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Lic. G. Gisela Bárcenas Mandujano

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Currículum Vitae

Lic. Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano.

Formación académica:

• Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Otros grados académicos:

• Estudios de posgrado en Administración Pública, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

• Estudios de posgrado en Derecho Procesal Penal, egresada del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal

Trayectoria laboral: 1) Del 04/Noviembre/2001 al 15/abril/2002, desempeñó el cargo de Oficial

Secretaria, realizando actividades administrativas en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

2) De Abril de2002 a Noviembre de2003, desempeñó el cargo de Oficial Secretario “A”, realizando funciones propias del cargo en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

3) Del 06/Noviembre/2003 al 06/Mayo/2005, desempeñó el cargo de Agente del Ministerio Público Investigador, realizando funciones propias del cargo como titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador en Jalpan de Serra, Querétaro.

4) Del 07/Mayo/2005 al 14/Abril/2007, desempeñó el cargo de Agente del Ministerio Público Investigador, realizando funciones propias del cargo como titular como titular del primer turno de la Agencia del Ministerio Público Investigador XII-A.

5) Del 15/Abril/2007 a Septiembre/2008, desempeñó el cargo de Agente del Ministerio Público Investigador Adscrita a la Coordinación en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, realizando funciones propias del cargo.

6) Del 01/Octubre/2008 al 30/Septiembre/2015, desempeñó el cargo de Agente del Ministerio Público Fiscal Especial, realizando funciones de Coordinadora de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.

7) Del 01/Octubre/2015 al 14/Febrero/2017, desempeñó el cargo de Directora de Derechos Humanos, encargada además de atender los temas de transparencia institucional.

8) Del 15/Febrero/2017 a la fecha, desempeña el cargo de Directora del Instituto del Servicio Profesional de Carrera.


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Otros datos:

• Docente certificado por examen en temas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conforme al Programa de Capacitación aprobado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

ACTUACIÓN DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN EL COMBATE A LA

CORRUPCIÓN, ELEMENTO TRASCENDENTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN.

G. Gisela Bárcenas Mandujano.

Derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos de mayo de 2015, y las consecuentes a la Constitución Política del

Estado de Querétaro de diciembre de 2016, así como a la Ley Orgánica de la

Fiscalía General del Estado de Querétaro de abril de 2017, surge en Querétaro la

figura del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, con el objeto –

según los señalan los artículos 21, 102 apartado A, 109 fracción II y 113 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 bis, 38 fracción II y 38

ter de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y 13 bis, 13 quáter de la

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro – de investigar y

perseguir los delitos previstos en las disposiciones legales aplicables en materia

anticorrupción.

Conforme lo previsto por el artículo 10 fracción III de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Querétaro, el Fiscal Especializado en el Combate a

la Corrupción será integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal

Anticorrupción, y entre sus funciones le corresponderá participar en el

establecimiento de bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y

faltas administrativas en el estado, así como la generación de políticas públicas


estatales en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y

combate a la corrupción.

En ese tenor, y a efecto conocer el medio ambiente en el que nace la figura del

Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción en el estado de Querétaro,

identificar los retos y paradigmas ante los que se enfrentará en el ejercicio de sus

funciones, para lograr que su actuación constituya un elemento trascendente en el

Sistema Estatal Anticorrupción, resulta indispensable primero considerar los

antecedentes de la institución del Ministerio Público, así como su transición al

Sistema Penal Acusatorio y Adversarial y finalmente identificar los elementos que

fortalecen y garantizan sus resultados.

LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MÉXICO.

Históricamente en el país, el Ministerio Público ha sido una institución que motiva

polémicas, por la naturaleza de su función de investigar y perseguir los delitos, con

frecuencia es considerada insatisfactoria o ineficientemente atendida tal función.

De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad

pública (ENVIPE), realizada por INEGI en el año 2015, los resultados sobre la

percepción de la corrupción de autoridades del sistema de procuración y

administración de justicia, colocan al Ministerio Público y Procuradurías Estatales

en el cuarto lugar con un 65% de la población que considera a dichas instituciones

como corruptas, y a la Policía Ministerial o Judicial en el sexto lugar con un 62%

de la población que la considera corrupta.


