corporación solidaridad jurídica

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Corporación Solidaridad Jurídica A finales de los años ochenta las acciones terroristas de los carteles del narcotráfico en Colombia estaban, entre otras cosas, perpetuando asesinatos de funcionarios judiciales a lo largo y ancho del país. Esta coyuntura fue aprovechada por el Estado para crear, a través de los estados de excepción, el Estatuto para la Defensa de la Justicia (decreto 2790 de 1990) la cual estableció la justicia regional, también llamada justicia secreta o justicia sin rostro y luego convertida en legislación permanente. Por medio de la justicia sin rostro, el Estado “cubrió″ el vacío que había dejado la prohibición de que civiles fueran juzgados por la justicia penal militar. A partir de los diálogos de la insurgencia con el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo en 1990, se había desatado una persecución contra los movimientos sociales y populares, dando como resultado la estigmatización, persecución y encarcelamiento por parte del régimen a muchos combatientes y líderes del movimiento social y popular (sindicalistas, estudiantes y defensores de derechos humanos, entre otros), atestando las cárceles de hombres y mujeres que luchaban por un país mas justo. La Corporación Solidaridad Jurídica tiene su génesis en la ASOCIACIÓN DE JURISTAS DEMÓCRATAS, la cual asumió la defensa de los perseguidos y detenidos, logrando la libertad de muchos de estos y el respeto por sus derechos civiles en medio del accionar del decreto 2790 de 1990. La justicia sin rostro se caracterizó por desconocer el principio de la presunción de inocencia; esta justicia establecía la reserva de identidad de fiscales, jueces, tribunales y auxiliares de la justicia, incluyendo al representante de la Procuraduría que actuaba en los procesos. También creó los famosos testigos sin rostro, figura que fue utilizada para hacer acusaciones y cometer arbitrariedades, a su vez que fue benévola con los grandes capos y delincuentes de cuello blanco mientras que fue bastante rigurosa y arbitraria si se trataba de investigar y juzgar a presuntos o reales prisioneros políticos. Si hubo alguien que sufrió con rigor la severidad de la justicia sin rostro, como ya se expresó, fue el prisionero político. Se definió que abogados destacados dirigieran la constitución de una organización que asumiera como función exclusiva la defensa de las prisioneras y prisioneros políticos en todo el país. Fue así como el 5 de agosto de 1993 se constituyo la CORPORACIÓN SOLIDARIDAD JURÍDICA, nombre con el que actualmente se conoce. Cumplida la anterior etapa, surgió el gobierno del señor ANDRÉS PASTRANA, quien inició un proceso de conversaciones en el año de 1998 con la guerrilla de las FARC-EP como una nueva posibilidad de iniciar un proceso de PAZ a pesar de la implementación del Plan Colombia; como es sabido, este intento fracasó por la intransigencia del régimen político gobernante de la mano de la oligarquía colombiana. En medio de este contexto nacional el panorama social y político del país estaba matizado por las constantes masacres y detenciones masivas y sistemáticas. Fue así como luego de constituirse como Corporación Solidaridad Jurídica, en el proceso de reorganización de carácter legal, se presentaron algunos obstáculos por parte de organismos gubernamentales, exigiéndonos requisitos que obstaculizaban el proceso con el fin entorpecer y producir sanciones que pudieran ponerle fin a nuestro funcionamiento y trabajo humanitario. No obstante, esto no fue lo suficientemente sustentado por los enemigos de nuestras justas luchas y finalmente logramos adelantar las diligencias encaminadas a poner al día los requisitos que exigía la administración. Fue de esta manera como se logro la revocatoria de

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Page 1: Corporación Solidaridad Jurídica

Corporación Solidaridad Jurídica

A finales de los años ochenta las acciones terroristas de los carteles del narcotráfico en Colombia estaban, entre otras cosas, perpetuando asesinatos de funcionarios judiciales a lo largo y ancho del país. Esta coyuntura fue aprovechada por el Estado para crear, a través de los estados de excepción, el Estatuto para la Defensa de la Justicia (decreto 2790 de 1990) la cual estableció la justicia regional, también llamada justicia secreta o justicia sin rostro y luego convertida en legislación permanente. Por medio de la justicia sin rostro, el Estado “cubrió″ el vacío que había dejado la prohibición de que civiles fueran juzgados por la justicia penal militar.

