataques individuales y 56 son Colectivos.

Fuente: base de datos Proceso Social de Garantías Antioquia

7

Durante el periodo reportado en las diferentes subregiones de Antioquia se han presentado diversas modalidades de ataques a la labor de defensa de los derechos humanos entre las que se resaltan: 238 amenazas individuales, 95 homicidios, 106 desplazamientos forzados; 55 casos de persecución co-lectiva e individual, entendidas estas como actos de hostigamiento, regis-tro fotográfico y seguimientos, y 11 casos de persecución judicial por parte de la fiscalía mediando la utilización de testigos recompensados que son preparados por miembros de la fuerza pública para propiciar la detención de campesinos inocentes y líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones comunitarias o incluso al movimiento social y político Marcha Patriótica.


Las agresiones perpetradas contra defensores y defensoras durante el año 2012, han sido llevadas a cabo por actores estatales y actores ilegales como paramilitares o guerrilla, en algunos casos no ha sido posible deter-minar el victimario por falta de información o por miedo a denunciar. El mayor agresor reportado según base de datos son las estructuras parami-litares con un 64% de los casos, seguido por presuntos miembros de la fuerza pública, con un 24%; en un 10% no se determina con exactitud el agresor y un 2% de las acciones contra defensores de derechos humanos es responsabilidad de las FARC- EP.

8

Modalidades de agresión Antioquia 2012



9


Durante el año 2012 las agresiones se presentaron principalmente contra líderes y lideresas de los sectores juvenil, campesino y de organizaciones defensoras de Derechos Humanos


10

En este contexto de persecución a la labor de defensa de derechos huma-nos, las subregiones del departamento con mayor número de agresiones du-rante el período 2010 - 2012 son el Valle de Aburrá, Urabá, Norte y Nordeste.


Valle de Aburrá

En el caso del Valle de Aburrá se debe anotar que como enclave del mo-delo de desarrollo de Antioquia en temas de bienes y servicios, existe una fuerte presencia y control estatal, pero paradójicamente los paramilitares (en el lenguaje oficial denominados como bacrim), son los que determinan las lógicas territoriales de los 10 municipios que conformar esta subregión, para lograrlo existe una constante confrontación armada de las diferentes estructuras de los Urabeños y la Oficina de Envigado en algunos de los barrios, comunas y corregimientos, lo que ha llevado al confinamiento, res-tricción a la movilidad y ataques a líderes y lideresas sociales. Durante el periodo comprendido del informe 2010- 2012, el total de agresiones en esta subregión fue de 349 casos reportados, se resalta con gran preocupación el número de asesinatos contra defensores y líderes sociales que alcanzan 43, las amenazas individuales que suman 170 y las de carácter colectivo que alcanzan los 18 casos, dentro de las que se cuenta el caso registrado durante 2012 contra miembros de CORPADES, quienes poseen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

11


Respecto al número de asesinatos de defensores, estos ascienden a 43 víc-timas (2010- 2012), siendo esta subregión del departamento la que reporta el mayor número de homicidios en el periodo analizado; así mismo se destaca la actual situación que vive la comuna 8 de Medellín, en el cual durante el año 2012 se presentaron 29 agresiones contra defensores y defensoras, en su mayoría amenazas individuales, 13 casos, 7 asesinatos, de los cuales 2 casos fueron contra menores de edad, quienes eran lideres juveniles del sector de-portivo, los cuales fueron asesinados brutalmente y luego desmembrados; y se reporta en este mismo territorio 5 desplazamientos forzados individuales.

Agresiones Valle de Aburrá 2012.

12

Para el caso de la comuna 13, durante el mismo periodo de 2012 se pre-sentaron por lo menos 181 agresiones, de los cuales 111, fueron amenazas individuales, 67 desplazamientos forzados individuales y 3 asesinatos todos estos casos fueron contra líderes y lideresas juveniles del sector cultural per-teneciente a los grupos de Hip- Hop Son Batá y a la Red Elite de Hip- Hop,.



13

Sumado a lo anterior, se reporta en el Valle de Aburrá, casos de obstacu-lización a la labor de defensa de los derechos humanos, ejemplo de ello ha sido las constantes restricciones a labor del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por parte de miembros el INPEC, quienes han impedido en múltiples ocasiones cumplir con la labor de defensa de los derechos huma-nos, negando el ingreso a los establecimientos penitenciarios para realizar el acompañamiento a los detenidos.

En otras oportunidades, se ha impedido a miembros de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos- nodo Antioquia, acompañar a las víc-timas de desalojos en las comunas de Medellín, quienes han solicitado la presencia de los defensores debido a los abusos cometidos por la fuerza pú-blica en desarrollo, de este tipo de procedimientos. Se resaltan los recientes ataques informáticos al Sistema de Información Comunitaria de la Comuna 8 y a la página web del Instituto Popular de Capacitación –IPC-. Así mismo se manifiesta preocupación por el robo de información del que fue victima esta última organización el pasado 2 de septiembre de 2012.

Urabá

La segunda subregión con mayores niveles de agresión a la labor de de-fensa de derechos humanos es Urabá. Allí en el transcurso de los años 2010, 2011 y 2012 se han presentado 110 agresiones, entre las cuales se resalta el asesinato de 15 líderes sociales y comunitarios y 6 reclamantes de tierras, se destaca el caso de MANUEL RUIZ, asesinado el 23 de marzo del presente año, luego de haber sido víctima de desaparición forzada en compañía de uno de sus hijos. Han sido amenazados en esta subregión 35 líderes, se ha presentado 5 amenazas colectivas y 16 casos de desplazamiento forzado individual y colectivo.


14

Las agresiones que se han presentado en este territorio son una respuesta al ejercicio y labor de los reclamantes de tierras quienes exigen los derechos de las víctimas y la devolución de las tierras que fueron usurpadas por los paramilitares. En los casos de señalamiento, hostigamiento y persecuciones, contra defensores, se resalta los constantes ataques contra los miembros de la organización de reclamantes Tierra y Vida y la junta de acción comunal de la vereda San José de León del Municipio de Mutatá. Pese a que el gobierno nacional se ha comprometido en adoptar medidas para la protección de los reclamantes de tierras, estas no han logrado detener los ataques. En la ma-yoría de los asesinatos, los victimarios son paramilitares de la estructura de los Urabeños; en los restantes patrones de agresión contra defensores por información de las víctimas la responsabilidad es atribuida a miembros de la fuerza pública y a las FARC- EP.

Norte de Antioquia

En el caso del Norte de Antioquia, en los últimos 35 meses, se han presen-tado 81 ataques contra líderes y lideresas, lo que demuestra una sistemática persecución contra las comunidades que realizan una lucha por la defensa del territorio debido a la presencia y desarrollo de grandes megaproyectos hidroeléctricos y de extracción de minera. Esto puede verse reflejado en los señalamientos colectivos, amenazas, judicializaciones y obstaculización a la libre asociación contra organizaciones campesinas y sociales como es el caso de Asociación Campesina del Norte de Antioquia, la Asociación Cam-pesina de Ituango, la Asociación Campesina del Bajo Cauca, el Colectivo de Derechos Humanos Orlando Fals Borda, las comunidades organizadas por la defensa del territorio frente al proyecto Hidro-Ituango, el Movimiento Ríos Vivos y el movimiento social y político Marcha Patriótica.

Respecto a las principales modalidades de agresión en esta subregión, se tiene información sobre 17 detenciones arbitrarias que han conllevado a judi-cialización, precedidas de 21 casos de persecución llevados a cabo por miem-bros del ejército nacional y la policía contra organizaciones campesinas y líderes sociales. Se han presentado 2 casos de capturas masivas, una llevada a cabo durante el mes de abril de 2012 en el municipio de Anorí cuando fueron detenidos 22 campesinos y campesinas, algunos de ellos pertenecientes a la Asociación Campesinas del Norte de Antioquia , por orden del fiscal especia-lizado 29; y otra sucedida el 26 de agosto del mismo año, dispuesta por este mismo fiscal, en contra de 27 pobladores del municipio de Ituango, quienes posteriormente recuperaron su libertad al no encontrarse mérito alguno para dictar medida de aseguramiento en su contra por parte del juez de control de garantías. En uno de los escritos que presento el fiscal especializado 29, manifestó respecto de la población de Ituango, que allí la mayoría de sus ha-

15

bitantes eran guerrilleros, pues todo el que comercializa cemento, gasolina y víveres hace parte de la insurgencia, poniendo en grave riesgo la vida de estos habitantes del territorio.



Bajo Cauca

En cuanto a la subregión del Bajo cauca, en el periodo analizado se han presentado 28 casos de agresión, de los cuales, 13 han sido asesinatos, en su mayoría contra población indígena; se reporta 1 caso de ejecución extra-judicial contra CARLOS ALBERTO GARCÍA, perteneciente a la Asociación Campesina del Bajo Cauca –ASOCBAC-, sucedida el 1º de abril de 2010, quien fue mostrado como muerto en combate por integrantes del Batallón 130 de la Brigada 25 de la Séptima División del ejército nacional; en cuanto a las amenazas individuales, se reportan 6 casos, entre los que se destaca la ame-naza contra el periodista del medio de comunicación “La verdad del Pueblo” por parte de estructuras paramilitares, la víctima cuenta en la actualidad con medida cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

16

Nordeste

En cuanto a la subregión del Nordeste del departamento, se registran un total de 44 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en el periodo 2010- 2012, 17 casos son de persecución contra organizacio-nes campesinas y sindicales, como Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Asociación Agraria y Minera de Amalfi y SINTRAMI-NERGÉTICA, a esta última organización pertenecían los dirigentes sindicales JAMINSON ADRIAN AMAYA y NELSON CADAVID asesinados el 27 de julio de 2012, luego de liderar un paro en el municipio de Segovia en la mina Pro-videncia y otros tres directivos de este sindicato soportan graves amenazas contra sus vidas, es de anotar que el presidente de Sintraminergética, DARIO RUA, concejal de este municipio se encuentra confinado a vivir en la mina La Roca, para evitar ser asesinado. Otros hechos que demuestra la sistemática persecución contra los mineros organizados, es el asesinatos ocurrido el 18 de agosto de 2012 en el municipio de Remedios contra el señor JORGE IVAN GIRALDO presidente de la Cooperativa Multiactiva de Mineros de Colombia y el asesinato de la señora GLORIA ELCY MARTINEZ testigo en un proceso adelantado en busca de la restitución de una mina adquirida al parecer de manera ilícita.


17

Occidente

La subregión de Occidente presentó 18 casos de agresión entre 2010- 2012, la mayoría de ellos consistentes en señalamientos, registros fotográficos, em-padronamiento y persecución contra defensores y presidentes de juntas de acción comunal. Según información de la comunidad, como responsable de estos ataques se ha señalado a miembros de la Brigada Móvil Nro. 11 del ejér-cito nacional y a desmovilizados que participan de los operativos militares.


Suroeste

En la subregión del Suroeste se reportaron durante los años 2010, 2011 y 2012, tres casos de agresiones, consistentes en el homicidio cometido en contra de FERNANDO TEQUIA, gobernador de la comunidad La Mirla del resguardo La Cristalina del municipio de Urráo, adscrita a la Asociación de Cabildos Indígenas de Chocó (Orewa) - Pueblo Katío; una amenaza indivi-dual, contra otro indígena por parte de paramilitares- de la estructura los rastrojos y un caso de obstaculización a la labor de derechos humanos por parte de un Concejal del municipio de Caramanta, quien impidió a la Corpo-ración Cinturón Ambiental realizar un recorrido de reconocimiento de los territorios locales donde se concentra el conflicto social, económico, cultural y ambiental por presencia de megaproyectos minero- energéticos.

18


Oriente

Respecto a la subregión del Oriente antioqueño, se reportan 5 casos de agresión durante el período aludido, constituyendo el hecho más grave, el homicidio del líder comunitario WILLIAM ANDRES ALVAREZ OROZCO, en hechos sucedidos el 7 de abril de 2011 en el Cañón del Melcocho del munici-pio de Carmen de Viboral. En los municipios que conforman esta subregión el miedo, el terror y la zozobra impiden la labor de denuncia y el poder ejercer libremente el derecho a defender los derechos humanos. En este territorio se tiene planificado desarrollar doce megaproyectos para la producción de energía hidroeléctrica, 52 microcentrales con el mismo propósito, se han otorgado 89 títulos para la exploración minera, 22 títulos para la explotación minera y se encuentran en trámite 174 solicitudes de títulos para los mismos propósitos, lo que generará grandes tensiones en los territorios y violación a los derechos humanos.


19

Magdalena Medio

En la subregión del Magdalena Medio se reportan dos casos de agresión en contra de periodistas por parte de agentes de la fuerza pública- policía nacional, en este territorio existe un fuerte control paramilitar que impide a los defensores de derechos humanos llevar cabo su labor de denuncia y acompañamiento a procesos sociales, campesinos y comunitarios.


Para finalizar, y aclarando que si bien el Sur de Córdoba no hace parte del departamento de Antioquia, debido a que comparten limites geográficos y territoriales, algunas de las organizaciones sociales de este territorio vienen participando durante el año 2012 en el proceso social de garantías, por ello se incluye en este contexto; en el Sur de Córdoba en el transcurso del año 2012 se han reportado 6 casos de agresión todas contra miembros de la Aso-ciación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, entre ellas se destaca: amenazas colectivas e individuales, judicializaciones y 2 asesinatos.


20

Por todo lo anteriormente expuesto el proceso social de garantías y el nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, considera urgente y necesario que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos en la audiencia regional de garantías de 2009, con los demás compromisos a los que se ha llegado durante tres años en el proceso nacional de garantías, además asuma compromiso en lo siguiente:

• Otorgar protección y garantías efectivas para evitar que los reclaman-tes de tierras víctimas del despojo, continúen siendo objeto de per-secución y aniquilamiento por parte de quienes ven afectados sus intereses económicos con los procesos de restitución.

• Otorgar plenitud de garantías para el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica, ejercida en el marco de los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, para que no sea objeto de es-tigmatización y señalamiento como viene ocurriendo con el proceso adelantado por comunidades pertenecientes a los municipios del nor-te del departamento afectados con la construcción de las represas de hidro-Ituango y Porce IV.

• Establecer mecanismos dirigidos a efectuar acompañamiento a las comunidades campesinas que puedan ser afectadas con la política de explotación minero-energética que puede estar propiciando nuevas modalidades de despojo.

• Garantizar que los miembros de la fuerza pública cesen de adelantar actividades de policía judicial de facto dirigidas a construir artificio-sos procesos penales en los que se pueda vincular a los defensores y los líderes de la oposición.

• Generar un espacio para el seguimiento de los informes emitidos en el Departamento de Antioquia por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

• Propiciar desde confluencia nacional de garantías un espacio que per-mita debatir de cara a la opinión pública nacional e internacional las implicaciones que en materia de impunidad de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al DIH la aprobación de la modificación de fuero penal militar impulsada en el Congreso de la República con el apoyo irrestricto del gobierno del presidente Santos.

Capítulo 2Balance de los acuerdos y compromisos del proceso de garantías para defensores de derechos humanos en Antioquia 2009 – 2012

Capí tu lo elaborado por Ins t i tu to Popular de Capaci tación . IPC

En el año 2009, se realizó la Audiencia Territorial de Garantías en Antioquia con la participación de un representativo número de organizaciones sociales y de instituciones del Estado.

Durante esta jornada, tuvieron lugar intensas discusiones al-rededor de tres ejes temáticos a saber: Prevención, Protección e investigación, control y judicialización.

Además de presentar una aproximación al contexto y a la situación que en materia de derechos humanos afrontaban los Defensores de la región, se presentaron diversas propuestas orientadas a mejorar las condiciones para el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos desde las expresio-nes comunitarias hasta las expresiones organizativas más formalizadas.

La gran mayoría de dichas propuestas no fueron acogidas como acuerdos dada la divergencia entre las posturas del Estado y la Sociedad Civil para leer el mismo fenómeno. Algunos acuerdos que se lograron establecer quedaron supeditados a la conformación de la Mesa Regional de Garantías, propósito que no fue posible alcanzar dado el condicionamiento de la participación de la Fuerza Pública en la misma. Así las cosas, en Antioquia el proceso continúa activo, participando de los espacios nacionales y generando una dinámica re-gional con un carácter social y político, sostenido en la convicción de trabajar en pro de las Garantías para Defensores de Derechos Humanos en interlocu-ción con autoridades civiles del Estado.

22

A continuación, se expondrán las exigencias realizadas por las Organiza-ciones de la Sociedad Civil (OSC) en la citada audiencia, se harán precisio-nes sobre los contenidos de las mismas si los hay, se indicarán los acuerdos específicos obtenidos en la materia y los responsables de los mismos, y se realizará una lectura una lectura cualitativa del nivel de cumplimiento por parte del Estado.

EN MATERIA DE PREVENCIÓN

1. Que el Ministerio Público tenga conocimiento de las investiga-ciones que se adelantan en contra de defensores y organizaciones

sociales

La exigencia estaba orientada a que la Procuraduría Regional de Antioquia y la Defensoría del Pueblo asumieran una actitud verdaderamente comprome-tida en materia de protección y de vigilancia del accionar de agentes estatales en materia de violación de los derechos humanos y en materia de búsqueda de la depuración de los informes de inteligencia elaborados por instancias de la fuerza pública y por organismos de seguridad como el DAS.

1.1 Compromisos de las instituciones: Agentes del Ministerio Público hacen especial vigilancia o intervención es-

pecial en procesos penales contra de defensores y organizaciones sociales (se solicita la conformación de un comité de vigilancia frente a este compromiso).

1.2 Responsables: Mesa de Garantías que hace seguimiento al Comité de Vigilancia. No quedan claridades de parte de la institucionalidad del Esta-do qué entes del Ministerio serían los responsables de realizar la vigilancia y a qué nivel territorial se haría.

1.3 Avances: De acuerdo al balance gubernamental, este acuerdo presentaba avances

en tanto la Procuraduría General de la Nación daría cumplimiento a la circular 009 de 2009 de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Mate-ria Penal y presentaría informes periódicos al respecto. Sin embargo, aún no se conoce por parte de la sociedad civil si tales informes se han producido y los resultados que arrojaron específicamente en el departamento de Antio-quia.

Se estableció un diálogo con la Fiscalía regional de Antioquia después de la Audiencia de Garantías donde se discutieron dos casos emblemáticos de defen-sores de derechos humanos judicializados. Este espacio no se volvió a activar hasta la fecha.

No existen claridades sobre el avance en este acuerdo y se desconoce la exis-tencia del Comité de Vigilancia de los procesos contra Defensores que reporta el gobierno nacional en sus informes.

23

2. Fortalecimiento de las instituciones que defienden los derechos humanos y DIH, por ejemplo las Personerías Municipales

2.1 Compromisos de las instituciones: Vicepresidencia de la Repúbli-ca – Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, lidera la búsqueda de recursos para el desarrollo del fortalecimiento

2.2 Responsables: Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH y Procuraduría General de la Nación

2.3 Avances: De acuerdo con informe gubernamental de 2010, la Procuraduría emitiría

comunicaciones a personeros para crear líneas de trabajo en el tema de ga-rantías para defensores. Además, propondría al Comité Técnico del Programa Nacional de Capacitación de Derechos Humanos para Personeros, incorporar el tema. La materialización de estas acciones no es visible en la labor de las Personerías Municipales de Antioquia. No se identifican líneas de trabajo que aborden directamente el tema de defensores de derechos humanos, éste en algunas ocasiones puede aparecer parcialmente enunciado en informes o declaraciones, pero no logra ser un terma central del quehacer de dichos entes.

El Programa Presidencial de DDHH y DIH envió en febrero de 2010 comuni-cación a todos los alcaldes de Antioquia, exhortándolos a contribuir con el for-talecimiento de las Personerías. Se desconoce qué avances existen al respecto.

3. Campaña para mejorar la representación social sobre defensores de derechos humanos.

En efecto, la propuesta inicial era mucho más amplia y consistía en: • Realizar una campaña encaminada a generar una opinión pública favo-

rable a la labor realizada por los defensores de DH y que reivindique la movilización social como mecanismo constitucional, y que sirva de insu-mo para la construcción de una política pública a favor de la legitimidad de su labor.

• Que se realice un acto público del gobierno nacional donde se retracte de sus señalamientos y falsas acusaciones en contra de los defensores de derechos humanos y reconozca la legalidad y legitimidad de la defensa y promoción de los mismos.

• Que todos los funcionarios respeten y acaten los convenios internacio-nales, las recomendaciones de Naciones Unidas y los pronunciamien-tos de la corte Constitucional en relación con el tema de garantías.

• Que los personeros se pronuncien sobre la situación de violencia y de los defensores de derechos humanos en los municipios.

24

3.1 Compromisos de las instituciones:Campaña de difusión sobre la legitimidad de la labor de defensa de dere-

chos humanos. 3.2 Responsables: Ministerio del Interior y de Justicia, y Secretaria de

Gobierno de la Alcaldía de Medellín. 3.3 Avances: Frente a estas exigencias presentadas por la sociedad civil, se podría de-

cir que existió cumplimiento por parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta el informe presentado con corte a junio de 2010, donde se reportaba el desarrollado declaraciones y pronunciamientos en apoyo y reconocimiento a la labor de los defensores de DDHH por parte del Ministros del interior de Justicia, del Presidente de la República y la Defensoría del Pueblo; la imple-mentación de una estrategia de comunicación de respaldo a los defensores (tres cuñas radiales por las cadenas de radio Caracol y RCN); la circulación mensual de un boletín electrónico dirigido a 8000 funcionarios públicos en todo el país reforzando el mensaje del apoyo y el reconocimiento a la labor de los defensores de DDHH; y una cartilla sobre Defensores de DDHH que contiene las directivas y la normatividad al respecto3.

De acuerdo al balance presentado en abril de 2011, se envió en 2010 a la Gobernación de Antioquia 20 ejemplares del libro “Defensores de Derechos Humanos” editado por la OANUDH con el fin de difundir su contenido en instituciones y funcionarios del departamento; en el mismo año se realizó jornada informativa sobre obligaciones del Estado en protección, defensa y garantía de la labor de los Defensores con participación de funcionarios de alcaldía, gobernación, defensoría, procuraduría, personería, policía nacional, entre otros, para un total de 30 funcionarios.

En 2012, el proceso regional de garantías a través de derechos de petición solicitó información al Ministerio del Interior sobre “la cantidad de campañas públicas y contenidos de las mismas, adelantadas durante el periodo 2009 - 2012, a favor de la imagen de los Defensores de Derechos Humanos en Co-lombia”, frente al cual no hubo ninguna respuesta.

Igualmente, realizó la misma indagación para los casos de Medellín y An-tioquia dirigida a las Secretarías de Gobierno respectivas. En Medellín, dicha Secretaría remitió el derecho de petición a la Unidad de Desplazamiento y dicha instancia lo remite a la Oficina de Asesoría en DDHH y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno y al Programa de Atención a Víctimas del Con-flicto Armado. Se recibe respuesta de la primera instancia donde se relaciona la realización de una campaña en 2011 sobre la promoción de los DDHH y la visibilización de su propia oficina con el fin de posicionarla. Se reconoce en todo este trámite que la Secretaría de Gobierno y demás instancias munici-

3 Memoria Mesa Nacional de Garantías, agosto 5 de 2010, evento realizado en el Ministerio del Interior.

25

pales desconocen o no tienen dentro de sus prioridades el proceso regional y nacional de garantías, demostrando el claro distanciamiento que ha tenido del proceso desde sus inicios.

