Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

Contribuciones al análisis y la incidencia en políticas

públicas desde el enfoque de Acción sin Daño (T1)

Jaime H. Urrego R∗

En medio de la cronicidad y complejidad del conflicto colombiano es evidente que, si bien

la sociedad no se ha precipitado hacia una situación de guerra generalizada, ha transitado

hacia situaciones de mayores niveles de inequidad socioeconómica y política; de

profundización de la crisis humanitaria; de violación sistemática de los derechos humanos y

de atención fragmentada e insuficiente a las víctimas del conflicto. Lo anterior ha sido

agenciado en buena parte por un régimen político fuertemente permeado por prácticas y

fuerzas ilegales, que viene quebrando el equilibrio de poderes al interior del Estado,

debilitando la institucionalidad y poniendo en marcha una profunda y progresiva

contrarreforma constitucional orientada al desmonte del Estado Social de Derecho.

En este contexto, el Estado, el conjunto de actores institucionales, políticos y

socioculturales, y la comunidad internacional –con visiones asimétricas y recursos de poder

e intereses distintos–, definen y ejecutan políticas públicas para atender a las víctimas del

conflicto, para generar procesos de desarrollo y para posicionar propuestas de paz. ¿De qué

manera y hasta qué punto la construcción y la ejecución de estas políticas brindan una

atención humanitaria, apuntalan procesos de desarrollo integral y sostenible, y aportan a la

superación del conflicto y al logro de la paz?, ¿Hasta dónde las acciones de cooperación y

los procesos de exigibilidad e incidencia de la sociedad civil se traducen en modificaciones

de dichas políticas y se enfocan en la construcción de sostenibilidad?

Es imperativo mejorar la capacidad de análisis e incidencia sobre los procesos de

decisión pública para que se traduzcan en políticas que contribuyan a no profundizar ni

alargar el sufrimiento, la revictimización, la inequidad, la dependencia, la exclusión y la

∗ Profesional de la salud, especialista en planeación del desarrollo y gerencia de la seguridad social, candidato a Doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia; asesor regional en fortalecimiento institucional y gestión de Diakonia - Suecia para América Latina. Docente de la Especialización de Acción sin Daño de la Universidad Nacional de Colombia

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! subordinación de los sectores sociales afectados y que, en cambio, se conviertan en

instrumentos que aporten en la transformación positiva de los conflictos, en el

fortalecimiento de las capacidades locales y en la consolidación de procesos de desarrollo

participativo, sostenible y de paz con justicia social.

En la perspectiva de contribuir a fortalecer los procesos de análisis e incidencia en

materia de políticas públicas a partir del enfoque de Acción sin Daño, el presente artículo

desarrolla cuatro ideas principales, así. 1) Elementos conceptuales sobre políticas públicas.

2) Un análisis del Estado y del régimen político actual en Colombia en medio del cual

transita el proceso de construcción de las políticas públicas. 3) Conceptos y ejemplos del

contexto colombiano referidos a los momentos de inscripción de problemas en la agenda

pública, formulación y toma de decisiones, e implementación y evaluación de las políticas

públicas, haciendo énfasis en los daños que se han producido. 4) Un abordaje general sobre

la incidencia en políticas públicas y el enfoque de Acción sin Daño. Para finalizar, se

plantean algunas reflexiones generales sobre el análisis y la incidencia en políticas públicas

desde el enfoque de Acción sin Daño.

Elementos conceptuales sobre políticas públicas

y su relación con el EASD(T2)

En los escenarios de trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz se ha

densificado la discusión sobre las políticas públicas y sobre cómo participar e incidir en

ellas. La identificación de las políticas públicas como objeto de estudio, de su relación con

el Estado y de sus elementos constitutivos contribuye a situar el debate y a prevenir riesgos

de simplificación y de paradójica despolitización en las prácticas en materia de política

pública, sobre todo en acciones de corto plazo. Con el fin de explicitar el enfoque a partir

del cual se abordan las políticas públicas en el presente artículose aportan elementos que

deben ser tenidos en cuenta en el proceso de su conceptualización. En este sentido, las

políticas públicas:

• Son acciones principalmente de la institucionalidad del Estado.Esto implica que

se convierten en la responsabilidad de un actor identificable y competente dentro del

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! Estado, revestido con grados de autoridad, legitimidad y poder coercitivo y, por tanto, de

obligaciones éticas, socio-jurídicas y políticas a considerar como de gran importancia para

el enfoque de Acción sin Daño.

• Reflejan una percepción específica de una problemática y de la forma de

enfrentarla, por lo que es una construcción sociopolítica dinámica y contradictoria que

expresa intereses y correlación de fuerzas de los actores involucrados por dentro y por fuera

del Estado.

• Se expresan en objetivos, procesos y medios organizados en programas de acción

visibles en las prácticas materiales y simbólicas. Los contenidos de la política no son

aislados, hacen parte de un cuerpo explícito o implícito de motivaciones e intereses que

concentra el decisor y que responden a una orientación normativa. No obstante, la política

pública "[...] se presenta como una abstracción cuyo contenido se trata precisamente de

reconstruir por agregación sucesiva, a partir de elementos empíricos dispersos en textos, en

presupuestos, organigramas, etc." (Meny y Thoening, 1992:92).

• Se desarrollan para y a través de actores sociales. La política pública es una práctica

desde el Estado, cuyo proceso de formación y destino involucra a otros actores sociales,

dependiendo de la configuración institucional y de los modelos de Estado, actores públicos,

privados y comunitarios.

• Tienen unos efectos y unas consecuencias que son parte del análisis.Para Meny y

Thoening, la política pública tiene también la función de producción de impactos y, más

allá, la política pública es una teoría y acción de cambio social.

• Son también procesos de construcción desde la sociedad. Los procesos de

resistencia y emancipación; los planes de vida de los grupos étnicos, de las mujeres y de los

diferentes actores sociales constituyen ejercicios de ciudadanía, de construcción de

contrahegemonía y de resolución de conflictos; en esa medida, son referentes y acciones de

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! incidencia política. Es preciso, sin embargo, que dichas iniciativas cristalicen en

instrumentos de política que vinculen al Estado, para que puedan considerarse políticas

públicas como tales. Es necesaria una vocación de articulación y participación política, más

allá de las fronteras de cada sector particular, hacia el ejercicio del poder político.

En síntesis, podría considerarse que una política pública es “el flujo de decisiones y

conjunto de acciones que desarrolla el Estado y su institucionalidad, a través de prácticas

materiales y simbólicas expresadas en normas, instituciones, programas, presupuestos y en

espacios temporales y territoriales concretos, como fruto de una contienda política de

poderes y saberes para afrontar una problemática y su representación, y para producir unos

resultados. Es un cuerpo invisible que sólo se reconstituye a través de la reflexión y la

investigación, y es una nueva puerta de entrada para la comprensión del Estado, sus fuerzas

y estructuras de poder” (McAdam& ál., 2005)

Consideraciones a tener en cuenta para el análisis e incidencia

en las políticas públicas en el contexto del Estado y del régimen

político en Colombia (T2)

A continuación se realiza una aproximación al concepto de Estado Social de Derecho,

señalando sus desarrollos, oportunidades y limitaciones. De manera complementaria y

especificadora, se hace una reflexión sobre el régimen político, el cual –bajo la impronta de

la “seguridad democrática”– en los últimos años de gobierno en Colombia generó

condiciones particulares para la transformación del Estado y para la dinámica social, con

amplias implicaciones sobre el proceso de configuración de las políticas públicas.

