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Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

1

Propuestas de

auditorías ASF 2016 (segunda entrega) YESS.docx

SERIE: ANÁLISIS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Marzo de 2018

CUADERNO 4

ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE LOS INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL

EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Comisión de Vigilancia

de la Auditoría Superior de la Federación

Unidad de Evaluación y Control

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación LXIII Legislatura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Av. Congreso de la Unión 66, Edificio “G” Piso 2 Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza C.P. 15960, México, D.F. ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016. EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO EN FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN 2016.

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de

Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Presidente Dip. Luis Maldonado Venegas (PRD)

Secretarios

Dip. Rafael Arturo Balcázar Narro (PRI) Dip. Marco Antonio Barranco Sánchez (PRI)

Dip. Enrique Rojas Orozco (PRI) Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI)

Dip. Eukid Castañón Herrera (PAN) Dip. Minerva Hernández Ramos (PAN) Dip. Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) Hugo Eduardo Martínez Padilla (PRD)

Dip. Maricela Contreras Julián (MORENA) Dip. Alicia Barrientos Pantoja (MORENA) Dip. Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM)

Dip. Claudia Sofía Corichi García (MC) Dip. Francisco Javier Pinto Torres (NA)

Integrantes Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos (PRD) Dip. María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (PAN)

Dip. Pablo Bedolla López (PRI) Dip. Salomón Fernando Rosales Reyes (PRI)

Dip. Paloma Canales Suárez (PVEM) Dip. María Esther de Jesús Scherman Leaño (PRI)

Dip. Araceli Damián González (MORENA) Dip. Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI)

Dip. Aarón González Rojas (PRI) Dip. María Monserrath Sobreyra Santos (PRI)

Dip. Gonzalo Guízar Valladares (PES) Dip. María Luisa Sánchez Meza (PAN)

Dip. Armando Alejandro Rivera Castillejos (PAN) Dip. Alma Carolina Viggiano Austria (PRI)

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky Secretario Técnico

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

Presidente

Dip. Edgar Romo García (PRI)

Vicepresidentes

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar (PAN) Dip. Arturo Santana Alfaro (PRD)

Dip. Martha Hilda González Calderón (PRI)

Dip. María Ávila Serna (PVEM)

Secretarios Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes (PRI) Dip. Ernestina Godoy Ramos (MORENA)

Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN) DIP. Verónica Delgadillo García (MC) Dip. Isaura Ivanova Pool Pech (PRD)

Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla (PVEM)

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos (PES)

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Presidente

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Coordinador del Partido Acción Nacional

Dip. Carlos Iriarte Mercado Coordinador del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Francisco Martínez Neri Coordinador del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Jesús Sesma Suarez Coordinador del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Norma Rocío Nahle García Coordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano

Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco Coordinador del Partido Encuentro Social

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza Coordinador del Partido Nueva Alianza

Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la CP 2016

5

Desarrollo Económico

Contenido Presentación .............................................................................................................................................. 7 1. Resumen General .............................................................................................................................. 8

1.1. Importancia de las Funciones de Desarrollo Económico y ejercicio presupuestal...................... 8 1.2. Panorama general de los temas relevantes ............................................................................... 9 1.3. Datos básicos de la fiscalización superior IIA e IGE .................................................................. 12

1.3.1. Auditorías practicadas ...................................................................................................... 12 1.3.2. Observaciones-Acciones Emitidas .................................................................................... 13 1.3.3. Recuperaciones determinadas ......................................................................................... 15

2. Análisis de la Fiscalización en el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación .................................................................................................................................... 18 2.1. Marco de referencia ................................................................................................................. 18 2.2. Resultados de Auditorías Relevantes (IIA) ................................................................................ 19

3. Análisis de la Fiscalización en el Sector Comunicaciones y Transportes ....................................... 44

3.1. Marco de referencia ................................................................................................................. 44 3.2. Resultados de Auditorías Relevantes (IIA) ................................................................................ 46

4. Análisis de la Fiscalización en el Sector Economía y Trabajo y Previsión Social ............................ 73


5. Análisis de la Fiscalización en el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales .......................... 88


6. Análisis de la Fiscalización en el Sector Energía ........................................................................... 109

6.1. Marco de referencia ............................................................................................................... 109 6.2. Resultados de Auditorías Relevantes (IIA) .............................................................................. 112

7. Análisis de la Fiscalización en el Sector Turismo .......................................................................... 172


8. Análisis de la Fiscalización en el Sector Ciencia y Tecnología ...................................................... 177


9. Análisis de la Fiscalización en el Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ....................... 182


10. Evaluación de los Resultados de la Fiscalización Superior en funciones de Desarrollo

Económico (IGE) ......................................................................................................................... 190 10.1. Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF .................................. 190

Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Tercera Entrega

6


10.2. Enfoque de la fiscalización superior practicada por la ASF ................................................ 191 10.3. Temas sugeridos para el trabajo legislativo en materia de fiscalización y rendición de

cuentas………. ............................................................................................................................. 234 ANEXO. Matriz de datos básicos de las auditorías practicadas a entes vinculados con funciones de Desarrollo Económico (IGE) ................................................................................................................... 251


7


Presentación El presente documento constituye el Cuaderno No. 4 de un total de 5 que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) preparó para apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) en el cumplimiento de su mandato de Ley de analizar el Informe General Ejecutivo correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, así como de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su trabajo de fiscalización superior. El Cuaderno 4 que se presenta está orientado a analizar los resultados de las 223 revisiones practicadas a 50 entes distribuidos en 9 sectores fiscalizados del grupo funcional de Desarrollo Económico: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía, Trabajo y Previsión Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Turismo; Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El contenido del Cuaderno se organizó en diez secciones y un anexo. La primera sección, presenta un recuento de información general sobre la importancia del grupo funcional de Desarrollo Económico, un panorama general de los temas relevantes asociados a los sectores referidos, así como los resultados generales de la fiscalización superior en 2016 que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados en términos del número y tipo de auditorías practicadas, las observaciones y acciones promovidas y los montos de las recuperaciones determinadas. De la segunda a la novena sección, se expone para cada sector fiscalizado por la ASF en este grupo funcional, un breve marco de referencia con base en indicadores seleccionados, que sirven de contexto para el análisis de los resultados de la fiscalización superior en funciones de Desarrollo Económico, y los resultados de auditorías relevantes de la Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, agrupándolas por sector y ente auditado. La décima y última sección evalúa los resultados de la fiscalización superior del grupo funcional de Desarrollo Económico con relación al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan la labor fiscalizadora, y al enfoque de la fiscalización superior seguido en el ámbito de Desarrollo Económico y se cierra con la propuesta de temas para el trabajo legislativo en materia de fiscalización y rendición de cuentas, a fin de mejorar el trabajo de fiscalización superior de este grupo funcional. Finalmente, el Cuaderno incorpora como anexo una matriz estadística que contiene los datos numéricos de las auditorías practicadas al grupo funcional de Desarrollo Económico en el marco de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.


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1. Resumen General

1.1. Importancia de las Funciones de Desarrollo Económico y ejercicio presupuestal

Las entidades públicas de la Administración Pública Federal que llevan a cabo funciones de

Desarrollo Económico se relacionan con la actividad productiva, el trabajo, la infraestructura, la tecnología, la inversión y el uso racional y eficiente de los recursos naturales. La concurrencia de estos elementos, sustentan la capacidad de generar bienes y servicios que demanda y requiere la ciudadanía, promueve el desarrollo de las comunidades y familias y, posibilita, a través de la creación de empleos productivos bien remunerados, oportunidades de acceso a estándares de mayor calidad de vida para la población. Se alcanzarán estos objetivos, siempre y cuando la economía transite por un crecimiento alto, sostenido y sustentable, que mejore la competitividad, induzca un desarrollo regional equilibrado e incluyente y se conduzca en forma responsable y comprometida la gestión gubernamental y la del resto de los agentes participantes en los segmentos de la economía.

En 2016, el gasto ejercido en funciones de Desarrollo Económico ascendió a 1 billón 415 mil

759.4 millones de pesos, monto superior en 37.4% al presupuesto original y en 13.6% en términos reales a lo ejercido en 2015. De cada peso erogado por el Ejecutivo Federal y Empresas Productivas del Estado, se canalizaron 34.6 centavos al financiamiento de actividades de fomento de la actividad productiva.

Del gasto total en funciones de Desarrollo Económico, el presupuesto ejercido en

Combustibles y Energía fue el más representativo, ya que concentró el 78.1% de las erogaciones totales; Transportes el 8.8% y la actividad Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza representó el 6.6%. Les siguen Ciencia y Tecnología con 3.8%, Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales con 1.4%, Turismo con 0.64% y Comunicaciones con 0.57%.

2015

Ejercido Aprobado Ejercido Importe % % Real *

TOTAL 1/ 1,191,607.1 1,030,460.8 1,415,759.4 385,298.6 37.4 13.6

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 22,816.3 17,305.6 19,491.2 2,185.6 12.6 -18.3

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 98,841.1 95,221.3 93,900.6 -1,320.6 -1.4 -9.2

Combustibles y Energía 883,725.9 747,491.5 1,105,908.8 358,417.3 47.9 19.6

Minería, Manufacturas y Construcción 110.4 183.5 152.8 -30.7 -16.7 32.3

Transporte 92,752.0 97,575.1 125,081.1 27,506.0 28.2 28.9

Comunicaciones 27,252.2 7,424.5 8,087.5 662.9 8.9 -71.6

Turismo 11,460.6 5,128.3 9,048.6 3,920.2 76.4 -24.5

Ciencia, Tecnología e Innovación 54,648.6 60,130.9 53,288.8 -6,842.1 -11.4 -6.8

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0 800.0 800.0

*/ Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. Gasto ejercido de 2016 entre gasto ejercido de 2015.

NOTA: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la UEC, con base en información de la Cuenta de la Hacienda Públ ica Federa l 2016, SHCP.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO, 2015-2016

(Millones de pesos)

Presupuesto Aprobado

Variaciones Respecto a:

CONCEPTO20162015

1/ Para fines de consolidación excluye subsidios, transferencias y apoyos fiscales del Gobierno Federal a las Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado, así como Aportaciones al ISSTE.


9


En 2016, se incrementó el presupuesto con adecuaciones presupuestarias por 385 mil 298.6 millones de pesos, ampliación que se concentró fundamentalmente en una actividad: combustibles y energía (93.0%).

1.2. Panorama general de los temas relevantes

Grupo Funcional Sector

• Comportamiento mixto del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016).

• Concentración del gasto real ejercido en pocos programas.

• Reducido impacto de los recursos públicos canalizados al sector.

• Reducida contribución al crecimiento económico.

• Crecimiento del PIB agropecuario dependiente de la actividad agrícola.

• Crecimiento del ingreso per cápita inferior al promedio de la economía.

• Permanente déficit de la balanza comercial agropecuaria.

• Sector altamente dependiente de las importaciones.

• Retrocesos en la seguridad alimentaria.

• Insuficiente generación de empleos.

• Decreciente financiamiento de la banca al campo.

• Posición divergente frente al TLCAN.

• Tendencia creciente del presupuesto real ejercido.

• Concentración del gasto real ejercido en pocos proyectos.

• Reducido impacto de los recursos públicos destinados al sector.

• Marginal contribución al crecimiento económico.

• Crecimiento del sector dependiente de dos ramas económicas.

• Comportamiento mixto en el financiamiento de la banca al sector.

• Rezago en la penetración de telefonía fi ja en comparación a otros países.

• Rezago en la penetración de banda ancha fi ja.

• Bajo promedio de suscripciones de televisión restringida.

• Último lugar en suscripciones de telefonía móvil.

• Último lugar en suscripciones de banda ancha móvil.

• Índice de Desempeño Logístico por debajo de sus socios comerciales.

• Deterioro en el Índice de Desempeño Logístico.

• Leve mejoría en la competitividad global de México.

• Rezago en la construcción de red ferroviaria.

• Tendencia descendente del crecimiento de la carga transportada por la red ferroviaria.

• Decreciente carga transportada por vía aérea.

• Rezago en la construcción de carreteras .• Predominio de carreteras de tipo rural .• Baja proporción de carreteras pavimentadas.

Fuente: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de Desarrollo Económico en 2016. Serie: Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2016. Cuaderno No. 4, UEC, Diciembre de 2017.

TEMAS RELEVANTES EN EL GRUPO FUNCIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Agricultura,

Ganadería,

Desarrollo Rural,

Pesca y

Alimentación

Comunicaciones

y Transportes

Grupo Funcional de

Desarrol lo

Económico (1 bi l lón

415 mi l 759.4

mi l lones de pesos ;

34.6% del tota l del

gasto programable

ejercido)

Tema Relevante


10



• Tendencia descendente del presupuesto real ejercido en el sector Economía (en el lapso 2012-2016).

• Concentración del gasto real ejercido en un programa (Fondo Nacional Emprendedor).

• Reducido impacto de los recursos públicos canalizados a la economía.

• Lento e insuficiente crecimiento económico.

• Crecimiento económico insuficiente para aumentar el ingreso per cápita.

• Fuentes internas y externas del crecimiento económico.

• Terciarización de la economía y pérdida de liderazgo de la manufactura.

• Escasa diversificación de la industria manufacturera.

• Baja tasa de acumulación de capital causa del lento crecimiento.

• Baja eficiencia de la inversión.

• Bajo impacto de la inversión en el crecimiento económico.

•Aparato productivo dependiente de las importaciones, que contribuye a consolidar un modelo de

exportaciones basado en las importaciones.

• Déficit comercial permanente.

• Superávit comercial de México con Estados Unidos y déficit comercial con China.

• Concentración de las exportaciones e importaciones mexicanas en un país.

•Notable concentración de las exportaciones totales sin que se detecte una política económica de cambio

estructural para su diversificación, tarea imprescindible para construir una industria sólida y competitiva.

• Escasa diversificación de las exportaciones manufactureras.

• Baja capacidad de arrastre de las exportaciones manufactureras.

• Apreciación del tipo de cambio real y sus efectos negativos en el crecimiento económico.

• Tendencia decreciente de la productividad del trabajo en sectores clave de la economía.

• Bajo nivel de financiamiento a actividades productivas.

• Descendente gasto real ejercido en el sector Trabajo y Previsión Social (en el lapso 2012-2016) .• Concentración del gasto real ejercido en pocos programas.

• Disparidad significativa entre el comportamiento del gasto ejercido y la generación de empleos.

• Aumento significativo de la población que no busca empleo.• Menor capacidad del aparato productivo para absorber la fuerza de trabajo .• Tendencia decreciente del empleo formal y creciente del desempleo disfrazado.• Industria manufacturera con poca capacidad para absorber empleos .• Empleos con bajos niveles de ingreso.

• Creciente pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.

• Desigual distribución del ingreso.

• Mayor penetración de exportaciones sustentada en menores costos salariales.

• Tendencia descendente del gasto real ejercido en el sector (en el lapso 2012-2016).

• Concentración del gasto real ejercido en pocos programas.

• Elevados costos por el deterioro ambiental.

• Descendente disponibilidad de agua.

• Baja cobertura en el suministro de agua potable y alcantaril lado.

• Rezago en el saneamiento de aguas residuales.

• Capacidad instalada subutil izada en el tratamiento de agua.

• Limitada producción nacional de productos forestales.

• Balanza comercial forestal deficitaria.

• Disminución de la reforestación a nivel nacional.

• Riesgo elevado por la expulsión de residuos al ambiente.

• Deterioro de la calidad del aire.

• Efectos adversos del cambio climático.

• Biodiversidad en riesgo.

Fuente: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de Desarrollo Económico en 2016. Serie: Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de

la Cuenta Pública 2016. Cuaderno No. 4, UEC, Diciembre de 2017.


Medio Ambiente

y Recursos

Naturales

Grupo Funcional de

Desarrol lo


415 mi l 759.4



gasto programable

ejercido)

Economía,

Trabajo y

Previsión Social

Tema Relevante


11



• Elevados recursos presupuestarios destinados al sector energía.

• Reducción del gasto de PEMEX (en 2016), en un contexto de tendencia creciente del presupuesto real.

• Tendencia descendente del gasto real ejercido por la CFE (en el lapso 2012-2016).

• Baja contribución de los ingresos petroleros al Estado.

• Aumento en la deuda de largo plazo de PEMEX asociada fundamentalmente a los PIDIREGAS.

• Resultados satisfactorios por adquisición de cobertura petrolera.

• Baja producción de petróleo crudo.

• Producción de petrolíferos a la baja.

• Disminución en la elaboración de petroquímicos.

• Creciente importación de gasolina.

• Rondas de licitación petrolera: resultados inciertos a tres años de la reforma energética.

• Pensiones excesivas a empleados de PEMEX.

• Capacidad efectiva de la productores independientes de energía (PIE).

• Se reducen los pagos de pensiones en la CFE.

• Creciente deuda de Pidiregas a largo plazo de la CFE que se mantiene como pasivo contingente.

• Significativa disminución del presupuesto real ejercido (en 2016).

• Gasto ejercido concentrado en el programa Promoción de México como Destino Turístico.

• Comportamiento opuesto entre el gasto público y el PIB turístico.

• Reducida contribución al crecimiento económico.

• Crecimiento del sector dependiente de los servicios de alojamiento temporal.

• Montos crecientes de inversión privada.

• Notable concentración de la inversión en la construcción.

• Descenso de la inversión extranjera directa en el sector.

•Inversión Extranjera Directa concentrada en un solo país; en dos entidades federativas, y en servicios de

alojamiento temporal.

• Concentración de establecimientos de alojamiento y cuartos en pocas entidades federativas.

• Creciente oferta y ocupación hotelera en los principales destinos turísticos.

• Concentración de cuartos disponibles en los Centros de Playa.

• Crecimiento marginal en el porcentaje de ocupación hotelera de los Centros de Playa.

• Creciente oferta de cuartos y porcentaje de ocupación en las Grandes Ciudades.

• Creciente porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudades del Interior.

• Creciente porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudades Fronterizas.

• Bajo índice de marginación en los Pueblos Mágicos.

• Crecimiento marginal en la l legada de turistas y modificación de la cuenta viajeros.

• Llegada de turistas concentrada en dos países.

• Mayor atracción turística y derrama de divisas.

• Crecientes ingresos turísticos por divisas.

• Incremento en el gasto promedio por visitantes internacionales.

• Concentración en la l legada de turistas en pocos destinos de sol y playa.

• La inseguridad afecta negativamente la demanda turística.

• Permanente superávit en el sector.

• Bajo nivel de financiamiento al sector turismo.

• Mejora en la posición del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo.

• Pilares de la competitividad turística rezagados.

• Tendencia creciente del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016).

• Gasto insuficiente en investigación científica y desarrollo experimental (GIDE).

• Limitaciones en el gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación (GNCTI).

• Comportamiento cíclico del gasto federal en ciencia y tecnología (GFCyT).

• Desventaja en el rubro de capital humano.

• Limitaciones del sistema nacional de investigadores (SNI).

• Baja productividad en la publicación de artículos científicos.

• Déficit crónico de la balanza de pagos tecnológica.

• Balanza de pagos de bienes de alta tecnología (BAT) deficitaria.

• Productividad desfavorable en el registro de patentes.

• Elevada relación de dependencia con el exterior.

• Limitado coeficiente de inventiva.

• Reducida tasa de difusión

• Baja competitividad a nivel internacional.

• Tendencia creciente del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016).

• Dilación del ordenamiento territorial.

• Modernización de registros públicos de la propiedad y catastros.

• Conflictos agrarios.

• Moderado gasto federal destinado a programas para la superación de la pobreza.

• Empobrecimiento del sector rural y urbano.

• Déficit habitacional.

Fuente: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de Desarrollo Económico en 2016. Serie: Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2016. Cuaderno No. 4, UEC, Diciembre de 2017.


Energía

Ciencia y

Tecnología

Turismo

Grupo Funcional de

Desarrol lo


415 mi l 759.4



gasto programable

ejercido)

Desarrol lo

Agrario

Tema Relevante


12


1.3. Datos básicos de la fiscalización superior IIA e IGE

1.3.1. Auditorías practicadas En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 223 auditorías a 50 entidades

vinculadas con funciones de Desarrollo Económico, lo que representó 12.0% de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 (1,865 revisiones) y significó 6 revisiones más que las practicadas en 2015.1

1 Los sectores del cuadro son ocho pero se desagregó en tres rubros el sector energía.

N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO

FINANCIERA

CON ENFOQUE

DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIOFINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES

FÍSICASFORENSES TOTAL

148 759 6 2 799 136 15 1,865

53 0 1 0 90 74 5 223

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 4 0 1 0 16 1 4 26

1 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3 1 11 3 18

2 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 1 1 2

3 Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 1 1

4 Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 1 1

5 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 1 4

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7 0 0 0 13 46 0 66

6 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 5 5 25 35

7 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 1 1 2

8 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 1 1

9 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 1

10 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 1 1

11 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1 1

12 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 1

13 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 1 1 6 8

14 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 5 10 15

15 Instituto Mexicano del Transporte 1 1

SECTOR ECONOMÍA 6 0 0 0 3 1 0 10

16 Secretaría de Economía 1 1 1 3

17 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1 1

18 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1

19 Instituto Nacional del Emprendedor 1 1

20 Procuraduría Federal del Consumidor 2 2

21 ProMéxico 2 2

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2 0 0 0 1 0 0 3

22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 1

23 Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores 1 1 2

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 5 0 0 0 4 1 1 11

24 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5 2 1 1 9

25 Comisión Nacional de Vivienda 1 1

26 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 1

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 15 0 0 0 5 15 0 35

27 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 1 2

28 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 1

29 Comisión Nacional del Agua 11 3 15 29

30 Comisión Nacional Forestal 1 1 2

31 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 1

SECTOR ENERGÍA 4 0 0 0 4 1 0 9

32 Secretaría de Energía 3 1 4

33 Centro Nacional de Control de Energía 1 1

34 Centro Nacional de Control del Gas Natural 2 2

35 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 1 1

36 Instituto Mexicano del Petróleo 1 1

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4 0 0 0 41 9 0 54

37 Comisión Federal de Electricidad 1 9 10

38 Petróleos Mexicanos 13 13

39 Pemex Etileno 1 1

40 Pemex-Exploración y Producción 1 7 4 12

41 Pemex Fertil izantes 1 1 2

42 Pemex Logística 1 1

43 Pemex Perforación y Servicios 1 1

44 Pemex Transformación Industrial 2 8 3 13

45 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 1

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 2 0 0 0 2 0 0 4

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 2 3

47 Comisión Reguladora de Energía 1 1

SECTOR TURISMO 2 0 0 0 1 0 0 3

48 Secretaría de Turismo 2 2

49 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 1

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 0 0 0 0 0 0 2

50 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 2

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del Informe del Resultado de la Fisca l i zación Superior de la Cuenta Públ ica 2016, ASF.

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

TOTAL



13


Cabe señalar que en la primera entrega de los Informes Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se reportaron 46 revisiones; en la segunda 93, y en la tercera 84; lo que arroja un total de 223 revisiones practicadas a la Cuenta Pública de 2016.

Las auditorías de regularidad concentraron el mayor número al sumar 169: 90 financieras y

de cumplimiento, 74 de inversiones físicas y 5 forenses. Asimismo, se practicaron 53 auditorías de desempeño, y 1 evaluación de Políticas Públicas. Estos resultados indican que 7.5 de cada 10 auditorías practicadas a este grupo funcional fueron de regularidad y 2.4 de cada 10 fueron de desempeño.

Destaca el gran número de auditorías de inversiones físicas, ya que significaron 54.4% del

total de auditorías de este tipo practicadas por la ASF en el ejercicio fiscal de 2016 (136); en 2015 este porcentaje fue de 51.4% y en 2014 de 66.9%.

Por su parte, el número de auditorías forenses de este grupo funcional (5) representó 33.3% del total de auditorías de este tipo realizadas por la ASF en el ejercicio 2016 (15). En la misma comparación, las auditorías de desempeño (53), significaron 35.8% del total de revisiones de este tipo (148).

De las 6 evaluaciones de políticas públicas realizadas, 1 corresponde a este grupo funcional:

al sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Evaluación de la Política Pública PROAGRO Productivo).

Los sectores más auditados fueron: Comunicaciones y Transportes (66 revisiones, de las

cuales 35 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 15 al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.); Energía-Empresas Productivas del Estado (54, de las cuales 13 se practicaron a Petróleos Mexicanos; 13 a Pemex Transformación Industrial; 12 a Pemex-Exploración y Producción, y 10 a la Comisión Federal de Electricidad); Medio Ambiente y Recursos Naturales (35, de las cuales 29 corresponden a la Comisión Nacional del Agua); y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (26, de las que se cuentan 17 a la SAGARPA). Esto significa que 4 sectores de los 9 revisados, representaron el 81.2% (181) del total de auditorías realizadas (223), y 8 entidades de las 50 revisadas, significaron el 65.0% (145 auditorías).

1.3.2. Observaciones-Acciones Emitidas

Como resultado de la aplicación de 223 auditorías al grupo funcional, la ASF determinó

1,536 observaciones (21.0% más que en la Cuenta Pública de 2015; 1,269), que dieron cauce a la promoción de 2,322 acciones (vs. 2,002 en 2015), de las cuales 1,329 (57.2%) fueron de tipo preventivo (810 Recomendaciones y 519 Recomendaciones al Desempeño), y 993 (42.8%) de tipo correctivo, entre las que destacan 401 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (vs. 332 en 2015), 337 solicitudes de aclaración (vs. 160 en 2015) y 233 pliegos de observaciones (vs. 358 en 2015).


14


Las observaciones determinadas y acciones promovidas del grupo funcional de Desarrollo

Económico, representaron el 19.0% (vs. 19.6% en 2015) y 22.4% (vs. 21.1% en 2015) de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, respectivamente. Los sectores con mayor número de observaciones determinadas y acciones promovidas fueron: Comunicaciones y Transportes con 484 observaciones (vs. 389 en 2015) y 621 acciones (vs. 506 en 2015); Energía-Empresas Productivas del Estado con 351 observaciones (vs. 287 en 2014) y 562 acciones (vs. 488 en 2015); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 213 observaciones (vs. 212 en 2015) y 391 acciones (vs. 394 en 2015); Medio Ambiente y Recursos Naturales con 192 observaciones (vs. 149 en 2015) y 282 acciones (vs. 214 en

R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL

1,865 8,069 3,264 1,175 184 643 2,504 2,557 19 10,346

223 1,536 810 519 18 337 401 233 4 2,322

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 26 213 102 81 13 6 67 120 2 391

1 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 18 139 33 54 11 38 104 2 242

2 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 2 9 8 1 2 3 14

3 Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 1 16 27 27

4 Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 1 7 21 9 2 32

5 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 4 42 40 1 6 18 11 76

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 66 484 212 53 2 234 86 34 0 621

6 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 35 311 129 36 1 189 40 9 404

7 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 2 14 17 9 2 28

8 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 1 17 14 10 24

9 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 6 6 6

10 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 1 2 1 1 2

11 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1 1 1 1

12 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 9 4 2 3 9

13 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 8 43 8 5 15 7 12 47

14 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 15 71 44 1 24 17 2 88

15 Instituto Mexicano del Transporte 1 10 12 12

SECTOR ECONOMÍA 10 73 34 43 0 2 23 14 0 116

16 Secretaría de Economía 3 26 9 10 2 10 5 36

17 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1 11 14 14

18 Fideicomiso de Fomento Minero 1 4 6 2 8

19 Instituto Nacional del Emprendedor 1 19 19 11 9 39

20 Procuraduría Federal del Consumidor 2 6 11 11

21 ProMéxico 2 7 8 8

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 3 14 1 19 0 0 0 0 0 20

22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 6 7 7

23 Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores 2 8 1 12 13

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 11 110 45 52 1 4 32 19 1 154

24 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 9 86 19 52 1 4 21 18 1 116

25 Comisión Nacional de Vivienda 1 19 21 7 28

26 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 5 5 4 1 10

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 35 192 42 135 1 55 35 14 0 282

27 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 11 5 10 1 16

28 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 4 12 12

29 Comisión Nacional del Agua 29 160 30 87 1 55 28 12 213

30 Comisión Nacional Forestal 2 14 7 16 6 2 31

31 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 3 10 10

SECTOR ENERGÍA 9 32 20 24 0 1 1 1 0 47

32 Secretaría de Energía 4 15 4 17 21

33 Centro Nacional de Control de Energía 1 5 5 5

34 Centro Nacional de Control del Gas Natural 2 6 11 1 1 13

35 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 1 5 7 7

36 Instituto Mexicano del Petróleo 1 1 1 1

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 54 351 313 52 1 35 129 31 1 562

37 Comisión Federal de Electricidad 10 42 49 9 10 1 1 70

38 Petróleos Mexicanos 13 88 119 43 8 170

39 Pemex Etileno 1 1 2 2

40 Pemex-Exploración y Producción 12 104 67 23 1 18 41 7 157

41 Pemex Fertil izantes 2 8 6 2 2 10

42 Pemex Logística 1 4 11 2 1 14

43 Pemex Perforación y Servicios 1 7 8 2 10

44 Pemex Transformación Industrial 13 81 45 20 9 22 12 108

45 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 16 6 8 7 21

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 4 30 32 8 0 0 21 0 0 61

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 0

47 Comisión Reguladora de Energía 3 30 32 8 21 61

SECTOR TURISMO 3 23 9 30 0 0 7 0 0 46

48 Secretaría de Turismo 2 14 30 30

49 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 9 9 7 16

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 14 0 22 0 0 0 0 0 22

50 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 14 22 22


OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

TOTAL


N° SECTOR / ENTE REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES


15


2015) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 110 observaciones (vs. 42 en 2015) y 154 acciones (vs. 74 en 2015).

Cabe destacar que las observaciones determinadas y las acciones promovidas del sector desarrollo agrario, territorial y urbano, respecto a las de 2015, aumentaron 161.9% y 108.1%, respectivamente.

El sector agropecuario (120) concentró el 51.5% de los pliegos de observaciones del grupo

funcional de Desarrollo Económico (233), y en el caso de las solicitudes de aclaración el sector comunicaciones y transportes (234) concentró el 69.4% de las solicitudes de aclaración del grupo funcional (337).

Es de resaltar que tanto las acciones de tipo preventivo (1,329) como las de tipo correctivo

(993), respecto a las de 2015, aumentaron 18.4% y 12.8%, respectivamente.

Con la información referida se infiere que, en promedio, la ASF determinó 6.9 observaciones por auditoría (vs. 5.8 observaciones en la revisión de 2015) y promovió 10.4 acciones por revisión (vs. 9.2 acciones en la revisión de 2015).

Asimismo, la ASF determinó en promedio, 30.7 observaciones y 46.4 acciones por entidad

fiscalizada (24.4 observaciones y 38.5 acciones, en la revisión de 2015).

1.3.3. Recuperaciones determinadas

Derivado de la fiscalización al grupo funcional de Desarrollo Económico, se determinaron

recuperaciones por 14 mil 613.1 millones de pesos, monto superior en 64.6% a las recuperaciones de 2015 (8 mil 880.2 millones de pesos). El monto de recuperaciones representó el 13.0% (vs. 13.7% en 2015) de las recuperaciones determinadas por la ASF en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (112 mil 635.5 millones de pesos).

Por sectores destacan las recuperaciones de Energía-Empresas Productivas del Estado con 6 mil 970.2 millones de pesos, equivalentes a 47.7% de las recuperaciones determinadas para el grupo funcional; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 2 mil 800.7 millones de pesos (19.2% del total); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 2 mil 281.1 millones de pesos (15.6% del total), y Comunicaciones y Transportes con 1 mil 549.5 millones de pesos (10.6% del total). En conjunto estos cuatro sectores representaron el 93.1% (13 mil 601.5 millones de pesos) del total de recuperaciones determinadas del grupo funcional.

Por entidad fiscalizada, la ASF determinó mayores recuperaciones en: Pemex-Exploración y Producción (4 mil 605.9 millones de pesos); SAGARPA (2 mil 076.9 millones de pesos); Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (1 mil 794.6 millones de pesos); Pemex Transformación Industrial (1 mil 792.4 millones de pesos), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (1 mil 006.1 millones de pesos). Estas cinco entidades


16


significaron el 77.2% (11 mil 275.9 millones de pesos) del total de recuperaciones del grupo funcional.

N° SECTOR / ENTE OPERADAS PROBABLES TOTAL

6,921.8 105,713.7 112,635.5

4,298.7 10,314.4 14,613.1

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 134.7 2,146.3 2,281.1

1 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 82.6 1,994.3 2,076.9

2 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 52.1 69.9 122.0

3 Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 0.0 0.0 0.0

4 Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 0.0 7.5 7.5

5 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 0.0 74.7 74.7

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 39.3 1,510.2 1,549.5

6 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 15.2 947.8 963.0

7 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 0.9 0.6 1.5

8 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 0.7 0.0 0.7

9 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 0.0 2.2 2.2

10 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 0.5 0.0 0.5

11 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 20.9 31.9 52.8

12 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 0.0 5.9 5.9

13 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 1.0 105.9 106.8

14 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 0.0 416.0 416.0

15 Instituto Mexicano del Transporte 0.0 0.0 0.0

SECTOR ECONOMÍA 0.1 237.6 237.7

16 Secretaría de Economía 0.0 75.4 75.4

17 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

18 Fideicomiso de Fomento Minero 0.0 0.0 0.0

19 Instituto Nacional del Emprendedor 0.1 162.2 162.3

20 Procuraduría Federal del Consumidor 0.0 0.0 0.0

21 ProMéxico 0.0 0.0 0.0

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.0 0.0

22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0.0 0.0 0.0

23 Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores 0.0 0.0 0.0

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2.0 2,798.7 2,800.7

24 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 0.0 1,006.1 1,006.1

25 Comisión Nacional de Vivienda 0.0 0.0 0.0

26 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 2.0 1,792.6 1,794.6

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1.1 441.0 442.1

27 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.0 0.0 0.0

28 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.0 0.0 0.0

29 Comisión Nacional del Agua 1.1 431.1 432.2

30 Comisión Nacional Forestal 0.0 9.9 9.9

31 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 0.0 0.0 0.0

SECTOR ENERGÍA 1.0 330.3 331.3

32 Secretaría de Energía 0.0 0.0 0.0

33 Centro Nacional de Control de Energía 0.0 0.0 0.0

34 Centro Nacional de Control del Gas Natural 0.0 329.3 329.3

35 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 0.0 0.0 0.0

36 Instituto Mexicano del Petróleo 1.0 0.9 1.9

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4,119.8 2,850.3 6,970.2

37 Comisión Federal de Electricidad 0.1 0.2 0.3

38 Petróleos Mexicanos 0.4 455.5 455.9

39 Pemex Etileno 0.0 0.0 0.0

40 Pemex-Exploración y Producción 4,113.2 492.7 4,605.9

41 Pemex Fertil izantes 0.0 1.1 1.1

42 Pemex Logística 0.0 114.5 114.5

43 Pemex Perforación y Servicios 0.0 0.0 0.0

44 Pemex Transformación Industrial 6.1 1,786.3 1,792.4

45 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 0.0 0.0 0.0

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0

47 Comisión Reguladora de Energía 0.0 0.0 0.0

SECTOR TURISMO 0.7 0.0 0.7

48 Secretaría de Turismo 0.0 0.0 0.0

49 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0.7 0.0 0.7

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0.0 0.0 0.0

50 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0.0 0.0 0.0


RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

TOTAL


(Millones de pesos)


17


Al cierre del Informe General Ejecutivo se habían operado 4 mil 298.7 millones de pesos (29.4% del total), quedando pendiente como recuperaciones probables para todo el grupo funcional de Desarrollo Económico, 10 mil 314.4 millones de pesos (70.6% del total).


18


2. Análisis de la Fiscalización en el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2.1. Marco de referencia

Comportamiento mixto del gasto real ejercido. En 2016, el presupuesto real ejercido por la SAGARPA fue de 79 mil 590.8 millones de pesos, inferior en 9.0% respecto de 2015. Sin embargo, en el lapso 2012-2016, dicho gasto ejercido por la SAGARPA creció a un ritmo promedio anual muy bajo (0.25%).

Concentración del gasto real ejercido en pocos programas. En 2016, la estructura del presupuesto ejercido se concentró en seis programas, que representaron el 67.4% del presupuesto ejercido por la SAGARPA.

Reducido impacto de los recursos públicos ejercidos en la actividad del sector. En primer lugar, cuando crece de manera sustantiva el multiplicador del gasto real ejercido en el sector agropecuario, el PIB agropecuario se incrementa pero lo hace a tasas más bajas. En segundo lugar, cuando el gasto ejercido crece a tasas bajas o desciende, el PIB agropecuario aumenta a tasas superiores. Este comportamiento se explica principalmente por la existencia en el sector de un segmento comercial altamente competitivo con empresas generadoras de divisas, ya que sus productos se venden en el mercado externo.

Reducida contribución al crecimiento económico. En el lapso 2012-2016, la economía mexicana registró un crecimiento promedio anual de 2.14%; la contribución del sector agropecuario a dicho crecimiento fue de sólo 0.08 puntos porcentuales, superior en 82.1% a la aportación registrada en el período 1993-2000 (0.044 puntos porcentuales). La contribución de la agricultura al crecimiento económico fue de 0.065 puntos porcentuales y la de la ganadería prácticamente nula (0.008 puntos porcentuales).

Crecimiento del PIB agropecuario dependiente de la actividad agrícola. En el período 2012-2016, el producto agropecuario registró un aumento promedio anual de 2.6%. La agricultura contribuyó con 2.1 puntos porcentuales al crecimiento del sector, superior en 148.1% a la contribución del lapso 1993-2000 (0.85 puntos porcentuales).

Crecimiento del ingreso per cápita del sector inferior al promedio de la economía. En el lapso 1993-2016, el crecimiento del PIB per cápita del sector agropecuario (0.32%) fue inferior al de la economía en su conjunto (1.31%).

Permanente déficit de la balanza comercial agropecuaria. En el período 1993-2016, el valor de las exportaciones de productos agropecuarios se ubicó por debajo del valor de las importaciones, con excepción de los años 1993, 1995, 1997, 2015 y 2016. Un hecho positivo es que 2015 fue el primer año de una balanza comercial positiva en todo el siglo XXI. Es necesario destacar que en 2016, las exportaciones rebasaron en 27.9% a las importaciones agropecuarias, y es el segundo año consecutivo en que la balanza comercial es


19


superavitaria. El valor de las importaciones del maíz y frijol creció 38.6 y 24.8 veces, respectivamente. Desafortunadamente, la dependencia alimentaria en estos productos esenciales para la oferta alimentaria del país aumentó notablemente.

Sector altamente dependiente de las importaciones. La proporción de las importaciones de bienes de consumo no duradero entre la producción agropecuaria creció, al pasar de 38.5% en el período 1993-2000 a 78.9% en el período 2012-2016; el coeficiente más alto se registró en 2007 (82.2%). Entre 1993 y 2016 dicho porcentaje aumentó 2.0 veces.

Retrocesos en la seguridad alimentaria. De acuerdo con el Índice Global de Seguridad Alimentaria, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist a solicitud de la empresa Du Pont, en 2017 México se ubicó en el lugar 43 (de un total de 105 países), con un índice de 65.8 puntos (de 100.0), cuando en 2016 ocupó el sitio 39 con 68.1 puntos.

Insuficiente generación de empleos. En el período 2012-2016, el sector agropecuario generó 10,494 empleos por año, inferiores a los creados en el lapso 2006-2012 (70,132); es decir, el sector agropecuario dejó de crear 59,638 empleos por año. Este sector perdió importancia en la generación de empleos: de 22.8% en el lapso 1993-2000 pasó a 13.4% entre 2012-2016.

Decreciente financiamiento de la banca al campo. Entre 1994-2016, el crédito otorgado a la actividad agropecuaria siempre se ubicó por debajo de la cartera de 1994. En 2016, el crédito real otorgado al sector agropecuario sólo significó un poco más de la tercera parte del crédito de 1994 (34.6%).

Posición divergente frente al TLCAN. El sector agropecuario del país tiene una posición dividida respecto de las negociaciones del TLCAN. Esto porque mientras a unos actores les ha permitido crecer sus exportaciones otros piensan salir del acuerdo.

2.2. Resultados de Auditorías Relevantes (IIA)

SAGARPA. “Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo”. Evaluación de Política Pública, Auditoría Estudio, No. 1785. Objetivo: Evaluar la política pública de PROAGRO Productivo a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema que le dio origen y la efectividad de sus actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. Antecedentes: La relevancia de la política pública ha variado en el tiempo, desde su implementación en 1994 y hasta 2016, ha participado en el presupuesto destinado a la agricultura en un rango de 44.5% a 13.7% del total del sector; sin embargo, se determinó que los recursos utilizados para incrementar la productividad agrícola no tienen efecto en el PIB del sector, lo que implicó que


20


la producción agrícola dependiera en mayor medida del comportamiento de variables del producto interno bruto nacional, que de la implementación de la política pública por parte del Gobierno Federal, por lo que no fue posible conocer el efecto de la política en el comportamiento de la economía del sector ni del desarrollo nacional. La evaluación de la política pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO comprendió el análisis de su diseño, implementación y resultados, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema público relativo al estancamiento de la productividad del sector agrícola lo que impide elevar los bajos ingresos de los productores del sector (debido a la descapitalización y falta de tecnificación en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, y la producción de autoconsumo y monocultivo), y a la reducida efectividad de sus acciones en el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en relación con el incremento de la productividad del sector agrícola mediante la asignación de apoyos directos a los productores agrícolas. Hallazgos relevantes: Deficiencias en el diseño de la política pública. Inadecuada definición de la población objetivo en las Reglas de Operación, dado que en las

leyes y reglamentos analizados no se señalan las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) como beneficiarios, sino los productores agrícolas.

No se señala la temporalidad, objetivos o metas de los apoyos otorgados, lo que no permite

definir objetivos adecuados para la atención del problema público, aunado a la carencia de un diagnóstico.

No se da seguimiento, ni se evaluaron los efectos que los subsidios propiciaron en la

productividad de la superficie apoyada, y por tanto, en los ingresos de los productores beneficiados.

No se establecieron estrategias específicas para atender cada uno de los estratos señalados

en las reglas de operación, lo cual es necesario, ya que el problema que presentan los productores de autoconsumo, no es el mismo que el de transición o comercial.

En relación con las auditorías y evaluaciones realizadas tanto a PROAGRO Productivo, como

a su antecedente PROCAMPO, se determinó que han operado sin considerar las sugerencias y recomendaciones señaladas por la ASF en esos documentos para mejorar su desempeño y transparentar su operación, todo lo cual ha comprometido la implementación de la política.

