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Convenio de Asociación 048/17 entre el DAPRE y Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política

Convenio de Asociación para apoyar y acompañar a la CPEM en el proceso de cualificación de las capacidades de incidencia de las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado y la institucionalidad en materia de prevención de violencias de género, participación y liderazgo.

Documento N°5

Un documento que contenga el mecanismo de diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones de mujeres afros e indígenas para fortalecer la participación y capacidad de incidencia de las mujeres, tanto al interior de sus comunidades, como con la institucionalidad. El documento debe tener en cuenta:

El contexto de las organizaciones.

Brindar elementos a consejos comunitarios y/o resguardos para avanzar en rutas que permitan a las mujeres tener incidencia, participación efectiva y representatividad en los espacios de decisión en los territorios focalizados.

Proponer mecanismo de diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones de mujeres, (afros e indígenas) y fortalecer los escenarios existentes, para definir acciones específicas acordes a las necesidades de las mujeres, incluido el fortalecimiento de los mecanismos de género en los territorios priorizados.

Septiembre 30 de 2017

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Contenido

Presentación .......................................................................................... 3

1. Organizaciones e instituciones: niveles de acción, incidencia y contextos organizativos5

Niveles de acción e incidencia ................................................................... 5

Contexto de las organizaciones.................................................................. 8

2. El mecanismo de diálogo ........................................................................ 15

Objetivos del mecanismo de diálogo .......................................................... 15

Fundamentos del mecanismo de diálogo ...................................................... 15

Identificación de los escenarios de incidencia inmediatos ................................. 26

3. Plan de incidencia política ..................................................................... 32

Estrategias, líneas de acción y resultados esperados ....................................... 32

Organizaciones e instituciones aliadas ........................................................ 39

Criterios para la conformación del mecanismo de diálogo ................................. 39

4. Otras recomendaciones ......................................................................... 40

Referencias bibliográficas .......................................................................... 42

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Presentación Este proceso de investigación, formación política e incidencia se trazó como objetivo fundamental “Cualificar las capacidades de incidencia de las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado y la institucionalidad en materia de prevención de violencias de género y participación política” en los municipios priorizados. Para esto, la Corporación Ensayos ha apoyado la labor de la CPEM para mejorar la capacidad de incidencia de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas en dos temas específicos: violencias hacia las mujeres y participación política. Hemos concentrado nuestras acciones en tres campos fundamentales: investigación, formación política e incidencia. En una apuesta por la construcción de conocimiento colectivo y participativo, a lo largo de este proceso de investigación hemos analizado las experiencias de violencias de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas de varios municipios del departamento del Cauca, así como las capacidades políticas y organizativas de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas de los municipios focalizados. Hemos llamado la atención sobre las múltiples desigualdades y discriminaciones de las que son objeto en razón de su género, su pertenencia étnica y su precaria situación socioeconómica; también hemos examinado los variados obstáculos que enfrentan para el acceso a la justicia y hemos evidenciado la persistencia de las múltiples violencias que viven tanto en escenarios públicos como privados, fundadas en las desigualdades que produce y reproduce el patriarcado, las cuales se transforman y exacerban cuando éstas son ejercidas por actores armados. Las mujeres somos conscientes del momento histórico por el que está atravesando Colombia y estamos seguras que una paz completa, justa, profunda, diversa, inclusiva, participativa y transformadora, sólo podrá ser posible si es con nosotras. A través de este recorrido, las mujeres indígenas, negras/afrocolombianas, también campesinas y otras compañeras con identidades de género y sexualidades no heteronormativas con quienes hemos trabajado, procedentes de contextos rurales y urbanos, hemos reiterado nuestra disposición para participar y ampliar los canales de diálogo para la construcción de paz. Sabemos que el proceso de implementación de los acuerdos para la terminación de la guerra y la construcción de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, así como la mesa de diálogos con el ELN, traza importantes desafíos para todas las mujeres en su amplia heterogeneidad social, cultural, económica, sexual. Así como fue un logro político de las mujeres promover la instalación de la Subcomisión de género en La Habana, transversalizando el enfoque de género en los acuerdos, las mujeres tendremos que ser protagonistas en la construcción de paz en los territorios, así como en la definición de las transformaciones y adecuaciones

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institucionales necesarias en esta fase de transición política desde una perspectiva de género, étnica y generacional. Por esto, este documento presenta una propuesta de mecanismo de diálogo que recoge varios elementos que hemos discutido, conversado y consensuado a lo largo de este trabajo con mujeres indígenas y negras/afrocolombianas de los municipios priorizados del departamento del Cauca. Proponemos la creación de un mecanismo de diálogo que, de un lado, recoge particularidades y elementos de estrategia específicos tanto de las mujeres indígenas como de las mujeres negras/afrocolombianas y de otro, retoma elementos comunes para avanzar en una propuesta de carácter interétnico. El mecanismo de diálogo que proponemos lo hemos denominado: “Comisión intercultural e interétnica de mujeres diversas para la construcción de paz y la lucha contra todas las formas de violencia, capítulo Cauca”1. La propuesta interétnica también atiende al contexto del norte del Cauca y los escenarios de interlocución que han tenido las mujeres de ambos pueblos y la importancia de construir espacios conjuntos de articulación. De igual manera, atendiendo al contexto del pueblo Totoroez, el mecanismo específica algunas medidas particulares para las mujeres indígenas Totoroez que amerita su contexto organizativo y su ubicación geográfica. En particular, dos motivos nos impulsan a desarrollar esta propuesta. Por un lado, porque consideramos que ellas son fundamentales o bien para ayudar a dirimir estos conflictos creados y continuados por una política organizativa fuertemente masculinizada o bien para ayudar a construir acuerdos de relacionamiento en aquellos lugares donde todavía no existen. Y por el otro, porque profundizar las relaciones interétnicas e interculturales entre las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas potenciará sus prácticas de participación política e incidencia así como su lucha contra las violencias que viven. Esto significará, sin duda, un gran desafío a ciertas formas del ejercicio de la política, a visiones y definiciones restrictivas sobre “lo político” y a las definiciones estáticas, fragmentadas y jerarquizadas de “los sujetos étnicos” que ha producido y legitimado el estado colombiano a través de sus criterios taxativos. No obstante, antes de continuar, es importante señalar cuatro asuntos. En primer lugar, que esta propuesta de mecanismo de diálogo fue construida a partir de diversos insumos elaborados por mujeres que participaron en los diversos escenarios promovidos en el marco de este Convenio y que todas ellas son mujeres populares del departamento del Cauca. En segundo lugar, que la propuesta en su conjunto seguirá discutiéndose, perfilándose y ajustándose con otras y otros partiendo de que tendrá que contar con aprobación, consenso y legitimidad para que cumpla con todas las expectativas y sueños que tenemos en este momento. En tercer lugar, que este mecanismo de diálogo no

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El nombre propuesto recoge la intención del mecanismo de diálogo que consideramos pertinente promover, no obstante debe ser discutido y consensuado con las mujeres con el fin de que recoja sus propuestas y opiniones al respecto.

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pretende en ninguna medida suplantar los procesos autónomos que las mujeres organizadas y no organizadas vienen adelantado en sus territorios en favor de la paz y la lucha contra todas las formas de violencia. En cuarto lugar, que el mecanismo de diálogo parte del hecho (y debe mantener siempre como referente) que la mayoría de mujeres del departamento no están organizadas y que esto no deberá ser un limitante para la participación, que otras hacen parte de organizaciones mixtas y desde allí delinean sus luchas como mujeres y que unas más están adscritas a organizaciones de mujeres. También que muchas de ellas pertenecen a iglesias evangélicas, para lo cual urge una estrategia de sensibilización y comunicación. Este cuarto asunto implica un mayor desafío para profundizar y ampliar la participación de este sector poblacional. Este mecanismo no buscará, en ningún caso −como fue sugerido en algún momento por un funcionario de la Unidad de Víctimas−, que las mujeres se organicen y agrupen alrededor de la categoría “víctimas”. El documento está dividido en cuatro partes. En la primera parte presentamos un balance general sobre los niveles de incidencia de las organizaciones de mujeres indígenas y negras/afrocolombianas y de la institucionalidad así como el contexto de las organizaciones. En la segunda parte abordamos los objetivos y fundamentos del mecanismo de diálogo y anticipamos algunos de los escenarios de incidencia política más importantes. En la tercera parte desarrollamos el Plan de incidencia política: Estrategias, líneas de acción y resultados esperados, así como las organizaciones e instituciones aliadas y los criterios de conformación del mecanismo de diálogo. En la última parte presentamos algunas recomendaciones adicionales y la matriz que contiene el Plan de Incidencia.

1. Organizaciones e instituciones: niveles de acción, incidencia y

contextos organizativos

Niveles de acción e incidencia El mecanismo de diálogo está concebido desde una perspectiva de interlocución en tres escalas: municipal, regional y nacional, la cual ya aparece desarrollada en la aproximación que presentamos en el documento No. 2. Sugerimos, sin duda, la necesidad de priorizar la construcción y definición de propuestas desde el nivel local hacia el regional y nacional y no al contrario. Por lo tanto, volvemos a llamar la atención en la importancia de comprender a las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas así como sus experiencias vitales como constituidas por y constituyentes de los entrecruzamientos entre los diferentes contextos, de las redes por las que circulan y de las relaciones que establecen con diferentes actores situados en diversos niveles de interlocución.

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Como lo reiteramos en otras oportunidades, la identificación de las diferentes instancias y organizaciones no es exhaustiva, pero tiene la intención de continuar alimentándose a partir de otros diálogos y acercamientos. A continuación lo sintetizamos así: En el primer nivel (municipal) ubicamos, por un lado, a las colectivas, organizaciones de mujeres indígenas y negras/afrocolombianas, a las mujeres no organizadas del nivel y a algunas de las instancias de articulación que existen y, por otro, a las instituciones del ámbito municipal que cumplen funciones específicas en relación con los procesos de prevención, orientación, atención, seguimiento, reparación y construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a las mujeres que han vivido experiencias de violencias ejercidas por actores armados y no armados y, especialmente, a mujeres indígenas y negras/afrocolombianas. A1. Colectivas, organizaciones de mujeres indígenas y negras/afrocolombianas, mujeres no organizadas del nivel local

Aunque en el Documento No. 2 presentamos un análisis sobre las organizaciones, colectivas y otras experiencias de mujeres no organizadas en los municipios priorizados, también llamamos la atención sobre la importancia de realizar un censo que permita conocer de manera más clara sus realidades porque no hay información exhaustiva al respecto. En el siguiente apartado retomaremos algunos elementos del contexto de las organizaciones sobre el cual profundizamos en los Documentos No. 2 y No. 3 de este Convenio.

A2. Instituciones del nivel municipal

Personería Comisaría de Familia Alcaldías, Enlaces de género y de víctimas Fiscalía

En el segundo nivel ubicamos a las organizaciones indígenas, negras y afrocolombianas que tienen diferentes niveles de influencia a nivel departamental y zonal así como algunas de sus instancias de articulación. Éste último se refiere a la zona norte y, en particular, a los municipios priorizados por la CPEM para el desarrollo de esta investigación. Incluye también a las instituciones del ámbito regional que cumplen funciones específicas relacionadas con los procesos de prevención, orientación, atención, seguimiento, reparación y construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencias ejercidas por actores armados y no armados y, especialmente, a mujeres indígenas y negras/afrocolombianas. Presenta también algunas de sus instancias de articulación. Evidencia otro actor fundamental: las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos de las mujeres. Su actuación va dirigida a las mujeres en su amplia heterogeneidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunas de sus relaciones y estrategias de trabajo están enfocadas a las mujeres

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indígenas y negras/afrocolombianas, nos pareció clave indagar con ellas sobre sus acciones y reflexiones en torno a los procesos organizativos de las mujeres para la defensa de sus derechos en el departamento. Finalmente, ubicamos a organismos de cooperación internacional que desarrollan acciones de apoyo, promoción y acompañamiento a organizaciones sociales en el departamento y hacen incidencia frente al acceso a la justicia de las comunidades y mujeres, especialmente en casos de violencias basadas en género, principalmente por parte de los actores armados. La actuación de estos organismos tiene influencia en algunos de los municipios priorizados en esta investigación. B1. Organizaciones de mujeres indígenas y negras/afrocolombianas de nivel regional y zonal Organizaciones mixtas que cuentan en su estructura organizativa con instancias de mujeres

CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) Cxhab Wala Kiwe – ACIN (Asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca) ACCONC (Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca) PCN Corporación Mujer, niñez y juventud Nortecaucana

Organizaciones únicamente de mujeres

REDMUNORCA (Red de mujeres del norte del Cauca) Mujeres diversas y paz

Instancias de coordinación/articulación entre las organizaciones sociales y populares a nivel regional y zonal Consejo Intercultural Interétnico del Norte del Cauca, en el cual participan organizaciones como Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN, ACCONC y la ANUC, entre otras. B2. Instituciones del nivel regional

Secretaría Departamental de la Mujer. Enlace de Víctimas Departamental, Secretaría de Gobierno Departamental. Defensora Comunitaria para el Norte del Cauca de la Defensoría del Pueblo,

regional Cauca. Delegada para la Atención y Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado. Delegada para Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del

Pueblo. Dirección Territorial Cauca de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las

Víctimas (UARIV). Punto de atención zonal del norte del Cauca de la UARIV.

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Instancias de coordinación interinstitucional en materia de víctimas a nivel regional:

Comité Territorial de Justicia Transicional. Se reúne al menos cuatro veces al año, es presidido por el gobernador y su gabinete. Participan cuatro delegados de la Mesa Departamental de Víctimas, una persona indígena, afro y dos personas víctimas de desplazamiento. Se convoca de manera ampliada para que puedan participar los alcaldes y alcaldesas. En este escenario se informan los avances de la política pública dirigida a las víctimas y se desarrollan propuestas de ajuste al PAT según las valoraciones y comentarios.

Comité de prevención, protección y garantías de no repetición. Tiene por objetivo discutir medidas para que no vuelvan a presentarse hechos victimizantes. Se reúne cuatro veces al año. Se discuten temas relacionados con amenazas a lideresas, defensores de derechos humanos, entre otros.

Comité para atención y asistencia. Funciona para la atención a situaciones de desplazamiento. Se hizo una articulación con el Comité de atención, asistencia y reparación integral para optimizar tiempos.

Comité de Sistemas de Información. Igualmente se reúne cuatro veces al año. Se presentan y hacen ejercicios para cruzar las diferentes bases de datos y de esta manera identificar las ofertas institucionales y la estadística sobre el acceso de las víctimas a la misma.

