construcciÓn de un modelo de atribuciÓn
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
LA RELACIÓN DROGA / DELITO
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ATRIBUCIÓN
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA
PILAR LARROULET PHILIPPI
COMISIÓN EXAMINADORA: MARJORIE MURRAY NICOLÁS SOMMA
EDUARDO VALENZUELA
SANTIAGO, JULIO DE 2012
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ÍNDICE
Introducción 3
Aproximaciones teóricas y empíricas 5
El origen empírico de la pregunta 5
Las relaciones droga y delito 6
El modelo de Goldstein 9
Violencia Sistémica 10
Violencia Económico Compulsiva 10
Violencia Psicofarmacológica 11
Críticas al modelo de Goldstein 13
La droga como motivación para el delito 14
Construcción y resultados de un modelo de atribución 17
El modelo estimado 18
Metodología 23
Resultados de la estimación 27
La yuxtaposición de las conexiones 30
Conexión según tipo de drogas ilícitas 31
Tipos de conexión y consistencia con la evidencia internacional 33
Delitos de conexión sistémica 33
Delitos de conexión económica-compulsiva 36
Delitos de conexión psicofarmacológica 38
Discusión 41
Limitaciones del modelo 41
Temas pendientes 42
La relevancia de un modelo de atribución 44
Magnitud y atribución 45
Bibliografía 47
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la relación entre droga y delito ha sido objeto de numerosas
investigaciones y disputas. Si de un lado la asociación estadística entre ambas
conductas ha sido ampliamente demostrada, la dirección y naturaleza de esta
asociación es, de otro lado, muy discutida.
Muchos han planteado la existencia de una relación causal entre ambas conductas
(Goldstein, 1985), basados principalmente en dos constataciones: altísimos niveles de
consumo observados en población penal en los distintos países –que superan
ampliamente las tasas observadas en población general–, y la similitud de las curvas
epidemiológicas de consumo de drogas e involucramiento delictual, que presentan su
cumbre en torno a los 18 años y un pronunciado descenso hacia los 25.
Intuitivamente, ambos elementos hacen pensar en una co-ocurrencia de la comisión
de delitos y el consumo de droga, pero no permiten en modo alguno afirmar la
existencia de una relación causal.
Una manera de evaluar la relación entre ambas conductas ha sido la dimensión
temporal, sea en términos de la trayectoria de vida de un individuo, o bien por su
incidencia en un delito específico. En el primer sentido se trata de conocer qué
conducta antecede a la otra en la vida de un individuo, para evaluar a continuación si
la secuencia opera como mecanismo causal o al menos como puerta de entrada
(gateway): si la iniciación en el consumo de drogas gatilló un posterior
involucramiento en el mundo delictual o viceversa, o bien ambos acontecieron de
manera simultánea por la confluencia de terceros factores. En el segundo sentido, en
cambio, se trata de conocer si un crimen específico fue precedido y por ello, al menos
parcialmente motivado por el consumo de drogas.
Siguiendo este segundo enfoque, y en base al estudio Estimaciones de Consumo
Problemático de Drogas, Necesidades y Demandas de Tratamiento en Cárceles
Chilenas (ISUC, 2010), esta tesis desarrolla un modelo de atribución droga / delito
para población penal en Chile.
En el primer capítulo se expone el debate académico hasta ahora desarrollado en la
materia, con énfasis el modelo tripartito desarrollado por Paul Goldstein en 1985,
sobre el cual se basa este trabajo.
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En el segundo capítulo, se desarrolla un modelo atribución droga/ delito, se muestran
los resultados obtenidos para población penal adulta en Chile de 2010, y se presenta,
por último, información suplementaria para mostrar la consistencia estos resultados.
Finalmente, se discuten las limitaciones conceptuales y empíricas del modelo, así
como algunas conclusiones que se pueden obtener del mismo.
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1. APROXIMACIONES TEÓRICAS Y EMPÍRICAS
El origen empírico de la pregunta
La pregunta por la asociación entre droga y delito se fundamenta y origina en dos
tipos de evidencia empírica. En primer lugar, la que afirma que son las mismas
personas quienes realizan ambas conductas, generando un asociación positiva y
significativa entre ellas (Bennett, Holloway, & Farrington, 2008; Stevens, et al.,
2003). Específicamente, y de manera consistente en distintos países, los niveles de
consumo de droga en población delictiva –principalmente medida entre quienes están
privados de libertad- sobrepasan ampliamente los de la población general (Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2007; European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction; McBride & McCoy, 1993). En el estudio realizado en
población penal adulta en Chile, en el que se basa esta tesis, los datos señalan que un
62% había probado cocaína alguna vez en su vida y un 54% pasta base (ISUC, 2010).
En población no delictiva, estos porcentajes son del 4.2% y 2.2% (SENDA, 2010)1.
Los resultados de dependencia –medida según DSM IV- también siguen esta misma
tendencia, con diferencias del 33% y 0.3% en alguna cocaína2. La población que
cumple condena por algún delito en Chile no solo presenta mayores niveles de
iniciación en las drogas con mayor poder adictivo, también, como es esperable, posee
mayores niveles de consumo problemático. Estos resultados son consistentes con los
obtenidos en población detenida en flagrancia (Cárcamo, 2011).
Por otra parte, las curvas epidemiológicas de ambas conductas muestran una enorme
similitud (Eisner, 2002; Moffitt, 1993). Tanto la iniciación en el consumo de drogas
como en el delito ocurre alrededor de los 10 años, y luego sigue una curva ascendente
que en la adolescencia va incorporando un mayor porcentaje de la población que se
involucra en estas conductas, la que alcanza su punto más alto cerca de la mayoría de
edad. A inicios de la veintena estas curvas caen de manera abrupta, aunque menos
intensamente en el caso del consumo de drogas, dando cuenta de que un porcentaje
importante de esta población deja de vincularse con el consumo de drogas y/o con el
delito (Eisner, 2002). Los argumentos que explicarían este descenso abrupto están
ligados principalmente a la introducción de los jóvenes en una vida de
1 Tanto para los datos en población penal como en población general se consideró solo la información de adultos entre 18 y 64 años para tener casos comparables. 2 Alguna cocaína considera indistintamente cocaína o pasta base.
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responsabilidades adultas, como el matrimonio, o el ser padres, que modificaría el
comportamiento hacia una mayor adecuación a las normas socialmente aceptadas
(Sampson & Laub, 1992; Farrington, 2003; Moffitt, 1993).
Las Relaciones Droga y Delito
Si bien la investigación muestra que el consumo de drogas y la participación en
delitos están fuertemente correlacionadas en distintas poblaciones (Newcomb &
Bentler, 1988; Altschuler & Brounstein, 1991; National Institute of Justice, 2003;
Eisner, 2002; Hammersley, 2008; Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001; Fagan, Weis,
& Cheng, 1990), la evidencia no permite sostener la existencia de una relación causal
tan fácilmente aceptada por la opinión pública. Más aún, no existe siquiera un
consenso respecto al tipo, grado y dirección de la relación entre ambas conductas. De
hecho, la mayor parte de la evidencia señalaría que, lejos de existir una única forma
de vinculación, la conexión entre ambas conductas antisociales es diversa y específica
según tipo de drogas, tipo de crimen, mediada por características del individuo y del
contexto (Bennet & Holloway, 2007; Bennett, Holloway, & Farrington, 2008;
Stevens, et al., 2003; Simpson, 2003; MacCoun, Kilmer, & Reuter, 2003).
Adicionalmente, las teorías que han intentado explicar esta relación se han enfocado
en distintos marcos temporales, volviendo su comparación prácticamente imposible:
mientras algunas consideran el vínculo causal únicamente en base a la iniciación en
ambas conductas –donde la evidencia es consistente en señalar que el delito precede
al consumo de drogas (Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001)-, otras se enfocan en las
trayectorias de vida de quienes se han involucrado en ellas, viendo posibles relaciones
causales en el desarrollo o a lo largo de las mismas –donde efectivamente el efecto de
la droga en la mantención y duración de una carrera delictual pareciera ser más
significativo que a la inversa (Bennett, Holloway, & Farrington, 2008)-.
Las principales explicaciones que se han dado a la asociación existente entre consumo
de drogas y delito (Bennet & Holloway, 2007; Bennett, Holloway, & Farrington,
2008; Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001) se pueden agrupar de acuerdo a su
pretensión de causalidad de la manera cómo se indica a continuación.
A. Asociación como conexión causal directa
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A.1 El crimen como causa directa del consumo de drogas. De acuerdo con esta teoría,
sería el involucramiento en el delito el que conduciría a la iniciación en el consumo de
sustancias. Esto se debería a la validación del uso de drogas propio de una subcultura
delictual, o a que el delito entrega la motivación (la celebración de un éxito, por
ejemplo) o el dinero necesario para consumir drogas (Bennett & Holloway, 2009;
Burr, 1987; Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001). Si se pone el foco en la iniciación,
los datos presentados en distintas investigaciones confirman que, en general, la
iniciación en delitos menores es anterior a la iniciación en el consumo de drogas –
considerando a veces incluso drogas legales como el alcohol (Menard, Mihalic, &
Huizinga, 2001; Daza, 2009; Fagan & Chin, 1991; Pudney, 2002; Stevens, et al.,
2003; Anglin & Speckart, 1988).
A.2 La droga como causa directa de la comisión de delitos. Esta sería la teoría que
subyace al marco tripartito de Goldstein (1985), según el cual existen tres vínculos
mediante los cuales la droga incide en el involucramiento delictual. (i) El vínculo
psicofarmacológico tendría lugar en aquellos delitos que se cometen debido al efecto
del consumo de sustancias que incrementan las disposiciones violentas del agresor,
que incluye a su vez aquellos casos en que la víctima se encuentra bajo los efectos de
alguna sustancia, en el entendido de que la vulnerabilidad de la víctima puede
constituir una oportunidad para cometer el delito que no se hubiese tenido lugar de
otra manera. (ii) Se habla de vínculo económico compulsivo en los casos en que el
delito es cometido por un drogodependiente con el objeto de proveerse de drogas o de
los medios necesarios para obtenerlas Finalmente (iii), existiría una conexión
sistémica en aquellos delitos que resultan de la operación de las redes de producción e
intercambio de drogas. Un detalle de este modelo se presentará más adelante.
A.3 Ambas conductas se causan y refuerzan mutuamente. Esta teoría integra las
anteriores, afirmando que si bien la iniciación en delitos menores antecede al
consumo de drogas, el consumo de drogas aumenta la probabilidad de proyectar una
carrera criminal en el tiempo y de incrementar la comisión de delitos en momentos de
mayor consumo de sustancias (McBride & McCoy, 1993; Menard, Mihalic, &
Huizinga, 2001; Chaiken & Chaiken, 1990; Bennet & Holloway, 2007; Anglin &
Speckart, 1988). La evidencia presentada en este caso, sin embargo, es más limitada
(Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001).
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B. Asociación como conexión no causal
B.1 Ambas conductas causadas por conjunto común o similar de causas. Las
variables que generan el involucramiento en el delito serían las mismas, o muy
similares, a las que generan la iniciación en drogas. Esta perspectiva suele considerar
la prevalencia en ambas conductas, sin enfocarse en momentos determinados de la
trayectoria de consumo o de delito. La idea que subyace es que ambos problemas son
parte de un síndrome de comportamiento problemático general (Jessor y Jessor 1977;
Pepler, Craig, Connolly, & Henderson, 2002), que asume que el involucramiento en
un tipo de comportamiento desviado aumenta las probabilidades de involucrarse en
otro (Hammersley, 2008) por la existencia de factores de riesgo comunes a ellos
(Chaiken & Chaiken, 1990).
B.2 Co-existencia de ambas conductas. La asociación estadística existente entre droga
y delito sería, según estas teorías, solo aparente y se explicaría por factores
ambientales comunes en que se desarrollan ambas conductas, tales como la
vulnerabilidad y exclusión social, la segregación y pertenencia a comunidades y
barrios con alta presencia de comportamiento desviado, o por la pertenencia a una
subcultura que propicia este tipo de conducta (McBride & McCoy, 1993; Fagan,
Weis, & Cheng, 1990; Seddon, 2006; Foster, 2000; Hammersley, 2008; White &
Gorman, 2000).