No existe una metodología para medir el incremento de la productividad del sector agrícola. Desde la implementación de la política en 1994 hasta 2016, no se contó con una metodología


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para medir y conocer el nivel de productividad del sector, y en qué medida fue imputable al PROAGRO Productivo, y a su antecedente PROCAMPO. Deficiencias en la metodología para medir el nivel de productividad del sector agrícola. En 2017, la SAGARPA remitió la “Metodología de Evaluación de Resultados de Impacto. Proyecto de Acompañamiento Técnico a los productores de PROAGRO Productivo”. Sin embargo, con base en la información proporcionada y los indicadores señalados, no fue posible determinar los efectos de la política en las UERA beneficiadas (productores), puesto que no se estableció en los indicadores ni en su método de cálculo los parámetros que serían utilizados para evaluar que los avances detectados corresponden específicamente a la política de PROAGRO Productivo; además, señala la ASF, la SAGARPA no estableció la fecha de inicio de implementación de dicha metodología. Se desconoce el impacto del programa en el incremento del valor de la producción y de la productividad. Debido a la carencia de una metodología que permita medir el nivel de cumplimiento de la política, no fue posible determinar de manera precisa el incremento en el valor de la producción que representó la política pública, ni en qué medida se incrementó la productividad del sector. Incremento de los ingresos económicos de los productores no fue resultado de la operación del programa. En relación al monto de los ingresos de los productores agrícolas, se determinó que los ingresos promedios anuales de los hogares rurales no responden a los incentivos otorgados por la política pública, ya que si bien a 2016 el ingreso por hogar aumentó en 9.8% al pasar de 94.7 a 104.0 miles de pesos de 2014 a 2016, el monto de los apoyos otorgados disminuyó en 22.8%, puesto que el apoyo promedio por agricultor beneficiario fue de 6.0 miles de pesos en 2012, de 5.7 en 2014 y de 4.4 en 2016. Esto refleja que el programa PROAGRO Productivo no contribuyó a elevar el nivel de ingresos de los productores, ya que éstos disminuyeron año con año; el aumento en el ingreso de los hogares rurales, obedece a otras variables macroeconómicas y no a la implementación del PROAGRO Productivo. Se desconoce la contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial. No fue posible determinar en qué medida el otorgamiento de incentivos se vinculó con el incremento de la productividad del sector, ni su contribución al desarrollo económico del país. Aun cuando el sector ha evolucionado favorablemente (su producto interno bruto así lo demuestra), la SAGARPA no cuenta con datos específicos para conocer cuáles son los estratos que han propiciado dicho comportamiento; además se desconoce el avance que han presentado los productores agrícolas beneficiados. Consideraciones finales. La ASF considera que con el objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la implementación y los resultados de la política, para así avanzar en el cumplimiento de objetivos, la atención del problema, y establecer un ejercicio real de transparencia y rendición de cuentas, se deben realizar las precisiones siguientes:


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Es necesario que la SAGARPA realice un diagnóstico de la situación agrícola en el ámbito nacional, que le permita la actualización y redefinición del problema público, y de sus causas; la precisión de su magnitud y la cuantificación y georreferenciación de la población potencial y objetivo para cada uno de los componente del Programa de Fomento Agrícola, a fin de focalizar los subsidios y la prestación de servicios públicos a los productores agrícolas con mayores necesidades, y con ello la actualización del padrón de beneficiarios.

Se sugiere que la secretaría precise de manera concreta el concepto de “productividad” y

las variables para medirla, y con base en ello, redefina estrategias y objetivos específicos de acuerdo con las necesidades de cada estrato agrícola, puesto que las limitantes que presentan los productores de autoconsumo no son las mismas que de los de transición o comercial.

Establecer criterios de selección, requisitos y medios de verificación para abrir, actualizar y

mejorar la calidad del padrón de PROAGRO Productivo, y permitir que soliciten y obtengan apoyo otros productores que cumplan con la reglas de operación y que no están incluidos en el padrón actual.

Se considera pertinente que, una vez realizado el diagnóstico de los productores con

problemas de productividad, se divida el componente, a fin de atender de manera particular las necesidades de cada estrato y, en su caso, eliminar el subsidio a aquellos que no lo necesitan, como pueden ser los productores del estrato comercial, mientras que se deberían crear estrategias diferenciadas de atención para las unidades de autoconsumo, y otra para las de transición.

En materia de evaluación y rendición de cuentas, es indispensable que la SAGARPA disponga

de un documento en el que establezca un mecanismo oficial para medir el cumplimiento del objetivo de la política y la problemática relativa a la baja productividad del sector por cada uno de los estratos (autoconsumo, transición y comercial), así como de sistemas de control que permitan reportar de manera confiable y oportuna los resultados de la intervención pública.

Realizar un ejercicio de planeación, programación y presupuestación que permita la

identificación precisa de la contribución del programa, a fin de disponer de indicadores y metas que aporten información confiable y oportuna para la adecuada toma de decisiones.

Por lo que se refiere a las transferencias económicas, es importante que la SAGARPA

establezca una metodología que permita identificar el nivel de producción, el valor de ésta y la productividad que resulte de los incentivos otorgados a los agricultores de autoconsumo, transición y comercial.

Es oportuno que la SAGARPA disponga de los mecanismos necesarios que permitan

acreditar la vinculación e imputabilidad del incentivo con la producción y/o productividad agrícola.


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Elaborar un diagnóstico de los productores de autoconsumo, transición y comercial con problemas de productividad, a fin de disponer de un escenario base que permita conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos de la política pública.

Desarrollar sistemas de información, control y seguimiento confiables y oportunos que

permitan vincular la implementación y los resultados de la política, a fin de conocer su grado de eficacia y contribución en la atención del problema público y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes para atender adecuadamente el mandato de su creación.

Se considera oportuno que la SAGARPA cuantifique el avance en la atención del problema

relativo a la baja productividad, debido a que la metodología que pretende implementar no posee los indicadores que se relacionen con ésta.

Opinión de la ASF. La metodología que la SAGARPA pretende implementar en colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), no posee los indicadores que se relacionen con la productividad de los beneficiarios del PROAGRO Productivo, y no permiten determinar el efecto que ha tenido la política pública en la economía del sector ni del país. Comentario de la UEC. La ASF debiera realizar un estudio relativo a los programas de subsidios que van a la población objetivo versus las que se dirigen a empresas que no lo requieren. SAGARPA. “Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”. Auditoría de Desempeño, No. 0281. Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de incentivos económicos para proyectos productivos contribuyó a incrementar la productividad de los núcleos agrarios, entregados por el programa de Apoyos a Pequeños Productores, componente Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA). Antecedentes: En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la agricultura, ya que el 73.6% (3,288.9 miles de Unidades Económicas Rurales Agrícolas -UERA- en los estratos I y II para el FAPPA) de las 4,468.6 miles Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) se dedicaban a cultivos básicos de temporal con poco rendimiento productivo y que cerca del 70.0% (3,128.0 miles) del total de las UERA eran de subsistencia o autoconsumo, al carecer de innovación y desarrollo tecnológico, así como de capacidades técnicas. En el árbol del problema del Programa presupuestario (Pp) S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”, se reconoció como problemática la baja productividad de las unidades económicas rurales que integran a hombres y mujeres que habitan en los núcleos agrarios.


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Con el objetivo de continuar con el otorgamiento de subsidios a los productores agropecuarios, en 2016, la SAGARPA implementó el “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, a fin de “contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos”, para que “las unidades económicas rurales formadas por pequeños productores rurales incrementen su productividad”, en este programa se incluyeron, cinco componentes, entre ellos: Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), el cual es operado por la Coordinación de Enlace Sectorial de la SAGARPA y cuyo objetivo específico es apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios para que incrementen su productividad. Hallazgos relevantes: Se desconoce la contribución del programa al aumento de la productividad de los beneficiarios y de una metodología para determinar el costo de los proyectos. Para 2016, la SAGARPA reportó un ejercicio de 660.6 millones de pesos para la entrega de subsidios a 2,687 proyectos productivos, sin acreditar que dichos recursos fueron efectivamente entregados a los beneficiarios; ni contó con una metodología para determinar el costo por proyecto. De los 2,687 proyectos productivos apoyados, el 57.9% (1,555 proyectos) perteneció a la modalidad pecuaria, 19.0% (508 proyectos) a la comercial, 10.3% (278 proyectos) a la agrícola, 8.5% (229 proyectos) a la industrial, 3.9% (105 proyectos) a la de servicios, y 0.4% (12 proyectos) a la modalidad de pesca, caza y captura; sin embargo, las deficiencias en el programa propiciaron que se desconocieran la contribución en el incremento de la productividad de los beneficiarios. Reglas de operación no se ajustan a la normatividad en materia de subsidios. En el diseño del programa, la revisión reveló que las reglas de operación no se ajustaron a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de subsidios, debido a que la dependencia no definió a la población objetivo, ni especificó la región, entidad federativa o municipio en la que se ubican los hombres y mujeres que habitan en los núcleos agrarios que fueron incluidos en las Unidades Económicas Rurales (UER); no garantizó que los recursos se canalizaran exclusivamente a los estratos I y II de las UER, ni contó con información para evaluar los beneficios económicos y sociales de su aplicación y asignación; no acreditó contar con mecanismos para la evaluación de los proyectos productivos que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; no estableció fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo en recursos presupuestarios; y tampoco estableció la temporalidad del otorgamiento de los subsidios. Incumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad de los solicitantes de los apoyos. En la verificación sobre el cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad que debieron cubrir los solicitantes de subsidios, de las 19,233 solicitudes presentadas para el otorgamiento de los subsidios, 719 (3.7%) se cancelaron por presentar concurrencias en los últimos cinco años con el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), y que las 18,514 (96.3%) restantes que se sometieron al proceso de dictaminación, 6,091 (32.9%)


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resultaron procedentes por cumplir con los criterios de viabilidad técnica del proyecto y la generación de cadenas de valor, y 12,423 (67.1%) no procedieron por no cumplir dichos criterios. Asimismo, de las 6,091 solicitudes procedentes, a 2,687 (44.1%) se les otorgó subsidios y 3,404 (55.9%) no fueron favorecidos; sin embargo, la SAGARPA no apoyó preferentemente a los proyectos de la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad para incrementar su productividad, ya que de los 2,687 proyectos productivos el 59.2% (1,591) obtuvo una ponderación menor en los procesos de dictaminación y focalización, que el 33.4% (1,136) de los que no fueron beneficiados; además, 18 proyectos no avalaron su desistimiento, por presentar concurrencias con otros programas federales. Deficiencias en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos. En materia de seguimiento y supervisión de la aplicación del subsidio, de los 2,687 proyectos apoyados, los registros del Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP) arrojaron que 1,828 proyectos no cumplieron con la entrega del “Informe General de la Aplicación de los Recursos”, ya que el 99.5% (1,819) se remitió a la secretaría hasta con un desfase de 248 días y en el 0.5% (9 proyectos) se presentaron inconsistencia en las fechas de entrega de sus informes; tampoco realizó la supervisión de puesta en marcha, ni las verificaciones de seguimiento de los proyectos productivos autorizados en 2016, por lo que la secretaría careció de mecanismos que le permitieran vigilar la implementación y supervivencia de los proyectos productivos apoyados en 2016, a fin de ajustar su operación y decidir sobre la cancelación de los subsidios otorgados. No se identifica ni cuantifica la población objetivo y el padrón de beneficiarios. En la cobertura del programa, la SAGARPA no acreditó el alcance que tuvo mediante los subsidios otorgados a hombres y mujeres que habitan en núcleos agrarios para la implementación de proyectos productivos, por carecer de la identificación y cuantificación de la población objetivo para evaluar los beneficios económicos y sociales de la asignación de los recursos, y de un padrón de beneficiarios; no obstante que registró 16,088 beneficiarios. Carencia de información impide medir la contribución del componente al logro del objetivo del programa y al incremento de la productividad. La SAGARPA careció de información para medir la contribución del componente en el logro del objetivo del programa presupuestario (Pp S266), ya que no atendió a la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad, ni acreditó contar con información que le permitiera evaluar en qué medida apoyó preferentemente los proyectos de tipo agroalimentario, y no incentivó la constitución legal de los beneficiarios; asimismo, desconoció en qué medida aumentó la productividad de la UER, por carecer de información del estrato al que pertenecían los beneficiarios, además, no acreditó los medios para asegurar que los pagos efectuados con cargo a su presupuesto se encuentren debidamente justificados. Consecuencias Sociales: En 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente FAPPA de manera inercial; lo que implicó el riesgo de que el 73.6% (3,288,910) de las unidades económicas rurales pertenecientes a los estratos E1 y E2 que son objetivo de este componente no sean beneficiadas mediante proyectos productivos o, en su caso, se duplique el apoyo, debido a que la entidad no contó con la información de las UER a las que pertenecían los


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beneficiarios. Además, al no realizar la supervisión y seguimiento de los proyectos productivos desconoció el incremento de la productividad de las UER donde se encuentran los beneficiarios, lo cual demuestra que los recursos públicos destinados no contribuyeron a garantizar dicho incremento. Opinión de la ASF. En 2016, la SAGARPA no acreditó que avanzó en la atención del problema público relativo a la baja productividad de las UER, debido a que otorgó subsidios por 660.599 millones de pesos mediante 2,687 proyectos productivos, de manera inercial, debido a que no cumplió con la normativa en materia de subsidios, al presentar deficiencias en el diseño del Pp S266; no acreditó la aplicación de los criterios y requisitos de elegibilidad conforme a lo establecido en las reglas de operación respecto de la dictaminación técnica y la focalización por marginación y vulnerabilidad; de los 16,088 beneficiarios, la dependencia no acreditó a qué tipo de estrato correspondieron, ni evaluó los beneficios económicos y sociales de la asignación de los subsidios; otorgó recursos a 18 proyectos productivos que no avalaron su desistimiento, por presentar concurrencias con otros programas federales. En cuanto a la supervisión y seguimiento, de 2,618 proyectos, 1,819 se entregaron fuera del plazo establecido el Informe General de la Aplicación de Recursos y, tampoco, realizó la supervisión de puesta en marcha, ni la verificación de la implementación y supervivencia de los proyectos productivos, además no se acreditaron los medios para asegurar que los pagos efectuados con cargo a su presupuesto se encuentren debidamente justificados. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 16 (16 RD) SAGARPA. “Programa de Apoyo a Pequeños Productores: Componente Incentivos Productivos”. Auditoría de Desempeño, No. 0282. Objetivo: Fiscalizar que los incentivos otorgados a pequeños agricultores de maíz y frijol para la adquisición de paquetes tecnológicos y acompañamiento técnico hayan contribuido a incrementar la productividad. Antecedentes: En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la agricultura, ya que el 73.6% (3,288.9 miles de Unidades Económicas Rurales Agrícolas –UERA- en los estratos I y II de las 4,468.6 miles UERA se dedicaban a cultivos básicos de temporal con poco rendimiento productivo y que cerca del 70.0% (3,128.0 miles) del total de las UERA eran de subsistencia o autoconsumo, al carecer de innovación y desarrollo tecnológico, así como de capacidades técnicas. En el árbol del problema del Programa presupuestario (Pp) S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente incentivos productivos, se reconoció como problemática la baja productividad de las unidades económicas rurales (UER) que integran a pequeños productores de maíz y frijol.


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Para atender ese problema, en 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) operó el Pp S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente de incentivos productivos para maíz y frijol, cuyo objetivo fue otorgar subsidios para adquirir paquetes tecnológicos consistentes en insumos de nutrición y fitosanitarios vegetales, así como acompañamiento técnico para mejorar las prácticas tecnológicas en los cultivos de las unidades económicas rurales agrícolas conformadas por pequeños productores, con el propósito de contribuir a incrementar su productividad. En el Pp S266 se ejerció un presupuesto de 3 mil 400.396 millones de pesos en el componente incentivos productivos para maíz y frijol. Hallazgos relevantes: Se desconoce el número de población beneficiada con los recursos otorgados. En 2016, la SAGARPA reportó como ejercidos 3 mil 400.4 millones de pesos para la entrega de subsidios a 487,544 pequeños productores de maíz y frijol, de los cuales 94.1% (458,986) fueron personas físicas y 5.9% (74) morales que agruparon a 28,558 pequeños productores, sin especificar a cuántas UERA benefició; de los recursos reportados, no acreditó que fueran entregados a los beneficiarios que cumplieron con los requisitos de elegibilidad de las reglas de operación; de la base de datos de las solicitudes se identificó que a 449,658 personas físicas se les entregaron apoyos para paquetes tecnológicos de maíz, 9,223 para frijol y de 105 no se registró el tipo de incentivo otorgado; en cuanto a las personas morales 28,384 fueron apoyadas para el paquete tecnológico de maíz y 174 para frijol; sin embargo, las deficiencias en el programa propiciaron que se desconociera si éstos contribuyeron a incrementar la productividad de los beneficiarios, ni el costo-beneficio de los subsidios. Deficiencias en las Reglas de Operación del programa. Para el otorgamiento de subsidios, el diseño de las Reglas de Operación del Pp S266 mostró deficiencias en su componente de Incentivos Productivos para maíz y frijol, ya que contrario a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la SAGARPA solo incluyó el 60.0% de los requisitos, al no especificar con precisión la población objetivo; la forma en que se evaluarían los resultados de los subsidios para que, en su caso, se ajustara su operación o bien se cancelara, ni determinar de qué manera mediría el cumplimiento del objetivo y sus metas. Incumplimiento de los requisitos establecidos las Reglas de Operación. En la verificación sobre el cumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes de subsidios, la auditoría mostró que la SAGARPA no se aseguró de que, previo a la entrega de éstos, los beneficiarios cumplieran con la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas de operación, ya que sus registros evidenciaron un cumplimiento del 15.0% al 59.9% de los documentos requeridos, lo cual propició que se hiciera una entrega inercial de los recursos. No se acredita que los beneficiarios de los recursos públicos lo aplicaron en los conceptos y montos autorizados. La ASF detectó que la secretaría no acreditó que la totalidad de los beneficiarios de los recursos que revisó, los utilizaron en los conceptos previstos, ya que para efectuar dicha tarea aplicó cuestionarios, los cuales no evidenciaron que la dependencia se


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cercioró del avance del proyecto; de la aplicación de la totalidad de los recursos en los conceptos y montos autorizados; y del cumplimiento de las obligaciones y los compromisos contraídos por parte de los productores, debido a que la encuesta era sólo de opinión. No se cuenta con un padrón de beneficiarios ni se identifica ni cuantifica la población potencial y objetivo. En la cobertura del programa, la SAGARPA registró haber beneficiado a 487,544 productores, pero no comprobó el alcance que tuvo mediante la entrega de subsidios para productores de maíz y frijol, ya que no contó con un padrón de beneficiarios que asegurara que los productores apoyados pertenecieran a las UERA con baja productividad. Además de que careció de la identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo que le permitiera determinar dicha magnitud. Consecuencias Sociales: En 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente Incentivos Productivos para maíz y frijol del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de manera inercial; lo que implicó el riesgo de que el 73.6% (3,288,910) de las unidades económicas rurales agrícolas pertenecientes a los estratos E1 y E2 (pequeños productores) continúen cosechando cultivos de maíz y frijol para consumo familiar y con una reducida participación en el mercado; lo anterior debido a que la dependencia no identificó la totalidad de las UERA correspondientes a pequeños productores que requerían del apoyo, ni que los beneficiarios hubieran aumentado su producción, lo cual demuestra que los recursos públicos destinados al sector agrícola no contribuyen a garantizar el desarrollo y autosuficiencia de las personas que se dedican a esta actividad. Opinión de la ASF. La SAGARPA no acreditó la atención del problema público, al otorgar subsidios de forma inercial, sin comprobar el incremento en la productividad de las UERA, debido a que careció de un listado o padrón de beneficiarios que le mandataba el Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación; a fin de asegurar que los 487,544 productores apoyados pertenecieran a las unidades agrícolas con problemas de baja productividad, no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa para recibir los subsidios; no contó con información y registros confiables para comprobar que la autorización de los recursos a los beneficiarios se realizara con base en las reglas de operación para dar certeza de que los montos asignados se utilizaron en la adquisición de paquetes tecnológicos, y no realizó el seguimiento para asegurar que se recibieron y aplicaron en los rubros señalados para el componente incentivos productivos para maíz y frijol. Recomendación de la ASF. La ASF, en las Consideraciones para la Labor Legislativa de la Entrega de Informes Individuales, recomienda que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establezca que la SAGARPA, respecto de los recursos aprobados en la asignación del presupuesto, observe la gestión por resultados y presente un informe a la H. Cámara de Diputados con el análisis del beneficio de los subsidios otorgados en el cumplimiento del objetivo de incrementar la productividad agrícola para los programas respectivos, y se consideren los mecanismos que fortalezcan la gestión de la instancia de control, a fin de que se asegure la comprobación del ejercicio de los recursos.


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Sugerencias de la ASF a la Cámara de Diputados Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas

de Riego, evalúe la pertinencia de incluir un artículo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que la SAGARPA diseñe una metodología estandarizada que le permita recabar de manera homogénea los datos de los beneficiarios, verificar la veracidad de la información proporcionada por los mismos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Se sugiere que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que los recursos destinados a subsidios otorgados mediante los programas operados por la SAGARPA quedarán sujetos a que la dependencia demuestre contar con la estructura operativa necesaria para su verificación, así como con los instrumentos y mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación que garanticen su correcta aplicación y el beneficio esperado.

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas

de Riego, evalúe la pertinencia de adicionar una fracción al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los operadores de los programas presupuestarios tengan la obligación de construir y actualizar su padrón de beneficiarios que reciben subsidios y señalar con claridad la complementariedad o exclusión de los beneficios que otorgan.

Se sugiere que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y

Sistemas de Riego, incluya en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación la obligación de que el órgano interno de control en la SAGARPA realice revisiones a la integración de los padrones del campo, así como evaluaciones de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, con la finalidad de que se determinen los beneficios de la entrega de subsidios.

Número de observaciones: 10; Número de acciones: 18 (18 RD) SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Agroproducción”. Auditoría de Desempeño, No. 0285. Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de los subsidios contribuyó a incrementar la productividad de las unidades agrícolas. Antecedentes: En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la agricultura, pues no se contaba con innovaciones tecnológicas y productivas,


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ni capacidades técnicas, lo que propiciaba que el 88.2% de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) se dedicaran a cultivos básicos de temporal, cuyo rendimiento productivo es bajo, y que el 70.0% de éstas fueran de subsistencia o autoconsumo, con la afectación del crecimiento, ya que en 1950, la participación del sector primario en el PIB nacional era del 16.1% y en 2012 del 3.4%. Con la finalidad de atender la problemática identificada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) operó el Programa presupuestario (Pp) S259 “Fomento a la Agricultura” en 2016, cuyo objetivo específico para el componente de “Agroproducción” fue incentivar económicamente a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos y contribuir al incremento de la productividad con la adquisición de paquetes tecnológicos en los conceptos de: estímulos para la producción, recuperación de suelos, así como reconversión y ordenamiento productivo en los cultivos. Hallazgos relevantes: Diferencias de los recursos ejercidos entre lo reportado en los registros de la dependencia y la Cuenta Pública. En 2016, la SAGARPA reportó en sus registros auxiliares que ejerció 19 mil 954.8 millones de pesos para el Programa presupuestario S259 Fomento a la Agricultura, y en los registros de la Dirección General de Fomento a la Agricultura se señaló que el 16.8% (3 mil 350.8 millones de pesos) se destinó para el componente de Agroproducción; sin embargo, no acreditó las causas de una diferencia de 9.9% (730.6 millones de pesos) entre lo reportado en sus registros y la Cuenta Pública 2016 para dicho programa. Asimismo, se identificaron deficiencias en las bases de datos remitidas por entidad federativa y componente, pues sólo se describió la distribución del 14.4% (481.1 millones de pesos) de los 3 mil 350.8 millones de pesos reportados en sus registros, lo que impidió que la dependencia comprobara que el monto otorgado a la unidad responsable se ejecutó de conformidad con los objetivos del programa, y el costo-beneficio de los subsidios. No se identifica ni cuantifica la población objetivo que presentó baja productividad. Para el otorgamiento de subsidios, el diseño de las Reglas de Operación del Pp S259 mostró deficiencias en su componente de Agroproducción, ya que contrario al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no incluyó el 30.0% de los requisitos, al no identificar y cuantificar a la población objetivo de las UERA que presentaron baja productividad por grupo específico, región del país, entidad federativa o municipio, ni prever la temporalidad de los apoyos e incluir las fuentes alternativas de ingresos para lograr su autosuficiencia financiera. Incumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para el otorgamiento de los recursos. La dependencia no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación para la autorización del otorgamiento de los subsidios, por lo que los 3 mil 350.8 millones de pesos reportados como ejercidos mediante el programa S259, en su componente Agroproducción, se dispersaron de forma inercial, sin conocer el perfil de los


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beneficiarios y, a pesar de contratar al Colegio de Postgraduados de la Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas para realizar la supervisión; no acreditó el seguimiento a la supervisión de la instancia externa contratada, por lo que ésta no se llevó a cabo de acuerdo con los aspectos por revisar que establecía la normativa, ya que no se verificaron los resultados de la unidad de producción, el “impacto del recurso federal”, ni los avances en la implementación de los proyectos productivos. No se cuantifica la cobertura del programa por la carencia de un padrón de beneficiarios y falta de identificación precisa de la población objetivo. La SAGARPA no identificó la cobertura del componente Agroproducción del programa, debido a que careció de un padrón de beneficiarios que asegurara que los productores apoyados pertenecieran a las UERA con problemas de baja productividad; no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa, ni aseguró las confrontas de sus listados de beneficiarios para evitar concurrencia y duplicidades. Aun cuando atendió a 98,216 productores agrícolas, las reglas de operación refirieron como población objetivo a las UERA, no a personas apoyadas, lo que implicó que el otorgamiento de los subsidios a su cargo no se realizara con base en resultados y que el ejercicio del gasto público no mostrara el cumplimiento de los objetivos previstos para el componente Agroproducción del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, ni su contribución en la atención de la problemática relativa a la falta de tecnología en los cultivos de las UERA y su baja productividad. Consecuencias Sociales: En 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente agroproducción del Programa de Fomento a la Agricultura de manera inercial; lo que implicó el riesgo de que el 81.6% (3,646,399) de las UERA pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 continúen cosechando cultivos para consumo familiar y con una reducida participación en el mercado; mientras que el 8.5% (379,832) de las UERA incorporadas en los estratos E5 y E6 no aumenten su productividad e ingresos, perdiendo competitividad en el ámbito nacional e internacional frente a los que incorporan nuevas tecnologías. Opinión de la ASF. La SAGARPA no acreditó la atención del problema público, al otorgar subsidios de forma inercial, sin comprobar su contribución en el incremento del nivel tecnológico de los cultivos y en la productividad de las UERA, debido a que careció del listado o padrón de beneficiarios que le mandataba el PEF, a fin de asegurar que 98,216 productores apoyados pertenecieran a las unidades agrícolas con problemas de baja productividad; no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa para recibir los subsidios; no contó con información y registros confiables para comprobar que la autorización de los recursos a los beneficiarios se realizara con base en las reglas de operación para dar certeza de que los montos asignados se utilizaron en la adquisición de paquetes tecnológicos, y no realizó el seguimiento para asegurar que se recibieron y aplicaron en los rubros señalados para el componente Agroproducción. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 20 (20 RD)


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SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Tecnificación de Riego”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0289. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: En congruencia con lo establecido por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en su Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013¬2018, implantó las estrategias de “Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua”, y “Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio ambiente del país”. Con la finalidad de cumplir con lo anterior, la SAGARPA, por conducto de la Dirección General de Fomento a la Agricultura (DGFA), destinó recursos del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” mediante el componente de “Tecnificación del Riego”, con el fin de impulsar, en coordinación con la CONAGUA, el uso eficiente del recurso, por medio de incentivos para incorporar riego tecnificado en áreas que actualmente producen en condiciones de temporal para la modernización de la infraestructura hidroagrícola, por lo que los incentivos se destinan para sistemas de riego por multicompuertas y por aspersión, y para el drenaje en terrenos agrícolas. Hallazgos relevantes: Modificaciones al presupuesto del programa sin autorización de la SHCP. La ASF constató que la dependencia no contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para las modificaciones que se efectuaron al presupuesto original. Duplicidad en el otorgamiento de apoyos. La ASF comprobó que se otorgaron apoyos duplicados a tres proyectos por los mismos conceptos por 311.1 miles de pesos. Pagos improcedentes. Se efectuaron pagos improcedentes a beneficiarios por 7.9 millones de pesos por no ser elegibles, o bien, por tratarse de apoyos superiores que los establecidos. Títulos de Concesión no registrados en el Registro Público de Derechos de Agua. La ASF detectó que 134 beneficiarios presentaron "Títulos de Concesión" para acreditar la autorización de uso de agua, los cuales no se encuentran registrados en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua.


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Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. Los beneficiarios de 163 proyectos no presentaron la documentación comprobatoria que compruebe la aplicación de recursos por 87.2 millones de pesos. Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados. Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 3.964 millones de pesos. Comprobación de la aplicación de los recursos con comprobantes fiscales cancelados. Para acreditar la aplicación de los recursos recibidos, los beneficiarios presentaron comprobantes fiscales cancelados y, en otros casos, se emitieron comprobantes fiscales de egresos (notas de crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes presentados en los proyectos por un monto de 45.0 millones de pesos. Celebración de convenios de colaboración con universidades que no cuentan con la capacidad técnica, material y humana. La SAGARPA celebró un Convenio de Colaboración con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), que no cuenta con la capacidad técnica, material y humana necesaria, ya que subcontrató todos los servicios para cumplir con las obligaciones pactadas; además, no proporcionó la documentación comprobatoria que acreditara el ejercicio de recursos por 7.8 millones de pesos, aunado a que fue la misma SAGARPA quien le indicó a la universidad las partidas de gasto en las que debía ejercer los recursos, las características de los bienes y servicios por arrendar o adquirir, así como las personas que consideró idóneas como prestadores de servicios profesionales, por lo que le especificó el nombre, periodo de servicio, nivel y percepción mensual. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 20 (3 R; 6 PRAS; 11 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 152.2, Operadas: 0.0, Probables: 152.2 Dictamen: No cumplió. SAGARPA. “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0295. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: En congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en su Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013¬2018 definió, como uno de sus objetivos, “impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario” mediante la estrategia “impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos estratégicos y productivos de impacto regional”, y


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con la línea de acción “detonar el desarrollo productivo sursureste, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales de la región”. Con la finalidad de cumplir dicho objetivo, la SAGARPA, por conducto de la Dirección General de Zonas Tropicales (DGZT) destinó recursos al programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” mediante el componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste”, con el fin de incentivar a las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas del Sur-Sureste y zonas tropicales del país para la implementación de proyectos agroalimentarios por medio de apoyos para actividades agrícolas, desarrollo tecnológico, capacitación y extensionismo, así como para la certificación de productos. Hallazgos relevantes: Falta de documentación justificativa y comprobatoria de los apoyos otorgados. No se cuenta con el soporte documental de la aplicación de 216.9 millones de pesos que fueron reportados como ejercidos. Pagos improcedentes. Se realizaron pagos improcedentes por 17.1 millones de pesos a beneficiarios que no eran elegibles por tratarse de apoyos mayores que los establecidos, o bien, por no encontrarse sustentados en los expedientes que acrediten su elegibilidad. No se aplicaron los recursos conforme a lo autorizado. Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 40.4 millones de pesos. Celebración de convenios de colaboración no justificados. Se celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Salamanca con el fin de conjuntar trabajos y recursos para ejecutar las acciones de dispersión de incentivos del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste" sin acreditar los criterios o bases en los que se justificó la necesidad de celebrar dicho convenio. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 18 (5 R; 4 PRAS; 9 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 274.4, Operadas: 0.0, Probables: 274.4 Dictamen: No cumplió. SAGARPA. “Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café”. Auditoría Forense, No. 0283. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.


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Antecedentes: Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos y en los gastos asociados con la operación de los programas revisados; asimismo, por los resultados relevantes en la auditoría practicada en el ejercicio de la Cuenta Pública 2015, se determinó llevar a cabo la revisión del Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. Hallazgos relevantes: Falta de documentación comprobatoria ante las instancias ejecutoras de los recursos otorgados. La ASF constató que organizaciones y proveedores recibieron en forma directa recursos del subsidio, que no comprobaron a través de las instancias ejecutoras Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFÉ), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la propia unidad responsable por medio de las delegaciones estatales, el importe de 325.9 millones de pesos. Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado. La ASF constató que se adquirieron insumos por 82.8 millones de pesos, con empresas que no están en el portafolio de proveedores autorizados por la SAGARPA, el cual fue publicado en el portal de la secretaría. No se tiene la certeza de que los bienes se entregaron a los productores. Reintegros a la TESOFE pendientes de realizar. La ASF constató que existen reintegros pendientes de realizar a la Tesorería de la Federación por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) por 13.8 millones de pesos. Consecuencias Sociales: La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor. La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría. Los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país y razón de ser de los programas sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la oportunidad de incrementar la producción y la productividad de las unidades económicas


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rurales agrícolas mediante incentivos para la integración de la cadena productiva, inversión en capital físico, humano y tecnológico y uso sustentable de los recursos naturales, lo cual afectó en la práctica, el acceso a los derechos sociales, aunado a que no se garantizaron las mejores prácticas que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva a la población objetivo del componente en los 13 estados productores cafetaleros de la República Mexicana. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. Número de observaciones: 15; Número de acciones: 21 (2 R; 4 PEFCF; 1 PRAS; 14 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 445.4, Operadas: 0.0, Probables: 445.4 Dictamen: No cumplió. SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria”. Auditoría Forense, No. 0286. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. Antecedentes: Se tiene como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2012, 2013, 2014, y 2015 en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, así como gastos asociados a la operación de los programas revisados, que han derivado en Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de Hechos; por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría, para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. Hallazgos relevantes: Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. La ASF constató que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA (DGPDT) no comprobó ni justificó la aplicación de los recursos por 82.6 millones de pesos, del Componente que le fueron asignados directamente, así como de los recursos no ministrados a los beneficiaros del Componente, ni de los productos financieros que se generaron. Falta de suscripción de las actas de cierre-finiquito. La ASF constató que la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) no ha suscrito las respectivas actas de cierre finiquito con 17 beneficiarios del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, por un monto de 67.3 millones de pesos.


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No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación. La ASF comprobó que ni la COFUPRO ni la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC), acreditaron el total de los recursos que les fueron asignados para gastos de operación, para la unidad técnica operativa y la supervisión, respectivamente, por un total de 43.3 millones de pesos. Realización de pagos a proyectos inconclusos. En las visitas domiciliarias que realizó la ASF a 32 beneficiarios con 35 proyectos en siete estados, se constató que los beneficiarios no cumplieron en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados, por lo que la mayoría de los proyectos no están concluidos: 3 de Yucatán por 45.3 millones de pesos; 5 beneficiarios con 6 proyectos en Querétaro por 50.4 millones de pesos; 3 beneficiarios con 5 proyectos en Chihuahua por 21.1 millones de pesos; 2 de Nayarit por 23.2 millones de pesos, 6 de Jalisco por 47.7 millones de pesos, 9 de CDMX por 108.1 millones de pesos; y 3 de Chiapas por 31.6 millones de pesos. Beneficiarios no forman parte de la población objetivo. La ASF detectó que algunos beneficiarios no forman parte de la población objetivo del Componente, y ninguno generó beneficios en las unidades económicas rurales agrícolas a las que pretendía apoyar el Programa. Aplicación de los recursos otorgados a otros fines no autorizados. La ASF comprobó que un beneficiario de CDMX, al cual se le ministraron recursos por 9.2 millones de pesos, los utilizó para fines distintos de los establecidos en el Componente, con la participación de la Instancia Ejecutora COFUPRO con quien suscribió un Programa Operativo de Cooperación Técnica, con la anuencia de la SAGARPA. Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados. La ASF comprobó que ni la COFUPRO, ni la CCRC, que fungieron como Instancia Ejecutora y Unidad Técnica Operativa y Supervisora, respectivamente, del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, realizaron una correcta rendición de cuentas, ni transparentaron la aplicación de los recursos que les fueron transferidos por la SAGARPA, del Componente. Falta de supervisión de la SAGARPA a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados. La ASF comprobó que la Unidad Responsable no supervisó los trabajos prestados por la COFUPRO y por la CCRC, ya que en ambos casos se comprobaron incumplimientos sistemáticos en relación con las disposiciones de fondo y forma con respecto al ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2016, así como de los respectivos Convenios de Concertación que suscribieron con la secretaría. Consecuencias Sociales: La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el uso indebido de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia impunidad; se truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor. La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas


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conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia. Los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, buscan fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales y en algunos casos, los recursos del componente de Innovación Agroalimentaria se aplicaron en proyectos que no fueron concluidos, o bien que no correspondieron con el objeto de apoyar a personas morales dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología para incrementar la innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas. La omisión en el deber de cuidado y la deficiente o nula supervisión por parte de los servidores públicos de la dependencia, así como de las Instancias Ejecutoras designadas por la Unidad Responsable de la SAGARPA, aunado a la falta de seguimiento en la implementación de controles internos por parte del Órgano Interno de Control, contribuyeron a la ineficiencia y desvío de recursos en estas áreas que han sido recurrentemente denunciadas por hechos similares en sus diversos programas. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el otorgamiento del recurso público. Número de observaciones: 11; Número de acciones: 19 (2 R; 4 PRAS; 13 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 596.7, Operadas: 66.8, Probables: 529.9 Dictamen: No cumplió. SAGARPA. “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria”. Auditoría Forense, No. 0296. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. Antecedentes: Con motivo de la fiscalización superior practicada a SAGARPA en los últimos cinco años, se han observado conductas irregulares en la aplicación de los subsidios, de supuestos beneficiarios, quienes presentan documentos bancarios alterados o comprobantes fiscales de proveedores no localizados para la comprobación de los recursos públicos, para simular la acreditación de los proyectos con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría forense para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en el ejercicio del programa.


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Hallazgos relevantes: Comprobación de la aplicación de los recursos con documentación alterada. La ASF constató que los beneficiarios del programa presentaron documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio como de su propia aportación por 128.4 millones de pesos. Se utilizó un presunto esquema de simulación de operaciones bancarias para acreditar su aportación o aplicación de los recursos del subsidio. Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los apoyos otorgados. La ASF comprobó que los beneficiarios del programa no presentaron la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que no se han concluido las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 174.3 millones de pesos. Consecuencias Sociales: La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor. La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría. El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación. Los resultados relevantes de la fiscalización demostraron no solo su obtención irregular, también su aplicación a fines distintos del programa, cuyo objetivo es impulsar la productividad y competitividad en el sector agroalimentario mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico que garantice a la población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Los montos desviados pudieron privilegiar otros programas sociales en zonas marginadas para atender diversas demandas sociales. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 17 (2 R; 4 PEFCF; 9 PO; 2 M) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 302.7, Operadas: 0.0, Probables: 302.7 Dictamen: No cumplió.


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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). “Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los Conceptos Presupuestales 3200 Servicios de Arrendamiento y 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios". Auditoría Forense, No. 1872. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los movimientos del presupuesto de los conceptos de gasto 3200 y 3300 de ASERCA, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. Antecedentes: La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, mediante la figura jurídica de adjudicación directa, suscribió en el año 2016 dos contratos de prestación de servicios con un proveedor; el primero, para un diagnóstico operativo de los procesos en tres de las direcciones regionales de ASERCA y el segundo, por servicios integrales de procesamiento analítico de información, de generación y administración de archivos y de verificación documental, por un monto total de 63.5 millones de pesos. Con la prestación de los servicios se buscaba fortalecer los mecanismos y actividades a cargo de ASERCA, considerando sus procesos y la simplificación administrativa, orientarlos en su conjunto a modernizar los procedimientos que se realizan en las direcciones regionales y así reducir los tiempos de respuesta para el despacho de las solicitudes del componente de incentivo a la comercialización, para lo cual, la información generada por las direcciones regionales se resguardaría en un solo lugar, lo cual resulta inadecuado, toda vez que la información debería ser concentrada por cada dirección regional, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas; además de comprobar que el proveedor cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. Hallazgos relevantes: Otorgamiento de recursos sin comprobar la ejecución de los servicios contratados. La ASF constató que la dependencia no comprobó fehacientemente la ejecución de los servicios contratados por 2.6 millones de pesos, consistente en la elaboración de un diagnóstico operativo de los procesos en las Direcciones Regionales Noroeste, Centro Sur e Istmo; aunado a que la mayor parte del diagnóstico (entregable) consta de transcripciones y citas textuales de diferentes fuentes de información, por lo que se concluye que no es de la autoría del proveedor contratado. Falta de documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos. La ASF comprobó que la dependencia erogó recursos por 60.9 millones de pesos por concepto de procesamiento analítico de información, generación y administración de archivos y verificación


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documental, sin exigir al proveedor del servicio evidencia justificativa y comprobatoria de la ejecución de dichos servicios. Los recursos públicos fueron erogados sin obtener el aprovechamiento y los beneficios esperados. Asimismo, el proveedor contratado no demostró haber realizado los servicios solicitados. Proceso de adjudicación de los servicios fuera de la normatividad. El proceso de adjudicación de los servicios no fue evaluado por el Comité de Adquisiciones de ASERCA, lo que no permitió la correcta adquisición de servicios, control, vigilancia, fiscalización y evaluación de sus recursos materiales y financieros; esto provocó pagos y cobros injustificados, así como incapacidad para presentar la evidencia documental de la aplicación total de los recursos ministrados derivados de los contratos celebrados. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 5 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 2 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 63.5, Operadas: 0.0, Probables: 63.5 Dictamen: No cumplió. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural). “Gestión Financiera”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0303. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos derivados de convenios con organismos de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas; comprobar su registro contable y transferencia, así como verificar que la aplicación de los recursos propios y fiscales se realizó de conformidad con la normativa y los convenios respectivos. Antecedentes: El INCA Rural es una asociación civil con carácter de entidad paraestatal, como empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica propia, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). El INCA Rural tiene como objeto, entre otros: Impulsar, coordinar y potencializar las capacidades existentes en las instituciones públicas,

privadas y sociales para prestar servicios de formación, capacitación, evaluación y certificación a la población rural y el mercado laboral rural.

Impulsar la operación del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.

Diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación y capacitación presenciales y a distancia que contribuyan al desarrollo rural sustentable y coordinarse con las demás entidades del sector rural que se relacionen con el objeto de la asociación civil.

Contratar servicios de capacitación especializada para el desarrollo de programas de formación y capacitación que contribuyan al desarrollo rural sustentable.


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Establecer y apoyar, en su caso, centros regionales de capacitación y centros de información especializados en desarrollo rural sustentable.

El INCA Rural recibe ingresos propios, procedentes de los diferentes servicios que presta a entidades y dependencias como la SAGARPA y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), entre otras, como son: cursos de capacitación al desarrollo de capacidades y de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales y asistencia técnica a los productores, para lo cual formaliza instrumentos jurídicos con organismos de la sociedad civil, instituciones, entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el sector rural, los gobiernos de los estados y organismos internacionales.