Colombia como Estado Social de Derecho (T3)

Actor y escenario a favor de la dignidad humana y de la garantía de los derechos

fundamentales a través de políticas públicas vinculantes, en medio de la reforma

neoliberal.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! En primer lugar, es necesario aclarar que, más que una definición sobre el tipo de Estado,

de lo que se trata aquí es de posicionar aspectos que se deben considerar a la hora de pensar

el Estado realmente existente en Colombia como “espacio y actor”1

Específicamente, la responsabilidad estatal debe expresarse –y particularmente, en

el marco de un Estado Social de Derecho– en la implementación de políticas públicas

(programas o planes) que aseguren el goce efectivo de los derechos; de igual forma, y para

terminar de ratificar el carácter vinculante de dicha responsabilidad, la Corte dictamina que

se viola el orden constitucional cuando no se cuenta con planes o programas que permitan

el cumplimiento de las obligaciones correlativas del Estado. La corte manifiesta que las

implicaciones de la identidad del Estado colombiano como “Social de Derecho” son

estructurales, sistemáticas y vinculantes, por lo que esta condición “le imprime un sentido,

de las políticas

públicas.

Se interpreta el Estado Social de Derecho como una fase diferenciada del Estado

Social, en la que la noción de justicia social está relacionada con la generación de

condiciones concretas para la realización de los derechos de ciudadanía, con fuertes

procesos de participación. En efecto, si bien “perviven el principio de legalidad y los

valores de seguridad, igualdad y libertad jurídicas propios del Estado de Derecho, se supera

el formalismo de tales principios mediante la defensa de un concepto sustantivo de justicia

social” (Quintero, (s/f):2).

En particular, a partir de 1991, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto

de Estado Social de Derecho ligado a la protección de la dignidad humana y a la realización

de los derechos fundamentales como elementos articuladores del ordenamiento del Estado,

con amplias implicaciones en la configuración de las políticas públicas, que aparecen como

instrumentos vinculantes de orden constitucional.

1El Estado es “al mismo tiempo, un actor y un lugar; este lugar tiene a la vez muchas mansiones y diferentes grados de autonomía y cohesión, aunque también responde a las presiones de los capitalistas, a las de los otros grandes actores de poder y a las necesidades más generales que expresa la sociedad". (Mann 1997, citado en Galindo, 2007: 164)

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! un carácter y unos objetivos específicos a la organización estatal en su conjunto, que resulta

–en consecuencia– obligatoria para las autoridades”2

Entendido el régimen político como el conjunto de condiciones legales, institucionales e

ideológicas en el marco de las cuales se estructuran la lucha y el ejercicio del poder dentro

de un Estado, a continuación se busca posicionar algunos aspectos relevantes para la

Sin embargo, ha habido un fuerte desfase y una contradicción entre los desarrollos

de los poderes ejecutivo y legislativo, y aquellos que se han señalado por parte del poder

judicial. En efecto, la crisis económica en los años ochenta llevó a que se instaurara un

nuevo orden económico mundial bajo el modelo neoliberal, con implicaciones

diferenciadas para los países centrales y periféricos.

Lo anterior no promovió un desmonte del Estado, sino su reconversión, para hacerlo

más eficiente y para garantizar el desarrollo del capital y las funciones de legitimación y

cohesión social, a través de la gobernabilidad y de la democracia basadas en elecciones

libres. En este contexto, los sucesivos gobiernos y el poder legislativo en Colombia han

implementado un proceso de desarrollo con ribetes de contrarreforma, evidente en diversos

campos como el laboral, de salud, educación, medioambiente y de minas y energía, entre

otros.

En este escenario, y en medio de un conflicto social, político y militar profundo,

complejo y creciente, la sociedad civil –en condiciones de fragmentación, de escasa

participación política y víctima de graves violaciones de derechos humanos– ha forjado, en

todo caso, un nuevo tipo de ciudadanía que se apoya en el poder judicial para incidir en las

políticas públicas, y que hace de este poder un actor fuerte en la configuración de dichas

políticas en el país, pero siempre en una dimensión subordinada al modelo de desarrollo

impuesto por los poderes ejecutivo y legislativo.

El régimen político y sus transformaciones recientes en Colombia (T3)

2 Corte Constitucional (2003). Sentencia T-772 de 2003, MP Manuel José Cepeda Espinosa. En sentencia T-760 de 2008, p. 31. http://www.escr-net.org/usr_doc/SentenciaSALUDT-760-2008.pdf., consultada Enero de 2010.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! comprensión del proceso de construcción de la política pública. Entre estos aspectos se

cuentan: el proceso de contrarreforma y desmonte del Estado Social de Derecho, la

recentralización del poder político del Estado en el ejecutivo, la debilidad de los partidos

políticos, el conflicto armado y las relaciones entre paramilitarismo, narcotráfico y Estado.

La Constitución del 91 significó un momento de transición y de enfrentamiento del

conflicto colombiano, orientado a la democratización de la sociedad y a la búsqueda de la

inclusión socioeconómica, y de mejores condiciones para el desarrollo sostenible y

equitativo. No obstante lo anterior, el modelo neoliberal y el tipo de políticas aplicadas por

los gobiernos a partir de entonces, han supuesto una dinámica contradictoria entre

profundización y desarrollo de los principios constitucionales y sucesivos procesos de

contrarreforma a todos los niveles.

En particular en los últimos años, se ha presentado de manera acelerada lo que

pudiera denominarse un fuerte proceso de desmonte del Estado Social de Derecho, por la

vía de la profundización de la economía de mercado, la apertura económica, la

privatización del sector público, la eliminación del equilibrio de poderes –en particular, con

la rama de la justicia–, la hegemonía del manejo militar del conflicto armado, la

estigmatización de las luchas sociales y la profundización de la violación de los derechos

humanos.

En otro sentido, más allá de una reducción real del aparato del Estado, se ha

presentado un fortalecimiento de éste por la vía de la recentralización del poder estatal en el

Ejecutivo, con el consecuente debilitamiento de la institucionalidad pública. La reelección

presidencial inmediata se convirtió, entre otras cosas, en el refuerzo a dicha tendencia de

centralización y en una perturbación grave del equilibrio de poderes, en particular, con la

rama judicial y los organismos de control.3

3Muestra de lo anterior fue la designación de magistrados en las altas Cortes y de funcionarios encargados de los organismos de control quedando, progresivamente, en manos de los aliados del gobierno.

Así mismo, se dio una fuerte habilitación de

dispositivos de mercado y de presencia de actores privados para la ejecución de la política

social, manejada a través de subsidios intermediados por el sector financiero (por ejemplo,

en los casos de la salud, educación, vivienda, concesiones para el manejo de sectores

estratégicos etc.).

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

En el campo de lo político, aunque se cuenta con un régimen de partidos, persiste un

modelo de bipartidismo liberal-conservador que resulta intolerante frente a las expresiones

de la oposición y que, aunque en los últimos años se agruparon alrededor del gobierno

como parte de la coalición liderada por las fuerzas afines alpresidente, mantiene sus

estructuras, clientelas y formas de acción a nivel territorial y sectorial.