B3. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a nivel regional

Red Departamental de Mujeres Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar- Ruta Pacífica

B4. Organismos de cooperación internacional

MAPP-OEA USAID OTROS/AS (PNUD, Consejo Noruego de Refugiados, OIM, entre otros)

En el tercer nivel ubicamos a las instituciones del ámbito nacional que cumplen funciones específicas con relación a los procesos de prevención, orientación, atención, seguimiento, reparación y construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencias ejercidas por actores armados y no armados y, especialmente, a mujeres indígenas y negras/afrocolombianas. C1. Instituciones del nivel nacional

UARIV CPEM

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Defensoría del Pueblo Fiscalía General de la Nación

Contexto de las organizaciones Programa Mujer del Pueblo Totoróez El Programa Mujer fue creado en 1981 al tiempo que se inicia la construcción del Plan de Vida del Pueblo Totoróez; su primera coordinadora fue Ligia Tombé. El programa cuenta con una coordinadora y delegadas por vereda, aproximadamente 15. La coordinadora del programa es elegida a través de una asamblea. Para el periodo de 2017, la coordinadora elegida también es autoridad dentro de la estructura el cabildo. El Programa tiene como meta realizar al menos tres asambleas al año para la socialización de avances, proyectos, discusiones y elección de coordinadora si lo amerita. Actualmente el programa se denomina Mujer y Familia guarda estrecha relación con el cabildo, pues, es parte de su estructura, también tiene un nivel de coordinación con las Juntas Comunales de las veredas. A partir de 2011, el Programa es objeto de una especie de revaloración de sus estrategias de acción y con ocasión de la gobernación de José Fernando Conejo se impulsa a que su objetivo de trabajo debe estar en relación con el Plan de Vida y que todas su acciones deben dirigirse hacia el conjunto de todas las mujeres que hacen parte del resguardo. El Programa no cuenta con un presupuesto específico para dinamizar sus acciones. Cuenta con una pequeña sede donde también funciona un centro de atención a niños y niñas. El desarrollo productivo ha sido clave para la organización de las mujeres, no obstante, ellas reconocen que los procesos de formación se han debilitado. En el año 2014, la coordinadora del Programa Mujer se vincula a la construcción de una serie de matrices en el contexto del Plan de Salvaguarda del Pueblo Totoroez, para dinamizar el componente “Mujer y Familia”. Con este proceso el Programa reconoce que fortaleció su participación y visibilización al interior del cabildo y en relación con las instituciones del gobierno con las cuales se relacionaron para la construcción de la matriz. Las mujeres insistieron en que la matriz debía referirse a las mujeres, sin embargo, resultó incorporándose el componente de jóvenes, mayores y familia. En materia de participación, las mujeres señalan como un logro que el PMF continúe desde 1981 como una parte de la estructura del cabildo y que en los últimos cinco años, a través de la construcción del Plan de Salvaguarda hayan logrado posicionar algunas de sus demandas. De igual manera las delegadas son un referente en las veredas para que las mujeres puedan acercarse a ellas y plantear sus problemas y dificultades.

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El PMF es una forma concreta de organización de las mujeres y es la estructura a través de la cual ellas se sienten representadas. Consideran como un logro que la coordinadora del PMF esté en espacios de interlocución con entidades e instancias del gobierno nacional, sobre todo con lo relacionado al Plan de Salvaguarda. De todos modos las mujeres señalan como una enorme dificultad que a pesar de la construcción del Plan de Salvaguarda, aún el gobierno no lo ha cumplido en su adopción. Sumado al componente de capacitación, las mujeres consideran que un factor que obstaculiza su participación es el machismo, expresado en las posiciones de algunos hombres que limitan a sus parejas mujeres la participación en el proceso organizativo, por considerar que va en contra de las funciones o roles que ellas deben realizar. Esto ha limitado también la participación de las mujeres en los espacios públicos, en dos claves, una, la ausencia total y dos, el miedo a hablar por temor a ser cuestionadas. Con relación a las dificultades que experimentan las mujeres para el acceso a la ley de víctimas identificamos las siguientes:

Desconocimiento de la ruta de funcionamiento del proceso de reparación colectiva de acuerdo al decreto 4633/2011 y en general, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Las mujeres evidencian que existen casos en los que se han hecho las declaraciones ante la Personería y las resoluciones han sido negando su reconocimiento como víctima. No se tiene un seguimiento de posibles apelaciones o del estado actual de estos casos.

Las mujeres plantean que aún varios casos no han sido puestos en conocimiento por varios factores: a) desconocimiento de la Ley, b) Temor a represalias por parte de los actores armados y c) Falta de credibilidad en la justicia.

Norte del Cauca Las organizaciones afrocolombianas/negras de carácter regional identificadas en los Documentos No. 2 y 3 del presente Convenio son: ACCONC (Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Corporación Mujer, niñez y juventud Nortecaucana. Las tres tienen un nivel de organización e incidencia política en los municipios del norte del Cauca que presentamos brevemente a continuación: Organizaciones afrocolombianas/negras

o Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACCONC. Es una organización de segundo nivel que agrupa a 40 Consejos Comunitarios, distribuidos en los municipios de Suárez, Santander de Quilichao, Caloto, Guachené, Miranda, Corinto y Padilla. Con relación a la organización de mujeres, al interior de cada

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consejo existe en mayor y menor desarrollo un palenque de mujeres. En siete de estos consejos las representantes legales son mujeres. A nivel zonal, ACCONC cuenta con un Consejo conformado por siete personas, una de ellas es delegada por la asamblea de mujeres, y para la vigencia actual es Roxana Mejía. ACCONC, a nivel interno, está estructurado en 10 palenques, uno de ellos es el de mujeres y otro el de derechos humanos. El contexto en el que las mujeres y ACCONC realizan acciones de resistencia, está atravesado por las dinámicas del conflicto armado, el narcotráfico y el desarrollo de la economía extractivista asociada a la minería y al monocultivo de la caña. De manera más amplia, es importante reconocer las condiciones de esclavitud y racismo estructural que ha marcado la historia del pueblo negro en el país y, especialmente, en la región nortecaucana. ACCONC realiza acciones de movilización de las mujeres por la defensa de sus derechos, como el apoyo que hizo a la marcha de mujeres desde Suarez, Cauca hacia Bogotá por la defensa de su territorio y las denuncias sobre los efectos de la minería. También hace acompañamiento jurídico cuando recibe casos de violencias hacia las mujeres. Tiene conexiones con la Defensoría del Pueblo a nivel regional y con Naciones Unidas para buscar apoyo y acciones rápidas en casos de violencias. Recientemente, también tiene una relación importante con la Secretaría Departamental de la Mujer.

o Kuagro Ri- Changaina- Proceso de Comunidades Negras – PCN-. El PCN es una organización consolidada después de 1991 tras la activa participación de las comunidades negras en el proceso de exigencia de derechos que derivó en la expedición de la Ley 70 de 1993 y en su reconocimiento como sujetos colectivos. La máxima autoridad del PCN es la asamblea, seguida del Consejo Nacional de Palenques, donde participan personas delegadas de los palenques regionales. Uno de ellos es el Palenque Alto Cauca con presencia en territorios del Norte del Cauca. Dentro de la estructura organizativa se encuentra el Kuagro Ri- Changaina que es la instancia de trabajo y organización de las mujeres al interior del PCN. En líneas generales, el Kuagro trabaja desde los principios o lineamientos del PCN que están relacionados con la defensa del territorio, el fortalecimiento de la identidad cultural, el fortalecimiento de procesos organizativos autónomos, entre otros (OACNUDH -AFRO). El Kuagro, en particular, ha avanzado en la construcción de unos lineamientos llamados “inamovibles”, que son propuestas de las mujeres negras sobre el proceso de paz. Uno de ellos está relacionado con rechazar la violencia contra las mujeres negras, haciendo énfasis en la violencia sexual. Los otros inamovibles se refieren a la defensa territorial y a la denuncia de los estragos que están generando prácticas asociadas a la minería sobre los cuerpos de las mujeres.

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En esta materia, una de las acciones más importantes del PCN fue la Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales que partió desde la vereda Yolombó de Suárez hacia la ciudad de Bogotá. Igualmente, la organización ha avanzado en la construcción de una ruta comunitaria para el monitoreo de los impactos de la minería con enfoque étnico, de género y territorial. La ruta está construida y a la espera de iniciar con la implementación.

o Corporación mujer, niñas y juventud nortecaucana. La Corporación realiza procesos de acompañamiento a algunos consejos comunitarios, especialmente, en los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao y López de Micay, en temas de fortalecimiento organizativo, violencias contra las mujeres, ocupación del tiempo libre y derechos ambientales. La Corporación proviene de un proceso juvenil afro que se denominó Red Juvenil Nortecaucana. En los municipios de influencia, en materia de derechos de las mujeres, promueven el conocimiento sobre las rutas de atención en violencias hacia las mujeres, el empoderamiento político y económico de las mismas. En la visión de la Corporación es muy importante el empoderamiento de las mujeres y los consejos comunitarios con relación al proceso de paz, puesto que es otro escenario complejo en el que se están creando mecanismos y políticas que incidirán sobre las políticas hacia las mujeres afro que han vivido los impactos del conflicto armado y sus comunidades. En la opinión de la directora de la Corporación, el capítulo étnico es de especial importancia para ser socializado y discutido con las mujeres. No cuentan con un financiamiento constante lo cual limita sus acciones locales, no obstante mantienen una presencia permanente en los municipios para apoyos en fortalecimiento organizativo. Organizaciones indígenas

o Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC.

El CRIC es la primera organización indígena del país que logró articular a nivel regional las luchas y demandas indígenas. Está conformada por las autoridades de 115 cabildos, 84 resguardos y 10 asociaciones de cabildos. Dos aspectos de la estructura del CRIC son clave para la comprensión de la participación de las mujeres indígenas. El primero de ellos es la inclusión en la plataforma de lucha del CRIC del mandato “defensa de la familia”, que acoge las reivindicaciones de las mujeres, los jóvenes y el adulto mayor. El segundo es la creación del Programa Mujer que representa uno de los escenarios de articulación de las mujeres indígenas de los 10 pueblos indígenas que habitan el Cauca y que se articulan organizativamente en el CRIC. El Programa fue creado en 1993 en el noveno Congreso del CRIC en Corinto, Cauca.

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Con relación al tema de acceso de las mujeres indígenas a la justicia a través de la Ley 1448 y el decreto ley 4633, es importante mencionar que en el mes de octubre de 2013 el CRIC convocó un espacio regional en La María, Piendamó para analizar el tema de derechos humanos y la aplicación de justicia en territorios indígenas. En el espacio participaron las autoridades indígenas de diferentes cabildos del departamento, los integrantes de los programas jurídicos y de derechos humanos de los cabildos que cuentan con éstos, la Consejería del CRIC y el Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC y la ACIN. De igual manera, participaron delegados/as de la Unidad de Víctimas y de la Unidad de restitución de tierras. Uno de los propósitos principales era socializar el decreto-ley 4633. Vale la pena señalar, entonces, que algunos de los asuntos recurrentes tanto en ese encuentro como en las indagaciones realizadas por el equipo son: falta de conocimiento sobre la justicia indígena y la jurisdicción especial indígena por parte de las instituciones del estado; no reconocimiento del ejercicio de justicia propia por parte de la mayoría de funcionarias y funcionarios; persistencia de estereotipos racistas y sexistas; conflicto de competencias y falta de coordinación entre ambas justicias. Con relación al acceso de las mujeres indígenas a la justicia en general, el Programa Mujer del CRIC señala, además, que hasta ahora no se ha logrado comprender el ejercicio de la justicia propia desde una perspectiva de género. En esta materia, señalan que la zona que más ha avanzado en este proceso ha sido la zona norte, aunque allí también se observan todavía problemas en la implementación de las rutas, de la formación de jurídicas/os que sepan abordar los casos de violencias hacia las mujeres y en una formación más amplia a las comunidades en derechos de las mujeres. Los escenarios de la justicia comunitaria continúan siendo muy desiguales para las mujeres y, por eso, el objetivo principal de las mujeres es fortalecer la justicia propia desde su propia perspectiva como mujeres.

o Programa Mujer- Chxab Wala Kiwe - ACIN. Nace en la década del ochenta en respuesta a varios problemas identificados en las comunidades nasa del norte del Cauca: las situaciones de violencias y desigualdad que vivían las mujeres frente a los hombres, la migración a la que se veían forzadas por múltiples razones, así como la precariedad y dependencia económica en la que se encontraban ellas y sus familias. En la actualidad, el Programa Mujer hace parte de la estructura político-organizativa, cuenta con una coordinadora zonal, con un equipo zonal conformado por cuatro comuneras de los resguardos de la zona norte así como un jurídico, y con una red de coordinadoras locales en cada uno de los resguardos. La coordinadora zonal es elegida en una asamblea zonal de mujeres cada dos años; el equipo zonal es elegido por las coordinadoras locales de los resguardos y las coordinadoras locales son elegidas en la asamblea de elección anual de cada cabildo.

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Desde el año 2011, el Programa Mujer de Cxhab Wala Kiwe-ACIN viene realizando un acompañamiento a las mujeres y niñas víctimas del conflicto armado y de la violencia de género en los territorios de la zona norte del Cauca. Este acompañamiento tiene un componente psicológico, cultural y jurídico, y está planteado desde un enfoque que contempla la relación entre la jurisdicción especial indígena y el derecho ordinario. Desde esta perspectiva, el Programa Mujer construyó un espacio de formación para promotoras psicoculturales de varios resguardos nasa del norte del Cauca, el cual integra dos saberes: el psicológico y la medicina nasa. Su propósito es aportar al fortalecimiento del derecho propio y a la gobernabilidad del territorio nasa. Este proceso permite adquirir herramientas para la prevención, la atención y la orientación individual y colectiva a través de terapias psicológicas, las cuales se entretejen con el conocimiento ancestral y la ley de origen. La falta de presupuesto suficiente, la incipiente implementación de las rutas de acompañamiento, el desconocimiento amplio de las rutas por parte de las comunidades, así como la falta de ampliación de la estrategia de capacitación para implementar las rutas son otros de los obstáculos que impiden avanzar en la lucha contra las violencias hacia las mujeres de manera contundente. Para las mujeres nasa, poner en marcha el camino de acompañamiento a las violencias hacia las mujeres, la formación de las promotoras psicoculturales y el sueño de construir el Observatorio sobre violencias hacia las mujeres nasa del norte del Cauca, hace parte de una apuesta por fortalecer la justicia propia para que se respeten y reconozcan los derechos de las mujeres a vivir lo que ellas llaman el wet wet fxinzenxi (vivir bien, en armonía y equilibrio). Organizaciones únicamente de mujeres y/o disidentes de género

o Red de Mujeres del Norte del Cauca REDMUNORCA. Redmunorca es una organización que articula mujeres, fundamentalmente afrocolombianas, de diversos municipios y tiene su origen en los años noventa a partir de un proceso de organización comunitario del municipio de Villa Rica. En 1994 la Red se formalizó como organización de mujeres con Personería jurídica. Actualmente, la Red está conformada por 32 organizaciones de base de los municipios de Miranda, Corinto, Padilla, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica y Santander de Quilichao (REDMUNORCA, 2011). En los últimos años también en Buenos Aires y Suárez, pero por motivos de orden público han debido retirar el acompañamiento. Además de procesos de formación política través del desarrollo de Escuelas de formación, acciones para la prevención y atención de violencias y proyectos de empoderamiento económico, REDMUNORCA le ha apostado a la incidencia y participación política de las mujeres en escenarios como los concejos municipales, concejos ciudadanos de mujeres y la alcaldía. En materia de erradicación de las

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violencias hacia las mujeres, REDMUNORCA hace procesos de acompañamiento, cuenta con unas dinamizadoras, en los municipios donde tiene influencia, que trabajan en el marco de la aplicación de los derechos. REDMUNORCA manifiesta que ha venido desarrollando relaciones con instituciones para incidir en las rutas de atención y seguimiento a las violencias hacia las mujeres. De manera muy directa se relacionan con las Comisarías de Familia para hacer seguimiento y apoyo a los casos específicos de las mujeres. Especialmente mantienen una relación importante con las Comisarías de Puerto Tejada y Guachené. La Red ha hecho una importante incidencia para que los programas y propuestas de atención al tema de violencias hacia las mujeres sean incluidos en los Planes Municipales de Desarrollo.

o Mujeres Diversas y paz. Es un movimiento político de mujeres y disidentes de género conformado en el 2015, del cual hacen parte organizaciones como Empoderarte, Corporación Ensayos, Corporación Niñez, juventud y mujer afro, entre otras, y mujeres independientes. Mujeres diversas realiza acciones de formación, investigación e incidencia política para la participación de las mujeres en la negociación e implementación de los acuerdos de paz. A través de plantones, foros, materiales pedagógicos, recorridos territoriales, investigación y producción de artículos, Mujeres Diversas ha venido construyendo propuestas para el proceso de paz y ambientando la necesidad de una paz regional con participación paritaria en diferentes municipios del norte del Cauca. Sus principios centrales son: rechazo a todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidentes de género en todos los escenarios: la casa, la cama, la calle, en las organizaciones sociales, las instituciones y los lugares de trabajo; participación de las mujeres en la negociación e implementación de acuerdos de paz; Acceso al poder político para las mujeres y disidentes de género de sectores populares; rechazo a todas las visiones y prácticas machistas y patriarcales que se expresan en las políticas públicas; prácticas colectivas frente al individualismo capitalista; defensa del cuerpo de las mujeres y disidentes de género frente a las violencias machistas y patriarcales; lucha contra la violencia capitalista, extractivista y patriarcal. Una vez presentado este balance general, en lo que sigue nos detendremos a desarrollar la propuesta del mecanismo de diálogo en términos de sus objetivos principales, los fundamentos así como los principales escenarios de incidencia. Más adelante, nos detendremos a presentar el Plan de incidencia en su conjunto.