Hallazgos relevantes: Carencia de capacidad operativa para para prestar los servicios requeridos. El INCA Rural careció de capacidad operativa para prestar directamente los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; por tal motivo contrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y asociaciones civiles (beneficiarios), mismos que a su vez contrataron a prestadores de servicios o proveedores, ya que tampoco poseen la capacidad para prestarle el servicio al INCA Rural. Otorgamiento de recursos en un porcentaje menor a lo establecido en la normatividad. El INCA Rural entregó a los beneficiarios 1 mil 132.3 millones de pesos, que representaron un porcentaje mayor al 49.0% establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto del monto convenido con las entidades y dependencias que lo contrataron, por 1 mil 172.4 millones de pesos; esto también significó que el INCA Rural delegara en los beneficiarios el ejercicio de los recursos presupuestales de los programas vinculados a las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigentes en 2016. Falta de documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos. De los recursos que reciben los beneficiarios no hay homogeneidad en el ejercicio y comprobación del gasto; se realizan gastos en conceptos no autorizados, y se contratan servicios con terceros, sin que medie un documento que regule o formalice dicha contratación. Falta de rendición de cuentas de los beneficios obtenidos. Los informes de avance físico-financiero y los entregables no rinden cuenta de los beneficios y de la supervisión de los programas vinculados a las reglas de operación establecidas. Recomendación de la ASF. Se recomienda que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise las atribuciones y objetivos estratégicos del INCA Rural, en los términos que establece el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; asimismo, se analice la pertinencia de los Programas Presupuestales y Reglas de Operación orientadas al desarrollo de


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las capacidades rurales, particularmente los componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y “Estrategias de Extensionismo”, con el propósito de evaluar su impacto en la política agrícola del país, como instrumento para el desarrollo rural. Número de observaciones: 7; Número de acciones: 32 (21 R; 9 PRAS; 2 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 7.5, Operadas: 0.0, Probables: 7.5 Dictamen: No cumplió.


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3. Análisis de la Fiscalización en el Sector Comunicaciones y Transportes


Tendencia creciente del presupuesto real ejercido. En 2016, el gasto real ejercido por la SCT fue de 133 mil 362.3 millones de pesos, monto superior en 6.3% respecto de 2015. En el período 2012-2016, los recursos canalizados a la SCT aumentaron a un ritmo promedio anual de 9.7%, superior a la tasa media anual de 4.9% registrado entre 1995-2016. El gasto real ejercido de 2016 fue el más alto de todo el período de análisis.

Concentración del gasto real ejercido en pocos proyectos. En 2016, la estructura de asignación del presupuesto ejercido se concentró en cinco proyectos; estas cinco actividades representaron un poco más del 70.0% del presupuesto ejercido por la SCT.

Reducido impacto en la economía de los recursos públicos destinados al sector. Entre 2012-2016, los recursos públicos canalizados a esta actividad crecieron a un ritmo promedio anual de 9.7%, mientras que el PIB del sector lo hizo a una tasa notablemente inferior (4.1%), es decir, el gasto se incrementó a una tasa 2.4 veces superior que el aumento del PIB del sector. Se confirma que el impacto del crecimiento del gasto público al PIB del sector comunicaciones y transportes es reducido (multiplicador del gasto del sector bajo).

Marginal contribución al crecimiento económico. En el lapso 2012-2016, la economía mexicana registró un crecimiento promedio anual de 2.14%; la contribución del sector comunicaciones y transportes a dicho crecimiento fue pequeña, de 0.247 puntos porcentuales: 0.105 puntos de comunicaciones y 0.142 puntos de transportes. Esto confirma los bajos coeficientes de los multiplicadores de gasto del sector respecto del PIB nacional.

Crecimiento del sector dependiente de dos ramas económicas. Entre 2012-2016, el PIB del sector comunicaciones y transportes registró un aumento promedio anual de 4.12%. Dos ramas económicas contribuyeron con 3.12 puntos porcentuales (75.7%): Otras telecomunicaciones con 1.69 puntos porcentuales (41.1%) y Autotransporte de carga con 1.43 puntos porcentuales (34.8%). Llama la atención la insignificante y marginal contribución de la rama radio y televisión al crecimiento del PIB comunicaciones y transportes, de sólo 0.028 puntos porcentuales.

Comportamiento mixto en el financiamiento de la banca al sector. En el período 1994-2016, el crédito otorgado a la actividad de transportes siempre se ubicó por debajo de la cartera de ese año. En 2016, el crédito otorgado a esta actividad significó el 84.3% del crédito de 1994. En relación con las comunicaciones, en 2016 el crédito real otorgado fue 5.14 veces superior al crédito de 1994.


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Rezago en la penetración de telefonía fija en comparación a otros países. En México, en 2016 la penetración de líneas de telefonía fija se ubicó en 59 líneas por cada 100 hogares, por debajo de Chile y a la par de Brasil.

Rezago en la penetración de banda ancha fija. En 2016, la penetración de banda ancha fija por cada 100 habitantes fue de 48 suscripciones, con lo que México ocupó el cuarto lugar; por arriba de Colombia y Brasil, y por debajo de Turquía, China y Chile.

Bajo promedio de suscripciones de televisión restringida. En México, en 2016 el promedio de suscripciones de televisión restringida por cada 100 hogares fue 60, por debajo de Turquía, China y Chile, y muy por arriba de Colombia y Brasil.

Último lugar en suscripciones de telefonía móvil. En 2016, la suscripción de telefonía móvil se ubicó en 91 por cada 100 habitantes, ocupando el último lugar; México se encuentra a 2 y 6 suscripciones por cada 100 habitantes por debajo de China y Turquía, respectivamente.

Último lugar en suscripciones de banda ancha móvil. En 2016, la suscripción de banda ancha móvil por cada 100 habitantes se ubicó en 61, con lo que México ocupó el último lugar de la muestra de países; México se encuentra a 12 suscripciones por cada 100 habitantes por debajo de Colombia.

Índice de Desempeño Logístico por debajo de sus socios comerciales. En el caso de México, el índice de desempeño logístico siempre se ubicó por debajo de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. En 2016, el índice fue de 3.11, frente a 3.93 de Canadá y 3.99 de Estados Unidos.

Deterioro en el Índice de Desempeño Logístico. En 2016, de acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico, México ocupó la posición 54, cuando en 2012 ocupó la posición 47; es decir, en el lapso de cuatro años el desempeño logístico se deterioró, perdiendo 7 posiciones en el ranking mundial de desempeño logístico.

Leve mejoría en la competitividad global de México. En 2016, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global, México ocupó la posición 51, cuando en 2012 ocupó la posición 53. En 2016, la infraestructura de México ocupó la posición 57, mostrando una notable mejoría de once posiciones respecto de 2012 (ocupó la posición 68).

Rezago en la construcción de red ferroviaria. En 2016, la longitud de la red ferroviaria ascendió a 26,727 kilómetros, la misma longitud que se tenía en 2012. En cuatro años no se construyó un solo kilometró de red ferroviaria.

Tendencia descendente del crecimiento de la carga transportada por la red ferroviaria. En el lapso 1994-2000, la carga en miles de toneladas se incrementó a un ritmo promedio anual de 6.8%, y en el período 2012-2016, sólo aumentó a una tasa de 3.0%.


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Decreciente carga transportada por vía aérea. El crecimiento de la carga transportada por vía aérea ha mostrado una tendencia descendente. En el período 2012-2016, la carga transportada aumentó a una tasa media anual de 5.2%, inferior al incremento de 8.1% registrado en el lapso 1994-2000.

Rezago en la construcción de carreteras. En 2016, la red nacional de carreteras ascendió a 393,471 kilómetros, superior en 4.2% a la red carretera de 2012 (377,660 kilómetros); esto significó que en cuatro años se construyeron 15,811 kilómetros, es decir, 3,953 kilómetros por año, inferior a la de los períodos 1994-2000 y 2000-2006. Este logro es insuficiente para abatir el rezago en la construcción de carreteras.

Predominio de carreteras de tipo rural. En el lapso 2012-2016, el 2.4% de la red de carreteras son autopistas de cuota; el restante 97.6% son de tipo rural, en la que destacan los caminos rurales y las brechas mejoradas, que representan el 45.0% y 18.5% de la red de carreteras, respectivamente.

Baja proporción de carreteras pavimentadas. En el lapso 2012-2016, las carreteras de cuatro o más carriles representaron sólo el 3.9% de la red de carreteras; es decir, 3.9 kilómetros de cada 100 kilómetros son carreteras de cuatro o más carriles o están pavimentadas. Las carreteras de dos carriles representaron el 36.0% de la red de carreteras, es decir, 36.0 kilómetros de cada 100 kilómetros.


SCT. “Definición y Conducción de la Política de Transportes”. Auditoría de Desempeño, No. 0316. Objetivo: Fiscalizar que la planeación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo estratégico de la infraestructura para disponer de un transporte moderno de carga y pasajeros. Antecedentes: En los documentos de la planeación sectorial 2013-2018, se identificó como problemática que, la SCT no ha consolidado una política del transporte unificada y congruente que contribuya al desarrollo estratégico de la infraestructura, que sirva para la toma de decisiones, debido a una planeación fraccionada y falta de mecanismos transversales de coordinación entre los diferentes modos de transporte y unidades administrativas operadoras de la política de transportes y porque no existe un esquema de seguimiento y evaluación de esa política que permita desarrollar una estrategia de desarrollo integral para contar con información completa para la toma de decisiones, lo que ha ocasionado una participación desarticulada de los modos de transporte, información insuficiente para la toma de decisiones y un diseño limitado de políticas públicas.


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Para atender la problemática identificada, en 2008, la SCT incorporó a su estructura programática el Pp P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” para realizar la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas públicas del sector; así como las actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias; además de diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento, a fin de contribuir al desarrollo estratégico de la infraestructura. Para 2016, mediante el programa presupuestario, la SCT ejerció 670.3 millones de pesos, lo que representó 5.5% menos que los 709.6 millones asignados. Hallazgos relevantes: Debilidades en la planeación derivan en obstáculos para la conducción de la política pública de transportes. En el diagnóstico del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, se reconoció que existen deficiencias en la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación que no han permitido consolidar una política de transporte unificado y congruente que contribuye al desarrollo estratégico de la infraestructura que sirva para la toma de decisiones. Subejercicio de los recursos autorizados al programa presupuestal respectivo. Para atender esa problemática, en 2016, la SCT operó el Pp P001 con el objetivo de realizar la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes, y con ello contribuir al desarrollo estratégico de la infraestructura. Mediante el programa presupuestario, la SCT reportó que ejerció 670.3 millones de pesos, lo que representó 5.5% menos de los 709.6 millones asignados. Deficiencias en la formulación de la matriz de indicadores de resultados (MIR). La SCT realizó un diseño deficiente del programa presupuestario P001 y no elaboró el árbol del problema ni de objetivos para orientar sus actividades, y la MIR, que formuló no cumplió con las características de los programas presupuestarios de modalidad “P”, en términos de las atribuciones relativas a la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, que les permitan medir el avance en la contribución de la atención del problema público. Falta de coordinación con otras instancias involucradas en el problema público. En la coordinación, la SCT, contrario a lo dispuesto en la Ley de Planeación, no acreditó que se coordinó con las diferentes unidades administrativas y de que propuso la formalización de los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del plan y los programas que competen a ambos órdenes de gobierno, para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas del sector. No se constató la evidencia de haber dado seguimiento y evaluación a la política pública de transporte. En el seguimiento y evaluación de la política pública de transportes, careció de la


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evidencia de haberla realizado mediante los avances de los 29 indicadores del Programa de Trabajo 2016, vinculados con el PSCT 2013-2018. Consecuencias Sociales: En 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que realizó la coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes para desarrollar una política unificada y congruente para el desarrollo de la infraestructura, lo que pone en riesgo que se cumplan los objetivos y metas sectoriales de los modos de transporte y podría afectar a los 111,876 millones de pasajeros transportados. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 12 (12 RD) Dictamen: La SCT no acreditó que condujo la política pública de transportes. SCT. “Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal”. Auditoría de Desempeño, No. 0329. Objetivo: Fiscalizar la regulación y supervisión del servicio de autotransporte federal, a efecto de verificar que se cumplieron con las condiciones de seguridad en su prestación. Antecedentes: En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018 se estableció la estrategia de impulsar servicios de transporte más baratos, rápidos, confiables y con una cobertura más amplia, que detonen la competitividad del país, a efecto de reordenar el autotransporte federal y promover la formalización de las unidades económicas, debido a que el autotransporte federal es el modo de comunicación terrestre más utilizado en el país, al desplazar el 73.0% de las toneladas por kilómetro terrestres nacionales. Hallazgos relevantes: Falta de cultura vial compromete la seguridad de los usuarios de las carreteras federales. De acuerdo con la SCT, en 2016 se reportaron 12,567 siniestros en las carreteras federales, de los que el 90.4% fue imputable al conductor, el 5.8%, al estado físico del vehículo; el 1.8%, a la carretera, y el 2.0%, a otros factores. En el caso del autotransporte federal, la problemática es que hay permisionarios que operan sin cumplir la regulación, afectando las condiciones del funcionamiento de los vehículos, lo que incrementa el riesgo de vulnerar la seguridad de los usuarios de las carreteras federales. Riesgo latente ante la disminución de inspecciones y aumento de permisionarios del autotransporte federal. En cuanto a la supervisión del autotransporte federal, en el periodo 2013-2016, las inspecciones decrecieron 2.1% en un promedio anual, al pasar de 4,864 a 4,566; el número de permisionarios creció 3.5% en promedio anual, de 143,042 a 158,626; la cobertura de las inspecciones disminuyó de 3.4% en 2013 a 2.9% en 2016, y los inspectores del autotransporte federal se redujeron de 423 a 280 servidores públicos.


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Reducción en la cobertura de las revisiones de peso y dimensiones del autotransporte federal. Se determinó que en el periodo 2013-2016, las verificaciones crecieron de 225,447 a 240,597 vehículos de carga, y que la cobertura de la revisión de peso y dimensiones se redujo el 30.9% de 729,046 vehículos que conformaron el parque vehicular de carga en 2013, al 27.8% de las 864,835 unidades de carga en 2016.

Carencia de un sistema de información dificulta consolidación de controles de las condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal. En la verificación de las condiciones físico-mecánicas, se acreditó que la SCT cumplió en 147.2% la meta programada de revisar 18,604 unidades del autotransporte federal; pero no fue posible determinar la calidad de 26,985 vehículos, en términos de la aprobación de la NOM que regula los aspectos técnicos y mecánicos revisados por la SCT, porque la Dirección General del Autotransporte Federal (DGAF) sólo acreditó información del 1.4% de las 27,376 unidades revisadas, debido a que se carece de un sistema de información que coordine y consolide, con oportunidad, los datos generados en los 31 centros SCT. Dificultad para determinar como la regulación y la supervisión han incidido en la atención del problema público. En el periodo 2014-2016, los accidentes del autotransporte disminuyeron en un promedio anual 9.3%, al pasar de 4,701 a 3,864 eventos; pero no es posible relacionar cómo la regulación y supervisión incide en lograr una operación segura y en el comportamiento de los siniestros. Deficiencias en el establecimiento de metas derivan en su incumplimiento. Se determinaron inconsistencias en la planeación y programación de las metas 2016, de inspección, de verificación de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas, en 24 centros SCT y en la DGAF; rendimientos inferiores a los previstos en 13 centros, y ausencia de ausencia de metas en los programas de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas en 6 centros. Consecuencias Sociales: De 2014 a 2016 los accidentes del autotransporte federal en las carreteras disminuyeron en promedio anual un 9.3%, los lesionados en esos sucesos se redujeron 10.9%, pero los decesos en accidentes aumentaron 6.1% en promedio anual en ese periodo. Número de observaciones: 4; Número de acciones: 4 (4 RD) Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, la SCT contribuyó a la operación segura del autotransporte federal. SCT. “Red Pública Compartida de Telecomunicaciones”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0327. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del proyecto Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, verificar que las


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erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Antecedentes: En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se planteó la meta nacional “IV. México Próspero”, donde uno de sus objetivos es la democratización del acceso a los servicios de telecomunicaciones, fijando diversas líneas de acción como la promoción de mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones incluyendo la inversión privada en el sector, fomento del uso óptimo de la banda de 700 MHZ bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo y la promoción de participaciones público-privadas en el despliegue, desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país. El proyecto de la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones (Red Compartida), consiste en una red que permitirá llevar servicios de telecomunicaciones de mayor calidad y a menores precios a zonas no cubiertas actualmente por las redes de telecomunicaciones, aumentando la cobertura de los servicios promoviendo precios competitivos y elevando la calidad de los servicios a estándares internacionales. Hallazgos relevantes: Sin estrategia de cobertura el 7.8% de la población objetivo. El proyecto de la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones se fundamentó para dar cumplimiento al Decreto que establece la cobertura universal en Telecomunicaciones, la SCT solicitó en las bases una cobertura del 85% de la población, Altán ofertó una cobertura del 92.2%, para el 7.8% restante la SCT no tiene definida la estrategia para lograr la cobertura universal. Inconsistencias en la documentación presentada por contratistas no causan su descalificación. De la revisión al proceso de licitación aún que Altán no incurrió en alguna causal de descalificación si incumplió con algunos requisitos relevantes como el contar experiencia en contratos similares y no se anexó su propuesta técnica que especifica los componentes de la Red Compartida, como parte del anexo técnico del contrato. Omisiones en el proceso de licitación no afectan validez y solvencia de propuestas. La SCT no especificó en los dictámenes de la evaluación de la Oferta Técnica y Económica, que los incumplimientos de Altán no afectaban la validez y solvencia de su propuesta, adicionalmente los criterios de evaluación carecían de los elementos para cuantificar los rubros solicitados en las bases de la convocatoria. Incumplimientos de la entidad encargada de la supervisión del proyecto. El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), quién es el encargado de supervisar el proyecto de la Red Compartida, no había realizado las labores de supervisión del despliegue de


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la red y cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas del proveedor; las inició al término de las labores de auditoría (noviembre de 2017). Trato fiscal desigual para concursantes nacionales y extranjeros. La Ley de Asociaciones Público-Privadas no proporciona condiciones iguales para los concursantes nacionales respecto a los concursantes extranjeros, con relación al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Subutilización de infraestructura de telecomunicaciones margina de servicios de internet a poblaciones. Uno de los objetivos principales del proyecto de la Red Compartida, es aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, sin embargo, la SCT para el despliegue del proyecto utilizó el parámetro de implementación de 87% en localidades mayores a 10,000 habitantes y 13% en localidades menores de 10,000 habitantes, siendo que en las localidades mayores se cuenta con algún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, y no así para las poblaciones menores de 10, 000 habitantes, que tendrán que esperar hasta el 2024 para contar con servicios de internet. Sin conexión a red pública compartida aparatos móviles que no sean de gama alta. Los celulares que no son de gama alta, en su mayoría, no cuentan con la capacidad técnica para conectarse a la Red de 700 MHz. Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz”, para que, a partir del mes de abril de 2018, los fabricantes incluyan en todos los nuevos celulares la capacidad técnica de conexión a dichas bandas. Riesgo de incumplimiento en la cobertura de servicios. Imposibilidad de cumplir la operación del proyecto en cobertura y servicios. En marzo del 2018, Altán tendrá que cumplir con el primer hito de proporcionar cobertura de red a un 30% de la población, se estima que a esa fecha, no se podrán proporcionar los servicios a la población; a noviembre 2017 su oferta comercial no había sido aprobada por el IFT y el despliegue de los servicios a los usuarios finales está condicionado a su aprobación, así como a la celebración de contratos con operadores móviles y que estos realicen la interconexión a dicha red; para poder evaluar los niveles de servicio de la Red Compartida es necesario tener tráfico de usuarios activos. Inseguridad en la disciplina de la cobertura comprometida y del flujo de efectivo estimado. Altán tiene hasta el 24 de enero de 2024 para cumplir con el 92.2% de Cobertura; para continuar con el despliegue del esquema financiero contemplado considera que a partir del 2018, Altán obtenga ingresos incrementales año con año. Para que esto suceda se debe lograr que los usuarios finales cuenten con condiciones técnicas para conectarse a la Red Compartida y que los operadores que comercialicen el servicio les ofrezcan condiciones competitivas. A la fecha de la auditoría (noviembre de 2017), estas condiciones no se han dado y de no cumplirse se tiene el riesgo de que el Proyecto no logre el objetivo de proporcionar la cobertura ofrecida en el tiempo establecido.


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Elevado costo financiero ante la presencia de inconvenientes en el proyecto. En caso de que Altán presente problemas financieros, la Banca de Gobierno tendría un riesgo por 17,750.0 millones de pesos. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 6 (6 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. SCT. “Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0334. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cumplimiento de las concesiones, la autorización, cobro, entero y registro de los ingresos obtenidos por aprovechamientos y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Así como, la situación de las concesiones otorgadas a terceros. Antecedentes: De conformidad con el artículo 36, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas, y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales. En el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán prorrogarse por un plazo equivalente. Además, de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley, podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme el procedimiento de concurso público; así como para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal, en este último caso, las concesiones no podrán ser mayores de 20 años; excepcionalmente la SCT podrá otorgar concesiones a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso público. Hallazgos relevantes: Concesiones otorgadas antes de tiempo constituyen un riesgo de pago por indemnizaciones. La SCT no contó con los permisos para ejecutar las obras de cuatro concesiones, por lo que otorgar los títulos antes de contar con los permisos podría ocasionar desembolsos a la Federación, al existir la posibilidad de que los proyectos se suspendan y se indemnice a los concesionarios.


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Omisiones ante la secretará de hacienda y crédito público (shcp) derivan en la indeterminación de aprovechamientos. La SCT no propuso para aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las contraprestaciones fijas anuales de 24 títulos de concesión y las contraprestaciones adicionales por las modificaciones a cuatro títulos, lo que implica falta de certeza sobre la cantidad exacta de aprovechamientos que debiera recaudar el Gobierno Federal por esos conceptos. Negligencia ante la SHCP, imposibilita a la globalizadora a validar el beneficio social de los proyectos. La SCT no solicitó a la SHCP registrar en la cartera de proyectos e inversiones las modificaciones de los proyectos de dos concesiones, por lo que la SHCP no tuvo la posibilidad de validar si los proyectos generarían un beneficio social. Desatención en la aplicación de sanciones por mal estado físico de las carreteras, deriva en riesgos a la seguridad de usuarios. La SCT no sancionó a 24 concesionarios que obtuvieron calificaciones menores de 400 puntos en las evaluaciones que realizó del estado físico de las carreteras y puentes, 17 de ellos reincidieron con dichas calificaciones respecto de años anteriores, lo cual implica un riesgo en la seguridad de los usuarios de esas vías. Número de observaciones: 18; Número de acciones: 35 (25 R; 10 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. SCT. “Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 al Km 21+000, Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 1806. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: El proyecto de construcción del Libramiento Poniente de Acapulco se incluyó en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y forma parte de la infraestructura para promover la actividad turística de la región; tiene como propósito mejorar las condiciones de circulación del tránsito interregional, comunicar la autopista Cuernavaca-Acapulco con la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y evitar el paso por la zona urbana de Acapulco; y se localiza dentro la mesorregión Sur-Sureste, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, del estado de Guerrero. Con la construcción del Libramiento Poniente de Acapulco se pretende agilizar los flujos vehiculares entre la zona centro del país y el poniente del estado de Guerrero, además de mejorar la continuidad y la seguridad para los usuarios.


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Hallazgos relevantes: Mala calidad en los trabajos de obra. Trabajos ejecutados de mala calidad, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra cuantificados. Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 34.8 millones de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. Pagos en exceso por diferencias de volúmenes de obra cuantificados. Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 21.3 millones de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. Pago de contratos de servicios no atienden términos de referencia comprometidos. Pago de servicios relacionados con la obra pública por 243.0 miles de pesos que no cumplieron con lo solicitado en los términos de referencia y especificaciones de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 14-L-CF-A-017-Y-0-14 y 14-L-CF-A-018-Y-0-14. Número de observaciones: 19; Número de acciones: 19 (19 SA) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 52.3, Operadas: 0.0, Probables: 52.3 Dictamen: No cumplió. SCT.” Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0318. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: En materia de comunicaciones y transportes, uno de los componentes fundamentales es el desarrollo de la infraestructura, por lo cual resulta indispensable el mejoramiento y la ampliación de carreteras de manera que permitan conectar las regiones estratégicas del país y que a su vez disminuyan los costos de transporte y los tiempos de traslado, además de que garanticen las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. La modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, localizada entre los municipios de Hermosillo y Navojoa y Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, incluye la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto hidráulico, señalamiento y obras complementarias, con lo cual se brindará a los usuarios mayor y mejor seguridad y operación en los tramos carreteros, ya que se ampliará a cuatro carriles, lo que


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elevará el nivel de servicio, permitirá reducir el número de accidentes, y con ello, beneficiará a la población de los municipios de Hermosillo y Navojoa y de Ciudad Obregón Hallazgos relevantes: Inexperiencia en materia de obra pública. Deficiente planeación y programación de los proyectos y programas de obras; deficientes estudios técnicos para conocer las condiciones existentes del terreno; inadecuada formalización de contratos y convenios; deficiente evaluación en propuestas económicas; no se puso a disposición de las empresas el sitio de los trabajos. Desconocimiento de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se omitió notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que ésta aplicara sanciones e inhabilitaciones a empresas por no firmar el contrato respectivo; no se adjudicó un contrato de obra a la segunda propuesta declarada como solvente por lo que se realizó una nueva licitación. Deficiente administración de la obra. No se elaboraron programas de materiales, mano de obra maquinaria y equipo para soportar los convenios de diferimiento; falta de cancelación de propuesta por una deficiente evaluación económica por no ajustarse a los términos de referencia; deficiente uso y registro de los eventos importantes en la Bitácora Electrónica de obra; subcontratación de trabajos no permitidos en la convocatoria; mala calidad en la ejecución de conceptos de trabajos; Pagos improcedentes. La ASF detectó pagos improcedentes por un monto de 121.1 millones por pago de conceptos fuera de catálogo, entre otros. Número de observaciones: 30; Número de acciones: 41 (15 R; 20 SA; 6 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 336.5, Operadas: 0.0, Probables: 336.5 Dictamen: No cumplió. Comentario de la UEC. Con relación a las recuperaciones determinadas como probables de recuperar (336.5 millones de pesos), se determinan como pagos improcedentes 121.1 millones de pesos; falta especificar la naturaleza de 215.4 millones de pesos. SCT. “Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0320. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable.


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Antecedentes: El proyecto Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa), Tramo Salida a Salamanca-Salida a Quiroga, en el estado de Michoacán de Ocampo, se ha convertido en la principal vialidad de la ciudad de Morelia, ya que, además de funcionar como un periférico para el tránsito vehicular local, en esa vialidad se mezclan con vehículos de largo itinerario; en ese sentido, para darle continuidad y fluidez al tránsito se construyeron cuatro pasos superiores vehiculares y un paso inferior vehicular en el periférico, que se encuentra rodeado de construcciones y que presentaba graves problemas de circulación vial por localizarse en una zona densamente poblada de la capital michoacana. La obra se inició en 2014, tiene una longitud de 7.7 km y consta de cinco tramos, de los cuales tres están en operación, uno en ejecución y el restante aún no se comienza. Hallazgos relevantes: Retraso en la ejecución de trabajos por omisión en trámite de permisos de obra. Con la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado para la Construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, Tramo Ramal Camelinas, incluyendo sus accesos, en el Estado de Michoacán, formalizado el 16 de octubre de 2015, se verificó que a esa fecha no se contaba con el permiso correspondiente para la adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios para la ejecución de la obra, y no fue sino hasta el 6 de marzo de 2017 que se obtuvo el permiso ordinario para la compra y consumo de material explosivo, expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, 500 días posteriores al inicio de los trabajos. Pagos en excesos por cambio de procedimientos constructivos. En la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado, cuyo objeto es la Construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, Tramo Ramal Camelinas, en el Estado de Michoacán, se detectó que el Centro SCT Michoacán, a través de su residencia de obra, autorizó y pagó un monto de 2.4 millones de pesos por un volumen de 2,188.62 m3 con un precio unitario de 1,120.69 pesos del concepto “Excavación en túnel”, determinándose una diferencia de 1.8 millones de pesos pagados de más, ya que las excavaciones del túnel inicialmente se realizaron con explosivos, y posteriormente se autorizó el precio extraordinario para continuar dichas excavaciones con medios mecánicos a partir de agosto de 2016, por lo que no debió reconsiderarse el volumen de las excavaciones efectuadas anteriormente con explosivos y pagarse con el precio extraordinario autorizado. Número de observaciones: 2; Número de acciones: 2 (2 R) Recuperaciones determinadas (miles de pesos): 4.0, Operadas: 4.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió


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SCT. “Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 1807. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: Con la realización del proyecto denominado “Apertura y Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, que tendrá una longitud total de 35.4 km”, se pretende mejorar la infraestructura carretera de la zona, reducir y eliminar el tránsito vehicular de largo itinerario que circula entre el oriente y el poniente de Tuxtla Gutiérrez y apoyar el desarrollo económico de la región, que se caracteriza por la importancia de sus flujos comercial y turístico, puesto que con su realización se brindará a los usuarios un acceso fácil y rápido al Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez desde el poniente de la ciudad. Hallazgos relevantes: Pagos injustificados por trabajos cuya realización no se acreditó. En la revisión de cinco contratos de obra pública, se observó que la entidad fiscalizada autorizó pagos que suman un importe de 4.5 millones de pesos en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico elaborado en obra, con planta de asfalto a base de material pétreo triturado de 3/4", compactado al 100.0% (PUOT)", sin que se acreditara la construcción del tramo de prueba con una longitud de 400.0 m sobre la superficie donde se construyó la carpeta asfáltica. Omisiones en la supervisión externa derivan en diferencias en especificaciones técnicas de trabajos. En la revisión de cinco contratos de obra pública a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, se licitaron, contrataron y construyeron con una carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 7 cm; sin embargo, el proyecto autorizado por la SCT consideraba una carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 10 cm. Pagos improcedentes por la recepción de trabajos de mala calidad. Del recorrido realizado al sitio de los trabajos del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, se observó que se presentaron fisuras longitudinales en el pavimento con distancias de los 15 a 30 metros, correspondientes a cuatro contratos de obra pública; las cunetas se encuentran azolvadas con material de tierra de los taludes invadiendo la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica, sin que a la fecha de la visita se hubiesen realizado acciones para su limpieza y retiro del material; y los postes de la cerca del derecho de vía no cumplen con lo establecido en las normas de la SCT, por lo que existen pagos improcedentes que suman 1.8 millones de pesos. Pagos en demasía por volúmenes de obra mal calculados. De la cuantificación de los volúmenes de obra de un contrato de obra pública se observó que la entidad fiscalizada autorizó un pago


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en demasía por 733.4 miles de pesos, en el concepto " Base asfáltica compactada al cien por ciento por unidad de obra terminada incluye acarreos, del banco que elija el contratista", debido a que existe una diferencia de 327.80 m3 entre el volumen estimado y pagado por la entidad fiscalizada de 3,272.20 m3 y el volumen calculado por la ASF de 2,944.40 m3 conforme a la sección del proyecto autorizado Número de observaciones: 6; Número de acciones: 7 (1 R; 5 SA; 1 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 7.1, Operadas: 0.0, Probables: 7.1 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. SCT. “Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0331. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: El proyecto Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas, consiste en la construcción de 2 puentes sobre el vaso de la presa Belisario Domínguez conocida como “La Angostura” de la carretera “Chicomuselo-Rizo de Oro La Concordia”, el primer puente es el Rizo de Oro y el segundo es el de La Concordia, los cuales tienen por objeto intercomunicar e integrar primordialmente a los poblados que se encuentran en el suroeste de la presa La Angostura mediante la modernización de una vía de comunicación, donde actualmente el medio de transporte es la panga o chalán, lo anterior con objeto de reducir los riesgos de traslado que implican el medio de transporte actual, así como los tiempos de recorrido, facilitando el desplazamiento de personas y el transporte de sus productos y bienes por su importancia para el desarrollo económico de la región; optimizando el aprovisionamiento en volumen y oportunidad en los diferentes aspectos de su producción y, con ello, trascender positivamente en el futuro de las poblaciones asentadas en la región y en el Municipio de La Concordia; y procurando compatibilizar el equilibrio entre las demandas sociales, el crecimiento económico y la preservación del entorno ecológico de la región, en el Estado de Chiapas. Hallazgos relevantes: Deficiencias del proyecto ejecutivo derivan en sobrecostos. El proyecto ejecutivo fue deficiente, pues se generaron volúmenes de obra adicionales a los contratados y precios unitarios extraordinarios por un monto de 84.5 millones de pesos que representó el 25.2% del monto original. Pagos improcedentes en diversos conceptos de obra. Por 11.0 millones de pesos debido a que se elevó injustificadamente el costo para la construcción del muro mecánicamente estabilizado; 19.0 millones de pesos debido al sobrecosto en los precios para relleno del muro


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mecánicamente estabilizado; 59.3 miles de pesos por el cálculo incorrecto en la deflactación de insumos; 1.5 millones de pesos debido a diferencias entre las cantidades de obra pagadas y las realmente ejecutadas; 479.7 miles de pesos debido a que en el estribo 1 se pagaron 128 metros de sondeos, cuando el alcance del proyecto especifica que las barrenaciones son para alojar anclajes en el terreno; 190.2 miles de pesos debido a que no verificó la debida terminación de los trabajos ni coadyuvó en la elaboración del finiquito del contrato de obra; y 139.3 miles de pesos en las estimaciones de ajuste de costos, debido a que se utilizó los factores de actualización correspondiente del área geográfica “A” cuando debió utilizar los factores del área geográfica “B”. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 6 (6 SA) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 32.4, Operadas: 0.2, Probables: 32.2 Dictamen: No cumplió. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a. Etapa); y Rehabilitación del Cuerpo de las Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0350. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable Antecedentes: La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., inició en 2008 el desarrollo de la infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, en su 1a etapa, con la finalidad de crear una terminal marítima para el movimiento de carga a granel mineral y de fluidos, con base en los objetivos y estrategias del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2012-2017; en alineación con la política sectorial para realizar las acciones en el corto, mediano y largo plazos para contribuir a los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo de mejorar, ampliar y modernizar la infraestructura portuaria; además de llevar a cabo el reordenamiento y la regulación de las actividades económicas. No obstante, para que esta terminal marítima esté en posibilidades de operar eficientemente, requiere de infraestructura complementaria, dado que no cuenta con accesos, patios habilitados para almacenamiento de carga, ni con edificaciones para el control de accesos como tampoco con procedimientos administrativos para proporcionar servicios a la carga y a los buques, entre otros. Hallazgos relevantes: Negligencia en la entrega de anticipos a contratistas atrasa inicio de obras. De la revisión a cuatro contratos de obra pública para la construcción del “Desarrollo de infraestructura


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portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, se observó que la entidad fiscalizada entregó extemporáneamente a las contratistas los anticipos para el inicio de los trabajos, ya que las fechas programadas contractualmente para su inicio eran el 14 y 20 de junio, y 11 y 12 de julio de 2016, respectivamente, en tanto que las fechas de entrega de los anticipos fueron el 8 de julio para los dos primeros contratos así como 28 y 27 de julio de 2016 para el tercer y cuarto contrato; es decir, 24,18, 15, y 17 días posteriores a las fechas de inicio de los trabajos. Número de observaciones: 1; Número de acciones: 1 (1 R) Recuperaciones determinadas (miles de pesos): 933.4, Operadas: 933.4, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió. CAPUFE. “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota”. Auditoría de Desempeño, No. 0339. Objetivo: Fiscalizar que la conservación y operación de caminos y puentes de cuota contribuyeron a que los usuarios de la red de autopistas y puentes de cuota cuenten con infraestructura y servicios de calidad. Antecedentes: De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la infraestructura de los caminos y puentes federales se desarrolla para atender las necesidades de comunicación y la demanda creciente de desplazamiento de carga y pasajeros en el territorio nacional; promueve la integración regional, el comercio nacional e internacional, así como los destinos turísticos. Los caminos y puentes de cuota son un elemento fundamental del sistema de transporte, por lo que es importante su preservación en beneficio de los usuarios. Hallazgos relevantes: Servicios carreteros deficientes e inoportunos constituyen el problema público. El programa presupuestal E003 “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota” que opera CAPUFE, reconoce que el problema público es que los usuarios de los caminos y puentes de cuota a cargo de CAPUFE, reciben servicios carreteros deficientes e inoportunos, debido a una incorrecta atención en la conservación de los caminos y puentes, por una inadecuada operación de los servicios a los usuarios, así como por deficiencias en la gestión del seguro a los usuarios de la red, lo cual provoca el deterioro y cierre continuos de los caminos y puentes, lo que limita ofrecerlos con calidad a los usuarios. Reducciones presupuestales afectan el programa de conservación carretero. Para atender el problema público, en 2016, CAPUFE operó el Pp E003 “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota” ejerciendo 2 mil 405.3 millones de pesos, cantidad menor en 2.3% respecto del original (2 mil 463.0 millones de pesos), debido a reducciones derivado de las medidas de austeridad.


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Descenso en los estándares permitidos de calidad de operación en caminos y puentes de cuota. En materia de calidad, se constató que 17 (38.6%) de los 44 caminos operaron en promedio con 358 puntos, debajo de los 500 definidos como el estándar permitido; y en 4 se redujo el buen estado físico en 4.2% durante el periodo 2012-2016. En el caso de los puentes, en 5 casos se registró un descenso en las condiciones con la que operan, al pasar a regular o malas. Consecuencias Sociales: En 2016, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos conservó los caminos y puentes y operó los servicios con lo que contribuyó a que los usuarios contaran con una red de transporte de calidad, en beneficio de los 467,950 vehículos que transitaron por esa infraestructura. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 5 (5 RD) Dictamen: Cumplió (En opinión de la ASF, en 2016, CAPUFE contribuyó a atender el problema público). CAPUFE. “Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0341. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) tiene como misión, prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados a la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota; en conjunto su participación es de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota, en un total de 42 caminos con una longitud de 3,809.9 km y 35 puentes que se traducen en tener una presencia de 75.0% en la Red Nacional de Puentes de Cuota. Por lo que se refiere al Mantenimiento Mayor de Carreteras de CAPUFE, en específico de la autopista Cuernavaca–Acapulco, su objetivo consiste en mejorar la infraestructura carretera de cuota, a fin de preservar la calidad de los servicios, la reposición de pavimento, el mejoramiento de la estructura del pavimento, la reparación de fallas en pendientes, la rectificación del trazo, el señalamiento mayor de carreteras y la reparación mayor de obras de drenaje, entre otros trabajos. Hallazgos relevantes: Deterioro de los materiales y trabajos de obra. En un contrato de obra pública se observó que en los subtramos del km 154+341 al km 154+930 la carpeta asfáltica del carril de servicio de la rampa de emergencia presentaba grietas; y en un segundo contrato se observó que en el km 156+000 al km 157+200 las losas de concreto para cunetas se encontraban fracturadas. La


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entidad fiscalizada demostró la reparación de los trabajos de calafateo en la carpeta asfáltica y la reposición de las losas de concreto fracturadas en cunetas. Número de observaciones: 0; Número de acciones: 0 Recuperaciones determinadas (miles de pesos): 609.1, Operadas: 609.1, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió CAPUFE. “Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0342. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes:

El Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras de la red propia de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las carreteras de cuota, a fin de preservar la calidad de los servicios que se prestan; dicho programa consiste entre otras acciones, en la reposición y mejoramiento de la estructura del pavimento, la reparación de fallas en pendientes, la rectificación del trazo, el señalamiento mayor de carreteras y la reparación mayor de obras de drenaje. Dentro del programa se encuentran los trabajos de Mantenimiento mayor de la autopista Durango-Mazatlán, en el cual se consideraron dos contratos de rehabilitación del pavimento: un contrato para realizar re nivelaciones en tramos continuos; dos contratos para realizar trabajos de emergencia, uno del reforzamiento estructural de la clave del túnel Pánuco y otro para la estabilización del talud de la ladera adyacente, así como reforzamiento y estabilización del terraplén además del muro de concreto. Hallazgos relevantes: Deficiencias en la evaluación de propuestas técnicas de licitantes. CAPUFE efectuó deficiente evaluación de dos propuestas de los licitantes ganadores, en dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Sobrecostos en conceptos de obra que consideran el empleo de cuadrillas de personal. En un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, CAPUFE realizó pagos por Omisiones de las empresas de supervisión externa de la obra en la verificación de los compromisos de las empresas contratistas. CAPUFE pagó 809.7 miles de pesos en el concepto “Retiro y/o demolición de bordillo, prefabricado y/o colado en sitio de concreto hidráulico" en el que no se utilizó el personal considerado en el precio unitario; 1.1 millones de pesos en un concepto con insumos con costos mayores a los de mercado; 429.9 miles de pesos debido a que en los conceptos de concreto hidráulico reforzado no se descontó el volumen que ocupa el


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acero de refuerzo; 1.7.0 millones de pesos debido a pagos en un concepto que se ejecutó con menor cantidad de uno de los materiales que el considerado en el precio unitario autorizado. Institución bancaria que omite aplicar la normatividad para el trámite y cobro de seguros. En el caso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en los dos contratos de emergencias asignados no cumplió con la normatividad para el trámite y cobro del seguro. Número de observaciones: 10; Número de acciones: 10 (5 SA; 5PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 4.1, Operadas: 0.0, Probables: 4.1 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. CAPUFE. “Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0343. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. Antecedentes: CAPUFE tiene como misión prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización, explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, a fin de participar en proyectos de inversión y conversión tanto para la construcción como para la explotación de las vías generales de comunicación en la materia. Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 y para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Programa de Mantenimiento Mayor y Modernización de Carreteras en 2016, de la autopista México-Puebla se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado. Hallazgos relevantes: Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra cuantificados. Diferencia de volúmenes de obra por 15.6 millones de pesos. Pagos por conceptos no devengados. Por omisiones de la supervisión externa de la obra, no se acreditó la ejecución de las actividades incluidas en sus gastos indirectos por 2.6 millones de pesos, ya que se omitió incluir reporte fotográfico, actividades en banco de desperdicio y del equipo de seguridad vial.