Una dimensión que ha configurado un elemento sustancial que afecta el régimen

político en Colombia ha sido la de la imbricación entre la institucionalidad de sectores del

Estado con estructuras mafiosas y paramilitares, en lo que se ha llamado el fenómeno de la

parapolítica. Enel último periodo, este se configuró como un fenómeno sistemático, con

articulación económica, política y militar en amplias regiones del país; en principio en

nombre de la guerra antisubversiva y de la autodefensa de los sectores más afectados por la

guerrilla; pero, en definitiva, como parte de una estrategia de control social, económico,

político y militar a favor de un modelo de desarrollo extractivo, salvaje e ilegal, en asocio

con el narcotráfico, con diversos sectores de la institucionalidad pública y con el sector

privado nacional e internacional.

En relación con el conflicto armado, pero pese a los procesos de desmovilización,

las FARC y el ELN han mantenido su presencia y accionar en vastas regiones del país, en

dinámicas que han involucrado su articulación diferenciada con el narcotráfico, y la

comisión de violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y de prácticas

repudiables, como el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual contra las

mujeres y el secuestro, entre otras.

Bajo la denominación de lucha antiterrorista que deslegitimaba cualquier

motivación insurgente a las guerrillas y negaba la existencia de un conflicto armado,

elgobierno anterior implementó la política de seguridad democrática,4

4Para ampliar información ver al respecto: Presidencia de la República - Ministerio de Defensa (2003). Política de defensa y seguridad democrática, pp. 12-16. Consultado en enero 2010, en http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf.

en la que se

emprendió una ofensiva militar sin precedentes produciendo niveles de control del accionar

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! guerrillero pero sin lograr su eliminación, sino por el contrario, su reactivación.5 Al mismo

tiempo, generó el proceso de diálogo para la desmovilización de los grupos paramilitares

que derivó en la Ley de Justicia y Paz de 2005 la cual, según los últimos balances, viene

fracasando. Desde la perspectiva de las víctimas, no se ha avanzado en la realización de los

derechos a la verdad, la justicia y la reparación pues han aumentado la revictimización y el

hostigamiento a sus organizaciones, y el acceso a la verdad está limitado por la extradición

de los líderes paramilitares y la poca operatividad de la ley.6

¿De qué manera, en el proceso de construcción de las políticas públicas, se produce o se

aumenta el daño?Se entiende que el proceso de construcción es complejo e involucra,

aunque no de manera lineal, las cinco etapas que propone el modelo secuencial

Para concluir, en estas condiciones se puede afirmar que el conjunto de procesos de

formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas a nivel general, territorial y

sectorial ha tenido, de manera variable, la participación de fuerzas ilegales que ponen al

régimen político en una grave crisis de legitimidad.

El proceso de construcción de las políticas públicas.Una mirada

desde la Acción sin Daño (T2)

7

Para abordar esta pregunta, en cada una de las etapas del ciclo de política se

desarrollan los conceptos básicos y se ilustran ejemplos del contexto colombiano

para el

análisis de políticas públicas: La identificación del problema, la formulación de soluciones,

la toma de decisiones, la implementación y la evaluación.

5Sobre la reactivación de los grupos paramilitares y el incremento de las acciones de las FARC y el ELN ver: Corporación Nuevo Arco Iris - Observatorio del Conflicto Armado (2009)." La seguridad democrática en crisis", en Informe especial 2009 ¿El declive de la seguridad democrática? 6Un informe detallado del balance sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación lo constituye el documento producido por el Movimiento de Crímenes de Estado, Movice (MOVICE et ál, 2009: 208). 7El modelo secuencial fue desarrollado por Laswell en 1956 y por Jones en 1970 para el análisis de las políticas públicas. Aunque se ha cuestionado su carácter positivista y lineal, en realidad ha generado una infraestructura conceptual para el desarrollo de la investigación y el análisis de políticas públicas de cada etapa, sin necesidad de asumir la linealidad del modelo.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! relacionados con la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, en los cuales se evidencia la

producción de daño.

Construcción del problema e inscripción en la Agenda Pública (T3)

Elementos generales(T4)

Un primermomento lo constituyen la percepción y el reconocimiento del problema por

parte de uno o varios actores sociales. En un segundo momentose organiza el problema en

términos de formulación básica, causalidad, características, afectación e identificación de

los sujetos involucrados y del rol del Estado. Finalmente, se hace la inscripción del

problema –lo cual no siempre ocurre– en la agenda pública, definida como un "conjunto de

problemas percibidos que necesitan un debate público o, incluso, la intervención (activa) de

las autoridades públicas legítimas” (Padioleau, 1982, citado en Roth, 2002: 57).

A la inscripción se puede llegar por distintas vías (Roth, 2002:64), como la de la

movilización, cuando hay un conflicto evidente entre autoridad y grupos; la oferta política,

cuando la oposición genera la demanda; la mediatización, cuando los medios de

comunicación crean la oferta y movilizan la demanda, por lo general de manera ficticia y

transitoria; la anticipación, cuando la inscripción la hace la autoridad pública; y, finalmente,

la acción corporativa silenciosa, que se presenta cuando los grupos de poder, casi siempre

económico, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, llevan la

iniciativa.

Un aspecto central, relacionado con el posicionamiento de un problema, es que se

requiere que, a nivel político, ideológico y técnico, su lenguaje sea asequible para las

autoridades de turno. Esto implica negociaciones y cambios a las demandas originales,

materia de fuerte contienda política, en la medida en que la formulación de un problema y

su forma de inscripción determinan las formas de entendimiento de la solución. Cuando el

régimen es totalitario, es posible que no se logren negociaciones y se imponga una sola

mirada y un solo lenguaje alrededor del problema.

Algunos ejemplos y reflexión sobre los daños(T4)

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! Bajo el pasado régimen político, muchos problemas fueron inscritos en la agenda a

expensas de la autoridad pública, bajo presión corporativa de la inversión extranjera y de

los organismos multilaterales, y en medio de fuertes campañas mediáticas.8 La oposición y

la movilización social lograron pocas veces inscribir problemas en la agenda pública y

predominaron respuestas de estigmatización, anticipación y de dilación. En el caso del

referendo del agua,9

Bajo los conceptos de Estado comunitario y Estado de opinión, entre los que existe

continuidad y coherencia; el gobierno se abrogó la potestad de inscribir todo tipo de

problemas en la agenda pública, mediante la captura directa y con “estatuto de verdad” de

la opinión de la comunidad, conformando una “común opinión” sobre los asuntos públicos,

sacralizada luego de manera mediática en un ejercicio autoritario que lesionó principios

la sociedad civil logra inscribir, con el respaldo de más de dos

millones de firmas, el problema del agua como derecho humano y bien público; y el

Congreso, a expensas del gobierno, anticipa, tergiversa y recodifica en sentido contrario la

naturaleza del problema, al aprovechar la iniciativa para buscar una reforma que consolide

la política de privatización, deslegitimando así mecanismos de reforma legal a expensas de

la iniciativa popular.

En los últimos años, se ha estigmatizado el posicionamiento del problema de la paz

en la agenda pública como proceso de negociación política, como materia de participación

de toda la sociedad, y como elemento ligado a la justicia social y a la profundización de la

democracia. El discurso hegemónico en la agenda pública alrededor de la paz, tiende a

registrar sólo las iniciativas ligadas a la pacificación.