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2. El mecanismo de diálogo

Objetivos del mecanismo de diálogo

o Fortalecer las capacidades de incidencia y participación política de las mujeres negras/afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado y la institucionalidad en materia de violencias de género, participación y liderazgo.

o Generar y/o fortalecer procesos de movilización social, así como espacios de diálogo con la participación de autoridades locales y las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas (organizadas y no organizadas) para hacer incidencia frente a la institucionalidad local, departamental y autoridades propias en los territorios focalizados.

Fundamentos del mecanismo de diálogo

1. Derecho a la libre determinación y la autonomía La idea esencial de la libre determinación es que los pueblos tienen el derecho de ejercer el control sobre sus propios destinos. Así, el derecho a la libre determinación de los pueblos es el derecho a determinar libremente su condición política. Libre determinación implica, por tanto, la posibilidad de los pueblos de autodeterminar su organización política, sus instituciones jurídicas, sus relaciones con otras organizaciones sociales y políticas, sus condiciones de desarrollo. Hay otros conceptos que están directamente vinculados con la libre determinación: «autodeterminación», «autogobierno», «autonomía». El derecho de libre determinación está conectado con la noción de pueblo. Son realmente los pueblos los que son sujetos del derecho a la libre determinación. El derecho humano a la libre determinación de los pueblos se asimila al derecho a la existencia y la libertad de las personas, como lo han reiterado varias líneas jurisprudenciales a nivel nacional e internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen en su Artículo 1 que “Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación…”. Según Rodolfo Stavenhagen, ex Relator de Naciones Unidas para Pueblos indígenas, el hecho de que esté planteado de esa forma en ambos pactos internacionales implica el reconocimiento de que los demás derechos enunciados en dichos pactos internacionales están sujetos a, y se derivan de, un derecho colectivo primordial: la libre determinación. Los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno también están consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

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En términos de derechos humanos, las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas han insistido en la interdependencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus derechos individuales como mujeres, mostrando cómo el derecho a la autonomía y al gobierno propio como pueblos es indispensable para ejercer a plenitud sus derechos como mujeres; y han señalado también cómo el respeto, garantía y goce de los derechos de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas es imprescindible para fortalecer la vida, defensa y autonomía de los pueblos indígenas. En consecuencia, uno de los fundamentos principales de este mecanismo de diálogo es el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos, de manera que no podrá ejecutarse ninguna medida que las restrinja, limite o coarte y, en contraste, deberán promoverse acciones para su fortalecimiento.

2. Profundizamos y ampliamos la definición de “enfoque diferencial” desde una perspectiva que no fragmente, excluya y segregue.

El artículo 13 de la Ley 1448 estipula:

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.

El Decreto Ley 4633 (2011) señala en su art.1:

Las medidas de atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y para sus integrantes individualmente considerados, serán acordes con los valores culturales de cada pueblo y garantizarán el derecho a la identidad cultural, a la autonomía, a las instituciones propias, a sus territorios, a sus sistemas jurídicos propios, a la igualdad material y a la pervivencia física y cultural, de conformidad con la dignidad humana, el principio constitucional del pluralismo étnico y cultural y el respeto de la diferencia.

Posteriormente, el art. 5 y el art. 6 señalan que la reparación, entendida como “restablecimiento del equilibrio”:

Se entenderá como un proceso que incorpora un conjunto de medidas y acciones transformadoras, justas y adecuadas dirigidas a fortalecer la autodeterminación y las instituciones propias, garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales y el restablecimiento de los mismos, en caso

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de que hayan sido vulnerados, e implementar medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los derechos a la justicia y a la verdad hacen parte de la reparación integral de las víctimas (Decreto Ley 4633, 2011, art.5). Artículo 6. GARANTÍA DE PERVIVENCIA FÍSICA Y CULTURAL. Las medidas establecidas en el presente decreto contribuirán a garantizar efectivamente la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Para ello, propenderán por eliminar las condiciones y situaciones de vulnerabilidad y riesgos, en especial las descritas por la jurisprudencia nacional e internacional. Las medidas y acciones de reparación integral deben contribuir a garantizar la permanencia cultural y la pervivencia de los indígenas como pueblos, conforme a su Plan de Vida oral o escrito, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión y/o Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. Asimismo, estas medidas deberán ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de reparación integral a los pueblos indígenas, de manera que garanticen las condiciones para que éstos puedan tener un buen vivir con garantías de seguridad, autonomía y libertad (Decreto Ley 4633, 2011, art.6).

Por su parte, el Decreto 4635 señala en su Art. 20:

ARTICULO 20. PRINCIPIO DE RESPETO POR El DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES. La interpretación y aplicación de las medidas contenidas en el presente Decreto Ley se hará en coordinación armónica con las normas del derecho propio de las Comunidades, de la legislación especial para comunidades negras y de las disposiciones generales de la República.

La Ley 1448 de 2011 así como sus Decretos-Ley antes referidos, introducen un enfoque de género transversal a todas las temáticas y definen medidas específicas para la reparación y la restitución de tierras a las mujeres víctimas del conflicto armado. No obstante, a lo largo de todo este proceso, hemos documentado las múltiples barreras que impiden y dificultan un reconocimiento real, adecuado y pertinente del llamado “enfoque diferencial” (incluido el de género y etnicidad) en la implementación de medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral según lo contempla la Ley 1448 de 2011 así como los decretos-leyes 4633 y 4635. Por ejemplo, la reparación a las mujeres se aborda y enfrenta, sobre todo, a través de medidas de tipo administrativo y en ningún caso que conozcamos ha cumplido con el criterio de integralidad. Además, los mecanismos de reparación no pueden reducirse a “devolver a las víctimas a la situación en la que se encontraban con anterioridad a la violación de sus derechos”, sin superar las causas de exclusión e inequidad, “ya que pretendería devolver a las víctimas a una situación de vulnerabilidad y carencias, y dejaría intactos los factores que permitieron su victimización. En esa medida, las reparaciones deben ser comprendidas como una oportunidad no sólo para enfrentar los daños ocasionados por

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los crímenes atroces, sino también para superar las condiciones de exclusión, discriminación y múltiples desigualdades, ya que si esas condiciones no son modificadas, difícilmente podrían prevenirse crímenes similares en el futuro” (Auto 237, 2008). – Ninguna estrategia para fortalecer la participación y capacidad de incidencia de las mujeres, tanto al interior de sus comunidades, como con la institucionalidad, tendrá éxito si paralelamente no se logran avances con relación a la estabilización social y económica de las mujeres. Los pocos avances en las medidas de reparación constituyen un panorama desalentador para que las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas decidan optar por definir y realizar acciones de participación e incidencia, simplemente porque no logran ver una situación progresiva en los procesos de reparación tanto individual como colectiva. Los procesos de reparación tienden a quedarse anclados en la atención humanitaria y no trascienden a medidas de otro tipo que logren que las mujeres alcancen una estabilización socio-económica que les permita mejorar su calidad de vida y avanzar integralmente en la reparación. En otros trabajos2 hemos argumentado la importancia de profundizar, redefinir y ampliar el concepto de “enfoque diferencial” desde una perspectiva que no fragmente, excluya y segregue. Bajo este lineamiento y en relación con lo anteriormente expuesto, este mecanismo de diálogo atenderá a la manera en la que se articulan múltiples diferencias en un mismo sujeto individual o colectivo; partirá de reconocer las experiencias particulares de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas en razón de su pertenencia étnica, su orientación sexual, su edad, entre otras, entendiendo estas diferentes articulaciones que constituyen las subjetividades en su amplia complejidad y sin arrogarse de ninguna manera la potestad para definir cuál dimensión priorizar. De igual manera, propenderá por conocer y reconocer los significados específicos social y culturalmente construidos de conceptos como violencias hacia las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas, daño, dolor, dignidad, derechos humanos, medidas de prevención y atención, reparación, no repetición, justicia, participación política, cuerpo, territorio, entre otros, cuestionando las representaciones “esencializantes” y “folclorizantes” sobre las diferencias sociales y culturales.

3. Enfoque basado en derechos humanos de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas desde una perspectiva que sea pertinente social y culturalmente.

2 En el marco de un Convenio suscrito entre la Corporación Ensayos y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) realizamos un trabajo titulado “Daño cultural: Análisis crítico jurídico-antropológico y recomendaciones al Estado colombiano para su caracterización, prevención y reparación”, donde argumentamos la importancia de evaluar, redefinir y “armonizar” el concepto de "enfoque diferencial" para poder abordar el daño cultural desde una perspectiva que no fragmente, excluya y segregue (véase Amador Ospina, Anzola, Caviedes, Houghton, Rocha y Anzola, 2016).

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A escala global, desde la década del noventa hasta hoy hemos visto el aumento del interés público en relación con los derechos humanos de las mujeres. Sin duda, con variados y significativos matices, su reciente e importante visibilidad así como la definición de marcos legales para reconocerlos, respetarlos y profundizarlos ha sido un logro de los movimientos de mujeres alrededor del mundo. En un diálogo crítico con la pretensión universalista de los derechos humanos, este mecanismo de diálogo tiene como uno de sus más importantes fundamentos un enfoque de derechos humanos de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas que sea pertinente social y culturalmente, situado histórica y contextualmente. Para esto, tendrá en cuenta varios asuntos a los que nos referimos a continuación. Como han argumentado diferentes autoras y autores, la defensa de los derechos humanos como opción ética debe partir del reconocimiento del otro y la otra; de la construcción de condiciones para un diálogo intercultural de los derechos que no oculte las relaciones de desigualdad que lo constituyen y, por el contrario, busque mecanismos para superarlas; de no desconocer y cuestionar “el poder nominador del Derecho, entronizado por el estado como la palabra autorizada de la nación, capaz por esto no sólo de regular sino también de crear, de dar estatus de realidad a las entidades cuyos derechos garantiza” (Segato, 2004:6) y, finalmente, tendrá que despojarse de nuestra certeza de superioridad moral o del “imperialismo moral” de la práctica “occidental” de los derechos humanos (Hernández Truyol, citada en Segato, 2004:8). En esta vía, estos trabajos han mostrado que existe una gran diversidad de formas de entender y comprender el mundo, las cuales están fundadas en sistemas de valores diferentes. Estos sistemas de valores tampoco son entidades monolíticas y homogéneas internamente, sino que están atravesadas e informadas por diferentes y muchas veces desiguales posiciones que ocupan quienes comparten una misma comunidad (Véase An-Na’im, 1991; Hernández Castillo, 2001; Sousa Santos, 2002; Segato, 2004; Mahmood, 2005; para el contexto colombiano véase Amador Ospina, 2016). Podemos decir que en una misma comunidad indígena o negra/afrocolombiana, hay diferentes grupos de interés, diferentes posiciones de sujeto, diversas generaciones y relaciones que acercan o distancian a quienes se identifican y reconocen como miembros de dicho grupo, incluidas las mujeres. Es importante subrayar la importancia de la sentencia T-025/2004 de la Corte Constitucional y, sobretodo, del Auto 092 (2008) con el que se hace seguimiento a dicha sentencia. Este último tiene el propósito de ordenar al estado un enfoque diferencial en las medidas de políticas públicas sobre prevención, protección y atención para las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado y el conflicto armado. En relación con las mujeres indígenas y afrocolombianas, la Corte insiste en que su pertenencia étnica representa un factor de discriminación adicional que acentúa los efectos del conflicto armado y del desplazamiento forzado. El mecanismo de diálogo propuesto atenderá a las disposiciones de la Corte Constitucional en esta materia, trascendiendo la satisfacción de los derechos de las

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mujeres indígenas y negras/afrocolombianas mediante la formulación de políticas públicas (lo cual es necesario pero insuficiente en la medida en que implica únicamente un cumplimiento progresivo) y aprovechando, en contraste, la fuerza jurídica de los Autos 004 y 005 de 2009 en tanto órdenes perentorios del máximo juez constitucional, y buscando su armonización con la Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Ver más adelante el Fundamento No. 9). Desafortunadamente, como pudimos confirmar a lo largo de este proceso y como ha sido señalado a través de diferentes estudios y Autos de seguimiento, lo preocupante es que todavía no ha sido restaurado el estado de cosas inconstitucional. El estado colombiano, reconociendo los derechos a la libre determinación, autonomía y libertad, respetará que las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas dialoguen y deliberaren internamente con los demás miembros de sus comunidades y tomen decisiones acordes a sus luchas, expectativas y propósitos y hagan lo correspondiente tanto con el estado colombiano como con otros actores externos.

4. Las relaciones interétnicas e interculturales así como el diálogo, participación e incidencia política intercultural de las mujeres indígenas, negras/afrocolombianas, campesinas, tanto de ámbitos rurales como urbanos, es un eje estructural de este mecanismo de diálogo.

Como hemos documentado a lo largo de este proceso, las comunidades indígenas y negras/afrodescendientes del departamento del Cauca comparten un legado histórico de varios siglos signado por procesos de despojo, violencia y migración. A lo largo del tiempo, han construido estrategias de interacción, relacionamiento y convivencia interétnica e intercultural que les han permitido poner en marcha prácticas de gobierno propio y ordenamiento territorial respetuosas de sus visiones particulares. No obstante, diferentes políticas estatales han fragmentado muchas de las conexiones históricas entre comunidades indígenas y negras/afrocolombianas, lo cual ha profundizado conflictos en diferentes niveles. Por este motivo, aun cuando la CPEM había propuesto al inicio de este convenio que la Corporación Ensayos propusiera dos mecanismos de diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones de mujeres (uno para mujeres indígenas y otro para mujeres negras/afrocolombianas), consideramos que esta estrategia continuaría profundizando las tensiones y conflictos interétnicos e interculturales en la región. En contraste, proponemos un mecanismo de diálogo interétnico e intercultural de mujeres indígenas y negras/afrocolombianas. Por un lado, porque consideramos que ellas son fundamentales para ayudar a dirimir estos conflictos creados y continuados por una política organizativa fuertemente masculinizada o para ayudar a construir acuerdos de relacionamiento en aquellos lugares donde todavía no existen. Y por el otro, porque profundizar las relaciones interétnicas e interculturales entre las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas potenciará sus prácticas de participación política e incidencia así como su lucha contra las violencias que viven. Esto significará, sin duda, un gran

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desafío a ciertas formas del ejercicio de la política, a restrictivas visiones y definiciones sobre “lo político” y a las definiciones estáticas, fragmentadas y jerarquizadas de “los sujetos étnicos” que ha producido y legitimado el estado colombiano a través de sus criterios taxativos. En todos los casos, el estado respetará las acciones pautadas por las mujeres, las cuales estarán guiadas por los principios de la consulta intra e intercomunitaria e intercultural, el diálogo y la coordinación.