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Pagos en exceso por falta de control en catálogo de conceptos. Pago de 809.5 miles de pesos, adicional al lote pagado y presupuestado en el catálogo, sin justificar su adquisición, ya que se había pagado la totalidad de dispositivos de señalamientos de protección de obra. Inexacta integración de precios unitarios en conceptos extraordinarios. Pago de 32.3 millones de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios. Inobservancia en los términos de referencia de obra contratados. No se acreditó el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones particulares en los servicios de obra por 5.9 millones de pesos. Sobreestimaciones de precios unitarios. No se justificó el alcance de lo ofertado en los precios unitarios por 0.2 miles de pesos. Número de observaciones: 12; Número de acciones: 12 (2 SA; 10 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 57.6, Operadas: 0.0, Probables: 57.6 Dictamen: No cumplió. GACM. “Administración de Recursos para los Gastos de Operación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0352. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., es el responsable de establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades de GACM, relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general, además de aprobar los programas y presupuestos, los estados financieros y la estructura básica, entre otras facultades. Hallazgos relevantes: Omisiones en la regularización de la tierra para el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. No se evidenció el seguimiento de la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales, ni el reintegro en tiempo y forma de los recursos transferidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Agua mediante acuerdos, por 88.0 millones de pesos y 122.0 miles de pesos, respectivamente.


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Deficiente manejo en la estructura del personal. Se liquidó a un trabajador de estructura, lo recontrataron al día siguiente, como eventual con un puesto menor, y lo volvieron a liquidar 44 días después, por un importe neto de 237.3 miles de pesos. Omisiones a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se careció de una fianza de cumplimiento por 191.5 miles de pesos y una de vicios ocultos; además, el importe de una fianza fue menor en 12.3 miles de pesos a lo establecido en el contrato. Falta de documentación comprobatoria de la recuperación realizada. Falta de evidencia de la recuperación en 2017 de 186.6 miles de pesos por pagos al INDAABIN en 2016, por servicios valuatorios cancelados de cinco parcelas. Número de observaciones: 10; Número de acciones: 14 (10 R; 4 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. GACM. “Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0354. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes:

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro de trasportes terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de pasajeros, la torre de control, el centro de operaciones, estacionamientos, la estación intermodal de transporte, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo los trabajos de construcción del proyecto integral de barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAICM. Hallazgos relevantes: Deficiencias operativas en la administración de la obra. No se cuenta con los soportes de las aportaciones a la SEDENA efectuadas en las cuatro etapas, con cargo al convenio núm. 3; no se


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verificó que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la SEDENA se incluya el 16.0% del IVA en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de materiales; se detectaron errores aritméticos en la determinación del 16.0% del IVA de algunos materiales. Omisiones de la residencia de obra y de la empresa de supervisión externa. Se autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en el convenio modificatorio núm. 3, sin verificar que sólo se debió asignar el 50.0% y que a reserva de acreditar el 40.0% de dicha asignación se aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa; la residencia de servicios formalizó el acta de extinción de derechos y obligaciones en el contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 sin estar facultada; en el contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 se formalizó el tercer convenio modificatorio 200 días posteriores al plazo establecido. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 5 (3 SA; 2 PRAS) Montos por aclarar (millones de pesos): 389.7 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. GACM. “Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0357. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control, centro de operaciones regionales, estación intermodal de transporte y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases. Como parte de la fase 1, se lleva a cabo el desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó el contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-069-16. Hallazgos relevantes: Deficiencias en la administración del proyecto. No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se firmó hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecida; no se verificó que se acreditara en la propuesta de la


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contratista el cumplimiento del 50.0% de contenido nacional en materiales, mano de obra y equipo; no se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabilidad civil por el 3.0% del monto de la propuesta; no se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los trabajos, no obstante que la contratista garantizó los trabajos mediante las fianzas correspondientes. Atrasos en el proyecto por omisiones en el programa de obra. No se ha definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación de la galería de cables de potencia y dichos trabajos llevan un atraso del 49.0%, respecto al programa vigente. Número de observaciones: 2; Número de acciones: 2 (1 R; 1 SA) Montos por aclarar (miles de pesos): Se determinaron 0.1. Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. GACM. “Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0362. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, estación intermodal de transporte y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases. Como parte de la fase 1, en los meses de abril, julio y noviembre de 2016 se llevaron a cabo los procedimientos de adjudicación y contratación de los trabajos y servicios para la construcción del edificio terminal, de la torre de control de tráfico aéreo, de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal y la supervisión técnica y administrativa de la construcción del edificio terminal, todos del NAICM. Hallazgos relevantes: Deficiencias en la administración del proyecto. Los dictámenes que sirvieron para el fallo no fueron firmados por los servidores públicos facultados para dicha actividad. Inexactitud en la determinación de costos indirectos de la obra. Se incluyó en los costos indirectos el rubro "construcción y conservación de caminos de acceso", no obstante que ya se habían considerado cargos por trabajos relacionados con caminos provisionales de acceso tanto para la losa del edificio terminal como para el contrato de pilotes; en la integración de los costos


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indirectos se consideró la prima por seguro todo riesgo, la cual sólo se acredita parcialmente; se consideró en los costos indirectos el rubro "Comunicación Social" el cual no corresponde a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos, no fue solicitado en la convocatoria ni en el formato entregado por la entidad fiscalizada. Omisiones en el proceso de adjudicación de servicios complementarios al proyecto. No se verificó que el licitante ganador incluyera en su proposición la partida sistemas especiales de telecomunicación de acuerdo con lo señalado en el catálogo de conceptos proporcionado en la página de compranet y en una junta de aclaraciones. Descoordinación entre los compromisos señalados en contratos con el programa de obra. No se verificó que en los contratos referentes a la construcción de losa de cimentación y de la construcción del edificio terminal, se considerara que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos del segundo; asimismo, para el contrato de hincado de pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal, los contratos para construcción de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre y del edificio de la torre de control de tráfico aéreo, tampoco se consideró que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos de los otros dos, por ser actividades subsecuentes. Desatención de las empresas de supervisión externa de la obra. En la determinación de la cantidad de concreto no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 3 (1 R; 2 PRAS) Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. GACM. “Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0363. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro intermodal de transporte de transporte terrestre y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases. Como parte de la fase 1, se llevan a cabo servicios relacionados con las obras públicas, entre los que se encuentran, la gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país; servicios de diseño y arquitectura consistentes, en forma


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enunciativa mas no limitativa, en la elaboración de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la construcción del edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos, la torre de control de tráfico aéreo y el centro de control de operaciones, las pistas 2, 3 y 6, calles de rodaje, plataformas y ayudas a la navegación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como asesorías, consultorías, asistencia especializada y apoyo técnico en materia de diseño estructural, sísmico, jurídico y de instalaciones para dichos proyectos. Hallazgos relevantes: Duplicidad en la determinación de costos indirectos de la obra. Se consideró un monto de 147.0 millones de pesos por diversos conceptos en la integración de los costos indirectos de dos contratos de servicios, sin verificar que éstos se incluyeron también como insumos en la integración de los precios unitarios de concurso. Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. No se aplicaron retenciones por un monto de 7.6 millones de pesos por atraso en la ejecución de los trabajos. Pagos en exceso por inexactitud del cálculo de ajuste de costos. Se pagó un monto de 59.0 millones de pesos por concepto de ajuste de costos, sin considerar que el cálculo es a partir del incremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado; que se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato, conforme a la normativa. Pagos realizados sin comprobar la contraprestación de servicios contratados. Se pagaron 11.0 millones de pesos en servicios, sin considerar que con la documentación presentada no se comprobó la realización de éstos ni la participación del personal señalado en la integración del precio. Omisiones en la administración de la obra. Se autorizaron pagos por 809.9 miles de pesos sin verificar que el contratista consideró el domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real; en un contrato de servicios se autorizaron pagos por 39.2 millones de pesos por concepto de acompañamiento durante el proceso de obra, sin considerar que la obra aún no comenzaba. Sugerencias de la ASF a la Cámara de Diputados Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Infraestructura, revise y modifique el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Obras de Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad de que se precise que los ajustes de costos a los contratos de servicios relacionados con las obras públicas que se efectúan conforme al índice proporcionado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se realicen únicamente


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considerando la mano de obra (personal operativo y técnico) y no se incluya el personal profesionista y especialista para evitar el aumento en forma desproporcionada y que genera notorio daño al erario público. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 9 (1 R; 7 SA; 1 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 133.6, Operadas: 0.0, Probables: 133.6 Adicionalmente, existen 268.0 millones de pesos por aclarar. Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. GACM. “Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0364. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases. Como parte de la fase 1, se llevan a cabo los trabajos de los sistemas de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y el área de túneles, así como los servicios de supervisión técnica y administrativa de construcción para los trabajos de infraestructura, además del estudio de estabilización de suelos con tecnología al vacío, todos del NAICM. Hallazgos relevantes: Deficiencias en la gerencia del proyecto. Se detectó una interferencia en los alcances de los contratos de obra en la colocación de la segunda y tercera capas de tezontle y de la precarga. Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. No se pagaron los anticipos de los contratos de obra en los plazos establecidos. Duplicidad en los costos indirectos. En un contrato de servicios se consideró en la integración de su propuesta el concepto “Construcción de oficinas temporales destinadas al uso del personal de la residencia y la supervisión”, un rubro que también se incluyó en el costo indirecto.


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Pagos en exceso por considerar precios fuera de mercado. En el contrato de prueba al vacío se pagaron 1.3 millones de pesos en 3 conceptos referentes a la conformación de tezontle con precios fuera de mercado. Omisiones en la administración de la obra. Los contratos de obra se firmaron de manera extemporánea. Simulación de trabajos realizados. Se elaboraron los dictámenes técnicos para sustentar los convenios modificatorios, sin justificar las causas que les dieron origen. Omisiones en la administración de la obra. Se incluyeron dos costos diferentes para el mismo insumo en el precio unitario núm. 3.01 “Tezontle para la segunda capa”. Deficiencias en el cálculo de costos indirectos que elevan el precio total de la obra. En la integración de los costos indirectos de la pista 3 se incluyó el rubro de caminos de acceso, aun cuando ya se había considerado en los costos indirectos en el contrato de obra de la pista 2. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 6 (3 R; 1 SA; 2 PRAS) Montos por aclarar determinados (millones de pesos): 1.3 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. GACM. “Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0365. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro intermodal de transporte terrestre y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases. Como parte de la fase 1, se llevan a cabo dentro del terreno destinado para dicho proyecto los trabajos relativos al desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción, equipamiento de mobiliario e instalaciones complementarias para el campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM); la construcción del drenaje pluvial temporal; y los trabajos relativos a carga, acarreo y descarga fuera del polígono del material existente producto de depósitos de demoliciones, desperdicios y desazolve, con el fin de tener una cercanía de los


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servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de los trabajos relativos a la construcción del NAICM, evitar inundaciones y efectuar la limpieza del terreno, respectivamente. Hallazgos relevantes: Incongruencia entre los compromisos señalados en contratos con el programa de obra. No existió congruencia entre los términos de referencia de los contratos de servicios y los periodos de ejecución de las obras que se supervisarían. Omisiones en la administración de la obra. Se realizaron pagos por un monto de 459.7 miles de pesos, sin verificar que el contratista consideró el domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real. Deficiente supervisión externa de la obra. Se realizaron pagos por un monto de 3.5 millones de pesos, sin verificar que los trabajos ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo; se realizaron pagos por un monto de 91.4 miles de pesos, sin verificar que los trabajos se correspondieran con lo indicado en el proyecto; se realizaron pagos por un monto de 206.0 millones de pesos, sin verificar que los volúmenes pagados coincidieran con las secciones de proyecto. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 5 (1 R; 4 SA) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 4.0, Operadas: 0.0, Probables: 4.0 Adicionalmente, existen 205.7 millones de pesos por aclarar. Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas.


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4. Análisis de la Fiscalización en el Sector Economía y Trabajo y Previsión Social

4.1. Marco de referencia En materia del sector Economía

Tendencia descendente del presupuesto real ejercido en el sector (en el lapso 2012-2016). En 2016, el gasto real ejercido por la Secretaría de Economía (SE) fue de 14 mil 655.7 millones de pesos, monto significativamente inferior en 20.8% respecto del gasto de 2015. En el lapso 2012-2016, el gasto real ejercido por la Secretaría de Economía descendió en forma significativa (64.1%), a una tasa promedio anual de 10.5%.

Concentración del gasto real ejercido en un programa (Fondo Nacional Emprendedor). En 2016, del total de recursos ejercidos por la secretaría de Economía, el 48.8% se destinó al Fondo Nacional Emprendedor (7 mil 155.3 millones de pesos).

Reducido impacto de los recursos públicos canalizados a la economía. En el período 2012-2016 fue notable la disparidad entre el comportamiento del gasto canalizado a la actividad de desarrollo económico y el crecimiento del PIB total de la economía; mientras los recursos públicos orientados a la actividad económica aumentaron en 18.9%, el PIB de la economía sólo lo hizo en 2.1%.

Lento e insuficiente crecimiento económico. En el período 2012-2016, el PIB creció a una tasa promedio anual de 2.14%, inferior a las tasas de crecimiento de los lapsos 1993-2000, 2000-2006 y casi similar a la del período 2006-2012 (2.12%). Asimismo, el crecimiento efectivo ha estado, con frecuencia, por debajo de la tasa de crecimiento del producto potencial (6.4%).

Crecimiento económico insuficiente para aumentar el ingreso per cápita. La tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita pasó de 2.1% en el lapso 1993-2000 a 1.0% en el período 2012-2016. Los descensos en el PIB per cápita se presentan en un contexto de reducción en la tasa de crecimiento de la población mexicana y de la presencia del bono demográfico.

Fuentes internas y externas del crecimiento económico en México. Tres fuentes explican el crecimiento económico (en el lapso 2012-2016 fue de 2.14% promedio anual). Dos corresponden al mercado interno y la tercera al mercado externo. Las dos primeras provienen del crecimiento del efecto demanda interna (1.32 puntos porcentuales, resultado del crecimiento de la demanda interna de 1.93 puntos porcentuales y del crecimiento normal de importaciones de -0.61 puntos porcentuales) y de la sustitución (o no sustitución) de importaciones (-0.87 puntos porcentuales). Cabe destacar que la demanda en el mercado interno se satisface con producción nacional y/o con importaciones. La tercera fuente es el efecto demanda externa, que se expresa en el crecimiento normal de


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exportaciones (0.67 puntos porcentuales) y de la penetración de nuestros productos en el mercado externo (1.02 puntos porcentuales).

Tercerización de la economía y pérdida de liderazgo de la manufactura. En el período 2012-2016, el PIB creció a una tasa media anual de 2.14%. Los servicios y el comercio fueron las actividades que más contribuyeron a dicho crecimiento (1.69 puntos porcentuales): otros servicios 0.97 puntos, comercio 0.48 puntos y servicios financieros y de seguros 0.24 puntos porcentuales. La industria manufacturera contribuyó con 0.38 puntos porcentuales. La contribución del sector agropecuario al crecimiento económico ha sido prácticamente marginal (entre 0.03 y 0.08 puntos porcentuales).

Escasa diversificación de la industria manufacturera. En el período 2012-2016, el PIB de la industria manufacturera creció a una tasa promedio anual de 2.3%: la industria manufacturera no primaria contribuyó con 1.89 puntos porcentuales (82.2%); la actividad equipo de transporte contribuyó con el 47.4% al crecimiento de la producción de la industria manufacturera (1.09 puntos porcentuales).

Baja tasa de acumulación de capital causa del lento crecimiento. La acumulación de capital ha mostrado un comportamiento mixto entre 1993 y 2016; en efecto, de una tasa de acumulación de capital positiva de 0.23% y 0.30% en los períodos 1993-2000 y 2006-2012, registró una significativa tasa negativa de 0.7%, en el lapso 2012-2016, y una caída leve (0.1%) en el lapso 2000-2006. La intensidad de capital (cantidad de stock de capital que tiene a su disposición un trabajador promedio) también descendió: de un crecimiento de 1.1% entre 1993-2000 pasó a una tasa de sólo 0.2% entre 2012-2016.

Baja eficiencia de la inversión. En el período 1993-2000, el ICOR (considerando al acervo neto de capital) fue de 4.0; es decir, que para generar una tasa de crecimiento anual del PIB de 1.0%, se requiere de una inversión nueva equivalente a 4.0% del PIB. En los lapsos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016, la eficiencia de la inversión disminuyó drásticamente: de 6.3 en el primer período, pasó a 7.3 en el segundo lapso y a 7.4 en el tercer período. Esto significa que para lograr un crecimiento del PIB de 1.0%, se requiere de un acervo neto de capital nuevo de 6.3% del PIB, 7.3% del PIB y 7.4% del PIB, respectivamente.

Bajo impacto de la inversión en el crecimiento del PIB total. Entre 1993-2016, el resultado de una regresión lineal entre el logaritmo neperiano del crecimiento del acervo neto de capital y el logaritmo neperiano del PIB, arrojó una elasticidad de 0.66. Esto significa que cuando la inversión crece 1.0%, el PIB aumenta en sólo 0.66%.

Aparato productivo dependiente de las importaciones. Entre 1993-2016, el resultado de una regresión lineal entre el logaritmo neperiano de las importaciones y el logaritmo neperiano del PIB, arrojó una elasticidad ingreso de las importaciones de 2.46. Si aumenta en 1.0% el PIB, las importaciones lo harán en 2.46%.


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Déficit comercial permanente. Entre 1993 y 2016, excepto 1995, 1996 y 1997, el valor total exportado por la economía mexicana siempre fue inferior al valor total importado; las divisas que ingresaron a la economía no fueron suficientes para financiar la compra de productos importados.

Superávit comercial de México con Estados Unidos. Entre 1993-2016, considerando como equivalente de la balanza comercial la relación entre exportaciones sobre importaciones, el valor total exportado por México a Estados Unidos de América (EUA) siempre fue superior al valor total importado de México a Estados Unidos de América; las divisas que ingresaron a la economía mexicana fueron más que suficientes para financiar la compra de productos importados de EUA.

Déficit comercial de México con China. Entre 1993-2016, el valor total exportado por México a China siempre ha sido inferior al valor total importado de México a China, lo cual significó que las divisas que ingresaron a la economía mexicana fueron insuficientes para financiar la compra de productos importados de China.

Concentración de las exportaciones en un solo país. Entre 2012-2016, las exportaciones totales del país estaban significativamente concentradas en las exportaciones a Estados Unidos de América; de cada dólar que ingresó al país por concepto de exportaciones, casi 80 centavos provino de las exportaciones a los Estados Unidos de América.

Concentración de las importaciones en un país. Entre 2012-2016, las importaciones totales del país estaban concentradas en las importaciones a Estados Unidos de América; de cada dólar que salió del país por concepto de importaciones, casi 49 centavos se destinó a la compra de productos provenientes del mercado de Estados Unidos de América. A su vez, México destinó casi 17 centavos de dólar a la compra de productos del mercado chino.

Notable concentración de las exportaciones totales en el sector manufacturero. Entre 2012-2016, las exportaciones totales del país estaban significativamente concentradas en las exportaciones manufactureras. En efecto, de cada dólar que ingresó en el país por concepto de exportaciones, casi 86 centavos provino de las exportaciones de productos manufacturados.

Escasa diversificación de las exportaciones manufactureras. Entre 2012-2016, se aprecia una escasa diversificación de las exportaciones manufactureras; es decir, las exportaciones manufactureras están concentradas en dos actividades económicas: productos automotrices (32.1%), así como en equipo y aparatos eléctricos y electrónicos (21.5%).

Baja capacidad de arrastre de las exportaciones manufactureras. Entre 1993-2016, no existió correlación significativa entre las exportaciones manufactureras y su producción. Estas exportaciones son dependientes de las importaciones de insumos (se reduce el contenido local y los vínculos con los proveedores locales).


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Apreciación del tipo de cambio real. En 1995 se registró una fuerte depreciación del tipo de cambio real (54.3%). Tomando como referencia 1995, entre 1996 y 2016 el índice del tipo de cambio real siempre se ubicó por debajo del índice de ese año. En efecto, después de la gran devaluación del tipo de cambio en 1995, la política cambiaria consistió en contener y revertir la depreciación del tipo de cambio, lo cual se reflejó en un tipo de cambio real apreciado durante la mayor parte del período 1996-2016.

Apreciación del tipo de cambio tiene efectos negativos en el crecimiento económico. Un tipo de cambio real apreciado, en una economía tan abierta como lo es hoy la mexicana, tiene efectos negativos en el desarrollo económico. En efecto, un tipo de cambio real apreciado, al modificar los precios relativos a favor de los bienes y servicios no comerciables, reduce la rentabilidad de la inversión privada en el sector de bienes comerciables y promueve una reasignación de recursos en contra de éstos.

Tendencia decreciente de la productividad del trabajo en sectores clave de la economía. Entre 2012-2016, la productividad del sector agricultura fue significativamente inferior a la productividad media. La productividad de la manufactura se ubicó ligeramente por arriba de la productividad media este comportamiento se corresponde con la pérdida de peso y liderazgo de esta industria como motor del crecimiento económico y de la terciarización de la economía.

Bajo nivel de financiamiento a actividades productivas. En 2016, el crédito otorgado a la actividad productiva significó sólo el 80.3% del crédito de 1994; en los casos del sector agropecuario y la industria manufacturera significaron el 34.6% y el 70.3% de la cartera de 1994, respectivamente. En contraste, el crédito al consumo y a los gobiernos fue 3.6 y 4.67 veces superior al crédito de 1994, respectivamente.

En materia del sector Trabajo y Previsión Social

Descendente gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016). En 2016, el presupuesto real ejercido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue de 4 mil 884.4 millones de pesos, 6.2% menor al del año anterior. En el lapso 2012-2016, el gasto real ejercido por la STPS descendió a una tasa promedio anual de 0.62%.

Concentración del gasto real ejercido en pocos programas. En 2016, la estructura de asignación del presupuesto ejercido por la STPS se concentró en cuatro programas. Estas cuatro actividades representaron un poco más del 83.0% del presupuesto ejercido por la STPS.

Disparidad significativa entre el comportamiento del gasto ejercido y la generación de empleos. Existe un comportamiento opuesto entre el gasto público y la generación de empleos; no obstante el descenso en el gasto público, el empleo generado se incrementa, aunque a tasas cada vez menores. Esto significa que una reducción en el gasto en las actividades laborales no tiene un impacto negativo en el dinamismo de la generación de


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empleos. El comportamiento del empleo está más correlacionado con la dinámica del PIB total de la economía, y con la aplicación de medidas estructurales de impulso industrial.

Aumento significativo de la población que no busca empleo. Entre 2012-2016, las personas que no realizaron ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron desempeñar una en algún momento, representaron el 60.4% de la población de 15 años y más de edad. Entre 1993-2000, este porcentaje fue significativamente menor (43.0%).

Menor capacidad del aparato productivo para absorber la fuerza de trabajo. Entre 1995-2000 y 2012-2016, la proporción de personas que consiguieron un empleo en el aparato productivo descendió notablemente, de 77.1% en el primer período a 46.7% en el segundo.

Tendencia decreciente del empleo formal y creciente del desempleo disfrazado. Entre 1995-2000, los asalariados crecieron a una tasa media anual de 5.2% y el desempleo disfrazado a una tasa de 0.8%; entre 2000-2006, los asalariados aumentaron 2.9% y el desempleo disfrazado 1.7%. Entre 2006-2012, los asalariados aumentaron en 2.7% y el desempleo disfrazado en 4.3%. Finalmente, en el lapso 2012-2016, los trabajadores asalariados crecieron sólo 2.2%; en este caso, el desempleo disfrazado se redujo 0.8%.

Industria manufacturera con poca capacidad para absorber empleos. Entre 2012-2016, en la industria manufacturera se generaron un poco más de 218 mil empleos por año; esta cifra se compara favorablemente con los empleos anuales creados entre 2006-2012, pero aún está por abajo de los empleos generados entre 1993-2000 (371 mil empleos por año).

Empleos con bajos niveles de ingreso. Del total de personas ocupadas entre 2012-2016, el 43.8% percibió ingresos menores a 2 salarios mínimos (19.4 millones de personas), superior al número registrado entre 1993-2000 de 16.4 millones de personas. Esto significa que casi 5 de cada 10 personas ocupadas percibió ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, esto es inferiores a 4,382 pesos mensuales.

Creciente pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Entre 1994-2016, el salario mínimo real se ubicó permanentemente por debajo del nivel de 1994. En 2016, el poder adquisitivo del salario mínimo fue 23.0% inferior que el correspondiente de 1994; después de 22 años, el salario no ha recuperado el poder de compra de 1994. Respecto a 1982 (206.0 pesos), el poder de compra del salario fue inferior en 64.5%. Visto de otra manera, con 1,000 pesos de 2016 se compra menos productos que con 1,000 pesos de 1994 y 1982.

Desigual distribución del ingreso. En 2016, la remuneración de asalariados como proporción del ingreso nacional (PIB) fue de 27.4% y, por consiguiente, la participación del capital en el ingreso nacional ascendió a 72.6%. En 1976, la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional fue de 40.2%, y la del capital de 59.8%.

Mayor penetración de exportaciones sustentada en menores costos salariales. Entre 1993 y 2016, la penetración de las exportaciones (exportaciones totales/PIB) registró un notable


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incremento de 127.6%, al pasar de 15.5% a 35.2%; mientras que los ingresos salariales (participación de la remuneración de asalariados en el ingreso nacional) descendieron 19.8%, al pasar de 34.1% en 1993 a 27.4% en 2016.


Economía Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) “Producción, Transportación y Comercialización de Sal”. Auditoría de Desempeño, No. 0374. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de producción, transportación y comercialización de sal marina para su aprovechamiento. Antecedentes: En 1920, se registró el primer antecedente sobre la explotación de sal en la región de Guerrero Negro, Baja California, ya que los residentes locales identificaron condiciones climatológicas favorables para el procesamiento de dicho mineral utilizado, principalmente, para la alimentación del ganado y el curtimiento de pieles. En 2008, se implementó un programa para modernizar las instalaciones portuarias e industriales, a fin de tener una infraestructura operativa capaz de producir y transportar anualmente 8.0 millones de toneladas métricas de sal. En 2014, se presentaron deficiencias en la capacidad de transporte marítimo del Puerto Chaparrito a las instalaciones de Isla de Cedros, lo cual dificultó la atención de la demanda de sal de los clientes. En 2016, la empresa solicitó a la Secretaría de Economía la ampliación de la concesión para la explotación de sal, a fin de incrementar en 2.0 millones de toneladas su producción anual; de aprobarse la solicitud, para 2020 producirá 10.0 millones de toneladas métricas de sal. Hallazgos relevantes: Dudas sobre si el objetivo de ESSA es prioritario o no. En los términos de los artículos 25, 26 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es suficientemente claro si el objeto de creación de ESSA se corresponde con una actividad prioritaria; no obstante, las actividades de la empresa se asocian con la satisfacción de los intereses nacionales, tales como la exportación. Además, mediante su operación se conservan plazas de trabajo en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, y por medio de la comercialización de sal se generan ingresos para el país y, en particular, para esa región.


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Objetivos desvinculados del programa sectorial. La ASF constató que la paraestatal no vinculó sus objetivos con el PRODEMIN 2013-2018, formulado por la Secretaría de Economía como coordinadora del sector minería, en el que se establecen las directrices para el desarrollo de dicho sector. Metas por debajo de lo programado. En 2016, la atención de sus metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal no se realizaron conforme a lo programado, ya que produjo el 88.8% (7,329.9 miles de toneladas métricas) de lo previsto y vendió el 82.6% de lo comprometido en ventas (8,500.0 miles de toneladas métricas); asimismo, las ventas representaron el 12.5% en el mercado internacional de exportación de sal, 2.7 puntos porcentuales por debajo de la meta de 15.2%. Baja participación en el mercado interno de la sal. En 2016, la paraestatal vendió en el mercado nacional 14.3 miles de toneladas métricas de sal, que representaron 0.4% de la atención de la demanda de ese mineral en México, estimada en 3,444.0 miles de toneladas métricas; el restante 99.6% fue cubierto por otras salineras del país. Carencia de avalúo para definir el monto a cubrir por el uso de puertos e instalaciones portuarias. En 2016, la paraestatal cubrió ante el Servicio de Administración Tributaria 14,094.2 miles de pesos por el uso de cuatro lotes mineros para la explotación de sal; pagó 479.9 miles de pesos por el aprovechamiento de dos áreas de la zona federal marítimo terrestre conforme a su obligación de pago; y sufragó 6,351.4 miles de pesos por el uso de puertos e instalaciones portuarias; sin embargo, para este último, careció del avalúo del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para fijar adecuadamente el monto por cubrir. Disminución de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias. En 2016, ESSA fue una empresa rentable, ya que su margen de utilidad neta fue de 11.2% al generar utilidades por 294.2 millones de pesos respecto de los 2 mil 637.4 millones de pesos de ventas netas; el rendimiento sobre los activos fue de 6.9% al comparar los 294.2 millones de pesos de utilidad con los 4 mil 249.8 millones de pesos de activo; y el rendimiento del patrimonio fue de 8.9%, toda vez que los 3 mil 300.8 millones de pesos de los inversionistas generaron una utilidad neta de 294.2 millones de pesos. Sin embargo, en el periodo 2010-2016, se identificó que dichos indicadores financieros disminuyeron 4.8, 2.3 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, por lo que de no tomar las medidas necesarias podría presentarse un riesgo en la generación de ganancias de la empresa. Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales. En 2016, ESSA utilizó como referencia los precios de venta final en los países a los que se exporta su producto, que oscilaron entre 34.2 y 42.4 dólares por tonelada; sin embargo, sus precios fueron entre 13.1 y 21.6 dólares menores a los determinados por una calificadora internacional, que los ubicó entre 47.3 y 64.0 dólares por tonelada, situación que pudiera afectar la competitividad de sus precios y tener efectos negativos en sus ingresos.


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No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros. En 2016, no se identificó información relacionada con la aprobación de los estados financieros por parte de la asamblea de accionistas, y por tanto del decreto y pago de dividendos de ese año. En el periodo 2010-2015, no se identificaron acuerdos de la asamblea para el pago de los dividendos correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2015; los determinados como parte de los ejercicios 2012 y 2014 se pagaron, en tanto que al cierre del ejercicio 2016 permanecía un adeudo de 7,500.0 miles de pesos respecto de los de 2013, sin que la entidad indicara la fecha para saldar el pago. Debido a que ni la Asamblea de accionistas ni el Consejo de Administración fijaron en sus acuerdos una fecha para entregar los dividendos a los accionistas, no fue posible verificar la oportunidad de los pagos. Consecuencias Sociales: En 2016, ESSA vendió 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal, lo que significó una participación del 12.5% de la demanda internacional, que la ubica como una de las principales empresas exportadoras de sal en el mundo; además, el margen de utilidad neta de 11.2%, al generar utilidades por 294.2 millones de pesos, la hacen una empresa rentable en beneficio de la generación de ingresos para el Estado, el desarrollo económico de la región de Guerrero Negro y la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo, la atención de sus metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal por debajo de lo programado, con el 88.8% de lo previsto en producción y el 82.6% de lo comprometido en ventas; así como la disminución de su utilidad neta 2.3% en promedio anual durante el periodo 2010-2016, y la falta de claridad en la utilización de referencias para la determinación de sus precios de venta podrían tener efectos negativos en sus ingresos y representar un riesgo para garantizar la estabilidad financiera de la empresa y la aportación de dividendos para el Estado, así como para la seguridad laboral de los 1,061 empleados de la salinera, que representan el 20.0% de la población económicamente activa de Guerrero Negro, Baja California Sur y que significan un beneficio indirecto para el 60.0% de las familias de esa región. Número de observaciones: 11; Número de acciones: 14 (14 RD) Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). “Fondo Nacional Emprendedor”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0371. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor", para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, e impulsar su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como contribuir al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial. En dicho decreto se estableció que las atribuciones, facultades y funciones que,


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según las disposiciones jurídicas, son aplicables a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y a las direcciones generales adscritas a ésta, serían ejercidas directamente por el INADEM. Durante el ejercicio 2016, el INADEM ejecutó el Programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor” en el marco del Sector Economía, el cual tuvo como objeto fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) más productivas ubicadas en sectores estratégicos. El programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, se ubica en la meta nacional México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente en el Objetivo 4.8 Desarrollar los Sectores Estratégicos del País y en la estrategia 4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las MIPYMES. Hallazgos relevantes: Notificación extemporánea a los beneficiarios de la aprobación de los recursos. La ASF constató que en 54 proyectos, la notificación de aprobación a los beneficiarios y organismos intermedios se efectuó después de la fecha en que se suscribieron los convenios y de la fecha en que se les ministraron los recursos del apoyo. Uso de los recursos otorgados a otros fines. No se cancelaron 12 proyectos apoyados, ya que en 5 que recibieron recursos por 26.7 millones de pesos, los beneficiarios no utilizaron las cuentas bancarias de forma exclusiva para los apoyos otorgados, y en 7 proyectos, por 54.1 millones de pesos, los beneficiarios realizaron transferencias de recursos a instrumentos de inversión. Además, no se justificó que durante el desarrollo de un proyecto se utilizaran recursos para la renta de vehículos para servidores públicos adscritos al INADEM. Inoportunidad en el entero de los rendimientos financieros generados y en el registro del informe final en el Sistema Emprendedor. El Instituto no requirió a un beneficiario el entero de los rendimientos financieros generados no obstante que contó con los recursos durante ocho meses y, posteriormente, desistió ejecutar su proyecto por 7.3 millones de pesos, y también de 36 proyectos, respecto de los cuales concluyó su periodo de ejecución el 30 de junio de 2017, y no le requirió de manera oportuna el cumplimiento de la obligación de registrar su informe final en el Sistema Emprendedor. No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados. La ASF constató que el Instituto no enteró a la Tesorería de la Federación 1.3 millones de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de 29 proyectos.


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Falta de comprobación del reintegro de recursos. No se acreditó que el beneficiario del proyecto realizó el reintegro por 7.8 millones de pesos solicitado por el INADEM. Falta de documentación comprobatoria de los recursos otorgados. No se proporcionó la documentación que sustente la utilización de los recursos por 52.6 millones de pesos de siete beneficiarios. Falta de documentación comprobatoria de la entrega de los recursos a los beneficiarios. Las entidades federativas de Baja California Sur y Durango no acreditaron la entrega de recursos a los beneficiarios de MIPYMES siniestradas por desastres naturales por 4.7 millones de pesos, y los estados de Campeche y Tabasco tampoco acreditaron la entrega de recursos a por 30.0 millones de pesos a MIPYMES afectadas por la situación petrolera que impactó de manera negativa en la actividad económica en esas dos entidades federativas. Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. El organismo intermedio Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, responsable de la ejecución de 4 proyectos, al mes de septiembre de 2017 no acreditó la aplicación de 18.3 millones de pesos, ya que a octubre de 2017 sólo había reportado la atención a 164 microempresas de las 2,000 proyectadas. Otorgamiento de recursos a proyectos inconclusos. El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua no ha desarrollado seis proyectos mediante los cuales entregaría 2,551 equipos a microempresas por un monto de 25.4 millones de pesos; Falta de documentación comprobatoria de la entrega de apoyos. El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, no acreditó la entrega de apoyos a 133 beneficiarios de 12 proyectos por 8.3 millones de pesos. No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados. El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua no enteró a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados por 187.7 miles de pesos. Falta de comprobación de la entrega de los servicios contratados. La ASF constató que en cuatro proyectos, no se acreditó la entrega de soluciones tecnológicas a beneficiarios por un monto de 13.5 millones de pesos, no obstante que los organismos intermedios habían cubierto pagos a los proveedores de más del 50.0% entre 10 y 5 meses antes, por lo que no hay congruencia entre el avance físico del proyecto reportado, con el pago a los proveedores que ejecutan los proyectos. Prórroga de ejecución de los proyectos sin tener facultades y de manera extemporánea. La ASF detectó que los servidores públicos integrantes del Comité de Seguimiento autorizaron la


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prórroga de 18 proyectos sin tener facultades para ello; asimismo, se recibió y autorizó una solicitud de prórroga 97 días después de haber concluido el periodo de ejecución del proyecto. Número de observaciones: 19; Número de acciones: 39 (19 R; 11 PRAS; 9 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 162.3, Operadas: 0.1, Probables: 162.2 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Trabajo y Previsión Social Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). “Crédito a Trabajadores”. Auditoría de Desempeño, No. 0381. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el financiamiento de créditos accesibles para la adquisición de bienes y pago de servicios durante el ciclo de vida productiva de un trabajador. Antecedentes: El 2 de mayo de 1974, de acuerdo con el “Decreto que ordena la constitución de un fideicomiso para la operación del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores”, se creó el FONACOT como fideicomiso público, con Nacional Financiera en calidad de fiduciaria, como una respuesta del Gobierno Federal a las demandas de los trabajadores, a fin de apoyar a la clase social de menores ingresos. Para 2016, el INFONACOT identificó como problemática que existe una insuficiente capacidad de pago de los trabajadores para obtener bienes y servicios, debido entre otras causas, a que no conocen sus derechos laborales, entre ellos, el de la obtención de créditos accesibles. En diciembre de 2016, se publicó el nuevo Estatuto Orgánico del INFONACOT, con el objeto de coordinar las estrategias relacionadas con la recuperación de cartera, a fin de apoyar la operación financiera y el proceso de crédito. Hallazgos relevantes: Difusión limitada de los productos y servicios del INFONACOT. La ASF detectó que los trabajadores se limitan a solicitar información sobre los créditos; y existe una difusión limitada de los productos y servicios del crédito FONACOT. Falta de criterios para programar sus metas. De acuerdo con el indicador de cobertura “Trabajadores con un crédito”, se apoyó a 1,017,330 trabajadores, lo que representó el 101.7%, de la meta programada de 1,000,050 trabajadores acreditados y una cobertura del 5.5% respecto de la población objetivo de 18,582,543 trabajadores. En el indicador “Número de centros de trabajo acreditados” se registró a 7,174 centros de trabajo acreditados en el año, respecto de los 6,000 programados, lo que significó un avance del 119.6%; la cobertura en


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función de los centros de trabajo acreditados fue de 56,390, lo que representó el 19.0% respecto de los 296,644 centros de trabajo afiliados; sin embargo, el Instituto careció de criterios para programar sus metas respecto de la población atendida de número de trabajadores y centros de trabajo. Deficiencias en la promoción del ahorro. El INFONACOT utilizó medios como la difusión del cuadernillo “Acciones para cuidar el dinero” y folletos con temáticas de educación financiera y sobreendeudamiento, con el propósito de propiciar en el trabajador una cultura de ahorro mediante consejos prácticos para cuidar el dinero familiar; no obstante, no estableció metas, no acreditó contar con criterios para determinar las necesidades de información y temas que deben contener los medios utilizados, el número de publicaciones que se requieren, ni con un indicador para medir y conocer el efecto de dichas publicaciones en la población objetivo. Deficiencias para definir las metas relativas a la población atendida. De los 21 mil 900.0 millones de pesos (mdp), el INFONACOT utilizó 8 mil 448.9 mdp (38.6%), ubicándose dentro del límite de endeudamiento de 16 mil 084.1 mdp autorizado por la SHCP, y mantuvo un crédito disponible al cierre del año por 13 mil 451.1 mdp (61.4%), lo que evidenció que contó con liquidez para garantizar el acceso al crédito a 1,017,330 trabajadores; sin embargo, de la disponibilidad de la línea de crédito presentada en 2016 y del número de trabajadores apoyados (el 5.5% de la población objetivo) se considera que podría beneficiar con un crédito FONACOT a un mayor número de trabajadores, de contar con criterios para definir sus metas de población atendida. No existe fecha límite para que los patrones se afilien al INFONACOT. Respecto de la obligatoriedad de afiliación de los centros de trabajo, se constató que ésta se incrementó en un 49.2% promedio anual, al pasar de 59,864 centros de trabajo afiliados en 2012 a un total de 296,644 en 2016; no obstante, el instituto no implementó mecanismos de coordinación, supervisión y verificación en materia de afiliación de los centros de trabajo; no se establece en la Ley Federal del Trabajo (LFT) una fecha límite para que los patrones de los centros de trabajo cumplan con la obligación de afiliarse, y no se dispone de la aplicación de sanciones para los patrones que no cumplan con dicha obligación. Baja cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo. En 2016, el INFONACOT favoreció la capacidad adquisitiva de 1,017,330 trabajadores formales de 296,644 centros de trabajo afiliados, por un monto de 15 mil 447.3 mdp; se otorgaron créditos al 5.5% de los trabajadores identificados como población objetivo; la cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo fue limitada, ya que en 2016, 56,390 centros de trabajo contaron con al menos un trabajador con un crédito, lo que representó el 19.0% de los centros de trabajo afiliados. Consecuencias Sociales: En 2016, el INFONACOT cumplió el objetivo de otorgar créditos accesibles a 1,017,330 trabajadores para incrementar su capacidad adquisitiva, y dispuso de la suficiencia presupuestal para continuar garantizando el acceso a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios, actuando bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias; sin embargo, de la disponibilidad de


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la línea de crédito presentada en ese año y del número de trabajadores beneficiados (el 5.5% de la población objetivo) se considera que podría apoyar con un crédito FONACOT a un mayor número de trabajadores, de contar con criterios para definir sus metas. Opinión de la ASF. En 2016, el INFONACOT favoreció la capacidad adquisitiva de 1,017,330 trabajadores formales de 296,644 centros de trabajo afiliados, por un monto de 15,447.3 mdp; se otorgaron créditos al 5.5% de los trabajadores identificados como población objetivo; la cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo fue limitada, ya que en ese año 56,390 centros de trabajo contaron con al menos un trabajador con un crédito, lo que representó el 19.0% de los centros de trabajo afiliados; sin embargo, no se establece en la LFT una fecha límite para que los patrones cumplan con la obligación de afiliarse, y no se dispone de la aplicación de sanciones para los patrones que no cumplan con dicha obligación. Sugerencias de la ASF a la Cámara de Diputados 16-0-01100-07-0381-13-001 Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, analice la factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo un plazo límite respecto de la obligación que tienen los centros de trabajo de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. 16-0-01100-07-0381-13-002 Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, analice la factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo las infracciones y/o sanciones a las que se harán acreedores los patrones de los centros de trabajo que no cumplan con la obligación de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. Número de observaciones: 7; Número de acciones: 12 (12 RD) Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). “Administración de la Cartera Crediticia Bursatilizada”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0380. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas con este concepto y verificar que la bursatilización a través de los fideicomisos, su administración y la obtención de recursos, se realizaron conforme a la normativa aplicable.