En nuestro país esta institución empezó a conformarse durante la segunda mitad

del siglo XIX; en la Constitución de 1857 se dispuso que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación estaría integrada por once Ministros Propietarios, cuatro

Supernumerarios, un Fiscal y un Procurador General.

Posteriormente en la reforma del 22 de mayo de 1900, la figura del Fiscal y el

Procurador General fueron ahora asignados al Poder Ejecutivo Federal,

disponiendo sus funciones y estructura en los artículos 21 y 102 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así como la institución del Ministerio

Público nace en el México postrevolucionario, dotándole de una estructura y

facultades acordes al contexto de un sistema penal inquisitivo.

Hasta el siglo XXI el proceso de investigación del delito en México, estuvo

circundado por legislaciones que tornaban lentos los procesos y sin resultados,

pues incluso la base estructural del procedimiento mexicano data desde la década

de los años 30´s, sin que existiera un modelo de control y evaluación de

resultados, poniendo en riesgo la gestación de disfunciones, rezago y corrupción,

traducidos en desconfianza a la actuación de la autoridad.

Todo esto desemboca en la mala percepción social de la actividad del ministerio

público en el país, y muchas veces se le prejuzga como la institución que no

puede funcionar ni responder adecuadamente a las demandas de justicia de la

ciudadanía.


La corrupción y la impunidad en la gestión administrativa, son algunos de los

conceptos que dificultan el desarrollo de la gestión pública, y repercuten en un

bajo impacto en la ciudadanía basado en resultados y la evaluación del

desempeño; por tal motivo es necesario identificar y posteriormente incluir cuáles

eran las medidas o técnicas idóneas para dar prontitud a los procesos y

procedimientos para procurar justicia, y sobre todo el reto más trascendente de los

actores administrativos es el de procurar una justicia, pronta y expedita, acorde a

la demanda ciudadana.

LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN QUERÉTARO.

En el Estado fue hasta el 5 de diciembre de 1913 cuando el Fiscal dejó de ser

parte integrante del Tribunal Superior de Justicia y se transformó en Ministerio

Público bajo el mando de un Procurador General de Justicia.

Respecto de la evolución de la institución del Ministerio Público en Querétaro, es

loable reconocer que han existido tropiezos, pero también logros abundantes y

hallazgos afortunados, todo ellos han abonando a situar a la institución como un

referente nacional.

Al respecto, México: Anatomía de la Corrupción en su edición 2016, señala que de

acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

(ENCIG) 2015, Querétaro es la entidad menos corrupta a nivel nacional,

situándola incluso cerca de 15 puntos porcentuales por debajo del promedio

nacional; elementos que si bien es cierto son derivados de encuestas de


percepción ciudadana, también es cierto que son indicadores de que en el Estado

se han realizado las cosas diferentes.

En ese tenor, recordemos que en 1979 por primera vez figuró la Procuraduría

General de Justicia en la Ley Orgánica de la Administración, y en 1985 se

establece plenamente la dependencia del Procurador General de Justicia con el

Gobernador, como titular del Poder ejecutivo.

En 1999 la entonces Procuraduría General de Justicia, optó por la especialización,

con la finalidad de priorizar las líneas de investigación, nombrándose 8

coordinaciones para la investigación, siendo estas:

En la investigación de delitos de Violencia Intrafamiliar y Sexual.

En la investigación de delitos contra la Integridad Personal

(Homicidios).

En la investigación de Secuestros.

En la investigación de Robo de Vehículos.

En la investigación de Robo en Casa Habitación.

En la investigación de delitos Patrimoniales ejecutados sin Violencia.

En la investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos.

En la investigación de delitos Electorales.