En el caso del departamento, el derecho de petición tuvo respuesta de la Dirección de DDHH y DIH, atención a víctimas y reintegración. Llama la atención que en tal respuesta exista un gran acento en que de la audiencia territorial celebrada en 2009 no quedaron claridades sobre las entidades que serían responsables de garantizar los compromisos adquiridos por el Es-tado, enfatizando además, en que ello estaba sujeto a la constitución de la Mesa Territorial, la cual, si bien no se constituyó como instancia o aparato ha funcionado ininterrumpidamente como proceso social desde aquel entonces, articulado sin falta a las Mesas Temáticas Nacionales y espacios de interlo-cución que el Estado Colombiano ha habilitado para tal fin. En el tema de Campañas, se explica que no se realizaron Campañas a favor de la imagen de defensores y defensoras, e informa que se realizaron otro tipo de campañas de prevención de las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, desapa-rición forzada, reclutamiento de menores, trata de personas, ataques a la misión medica, entre otros.

Se puede concluir que las autoridades territoriales no tienen el suficiente conocimiento ni la suficiente apropiación de lo que ha sido el proceso de ga-rantías, ni mucho menos de las responsabilidades que le son propias dentro del mismo. Se observa que el proceso de garantías se proyecta en un escena-rio nacional y con pocas capacidades de materialización en las regiones, en efecto, después de la Audiencia Territorial celebrada en 2009, la reunión de balance efectuada el 24 de septiembre de 2012, es el segundo encuentro de interlocución territorial que se ha dispuesto en Antioquia.

4. Que el SAT diseñe mecanismos de seguimiento a la situación de riesgo de defensores de derechos humanos.

La propuesta inicial sobre el asunto era más global: Revisión de los informes de alerta temprana para que estos se realicen con relación a otros temas como ejecuciones extrajudiciales y situación de defensores y líderes sociales. El 3 de agosto de 2012 en mesa nacional de garantías sobre la temática del SAT y la CIAT, esta solicitud es precisada en tanto las OSC manifestaron la necesidad de que los informes de riesgo y las alertas tempranas consideren a la fuerza pública como un posible “agente generador del riesgo” además de las organizaciones ar-madas ilegales que ya se tienen en cuenta para la elaboración de dichos informes.

4.1 Compromisos de las instituciones: Expedir una resolución defensorial sobre defensores de derechos huma-

nos con recomendaciones.

26

4.2 Responsables: Defensoría del Pueblo Nacional. 4.3 Avances: Según informe de abril de 2011, en 2009 y 2010 el Defensor Nacional

emitió dos comunicados de prensa (Nº 1527 y 1441) que hacen referencia a Defensores de DDHH.

Teniendo en cuenta la solicitud hecha en el marco de la audiencia territo-rial, incluso en su alcance más restringido, se elevó un derecho de petición al Defensor Regional del Pueblo donde entre otros asuntos, se le preguntó por “el número de informes realizados y publicados por la Defensoría del Pueblo Regional, a partir del el segundo semestre de 2009 hasta la fecha, sobre situaciones estigmatización y persecución a Defensores de Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia”. Y además, sobre la “relación de las denuncias disciplinarias y penales interpuestas en razón de la información que su despacho ha recibido en casos de estigmatización y persecución a De-fensores de Derechos Humanos”. La respuesta de la defensoría regional fue que el derecho de petición debía ser dirigido al doctor Jorge Calero del SAT nacional con oficina en Bogotá.

Se tiene conocimiento que no existe desde 2009 a la fecha, ningún infor-me de la defensoría del pueblo orientado a analizar la situación de riesgo de los defensores de DDHH. Si bien dichos análisis son de carácter territorial, la situación registrada los últimos años sobre esta población no es incompati-ble para la aplicación de tal enfoque. Los patrones que se identifican en cada una de las subregiones del departamento de Antioquia, ratifican la necesidad que el Ministerio Público incorpore el tema de defensores con más claridad y demuestra que es factible bajo la aplicación de un enfoque territorial tal como dicha entidad lo ha venido realizando.

5. Formación en derechos humanos para la fuerza pública y fun-cionarios de la rama judicial con acompañamiento de la sociedad civil.

5.1 Compromisos de las instituciones: Diseño de acciones para una cultura de defensa de derechos humanos para funcionarios y fuerza pública.

5.2 Responsables: Programa Presidencial de DDHH y Ministerio Público. 5.3 Avances: Según informe gubernamental, en el año 2010 la Gerencia de Desplaza-

miento de Medellín y la dirección de DDHH del Ministerio del Interior y de Justicia acordaron realizar talleres con la Policía Metropolitana sobre despla-zamiento forzado intraurbano y cultura de defensa y garantía de derechos.

Asimismo, la acción registrada en el compromiso de campaña para la legi-timidad de la labor de los defensores, que consistió en una reunión informa-tiva sobre obligaciones del Estado con 30 funcionarios en Antioquia, vuelve y

27

se referencia en este ítem. Se agrega la acción de difusión semanal de boleti-nes virtuales, difusión de cartilla informativa y emisión de cuñas radiales (no se especifica más información sobre el particular).

Desde el Proceso Regional, se elaboraron derechos de petición a la Policía de Antioquia y Región Seis, consultando sobre el número de miembros de la policía en procesos formativos de DDHH; entidades participantes en tales procesos y contenidos de los mismos. Las respuestas dan cuenta que de 2010 a mayo de 2012, la Policía de Antioquia realizó procesos formativos a 5224 Policías. Durante el mismo periodo, la Policía Región Seis formó 8108 agen-tes. En total, son 13.332 policías formados en DDHH.

Según lo expuesto en los derechos de petición, la orientación de los con-tenidos de la formación de la Policía de Antioquia tocaron parcialmente el tema de defensores en lo que tiene que ver con Protección a sindicalistas y periodistas. Llama la atención, que hay un énfasis en el estudio del sistema interamericano de DDHH y específicamente de casos que han llegado a la Corte IDH donde se compromete la actuación de la policía:

• Doctrina policial enfocada en los DDHH (DDHH en la Policía Nacional y Protección de los DDHH en el servicio de la policía)

• Protección, atención y responsabilidades de la policía nacional a la población desplazada (marco Ley 387)

• Reparación a las víctimas (marco Ley 1448)• Protección a indígenas y cumplimiento auto 004.• Protección afrocolombianos Auto 005• Política integral de DDHH y DIH de Mindefensa.• Víctimas y testigos de Justicia y Paz (marco Ley 975 y Decreto UNP

4912/11)• Protección y respeto por los defensores de DDHH• Protección a sindicalistas.• Lesiones (sic) aprendidas en los casos de Wilson Gutierrez Soler y

Leidy Dayana• Medidas cautelares y provisionales del sistema interamericano de

DDHH. • Protección a periodistas.

En el caso de los procesos formativos impartidos por la Policía del Distrito 6, no hay ningún contenido orientado a defensores.

• Parámetros conceptuales de DDHH• Características y obligaciones• Derechos de N, N y A• Uso de la fuerza• Derechos y deberes• Autoridades competentes

28

• Sistema de bienestar familiar• Ley de infancia y adolescencia• DDHH y DIH

Dentro del proceso de garantías se ha manifestado que estos ciclos for-mativos deberían tener o realizarse con la participación de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, como mínimo en la definición de contenidos, sin embargo, esto no se ha realizado. Al respecto, llama la atención que una ONG que no se conoce en el medio y que no hace parte del proceso nacional de garantías, aparezca haciendo parte de los ciclos formativos en DDHH y DIH a la policía en la región; el nombre de dicha ONG es Fundación Heissen. Otras entidades competentes y reconocidas participan en la formación a policías como Secretarías de Gobierno, Ministerio Público, CICR y universidades (Javeriana y Santo Tomás).

EN MATERIA DE PROTECCIÓN

6. Trámite de emergencia para facilitar la adopción inmediata de medidas de protección.

6.1 Compromisos de las instituciones: Establecer una comunicación entre Estado y sociedad civil para los trámites de casos de emergencia para protección.

6.2 Responsables: Autoridades civiles nacionales y departamentales, OSC y fuerza pública.

6.3 Avances: De acuerdo con el informe gubernamental, se efectuaron reuniones a ni-

vel municipal y departamental con una Comisión de Trabajo por fuera del proceso de garantías. En este sentido, es necesario aclarar que si este tipo de acciones se adelantan en el marco del proceso de garantías deben efectuarse con quienes participen en el mismo, por lo tanto, la discusión y definición de trámites de emergencia con otras colectividades, grupos poblacionales o entidades, se entienden en el marco de la actuación constitucional que tienen diferentes instituciones del Estado más no como parte del cumplimiento de los acuerdos del proceso nacional de garantías.

Según plantea el mismo informe, el Ministerio de Defensa informó que el compromiso fue cumplido porque la Policía Nacional, a través de la imple-mentación del sistema de calidad presentó documentado el procedimiento “Atención a Requerimientos de Derechos Humanos”.

Si se consideran las acciones reportadas con relación al compromiso ad-quirido, claramente se observa que el tema de los trámites de emergencia para defensores de derechos humanos no ha sido canalizado a través del proceso

29

de garantías en Antioquia y no se han generado lo mecanismos para una co-municación adecuada con el Estado.

Ahora bien, desde la región se solicitó a través de derecho de petición en-viado al Ministerio del Interior en el 2012, información sobre: cuál es y cómo funciona el protocolo para trámites de emergencia en situaciones de riesgo; cuántos beneficiarios de los trámites de emergencia hubo en Antioquia du-rante el periodo 2009 - 2011 y en qué municipios; y cuál fue la asignación presupuestal otorgada para esos casos en cada año del periodo citado. El derecho de petición era claro en que la solicitud se hacía en correspondencia a las discusiones que tuvieron lugar en la Audiencia Territorial de Garantías de Antioquia, llevada a cabo el 10 de julio de 2009 en la ciudad de Medellín. El Ministerio del Interior no responde esta solicitud y la envía a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres donde se supone se da res-puesta al derecho de petición con información que no se solicitó: 1. Copia de una circular a gobernadores y alcaldes que define líneas de acción en si-tuaciones de desastres; y 2. Un reporte de emergencias y apoyos de la citada Unidad de Desastres a través del Fondo Nacional de Calamidades por valor de $7.005.938.920.

La misma solicitud y bajo el mismo mecanismo se realizó específicamen-te a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Allí, la respuesta se acerca más a lo indagado, sin embargo, no es satisfactoria ya que como dependencia actualmente encargada en el Ministerio del Interior de estos temas, debe-ría tener conocimiento de los antecedentes de las medidas de protección asignadas y precisamente, uno de sus argumentos es que solo se presenta información a partir de la creación de la citada Unidad, es decir, desde el 31 de octubre de 2011. La UNP responde que desde que fue creada, le ha brin-dado medidas urgentes de protección a 12 personas en Antioquia; que no es posible especificar municipios donde se asignaron por ser información con-fidencial; y que la información de los otros años se debe solicitar a Dirección de DDHH del Ministerio del Interior. Dicha respuesta no especifica en qué consisten las 12 medidas asignadas en tal periodo y cuántas corresponden a defensores de DDHH.

Respecto al Protocolo, la UNP respondió que el trámite de emergencia es facultad discrecional del Director General de la UNP, a través de la cual en cualquier momento puede otorgar medidas temporales de protección a los usuarios del Programa, sin necesidad de realizar un estudio de nivel de riesgo previo, cuando se esté ante una situación de riesgo inminente o excepcional. La unidad realiza una valoración inicial del riego la cual permite verificar la inminencia de la situación presentada, no obstante, y luego de efectuado dicho trámite se dispondrá la realización de la correspondiente evaluación de riesgo con el objetivo de determinar con mayor precisión el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra el peticionario, lo que permitirá ajus-tar o modificar las decisiones adoptadas inicialmente. Sin embargo, somos

30

conocedores de casos que se han presentado como emergencia y sobre los cuales se indagará por su estado en el CERREM que se llevará a cabo el 24 de septiembre de 2012, no han tenido el tratamiento que en la respuesta de la UNP se describe, pudiendo hacerse de tal forma al ser considerados casos urgentes.

La misma pregunta se trasladó a la Secretaria de gobierno departamental, la cual informó que fueron remitidas 10 solicitudes a la UNP, en su mayoría de personas que por amenazas se trasladan de municipios de Antioquia o de otros departamentos, es decir, no hay precisión de cuántas de esas personas son defensores. En términos de asignación presupuestal para los trámites de emergencia, informa que 217 personas del programa de víctimas y testigos de la fiscalía fueron beneficiarias de tiquetes aéreos, terrestres, alimentación y alojamiento a través de dos convenios por $240.000.000 y $ 100.000.000, es decir, casos que no corresponden específicamente a defensores de derechos humanos. Remite a UNP para conocer respuesta precisa a la solicitud.

También se indagó en la Secretaría de Gobierno de Medellín, la cual remi-tió el derecho de petición a la Unidad de Desplazamiento y ésta a su vez a la Secretaría de Hacienda para el tema presupuestal y nuevamente a la secre-taría de gobierno para los protocolos en casos de riesgo. Se observa que la ruta con la que trabajan para la atención de estos casos no acoge los nuevos decretos en la materia, pues se sustenta en el decreto 1740 de 2010 modifi-cado por decretos 2271, 4520 de 2010, 955, 1896, 3375 de 2011, claramente, la Secretaría de Gobierno de Medellín está desactualizada en la materia, incluso parecen desconocer el decreto 4912 del 26/12/2011. En la respuesta informan que han atendido en Medellín 103 casos de líderes o lideresas en riesgo pero no se ubica ninguna ejecución presupuestal frente a garantías a líderes, líderes y defensores.

7. Personeros municipales se pronuncian sobre la situación de vio-lencia y de falta de garantías para defensores(as) de DDHH

La exigencia originalmente estaba orientada a que la autoridad depar-tamental y la administración de Medellín realizaran declaraciones públicas dirigidas a reconocer la legitimidad democrática de la actividad realizada por los defensores y defensoras de derechos humanos, de los líderes e integran-tes de las organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento de Antioquia. Es decir, no solo las personerías. El compromiso se logra involu-crando más actores institucionales lo cual se identifica como un importante avance en la concreción del acuerdo.

7.1 Compromisos de las instituciones: Pronunciamiento del gobierno municipal, departamental y nacional sobre el trabajo que realizan defenso-res de derechos humanos a través de los medios de comunicación.

31

7.2 Responsables: Autoridades nacionales, departamentales y Muni-cipales; Procuraduría; Gobernador; Alcaldías y Personeros.

7.3 AvancesSegún informe gubernamental, este compromiso se reportaba como cum-

plido considerando la Declaración Presidente de la República con ocasión de la visita de la Relatora de Naciones Unidas para los defensores y de-fensoras de derechos humanos (2009); Declaración Vicepresidente Francisco Santos con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos (Septiembre de 2009); Comunicado conjunto del Ministro de Interior y de Justicia y la sociedad civil con ocasión de la instalación de la Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales (abril de 2009); Circular Externa No. CIR09-259-DMI-0100 del Ministro del Interior y de Justicia dirigida a Gobernadores y Alcaldes Municipales y distritales de Colombia (septiembre de 2009); Comunicado Ministro del Interior y de Jus-ticia (Septiembre 2009); Comunicado del Ministro del Interior y de Justicia (febrero de 2010); Declaración Ministro del Interior y de Justicia (noviembre de 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, claramente se observa avances en el cum-plimiento del compromiso a nivel nacional. Sin embargo, en los ámbitos de-partamental y local, ni las Alcaldías o la Gobernación han hecho lo propio, al igual que las Personerías. Teniendo en cuenta el contexto de nuestro país y la situación de los defensores de DDHH, este compromiso debe mantener su vigencia de tal forma que se articule y sume efectos al propósito mayor de transformar las representaciones sociales desfavorables a la labor de defensa de los derechos humanos.

8. Procuraduría debe investigar de oficio a funcionarios que estigmaticen a defensores de derechos humanos

En el sentido extenso, la exigencia de las OSC trascendía a una rendición pública de cuentas semestral del ministerio público y la rama judicial sobre la resolución de las denuncias e investigaciones sobre estigmatización y perse-cución a defensores de derechos humanos.

8.1 Compromisos institucionales: Procuraduría debe investigar de ofi-cio a funcionarios que estigmaticen a defensores de derechos humanos.

8.2 Responsable: Procuraduría Regional 8.3 Avances: Gobierno informó que en 2010 se dio traslado a la Delegada Disciplinaria

de Derechos Humanos para que se adelantaran las investigaciones correspon-dientes y se presentarán informes periódicos.

Sobre el particular, se envió derecho de petición en 2012 a la Procuraduría Regional de Antioquia y no hubo ninguna respuesta.

32

EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, CONTROL Y JUDICIALIZACIÓN

9. Depuración de informes de inteligencia elaborados por fuerza pública y DAS. Desclasificación de información sobre defensoras(es), de los últimos 20 años. Revelar lista de defensores/as y organizacio-nes investigadas e interceptadas por el Estado, razones y actuaciones.

9.1 Compromisos Institucionales: Sin claridad. 9.2 Responsables: Procuraduría General de la Nación (PGN). 9.3 Avances:Según informó el gobierno nacional en 2010, la PGN elaboraría una me-

todología para adelantar el proceso con los archivos de inteligencia con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH). La PGN estaba coordi-nando actividades tendientes a acordar y elaborar protocolos para la revisión y depuración de los archivos de inteligencia. Sin embargo, en el año 2011 no se informó nada al respecto.

En el año 2012, desde la región fue consultada la PGN sobre el proceso de desclasificación y depuración de los archivos del DAS a través de derecho de petición. La PGN informa que después del cierre del DAS en el año 2011, la información se encuentra archivada bajo cadena de custodia y que su des-clasificación y depuración depende de lo que determine la Ley de Inteligencia cuando sea promulgada. En conclusión, no hay ningún avance al respecto.

10. Que el Ministerio Público tenga conocimiento de investigaciones contra defensores(as)

10.1 Compromisos institucionales: No hay claridad del compromiso. 10.2 Responsables: Procuraduría General de la Nación y Defensoría del

Pueblo. 10.3 Avances:En 2010 el gobierno nacional informó que cuando se trate de investigacio-

nes disciplinarias, la Procuraduría continuará ejerciendo su poder preferente de conformidad con la Resolución 346 de 2002. Cuando se trate de investiga-ciones penales, la misma entidad designará agentes especiales. La Defensoría Pueblo remitirá a la Procuraduría y a la Fiscalía las quejas recibidas por inter-ceptaciones y hará seguimiento especial a las mismas.

Desde el proceso regional de garantías no se conocen avances al respecto. En efecto, el derecho de petición enviado en 2012 a la Procuraduría Regional Antioquia, estaba orientado a conocer también sobre estos temas y no se tuvo respuesta por parte de la entidad. Igualmente, el derecho de petición realizado a la Defensoría Regional del Pueblo indagaba sobre las quejas remi-

33

tidas, y como se indicó, la respuesta de la entidad fue señalar que el derecho de petición debía ser enviado a la coordinación del SAT nacional en Bogotá.

11. Desmonte de la estrategia de apoyo ciudadano a redes de información y que se desvincule e investigue a los civiles vinculados

con la inteligencia militar

En sentido extenso, la propuesta se orientaba a elaborar un Inventario e informe en el departamento sobre las personas que hacen parte de tales re-des y de las organizaciones ilegales de vigilancia reconocidas como Convivir con el propósito de Identificar armas, carnet, radios y vehículos utilizados para vigilancia o inteligencia.

11.1 Compromisos institucionales: Ninguno. El gobierno nacional ha solicitado revisión de la exigencia. El término Convivir al no estar formal-mente aceptado, genera controversia y no permite avanzar en la esencia del compromiso.

11.2 Responsables: La propuesta se orientaba a que fuesen la Procu-raduría Regional y la Superintendencia de Vigilancia.

11.3 Avances: El gobierno nacional ha insistido en la revisión de la exigencia realizada

por las OSC.

Desde el proceso regional de garantías se quiso indagar en el año 2012 sobre las redes de información que funcionan en el departamento, teniendo como punto de partida, las redes que están a cargo de la Policía ya que ha-cen parte de la misma inquietud en su sentido más extenso. Por lo tanto, a través de derechos de petición a la Policía, se encontró que las redes sobre las cuales ofrecieron información son aquellas donde no hay participación de personas desmovilizadas de grupos armados ilegales y son las que tienen una orientación de atención de emergencias; al respecto informaron:

Según la Policía de Antioquia, en el departamento hay 4054 usuarios vinculados a la Red de Apoyo y Comunicaciones a través de radios de comu-nicación VHF. Estos son 332 Caficultores, 188 Agricultores, 793 Ganaderos, 44 Porcicultores, 57 Floricultores, 158 Mineros, 902 Fincas de Descanso, 702 Comerciantes, 37 Transportadores, 122 Operadores Turísticos, 154 Em-presas de Servicios, 132 Juntas de Acción Comunal, 364 Entes gubernamen-tales y organismos de socorro. Asimismo, existen 77 Repetidoras para una cobertura de 86 Municipios y 21 Corregimientos.

Según la Policía Región Seis, hay 512 personas adscritas a la Red de Coo-perantes y 142 de la Red de Apoyo Ciudadano en Valle de Aburrá. Para la región de Urabá, indica que hay 480 personas en la Red de Cooperantes,

34

680 de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana y 208 de la Red de Apoyo y Comunicación Ciudadana.

Después de obtener estas respuestas, se pasó entonces a buscar informa-ción que ayudara a clarificar el carácter de las redes que tiene bajo su cargo la Policía Nacional. De este ejercicio se lograron identificar seis redes que se describen a continuación:

Red de cooperantes. Motivación patriótica de ayuda y cooperación a los organismos de seguridad del Estado suministrando información. Solidario sin remuneración. A cargo de la Policía Comunitaria.

Redes de comunicación y apoyo. Trabajo conjunto con empresas, insti-tuciones y Policía a través de radios o avanteles. A cargo de la Policía Comu-nitaria.

• Red de Apoyo. Creada en junio de 1984 por la Policía Nacional. Coor-dina con otras entidades y organismo la atención de casos de emer-gencias y desastres que deban atender en conjunto, mediante comuni-cación en tiempo real. A cargo de la Policía Comunitaria.

• Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana RASCI. Creadas por el Go-bierno Nacional. Enlazan los servicios de vigilancia y seguridad pri-vada con la Policía Nacional, para prevenir y evitar la comisión de delitos. La componen: Taxistas, transportadores, ganaderos, redes hospitalarias, centros educativos, comerciantes en general, empresas de seguridad, transportadores de carga. A cargo de la Policía Comu-nitaria.

• Red de Cooperantes Viales RECVI. Ciudadanos proporcionan infor-mación para evitar delitos o actos terroristas en las carreteras, inclui-das, las protestas públicas y fenómenos naturales. Red de Fuentes humanas. Parece que no tiene recompensa.

• Red de informantes. Integrada por personas que ocasionalmente en-tregan información a los organismos de seguridad del Estado y se mantienen en carácter reservado. Esta información se convierte en in-teligencia. Hay un pago o recompensa económica por la información. La información la recibe el Gaula.

• Auxiliares comunitarios. Es un programa de atención a desmoviliza-dos.