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Antecedentes: El 24 de abril de 2006, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), fue constituido el instituto como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autosuficiencia presupuestal, sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; sus actividades se encuentran reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al formar parte del Sistema Financiero Mexicano. Su objeto jurídico es apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el acceso a créditos, otorgar financiamiento y promover el ahorro, para su bienestar social y el de su familia, soportado en la sustentabilidad financiera del instituto, el cual tiene una posición privilegiada en términos de cobranza de su cartera de créditos, debido a que la Ley Federal del Trabajo le establece el derecho a descontar, directamente de la nómina de cada trabajador, los montos necesarios para cubrir los créditos que otorga. Al inicio del ejercicio 2016 el INFONACOT administraba, por cuenta de un tercero (fideicomiso privado), una cartera de créditos por 2 mil 510.8 millones de pesos, derivada de un esquema de bursatilización de parte de su cartera crediticia que inició en octubre de 2013, con la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con valor de 4 mil millones de pesos y con fecha de vencimiento en octubre de 2018. Hallazgos relevantes: Compromisos de pago no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la Cuenta Pública. Por determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad facultada para interpretar administrativamente la Ley Federal de Deuda Pública, los compromisos de pago correspondientes a este tipo de financiamiento no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la Cuenta Pública, ya que al haber sido emitidos los certificados bursátiles por un banco comercial que actúa como fiduciario del fideicomiso privado, las obligaciones de pago no son responsabilidad del instituto sino del fideicomiso emisor de los títulos y por ello éstos no constituyen una deuda. Comentario de la UEC. Si hay quebranto de la cartera crediticia y se generan pérdidas, estas tienen que ser absorbidas por el fideicomiso emisor. Por riesgo de pérdida de reputación el gobierno tiende a absorber el riesgo que entonces se concreta en deuda pública. Recomendación de la ASF. Se recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en su carácter de dependencia responsable de normar y administrar la información relativa a la deuda pública federal, evaluar la conveniencia de incorporar a esta última, las obligaciones de pago que se generen por organismos públicos descentralizados que obtengan recursos del público, mediante la utilización de vehículos financieros, como es el caso de fideicomisos privados, a los cuales se les asigne la responsabilidad de emitir títulos de deuda en el mercado, a cubrirse con el flujo de efectivo que generen los derechos de cobro cedidos sobre los activos fideicomitidos


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o bursatilizados de dichas entidades, ya que, se considera que se tienen las características y obligaciones de una deuda directa derivada de un crédito público. Número de observaciones: 1; Número de acciones: 1 (1 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió.


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5. Análisis de la Fiscalización en el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales


Tendencia descendente del gasto real ejercido del sector (en el lapso 2012-2016). En 2016, el presupuesto real ejercido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fue de 54 mil 912.4 millones de pesos, menor en 8.6% respecto a 2015. En el lapso 2012-2016, el gasto real ejercido por la SEMARNAT descendió a un ritmo promedio anual de 4.7%.

Concentración del gasto real ejercido en pocos programas. En 2016, el ejercicio de los recursos públicos (54 mil 912.4 millones de pesos) se concentró en siete programas. Estos siete programas, representan el 59.5% del presupuesto real ejercido por la SEMARNAT.

Elevados costos por el deterioro ambiental. De acuerdo con datos del INEGI, hasta 2015 los costos por agotamiento y degradación de los recursos naturales ascendieron a 907 mil 473 millones de pesos, esto es 0.4% menos que en 2014. En 2015 el costo por agotamiento y degradación del medio ambiente (907 mil 473.0 millones de pesos) representó 5% del PIB.

Descendente disponibilidad de agua. La edición 2016 del Atlas del Agua en México elaborado por CONAGUA-SEMARNAT, reportó que en 2015 el agua renovable per cápita disponible a nivel nacional fue de 3.7 miles de m3 vs. 18.0 miles de m3 per cápita en 1950; proyecciones del organismo señalan que en 2030 será de sólo 3.2.

Baja cobertura en el suministro de agua potable y alcantarillado. El Programa Nacional Hídrico señaló que al final de 2012 se alcanzaron coberturas de agua potable y alcantarillado del 92.0 y 90.5%, respectivamente, por lo que casi nueve millones de personas carecían de agua potable y 11 millones de alcantarillado; cifras oficiales de 2016, reportan una cobertura de 94.4% y 91.5%, en el mismo orden, obteniéndose una avance marginal.

Rezago en el saneamiento de aguas residuales. En 2016, el volumen de agua residual municipal tratada fue de 123,586.8 litros por segundo (Lps), en 2,536 plantas de tratamiento en operación; 68.4% respecto a la capacidad instalada de tratamiento (180,569.7 Lps) y 57.6% respecto al caudal de agua residual colectada (214,500.0 Lps) en ese año.

Capacidad instalada subutilizada en el tratamiento del agua. En 2016, se contó con una infraestructura de 2,536 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, en tanto que la infraestructura fuera de operación fue de 735 plantas, con lo cual se dejó de dar tratamiento a 11,950.5 Lps.

Limitada producción nacional de productos forestales. La reducción en la disponibilidad de zonas forestales en México ha propiciado un descenso en el volumen de la producción forestal maderable; en 2015 fue de 6.3 millones de m3 de madera en rollo, esto es, apenas


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el 0.16% de la capacidad de producción; mientras que en el año 2000, fue de 9.4 millones de m3, lo cual refleja una caída en la producción nacional de 33%.

Balanza comercial forestal deficitaria. Durante el período 2000-2016, el saldo en la balanza comercial forestal de México en los sectores silvícola y manufacturas de la celulosa y papel, ha presentado déficits permanentes, pasando en el primer caso de 264.8 millones de dólares en el 2000 a 1,148.0 millones de dólares en 2016, y de 1,596.8 a 4,806.0 millones de dólares, respectivamente.

Disminución de la reforestación a nivel nacional. Cifras de la SEMARNAT señala que en 2016 la superficie reforestada fue de 108.1 miles de hectáreas, con lo cual durante el período 2013-2016 se alcanzó una superficie reforestada de 497,429.13 hectáreas, menos de la mitad comprometida en el programa nacional forestal de la presente administración.

Riesgo elevado por la expulsión de residuos al ambiente. En 2016, la generación estimada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) per cápita en México fue de 2.7 kg/día; al año alcanzó la cifra de 43.9 millones de toneladas a nivel nacional, lo que representó un aumento de 33.4% con respecto a 2003, cuando la generación de residuos sólidos fue de 32.9 millones de toneladas.

Deterioro de la calidad del aire. De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos 2016, a nivel nacional se emitieron aproximadamente 59 millones de toneladas de contaminantes. Las fuentes naturales emitieron 21% de los contaminantes y las antropogénicas el 79% restante; de las fuentes antropogénicas, el mayor volumen emitido provino de las fuentes móviles carreteras (58%), seguidas por las fuentes de áreas (13%), las fuentes fijas (7%) y las fuentes móviles no carreteras (1%).

Efectos adversos del cambio climático. México, enfrenta actualmente los efectos del cambio climático, entre los más importantes están los incrementos de la temperatura (0.85 °C en promedio en los últimos cincuenta años) y en el nivel del mar (en algunos sitios del Golfo de México se ha elevado entre 1.79 y 9.16 milímetros/año y en el Pacífico entre 3.28 y 4.23 milímetros/año), así como diversos impactos en la biodiversidad y cambios en los patrones de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Biodiversidad en riesgo. Informes de la SEMARNAT, indican que hasta 2015, el 51.3% de las especies de reptiles conocidas en México (443 especies) están en alguna categoría de riesgo; le siguen los anfibios con 51.6% (194 especies), los mamíferos con 51.6% (291) y las aves con 34.1% (392 especies). Con menor porcentaje de especies en riesgo están los peces (7.4%, 204 especies) y las plantas vasculares (3.4%, 987 especies).


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5.2. Resultados de Auditorías Relevantes (IIA) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento. Payas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas.”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0392. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos, verificar que ésta se realizó de conformidad con la normativa, así como que se registró contablemente y se reportó en la Cuenta Pública. Antecedentes: La Ley General de Bienes Nacionales establece que la zona federal marítimo terrestre está constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas, también establece que los concesionarios o permisionarios que aprovechen y exploten esta zona pagarán los derechos correspondientes. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) corresponde ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y terrenos ganados al mar, así como otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestre, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (artículo 32 Bis, fracciones VIII y XXXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). Hallazgos relevantes: Incumplimiento en la documentación para el otorgamiento de títulos de concesión y permisos. La SEMARNAT autorizó 502 títulos de concesión para el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, a cargo de personas físicas y morales, en playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas. De 36 títulos otorgados, en 2016, que fueron seleccionados como muestra, la SEMARNAT no acreditó que 35 solicitantes de concesiones presentaran, en su conjunto, 227 documentos necesarios para el efecto, en incumplimiento del artículo 26 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. En el periodo que se revisa, la SEMARNAT autorizó 6,842 permisos para el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. De los 654 permisos otorgados, en 2016, que fueron seleccionados como muestra, la SEMARNAT no acreditó que siete solicitantes de permisos presentaran, en su conjunto, 16 documentos necesarios para el efecto, cantidad que representa el 0.8% de los 1,962 documentos que debieron presentar los solicitantes.


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Inconsistente monto por pago de derechos por servicios. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante 2016 se pagaron por los solicitantes de 10,012 trámites de servicios, principalmente solicitud y otorgamiento de permisos y concesiones, 15.1 millones de pesos, mientras que la SEMARNAT tenía registrados 9,031 trámites, por los que se recaudaron 12.7 millones de pesos. La diferencia entre ambas instancias se debe a que la SEMARNAT registró en su Sistema Nacional de Trámites (SINAT) los trámites con sus pagos, una vez que los interesados presentan su solicitud y el comprobante de pago respectivo (pudo haberlo realizado en 2015 o 2016), en tanto, el sistema electrónico de pagos “e5cinco” del SAT registró los pagos efectivamente realizados en 2016. La SEMARNAT no tiene acceso al sistema electrónico de pagos “e5cinco” para validar dichos pagos, ni para llevar un control de los servicios pendientes de otorgar.

Información incorrecta en materia de recaudación. De los 163.3 millones de pesos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, por el concepto de Derechos por servicios, 148.4 millones de pesos se reportaron por ocho entidades federativas en los Resúmenes de Operaciones de Caja, pero corresponden a otro concepto, porque los derechos por servicios son ingresos federales no coordinados que sólo se recaudan mediante el sistema de pagos electrónicos “e5cinco” por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, por lo que la información presentada en la Cuenta Pública 2016 por ese concepto no es correcta. Se carece de normativa que establezca la instancia que deba verificar que la información presentada por las entidades federativas, en los Resúmenes de Operaciones de Caja, sea correcta.

Se carece de información para determinar el monto por derechos por uso, goce o aprovechamientos. Debido a que los ingresos de Derechos por uso, goce o aprovechamiento se recaudan por los municipios y corresponde a ellos la atribución de verificar que los concesionarios cumplan con su pago; la SEMARNAT no cuenta con información para determinar si los pagos reportados por cada municipio fueron correctos, ya que únicamente cuenta con información de sus sistema SINAT, el cual no emite un padrón o listado de los concesionarios vigentes que incluya las características de cada concesión, a fin de que esa dependencia determine el monto a pagar por cada concesionario y determine si alguno fue omiso.

Se carece de facultades para verificar el cumplimiento de pagos de concesionarios. La SEMARNAT no está facultada para verificar que los concesionarios realicen el pago de Derechos por uso, goce o aprovechamiento, a fin de sancionar con la extinción de la concesión, en caso de omisiones; además, esa dependencia no cuenta con lineamientos, políticas o procedimientos que especifiquen la información que deberá ser presentada de forma trimestral por el municipio a la entidad federativa y, a su vez, de las entidades federativas a la SEMARNAT respecto a los ingresos percibidos. Sólo 10 de 17 entidades reportaron ingresos. Los ingresos recaudados, en 2016, por los Derechos por uso, goce o aprovechamiento, ascendieron a 541.3 millones de pesos, se registraron contablemente y formaron parte de los 3,119.4 millones de pesos reportados en la Cuenta Pública, por concepto de “Derechos por el uso, goce o aprovechamiento o explotación


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de bienes de dominio público/Otros/Concesiones y permisos para el uso o goce de inmuebles. Sin embargo, de 17 entidades federativas costeras, únicamente 10 reportaron ingresos por Derechos por uso, goce o aprovechamiento, por lo que la información presentada en la Cuenta Pública 2016 no es correcta. El SAT desconoce las razones por las que no hubo recaudación en las siete entidades federativas restantes, debido a que las facultades de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos en comento, entre otros conceptos, corresponden a la Entidad Federativa o a sus municipios.

Deficiente vigilancia por parte de la profepa. Se comprobó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de una muestra de 149 visitas de inspección, verificaciones, recorridos y opertivos, en siete casos no determinó observaciones, en 86 casos determinó observaciones y en 53 recorridos que se realizan de manera visual, la PROFEPA no genera reportes de las mismas.

Sugerencias de la ASF a la Cámara de Diputados Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto y Cuenta Pública, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, revise y evalúe modificar el artículo 32 Bis, y demás artículos vinculados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con facultades para vigilar, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, que los permisionarios y concesionarios cumplan con sus obligaciones de pagar los derechos por servicios, y por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las palayas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, y que las entidades federativas y sus municipios reporten la recaudación correspondiente para su presentación en la Cuenta Pública.

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública, revise y evalúe modificar el artículo 3 y demás artículos vinculados de la Ley Federal de Derechos, para que el Servicio de Administración Tributaria cuente con la facultad de verificar y supervisar la recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, estos últimos considerados ingresos federales coordinados que, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, estén delegados para su administración a las entidades federativas y municipios. Número Observaciones: 5; Número Acciones: 6 (5R, 1PRAS). Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión al respecto, ya que el monto reportado en Cuenta Pública corresponda a la recaudación de derechos que se debió obtener por la prestación de servicios y por el uso, goce o aprovechamiento de las playas la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.


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Comisión Nacional del Agua. “Conducción de las Políticas Hídricas”. Auditoría de Desempeño, No. 0395. Objetivo: Fiscalizar las acciones orientadas a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, a efecto de garantizar su acceso a la población y a los ecosistemas. Antecedentes: En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se señala que el agua es un recurso finito indispensable para la vida, la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico. Por ello, se le considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y política de nuestra nación; y que si bien en algunas regiones el agua es suficiente para satisfacer las demandas sin conflictos de por medio, en dos tercios del territorio, donde ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración demográfica más importante, existe una gran presión, al encontrarse comprometido para usos previamente establecidos, por o que resulta de gran importancia articular un modelo de gestón de recursos hídricos eficiente y flexible; también se menciona que en 1950 México tenía 25.8 millones de habitantes y en 2013 contó con 118.4 millones de personas. El problema central que la CONAGUA definió en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas” fue la “carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una gestióncordinada y efectiva del agua”. Hallazgos relevantes: Sin instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica. La CONAGUA signó convenios de concertación con el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C.; la Federación Nacional de Municipios, A.C., y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C., para favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, no acreditó que para 2016, suscribió convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Deficiente conducción de la Política Hídrica Nacional. La CONAGUA no documentó que se hubiese coordinado con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para conducir la política hídrica nacional definida en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, la CONAGUA dispuso de la política hídrica nacional, la cual se sustentó en los 22 principios y los 8 instrumentos básicos definidos en la Ley de Aguas Nacionales, con objeto de fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, a fin de avanzar en la seguridad y sustentabilidad hídrica, mediante el ordenamiento y regulación en el uso del agua en cuencas y acuíferos.


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Riesgo de seguridad nacional para 119.5 millones de mexicanos. Debido a que el agua es un asunto de seguridad nacional, en la programación de la política hídrica nacional se definieron seis objetivos nacionales, los cuales se vincularon con la operación de 21 programas presupuestarios, sin embargo, la CONAGUA no contribuyó a eliminar el problema público por lo que persiste la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua. Lo anterior, pone en riesgo el abasto para 119, 530,753 mexicanos en el país. Número Observaciones: 4; Número Acciones: 4 (4 RD). Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, mediante el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, la CONAGUA dispuso de una política hídrica nacional; no obstante persiste el problema público relativo a la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua. Comisión Nacional del Agua. “Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua”. Auditoría de Desempeño, No. 0410. Objetivo. Fiscalizar la aplicación de instrumentos normativos que propicien la administración del agua, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del recurso hídrico. Antecedentes: En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018 se destacó que la problemática central que enfrenta el sector hídrico se divide en dos aspectos: sobreexplotación y sobre concesión de agua, ocasionadas, entre otras causas, por la falta de armonía y coordinación entre políticas públicas, la insuficiente medición del agua extraída y la existencia de un sistema de concesiones y asignaciones de agua superficial y subterránea regido por la Ley de Aguas Nacionales, que no ha podido consolidar la administración del recurso hídrico por la carencia de instrumentos y mecanismos, tales como las visitas de inspección, a efecto de asegurar la aplicación rigurosa de dicha ley e implementar eficazmente las políticas públicas en la materia. En el programa presupuestario (Pp) G010 “Gestión Integral y Sustentable del Agua”, bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se identificó que la problemática por atender es que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada por la falta de aplicación de instrumentos normativos, lo cual es ocasionado por la poca atención de los trámites de administración del agua que provoca la baja inscripción de títulos respecto del total de títulos turnados; y las actas de visitas de inspección sin calificar, originado por la falta de medición automatizada en aprovechamientos e insuficientes visitas de verificación, carencia de inspecciones de campo en aprovechamientos de agua en sitios de ocupación o descargas vertidas en cuerpos receptores de propiedad nacional en las que se analiza la calidad, así como los volúmenes de agua susceptibles de ser


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recuperados que no han sido identificados, sin que la entidad cuantificara la magnitud del problema y los factores causales que lo originaron. Hallazgos relevantes: Aguas Nacionales no están administradas de manera adecuada. En el otorgamiento e inscripción de los títulos de concesión y asignación en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) la CONAGUA notificó 148, 353 resoluciones de trámites y títulos inscritos, lo que significó un avance del 99% respecto de la meta de realizar 149,778 trámites; recibió 19,640 solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación, de las cuales atendió 15.7% (3,089) dentro del plazo de sesenta días hábiles, el 22.2% (4,358) fueron atendidas después del plazo, y el 62.1% (12,193) aún se encuentra en espera de resolución. Después de la intervención de la ASF, la CONAGUA elaboró un programa de trabajo a fin de dar atención a este rezago. Rezago en solicitudes de inscripción de movimientos en el Registro. En ese año, la comisión atendió 23,596 (52.8%) solicitudes de inscripción de movimientos en el REPDA de las 44,675 recibidas, por lo cual se registró un atraso de 47.2% (21,079) porque 13,716 (65.1%) se encontraban en proceso de resolución y 7,363 (34.9%) fueron reasignadas. No realizó las 120,000 verificaciones programadas en campo. En materia de supervisión, en 2016, la CONAGUA realizó 6,732 (91%) visitas de inspección de las 7,400 programadas y la medición en las 1,169 (100%) estaciones instaladas en aprovechamientos de aguas subterráneas; sin embargo, no acreditó los criterios para la selección de usuarios a fin de realizar las mediciones en 1,169 estaciones ni sus resultados; así mismo, careció de recursos para realizar las 120,000 visitas de verificación programadas, lo que limitó los actos de autoridad que llevó a cabo la CONAGUA. Incumplimiento en la publicación de 29 decretos. En lo que respecta a la aplicación de instrumentos normativos para el mejoramiento de la administración del recurso hídrico, la CONAGUA publicó dos decretos en los cuales se identificaron las seis cuencas reportadas en la Cuenta Pública 2016 para el indicador “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados”; precisando que el indicador se refiere al número de cuencas con decreto y no al número de decretos publicados, con lo que registró un avance del 19.4% respecto de la meta de publicar 31 de dichos instrumentos. No se puede verificar el avance en la gestión integral y sustentable del agua. En cuanto a la contribución para la gestión integral y sustentable del recurso hídrico, en el año de la revisión, la CONAGUA reportó un alcance de 0.582 en el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH), con lo que registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución en la administración del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua.


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En riesgo el acceso de 119.5 millones de mexicanos al vital líquido. La falta de medidas de control para disponer de la documentación que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua, y la incorrecta integración del método de cálculo y variables de los indicadores “Decretos de reserva de agua para uso ambiental”, “Verificación del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”, así como del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica, impidió precisar el avance en la atención del problema público relativo a que las aguas nacionales y sus bienes púbicos inherentes no están administradas de manera adecuada por la falta de aplicación de instrumentos normativos y su contribución al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, lo que pone en riesgo el acceso de los 119.5 millones de mexicanos al vital líquido. Consecuencias Sociales: En 2016, la CONAGUA avanzó en la administración del recurso hídrico; sin embargo, la falta de medidas de control para disponer de la documentación que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua, y la correcta integración del método de cálculo y variables de los indicadores “Decretos de reserva de agua para uso ambiental”, “Verificación del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”, así como del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica, impidió precisar el avance en la atención del problema público relativo a que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administradas de manera adecuada por la falta de aplicación de instrumentos normativos y su contribución al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, lo que pone en riesgo el acceso de los 119, 530,753 mexicanos al vital líquido. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 6 (6 RD). Dictamen: En opinión de la ASF prevaleció el problema público referente a que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada. Comisión Nacional del Agua. “Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego”. Auditoría de Desempeño, No. 0418. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el uso eficiente del aguay el aumento de la producción y productividad en la agricultura, mediante la entrega de subsidios para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. Antecedentes: Para atender la problemática del agua, en 2016 los programas de infraestructura hidroagrícola que operaba la CONAGUA se fusionaron en el denominado “Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola”, debido a la restructuración presupuestaria que mandató la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para reorganizar los recursos y eliminar duplicidades de esfuerzo, y, con ello, cumplir con las metas y objetivos nacionales establecidos en los


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documentos de planeación de mediano plazo, así como para alcanzar mayor eficiencia en el control de los recursos, evaluación y seguimiento. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola se compone de cuatro subprogramas: Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; Temporal Tecnificado; Apoyos Especiales y Estratégicos, y Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; este último materia del presente informe, cuyo propósito es el de mejorar las obras de infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego, mediante apoyos a las Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad Limitada para la rehabilitación y modernización, así como la tecnificación del riego, que se integra de los cuatro componentes que se presentan a continuación: 1) Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego; 2) Equipamiento de la Infraestructura Hidroagrícola; 3) Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque, y 4) Riego por Gravedad Tecnificado, los cuales, en su conjunto, beneficiaron a 413 usuarios hidroagrícolas. Hallazgos relevantes: Sin mecanismos para verificar el efecto de 1 mil 840.2 millones de pesos en el objetivo del programa. La CONAGUA entregó por medio del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, 1,165 subsidios, a 413 usuarios hidroagrícolas, equivalentes a 1,840.2 millones de pesos, no obstante, no contó con información para determinar si dichos subsidios contribuyeron al logro del objetivo del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. Desconocimiento de los efectos de los programas públicos. La CONAGUA no contó con información de la programación por concepto de obras realizadas, por medio del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, lo que dificultó conocer si dichas obras fueron pertinentes y suficientes para atender el deterioro y la falta de infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. Careció de mecanismos para el registro y generación de información que permita verificar el efecto del subprograma en los usuarios hidroagrícolas apoyados en 2016, respecto del uso eficiente del agua, la producción y la productividad de la agricultura. Incremento en producción agrícola en distritos de riego no se relaciona con obras de CONAGUA. En cuanto de la producción agrícola, se identificó que ésta se incrementó 4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010, a 54.1 millones en 2016, mientras que la productividad creció 6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de producción agrícola por habitante a 17.7 toneladas en el periodo referido; sin embargo, la CONAGUA no acreditó que dichos aumentos se relacionaran con las obras que realizó en 2016. Pérdidas en la conducción del agua. Se comprobó que se registró una pérdida promedio de 7.1% en la conducción del agua de la fuente de abastecimiento al punto de control, mientras que dicho punto a la parcela fue del 28.1% lo que difiere el Plan Nacional Hídrico 2013-2018,


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respecto de reducir las pérdidas de agua y del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, de promover el manejo eficiente del agua. Dejó de beneficiar a Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad Limitada. La CONAGUA apoyó a 306 Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad Limitada con el componente de Rehabilitación y Modernización, lo que representó el 105.5% de la población objetivo; con el componente de Equipamiento registró un porcentaje de atención de 73.2%, ya que atendió a 93 Asociaciones y Sociedades, el 83.5%, y con el componente de Riesgo por Gravedad Tecnificado alcanzó el 97.1%, al beneficiar a 69 Asociaciones y Sociedades lo que significó que, en estos 3 últimos componentes, dejó de beneficiar al 26.8%, 14.7% y 2.9%, respectivamente. Debilidades en mecanismos de control no permiten que infraestructura se utilice para fines autorizados. En cuanto a los requisitos y obligaciones generales establecidos en las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de 2016, se determinó que entre el 95% y el 100% de los 413 beneficiarios apoyados en 2016 no cumplieron con al menos uno de los requisitos y obligaciones generales establecidas en las reglas de operación del programa, por lo que evidenció debilidades en sus mecanismos de control para asegurar que la infraestructura concesionada y apoyada con subsidios económicos se utilizó para los fines autorizados. CONAGUA no rindió cuentas sobre 1,165 subsidios. Se constató que los 1,165 subsidios otorgados por la CONAGUA, 3, equivalentes a 3.2 millones de pesos, del componente Equipamiento, rebasaron el monto establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y que la entidad fiscalizada no rindió cuentas sobre el grado de atención al fenómeno problemático que originó la intervención del Estado, mediante la entrega de subsidios para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola, ni sobre el objetivo del programa, referente a promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y productividad en la agricultura en los distritos de riego. Inexistencia de criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad para usar recursos púbicos. La entidad fiscalizada no contó con un sistema de control para promover que la presupuestación se realice con criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, lo que limitó conocer cuánto del problema público se pretendía o se podía resolver con los recursos asignados al subprograma y la relación costo-eficiencia, costo-eficacia y costo-beneficio de la implementación del subprograma. Consecuencias Sociales. La entrega de 1,165 subsidios equivalentes a 1,840.2 millones de pesos para la rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y conservación de los distritos permitió el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola y, con ello, atender el deterioro y la falta de infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego; sin embargo, la CONAGUA no contó con mecanismos para el registro y generación de información del uso eficiente del agua, y no acreditó que el aumento de la producción agrícola en los distritos de


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riego (4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010 a 54.1 millones en 2016) y el aumento de la productividad (6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de producción agrícola por hectárea a 17.7 toneladas en el periodo referido) se relacionaran con las obras de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento en los distritos de riego en 2016, lo que repercute en la toma de decisiones para evaluar los efectos de los subsidios otorgados a los 413 usuarios hidroagrícolas en el año referido. Número de observaciones: 10; Número de acciones: 23 (23 RD). Dictamen: En opinión de la ASF, la CONAGUA no contó con mecanismos para el registro y generación de la información que permitiera verificar el efecto del subprograma en los usuarios hidroagrícolas apoyados en 2016. Comisión Nacional del Agua. “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua”. Auditoría de Desempeño, No. 0421. Objetivo. Fiscalizar el monitoreo y estudio de la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la toma de decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido. Antecedentes: El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y asunto de seguridad nacional. En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, el ente fiscalizado señaló que el problema que justificó la implementación de dicho programa fue que no se contaba con suficiente información técnica actualizada, oportuna y confiable en materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones, ocasionado por la insuficiencia de estudios técnicos, monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, así como deficiencia e insuficiencia de infraestructura y equipos de medición. Para atender esta problemática, el objetivo de Pp E006 se orientó a elaborar instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico con calidad y al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. Hallazgos relevantes: Incumplimiento en regular la contaminación en acuíferos. La CONAGUA identificó que en 232 acuíferos debía realizar exámenes del agua, sin que evaluara técnicamente con base en el monitoreo la condición hídrica de los mismos, lo que no le permitió obtener información técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de calidad del agua subterránea, que sirviera


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de base para regular la contaminación en acuíferos. Por lo que incumplió con su atribución de realizar los estudios de calidad de los cuerpos de agua mandatada en la Ley de Aguas Nacionales. Inexistencia de indicadores para evaluar integración y difusión de la información. La CONAGUA integró la información estadística disponible de la calidad del agua en el Sistema Nacional de Información del Agua, para mantener actualizado y difundir el inventario de la condición del agua superficial y subterránea en cuencas y acuíferos sin que diseñara los indicadores para evaluar el proceso de integración y difusión de la información. Incumplimiento en la elaboración de instrumentos regulatorios en materia de agua. No acreditó la elaboración de instrumentos regulatorios en 2016, como las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua, para contribuir a mejorar la administración del recursos hídrico, lo que implicó que no utilizó la información sistemática, actualizada y permanente del monitoreo, los estudios técnicos y el Sistema Nacional de Información del Agua para regular los cuerpos de agua contaminados del país, por lo que no avanzó en la atención del problema público que justificó la implementación del programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”. Diferencias entre el diseño e implementación del IGSH. Se constató que la CONAGUA reportó un alcance de la meta establecida en el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) de 0.582, cono que registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, el IGSH presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la calidad del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. Información técnica incompleta, no se usa para la toma de decisiones. No utilizó la información técnica con la que contó para formular y aplicar instrumentos normativos que regularan la contaminación de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos de nuestro país, por lo que se desconoce si mejoró su administración y en qué medida contribuyó con el fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido a fin de garantizar que los 119, 530,753 mexicanos tengan acceso a este con las características y particularidades necesarias para su consumo. Consecuencias Sociales: En 2016, la CONAGUA no utilizó la información técnica con la que contó para formular y aplicar instrumentos normativos que regularan la contaminación de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos de nuestro país, por lo que se desconoce si mejoró su administración ni en qué medida contribuyó con el fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido a fin de garantizar que los 119,530,753 mexicanos tengan acceso a éste con las características y particularidades necesarias para su consumo. Número Observaciones: 4; Número Acciones: 5 (6 RD).


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Dictamen. En opinión de la ASF, en 2016 la Comisión Nacional del Agua desconoció el avance en la atención del problema público relativo a la falta de información técnica actualizada en materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones. Comisión Nacional del Agua. “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad de Agua”. Auditoría de Desempeño, No. 0422. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento del monitoreo actualización de la disponibilidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la toma de decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. Antecedentes: En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se destacó que la problemática del agua en cuanto a cantidad se concentró en la sobreexplotación y sobre concesión del recurso hídrico; y que la administración del agua ha sido incompleta al no aplicarse rigurosamente la Ley de Aguas Nacionales, principalmente por la reducida capacidad de la autoridad del agua para realizar visitas de inspección y al no instrumentar estrategias que permitan aprovechar el recurso hídrico de acuerdo con su disponibilidad. Asimismo, en el PNH se señaló que, de las 731 cuencas del país, 104 (14.2%) presentaron problemas de disponibilidad y de los 653 acuíferos, 106 (16.2%) estuvieron sobreexplotados. Para avanzar en la atención de esa problemática, el ente fiscalizado incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 el Pp E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, cuyo objetivo consistió en generar información técnica en materia de cantidad del agua que permitiera elaborar instrumentos regulatorios, a efecto de mejorar la administración del recurso hídrico y contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. Para ello, en 2016 se ejercieron 426.0 millones de pesos con cargo al citado Pp. Hallazgos relevantes: Índice Global de Sustentabilidad Hídrica no confiable. El Índice Global de Sustentabilidad Hídrica de la CONAGUA reportó un alcance de 0.582, con lo que se registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para este año; sin embargo, presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la disponibilidad del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. Déficit en la disponibilidad de cuencas y acuíferos. La CONAGUA publicó la disponibilidad del recurso hídrico de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos, de las cuales 14.3% (108) de las cuencas y 31.4% (205) de los acuíferos, presentaron déficit del líquido. Con base en la disponibilidad natural de aguas superficiales y subterráneas correspondiente a 449,964.5 millones de metros cúbicos y el número de habitantes del país publicado en la Encuesta


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Intercensal 2015 del INEGI, la ASF precisó que, para 2016, la disponibilidad natural media per cápita de agua fue de 3,765.4 metros cúbicos por habitante por año, cifra inferior en 24.7% de los 5000 metros cúbicos por habitante por año recomendados como mínimo por la FAO, mientras que en 2000, fue de 4,841.0 metros cúbicos por habitante por año, lo que representa un riesgo en el acceso y la disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras. Desconocimiento del avance del problema público relativo a la situación en cuencas y acuíferos. Respecto del monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos, la revisión mostró que, e 2016, la CONAGUA operó 3,882 estaciones en cuencas y 112 redes de monitoreo piezométrico en acuíferos; no obstante, al carecer de un diagnóstico actualizado del número de estaciones y redes que se requieren para que el monitoreo sea completo, no es posible determinar si la información es suficiente para apoyar la toma de decisiones sobre la situación de cuencas y acuíferos. No cuenta con información actualizada para realizar estudios en aguas subterráneas. Realizó los 30 estudios programados en acuíferos, considerando los datos obtenidos del monitoreo y priorizando los acuíferos que se encontraron con mayor necesidad, con lo que cumplió la meta al 100% del indicador “Porcentaje de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año”. La CONAGUA incorporó los datos del monitoreo en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales para actualizar la disponibilidad media en cuencas. Sin embargo, no contó con el diagnóstico actualizado de las redes de monitoreo necesarias para recopilar datos técnicos de la cantidad del recurso hídrico, aunado a que, para 2016, no realizó estudios en aguas subterráneas, por lo que persiste el desconocimiento del deterioro de los acuíferos no estudiados. Insuficientes instrumentos para regular uso, aprovechamiento y explotación del agua. Incorporó al Sistema Nacional de Información del Agua los datos técnicos en materia de cantidad del agua superficial y subterránea, sin que acreditara que toda la información derivada del monitoreo se incluyera en este Sistema ni contó con un manual de procedimientos para realizar dicha labor, lo que limita evaluar si los datos contenidos en dicho sistema son suficientes para atender la atribución de la CONAGUA en materia de difusión de la información respecto de la cantidad, calidad, usos y conservación del agua. En riesgo la disponibilidad del agua por no contar con datos válidos. Determinó que 108 cuencas y 205 acuíferos se encontraron en déficit, por lo que, en 2016 acreditó la expedición de reglamentación para la suspensión o limitación provisional de la libre extracción del agua en cuencas y acuíferos, pero, debido a que no se cuenta con la certeza que los datos del monitoreo son los requeridos, los instrumentos regulatorios son insuficientes para controlar la explotación del recurso hídrico, constituyendo un riesgo para la disponibilidad del agua. México un país de baja disponibilidad del vital líquido. La contribución de la CONAGUA al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido fue limitada, ya que la disponibilidad natural media per cápita del agua continuó disminuyendo, lo que representa un


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riego en el acceso en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras, de 2000 a 2016 la disponibilidad per cápita se redujo 22.2%,lo cual califica al país como de baja disponibilidad y desconoció el avance en la atención del problema público relativo a la falta de información técnica actualizada en materia de disponibilidad del agua para la toma de decisiones. Consecuencias Sociales: Con base en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas de 449,964.5 millones de metros cúbicos publicada por la CONAGUA y los 119.5 millones de habitantes del país señalados en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la ASF precisó que la disponibilidad mínima natural media per cápita recomendada por la FAO de 5,000 metros cúbicos por habitante por año, lo que representa un riesgo en el acceso y disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras en el país. Número de observaciones: 4; Número de acciones: 4 (4 RD). Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016 la contribución de la Comisión Nacional del Agua al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido fue limitada. Comisión Nacional del Agua. “Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0397. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. Antecedentes: Con la construcción de la tercera línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, ubicada entre la torre de oscilación núm. 5 (TO5) y el portal de entrada del túnel Analco-San José, en el Estado de México, con una longitud de 72.0 km y que se diseñó para conducir un gasto de 12.0 metros cúbicos por segundo, se tienen como propósitos garantizar la continuidad del suministro de agua potable de dicho sistema a la Ciudad de México y su área metropolitana y a la ciudad de Toluca mediante un tercer acueducto con un periodo de vida mayor que el de las líneas actuales y mantener la operación del sistema, así como la inspección, diseño y rehabilitación de las líneas de conducción existentes sin necesidad de cortar el suministro del líquido a los usuarios finales, al tiempo de evitar costos sociales por el mejor mantenimiento de la red. Hallazgos relevantes: Incumplimiento de la normatividad aplicable. No se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización y presentación de factura; y se omitió registrar en la bitácora a autorización de las estimaciones y el resultado de las pruebas de calidad y lo relacionado con las normas de protección al ambiente.


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Pagos duplicados en la integración de costos indirectos. Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron 14.1 y 4.9 millones de pesos del personal técnico, administrativo y paramédico, así como de cargos adicionales que se encuentran incluidos en la integración del costo indirecto; asimismo, se pagó el concepto extraordinario referente al “Parcheo interior y exterior…”, sin considerar que este trabajo se encuentra incluido en los conceptos de instalación de tubería del contrato. Pagos por trabajos fuera de lo contratado. Se pagaron 35.7 millones de pesos en conceptos extraordinarios de maquinaria pesada para trabajos fuera del alcance contratado. Pago por trabajos inconclusos. Se pagó el concepto extraordinario referente a “Trabajos de aislamiento parcial dentro del tanque Santa Isabel…”, sin que este trabajo se haya concluido. Inconsistencia en pagos por concepto de reforestación. Se pagaron 2.2 millones de pesos en reforestación con especies nativas de la región, sin que se acreditara el costo directo de $79.85 incluido en el precio unitario, ya que es mayor que el liquidado en las facturas de $70.00 por pieza. Número Observaciones: 6; Número Acciones: 7 (6 SA, 1 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos):57.0; operadas: 0.0; probables: 57.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Comisión Nacional del Agua. “Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0401. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México; y consiste en la construcción de túneles profundos y semiprofundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente.


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Con la construcción del canal colector de los ríos de Oriente, el cual forma parte del sistema hidrológico del lago de Texcoco, se lograrán captar los afluentes de los nueve ríos de Oriente, así como las aguas pluviales del Valle de México y de los ríos de La Compañía y Churubusco provenientes del Estado de México y de la Ciudad de México, con el propósito de evitar las inundaciones de la zona y mejorar sustancialmente la operatividad del nuevo aeropuerto, lo que redundará en la obtención de beneficios directos por la generación de servicios adicionales de transporte aéreo de pasajeros y de carga. Hallazgos relevantes: Inobservancia a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se evaluaron las proposiciones de tres licitaciones públicas nacionales, sin considerar que las ofertas ganadoras no cumplieron con los requisitos señalados en la convocatoria y en las bases de licitación, además de que se observaron errores en el cálculo, análisis e integración del costo por financiamiento. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 3 (3 PRAS). Dictamen. Cumplió excepto por las irregularidades. Comisión Nacional del Agua. “Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0403. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: Como parte del entubamiento de cauces que complementarán el sistema de drenaje actual y con el propósito de mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el tiradero clandestino de residuos sólidos, así como la generación de reacciones anaerobias y de gases tóxicos de olor punzante que ponen en riesgo la salud de la población y el ecosistema cercano al río de los Remedios, ubicado en el límite de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del embovedamiento de dicho río, en el cual se considera un conducto con la geometría y estructuras hidráulicas necesarias que eliminen los riesgos de desbordamiento, mejoren las condiciones ambientales de la zona y permitan un mejor funcionamiento del sistema de drenaje superficial mediante un entubamiento de 3.00 metros de diámetro interior con tubería basada en materiales plásticos o resinas para lograr un caudal combinado de hasta 12.5 m3 por segundo y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel Interceptor Río de los Remedios.


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Hallazgos relevantes: Uso de bitácoras convencionales sin autorización de la secretaría de la función pública. En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada uso bitácoras convencionales sin la autorización de la Secretaría de la Función Pública y no se realizaron los registros en ellas conforme a la normativa aplicable. Convenio modificatorio irregular. La CONGUA celebró un convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución contractual sin que se justificara el periodo incluido en el mismo; se formalizó un dictamen para suspender los trabajos sin justificar las razones que lo fundamentaron. Cambios sin la celebración del convenio modificatorio. No se comprobó el cumplimiento de la calidad de la tubería de PEAD y sus accesorios suministrados; y que se efectuaron modificaciones del proyecto original sin que se regularizaran dichos cambios mediante la celebración del convenio correspondiente. Desatención de la empresa de supervisión externa deriva en pagos indebidos. Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos injustificados en diversos por conceptos por un importe total de 377.6 millones de pesos. Número de observaciones: 13; Número Acciones: 14 (9 SA, 5 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 38.2; Operadas: 0.0; Probables: 38.2. Adicionalmente, existen 339.4 millones de pesos por aclarar. Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Comisión Nacional del Agua. “Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0406. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Antecedentes: El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México. La ejecución de las obras, tiene el propósito de dar sustento a la obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la


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confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. El proyecto de la construcción del Túnel Chimalhuacán II minimizará el riesgo de inundaciones y encharcamientos en las zonas aledañas al lago de Texcoco, principalmente en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, debido a que los sistemas de drenaje han sido rebasados en su capacidad de manera particular en la época de lluvias. Hallazgos relevantes: Pagos indebidos por diferencias de volúmenes de obra y conceptos no especificados en contrato. Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por un importe de 4.0 millones de pesos por diferencias de volúmenes entre los pagados y los ejecutados en el proyecto. Asimismo, se realizaron pagos por trabajos fuera del alcance del contrato por un importe de 12.5 millones de pesos. Número Observaciones: 6; Número Acciones: 6 (6 SA). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 4.1; Operadas: 0.0; Probables: 4.1. Adicionalmente, existen 12.5 millones de pesos por aclarar. Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Comisión Nacional del Agua. “Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Sana María, en el Estado de Sinaloa”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0416. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: El proyecto hidroagrícola de la presa de almacenamiento Santa María forma parte del proyecto integral Baluarte-Presidio, con el que se pretende incorporar al cultivo la modalidad de riego por gravedad tecnificado y favorecer aproximadamente a 24,250 hectáreas de cultivo; para ello, se requiere concentrar los escurrimientos del río Baluarte y sus afluentes con el fin de proporcionar agua para riego y agua en bloque para uso urbano y de servicios, con la posibilidad de generar energía eléctrica. La población que se estima beneficiar es de 2,551 familias, que corresponden aproximadamente a 12,775 habitantes; y en lo futuro la población que se pretende beneficiar con la realización del proyecto asciende a un total de 429,600 habitantes, incluyendo a los habitantes de los municipios de Escuinapa y Rosario, en el estado de Sinaloa.


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Hallazgos relevantes: Inconsistencias en cumplimiento de contratos por 8.5 milllones de pesos. Se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, así como tres convenios de colaboración. Se determinaron diferencias por un monto de 8.5 millones de pesos integrados en los siguientes conceptos: 541.9 miles de pesos por duplicidad en volúmenes de obra; 7.9 millones de pesos en diez conceptos no considerados en el catálogo de conceptos original, así como deficiencias en el control, registro y llenado de la bitácora de obra. Número Observaciones: 2; Número Acciones: 2 (2 SA). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 8.5; Operadas: 0.0; Probables: 8.5. Dictamen: Cumplió.


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6. Análisis de la Fiscalización en el Sector Energía


Elevados recursos presupuestarios destinados al sector energía. En 2016, el presupuesto real ejercido por la Secretaría de Energía fue de 328 mil 995.9 millones de pesos, significativamente superior en 182.5% respecto al ejercicio 2015.