5. Paridad política. La feminista Nancy Fraser (Fraser, 2015) ha explicado la necesidad de acompasar las demandas de reconocimiento, redistribución y representación para alcanzar la justicia. Al vincular lo cultural, lo económico y el escenario para actuar políticamente, Fraser enfatiza en el papel de la agencia social como fundamento de lo que llama “paridad de participación” o “paridad participativa”. Y uno de sus fundamentos centrales es la autonomía. Para Fraser, la paridad no es exclusiva del género sino que aplica a otras posiciones de exclusión donde opera la injusticia en términos de redistribución y/o de reconocimiento como las asociadas a la clase o la identidad étnica, cultural y sexual. Como señala Diana Granados (2017), siguiendo a Albaine (2016:343), la “paridad de participación” es un concepto que ha cobrado importancia reciente en las discusiones sobre la justicia de género. Por ejemplo, países como Ecuador, Bolivia y Costa Rica han adelantado medidas jurídicas y políticas que reconocen e instan a la participación paritaria de género en la política. La paridad política es una medida que va más allá de las cuotas de participación, porque mientras que éstas son medidas temporales, la paridad tiende a ser más definitiva porque implica una redefinición del poder político para que sea compartido igualitariamente por hombres y mujeres. Algunos análisis (Albaine, 2016) sobre la paridad política han observado que, sin tener un efecto directamente proporcional, los avances en leyes sobre paridad política no siempre tienen un correlato en la cultura política, generando que la participación paritaria se preste para ejercer violencia política de género, en gran medida porque diversos sectores de la sociedad no están culturalmente de acuerdo con una participación equitativa. La implementación de las leyes de paridad pareciera hacer más visible las prácticas violentas en el ámbito político en razón del género. Sin embargo, no hay que equivocarse con la argumentación y razonar que la paridad política no debería darse mientras no haya cambios culturales tendientes a la disminución de las violencias. Todo lo contrario. Resulta sumamente clave que las medidas jurídicas vayan acompañadas de cambios en la cultura política y que la paridad política no solo sea en términos numéricos, pues eso sería solo una parte de la dimensión del reconocimiento. Por el contrario, es necesario que vaya acompañada de otras

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medidas tendientes a remover barreras materiales y culturales que impiden la participación en condiciones paritarias (Granados, 2017). En este sentido, uno de los fundamentos del mecanismo de dialogo y participación de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas, tanto de manera conjunta como en modo individual, es la paridad política, entendida como una participación de género que reconoce y se conecta con otras desigualdades y exclusiones que viven las mujeres y personas LBTI. Por ejemplo, las exclusiones asociadas a la pertenencia étnica y/o por el grupo generacional al que pertenecen. En nuestra opinión, la paridad política debería permitir una amplia participación de las mujeres, pero con el establecimiento de criterios para garantizar que las mujeres indígenas, negras/afrocolombianas, mujeres diversas sexualmente y jóvenes que han sido excluidas de la participación política también tengan condiciones para participar y ver reflejadas sus demandas en las posibles acciones de incidencia. Esto implica, a la vez, construir mecanismos para desactivar las políticas públicas asistencialistas que reproducen un sentido de caridad, cercenan las capacidades de agencia de las mujeres e impiden la construcción de un sentido de lucha por la justicia redistributiva en los términos que propone Fraser. Si el principio de paridad política es fundamental en las luchas contra las formas diferentes en las que se articulan diferentes sistemas de dominación: patriarcado, colonialismo, racismo en el sistema mundo moderno/colonial capitalista, este mecanismo de diálogo también propiciará que sean las mismas mujeres indígenas y negras/afrocolombianas quienes discutan, disputen y definan qué significaría para ellas esta idea de paridad política, de tal manera que las definiciones hegemónicas sobre este concepto, muchas veces concebidas en otros contextos sociales y culturales, no sean impuestas en sus escenarios de interacción. Precisamente porque serán ellas quienes tendrán que discutir cómo se articula esta noción de paridad con todas las desigualdades y discriminaciones que viven como mujeres indígenas y negras/afrocolombianas y en qué escenarios se producen, enuncian y disputan. En este sentido la propuesta del mecanismo de diálogo permite que sean las mujeres indígenas de un lado y negras/afrocolombianas de otro a tendiendo a su particularidad puedan construir sus propias idea de paridad y las acciones clave para lograrla. Se entiende que se propondrán acciones particulares para las mujeres atendiendo a su grupo étnico y otras de tipo conjunto que potencien la incidencia.

6. Las experiencias de violencias de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas son heterogéneas y son constitutivas y constituyentes de los contextos sociales y culturales en los que ocurren.

Así como no existe un único tipo de violencias, tampoco existe una única forma de ser mujer. Y las violencias también afectan de manera diferencial a las mujeres, en razón de su clase, su raza, su pertenencia étnica, su generación, su identidad de género y sexualidad. Precisamente, durante las décadas de los setenta y de los ochenta, el

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debate sobre las diferencias entre las mujeres ocupó un lugar fundamental. Los llamados “feminismos de color”, “feminismos del Tercer Mundo” y “feminismos descoloniales” insistieron en la importancia de visibilizar las maneras diferenciales en las que operaban (y lo siguen haciendo) las distintas formas de opresión de las que somos objeto las mujeres. Estas autoras coinciden en la importancia de contextualizar e historizar sus experiencias de subordinación, signadas por la clase, la etnia, la raza, el género, la sexualidad. Por ejemplo, en su análisis del universalismo etnocéntrico, Chandra Mohanty critica el hecho de que la categoría “mujeres” refiera a un grupo constituido, coherente y homogéneo, con los mismos intereses, y sin contradicciones de clase, de raza ni de etnia. En particular, en relación con la violencia masculina, Mohanty señala que los estudios que han ahondado sobre el tema tienden a erradicar las realidades históricas y materiales en las que tienen lugar dichas prácticas, llamando la atención sobre la necesidad de interpretar y teorizar sobre la violencia masculina ubicándola en contextos locales específicos. Atendiendo a este llamado, la tarea de entender las violencias según el contexto social, histórico y político en las que estas tienen lugar, trae aparejado el desafío por comprender cómo las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas definen las violencias de las que son objeto, cómo han sido sus experiencias de violencias, cómo las afectan y las estrategias que han construido para prevenirlas, atenderlas y/o mitigar sus impactos de acuerdo con mecanismos sociales y culturales propios. Por esto, resulta central sacudirnos de nuestras certezas sobre los derechos liberales que ponen en el centro al individuo y atender al llamado que hacen las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas de comprender sus experiencias de violencias en una articulación estrecha con sus derechos colectivos y signadas por una historia de larga duración de discriminación, despojo y exclusión. Ésta está constituida por y es constituyente del entronque entre diferentes sistemas de dominación: patriarcado, colonialismo y racismo como articulaciones fundamentales para la comprensión de sus experiencias de violencias. Este abordaje es un componente central en este mecanismo. De manera que las luchas en contra de las violencias hacia las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas, el sistema heteronormativo en el que se sustentan las jerarquías de género que ordenan sus relaciones y todas las formas de discriminación, racismo y dominación que sustentan el sistema mundo moderno/colonial tendrán que enfrentarse a través de estrategias de despatriarcalización, las cuales serán desarrolladas desde una lectura situada de las relaciones de género así como de las configuraciones particulares del patriarcado que sustenta los arreglos de género en los contextos indígenas y negros/afrocolombianos del suroccidente colombiano.

7. Profundizar el “deber de prevención” de las violencias hacia las mujeres. El mecanismo de diálogo se acoge y guía su funcionamiento a partir del llamado a profundizar el “deber de prevención” de las violencias hacia las mujeres. Para este propósito, es importante recordar que desde hace ya tres décadas el Sistema

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Interamericano instó a los países de la región, incluido Colombia, a incorporar dentro de sus ordenamientos jurídicos un adecuado tratamiento al “deber de prevención”, entendiendo que éste abarca “todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda plena de los derechos humanos” (CorteIDH. 1988. Párr. 174). En el caso particular de las violencias contra las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (1994) señala que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (art.3) y afirma que es el estado quien tiene que adoptar políticas y programas específicos para garantizar este derecho y todos los demás relacionados con éste (art. 7, art. 8). El “deber de prevención” en los casos de violencias de género aparece de manera explícita en dos sentencias fundamentales. Por un lado, en la célebre sentencia de “Campo Algodonero”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentó las bases del “deber de prevención” en casos de violencias contra las mujeres y aplicó el concepto de “riesgo real e inmediato”. En la sentencia de “Veliz Franco” por el caso de la desaparición y posterior asesinato de una niña en Guatemala, la Corte IDH declaró responsable al estado por no prevenir los hechos de violencia que derivaron en el asesinato de la menor. El Comité de Expertas/as del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI, 2014:53) señala que el artículo 8 de la Convención de Belém do Pará busca el compromiso de todos los estados para trabajar en los diferentes niveles de la sociedad para implementar acciones integrales a gran escala que ayuden a combatir los estereotipos de género y los patrones socioculturales que reproducen las desigualdades de género y producen, reproducen y legitiman las violencias hacia las mujeres. Entre ellos, destaca el diseño de programas educativos formales y no formales para las mujeres en relación con sus derechos y adaptados a todos los niveles del proceso educativo; educación a los hombres sobre género, masculinidades y derechos de las mujeres; campañas; mensajes en medios de comunicación e iniciativas de sensibilización con el propósito de prevenir las violencias contra las mujeres. El artículo 8 señala también que las estrategias de prevención deben darse de forma progresiva y oportuna, respondiendo a las especificidades locales y a las particularidades de las mujeres a nivel individual y colectivo. En esta vía, el Comité de Expertas/as (MESECVI, 2014:54) indica que:

Una medida esencial para lograr la modificación de actitudes y creencias socioculturales que perpetúan la violencia contra las mujeres es incidir en el sistema educativo. (…) el inciso se refiere al deber del estado de adoptar medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas, introduciendo programas de educación y de información. En las escuelas y colegios debe sensibilizarse sobre la violencia contra las mujeres y promover su seguridad, capacitando a docentes y estudiantes sobre la igualdad entre los géneros y sobre derechos humanos. Más aún, los

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programas de estudio y material educativo deben ser revisados a fin de eliminar los estereotipos de género y promover la eliminación de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este mecanismo de diálogo insiste en la importancia de profundizar y ampliar desde una perspectiva integral el “deber de prevención” del estado colombiano frente a las violencias contra las mujeres, el cual deberá garantizar los principios de pertinencia social y cultural.

8. Cuestionamos la legitimación del sujeto “víctima” y su uso como categoría de identificación/adscripción porque despoja a las mujeres de su capacidad de agencia, homogeniza sus experiencias y opera como mecanismo para superponer y/o suprimir la existencia del “sujeto/a de derechos”.

Hemos argumentado en otro trabajo (Amador Ospina, Anzola, Caviedes, Houghton y Rocha, 2016) que en los últimos años, dos hitos fundamentales están en la base de una notable expansión del campo político y académico del sujeto “víctima”: la Ley 1448 de 2011 y la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Su promulgación ha tenido efectos políticos diversos en el proceso de construcción de memorias públicas, en la formulación e implementación de políticas públicas de la memoria y la reparación, en la emergencia de nuevos sujetos y en los contornos de reconocimiento de quién entraría dentro de dicha clasificación. Ha sido, de esta manera, un campo de disputa. Si bien este mecanismo de diálogo parte de reconocer los procesos históricos de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades negras/afrocolombianas en general, y de las mujeres, en particular, también insistirá en la importancia de desnaturalizar los significados hegemónicos atribuidos a la categoría “víctima” y al universo moral que constituye. Lo hace porque como hemos podido indagar a lo largo de este proceso, lo que viene ocurriendo es que dicha adscripción/identificación está suplantando y/o suprimiendo la existencia del “sujeto de derechos”, lo cual transforma sustancialmente la naturaleza de los sujetos, de los reclamos y reivindicaciones que esgrimen, así como sus relaciones históricas con el estado colombiano. Suscribir y alimentar este relato no sólo resta posibilidades para la profundización de la participación e incidencia política de las mujeres así como la lucha contra las violencias que viven, sino que también anula la posibilidad de transformar y replantear el canon desde el cual nos estamos aproximando a estos fenómenos.

9. Armonización de Auto 004-005, Ley de víctimas y Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado

-El mecanismo de diálogo llamará la atención sobre la profunda despolitización de la Ley 1448 de 2011, así como de la existencia de una especie de “inercia institucional” que enfatiza en el desplazamiento forzado de las mujeres a raíz del gran impacto que tuvo la Sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado y posteriormente los Autos 092, 004 y

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005. Aunque no queremos desconocer la importancia de los mencionados instrumentos jurídicos, sí es importante señalar que aun cuando la Ley 1448 de 2011 reconoce otros hechos victimizantes, su articulado así como las y los funcionarios encargados de su implementación suelen priorizar el desplazamiento forzado. De manera que varias de las medidas de prevención, atención y reparación están pensadas en función de éste, lo cual resulta bastante problemático.

Identificación de los escenarios de incidencia inmediatos A lo largo de este proceso hemos reiterado la importancia de estudiar y comprender con mayor profundidad la manera como se estructura el continuum de violencias en las experiencias de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas. Aunque hemos enfatizado en las violencias ejercidas por los actores armados, insistimos en la urgencia de comprender cómo se conectan y constituyen mutuamente con otras violencias hacia las mujeres. El actual contexto de implementación de los Acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC y el proceso de negociación con el ELN abre escenarios clave para visibilizar las propuestas de las mujeres y exigir su inclusión en las políticas que se están dinamizando en el momento que vive el país. Como hemos insistido a lo largo de esta investigación, una de las discusiones centrales del proceso de paz es la construcción e implementación de medidas específicas de No repetición, que tienden a ser las más difíciles de concretar. Consideramos que uno de los ejes clave para avanzar en una paz estable y duradera y, de manera transversal, en medidas de no repetición, es la participación. A continuación mencionamos algunos de los escenarios de participación e incidencia más importantes en el contexto actual y, más adelante, profundizaremos en algunos de ellos.

Planes de Desarrollo municipales y regionales. Mesa de Víctimas municipal, departamental y nacional. Construcción del Plan de

Atención Territorial (PAT) en este contexto: debe responder a especificidades municipales y evidenciar las similitudes o diferencias regionales. Lo que ha ocurrido hasta el momento es que son copiados.

Comités de Justicia Transicional. Protocolos de participación diferenciales para las mujeres en los PIRC. Necesitamos visibilizarnos en los Acuerdos de Paz y más allá, en la paz completa,

con todos los actores. Comisión de la Verdad: una de las propuestas es que el departamento del Cauca

tenga la sede para la región sur.

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Comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una instancia fundamental para las mujeres. El propósito es construir una iniciativa regional frente a ese proceso.

PDET y PISDA. Los PDET son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Son escenarios para discutir cómo queremos que sea el desarrollo en estos territorios. Los municipios de norte del Cauca son 7 y 2 del sur del Valle (Morales, Suarez, Buenos Aires, Caloto, Caldono, Toribio, Jambaló, Santander de Quilichao, Piendamó y Cajibío, en el Cauca y Pradera y Florida en el Sur del Valle).

Participación y seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico que contempla el Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC desde una perspectiva de género.

Ley 1257 de 2008. En este momento hay un escenario clave porque la CPEM junto con la Gobernación del Cauca está generando una ruta de empleabilidad para implementar el 2733 de 2012 que reglamenta el artículo 34 de la ley 1257. Busca que todas las empresas que contraten a mujeres que hayan sido víctimas de violencias y que tengan mediadas de protección o tengan un proceso legal en curso puedan tener una exención de impuestos. De manera que el decreto pretende incentivar a las mujeres acceden a las rutas de atención y protección.