Realizadas estas consultas y avanzando en precisar el carácter de tales redes, se identifica que las dos últimas por su composición y mecanismos

35

cumplen las características de las redes sobre las cuales el proceso regional de garantías ha llamado la atención, toda vez que estas pueden ser utiliza-das como mecanismos de agresión a defensores de DDHH o comunidades, fundamentalmente, porque en algunos territorios de Antioquia es cada vez más creciente la apertura de procesos o la realización de capturas donde se incluyen como elementos probatorios informes de inteligencia, órdenes de batalla y testimonios de desmovilizados, siendo además de inconstitucio-nales, insuficientes, ya que las autoridades judiciales se ven en la obligación de dejar en libertad a las personas o líderes involucrados en estos casos al no encontrarse evidencias que sustenten una sanción penal. No obstante, el buen nombre de las personas y los líderes se ve altamente afectado, como sus entornos sociales y familiares.

Ahora bien, teniendo en cuenta la respuesta y la precisión contextual rea-lizada, es necesario clarificar cuáles es la utilización de estas redes de la policía para efectos de inteligencia como también las del Ejército, al cual no le fue enviada ninguna solicitud, con el propósito de avanzar en contener los efectos de la estigmatización y judicialización no solo de defensores de de-rechos humanos sino también de ciudadanos del común que se están viendo seriamente afectados por la utilización inadecuada de estos mecanismos.

Capítulo 3Crisis humanitaria nordeste antioqueño

Este capítulo fue elaborado por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana

El Nordeste antioqueño es una subregión del departamento de Antioquia, se encuentra ubicada sobre la margen oriental de la cordillera central, al suroeste de la serranía de San Lucas y entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante. Los municipios que inte-gran esta subregión son: Amalfi, Yalí, Anorí, Cisneros, Segovia,

Remedios, Yolombó, Vegachí, San Roque y Santo Domingo. Limita al norte con el departamento de Bolívar y la subregión del Bajo Cauca; por el sur, con las subregiones Oriente y Magdalena Medio; en el occidente, con la subregión Norte del departamento; y al oriente, con la subregión Magdalena Medio y el departamento de Bolívar. El Nordeste se encuentra dividido en bajo y alto4, siendo la zona baja la región en la cual la Corporación CAHUCOPANA desa-rrolla su trabajo organizativo.

4 Esta es la división que de la subregión hace Cahucopana y la cual será utilizada en este informe.

37

Fotografía, cortesía de Cahucopana

El Bajo Nordeste Antioqueño comprende los municipios de Remedios y Segovia, que si bien están integrados a la dinámica departamental también reflejan una gran influencia de la denominada región del Magdalena Medio, a tal punto que en gran medida las dinámicas económicas, sociales, culturales y de la confrontación armada, dependen u obedecen a dicha región.

Esta subregión del Nordeste Antioqueño ha constituido desde finales del siglo XIX en un determinante en la producción departamental y nacional de oro. “El Nordeste Antioqueño se caracteriza por sus particularidades socioe-conómicas que giran en torno a la minería, constituyéndose centros urbanos en los cuales se manifiesta la cultura propia de este oficio, con su paradoja de región rica en el orden económico, pero, abandonada en su infraestructura y en su vida social y cultural […] El incremento en la producción de oro no ha correspondido a la elevación correlativa en los niveles de vida de la población (Comisión Andina de Juristas, seccional Colombia”. [CCJ], 1993, 20).

Esta abundante riqueza aurífera y el control de su explotación han consti-tuido la columna central de los distintos ciclos de violencia que han caracte-rizado la región, siendo importante para entender el contexto actual recordar el exterminio de la Unión Patriótica a finales de la década de los 80, la en-trada en operación de Brigadas Militares y cuerpos armados como las Con-vivir (agremiaciones ligadas a latifundistas ganaderos y al paramilitarismo actuante desde la “legalidad”) durante de la década de los 90, la irrupción abierta del paramilitarismo a través del Bloque Metro y posteriormente con

38

la consolidación de control territorial por parte del denominado Bloque Cen-tral Bolívar de la AUC, bajo el mando de Macaco, dinámica paramilitar que mantuvo incólumes las estructuras de poder político, económico y militar bajo la denominación de Los Rastrojos, con posterioridad al falso proceso de desmovilización.

Teniendo como base estos antecedentes, en la actualidad la región del Bajo Nordeste enfrente una crisis humanitaria que se puede entender a partir de los siguientes factores de agudización del riesgo:

1. Condiciones de pobreza estructural y altos niveles de abandono esta-tal, que no permiten a la mayoría de la población acceda a la satisfac-ción de sus derechos fundamentales, particularmente en zona rural en donde se presentan altos niveles de confinamiento.

2. Ilegalización de la minería artesanal como parte de una política crimi-nal estatal encabezada por un componente militar y judicial denomi-nado Plan Troya que se lanzó en la región del Nordeste Antioqueño el 14 de octubre de 2012, anunciando una ampliación del pie de fuerza en 386 policías y la actuación directa de instancias judiciales en des-conocimiento del carácter ancestral de la minería de oro en la región y en beneficio de los intereses transnacionales de explotación.

3. La tercerización de la explotación minera en la región, realizada por la actual empresa titular de las labores de explotación Gran Colom-bia Mines, cuyos derechos de explotación fueron otorgados irregu-larmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se encuentran en pleito jurídico, pues los trabajadores y jubilados de la liquidada em-presa Frontino Gold Mines luchan por recuperar el control del título minero a perpetuidad constituido sobre la región. Este proceso de tercerización de la explotación minera funciona a través de contratos de asociación realizados entre la empresa Gran Colombia Mines con empresas operadoras, cuya relación o vínculo con poderes e intereses paramilitares son evidentes para los pobladores. Son precisamente los mineros que no se circunscriben bajo esta lógica los denominados “ilegales”, lo cual evidencia muy bien las intencionalidades reales del Plan Troya en la región.

4. Control territorial permanente y penetración en las estructuras de po-der local – civil y militar – por parte de los grupos paramilitares, que aun habiendo cambiado constantemente de denominación histórica-mente han respondido a las mismas estructuras de poder del deno-minado Bloque Central Bolívar. Esta realidad genera profunda des-confianza en los pobladores para realizar denuncias, y en los cascos urbanos de los dos municipios no hace presencia ningún organismo

39

gubernamental de orden departamental o nacional que pueda esta-blecer puentes de comunicación con la comunidad, por tanto reina la ley del silencio y el miedo.

Disputa actual entre grupos paramilitares, a saber Los Rastrojos, una disidencia de este grupo autodenominado Héroes de Seguridad del Nordes-te y Los Urabeños, por el control de la explotación aurífera y el comercio, el cobro de extorsiones, y el uso del territorio como corredor estratégico (la región comunica el Magdalena Medio colombiano con el Bajo Cauca Antioqueño). Según información conocida por entidades del orden guber-namental y difundida por medios de comunicación, previa a esta disputa se habría realizado un pacto entre Los Rastrojos y Los Urabeños, en donde los primeros cedían a los últimos el control territorial de la región. Sin embar-go, de acuerdo a información suministrada por los pobladores, los mandos medios de Los Rastrojos se negaron a cumplir este trato conformando la disidencia denominada Héroes de Seguridad del Nordeste.

Posible condescendencia institucional con la penetración del grupo pa-ramilitar denominado Los Urabeños en su proceso de apropiación violenta del control territorial del Nordeste Antioqueño, que se refleja en vínculos entre miembros de este grupo armado ilegal y la Fuerza Pública, y en el predominio de acciones judiciales en contra del grupo paramilitar Los Ras-trojos.

Violaciones permanentes y sistemáticas a los derechos humanos de la población civil, que han ido en alarmante aumento en el año 2012 a raíz de la disputa territorial paramilitar.

Debido a esta realidad ampliamente documentada por las organizacio-nes sociales, así como al trabajo de denuncia e incidencia realizado por CAHUCOPANA ante la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Alertas Tem-pranas emitió el 3 de abril de 2012 el Informe de Riesgo N° 002-12A.I. para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia, en el cual se alertó sobre la situación de alto riesgo en la cual se encuentra la población civil y sus organizaciones de base.

Este informe, emitió además una serie de recomendaciones que debían ser adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios. Sin embargo hoy, después de ocho (8) meses de emitido el Informe no ha habido ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades concernientes de tal forma que la población se encuentra en estado de vulnerabilidad manifiesta, aumentado por la total desconfianza sobre la institucionalidad local y depar-tamental, así como frente a las fuerzas militares y de policía.

40

Patrones de violación a los derechos humanos en el nordeste antioqueño

En la región han aumentado en lo corrido del año las violaciones a de-rechos humanos y las infracciones al DIH. Identificándose la persistencia e incremento de los siguientes patrones de violación después de emitido el Informe de Riesgo:

• Asesinatos selectivos. Asesinatos selectivos realizados por grupos paramilitares en disputa, siendo las víctimas en su mayoría mineros tradicionales originarios o foráneos, campesinos, comerciantes y estu-diantes jóvenes. Estos homicidios tienen lugar de manera indistinta en zonas rurales, carreteras que comunican la región y en cascos urbanos de los respectivos municipios.

• Masacres. En lo corrido del año se han presentado dos masacres en la zona, una cometida en la vereda Martaná (Municipio de Remedios) el 3 de junio de 2012, y otra cometida en una finca de la vereda Campo Alegre (Municipio de Segovia) en el mes de septiembre. Estas masa-cres se suman a la masacre cometida en la Finca La España (Municipio de Santa Rosa de Osos) el 7 de noviembre, que al parecer responden a la misma disputa paramilitar.

• Desapariciones Forzadas. Se conoce el registro de cuatro (4) desapa-riciones forzadas de comerciantes de oro, ocurrida el día 12 de junio de 2012. De las cuatro víctimas de este delito de lesa humanidad, ha aparecido una persona asesinada, cuyo cuerpo fue encontrado el día 26 de junio de 2012.

• Atentados. Permanentes tentativas de homicidio contra mineros tra-dicionales de la región entre junio y septiembre de este año, que han tenido como resultado 3 heridos de gravedad y múltiples desplaza-mientos forzados.

• Desplazamiento forzado. De acuerdo a cifras de las personerías mu-nicipales de los municipios de Remedios y Segovia, alrededor de 286 personas en promedio han abandonado su respectivo municipio por amenazas de los grupos paramilitares.

• Enfrentamientos y combates. Constantes enfrentamientos armados entre grupos paramilitares, guerrillas y unidades de las Fuerzas Mi-litares y de Policía Nacional, que en múltiples ocasiones han afectado a la población civil en su integridad física y psicológica, así como sus bienes, y han desencadenado en varios casos desplazamiento forzado.

• Amenazas y Panfletos. Circulación de diversos panfletos amenazantes. Se ha registrado la circulación de panfletos firmados por los Héroes de Segu-ridad del Nordeste, así como la aparición de pintas en medios de transporte público y paredes. Estos panfletos imponen restricciones a la circulación del transporte público, instauran toques de queda en los municipios y anuncian que todo “personal extraño” en la región será dado de baja.

41

Bloqueo Económico, retenes ilegales y restricción de la movilidad. Ubica-ción de retenes ilegales e instauración de toque de queda para la circulación de transporte público y privado desde las zonas rurales hacia los cascos urbanos de los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza.

Infracciones al DIH. Bombardeos y ametrallamientos aéreos en zonas rurales de los dos municipios y señalamientos irresponsables realizados por miembros del Ejército Nacional – Batallón Vial y Energético No. 8, contra campesinos de la región a través de la Emisora Colombia Estéreo.

Confinamiento. Confinamiento de las comunidades campesinas y mine-ras tradicionales en las zonas rurales de los municipios, condición que se ve agudizada por la ausencia de vías, medios y condiciones de comunicación idóneas para responder y resguardarse ante una situación de emergencia, y la inexistente presencia estatal en relación con el acceso a derechos funda-mentales como salud y educación.

ALGUNAS CIFRAS ALARMANTES

De acuerdo a cifras suministradas por la Personería Municipal de Reme-dios, en el marco de la visita realizada por el Sistema de Alertas Tempranas durante los días 19, 20 y 21 de noviembre, entre Enero y Octubre 31 de 2012 en este municipio se han registrado:

Homicidios: 126 homicidios, en su mayoría se trata de homicidios de tipo selectivo. El rango de edad de las víctimas oscila entre los 15 – 35 años.

Desplazamiento Forzado: Entre enero y octubre 205 personas han regis-trado su desplazamiento. No existe un consolidado de los desplazamientos ocurridos en el mes de noviembre, pero tan sólo del 1 al 8 de noviembre se habían registrado 47 desplazamientos, lo cual evidencia que el fenómeno va en aumento.

Así mismo, de acuerdo a cifras suministradas por la Personería Municipal de Segovia, en el marco de la misma visita realizada por el SAT, entre Enero y Octubre 31 de 2012 en este municipio se han registrado:

Homicidios: 115 homicidios, en su mayoría se trata de homicidios de tipo selectivo en donde las principales víctimas son mineros artesanales nativos y foráneos. El rango de edad de las víctimas también oscila entre los 15 – 35 años.

Desplazamiento Forzado: Entre marzo y octubre 81 personas han regis-trado su desplazamiento, pero se presume que la cifra es mucho más elevada.

Para los casos de desplazamientos forzados en ambos municipios, la di-námica que ha predominado es de gota a gota, presentándose casos en los

42

que familias enteras abandonan el pueblo. En ambos municipios se presume que la cifra es más elevada, porque las personas no denuncian por temor y profunda desconfianza en la administración municipal. Se han presentado casos en los cuales las familias que se desplazan son escoltadas para garan-tizar su seguridad hasta la ciudad Medellín, en donde tampoco se sienten seguras las personas.

Desconocimiento de la propuesta comunitariaAlarmados ante esta crisis humanitaria, se han construido y presentado

propuestas desde las comunidades campesinas y mineras organizadas en CA-HUCOPANA, en coordinación con otras organizaciones sociales de base que hacen presencia en la región, en el ánimo de concertar con las instituciones gubernamentales del nivel nacional y departamental respuestas efectivas a la realidad que vive la región y las comunidades rurales y urbanas, que su-peren la simple reacción de aumentar la militarización del territorio. En este sentido, desde el mes de mayo se ha realizado la presentación de nuestras propuestas en diferentes espacios institucionales como el Subcomité de Pro-tección y Prevención del Ministerio del Interior y la Gobernación de Antioquia (en un espacio organizado por la Secretaría de Gobierno Departamental, con participación de la Oficina de Naciones Unidas – Antioquia, el CIRC y demás Secretarías Departamentales).

En estos escenarios de interlocución hemos insistido en la urgencia de construir de forma concertada con las comunidades afectadas las rutas de atención y mitigación del riesgo en el que se encuentran los pobladores ru-rales y urbanos de los tres municipios y aledaños, sin embargo, a la fecha no ha sido posible concretar ninguno de los acuerdos realizados, ni de las propuestas realizadas por ausencia de voluntad estatal y de las entidades no gubernamentales concernidas a la protección de los derechos humanos, a pe-sar de que en su momento todas las autoridades contactadas han manifestado apoyo a nuestras iniciativas.

Recomendaciones y exigenciasPara las comunidades de base la realidad que vive la región del Nordeste

Antioqueño da cuenta de la incapacidad estatal para controlar el territorio, la ausencia de voluntad política por parte de autoridades del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local para enfrentar la situación, y deja mal presentada la gestión de las fuerzas militares y de policía nacional en el en-frentamiento por el control territorial adelantado entre Los Rastrojos, su di-sidencia autodenominada Héroes de Seguridad del Nordeste y Los Urabeños.

Los afectados como siempre las comunidades campesinas y urbanas de la región, que a pesar de haber presentado propuestas para la construcción

43

de respuestas concertadas a la crisis humanitaria, han sido desconocidas en múltiples ocasiones por la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Inte-rior, Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas, y demás entidades concernidas a tomar medidas en el asunto.

Ante este escenario, las comunidades campesinas y mineras artesanales organizadas en CAHUCOPANA solicitamos a la comunidad nacional e inter-nacional:

1. Emisión de recomendaciones al Estado colombiano, en sus niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, para la protección de las comunidades del Nordeste Antioqueño y sus organizaciones sociales de base.

2. Recomendar al Estado colombiano apoyar la solicitud de Medidas de Protección con enfoque diferencial y colectivo adelantada por la Corporación CAHUCOPANA ante la Unidad Nacional de Protección, con el ánimo de a la misma se le otorgue un trámite efectivo, diligente y adecuado a la misma.

3. Hacer seguimiento a la ejecución del denominado Plan Troya confor-mado por 386 policías, el cual entro en operación el 14 de octubre del presente año, con el objetivo de “combatir el negocio del narco-tráfico y la minería sin título ni permiso de explotación, ejercida por paramilitares y FARC, presentes - históricamente- en los municipios de Remedios, Yalí, Vegachí y Segovia”, contra lo que el gobierno na-cional ha denominado la Minería Ilegal en el Nordeste Antioqueño, incluyendo la comunidad minero campesina. En este sentido, consi-derando la alta vulnerabilidad en la que dicho plan sitúa a las comu-nidades campesinas que desarrollan la minería artesanal en la región, se ve la necesidad de prestar especial interés por su impacto en la in-tegridad de los derechos humanos de dichas comunidades en general.

4. Realizar un proceso de seguimiento a las denuncias comunitarias sobre relaciones entre estructuras paramilitares, la institucionalidad gubernamental local y la fuerza pública en la región del Nordeste Antioqueño, y realizar en consecuencia recomendaciones al Estado colombiano.

5. Realizar seguimiento a la situación de las organizaciones sociales de base, particularmente de la población rural que se encuentra en si-tuación de completo confinamiento y empieza a ser afectada pos blo-queos de tipo económico y patrullajes paramilitares en su territorio.

6. Hacer seguimiento a los casos judiciales de ejecuciones extrajudicia-les en la región del Nordeste, que permanecen en completa impuni-dad después de varios años de haberse impulsado los procesos por responsabilidad penas y disciplinaria, a saber:

7. Como organización de base esperamos que se nos incluya en la cons-

44

trucción de las soluciones ante estas problemáticas, y se nos garan-ticen los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, y la permanencia en el territorio.

Capítulo 4Norte de Antioquia: territorios en medio del confinamiento

militar y el despojo extractivo multinacional.

Capitulo elaborado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, ASCNA

El Norte antioqueño es una zona del Departamento que re-presenta una de las 9 sub regiones en que está dividido este departamento. La subregión está localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburra y el Nudo de Paramillo , límite de la cordillera Occidental.

GeografíaEl norte antioqueño se subdivide en dos zonas: la del altiplano confor-

mada por los municipios de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Mila-gros, San José de la Montaña, Don Matías, Entrerríos, Belmira, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Yarumal, Angostura e Ituango La otra zona la conforma la vertiente hacia los ríos Cauca y Nechí, donde se encuen-tran los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Campamento, Guadalupe y Valdivia.

Esta subregión tiene una gran riqueza hídrica, está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango, Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía mediante los embalses de Riogrande, Miraflores, Porce y Troneras. El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico y sirve como sistema de comunicación en algunos tramos.

El accidente geográfico más importante de la subregión es el Nudo de

Paramillo . Allí nacen las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel y los

46

río San Jorge y Sinú. Se encuentran también zonas boscosas, los robledales en los municipios de Yarumal, Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos y el bosque de Miraflores en Carolina del Príncipe con 5 mil hectáreas que protegen el embalse del mismo nombre. Y los bosques de pino pátula, eucalipto y ciprés plantados con fines comerciales en Angos-tura, San Pedro, Don Matías, Carolina y Enterríos.

EconomíaLas principales actividades productivas que se realizan en la zona son

la ganadería de leche, cría de cerdos, cultivo de papa, fríjol, maíz, plátano, caña de azúcar, café, hortalizas, en menor escala papaya, ahuyama, mora, vitoria, brevo, cilantro.

El desarrollo industrial está configurado alrededor de fábricas de lácteos

y carnes y Don Matías y Entrerríos han impulsado la creación de fábricas de confección donde se maquila.

En Yarumal existen minas de talco en una mina ubicada en la vereda Mortiñal a 11 kilómetros de la cabecera municipal, vía al corregimiento de Cedeño. En Campamento está la mina de Asbesto en la vereda La Solita.

En la región la riqueza hídrica ha sido aprovechada para la generación de energía. Cuenta con cuatro embalses: Quebradona, Troneras, Miraflores y Riogrande, se adelanta el proyecto Porce II que impacta a Gómez Plata. Otras dos hidroeléctricas están planeadas para el Norte. Una se conoce como el Proyecto Hidroeléctrico de Nechí que involucra a los municipios de Yarumal, Campamento, Briceño, y Valdivia. El otro megaproyecto es la hidroeléctrica Pescadero - Ituango, una obra que sumergirá los poblados de Orobajo y Barbacoas.

Fotografía cortesía ASCNA

47

En medio de esta riqueza natural se desarrolla la política de consolida-ción Estatal concertada entre el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos como segunda parte del plan Colombia se ha diseñado la política de Acción Integral del Estado, que significa la combinación y coordinación de todos los esfuerzos ínter institucionales, los componentes Cívico y Militares del Estado con el fin de controlar el territorio.

Para lo cual bajo directiva Presidencial 001 del 1 de Marzo de 2009 esta-blece varias regiones del País como zonas CCAI o Centros de Consolidación de la Acción Integral del Estado, correspondiendo inicialmente en Antio-quia las sub regiones: Oriente, Nordeste como las que circundan el Nudo de Paramillo: Uraba, Bajo Cauca, Norte de Antioquia y el sur de Córdoba.

Esto conjugado de una forma abierta y directa con los intereses de explo-tación de multinacionales mineras principalmente Canadienses y de mega proyectos de embalsamamiento de los ríos de estas zonas para generación Hidro eléctrica con fines de exportación, en síntesis los postulados de la Locomotora Minero Energética de presente Gobierno.

Territorios que a su vez son escenario regional histórico del conflicto so-cial y armado que existe en este país por más de cincuenta años. Por tanto las comunidades de estas zonas no hemos dudado en afirmar que el plan de consolidación y sus centros de Acción Integral son una estrategia de confinamiento militar y despojo extractivo Multinacional, que en si comete infracciones al Derecho Internacional Humanitario al vincular la población civil de estos territorios al conflicto armado por medio de las operaciones Cívico Militares.

Lo que trasgrede el principio de distinción que en casos ha convertido corregimientos en escudos humanos de la fuerza pública como ocurrió has-ta Septiembre del presenta año en el corregimiento de Raudal Viejo donde la Brigada Móvil 25 del Ejercito acampo en los corredores de las casas del corregimiento durante 3 meses y señalo a sus habitantes de colaboradores de la insurgencia cuando estos exigieron que se retiraran de su hábitat.

El otro aspecto violatorio de los Derechos Humanos es el que concier-ne al derecho a la autonomía comunitaria y al desarrollo por medio de la inversión Estatal, que tienen las comunidades, los cuales están siendo condicionados y discriminados bajo la dependencia de si las comunidades participan o no en el CCAI.

Presentándose situaciones donde se imponen cadenas productivas de caucho, cacao injerto, teca, agro combustibles, que junto a semillas transgé-nicas hacen parte del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, proyec-tos que se presentan a las comunidades sin posibilitar que bajo la iniciativa y autonomía de estas se realicen otros proyectos alternativos y ambientales, lo cual viola la soberanía alimentaria de las comunidades de plano. Este plan de sustitución es manejado por el CCAI por medio de programas des-centralizados de la Presidencia de la República como la Red Juntos, familias guardabosques y Colombia responde.