Reducción presupuestaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 2016 en el contexto de una tendencia creciente del presupuesto real. En 2016, el presupuesto real ejercido por PEMEX fue de 582 mil 666.3 millones de pesos, monto inferior en 3.3% respecto de 2015. Sin embargo, entre 1995-2016, el gasto real ejercido por PEMEX registró una tasa media anual de crecimiento de 6.2%.

Tendencia mixta del presupuesto real ejercido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2016, el gasto real ejercido fue de 333 mil 235 millones de pesos, mayor en 1.1% respecto del observado en 2015. Entre 1995 y 2016, el gasto de la CFE registró una tasa de crecimiento media anual de 4.4%.

Baja contribución de los ingresos petroleros al Estado. Para el periodo 1998-2016, los ingresos públicos petroleros representaron 33.5% de los ingresos totales del sector público, la tendencia general revela que ha ido a la baja. De 1998 a 2012, la tendencia fue ascendente al pasar de 32.3% en 1998 a un porcentaje de 47.0% en 2012, su nivel más alto. De 2013 a 2016 la proporción de los ingresos petroleros en el total de los ingresos públicos fue a la baja al pasar de 33.2% en 2013 a sólo 16.3% en 2016.

Aumento en la deuda de largo plazo de PEMEX asociada fundamentalmente a los PIDIREGAS. La deuda de PEMEX respecto a los PIDIREGAS se incrementó de forma considerable al pasar de 198 mil 645.0 millones de pesos en 2002 a 1 billón 807 mil 004.5 millones de pesos en 2016, lo que significó un crecimiento de 809.6%. esta deuda se computa fundamentalmente como deuda de largo plazo.

Resultados satisfactorios por adquisición de cobertura petrolera. El costo total de las coberturas petroleras de 2001 a 2016 fue de 135 mil 237.1 millones de pesos, y de los dieciséis años sólo se registraron ingresos en 2009, 2015 y 2016. En 2016, se observa un aumento en el costo de las coberturas petroleras de 67.2%, al pasar de 10 mil 467.0 millones de pesos a 17 mil 503.0 millones de pesos, cubriendo 16.0 millones de barriles de petróleo menos que en 2015. La contratación de las coberturas petroleras durante el periodo 2001-2016, han tenido ingresos no recurrentes por 225 mil 603.5 millones de pesos y registrados en las cuentas de finanzas públicas como ingresos por aprovechamientos27, lo que permite convertir un ingreso financiero en uno con carácter fiscal. Esto indica la complejidad del manejo de este tipo de instrumentos financieros.


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Baja producción de petróleo crudo. En 2016, respecto del ejercicio 2015, la producción total de petróleo crudo registró una caída de 4.9%, lo que significó una disminución de 113.3 miles de barriles diarios de producción. En 2016 se registró el nivel más bajo de producción de crudo desde 1998.

Producción de petrolíferos a la baja. En 2016, respecto del ejercicio 2015, la producción de petrolíferos registró una caída de 11.6%, lo que significó una disminución en el volumen de producción de 148.1 miles de barriles diarios; en 2016 se registró el nivel más bajo de producción de petrolíferos, del período 1998-2016.

Disminución en la elaboración de petroquímicos. PEMEX registró una caída en la producción de petroquímicos, al pasar de 9,939.4 miles de toneladas en 2015 a 8,968.9 miles de toneladas en 2016, es decir, una disminución en su producción de 970.6 miles de toneladas.

Importación de gasolina. En 2016, las importaciones de gasolina ascendieron a 505.1 miles de barriles diarios, volumen superior en 27.1% al registrado en 2012. Mientras que las exportaciones de petróleo crudo disminuyeron en 4.9%, al pasar de 1,255.0 miles de barriles diarios en 2012 a 1,194.0 miles de barriles diarios en 2016.

Rondas de licitación petrolera: resultados inciertos a tres años de la reforma energética.

RONDA 1

Ronda 1.1. En la primera licitación de aguas someras, se asignaron 2 de los 14 bloques, es decir, 14.3% de la oferta total; 8 de los bloques no recibieron oferta (57.1%), 4 bloques adicionales si recibieron ofertas (28.6%), pero no fueron otorgados al no cumplir el mínimo establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dos quedaron cerca de lo fijado. La participación dentro de las licitaciones sumó un total de 25 licitantes precalificados, 18 individuales y 7 consorcios.

Ronda 1.2. La segunda licitación está compuesta por 5 áreas en aguas someras para

extracción de hidrocarburos; las tres primeras se encuentras ubicadas frente a las costas de Tabasco, y las otras dos áreas (4 y 5) frente a las costas de Campeche, equivalentes a 2.7 mil millones de barriles de crudo y 2.2 miles de millones de pies cúbicos, con contratos de 25 años.

Ronda 1.3. Esta Ronda en área contractual terrestre, permitirá incorporar una

producción diaria de 75,000 barriles de petróleo crudo equivalente, mismos que requerirán una inversión por 1,200 millones de dólares durante el período de los contratos. Es

Ronda 1.4. Las inversiones en los 8 bloques adjudicados, ascenderán a 34 mil millones

de dólares para aguas profundas, localizados en la provincia petrolera del Golfo Profundo. De las Áreas Contractuales 1, 2, 3 y 4 de Cinturón Plegado Perdido y 1, 3, 4 y


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5 de la Cuenca Salina, con contratos por 35 años con dos posibles prórrogas: la primera, de hasta 10 años; y la segunda de cinco años. Estos ocho bloques tienen una superficie de 22 mil km² y recursos prospectivos totales con riesgo por 2 mil MMbpce.

RONDA 2

Ronda 2.1. De los 15 bloques ofertados, 10 fueron adjudicados, con una inversión esperada de 8 mil 192 millones de pesos, con duración de contratos por 35 años, y producción de 170 mil barriles diarios. El Estado recibirá en promedio 75% del valor de las utilidades operativas.

Ronda 2.2. Los contratos asignados tienen una inversión esperada de aproximadamente 1 mil 099.7 millones de dólares durante los próximos 30 años. En donde el Estado estará recibiendo, en promedio, 75.2% de las utilidades generadas en los contratos adjudicados y regalías que representan ingresos adicionales de 23.7%.

Ronda 2.3. La tercera licitación de la Ronda 2, resultó un éxito con 14 de 14 áreas adjudicadas, destacando la empresa Carso Oil & Gas, de Carlos Slim, en dos de ellas. También destacó la participación de la mexicana Jaguar Exploración y Producción, que obtuvo cinco contratos.

Ronda 2.4. La cuarta licitación de la Ronda 2 podría atraer inversiones totales por 31 mil 500 millones de dólares, con un modelo de contrato de licencia de 35 a 50 años, la cual incluye 30 áreas contractuales, ubicadas en 3 cuencas petroleras, con una superficie total de 70 mil 844 km², de las cuales 9 están en el área de Cinturón Plegado, 10 en Cordilleras Mexicanas, 10 en la Cuenca de Salinas y una en la Plataforma de Yucatán. Se considera un monto promedio de 4 mil 500 millones de dólares por área contractual.

Farmouts Asociaciones PEMEX.

Bloque Trión/Cinturón Plegado Perdido. Se adjudicó a BHP Billiton Petróleo Operaciones

de México el contrato en asociación con Pemex para la exploración y extracción de hidrocarburos, con una regalía adicional de 4% y una oferta de recursos por 624 millones de dólares.

Bloque Ayín-Batsil. A través de su empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y

Producción, llevará a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las asignaciones correspondientes a Ayín-Batsil, ubicadas en aguas someras del Golfo de México, bajo la modalidad contractual de producción compartida, con una superficie de 1 mil 096 km² y cuenta con reservas totales (3P) de 359 MMbpce y 80 MMbpce de Recursos prospectivo total con riesgo.

Campos Cárdenas-Mora y Ogarrio. Cárdenas-Mora tiene una superficie de 168 km² y

reservas totales (3P) de 93 MMbpce.


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Valoración de la Reforma Energética. Una de las razones principales que se dieron para la reforma fue que a través del concurso de agentes privados se revertiría la caída de la producción y de los ingresos. Se estableció una meta mínima anual de transferencia de ingresos petroleros al gobierno de 4.7% del PIB. El resultado ha sido de 1.5% del PIB para 2016; para el período 2017-2022 se estima un promedio de 1.7% del PIB. La conclusión es que a mediano plazo no hay beneficios tangibles en ingresos y producción. Y respecto a las inversiones se deberá cuantificar su entrada anual y la deducibilidad fiscales.

Pensiones excesivas a empleados de PEMEX. A octubre de 2015, PEMEX pagó pensiones diarias de 60 millones 768 mil 152 pesos a sus más de 96,259 jubilados. El gasto mensual fue de 1 mil 823.0 millones de pesos y anual de 21 mil 876.5 millones de pesos.

Capacidad efectiva de los productores independientes de energía (PIE). Con base en el reporte anual de 2016 de la CFE, la capacidad efectiva de generación de energía eléctrica a cargo de la CFE está constituida por 186 centrales generadoras de energía eléctrica, incluyendo a los PIE, distribuidas a lo largo del país.

Se reducen los pagos de pensiones en la CFE. En 2016, la CFE enfrentó una deuda interna de 90 mil 396.5 millones de pesos y una deuda externa de 119 mil 601.1 millones de pesos. En 2016, la empresa productiva del Estado pagó pensiones por 361 mil 114.3 millones de pesos.

Creciente deuda de PIDIREGAS a largo plazo de la CFE que se mantiene como pasivo contingente. La CFE señala que su deuda documentada se incrementó a una tasa anual de 15.0% entre 2011 y 2015, con un aumento similar entre 2015 y la primera mitad de 2016. En el mismo periodo, la deuda PIDIREGAS creció a un ritmo promedio anual de 6.0%.


Secretaría de Energía. “Conducción de la Política Energética”. Auditoría de Desempeño, No.

0430.

Objetivo: Fiscalizar que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo del sector eléctrico. Antecedentes: En el diagnóstico de la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal identificó que los costos de la electricidad eran elevados y poco competitivos, lo que representaba una limitante en el desarrollo de la economía mexicana. La falta de inversión en las redes de transmisión y distribución provocaron altas pérdidas en la capacidad de interconexión y en la producción, lo que aumentó los problemas financieros para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que


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presentó un déficit financiero de 77 mil 000.0 millones de pesos y, en el primer semestre de 2013, su patrimonio disminuyó en 35 mil 000.0 millones de pesos. Asimismo, el Estado reconoce que el problema que se pretende atender es la insuficiente conducción de la política energética. Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se aprobaron 480.2 millones de pesos al Pp P001 que, se encarga de la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; con ello, la dependencia realizaría la conducción de la política energética, en materia de electricidad, que contribuya a asegurar el abastecimiento de energía. Hallazgos relevantes: Principales indicadores en la conducción de la política energética para el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. En materia de electricidad, la SENER abasteció al 98.6% de la población e incidió en la disminución del precio medio del servicio eléctrico en 2.3%; en lo referente a la eficiencia eléctrica, en general se incrementó en 1.3% la capacidad efectiva de generación y, en lo que respecta a infraestructura y energías limpias, la producción de electricidad a partir de fuentes limpias aumentó en 3.8% respecto del ejercicio 2015. Incremento del consumo de energía en relación con la producción nacional. El índice de independencia energética muestra la relación entre la producción y el consumo nacional de energía, en 2015, fue equivalente a 0.97 petajoules (PJ). En el transcurso de los últimos 10 años, este indicador disminuyó a una tasa promedio anual de 3.2%, lo que refleja que hay un mayor consumo de energía en relación con la producción nacional. Incremento del consumo de electricidad per cápita. El consumo de electricidad per cápita aumentó 2.0% respecto del año anterior, esto fue resultado de un mayor incremento del consumo de electricidad (3.1%), comparado con el crecimiento poblacional (1.1%). Cumplimiento de la normatividad por parte de la SENER. La SENER cumplió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y su Reglamento Interior, al evaluar la planeación de la política energética en materia de electricidad, mediante la elaboración y publicación del Informe Pormenorizado 2016, en el que analizó y reportó los resultados y las tendencias de la industria eléctrica nacional, así como realizar las prospectivas del sector 2016-2030 que contienen la reseña del comportamiento y las tendencias energéticas durante los últimos 10 años. Consecuencias Sociales: 2016, la Secretaría de Energía atendió su mandato de conducir la política energética, en materia de electricidad, con la operación del Pp P001 “Conducción de la Política Energética” con lo cual contribuyó a asegurar el abastecimiento de energía eléctrica para los 126,424.6 miles de habitantes del país. Número de Observaciones: 0; Número de Acciones: 0. Dictamen: Cumplió.


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Secretaría de Energía. “Operación del Mercado Eléctrico Mayorista”. Auditoría de Desempeño, No. 0432. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la planeación y el establecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista. Antecedentes: En el diagnóstico incluido en el Dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló que, en 2012, la CFE presentó un déficit financiero de 77 mil 000.0 millones de pesos, y en el primer semestre de 2013 su patrimonio disminuyó en 35 mil 000.0 millones de pesos. También, se mencionó que la CFE enfrentó dificultades en la sustitución de capacidad obsoleta, debido a restricciones de planeación, financiamiento y ejecución de proyectos. Asimismo, se señaló que el 20.7% de la generación de energía eléctrica se basó en tecnologías que consumen combustóleo y diésel, los cuales son costosos y contaminantes. Por lo anterior, el 20 de diciembre de 2013, se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, con el cual se determinó que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la transmisión y distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la nación; el Estado permite la firma de contratos con particulares que lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, propicia la libre competencia en las actividades de generación y comercialización, y establece un diseño para promover la utilización de energías renovables en la generación de energía eléctrica. Hallazgos relevantes: Ineficiente desempeño del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) limitando la expansión del Sistema Eléctrico Nacional. En 2016, de las 80 unidades eléctricas programadas en la categoría firme2 del PIIRCE, únicamente se instalaron 32 (40.0%), 37 (46.2%) se reprogramaron en el PIIRCE y 11 (13.8%) no se reprogramaron porque, de acuerdo con la SENER, las unidades eléctricas no cumplieron con los criterios de firmeza para dicho programa. En cuanto al retiro de unidades eléctricas, se verificó que de las 46 unidades eléctricas programadas, se retiraron 4 (8.7%), correspondientes a combustibles fósiles; reprogramando 91.3% de las unidades eléctricas en el PIIRCE.

2 Son unidades que se instalarán en la fecha indicada por los generadores, siempre y cuando cumplan con los criterios siguientes: a) contar con

un contrato de interconexión legado; b) realizar el pago de estudio eléctrico de impacto del sistema; c) realizar el pago de la garantía financiera; y d) ser asignado en la Subasta de Largo Plazo SLP-01-2015.


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Desfavorable desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). A 2016, se crearon las condiciones para implementar el Mercado Eléctrico Mayorista, sin embargo, éste se encontró en una etapa incipiente, debido a que en el Mercado de Energía de Corto Plazo los 3 participantes privados ofertaron 0.7% (1,935.870 GWh) y la Comisión Federal de Electricidad 99.3% del total de la energía vendida en ese año; asimismo, no se aseguró el cumplimiento de obligaciones del 50.0% (4) de los 8 participantes del mercado que operaron en el Mercado de Energía de Corto Plazo, debido a que no atendieron al menos uno de los requisitos de registro y acreditación ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Participación limitada de los privados en la generación de electricidad. Los resultados de las subastas de largo plazo 2015 y 2016, en materia de energía eléctrica acumulable (EEA), representaron, en su conjunto, el 4.9% respecto de lo generado en 2016 (289,999.858 GWh); asimismo, los certificados de energías limpias (CEL´s) asignados en los dos años de subasta representaron 5.1% del total generado, lo que denota una baja participación de los privados en la generación de electricidad. Deficiencias en la programación de indicadores. Del total de indicadores programados por el CENACE en materia de control operativo en el periodo 2013-2015, cinco no se programaron con base en las metas y avances de los ejercicios previos: En 2016, el indicador de Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional fijó una

meta de 16.3%, sin embargo, en el periodo referido osciló entre el 19.2% y 22.5%. El indicador de Tiempo de Interrupción por Usuario estableció una meta límite de 0.27

minutos por usuario, lo registrado en el periodo fue entre 0.0 y 0.17 minutos por usuario sin el servicio.

El Índice de Calidad de Frecuencia señaló una meta límite de 0.04 horas, lo cual no fue

congruente con los resultados reportados en el periodo, fluctuando un rango de entre 0 y 0.01 horas con la frecuencia fuera de la banda de control establecida.

El Índice de Calidad de Voltaje asignó la meta límite de 0.03 horas en que el voltaje de los

nodos podía estar fuera de las bandas de control establecidas; sin embargo, no se sustentó en lo realizado en el periodo con un rango entre 0 y 0.01 horas, razón por la cual su cumplimiento fue de 166.6%.

El indicador de Desempeño Operativo fijó un límite de 36 maniobras indebidas que pudieran

ocasionar un riesgo en la operación del sistema, aun cuando en el periodo se registraron entre 9 y 29 maniobras indebidas.

Consecuencias Sociales: En 2016, la SENER elaboró la planeación para la expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y creó las condiciones para implementar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con la publicación de los 9 manuales programados. Para la optimización del SEN, el CENACE inició operaciones en el Mercado de Energía de Corto Plazo en el que se


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vendieron 289,999.858 GWh de energía eléctrica, participaron 4 generadores, 1 generador de intermediación y 3 suministradores, lo que permitió la apertura al sector privado en estas actividades; emitió el fallo de dos subastas de largo plazo lo que garantizó la generación de energía limpia; dio acceso libre y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y cumplió con los estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y continuidad en el control operativo del SEN, a fin de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica con calidad y confiabilidad, lo cual contribuye al bienestar de la población y al desarrollo económico del país. Comentario de la UEC. Sin embargo, con independencia de los productores independientes es baja la participación de privados en el mercado eléctrico mayorista en el contexto de la reforma energética. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 9 (9 RD). Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, a tres años de la Reforma Energética, en materia de electricidad, la SENER no ha optimizado la expansión del Sistema Eléctrico Nacional. Centro Nacional de Control del Gas Natural. “Gestión Financiera”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0436. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de sus ingresos por servicios, que se apegaron a las condiciones de sus contratos y tarifas establecidas y la administración de sus recursos, su registro y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. Antecedentes: En el Diario oficial de la Federación del 28 de agosto de 2014, se publicó el Decreto por el que se creó el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con objeto de gestionar, administrar y operar el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) para garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios, y contribuir al abastecimiento del suministro del gas natural en el territorio nacional. La administración y dirección de este organismo está a cargo de un Consejo de Administración integrado por el Secretario de Energía, un representante de las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y Economía, además de dos consejeros independientes y un director general. El CENAGAS actúa como gestor del SISTRANGAS y como transportista de gas natural, mediante la operación y mantenimiento de ductos propios.


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Hallazgos relevantes: Cumplimiento de la normatividad en la suscripción del contrato efectuado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) con Pemex y sus Empresas Productivas del Estado subsidiarias. Para la operación y mantenimiento de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, el CENAGAS formalizó ocho contratos de servicios con Pemex y sus Empresas Productivas del Estado subsidiarias, durante 2016 pagó 2 mil 409.0 millones de pesos por los servicios prestados. Previo al pago de los servicios, los contratistas verificaron los trabajos realizados y se comprobó que el registro de los gastos se realizó de conformidad con el instructivo para el manejo de cuentas pertenecientes al manual de contabilidad gubernamental para el sector paraestatal federal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Resultado desfavorable en el ejercicio de CENEGAS derivado del pago por aprovechamiento. En 2016, CENAGAS reportó 19 mil 588.3 millones de pesos de ingresos y 20 mil 105.2 millones de pesos de egresos, por lo que obtuvo un resultado desfavorable por 516.921 millones de pesos, debido a que la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impuso al CENAGAS el pago de un aprovechamiento por 2 mil 565.0 millones de pesos. Incertidumbre en los volúmenes de gas facturados derivada de la inactividad de gasoductos en el Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG Poza Rica). Los equipos de medición y demás infraestructura instalada en el CPG Poza Rica que Pemex Logística le transfirió a CENAGAS para la operación del Sistema Nacional de Gasoductos, están fuera de operación desde 2013. La cuantificación del volumen del gas se determina por el método de balances, lo que resta certidumbre a los volúmenes facturados. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 R). Dictamen: Cumplió. Comisión Federal de Electricidad. “Adquisición de Energía Eléctrica a los Productores Externos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0486. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los pagos por la adquisición de energía eléctrica, su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron de conformidad con la normativa, así como los beneficios obtenidos por la empresa. Antecedentes: En la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se establece que el sector eléctrico debe transformarse, a fin de que, para 2024, el porcentaje máximo de la electricidad que provenga de combustibles fósiles sea de 65.0%. En ese mismo sentido, en la Ley General de Cambio Climático se establece que en ese año, el 35.0% de la generación eléctrica deberá provenir de energías limpias.


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Al cierre de 2015, la mayor parte de la capacidad en operación renovable continuó dominada por la generación hidroeléctrica que, junto con la energía eólica, representaron el 80.0% de la capacidad instalada en energías limpias; asimismo, entre 2005 y 2015, la energía eólica presentó la mayor expansión en capacidad instalada con el 104.7% anual. Hallazgos relevantes: Suscripción de contratos para la adquisición de energía eólica en apego a los procedimientos establecidos. Los pagos por la adquisición de energía eólica por 3 mil 108.1 millones de pesos realizados a los productores externos, se determinaron de conformidad con las fórmulas establecidas en los contratos, los precios contractuales unitarios de cada uno de los seis contratos, los porcentajes de los precios correspondientes a operación, mantenimiento y otros componentes, así como con los índices de precios de productores de los Estados Unidos de América, tomados como referencia de los periodos de valoración, en cumplimiento del anexo 2 “Pagos mensuales” de los contratos de compra venta de energía. Incumplimiento de las pruebas y calibración de las estaciones de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales reales de las centrales de energía eólica. Los productores externos de energía no calibraron los equipos de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales, en incumplimiento de la cláusula 9.11 de los contratos formalizados. Inconsistencias en el registro contable y presupuestal derivadas de la ausencia de políticas y procedimientos que lo regulen. La información presentada en los Estados Financieros de la Cuenta Pública no reflejó el importe de los pagos realizados a los productores externos de energía eólica, debido a la omisión en cuentas de resultados del registro de pagos realizados a los productores externos de energía eólica durante el periodo de 2011 a 2015, por 7 mil 546.4 millones de pesos, monto que se registró de manera extemporánea en 2016. Lo anterior es reflejo de que la CFE no cuenta con normativa contable para el control y registro de los pagos a productores externos de energía eólica. Adquisición de energía eólica a precios superiores al costo que representa la generación de ese tipo de energía en las centrales de la CFE. La energía eólica producida por la CFE tuvo un costo promedio de 386.2 pesos por MWh, en tanto que la energía eólica adquirida con los productores externos tuvo un precio promedio de 1 mil 440.2 pesos por MWh, superior en 1 mil 054.0 pesos al costo de la energía generada por la CFE en sus centrales eólicas. El diferencial existente entre el costo de generación de energía eólica producida por la CFE es inferior al precio pactado con los productores externos, de no disminuir el diferencial entre el costo de este tipo de energía adquirida con los productores externos y el precio al que es vendida por la entidad a los usuarios, podría generar a la CFE pérdidas en los próximos 16 años, al no estar vinculado el precio de adquisición de este tipo de energía pactado en los contratos, con el precio de mercado. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 7 (5 R, 2 PRAS). Dictamen: No cumplió.


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Adicionalmente, se emitió un oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. Comisión Federal de Electricidad. “Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0492. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera y operativa de los avances físicos financieros de la construcción de los gasoductos para el servicio de transporte de Gas Natural, para verificar que correspondan con los previstos en los proyectos de inversión, así como el cumplimiento de plazos para la operación comercial; que se suministre el servicio de transporte a las centrales generadoras de energía eléctrica conforme a lo contratado, y que en su pago, comprobación y registro contable presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Para garantizar el suministro del gas natural a las centrales generadoras de energía eléctrica, la CFE requiere contratar el servicio de transporte de gas natural mediante gasoductos, por lo que a partir de 2011 y 2012, inició procesos de contratación para la construcción, operación y mantenimiento de gasoductos, acción que se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en el eje de México Próspero, el cual establece la necesidad de "(...) Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y familias mexicanas" y "(...) Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas". Debido a lo anterior, entre 2011 y 2015, la CFE celebró contratos para la construcción, operación y mantenimiento de los gasoductos: Tamazunchale, Morelos, Corredor Chihuahua, así como del Sistema Norte–Noroeste, integrado por 4 segmentos: Sásabe - Guaymas, Guaymas - El Oro, El Oro – Mazatlán y El Encino – Topolobampo, y de los Ramales de Tula y Villa de Reyes, con capacidades de transporte que se ubican entre 202.0 y 850.0 Millones de Pies Cúbicos (MMPCD). Los contratos antes citados establecen que los transportistas son los propietarios del Sistema de transporte de Gas Natural, quienes deberán realizar el diseño, ingeniería, suministro, construcción, pruebas y puesta en servicio del Sistema de transporte de Gas Natural. Hallazgos relevantes: Improcedencia de pagos derivada de la omisión de información por parte de servidores públicos. En 2012, la CFE formalizó un contrato con un transportista para la prestación del servicio de transporte de Gas Natural, por un periodo de 25 años, con fecha de inicio de servicio en 2016. Se constató que a pesar de que la demanda de juicio de amparo promovido por la Comunidad de Repechique resultó en un acto de autoridad gubernamental (Caso Fortuito o Fuerza Mayor), tuvo su origen en un evento que era previsible y revisable.


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Aunado a lo anterior, la CFE no documentó la notificación de los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor por el transportista, ni las gestiones que el transportista realizó para mitigarlos conforme a la norma. A pesar de lo anterior, en 2016 la CFE pagó 1 mil 070.1 millones de pesos al transportista, sin haber iniciado el servicio de transporte de GN. Disminución en los niveles de rentabilidad derivada de la subutilización de la capacidad de transporte de gas. Conforme a lo establecido en el contrato celebrado entre la CFE y un transportista, el gasoducto Sábase-Guaymas debía iniciar el servicio en 2014, sin embargo, debido a retrasos en la obtención de permisos ambientales, adquisición de derechos de vía y eventos climáticos, el transporte de gas natural se inició hasta 2015. Al respecto, la CFE no solicitó el reconocimiento del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y realizó pagos por concepto de Cargo Fijo por Capacidad (CFC) de 2014, por 206.7 millones de pesos. Asimismo, se comprobó que la CFE no cuenta con las centrales a las que se les prestará el servicio de transporte de gas, por lo que está subutilizando la capacidad de transporte reservada del ducto. A pesar de que sigue transcurriendo la vigencia del contrato (25 años), la CFE continuará con el pago del CFC, el cual no le generará valor económico ni rentabilidad. Erogaciones improductivas por servicio de transporte de gas natural. En 2016, el 78.1% de los pagos efectuados por servicio de transporte a través de gasoducto (4 mil 560.6 millones de pesos), no le generaron valor económico ni rentabilidad a la CFE, ya que no se utilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada en cuatro gasoductos, y no se ha concluido la construcción de otros dos. Las erogaciones se reportaron bajo el concepto de “Costo Hundido”, que corresponde al costo no distribuible a distintas áreas que utilizan el servicio. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 11 (10 R, 1 PRAS). Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Adicionalmente, se emitió oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. Comisión Federal de Electricidad. “Importaciones de Gas Natural”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0494. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del cumplimiento de los contratos para la adquisición, suministro y almacenamiento de Gas Natural de Importación, y verificar que los pagos de los servicios devengados, así como el registro presupuestal y contable, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: A partir de los lineamientos emitidos por la SENER, la CFE separó sus actividades durante 2016. En marzo de ese año, se crearon 13 empresas subsidiarias y filiales, especializadas en los distintos procesos de la cadena de generación y suministro de energía eléctrica, las cuales, en el último bimestre de 2016, comenzaron a operar de forma independiente. Durante ese año, la


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CFE también dejó de ser una empresa de electricidad para convertirse en una empresa de energía, por lo que ahora puede participar en la comercialización de combustibles. La estrategia seguida en nuestro país para la generación de electricidad requirió de importantes cantidades de energías no renovables (combustóleo, gas natural, carbón y diésel) y, en menor medida, renovables (agua, sol, viento, etc.). Al cierre de 2016, el uso de gas natural representó el 57.1%, el combustóleo, 11%; el carbón, 13%; el diésel, 0.6%; el uranio, 4.0%; y las energías renovables restantes, 14.3%. En el período 2012 a 2016, la generación de energía eléctrica mediante el uso de gas natural se incrementó en 12.8%, al pasar de 133,209.3 GWh a 150,214.7 GWh. Para ello, la utilización de gas natural importado representó un incremento del 743.4% en la generación de energía y una disminución del 24.1% con gas nacional. Hallazgos relevantes: Contratos de adquisiciones de gas natural efectuados en acato de los requerimientos establecidos. La CFE suscribió contratos con tres proveedores por los conceptos de “Suministro de Gas Natural Licuado de Importación”, “Venta y Compra de Gas Natural” y “Recepción, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado y entrega de Gas Natural”, que en conjunto suman un importe de 9 mil 475.7 millones de pesos. Las operaciones de pago con las solicitudes de pago, las facturas de 2016 y las transferencias bancarias, se efectuaron en cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos. Incumplimiento de las condiciones contractuales en la validación de programas de entrega de Gas Natural Licuado (GNL). La CFE no cuenta con la actualización de los programas de entrega de gas, referidos en el contrato del proveedor “A”, debido a que no se detallaron, de forma razonable, las modificaciones de las cantidades y las cancelaciones de los cargamentos, los cuales se deben ajustar cada mes, infringiendo lo establecido en el contrato. Determinación de penalizaciones a proveedor por déficit de energía. El proveedor “A” incurrió en incumplimiento por la falta de suministro de Gas Natural Licuado (GNL), y la CFE calculó las penalizaciones por la energía declarada como déficit, por un total de 33.2 millones de dólares, equivalentes a 625.2 millones de pesos. Ausencia de normativa que fundamente las reclasificaciones de las operaciones efectuadas por CFE con productores externos de energía. Al verificar la integración de las operaciones efectuadas de “Gas de importación otros proveedores” y “Almacenamiento y regasificación”, se constató que en la información proporcionada por la CFE, ascendió a 22 mil 920.3 millones de pesos, importe que difirió en 2 mil 629.8 millones de pesos, con respecto a los 20 mil 290.5 millones pesos registrados contablemente. La variación correspondió a operaciones de reclasificación y traspasos a otras posiciones presupuestales o áreas diferentes al registro original, sin embargo, la CFE no proporcionó la normativa que justificara las reclasificaciones


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efectuadas con los productores externos, en contravención a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 4 (4 R). Dictamen: Cumplió. Comisión Federal de Electricidad. “Posición Financiera de la Comisión Federal de Electricidad”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1790. Objetivo: Revisar la posición financiera de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de lo establecido en la normativa vigente y de las mejores prácticas internacionales en la materia. Antecedentes: La CFE dejó de ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y se convirtió en una Empresa Productiva del Estado (EPE), bajo la propiedad y control del Gobierno Federal (GF), con personalidad jurídica y patrimonios propios y con el propósito de crear valor económico. Entre los objetivos de la Reforma Energética está que la EPE fortalezca su posición financiera. Entre 2000 y 2016, los resultados presupuestarios presentados por la CFE y el incremento de su deuda documentada, han deteriorado la situación financiera de la empresa. Al respecto, la ASF consideró pertinente revisar su posición financiera al cierre de 2016, debido a lo siguiente: La deuda bruta de la CFE como proporción de sus ingresos propios pasó de 23.1% en 2000

a 48.2% en 2016.

Entre 2000 y 2016, la deuda se incrementó de 22,239.5 mdp a 223,721.1 mdp, con una tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) de 10.1%.

El costo financiero de la deuda de la CFE pasó de 5,343.0 mdp a 15,984.6 mdp en ese periodo, con una TMCRA de 2.1%.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016, se le asignó a la CFE una transferencia por 30,000.0 millones de pesos (mdp) como subsidio a las tarifas de electricidad para ciertos usuarios finales, lo que contribuyó a los mejores resultados en el rubro de ingresos.

En 2016, Moody´s ajustó desde estable a negativa la perspectiva de la calificación de la deuda de la CFE, la cual ratificó en 2017, y señaló que ésta comparte una serie de factores de riesgo comunes con el Gobierno Federal, por su dependencia del apoyo gubernamental.


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Hallazgos relevantes: Falta de actualización de la normatividad de la CFE en congruencia con los cambios en su estructura. El Manual Institucional de Contabilidad de la CFE, los “Lineamientos para la Consolidación Contable de Las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad” y la “Normatividad Interna para la Cancelación de Cuentas Incobrables”, no se han actualizado en congruencia con los cambios en su estructura de paraestatal a Empresa Productiva del Estado. Carencia de eficientes políticas y mecanismos que reduzcan y mitiguen los riesgos sobre los ingresos de la CFE. La venta de servicios, principal fuente de ingresos de la CFE, fue inferior en 3.9% real en comparación con 2015 y en 1.6% respecto de lo programado, por un menor precio promedio en las tarifas eléctricas de 3.2% respecto de lo programado en el periodo, siendo insuficientes para cubrir los costos de producción, principalmente por su dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, en el Plan de Negocios se planteó como un "riesgo estratégico" la pérdida de “clientes calificados” que requieren más megawatts de potencia a precios competitivos, por lo que competidores con mejores tarifas podrían ganarle contratos a la CFE. Se estima que para 2021 los clientes industriales serán más rentables, en contraste con los residenciales que tendrán pérdidas por cada Kwh (kilowatts hora) vendido. Deficiente participación de la CFE en el mercado eléctrico abierto derivada de su baja productividad. En 2016, la CFE recibió un subsidio por 30 mil 000.0 millones de pesos para cubrir la insuficiencia tarifaria de 52 mil 056.0 millones de pesos, y los 22 mil 056.0 millones de pesos restantes fueron asumidos por la CFE como parte de sus pérdidas. Para el ejercicio fiscal 2017, el monto para compensar la insuficiencia tarifaria fue de 43 mil 114.0 millones de pesos, y el aprobado para 2018 de 50 mil 179.0 millones de pesos. Al respecto, se observó la necesidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de fortalecer su esquema para la determinación de tarifas eléctricas para el suministro básico, que permita que la CFE participe competitivamente en un mercado eléctrico abierto con menores transferencias por parte del GF. Alto costo del pasivo laboral vulnerando la competitividad de la CFE en su participación en mercados abiertos. La CFE recibe por parte de la SHCP un beneficio de un peso por cada peso de pasivo laboral reducido, lo cual representa un beneficio único de 161 mil 000.0 millones de pesos, lo que impactó directamente al pasivo laboral y redujo los costos no monetarios asociados a este pasivo. Los costos monetarios representan entre el 50.0% y 60.0% del costo anual del pasivo laboral, y para 2016 se estima que este costo sea de 31 mil 000.0 millones de pesos, equivalente a 11.0% de los ingresos de la CFE. Esto representa un gran costo en las operaciones, volviendo menos competitiva a la CFE en comparación con sus pares en mercados abiertos.


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Riesgo de incrementos de la deuda contratada en moneda extranjera por fluctuaciones cambiarias. Al cierre de 2016, la deuda externa de la CFE alcanzó un total de 354 mil 051.2 millones de pesos que representa el 38.0% del total de su pasivo, por lo que la depreciación del peso es un factor importante en el crecimiento de la deuda de la CFE. Considerando pertinente la implementación de una eficiente metodología para la colocación de deuda, sobre todo en los mercados internacionales. Aumento del saldo de la deuda pública de la CFE. En 2016, el saldo de la deuda pública bruta de CFE fue de 223 mil 721.1 millones de pesos, mayor en 8.0% real respecto de 2015, y como proporción del PIB fue equivalente a 1.1%, que representó un incremento anual de 0.1 puntos porcentuales. En 2010, el saldo total de la deuda fue de 82 mil 894.6 millones de pesos. Producción más barata de energía eléctrica por los Productores Independientes de Energía (PIE). Entre 2011 y 2016, el indicador de generación neta de energía (GNE) se redujo de 257,883.0 GWh a 255,720.8 GWh, en ese periodo, la participación de la CFE disminuyó de 67.3% a 65.4%, mientras que la de los Productores Independientes de Energía (PIE) se incrementó de 32.7% a 34.6%. Esto se debió a que los PIE aseguraron una producción de energía eléctrica más barata que la CFE, el costo por kilowatt fue de 0.39 pesos mediante la generación por ciclo combinado, mientras que el costo de la CFE fue de 0.45 pesos por kilowatt.3 Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 6 (6 R). Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Comisión Federal de Electricidad. “Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y Adquisición de Medidores Electrónicos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0495. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera tanto del proyecto para reducir pérdidas de energía en distribución como de la adquisición de medidores electrónicos, a fin de verificar que en la autorización, programación, adjudicación, contratación, recepción, distribución, instalación, pago y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Para abatir las pérdidas de energía técnicas y no técnicas, en 2016 la CFE contó con el proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, con el cual se pretende renovar los equipos y regularizar los servicios ilícitos de energía eléctrica, con lo que se espera reducir las pérdidas, obtener un ahorro de energía y mayor captación de ingresos. En cuanto al “Proyecto de Adquisición de Medidores de Autogestión”, el 38.6% de los usuarios cuenta con un medidor electrónico y el 61.4% restante con medidor electromecánico, por lo que a más de 24 millones de usuarios se les mide la energía eléctrica consumida mediante un medidor obsoleto. En 2015, el crecimiento anual de usuarios y el reemplazo de medidores

3 Sólo se consideran costos unitarios variables.


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dañados u obsoletos representaron una necesidad anual de más de 2.5 millones de medidores para ser instalados en los 32 estados de la República Mexicana. Hallazgos relevantes: Carencia de sustento normativo que dé certeza jurídica a la ejecución del proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía Eléctrica. La normativa que regula las actividades relacionadas con la operación, adquisición, distribución, instalación, control, pago y registro de las erogaciones del Proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía Eléctrica”, no se encuentra actualizada, autorizada, ni difundida, lo que ocasiona que no se tenga certeza jurídica en el desempeño de las funciones de los servidores públicos responsables. Falta de documentación en los expedientes que soporte los procedimientos de adjudicación. En el análisis de la documentación de nueve expedientes técnicos de las licitaciones de los proyectos SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y “Adquisición de Medidores Electrónicos de Autogestión”, se identificó documentación faltante en los expedientes técnicos de los procesos de adjudicación, tanto del proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución", como de la Adquisición de Medidores Electrónicos. Inversiones improductivas por sobre-existencias derivadas del insuficiente control sobre las existencias de medidores en almacenes. Se observó que en 14 divisiones de distribución no se contó con mecanismos de control respecto de los niveles máximos, mínimos y puntos de reorden de medidores de autogestión, modelos F122 (monofásico), F622 (bifásico) y FD2H (trifásico) en los almacenes, para que se eviten inversiones improductivas por sobre-existencias o se ponga en peligro la continuidad del servicio por la carencia de bienes, como lo establece su norma. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 4 (2 R, 2 PRAS). Dictamen: Cumplió. Petróleos Mexicanos. “Pagos a Proveedores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0450. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los pagos realizados a los proveedores de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, a fin de comprobar que correspondieron a obligaciones de pago originadas por la recepción de bienes y prestación de servicios; que se aplicaron las deducciones correspondientes, así como que su registro contable se realizó conforme a las disposiciones normativas. Antecedentes: En el Estado de Situación Financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, se reportó para 2015,


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en el rubro de “proveedores y contratistas” un incremento del 44.0% (51 mil 135.9 millones de pesos), debido al aumento en los pasivos exigibles al cierre del ejercicio. Hallazgos relevantes: Falta de evidencia documental y justificativa de la adquisición de medicamentos. De la revisión del análisis a las órdenes de servicio y surtimiento, remisiones de entrega, reportes de conformidad, y certificados de entrega por 3 mil 799.9 millones de pesos, se constató, que de las adquisiciones de medicamentos con 2 proveedores, por 10.7 millones de pesos, la Gerencia de Servicios Médicos no proporcionó evidencia documental que acreditara y justificara su recepción. Falta de evidencia documental en el proceso de facturación. La ASF constató, que la entidad fiscalizada no justifico documentalmente 72.8 millones de pesos, correspondientes a bienes y servicios recibidos en proceso de facturación. Pagos injustificados de pasivos. Petróleos Mexicanos no acreditó que 23.4 millones de pesos, correspondieran a pasivos circulantes de 2013 considerados para su pago en 2016; ni la autorización por instancia competente para realizar su pago con afectación al presupuesto de 2016; tampoco acreditó la formalización de un instrumento Jurídico que regulara los servicios recibidos por el prestador de servicios médicos. Asimismo, respecto a los saldos de las cuentas “Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros” y “Contratistas” de Pemex corporativo, se observó, que el saldo de las cuentas de Proveedores Nacionales y Contratistas incluye operaciones por 5.0 millones de pesos, que Pemex no acreditó que correspondieran a una obligación de pago ni que se consideraron como pasivo circulante, así como 6.3 millones de pesos de movimientos de naturaleza contraria a las cuentas, que no han sido aplicados ni recuperados por Pemex a noviembre de 2017. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 11 (6 R; 4 PRAS; 1 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 10.7, Operadas: 0.0, Probables: 10.7 Dictamen: Cumplió excepto por las siguientes irregularidades. Petróleos Mexicanos. “Posición Financiera de Petróleos Mexicanos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0056. Objetivo: Revisar la posición financiera de Petróleos Mexicanos, en términos de lo establecido en la normativa vigente y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia. Antecedentes: El 20 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, que estableció, entre otros aspectos, que la Nación llevará a cabo las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y


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demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, a través de contratos con éstas o con particulares. Hallazgos relevantes: Incremento de la deuda de Pemex. La deuda bruta de Pemex, como proporción del PIB, pasó de 1.6% en 2000 a 9.3% en 2016. El endeudamiento neto de Pemex ha crecido de manera continua. En 2009, el Gobierno Federal (GF) reconoció sus Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de Pemex (Pidiregas) como deuda pública, equivalente a 4.3% del PIB4, para el 2016 la deuda pública de Pemex fue de 9.3% del PIB. Factores determinantes del endeudamiento de Pemex. La ASF señaló como elementos en el crecimiento de la deuda de Pemex los siguientes: a) Aumento del costo financiero de la deuda que de 2000 a 2016 creció a una tasa real de 4.8%, b) Reducción de la plataforma de producción que pasó de 3,042.7 miles de barriles diarios (mbd) en 2000 a 2,035.3 mbd en 2016, y de 1,694.1 mbd a 1,115.2 mbd en la de exportación en ese mismo periodo, y c) Descenso a partir de 2012 del precio del petróleo de 108.04 dólares el barril en abril de ese año a 42.76 dólares en el 2016. En realidad, el precio del petróleo fue favorable de 2005 hasta 2014 con la excepción de 2009. El significativo crecimiento del costo financiero de la deuda (que pasó de 9 mil 136.8 millones de pesos en 2000 a 86 mil 922.7 millones de pesos en 2016), se debió esencialmente al crecimiento del saldo de la deuda Pidirega, y al hecho de que el gobierno no redujo las transferencias de ingresos petroleros provenientes de Pemex a su balance. La situación se complicó con la caída de la plataforma de producción, y el descenso de los precios petroleros. Medidas de saneamiento financiero de Pemex efectuadas por el gobierno mediante inyección de liquidez, que fueron consideradas insuficientes por las agencias de calificación de riesgos. El Gobierno Federal inyectó recursos para reducir el pasivo con proveedores, por 26 mil 500.0 millones de pesos y 47 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016, resultado del intercambio del pagaré provisional emitido en el 2015 por títulos del Gobierno Federal. Adicionalmente, se instrumentó un beneficio fiscal (que consistió en deducciones fiscales para Pemex, que se extienden a contratistas privados). Estas medidas fueron consideradas insuficientes por las agencias de calificación5.