Vale la pena mencionar que en este momento de transición política del país el asunto no es si la participación aparece incorporada en los acuerdos y la negociación de paz porque de hecho en ambos lo está. Se trata, más bien, de las garantías y alcances efectivos del proceso de participación de la sociedad, en general, y de las mujeres, en particular. Por esta razón, a continuación profundizaremos en algunos escenarios clave de participación para las mujeres con el fin de acceder a la justicia y mejorar las garantías para el goce pleno de sus derechos, desde una perspectiva tanto individual como colectiva. Estos escenarios son relevantes para la propuesta de estrategia para la participación e incidencia de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas en relación con otras mujeres de sus territorios. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET- El decreto 893 expedido el 28 de mayo de 2017 regula la creación de los PDET. Retomando el articulado del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el decreto señala que el objetivo de los PDET es "lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”. La transformación debe asegurar, entre otros factores, el bienestar y buen vivir de la población en zonas rurales, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, el desarrollo de la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las

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comunidades y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación (Decreto N°893 de 2017). El acuerdo de paz estipula que, en la base de construcción de los PDET, se debe promover “la participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales”. De manera específica plantea que se debe incluir la “presencia representativa de las comunidades, incluyendo la de las mujeres rurales y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control”. El decreto también plantea que en la creación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), constitutivos de los PDET, se tendrá en cuenta un “Enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres rurales”. El capítulo II del decreto estipula las medidas necesarias para la construcción de los PDET en “territorios de pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos”. Una de las medidas más relevantes es la consulta que, según el decreto, se entenderá “como la garantía de participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de los PDET y los PATR”. Además, se deben garantizar los mecanismos de coordinación con las autoridades étnicas para la construcción e implementación de los PATR y PDET. Uno de los ocho lineamientos de la planeación participativa de los PDET en los pueblos étnicos es: mujer, familia y generación, el cual vincula las formas en las que varias organizaciones indígenas y negras/afrocolombianas han nombrado sus estrategias de lucha y organización que incluyen a las mujeres, la familia y otros actores como jóvenes y mayores. Además, el decreto deja abierta la incorporación de otros lineamientos cuando el número ocho afirma que se deberán tener en cuenta: “Las demás que sean requeridas y priorizadas para el desarrollo de los pueblos, comunidades y grupos étnicos”. El decreto establece 16 zonas PDET que incluyen 170 municipios en diferentes partes del país. En el caso del departamento del Cauca, se definieron dos PDET. El primero de ellos cobija los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay que, junto con Buenaventura, hacen parte del PDET Pacífico Medio. De otro lado, está el PDET Alto Patía- Norte del Cauca, que cobija los municipios de Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, el Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el departamento del Cauca; Cumbitara, Policarpa, El Rosario, Leiva y Los Andes, en el departamento de Nariño y Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Los criterios para priorizar estos municipios fueron: grado de afectación del conflicto armado, altos niveles de pobreza, presencia de cultivos de uso ilícito y “debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión”. Dentro de las afectaciones por causa del conflicto armado, el decreto reconoció además de la intensidad de las confrontaciones militares, variables de victimización como:

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“tasas de homicidio, secuestro, masacres, despojo, desplazamiento, víctimas por minas antipersona, desaparición forzada y asesinatos de sindicalistas, autoridades locales, periodistas y reclamantes de tierras”. En este sentido, el PDET tiene una conexión importante con los procesos de reparación de quienes han vivido procesos de victimización y sus comunidades, en tanto se construirá y ejecutará en territorios donde el conflicto ha sido intenso. Siendo este uno de los criterios de priorización de los municipios, es muy importante que los PATR impliquen no sólo la participación de las mujeres, sino que incorpore medidas de reparación y no repetición para el logro de una transformación de los territorios. Propuestas para un enfoque de mujeres y género en la construcción de los PATR y los PDET En el mes de septiembre de 2017, diferentes organizaciones zonales y regionales como Mujeres Diversas y paz, Ruta Pacífica de las mujeres, Red Departamental de Mujeres, Programa Mujer ACIN, junto con el apoyo de instituciones como la Defensoría comunitaria del Pueblo, la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría Departamental de la Mujer y organismos aliados como MAPP- OEA y ONU- Mujeres, convocaron un encuentro de mujeres de los municipios del norte del Cauca incluidos en los PDET para socializar la ruta metodológica y avanzar en propuestas de las mujeres3. Este espacio contó con la participación de la Agencia de Renovación del Territorio, ART. En el marco del Convenio suscrito entre la Corporación Ensayos y la CPEM, apoyamos la participación de mujeres lideresas de algunos municipios en las reuniones de preparación del encuentro y pusimos a disposición un directorio de mujeres que participaron en los talleres de formación y sensibilización para que pudieran ser convocadas. Uno de los resultados colectivos de dicho encuentro fue la definición de criterios para garantizar la participación de las mujeres en los escenarios base para la construcción de los PATR. Reproducimos a continuación los criterios planteados que fueron asumidos por la ART en el marco del encuentro: “Garantías para la participación con perspectiva de género. Propuestas del encuentro de formación de mujeres para la incidencia en los PDET dirigidas a la ART”.

Incluir en las circulares (escritas y por otros medios) de convocatoria a las pre- asambleas y asambleas dirigidas a organizaciones e instituciones y demás actores que se garantice la participación equitativa de mujeres y personas diversas sexualmente.

3 El encuentro tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre de 2017 en el municipio de Santander de Quilichao, y contó con la participación de aproximadamente 120 mujeres de los municipios de Jambaló, Toribío, Caloto, Caldono, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires y Miranda.

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Los equipos, gestores y gestoras de la ART deben instar en las pre-asambleas para que la conformación de los grupos delegados que asisten a las asambleas municipales tengan en cuenta criterios de género, generación y étnicos. Nuestra propuesta es paridad política.

Incluir dentro de los lineamientos posibles de cada pilar las propuestas más representativas surgidas en este espacio para ser tenidas en cuenta en las discusiones de los pactos. Los insumos de estos encuentros serán parte de un derrotero temático para la ART.

La ART debe socializar en las pre-asambleas para conocimiento de todas y todos los hallazgos y propuestas hechas por las mujeres en este encuentro.

Los procesos de acompañamiento técnico a los comités delegados de las veredas para la constitución de los PATR deben contar con una necesaria revisión y alimentación de perspectiva de mujeres y género.

La determinación de fechas y horarios de las pre-asambleas deben considerar días que no limiten la participación de las mujeres, por ejemplo, días de mercado en los pueblos.

Hacer acuerdos con alcaldías e instituciones educativas y universidades para que se den permisos académicos los días de las pre-asambleas y asambleas para facilitar la participación de docentes y estudiantes”.

Los criterios anteriores representan medidas concretas dirigidas a la ART como resultado de un ejercicio práctico de incidencia. No obstante, es importante que los criterios sean conocidos, difundidos e impulsados por las mujeres en los escenarios de pre-asamblea y asamblea. Es necesario hacer el seguimiento respectivo a su cumplimiento desde las instancias organizativas de las mujeres en la región. De igual manera, atendiendo al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de La Habana y el capítulo II del decreto 803/ 2017, la ART debe hacer procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado para definir la ruta de construcción del PDET. Al respecto, nos parece importante tener en cuenta los siguientes elementos, adicionales a los mencionados antes:

Las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas deben ser parte de los equipos de impulso que se definan para la realización de pre-asambleas, asambleas o cualquier otra figura que definan las comunidades indígenas y negras/afrocolombianas para la construcción del PATR y PDET.

Al igual que en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), es clave que exista un escenario preparatorio de formación de las mujeres para poder participar en los espacios comunitarios y definir las propuestas clave que constituirán el PATR.

En los procesos de armonización de los PATR y el PDET con los planes de vida, planes de etnodesarrollo y otros, es fundamental la participación de las mujeres para que este proceso recoja también sus necesidades y propuestas.

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La construcción de los PATR y PDET deben incorporar mecanismos concretos de seguimiento a su implementación, en los cuales deben participar las autoridades indígenas y negras/afrocolombianas y garantizar la participación de las mujeres para evidenciar los niveles de avance respecto a sus propuestas.

Programa Mujer y Familia, pueblo totoroez

El Programa Mujer y Familia del pueblo Totoroez tiene una condición geográfica y social

y política distinta al norte del Cauca. El mecanismo de diálogo adopta los mismos

criterios, pero resulta importante señalar unos espacios particulares y una ruta

específica que implicaría el siguiente camino:

El PMF podría fortalecer su estructura generando un equipo de coordinación que

involucre a mujeres de otros sectores del cabildo por ejemplo, educadoras,

promotoras de salud y jóvenes. En este caso, la comisión de diálogo e incidencia

podría ser conformada por una coordinación ampliada del PMF. Como escenarios concretos de incidencia y de acuerdo al plan propuesto por las

mujeres es clave que ellas puedan nutrir el plan de incidencia y establecer un

cronograma para su implementación. Su primera apuesta es la escuela de

formación para lo cual es fundamental que la coordinación ampliada pueda

desarrollar una interlocución con posibles aliados/as para el diseño de la escuela

y su financiación: cabildo indígena, enlace de género municipal, enlace de

género departamental y secretaria de gobierno departamental. Otro de los escenarios clave para el PMF es la mesa de víctimas municipal, con la

cual es relevante fortalecer la relación e incidir para promover otra de las

propuestas recogidas en el plan de incidencia: la caracterización de los casos de

mujeres víctimas, la revisión del estado de los mismos y el diseño de un

mecanismo para poder incluir casos de mujeres víctimas que no hicieron la

declaración en los tiempos estipulados por el PDET. Otro de los escenarios, sigue siendo los asociados al AUTO 004. Al respecto, el

plan de incidencia diseñado por las mujeres en el marco de este convenio, puede

ajustarse e incluirse en la matriz del Auto 004 para reforzar las acciones de

salvaguarda que incorporen a las mujeres indígenas Finalmente, es clave potenciar los espacios de encuentro de las mujeres

indígenas del pueblo Totoroez con otras mujeres del departamento, para lo cual

resultaría fundamental la interlocución de la coordinación ampliada del PMF con

la Comisión de Incidencia de mujeres indígenas, negras y afro del norte del Cauca

con el fin de aunar esfuerzos para participar en espacios formativos y posible

interlocución institucional. Otro de los escenarios clave de incidencia para las mujeres del PMF y teniendo en

cuenta en el contexto organizativo realizado en el documento N°2 en el marco

del proceso de investigación, es el programa mujer del CRIC. Este escenario

resulta fundamental con el fin de fortalecer la organización y capacidad de

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interlocución del PMF de Totoró a nivel regional desde un escenario de

coordinación indígena.

3. Plan de incidencia política

Estrategias, líneas de acción y resultados esperados Hemos señalado que uno de los objetivos del mecanismo de diálogo es “Fortalecer las capacidades de incidencia y participación política de las mujeres negras/afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado y la institucionalidad en materia de violencias de género, participación y liderazgo”. La importancia de este propósito encuentra su principal fundamento en el entendido de que sólo esto garantizará la pervivencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos así como de las mujeres que los conforman. Si el reconocimiento y respeto al derecho a la libre determinación y a la autonomía así como a la definición y puesta en marcha de estrategias social y culturalmente pertinentes concebidas de manera autónoma se configuran como el principal horizonte ético y político, una de las estrategias fundamentales de este mecanismo de diálogo es el Fortalecimiento de las organizaciones, colectivas y liderazgos de mujeres indígenas y negras/afrocolombianas. Las líneas de acción que contempla esta estrategia son: 1) Formación y autoreconocimiento, cuyo resultado principal será la conformación de un sujeto-proceso colectivo de mujeres negras/afrocolombianas e indígenas que tengan capacidad para la interlocución y la incidencia en las diferentes instancias del sistema de atención, protección y reparación a víctimas. Como acciones principales prevé el Diseño de un “proceso formativo” que tendrá las siguientes características: a) Pensado como programa permanente, que supere de manera sensible el esquema de talleres aislados y dependientes de ofertas institucionales desarticuladas; b) Dirigido al conjunto de mujeres, organizadas y no organizadas; c) Con énfasis en formación para la incidencia ante instituciones responsables (manejo de rutas, procedimientos y obstáculos efectivamente encontrados), y con actualización sobre desarrollos normativos; d) Con pedagogías de “aprender haciendo”, prácticas en contexto y acumulación progresiva de competencias; e) Que permita la producción de mensajes, demandas y caracterizaciones realizadas por las propias mujeres interesadas; f) Acompañado de mecanismos de sistematización de los procesos formativos (incluidos los previamente realizados, si es el caso). 2) Investigación y formulación de propuestas que contempla los siguientes resultados: a) Obtener una valoración positiva y un reconocimiento formal de los estudios e informes de seguimiento producidos por las propias colectivas y agrupaciones de mujeres afros e indígenas; b) Formar equipos de seguimiento e investigación de mujeres indígenas y

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afros que tengan reconocimiento por parte del sistema institucional de atención, protección y reparación de víctimas; c) Posicionar ante el sistema de atención, protección y reparación los informes y caracterizaciones realizados directamente por mujeres afros e indígenas víctimas y d) Cualificar la interlocución de las colectivas, agrupaciones de mujeres afros e indígenas víctimas, en un modelo de propuestas técnicamente sustentadas (Ver las principales acciones para cada resultado esperado en la Matriz que adjuntamos). 3) Construcción de alianzas y redes. Sus principales resultados serán: a) Ganar la voluntad de las autoridades y liderazgos de esas organizaciones territoriales para incorporar prioridades, enfoques y planteamientos de mujeres víctimas; b) Acordar la conformación de una Comisión de Mujeres Víctimas en el marco de la formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, con la debida autonomía y garantías, y que prepare previamente las propuestas que deban ser incorporadas en dicho PIRC; c) Ganar al interior de la institucionalidad de las comunidades (las propias organizaciones comunitarias) la conformación de una Comisión de Asistencia Legal de Mujeres (afros e indígenas) que acompañe, facilite y en general contribuya a las mujeres víctimas en sus trámites, de forma cualificada y protegida; d) Ganar la voluntad de esas organizaciones para: reconocer y posicionar la problemática de las mujeres afros e indígenas sujetas de reparación en sus intervenciones públicas, acompañar las acciones de incidencia y reclamación que se desarrollen por las mujeres afros e indígenas interesadas, apoyar en los procesos formativos y de investigación emprendidos, apoyar con recursos los procesos de organización y movilización emprendidos, acompañar la búsqueda de recursos; e) Ganar la voluntad de las funcionarias aliadas para agilizar las demandas de mujeres víctimas en sus instituciones, conocer de forma oportuna las novedades de la política pública, así como acompañar a las mujeres víctimas en los trámites y reclamaciones en sus instituciones y otras (Ver las principales acciones para cada resultado esperado en la Matriz que adjuntamos). Ligado con lo anterior, el esfuerzo por fortalecer la participación política de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas en los municipios priorizados debe partir de ampliar el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho así como en la profundización de sus capacidades para una participación profunda, plural y diversa que posibilite una toma de decisiones argumentada. Resulta prioritario visibilizar su liderazgo a través del desarrollo de las capacidades comunicativas de las propias mujeres para que produzcan, difundan y legitimen mensajes públicos en defensa de sus derechos así como para que puedan desenvolverse con soltura, tranquilidad, fluidez, contundencia y seguridad ante diferentes actores a la hora de posicionar sus planteamientos. De igual manera, sensibilizar a sus comunidades, periodistas, funcionarios y funcionarias de las instituciones encargadas así como tomadorxs de decisiones para que reconozcan el papel de las mujeres, la gravedad de la situación frente a la reiterada violación de sus derechos y sus propuestas. Por esto, es fundamental adoptar una Estrategia de Comunicación, sensibilización y visibilización.