El plan de Consolidación o CCAI, genera una profunda contradicción con

48

la proclama constitucional de que Colombia es un Estado Social de Derecho, ya que lo que los campesinos evidencian en sus Territorio es, un ejercicio militarista de las actividades del Estado, donde no existe separación de las funciones civiles del Estado con las de mantenimiento del orden y la seguri-dad por medio de la fuerza pública.

Así Brigadas Móviles del Ejército como la 18 en Ituango o la 25 en el bajo Cauca, entre otras de la Séptima división, ejercen empadronamientos de la población civil por medio de registro de nombre, cédula, foto y huella digital aduciendo que tienen funciones de policía judicial.

A lo cual se suma que ante contratos de desarrollo comunitario que los presupuestos Municipales financian como mantenimiento de caminos, acue-ductos y escuelas Veredales, que desarrollaban las Juntas de Acción Comu-nal y con lo cual lograban fortalecer su actividad comunitaria, entran a ser realizadas por batallones de ingenieros de la fuerza pública por medio del CCAI, lo que además de presentar un detrimento en cuanto al fomento de participación comunitaria, presenta una doble tributación y confiscación de los presupuestos Municipales para la financiación del conflicto armado.

Es necesario expresar que en las zonas de CCAI hemos visto la consolida-ción de los grupos Paramilitares que reciclados bajo nuevas siglas, continúan sus sistemáticas prácticas de violación a los Derechos Humanos, ejercen un control sobre la actividad económica, política y social de los Territorios.

Para terminar denunciamos que en las zonas CCAI los derechos de expre-sión, movilización, asociación y protesta son violados constante y sistemá-ticamente por la fuerza pública, quien por medio de la emisora del ejército Colombia estéreo, ha hecho cotidiana ya, la actividad de señalamiento, a las comunidades y sus líderes, la criminalización por medio de montajes de in-teligencia militar, que se basan en interceptaciones ilegales de comunicacio-nes por área y testimonios de guerrilleros “desmovilizados” con miras de judicializar los y las dirigentes Campesinos, prácticas que se han disparado exponencialmente desde el surgimiento del movimiento político social Mar-cha Patriótica. Son ya una treintena de campesinas y campesinos detenidos en este marco.

Como muestra de lo anterior tenemos:Desde sus inicios la asociación campesina del norte de Antioquia ha sido

víctima de la persecución y estigmatización por parte del estado colombiano.El 15 de abril del presente año, bajo las ordenes de la fiscalía 29 especia-

lizada de Medellín y luego de un fuerte bombardeo en varias veredas de la carretera denominada Anorí dos bocas. Tropas del batallón Bombona ads-critas a la brigada 14 del ejército capturaron 21 personas del casco urbano y rural de este municipio por el presunto delito de rebelión y delitos conexos a esta acusación.

Las supuestas pruebas de la fiscalía 29 contra los detenidos se sustenta en las declaraciones de un desertor de la guerrilla de las Farc llamado Alberto Morales, alias pájaro a quien la comunidad señala de violarle sus derechos

49

pues no se prestaban a sus exigencias y demandas cuando estuvo con la guerrilla de las Farc.

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA-, fue par-tícipe de la movilización de Marcha Patriótica realizada en Bogotá el 23 de abril del año en curso. Un día antes los campesinos que se dirigían a la marcha fueron retenidos en la base militar del municipio de Anorí, exigieron su documentación para inscribirlos en una lista, aunado a una cantidad de fotografías tomadas desde las trincheras de la guarnición.

El 9 de junio del presente año en el parque principal del municipio de Anorí, luego de ser abarcada por la policía y de verificar sus datos fue dete-nida la señora Luz Mery López López, bajo los cargos de rebelión, homicidio agravado y terrorismo.

Paradójicamente la señora Luz Mery López, tres años atrás fue desplaza-da por alias el pájaro, pues un hijo de doña Mery fue soldado campesino.

No bastando con eso el día 14 de septiembre la presidenta de la aso-ciación campesina Ana Francisca Pérez fue detenida en el municipio de campamento Antioquia, por orden de la fiscalía especializada 51 de Mede-llín bajo los cargos de terrorismo, rebelión y extorsión. Con un despliegue mediático amplio y señalándola de ser máxima jefe de marcha patriótica en Antioquia.

Antes de eso la señora Ana Francisca Pérez se sintió presionada pues desde el 16 de abril de este año tropas adscritas al batallón bombona le preguntaban a la gente por ella, acusándola a ella y a la asociación de ser miembros de la insurgencia.

La ASCNA pone de manifiesto su profunda preocupación ante la reitera-da y profunda campaña de saboteo fundamentalmente por parte del ejer-cito con la brigada móvil 25 y la brigada 14, donde constantemente generan terror en la población amedrentándola y diciéndoles que si se asocian serán detenidos.

En el corregimiento de Raudal viejo del municipio de Valdivia, la emisora del ejercito Colombia estéreo lanzo una campaña mediática, diciéndole a la gente que eso es subversivo y que el que se asocie será catalogado como tal.

Exigimos garantizar:Garantizar el derecho constitucional de asociación, movilización y pro-

testa.Garantizar la existencia de la asociaciónCese inmediato de la criminalizaciónRevisar casos jurídicos planteados aquí.

Capítulo 5Contexto de derechos humanos de la población campesina

y minera del Bagre Antioquia y Sur de Bolívar.

Capítulo elaborado por Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco. AHERAMIGUA

La ASOCIACIÓN DE HERMANDADES AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE GUAMOCO, es una asociación que nace de la iniciativa de pobladores de la Región de Guamoco, sector su-roccidental de la Serranía de san Lucas; hace parte de esta, el Municipio de santa Rosa – sur de Bolívar y Municipio de El

bagre- Norte de Antioquia. Esta iniciativa se presenta cuando tras sufrir por años la presencia de

grupos armados al margen de la ley, deciden generar un espacio organizativo que les permitiera resistir y exigir su derecho a permanecer en el territorio, por esta razón en el año 2007 deciden formalizar el proceso organizativo, que ya varios años atrás se venía gestando y en marzo de dicho año nace AHERAMIGUA, en compañía de la ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA.

CONTEXTO REGIONAL

SocialLa subregión de Guamoco, lleva su nombre por la comunidad indígena

Guamocó que habitaba antes de la llegada de los españoles a estas tierras, comunidad que desaparece sin dejar ningún rastro. Posteriormente durante la época de la esclavitud afro se conforma en estas tierras uno de los prime-ros palenques, de resistencia y libertad para estas comunidades, este palen-que abarca lo que es conocido como la vereda Palmachica.

Ya a inicios del siglo xx sus habitantes eran exclusivamente población afro e indígena, a mediados de los años 40 se inicia el proceso de recolonización

51

por parte de campesinos desplazados de la violencia que se desarrollaba especialmente en el magdalena medio y el Tolima.

Posteriormente a mediados del año de 1970 se da un arribo masivo de pe-queños mineros en busca de las riquezas auríferas, dinámica que se encuentra aún vigente y que tiene como consecuencia un gran número de población flotante en esta región

El número de habitantes oscila entre 4000 y 9000 personas, todas estas dedicadas principalmente a la extracción aurífera y la agricultura.

EconómicoGuamoco es una subregión rica en minerales, especialmente oro, aunque

también cobalto, plata, níquel y petróleo, estas tierras son aptas para múl-tiples tipos de cultivos que van desde la yuca, plátano, ñame, papa y maíz, hasta la explotación maderera, por esta razón hace unos años se encuentra en la mira de empresas nacionales, multinacionales y transnacionales intere-sadas en la explotación de dichos recursos y tierras.

La situación de pobreza y vulnerabilidad se ha agudizado con la presencia de las diferentes empresas Nacionales, Multinacionales o trasnacionales que tienen hoy la concesión toral de la región de Guamoco, en la actualidad no existe un metro de tierra que no se encuentre concedido a empresas como QUIA RESSOUR, SAN LUCAS GOLD, LA ANGLO GOLD ASHANTI, MINE-ROS S.A. entre otras.

Con la presencia de estas empresas el nivel de vida de la población se deteriora no solo en términos sociales, sino también económicos, puesto que se genera relaciones de subcontratación por menos del salario mínimo esta-blecido legalmente en Colombia.

Por otra parte la comunidad se ve obligada a trabajar para estas empresas o desplazarse por no contar con otra fuente de empleo, puesto que no es solo que estas empresas posean el título de concesión , hasta por 40 o 50 años, sino también el gobierno colombiano ha generado todo una campaña de des-legitimación de la minería artesanal, catalogándola en el Código de minas , como minería ilegal, teniendo como consecuencia una serie de efectos pena-les que van desde la incautación de maquinaria, hasta condenas carcelarias.

En el caso del campesinado, este debe dejar de cultivar por no ser los propietarios legales de sus tierras y se ven obligados a desplazarse, muy pro-bablemente por segunda, tercera y hasta una cuarta vez.

Dinámicas del Conflicto social y armadoLos departamentos de Antioquia y Bolívar han sido territorios históricas

de una cruenta lucha de poderes por la tenencia de la tierra, por una parte Antioquia fue el semillero y laboratorio de los grupos paramilitares conoci-

52

dos como Auto defensas Unidas de Colombia, este inicia su desarrollo y con-solidación en este departamento, posteriormente, en un experimento militar, envía tropas a diferentes zonas del país, entre estas Bolívar y sur de Bolívar, ocupadas en ese entonces por grupos Insurgentes como FARC-EP(Fuerzas Armadas Revolucionarias DE Colombia-Ejército del Pueblo) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Lo que inicia como un proyecto de sectores social con un poder econó-mico y político, para protegerse de la insurgencia, toma luego una matiz más oscuro, puesto que en Municipios como Caucasia, El bagre, Zaragoza, Sego-via, en los años 80’ y 90’ inicia una serie de masacres, persecuciones, señala-mientos que tenían como último fin permitir la consolidación de estrategias económicas, militares y políticas, propuestas desde terratenientes y esferas gubernamentales para desarrollarlas en estas zonas.

Guamoco fue en esta época una zona, con un altísimo nivel de presencia de grupos Insurgentes, lo remoto de la zona y su poca densidad poblacional, no menos que un caldo de cultivo para su proyecto político. En 1991 se da el inicio de la entrada de los grupos paramilitares a esta región, provocando, masacres, que se recuerdan hasta la fecha, un ejemplo de esta fue la realizada el 25 de abril de 1997, cuando un grupo paramilitar entró en Río Sucio (mu-nicipio del Sur de Bolívar) y asesinó a 30 personas. Entre ellas estuvo el líder minero Juan Camacho Herrera, al que decapitaron y después de jugar fútbol con su cabeza, la pusieron en un palo mirando hacia Guamocó y les dijeron a los habitantes que ellos (los paramilitares) venían por las minas y que las iban a entregar a gente que haría una mejor explotación de éstas y un uso más racional de ese recurso. Desde ese momento sucedieron más masacres, ase-sinatos selectivos y desplazamiento masivo de la población, que en medio del conflicto no encontraron otra manera de sobrevivir que no fuera la de huir, dejando sus cultivos, sus maneras de vida y sus pertenencias atrás.

En la actualidad, el panorama no es muy distinto, la presencia de todos los actores armados legales e ilegales, (paramilitares, guerrilla, ejército nacional de Colombia y bacrim) todos en torno a unos intereses determinados, ha lle-vado a la población no solo a un naturalismo intrínseco en su relacionamiento con las diferentes formas de violencia sino también a un desarraigo marcado con su territorio, esto no quiere decir que no se hayan generado procesos organizativos de resistencia, tanto del sector campesino como del minero.

Así mismo la presencia de las empresas Multinacionales, trasnacionales y nacionales que tienen como objetivo la explotación aurífera y que cuentan con el aval gubernamental, con el apoyo de grupos paramilitares y la seguridad brindada por el ejército nacional de Colombia, aunado a la presencia de gru-pos insurgentes ponen a la población en medio del conflicto por la apropia-ción de este recurso natural.

53

En Guamoco podemos recordar masacres como la llevada a cabo el 17 de agosto de 2011 en Casa Zinc, zona rural del municipio de Montecristo: un grupo de 20 hombres armados identificados como Águilas Negras llegaron al lugar y retuvieron, torturaron y asesinaron a tres personas, dejaron otra herida y amenazaron con retomar el control del Sur de Bolívar; dos semanas después, la empresa Canadiense Midasco Capital anunció que había recibido licencias de explotación minera en la región, incluyendo una en Casa Zinc.

Este hecho y muchos más nos indican el relacionamiento directo entre el

accionar de los grupos paramilitares y concesión de títulos mineros en este territorio.

Asi mismo la continua y sistemática violación de los derechos humanos y el Derecho internacional Humanitario, no se presenta exclusivamente por la presencia de grupos armados ilegales y legales, los continuos bombar-deos, cerca o dentro de las veredas, la constante militarización de la vida cotidiana, la toma de casas, escuelas, centros comunitarios y la negación total al cumplimiento del derecho internacional humanitario, por parte del ejército nacional de Colombia son algunas de las afectaciones a las dinámi-cas propias de estas comunidades. Por otra parte, la poca o nula presencia del estado, los derechos a la organización social, a una vida digna, a la alimentación, son algunos de un sinfín de derechos negados para las comu-nidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y mineras que habitan esta remota región. Y como si fuera poco a esta grave situación de vulnera-bilidad se suma que con las políticas de desmovilización, ex miembros de las guerrillas del ELN y FARC-EP quienes realizan recorridos (muchas veces encapuchados) señalando a la población de apoyar a la insurgencia de esta manera se han realizados cientos de capturas ilegales basados en los testi-monios y señalamientos de estos desmovilizados que buscan los beneficios que les otorga el brindar “información”.

Las diferentes acciones de exigibilidad realizadas por la comunidad, son tildadas de estar auspiciadas por las diferentes guerrillas, las procesos or-ganizativos tienden a ser desarticulados por los grupos paramilitares y el ejército nacional de Colombia, los constantes bloqueos alimenticios, el em-padronamiento , la restricción de medicinas o brigadas de salud, es algo a lo que constantemente se ve sometida esta población. Un ejemplo de esto se nos presenta cuando en el año 2002 se realiza tres incursiones paramilitares a una misma vereda, Palma chica, en los meses de febrero, mayo y agosto, en la primera incursión amenazaron y amedrentaron a la población señalán-dola de vivir en zonas con presencia de guerrilla, en la segunda incursión quemaron dos tiendas, y en la tercera quemaron todo el caserío, en esta oportunidad pasaron por la vereda el alto de las brisas y allí destruyeron la escuela argumentando que esa escuela la había construido la insurgencia, hasta el día de hoy no se ha podido reconstruir la escuela y los niños y niñas

54

de esta vereda y de veredas cercanas no cuentan con la infraestructura propia para estudiar.

Lo anterior de la mano con las zonas de consolidación propuestas por el gobierno Colombiano, que son enmarcadas inicialmente en el plan Nacional de Consolidación como zonas “principalmente rurales que requieren urgente-mente de la concurrencia del Estado en su conjunto. En éstas áreas, la Conso-lidación Sostenible estará soportada en la intensificación de la gestión coor-dinada entre el nivel nacional y territorial, con el fin de articular y armonizar los esfuerzos en materia de seguridad territorial, protección al ciudadano y desarrollo económico, social, cultural e institucional, que corresponde a la acción integral del Estado”.7

A pesar de su buen planteamiento las zonas de consolidación se han ve-nido trasformando en zonas donde el poder militar ejerce su control indis-criminadamente, puesto que la presencia del estado sigue aun insipiente y actividades como las brigadas de salud, los procesos de formación de las comunidades y el desarrollo en términos generales en un contexto de paz con justicia social, no ha sido posible gracias a que todas estas actividades vienen siendo desarrolladas por el ejército nacional, en donde se aprovecha estas brigadas para la recolección de información o empadronamientos ilegales, asi mismo la presencia de este grupo armado legal, en muchas zonas de la región de Guamoco se constituye en una amenaza su por los constantes en-frentamientos contra la insurgencia en los cascos urbanos de los municipios o corregimientos.

Caucasia, el Bagre, Anorí, Nechi hacen parte de la zona de consolidación de Antioquia, desde la implementación de esta Política de consolidación te-rritorial, se han venido incrementando los niveles de enfrentamiento entre los diferentes grupos paramilitares que hacen presencia en estos cascos munici-pales, estos enfrentamientos enmarcados a apropiarse del control de la co-mercialización del oro. A pesar de la militarización de la vida cotidiana de la población, no se ha reducido en un mínimo porcentaje la presencia de estos grupos y mucho menos su control.

A continuación enunciaremos las violaciones que han afectado a las di-námicas propias de la asociación y de sus comunidades desde las cuales se quiere demostrar como la persecución, señalamiento, e intimidación de los lideres y lideresas de constituye en un quehacer sistemático del gobierno y de grupos paramilitares y las fuerzas armadas del estado (policía, ejército nacional, ESMAD (escuadrón móvil anti disturbios), la SIJIN.

1) 20 de Julio de 2010, En el marco del desarrollo de la conmemoración del Bicentenario de los pueblos, en Santa Rosa Sur de Bolívar, se presentan amenazas en contra de la presidenta de la Asociación de Hermandades agro-

55

ecológicas y mientras de Guamoco y a la Coordinadora general de Equipo técnico de esta asociación , por parte de grupos paramilitares tildándolas de guerrilleras y realizando afirmaciones tales como: “ Guerrilleras hijas de puta no les da pesar hacer matar tanta gente saliendo a ese evento” “ todo lo que le pase a esta gente es culpa de ustedes, vamos a empezar a bajarlos y ustedes van a ser las ultimas”.

Lugar: Santa Rosa – Sur de BolívarAmenaza e intimidación a lideresas de AHERAMIGUA.Actor: Grupos paramilitares

2) 25 de Octubre de 2010. el señor CARLOS JULIO DELGADO ISAZA, habitante de la Vereda Aquenque, Región de Guamoco- Municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, el cual se desempeña como Tesorero de la Junta de Acción Comunal de dicha Vereda y miembro activo de esta Asociación, fue capturado en las inmediaciones del DAS de la Ciudad de Bogotá.

El señor Carlos Julio Delgado Isaza se encontraba tramitando el pasado Judicial a las tres de la tarde, siendo las 4 pm su esposa al ver que no salía pregunto por él en la portería y el Celador le indica que el fue capturado, cuando se dirigía a preguntar específicamente lo sucedido, se encuentra con el Señor Carlos Julio Delgado Isaza ya custodiado y esposado, tras una breve entrevista él le informa que es acusado de Secuestro y Extorción en la Ciudad de Bucaramanga.

Posteriormente fue trasladado a los calabozos del DAS de Paloquemado donde pasa allí la noche; Mientras su abogado tramita un HABEAS COUR-PUS, tras informarle a su esposa que no existían pruebas dado que el señor Carlos Jamás ha estado en la Ciudad de Bucaramanga y de esta manera se violo su derecho a la Libertad, uno de los derechos Fundamentales.

El día 26 de Octubre de 2010 a las 1:30 pm es trasladado a la ciudad de Bucaramanga donde actualmente se encuentra recluido en las inmediacio-nes de la FISCALIA SEXTA ESPECIALIZADA.

Lugar: Sur de BolívarCaptura ilegal, violación al debido proceso e intimidación a la comunidad.Actor: Estado Colombiano

3) 4 de Noviembre de 2010, hace poco más de un mes el BATALLON DE SELVA N° 48 se encuentra recorriendo la Vereda los Guayacanes, Municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, con dos REINCERTADOS HACIENDO PARTE DE SUS FILAS, IDENTIFICADOS CON LOS ALIAS DE ROLDAN Y PATOCO, estos dos desmovilizados de la guerrilla (Las Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia FARC-EP), acusando y señalando a Pobladores de esta Vereda como colaboradores o militantes de dicha Guerrilla. Además de esto los campesinos están sufriendo de acoso, siendo detenidos en los caminos y siendo víctimas de interrogatorios informales por parte del BARALLON DE SELVA N°48; preguntando su procedencia, invitándolos a acusar y se-

56

ñalar a sus cohabitantes de ser parte de las filas insurgentes, y a quienes re-chazan o no dan información los tildan inmediatamente de ser Guerrilleros.

Como si fuera poco estos dos Individuas hacen recorridos por la vereda y uno de ellos incluso portando el Uniforme que lo identifica como Miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia, y portando su fusil, se ha quedado to-mando bebidas alcohólicas en una tienda de dicha vereda, poniendo de esta manera en Riesgo a la Población Civil y violando en su Totalidad el Acuerdo Internacional Humanitario.

Como Consecuencia de esto la Señora TATIANA MARCELA FIGUEROA ORTIZ con cedula de ciudadanía número 23.151.580, de CIMITI BOLIVAR quien es afiliada a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS GUAYACANES, ha sido señala por este Reinsertado como colaboradora de las FARC-EP y se encuentra en este momento perseguida por el BATALLON DE SELVA N°48 quien ha estado en la vereda Los Guayacanes Preguntando por ella y dicien-do a los pobladores que tiene orden de captura contra ella y contra muchos más.

La señora TATIANA se desempeña en la vereda los Guayacanes como Agricultora, es madre de dos Hijas de 8 y 10 años, quienes en este momento temen por la vida de ellas y de su Madre.

Lugar: Santa Rosa –Sur de BolívarSeñalamientos, intimidación y desplazamiento Actor: Ejército Colombiano y desmovilizados.

4) 5 de Noviembre de 2010, a las 3 pm el Compañero ELVIS MAURICIO SANCHEZ SANCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE HERMANDADES AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE GUAMOCO Y PRESI-DENTE ACTIVO DE ESTA, mientras se trasladaba de la vereda LA CORONA A LA VEREDA EL ALTO DE LAS BRISAS; a las 4: 40 pm en el SECTOR LLA-MADO EL ALTO DE LA CATALINA, cuando se encuentra tomando la segunda gaseosa, se da cuenta que llega el EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA y dispara contra una de las personas que se encontraba sentado en unas piedras diagonal a la tienda; (horas después se enteran que se trata de un Guerrillero de las FARC-EP) al escuchar los disparos el Señor Mauricio Sánchez sale a correr y entra a una de las habitaciones de la tienda en donde se encontraba; esto dura un poco más de diez minutos, luego de estos hechos la población puede ver que se encuentra con el EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA DOS HOMBRES ENCAPUCHADOS Y ARMADOS, temiendo por su seguridad el Compañero Mauricio Sánchez decide pasar la noche en esta tienda.

El día 6 de Noviembre a las 8:00 am decide seguir con su ruta hacia la VEREDA EL ALTO DE LAS BRISAS, Un soldado del BATALLON JUNIN DE MONTERIA, le dice que el teniente necesitaba hablar con él, una vez se en-trevista con el TENIENTE de este batallón le Informa al Compañero Mau-ricio Sánchez que no se podía ir, puesto que era testigo y que la POLICIA JUDICIAL necesitaba escuchar su versión de los hechos.

57

A las dos horas llega el POLICIA JUICIAL, inicia tomado los datos de todas las personas que habitaban la vivienda (tienda), entre esas los menores de edad, en este momento informan que es necesario trasladar a tres de los tes-tigos al BATALLON ENERGETICO Y VIAL DEL BAGRE al Compañero MAU-RICIO SANCHEZ SANCHEZ c.c. N° 7767777 de Neiva, a la señora NANCY SUAREZ FLORES c.c. N° 1096182373 De canta gallo Bolívar y un tercero del que se desconoce los datos. Una vez En este batallón les informan que serán trasladados pero no a donde, ya en el aire se referencian por el puente del Rio cauca, es así cono se dan cuenta que se encuentran en el BATALLON DE INFANTERIA N° 34 RIFLES de CAUCASIA.