C. Causas comunes y relaciones recíprocas. Desde una perspectiva de trayectoria de
vida, otra explicación posible sería considerar que ambas conductas pueden estar
influidas por el mismo o similar grupo de causas, pero también influirse mutuamente,
especialmente al considerar la secuencia entre droga y delito y las transiciones entre
los distintos tipos de delitos y los distintos tipos de drogas y de usuarios de las
mismas (Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001). Un ejemplo de esto sería el que,
independiente de la dirección causal de la relación en la iniciación de ambas
conductas, un involucramiento intenso en el uso de determinadas drogas impediría o
atrasaría el desistimiento en el delito (Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001; Chaiken &
Chaiken, 1990; Deitch, Koutsenok, & Ruiz, 2000). Otros autores sugieren que la
relación entre ambas conductas varía de acuerdo a las fases de adicción de una
trayectoria de consumo: mientras en la fase inicial de consumo ocasional de drogas la
9
relación con el delito es una relación espuria, en una etapa de consumo recreacional
continuo, los ingresos obtenidos por medio del delito pueden facilitar –pero no
causar– ese consumo. En la etapa de adicción, en cambio, pareciera que el consumo
de drogas sí se relacionaría de manera causal con la comisión de delitos (Faupel &
Klockars, 1987; similar en Simpson, 2003). De esta manera es posible sostener que la
relación entre droga y delito varía en las diferentes etapas de vida, según el tipo o
etapa de consumo de drogas (dependientes de la frecuencia de consumo y de la droga
consumida) (Stevens, et al., 2003; Bennett & Holloway, 2009).
El modelo de Goldstein
El intento más influyente de establecer las vías de relación entre el consumo de
drogas y la comisión de delitos fue llevado a cabo por Paul Goldstein, quien en su
clásico artículo "The drugs/violence Nexus. A Tripartite Conceptual Framework",
quiso hacer un aporte conceptual para futuras investigaciones empíricas en la materia
(Goldstein, 1985). Goldstein presenta su modelo en el contexto de la epidemia del
crack en Nueva York, que entonces presentaba altas tasas de homicidios y delitos
violentos que fueron asociados a la existencia de un mercado de venta del crack
dominado por pandillas juveniles armadas. La caída posterior de la tasa de
criminalidad norteamericana se ha atribuido, en parte, justamente a una disminución
en los niveles agregados de consumo de crack y, con ello, a la caída progresiva del
mercado del mismo (Johnson, Golub, & Dunlap, 2000; Levitt, 2004). El modelo
planteado por Goldstein puso por esto el acento en la asociación de la droga con la
violencia, no con los delitos en general. Posteriormente, sin embargo, el modelo ha
sido utilizado constantemente para estudiar el vínculo entre delito y droga en general,
sin limitarlo a los delitos violentos.
Goldstein presenta una aproximación teórica que permite clasificar el vínculo droga /
violencia por medio de tres vías de conexión. Cada una de estas vías debe ser
entendida como un “tipo ideal”, asumiendo además que existe y puede existir cierta
yuxtaposición entre ellas (Goldstein, 1985).
10
Violencia Sistémica
En primer lugar, se plantea la violencia sistémica como aquella que se genera en el
contexto del mercado ilegal de la droga, en el proceso de producción e intercambio de
estas sustancias. Este tipo de violencia es, para Goldstein, intrínseca al
involucramiento con cualquier sustancia ilícita y responde a los patrones naturales de
interacción en el mercado de la droga: drug use, the drug business, and the violence
connected to both of these phenomena, are all aspects of the same general lifestyle
(Goldstein, 1985). Al operar este mercado fuera de la legalidad, no responde a los
límites propios de un mercado tradicional, si no que es regulado por la violencia, que
sería el medio para resolver las disputas ante la ausencia de regulación institucional de
las interacciones (Hoaken & Stewart, 2003; Fagan & Chin, 1991; White & Gorman,
2000). En este contexto de ilegalidad, el terror, la extorsión, y las represalias serían
estrategias permitidas dentro del sistema de vida de quienes se dedican al negocio de
la droga (Goldstein, 1985).
En esta línea se incorporaría, además, el efecto de asociación que implica que el uso
de drogas ilícitas empuja al consumidor hacia el contacto con traficantes, y, por tanto,
con personas que infringen la ley y pueden introducir al usuario de drogas en una
subcultura delictiva que redunda, a su vez, en una mayor probabilidad de involucrarse
en violencia sistémica (Nurco, Kinlock, & Hanlon, 2004; Inciardi & Pottieger, 1994).
Dado que su foco está puesto en la violencia, Goldstein no considera en este vínculo
los delitos contra la ley de drogas, en su mayoría no violentos, lo que sí hacen algunos
de los autores que posteriormente han citado su modelo (Bennet & Holloway, 2007;
Bennett & Holloway, 2009), en su mayoría considerándolo como un cuarto tipo de
vínculo (Pernanen, Brochu, Cousineau, & Sun, 2000).
Violencia Económico-Compulsiva
Una segunda conexión sería la violencia económica compulsiva, que es aquella que se
genera con el fin de conseguir los bienes necesarios para financiar el consumo de
drogas. Dado que la mayor parte de los delitos cometidos para conseguir drogas son
delitos contra la propiedad, la gran mayoría de los cuales no posee un carácter
violento, Goldstein atribuye la violencia al contexto donde se realiza el acto para
11
obtener dinero, sea por características del agresor (nerviosismo, porte de armas), de la
víctima (reacción), o por intercesión de terceros.
Como es de esperar, los delitos asociados a un fin económico estarían fuertemente
relacionados, en la evidencia internacional, con drogas como la heroína y la cocaína,
más caras y de mayor poder adictivo, cuyo uso diario generalmente no se logra
financiar con los ingresos legalmente obtenidos (McBride & McCoy, 1993; Bennett
& Holloway, 2009; Chaiken & Chaiken, 1990; Goldstein, Belluci, Spunt, & Miller,
1991; Stevens, et al., 2003; Inciardi, McBride, McCoy, & Chitwood, 1997). A esto se
suma que muchas veces los consumidores frecuentes de estas drogas son
desempleados (McBride & McCoy, 1993), lo que aumenta las probabilidades de
involucrarse en delitos con este fin. Este tipo de vínculo es el más común entre
adictos a las drogas (Simpson, 2003; Deitch, Koutsenok, & Ruiz, 2000) y en general
se relaciona más con delitos contra la propiedad –como hurto o robo a personas-, que
con delitos violentos (Anglin & Speckart, 1988; Bennett & Holloway, 2009).
Violencia Psicofarmacológica
Por último, el tercer vínculo entre violencia y droga que plantea Goldstein es la
violencia psicofarmacológica, definida como aquella generada directamente por los
efectos psicoactivos de la droga en quien la consume, efectos que provocan en los
individuos cambios de estado o pérdida de juicio que lleven a comportamientos
irracionales y violentos. El vínculo puede darse también en la medida que el
consumidor experimenta el “síndrome de abstinencia”3.
La evidencia empírica de esta asociación es fuerte únicamente para el vínculo del
alcohol y comportamiento agresivo, principalmente por medio de la desinhibición que
generaría el estado de ebriedad (Menard & Mihalic, 2001; Deitch, Koutsenok, &
Ruiz, 2000; Hoaken & Stewart, 2003; Parker & Auerhahn, 1998; Bennett &
Holloway, 2009; Pepler, Craig, Connolly, & Henderson, 2002; Goldstein, Belluci,
Spunt, & Miller, 1991; Fagan, 1990; Dawkins, 1997; Martin, Maxwell, White, &
Zhang, 2004; Miczek, DeBold, Haney, Tidey, Vivian, & Weerts, 1994). 3 DSM IV define el síndrome de abstinencia como el síndrome específico que se genera debido al cese o reducción del consumo prolongado de una sustancia, y que provoca malestar clínicamente significativo, y deterioro en la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo.
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En el caso de la marihuana y la heroína, los resultados son inconsistentes (Goldstein,
1985) o incluso opuestos (Hammersley, 2008; Parker & Auerhahn, 1998),
afirmándose que estas drogas pueden disminuir la agresividad y, por tanto, las
probabilidades de realizar delitos de carácter violento bajo sus efectos, salvo en casos
de síndrome de abstinencia (Parker & Auerhahn, 1998; Hoaken & Stewart, 2003;
Miczek, DeBold, Haney, Tidey, Vivian, & Weerts, 1994). Derzon y Lipsey (1999),
por su parte, mediante una revisión sistemática de estudios longitudinales relativos al
vínculo entre marihuana y comportamiento problemático, muestran una relación
positiva entre ambas conductas, principalmente en la adolescencia temprana. Ahora
bien, los mismos autores concluyen que la conexión no predice trayectorias
delictuales mayores, primando una relación de comorbilidad entre ambas.
Existe cierta evidencia, en cambio, aunque no definitiva, para el vínculo entre cocaína
y algunos tipos de delitos, incluidos los de carácter violento (Nurco, Kinlock, &
Hanlon, 2004; Goldstein, Belluci, Spunt, & Miller, 1991), que podría verse afectado
por las formas de consumo –atribuyéndose mayor violencia al fumar la droga,
principalmente como crack- (Parker & Auerhahn, 1998).
En esta misma categoría psicofarmacológica, Goldstein incorpora los delitos
realizados en circunstancias que la víctima está bajo la influencia de la droga. Aun
cuando los mecanismos causales del vínculo víctima-violencia parecen diferir al de
agresor-violencia, Goldstein no genera una cuarta categoría, lo que para algunos
autores ha redundado en la falta de evidencia empírica al respecto, pues salvo
excepciones (French, McCollister, Kébreau Alexandre, Chitwood, & McCoy, 2004),
esta subcategoría ha sido poco considerada en investigaciones posteriores (MacCoun,
Kilmer, & Reuter, 2003). En general, la relación del consumo de alcohol y
victimización está mejor documentada en relación a ataques de carácter sexual
(Fagan, 1990; MacCoun, Kilmer, & Reuter, 2003). También en el caso de la cocaína,
la evidencia obtenida por Goldstein señala que, para las mujeres, un mayor volumen
de consumo de cocaína se relacionaría con mayor victimización (Goldstein, Belluci,
Spunt, & Miller, 1991).
13
Críticas al modelo de Goldstein
Desde su publicación, el modelo formulado por Goldstein tiene el record de ser el
artículo más citado en la materia (Stevens, 2011). Esto, sin embargo, no implica el
que haya estado ajeno a las críticas.
La principal crítica apunta a la atribución de causalidad que se desprende del marco
conceptual planteado por Goldstein. Si bien el autor no aborda directamente este
problema, sí da por sentado que la relación entre droga y delitos violentos se explica
exclusivamente por un vínculo directo desde la primera a los segundos (Stevens,
2011), sin matizar ni especificar los límites de esta relación. Como se señaló, la
evidencia de esta conexión en lo que respecta a la edad de inicio en ambas conductas
contradice el modelo presentado. En términos agregados, tampoco sería posible
hablar de una causalidad en delitos específicos durante la trayectoria de vida de
quienes delinquen y/o de quienes consumen drogas, ya que aun cuando la
probabilidad de que ambas conductas estén asociadas es alta y significativa, son
muchos quienes consumen droga y no delinquen nunca, o que participan del mundo
delictual sin haber consumido ninguna substancia (MacCoun, Kilmer, & Reuter,
2003). Por lo mismo, al considerar la relación de manera unidireccional, no se
diferencia entre las conexiones droga-delito y las conexiones delito-droga, lo que le
resta profundidad al análisis y genera sobre-estimaciones en la cuantificación de dicha
relación (Bennett & Holloway, 2009).
Por otra parte, varios autores han planteado que el marco tripartito es más una serie de
supuestos razonables sobre la relación entre droga y violencia que categorías
testeables basadas en evidencia (Parker & Auerhahn, 1998; MacCoun, Kilmer, &
Reuter, 2003; Bennett & Holloway, 2009). Esta dificultad para testear los
mecanismos expuestos se debería principalmente al hecho que Goldstein no explica
en su modelo los mecanismos por los cuales se produce el vínculo ni las condiciones
en que éste se genera (lo que intentan hacer parcialmente Bennet y Holloway en su
artículo de 2009).
Stevens afirma, de hecho, que la evidencia desarrollada por el mismo Goldstein en
base a los homicidios ocurridos en Nueva York (Goldstein, Belluci, Spunt, & Miller,
1991) -donde se clasificó cada delito según un tipo de conexión con la droga- es
cuestionable, ya que estas clasificaciones do not test the three hypotheses suggested
14
by the tripatite framework. Rather they rest on the prior assumptions that the
framework covers every possible instance of homicide where the victim or perpetrator
is a drug user, and that drug markets are inherently violent (Stevens, 2011, p. 39).