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Las líneas de acción que contempla esta estrategia son: 1) Visibilización de las colectivas, la cual contempla como principales resultados: a) Posicionar ante las instituciones a las colectivas, programas o agrupaciones informales de mujeres afros e indígenas víctimas de violencia política o despojo como actrices claves para la política pública; b) Posicionar ante la opinión pública a las colectivas, programas o agrupaciones informales de mujeres afros e indígenas víctimas de violencia política o despojo como actrices claves para la política pública. 2) Visibilización del problema cuyos principales resultados son: a) Ubicar en la agenda de los medios de comunicación locales y regionales como tema de interés el problema del incumplimiento de la reparación y protección de las mujeres afros e indígenas víctimas de violencia política y despojo; b) Lograr que los tomadorxs de decisiones del nivel departamental y nacional reconozcan la gravedad de la situación de incumplimiento (Ver las principales acciones para cada resultado esperado en la Matriz que adjuntamos). La ambientación pública de mensajes que promuevan la defensa de los derechos de las mujeres y la superación en derecho de todas las violaciones de las que han sido objeto, también tendrá que ir acompañada de una Estrategia de Influencia propuesta desde una perspectiva que busca construir mecanismos y posibilidades para superar los obstáculos a los que se enfrentan cotidianamente las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas para la participación política, el acceso a la justicia y la vida libre de violencias. Esta estrategia incluye varias líneas de acción:

1) Creación de espacios e instancias públicas de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política, que contempla los siguientes resultados:

a) Producir regularmente un hecho político que obligue a las instancias responsables de la Protección, Atención, Restitución y Reparación a agilizar su intervención, rendir cuentas y comprometerse públicamente con medidas específicas demandadas por las mujeres afros e indígenas interesadas, como medida adicional a sus propias obligaciones procedimentales; b) Ganar el compromiso de las diferentes instituciones para la unificación/armonización de la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia política y despojo; c) Sensibilizar sobre la necesidad de superar visiones racistas, discriminadoras y “civilizantes” que persisten en todos los actores involucrados en los procesos de protección y reparación; d) Lograr compromisos de adecuación de las ofertas en los programas de estabilización que contemplen los criterios de una educación adecuada a contextos culturales y económicos, una oferta de empleo y formación para el trabajo que superen la visión estereotipada de las mujeres en relación con los oficios que desempeñan (p.e. costura, artesanías) y se adecúe culturalmente y a los contextos socio-económicos regionales, así como la superación de una atención en salud que prioriza la concepción de la salud y la enfermedad desde una visión “occidental” y elimina el necesario diálogo intercultural sobre saberes médicos.

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2) Cabildeo en / ante espacios institucionales de atención, seguimiento e implementación. Los principales resultados que contempla esta línea, en función de sus destinatarias/os, son:

Ante la Procuraduría:

a) Lograr que la Procuraduría active una acción específica, permanente y sistemática para vigilar el cumplimiento de obligaciones de UARIV, URT, Departamento y Municipios en cuanto a derechos de las mujeres afros e indígenas victimizadas y sujetas de reparación;

Ante la Defensoría del Pueblo:

b) Lograr que la Defensoría active una acción permanente y sistemática para vigilar el cumplimiento de obligaciones de UARIV, URT, Departamento y Municipios y para acompañar activamente a las mujeres víctimas en procesos de incidencia y reclamación de sus derechos;

Ante la Corte Constitucional: c) Promover al interior de la Corte Constitucional un mayor y real conocimiento sobre el estado del cumplimiento de las órdenes del Auto 004/09, 005/09 y 092/09 y demás autos que se desprenden de su observancia (073/14 y 310/16), para las comunidades afrodescendientes de los municipios del Norte del Cauca y para el Pueblo indígena Totoró. Se espera que la corte emita un Auto de seguimiento específico para las comunidades indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca en el que, por una parte, se garantice el cumplimiento de lo ordenado a través de medidas y acciones efectivas y, por otra, se logre extender los efectos de dichos autos a las comunidades del Norte del Cauca, que sin estar en los anexos, por su condición de vulnerabilidad, requieren de medidas urgentes y efectivas;

Ante el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda: d) Lograr el compromiso del DNP para incrementar los recursos destinados a los entes territoriales y a la UARIV para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas de protección y reparación;

Ante la UARIV: e) Transformar el protocolo de registro de víctimas indígenas y negras/afrocolombianas colectivas de manera que se reconozca el papel de las autoridades indígenas y afros (en tanto autoridades públicas) como receptores y sustanciadores de la información sobre violencia contra mujeres a nivel individual y colectivo; se acoja la ausencia de diligencia de la UARIV en la diseminación de información a nivel comunitario, como “fuerza

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mayor” que impidió el registro de mujeres víctimas; se desarrollen jornadas –concertadas con autoridades indígenas y negras/afrocolombianas-- para la realización del registro que no ha podido realizarse previamente; f) Lograr el reconocimiento --con plenas garantías-- de las Comisiones de Asistencia Legal de Mujeres (afros e indígenas), que las autoridades y organizaciones indígenas y negras/afrocolombianas designen, para que acompañen, asesoren, faciliten y en general contribuyan a las mujeres víctimas en sus trámites, de forma cualificada y protegida. g) Incluir en sus protocolos y rutas, la conformación de Comisiones o Espacios de Mujeres Víctimas en el marco de la formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, con la debida autonomía y garantías, que se prepare y prepare previamente las propuestas que deban ser incorporadas en dicho PIRC. h) Ganar el compromiso de las diferentes instituciones para la unificación/armonización de la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia política y despojo. i) Garantizar que la Ruta de atención sea difundida efectivamente en los ámbitos territorios indígenas y afros, y no se restrinja a su envío por medios electrónicos. j) Lograr la incorporación de una visión compleja del enfoque diferencial, atendiendo elementos sub-diferenciales como la composición familiar, el tipo de violencia y daño sufridos, las relaciones vecinales, los patrones de residencia, entre otros.

Ante la URT: k) Transformar el protocolo de registro de reclamaciones de tierras de tal modo que parta de reconocer el papel de las autoridades indígenas y afros (en tanto autoridades públicas) como receptores y sustanciadores de la información sobre despojo a nivel individual y colectivo; acoja la ausencia de diligencia de URT en la diseminación de información a nivel comunitario, como “fuerza mayor” que impidió el registro de reclamaciones de mujeres despojadas o con abandono de predios; se desarrollen jornadas –concertadas con autoridades étnicas-- para la realización del registro que no ha podido realizarse previamente. l) Avanzar en solicitudes y restituciones colectivas de tierras hacia las mujeres. m) Lograr el reconocimiento --con plenas garantías-- de las Comisiones de Asistencia Legal de Mujeres (afros e indígenas), que las autoridades y organizaciones étnicas designen, para que acompañen, asesoren, faciliten y en general contribuyan a las mujeres víctimas en sus trámites, de forma cualificada y protegida.

Ante la CPEM: n) Posicionar la situación de mujeres indígenas y afros del Cauca como un asunto de primera línea en los programas de acompañamiento y formación, así como concretar la continuidad del apoyo formativo en 2018.

Ante la Fiscalía:

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ñ) Lograr el reconocimiento --con plenas garantías-- de las Comisiones de Asistencia Legal de Mujeres (afros e indígenas), que las autoridades y organizaciones étnicas designen, para que acompañen, asesoren, faciliten y en general contribuyan a las mujeres víctimas en sus trámites, de forma cualificada y protegida. Ante las alcaldías: o) Consensuar con las administraciones públicas los criterios de vinculación y funcionamiento de las Enlaces de Género locales, en términos de: a) Estabilidad y dedicación exclusiva de las personas designadas en sus cargos; b) formación (previa, preferiblemente; o en su fase de aprestamiento) en conocimiento de la normativa, enfoques étnico y de género, y en enfoques subdiferenciales (tipos de daño sufrido, tipo de permanencia, etc.). p) Acordar con Alcaldías (y Enlace de género) los procedimientos culturalmente adecuados de apoyo, acompañamiento y gestión a mujeres indígenas y afros víctimas que deben ser seguidos por las Enlaces de género. q) Acordar los contenidos básicos de los Planes Municipales de Desarrollo y con PDET (donde aplica) en materia de derechos de las mujeres indígenas y afros víctimas de violencia política y despojo. r) Consensuar una agenda de incidencia compartida ante UARIV, DNP y Ministerio de Hacienda, a efectos de presionar un presupuesto adecuado para cumplir las obligaciones locales en materia de atención, protección y reparación de víctimas, con énfasis en mujeres indígenas y afros.

Ante los Enlaces de Género:

s) Visibilizar y posicionar a las colectivas, agrupaciones e iniciativas de mujeres afros e indígenas como interlocutoras permanentes del Enlace de Género. t) Acordar mecanismos específicos de relacionamiento e información entre las mujeres y las Enlaces de género, a partir de propuestas propias de las mujeres, para agilizar los trámites de demanda de derechos. u) Ganar al Enlace de Género como aliada para el acompañamiento de las colectivas y agrupaciones de mujeres indígenas y afros víctimas en sus demás acciones de incidencia previstas en este Plan. Ante las Personerías municipales, Defensoría Comunitaria, Mesas de Víctimas: v) Acordar una acción sostenida de registro de mujeres indígenas y afros que no lo han hecho. w) Acordar un mecanismo permanente de diálogo con Enlace de Género, Enlace de Victimas y organizaciones o colectivas de mujeres afros e indígenas, para: a) Diseminar información, b) Advertir sobre plazos y novedades de los procesos; c) Impulsar las acciones jurídicas de reclamación a que haya lugar por incumplimiento de obligaciones.

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3) La línea de acción Cabildeo ante organismos de cooperación (estatal y multilateral) contempla los siguientes resultados: Ante USAID, PNUD, OIM

a) Lograr información transparente de su intervención (es el principal financiador en las acciones de UARIV). b) Concretar un protocolo/estrategia de articulación de la intervención que parta de las expectativas, necesidades y desafíos planteados por las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas quienes, a su vez, participarán en la definición del marco, sentido, alcances y resultados esperados de su intervención. c) Concretar compromisos de devolver información recogida de sesiones de trabajo con organizaciones y colectivos de mujeres víctimas.

4) La línea de acción Cabildeo ante organismos no gubernamentales de cooperación plantea resultados que van en consonancia con la línea anterior:

a) Armonizar la intervención de las ONG en los territorios, b) Propiciar el trabajo coordinado y colaborativo, c) Ganarlas para las tareas de incidencia en la institucionalidad.

5) La línea de acción Movilización activa de la opinión pública y 6) Acciones de presión / movilización estarán concentradas en la búsqueda de la mayoría de resultados anteriormente enunciados y funcionarán de manera articulada con la Estrategia de Comunicación, sensibilización y visibilización. Finalmente, el proceso de ajuste e implementación de este mecanismo de diálogo estará acompañado de manera continua y permanente de una Estrategia de Seguimiento y Evaluación formulada en clave del cumplimiento de los resultados esperados. Esta estrategia prevé la redacción y compilación de actas de reuniones y compromisos con la institucionalidad; un proceso de sistematización riguroso que permita garantizar no sólo una memoria consolidada de todo el proceso sino también la identificación de los avances y dificultades así como las proyecciones a futuro y la valoración de acuerdos cumplidos a través de una herramienta de software diseñada específicamente para esto.

Organizaciones e instituciones aliadas La Juntanza, Mujeres Diversas y Paz de Santander de Quilichao, Corporación Ensayos, Fondo Lunaria, Corporación Comunitar, Ruta Pacífica de Mujeres Cauca, Red Departamental de Mujeres, Defensoría del Pueblo, Programa de Antropología de UniCauca, Programa Trabajo Social UniValle, entre otras.

Criterios para la conformación del mecanismo de diálogo

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La conformación del mecanismo de diálogo atenderá a los principios de diversidad, representatividad, equidad, paridad política y pluralidad. Las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas elegirán una Comisión de Incidencia que será la encargada de la interlocución con las instituciones y velará por el respeto, reconocimiento, ejecución y adecuada financiación de las acciones propias definidas por las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas para la protección, prevención, atención, reparación y restitución previstas en el Plan de Incidencia política. Se propone que la Comisión tenga un equipo de coordinación de cuatro mujeres y que establezca un plan de trabajo de al menos una sesión mensual de reunión. La comisión de incidencia desarrollará un plan de trabajo que, incluye espacios de coordinación con instituciones de orden regional y nacional, para promover acciones tendientes a impulsar y apoyar las acciones de incidencia. Las instituciones prioritarias clave para apoyar las acciones de la comisión y aunar esfuerzos son la CPEM, la Secretaría de la Mujer y de Gobierno departamentales, Defensoría del Pueblo y Mapp- OEA. Las instituciones junto con el equipo de coordinación, establecerán puntos coincidentes del plan de trabajo de la comisión y de las líneas de acción estratégica de las instituciones en materia de violencias de género y acceso a la justicia para las mujeres. La finalidad es aunar esfuerzos y reforzar las propuestas de la Comisión tanto política como presupuestalmente si estas son coincidentes con las acciones y planes de trabajo de las instituciones. Otro de los aspectos clave es que la Comisión junto con las instituciones aliadas y Enlaces de Género puedan incluir sus propuestas en los planes de desarrollo municipales y departamental para generar apoyos financieros desde las partidas presupuestales con las que cuenten estas entidades. Igualmente, se aspira a que las organizaciones de mujeres y o mixtas puedan asignar de sus presupuestos propios recursos para apoyar las acciones de incidencia. La cooperación internacional es otro actor clave para la financiación, para lo cual resulta fundamental que la Comisión de Incidencia pueda establecer relaciones políticas y alianzas con organismos de cooperación.

4. Otras recomendaciones En este apartado presentamos otras recomendaciones que consideramos pertinentes con el ánimo de complementar aquellas que presentamos en el Documento No. 2 y que resultan fundamentales para ampliar el Plan de incidencia que proponemos.

A. Es pertinente que las diferentes instancias logren construir mecanismos que permitan una adecuada coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en el marco de la jurisdicción especial, de manera que se supere el

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desconocimiento sobre y la exotización de las justicias comunitarias. Las mujeres podrían promover acciones de incidencia para lograr que:

a. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) coordine la

realización de investigaciones antropológicas e históricas sobre formas de justicia comunitaria en diferentes lugares del país desde la perspectiva de las mujeres indígenas y negras/afrocolombianas;

b. Diferentes entidades nacionales, regionales y locales consoliden un espacio periódico e itinerante de construcción de conocimientos e intercambio de experiencias entre mujeres indígenas y negras/afrocolombianas y operadores/as de justicia;

c. Los programas de derecho de las universidades públicas integren en su currículo una materia obligatoria sobre Pluralismo jurídico que incluya una práctica o pasantía universitaria en terreno para conocer las experiencias de las justicias comunitarias en diferentes lugares del país;

d. Los equipos de las entidades encargadas vinculen en sus equipos tanto profesionales en antropología como a mujeres que hacen parte de las Comisiones de Asistencia Legal que proponemos.

B. Vinculación del ámbito educativo para profundizar el enfoque de prevención de

las violencias hacia las mujeres, la reproducción de estereotipos de género, entre otros. Para esto:

a. Transversalizar el enfoque de género, desde una perspectiva social y

culturalmente pertinente, en la definición de los currículos escolares. b. Producción y difusión de campañas en el ámbito educativo.

C. Implementar estrategias que vinculen el enfoque de sostenibilidad y proyección

de las acciones porque en la mayoría de espacios se reiteró la inconformidad de las mujeres frente a “abrir la herida e irse”, “hacer la charla y de ahí no más”, entre otras, que generan un gran escepticismo en las mujeres que incide negativamente en su voluntad para la participación. Esto implica, a la vez, replantear los procesos de intervención desde una perspectiva que sea respetuosa de las experiencias de las mujeres y que no busque cumplir únicamente con la “lógica de proyectos” que ha causado efectos nefastos en los territorios porque no garantiza una continuidad de los procesos.