En este batallón tuvieron que dar sus datos completos y declaraciones, luego de un poco más de 12 horas, a las 8:30 pm dejaron libres a el compa-ñero Mauricio Sánchez, a la señora Nancy Suarez y la tercera persona.

Lugar: Alto de la Catalina – Antioquia.Violación al debido proceso e intimidación. Actor: Ejercito Nacional de Colombia, SIJIN y policía de El bagre – Antioquia

5) 28 de Noviembre de 2010. Luego de que se realizara la Segunda Asam-blea General de AHERAMGUA, en el Municipio del Bagre, Antioquia, Mau-ricio Sánchez Presidente de esta Asociación Campesina, Salió del Barrio la Vega en una motocicleta, luego de pagar algunos gastaos generados por la Asamblea. Mientras se desplazaba al Barrio el Portugal, siendo las 8:00 p.m., en el sector de puente sube y baja, noto que dos Hombres en una mo-tocicleta, que no llevaban casco le interceptaron y trataron de dispararle, por fortuna el arma no les dio fuego y el líder campesino y minero acelero la motocicleta y logro huir.

Lugar: El Bagre – Antioquia Intento de Homicidio en persona protegida, intimidación Actor: Grupos paramilitares.

6) 22 de Marzo de 2011. Un grupo de encapuchados y vestidos de negro

realizan recorridos nocturnos en diferentes veredas de la región de Guamo-co- Sur de Bolívar, más exactamente en la vereda de Pueblo Gato, Municipio de Santa Rosa. Estos sujetos fueron vistos por última vez el día 7 de marzo en dicha vereda. Creando una atmosfera de temor, dado que fue así como inicio la incursión paramilitar en estos pueblos en los años 90’, dejando a su paso, masacres, desapariciones y /o desplazamientos.

Por otra parte desde hace días se ha presentado asaltos por parte de des-conocidos, en las carreteras que comunican las veredas Mina cagui y Pueblo Gato, Municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. De estos asaltos han sido vic-timas la Cooperativa de Transportadores, causando perdías económicas de las familias de los asociados y afectando a hombres, mujeres, niños y niñas,

58

puesto que no llega el total de los alimentos, dinero o insumos de trabajo para la explotación minera, propia de estas veredas.

Lugar: Santa Rosa – Sur de Bolívar Asaltos, intimidación, bloqueo alimentario. Actor: Grupos paramilitares.

7) 22 de Junio de 2011, Capturado el Señor EDGAR JULIAN JIMENEZ, reconocido LIDER COMUNITARIO Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HU-MANOS, la captura se realizada entre las 7:30 am y 8:00 a.m, según versión de algunos testigos. La razón de la captura aún no se conoce puesto que el Fiscal, ni ninguno de los miembros policiales que ejecutaron la captura han dado información veraz de las razones.

El señor Edgar fue trasladado posteriormente a Simití (Sur de Bolívar) para la audiencia de Certificación de Captura.

Rechazamos radicalmente la persecución y señalamiento del que están siendo víctimas los y las pobladores de la Región de Guamoco, ya que esto es la expresión de los actos represivos que ejercen ciertos actores por inte-reses en la tierra, pues como es bien conocido la presencia de las Empresas multinacionales explotaras de oro que hacen presencia en la Región, quienes agudizan cada vez más el conflicto Colombiano, esto expresado en la captura indiscriminada de líderes que se oponen a la presencia y explotación de estas.

Lugar: Santa Rosa – Sur de BolívarViolación al debido proceso, señalamiento a líderes comunitarios e intimi-

dación a los miembros activos de AHERAMIGUAActor: Estado Colombiano

8) 28 de Junio de 2011 María Kelly Vaéz Medina, quien hace parte de la Junta directica en calidad de vicepresidenta fue amenazada desde el 28 de junio de 2011 cuando su esposo, Gerardo Pineda recibió una llamada en la que lo amenazaban para que se fuera del corregimiento para evitar la desa-parición de su esposa, la señora Kelly. Posteriormente la amenaza vuelve a aparecer en mensaje de texto y nuevamente se realiza una llamada en la que con lenguaje soez se amenaza la vida de la señora Kelly y de su familia si no se van del departamento.

El 4 de julio a las 2 de la tarde recibe nuevamente una llamada en la que la amenazan y la presionan para que se vaya de la zona. El 18 de agosto vuelve a presentarse una llamada, esta vez al señor Gerardo en la que se le recuerdan las advertencias hechas y le dicen “usted no está cumpliendo con las advertencias, yo ya tengo la gente para la vuelta, esa vieja es de lo peor, es una guerrillera se puso a llevar un poco de gente para ese evento y los está involucrando en lo mismo que ella hace, eso lo va a pagar por que ella va a hacer matar un poco de gente allá en ese corregimiento y en todo el municipio (...)”, amenazando la vida de la señora Kelly, sus familiares y todas aquellas

59

personas con las que esta líder comunitaria tiene relación. El evento al que hace referencia la llamada es el Encuentro Nacional de Comunidades Cam-pesinas, Indígenas y Afro descendientes realizado en Barrancabermeja entre el 12 y 15 de agosto.

Lugar: Santa Rosa – sur de BolívarAmenazas, seguimiento y señalamiento a líder comunitaria Actor: Grupos paramilitares.

9) 8 de abril de 2012, El señor JHON FREN ALFONSO VACA recibió una llamada intimidante a su número celular en la que un presunto paramilitar que se identifico con el alias “PEDRO MUELAS” le amenazó con atentar con-tra su vida o incendiar el hogar en donde habita en compañía de su esposa e hijas menores.

Así mismo allegados y vecinos de la esposa del señor JHON FREN AL-FONSO VACA, le han manifestado que miembros de organizaciones arma-das, se encuentran haciendo indagaciones e interrogando a varios habitan-tes de la vereda sobre el señor JHON FREN ALFONSO VACA, debido a que han señalado “lo tienen en la mira”.

Lugar: Puerto López – AntioquiaAmenazas de muerte, intimidación, señalamiento. Actores: Grupos paramilitares.

10) 10 de Mayo de 2012, La inminente consumación de hechos violatorios de los derechos humanos en el municipio de Montecristo sur de Bolívar, en virtud del decreto 041 de 2012 (Decreto que se expide en cumplimiento de la Resolución No. 248 de Abril 2011 expedida por el Grupo de Trabajo Regional de INGEOMINAS Medellín por medio de la cual se concedió un amparo administrativo a la empresa COOPCARIBONA), expedido por la al-caldía de este municipio en el que se ordena el desalojo de la comunidad de mineros tradicionales de “ Mina Walter”, ubicada en la vereda Caribona del Municipio de Montecristo, comunidad conformada aproximadamente por 1000 personas, de las cuales hacen parte de las familias de estos mineros tradicionales ( niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad).

Lugar: Montecristo – Sur de Bolívar Desplazamiento masivo, derechos a la vida, a la dignidad Humana, al

Mínimo vital, a la igualdad, al Debido Proceso y al trabajoActor: Estado Colombiano.

11) 14 de Julio de 2012, siendo las 7:24 de la mañana, llegan tropas del ejército, Brigada 11 Batallón del bagre a la casa del señor ROSENDO ANTO-NIO MASS BUSTAMANTE en donde se encontraban 3 personas, pregun-tando la ubicación de don Antonio; una vez identifican al señor Antonio el SARGENTO LUNA le exige le presente el documento de identificación, tras lo cual el señor Antonio le dice que ellos no tienen derecho a pedirle su ce-dula puesto que no es protestad de esta institución la verificación de datos,

60

a esto responde el sargento que el ejército nacional está en todo su derecho de pedir documentos y realizar de mas acciones que ellos consideren necesarias, finalmente el señor Antonio le entrega el documento de identidad, el sargento Luna lo recibe e inicia a tomarle fotos a este documento y al de la señorita JOHANA PATRICIA LOPEZ MENESES

Tras esto las tropas se retiran de la casa del Señor Rosendo Antonio pero siguen haciendo registro por todo el caserío de la vereda y se encuentran ins-talados en el centro de esta.

Lugar: Arriba, Corregimiento de Puerto Claver, municipio del Bagre – AntioquiaEmpadronamiento, intimidación y señalamiento, ocupación por parte de la

Fuerza pública a propiedad privada. Actor: Ejercito Nacional de Colombia

13) William Castillo quien en la actualidad hace parte de la Junta directiva de esta asociación, se encuentra con orden de captura, expedida por la fis-calía sexta de Bucaramanga en el año 2007, por supuestos nexos con grupos insurgentes, lo cual es incoherente dado que William nuca había estado en el departamento de Santander, zona donde es expedida esta orden de captura.

Lugar: El bagre AntioquiaPersecución y señalamiento contra líder comunitario. Actor: Estado colombiano.

12) 21 de Noviembre del 2012, llega una tropa del Ejercito Nacional, al caserío de la vereda el salto, corregimiento de Villa Uribe, Montecristo-Sur de Bolívar.

El día 22 de Noviembre de 2012 a las 5 pm un defensor de derechos huma-nos miembro de la ASOCIACION DE HERMANDADES AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE GUAMOCO se acerca a ellos y cumpliendo con el protocolo de protección de derechos humanos, pide se retiren del caserío puesto que su presencia constituye un inminente riesgo para la población, ya que como es bien sabido, en esta zona se presentan constantes enfrentamientos, entre el Ejército Nacional y los diferentes grupos al margen de la ley ( guerrilla, grupos paramilitares y Bacrim). A esto el personal del Ejército refirió que ellos no se iban a ir y que no tenían porque identificarse. Haciendo caso omiso de la petición de la población y del riesgo que esto significaba, iniciaron recorridos por el caserío.

El día 23 de Noviembre a las 5:30 am se inicia un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo a margen de la ley (hasta ahora desconocido), dicho enfrentamiento dura 26 minutos, en los cuales los miembros del Ejército se atrincheran en las casas y en todo el caserío. La población viéndose en esta situación no encontraron otra alternativa que encerrasen en las casas.

Una vez se termina el enfrentamiento, comunidad empieza a salir de las casas, entre ellos el defensor de derechos humanos representante de AHERA-

61

MIGUA, al cual miembros del Ejército se le acercan y en tono de amenaza le dicen que él les decía que se fueran de ahí, porque sabía que iba a haber enfrentamientos y que él tenía conocimiento de la presencia del grupo que los iba a emboscar.

Posterior a esto, todos los miembros del Ejército procedieron a recoger los casquillos de las balas y limpiar la escena de evidencias del combate y se retiraron. A pesar de esto la población logro recoger pruebas como fotos de los casquillos, de las casas afectadas y un video del enfrentamiento.

Lugar: Montecristo – Sur de BolívarRiesgo inminente para la población, señalamiento, amedrentamiento y

amenaza.Actor: Ejercito Nacional de Colombia.

Por último es importante declarar que esta población ha generado es-trategias y procesos organizativos sólidos en torno a la permanencia y de-fensa de la tierra y el territorio, puesto que ante la inminente amenaza de desplazamiento, generada por la concesión territorial, en su totalidad, a empresas de explotación aurífera, y la poca voluntad gubernamental de acompañamiento y defensa de esta población, no se ha encontrado otra posibilidad de permanencia en el territorio y desarrollo de este que no sea el auto gestionado

Capítulo 6Contexto general de los casos de reclamantes de tierras en Urabá

Este capítulo fue elaborado por el Instituto de Capacitación Popular IPC

El conflicto colombiano durante las últimas décadas ha sido ca-racterizado por la confluencia de actores con capacidad armada como las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, quienes desarrollaron como estrategia los asesinatos selectivos, las ma-sacres y el desplazamiento forzado con el fin de despojar a pe-

queños propietarios o poseedores de buena fe con el propósito de acumular y concentrar grandes extensiones de tierra.

En el año 2004, un grupo de campesinos del corregimiento Nueva Colo-nia de Turbo, víctimas de entregar forzadamente a bajos precios sus tierras a grupos armados al margen de la ley, presentó ante el Incoder una solicitud para la restitución de sus predios. Este hecho los hizo blanco de los grupos paramilitares, llevándolos nuevamente a círculos de amenazas y nuevos des-plazamientos hasta nuestros días.

Esta acción, también sentó un importante precedente para los campesinos despojados a nivel nacional en tanto representó el inicio de una ardua y vale-rosa lucha por defender sus derechos a la restitución y la reparación integral; motivó a los campesinos a organizarse y conseguir el acompañamiento de organizaciones sociales y de la comunidad internacional para proteger su vida e integridad y la de sus familias.

Con la expedición en el año 2005 de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, los campesinos del Urabá antioqueño iniciaron la reclamación de las tierras que les fueron despojadas confiados en que el Estado cumpliría su función como garante de sus derechos.

En el año 2008, motivados por el propósito de organizar reclamaciones masivas y como estrategia de seguridad, crearon la primera organización que

63

fue denominada Mesa Nacional de Trabajo Campesina para el Programa de Recuperación de Tierras, la cual estaba conformada no sólo por los reclaman-tes de Nueva Colonia sino también por los reclamantes del resto de Urabá antioqueño. A esta mesa también la asediaron las amenazas y los asesinatos.

En el año 2009, la Mesa se reorganiza integrando nuevos líderes bajo el nombre de Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes ASOVIRESTIBI, la cual, continuó siendo objeto de amenazas, atentados y asesinatos.

El 30 de noviembre del año 2010, se creó en la ciudad de Bogotá D.C., la Asociación Nacional de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tie-rras: Tierra y Vida, con representación de líderes de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle de Cauca, Caldas, Quindío, Córdoba, Magdalena y Santander. Esta asociación cuenta aproximadamente con 10 mil afiliados en todo el país, y 1600 en el Capítulo Urabá Antioqueño.

Este proceso organizativo desde sus inicios en la región de Urabá, ha sido

víctima de diversos ataques que han buscado castigar y reprimir sus reivin-dicaciones, pues la tierra en esta región continúa siendo un factor estratégico de disputa. Los ataques sistemáticos llevados a cabo por actores armados orientados por despojadores y testaferros, han socavado el Derecho de Aso-ciación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y han vulnerado múltiples derechos individuales de campesinos reclamantes de tierras, líderes sociales y de personas que han colaborado con el proceso organizativo en la región.

Se suma a esta situación que las características del conflicto en la región diluyen la posibilidad de establecer una línea de responsabilidad directa a un actor específico de las agresiones que sufren los reclamantes de tierras. Por los intereses funcionales y orgánicos que representaban para el conjunto de la región las estructuras paramilitares en manos de las cuales estuvo el mayor número de despojos, no era posible que éstas se desmontaran en su totalidad con el proceso de desmovilización. El reacomodamiento de las es-tructuras armadas en la zona que protegen violentamente diversos circuitos económicos ilegales y legales bajo modalidades o modus operandi más aso-ciados actualmente a la criminalidad y el sicariato, acarrea como consecuen-cia asesinatos y amenazas a sujetos de especial protección constitucional.

En el caso de las amenazas, los actores armados las profieren valiéndose de la idiosincrasia regional y de esta manera, pasan desapercibidas a los ojos de las autoridades al no poderse mostrar en muchos de los casos una eviden-cia material clara y discernible del riesgo que corren estos sujetos; a esto se suma la estrategia de barajar diferentes denominaciones de las estructuras

64

armadas con el propósito de camuflar la responsabilidad. La región de Urabá tiene una condición particular que diferentes víctimas de estas agresiones e intimidaciones señalan al unísono, en este territorio las víctimas conviven con los victimarios, por lo tanto, la sedimentación de las relaciones afectivas, fa-miliares, vecinales, comunales y sociales en la larga trayectoria de un conflicto violento no resuelto, dispone unos canales de comunicación permanente a través de los cuales circula la información sobre los riesgos que se ciernen sobre los líderes, en muchas ocasiones, antes que se ejecuten las órdenes que los actores intelectuales emanan, por lo tanto, se dificulta aún más identificar dicha evidencia material lo que no impugna el sentido de realidad y certeza que tienen dichas informaciones gracias a las cuales, se han podido evitar crímenes irreparables.

Después del proceso de desmovilización paramilitar en la región de Urabá los territorios de dominio del Bloque Elmer Cárdenas pasaron al dominio de la agrupación que en la actualidad se conoce como Los Urabeños, la cual des-de sus inicios estuvo bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Ma-rio, hermano del máximo jefe del bloque paramilitar en mención. El Bloque Elmer Cárdenas además de copar los territorios abandonados por el EPL en la región y expandir su poder armado hacia el Urabá chocoano y el Occidente antioqueño, se encargó de extraer recursos a través de la venta de madera y los impuestos del 5% y 3% a maderas finas y ordinarias aplicados a empresa-rios y comerciantes en el Chocó, igualmente, se lucró de los impuestos a los empresarios y comercializadoras de banano. También vacunó y extorsionó a comerciantes y transportadores terrestres y fluviales a través de la instalación de peajes. En sus zonas de dominio se encontraban cultivos de palma acei-tera, maderables y cultivos de uso ilícito, además, contaba una importante ruta de salida de drogas por lo que cobraba el uso de ésta a narcotraficantes, que a su vez, era una importante ruta de ingreso de armas dada la ubicación estratégica en Necoclí y el golfo de Urabá .

En este contexto, la extradición de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos en el año 2008 le agregó mayor combustible al conflicto e hizo que la región empezara a sentir abiertamente las señales de reorganización y recru-decimiento del conflicto que estuvieron solapadas varios años con actuacio-nes puntuales, selectivas, silenciosas y sistemáticas.

A lo anterior se suma que en el centro de la región, las estructuras del Blo-que Bananero se encontraban acéfalas al tener detenidos a sus máximos co-mandantes Raúl Hasbún y Ever Veleza y tras la muerte en el 2006 del mando medio encargado de coordinar a los desmovilizados Carlos Enrique Vásquez, alias Cepillo. En consecuencia, el dominio de la agrupación denominada Los Urabeños toma el control casi total de la región, presentándose entre 2009 y 2011 disputas con la estructura denominada Los Rastrojos que tras librar una violenta entrada a la región en el municipio de Chigorodó, logra por medio

65

de una pactación ganar algo de control en el Eje Bananero para proteger los intereses económicos legales e ilegales que proliferan en ésta zona.

Teniendo en cuenta esto, es preciso señalar que no se identifican disputas territoriales abiertas en lo que corresponde al Eje Bananero y Norte de la región, la geografía de la guerra ha definido dominios concretos. No obs-tante, en los casos que se profieren amenazas a los reclamantes de tierras con identificación del actor armado, los victimarios son reconocidos como agrupaciones paramilitares, Autodefensas Gaitanistas, Héroes de Castaño, Herederos de Castaño o Águilas Negras. De todas estas denominaciones, es la última la que más peso ha tenido en la escena regional en lo que a atribu-ción de amenazas a reclamantes de tierra se refiere. Llama la atención que en dichas zonas donde se dan las amenazas no se registra confrontación entre ninguna agrupación armada, lo que sumado a modus operandi y auto de-nominaciones etéreas, y además, a la identificación de hombres con las dos estructuras (Águilas Negras y Urabeños en la mayoría de los casos), lleva a concluir que en la actualidad, son las Águilas Negras la facción encargada de ejercer violencia político social de tal manera que el perfil criminal de las estructuras que dominan la zona se conserva y el perfil político del conflicto se diluye en la indeterminación y volatilidad de dicha unidad armada.

Capítulo 7Represas en Colombia: desplazamiento y miseria.

Capitulo elaborado por Movimiento Ríos Vivos

Este capítulo presenta algunos de los cuestionamientos, denun-cias, vivencias, y propuestas de cientos de pobladores y po-bladoras afectadas por la construcción de represas que nos articulamos en el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Movimiento Ríos Vivos

bajo la consigna de propender porque los ríos se mantengan vivos y con ellos, las comunidades y sus formas de vida tradicionales.

Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comu-nidades que habitan los territorios y la sociedad en general. Su construcción no se adelanta para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales dado que la sociedad actual sostiene un modelo energético excluyen-te al tiempo que afectan modos y formas de vida locales, amenazan la cul-tura e identidad de numerosos pueblos y, en muchos casos, han impuesto el destierro o el desplazamiento en nombre de lo que algunos sectores llaman “desarrollo”.

Las represas que se han construido han desplazado miles de personas en Colombia, gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad eco-nómica tradicional por formas indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Campesinos, pescadores y mineros artesanales o barequeros se han visto obligados a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desem-pleados o convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle, indígenas, campesinos y pescadores fueron obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y sus planes de vida, como sucedió con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, entre otros.

Los impactos sociales más graves recaen o ejercen presión en la vida de las mujeres quienes tienen que enfrentar la ruptura o descomposición familiar, la violencia intrafamiliar, y las preocupaciones del hogar ante la falta de ingre-

67

sos seguros. Sin embargo, frente a esta diversidad de impactos, el elemento común en cada lugar es que las mujeres jamás han sido tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones.

Las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vul-nerando la seguridad y la soberanía alimentaria en las regiones, pero tam-bién poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en el mediano plazo, en virtud de la cantidad y envergadura de los proyectos que se imponen en los territorios y los que se proyectan.

Por otra parte, la mayoría del territorio colombiano vive con agudeza los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estos y otros megaproyectos en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos, de igual manera los desplazamientos forzados han servido para desocupar estas zonas de interés.

Complementariamente cuando la construcción de un proyecto comienza, sin importar la naturaleza de la empresa constructora, pública, privada, na-cional o extranjera, se vulneran una serie de derechos humanos individuales y colectivos en los que, por lo general y en el mejor de los casos cuando no han contribuido con la vulneración las instituciones del estado se han mostrado negligentes en el cumplimiento de sus mandatos y en la protec-ción de los derechos constitucionales de los y las ciudadanas que habitan los territorios. A continuación, resaltamos algunos de los procedimientos o irregularidades más recurrentes:

• En cada proyecto existen una serie de externalidades no previstas que no son tenidas en cuenta en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o los Planes de Manejo Ambiental (PMA). Las licencias ambien-tales, por lo general, no citan nada al respecto. Un caso que destaca esta situación es el vertimiento de 500 m3 de lodo en la cuenca del bajo Anchicayá en el año 2001, por parte de la multinacional Unión Fenosa, mayor propietaria en ese entonces de la Empresa EPSA.

• Los EIA son realizados por los mismos interesados, sus metodolo-gías ajustadas a resultados determinados y en el mejor de los casos cuando hay planteamientos serios en estos estudios, no son reco-gidos en las licencias ambientales, en el caso de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, el EIA contemplaba elementos de trascendencia como los impactos a largo plazo y la agudeza del conflicto armado que vive la zona, no obstante estos elementos no fueron recogidos de ninguna manera en la licencia ambiental y menos en los PMA y las acciones puntuales de la empresa.

• Los EIA No son realizados de manera ampliamente participativa, me-nos consultada. a las comunidades se les extrae información pero no se les da, y cuando se entrega información esta es sesgada e incom-pleta.

• Las represas se imponen sobre la visión de progreso de las comuni-dades locales. Comunidades campesinas y productoras de alimentos,

68

que generan más empleos permanentes que la represas, y con pro-puestas alternativas a esta manera de generar desarrollo están siendo arrasadas. En el caso El Quimbo, las comunidades han demostrado que la creación de una Zona de Reserva Campesina puede traer ma-yores beneficios para la región y el país que la construcción de la represa.