8Al respecto, debe analizarse todo el proceso de desprestigio de la gestión pública, presentada como ineficiente en el sector de servicios y producción industrial, como problema posicionado por el gobierno mismo y como parte de la presión de intereses corporativos, inversión extranjera y organismos multilaterales. 9Ha sido una iniciativa ciudadana para convocar un referendo que consagra el agua como un derecho y un bien público, que recibió trámite en el Congreso durante 2009; y aunque fue aprobada, la pregunta final con la cual sería convocada la consulta se cambió en el sentido de favorecer la privatización. Ante la presión nacional e internacional, en un año de discusión sobre el cambio climático, el Congreso reconsideró la discusión y, en diciembre de 2009, nuevamente el Congreso ratifica la continuidad del trámite, pero insistiendo en el cambio de la pregunta. Para mayor información, se puede consultar el artículo presentado en Razón Pública, en enero de 2010. http://www.censat.org/noticias/2010/1/28/El-Referendo-por-el-Agua-en-un-ano-de-grandes-decisiones/ Consultado en enero de 2010.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! democráticos ligados a la pluralidad, participación informada, el debate público, el trámite

institucional y el equilibrio entre las ramas del poder público. La exclusión o subordinación

de múltiples problemas, de manera sistemática, dentro de la lógica de la agenda pública

liderada por el gobierno, atentó contra la dignidad, autonomía y libertad de los diferentes

sujetos sociales que luchan por participar pacíficamente en la vida política del país.

Este tipo de práctica no lleva a la guerra ni a las armas a la sociedad en su conjunto

en el caso colombiano, pero sí alimenta el discurso y la práctica de los actores armados.

Paradójicamente, buena parte de la agenda sobre guerra y paz en Colombia la han colocado

los actores armados antes de la seguridad democrática, y con mayor fuerza durante ésta, sea

de manera activa o sea porque sirve de justificación para mantener el juego de la guerra en

los primeros lugares de la atención pública nacional e internacional.

Así, por ejemplo, en la primera semana de noviembre de 2008, cuando estaba

reunida la Minga indígena10

Ocho días después, el Gobierno accedió al encuentro con el movimiento indígena; y

la mayor parte del debate se centró solamente en posicionar, por cada una de las partes, su

visión sobre la problemática y el conflicto que motivaba la necesidad del diálogo. Se

en la ciudad de Cali esperando sostener un diálogo político

directo con el presidente de la República, la liberación de un secuestrado de las FARC fue

el tema que dominó la escena política, como parte de un deliberado y acrítico despliegue

mediático. El mencionado encuentro no se dio por decisión presidencial en ese momento,

noticia que no tuvo importancia, pese a que más de 50.000 indígenas, campesinos,

afrocolombianos, mujeres y otros sectores estaban intentando incidir, de manera pacífica,

en la formulación y toma de decisiones sobre las políticas públicas en materia de derechos

humanos, recursos naturales y pueblos indígenas.

10 La Minga social y comunitaria es la expresión con la que el movimiento indígena, en primer término, y luego un amplio conjunto de sectores sociales ha denominado a una novedosa forma de organización, coordinación y movilización social alternativa; tiene sus orígenes en 2004, cuando los indígenas del Cauca se movilizaron hacia Cali para posicionar una agenda de discusión política con la sociedad, el Estado y el gobierno a favor de la vida, los derechos humanos, la defensa de los territorios y el Estado social de derecho, así como de la movilización, y en contra de los tratados de libre comercio. A partir de entonces, ha venido creciendo la convocatoria, y la plataforma política se ha consolidado alrededor de estos temas y, en el mes de octubre, durante todos estos años, se han organizado variadas formas de movilización; la más significativa ha sido la de 2008, por su impacto político al lograr, por primera vez en la historia reciente, convocar en los territorios indígenas al Presidente de la República para realizar un diálogo político, y luego de resistir un fuerte proceso de represión, deslegitimación y desprestigio por parte del mismo Gobierno. En 2009, la Minga se ha internacionalizado al estar fuertemente articulada con el proceso global de defensa de la Madre Tierra y del medioambiente emprendido por múltiples movimientos sociales a nivel mundial. Para mayor información, se recomienda ver los documentales realizados por Hollman Morris Producciones.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! trataba, en últimas, de una disputa política sobre los términos en los cuales podía quedar

formulado el problema en la agenda pública. Llegar a este punto ha significado al

movimiento indígena, al menos en los últimos años, múltiples movilizaciones nacionales, el

asesinato de muchos de sus dirigentes, la violación sistemática de sus derechos humanos.

De hecho, tres semanas antes de esta reunión, la Fuerza Pública arremetió contra la

movilización, causando heridas a 120 comuneros indígenas y, al parecer, la muerte a dos

indígenas.

La formulación de las soluciones y la toma de decisiones: procesos

complementarios e independientes (T3)

Elementos generales (T4) La formulación,que no siempre sigue a la inscripción de un problema en la agenda pública,

es principalmente un ejercicio de planeación. Los diferentes modelos de planeación buscan

establecer un escenario futuro que acerque la condición actual de un problema a su deber

ser, así como la forma de lograrlo. Aunque la racionalidad técnica es dominante, su

adscripción metodológica y su relación con el contexto sociopolítico determinan sus

formas, pesos específicos y los tipos de formulación.

La toma de decisiones,por su parte, es un proceso complejo y dependiente de las

externalidades y del juego político,11

11Roth (2002) recoge cinco modelos para este proceso: La racionalidad absoluta, donde el decidor tiene gran libertad para decidir con base en elementos objetivos provenientes del análisis técnico. El de racionalidad limitada, en el que se admite mayor juego a los actores externos, y la decisión busca equilibrios entre lo preferible y lo posible. Un tercer enfoque es el del ajuste incremental, en el que hay un peso grande para la experiencia, la intuición, el comportamiento de las fuerzas en cuestión y una cierta actitud de “ir saliendo del paso”. El modelo de anarquía organizada descarta la racionalidad e invoca la ambigüedad en los valores, la información disponible y la complejidad de las decisiones. Y el modelo de elección pública, que incorpora la visión económica a las decisiones, y establece que estas responden, para el conjunto de los actores, a esfuerzos para maximizar beneficios e intereses individuales. Debe advertirse que estos modelos tienen un mayor nivel de aplicación cuando se trata de aspectos menos estructurales y más funcionales dentro de la organización de una sociedad.

que tiene que ver también con el tipo de estructuración

y de respeto de las reglas de juego existentes en el conjunto de la institucionalidad pública y

en el gobierno, acerca de qué, cuándo, cómo, con quién y con qué recursos se toman las

decisiones.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

En situaciones en las cuales se desequilibran las relaciones entre las tres ramas del

poder público –en particular desventaja la de justicia–; cuando las formas de representación

están restringidas a espacios formales –como es el caso del Congreso, que en los últimos

tiempos se encuentra invadido por poderes extrainstitucionales–; cuando se cancela

progresivamente el ejercicio de la oposición, entonces es cuando la toma de decisiones

responde a un modelo de racionalidad absoluta, en el que la sociedad es reducida a la

opinión bajo el concepto de Estado de opinión impulsado por el anteriorgobierno.

Algunos ejemplos y reflexión sobre los daños (T4) A continuación se plantean algunos ejemplos relevantes para el enfoque de Acción sin

Daño en los momentos de formulación y decisión frente a las políticas de desarrollo y

derechos humanos, revelan que el papel de la sobredeterminación de los modelos de

desarrollo y de los regímenes centralistas, así como la tendencia a desconocer el derecho a

la participación.

El modelo de mercado regulado y su sobredeterminación en la formulación de las

políticas públicas:La preeminencia del mercado, la maximización de la ganancia versus la

distribución, la reificación de los modelos matemáticos y econométricos para validar las

políticas, y la exclusión en la participación sobredeterminan el proceso de formulación de

las políticas públicas. En el marco de estas políticas, los derechos a la salud, educación,

vivienda y a la tierra son parcialmente atendidos mediante prestaciones y subsidios a la

demanda que operan como mercancías, desplazando la fuerza de la institucionalidad del

Estado hacia la garantía del funcionamiento del mercado, a través de seguridad jurídica,

física e ideológica para sus agentes.