44 Este reconocimiento de los Pidiregas fue una acción legislativa a propuesta del Ejecutivo, en esa ocasión no se pusieron en el centro de la discusión las razones del porque los proyectos Pidiregas se tendrían que convertir en deuda pública si la condición original de su aprobación establecía que fueran autofinanciables, y además todas las valuaciones de la SHCP y del Centro de las Finanzas Públicas señalaban que los proyectos eran en todo momento rentables, inclusive en alguna revisión la ASF suscribió una opinión positiva sobre la rentabilidad de los Pidiregas. En opinión de la UEC, las lecciones de la conversión a deuda pública de los contratos Pidiregas, demandan la existencia de métodos extremadamente rigurosos de valuación económica para esta clase de proyectos, que deben ser realizados por expertos independientes y sumamente críticos de las metodologías de valuación económica en boga, necesidad tanto más urgente por cuanto que se están incrementando los contratos de asociación público-privados, y se está registrando la participación del sector privado en el rubro energético. 5 La Unidad de Evaluación y Control había planteado en documentos anteriores relativos al Marco de Referencia, que el Gobierno Federal sondeara la posibilidad de efectuar un saneamiento financiero integral de PEMEX, y que el saneamiento resultante debiera soportarse por los cuantiosos recursos que transfirió la empresa productiva del Estado a la SHCP durante los años del boom petrolero de precios, que en promedio anual durante más de diez años significaron 4.5 puntos porcentuales de PIB. El planteamiento de la UEC apunta en la dirección sugerida por las agencias de calificación pero va más allá, ya que implicaría acciones financieras de envergadura por parte del gobierno mexicano para incrementar (sin aumentar los impuestos) la recaudación tributaria que para el 2016 es de acuerdo a datos de la OCDE de 13% del PIB sin considerar los ingresos petroleros y de 17.2% incluyendo estos ingresos. Una mayor eficiencia en el cobro de impuestos con voluntad política es factible. El gobierno de Grecia con todo y sus enormes problemas financieros tenía una recaudación en 2011 de 33% del PIB, porcentaje


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Elevado riesgo de liquidez de Pemex. Al tener la empresa productiva del Estado centralizada la tesorería de las subsidiarias y filiales, la disponibilidad existente al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 102 mil 346.1 millones de pesos, monto que la ASF consideró insuficiente. Reducción constante de los ingresos de Pemex. Entre 2012 y 2016, los ingresos totales de Pemex se redujeron 14.9% nominal. Para el ejercicio fiscal 2016, Pemex proyectó ingresos totales por 1 billón 542 mil 761.8 millones de pesos, de los cuales únicamente 398 mil 392.9 mdp, equivalente a 25.8% del total y a 2.0% del PIB, corresponderían a ingresos propios de la Empresa Productiva del Estado. Proyección negativa de los ingresos propios de Pemex en el corto y mediano plazo a pesar de la reforma energética. Entre 2017 y 2021 se proyecta que los ingresos propios de Pemex se ubicarán como porcentaje del PIB entre 2.1% y 2.2% en ese periodo, por debajo del 4.5% establecido en la reforma energética. Entre 2011 y 2016, los ingresos totales de Pemex, como porcentaje del PIB, pasaron de 12.1% a 8.4%. Peso relevante del saneamiento del Gobierno Federal en los menguantes ingresos de Pemex. Al cierre de 2016, los ingresos totales fueron de 1 billón 640 mil 651.2 millones de pesos, importe mayor en 0.1% en términos reales respecto de 2015 y 6.3% del programa original. Las ventas nacionales de Pemex se redujeron en términos reales en el 2016, y su participación en los ingresos totales declinó de 72.5% en 2015 a 67.7$ en el 2016. También declinaron las ventas al exterior de Pemex, lo que significó una reducción en su participación de 22.0% en el 2015 a 18.8% en el 2016. Los ingresos de Pemex no se colapsaron por el comportamiento de tres rubros: a) Saneamiento financiero del GF por 26 mil 500 millones de pesos. b) Absorción de obligaciones pensionarias por el GF por 134 mil 230.6 millones de pesos, y c) Desincorporación de activos de Pemex (venta de plantas de gasolina refinería Madero,

gasoductos y otros activos) por 55 mil 668.3 millones de pesos. Riesgo de incumplimiento de metas. La ASF señaló que existe el riesgo de incumplimiento de las metas comprometidas en cuanto a ingresos en el Plan de Negocios del gobierno para el período de 2017 a 2021, por estar sujetas a que las condiciones del mercado permitan que el precio del barril de petróleo pase de 42.0 a 56.0 dólares entre 2017 y 2021, y la plataforma de producción aumente de 1,944.0 miles de barriles diarios a 2,196.0 miles de barriles diarios en ese periodo. Si estas condiciones no se cumplen se materializará este riesgo. Riesgo financiero cambiario neutral. El impacto de la fluctuación en el tipo de cambio entre el dólar y el peso sobre sus ingresos se compensa. Así, la depreciación del peso ante el dólar

que incrementó a 38% al cierre de 2016, es decir aumentó en 5 puntos porcentuales la recaudación tributaria en el país helénico. México mucho más que Grecia tiene un enorme potencial recaudatorio que no implicaría aumentar los impuestos.


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incrementa el valor del balance financiero de Pemex, mientras que la apreciación del peso ante el dólar tiene el efecto contrario. Ambos efectos se compensan según lo señaló la ASF. Riesgo de precios administrados por el Gobierno Federal. Los riesgos por variaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos son asumidos por el Gobierno Federal, quien para protegerse contrata las respectivas coberturas petroleras en los mercados financieros. Riesgo macroeconómico. La ASF señaló una mejora en la situación financiera de Pemex por la mayor estabilidad internacional del mercado petrolero. Plan de ajuste del gobierno concentrado en Pemex. El gobierno determinó a inicios de año por la incertidumbre de ese momento, un ajuste preventivo al gasto por 132 mil 301.6 millones de pesos (0.7% del PIB). De este monto de ajuste 100 mil millones correspondieron a Pemex. Efecto negativo en la absorción de una parte de los pasivos laborales por el gobierno federal (GF). El GF realizó una transferencia neta de 134 mil 230.6 millones de pesos en 2016 para absorber una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex, que tuvo como consecuencia un aumentó en 0.7% del PIB en la deuda pública, debido a que se sustituyó un pasivo contingente existente por deuda directa. La transferencia es un gasto del GF y un ingreso para Pemex. Pérdida de renta petrolera. En 2017 la tasa del derecho de utilidad compartida fue de 67.50%, y para 2018 se redujo a 66.25%. A partir de 2019 se aplicará una de 65.0%, una reducción adicional a esta tasa mermaría la equidad en la competencia del mercado de hidrocarburos en México. Nulos efectos actuales de la reforma energética. Los contratos vigentes para la exploración y extracción representan menos del 2.0% de los ingresos petroleros percibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo y de la producción nacional, por lo que el monto captado por las actividades de los contratistas privados no ha permitido compensar aún los beneficios fiscales otorgados a Pemex. Reducción real de los egresos de Pemex. Al cierre de 2016, los egresos totales ascendieron a 1 billón 655 mil 388.0 millones de pesos, menores en 3.6% en términos reales a lo ejercido en 2015, pero 2.0% mayores que lo aprobado. De ese monto, el 47.7% correspondió al pago de impuestos directos e indirectos (789 mil 144.0 millones de pesos), el 29.9% al gasto programable y el resultado neto de las operaciones ajenas (495 mil 743.0 millones de pesos), y el restante 22.4% a las importaciones y mercancía para reventa (370 mil 501.0 millones de pesos). Reducción del gasto corriente. El gasto corriente en términos reales de la empresa productiva del Estado (EPE) fue inferior en 4.4% al ejercido en 2015 y mayor en 6.3% al presupuesto aprobado.


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Reducción del gasto de inversión. El gasto en inversión ascendió a 299 mil 118.0 millones de pesos, menor en 6.6% real a 2015. Presión financiera significativa en el balance por el crecimiento de los gastos en importación de gasolina. El gasto vinculado con el rubro “importaciones y mercancía para reventa” ascendió a 370 mil 501.0 millones de pesos, mayor en 7.2% real a lo ejercido en 2015, principalmente por el incremento de las compras al exterior de gasolinas para cubrir el aumento en la demanda interna por 77.8 miles de barriles diarios, en conjunto con una disminución promedio de 55.9 miles de barriles diarios en la producción nacional por parte del Sistema Nacional de Refinación (SNR). El gasto destinado a las importaciones de gasolinas fue mayor al gasto de inversión de 299 mil 118.0 millones de pesos y fue mayor también a los ingresos propios de PEMEX de 298 mil 331.2 millones de pesos, esta situación plantea una presión significativa sobre las finanzas de la empresa productiva, razón por la cual la ASF recomienda incrementar la producción interna de petrolíferos por parte del SNR. Presión pensionaria de Pemex. A pesar de las modificaciones al sistema de pensiones de Pemex y a la asunción de una parte del pasivo laboral por parte del GF, el monto de las obligaciones de acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados, fue de 1 billón 220 mil 409.4 millones de pesos al cierre de 2016, mientras que los recursos en los fideicomisos denominados Fondo Laboral Pemex (Folape) y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) fueron de 9 mil 489.7 millones de pesos, por lo que sólo cubren el 0.8% de dicho pasivo. Este factor, entre otros, ha sido señalado por diversas agencias calificadoras como un elemento de riesgo para la EPE, por lo que no se descartan futuras acciones de apoyo por parte del GF cuando esta empresa así lo requiera. Mejora del balance financiero de PEMEX. En el 2015 el déficit de Pemex ascendió a 146 mil 948.2 millones de pesos, para el 2016 fue de 101 mil 659.9 millones de pesos, una mejora de 33.9% real. La mejora financiera obedeció a apoyos del Gobierno Federal (aportación al saneamiento de pensiones por134 mil 230.6 millones de pesos, estímulos fiscales por 40 mil 2130.9 millones de pesos y apoyos de liquidez 73 mil 500.0 millones de pesos, además se registró la reversión en el deterioro de los activos fijos de Pemex). En la mejora del balance financiero de Pemex influyó el recorte presupuestario por 100 mil millones de pesos, de los cuales el 88.4% fue recorte de inversión física. Advertencia negativa de la calificadora Fitch Ratings. La calificadora Fitch Ratings, en su reporte “Petroleos Mexicanos (Pemex) Sensitivity Analysis” de octubre de 2016, advirtió que Pemex podría enfrentar en el mediano plazo una insolvencia derivada de su elevada carga fiscal, un paquete de medidas de apoyo gubernamental insuficiente y por un efecto de largo plazo por la reducción de Capex (gasto de capital de Pemex). Resultados basados en la información contable.


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Reducción de los ingresos de Pemex. A diciembre de 2016, los ingresos totales (total de ventas) de Pemex fueron 1 billón 079 mil 545.7 millones de pesos, menores en 11.5% real respecto al mismo mes de 2015, principalmente por la disminución del precio promedio de la mezcla mexicana de exportación que pasó de 86.08 dólares por barril en 2014 a 35.44 dólares por barril en 2016 y una reducción promedio de 11.3% en la plataforma de producción durante ese periodo. Elevada carga fiscal de Pemex. La carga impositiva de la empresa ascendió en el 2016 a 264 mil 521.4 millones de pesos, un decremento real de 23.7% en comparación con el monto erogado en diciembre de 2015 y fue equivalente al 24.5% de los ingresos totales. Pérdida neta de Pemex. Para el ejercicio fiscal 2016 al incluir la totalidad de costo y la carga fiscal de Pemex se generó una pérdida neta de 191 mil 144.3 millones de pesos, que representó una disminución de 74.4% real, en comparación a un año antes. Riesgo del beneficio fiscal otorgado por el Gobierno Federal (GF) a Pemex. La empresa productiva del estado, obtuvo un beneficio fiscal como operador de asignaciones, derivado del decreto del GF que permite calcular nuevos límites de deducibilidad de costos aplicables al Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) en campos terrestres y aguas someras (en términos de dólares por barril) por 40 mil 213.9 millones de pesos. También se otorgó por parte del GF un estímulo fiscal por la cantidad de 28 mil 439.4 millones de pesos el 16 de noviembre de 2016. Este estímulo consistió en un crédito contra el DUC como medida para atenuar el impacto generado en el entorno financiero de las empresas asignatarias de exploración y extracción de hidrocarburos en México. Este beneficio fiscal a Pemex es extendible a los agentes económicos privados, lo que iría en contra de la participación del Estado en la renta petrolera. Evolución favorable del resultado integral financiero de Pemex. Durante el 2016 se registró una Pérdida Integral de Pemex por 63 mil 271.9 millones de pesos, menor en 90.3% real respecto de 2015. En el análisis trimestral de la información contable, la pérdida integral en el cuarto trimestre de 2016 se revirtió para ubicarse en 86 mil 809.8 millones de pesos. El primer resultado positivo en 11 trimestres. Incremento en los activos de Pemex. En el 2016, el activo total de Pemex se incrementó en 554 mil 231.5 millones de pesos (31.2%), al pasar de 1 billón 775 mil 654.3 millones de pesos en 2015 a 2 billones 329 mil 885.9 millones de pesos en 2016. Destacan los aumentos en el valor de los activos fijos (Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto), por 323 mil 258.6 millones de pesos (+24%), las cuentas por cobrar a largo plazo por 98 mil 607.6 millones de pesos (+197.2%), las cuentas por cobrar de corto plazo que se incrementaron en 53 mil 974.7 millones de pesos (+68.1%), y las disponibilidades (caja y efectivo) que aumentaron en 54 mil 163.6 millones de pesos (+49.5%). Incremento en los pasivos de Pemex. En el 2016, el pasivo total de Pemex se incrementó en 455 mil 564.1 millones de pesos (14.7%), al pasar de 3 billones 107 mil 330.0 millones de pesos en


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2015 a 3 billones 562 mil 894.1 millones de pesos en 2016. Destaca notoriamente el aumento de la deuda de largo plazo, por 506 mil 131 millones de pesos (38.9%). Concentración de la deuda de Pemex en el componente externo en un contexto de una tendencia alcista. En el 2008, la deuda pública (principal componente de los pasivos totales) de Pemex representaba menos del 1% del PIB. A principios de 2009 se convirtieron los pasivos contingentes Pidiregas en deuda reconocida en el balance financiero de Pemex con el aval del gobierno y del Congreso. Para el cierre del 2009 al efectuarse este reconocimiento la deuda de Pemex representó aproximadamente 5% del PIB, del cual 4% puntos correspondieron a la deuda externa y 1 % a la deuda interna. Esto significó que la deuda contingente Pidiregas, fue el principal motivo del crecimiento de la deuda pública de Pemex y que tuviera principalmente un componente externo. Al cierre de 2016, la deuda pública de Pemex significó 9.3% del PIB, del cual 7.7% es el componente externo y 1.6% es el componente interno. Una depreciación cambiaria afectará negativamente y de manera importante el valor de la deuda pública de Pemex por el peso que tiene el componente externo (82.6%). Riesgo de endeudamiento de largo plazo de Pemex. La ASF señaló que, con base en la información proporcionada por Pemex, la estrategia de alargar el plazo promedio de la deuda propicia que no disminuya el saldo total de la deuda, es decir, sólo se trasladaron los saldos hacia un horizonte de tiempo mayor, pero sin realizar pagos que disminuyan el saldo total, y se continúa con diferimientos. Esta estrategia, sumada a las necesidades de inversión, generará un incremento en las necesidades de financiamiento, como la tendencia de los últimos años. Incremento sustancial de la deuda solicitada al Congreso por Pemex. El endeudamiento solicitado por Pemex para el 2016 ascendió a 175 mil 216.9 millones de pesos. Este monto fue resultado de una ampliación de la solicitud de endeudamiento. La deuda original originalmente solicitada en su componente interno fue de 78 mil 250 millones de pesos, monto que se incrementó a 110 mil 500 millones de pesos (+41.21%). La deuda original solicitada en su componente externo fue de 7 mil 500 millones de dólares, monto que se incrementó a 8 mil 500 millones de dólares (+13.33%). No obstante que Pemex contaba con capacidad de endeudamiento el incremento de deuda fue sustancial y preocupante. Al respecto la ASF señaló que “Entre 2012 y 2015, la inversión física fue mayor que las amortizaciones. Sin embargo, en 2016, este comportamiento se revirtió, lo que implica un servicio de la deuda cada vez mayor. Al cierre de 2016, el saldo de la deuda pública bruta de Pemex fue de 1 billón 927 mil 889.4 millones de pesos, equivalente a 9.3% del PIB, mayor en 26.3% real y de 1.6 puntos porcentuales del PIB respecto a 2015”. Saldo de deuda mayor de Pemex originado por la Comparación de Saldos de la Deuda de Pemex entre los Estados Financieros (Tomo VIII de la cuenta Pública de 2016) y los Resultados Generales de la Cuenta Pública (Tomo I). En los estados financieros dictaminados incluidos en Tomo VIII de la cuenta Pública de 2016 se presentó un saldo de deuda de 3 billones 583 mil 399.2 millones de pesos, mientras en los reportes de Deuda Pública del Tomo I se presentó un total de 1 billón


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927 mil 889.0 millones de pesos, que corresponde a deuda documentada interna y externa a corto y largo plazo. La variación se debió a que en el Tomo I se incluyó la deuda documentada para efectos de la determinación de los resultados de las finanzas públicas, mientras que en los estados financieros presentados en el Tomo VIII se reconocieron todos los pasivos de la empresa productiva del Estado. Número de observaciones: 4; Número de acciones: 5 (5 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Petróleos Mexicanos. “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0451. Objetivo: Verificar que la selección, contratación y reajuste de personal, se realizó conforme a las políticas, normas y lineamientos establecidos por la entidad fiscalizada, y que esta se efectuó en función a las necesidades determinadas por las áreas. Antecedentes: La nueva Ley de Petróleos Mexicanos otorgó autonomía presupuestaria a PEMEX y sus EPS, lo que las desvinculó de la normativa aplicable a las entidades paraestatales y le dotó de un régimen especial en materia presupuestal, con mayor grado de autonomía para canalizar recursos hacia actividades que generen mayor valor económico. Aunado a lo anterior, también dejaron de ser aplicables los programas de austeridad que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que PEMEX es responsable de implementar sus propios programas de austeridad en el gasto y uso de recursos. Hallazgos Relevantes: Deficiencia en la publicación por internet de transferencia de actas de recursos humanos y materiales. De las actas de transferencia de recursos humanos y materiales. La ASF observó, que la entidad fiscalizada no publicó en la página de Internet de PEMEX, la información de las 143 actas de transferencia de recursos humanos, como lo señala la normativa. Carencia de mecanismos para realizar el Plan Estratégico de Relaciones Laborales y Servicios al Personal. Del Plan Estratégico de Relaciones Laborales y Servicios al Personal 2016-2020, la ASF determinó, que la entidad fiscalizada carece de mecanismos específicos, áreas responsables y plazos definidos para garantizar su cumplimiento en dicho plan. Deficiencia en la información del programa anual de austeridad en el gasto y uso de recursos. Del “Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2016 de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, con objetivo de utilizar de manera austera los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. La entidad fiscalizada estableció un ahorro en servicios personales y en gasto corriente, por 12 mil millones


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de pesos, sin especificar el monto de cada uno de los rubros. Al respecto, informó a la ASF que el ahorro real ascendió a 11 mil 218.0 millones de pesos, por servicios personales. Al Consejo de Administración se le informó que el ahorro fue por 13 mil 300.0 millones de pesos, sin precisar el monto correspondiente a cada rubro. La ASF observó, que la información no es coincidente, lo que resta confiabilidad a la veracidad de la información. Nula información para el Programa de Organización 2016. Para cumplir con la reducción del presupuesto en materia de servicios personales se implementó el “Programa de Organización 2016”, en donde PEMEX realizó un ajuste al presupuesto, por 100 mil millones de pesos, con una meta de ahorro por 215.0 millones de pesos, y una disminución de 80 áreas de la estructura básica, por lo cual se redimensionó ésta, mediante la reducción de 92 puestos de mando, con un costo de 236.1 millones de pesos anuales, cifra que difiere de la integración proporcionada por la entidad, por 233.3 millones de pesos, la ASF concluye, que la información no fue completa, correcta, precisa, confiable ni oportuna. Falta de documentación comprobatoria para el programa de organización 2017. En el marco de la reestructuración corporativa derivada de la Reforma Energética. La ASF observo, que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de los avances del “Programa de Organización 2017 Estructura no Básica” y careció de una microestructura autorizada. Sin evidencia en la migración de datos. La subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, solicito a la Dirección corporativa de Tecnologías de información la integración del Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN). De lo anterior, la ASF observó, que la entidad fiscalizada no evidenció la conclusión de la migración de los datos contenidos en los sistemas utilizados por PEMEX Exploración y Producción. Bajas de trabajadores injustificados. De las bases de datos del personal dado de baja de PEMEX, la ASF identificó, que 7,687 trabajadores jubilados en 2016, se originó por antigüedad, vejez, invalidez por riesgo profesional e invalidez por riesgo no profesional. De lo anterior, la ASF constató, que se dieron de baja 2,889 trabajadores por concepto de jubilación por convenio especial, de los cuales no se acreditó la autorización de 259 personas, 10 registros se encontraron duplicados, 202 casos se registraron de manera incorrecta, ya que no se trataba de jubilaciones por convenios, y 27 no contaron con documentación que evidenciara el tipo de jubilación. Falta de evidencia para la movilización del personal. De la movilización del personal, 762 trabajadores se movilizaron de las empresas productivas subsidiarias (EPS) hacia PEMEX Corporativo, 391 salidas de trabajadores de PEMEX Corporativo hacía las diversas EPS. De lo anterior, la ASF observó, que la información proporcionada tenía errores y omisiones, por lo que de las 762 movilizaciones, 708 fueron movimientos internos y 54 trabajadores se movilizaron, sin evidenciar el aviso correspondiente. Pagos improcedentes de movilización de trabajadores. Respecto de la integración de los pagos por movilizaciones, la entidad fiscalizada remitió una base de datos con información de 94


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trabajadores, por 6.5 millones de pesos. La ASF identificó, en la base de datos de pago de movilizaciones 4 casos con pagos no procedentes, por 274.0 miles de pesos, ya que el origen y destino del trabajador fue el mismo domicilio. Número Observaciones: 9; Número Acciones: 10 (9 R; 1 PO) Recuperaciones determinadas (miles de pesos): 274.0, Operadas: 0.0, Probables: 274.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Petróleos Mexicanos. “Recuperación de Siniestros de Petróleos Mexicanos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0453. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las recuperaciones de los siniestros reportados por Petróleos Mexicanos y sus empresas Productivas Subsidiarias, para verificar que su notificación, el seguimiento, recuperación, restitución y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a las disposiciones normativas. Antecedentes: A efecto de enfrentar los riesgos señalados, y con el propósito de evitar pérdidas derivadas de siniestros, Pemex, mediante la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud, realiza la contratación de seguros en favor de la empresa y de sus empleados, por conducto de la Gerencia de Seguros y Fianzas (GSF), adscrita a la Subdirección de Administración de Riesgos y Aseguramiento (SARA), administra y gestiona las pólizas de seguros. Hallazgos relevantes: Ineficaz seguimiento de la indemnización de siniestros de equipo automotor. Del seguimiento de siniestros de equipos automotores reclamados, la ASF observó, que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) no han obtenido la indemnización correspondiente a 7 siniestros de equipo automotor, por un monto de 2.3 millones de pesos, debido a que no han presentado a la aseguradora los requisitos fiscales ni facturas de transmisión de propiedad de los bienes siniestrados con dictamen de pérdida total. Falta de evidencia documental de la indemnización y gastos por siniestros. La ASF identificó que en la recuperación de indemnización y gastos por siniestros ocurridos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), no existe una conciliación ni rastreabilidad de la información generada en la Gerencia de Seguros y Fianzas (GSF) con los registros contables, lo que originó las siguientes irregularidades:

De los 157 siniestros, con la restitución de los bienes, realizada por Pemex y sus EPS, se llevó

a cabo la determinación de montos por indemnizar con las aseguradoras por 514.0 millones de pesos; no obstante, Pemex no proporcionó los registros contables que realizó al respecto; tampoco existió un elemento de rastreabilidad entre la base de siniestralidad de


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la GSF y los registros contables, lo que impidió determinar si dichos ingresos fueron contabilizados.

La Gerencia de Seguros y Fianzas no reportó en la base de siniestralidad, los registros

contables de ingresos por indemnizaciones, de 402.7 millones de pesos, y gastos por restitución de bienes por 187.8 millones de pesos.

De los registros de ingresos, por 333.0 millones de pesos, las áreas contables de Pemex y

sus EPS no documentaron que dicho importe correspondieran a ingresos percibidos. De los registros de gastos por siniestros, la ASF observó, que Pemex no proporcionó

evidencia documental que acredite que el registro corresponde a un gasto realizado por Pemex y sus EPS por 20.3 millones de pesos.

Número de observaciones: 6; Número de acciones: 10 (8 R; 1 PRAS; 1 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 2.4, Operadas: 0.0, Probables: 2.4 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Petróleos Mexicanos. “Tesorería”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0455. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la concentración y administración de las disponibilidades financieras, así como su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, vigente en el ejercicio auditado, los servicios de tesorería se realizarán por las gerencias de Procesos de Tesorería, de Operaciones de Tesorería de Exploración y Producción y de Operaciones de Tesorería Transformación Industrial. Hallazgos relevantes: Falta de integración de ingresos y egresos para el estado de flujos de efectivo. La ASF identificó, que la entidad fiscalizada no acreditó contar con la integración de 170.1 millones de pesos de ingresos y 347.5 millones de pesos de egresos reportados en el Estado de Flujos de Efectivo de Pemex Exploración y Producción. Omisión de declaración de recursos. La ASF señalo, que la entidad fiscalizada no incluyó 1 mil 794.0 millones de pesos de egresos en el Estado de Flujos de Efectivo de Pemex Exploración y Producción (17.5 millones de pesos en la cuenta “Contingentes” y 1 mil 776.4 millones de pesos de la cuenta “Provisión de gastos de taponamiento”).


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Falta de justificación en partidas de conciliación de antigüedad. La ASF señaló, que la entidad fiscalizada no justifico 280 partidas en conciliación con antigüedad mayor de tres meses por 13.2 millones de pesos. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 3 (3 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Etileno. “Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del Acrilonitrilo (Morelos Unigel)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0470. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, la rentabilidad, el cumplimiento de los programas de producción y comercialización, el registro contable y su presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y los acuerdos de creación de cada una de las empresas productivas subsidiarias, donde se estableció que el objeto de Pemex Etileno es la producción, distribución y comercialización de los derivados del metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de terceros, entre otros. Hallazgos relevantes: Baja en la producción de acrilonitrilo. Pemex Etileno utilizó 43.6% de 60.0 miles de toneladas de la capacidad instalada para producir acrilonitrilo, 48.3% de ácido cianhídrico por 6.0 miles de toneladas y 58.8% de CPDI por 25.0 miles de toneladas. La ASF observó, que la producción de acrilonitrilo y de los subproductos, se redujo debido a 63 días sin materia prima, 44 días de mantenimientos y 15 días por la declaratoria de fuerza mayor por parte de Unigel. Perdidas en producción y venta de acrilonitrilo. Las ventas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a incineración totalizaron 505.5 millones de pesos, el costo de producción y venta por 949.3 millones de pesos, fue sumado en el ajuste al costo de realización por 141.0 millones de pesos, la ASF observó, que se obtuvo una pérdida bruta en su producción y venta por 584.8 millones de pesos. Con el resultado negativo registrado, Pemex Etileno incumplió con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, establecida en su acuerdo de creación. Irregularidades determinadas. De la rentabilidad del esquema de reactivación de la cadena productiva de acrilonitrilo en el complejo petroquímico Morelos, y los resultados de la reactivación, la ASF identificó, las siguientes irregularidades:


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Desde el inicio de la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en 2009 al cierre de la planta en 2016, se obtuvo beneficios por 375.5 millones de pesos y un resultado bruto negativo por 2 mil 054.6 millones de pesos, lo que ocasionó una pérdida neta por 1 mil 679.0 millones de pesos.

El costo por mantener la planta de acrilonitrilo parada fue de 9.5 millones de dólares, en

octubre de 2009 a diciembre de 2016 esos costos ascenderían a 994.9 millones de pesos, que comparados con los 1 mil 679.0 millones de pesos de pérdida de la operación del esquema, habrían representado una menor pérdida por 684.0 millones de pesos, por lo que la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo no fue un negocio rentable para Petróleos Mexicanos.

A partir del 21 de septiembre de 2016, Pemex Etileno dio por terminados anticipadamente

los contratos de suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso destinado a incineración, de arrendamiento de inmueble y de servicios de optimización, auxiliar, administrativo y maquila, ya que se encontraban vinculados entre sí.

Pemex Etileno no ha definido un plan de acción para los activos y el personal actualmente

asignado a la planta de acrilonitrilo, ya que se encuentra evaluando diferentes opciones económicas, como son la renta de la planta con opción a compra.

A octubre de 2017, la plantilla laboral de trabajadores asignados a la planta de acrilonitrilo

continuó siendo la misma que cuando la planta se encontraba en operación. La entidad no ha cumplido con el programa para llevar la planta a condición segura por lo

que existen sustancias químicas, catalizadores, productos y residuos pendientes en la planta. Además, queda pendiente la disposición final de acrilonitrilo puro, crudo, moniaco, residuo y de catalizador, y descontaminación de tanques y recipientes en la sección de almacenamiento.

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 2 (2 R) Recuperaciones determinadas (miles de pesos): 35.3, Operadas: 35.3, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. Pemex Exploración y Producción. “Insumos para la Producción de Gasolinas”. Auditoría de Desempeño, No. 0462. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir al abasto nacional de gasolinas y diésel, mediante la exploración y extracción de petróleo crudo. Antecedentes: En 2008, debido a la caída de la producción petrolera, aunada a la falta de tecnología para acceder a yacimientos petroleros más complejos, el sector energético se enfrentó a la


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necesidad de un cambio estructural para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados, por lo que el Congreso de la Unión aprobó una reforma energética que, en el subsector de los petrolíferos, pretendió incrementar la capacidad de producción para disminuir las importaciones de gasolina, en un entorno de demanda creciente. Hallazgos relevantes: Limitaciones en la generación del valor económico por los resultados negativos en su rentabilidad. La ASF determinó, que la entidad fiscalizada en su segundo año como Empresa Productiva Subsidiaria, operó con sus propios recursos y registró una pérdida neta por 44 mil 069.0 millones de pesos. Incumplimiento en la calidad de crudo entregado al Sistema Nacional de Refinación. Pemex Exploración y Producción contribuyó al abasto de gasolinas y diésel que demandó el país al enviar al Sistema Nacional de Refinación el 99.7% del volumen de petróleo crudo requerido por Pemex Transformación Industrial (935.2 mbd). La ASF observó, incumplimientos en la calidad de cinco de los once tipos entregados de enero a septiembre, así como seis de los doce tipos entregados de octubre a diciembre, por lo que compensó a Pemex Transformación Industrial con 1 mil 272.6 millones de pesos. Reducción en la producción de petróleo crudo. Pemex Exploración y Producción produjo 2,153.5 miles de barriles diarios de petróleo crudo, que representaron un cumplimiento de 95.9% de la meta establecida; en el trienio 2014-2016, después de la reforma energética, la producción del hidrocarburo disminuyó 11.3%, debido a la caída de los precios de los hidrocarburos en el ámbito internacional, lo que provocó que pospusiera proyectos y reorientara la estrategia para mantener la producción base. En el bienio 2015-2016, la incorporación de reservas probadas disminuyó 31.4 puntos porcentuales después de la reforma energética. Ineficiencia en los avances de los campos asignados para la exploración y extracción en Ronda Cero. La ASF observó que, Pemex Exploración y Producción (PEP) puso en riesgo la conservación de los títulos de asignación para la exploración y extracción de hidrocarburos otorgados en Ronda Cero, de 106 áreas para exploración, 1 no contó con compromiso mínimo de trabajo (CMT), 24 cumplieron con todos los rubros de su CMT y 81 áreas no cumplieron su CMT. Respecto a las 287 áreas para la extracción de hidrocarburos asignadas a PEP, 3 no reportaron metas, resultados, ni inversiones por realizar; 28 reportaron resultados sin metas programadas; 65 cumplieron con el CMT y 191 no cumplieron al 100% con las actividades. En relación con las 95 áreas de resguardo, la ASF constató que, PEP sólo reportó 62 sin explicar las razones de ello, por lo que la información no se presentó de forma clara, sencilla, confiable ni actualizada. Ineficientes costos de producción para medir la competitividad. La ASF identificó que en materia de costos, el indicador establecido para calcular los costos de descubrimiento y desarrollo fue ineficiente para medir la competitividad de Pemex Exploración y Producción (PEP) en materia de exploración y desarrollo, por lo que no fue posible emitir un pronunciamiento al respecto.


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Incumplimiento en el sistema de control interno. La ASF observó que, Pemex Exploración y Producción (PEP) incumplió en tres componentes del Sistema de Control Interno: Evaluación de riesgos. En las matrices de riesgos de los procesos de exploración y

producción no incluyeron los actos vandálicos en las instalaciones como riesgos que pudieron afectar su eficiencia operativa.

Información y comunicación. No hubo canales de información y comunicación de las áreas

responsables del factor de recuperación de hidrocarburos respecto de las cifras proporcionadas y no contó con documentación de las causas de variación de la producción de petróleo crudo en el periodo 2007-2016 y los resultados de los campos asignados en 2016 con la Ronda Cero.

Supervisión y monitoreo. no se dio seguimiento a uno de los objetivos estratégicos del Plan

de Negocios de Petróleos Mexicanos 2016-2020, ya que las áreas no contaron con los criterios de sustentabilidad para aumentar las reservas, ni a la Estrategia Programática del PEF 2016 respecto de los cuartiles de los costos de descubrimiento y desarrollo de petróleo crudo equivalente.

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 23 (23 RD) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Pemex Exploración y Producción. “Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0457. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registró en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: En el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 2015, se publicó el Acuerdo de Creación de Pemex Exploración y Producción (PEP), empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, la dirección estratégica y la coordinación de PEMEX. De conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, PEP tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno: sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero. Hallazgos relevantes: Omisión en el pago de Derecho de Extracción de Hidrocarburos. La ASF identificó, diferencias en la valoración del petróleo crudo y deducciones que, al considerarlas para calcular la base gravable de los derechos, resultó que existe una omisión en el pago del Derecho de Extracción


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de Hidrocarburos (DEXTH) por 150.9 millones de pesos, y 4 mil 641.0 millones de pesos en Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), que totalizó 4 mil 792.0 millones de pesos. Incumplimiento en los acuerdos para distinguir el valor y volumen de los componentes. La ASF observó que, Pemex Exploración y producción no calculó el precio promedio ponderado del gas ni de los condensados, en incumplimiento de los acuerdos publicados en el DOF el 16 de febrero y 6 de julio de 2015, los cuales especifican que para el cálculo se deben distinguir explícitamente el valor y el volumen de cada uno de sus componentes (metanos, etanos, propanos y butanos), debido a que carece de los insumos para su determinación.

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 4,113.2, Operadas: 4, 113.2, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Exploración y Producción. “Movimientos de Personal por Suspensión o Cancelación de Proyectos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0464. Objetivo: Fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, cancelación, modificación y terminación de programas y proyectos, comprobar la utilización de los recursos asignados, así como su adecuada administración, notificación a las áreas involucradas y que la reasignación y liquidación del personal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Cabe señalar que la dinámica de la operación de la empresa y las necesidades de las líneas de negocio, determinan la entrada o salida de operación de equipos y actividades; los trabajadores de planta de un área que se cierra o desincorpora, quedan en calidad de "disponibles", y se les asignan actividades acordes a su categoría y especialización, sujetos a su reacomodo definitivo en áreas productivas de la empresa, con el propósito de generar valor; lo anterior, mediante acuerdos y convenios que celebren las partes, en los que se plantee la reducción de puestos o supresión de departamentos de la empresa, con motivo de la adecuación de su organización, de la modernización de sus instalaciones y simplificación de sistemas. En algunos casos de reacomodo, se tiene que movilizar al trabajador de un centro de trabajo a otro, de una empresa a otra, o incluso de una sección sindical a otra, por lo que se aplican las condiciones de movimientos de personal del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y se liquidan las prestaciones establecidas en su cláusula 88, y los tiempos de ejecución se acuerdan entre las partes, de conformidad con las necesidades operativas de las líneas de negocios. Hallazgos relevantes: Incumplimiento en el plazo máximo de trasferencia de personal. La ASF observó que la entidad fiscalizada formalizó cuatro actas de trasferencia de personal, con un desfase de 2 a 186 días naturales, incumpliendo con el plazo máximo establecido en su normativa y no evidenció la


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causa que justifique el incumplimiento para realizar la trasferencia de recursos humanos, materiales y financieros, mediante actas de entrega-recepción. Diferencia en los datos de nómina de funcionarios y personal activo. El presupuesto ejercido por movilizaciones y gastos de transporte-menaje de casa por 24.5 millones de pesos, no correspondió con los datos de la nómina anualizada de funcionarios y personal activo de Pemex Exploración y Producción (PEP) de movilizaciones y gastos de transporte-menaje de casa, por 13.9 millones de pesos, al existir una diferencia de 10.5 millones de pesos. No existe evidencia del reacomodo de trabajadores operativos. La falta de programa operativo de los equipos de perforación y de presupuesto ocasionó que 343 trabajadores operativos asignados a ocho equipos estuviera sin actividad, de 385 a 2,831 días; no fue sino hasta junio de 2016 cuando se definió la situación laboral de 228 plazas vacantes y en el caso de 115 plazas, con un costo anual de nómina por 59.8 millones de pesos, de las cuales no se proporcionó evidencia de su reacomodo. Falta de reacomodo de personal sin materia de trabajo. De 172 plazas sindicalizadas asignadas a dos brigadas de exploración, sin materia de trabajo desde 2014 y 2015, con un costo de nómina durante 2016 por 80.9 millones de pesos. A diciembre de 2017, se definió la situación laboral de 143 personas y se encuentra pendiente el reacomodo de 29 trabajadores. Número de observaciones: 7; Número de acciones: 11 (8 R; 3 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Exploración y Producción. “Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0466. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del pasivo con "Proveedores y Contratistas", para verificar que todas las obligaciones contraídas se registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El 18 de noviembre de 2014, mediante el acuerdo CA-128/2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX) aprobó la primera reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y filiales, así como la transformación del Organismo Subsidiario PEMEX Exploración y Producción en la Empresa Productiva Subsidiaria de Exploración y Producción, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano; tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona exclusiva del país y en el extranjero.


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Hallazgos relevantes: Deficiencia en el control, conciliación y depuración de subcuenta acreedor por retención. La ASF observó que, el saldo de la subcuenta "Acreedor de retención" por 802.8 millones de pesos, presentó registros por 587.6 millones de pesos, integrados por 6,015 registros que datan de 2009 a 2015, sin que hayan conciliado con el contratista o revisado que el incumplimiento se haya subsanado a fin de depurar sus registros. De lo anterior, no se contó con el detalle del número ni el nombre del proveedor o contratista, por contrato o factura. Falta de documentación comprobatoria. La cuenta 2401 "Materiales recibidos a precio estimado", la ASF observó que, la entidad fiscalizada tiene un saldo deudor por 2 mil 023.8 millones de pesos, del cual, se indicó que 2 mil 021.1 millones de pesos corresponden a Pemex Perforación y Servicios (PPS), debido a la desincorporación del Departamento de Perforaciones, ya que a la fecha no existe un contrato en el Sistema de Aplicación y Productos (SAP) para los trabajos de las nuevas Empresa Productivas Subsidiarias (EPS), de la diferencia por 2.7 millones de pesos, falto documentar e informar su situación. Asimismo, queda pendiente de aplicar y depurar un saldo acreedor por 433.6 millones de pesos y un saldo deudor por 2 mil 023.8 millones de pesos. La ASF determinó que, no se proporcionó la documentación que compruebe y justifique el estatus de los registros que integran el saldo de la cuenta. Falta de programa de pago del saldo del contratista. La ASF observó, que del saldo del contratista 311620 por 6 mil 588.2 millones de pesos del contrato de obra pública financiada 424507806, no proporcionó la documentación soporte del cálculo de la amortización y el pago de intereses por 108.0 millones de pesos que corresponden a dos facturas, realizado en enero de 2017. Falta de evidencia para programa de trabajo. De la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad fiscalizada remitió un programa de trabajo para depurar las partidas con antigüedad mayor de 180 días, por 99. 9 millones de pesos, y que en algunos casos presentan saldos contrarios a su naturaleza por 2.0 millones de pesos. La ASF observó que, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de la formalización del programa de trabajo con las áreas responsables de ejecutarlo ni de su implementación. Número Observaciones: 8; Número Acciones: 9 (9 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Exploración y Producción. “Transporte e Instalación de Plataformas de Perforación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0467. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el servicio de transporte e instalación de plataformas de perforación, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que los equipos cumplieron con los requisitos requeridos en los contratos y los servicios se recibieron con oportunidad, en su caso, constatar que los finiquitos se ajustaron a


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las condiciones contractuales; y que el pago, la comprobación y el registro contable y presupuestario, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Por la naturaleza de los trabajos realizados (transporte e instalación), se requirió primordialmente del uso de embarcaciones principales (barcos grúa) y embarcaciones secundarias (remolcadores y chalanes), en su mayoría de procedencia extranjera, con los requerimientos legales y la capacidad técnica, que incluyeron pesos específicos de las estructuras y disponibilidad durante el periodo requerido del proyecto; asimismo, se identificaron los riesgos inherentes a los trabajos, como desfasamiento en la fabricación de plataformas en patio, modificación de las condiciones del subsuelo por la realización de actividades previas de perforación y sucesos climatológicos adversos, que originaron gastos no recuperables y variaciones de obra con motivo de estadías adicionales de las embarcaciones y adecuaciones de los trabajos. Hallazgos relevantes: Plataforma sin uso por saqueo y desmantelamiento. Pemex Exploración y Producción cuenta con la plataforma de perforación PP-Balam-A, capitalizada en 1 mil 798.4 millones de pesos, inutilizada con motivo de saqueo y desmantelamiento, sin operación durante 541 días a partir de su entrega (28 abril de 2016), sin que se evidencie las acciones para su reparación y puesta en operación, la valuación de los costos, el registro contable de las afectaciones, ni la aplicación de los seguros, lo que ocasionó que se encuentre improductiva y sin operaciones. Pago de trabajos por cancelación no justificada. Al amparo del contrato 420833835 se instruyó el transporte e instalación de la plataforma de perforación Xanab-B por 31.0 millones de dólares, importe superior del que disponía el activo de producción Litoral de Tabasco de 16.0 millones de dólares, por lo que se efectuó la cancelación del transporte e instalación de dicha plataforma, debido a la falta de planeación presupuestaria, lo que ocasionó pagos de 1.2 millones de dólares (equivalente 24.8 millones de pesos). Irregularidades de servidores públicos por orden de cambio. PEMEX Exploración y Producción (PEP) suscribió la orden de cambio del contrato "número 04 (Cuatro) Finiquito", con el objetivo de reconocer variaciones de obra, suspender hechos, prorrogar 12 días naturales la terminación total de los trabajos, e incrementar el monto en 68.4 millones de pesos y 19.3 millones de dólares; sin que dichos cambios se realizaran mediante un convenio modificatorio, como lo especifica su normativa interna; no se justificó la falta de formalización del instrumento jurídico que correspondía. En consecuencia de lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, y respecto de sus funciones, formalizaron una orden de cambio en lugar de un convenio modificatorio para reconocer una prórroga de 12 días naturales, y el incremento por 68.4 millones de pesos y 19.3 millones de dólares del contrato 420833835.