• La construcción de represas se imponen exclusivamente como nego-cio. Esto se constata en las regiones en que existen severos riesgos potenciales de que el muro de la represa colapse o el almacenamien-tos de grandes cantidades de agua pueda causar una calamidad. Las represas El Quimbo e Hidrosogamoso actualmente se construyen en zonas de actividad sísmica sin que, hasta el momento, se haya de-mostrado que no existen riesgos potenciales. Los negocios en este caso priman sobre la vida y el riesgo. Sobre Hidroituango también existen dudas que apuntan a serios riesgos referidos a los grandes deslizamientos en algunos puntos del Cañon del Cauca.

• Las empresas constructoras presionan a los pobladores para que vendan sus tierras generando severos impactos psicosociales en las poblaciones. En el caso del Quimbo 10 personas han muerto por estas circunstancias, ante lo cual exigimos una investigación seria y responsable por parte del Estado que determine las causas, efectos y responsabilidades.

• La construcción de represas ha implicado la agudización del con-flicto armado en los territorios. Varios líderes han sido asesinados impunemente: los indígenas Kimy Pernía, Lucindo Domicó y el pro-fesor Alberto Alzate, opositores a la represa Urrá I; los campesinos y pescadores Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Herbert Cár-denas, Luis Arango y Jairo Rodríguez Caro, opositores a la Represa Hidrosogamoso donde además se adelantado campaña de amena-zas e intimidaciones mediante panfletos, carteles y rumores desde 2009, recientemente fue desaparecido Miguel Ángel Pabón Pabón (31-10-2012), asesinado Gilberto Villamizar y herida su esposa Matil-de (20-11-2012); en el norte y occidente antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales, las confrontaciones entre grupos armados, la quema de vehículos, las amenazas y la persecución y judicializa-ción de la población civil. En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas han sido estigmatizados y señalados como auxiliares de la guerrilla, además lideres y lideresas opositoras a la construcción amenazados como colectivo han buscado medidas de protección co-lectiva ante el estado sin que hasta el momento haya habido respues-ta alguna.

• La construcción de represas en medio del conflicto armado y en zo-nas de cruentos enfrentamientos puede implicar una grave pérdida de la memoria histórica y del derecho al duelo – conexo al derecho a la

69

vida- puesto que ante los muchos desaparecidos del país y los ante-cedentes de fosas comunes en algunos territorios de construcción de represas, como es el caso de Hidroituango, el Movimiento ha elevado su voz de alarma en este sentido pues debe asegurarse a la sociedad colombiana y al mundo entero que esto no va a ocurrir. Varios hechos dan cuenta de esta posibilidad con la construcción de Hidroituango: La empresa EPM informa a las autoridades competentes sobre la fosa común existente en la finca Cuni jurisdicción del Municipio de Toledo, en donde hoy se encuentra uno de los más grandes campamentos de la obra. La fiscalía hallo 10 cadáveres en el mes de abril de 2011. De igual manera la fiscalía ha realizado hallazgos en los municipios de Briceño y San Andrés de Cuerquia, todos en la zona de impacto di-recto de la hidroeléctrica. El segundo hecho es el conocimiento por parte de algunos de los miembros del Movimiento de la existencia de cadáveres en la zona ribereña, pero por no tener confianza en las autoridades locales y por saber que los victimarios siguen en la zona, es decir, por no haber garantías para la denuncia, estas no se han realizado .

• Los censos y las caracterizaciones de las afectaciones a múltiples actividades económicas, sociales, ambientales, políticas y culturales son imprecisas. Evidenciamos irregularidades en la inclusión o exclu-sión del censo de la poblaciones afectadas, se evidencian claras in-tenciones de engaño hacia las comunidades donde se genera presión para que entre los pobladores señalen a quien tiene o no derecho a una indemnización, aumentando los riesgos para la vida que signifi-can este tipo de confrontaciones.

• El emplazamiento de represas implica la violación sistemática de de-rechos humanos fundamentales como el Derecho a la información y a la participación, a la libertad de reunión, asociación y expresión; al trabajo y condiciones dignas de vida; a una vivienda adecuada; a la educación; a un ambiente sano y a la salud; a la total reparación de las pérdidas; a la justa negociación en condiciones de equidad para las partes, conforme criterios transparentes y colectivamente acordados; a la libre movilización; a las prácticas y a las formas de vida tradicionales, así como el acceso y la preservación de bienes culturales, materiales e inmateriales; a los derechos de los pueblos indígenas, negros y tradicionales; a la protección especial de grupos vulnerables; derecho de acceso a la justicia y a la razonable duración del proceso judicial; a la reparación por pérdidas anteriores; derecho de protección a la familia y a los lazos de solidaridad social o comu-nitaria entre otros.

Solicitudes y exigencias del Movimiento Ríos Vivos:• Exigimos se prioricen las vocaciones tradicionales de los territorios,

que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria, el agua y el

70

sustento de la vida, antes que megaproyectos que atentan contra el bienestar de cientos de pobladores y pobladoras.

• Exigimos presencia del Estado y sus instituciones en la labor de cum-plimiento y veeduría de los procesos exigidos a las empresas construc-toras de megaproyectos.

• Solicitamos se detengan los megaproyectos de cualquier tipo en las regiones con presencia de actores armados al margen de la ley. El con-flicto armado limita la participación real de las comunidades en el pro-ceso de planificación, consulta y construcción de los megaproyectos. De lo contrario la construcción de estas obras se adelantan sin ninguna garantía para los afectados, y sin ninguna posibilidad de participación y transparencia.

• Solicitamos a los organismos internacionales adelantar gestiones que den garantías para el respeto de los derechos individuales y colectivos de las personas y comunidades afectadas así como garantías para la integridad los líderes y lideresas que vienen siendo estigmatizados, perseguidos y amenazados por su labor social en defensa de los dere-chos ambientales, sociales, económicos y culturales de los afectados.

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y construcción de Hidroituango

Fotografía cortesía Nodo Antioquia CCEEU

71

Introducción: El proyecto hidroeléctrico Ituango, cuya sigla es Hidroi-tuango, identificado con el NIT 811014798-1 es el megaproyecto más grande de Colombia, por lo tanto uno de los que mayores intereses moviliza sobre la zona y también más impactos está generando en los habitantes.

Las comunidades de los municipios de Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango en el norte y, Sabanalarga, Liborina y Olaya en el occiden-te de Antioquia, agrupadas en el Movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas Ríos Vivos vienen organizándose para exigir el respeto a sus derechos humanos especialmente los derechos Eco-nómicos, Sociales, Culturales y Ambientales vulnerados por la construcción de la hidroeléctrica.

Esta represa se pensó desde el año 1969, no obstante inicio obras en el año 2008 y con mayor énfasis en el año 2010. En el año 2011 El Movimiento realiza la primera movilización social masiva con alrededor de tres mil per-sonas que expresaban inconformidad en sus consignas y un comunicado con 22 aspectos que vulneraban sus derechos y que, hasta el momento, no han sido superados, especialmente los relacionados al derecho a la participación social, al trabajo, a la alimentación y al debido proceso por los desalojos de comunidades ribereñas.

De diferentes maneras las comunidades continuaron buscando mecanis-mos para expresar su inconformismo y la vulneración de sus derechos sin embargo la ineficacia de las instituciones públicas y la ausencia de las mis-mas en la zona dificulto este proceso. El Movimiento realizó entre el 26 de agosto al 7 de septiembre una movilización pacífica en el corregimiento El Valle de Toledo, que tuvo que ser levantada por problemas de seguridad para los manifestantes, es decir, que no habían ni hay garantías para la pro-testa social en la zona, situación ya se había expresado por el Movimiento en diferentes espacios.

Contexto del conflicto armado: El norte de Antioquia, ha vivido históri-camente la agudeza del conflicto, pero ha tenido dos periodos de cruentas confrontaciones entre actores armados legales e ilegales, que han dejado a la población desprovista de herramientas organizativas que le permitan afrontar la magnitud de los impactos que está generando la construcción de Hidroituango, son los líderes y defensores de los derechos humanos los más violentados, las muertes selectivas así lo han demostrado, encontrando como principal foco a organizaciones sociales, comunitarias y líderes repre-sentativos de los distintos municipios.

Los líderes han sido y siguen siendo blanco fácil para los grupos arma-dos tanto legales como ilegales. Los hechos ocurridos durante lo que va corrido del año en el municipio de Ituango y demás municipios de la zona demuestran que el patrón se conserva, líderes asesinados en el municipio de Ituango uno del corregimiento La Granja, otros del casco Urbano, líderes desplazados por amenazas, amenazas a líderes, estigmatización de los pro-cesos organizativos y de los lideres, capturas masivas, empadronamientos, entre otros graves violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos

72

más graves y numerosos ocurrido en el año 2011 y aún no esclarecido por las autoridades competentes, fue la publicación de un blog en internet en el que se señalaba a más de 2.000 personas de los municipios del norte lejano, prin-cipalmente Ituango y Toledo de ser auxiliadores o de pertenecer a las FARC.

La relación entre conflicto armado y la construcción de la represa Hidroi-tuango o proyecto hidroeléctrico Ituango es innegable en la vida cotidiana de las comunidades, dos periodos han sido los más destacados de la obra, el primero a finales de los años 90 cuando se crea la Sociedad Promotora de Pescadero S.A. y la segunda el inicio de obras desde el año 2008. Justamente los dos periodos que con mayor agudeza se ha sentido el conflicto en la zona de incidencia del megaproyecto. La agudización del conflicto en lo que va corrido del año en la zona puede seguirse mediante todas las variables con las que se mide el conflicto armado en el país. Los accidentes e incidentes con minas antipersonales, los desplazamientos forzados, los asesinatos, los enfrentamientos armados, las amenazas, entre otros.

Otro aspecto de especial relación entre el conflicto armado y la cons-trucción de la represa es la posibilidad de que existan fosas comunes en la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico. Además no se puede dejar de lado el hecho de que la mayoría de las personas afectadas son víctimas del conflicto armado y por lo tanto son más altos sus niveles de vulnerabili-dad social ante la magnitud de las transformaciones sociales, ambientales, económicas y culturales que está generando la obra, este aspecto no ha sido tenido en cuenta por la empresa que ejecuta actualmente el proyecto Empre-sas Públicas de Medellín EPM.

Asesinato:Jaime Arturo Rojas, directivo de la Cooperativa de Transportadores de

Ituango, reconocido como mototaxista y comerciante, con una finca ubicada en la vereda la Honda, zona de impacto directo de la represa, preocupado por la construcción de la represa y critico ante las incertidumbres y los vacios que genera la obra en la zona. Fue asesinado en extrañas circunstancias el 5 de julio de 2012, en las afueras del casco urbano con arma corto punzante. Por su reconocimiento miles de de ituanguinos salieron a acompañarlo en uno de los entierros más números que se han visto en el municipio. Este ase-sinato aún no ha sido esclarecido por las autoridades.

Daños a la saludLuz Marina Días quien fue desalojada de las riberas del río Cauca el 30

mayo de 2012. Perdió el oído derecho por la explosión de dinamita para la construcción de la obra, explosión que se inició en la parte alta antes de los desalojos lo que puso en grave riesgo su vida y la de sus compañeros. Estos serios daños a su salud hasta el momento no han sido reparados o com-pensados, ni siquiera asumidos como de su responsabilidad por parte de la empresa constructora.

73

Amenazas a líderes relacionados con la protesta social a Hidroituango:

Paramilitarismo Una de las principales amenazas para los líderes que se oponen a la cons-

trucción de la represa es la presencia de paramilitares en la zona, por las siguientes razones:

1. La Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz afirmó que “el principal obstáculo para este proyecto ha sido la presencia de la guerrilla. En 1996 entro el Bloque Mineros a Ituango y justo dos años después se constituyo la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.” La misma fiscalía detallo los asesinatos masivos y las masacres ocurridas en los municipios de la zona de incidencia del proyecto, la constante fue asesinar de manera selectiva a personas acusadas de auxiliar a la guerrilla.

2. Aunque se supone que los paramilitares se desmovilizaron desde el año 2006, en el municipio de Briceño han continuado con una fuerte presen-cia, y este año 2012 han sucedido varios hechos que así lo prueban, al igual que ha ocurrido hechos que alertan sobre nuevas incursiones para militares en el municipio de Ituango.

a) En el mes de enero fueron cambiados todos los policías del municipio, señalados por la comunidad de ser colaboradores de Los Urabeños, grupo paramilitar que opera en el municipio y el cual se ha atribuido varios delitos como la muerte del administrador del hospital (14 de diciembre) Saúl Sarra-zola y la quema de buses.

b) Los grupos paramilitares convocan ampliamente a reuniones a líderes sociales y comunales, reciben llamadas de estos grupos para exigir asistan a las reuniones, algunos de los líderes han optado por cambiar de celular o no volver a contestar a números desconocidos. El 28 de junio de 2012 en la elección de ASOCOMUNAL la administración municipal expresó que no se oponía ni apoyaba este tipo de reuniones.

c) En el municipio de Ituango desde Semana Santa se observaron en algu-nas veredas grupos de hombres fuertemente armados, vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública, camiseta negra y pantalón camuflado, con un brazalete rojo alusivo a las AUC. Lo mismo ocurrió el 1 y 2 de julio de 2012, en una de las vías rurales que conduce a las veredas Paloblanco, Bue-navista, Guacharaquero, La Honda, Cortaderal entre otras, a unos 15 minutos del casco urbano, fueron observados alrededor de 200 hombres que desfi-laban por la vía con las mismas características, además habían escrito en la vía AUC y montaron retenes en algunos sitios maltratando a campesinos del sector, acusándolos de ser auxiliadores de las FARC y guerrilleros.

3. Las capturas masivas, los señalamientos públicos por parte de las au-toridades exponen a líderes y a la población en general a sufrir ataques de los grupos paramilitares, los cuales por su accionar político han mostrado favorabilidad al proyecto.

Amenazas directas realizadas por desconocidos a líderes de la zonaDesde el mismo momento en el que se iniciaron las obras relacionadas

74

con la hidroeléctrica y como una de las consecuencias directas en las comu-nidades, la estrategia usada por la empresa fue descargar en las personas de la zona no solo las consecuencias de la presión migratoria sino también la responsabilidad en la identificación de quienes no son de la zona, este hecho ha generado conflictos entre comunidades y grupos poblacionales, además ha generado amenazas y confrontaciones entre líderes, entre personas de la zona, entre habitantes y líderes, entre foráneos y habitantes, entre foráneos y líderes.

Las juntas de acción comunal han presentado listados solicitados por las distintas empresas que han realizado estudios para el proyecto como una de las formas de realizar el censo de personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico

1. Muchas de las personas de la zona han quedado por fuera de los censos y esta ha sido una de las razones por las cuales se han realizado diferentes protestas en contra de la hidroeléctrica.

2. Las personas incluidas en los censos consideran que la protesta social por las exclusiones realizadas en este diagnóstico, implican que se vean perjudicados en sus intereses por ser compensados económicamente por sus afectaciones, esto ocurre porque los funcionarios del proyecto insistieron en repetidas ocasiones que entre más personas hubiera menos dinero tendrían para la compensación, además de que debían delatar a las personas que no tuvieran derechos, sin dar explicación alguna sobre en qué consisten esos derechos.

3. La llegada de foráneos se torna cada vez más peligrosa para las y los líderes de la zona, por estos hechos han sido amenazadas dos lideresas de la zona.

En este sentido y debido a las diferentes posiciones que existen en el territorio sobre la construcción de dicho proyecto, diferencias apenas nor-males si se tienen en cuenta las afectaciones de un megaproyecto de estas magnitudes, pero diferencias que exacerban su peligrosidad y posibilidad de daño físico y psicológico a líderes opositores a la construcción de la misma, si tenemos en cuenta el ambiente convulsionado por el conflicto armado en la zona, con la presencia de diferentes actores armados ilegales y legales. Prueba de ello son los siguientes hechos.

1. Tres líderes pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos han sido amena-zados por la fuerza pública y por funcionarios que laboran para la obra.

2. Una lideresa fue amenazada para que saliera de su territorio y no vol-viera a hablar de la represa desde el mes de julio de 2012

Estigmatización a la protesta social.Los procesos de estigmatización a la población son recurrentes por parte

de las autoridades locales y regionales, sin que se den claridades sobre se-ñalamientos que dejan en un grave riesgo a la población. Es así como en el

75

mes de junio del año 2011, en un blog se publican los datos personales de alrededor de 2.000 personas de los municipios de Ituango, en su gran ma-yoría y Toledo.

Desde el primer momento de la movilización de las comunidades, la Fuer-za Pública que hace presencia en el lugar estigmatizó nuestra protesta pací-fica señalándola de ser promovida por la guerrilla de las FARC. Esta estig-matización es infundada pero ha sido difundida irresponsablemente por los diversos medios de comunicación.

En la segunda semana del mes de agosto se escucho en la zona, por medio de la emisora del Ejército Nacional, que la movilización que se preparaba en contra de la hidroeléctrica era promovida por las FARC.

El 21 de agosto el General José David Guzmán Trujillo, comandante de la región seis de la Policía Nacional, aseguró ante los medios de comunicación que las acciones de protesta de las comunidades son acciones de las FARC para frenar la ejecución de la obra, el desarrollo de Ituango.

Las capturas masivas: Como resultado de la estigmatización las capturas masivas que en diversas ocasiones se han dado en la zona que no han tenido los suficientes elementos para la judicialización, lo que quiere decir que se usa esta estrategia para amedrentar a la población por parte de las insti-tuciones del Estado, este hecho se corroboró con la última de las capturas masivas realizada el mismo día en el que iniciaron las protestas en contra del megraproyecto hidroeléctrico Ituango. También llamamos la atención que, entre las personas detenidas en el municipio de Ituango por la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, por lo menos dos de ellas Javier Dario Upegui y John de Jesús Carvajal Tobón, venían negociando las condiciones de sus predios y cultivos con EPM sin llegar aún a acuerdos con-cretos.

El Ejército Nacional ya había anunciado estas capturas y el fiscal que se encargó de las mismas anuncio, casi como amenaza, la captura de muchas más personas reconocidas de la zona.

Durante la protesta realizada entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2012 en El Valle de Toledo:

1. El día 26 de agosto de 2012 alrededor de 500 personas llegaron al corregimiento El Valle del municipio de Toledo, ubicado en el norte del de-partamento de Antioquia, procedentes de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Briceño, Toledo e Ituango. Se asentaron desde la 1:00 p.m. en la vía en construcción que realiza el proyecto hidroeléctrico, la cual bordea el caserío principal del corregimiento.

2. Este mismo día en las horas de la mañana se presentaron capturas ma-sivas en el Municipio de Ituango como ya se relató, lo que impidió por temor la movilización de un mayor número de personas a la audiencia.

3. Pocas horas después de llegar los manifestantes al sitio, se evidencio la

76

presencia del Ejército Nacional muy cerca del campamento, realizando regis-tros fotográficos a los manifestantes.

4. En las horas de la mañana del día 27 de agosto, aproximadamente a las 10:00 a.m. se conocieron los disparos y explosiones escuchadas en la zona de construcción del túnel, ubicada a 20 minutos del lugar de la concentración. La población comentó que el Ejército simula enfrentamientos con la guerrilla para generar pánico en los manifestantes.

5. Para este mismo día 27 de agosto El Movimiento Ríos Vivos había con-vocado previamente a una audiencia popular sobre la represa a las 9:00 a.m., Aproximadamente a la 1:00 p.m. en medio de las deliberaciones, de campe-sinos, campesinas, pescadores, agricultores, agricultoras, transportadores, areneros, paleros, comerciantes, líderes y demás comunidades que hasta el momento se reconocen como afectadas por el proyecto, llegaron decenas de hombres del escuadrón móvil antidisturbios, situación que altero a las comunidades generando un gran miedo en los manifestantes. Los hombres del ESMAD se adentraron en la población, estando en contacto directo con las personas. Ya adentrada la tarde se retiraron de la zona. La Dirección de DDHH de la Secretaria de Gobierno del Departamento de Antioquia, con su personal en campo presencio los hechos, así como se ocupó de exigir que el retiro de la zona de campamento al SMAD.

6. EL 29 de agosto se realiza una primera reunión entre los manifestantes, El Secretario de Gobierno del Departamento y representantes de EPM. Asis-ten a ella alrededor de mil personas, en medio de la conversación y mientras hablaba el Secretario de Gobierno del Departamento, aproximadamente a las 4:00 p.m. A uno de los soldados del Batallón de artillería Nº 4 BAJES se le dispara su arma, una ráfaga de tiros fue a dar al piso sin herir a nadie, pero asustando a todos los presentes. Este soldado se encontraba en una pequeña barranca de donde se podía observar a todos los presentes, en la parte alta del campamento, en donde también había participantes de la reunión. Esta ubicación puso en mayor peligro a la población, el Ejército Nacional Estuvo en esta ubicación que daba en frente de la principal concentración de personas, al igual que había tropas al lado, en otra pequeña montaña con altura sufi-ciente para observar todo el campamento.

7. El 4 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 9:00 p.m. se escu-chan tiroteos, ráfagas y explosiones desde el campamento, hacia el sector co-nocido como Matanzas, en dirección al municipio de San Andrés de Cuerquia, a unos 15 minutos del campamento. En ese momento, aproximadamente 5 soldados del Batallón BAJES se adentraron a los campamentos, dos líderes les dijeron que se salieran de los campamentos que como se iban a cubrir con la población civil, además les gritaban “pa fuera, pa fuera”, mientras salían uno de estos 5 soldados disparo desde el campamento una ráfaga de 5 tiros aproximadamente, mientras se continuaban escuchando los disparos en la zona de Matanzas.

8. Se salieron para la carretera y el puente en donde también habían ubica-das personas en sus carpas. En ese momento llego el personal en campo de

77

la Unidad de DDHH y víctimas de la Secretaria de Gobierno departamental fueron testigos de cómo aproximadamente 30 hombres del Ejercito Na-cional se encontraban recostados en medio del puente y en el borde de la vía, con sus maletas y municiones descargadas en el piso. Además fueron testigos de haber escuchado fuertes disparos en ambas direcciones, hacia San Andrés de Cuerquia y hacia Pescadero. Tanto los líderes como los servidores públicos procedieron a indicarle a los hombres del ejército que debían retirase de la zona del campamento. Al igual que indicaron a las personas que se trasladaran por seguridad a la iglesia.

9. Los servidores públicos tomaron las fotografías a los casquillos que quedaron en el lugar desde el cual hombres del Ejército dispararon.

10. Aproximadamente a las 10:00 p.m. se escuchan varias ráfagas en dirección contraria a los primeros escuchados, aproximadamente a 10 mi-nutos del campamento en la zona conocida como Tacui, en dirección al municipio de Ituango.

11. Aproximadamente a las 12:000 se escucharon nuevamente explo-siones hacia la zona de Matanzas fuertes explosiones y se observaron las balas rojas pasar desde la iglesia.

12. A las 5:00 a.m. del día 5 de septiembre de 2012, se escucharon nue-vamente disparos desde la zona de Tacui.

13. Temprano en la mañana uno de los lideres recibe el angustiado re-lato de un habitante de la zona desde donde se realizaron los disparos la noche anterior, indicándole su preocupación por la munición sin explotar que había quedado muy cerca de su casa. Se informa al personal en campo de la Dirección de DDHH de la gobernación, estos se dirigen al sitio de los hechos al igual que los líderes, tomaron fotografías de la munición sin explotar y de los muchos casquillos que quedaron en la zona.