Adicionalmente, la entonces Procuraduría General Justicia creó en el año 2008,

estructuras de medición y resultados, con sistemas de supervisión y control

implementados, mejorando con esto la organización administrativa, de igual forma

se crearon sistemas informáticos, que posibilitaban la fluidez en la información que


se genera en las agencias del Ministerio público, lo que permitía la supervisión y

control de la gestión y el actuar del personal ministerial en tiempo real, así como

revisar los avances en el cumplimiento de las metas, evaluar la cantidad y calidad

del trabajo, así como mejorar los procesos de manejo de información.

De igual forma la institución implementó la mejora constante en los procedimientos

de capacitación, a efecto de crear un modelo institucional del servidor público

capaz, que cuente con el saber y el saber hace, dotado con bases sólidas teórico –

analíticas y con respecto a los derechos humanos, es así como surgen la

Especialidad en Procuración de Justicia y los cursos de formación de Técnico

Superior Universitario Policial y Técnico Superior Universitario Pericial.

De lo anterior se advierte, que la institución del Ministerio Público en el estado de

Querétaro, ha tenido una evolución favorable, buscando siempre ir a la

vanguardia, y buscando el fortalecimiento de infraestructura, recursos humanos y

materiales, innovación en sus procedimientos, todo ello siempre con miras a dar

cabal cumplimiento función constitucionalmente encomendada de investigar y

perseguir el delito.

Ahora bien, la historia del Ministerio Público en el Estado tuvo un giro importante,

cuando el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario

Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que establecieron cambios sustanciales al procedimiento penal

mexicano, incorporando de forma gradual el nuevo sistema de justicia penal

acusatorio.


En ese tenor, y como parte de la transición al sistema de justicia de la transición al

sistema de justicia penal acusatorio, el 29 de marzo de 2014 se publicó en el

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La sombra de Arteaga”, el decreto por el

cual se declara que la legislación local ha quedado incorporado al Sistema

Procesal Penal Acusatorio y declara el inicio de vigencia del Código Nacional de

Procedimientos Penales, precisando en el artículo primero, la incorporación al

sistema penal acusatorio la cual será progresiva y regional:

A partir del 02 de junio de 2014, quedó incorporado en los Distritos

Judiciales de San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo; y

Amealco de Bonfil y Huimilpan.

A partir del 29 de septiembre de 2014 quedó incorporado en los Distritos

Judiciales de Cadereyta de Montes, que comprende Cadereyta de Montes,

Ezequiel Montes y San Joaquín; Tolimán que abarca Tolimán, Colón y

Peñamiller; y Jalpan de Serra que se integra por Jalpan de Serra, Pinal de

Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco.

Y finalmente, a partir del 30 de mayo de 2016 se incorporó en el Distrito

Judicial de Querétaro, conformado los municipios de Querétaro, El Marqués

y Corregidora.

En este sentido, el 28 de abril de 2016, el Constituyente Permanente del Estado

de Querétaro aprueba la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política de Querétaro, en la cual se erige a la institución del Minsiterio

Público como Fiscalía General del Estado, organismo público autónomo dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios que se regirá por su Ley; de esta forma


concluye un episodio de la institución del Ministerio Público en Querétaro como

Procuraduría General de Justicia del Estado, dependencia del Poder Ejecutivo.

LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO.

Comenzaré con enfatizar que la incorporación del sistema penal acusatorio debe

responder a la necesidad de mantener el orden público. En este tenor, Aristóteles

dice en la Ética Nicomanea, que si el bien del individuo se identifica con el bien del

Estado, parece mucho más importante y más conforme a los fines verdaderos

llevar entre manos y salvar el bien del Estado; el bien es ciertamente deseable

cuando interesa a un solo individuo, pero se reviste de un carácter más bello y

más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado entero.

Por su parte Weber señala, en La metodología de las Ciencias Sociales, que el

sentimiento comunitario es “afectivo o tradicional”1. El bien común es término

espontáneo de las actitudes positivas de los individuos; el individuo no necesita

preguntarse si el interés de la comunidad a que pertenece choca o no con el suyo,

porque su deseo incluye también el bien del todo. “Yo soy parte del todo, piensa,

lo que le perjudique me perjudica, su bien es el mío”.