El desconocimiento de los procesos de planeación local y descentralizada: El

desmonte del proceso de descentralización política y económica, el modelo de mercado en

las políticas públicas, el poco margen de maniobra para la democracia local –sobre todo en

las ciudades pequeñas y en las regiones pobres del país– y el poco poder vinculante que la

ley de planeación otorga a los Consejos Nacional y Territoriales de Planeación hacen del

proceso de formulación y decisión de políticas públicas, en lo local, un ejercicio con

muchas limitaciones para su implementación. Esta situación, entre otras, atenta contra la

autonomía de las entidades territoriales y, por tanto, contra la dignidad y libertad de sus

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! individuos y comunidades. Este esquema dificulta el emprendimiento efectivo y sostenible

de políticas locales que den respuesta al conflicto, a las crisis humanitarias y a la inequidad

socioeconómica.

En este marco, por ejemplo, el ejercicio de procesos de formulación y decisión local

–traducido en ejercicios de presupuestación local, (Rodríguez, J., 2003) planes locales de

salud y educación, estrategias de protección y desarrollo ambiental, los planes de acción en

derechos humanos– encuentran un límite estructural en el modelo de desarrollo, en la

centralización institucional que ha profundizado el anterior régimen y, en consecuencia, en

la no disponibilidad de recursos económicos públicos ni autonomía política para ponerlos

en marcha. No obstante lo anterior, los ejercicios de participación se convierten en sí

mismos en espacios de construcción de lo público y de la democracia en lo local, que

requieren sostenibilidad y mayor dimensionamiento político para poder incidir en futuros

procesos de formulación y decisión.

La complejidad social y política en el proceso de formulación: En este punto, cabe

analizar con mayor detalle la experiencia del país en función de la construcción de un plan

nacional de acción en derechos humanos. Este puede ser un ejemplo de un tema que, luego

de muchos años de contienda política por lograr el posicionamiento en la agenda pública,

finalmente fue reconocido por la sociedad civil, por el Estado y por la comunidad

internacional, al punto de convertirse en un mandato su estructuración, a fin de lograr

establecer una política pública vinculante en el tema, pero además, en un factor de

legitimación para el régimen y una oportunidad de sostenibilidad y profundización en la

defensa de los derechos humanos por parte de la sociedad civil. De hecho, se plantea que el

no avance en la formulación de dicho plan ha sido uno de los tantos aspectos que incidió en

la falta de aprobación, por el momento, del tratado de libre comercio por parte del

Congreso de los Estados Unidos y en la permanente preocupación de la comunidad

internacional por la falta de voluntad política del entonces gobierno para avanzar en la

superación de la grave situación de derechos humanos en Colombia.

Este es un caso típico en el cual la información técnica y la documentación son

abundantes y difícilmente controvertibles en el campo de lo jurídico y lo sociológico, por

cuanto la evidencia sobre la situación de derechos humanos en Colombia ha sido materia de

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! la mayor investigación y seguimiento en el mundo. No obstante lo anterior, el proceso de

formulación se ha convertido en la continuidad de la contienda política alrededor de los

conceptos y alcances políticos, técnicos y presupuestales del plan, y de las formas de

consulta y participación del conjunto de la sociedad, entre otros, poniendo en evidencia que

se trata de algo más allá de un ejercicio técnico. Al respecto, el análisis del Movimiento de

Crímenes de Estado, realizado en 2008, aporta elementos que reflejan algunas dimensiones

del proceso de formulación. (Movice, 2007)

La consulta previa, un derecho constitucional que debe ser respetado en los

procesos de formulación y decisión.El Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo, incorporado bajo la ley 21 de 1990 en Colombia, consagra el derecho a la consulta

de los pueblos indígenas, en especial sobre aquello que afecte la vida económica y

sociocultural en sus territorios. La Constitución Política, en el artículo 330, deja claro el

papel de las autoridades indígenas frente a la definición de las acciones que pueden llevarse

a cabo en sus territorios; y en la ley 70 de 1993 para comunidades negras y sus decretos

reglamentarios se establece el rol de los consejos comunitarios frente al proceso de

etnodesarrollo.

No obstante esta normatividad, el desconocimiento por parte de los diferentes

gobiernos y de la institucionalidad pública, incluido el Congreso de la República, es muy

grave en la formulación y decisión de políticas públicas, en razón a que actúan,

ideológicamente, bajo el modelo extractivo y, en la práctica, bajo la presión de intereses

privados sobre los recursos naturales presentes en los territorios de los grupos étnicos.

La Corte Constitucional ha dejado claro en múltiples sentencias, cómo la consulta

en sí misma es un derecho fundamental que se debe respetar, tanto en las formulaciones y

decisiones legislativas como en las que toman las entidades públicas (Rodríguez, 2008). En

particular dos sentencias de la Corte Constitucional, la C-030 de 2008, que declaró la

inexequibilidad de la Ley forestal (1021 de 2006), y la C-175 de 2009, que declaró

inexequible el Estatuto de desarrollo rural (Ley 1152 de 2007), tuvieron en su fundamento

el desconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y las comunidades

afrocolombianas, es decir, de la participación adecuada y ajustada a derecho en los

procesos de formulación y decisión.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

No obstante lo anterior, múltiples procesos de explotación avanzan en la práctica en

territorios indígenas y afro, sin respetar sus derechos y, muchas veces, con lacomplicidad

de la institucionalidad pública y el rigor de la presión de los actores armados, como lo

registran diversos informes de derechos humanos (OACNUDH, 2010).

En materia de atención humanitaria. Se observa con preocupación, más allá de los

graves problemas de oportunidad, calidad, cobertura, enfoque y discriminación, el manejo

de corte administrativo para la atención de las víctimas por debajo de los estándares

nacionales e internacionales de derechos humanos y mediante esquemas de subsidio a la

demanda, como en el caso de la salud, la educación, la vivienda, la tierra y de pagos

directos por víctimas fatales o de reparación administrativa. Las decisiones en estos casos

son centralizadas, las instancias de participación de las víctimas son precarias y poco

vinculantes, y muchas de sus organizaciones son objeto de persecución y revictimización.

En un Estado Social de Derecho, la formulación y decisión en materia de políticas

públicas debe ser un proceso que asegure la verdadera participación de los ciudadanos,

como parte de un mandato que, en sí mismo, contribuye a proteger su dignidad y a

garantizar la protección efectiva de sus derechos humanos.

La implementación (T3)

Elementos generales(T4) Para Clausewitz, citado por Roth (2002:49), la implementación es “la continuación de la

lucha política con otros medios”; para Meny y Thoening(1992:192), es la “fase de una

política pública durante la cual se generan actos y efectos a partir de un marco normativo de

intenciones, de textos o de discursos”. Se reconocen dos tendencias: una, de corte racional,

jerárquico, “de arriba hacia abajo (top-down)”, que otorga peso a la racionalidad, al poder, a

la superioridad de la política sobre la administración, y considera los problemas de

ejecución como problemas operativos de coordinación. La segunda tendencia es la “de

abajo hacia arriba” (bottom-up), en la que la implementación es más espontánea, depende

de la concertación, de los aprendizajes y de las condiciones de realidad.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! Algunos ejemplos y reflexión sobre los daños (T4) Hoy en día en Colombia, los modelos de implementación desde la institucionalidad

pública, en consecuencia con las formas como se han venido formulado las políticas

públicas, combinan tendencias dentro del enfoque top-down. La política social en su

conjunto, organizada bajo esquemas de subsidios manejados desde el nivel central y

administrados por actores privados o en proceso de privatización, más allá de los

importantes cuestionamientos en materia de derechos, impacto, sostenibilidad y carácter de

dominación político-ideológica, tiene restricciones objetivas para la efectiva, digna,

autónoma y libre participación social.