Después de levantada la movilización por motivos de seguridad y creando una mesa de negoción entre la Gobernación, EPM y el Movimiento hasta el momento no se han dado soluciones de fondo a las problemáticas que aquejan a las comunidades.

Exigencias Las autoridades civiles y militares deben garantizar el derecho a la orga-

nización social y a la protesta en condiciones de seguridad para las perso-nas, en esta medida deben establecer planes colectivos de protección que permitan el ejercicio de estos derechos.

Se garantice el acceso a la justicia en la zona de construcción de la hidroeléctrica, por medio de la presencia en todos y cada uno de los mu-nicipios afectados, de fiscalías, juzgados, defensoría del pueblo y procura-duría de manera permanente que actúen con celeridad y eficacia.

Los casos de quejas contra la fuerza pública deben ser esclarecidos con prontitud, así como los asesinatos, extorsiones y amenazas y demás que afectan a líderes de la zona y a toda la población en general deben tener pronta respuesta para las comunidades.

78

Las autoridades locales, departamentales y nacionales, tanto civiles como militares no pueden hacer señalamientos públicos que pongan en riesgo a los líderes de la zona, se debe frenar y ser sancionada la estigmatización.

El Ejército Nacional no debe estar cerca a ningún líder de la zona, ni inte-ractuar con ellos y ellas por ninguna circunstancia, a no ser que medien auto-ridades civiles o circunstancia extremas, en todo caso en evento previamente acordado presencia de múltiples personas.

El Ejército Nacional no debe por ninguna circunstancia acercarse a las vi-viendas, escuelas y sitios de recreo de la población, especialmente las veredas y comunidades que se encuentran en el Movimiento Ríos Vivos. Del mismo modo ningún miembro de la fuerza pública debe realizar llamadas a los líde-res y personas de la zona.

Se deben establecer medidas de protección colectiva para líderes y lidere-sas del Movimiento Ríos Vivos.

Capítulo 8Comuna 8, entre la difusa legalidad y “des – orden de la ilegalidad”

La comuna 8- Villa hermosa, se encuentra ubicada en el cen-troriente de la ciudad de Medellín y está compuesta por 35 barrios, en la actualidad tiene una población aproximada de 135.000 habitantes5, la cual padece grandes niveles de pobre-za y exclusión social; este territorio en su mayoría presenta

hogares de estratos socioeconómico 1 y 2 y gran parte de su población es subempleada, es decir que los niveles de ingreso no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas, esto se constata con la Encuesta de Calidad de Vida de 2011 de la Alcaldía de Medellín, que establece que en la comuna un “22.99% de los hogares siempre algún niño se acuesta con hambre porque no alcanza el dinero para la comida”6, “en un 20.48% de los hogares siempre se disminuye el número de comidas usuales, como dejar de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero para comprar ali-mentos. ”7; a esto se suma que las políticas gubernamentales de carácter local y nacional no son suficientes tanto en acceso como en disponibilidad para garantizar los derechos a la alimentación, la salud, la educación con calidad, la vivienda, los servicios públicos domiciliarios y un empleo digno.

5 Encuesta de Calidad de Vida de la Alcaldía de Medellín. 2011.

6 Ibíd. Pág. 18

7 Ibíd. Pág. 19

80

Panorámica Comuna 8, Fotografía cortesía líderes comunitario

A este contexto de violación de derechos económicos, sociales, cultura-les y ambientales que se vive en la comuna 8, se suma la grave situación de violencia y control social que padece la comunidad desde hace más de dos décadas por estructuras paramilitares8, las cuales se han disputado el terri-torio y han ejercido poder sobre la población civil y han presionado al movi-miento social y comunitario que exige el respeto por los derechos humanos. Este territorio en la actualidad es un punto estratégico para el desarrollo de megaproyectos, tales como el Cinturón verde Metropolitano, la construc-ción de una estación de Metrocable y la construcción del Tranvía, obras de infraestructura desarrolladas por la Alcaldía de Medellín en barrios que no solo hoy se encuentran en disputa, sino que parte de su población ha sido desarraigada por los paramilitares, quienes en la actualidad viven en la zona.

En los dos últimos años, en la comuna se presenta una confrontación entre la estructura paramilitar de la Oficina de Envigado y la estructura paramilitar de los Urabeños, los cuales han llevado a cabo desplazamien-tos forzados intraurbanos, restricciones a la movilidad (fronteras invisibles), asesinatos de población civil, extorsión y amenazas constantes contra líde-res y lideresas que denuncian las acciones cometidas por estas estructuras así como por la fuerza pública que opera en la zona. La capacidad militar de ambas estructuras en confrontación es alta en tanto se ha conocido en la ciudad y por reportes oficiales de la Policía Nacional, el uso de armas de

8 Hasta la década del 2000 existió presencia de grupos insurgentes que fueron expulsados por la avanzada paramilitar conjunta entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara en la ciudad.

81

fuego de largo alcance como fusiles, rifles de asalto, pistolas five-seven, entre otras, lo que denota la intensificación de la confrontación bélica a nivel urbano9.

Esta guerra ha generado en los últimos meses un desplazamiento masivo de la comunidad de 100 familias de los sectores de Esfuerzos de Paz y del sector la Finquita10, en donde generalmente habitan personas afrodescen-diente y población mestiza provenientes de otras regiones de Colombia, que han tenido que abandonar las tierras a causa del conflicto armado en el sector rural. En cuanto al nivel de homicidios se reporta un total de 93 de enero a octubre de 201211, lo cual es sumamente grave en la medida en que se ha visto involucrado la población civil y menores de edad, el caso más reciente fue el 29 de septiembre de 2012 donde dos menores de edad líderes juveniles fueron asesinados y descuartizados12. Constantemente la comu-nidad ha denunciado las extorsiones a la que se ven sometidas sobretodo comerciantes, transportadores y habitantes del territorio, que son obligados a pagar una cuota, a alguna de las estructuras, o de lo contrario tienen que abandonar sus viviendas o son asesinados13.

Respecto al derecho a la movilidad, este se encuentra restringido a causa de la confrontación y demarcación territorial, fronteras invisibles, lo que ha generado confinamiento de la población y desescolarización de niños, niñas y adolescentes, los cuales no han podido ir a las escuelas porque estas se encuentran en territorios en confrontación.

En este contexto de terror y zozobra la comunidad de manera permanen-te ha exigido al Estado local y central tomar medidas claras para frenar esta grave crisis social que vive la comuna 8, las medidas implementadas a la fecha están centradas en el incremento de pie de fuerza lo cual como se ha constatado históricamente (caso comuna 13) no son medidas efectivas para enfrentar la violación de derechos humanos. Respecto a la situación de de-fensores y defensoras de derechos humanos, durante el año 2012 se presen-taron 29 agresiones, en su mayoría amenazas individuales, reportándose 13 casos, 7 asesinatos, y se reporta en este mismo territorio 5 desplazamientos forzados individuales.

Datos de la Base de datos del Proceso Social de Garantías Antioquia

9 Ver: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/comuna_8_intenta_recupe-rar_su_normalidad_tras_violentos_hechos_del_fin_de_semana/comuna_8_intenta_recupe-rar_su_normalidad_tras_violentos_hechos_del_fin_de_semana.asp

http://www.youtube.com/watch?v=nodCcO-fFm0

10 http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-280118-unas-75-familias-desplazadas-amenazas-de-pandillas-comuna-8-de-medellin

11 Periódico Qhubo 302/12/2012, Pág. 2

12 Estos casos lo relacionamos en la base de datos entregada como anexo en archivo digital

13 http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTE-RIOR-12218658.html

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/comuna_8_intenta_recuperar_su_normalidad_tras_violentos_hechos_del_fin_de_semana/comuna_8_intenta_recuperar_su_normalidad_tras_violentos_hechos_del_fin_de_semana.asp



http://www.youtube.com/watch?v=nodCcO-fFm0

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12218658.html

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12218658.html

Capítulo 9Corregimiento Altavista de Medellín

contexto de derechos humanos, desapariciones y desplazamientos forzados, 2011 – 2012

Capitulo elaborado por la Corporación Cedecis

En este territorio del occidente de Medellín ocupado por 21.000 habitantes, la situación de los derechos humanos, al igual que en otros territorios de la ciudad, cabalga desde hace más de una década un contexto caracterizado por la disputa del terri-torio, donde bandas al servicio del narcotráfico adelantan sus

acciones criminales, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de los grupos poblacionales asentados en el Corregimiento. A continuación se esboza una narrativa que en los dos últimos años da cuenta de la exacer-bación de los derechos humanos ante el avance del conflicto armado en el Corregimiento.

Altavista limita con los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal, éste último ruta de salida al Golfo de Urabá. De igual forma, co-necta con la comuna 13 de Medellín, configurándose así un corredor propicio para actividades ligadas al micro-tráfico de estupefacientes, transporte de armas, entre otros. Ya en el pasado, tanto las milicias guerrilleras como los bloques paramilitares identificaron la importancia de San Cristóbal, Alta-vista y San Antonio de Prado en el ajedrez de la guerra. Así, por ejemplo, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, ordenó a sus hombres del bloque Cacique Nutibara conquistar, a como diera lugar, los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista y otros sectores del occidente de Medellín como la vereda Aguas Frías. Cada uno de ellos tenía su propio atractivo y valor estratégico.

83

Las rentas ilegales, derivadas de la extorsión a comerciantes, transpor-tadores y venta de alucinógenos, existe una férrea pelea por el dominio del territorio dado su estratégica posición geográfica. Se hará referencia a violación de derechos humanos en el Corregimiento en los últimos 3años..

Reportes oficiales señalan un recrudecimiento de los enfrentamientos armados en el 2010 entre grupos delincuenciales que operan en la localidad que ha derivado no sólo en el incremento de los homicidios, sino también en las intimidaciones a los habitantes, en las restricciones a la movilidad, en las agresiones sexuales contra las mujeres y en una persistente situación de temor.

Los habitantes denunciaron cómo en el transcurso de los últimos seis meses los integrantes de los grupos delincuenciales se enfrentaban a cual-quier hora del día, incluso en inmediaciones de los colegios, lo que generó gran traumatismo en las actividades académicas. Las quejas también hacían referencia a las amenazas proferidas contra jóvenes escolarizados y en al-gunas zonas del Corregimiento, especialmente en la parte alta, se estaban imponiendo toques de queda ilegales, ocasionando desplazamientos forza-dos de familias y personas, en su mayoría jóvenes entre hombres y mujeres.

En la UPDH, las declaraciones de víctimas de desplazamiento forzado intraurbano provenientes de los corregimientos también vienen aumentan-do con relación a los años anteriores. Nuevo Amanecer (Altavista) figuran como las zonas donde se han registrado desplazamientos forzados entre los años 2011 y 2012 se registran 25 casos y por muchos otros que no han sido denunciados ante medios oficiales, sino que quedan como motivo de retiro de los estudiantes de las Instituciones educativas.

Los que se opusieron a ello, debieron desplazarse de sus barrios o ter-minaron asesinados Y/o desaparecidos como en el caso de alias “Ninis”,. el joven hacia parte de una de las bandas que operan en la zona, quiso retirarse y no acogerse a las nuevas reglas impuestas por la banda criminal, como lo era entregar el total del producido de las plazas de vicio, aumentar el cobro de vacunas a comerciantes y transportadores, y ejercer controles territoriales más fuertes en el corregimiento. Su determinación le costó la muerte en febrero de 2011.

La muerte de 8 personas en el mes de marzo,(2011) dentro de ellos un menor de 14 años el desplazamiento de 17 familias, 57 jóvenes, que no han retomado sus clases por amenazas, prohibición del paso por ciertas calles o sectores, o porque son familiares o cercanos a personas de alguno de los combos,47 personas se retiraron de los programas de adultos y adultas que funcionan en el Corregimiento, 2 jóvenes golpeados por la fuerza pública, al oponerse a requisas, 1 allanamiento a una vivienda que estaba sola, sin

84

aparente orden judicial, 2 estudiantes adultos abordados y amenazados por pertenecer a otro barrio, el ingreso y paso no autorizado de la fuerza pública por un colegio, son apenas una muestra de la situación que se está viviendo.

En Abril de 2011 aumenta el control fuerte por los grupos armados del sector los Juaquinillos de Capillas de Rosario a la población que se moviliza hacia la vereda el Manzanillo, entre ellas montarse al transporte público observando la clase de personas que viajaban allí e indagando a algunos jóvenes que no eran de la zona, quiénes eran y hacia donde se dirigían; otra situación se dio en torno a la I.E (Institución Educativa) Capilla del Rosa-rio, donde en sus alrededores se ejercía control en el acceso de los y las estudiantes y para el tráfico de drogas; de hecho fue de conocimiento de la secretaría de Educación municipal las amenazas a varios docentes y directi-vos, ocasionando el traslado de varios de ellos; además, algunos estudiantes hacían parte de estos grupos ejerciendo control al interior de la comunidad educativa; muchos estudiantes eran extorsionados obligándolos a entregar el dinero de las loncheras y otras pertenencias.

Esta generó una alta desescolarización ya que los y las estudiantes de la vereda el Manzanillo y el Jardín hacían largas caminadas para llegar a la institución, poniendo en riesgo su integridad física por los enfrentamientos constantes en la vía pública y con ataques en sectores donde ellos ejercen mayor poder sin permitir el ingreso de otras personas y en especial los y las jóvenes. Este contexto hizo que los padres y madres de familia preocupa-dos por los riesgos en que se encontraban los estudiantes se juntaron para movilizarse ante las instancias municipales y es entonces que se promueve la solicitud ante la secretaría de Educación para que se garantizará el trans-porte escolar a los jóvenes y se pudiera permanecer en el sistema educativo, después de unos meses se hace efectiva dicha gestión y a la fecha se está garantizando el servicio del transporte escolar.

En junio de 2011, tres Mujeres fueron abusadas sexualmente por inte-grantes de estos grupos; entre las Mujeres Victimas se encuentra una niña de once años, fundadora de un grupo de niñas que su objetivo es promover y defender el abuso sexual de las niñas de la vereda; hija de una líder co-munitaria con un alto reconocimiento en el corregimiento. Estuvo retenida por espacio de tres o cuatro horas; ella relató que en el acto estuvieron tres hombres integrantes de estos grupos. A partir de esta fecha la comunidad la comunidad vive atemorizada y guarda silencio frente a este tipo de hechos.

En los dos últimos años, en este corredor estratégico que comunica a Medellín con el Occidente de Antioquia, las violaciones a los Derechos Humanos, siguen siendo una constante, en febrero del 2011, es asesinado el jefe de una de las bandas de Altavista y el grupo armado conocido como los “urabeños”, toman control armado del corregimiento, haciendo acuerdos con las bandas que operaban al servicio de “Sebastián”; llamados también los “pájaros”.

85

En los meses de enero y Febrero de este año 2012, llegaron numerosos hombres provenientes de otras regiones de Antioquia e incluso, de otros ba-rrios de Medellín, al Corregimiento Altavista para ejercer un fuerte control armado y enfrentarse con las estructuras de alias Sebastián

Entre Agosto y Octubre de 2012, fueron asesinados varios jóvenes: uno de 15 años en la entrada de la ladrillera Santa Cecilia en Altavista, por la banda de los Chivos. Otro que cruzó una frontera invisible ya que se quedó dormido en un bus de Belén Parque 176 y en la terminar del Perla, fue gol-peado y acuchillado hasta ocasionarle la muerte por integrantes de la banda que tiene domino en este sector.

La semana del 19 de Noviembre de este año 2012 fue encontrado des-membrado un hombre joven en el sector el Consejo en límites con Aguas Frías; en la misma semana en este mismo sector asesinan a otro joven pro-ducto de las retaliaciones entre los combos de los Chivos, la Esperanza y el Consejo ya que los de la Esperanza se habían unido a la banda de los Chivos y según los del Consejo se les habían torcido.

En la vereda Corazón – Morro la semana la semana del 26 de Noviembre de 2012 otro joven entrando a su residencia que llegaba de una fiesta (era un joven que no tenía problemas dijeron los habitantes de la zona); además de balaceras constantes en diferentes horas del día. En el sector de Monteverde fue desplazada una madre de 17 años en el mes de noviembre

El miércoles 28 de noviembre del presente año donde un joven de 21 años soldado profesional y habitante de la vereda el Manzanillo del corregimien-to Altavista fue asesinado en el sector la portada de dicha vereda cuando se dirigía a visitar a su familia.

Capítulo 10Situación de derechos humanos en cárceles de Antioquia.

Capitulo elaborado por la Fundación Comité de solidaridad con Presos Políticos. FCSPP- Antioquia

Las principales problemáticas en materia de vulneración a los derechos humanos de la población recluida en las cárceles “Be-llavista” y los nuevos Establecimientos Reclusorios el Orden Nacional –ERON- “El Pedregal” de la ciudad de Medellín y “El Pesebre” en el municipio de Puerto Triunfo, durante el año 2012

tienen que ver principalmente con los siguientes puntos: atención en salud; hacinamiento y malas condiciones de habitabilidad; tortura, tratos crueles in-humanos y degradantes; y ejercicio de la protesta y defensa de los Derechos Humanos.

Cabe anotar también que las problemáticas mencionadas vienen en su ma-yoría de años atrás y han sido reconocidas por el Estado Colombiano desde el año de 1998, cuando la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-153 1998, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en los centros de reclusión del país, por considerar que “Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la ca-rencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos”14. Adicionalmente advirtió desde entonces la Corte Constitucional que “muchas normas del Código de Procedimiento Penal no se adecuan al concepto de la detención preventiva y de la pena de prisión como medidas extremas, lo que hace necesaria la implementación de una política legislativa adecuada que contenga un repertorio de alternativas a esas medidas extremas”15.

14 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998.

15 Ib idem.

87

Atención en salud.Respecto a la atención en salud, las reiteradas quejas de los presos en los

centros de reclusión, tienen que ver tanto con la falta de un servicio ade-cuado y oportuno como con la ausencia de personal y equipos adecuados para ello, así como de la negligencia por parte del Instituto Nacional Peni-tenciario y Carcelario –INPEC- y la Empresa Prestadora del Servicio de Salud CAPRECOM, para dar solución a las solicitudes y requerimientos por parte de los presos. En este sentido, al cabo de 4 años, la inasistencia médica ha cobrado la vida de más de 50 presos, 18 de ellos en lo corrido de este año, 15 en Bellavista y 3 en el ERON El Pesebre.

Además, se tiene conocimiento de que otras 3 personas han perdido la vida en Bellavista por enfermedades catastróficas, pero aún así no les fue concedida la sustitución de la prisión por la reclusión domiciliaria o en un centro clínico, tal y como lo permite la legislación colombiana.

Entre las víctimas, el CSPP tiene conocimiento de los casos de Jesús An-tonio Zapata Uribe, enfermo de cáncer, Juan Carlos Cipriano correa, quien murió por un Infarto, Raúl Arroyo Arboleda, quien murió por un Infarto, José Misael zapata Restrepo, quien murió por un Infarto o paro cardio-res-piratorio, Andrés Felipe Tabares, murió el sábado 1 de diciembre, al parecer por peritonitis ante falta de atención médica para apendicitis que padecía, y Ramón Humberto Orozco Vásquez, quien sufrió un paro cardio-respira-torio, hace aproximadamente 15 días, pues necesitaba oxigeno y en toda la cárcel no había una pipeta con el gas, y dada la gravedad de la situación, le facilitaron la pipeta de otro enfermo, pero el personal médico al parecer no se percató de que esta ya se encontraba vacía y murió.

Para dar cuenta de la grave situación, es necesario relatar con más ex-tensión el caso de Alexander Martínez, Preso Político, que desde el 16 de agosto empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, a notar fiebre y que su saliva y su orina presentaban sangre.

Por esa razón Alexander empezó a dirigirse al centro de sanidad de la cárcel bellavista, en búsqueda de un dictamen médico que diera con la causa de su dolencia y emprendiera el tratamiento necesario para calmarla; sin embargo, solo le fueron suministradas algunas dosis de dipirona, medicina utilizada para reducir la fiebre.

A pesar de que la fiebre se redujera por un rato, los demás síntomas se hacían cada vez más fuertes y pronunciados, por lo que, en 3 días, Alexan-der regresó en dos ocasiones más al centro de sanidad, en búsqueda del dictamen y el tratamiento que calmara su dolencia, encontrando siempre la dipirona que le daban los funcionarios del centro de sanidad de Bellavista.

Al notar que su situación era cada vez peor, sus compañeros de reclusión volvieron a insistir en la atención médica para Alexander, y esta vez, el miércoles 22 de agosto, a las 9 de la mañana, Alexander regresó al centro de sanidad de Bellavista, para que nuevamente los funcionarios insistieran en aplicar dipirona; sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros de

88

reclusión, el médico decidió ordenar que se le practicaran algunos exámenes.A las 10 de la mañana del jueves 23 de agosto, llegaron a Bellavista los

resultados del examen que le fue practicado a Alexander, ante su gravedad, al medio día del 23, el médico decidió ordenar que fuera trasladado hacia un centro médico fuera de la prisión de manera urgente, pero el preso solo recibió la aplicación intravenosa de 2 dipironas y su retorno al patio 2, lugar en que estaba recluido.

Hacia la medianoche del jueves, Alexander no soportó más el dolor y se tiró al piso en un gesto de desespero, fueron sus compañeros quienes tu-vieron que bajarlo hacia el centro de sanidad de Bellavista hacia las 12 y 10 de la noche; y ya estando allí, Alexander al parecer sufrió un paro cardio-respiratorio, se llevaron infructuosas maniobras de reanimación y apenas se llamaba a una ambulancia para ser trasladado hacia un centro médico, siendo ya tarde, a las 2 y 45 de la mañana del viernes, Alexander murió.

La muerte de Alexander se da en el marco del supuesto relevo que hiciera la Empresa local prestadora del servicio de salud Metrosalud, sin embargo, luego se supo que este “relevo” consistió apenas en la subcontratación que hiciera la EPS Caprecom sobre Metrosalud; tinglado que trajo consigo la reducción de 34 a 15 funcionarios en el centro de sanidad de Bellavista, el represamiento de 300 órdenes en el mismo centro y la natural reducción en la calidad de la atención, que costó la vida del preso y que llegó a su fin tras supuestas amenazas de un grupo insurgente en contra de los funcionarios de Metrosalud, algunos meses después.

Es tal el nivel desahuciado de la inatención en Bellavista, que 1 mes des-pués de su muerte llegó al pasillo “cuba” del patio 2 en que se encontraba recluido Alexander Martínez, una citación del Centro de Sanidad para ser atendido médicamente por la enfermedad que había hecho saber en la sema-na anterior a su muerte.

Para el caso de El pedregal, se han tenido que realizar en varias oportu-nidades trámites de urgencia para que sea garantizada la atención en salud, tanto de hombres como de mujeres recluidos allí, quienes incluso, aun con limitaciones físicas, en situaciones posoperatorias o con heridas de guerra sufridas mientras fueron capturados -que requieren de la atención constante y especializada-, han estado en total inatención y por lo tanto, corriendo peligro sus vidas.