De igual forma el Concilio Vaticano II señala que la interdependencia y su

progresiva universalización hacen que el bien común, entendido como el conjunto

de las condiciones: políticas, económicas y morales de la vida social que hacen

1 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, The Free Press, New York, 1949, p.40.


posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y

más fácil de la propia perfección, se universalice cada vez más, e implique por ello

derechos y obligaciones que miran todo el género humano2. San Agustín se

pronunciaba por la misma línea, ya que hablar de la política es hablar de la “Polis”

de la ciudad, y por tanto de los ciudadanos que son quienes la integran y la

forman, lo cual le hacía decir “que la parte que no se acomoda al todo es

indecorosa”3.

Y porqué hablar del orden público, al analizar la incorporación de un nuevo

sistema penal? Porque es por el orden público que podemos evaluar si una

determinada conducta puede permitirse y acogerse socialmente porque es

irrelevante en el sentido de que no afecta en ningún modo al orden, porque

es sencillamente justa o porque resulta necesaria en razón a las circunstancias de

una determinada situación; o por el contrario, reprimirse y condenarse porque es

injusta o atentatoria contra el mismo orden, violando gravemente el derecho de los

demás.

Este debe ser el único criterio que debe orientar al Derecho al incorporarse el

nuevo sistema penal acusatorio y adversarial.

Ahora bien, como hice referencia al inicio del presente ensayo, “El Ministerio

Público” es una institución que motiva polémicas por la naturaleza de sus

funciones esenciales de investigar y perseguir el delito; en ese tenor, es loable

2 Gaudium et spes, n, 26, en Nueve Grandes Mensajes, editorial, BAC, Madrid, 1968, pp. 412-413 3 San Agustín, Confesiones, editorial BAC, Madrid, 1968, p. 146


señalar que hoy en día la institución del Ministerio Público en Querétaro está

sentando bases en una nueva forma de gestión ministerial, deja atrás 100 años de

viejas rutinas de operación que se gestaron durante los años del autoritarismo,

que se manifestaban en la inercia de las disfunciones burocráticas que se fueron

gestando en el viejo sistema como método de integración de diligencias, en un

esquema de simulación que ocultaba arbitrariedad.

El problema de la deficiente metodología en la investigación del delito, se

evidenciaba en el México hace algunos años con el surgimiento internacional de

principios como el derecho a la justicia, el principio de la debida diligencia, la

presunción de inocencia del inculpado, derecho a una defensa adecuada; esta

nueva directriz, ampliamente protectora de derechos fundamentales, motivó

pequeñas adecuaciones en el modelo de gestión ministerial, a efecto de dar

cumplimiento a las actuales exigencias legales y sociales, por lo que a efecto de

legitimar el actuar del Ministerio Público, se hicieron enmiendas en los procesos

administrativos y de investigación, que en ocasiones pudieran ser solo simulados

por algunos servidores públicos a efecto de dar legalidad a su actuar y ocultar las

viejas costumbres de actuación ministerial, situación que ponía de manifiesto el

nulo desarrollo de la capacidad de innovación y planeación estratégica de una

investigación ministerial, que represente calidad total en el proceso, no solo en el

resultado obteniendo una consignación y/o sentencia.

Sin embargo el establecimiento del sistema acusatorio a nivel nacional, derivado

de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal

del 18 de junio de 2008, y en materia de derechos humanos publicada en el Diario


Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; marca una nueva pauta, pues

constituyen la base de un nuevo modelo procesal que transformará radicalmente

el sistema de justicia penal en el país, en donde prevalezca la igualdad entre las

partes y se imponga como objetivo central, la salvaguarda de los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro País.

Si bien es cierto, teníamos un marco normativo nuevo, también es cierto señalar

que esto no proporcionaba al Ministerio Público la totalidad de las herramientas

para cumplir su obligación constitucional de investigar y perseguir el delito, y

mucho menos garantizaba el cambio en la percepción ciudadana sobre la

efectividad de la actuación ministerial, o el logro de resultados; en ese tenor, era

indispensable analizar la necesidad de una reestructura en el modelo de procurar

justicia en el estado de Querétaro.