42

Referencias bibliográficas Albaine, L. (2016). Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Un análisis testimonial. Ciencia política, 11(21), 335-363. http://doi.org/https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.53903 Amador Ospina, M. (2016). De tulpas, mojanos, vacas y justicia. Una etnografía histórica de las experiencias de violación sexual de las mujeres nasa del norte del Cauca. Tesis de maestría, Departamento de Antropología Social, Universidad Nacional de San Martin-IDAES/IDES, Buenos Aires, (inédita). Amador Ospina, M., Anzola, J. S., Caviedes, M., Houghton, J., Rocha, J. (2016). Daño cultural: análisis crítico jurídico-antropológico y recomendaciones al Estado colombiano para su caracterización, prevención y reparación. Convenio Específico de Cooperación 09 suscrito entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH y la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política, (inédito). An-Na’Im, Abdullahi (ed.) (1991). Human Rights in Cross-Cultural Perspective: A Quest for Consensus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Fraser, N. (2015). Fortunas del feminismo: del capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal. Quito y Madrid: Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y Traficantes de Sueños. Granados, D. (2016). Paridad para la participación en la negociación de paz. Boletín N°1 Mujeres incidiendo: Participación para la paz en el Cauca y La Guajira. Disponible en: http://www.corporacionensayos.org/paridad-poltica. Hernández Castillo, R. A. (2001). Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico. Las mujeres indígenas y sus demandas de género. Debate feminista, 24, 206-229. Mahmood, S. (2005). Politics of piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press. MESECVI. (2014). Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Washington, DC: Comisión Interamericana De Mujeres. Segato, R. L. (2004). Antropología y derechos humanos: alteridad y ética en el movimiento de los derechos universales (No. 356). Universidade de Brasília, Departamento de Antropologia.

43

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44

Anexo

Matriz de incidencia

45

ESTRATEGI

AS LÍNEAS

ACTOR/ES Y

ACTRIZ/ES

ALIADXS

ACTOR/ES Y

ACTRIZ/ES

DESTINATARIX

S

RESULTADOS

ESPERADOS DE LA

LÍNEA ESTRATÉGICA

ACCIONES

PRINCIPALES

TIPO DE

ACCIONES /

MÉTODOS

Reforzamient

o de las

organizacione

s, colectivas y

liderazgos de

mujeres

indígenas y

afrodescendie

ntes

Formación

y auto-

reconocimie

nto

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Programa Mujer y

Familia Pueblo

Tontotuna,

Programa Mujer y

Familia ACIN,

Programas Mujer

de PCN y

ACCONC, Red de

Mujeres del Norte

del Cauca

REDMUNORCA,

Corporación Niñez,

Conformar un sujeto-

proceso colectivo de mujeres

afros e indígenas que tengan

capacidad para la

interlocución y la incidencia

en las diferentes instancias

del sistema de atención,

protección y reparación a

víctimas.

Elaboración de un censo de

colectivas (formales y no),

organizaciones e iniciativas

de mujeres afro e

indígenas, que manifiestan

interés en procesos de

prevención y reparación.

Elaboración de un

convenio entre

institucionalidad y

mujeres para la

elaboración del

censo.Conformación

de un equipo de

trabajo

interdisciplinario con

participación de

investigadoras

comunitarias.

46

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Juventud y Mujer

Nortecaucana,

colectivas no

organizadas de

mujeres de los

Consejos

Comunitarios de

Guachené, Caloto,

Santander, Buenos

Aires, Suárez y

Puerto Tejada.

Diseño de un “proceso

formativo” con las

siguientes características: a)

Pensado como programa

permanente, que supere de

manera sensible el esquema

de talleres aislados y

dependientes de ofertas

institucionales

desarticuladas; b) Dirigido

al conjunto de mujeres

víctimas, organizadas y no

organizadas; c) Con énfasis

en formación para la

incidencia ante

instituciones responsables

(manejo de rutas,

procedimientos y

obstáculos efectivamente

encontrados), y con

actualización sobre

desarrollos normativos; d)

Con pedagogías de

“aprender haciendo”

(visitas a instituciones,

acciones jurídicas reales,

etc,), prácticas en contexto

y acumulación progresiva

de competencias; e) Que

permita la producción de

mensajes, demandas y

caracterizaciones realizadas

por las propias mujeres

interesadas; f) Acompañado

de mecanismos de

sistematización de los

procesos formativos

(incluidos los previamente

realizados, si es el caso).

Diseño y puesta en

marcha del proceso

formativo.

Conformación de un

equipo entre

institucionalidad y

organizaciones

sociales para el diseño

la ejecución.

47

Investigació

n y

formulación

de

propuestas

Programa de

Antropología de

UniCauca,

Programa Trabajo

Social UniValle,

Corporación

Comunitar,

Corporación

Ensayos.

Organizaciones,

colectivas,

agrupaciones de

mujeres indígenas y

afros / Sistema de

atención, protección

y reparación a

víctimas.

Obtener una valoración

positiva y un reconocimiento

formal de los estudios e

informes de seguimiento

producidos por las propias

colectivas y agrupaciones de

mujeres afros e indígenas

víctimas.

Seguimiento del estado del

cumplimiento de los

procesos de atención,

restitución y reparación,

con desglose por

procedimiento, municipio y

sujetos interesados.

Informe anual de

situación de derechos

de mujeres víctimas y

estado del

cumplimiento de las

normativas de

reparación

Formar equipos de

seguimiento e investigación

de mujeres indígenas y afros

que tengan reconocimiento

por parte del sistema

institucional de atención,

protección y reparación de

víctimas.

Diseño y puesta en marcha

del Observatorio Regional

de Violencias hacia las

mujeres. // Conformación

de colectivas de mujeres

afros e indígenas con

capacidades para el

seguimiento de procesos de

atención, restitución y

reparación, y para la

caracterización de

fenómenos de violencia y

de sujetas de reparación.

En el proceso

formativo (Ver,línea

de formación y

autoreconocimiento)

destinar un módulo a

capacitación de

investigadoras

comunitarias.

Posicionar ante el sistema de

atención, protección y

reparación los informes y

caracterizaciones realizados

directamente por mujeres

afros e indígenas víctimas.

Estudio de caracterización

exhaustiva de mujeres

víctimas y sujetas de

reparación, con énfasis en

particularidades culturales.

Elaboración y

socialización con

institucionalidad de un

informe de

caracterización sobre

las mujeres víctimas.

48

Desarrollo de instrumentos

de sistematización de

información pertinente y

culturalmente adecuada

para la caracterización.

El equipo encargado

del proceso formativo

diseña el instrumento

adecuado.

Cualificar la interlocución

de las colectivas,

agrupaciones de mujeres

afros e indígenas víctimas,

en un modelo de propuestas

técnicamente sustentadas.

Formulación de propuestas

de ajuste y racionalización

de: a) rutas de atención

institucional; b) Modelos

de intervención de agentes

de cooperación; c)

Mecanismos de inclusión

de derechos y demandas en

los planes de desarrollo

territorial y planes

operativos institucionales.

Terminado el informe

y la caracterización, la

coordinación de

colectivas y de

organizaciones de

mujeres discuten y

presentan las

propuestas

correspondientes.

Construcció

n de

Alianzas y

redes

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Organizaciones:

ACONCC, ACIN,

Cabildo Tontotuna

Ganar la voluntad de las

autoridades y liderazgos de

esas organizaciones

territoriales para incorporar

prioridades, enfoques y

planteamientos de mujeres

víctimas.

Promover diálogos al

interior de las

organizaciones entre las

mujeres y las autoridades

para construir compromisos

y voluntad política

Definir los escenarios

particulares de cada

organización para

establecer los diálogos.

49

Lunaria Acordar la conformación de

una Comisión de Mujeres

Víctimas en el marco de la

formulación de los Planes

Integrales de Reparación

Colectiva, con la debida

autonomía y garantías, que

se prepare y prepare

previamente las propuestas

que deban ser incorporadas

en dicho PIRC.

En cada sujeto de

reparación colectiva, entre

institucionalidad y

comunidad se debe definir

el mecanismo y protocolo

de funcionamiento de la

Comisión, así como sus

alcances, tiempo de

funcionamiento, etc.

Al inicio de la

construcción de cada

PIRC, según

corresponda se debe

instalar la

conformación de esta

Comisión.

Ganar al interior de la

institucionalidad de las

comunidades la

conformación de una

Comisión de Asistencia

Legal de Mujeres (afros e

indígenas) que acompañe,

facilite y en general

contribuya a las mujeres

víctimas en sus trámites, de

forma cualificada y

protegida.

Acuerdos establecidos para

la conformación de la

Comisión, funcionamiento,

objetivos y alcances.

Establecer una

interlocución con la

institucionalidad

encargada en especial,

Defensoría, para

formar equipos al

interior de las

comunidades que

puedan brindar el

acompañamiento a las

mujeres en los

trámites.

50

No

gubernamentales:

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de Mujeres

Cauca, Red

Departamental de

Mujeres.

Ganar la voluntad de esas

organizaciones para: a)

Reconocer y posicionar la

problemática de las mujeres

afros e indígenas sujetas de

reparación en sus

intervenciones públicas; b)

Acompañar las acciones de

incidencia y reclamación

que se desarrollen por las


interesadas; c) Apoyar en los

procesos formativos y de

investigación emprendidos;

d) Apoyar con recursos los

procesos de organización y

movilización emprendidos;

e) Acompañar la búsqueda

de recursos.

Acuerdos con

organizaciones sociales con

criterios específicos para el

acompañamiento y

seguimiento a los casos y

procesos de mujeres

víctimas.

Reuniones de

interlocución entre

organizaciones de

mujeres indigenas y

afro con

organizaciones

sociales para

construcción de

acuerdos y criterios de

acompañamiento.

Institucionales:

Enlace de Víctimas

Departamental,

Secretaria

departamental de la

mujer, Defensora

Comunitaria,

UARIV Cauca,

CPEM Bogotá.

Ganar la voluntad de esas

funcionarias amigas, para: a)

agilizar las demandas de

mujeres víctimas al interior

de sus instituciones; b)

conocer de forma oportuna

las novedades de la política

pública; c) acompañar a las

mujeres víctimas en los

trámites y reclamaciones en

sus instituciones y otras.

Acuerdos con instituciones

con criterios específicos

para el acompañamiento y

seguimiento a los casos y

procesos de mujeres

víctimas.

Reuniones de

interlocución entre

organizaciones de

mujeres indigenas y

afro con

institucionalidad para

construcción de

acuerdos y criterios de

acompañamiento.

51

Comunicació

n y

visibilización

Visibilizació

n de las

colectivas

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo,

Confluencia de

Mujeres

Gobernador del

departamento,

Alcaldes/as

municipales,

directorxs de

partidos políticos,

directorxs

regionales de

UARIV, URT,

Fiscalía,

Defensoría.

Posicionar ante las

instituciones a las colectivas,

programas o agrupaciones

informales de mujeres afros

e indígenas víctimas de

violencia política o despojo

como actrices claves para la

política pública.

Campaña de ambientación

de mensajes públicos para

posicionar los liderazgos de

las mujeres y la situación

de sus derechos

Uso de redes sociales

para visibilizar los

liderazgos y

pronunciamientos de

las mujeres

Opinión pública

regional

Posicionar ante la opinión

pública a las colectivas,

programas o agrupaciones

informales de mujeres afros

e indígenas víctimas de

violencia política o despojo

como actrices claves para la

política pública.





de sus derechos



liderazgos y

pronunciamientos de

las mujeres

52

Visibilizació

n del

problema

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo,

Confluencia de

Mujeres, ACIN,

PCN, ACONCC,

Cabildo Totoró

Formadores de

opinión de medios

de comunicación

locales y

regionales;

gobernador del

departamento y

directorxs de los

partidos políticos.

Ubicar en la agenda de los

medios de comunicación

locales y regionales como

tema de interés 1-A el

problema del

incumplimiento de la

reparación y protección de

las mujeres afros e indígenas

víctimas de violencia

política y despojo.





de sus derechos



liderazgos y

pronunciamientos de

las mujeres. Diálogos

con medios de

comunicación social

para establecer

períodicamente

reportajes y una sesión

sobre los derechos de

las mujeres.

Lograr que los tomadorxs de

decisiones del nivel

departamental y nacional

reconozcan la gravedad de la

situación de incumplimiento.





de sus derechos

Diálogos con

tomadorxs de

decisiones para

socializar situació de

las mujeres víctimas

53

Influencia

Creación de

espacios e

instancias

públicas de

seguimiento,

monitoreo y

evaluación

de la

política

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Locales:

Personerxs,

Alcaldes/as,

Enlaces de género,

Secretarías

municipales de

gobierno, salud y

educación,

Comandante de

Policía. /

Departamentales:

Procuraduría

Regional,

Defensoría

Regional, Fiscalía,

Secretarías

departamentales de

Gobierno, Mujer,

Salud y Educación ,

Comandante de

Policía regional,

UARIV regional,

URT regional,

Tribunal de Tierras,

Mesas de Víctimas.

Producir regularmente un

hecho político que obligue a

las instancias responsables

de la Protección, Atención,

Restitución y Reparación a

agilizar su intervención,

rendir cuentas y

comprometerse

públicamente con medidas

específicas demandadas por

las mujeres afros e indígenas

interesadas, como medida

adicional a sus propias

obligaciones

procedimentales.

Diseño y legitimación

(política y normativa) de un

espacio público de

rendición de cuentas,

seguimiento y compromiso

de las instancias

responsables. /

Convocatoria y

compromiso a/de todas las

organizaciones e

instituciones interesadas. //

Diseño y puesta en marcha

del Observatorio Regional

de Violencias hacia las

mujeres // Elaboración y

presentación de Informe

propio de las

organizaciones étnico-

territoriales, Programas de

Mujeres y agrupaciones no

formales de mujeres

víctimas, con datos de

seguimiento,

cuestionamientos y

denuncias, y propuestas. /

Rendición de cuentas y

adopción de compromisos

por parte de las

instituciones responsables.

Audiencias o Cabildos

(abiertos al público)

con funcionarios,

medios de

comunicación y

organismos de control.

Ganar el compromiso de las

diferentes instituciones para

la unificación/armonización

de la ruta de atención a las

mujeres víctimas de

violencia política y despojo.

Sensibilizar sobre la

necesidad de superar

visiones racistas,

discriminadoras y

“civilizantes” que persisten

en todos los actores

involucrados en los procesos

de protección y reparación.

54

Nacionales:

Procuraduría

General de la

Nación, Defensoría

del Pueblo,

UARIV, UARIV

Étnica, URT,

Ministerios del

Interior, Educación,

Salud, Cultura,

Fiscalía, CPEM,

SENA

Lograr compromisos de

adecuación de las ofertas en

los programas de

estabilización, tales como: a)

educación adecuada a

contextos culturales y

económicos; b) oferta de

empleo y formación para el

trabajo que superen la visión

estereotipada de las mujeres

(p.e. costura, artesanías) y se

adecúe culturalmente y a los

contextos socio-económicos

regionales (p.e. manejo de

máquinas, etc.); c)

superación de la atención

medicalizada en salud (p.e.

atención psicosocial

occidentalizante) e

incorporación de

modalidades de diálogo

intercultural.

Diseño de unos

lineamientos y criterios

para mejorar la oferta

institucional para las

mujeres víctmas desde una

concepción antiracista y

antidiscriminatoria y con

pertinencia cultural y

social. Presentación de los

lineamientos ante la

institucionalidad. Firma de

acuerdos y compromisos

sobre los criterios y

lineamientos acogidos y

establecimiento de un

cronograma para ponerlos

en marcha.

Audiencias o Cabildos

(abiertos al público)

con funcionarios,

medios de

comunicación y

organismos de control.

Sensibilizar sobre la

necesidad de superar

visiones racistas,

discriminadoras y

“civilizantes” que persisten

en todos los actores

involucrados en los procesos

de protección y reparación.