Las acciones de la cooperación internacional, muchas veces consciente de estas

limitaciones, apuestan al desarrollo y a la paz en escenarios locales. Pero encuentran que las

determinaciones del modelo de desarrollo asfixian las múltiples y diversas iniciativas de

participación que emprenden los sujetos sociales y las instituciones locales en medio del

conflicto; encuentran, además, la preeminencia de un régimen centralizado que promueve

un lenguaje de confrontación, fumigaciones y las políticas de subsidios, en escenarios en

donde se están construyendo alternativas de desarrollo, ejercicios de solución pacífica de

los conflictos y atención humanitaria integral basada en el empoderamiento de los sujetos

sociales afectados. Se conoce, por ejemplo, de fumigaciones en zonas de cultivos de

frutales y de seguridad alimentaria en regiones como la de Tierradentro en el Cauca en

2004, en donde se implementaba un programa de desarrollo rural con enfoque intercultural

entre los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos, con el apoyo de la Unión

Europea.12

12 En los municipios de Páez e Inzá, entre los años 2000 y 2005, se implementó el programa Tierradentro financiado por la Unión Europea y Acción Social. El componente productivo apoyó la instalación de cultivos de frutales, trigo y caña en diversas zonas de la región, como parte de una estrategia concertada con las comunidades indígenas para incentivar un modelo de desarrollo alternativo. En 2004, fueron fumigadas buena parte de estas áreas (Testimonio del autor, Director nacional de dicho programa).

Este tipo de situaciones no sólo producen daños directos a la población afectada;

adicionalmente, y aún más grave, producen daño a los sujetos colectivos y a los actores

locales, al menoscabar su derecho al desarrollo y a la participación democrática.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

Si se asume la implementación como un proceso de contienda política, las políticas

sociales –crecientemente organizadas bajo modelos de mercado expresados en subsidios en

casi todos los frentes sociales– definen límites estrechos para reivindicar, en forma integral,

la realización de derechos, en la medida en que este tipo de dispositivos asume que el

mercado es un buen distribuidor de los bienes y desconoce la contradicción fundamental

entre acumulación privada e individual, y la satisfacción colectiva y universal de derechos.

Las intervenciones desde ASD deben incorporar el análisis de las implicaciones de estas

modalidades de implementación, para empoderar a los actores locales en el control social y

en la decodificación crítica de éstas, tendiente a la promoción de reformas con enfoque de

derechos y de participación.

Evaluación (T3)

Elementos generales(T4) Para Majone, citado por Roth (2002:137), la evaluación "se ocupa de recolectar, verificar e

interpretar la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas

públicos”. La evaluación debe permitir siempre la mejora del conocimiento de lo que se

hace y de sus efectos, de la comunicación interna y externa y, al mismo tiempo, del control

para imprimir ajustes a las actuaciones de los actores comprometidos en determinado

proceso. La evaluación es una herramienta muy importante para la valoración de los

procesos de legitimación, aunque no siempre se traduzca en mejoras de la política pública

como resultado material, pero sí en alertas para reforzar el control social.

Algunos ejemplos y reflexión sobre los daños (T4) En un período en el cual el Estado comunitario y el Estado de opinión definieron los

balances sobre las políticas, se implementó una dinámica de evaluación permanente a

diferentes niveles, con un elemento distintivo frente a dinámicas similares en el pasado, que

fue el de vincular ampliamente los medios de comunicación masiva y el de usar las nuevas

tecnologías de información. Este elemento fue utilizado para desplazar el peso que tienen la

participación, el control social y la institucionalidad en los procesos de evaluación propios

del Estado de Derecho, hacia una especie de nueva institucionalidad anónima y

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! desorganizada que es la opinión pública, la cual se coloca como juez último de toda la

gestión pública.

Al respecto, en una reunión de rendición de cuentas en materia de derechos

humanos en el año 2009, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez expresaba: “Nosotros

creemos que en un Estado de opinión, donde no prevalece el capricho del gobernante, sino

el imperio de la ley, y más allá que de la misma interpretación de los jueces, lo

superiormente importante es la opinión pública, es fundamental para darle sostenibilidad en

el largo plazo a una política de seguridad, que permita que las nuevas generaciones de

colombianos vivan libres de guerrilla, de paramilitares, de otras expresiones del

narcotráfico. A nosotros nos parece que todos los controles son importantes, los que se

han incorporado en el proceso evolutivo de formación del Estado de Derecho. Pero el más

importante de todos es el control de opinión, por eso este ejercicio” [los énfasis son del

autor].

Ha sido la justicia, en cabeza de la Corte Constitucional, la que ha viabilizado las

demandas de la sociedad civil para evaluar y replantear la política pública desde un enfoque

de derechos.

La sentencia T-025 de enero 22 de 2004 (Corte Constitucional, 2004) la cual declara

“el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia” y

ordena poner en marcha de manera integral una política de atención acorde con los

preceptos del Estado Social de Derecho, incluidos los estándares internacionales en la

materia, demuestra cómo las organizaciones de la población en situación de

desplazamiento, luego de varios años de demandar del ejecutivo y del legislativo la

materialización de una política efectiva, debieron acudir a la tutela como práctica rutinaria

y casi necesaria para obtener atención por parte del Estado.

Un aspecto fundamental es que, además, la Sentencia crea una comisión de

seguimiento, como instrumento de evaluación con participación de la sociedad civil, que se

ha convertido en un catalizador para los procesos de exigibilidad de cumplimiento de lo

contenido en la sentencia original, pero también para la expedición de medidas

complementarias a lo largo de estos años. Se ratifica así el rol protagónico tomado por la

Corte Constitucional en materia de políticas públicas, en una demostración desafortunada

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! de la ineficacia de las otras ramas del poder público y del estrechamiento del ejercicio y

profundización de la democracia en el país.

Esta Sentencia ha dado origen, adicionalmente, a múltiples autos e instrumentos

para profundizar, diferenciar, complementar y garantizar el desarrollo de la política pública

en materia de desplazamiento forzado, convirtiéndose la acción de la Corte en fuente para

la construcción de dicha política.

La evaluación de las políticas públicas con participación social es crucial para los

procesos de incidencia política con enfoque de Acción sin Daño, puesto que constituye el

reconocimiento de la voz de los ciudadanos para exigir y participar de la garantía de

protección y respeto de sus derechos humanos.

Los aportes de la Acción sin Daño al trabajo de análisis e

incidencia en políticas públicas(T2)

Con relación a la política pública y el enfoque de Acción sin Daño se puede afirmar que

este busca posicionar como prioritaria la protección y respeto de la dignidad, la autonomía

y libertad de los individuos y sus comunidades, y de esta forma, la vigencia de los derechos

humanos de manera integral, en el seno de las intervenciones humanitarias en situaciones

de conflicto y, por comprensión integral, de aquellas intervenciones dirigidas al desarrollo y

a la paz.