Es necesario anotar aquí la situación de algunos Presos y Presas Políticas capturadas y heridos de guerra en el marco de bombardeos, en donde sufren heridas graves pero son recluidos en los centros carcelarios sin que su salud se haya recuperado completamente; así, este año hemos constatado la situa-ción grave de salud Ferney Oquendo, Liliana Patricia Ulloa, Luz Mery Ló-pez y Maritza Ramírez, por quienes el CSPP ha tenido que intervenir en aras de que reciban la atención médica que requieren, lográndose solo un caso la recuperación casi total de la privada de la libertad - Liliana Patricia Ulloa-, pues la inatención del Centro de Sanidad de este establecimiento ha sido una constante, en tanto se han presentado ceses de actividades como medio de

89

protesta por el incumplimiento de Caprecom EPS con sus trabajadores, o porque dicho personal renuncia ante esas condiciones o porque, de cualquier manera, el personal de atención para todo el establecimiento es insuficiente –manifiestan los presos que en realidad se trata de 1 o máximo 2 médicos, que solo están en el día, de lunes a viernes, para atender un aproximado de 2268 privados de la libertad, según cifras del mismo INPEC a finales del mes de octubre del año en curso–.

En El Pesebre, el Centro de Sanidad inició el año cerrado pues una visita gubernamental dio cuenta de que tal centro no cumplía con los requerimien-tos para prestar el servicio, cierre que sumado a la displicencia de personal de guardia, cobró la vida del Preso Social Jhonatan Smith Arias Úsuga, quien sufriera un Paro Cardiaco, presuntamente causado por inatención mé-dica al interior del Centro Penitenciario para contrarrestar una meningitis que sufría y que no fue merecedora de atención por parte del personal de guardia del –INPEC-, a pesar de la exigencia hecha por sus compañeros de reclusión, a la que solo reaccionaron ante la gravedad sintomática del dete-nido, trasladándolo a la clínica León XIII de Medellín, cuando ya era tarde; el cierre del Centro de Sanidad duró desde el 29 de diciembre de 2011 hasta el mes de febrero de 2012, estando los presos todo este tiempo sin atención médica, en situación de absoluta vulnerabilidad y vulneración de su derecho a tener atención oportuna en salud.

Además, el día 9 de abril de 2012, el Preso Social Jovany Montes Martínez murió tras haber recibido una golpiza propinada por un grupo de presos el día 22 de diciembre del año anterior. Consecuencia de estos hechos, Jovany quedó con traumas en la cabeza y solo hasta el mes de marzo de 2012 le realizaron una Tomografía Axial Computarizada (TAC), examen que permite la valoración de los daños o secuelas de los golpes. Sin embargo, el examen nunca es leído por un especialista a pesar de las peticiones reiteradas del Preso, ni es atendida la solicitud por él hecha el día 13 de marzo para ser intervenido a causa de las lesio-nes, muriendo finalmente entre los días 8 y 9 de abril, presuntamente a causa de la negligencia en la atención médica. Además, el reciente 5 de diciembre de 2012, en el patio 1 de El Pesebre murió el señor Fabián Marín; quien el lunes 4 había ingresado al penal proveniente del permiso de libertad por 72 horas del que go-zaba, presuntamente solicitando atención médica desde el día 5 en la mañana, ya que al parecer era hipertenso, pero solo fue dirigido al Centro de Sanidad en horas de la tarde, cuando se desvaneció y falleció.

Esta grave situación en materia de atención en salud, sigue sin resolverse16 y la responsabilidad es evadida por quienes están en la obligación de tomar medidas al respecto, pues dicen no tener la posibilidad en sus manos de plantear una solución definitiva.

16 Los Presos de El Pesebre denunciaran ante el CSPP, en la última semana de noviembre de 2012, que el penal continúa sin atención real en el Centro de Sanidad, que está sin jeringas, solo se otorgan medicamentos genéricos y el médico solo atiende ante órdenes judiciales por acciones de tutela interpuestas por los Presos, a los demás, tal vez los atiende alguna enfer-mera, a quienes, además les deben 4 meses de salario.

90

De ahí que la EPS Caprecom tomara la medida de sub-contratar a la em-presa Metrosalud de Medellín, para que prestara la atención médica a los presos de las cárceles Bellavista y El Pedregal, pero este cambio no surtió ningún efecto positivo en tanto el presupuesto para la atención continuaba siendo el mismo, las trabas para las atenciones especializadas impiden que los enfermos reciban la atención oportuna que requieren por fuera de los centros de reclusión y existen tantas fallas acumuladas que un cambio en el prestador de los servicios no logró solucionar ni mejorar la situación.

A todo esto debe sumársele los problemas de infraestructura sanitaria, suministro de agua, alimentación deficiente, falta de ejercicio físico y luz so-lar para algunos reclusos, el hacinamiento, precarias condiciones sanitarias, la no implementación de programas de prevención en salud consistentes y demás condiciones y limitaciones que constituyen el común denominador en los centros de reclusión, por ser factores de riesgo en la salud de la po-blación privada de la libertad.

Al respecto se han emitido varias Sentencias constitucionales que orde-nan al INPEC y demás autoridades carcelarias, tomar medidas a favor de los reclusos y su salud, en tanto estos incluso constituyen tratos crueles inhu-manos y degradantes, tal y como sucede con la situación del suministro del agua en El Pesebre y que por ello se abordará en el acápite referente a ese tipo de tratamientos contra la dignidad humana.

Hacinamiento y Malas Condiciones de HabitabilidadHoy el sistema penitenciario y carcelario colombiano atraviesa por una de

sus peores crisis, alcanzando cifras históricas del 378% de sobre población en algunos centros de reclusión y el 50.9% de hacinamiento general.

Según el INPEC, en los últimos cuatro años, se han habilitado 20.946 cu-pos carcelarios en el país, pero la población reclusa ha aumentado de 54.777 a 114.284, pasando del 27.8%, al 50.9% de hacinamiento17.

Según cifras del INPEC para el mes de octubre de 2012, de las 114.284 personas privadas de libertad en centros de reclusión, 34.631 tenían calidad de sindicadas. A esto se deben sumar las 12.727 personas en detención pre-ventiva domiciliaria. Si a estas cifras le sumamos el hecho de que más de la mitad de las y los sindicados han superado en detención preventiva más de los seis (6) meses que prevé la ley y que existen personas con más de 5 años de encarcelamiento sin que se haya resuelto su situación jurídica definitiva, podemos afirmar sin lugar a dudas que existe un marcado abuso de la de-tención preventiva en Colombia.

El Establecimiento Carcelario y Penitenciario Bellavista en Medellín, es uno de los casos más graves del país, en vulneración colectiva de los De-rechos Humanos, en razón del hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad para los presos, siendo un establecimiento con capacidad para

17 Cifras publicadas por el INPEC en www.inpec.gov.co estadísticas del mes de octubre de 2012

http://www.inpec.gov.co

91

2.424 reos, pero que a octubre de 2012 tenía un total de 7.995 presos, es de-cir, un hacinamiento de 229,8%.

La tasa diaria de ingreso de nuevos presos a Bellavista, está alrededor de 10 personas, según lo manifestara el propio Director de la institución en agosto de 2011 –cuando se realizara una visita de verificación de la situación de Derechos Humanos entre el CSPP y el Representante a la Cámara Iván Cepeda–, de manera que los traslados masivos a otras cárceles del país, única medida que se toma ante esta situación, no constituye una solución, ni siquiera un atenuante, y por el contrario, genera más perjuicios para la pobla-ción reclusa, que se ve separada de su familia, su lugar de procedencia y el lugar en que generalmente se tramita el proceso en su contra; así, producto de los traslados, a principios de diciembre la cifra de personas recluidas en Bellavista se redujo hasta las 7.542 personas, pero con la tasa diaria de in-greso, en cuestión de máximo 2 o 3 meses, el personal de presos nuevamen-te será cercano a los 8.000 presos o rebasará esta cifra.

Los traslados también ha llevado a que el hacinamiento aceche y se pre-sente en otros establecimientos, incluidos los ERON Pedregal y El Pesebre, este último en donde ya hay hacinamiento, pues según informaran al CSPP los Presos de ese penal en la última semana del mes de noviembre, en el pa-tio 2 hay 10 celdas en que duermen 5 personas, siendo estas diseñadas para 4, en el patio 3 hay 8 celdas en iguales condiciones, así como ocurre en los patios 4 y 5; además en el patio 2, hay 2 celdas que son para discapacitados, en la que caben 2 personas y han recluido 3 -ninguna discapacitada- y en el patio 1, hay celdas colectivas de a 25 personas, pero con un hacinamiento aproximado de 45 personas en cada una; además de una remisión de 60 per-sonas más que llegara para esos días.

La sobrepoblación que existe en Bellavista ha generado un detrimento en las condiciones habitacionales de los presos, puesto que la cantidad de per-sonas excede la capacidad de las celdas, llevando a que gran parte de estos deban dormir en habitaciones hechizas con tablones y hamacas, e incluso y en gran medida, sobre una colchoneta en pasillos e incluso en baños, tal y como ocurre en los patios 2, 8 y 5, en donde hay un aproximado de 1500 presos hacinados.

Esta situación conlleva a la agudización de lógicas económicas mafiosas y corrupción, puesto que se debe pagar para acceder a un cupo en actividades de redención de la pena en estudio y trabajo, hasta para poder dormir en el suelo.

La estructura de esta cárcel está seriamente deteriorada, lo cual represen-ta un peligro permanente para la integridad física de quienes se encuentran allí recluidos. El hacinamiento es potenciador de todas las otras problemá-ticas, pues genera que los servicios, cuya calidad es de por sí cuestionada, sean más demorados, lentos y deficientes.

Así pues, el hacinamiento afecta la posibilidad de recibir atención en sa-lud, de lograr a tiempo cupos para estudiar o trabajar y con ello disminuir la pena impuesta, de recibir los alimentos en horarios adecuados y en general de vivir y cumplir la condena en condiciones dignas.

92

Las condiciones de indignidad de los privados de la libertad en Bellavista ha llegado a tal punto, que la Sala de Descongestión del Tribunal Adminis-trativo de Antioquia -Sub Sección de Reparación Directa-, mediante Senten-cia del 28 de agosto de 2012, “DECLÁRASE ADMINISTRATIVA Y SOLIDA-RIAMENTE RESPONSABLES al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC- y a la NACIÓN- RAMA JUDICALADMINISTRACIÓN JUDICAL-, por el daño antijurídico provocado a los demandantes legitima-dos en la causa, con la vulneración del derecho fundamental a la dignidad humana causado a WILLIAM ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ, durante su reclusión en el establecimiento carcelario “Bellavista” ocurrida entre el 27 de septiembre de 1997 y el 4 de diciembre de 2000”.

Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantesLa situación de las personas privadas de la libertad es deplorable, en

algunos casos estas condiciones por sí solos constituyen tratos crueles, in-humanos o degradantes, e incluso torturas18; pero aún más preocupante es la ocurrencia de situaciones de malos tratos aun más extremas, ante las cuales se puede afirmar que en los centros de reclusión se cometen actos de tortura contra los presos.

Especialmente en los establecimientos El Pesebre de Puerto triunfo y El Pedregal de Medellín, se han denunciado ya casos que constan de aislamien-tos, rociamiento con gas pimienta y golpizas por parte de la guardia.

Así sucedería el día 9 de marzo de 2012, cuando los Señores Kevin An-drés Jaramillo Torres y Edison Arley Tuberquia fueron requisados en el patio 5º por un guardián adscrito al INPEC, identificado como Mejía, que no encontró ningún elemento prohibido por el reglamento del penal ni la ley; posteriormente, el mismo guardián procedió esposarlos y a golpearlos, exi-giendo información acerca de “donde estaba la droga” y, ante la negativa de los Presos Sociales a responder afirmativamente el requerimiento hecho por el guardián, se unió a la golpiza el Policía Judicial, también adscrito al INPEC, identificado como Muñoz.

Dado que el Señor Edison Arley Tuberquia opuso resistencia e hizo el reclamo ante el maltrato del que estaba siendo víctima, fue aislado en una celda de castigo durante seis días.

El Señor Kevin Andrés Jaramillo Torres fue devuelto a su patio en esa ocasión, después de ser golpeado, pero el día 16 de marzo en la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, mientras dormía, el señor Jaramillo Torres fue sorprendido en su camarote cuando lo arrojaron de bruces al suelo de manera violenta, viendo golpeada su cara contra el suelo; en esta ocasión era el Pabellonero del patio 4, también adscrito al INPEC e identifi-

18 Tal cual lo considerara la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia T-535 de 1998, manifestara que, para el caso de la salud, “aún en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos, la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convier-ta en una modalidad de tortura”.

93

cado como Rodríguez, quien pretendió inculpar al señor Jaramillo Torres de portar droga. Ante la negativa del recluso en admitir que portaba sustancias prohibidas, el Señor Rodríguez llamó por radio al Pabellonero de la Unidad de Tratamiento Especial –UTE–, identificado como Aguirre; al Pabellonero del patio 5, identificado como Córdoba, todos miembros del INPEC.

En conjunto, los señores Rodríguez, Aguirre y Córdoba esposaron y gol-pearon en total estado de indefensión al Señor Kevin Andrés Jaramillo To-rres. Además, rociaron gas pimienta sobre la cara y el pecho del recluso, aluden los presos, sin ningún fundamento. Ante los reclamos que hiciera el Señor Jaramillo Torres, la respuesta que dio el Guardián Rodríguez fue “Así es que se legalizan los ladrones” y “cuando yo quiera le doy garrote”.

De igual manera sucedió el 26 de junio de 2012, en horas de la madrugada, cuando procedía a ser trasladado hacia Medellín para una diligencia judicial, el Señor Libardo Morales Ramírez, Preso Social del patio 7 de El Pesebre en Puerto Triunfo Antioquia; en ese procedimiento, el cabo del INPEC identifi-cado como Bravo, quien despachaba la remisión, pretendió esposar de pies y manos a los presos a ser remitidos, ante lo que el señor Morales Ramírez, de manera respetuosa, le manifestó al cabo Bravo, que estaba informado de que los grilletes en los pies estaban prohibidos y que constituía un trato cruel e innecesario; además, adujo el Preso que producto de un accidente de trán-sito, sufrió un desgarre de su clavícula derecha, quedándole como secuela, la pérdida de movilidad de su mano.

El cabo Bravo respondió diciéndole que “él no se mandaba”, que quien mandaba ahí era el mismo cabo y pidió un refuerzo de aproximadamente 20 guardianes del INPEC, para obligar al señor Morales Ramírez a ponerse los mencionados grilletes, ante lo que este último no opuso resistencia física ni recibió ninguna agresión de los guardianes que atendieron el llamado del Cabo Bravo.

Pero una vez el Señor Morales Ramírez estuvo maniatado de pies y ma-nos, el cabo Bravo procedió a golpearlo con puños y patadas en su cuerpo; luego el mismo cabo del INPEC ordenó a los otros guardianes subir cargado al Señor Morales Ramírez al vehículo en que fuera transportado a Medellín, y una vez ahí, el mismo cabo Bravo ingresó, hizo bajar a los otros presos que serían remitidos y ordenó fueran encerrados en un cuarto del estableci-miento y estando solos, sin mediar palabra, procedió a golpear en el pecho y en las piernas al con puños y patadas al Señor Morales Ramírez, quien permanecía esposado de pies y manos.

Se hicieron las denuncias y hoy se conoce que el radicado de la investiga-ción penal en la Fiscalía General de la Nación es el 055916000293201280016 y la Defensoría Regional del Pueblo en el Magdalena Medio, ubicada en Barrancabermeja, también tiene un radicado de seguimiento al caso, cuyo número es el ERP 5012 1967. Hasta el momento no se conoce ningún tipo de sanción.

En El Pedregal de Medellín, también se han presentado situaciones de agresión a las personas allí privadas de la libertad; tal y como sucediera

94

el día viernes 10 de febrero, cuando ante presuntos desordenes de algu-nos presos pertenecientes a las bandas neo-paramilitares, miembros del cuerpo de vigilancia y custodia del INPEC llevaron a cabo un operativo de requisa generalizada del patio “A” del pabellón de hombres de ese penal. En el marco de ese operativo, todos los Presos Políticos y Sociales fueron desalojados hacia la cancha del mismo patio, una vez terminada la rutina, inició un nuevo traslado de los Presos hacia las celdas -según manifiestan los mismos- con “ciertos gestos de arrogancia” de parte de la guardia.

Según la denuncia que hicieran los presos, una guardiana observó “ofen-sivamente” al Señor Carlos Alberto Muñoz Castaño, a lo que éste respon-dió con una “mirada seria”. Aparentemente esta situación generó la injusta reacción de la guardia, que de manera violenta abordó al Preso Político Carlos Alberto Muñoz Castaño aproximadamente las 7:30 de la noche, momento en que fue sustraído de forma agresiva de la celda 213 del patio “A” del Pedregal y posteriormente fue golpeado e insultado por funcionarios del cuerpo de vigilancia y custodia del INPEC, entre los que se encontraban la guardiana con quien se presentó el percance antes mencionado y 8 guardias más, identifica-dos como el guardia Ruiz D, el dragoneante Jorge Gil, el dragoneante Daniel Molina, el dragoneante Ernesto Peralda Montaño, la dragoneante Molina, el dragoneante Jaime Sánchez, la guardiana Estefanía y dos mujeres más que se taparon sus nombres para que el preso no las identificara.

El señor Muñoz Castaño, según la denuncia allegada al CSPP por los Pre-sos, fue llevado a la Unidad de Tratamiento Especial –UTE-, golpeándolo en las piernas, costillas, espalda y cabeza con puños, patadas y bolillo durante media hora.

También en El Pesebre, el día 25 de junio, la joven Yesica Viviana Garay reclamó a miembros del personal de guardia, por la inatención médica de la que era víctima Daniela Higuita una de sus compañeras, quien había sufrido una lesión en uno de sus brazos.

En consecuencia fue esposada por las guardianas del INPEC Ingrid Gó-mez y Zulma Flórez, quienes además aislaron a la joven Garay en la Unidad de Tratamiento Especial –UTE-.

En la noche del 27 de junio, la joven Garay fue llamada de la celda de la UTE, por una guardiana identificada como Ana Milé, quien supuestamente la llevaría hacia el Centro de Sanidad, siendo realmente dirigida hacia un cuarto desocupado que hay en la UTE, en donde la esperaban la pabello-nera del patio 5º identificada como Mayerly, la guardiana Katherine y las guardianas inmiscuidas en el primer incidente, identificadas como Ingrid y Zulma.

Una vez allí, las guardianas procedieron a echarle agua en la cara, a pe-garle cachetadas y patadas, la empujaron, le rociaron gas pimienta en la cara y le dijeron “que aprendiera a respetar la guardia”; la víctima denunció ante

95

la Policía Judicial del INPEC sin que hasta el momento se conozca ningún tipo de sanción en contra de las responsables.

Además es muy preocupante la suspensión constante en el suministro de agua en el establecimiento El pesebre, dado que este establecimiento está ubicado en la subregión antioqueña del Magdalena Medio, en que el clima está generalmente por encima de los 30º centígrados, y al interior de la prisión, frecuentemente alcanza los 40º; pero donde el agua en el día so-lamente llega a los primeros pisos de los diferentes patios, en 4 o 5 tandas de máximo 1 hora.

Sobre esta situación, en visita de verificación de la situación de Derechos Humanos en ese establecimiento, que se hiciera en enero del año 2012, junto al congresista Iván Cepeda, el director del establecimiento manifestó que el recorte en el agua para los presos y la guardia, obedece a que las moto-bombas que surten al penal no soportan las condiciones climáticas de calor y fuertes lluvias que deben sufren; razón por la que, para el cuidado de las motobombas, debe racionalizarse el líquido.

Sin embargo, también han manifestado los presos que personal adminis-trativo del penal ha sustentado que el recorte del agua se debe a restriccio-nes que imponen autoridades ambientales del Departamento de Antioquia.

De una u otra manera, son los privados de la libertad quienes deben sufrir los rigores del clima sin el líquido, viéndose impedidos a beber o asearse durante casi todo el día y la noche, situación absolutamente discriminatoria que puede constituir al menos tratos crueles en contra de los presos.

No en vano, en octubre de 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en su periodo 43º de sesiones, manifestó su preocupación por las condiciones de detención y recomendó al Estado Colombiano adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios; reducir el hacinamiento y responder debidamente a las ne-cesidades fundamentales de las personas privadas de libertad; que el uso del aislamiento sea revisado y su aplicación restringida; y que la quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios sean investigadas de manera pronta e imparcial y puesta en conocimiento de la justicia penal.

Ejercicio de la protesta y defensa de los DDHHEn este marco, el ejercicio de la protesta y la defensa de los Derechos

Humanos es una necesidad y casi un deber para los mismos Presos, razón por la que este año se ha evidenciado un fuerte movimiento en torno a la problemática carcelaria, no solo por parte de las organizaciones o personas que trabajen alrededor de ésta, sino por parte de los mismos presos.

Han sido varias las huelgas de hambre, protestas internas y manifestacio-nes públicas que se han realizado para evidenciar las condiciones carcelarias y exigir soluciones inmediatas y duraderas. En el mes de agosto se adelanta-ron huelgas de hambre con la participación tanto de Presos Políticos como Sociales en decenas de cárceles del país, en Antioquia las cárceles Bellavis-

96

ta, El Pedregal y El Pesebre también se unieron a la protesta, resistiendo en esta última un número mayor a las 200 personas, durante más de una semana sin recibir alimentos, en señal de protesta ante la vulneración de sus derechos.

En enero de 2012, en Bellavista se generó un movimiento de protesta que lideraran los Presos Políticos recluidos en el pasillo “cuba” del patio 8º de ese penal, en contra de una medida de reclasificación de los presos, que supues-tamente pretendía adjudicar ese patio únicamente a personas sindicadas, a lo que los presos exigían que les fuera concedido un nuevo espacio de con-vivencia, pues el penal, por iniciativas de los mismos presos, está habitado en pasillos asignados a distintas facciones de la criminalidad, en aras de no encontrarse entre rivales y chocar entre sí.

Sin embargo la única respuesta que recibieron fue el señalamiento público de su supuesta autoría para ingresar material explosivo al penal, sin que nun-ca se probara o sancionara a ninguno de los Presos Políticos por ello; pero además, fueron trasladados hacia otros penales lejanos, casi la totalidad de las personas que allí purgaban sus penas, desocupando completamente el pasillo cuba y desarticulando esta medida de convivencia que provenía de los mismos presos.

Por otro lado, hoy en El Pesebre se presentan medidas de persecución en contra de 1 Preso Político, 1 Preso Social y 1 Preso del paramilitarismo, por las acciones jurídicas y de denuncia que estos han adelantado desde el interior del penal; desde la semana pasada, según les manifestaran algunos guardias, “por hablar mucho”, a los 3 presos se les intentó trasladar del patio de mediana seguridad en que se encontraba, hacia algunos patios en donde correrían mayor riesgo; ante la negativa de estos, fueron remitidos y aislados en celdas de la Unidad de Tratamiento Especial –UTE– hasta la fecha, reci-biendo la amenaza constante de que serán llevados a la fuerza al patio al que se les quería trasladar en principio.

De esta forma se evidencian algunos casos que dan cuenta de la situación de vulneración a los Derechos Humanos que se presentan en las 3 cárce-les más grandes del Departamento de Antioquia, que en consonancia con la problemática penitenciaria a nivel nacional, se configura como un problema estructural en materia de política criminal y penitenciaria del Estado colom-biano, política que no vela por el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.

de derechos humanos - reliefwebreliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources... ·...

Documents