Para Stevens el modelo ha sido insuficientemente testeado de manera empírica y no
ha presentado resultados consistentes.
Esta falta de evidencia respondería en parte a que el modelo se construyó en un
momento específico de tiempo -la epidemia del crack-, y en relación a un lugar
específico –Nueva York-, por lo cual, para hacerlo generalizable, sería necesario
refinar el esquema planteado en base a nuevas investigaciones (MacCoun, Kilmer, &
Reuter, 2003). Esta especificidad caracterizaría principalmente al vínculo sistémico,
dado que el contexto de Goldstein era el de un mercado especialmente violento de
venta de crack, que influyó de hecho en el aumento y posterior disminución de las
muertes en Nueva York (Johnson, Golub, & Dunlap, 2000; Levitt, 2004). Sin
embargo, la evidencia no permite sostener que la violencia sea algo propio de los
mercados ilegales per se, como tampoco de todos los mercados de drogas (Reuter,
2009; White & Gorman, 2000), si no una característica específica en tiempo y lugar.
El modelo planteado por Goldstein, además, no daría cuenta de posibles interacciones
con el contexto y el individuo (Parker & Auerhahn, 1998; Bennett & Holloway,
2009). Esto sería relevante en la medida que el contexto sociocultural donde se
consume mediaría el vínculo entre consumo de sustancias y comportamiento violento
(Fagan, 1990; Parker & Auerhahn, 1998). El alcohol, por ejemplo, produciría una
desinhibición selectiva: solo en determinados contextos el consumo de alcohol
desinhibe los comportamientos violentos (Parker & Auerhahn, 1998), como es el caso
de contextos familiares, caracterizados por un aparato normativo más débil en el
control de la violencia, lo que explicaría que el consumo de alcohol sea un buen
predictor de homicidios dentro de la familia o entre cercanos.
Una última crítica deriva de que las categorías se constituyan como tipos ideales, sin
ser excluyentes entre sí (Parker & Auerhahn, 1998). Sin embargo, desde el parecer de
otros autores esto no sería un problema y, de hecho, parecería forzado tratar de
atribuir a un solo mecanismo la vinculación del delito con la droga, cuando la realidad
muestra que no es así (MacCoun, Kilmer, & Reuter, 2003; Pernanen, Brochu,
Cousineau, & Sun, 2000). Más interesante parecería relevar las interacciones entre los
distintos tipos de conexión (Bennett & Holloway, 2009).
15
La droga como motivación para el delito
La teoría criminológica tradicional se ha concentrado en la búsqueda de factores que
explicarían por qué algunas personas se inician en un comportamiento desviado y
otros no. Teorías clásicas como la de la asociación diferencial de Sutherland, o la del
auto control de Gottfredson y Hirschi (Farrington, 2003; Serrano Maíllo, 2006) dan
cuenta de características estáticas –definiciones favorables al crimen, bajo control
externo o bajo auto-control- que harían a ciertos individuos o grupos de individuos
más propensos a incorporarse al mundo del delito. Estas características quedarían
definidas a edades tempranas y, en el caso del auto-control, se mantendrían
relativamente estables en el tiempo.
En contraste con esta mirada estática, se han desarrollado desde la década de los
ochenta una serie de teorías que intentan explicar los cambios intra-individuo a lo
largo del desarrollo de una carrera criminal. Estas teorías, conocidas como
developmental and life-course criminology, hacen especial énfasis en los cambios que
tienen los factores de riesgo a lo largo de la vida de un individuo, así como a los
efectos que pueden generar determinados eventos relevantes de la vida (Catalano &
Hawkins, 1996; Farrington, 2003).
Entre estas últimas está la integrated cognitive antisocial potential theory (ICAP)
propuesta por Farrington (2003). La ICAP se basa en la idea de que existe un
potencial antisocial que responde a una conjunción de diferencias de largo plazo entre
individuos –que dependen de la impulsividad, frustración, modelaje, proceso
socializador y eventos de vida–, y de variaciones de corto plazo intra-individuo –que
dependerían a su vez de factores motivacionales y situacionales tales como la rabia, la
frustración, o el estar bajo los efectos del alcohol (Farrington, 2003, p. 233). El paso
de un potencial antisocial a un comportamiento antisocial estaría mediado por un
proceso de decisión que toma en cuenta las oportunidades de delito (Farrington, 2003,
p. 231). Si bien para Farrington existe racionalidad en la decisión de delinquir, ésta
podría verse afectada por una alta presencia de elementos que elevan el potencial
antisocial de corto plazo que llevaría a delinquir cuando no es racional hacerlo.
Mientras los factores de riesgo permiten dar cuenta de la predisposición de
determinadas personas al delito –diferencias entre individuos–, esta predisposición
puede activarse o no afectada por factores inmediatos, que transforman offenders from
an indifferent state to one in which they are determined to commit crime (Jacobs &
16
Wright, 1999, p. 163). Uno de estos factores podría ser el estar bajo los efectos de
alguna sustancia.
Si bien la evidencia es bastante categórica al afirmar que la iniciación en el delito
antecede la iniciación en drogas y, por tanto, no se podría afirmar un efecto causal de
la droga en el delito, la pregunta por las razones que conducen a una persona a
delinquir en determinado momento –habiéndolo o no hecho con anterioridad– sí
puede ser iluminada por el rol que juega el consumo y la transacción de sustancias
lícitas e ilícitas en el comportamiento humano. El análisis en este caso se basa
igualmente en dos de los principios mejor consensuados en teoría criminológica: la
influencia causal sería probabilística y no determinante, y esta relación es contingente
y no incondicional (MacCoun, Kilmer, & Reuter, 2003). De esta manera, al afirmar
que un determinado delito no habría sido realizado de no haber mediado consumo o
deseos de consumir drogas, no se estaría atribuyendo que todos quienes consuman o
deseen consumir esa droga realizarán ese mismo delito, ni que el consumo per se
genera la agresividad que lleva a actuar de determinada manera. Tampoco al atribuir
un delito a drogas se estará asumiendo que esa persona seguirá cometiendo delitos de
ese tipo. Sin lugar a dudas, la conexión entre droga y delito varía entre los individuos,
pero también en el desarrollo de vida de un mismo individuo.
En el caso del modelo de atribución que se presentará a continuación, la pregunta por
el rol que juega el consumo, el deseo de consumir y la transacción de drogas en la
motivación para delinquir, no refiere al inicio en un determinado comportamiento
desviado, si no a un momento específico de la trayectoria de ese comportamiento –al
delito por el que el encuestado cumple condena en prisión. Simplemente se establece
la conexión causal en un evento criminal determinado del individuo (Pernanen,
Cousineau, Brochu, & Sun, 2002).
17
2. CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE UN MODELO DE ATRIBUCIÓN
Las investigaciones que, aportando evidencia empírica, utilizan el modelo de
Goldstein como marco conceptual de sus estudios son escasas (Stevens, 2011). La
más importante de ellas fue seguramente la realizada por Kai Pernanen en Canadá,
quien lideró un equipo de investigadores para estimar las fracciones atribuibles de la
relación entre drogas, alcohol y delitos, con el fin de atribuir los costos sociales
asociados a estos problemas. Estas fracciones se obtuvieron de datos obtenidos entre
personas privadas de libertad en Canadá (Pernanen, Brochu, Cousineau, & Sun, 2000;
Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002).
El concepto de fracción atribuible pretende establecer qué porcentaje de determinado
efecto es atribuible –causalmente– al factor de riesgo estudiado, al considerar
vínculos donde la relación es indirecta. Esto ha sido especialmente utilizado en
estudios de costos sociales atribuibles a la droga (Single, et al., 2001). A modo de
ejemplo, los costos asociados a la persecución de delitos contra la ley de drogas son
directamente atribuibles a la existencia de las mismas. No es igual, en cambio, en el
caso de un delito cometido bajo la influencia de determinada sustancia. En el
escenario contra-factual de ausencia de drogas, no existiría certeza de que ese delito y
el costo social por él generado no habrían tenido lugar. Por lo mismo, y para evitar
sobre-estimaciones de costos, se calculan fracciones atribuibles que permiten definir
qué proporción de un determinado efecto –involucramiento delictual– sería imputable
a un factor de riesgo –uso de drogas en este caso (Single, et al., 2001).
Los estudios de Pernanen siguen el modelo y la pretensión de causalidad de
Goldstein, pero restringen la atribución causal, buscando relevar qué fracción de los
delitos que efectivamente se comenten bajo los efectos de alguna sustancia o por el
deseo de consumirla son atribuibles efectivamente a la existencia de consumo de
drogas. La mera confirmación de que un individuo actuó bajo la influencia de
determinada droga solo muestra una asociación entre ambas conductas, pero no
muestra en absoluto algún grado de causalidad, lo que redundaría en una sobre-
estimación del vínculo (Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002; Single, et al.,
2001).
En Chile, un primer intento de estimar un modelo de atribución basado en el modelo
de Goldstein y que consideró las especificaciones de los estudios liderados por
18
Pernanen, fue el realizado por Valenzuela y Larroulet con datos en población penal
adulta de 2007 y en población adolescente infractora de 2006 (Valenzuela &
Larroulet, 2010). Este estudio, sin embargo, tiene una serie de limitaciones que el
modelo de atribución que se muestra más adelante busca superar, incorporando
algunas especificaciones que otorgan mayor confiabilidad a los resultados.
El modelo estimado
El objetivo de construir un modelo de atribución droga/delito es estimar la proporción
de los delitos que son atribuibles a la existencia de drogas, sea por los efectos
generados en su consumo o tráfico.
Al igual que el modelo desarrollado por los canadienses (Pernanen, Brochu,
Cousineau, & Sun, 2000; Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002), se atribuye
causalidad a eventos determinados en la vida de un individuo: el delito por el que se
cumple condena actualmente. Ahora bien, como el objetivo no se restringe al vínculo
entre droga y violencia, se considerarán en la estimación todo tipo de delitos, sin
distinguir según su grado de agresividad. Lo que se pretende es construir un modelo
restrictivo en su atribución de causalidad, tratando de evitar una sobre-estimación del
vínculo droga / delito dada por la consideración de falsos positivos. Para ello, se
controlarán las declaraciones de asociación entre ambas conductas por medio de
escalas objetivas o declaraciones de atribución de efectividad.
En primer lugar, en el caso del delito ocurrido en el marco del mercado de la
droga, los investigadores liderados por Pernanen distinguen entre la violencia
sistémica reportada por Goldstein –delitos ocurridos en el contexto de la transacción
de drogas ilícitas, tales como homicidios por ajustes de cuenta o “quitadas de drogas”,
como se conoce el robo de droga a traficantes–, de los delitos contra la ley de drogas -
drug-defined crime- que responden a la legislación específica de cada país. Estos
últimos podrían ser considerados sistémicos solo en la medida que ocurren dentro del
sistema de comercio ilegal. Goldstein, como se señaló anteriormente, dado que ponía
el foco en la violencia, no consideró en su modelo la compra y venta de drogas, que
es, de suyo, un delito no violento.
En ambos casos –delitos sistémicos y delitos contra la ley de droga-, Pernanen y su
equipo plantean que la causalidad entre droga y delito difiere de la del vínculo
19
económico compulsivo o de intoxicación. Mientras la fracción atribuible estos últimos
casos sería “causal”, dada por la droga misma y sus características, la atribución en el
delito sistémico y los delitos contra la ley de drogas sería “social” (Pernanen,
Cousineau, Brochu, & Sun, 2002, p. 95), en la medida que responde a un vínculo con
la ilegalidad de la droga en razón de la legislación propia de cada país. Por lo mismo,
optan por excluir ambos tipos de vínculo de su modelo.
La argumentación específica apunta, en el caso de los delitos de droga, a que la
relación entre droga y delito es, en este caso, tautológica (Pernanen, Cousineau,
Brochu, & Sun, 2002), en cuanto las acciones realizadas (comprar y vender) no son
delito salvo cuando el bien que se transa es considerado ilegal, como es el caso de las
drogas. Por lo mismo, es la misma legislación la que, estableciendo la ilegalidad de la
acción dado el bien transado, generaría el vínculo entre ambos. Además, argumentan,
en el escenario contrafactual de ausencia de drogas nada parece indicar que quienes se
involucran en esta actividad ilegal optarían por dedicarse a una actividad legal:
muchos participan en el mercado ilegal de drogas por ser lucrativo, y es probable que
buscarían otra alternativa similar en caso de no poder participar en él (Pernanen,
Cousineau, Brochu, & Sun, 2002).