En este sentido, como requisito para el respeto de la dignidad, la autonomía y la

libertad, las políticas públicas deben garantizar los siguientes aspectos: 1) Fuertes procesos

de participación social y política. 2) La inclusión de estándares de derechos humanos. 3) La

valoración de los contextos particulares y de las diferencias de género, generación, etnia,

región, de discapacidad, etc., en la perspectiva de prevenir, mitigar y reparar los daños en el

orden sociojurídico (alteración negativa de los derechos y garantías), subjetivo (psicosocial

y del proyecto de vida) y objetivo o de los bienes materiales de los sujetos en cuestión

(Rodríguez, 2008)

Las políticas públicas, como objeto de estudio relativamente reciente, son un campo

de contienda social y política que se dirige fundamentalmente al Estado y a su accionar.

Una primera contribución para no producir daño en las intervenciones humanitarias de

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! desarrollo y paz es la de incorporar procesos de análisis fundamentados sobre las políticas

públicas, a fin de orientar adecuadamente tanto los procesos de incidencia, como las

expectativas de los sujetos sociales involucrados.

En el caso de Colombia, el Estado Social de Derecho tiene como finalidad proteger

la dignidad humana a través de la realización de los derechos fundamentales; para ello, las

políticas públicas son una herramienta programática y operativa vinculante. No obstante,

los gobiernos sucesivos –desde 1991 y, en especial el régimen político hegemonizado bajo

la política de seguridad democrática– han emprendido una contienda política dirigida a

desmontar dicho Estado de Derecho, a través de reformas constitucionales, legislativas y

acciones tendientes a la limitación de la participación social y de la lucha legítima por la

defensa de los derechos humanos. Ha sido la rama judicial, en cabeza de las altas cortes, la

que en sinergia con la sociedad civil ha ofrecido resistencia democrática del Estado Social

de Derecho. Es en este contexto de construcción de ciudadanía en medio del conflicto que

se producen las políticas públicas y, por tanto, en el que se dan los procesos sociales de

incidencia.

Los procesos de identificación e inscripción de problemas en la agenda pública,

formulación, toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas públicas no son

realmente secuenciales, y cada uno de ellos requiere de análisis específicos y estrategias

pertinentes de incidencia. En medio del Estado comunitario y de opinión, los esfuerzos de

la sociedad civil para decodificar mensajes homogeneizantes sobre la paz, el desarrollo y el

conflicto deben redoblarse a favor de la vigencia de los derechos humanos y de la

construcción positiva de la paz.

Los procesos de incidencia política en esta vía no son más que acciones en

búsqueda de la defensa del Estado Social de Derecho, al tiempo que oportunidades de

construcción de la ciudadanía política de derecho. Son fines y medios al mismo tiempo,

para fortalecer la sociedad civil.

En la medida en que la Acción sin Daño busca proteger la dignidad, la libertad, la

autonomía y el desarrollo de los planes de vida de individuos y comunidades, el trabajo y

análisis en materia de políticas públicas se presenta como una de las herramientas

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! fundamentales en este cometido. En este orden de ideas, los retos que se imponen en

materia de análisis e incidencia pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Promover un enfoque analítico-crítico, de manera rigurosa, basado en la

investigación y el debate sobre la naturaleza de las políticas públicas, es decir, asumir su

complejidad y multideterminación, y superar ficciones que producen daño en el sentido de

crear imaginarios de construcción de corto plazo, despolitizadas y al margen del

involucramiento en los procesos de transformación social y política del Estado en su

conjunto. La sociedad civil y la cooperación internacional, cada vez más, deben facilitar la

participación directa y efectiva de las organizaciones sociales en los procesos de incidencia

para la definición de los problemas, su inscripción en la agenda pública, la formulación de

soluciones, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación.

2. Debe potenciarse el diálogo intercultural y, en primera instancia, continuar

incidiendo para que se respete el derecho a la defensa de los derechos humanos en el país,

el derecho a la movilización pacífica y el derecho a participar, como está previsto en el

ordenamiento jurídico y más allá, desde las experiencias de resistencia y emancipación que

a diario materializan comunidades y organizaciones en todo el país.

3. En tiempos de autoritarismo y unanimismo mediático, debe promoverse el

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, su articulación y actuación

conjunta, la democratización de los medios de comunicación, la documentación, la

búsqueda de la verdad, la recuperación y protección de la memoria, la incidencia sobre el

poder judicial y su respaldo, la investigación, la difusión y el intercambio de experiencias.

Bibliografía (T2)

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines & ál. (2008). Informe para el Examen

Periódico Universal de Colombia, de julio de 2008. Consultado el 20 de enero de 2010, en

http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/Informe_final_para_el_EPU_Colombia-

1.pdf.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! Beck, Ulrich (2008). ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo. Respuestas a la

Globalización. Barcelona: Paidós, pp. 59-132.

Castells, Manuel (2004). “La Economía informacional y el proceso de globalización”, en

La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La Sociedad en red. Vol. I.

México: Siglo XXI, pp. 93-175.

CIDH (2010). Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos tras la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la

discriminación racial a la República de Colombia. Consultado en febrero 20 de 2010 en

http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes.sp/ColombiaAfros2009cap3-

4.sp.htm

Corporación Nuevo Arco Iris, Observatorio del Conflicto Armado (2009). "La seguridad

democrática en crisis", en Informe especial 2009 ¿El declive de la seguridad democrática?.

Consultado en enero 19 de 2010, en

http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/analisis/Consolidado_informe_2009.pdf.

Corporación Nuevo Arco Iris, Observatorio del Conflicto Armado (2009). "Sobre

paramilitares, neo-paramilitares y afines: crecen sus acciones criminales. ¿Qué dice el

Gobierno?" en Informe especial 2009 ¿El declive de la seguridad democrática?, p. 44.

Consultado en enero de 2010,

enhttp://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/analisis/Consolidado_informe_2009.pdf.

Corporación Nuevo Arco Iris, Programa Poblaciones afectadas por el Conflicto (2009).

Foro Aplicación de la Ley de Justicia y Paz: Logros y dificultades desde la perspectiva de

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! las víctimas. Archivo Power Point consultado en enero de 2010, en

http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/paca/documentos/informe_ley_975_balance.pdf.

Corte Constitucional (2009). Sentencia C-175. Consultado en enero de 2010 en

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-175-09.htm.

Corte Constitucional (2008). Sentencia T-760 de 2008. Consultada en enero 21 de 2010 en

http://www.escr-net.org/usr_doc/SentenciaSALUDT-760-2008.pdf.

Corte Constitucional (2006). Sentencia C-030/08- Ley 1021 de 2006 (comunicado Nro. 01).

Consultado en Revista Grupo Semillas, en enero de 2010, en

http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----&x=20155468.

Corte Constitucional (2004). Sentencia T-025 de enero 22 de 2004. Disponible en

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2501.pdf.

Cuervo, Jorge (2007). "Entre los modelos teóricos y la práctica gubernamental (una

revisión a los presupuestos teóricos de las políticas en función de su aplicación a la gestión

pública colombiana)", en Ensayos sobre políticas públicas. Bogotá: Universidad Externado

de Colombia, pp. 67-95.

De Sousa Santos, Boaventura (2003). “La reinvención solidaria y participativa del Estado”

en La caída del AngelusNovus. Bogotá: ILSA-UNAl, pp. 243-270.