Respecto del tema de la necesidad de reestructurar el modelo de procuración de

justicia, se realizaron diversos estudios y propuestas, como lo son las de Jorge

Carpizo y Germán Adolfo Castillo Banuet, quienes han realizado análisis y

propuestas sobre la autonomía del ministerio público, a efecto de reestructurar el

modelo con base a su reasignación como órgano constitucional autónomo;

propuesta a la que hacía referencia en el proyecto de reforma presentado en el

año 2004, por el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quezada.

Por su parte Omar Guerrero, al analizar la propuesta de la reforma del Estado, ha

pugnado por programas de desburocratización en la administración pública que se


adentren en la administración de justicia, así como la trasformación en las

relaciones entre la ciudadanía y el servicio público, mediante la derogación de

leyes obsoletas y la supresión de costumbres perniciosas.

Ana Laura Magaloni, ha realizado trabajos de investigación para el Centro de

Investigación y docencia Económicas, en los que realiza críticas a la labor rutinaria

y métodos cuestionables del trabajo en las agencias del Ministerio Público,

resaltando la arbitrariedad e ineficiencia en la procuración de la justicia,

proponiendo una inaplazable reestructuración de la institución mediante la

implementación de una metodología del trabajo, a partir de un catálogo frío de

diligencias mínimas para lograr la profesionalización de la investigación criminal.

Asimismo Ana Luis Nerio Monroy del Centro de Derechos Humanos “Fray

Francisco de Vitoria O.P”, así como la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Centro por la Justicia

y el Derecho Internacional y el Instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad

A.C. (ICESI), han realizado diversos estudios respecto de la gestión del Ministerio

Público, pugnando todos ellos por la incorporación en los procesos de

investigación de garantías individuales y respeto a los derechos humanos de

reconocimiento internacionales, como lo son el derecho al acceso a la justicia y el

principio de la debida diligencia.

La incorporación del sistema penal acusatorio y adversarial en México, al tenor del

análisis que hacen todos estos doctrinarios en sus obras, sin duda llevan a un

punto: para que el nuevo sistema penal resulte óptimo y un verdadero garante de


derechos humanos, requería no solo de un nuevo marco normativo, si no también

de una reestructuración en el modelo de gestión ministerial, que incluye por

supuesto conjugar la profesionalización de los operadores jurídicos, la

socialización del sistema y la planificación estratégica; de esta forma la

incorporación del nuevo sistema de justicia en materia penal, cumplirá los

compromisos establecidos en materia internacional respecto a las garantías

individuales y derechos humanos.

En ese tenor, el nuevo sistema de justicia penal debe comprender no solo una

transformación jurídica, sino social y cultural, cohesionando el derecho procesal

penal, el derecho victimal, a los derechos humanos, a la transparencia y rendición

de cuentas, al sistema penitenciario y a la reinserción social.

Querétaro es una de las pocas Entidades Federativa que actualmente goza de

una eficiente seguridad pública, como resultado de su cultura de prevención, de la

laboriosidad y armonía de sus habitantes, de su historia y de su espíritu colectivo

de progreso; sin embargo, no somos ajenos a que la propia evolución, desarrollo y

el progreso económico del Estado, incorpore o acrecente en nuestra sociedad

nuevos elementos, circunstancias, problemas y retos, uno de ellos, el relativo a la

inminente incorporación del nuevo sistema de justicia penal. Conocedores de esta

circunstancia los operadores – entre ellos el Ministerio Público – han enfatizado el

desarrollo de la infraestructura humana e inmobiliaria y ha fortalecido los

esquemas de atención al público.


De conservar el mismo modelo de gestión ministerial con la incorporación del

sistema acusatorio y adversarial, en los cuales los procesos de investigación

carecen de toda metodología científica y técnicas, decrecerá inminentemente la

eficiencia de la institución, poniendo de manifiesto la incapacidad del Estado para

procurar justicia.