55

Cabildeo en

/ ante

espacios

institucional

es de

atención,

seguimiento

e

implementa

ción

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Procuraduría

General de la

Nación

Lograr que la Procuraduría

active una acción específica,

permanente y sistemática

para vigilar el cumplimiento

de obligaciones de UARIV,

URT, Departamento y

Municipios en cuanto a

derechos de las mujeres

afros e indígenas

victimizadas y sujetas de

reparación.

Conformación de una

Comisión de Incidencia de


víctimas del departamento,

que: a) Esté cualificada de

acuerdo con un proceso

interno y permanente; b)

Tenga reconocimiento y

legitimidad de sus propias

organizaciones y

autoridades territoriales; c)

Disponga de propuestas de

ajustes y mejoramiento del

funcionamiento del

sistema. / Conformación de

una Comisión de Asistencia


Dialogos de

interlocución entre la

Comisión y la

Procuraduría y

Defensoría para

establecer una

propuesta sobre la

acción de vigilancia

para el cumplimiento

con relación a las

demandas de las

mujeres víctimas

56

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría.

Defensoría del

Pueblo

Lograr que la Defensoría

active una acción

permanente y sistemática

para: a) vigilar el

cumplimiento de

obligaciones de UARIV,

URT, Departamento y

Municipios; y b) acompañar

activamente a las mujeres

víctimas en procesos de

incidencia y reclamación de

sus derechos

indígenas) que tengan

competencias para el

acompañamiento politico,

jurídico y emocional a

mujeres víctimas que deban

adelantar trámites de

reconocimiento y

reclamación ante el sistema

de atención, reparación y

protección de víctimas. /

Realización de Giras por la

Institucionalidad por parte

de la Comisión de

Incidencia de Mujeres

Afros e Indígenas. /

Desarrollo de acciones de

presión por parte de

organizaciones aliadas para

abrir los espacios y

momentos de interlocución.

57

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Corte

Constitucional

Promover al interior de la

Corte Constitucional un

mayor y real conocimiento

sobre el estado del

cumplimiento de las órdenes

del Auto 004/09, 005/09 y

092/09 y demás autos que se

desprenden de su

observancia (073/14 y

310/16), para las

comunidades

afrodescendientes de los

municipios del Norte del

Cauca y para el Pueblo

indígena Totoro. Se espera

que la corte emita un Auto

de seguimiento específico

para las comunidades

indígenas y

afrodescendientes del Norte

del Cauca, en el cual, 1) se

garantice el cumplimiento de

lo ordenado a través de

medidas y acciones

efectivas. 2) se logré

extender los efectos de

dichos autos a las

comunidades del Norte del

Cauca, que sin estar en los

anexos, por su condición de

vulnerabilidad, requieren de

medidas urgentes y

efectivas.










organizaciones y




funcionamiento del










reconocimiento y




Realización de una Gira por

la Institucionalidad por

parte de la Comisión de








Dialogos de

interlocución entre la

Comisión y Corte

Constitucional con el

apoyo de

institucionalidad local,

regional y nacional

para establecer una

propuesta sobre la

acción de vigilancia

para el cumplimiento

con relación a las

demandas de las

mujeres víctimas con

base en la presentación

de un informe de

seguimiento a los

Autos y legislación

correspondiente.

58

Presentar a la Corte

Constitucional un informe

de seguimiento del

cumplimiento del Auto

004/09, 005/09 092/09 y

demás autos que se

desprenden de su

observancia.

59

Convocatoria a

Magistrados y Magistradas

para visitar a las

comunidades o reunirse con

las mujeres representantes

de dichas comunidades.

Sensibilizar a los

Magistrados y Magistradas

para lograr una audiencia

de la Corte Constitucional

en el Norte del Cauca. Esto

con varios propósitos: 1.

puede ser un espacio de

fortalecimiento de las

comunidades en sus

ejercicios de exigibilidad

de derechos, ya que las

autoridades estarán

obligadas a presentar

informes de acciones

realizadas para el

cumplimiento de las

ordenes de la CC en el

Norte del Cauca. 2) puede

ser un escenario en que las

comunidades den a conocer

sus iniciativas en aras del

cumplimiento de las

órdenes de la corte.

Documentación de

casos de comunidades

en riesgo; Informe de

seguimiento; Gira de

sensibilización

Magistrados/as CC;

Solicitud de Audiencia

ante la CC.

60

Alcaldías

municipales,

gobernación del

Cauca, UARIV,

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Departamento

Nacional de

Planeación y

Ministerio de

Hacienda

Lograr el compromiso del

DNP para Incrementar los

recursos destinados a los

entes territoriales y a la

UARIV para garantizar el

cumplimiento de las

obligaciones derivadas de

las medidas de protección y

reparación.

La Comisión de Incidencia

de mujeres afro e indígenas

víctimas del departamento

con apoyo de la

institucionalidad local y

nacional sostiene al menos

1 diálogo anual con el DNP

para incidir sobre los

recursos necesarios para

avanzar en los procesos de

reparación. Se estipulan

actas de compromisos y

mecanismos para hacer el

respectivo seguimiento.

Viajes y reuniones de

incidencia entre la

Comisión y

fucnioanrixs del DNP.

61

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

UARIV

Transformar el protocolo de

registro de víctimas étnicas

colectivas: a) Reconocer el

papel de las autoridades

indígenas y afros (en tanto

autoridades públicas) como

receptores y sustanciadores

de la información sobre

violencia contra mujeres a

nivel individual y colectivo;

b) Acoger la ausencia de

diligencia de UARIV en la

diseminación de información

a nivel comunitario, como

“fuerza mayor” que impidió

el registro de mujeres

víctimas; c) Desarrollar

jornadas –concertadas con

autoridades étnicas-- para la

realización del registro que

no ha podido realizarse

previamente.

La Comisión de Incidencia

de mujeres afro e indígenas

víctimas del departamento

con apoyo de la

institucionalidad local y

nacional sostiene al menos

1 diálogo anual con

UARIV para ajustes al

protocolo de registro de

víctimas étnicas colectivas.

Viajes y reuniones de

incidencia entre la

Comisión y

funcioanrixs de la

UARIV.

62

Lograr el reconocimiento --

con plenas garantías-- de las

Comisiones de Asistencia


indígenas), que las

autoridades y organizaciones

étnicas designen, para que

acompañen, asesoren,

faciliten y en general

contribuyan a las mujeres


forma cualificada y

protegida.










organizaciones y




funcionamiento del










reconocimiento y



La Comisión de

Incidencia elabora y

desarrolla un plan de

trabajo e incidencia

que implica reuniones

con institucionalidad y

apoyo a mujeres

víctimas. En cada

acción elabora un acta

de acuerdos y

mecanismos de

seguimiento para

poder hacer el

respectivo monitoreo.

Incluir en sus protocolos y

rutas, la conformación de

Comisiones o Espacios de

Mujeres Víctimas en el

marco de la formulación de

los Planes Integrales de

Reparación Colectiva, con la

debida autonomía y

garantías, que se prepare y

prepare previamente las

propuestas que deban ser

incorporadas en dicho PIRC.

63

Ganar el compromiso de las

diferentes instituciones para

la unificación/armonización

de la ruta de atención a las

mujeres víctimas de

violencia política y despojo.


Realización de Giras por la

Institucionalidad por parte

de la Comisión de








Garantizar que la Ruta de

atención sea difundida

efectivamente en los ámbitos

territorios indígenas y afros,

y no se restrinja a su envío

por medios electrónicos.

Lograr la incorporación de

una visión compleja del

enfoque diferencial,

atendiendo elementos sub-

diferenciales como: a)

composición familiar; b)

tipo de violencia y daño

sufridos; c) relaciones

vecinales; d) patrones de

residencia, etc.

64

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

URT


registro de reclamaciones de

tierras: a) Reconocer el






despojo a nivel individual y

colectivo; b) Acoger la

ausencia de diligencia de

URT en la diseminación de

información a nivel

comunitario, como “fuerza

mayor” que impidió el

registro de reclamaciones de

mujeres despojadas o con

abandono de predios; c)

Desarrollar jornadas –

concertadas con autoridades

étnicas-- para la realización

del registro que no ha

podido realizarse

previamente.










organizaciones y




funcionamiento del










reconocimiento y

La Comisión de






apoyo a mujeres

víctimas. En cada


de acuerdos y

mecanismos de

seguimiento para

poder hacer el

respectivo monitoreo.

65












forma cualificada y

protegida.














/ Diseño y puesta en

marcha del Observatorio

Regional de Violencias

hacia las mujeres //

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

CPEM

a) Posicionar la situación de

mujeres indígenas y afros

del Cauca como un asunto

de primera línea en los

programas de

acompañamiento y

formación; b) Concretar la

continuidad del apoyo

formativo en 2018.

66

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Fiscalía












forma cualificada y

protegida.










organizaciones y




funcionamiento del










reconocimiento y














67

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Alcaldías

municipales

Consensuar con las

administraciones públicas

los criterios de vinculación y

funcionamiento de las

Enlaces de Género locales,

en términos de: a)

Estabilidad y dedicación

exclusiva de las personas

designadas en sus cargos; b)

formación (previa,

preferiblemente; o en su fase

de aprestamiento) en

conocimiento de la

normativa, enfoques étnico y

de género, y en enfoques

subdiferenciales (tipos de

daño sufrido, tipo de

permanencia, etc. );










organizaciones y




funcionamiento del










reconocimiento y





La Comisión de






apoyo a mujeres

víctimas. En cada


de acuerdos y

mecanismos de

seguimiento para

poder hacer el

respectivo monitoreo. Acordar con Alcaldías (y

Enlace de género) los

procedimientos

culturalmente adecuados de

apoyo, acompañamiento y

gestión a mujeres indígenas

y afros víctimas que deben

ser seguidos por las Enlaces

de género.

68

Acordar los contenidos

básicos de los Planes

Territoriales municipales en

materia de derechos de las


víctimas de violencia

politica y despojo. .









momentos de interlocución. Consensuar una agenda de

incidencia compartida ante

UARIV, DNP y Ministerio

de Hacienda, a efectos de

presionar un presupuesto

adecuado para cumplir las

obligaciones locales en

materia de atención,

protección y reparación de

víctimas, con énfasis en

mujeres indígenas y afros.

Red de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Enlaces de género

Visibilizar y posicionar a las

colectivas, agrupaciones e

iniciativas de mujeres afros e

indígenas como

interlocutoras permanentes

del Enlace de Género.

69

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

Acordar mecanismos

específicos de

relacionamiento e

información, a partir de

propuestas propias de las

mujeres, para agilizar los

trámites de demanda de

derechos.

Ganar a la Enlace de Género

como aliada para el

acompañamiento de las

colectivas y agruppaciones

de mujeres indígenas y afros

víctimas en sus demás

acciones de incidencia

previstas en este Plan.

Red de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Personerías

municipales,

Defensoría

Comunitaria, Mesas

Acordar una acción

sostenida de registro de


que no lo han hecho.

70

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

de Víctimas Acordar un mecanismo

permanente de diálogo con

Enlace de Género, Enlace de

Victimas y organizaciones o

colectivas de mujeres afros e

indígenas, para: a)

Diseminar información, b)

Advertir sobre plazos y

novedades de los procesos;

c) Impulsar las acciones

jurídicas de reclamación a

que haya lugar por

incumplimiento de

obligaciones.

Cabildeo

ante

organismos

de

cooperación

(estatales y

multilateral

es)

Red de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

USAID

a) Lograr información

transparente de su

intervención (es el principal

financiador en las acciones

de UARIV). b) Concretar

compromisos de devolver

información recogida de

sesiones de trabajo con

organizaciones y colectivos

de mujeres víctimas.

Establecimiento de un

protocolo sobre manejo de

la información entre la


Mujeres afros e indígenas

con la USAID

Reuniones de

interlocución y

discusión de términos

del protocolo

71

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

PNUD, OIM

a) Lograr información

transparente de su

intervención. b) Concretar

compromisos de devolver

información recogida de

sesiones de trabajo con

organizaciones y colectivos

de mujeres víctimas.

Establecimiento de un

protocolo sobre manejo de

la información entre la


Mujeres afros e indígenas

con la OIM y PNUD

Reuniones de

interlocución y

discusión de términos

del protocolo

Cabildeo

ante

organismos

no

gubernamen

tales de

cooperación

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

La Juntanza, Red de

Mujeres Diversas

de Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de Mujeres

Cauca, Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

a) Armonizar la intervención

de las ONGs en los

territorios, b) Propiciar el

trabajo coordinado y

colaborativo, c) Ganarlas

para las tareas de incidencia

en la institucionalidad.

Realización de sesiones con

todas las organizacones no

gubernamentales que

intervienen en los

territorios para la

construcción de acuerdos y

plan de acción

Sesiones de trabajo

entre Comisión de

incidencia y ONG´s

Movilizació

n activa de

la opinión

pública

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

UARIV y URT

regionales,

Gobernación,

municipios

En principio, los resultados

esperados son similares a los

que se esperan de las

acciones de Cabildeo.

Envío masivo de derechos

de petición, envío de cartas

a medios de comunicación

locales, llamadas

Reuniones entre

Comisión de


para estalecer acuerdos

72

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.






















previamente.

telefónicas a funcionarixs

responsables, llamadas a y

participación en radio

comunitaria, envío de

mensajes por change.org

y difusión de acuerdos

en clave de campaña

por la defensa de los

derechos de las

mujeres víctimas a

través de redes sociales

y medios de

comunicación


presupuesto e

implementación de medidas

de protección y reparación

73

Acciones de

presión /

movilización

La Juntanza, Red

de Mujeres

Diversas de

Santander de

Quilichao,

Corporación

Ensayos, Fondo

Lunaria,

Corporación

Comunitar, Ruta

Pacífica de

Mujeres Cauca,

Red

Departamental de

Mujeres,

Defensoría del

Pueblo.

UARIV y URT

regionales,

Gobernación

En principio, los resultados

esperados son similares a los

que se esperan de las

acciones de Cabildeo.

Envío masivo de derechos

de petición, envío de cartas

a medios de comunicación

locales, llamadas

telefónicas a funcionarixs

responsables, llamadas a y

participación en radio

comunitaria, envío de

mensajes por change.org

Peregrinación a la

justicia: Romería de

mujeres afros e

indígenas por la

reparación / Plantones

de mujeres en UARIV.

Encuentros callejeros

con congresistas

indígenas, afros y

mujeres.

Movilizaciones






















previamente.

74


presupuesto e

implementación de medidas

de protección y reparación

Seguimiento y

evaluación Seguimiento

y evaluación

Programa Mujer y

Familia Pueblo

Tontotuna,

Programa Mujer y

Familia ACIN,

Programas Mujer

de PCN y

ACCONC, Red de

Mujeres del Norte

del Cauca

REDMUNORCA,

Corporación Niñez,

Juventud y Mujer

Nortecaucana,

colectivas no

organizadas de

mujeres de los

Consejos

Comunitarios de

Guachené, Caloto,

Santander, Buenos

Aires, Suárez y

Puerto Tejada.

Las mujeres víctimas

organizadas a través de la

Comisón de Incidencia

cuentan con un informe

anual sobre las acciones

realizadas y proyectan

ajustes, cambios y nuevas

acciones

Las mujeres cuentan con un

mecanismo de evaluación

constante de sus acciones

en clave del cumplimiento

de los resultados esperados.

Dicho mecanismo facilita

la proyección de nuevas

acciones y la evidenciación

de fortalezas y dicultades

Compilación de actas

de reuniones y

compromisos con

institucionalidad,

sistematización y

valoración de acuerdos

cumplidos a través de

herramienta de

software.

convenio de asociación 048/17 entre el dapre y corporación ... · convenio de asociación 048/17...

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