Elder, Charles &Cobb, Roger (1993). "Formación de la Agenda: El caso de la política de

los ancianos", en Colección antologías de política pública. Porrúa, pp. 77-104.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! Esping-Andersen, Gosta (1993). Los tres mundos del Estado de Bienestar. Valencia:

Ediciones Alfonso El Magnánimo, pp. 25-55.

Estatuto de Víctimas (s/f). Proyecto de ley No. 044 de 2008, aprobado en la Comisión I de

la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia.

Gabiña, J. (1999). "Planeación prospectiva, herramienta para preparar el futuro de las

comunidades académicas", en Revista Facultad de Medicina, 2003; 51(3):149-157,

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Consultado en enero 18 de 2010, en

http://www.revmed.unal.edu.co/revistafm/v51n3/v51n3pdf/v51n3a4.pdf.

Galindo, Carolina. (2007) "La teoría del Estado en la era de la globalización: algunas

aproximaciones y problemas pendientes", en publicación: Filosofía y teorías políticas entre

la crítica y la utopía. Hoyos Vásquez, Guillermo. CLACSO (Consejo Latinoamericano de

Ciencias Sociales), Buenos Aires. Consultado en octubre 29 de 2009

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/12Hernandez.pdf.

Kingdon, John W (1995). “How does an idea`s time come?" en Agendas, Alternatives, and

publicpolicies, Nueva York: Longman Press, pp. 1-20.

Lahera, Eugenio (2004). Política y políticas públicas. Santiago: CEPAL, pp. 7-25.

Larramendi, Ramón Hernando (1992). Los indios Esquimales. Madrid: Colección Pueblos

y Lenguas indígenas. Fundación MAPFRE 1492, p. 170. Consultado en julio 21 de 2009 en

http://books.google.com.co/books?id=h4mzffh0E3gC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=estudi

o+sobre+el+oleoducto+del+valle+mackenzie&source=bl&ots=8mqifFIxvx&sig=hovl7dr-

MLBXII7SwF1EkcEm0z0&hl=es&ei=uaKISty9Eo6xtgfnidjnDA&sa=X&oi=book_result

&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=true.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

Laswell, Harold D. (1992). “La orientación hacia las políticas públicas”, enAntología de

políticas públicas, tomo I, Aguilar, Luis F. (comp.), México: Miguel Ángel Porrúa, pp. 79-

103.

López Becerra, Mario (2007). El asunto de las políticas públicas, Manizales, 2007-05-14

(Rev. 2007-06-14). Consultado en 10 de diciembre de 2009

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=330#notas1.

Majone, Giandomenico (1997). Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación

de las políticas. México: FCE.

McAdam, Doug; Tarrow, Sidney&Tillye, Charles.(2005). Dinámica de la contienda

política. Madrid: Editorial Hacer.

Meny, Ives&Thoening, Jean Claude (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Editorial

Ariel.

MOVICE; CSPP & Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2009). Sin Justicia y Sin

Paz, Verdad fragmentada, Reparación ausente. Consultado en enero 28 de 2010, en

http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/JURIDICA_BAJA-2.pdf.

MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (2007, noviembre).

Reflexiones del "movice" frente al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.

Consultado en enero de 2010 en

http://www.sinaltrainal.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=106.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

OACNUDH (2010). Declaración de la Experta Independiente de las Naciones Unidas

sobre Cuestiones de las Minorías, señora Gay McDougall. Conclusiones Preliminares de

su visita oficial a Colombia (1 al 12 de febrero). Consultada el 20 de febrero de 2010 en

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/relatoresespeciales/2010/relator

es.php3?cod=3&cat=82

OACNUDH (2009). Nota del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos

y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, ante el Consejo de DDHH,

consultado enero 25 de 2010 en

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/relatoresespeciales/2009/relator

es.php3?cod=7&cat=80.

Osborne, David &Gaebler, Ted (1994). La reinvención del gobierno. Barcelona:

EdicionesPaidós, pp. 27-84.

Ostrom, Elinor (2007). “Institutional Rational Choice: an Assessment of the Institutional

Analysis and Development Framework”. En Sabatier, Paul A. (ed.), Theories of the Policy

Process, Boulder, CO: Westview Press, pp. 21-64.

Presidencia de la República de Colombia (2009, febrero). Declaración del Presidente

Álvaro Uribe al instalar la quinta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos. Bogotá.

Consultado el 20 de septiembre de 2009 en

http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/febrero/23/01232009_i.html

Presidencia de la República de Colombia (2008). Constitución Política de Colombia-1991,

p. 1. Artículo 1. Consultado en enero 17 de 2010, en

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf.

Artículo en proceso de publicación por favor no circular!

Presidencia de la República - Ministerio de Defensa (2003). Política de defensa y seguridad

democrática. Consultado en enero 16 de 2010, en

http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf.

Quintero, Diana (s/f). El desmonte del Estado social de derecho: el caso de la legislación

laboral colombiana. [HTML] Consulta en enero 18 de 2010, en

http://www.google.com.co/#hl=es&source=hp&q=el+desmonte+del+estado+social+de+der

echo&meta=&q=f&oq=el+desmonte+del+estado+social+de+derecho&fp=396130ec09f6e8

49.

Rodríguez, Ana Luz (2011). El enfoque ético de la Acción Sin Daño, Módulo de la Especialización

en Acción Sin Daño y Construcción de paz, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad

de Ciencias Humanas, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, PIUPC;

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE; Cooperación Alemana al Desarrollo,

GIZ, programa Cercapaz, p. 14.

Rodríguez, Gloria (2008). "La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos

indígenas y grupos étnicos de Colombia". En Revista Grupo Semillas Nros. 36-37.

Consultado en enero 18 de 2010, en http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----

&x=20156105.

Rodríguez R., Jahir (2003). El presupuesto participativo: Defendiendo lo público y

construyendo ciudadanía. La experiencia del departamento de Risaralda. Colombia:

Gobernación de Risaralda. Consultado en diciembre 18 de 2009, en

http://www.eumed.net/libros/2007a/234/30.htm

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! Roth, André-Noêl (2008). El análisis de políticas públicas y sus múltiples abordajes

teóricos: ¿una discusión irrelevante para América Latina? Ponencia presentada para el

Primer Congreso de Ciencia política. Bogotá: Universidad de los Andes.

Roth, André-Noêl (2007). "Enfoques y teorías para el análisis de las políticas públicas,

cambio de la acción pública y transformación del Estado". En Ensayos sobre políticas

públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 29.

Roth, André-Noêl (2002). Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación.

Bogotá: Ediciones Aurora.

Sabatier, Paul. &Mazmanian, Daniel. (1993). “La implementación de la política pública: un

marco de análisis” en Aguilar, L., La implementación de las políticas, México: Porrúa,

pp. 323-372.

Sojo, Carlos (2004). "La Modernización sin Estado: el destino privado de las políticas

públicas", en Revista Mexicana de Sociología, año 66, número especial, 2004, pp. 137-155.

Torgerson, Douglas (1992). “Entre el conocimiento y la política: tres caras del análisis de

políticas”, en Aguilar V., Luis F. (ed.), El Estudio de las políticas públicas, México:

Porrúa, pp. 197-236.

Weisner, Eduardo (1997). La efectividad de las políticas públicas: un análisis

Neoinstitucional. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

WOLA, Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (2005). Manual para la

facilitación de procesos de incidencia política. Disponible en, 294

Artículo en proceso de publicación por favor no circular! págs.,http://www.wola.org/media/atp_manual_para_facilitacion_jun_05.pdf, consultado en

enero de 2010.