En efecto, en los estudios sobre el tema existe consenso de no considerar en el análisis
el hecho de que el uso y transacción de drogas per se sea un crimen (MacCoun,
Kilmer, & Reuter, 2003). Por lo mismo, y siguiendo la argumentación de Pernanen
relativa a la relación tautológica entre droga y delito en estos casos, en la presente
estimación los delitos contra la ley de drogas –que fueron considerados en el modelo
de estimación realizado anteriormente (Valenzuela & Larroulet, 2010)- son excluidos
del modelo.
Distinto es el caso del delito sistémico. En relación a este tipo de conexión, los
autores (Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002) plantean que si bien existe una
asociación directa con la existencia de drogas, específicamente mediante la
participación en el mercado ilegal, there is no intrinsic connection to drugs in the
motivations that incite and causes that drive individuals to commit systemic crimes in
the illegal drug trade (Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002, p. 80), salvo en
los casos en que los delitos cometidos se vinculen con las otras vías de conexión: se
realizó para conseguir drogas o bajo los efectos de la misma. El delito sistémico que
no presenta otro tipo de vínculo con drogas responde, para los autores, más bien a la
20
participación en un mercado ilegal, donde la droga es la mercancía transada, pero que
bien podría ser modificada por otra. Además, los autores señalan que los delitos
propiamente sistémicos –homicidio, robo, lesiones– son delitos aun cuando no fueran
parte de la economía ilegal de las drogas.
Este último argumento parece olvidar que también lo son la fracción de delitos
atribuibles a drogas por medio del vínculo económico compulsivo o
psicofarmacológico. A diferencia de lo que ocurre con los delitos contra la ley de
drogas, los actos cometidos en todos los casos (robar, matar, abusar de alguien) son
delitos independientemente de la motivación que lleve a cometerlos. Ahora bien, en el
caso del vínculo sistémico es el contexto de transacción de drogas –en un mercado
competitivo, ilegal– el que genera el delito. Sin este mercado específico, los delitos no
se habrían cometido. De hecho, la violencia interna asociada a otros mercados
ilegales, como el de películas piratas (Moya, 2008), o a mercados legales como el del
alcohol, es claramente menor. Se puede afirmar, por tanto, que, aun cuando la
motivación es distinta, son delitos que no se habrían cometido de no mediar la
existencia de drogas, al igual como ocurre en las otras conexiones.
Por otra parte, si se acepta el argumento de que la existencia de este vínculo es fruto
de la ilegalidad del mercado –y, por tanto, es una conexión “social” más que “causal”,
tendríamos que considerar el efecto que tiene esta ilegalidad en cada uno de los otros
dos vínculos: el aumento de precio de la sustancia, en el caso del económico
compulsivo, o la falta de regulación de la calidad de la misma, que repercute en los
niveles de adicción. Todas las conexiones con drogas ilegales tienen un efecto
“social” comprometido, lo que implicaría, de seguir el argumento de Pernanen
(Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002), dejar fuera del modelo todas las
conexiones plateadas por Goldstein, y restringir éste al vínculo con el alcohol.
A razón de estos argumentos, no se consideran, en el modelo que se presenta, los
casos cuyo único vínculo con la existencia de drogas está dado por la participación
pacífica en el mercado de la misma, pero se mantienen como vínculo directo aquellos
actos violentos ocurridos en el contexto del mercado de drogas.
En términos del vínculo económico-compulsivo, Pernanen y sus colaboradores se
apegan a lo planteado por Goldstein, considerando que el delito puede ser
“compulsivo” únicamente cuando responde a una adicción (Pernanen, Cousineau,
21
Brochu, & Sun, 2002). Esta exige que el individuo consuma la droga de manera
regular para evitar síndromes de abstinencia, lo que implica una necesidad de recursos
difícil de sostener por ingresos legítimos. Así la fracción atribuible a drogas
corresponde al porcentaje de dependientes sobre el total que declara haber cometido
el delito con el fin de financiar su consumo de drogas (Pernanen, Brochu, Cousineau,
& Sun, 2000; Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002). Los autores incorporan
además la conexión económico-compulsiva vinculada a alcohol, que no está presente
en el modelo original de Goldstein, y que fue incorporada también en este trabajo,
como una mejora al modelo realizado con datos de 2007 (Valenzuela & Larroulet,
2010).
La condición de dependencia será también utilizada en la atribución de causalidad del
modelo presentado, considerando una especificidad, que ni : a quienes declararon
intención adquisitiva en su delito se les preguntó por la droga que querían consumir,
de manera de atribuir solo aquellos delitos que, del total de los realizados para
consumir una determinada droga, fueron cometidos por dependientes de esa droga
específica4. Este punto es relevante exclusivamente dado el alto policonsumo de
sustancias de la población penal5. El no control por droga declarada –como en
Valenzuela & Larroulet, 2010- implica atribuir, por ejemplo, delitos realizados por
dependientes de pasta base pero cuyo objetivo era consumir marihuana. La condición
de dependencia fue obtenida en base a la aplicación del cuestionario DSM IV, que
considera síndromes de tolerancia, privación y compulsión en el uso de la sustancia.
Finalmente, la conexión psicofarmacológica –o de intoxicación como la llaman
Pernanen y sus coinvestigadores (2000; 2002)– presenta una dificultad mayor de
atribución, aun cuando podamos saber que una persona estaba bajo los efectos de
alguna droga. De hecho, la investigación empírica muestra que una parte importante
de los delitos se realiza justamente bajo la influencia de alguna droga. El análisis que
hace Taylor de distintos países que han usado el programa I-ADAM para medir el
4 Este doble control genera sí una limitación: la medición de dependencia está únicamente para el alcohol, la marihuana y alguna cocaína. De esta manera, quienes declaran haber querido consumir una droga distinta de éstas, quedaría fuera del modelo. El efecto es menor, ya que solo se nombra la intención de comprar chicota y pastillas que, de manera unívoca –sin considerar el policonsumo con alguna de las sustancias que sí están incorporadas- corresponden apenas al 0.1% de quienes declaran intención adquisitiva. 5 Un tercio (31%) de los encuestados declara haber consumido más de una droga (considerando solo marihuana, pasta base y cocaína), el mes previo a cometer delito. Otro tercio (33%), haber consumido solo una de esas drogas, y el restante (36%) declara no haber consumido.
22
consumo de droga en detenidos recientes por medio de test de orina, entrega tasas de
presencia de sustancia del orden de un 60% (Taylor, 2002). En el caso chileno, el
estudio I-ADAM realizado en 2010 arrojó que un 38% de los detenidos marcaba
positivo para marihuana y un 56% para cocaína (Cárcamo, 2011). Ahora bien, si la
mera presencia de droga en el momento del delito se usa para presumir causalidad -–
es lo que hace, de hecho, Goldstein en sus estudios en base a homicidios en Nueva
York– el vínculo se estaría evidentemente sobre-estimando. La atribución de
causalidad está dada justamente por el hecho que el individuo realiza una actividad
ilegal que, de no haber estado bajo los efectos de intoxicación de determinada
sustancia, no habría llevado a cabo (Pernanen, Brochu, Cousineau, & Sun, 2000).
El problema central no radica aparentemente en la validez que tiene el auto reporte
respecto al consumo de drogas en población privada de libertad. Tanto la evidencia
internacional (Hser, Maglione, & Boyle, 1999) como la nacional (Hurtado &
Larroulet, 2012) confirman la confiabilidad del uso de encuestas de auto-reporte en
estas materias. Sin embargo, para establecer el vínculo psicofarmacológico no basta
saber en cuántos casos se había consumido drogas antes de cometer un delito, si no,
además, se requiere información que permita atribuir eficacia delictiva al estado de
intoxicación.
Esta atribución de eficacia delictiva debería incorporar dos elementos: el estado de
intoxicación –el que el consumo de drogas haya generado efectivamente efectos en el
individuo, lo que se ve afectado por el tipo y volumen de droga, consumido– y la
certeza de que aquel delito no se habría cometido de no haber estado el individuo bajo
los efectos de la sustancia.
Esta última dificultad es enfrentada por el equipo de Pernanen. (Pernanen, Brochu,
Cousineau, & Sun, 2000; Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002) mediante la
incorporación de una pregunta contrafactual a los mismos entrevistados, en la cual,
quienes declaran haber estado bajo los efectos de la droga confirman el rol que tuvo
su estado de temperancia en la realización del delito. Esta condición se utilizó para
estimar la relación psicofarmacológica en este estudio: sólo se consideraron a aquellos
que expresamente afirmaron que no habrían cometido el delito si no hubiesen estado
bajo los efectos de determinada droga. De esta manera, a partir de quienes declararon
haber estado bajo los efectos de la droga en el momento de cometer el delito y del
porcentaje de atribución dado por quienes atribuyen a este consumo el hecho de haber
23
delinquido, se obtiene la fracción de delitos que serían atribuibles al consumo de
drogas o alcohol, en su conexión psicofarmacológica.
Siguiendo lo planteado por Goldstein, también se consideró en este trabajo el estado
psico-farmacológico de la víctima, cuya atribución se limitó, siguiendo lo establecido
en el punto anterior, a aquellos que no habrían cometido el delito de no haber estado
la víctima bajo los efectos de la droga o el alcohol. En este punto el modelo estimado
en 2010 era especialmente débil, al no controlar por el contrafactual ni distinguir por
tipo de droga involucrada (Valenzuela & Larroulet, 2010).
Metodología
El modelo de atribución se construye en base a dos tipos de relaciones:
a) Una relación directa, que considera el delito 100% imputable a la existencia de
drogas (por uso, abuso o tráfico). Este es el sistema de atribución para el caso
del vínculo sistémico.
b) Una relación indirecta, que se calcula en base a (1) un total de población que
declara haber cometido el delito en el marco de alguno de los vínculos –
económico compulsivo o psicofarmacológico– con la droga y/o alcohol; y (2)
un porcentaje de atribución, dado por quienes cumplen la condición restrictiva
que da cuenta de la eficacia delictiva de la sustancia: dependencia para el
vínculo económico compulsivo y la afirmación contrafactual para el vínculo
psicofarmácológico. La fracción atribuible se obtiene mediante producto de
(2) y (1), reflejando así el porcentaje de delitos atribuibles a drogas y/o
alcohol. Los resultados para los casos de relación indirecta se mostrarán de
manera agregada en las siguientes categorías: 'sólo drogas ilícitas', 'sólo
alcohol' y 'alcohol y droga'.
El modelo a estimar, de acuerdo a lo expuesto en la sección anterior, considera las
siguientes conexiones:
a) Vínculo sistémico. Se obtiene de todos aquellos delitos que hayan tenido lugar
en el contexto del mercado de la droga, en base a la respuesta afirmativa de
alguna de estas realidades: “¿Podría decirme si este último delito por el que ha
24
sido condenado/a tuvo que ver con: 1. Una quitada de droga; 2. Una pelea
entre vendedores de droga; 3. Una pelea con la policía o carabineros por la
droga”. En el caso de respuesta afirmativa se considera que el vínculo es
directo, por lo que no se aplicarán porcentajes de atribución: el 100% de los
delitos que caigan en esta categoría serán considerados delitos sistémicos.
b) Vínculo económico-compulsivo. La intención adquisitiva total (1)
corresponde a quienes responden afirmativamente a la pregunta “¿Lo hizo
para comprar o conseguir droga?” y “¿Lo hizo para comprar o conseguir
alcohol?”. El porcentaje de atribución (2) se construye en base a quienes
marcan dependencia a marihuana –y declararon haber querido consumir esa
droga6-, alguna cocaína7 –y declararon haber querido consumir cocaína y/o
pasta base– o alcohol. La fracción atribuible, dada por el porcentaje obtenido
de (2) multiplicado por el valor de (1) corresponde, por tanto, al porcentaje de
delitos cometidos con el fin de financiar una adicción y que fueron realizados
por dependientes de la sustancia que pretendían consumir. Estos serán
considerados atribuibles a drogas y/o alcohol.
c) Vínculo psicofarmacológico a nivel del victimario. El total se calcula en base
a (1) quienes declaran haber estado bajo los efectos de alguna droga ilícita o
del alcohol, por medio de las preguntas “¿Estaba drogado con marihuana?”,
“¿Estaba drogado con pasta base?”, “¿Estaba drogado con cocaína?” y
“¿Estaba bajo los efectos del alcohol?”. A quienes responden de manera
afirmativa, se les realizó una pregunta contrafactual de manera de imputar
causalidad a este hecho en la realización del delito: “¿Lo habría hecho si no
hubiese estado drogado con marihuana?”, “¿Lo habría hecho si no hubiese
estado drogado con pasta base?”, “¿Lo habría hecho si no hubiese estado
drogado con cocaína?” y “¿Lo habría hecho si no hubiese estado bajo los
efectos del alcohol?”. El porcentaje de respuestas negativa a esta pregunta (2)
–por tanto, la afirmación de que el delito no habría sido cometido de no
mediar el estado de temperancia respectivo– se constituye como porcentaje de
atribución, generándose la fracción en base al valor de (2) multiplicado por el
valor de (1), para cada droga en específico.