Después de toda la remembranza respecto de la figura del Ministerio Público de

Querétaro ante la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio y el

cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de respeto a los

derechos humanos; es loable reconocer la institución ministerial en nuestro

estado, si bien actualmente es resultado de todo un proceso de reestructuración y

fortalecimiento de los esquemas de gestión ministerial, y los cuales mediante un

sistema de indicadores y de evaluación han permitido conocer los avances en el

trabajo y corregir anomalías; también es cierto que aún deben fortalecerse

estructuras institucionales, para hacer funcional el nuevo sistema de justicia penal.

Para lograr que el nuevo sistema penal acusatorio, garantice el respeto a los

derechos humanos por parte del ministerio público es necesario descender del

mirador elevado donde la especulación intrascendente se instala, para situarnos

en la planicie de la realidad, pues es menester ir al encuentro con nuestro entorno,

para afrontar los problemas y deficiencias y hallarles remedio; entonces, el

sistema acusatorio adversarial alcanzará los objetivos planteados, y contribuirá a

lograr el bien común y en consecuencia el orden público, que fue el punto de

partida de este análisis.


LA ACTUACIÓN DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN EL COMBATE A LA

CORRUPCIÓN.

Como se hizo referencia al inicio del presente ensayo, derivado de las últimas

reformas constitucionales y legales que incorporan en el país el Sistema

Anticorrupción, nace la figura del Fiscal Especializado en el Combate a la

Corrupción. En el presente ensayo se ha analizado el entorno en el que surge esta

figura ministerial, se hizo referencia al paradigma entorno a la función de la

institución del Ministerio Público en México, de igual forma se abordó al trabajo

institucional realizado por la autoridad ministerial en el estado de Querétaro para

fortalecerse y cumplir la obligación constitucional de investigar y perseguir el

delito, señalando su transición a órgano constitucional autónomo hace ya casi un

año, y finalmente se abordó su incorporación y retos ante el nuevo sistema de

justicia penal acusatoria y adversarial.

En esa tesitura, el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción sin duda

tendrá una importante encomienda en el combate a la corrupción, que de acuerdo

a lo señalado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ésta

es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas

para la sociedad, socava la democracia y el estado de derecho, da pie a

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la

calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el

terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.4

4 Kofi A. Annan, Secretario General, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Resolución 58/4 de la Asamblea General,

de 31 de octubre de 2003.


A efecto de precisar el ámbito de competencia en el cual le corresponderá actuar

al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, es loable precisar qué es la

corrupción, y al respecto primero haré referencia a que la palabra proviene del

latín corruptio, que se encuentra conformado por el prefijo con que es sinónimo de

junto, y el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazos, y finalmente

el sufijo tio que es equivalente a acción y efecto; en ese sentido Hortencia

Rodríguez Sánchez señala que la corrupción es la acción y efecto de corromper,

depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar, en este sentido la

corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de

medios para sacar un provecho económico o de otra índole.5

Identificado el concepto, recordemos que en términos de los artículos 21, 102

apartado A y 109 fracción II; 30 bis, 38 fracción II y 38 ter de la Constitución

Política del Estado de Querétaro; y 13 bis, 13 quáter de la Ley Orgánica de la

Fiscalía General del Estado de Querétaro, corresponderá al Fiscal Especializado

en el Combate a la Corrupción, investigar y perseguir los delitos previstos en las

disposiciones legales aplicables en materia anticorrupción.

Como figura ministerial a la que le corresponde la investigación y persecución del

delito, el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción fue incorporado a la

estructura de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, de acuerdo a lo

previsto por el artículo 7 en su fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía

General del Estado de Querétaro, formando parte además del Consejo de la

Fiscalía según lo señala el numeral 9 en su fracción IV del mismo ordenamiento

5 Rodríguez Sánchez Hortencia, “Por una nueva ética de lo público en México, Experiencias sobre el impacto de la corrupción en la

eficiencia gubernamental”, editorial Fontamara, primera edición, México 2015, página 119.


legal; en ese sentido en dicha disposición normativa se han descrito en las

atribuciones que para el cumplimiento de su obligación constitucional de investigar

y perseguir los delitos en materia de corrupción tiene, y al respecto enuncia el

numeral 13 quáter de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de

Querétaro entre otras facultades:

Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba

vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de

corrupción.