A partir de los diálogos de la insurgencia con el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo en 1990, se había desatado una persecución contra los movimientos sociales y populares, dando como resultado la estigmatización, persecución y encarcelamiento por parte del régimen a muchos combatientes y  líderes del movimiento social y popular (sindicalistas, estudiantes y defensores de derechos humanos, entre otros), atestando las cárceles de hombres y mujeres que luchaban por un país mas justo.

La Corporación Solidaridad Jurídica tiene su génesis en la ASOCIACIÓN DE JURISTAS DEMÓCRATAS, la cual asumió la defensa de los perseguidos y detenidos, logrando la libertad de muchos de estos y el respeto por sus derechos civiles en medio del accionar del decreto 2790 de 1990.

La justicia sin rostro se caracterizó por desconocer el principio de la presunción de inocencia; esta justicia establecía la reserva de identidad de fiscales, jueces, tribunales y auxiliares de la justicia, incluyendo al representante de la Procuraduría que actuaba en los procesos. También creó los  famosos testigos sin rostro, figura que fue utilizada para hacer acusaciones y cometer arbitrariedades, a su vez que fue benévola con los grandes capos y delincuentes de cuello blanco mientras que fue bastante rigurosa y arbitraria si se trataba de investigar y juzgar a presuntos o reales prisioneros políticos.  Si hubo alguien que sufrió con rigor la severidad de la justicia sin rostro, como ya se expresó, fue el prisionero político.

Se definió que abogados destacados dirigieran la constitución de una organización que asumiera como función exclusiva la defensa de las prisioneras y prisioneros políticos en todo el país. Fue así como el  5 de agosto de 1993 se constituyo la CORPORACIÓN SOLIDARIDAD JURÍDICA, nombre con el que actualmente se conoce.

Cumplida la anterior etapa, surgió el gobierno del señor ANDRÉS PASTRANA, quien inició un proceso de conversaciones en el año de 1998 con la guerrilla de las FARC-EP como una nueva posibilidad de iniciar un proceso de PAZ a pesar de la implementación del Plan Colombia;  como es sabido, este intento fracasó por la intransigencia del régimen político gobernante de la mano de la oligarquía colombiana.

En medio de este contexto nacional el panorama social y político del país estaba matizado  por las constantes masacres y detenciones masivas y sistemáticas. Fue así como luego de constituirse como Corporación Solidaridad Jurídica, en el proceso de reorganización de carácter legal, se presentaron algunos obstáculos por parte de organismos gubernamentales, exigiéndonos requisitos que obstaculizaban el proceso con el fin entorpecer y producir sanciones que pudieran ponerle fin a nuestro funcionamiento y trabajo humanitario. No obstante, esto no fue lo suficientemente sustentado por los enemigos de nuestras justas luchas y finalmente logramos adelantar las diligencias encaminadas a poner al día los requisitos que exigía la administración. Fue de esta manera como se logro la revocatoria de la resolución que había suspendido la actividad de nuestra Corporación y logramos continuar con el trabajo.

Estatutariamente a partir del análisis de las necesidades y producto de la práctica Jurídica, la Corporación Solidaridad Jurídica tiene como objeto la Defensa, Educación, Protección y Organización Jurídica de los sectores sociales más desfavorecidos de la población Colombiana. La C.S.J. está conformada por hombres y mujeres profesionales en diferentes áreas y disciplinas, con pensamiento revolucionario y demócrata, que parten de sus propios recursos, a partir de su trabajo profesional, para materializar en la práctica la solidaridad hacia esos hombres y mujeres, en su mayoría de extracción campesina y que son estigmatizados por vivir en las regiones donde se desarrolla el conflicto social y político-armado en toda su intensidad, haciendo énfasis, en la región del centro oriente Colombiano donde el gobierno ha desarrollado su accionar político-militar con  más intensidad, donde los habitantes de esta región fueron, son y siguen siendo estigmatizados de ser auxiliadores y simpatizantes de la fuerza guerrillera de las FARC-EP, la cual ocupó el territorio donde se desarrollaron los diálogos con el ex presidente pastrana.

A parte de hacer el trabajo y el acompañamiento jurídico a prisionerxs políticxs, la Corporación Solidaridad Jurídica se encarga de dictar talleres sobre derechos humanos en la región ya mencionada e igualmente denunciar, visibilizar y crear conciencia y movilización a partir de un trabajo político organizado con las comunidades. Este trabajo nos permite exponer, visibilizar y denunciar de manera concreta ante la comunidad nacional e internacional, la problemática que vive nuestro país y los mecanismos represivos utilizados por el Estado colombiano para silenciar la voz de un  movimiento social que lleva décadas luchando en pos de justicia social, tierra y libertad.