6 En la pregunta “¿Qué droga?”, que debían responder quienes habían contestado afirmativamente a la pregunta anterior: “¿Lo hizo para comprar o conseguir droga?”. 7 Alguna cocaína considera tanto clorhidrato de cocaína como pasta base de cocaína.
25
d) Vínculo psicofarmacológico a nivel de la víctima, se realiza el mismo proceso
realizado para el caso del victimario. El total (1) viene dado por la respuesta
afirmativa a la presencia percibida de alguna sustancia en la víctima, medida
por las preguntas “¿Podría decirme si la víctima estaba bajo la influencia de
alguna droga?” y “¿Podría decirme si la víctima estaba bajo la influencia del
alcohol?”. El porcentaje de atribución responde a la imputación causal
realizada por el mismo victimario (2), en las preguntas “¿Lo habría hecho si la
víctima no hubiese estado bajo los efectos de alguna droga?” y “¿Lo habría
hecho si la víctima no hubiese estado bajo los efectos del alcohol?”, y la
fracción atribuible es el porcentaje final de delitos realizados con una víctima
bajo efectos de alguna sustancia y que no habrían ocurrido de no mediar aquel
estado.
La estimación total de la magnitud del vínculo entre los delitos con la droga o con droga y alcohol se obtiene de la agregación de las cuatro conexiones. No se trata, sin embargo, de una suma simple, pues un delito puede tener más de una conexión –por ejemplo, puede haber sido realizado bajo los efectos de una droga y con la intención de adquirir droga. Por lo mismo, la estimación total corresponde a la agregación de la relación de cada delito con droga o con droga y alcohol, independiente de la(s) conexión(es) específicas. Además, en el caso de presencia de alcohol y drogas, y ante la imposibilidad de atribuir a uno de los dos, se consideraron todos los efectos generados por el alcohol y las drogas ilícitas como delitos relacionados con ambas sustancias, y no específicamente con los delitos relacionados con droga. Tabla Nº 1: Distribución y errores muestrales por Región
*Los datos correspondientes a la cantidad total de internos, se obtuvieron a partir de datos entregados por Gendarmería en junio del 2010.
Los resultados se obtuvieron de la encuesta utilizada para las “Estimaciones de
consumo problemático de drogas, necesidades y demandas de tratamiento en cárceles
chilenas” (ISUC, 2010), aplicada en población condenada con penas de privación de
libertad durante el segundo semestre de 2010 en las regiones de Tarapacá,
Metropolitana y Los Lagos.
Universo
Hombres* Muestra Error Universo Mujeres* Muestra Error Universo
Total* Muestra
Total Error
Primera Región 1755 415 4,2% 288 141 5,9% 2043 556 3,5% Décima Región 1726 270 5,5% 56 53 3,1% 1782 323 4,9%
RM 14061 501 4,3% 1287 277 5,2% 15348 778 3,4%
Total 17542 1186 2,7% 1631 471 3,8% 19173 1657 -
26
La encuesta se aplicó a una muestra representativa a nivel regional de la población
penal condenada en unidades penales, con sobre-representación de mujeres,
alcanzando un total de 1657 casos, con error muestral cercano al 5% en cada uno de
los estratos definidos. La selección de la muestra fue aleatoria, y la tasa de reemplazo
de la selección inicial fue de un 14%. La encuesta se realizó cara-a-cara con cada uno
de los participantes, previa firma de un consentimiento informado por parte de ellos.
La unidad de análisis considerada son los delitos por los cuales se encuentran
condenados los reclusos, obtenidos de las declaraciones de los mismos encuestados.
En caso de estar condenados por más de un delito y desconocer cuál de las condenas
se cumplía en ese momento, se consideró el delito de mayor gravedad. La distribución
de los delitos según auto-reporte se presenta en la tabla Nº 2.
Tabla Nº 2: Distribución de delitos por región (%)
I Región Región Metropolitana X Región Total
Hurto 6,3 5,4 5,7 5,5 Robo en lugar no habitado 3,6 3,5 5,8 3,7 Robo en lugar habitado 5,1 6,3 19,9 7,5 Robar un auto (o artículos de su interior) 1,2 1 1,1 1
Asalto o robo con violencia 22,8 50,3 32,2 45,6 Agresión sexual ( con o sin violación efectiva) 4,3 3 10,1 3,8
Matar o asesinar a alguien 3,7 7,6 13,9 7,8
Tráfico de drogas 48,1 17 2,7 19 Lesionar gravemente a alguien 0,8 0,4 1,4 0,5
Otro 4,4 5,6 7,3 5,6 N total no ponderado 556 778 323 1657
27
Resultados de la estimación
Salvo en el caso del delito sistémico, en la tabla de resultados (Nº 3) se presenta, en
primer lugar, la declaración bruta de cada tipo de conexión, a continuación, y entre
paréntesis, el porcentaje de atribución respectivo, que da lugar a los delitos atribuibles
en cada conexión a drogas, alcohol o ambos (en negrita y mayúscula) y, al final, se
presenta la estimación total.
Tabla Nº 3: Modelo general de atribución droga / delito (%)
Total (N=1657)
DE
LIT
O
SIST
ÉM
ICO
DELITO SISTÉMICO TOTAL 7,9
DE
LIT
O E
CO
NÓ
MIC
O-
CO
MPU
LSI
VO
Delito para comprar o conseguir droga 10,1 (Dependencia DSM IV a droga declarada) (76)
DELITO ECONÓMICO-COMPULSIVO DROGAS 7,7 Delito para comprar o conseguir alcohol 2,0
(Dependencia DSM IV a alcohol) (29) DELITO ECONÓMICO-COMPULSIVO ALCOHOL 0,6
Delito para comprar o conseguir drogas y alcohol 8,3 (Dependencia DSM IV a drogas declarada o alcohol) (86)
DELITO ECONÓMICO-COMPULSIVO DROGAS Y ALCOHOL 7,1
DELITO ECONÓMICO COMPULSIVO TOTAL 15,4
DE
LIT
O P
SIC
O-
FAR
MA
CO
LÓ
GIC
O
Delito bajo los efectos de alguna droga 11 (No lo habría hecho si no hubiera estado) (57)
DELITO PSICOFARMACOLÓGICO DROGAS 6,4 Delito bajo los efectos del alcohol 10,5
(No lo habría hecho si no hubiera estado) (71) DELITO PSICOFARMACOLÓGICO ALCOHOL 7,4
Delito bajo los efectos de drogas y alcohol 12,2 (No lo habría hecho si no hubiera estado) (78)
DELITO PSICOFARMACOLÓGICO DROGAS Y ALCOHOL 9,5 DELITO PSICOFARMACOLÓGICO TOTAL 23,3
DE
LIT
O P
SIC
O-
FAR
MA
CO
LÓ
GIC
O V
ÍCT
IMA
Víctima bajo los efectos de alguna droga 5,4 (No lo habría hecho si no hubiera estado) (52)
DELITO PSICOFARMACOLÓGICO VÍCTIMA DROGAS 2,8 Víctima bajo los efectos del alcohol 2,2
(No lo habría hecho si no hubiera estado) (33) DELITO PSICOFARMACOLÓGICO VÍCTIMA ALCOHOL 0,7
Víctima bajo los efectos de drogas y alcohol 3,6 (No lo habría hecho si no hubiera estado) (79)
DELITO PSICOFARMACOLÓGICO VÍCTIMA DROGAS Y ALCOHOL 2,9
DELITO PSICOFARMACOLÓGICO VÍCTIMA TOTAL 6,4
DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS 20,4 DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS Y ALCOHOL 36,5
28
Como se puede observar, la estimación realizada indica que un 20.4% de los delitos
por los que se cumplen condena en cárceles de las regiones de Tarapacá,
Metropolitana y Los Lagos estarían vinculados –en cualquiera de las formas
establecidas- con la existencia de drogas ilegales. Este porcentaje asciende a un
36.5% al considerar también el alcohol, de manera unívoca o en su conjunto con las
drogas.
Como se señaló anteriormente, la conexión sistémica corresponde a aquellos delitos
realizados en el marco de las operaciones del mercado de droga, que alcanzan un
7.9% del total de delitos cometidos. Esta conexión no posee porcentaje de atribución,
al considerarse 100% atribuible a la existencia de drogas.
En contraste con la relación directamente atribuible, los resultados de las siguientes
tres conexiones que se presentan permiten apreciar, por una parte, la magnitud de
cada vínculo y, por otra, la eficacia delictiva de las distintas sustancias (drogas
ilícitas, alcohol o ambas) en las diferentes conexiones establecidas, en razón de los
porcentajes de atribución.
La declaración bruta del delito con fin adquisitivo es cercana al 20%, en su mayoría
correspondiente al deseo de comprar drogas ilícitas (18.4%, si se consideran también
con alcohol). Al considerar solo la fracción atribuible a drogas y alcohol, este
porcentaje baja a un 15.4% de delitos.
Ahora bien, respecto a esta conexión económica, la eficacia delictiva -medida en el
porcentaje de atribución- de las drogas ilícitas es sustancialmente mayor que la del
alcohol. Mientras un 76% de quienes declaran haber delinquido para comprar drogas
corresponde a condenados con antecedentes de dependencia al momento de cometer
el delito, solo un 29% de quienes declaran una intención adquisitiva de alcohol son
dependientes de esa sustancia, lo que hace pensar que el alcohol juega un papel
secundario en la conexión económica compulsiva del delito. En este caso tanto la
magnitud de la relación (0.6% versus 7.7%) como la eficacia de la sustancia (29%
versus 76%) es menor en el caso del alcohol que en de las drogas ilícitas. No ocurre lo
mismo al considerar la presencia de ambas sustancias: el porcentaje de atribución es
de 86%.
En términos del vínculo psicofarmacológico, aun cuando el porcentaje de delitos que
declaran haber sido cometidos bajo efectos de ambas sustancias son similares (11%
29
bajo drogas ilícitas y 10.5% bajo los efectos del alcohol), no lo es la eficacia delictiva
asociada a cada una de ellas. Mientras que el porcentaje de atribución -obtenido de
quienes consideran que el haber estado bajo los efectos de alguna droga ilícita o
alcohol fue agente causal en la comisión de su delito- en el caso de drogas ilícitas es
de 57%, en el caso del alcohol es de 71%. De manera consistente con la evidencia
internacional (Fagan, 1990; Menard & Mihalic, 2001; Bennett & Holloway, 2009;
MacCoun, Kilmer, & Reuter, 2003; entre otros), el alcohol parece ser un agente
delictivo más relevante desde una perspectiva psicofarmacológica que el total de
drogas ilícitas. Los resultados, en magnitud, son consistentes con esto: la fracción de
delitos atribuible a alcohol es de 7.4%, a drogas de 6.4%, y a ambas sustancias de
9.5%. El total de delitos atribuibles a sustancias lícitas e ilícitas a través del
mecanismo psicofarmacológico es de 23.3%.