Designar al personal ministerial, pericial, policial y demás que se encuentre

adscrito a la Fiscalía anticorrupción.

Proponer el contenido de los programas de capacitación, actualización y

especialización del personal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción.

Diseñar estrategias e implementar líneas de acción para combatir los

hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Implementar mecanismos de colaboración con autoridades de los tres

órdenes de gobierno para la investigación.

Requerir y recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los

fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones,

así como a las instancias de gobierno, la información que resulte útil o

necesaria para sus investigaciones.

Al respecto es preciso destacar que el Fiscal Especializado en el Combate a la

Corrupción surge en el estado de Querétaro, a diferencia de otras entidades, con

una serie de características que garantizan el ejercicio de la función con

transparencia, objetividad, eficiencia y legalidad:


1) Es designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de

la Legislatura del Estado.6

2) Es un órgano con autonomía técnica y operativa.7

3) Cuenta con la facultad de designar al personal que se adscribirá a la

Fiscalía, con base en las disposiciones legales aplicables.8

4) Cuenta con un equipo multidisciplinario, Fiscales, Peritos y Policías de

Investigación Especializados en el combate a la corrupción.9

5) Debe presentar informe anual de actividades ante la Legislatura del

Estado.10

Dichas particularidades generan las condiciones para que el desempeño del Fiscal

Especializado en el Combate a la Corrupción en el estado de Querétaro, se haga

con absoluto respeto a los principios de disciplina, legalidad, objetividad,

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, tal y como lo señala el artículo 7

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pero además de lo anterior – que garantiza que la investigación de los actos de

corrupción sea realizada por los mejores perfiles y sin conflicto de intereses

particulares – se le dota al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción de

atribuciones que permitirán hacer investigaciones ágiles y completas. Al respecto

6 Artículo 30 ter de la Constitución Política del Estado de Querétaro, reforma publicada el 21 de diciembre de 2016 en el periódico oficial

“La Sombra de Arteaga”. 7 Artículo 13 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, reforma publicada el 18 de abril de 2017 en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”. 8 Artículo 13 quáter fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, reforma publicada el 18 de abril de

2017 en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”. 9 Artículo 13 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, reforma publicada el 18 de abril de 2017 en el

periódico oficial “La Sombra de Arteaga”. 10 Artículo 30 ter de la Constitución Política del Estado de Querétaro, reforma publicada el 21 de diciembre de 2016 en el periódico

oficial “La Sombra de Arteaga”.


cabe destacar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en

su artículo 13 quáter establece atribuciones que permiten la ágil obtención de

datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como delitos

en materia de corrupción, así como mecanismos de coordinación y colaboración

con otras autoridades que permitan fortalecer el desarrollo de las investigaciones,

y a manera de ejemplo citaré las siguientes:

Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan

facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las

investigaciones.

Requerir y recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los

fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones,

así como a las instancias de gobierno, la información que resulte útil o

necesaria para sus investigaciones y el cumplimiento de sus atribuciones,

las que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el

secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza.

Requerir a particulares la información que resulte útil o necesaria para sus

investigaciones.

Realizar análisis de la información fiscal, financiera, contable y cualquiera

otra que pueda ser utilizada por ésta y otras áreas competentes de la

Fiscalía General para el esclarecimiento de los hechos considerados como

delitos en materia de corrupción.