En la literatura se ha reconocido la vulnerabilidad que tienen los consumidores de
drogas y alcohol para ser víctima de delito (Fagan, 1990; MacCoun, Kilmer, &
Reuter, 2003), y el mismo Goldstein incorpora esta posibilidad como un mecanismo
específico de la conexión psicofarmacológica. El modelo propuesto muestra que un
5.4% de los entrevistados declaró que la víctima de su delito estaba bajo la influencia
de las drogas, 2.2% bajo el alcohol y 3.6% bajo ambas sustancias . Es importante
destacar que en esta pregunta interfieren dos elementos prácticos: el que existiera una
víctima reconocible del delito –en un 25% de los delitos declaran que no había– y la
percepción que tiene el victimario sobre el estado de temperancia de la misma –que se
verá afectada por variables como el conocimiento de la víctima, el grado de
intoxicación con la sustancia o el tipo de sustancia que haga más o menos evidente un
estado de intoxicación. Según los resultados obtenidos, la eficacia delictiva del
alcohol es menor (33%) en este tipo de vínculo, que la que tiene el estar bajo los
efectos del alcohol y drogas ilícitas al mismo tiempo, e implica una fracción atribuible
a alcohol de menos del 1% de los delitos. En total, el delito atribuible a drogas y
alcohol a través de un vínculo psicofarmacológico asociado a la víctima es de solo
6.4%, siendo el tipo de conexión de menor magnitud.
30
La yuxtaposición de las conexiones
Como se indicó previamente, las conexiones del modelo planteado por Goldstein se
yuxtaponen tanto teórica como empíricamente entre ellas, lo que implica que el total
de delitos vinculado a drogas no se obtiene de una suma simple de las relaciones
planteadas. Al ser la unidad de análisis el delito, para esto se debe considerar el total
de delitos atribuibles a la existencia de drogas, sin importar cuántos y qué tipos de
conexiones presente.
Tabla Nº 4: Condenados que declaran haber delinquido para conseguir drogas o alcohol (%), según si estaba bajo los efectos de alguna sustancia
Delito Psicofarmacológico
Bajo efectos droga
Bajo efectos alcohol
Bajo efectos ambos Ninguno Total
Delito
Econó
mico Co
mpu
lsivo
Para consumir drogas
37.4 0.3 22.3 40.0 100
Para consumir alcohol
0.0 27.9 25.8 46.3 100
Para consumir ambos
11.1 7.1 43.2 38.6 100
Ninguno 3.2 8.0 5.4 83.5 100
Donde se da mayor yuxtaposición de casos es entre los vínculos psicofarmacológico y
económico compulsivo. Como se presenta en la Tabla Nº 4, el 37% de los delitos
atribuibles de manera adquisitiva a las drogas, fue realizado bajo los efectos de las
mismas. Como es de esperar, la mayor asociación se da en consumo de sustancias
similares: quienes buscaban conseguir drogas ilícitas estaban bajo los efectos de las
mismas; quienes declaran haber querido comprar alcohol estaban en mayor medida
bajo los efectos de éste; y lo mismo sucede con el consumo de ambos tipos de drogas
–lícitas e ilícitas-. Ahora bien, no es despreciable el porcentaje de delitos económico-
compulsivos que no fueron realizados bajo los efectos de ninguna sustancia, lo que
permite destacar la contribución que hace este tipo de vinculación al modelo total -a
diferencia de los datos obtenidos en el estudio liderado por Pernanen (2002).
En el caso del delito sistémico, alrededor de un 83% no se relaciona ni con delito
económico compulsivo ni con delito psicofarmacológico. La yuxtaposición entre
31
estos delitos y los económico compulsivos o psicofarmacológicos vinculados a drogas
y a drogas y alcohol es pequeña. Tampoco en el caso del efecto psicofarmacológico
por consumo de la víctima la yuxtaposición parece ser relevante, aunque en este caso
la baja cantidad de casos no permite ser taxativo.
Conexión según tipo de drogas ilícitas
Del total de internos encuestados, un 51% declara haber consumido marihuana el mes
previo a la comisión del delito por el que cumple actualmente condena, un 29%
declara haber consumido cocaína y un 29% pasta base.
Sin embargo, el efecto que tiene cada una de estas sustancias en la comisión de delitos
no es proporcional. Como se observa en la tabla Nº 5, la sustancia más efectiva y que
explicaría un mayor porcentaje de los delitos es la pasta base, lo que implica que es un
porcentaje menor de consumidores quienes realizan la mayor cantidad de delitos
vinculados a droga.
* En el caso del vínculo económico-compulsivo, el porcentaje corresponde a la declaración de la droga que se pretendía adquirir. En el vínculo psico-farmacológico, al porcentaje del efecto de cada droga en el total de delitos de este tipo vinculados únicamente a drogas. En ambos casos, los porcentajes son solo en relación a delitos exclusivamente vinculados a drogas ilícitas.
En cada tipo de vínculo el efecto de la pasta base supera al de las otras drogas de
manera sustantiva. Esto es una indicación del potencial adictivo de la droga (Pérez,
2003), que lleva a quienes la consumen a cometer delitos con el fin de financiar un
consumo creciente que se traduce en un gasto económico creciente que, o bien excede
lo que es posible financiar por medios legales, o bien co-existe con una realidad de
alta vulnerabilidad y sin los medios económicos para hacer frente a esta adicción. Por
lo mismo, la mayor parte de estos delitos son delitos contra la propiedad. Pero
además, los datos revelan que la pasta base es también la droga predominante en el
Tabla Nº 5. Relevancia de las distintas drogas ilícitas (%) según vínculo droga / delito*
Delitos económico-compulsivo Delitos psico-farmacológicos
Sólo Marihuana 7.4 18.8
Sólo Pasta Base 67.8 56.3
Sólo Cocaína 14.4 10.9
Más de una droga 10.5 14
32
caso del vínculo psicofarmacológico de la droga, que –con o sin violencia– lleva a
cometer actos que de lo contrario no se habrían hecho.
Estos resultados son concordantes con los presentados en el estudio de Valenzuela y
Larroulet (2010), también en población penal, y con otros estudios en población
específica en el país (Santis et al. 2007).
Al respecto es interesante destacar la escasa evidencia empírica relativa a la pasta
base a nivel internacional. Si bien es evidente la proliferación de esta droga en
América Latina, sobre todo en poblaciones marginales, como aparece en las tasas de
prevalencia de la serie de estudios de SENDA en el caso de Chile, la gran mayoría de
los estudios sobre consumo de drogas se realizan en países anglosajones, donde la
existencia de pasta base es moderada o inexistente, y el efecto del crack es el que ha
concentrado mayor atención.
En contraste al problema asociado a las insuficientemente conocidas consecuencias
generadas por el consumo de pasta base, está el cuestionamiento ampliamente
realizado a la presunta relación entre marihuana y comportamiento delictivo. Si bien
es cierto que es la droga de mayor consumo en la población penal a nivel mundial
(Stevens, et al., 2003), esto no permite afirmar que esta droga tenga un efecto
significativo en la generación de delitos. En términos psicofarmacológicos, la mayoría
de los autores plantean que la marihuana puede facilitar incluso un comportamiento
normal –en contraste con el comportamiento agresivo que se busca reportar–
(Hammersley, 2008; Menard & Mihalic, 2001), salvo en casos de síndrome de
abstinencia o presencia de problemas mentales (Miczek, DeBold, Haney, Tidey,
Vivian, & Weerts, 1994; Hoaken & Stewart, 2003). En los datos obtenidos en este
estudio, el vínculo psicofarmacológico exclusivo de marihuana es de apenas un 1.2%
–que equivale al 18.8% del total de delitos psicofarmacológicos atribuibles a drogas
ilícitas–, y se yuxtapone, además, en un 17% con el vínculo económico compulsivo
de drogas y en un 25% con el vínculo sistémico. Por tanto, de no tomar en cuenta los
delitos que se cometieron bajo los efectos de la marihuana la estimación total de los
delitos relacionados con droga no variaría mayormente.
Según la evidencia existente, la principal relación entre marihuana y delito se daría en
relación al mercado de la droga, con una asociación positiva entre consumo de
marihuana y tráfico (Hammersley, 2008), y entre consumo de drogas y delitos
33
vinculados a pandillas explicada por la presencia de una subcultura delictiva
(Dawkins, 1997).
Tipos de conexión y consistencia con la evidencia internacional
Del modelo de atribución expuesto es posible obtener abundante evidencia específica
para los distintos tipos de conexión incorporados.
Delitos de conexión sistémica
Los delitos que ocurren en el contexto del mercado de la droga no se restringen, como
se señaló anteriormente, a los delitos contra la ley de drogas. Cualquier tipo delito
puede ser considerado sistémico, en la medida que se haya generado en el contexto de
interacción del mercado de la droga. Del 7.9% que considera que su delito actual tuvo
que ver con la violencia asociada a interacciones propias del mercado de la droga, la
mitad se encuentran condenados actualmente por tráfico de drogas, mientras que un
22% lo está por asalto o robo a personas y un 9% por homicidio.
El porcentaje de delito sistémico obtenido es muy inferior al observado por Goldstein
en sus estudios –algo que repercutió en la relevancia dada a esta conexión. La
evidencia internacional reciente (Stevens, 2011) también da cuenta de un bajo
porcentaje de este tipo de vínculo, contradiciendo la idea de violencia como intrínseca
al mercado de la droga al afirmar que ni la ilegalidad ni la droga per se serían
constitutivas de violencia.
En el caso de Chile, esto puede ser en parte explicado por la ausencia de grandes
organizaciones dedicadas al tráfico, como existen en otros países como Colombia o
México. Según la clasificación de tipo de mercados realizada por MacCoun, Kilmer y
Reuter (2003), en Chile existiría, a nivel retail, un mercado mayormente de tipo local
Tabla Nº 6 Diferencias en la distribución por sexo y edad entre condenados por tráfico y otros delitos
Hombre Mujer
18-25 26-35 36-45 Mayor de 46 Total 18-25 26-35 36-45 Mayor
de 46 Total
Otro delito 28,1 45,4 18,3 8,2 100 24,5 51,4 14,5 9,6 100
Tráfico 10,6 26,6 29 33,8 100 7,7 29,9 23,7 38,7 100
34
(donde los vendedores y compradores son residentes de un mismo espacio
geográfico), lo que implicaría un menor nivel de violencia. En los datos obtenidos por
medio de entrevistas en profundidad a condenados por el delito de microtráfico8, la
mayoría de los participantes declara haberle vendido exclusivamente a gente
conocida, o que accedía a ellos recomendado por un conocido. En la operación del
mercado ilegal de drogas en Chile la confianza es fundamental, razón por la cual se
priorizan relaciones estables de compra-venta entre conocidos (Matrix Knowledge
Group , 2007; Transnational Institute, 2006). Los datos obtenidos en población penal
en los que se basa esta tesis son consistentes con esta información, pues indican que
un tercio de los condenados por ley de drogas vendía el producto en su propia casa o
en la casa del comprador.
Otra posible explicación del bajo nivel de violencia estaría dada por las características
específicas de los participantes en el mercado de la droga, que en el país presenta una
alta presencia de mujeres y adultos mayores, lo que podría hipotéticamente incidir en
una reducción en los niveles de violencia asociados al tráfico (MacCoun, Kilmer, &
Reuter, 2003). La información recogida da cuenta que un 24% de los condenados por
tráfico de drogas son mujeres –mientras representan sólo un 5% de los condenados
por otros delitos–, y un 35% son mayores de 45 años –frente a un 8% del total de
condenados por otros delitos recluidos en sistema cerrado. La Tabla Nº 6 muestra
algunas cifras relevantes al respecto: mientras un 38.7% de los condenados por tráfico
son mujeres mayores de 45 años, solo un 9.6% lo son en otros delitos.
Por otra parte, el tráfico de drogas sigue siendo una actividad que concentra alta
especialización9, siendo realizado mayormente por personas sin antecedentes penales
previos por otro tipo de delito. Un 56% de nuestra muestra declara no haber cometido
nunca un delito distinto del de tráfico, porcentaje que se distribuye con mayor fuerza
entre las mujeres y los mayores de edad. Entre las mujeres mayores de 45 años que
cumplen condena por tráfico de drogas, sólo un 20% había cometido otro tipo de
delito con anterioridad. En el caso de los hombres entre 18 y 25 años, este porcentaje
asciende a 62%. De esta manera, cabría pensar que las nuevas generaciones que se
integran al mercado de la droga han estado previamente insertas en una cultura del 8 Entrevistas realizadas en el marco del Núcleo de Investigación Socio-Económica en Uso y Abuso de Drogas, de la Iniciativa Científica Milenio y parte de cuya información fue publicada en Larroulet, 2011. 9 La evidencia relativa al delito afirma que, en general, quienes delinquen se especializan poco en un tipo de delito (Farrington, 2003), de ahí lo interesante de la contraposición con el caso del tráfico.
35
delito, lo que podría redundar en el futuro en un aumento del uso de armas y,
consecuentemente, de la violencia.
A pesar de este bajo nivel de violencia asociado al mercado de la droga, parecen
existir ciertos mercados más violentos, como sería el caso del crack neoyorquino en la
década de los ochenta. Algunos autores plantean que la razón de esta violencia se
debe a la combinación de cuatro factores presentes en la epidemia del crack: la
juventud de quienes participan en el mercado –de manera consistente con la curva
epidemiológica que caracteriza al delito–, el valor de la droga en sí mismo, la
intensidad del control de la ley, y las consecuencias indirectas que tiene el uso de
droga en la venta de la misma –agresividad del comprador, falta de confianza entre
vendedores y compradores- (MacCoun, Kilmer, & Reuter, 2003).
En términos específicos, cabe esperar que en Chile el mercado de la pasta base sea el
que presente mayores niveles de violencia, dado que cumple –especialmente en
comparación con el de marihuana– con dos de los factores señalados anteriormente:
alta rentabilidad y las consecuencias en el uso de la droga (Santis, et al., 2007). Según
los datos obtenidos en población penal, las ganancias asociadas a la venta de droga
que declaran los condenados por delitos de tráfico son mayores para pasta base y
cocaína (con una media de 1,4 y 1,5 millones respectivamente) que para marihuana
(con una media de 880.000 pesos). En el caso de la cocaína, la rentabilidad se
obtendría especialmente del alto precio de la droga, mientras la rentabilidad de la
pasta base vendría de la capacidad de adulterarla –lo que implica una aumento
importante de la cantidad adquirida inicialmente– y de su consumo abusivo, lo que
implica grandes volúmenes de venta10.
En cuanto a la intensidad del control, dada la modificación al reglamento de la Ley
20.000 realizada en 2007, que incorporó a la marihuana en el listado de drogas de
mayor gravedad, no se podría afirmar que existe una diferencia11. Tampoco se puede
saber si existen diferencias en términos etarios, dada la ilegalidad del mercado. Los
datos obtenidos tampoco aclaran este punto: en población condenada en sistema
10 Información obtenida de las entrevistas realizadas a condenados por microtráfico, realizadas como parte del Núcleo Científico Milenio de Investigación Socio-Económica en Uso y Abuso de Drogas. 11 El reglamento Nº 867, del 8 de agosto de 2007, incorpora a la cannabis, en todos sus derivados, en el listado de drogas “productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”, en referencia al inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 20.000. Hasta ese momento, era considerada dentro del grupo de drogas que, provocando dependencia física o síquica, no producen los efectos nocivos señalados.
36
cerrado la pasta base es la droga más vendida en todos los tramos de edad, incluyendo
los mayores de 45 años.
El único dato certero existente al respecto es que del total que declara un vínculo
sistémico y está condenado por ley de drogas12, el 43.3% de los casos válidos declara
haber estado vinculado únicamente al mercado de la pasta base –frente a 14.7% de
marihuana y 25.4% de cocaína-. El porcentaje asciende a 53.4% al considerar la venta
de más de una droga, entre ellas pasta base. Al comparar con quienes están
condenados por tráfico pero no declaran delitos sistémicos, aun cuando la pasta base
sigue siendo relevante, las diferencias disminuyen: 38.1% al considerarla de manera
unívoca, 45.3% al sumar otras drogas de venta.
Otro elemento relevante asociado a la violencia del mercado de la droga es la
disponibilidad de armas, cuyo efecto en el aumento de la violencia en los ochenta
norteamericanos ha sido planteado (Blumstein, 1996). Del total de condenados, un
44% declara haber estado armado en el momento de cometer el delito. El porcentaje
es similar a quienes atribuyen una conexión sistémica a su delito: 45% señala haber
estado armado en ese momento. Sin embargo, este porcentaje contrasta con el apenas
16% que lo estaba entre los condenados por ley de drogas, confirmando la idea de que
los delitos de drogas per se no implican violencia.
Delitos de conexión económica-compulsiva
El delito económico-compulsivo, que responde a la necesidad de financiar una
adicción, es, como se señaló, el vínculo donde existe mayor consenso en el caso de las
drogas ilícitas (Chaiken & Chaiken, 1990; Bennett, Holloway, & Farrington, 2008).
Un primer punto de discusión es si debe o no incluirse el alcohol en este tipo de
conexión. Una de las explicaciones dadas para este tipo de conexión es que la
ilegalidad de las drogas redunda en precios excesivos, por los cuales se hace
imposible, para consumidores frecuentes y abusivos de una sustancia, acceder a ella
por medios obtenidos legalmente. Esta idea aparece en los argumentos pro
legalización. Sin embargo, el alcohol es un droga legal, que no estaría sujeta a los
altos precios característicos de un mercado ilegal.
12 Como es evidente, solo para condenados por ley de drogas tenemos la información de la droga que vendía.
37
Aún así, es difícil no aceptar que el consumo problemático de alcohol implica
también un costo económico, principalmente en cuanto inhabilita, en casos extremos,
para el trabajo formal (Olavarría, 2009). Según la evidencia obtenida en población
carcelaria, el promedio de días de consumo de alcohol en el mes previo al delito era
de 25 para quienes manifiestan tener dependencia a alcohol, y 5 para quienes no. Las
diferencias de medias, evidentemente, son significativas. A esto se suma que solo un
30% de quienes arrojan dependencia contaba con trabajo de día completo antes de
ingresar a la cárcel, mientras que entre los no dependientes esta cifra alcanza el 42%.
Pareciera ser que no es solo la ilegalidad de las sustancias la que genera la existencia
de un vínculo económico compulsivo, si no también y principalmente la adicción a
ellas, expresada en un consumo intensivo, que limita la posibilidad de labores
formales y legales que generen ingresos, favoreciendo la comisión de delitos.
Ahora bien, estas mismas diferencias deberían encontrarse en el caso de las drogas
ilícitas. El promedio de días de consumo de marihuana de los condenados que marcan
dependencia a marihuana es de 28, de cocaína 12 y de pasta base 17, mientras que los
no dependientes de cada una de drogas que manifiestan haber consumido el mes
previo al delito tienen promedio de días de 15, 8 y 7 respectivamente. Todas las
diferencias son estadísticamente significativas. En términos de trabajo formal, un 20%
de los dependientes de marihuana declaró haber trabajado tiempo completo frente a
un 47% de los no dependientes. Las diferencias para alguna cocaína son algo
menores: 28% versus 46%.
Dado que el objetivo es obtener los medios para financiar el consumo, la evidencia
internacional ha relacionado esta conexión principalmente con delitos contra la
propiedad, que generan algún rédito económico efectivo (Bennett, Holloway, &
Farrington, 2008). En el caso chileno, una vez que se distingue entre delitos contra la
propiedad –hurto, robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado, robo de auto,
robo con violencia- y delitos contra las personas –homicidio, agresión sexual,
lesiones, violencia intra familiar-, vemos que la conexión económica compulsiva total
–vinculada a drogas, alcohol o ambas- asciende a un 19.8% en el caso de los delitos
contra la propiedad, frente a un 4.7% de los delitos contra las personas.
Consistentemente con la evidencia internacional (Chaiken & Chaiken, 1990; Inciardi,
McBride, McCoy, & Chitwood, 1997; Bennett & Holloway, 2009), también en Chile
las drogas de mayor adicción son las que estén en mayor medida tras este tipo de
38
vínculo. Del total de delitos económico compulsivos relacionados con drogas, el 86%
es atribuible de manera exclusiva a alguna cocaína, que en su mayoría correspondería
a pasta base, según se desprende del tipo de drogas que se declara querer consumir
(tabla Nº 5). Solo un 7% refiere a marihuana, y un 6% a ambos tipos de drogas.
Finalmente, un 7.1% de los delitos corresponda a delitos económicos compulsivos
que pretendían consumo tanto de drogas como de alcohol. La falta de evidencia
relativa al rol del alcohol en la conexión económica compulsiva –a diferencia de la
psicofarmacológica-, dificulta la interpretación de este resultado, en cuanto no se sabe
qué tipo de droga es el que tiene la mayor eficacia delictiva al respecto. La única
información adicional que es posible obtener a partir de los resultados de la encuesta
en población penal es que, de esta fracción de delitos (7.1%), solo un 3.5%
corresponde a dependientes de alcohol, frente a un 53.8% que lo es de alguna droga
(marihuana y/o alguna cocaína). El 42.7% restante es dependiente de ambos tipos de
sustancias. Un análisis mayor podría haberse hecho de haberse preguntado
directamente al involucrado cuál fue la droga que más lo motivó a delinquir.
Delitos de conexión psicofarmacológica
La conexión psicofarmacológica es, sin duda, la más compleja de establecer. Como se
señaló en la presentación del modelo, la dificultad para medir el efecto real de la
droga en una persona –en términos de estado de temperancia y de efectividad
delictiva- se traduce en que este tipo de vínculo presente menor confiabilidad en un
modelo como el que se presenta.
Sin embargo, los porcentajes de atribución obtenidos dan cuenta que el medio
establecido para medir esta conexión es adecuado en cuanto coincide con la evidencia
relativa a este vínculo. El porcentaje de atribución –que responde a la declaración de
efectividad agregada de las drogas en el delito específico– de los delitos cometidos
bajo los efectos de alguna droga es apenas superior al 50%. Esto evidentemente se ve
afectado por el tipo de droga considerada: mientras el estar bajo la influencia de
marihuana es atribuido por un 35% como relevante en la comisión del delito, la
atribución de estar bajo la influencia de pasta base o de cocaína es superior al 75% en
ambos casos, lo que muestra un efecto psicofarmacológico de ambas sustancias
mucho mayor en relación al que posee la marihuana –que ha sido, de hecho,
39
cuestionado (Hammersley, 2008; Menard & Mihalic, 2001). Lo mismo ocurre con el
alcohol, que es la sustancia más vinculada al comportamiento agresivo (Fagan, 1990;
Parker & Auerhahn, 1998; Bennett, Holloway, & Farrington, 2008), y cuyo
porcentaje de atribución sobre el total de declaraciones es de 71%. Esto indica, por
una parte, que los mismos condenados consideran que drogas lícitas e ilícitas tienen
un efecto en su actuar, pero no en todas las ocasiones, y que distinguen entre las
distintas sustancias y sus efectos en el comportamiento humano, de manera
consistente con la evidencia científica.
Otro aspecto de especial relevancia es el vínculo entre el tipo de sustancia y el tipo de
delito (Tabla Nº 7). Mientras los delitos cometidos bajos los efectos del alcohol o en
conjunto con otras drogas ilícitas son principalmente delitos contra las personas –
violencia intra familiar, lesiones, homicidios, delitos de carácter sexual–, los delitos
cometidos bajo los efectos de alguna droga ilícita son mayormente contra la
propiedad. Una tendencia similar ocurre con delitos donde la víctima es la que está
bajo la influencia de alguna sustancia –drogas, alcohol o ambas–, aunque en este caso
el resultado se ve probablemente afectado por la inexistencia de víctima presente o
reconocible en la mayor parte de los delitos contra la propiedad.
Tabla Nº7 Conexión psicofarmacológica por tipo de delito
TOTAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
DELITOS CONTRA LA PERSONA
Delito bajo los efectos de alguna droga 11 12,1 7,3
(Porcentaje de Atribución: no lo habría hecho si no lo hubiera estado)
(57) (57) (24)
Delito psicofarmacológico drogas 6,4 6,9 1,7
Delito bajo los efectos del alcohol 10,5 11,4 18,1
(Porcentaje de Atribución: no lo habría hecho si no lo hubiera estado)
(71) (69) (76)
Delito psicofarmacológico alcohol 7,4 7,8 13,7
Delito bajo los efectos del alcohol y drogas 12,2 14,3 15,6
(Porcentaje de Atribución: no lo habría hecho si no lo hubiera estado)
(78) (78) (95)
Delito psicofarmacológico drogas y alcohol 9,5 11,2 14,7
40
Es interesante destacar el porcentaje de yuxtaposición entre consumo de drogas y de
alcohol en el momento de cometer delito. Sobre el total de los delitos bajo la
influencia de alguna sustancia, un tercio corresponde a de alcohol y alguna droga
ilícita de manera simultánea, siendo el porcentaje de atribución en estos casos mayor
que en aquellos en que aparece sólo un tipo de sustancia. Esto es consistente con la
hipótesis que indica que el policonsumo –de varias sustancias ilegales, o de éstas y
alcohol- podría generar mayor agresividad (Bennet & Holloway, 2007; Chaiken &
Chaiken, 1990), lo que sería especialmente válido, en el contexto nacional, para
drogas como pasta base y cocaína.