Todos estos elementos mencionados garantizan que la actuación del Fiscal

Especializado en el Combate a la Corrupción en el estado de Querétaro, cumpla

con absoluto apego a las disposiciones legales, respeto a la debida diligencia y


plena observancia de los derechos humanos, su encomienda de investigar y

perseguir los delitos en materia de corrupción; aunado a lo ya referido en líneas

anteriores, el medio ambiente en el que nace la institución en el estado de

Querétaro, es decir del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción en el

estado de Querétaro, forma parte de un órgano constitucional autónomo, Fiscalía

General del Estado de Querétaro, en la que se ha rediseñado su modelo de

gestión ministerial para implementar el sistema penal acusatorio y adversarial,

además su personal sustantivo ahora está sujeto a un Servicio Profesional de

Carrera y conduce su actuar acorde a los lineamientos de un Código de Conducta.

Por lo todo lo anterior, podemos concluir que existen elementos suficientes para

afirmar que la actuación del Fiscal Especializado en el combate a la Corrupción en

el estado de Querétaro, generará un elemento transcendente en el Sistema

Estatal Anticorrupción, pues conforme lo previsto por el artículo 10 fracción III de la

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Querétaro, el Fiscal

Especializado en el Combate a la Corrupción como integrante del Comité

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, podrá aportar bases mínimas

para la prevención de hechos de corrupción en el estado, así como participar en la

generación de políticas públicas estatales en materia de prevención, detección,

control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

AGUILAR, Luis F.; “Profesionalización del Servicio Público en México:

hacia la innovación y la democracia”, Editorial Iberoamericana, México 2003. CARDONA CARLOS, “La metafísica del bien común”, editorial Rialp, Madrid, 1966. CASTILLO Banuet, Germán Adolfo; “Mitos y realidades de la Autonomía del

Ministerio Público”, Editado por Procuraduría General de la República, México 2006.

CONSTANTINO Rivera, Camilo; “Introducción al Estudio Sistemático del proceso Penal Acusatorio”, Editorial Ma Gister, segunda edición, México 2009.

CRUZ Martínez Enrique (coordinador); “Por una nueva ética de lo público en México: Experiencias sobre el impacto de la corrupción en la eficiencia gubernamental”, Editorial fontamara, primera edición, México 2015.

DE LEÓN, Gisela; Krsticevic, Viviana y Obando, Luis; “Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos”, Edición Folio Uno S.A., CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Argentina 2010.

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L. TIZÓN Jorge, “Psicopatología del Poder, Un ensayo sobre la perversión y la corrupción”, Editorial Herder, España 2015.

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ONU, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

México: Anatomía de la Corrupción, 2° edición, octubre 2016.


1

Santiago de Querétaro, 28 de abril de 2017.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

P R E S E N T E.

ATENCIÓN:

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, mexicana por nacimiento y en pleno ejercicio

de mis derechos, bajo protesta de decir verdad, comparezco a manifestar que soy

ciudadana queretana que goza de buena reputación, reconocida honradez y rectitud,

por haberme conducido siempre acorde a los principios de honestidad, honradez,

respeto, discreción, prudencia, objetividad, en todos los aspectos de mi vida.

Lo anterior, en cumplimiento al inciso j), base 6 de la convocatoria pública para la

elección del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General

del Estado de Querétaro.

Atentamente.

Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano.


1




P R E S E N T E.

ATENCIÓN:


Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, en pleno ejercicio de mis derechos, bajo

protesta de decir verdad, comparezco a manifestar que conozco y acepto el contenido,

bases, procedimiento y alcances de la convocatoria pública para la elección del Fiscal

Especializado en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de

Querétaro.

Lo anterior, en cumplimiento al inciso l), base 6 de la convocatoria pública para la



Atentamente.



1




P R E S E N T E.

ATENCIÓN:


Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, en pleno ejercicio de mis derechos,

comparezco a expresar mi conformidad para que los documentos exhibidos para mi

registro como candidata para la elección del Fiscal Especializado en el combate a la

Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, puedan en su caso, ser

publicados en el sitio oficial de la Legislatura del Estado de Querétaro

www.legislaturaqueretaro.gob.mx.

Lo anterior, en cumplimiento al inciso m), base 6 de la convocatoria pública para la



Atentamente.


currículum vitae lic. guadalupe gisela bárcenas...

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