41
3. DISCUSIÓN
Limitaciones del modelo
El modelo presentado tiene como objetivo establecer la proporción de delitos
atribuibles a droga, según los distintos tipos de conexiones existentes y su relevancia
en la distribución total. Sin duda, tanto el estudio del consumo de drogas como de
delincuencia es complejo y requiere de una serie de especificaciones que han tratado,
en la medida de lo posible, de ser consideradas en este modelo. Sin embargo, este
presenta algunas limitaciones relevantes que conviene tener en cuenta.
En cuanto a la construcción del modelo, un problema ya advertido y difícil de
solucionar es la dificultad para medir con precisión el vínculo psicofarmacológico.
Este problema no se soluciona con la realización de test biológicos en el momento de
la detención, que puede ser un método efectivo en estimar la magnitud de consumo en
detenidos por delitos. El vínculo atribuible al consumo de drogas planteado por
Goldstein responde, en primer lugar, al hecho de estar bajo los efectos de la sustancia,
lo que puede variar según la cantidad y calidad de la droga consumida y la persona
que la consumió. Además, es difícil atribuir efectividad delictiva a ese consumo. El
uso de una pregunta contrafactual para atribuir causalidad, si bien parece ser la mejor
alternativa posible, es aún muy laxo, y puede dar lugar a una sobre-declaración de la
conexión entre el delito actual y la droga como medio de auto-justificación del acto
realizado.
El cálculo de la atribución se realiza en relación a un solo delito. Esto tiene la ventaja
de alcanzar estimaciones más confiables (Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun,
2002), pero impide hacerse cargo de la posible relación de mutua causalidad que
afectaría a ambos fenómenos (Menard, Mihalic, & Huizinga, 2001), y observar las
especificidades que tendría la relación de droga y delito cuando el foco se pone en la
incidencia (rate of involvement) más que en la prevalencia –que se obtiene al
consultar por un solo delito en un único momento- (Bennet & Holloway, 2007).
Finalmente, el modelo busca ser una opción simple y replicable para estimar esta
relación. Con esto se corre el riesgo de simplificar una relación de suyo más
compleja.
En cuanto a los resultados, el marco planteado por Goldstein no se restringe
teóricamente a individuos privados de libertad. Sin embargo, en nuestro caso se ha
42
estimado la relación en una población específica, sobre la cual desconocemos posibles
sesgos existentes. Por ejemplo, hay autores que señalan que el consumo de drogas
aumentan la probabilidad de ser detenido (Menard & Mihalic, 2001; Stevens, 2008),
lo que afectaría la probabilidad de ser privado de libertad. La única precaución que se
puede tomar al respecto es destacar, en la presentación de resultados, el hecho que, al
obtener los datos de población condenada, no se está dando cuenta de la población
delictiva en general, sino sólo de aquella que ha sido privada de libertad por el delito
cometido, de manera de evitar una sobre-estimación del delito atribuible al consumo
de drogas.
Respecto a la validez de las declaraciones y los problemas propios del auto-reporte,
cabe señalar algunos puntos. En términos de declaración de consumo de drogas en
población penal y en otras poblaciones, el auto-reporte ha mostrado ser un
instrumento válido y confiable (Pernanen, Brochu, Cousineau, & Sun, 2000; Hurtado
& Larroulet, 2012; Hser, Maglione, & Boyle, 1999). Aún así, los datos utilizados
fueron obtenidos de internos con condenas ejecutoriadas, para quienes no implicara
ningún beneficio atribuir su delito a un consumo de sustancias, salvo el de la
justificación moral frente a un encuestador externo.
Ahora bien, es probable que las declaraciones se vean afectadas por el tiempo
transcurrido entre la comisión del delito y la participación en el estudio13, y por la
conciencia relativa a las propias acciones. En esta línea, el mayor riesgo es que, ante
la pregunta por la motivación que los llevó a delinquir, los participantes respondan en
mayor medida por influencias situacionales –oportunidad, efecto de sustancias–, que
por factores de largo plazo que dan cuenta de diferencias entre individuos –falta de
control parental, deserción escolar–, pues se tiene más conciencia sobre las primeras
que sobre los segundos (Farrington, 1993).
Temas pendientes
En cuanto al tráfico de drogas, la decisión de incorporarlo en el modelo es una
discusión abierta. Los condenados por delitos contra la Ley de drogas representan el
19% del total de delitos, pero implican un aumento de más de 10 puntos porcentuales
13 En más del 50% de los casos el tiempo transcurrido desde la comisión del delito era de tres años o menos.
43
en el total de delitos atribuibles al tráfico y consumo de sustancias ilícitas. Esto da
cuenta de que parte importante (68%) de los condenados por delitos legalmente
establecidos como de drogas no presentan otro tipo de conexión droga-delito,
confirmando la idea de que quienes se dedican al tráfico presentan –hasta el
momento- un bajo nivel de involucramiento con el mundo de las drogas y el delito.
Ahora bien, esta realidad nacional contrasta con uno de los argumentos relativos a la
exclusión de los delitos de drogas dados por Pernanen y su equipo: que, ante la
ausencia de drogas, quienes las trafican optarían por otros medios de obtención ilegal
de recursos. Con los resultados obtenidos en Chile, cabe esperar que parte importante
de ellos no se habrían incorporado al mundo del delito. Distinto es el caso, sí, de
quienes han sufrido una condena privativa de libertad, para quienes el ingreso a la
cárcel, un espacio propiamente delictual, puede constituirse en una forma de
introducción a este mundo. Esta vinculación sería interesante de medir.
Hay una serie de especificaciones posibles que podrían ser incorporadas a un modelo
de atribución, de manera de delimitar más claramente qué tipo de conexión o qué
sustancia tiene mayor poder explicativo en la relación. Siguiendo la metodología de la
pregunta contrafactual por medio de la cual el mismo encuestado atribuye efectividad
delictiva a la droga, sería interesante incorporar una pregunta que permita al mismo
encuestado señalar la droga que generó un mayor efecto en su acción, en caso de
participar más de una. Esto daría más luces sobre la relevancia de las distintas
sustancias en cada conexión, y de la eficacia delictiva de ellas. Lo mismo sería
posible en caso de yuxtaposición de conexiones. El encuestado podría establecer qué
primó más: el deseo de consumir una sustancia, o el estar bajo los efectos de la
misma, por ejemplo.
Finalmente, parece relevante incorporar en el modelo otras drogas de alta presencia en
el mundo carcelario, como es la chicota en el caso chileno14.
14 La Chicota es una benzodiacepina compuesta flunitrazepam, que tiene un efecto depresor del sistema nervioso central. Se ingiere vía oral, pero también puede ser inhalada. El uso de esta droga tiene potencial adictivo, y su uso a lo largo de la vida, puede producir tolerancia y abstinencia (NIDA, http://www.nida.nih.gov/nidahome.html)
44
La relevancia de un modelo de atribución
Pese a estas limitaciones, el modelo construido es una estrategia razonablemente
precisa para estimar la relación entre droga y delito, en la medida que incorpora las
distintas formas de vinculación presentes en la literatura y controla –en la medida de
lo posible- la atribución de causalidad de cada una de ellas. Lo que se obtiene es una
atribución causal conservadora, específica a un delito que, en la mayoría de los casos,
es el más cercano en el tiempo.
Un estudio como éste sirve de base para la cuantificación de los costos sociales
asociados al consumo de drogas. Antes de la realización de este tipo de modelos, la
estimación de costos se hacía cargo únicamente de los llamados costos directos,
relativos al control del delito contra la ley de drogas. Sin embargo en el caso chileno
los costos indirectos –delitos cuyo costo se puede atribuir sólo parcialmente al
consumo y tráfico de drogas ilícitas, cualquiera sea el mecanismo– son
considerablemente mayores a los directos (Fernández, 2012). Para poder atribuir estos
costos indirectos es necesario contar con un modelo que haya estimado las fracciones
que son atribuibles al consumo y tráfico de drogas, como el presentado.
A su vez, el modelo de estimación puede ser de utilidad de cara a la justificación y
evaluación de políticas públicas relativas a la rehabilitación de infractores. Para ello
no basta con constatar las altas tasas de prevalencia que posee esta población, sino
que es necesario conocer por qué medios se activa este vínculo y cuál es la real
implicancia para la sociedad. Un modelo replicable de este tipo, que separe tipo de
drogas y tipo de delitos, es clave para realizar intervenciones justificadas y
focalizadas en aquellas asociaciones que puedan considerarse especialmente
problemáticas. La fuerza del vínculo entre pasta base y el involucramiento delictual,
por ejemplo, sirve para justificar una intervención prioritaria en ella –tanto desde el
lado del control como de la rehabilitación y prevención– para reducir las
consecuencias individuales y sociales que genera. La literatura relativa al tema
(Deitch, Koutsenok, & Ruiz, 2000) destaca la relevancia de dar opciones de
tratamiento de drogas a quienes se han iniciado en el mundo delictual, lo que facilita
su reinserción social y disminuye el número futuro de delitos. Al respecto, la
evidencia recogida ha confirmado la efectividad de las cortes de drogas –lo que en
Chile se conoce como “Tribunales de Tratamiento de Drogas”-, cuyo objetivo es
disminuir la delincuencia asociada a drogas, interviniendo en las causas del delito
45
(Droppelmann, 2006). Los resultados obtenidos por Mitchell, Wilson, Eggers, y
MacKenzie (2012) en su meta-análisis sobre evaluaciones de cortes de drogas en su
mayoría norteamericanas, concluyen que éstas han mostrado ser efectivas: la
reincidencia entre quienes participan en estos programas de tratamiento es
significativamente menor que entre quienes no participan.
Magnitud y Atribución
El modelo para estimar la relación entre droga y delito no solo nos entrega una noción
de la magnitud de este vínculo, también ilumina respecto al poder delictivo de las
distintas drogas y conexiones, gracias al cálculo de porcentajes de atribución.
De acuerdo a los resultados obtenidos, una parte importante de la relación entre
consumo o deseos de consumir drogas y el delito específico por el que se cumple
condena sería de carácter causal. Esta atribución, dada por la consideración de
dependiente en el caso del delito cometido para obtener o financiar el consumo, o por
la auto-atribución de eficacia delictiva en el caso del delito cometido bajo los efectos
de determinada sustancia, entrega evidencia sobre el rol de las distintas drogas y los
mecanismos principales de conexión entre droga y delito.
Los resultados relativos al tipo de droga son consistentes con la literatura
internacional: drogas de mayor poder adictivo, como pasta base, tienen mayor
incidencia en la comisión del delito (Pernanen, Cousineau, Brochu, & Sun, 2002;
Bennett, Holloway, & Farrington, 2008). También lo es el rol que tiene el alcohol en
el delito psicofarmacológico, en que presenta un porcentaje de atribución mayor que
el que obtienen las drogas.
El problema de la marihuana y su atribución delictiva es relevante en el ámbito de la
política pública. Existe el temor –aunque no hay evidencia al respecto– que el cambio
en el el decreto Nº 867 (8 de agosto de 2007) asociado a la Ley 20.000 de drogas, que
incorporó a la marihuana en el listado de drogas de mayor gravedad y, por tanto,
equiparó las penas de la venta de la misma a las de pasta base, haya implicado una
migración de quienes vendían marihuana a la venta de pasta base. Siendo los costos
de encarcelamiento iguales, los beneficios económicos obtenidos de la transacción de
pasta base son mayores, lo que llevaría a inclinarse por la venta de ésta. Un aumento
en la oferta de pasta base sería especialmente negativo desde la perspectiva de salud
46
pública –dado en su alto potencial adictivo y la dificultad de contar con tratamientos
exitosos– y desde la perspectiva de seguridad –dado su fuerte vínculo con el delito
por medio de cualquiera de las conexiones planteadas.
Siendo claramente la pasta base la principal droga vinculada al mundo del delito,
pareciera razonable avanzar justamente en el camino opuesto al decreto Nº 867,
estableciendo una política diferenciada por tipos de drogas, que propicie el control del
consumo de pasta base y desarrolle programas de prevención y rehabilitación
adecuados para este tipo de sustancia. Como se señaló anteriormente, los programas
de tratamiento vinculados a la justicia han mostrado ser efectivos en reducción de
reincidencia y, por tanto, en la reducción de delitos cometidos, lo que implica un
beneficio social importante.
47
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