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Gastos no recuperables y falta de una metodología para la determinación de su costo y tiempo. La ASF constató que 1 mil 973.2 millones de pesos corresponden al pago de obligaciones reportadas como gastos no recuperables en que incurrió el contratista con la suspensión de los trabajos por causas atribuibles a PEP y por caso fortuito o de fuerza, en donde se determinó lo siguiente: La entidad fiscalizada careció de un lineamiento, política o criterio para las suspensiones de

embarcaciones secundarias, para determinar los días por ser reconocidos como "Gastos no recuperables".

Careció de un lineamiento, política o criterio, que incluya los elementos y la metodología

para determinar los costos de los "Gastos no recuperables"; en su lugar, se utilizaron las tarifas diarias establecidas en los catálogos, o en su caso, la instrucción para la desmovilización y movilización.

Para acreditar la procedencia de los costos generados de los "Gastos no recuperables", se

realizaron los estudios de "Análisis de Gastos no Recuperables por Suspensiones"; no se contó con un lineamiento, política o criterio que describiera la metodología para su elaboración, ya que dichos documentos fueron suscritos hasta 172 días después de la solicitud del área requirente para su autorización.

Número de observaciones: 10; Número de acciones: 14 (9 R; 5 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Exploración y Producción. “Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0456. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409807, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tiene por objeto llevar a cabo el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos de PEP, Sistema 1; fue adjudicado mediante licitación pública internacional, conforme a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio el 11 de marzo de 2009 por Pemex Exploración y Producción a la contratista DMGP Servicios de Integridad, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1 mil 304.4 millones de dólares y un plazo de 3,652 días naturales, comprendidos del 4 de mayo de 2009 al 3 de mayo de 2019. En dicho contrato no se otorgó anticipo.


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El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 420409851 tiene por objeto el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos de PEP, Sistema 3; fue adjudicado mediante licitación pública internacional, conforme a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, el 3 de diciembre de 2009 por PEP a la empresa Norpower, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 267.7 millones de dólares y un plazo de 3,652 días naturales, comprendidos del 11 de enero de 2010 al 10 de enero de 2020. En dicho contrato tampoco se otorgó anticipo. Hallazgos relevantes: Pagos realizados en exceso. Del contrato de obra pública correspondiente a la "Embarcación de posicionamiento dinámico para trabajos de inspección y mantenimiento a ductos", la ASF determinó pagos en exceso por 418.8 miles de dólares (equivalentes a 7.8 millones de pesos), debido a la duplicidad de 4.7222 días considerados para pago de la embarcación “Boa Canopus”, en donde existe una diferencia a favor de la entidad fiscalizada por 23.7 miles de dólares (equivalente a 442.4 miles de pesos), ya que en el reporte de actividades, solamente justifican 1.3194 en lugar de 1.5868 días pagados. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 442.4 miles de pesos más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste costos, por las diferencias entre los días pagados y los verificados en números generadores y el reporte de actividades de la embarcación de 0.2674 días. Pagos indebidos por diferencias de volúmenes pagados. Del contrato de obra pública correspondiente al “Suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos" debido a la diferencia de volumen de 10,375 litros estimados y pagados por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que PEP autorizó a la contratista un pago de 97.3 miles de dólares (equivalente a 1.8 millones de pesos). Toda vez que la entidad fiscalizada comprobó documentalmente la procedencia de pago de 85.4 miles de dólares (equivalente a 1.5 millones de pesos), correspondientes a 9,103 de los 10,375 litros; sin embargo, existe una diferencia a favor de la entidad fiscalizada de 1,272 litros con importe de 11.9 miles de dólares (equivalente a 222.6 miles de pesos). Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 222.6 miles de pesos más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste de costos, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo verificado en números generadores y reportes de suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos, de 1,272 litros. Pagos injustificados y sin documentación comprobatoria. Del contrato de obra pública correspondiente al “Despalme en material tipo "A" con maquinaria (con espesor hasta 0.30 m.)”, debido a la diferencia en el alcance del precio unitario pagado, la ASF determinó que PEP autorizó a la contratista pagos por 67.5 miles de dólares (equivalente a 1.2 millones de pesos).


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Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Logística aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1.2 millones de pesos más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste de costos, debido a que se utilizó en los trabajos de despalme una maquinaria distinta de la considerada en el costo básico de rentas horarias. Pagos en exceso para la formación de terraplenes. La entidad fiscalizada autorizó a la contratista pagos en exceso por 2.3 miles de dólares (equivalente a 42.8 miles de pesos), para la “Formación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho, con pendientes del 2% incluye, extracción, carga, acarreo, descarga, tendido y compactado por bandeo sin control de laboratorio”, debido a que se detectaron diferencias entre el volumen autorizado y pagado por Pemex y el verificado por la ASF en los números generadores de 269.37 m3. La ASF, señaló que falta comprobar 2.2 miles de dólares (equivalentes 40.8 miles de pesos), ya que no acreditó documentalmente el volumen de 256.65 m3 mediante las secciones topográficas de la formación de los terraplenes que sirvieron como bordos ni presentó la ubicación del banco de extracción de arcilla. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Logística, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 40.8 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste costos. Pagos injustificados para excavaciones con maquinaria distinta. La entidad fiscalizada, autorizó a la contratista pagos por 44.3 miles de dólares (equivalente a 825.9 miles de pesos), para las "Excavaciones con maquinaria para estructuras, tuberías de proceso, zanjas, cimentaciones, ductos eléctricos, en material tipo "B", de 2.01 a 4.00 metros de profundidad”, debido a la diferencia en el alcance del precio unitario pagado. Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Logística aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 825.8 miles de pesos más los rendimientos financieros generados y el ajuste de costos, debido a que en los trabajos de excavación se utilizó una maquinaria distinta de la considerada en el costo básico de rentas horarias. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 5 (5 SA) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 2.8, Operadas: 0.0, Probables: 2.8 Dictamen: Cumplió. Pemex Exploración y Producción. “Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para Instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos; Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach)”. Auditoría de Inversiones Físicas: No. 0458. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,


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presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: Del universo seleccionado por 6 mil 181.0 millones de pesos (de un total de 16 mil 005.0 millones de pesos), que comprendió la ejecución de obras y servicios relativos a los proyectos de desarrollo de estudios de ingeniería de proyectos para instalaciones de proceso, infraestructura y ductos, la ASF revisó el 56.8% es decir un monto de 3 mil 513.3 millones de pesos. Hallazgos relevantes: Elevados montos de contratos no ejercidos. De un monto presupuestario modificado por 16 mil 005 millones de pesos, se ejerció sólo el 38.6%. Pagos en exceso en el contrato número 420904803. Este contrato tuvo por objeto el “Desarrollo de estudios e ingeniería de proyectos para instalaciones de proceso, infraestructura y ductos responsabilidad de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de la SSAP. La ASF determinó pagos en exceso por 14.0 millones de pesos. Irregularidades detectadas en el contrato número 421004880. Este contrato tuvo por objeto la “Ingeniería, procura, Construcción e Instalación de Ductos, Instalación de Infraestructura Submarina; así como Comisionamiento y Arranque de Pozos del Campo Lakach”. La ASF determinó lo siguiente:

La entidad fiscalizada realizó un deficiente estudio de mercado que le impidió realizar una correcta evaluación de las propuestas para valorar los conceptos y partidas incluidas en el contrato.

Pemex Exploración y Producción adjudicó el contrato por 771.3 millones de dólares a una

empresa que resultó 48.8 millones de dólares mayor respecto de la propuesta original (722.5 millones de dólares). La ASF determinó que el monto asignado representó 164 millones de dólares arriba del presupuesto interno de Pemex asignado al proyecto.

Falta de análisis de los precios unitarios de la contratista de Pemex que soporten los montos

de los contratos por 347.6 millones de pesos más 695.8 millones de dólares que equivalen a un total de 9 mil 386.7 millones de pesos.

Irregularidades detectadas en el contrato de obra núm. 648235804. Este contrato tiene por objeto la Rehabilitación y Adecuación de Infraestructura para los Sistemas de Seguridad, Control, Producción, Flexibilidad, Operativa, Estructuras y Servicios Auxiliares en Apoyo a la Operación en las Instalaciones del Centro de Proceso Abkatún-A”. La ASF determinó:


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Que la entidad fiscalizada no justificó la contratación bajo la modalidad de adjudicación directa derivado de caso fortuito o fuerza mayor para la ejecución de los trabajos.

Evaluación económica deficiente que impidió que en el contrato por 2 mil 225.1 millones de

pesos se obtuvieran las mejores condiciones económicas para el Estado. La entidad fiscalizada no llevó a cabo controles para determinar los rendimientos y

cantidades reales de los insumos utilizados para la integración de los precios unitarios. La entidad fiscalizada realizó pagos en exceso por 110.0 millones de pesos. Irregularidades detectadas en el contrato de obra núm. 648235804. El objeto del programa fue la “Rehabilitación y Adecuación de Infraestructura para los Sistemas de Seguridad Control, Producción, Flexibilidad Operativa, Estructuras y Servicios en Apoyo a la Operación en las Instalaciones del Centro de Proceso Abkatún-A”. La ASF detectó lo siguiente: Probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de PEMEX, ya que la entidad fiscalizada a

través de su residencia de obra autorizó pagos no justificados por un monto de 106.5 millones de pesos efectuados en el ejercicio 2016 del gasto por el concepto "4.5", Maniobrista.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de PEMEX, ya que la

entidad fiscalizada realizó pagos en exceso por un monto de 81.7 millones de pesos efectuados en el 2016, en el concepto del Anexo C: Andamios Metálicos (Aluminio) de Seguridad.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de PEMEX, ya que la

entidad fiscalizada por conducto de la residencia de obra avaló pagos indebidos por un monto de 112.8 millones pesos, por no justificar debidamente los pagos realizados en las estimaciones números 1, 2, 3, 4 y 5 con plazo de ejecución del 15 de agosto al 15 de diciembre de 2015 pagados en 2016, referentes al concepto número "C-5.29", Andamios metálicos (aluminio).

La entidad fiscalizada realizó pagos en exceso por 12.3 millones de pesos, en los conceptos

del Anexo “C”: Servicio de hospedaje, alimentación de tres comidas y servicio de café y Servicio de hospedaje y alimentación de dos comidas. La ASF determinó probable daño patrimonial.

Irregularidades detectadas en el contrato de obra pública número 428233858. El objetivo de este programa fue el “Suministro, Prefabricado, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones, Obra Electromecánica y Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de PEP en el Golfo de México, con Apoyo de Embarcación de Posicionamiento Dinámico y Equipos Diversos”. La ASF detectó lo siguiente:


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Se realizaron pagos indebidos por 401.4 millones de pesos, en el concepto del Anexo “C”: Andamios Metálicos (Aluminio) de Seguridad.

La entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por 432.5 millones de pesos, en los conceptos

del Anexo “C”: Ayudante de Operario, Maniobrista, Operario Especialista, Cabo de Oficios, Técnico Especialista Autocad, Capturista, Técnico Especialista en Cómputo e Ingeniero Especialista de Campo.

Contratación de bienes y servicios mediante asignaciones directas no justificadas. Durante el desarrollo de la auditoría realizada a la entidad fiscalizada, no se presentó la justificación o dictamen por excepción al concurso abierto a licitación pública de los contratos de servicios núms. 428224887, 648225848, 428224885, 648225836, 648225844, 648225832, 648225822, 648225820, 648225835, 648226801, 648225818 y 648225827, adjudicados de forma directa a la contratista entre los años de 2014 y 2015, los cuales suman un monto contratado por 1 mil 427.1 millones de pesos, en donde se señale cuáles fueron las causas por las que el procedimiento de concurso abierto no resultó el idóneo para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado de acuerdo con la naturaleza de los contratos en comento. Asimismo, en diversos contratos varió el plazo de ejecución de los contratos y se realizó una deficiente evaluación técnica de dichos contratos. Irregularidades detectadas en la fiscalización de los contratos de servicios núms. 428224810 y 428224811. La entidad fiscalizada realizó un pago en exceso por el monto de 229.3 millones de dólares (4 mil 738.0 millones de pesos), y no aseguró para el Estado en la adjudicación del contrato las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Irregularidades detectadas en la revisión de los contratos de licitación pública núms. 425027865, 425022896, 425022879, 425027881, 425020859, 425022898, 425027880, 425027854 y 425029814. La entidad fiscalizada realizó una deficiente evaluación de las propuestas técnicas para la adjudicación de los contratos económicos, ya que se detectaron diversas irregularidades en la selección del contratista, en incumplimiento de las condiciones de igualdad y transparencia entre todos los participantes, ni se aseguró que los procedimientos de contratación se llevaran a cabo bajo los principios de honradez, transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez y que sean expeditos, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Irregularidades detectadas en la revisión de los contratos números 648225809 y 648225810. Pemex Exploración y Producción aclare realizó pagos injustificados por 10.6 millones de pesos, en los conceptos 7, 8 y 9 consistentes en Servicio de tracto camión con plataforma de 30 tons. Irregularidades detectadas en la revisión al contrato de obra núm. 428233858. El objetivo del programa es el “Suministro, Prefabricado, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones,


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Interconexiones, Obra Electromecánica y Montajes de Equipos en Instalaciones Marinas de PEP en el Golfo de México, con apoyo de Embarcación de Posicionamiento Dinámico y Equipos Diversos”. La ASF determinó lo siguiente: Pagos no justificados por un importe de 570.9 millones de pesos. Irregularidades detectadas en la revisión a los contratos 648235808 y 648235809. El objetivo de estos contratos adjudicados directamente, por Pemex Exploración y Producción, es el “Mantenimiento a Instalaciones Costa Afuera de la Región Marina (Paquete 13)” y “Mantenimiento a Instalaciones Costa Afuera de la Región Marina (Paquete 3)”. La ASF detectó lo siguiente: Se avalaron pagos injustificados por un importe de 56.2 millones de pesos como gastos de

mantenimiento del paquete 13, y 187.8 millones de pesos para el mantenimiento del paquete 3, lo que suma un importe total de 244.0 millones de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 y 12 y plazo de ejecución del 15 de enero al 15 de diciembre de 2016, pagados en 2016, referentes al concepto de C-3.12 “Andamios metálicos (aluminio) de seguridad”.

La entidad fiscalizada no presentó documentación justificativa y comprobatoria de 4 mil

375.6 millones de pesos, al adjudicar en forma directa los contratos números 648235808 y 648235809 a una misma contratista, sin contar con una adecuada programación de los trabajos y un detallado alcance de las actividades por ejecutar conforme y congruente al monto pactado.

Pemex Exploración y Producción no proporcionó documentación justificativa y

comprobatoria de 127.8 millones de pesos, debido a que efectuó una evaluación económica deficiente de las partidas contratadas números 3.120 Andamios metálicos, 2.80 Maniobrista y 4.10 Pernocta, del contrato número 648235808, ya que la ASF constató que en la integración de los precios unitarios se consideraron costos fuera de mercado.

Pemex Exploración y Producción no proporcionó la documentación justificativa y

comprobatoria de 212.4 millones de pesos, debido a que efectuó una evaluación económica deficiente de las partidas contratadas números 3.120 Andamios metálicos, 2.80 Maniobrista y 4.10 Pernocta, del contrato número 648235809.

Irregularidades detectadas en la revisión del contrato núm. 428233858. El objetivo de este contrato adjudicado mediante el procedimiento de licitación Pública Internacional por Pemex Exploración y Producción, es el “Suministro, Prefabricado, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones, Obra Electromecánica y Montajes de Equipos en Instalaciones Marinas de PEP en el Golfo de México, con apoyo de Embarcación de Posicionamiento Dinámico y Equipos Diversos”. La ASF determinó que la entidad fiscalizada avaló pagos durante el ejercicio 2016, por un importe de 23.9 millones de pesos en las estimaciones núms. 26, 27, 28, 29, 30 y 32 con plazo de ejecución de enero a marzo de 2016,


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referente al concepto de C-2.4.28 “Andamios metálicos (aluminio) de seguridad” sin que se justificaran dichos pagos vinculados con el “Anexo B-1-3”. Elevados montos de recuperaciones probables de la revisión global practicada por la ASF. Se determinaron recuperaciones probables por 459.0 millones de pesos. Adicionalmente, existen 14 mil 351.3 millones de pesos por aclarar. Número de observaciones: 28; Número de acciones: 44 (12 R; 1 PEFCF; 8 SA; 16 PRAS; 7 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 459.0, Operadas: 0.0, Probables: 459.0 Dictamen: No cumplió. Pemex Exploración y Producción. “Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la Plataforma de Producción Abkatun-A2 y Contratos de Mantenimiento para Rehabilitación de la Plataforma Abkatun "A" Permanente”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0459. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: Pemex Exploración y Producción tiene el compromiso de entregar crudo Maya de 21° API, 800 MBPD, a la exportación vía costa afuera de los campos de los activos de producción Cantarell y Ku Maloob Zaap. Para este fin, dado que algunos volúmenes de crudo de los campos de la Región Marina Noreste (RMNE) tienen niveles API de 13 a 17 grados, es preciso mejorar su calidad con base en la mezcla de este con el crudo ligero de 37° API que se envía de los campos de la Región Marina Suroeste (RMSO). Hallazgos relevantes: No se realizó el mercadeo de los insumos utilizados para las fases del contrato. De la revisión de los contratos correspondientes al “Mantenimiento a las instalaciones y plataformas marinas”, “Obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción”, “Mantenimiento y Apoyo a Perforación en las Regiones Marinas”, “Mantenimiento y Adecuaciones a Instalaciones Marinas (Plataformas y Complejos) ubicadas en el Golfo de México” y “Servicio de transporte de materiales y equipos diversos”, la ASF observó que la entidad fiscalizada no realizó el mercadeo de los insumos utilizados en las propuestas de los contratistas o prestadoras de servicios, así como la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes detallando el plazo y el tipo de trabajos para todas las fases del contrato.


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Falta de análisis de propuestas de los contratistas. De la revisión del contrato correspondiente al “Servicio de Transporte de Materiales y Equipo Ligero en el Golfo de México con 01 (un) abastecedor rápido”, la ASF observó que omitieron realizar el análisis de las propuestas de los contratistas que garanticen el mercadeo y justificación de los precios, así como, la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes detallando el plazo y el tipo de trabajos para todas las fases del contrato. Falta de documentación comprobatoria para los estándares de aceptabilidad de las Normas Oficiales Mexicanas. Del contrato de obra a precio correspondiente del “Diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2)”, la entidad fiscalizada autorizó el uso de recubrimiento anticorrosivo a base de cadmio que se debe cumplir para la adquisición de espárragos, tuercas y tornillos para servicio de alta y baja temperatura. La ASF determinó que no se comprobó documentalmente que el recubrimiento de cadmio empleado para eficientar la durabilidad de los elementos de sujeción y soporte de la infraestructura marina de producción Abkatún-A2, se encuentra bajo estándares de aceptabilidad de las Normas Oficiales Mexicanas. Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en subcontrataciones. Del contrato de obra a precio mixto correspondiente al “Diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2)”, la ASF observó las siguientes irregularidades: Sin información que justifique, previo al pago de la compensación, el análisis y argumento

técnico, económico y jurídico de los criterios utilizados para considerar que el contratista obtenga beneficios adicionales por hacer bien el trabajo, en tiempo y forma por el cual está contratado y además es especialista; no justificó que esta compensación no es congruente con las disposiciones de austeridad en el gasto y uso de recursos de la entidad fiscalizada.

Incumplió el procedimiento establecido para la autorización de la subcontratación, ya que

autorizó la subcontratación de los trabajos de ingeniería fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos, incurriendo en una deficiente administración y supervisión de los trabajos.

No proporcionó información adicional que aclare y justifique la autorización de las

subcontrataciones fuera del plazo establecido en el contrato y su periodo de ejecución, por la subcontratación del “Sistema Estructural de Trípodes” y “Sistema Estructural de Puentes”.

No proporcionó evidencia documental que justifique la ejecución de trabajos de Estudio

Geofísico Superficial Somero y Profundo, y Estudio Geotécnico pertenecientes al concepto de Ingeniería Básica, por una compañía diferente a la autorizada para desarrollar dichos conceptos y sin la documentación que permitiera evaluar y autorizar a la subcontratista.


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La entidad fiscalizada no proporcionó información adicional que aclare y justifique la ejecución del servicio de la supervisión de segundo nivel, el procedimiento de contratación utilizado y establecido en la legislación vigente; no aclara por qué el contratista es responsable de pagar el reconocimiento de dichos servicios a terceros, que los trabajos de supervisión no estén establecidos en el objeto y alcance del contrato, y no se justifica la inclusión de un contrato de servicios dentro de un contrato de obra pública.

Información incompleta e insuficiente que soporte el análisis económico, la evaluación

comercial y el estudio de mercado que soporte la razonabilidad de los precios contratados correspondientes.

Sin evidencia documental adicional que justifique el análisis y mercadeo de costos asociados

a la obra, la razonabilidad económica de la propuesta del contratista, análisis de los costos de equipos, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos, la aceptabilidad de los precios, precios máximos de referencia y la determinación del presupuesto.

La entidad fiscalizada evaluó y autorizó el finamiento de las órdenes de compra, sin contar

con la información completa y suficiente que justifique las ofertas comerciales y el cuadro comparativo de ofertas.

Se realizó una deficiente supervisión, evaluación, autorización y control del fincamiento de

equipos de Instalación Permanente y Largo Proceso de Fabricación, debido a que la contratista incumplió con el plazo establecido para la entrega y fincamiento de órdenes de compra.

Se incumplió con la entrega en tiempo y forma del Estudio de Riesgo. No demostró documentalmente como se llevó a cabo las evaluaciones técnicas y

económicas para cada una de las cotizaciones de los equipos y/o materiales. Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en el desarrollo de estudios, proyectos y programas para licitantes. De los contratos de obra pública correspondientes al “Mantenimiento a las instalaciones y plataformas marinas de la Región Marina Nor-Este, con apoyo de una embarcación” y “Obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción con apoyo de un barco grúa DP II y equipos diversos”, la ASF observó las siguientes irregularidades:

La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que justifique la falta de los

análisis de mercado para ambos procedimientos licitatorios, con los que se determinarían los precios prevalecientes en el mercado para llevar a cabo las licitaciones públicas y las condiciones económicas que imperaban en el mercado al momento de iniciar los procedimientos licitatorios.


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Se incumplió con el desarrollo de estudios, proyectos y programa general de ejecución de las obras que permitieran a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión ininterrumpida.

Pagos indebidos por falta de soporte documental. Del contrato de obra pública correspondiente a “Obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción con apoyo de un barco Grúa DP II y equipos diversos”, la ASF observó pagos indebidos por 33.7 millones de pesos, por la falta de soporte documental que avale las actividades que realizó cada personal durante cada jornada pagada. Número de observaciones: 21; Número de acciones: 31 (15 R; 5 SA; 11 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 30.9, Operadas: 0.0, Probables: 30.9 Dictamen: No cumplió. Pemex Exploración y Producción. ”Revisión de los Contratos Núms. 423024809, 423114813, 423024824, 423114600, 423022812, 423024812 y 423024802 de la Unidad de Negocios de Perforación de Pemex Exploración y Producción”. Auditoría de Inversiones Físicas, No.1808. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los contratos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 484.2 millones de pesos que comprendieron la realización de los trabajos y servicios que amparan los contratos núms. 423024809, 423114813, 423024824, 423114600, 423022812, 423024812 y 423024802; dichos contratos tuvieron el objetivo de brindar Servicios de Control Superficial de Presión para los Pozos Petroleros operados por la Unidad de Negocio de Perforación; Servicios de Pruebas de Producción (DST) en Pozos de la Región Marina; Servicio de barrenas y equipo direccional para pozos a intervenir por la Unidad de Negocio de Perforación, Paquete IV-A; Suministro mediante Contrato Abierto de Árboles de Válvulas Seccionados y Completos, incluyendo la Supervisión de los Servicios de Instalación, Pruebas y Puesta en Operación para Pozos Petroleros Marinos de PEP, Paquete A; Trabajos de Perforación con Barrenas y Equipo Direccional para Pozos de Desarrollo de la Región Marina; Trabajos de perforación con flujo controlado, consistente en control superficial y operaciones bajo balance para la perforación de pozos petroleros operados por la UNP. Paquete II-M y Trabajos con sistema impulsor superior (Top Drive), equipos y herramientas auxiliares para la perforación y reparación de pozos petroleros intervenidos por la Unidad de Negocio de Perforación.


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Hallazgos relevantes: Deficiencias en los requerimientos para suministrar equipos y pésimas condiciones de almacenamiento. La ASF comprobó, que el activo integral Ku-Maloob-Zaap solicitó 11 cabezales por un monto de 721.7 miles de dólares (14.9 millones de pesos al tipo de cambio de 20.6194 pesos) que no fueron utilizados y se encontraron en el almacén; cabe mencionar que dichos equipos perderán su garantía seis meses después de la fecha de terminación de los trabajos. Asimismo, la ASF observó que, los equipos enviados al almacén se encontraban sin ningún orden específico, por lo que se tuvo dificultad para identificarlos y no fueron protegidos para evitar daños, deterioro, o robo, lo que puede generar una afectación patrimonial. Deficiencias en la evaluación económica para la adjudicación de contratos. La ASF observó que, el contratista ganador no proporcionó la descripción de las herramientas y equipos necesarios para efectuar los trabajos. Asimismo, no anexó la documentación de las características técnicas requeridas por Pemex y no se contó con información y documentación relacionada a todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento de los contratos. Falta de análisis de mercado para la licitación pública. La ASF constató, que el proceso de adjudicación directa no justificó el análisis de mercado para la licitación, con el que se determinó el precio prevaleciente en el mercado para llevar a cabo las licitaciones públicas, lo que confirma la falta de análisis sobre el precio, eficiencia, competitividad, eficacia y economía. Falta de justificación técnica y económica para la reutilización de equipo. La ASF observó, que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia del control que se tiene sobre las condiciones de las barrenas, nuevas o usadas, no justificó el precio unitario, ya que en todo caso habría que tener dos precios unitarios para pagar el concepto de perforación en función del rendimiento de la barrena. Número de observaciones: 7; Número de acciones: 11 (5 R, 6 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Fertilizantes. “Gestión Financiera”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0468. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la operación, el cumplimiento de los programas de producción, sus proyecciones, su rentabilidad y recuperación de la inversión, su registro y presentación en la contabilidad y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: En diciembre de 2014, Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció varias iniciativas como parte de la estrategia para aumentar la producción de fertilizantes, incluyendo la integración de la


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Cadena de Producción Gas-Amoniaco-Fertilizantes y la renovación de una planta de amoniaco ubicada en Cd. Camargo, Chihuahua, inactiva desde 2002. Con la integración de la cadena se pretendía incrementar la oferta de fertilizantes de producción nacional y sustituir importaciones, así como acotar la intermediación que prevalece actualmente y eliminar los costos asociados con la importación del producto, al mejorar la oferta doméstica de fertilizantes a precios más competitivos, tanto por la disponibilidad del producto como por la oferta. Hallazgos relevantes: Adquisición de empresas que no benefician a PEMEX. Como resultado de la revisión practicada al “Caso de negocio Adquisición Fertinal” de diciembre de 2015, la cual se presentó como una oportunidad de negocio para Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la producción, distribución y comercialización de fertilizantes, debido a que el mercado requiere de una amplia oferta de fertilizantes de producción nacional. Entre los impactos esperados con la adquisición de GP FER, a partir de 2016 se sumaría la producción de fertilizantes fosfatados a la oferta de fertilizantes nitrogenados de Pemex Fertilizantes, lo que mejoraría la competitividad y, por ende, se revalorizarían los activos al aprovechar las sinergias que el organismo ofrecía a la operación de las plantas productoras de fertilizantes fosfatados, ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán; en cuanto al valor de la inversión de las potenciales sinergias, Pemex Petroquímica identificó diversas sinergias financieras y operativas, que revalorizarían a la empresa; dichas sinergias financieras se obtendrían como resultado de la mejora de los términos crediticios para PEMEX, y con las operativas se obtendrían mejoras y la capacidad de suministrar producto a precio competitivo. Sin embargo, de acuerdo con el reporte “Estimación de rangos de valores económicos de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias”, tanto el Comité de Estrategia e Inversiones de PEMEX como los consejos de Administración de Pemex Fertilizantes y PEMEX contaron también con la información legal, económica, financiera, fiscal, ambiental y de rentabilidad derivadas de las auditorías practicadas por los despachos externos, la estimación de rangos de valor de la empresa, la matriz de riesgos, entre otra, en la que se sustenta y acredita que la adquisición de GP FER por parte de Pemex Fertilizantes no consistía en un negocio rentable, por lo que no generó valor económico a la entidad fiscalizada en incumplimiento a lo señalado en los artículos 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 2 del Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes. Con la adquisición de GP FER se esperaba obtener una mejor rentabilidad para Pemex Fertilizantes, a partir de diversas sinergias financieras y operativas, que revalorizarían a la empresa; las sinergias financieras se obtendrían como resultado de la mejora de los términos crediticios para PEMEX, y con las operativas se obtendrían mejoras y la capacidad de suministrar producto a precio competitivo. De seis sinergias sólo dos se cumplieron y en cuatro el cumplimiento fue parcial, ya que el planteamiento original no era viable. Por lo anterior, se determinó que PEMEX contó con la información que le permitía conocer la situación económica, financiera, operativa y técnica de GP FER y aun así tomó la decisión de adquirir la empresa.


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Derivado de lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en PEMEX realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la compra de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias (GP FER), aun cuando en septiembre de 2015, un despacho externo realizó el due diligence financiero en el cual se determinó entre otros cuestionamientos que las revaluaciones de maquinaria realizadas en siete años parecían altas (690.0 millones de dólares); asimismo, indicó que sin la revaluación, el capital contable de GP FER sería negativo. Omisión en el registro de pérdidas determinadas en el ejercicio 2016. Respecto a la Presentación en Cuenta Pública y a la revisión de los estados financieros de Pemex Fertilizantes, se observó que en el apartado “Notas al estado de variación en la hacienda pública” Pemex Fertilizantes reportó 7 mil 359.0 millones de pesos que correspondió a la pérdida integral de 2016, de los cuales se revisaron 4 mil 897.9 millones de pesos resultado desfavorable de la participación del 99.99%7 en PMX Fertilizantes Holding, S.A. de C.V. (PMXF Holding) que a su vez está reconoció su participación en PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. (PMXF Pacífico) por la adquisición de GP FER en el ejercicio auditado. Por su parte la ASF indicó que en los estados financieros dictaminados de 2016 de Pemex Fertilizantes se informó que una de las políticas de contabilidad significativas es la “Inversión en subsidiaria” en la que se dispone que cuando el valor de la participación de ese organismo en las pérdidas excede su inversión, el valor en libros de la inversión, incluyendo cualquier inversión a largo plazo, se reduce a cero y cesa el reconocimiento de pérdidas adicionales, excepto en los casos en que Pemex Fertilizantes sea responsable solidario o implícito de las obligaciones incurridas por la compañía subsidiaria, en cuyo caso se reconoce un pasivo. En consecuencia, en el estado de situación financiera de la entidad se reportó un pasivo en inversión en compañía subsidiaria por 4 mil 435.2 millones de pesos; en el estado de variación en la hacienda pública reportó 454.2 millones de pesos, por el efecto acumulado por conversión6 de subsidiarias, y 8.5 millones de pesos como inversión nominal en compañías subsidiarias, por lo cual la entidad presentó los 4 mil 897.9 millones de pesos, de conformidad con su política contable. Sin embargo, la ASF determinó que Pemex Fertilizantes no registró el monto correcto de la participación en los resultados de su compañía subsidiaria, debido a que PMXF Pacífico determinó la inversión en su compañía subsidiaria con base en la pérdida neta del año por 41.8 millones de dólares y no con la pérdida integral de 2016 por 565.7 millones de dólares, como lo establece la Norma Internacional de Contabilidad 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, por lo que Pemex Fertilizantes no presentó en la Cuenta Pública el resultado de la participación en inversiones subsidiarias correcta, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6 Efecto acumulado por conversión: al convertir los estados financieros de la operación extranjera con un tipo de cambio diferente al que la entidad informante tiene reconocida su inversión en la operación extranjera, se produce un efecto por conversión, que debe reconocerse formando parte de una partida de la utilidad o pérdida integral dentro del capital contable de la operación extranjera.


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Al respecto la ASF destaca que al no reconocer la pérdida integral de 2016 por 565.7 millones de dólares PMXF Pacífico, dicho efecto repercutió en los resultados de PMXF Holding y Pemex Fertilizantes, que reconocen mediante el método de participación y consolidan con Petróleos Mexicanos. Por lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en PEMEX realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron en la Cuenta Pública de Pemex Fertilizantes la participación en inversiones subsidiarias la pérdida integral de 2016 de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias por 565.7 millones de dólares, equivalentes a 11 mil 690.6 millones de pesos, al tipo de cambio de 20.6640. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 7 (5 R y 2 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. Pemex Transformación Industrial (PTRI). “Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 1800. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del proceso de contratación para el suministro de Etano al complejo petroquímico Etileno XXI, para verificar que en su planeación, adjudicación, así como en el suministro, transportación, facturación, cobro, y registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Mediante su organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex buscó promover el interés del sector privado en el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados, con una capacidad de aproximadamente 1.0 millones de toneladas (MMT) de etileno por año en Coatzacoalcos, Veracruz, denominado "Proyecto Etileno XXI", complejo con el que asumiría el compromiso de suministrar etano, mediante los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y del Complejo Petroquímico Cangrejera. El 19 de febrero de 2010, mediante un "proceso de subasta", PGPB adjudicó un "Contrato de Suministro de Etano", por un periodo de 20 años, con un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios (Mbd) (2,682,198.0 m³ fase gas de etano por día), a un grupo de inversionistas. Para estar en condiciones de suministrar el etano al "Proyecto Etileno XXI", PGPB formalizó, el 13 de diciembre de 2012, un "Contrato de Servicios de Transporte de Etano" por ducto, el cual consideró la construcción de un etanoducto de 226.0 km, para la conexión entre los Centros Procesadores de Gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el "Complejo Etileno XXI", así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al "Complejo Etileno XXI".


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Hallazgos relevantes: No se generó valor económico ni rentabilidad para Pemex. La operación derivada del "Contrato de Suministro de Etano" al "Complejo Etileno XXI", no generó valor económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2. Incumplimiento del suministro acordado con Pemex. La ASF identificó que Pemex Transformación Industrial, no cumplió con el suministro de etano requerido por "el comprador", ya que los volúmenes suministrados fueron menores de lo establecido contractualmente, lo que generó penalizaciones por 283.0 millones de pesos. Perdidas por venta de etano. El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del "Proyecto Etileno XXI" (el "comprador") durante 10 meses, en 2016, fue de 1 mil 736.2 millones de pesos, que sumados a los 1 mil 387.2 millones de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto durante 12 meses, resultó un costo de ventas por 3 mil 123.4 millones de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al "comprador", por 1 mil 188.3 millones de pesos, arrojan una pérdida de 1 mil 935.0 millones de pesos. Déficit en la producción promedio de etano. Conforme a lo estipulado en el contrato, Pemex Transformación Industrial debe suministrar un total de 132.9 miles de barriles diarios para 2016, mientras que la producción promedio de etano fue de 106.4 miles de barriles diarios, por lo que tuvo un déficit de 26.5 miles de barriles diarios. De lo anterior, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no contó con los elementos que le permitieran asegurar la producción de etano requerida y generó compromisos basados en proyecciones inciertas. Número Observaciones: 2; Número Acciones: 4 (4 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 6.1, Operadas: 6.1, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. Pemex Transformación Industrial. “Contratos para la Comercialización de Coque”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0474. Objetivo: Fiscalizar que las cláusulas contractuales para la venta de COQUE contaron con las mejores condiciones en cuanto a precio para PEMEX Transformación Industrial, y que cumplió con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: En 1997, Petróleos Mexicanos (PEMEX) inició el programa de reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación, orientado a modernizar la infraestructura y utilizar la tecnología necesaria para procesar crudos pesados, obtener productos de mejor calidad, y un mayor rendimiento de las gasolinas; por lo anterior, en las refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, en


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Cadereyta, Nuevo León (Refinería de Cadereyta); Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas (Refinería de Madero), y Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz (Refinería de Minatitlán), se instalaron plantas de coquización con las cuales se obtienen gasolinas y diésel de alto valor, así como coque de petróleo (coque), que es un residuo sólido con características similares al carbón mineral que posee un alto poder calorífico, y a pesar de la concentración de azufre, se utiliza como combustible en las industrias del cemento, de la generación de energía eléctrica, química, del aluminio o acerera y en la petroquímica para el suministro de gas. Hallazgos relevantes: Ineficiencia en los contratos vigentes para la venta de Coque. PEMEX Transformación Industrial tuvo vigente 15 contratos para la comercialización del coque producido en las refinerías de Cadereyta, Madero y Minatitlán, se constató que Pemex Refinación ya había formalizado dos contratos para la disposición del coque en la Refinería de Cadereyta, sin acreditar ni justificar la metodología utilizada para la determinación del precio pactado en los contratos celebrados. Asimismo, la ASF observó que, la entidad fiscalizada no justificó el motivo por el que el estudio no se tomó en cuenta para la determinación del precio establecido en los contratos formalizados para la venta de coque de la refinería de Madero. Falta de justificación en ventas de coque. De la integración de las ventas de coque, se registraron 25 notas de débito con valor de 355.8 miles de pesos y 33 notas de crédito por 1.3 millones de pesos por ajustes en diferencias de precios, por lo que las ventas netas ascendieron a 500.9 millones de pesos. La ASF observó que, en relación a las notas de crédito por 1.3 millones de pesos, no se comprobó su aplicación ya que se constató en el estado de cuenta bancario, que se depositó el monto íntegro de las facturas. Falta de documentación comprobatoria (certificados) para calibración de básculas. De los 15 contratos para la venta de coque, se debía contar con certificados de calibración de básculas, que las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) utilizan para pesar el volumen por venta o traspaso del producto a la terminal multimodal de Jáltipan. La ASF observó que, la entidad fiscalizada no proporcionó los certificados de calibración bimestrales de las básculas de las TAD, de las refinerías de Cadereyta y Madero. Falta de negociación para el precio de venta del coque. La ASF determinó que, PEMEX Transformación Industrial no acreditó haber realizado negociaciones con las empresas con las que formalizó contratos por 20 años, para actualizar el precio por la venta del coque, conforme a los precios internacionales, a fin de cumplir con las líneas estratégicas vigentes a partir de octubre de 2011 y contribuir a la maximización del valor económico de PEMEX. Irregularidades en la determinación del precio de coque. La ASF constató, que del “Programa de mecanismos de subasta para el precio de coque”, PEMEX Transformación Industrial utilizó un precio de reserva diferente al determinado conforme a la fórmula autorizada por la Secretaria Hacienda y Crédito Público.


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Falta de justificación para la capacidad de llenado de carrostolva y autostolva. De la revisión de las TAD de Madero se identificaron 549 notas de remisión, con registros de carrostolva que rebasaron su capacidad de 107.1 a 120.1 toneladas, la ASF observó, que la entidad fiscalizada no aclaró ni justificó el motivo por el que se rebasa la capacidad de llenado de los carrostolva y autostolva, que establece la normativa. Número Observaciones: 7; Número Acciones: 12 (7 R; 5 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. Pemex Transformación Industrial. “Ingresos por Ventas de Gas Seco”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 0477. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se captaron de conformidad con las especificaciones de precio, volumen y calidad, su registro en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: PTRI es una empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de PEMEX; su objetivo principal son las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. Hallazgos relevantes: Falta de medición de los volúmenes de gas seco entregados. Se constató, que Pemex Transformación Industrial (PTRI) no puede corroborar los reportes emitidos en el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS); sólo confirma los volúmenes cuando se inconforma el cliente. Probable daño o perjuicio a PTRI. Se constató que PTRI omitió el cobro de intereses por 24.7 millones de pesos derivado de ventas de gas seco a interempresas por atrasos de 2 a 86 días en 54 facturas por 5,152.6 millones de pesos. Número de observaciones: 1, Número de acciones: 5 (2 R; 2 PRAS; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 24.7; Operadas: 0.0; Probables: 24.7 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas.


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Pemex Transformación Industrial. “Movimientos de Personal por Suspensión, Cancelación de Actividades o Plantas Inactivas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0481. Objetivo: Fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, cancelación de actividades o plantas inactivas; así como comprobar que la utilización de los recursos humanos asignados, se correspondió con las necesidades operativas de las refinerías, su notificación a las áreas involucradas, y que la reasignación y liquidación de personal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Los cambios y el escenario económico que prevalecía en los ámbitos nacional e internacional, llevaron a PEMEX y sus EPS a realizar una reorganización, con la compactación de áreas y el ajuste de personal, para lo cual se elaboraron el Plan de Negocios de PEMEX y sus EPS 2016-2020; el Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de PEMEX y sus EPS 2015-2019, entre otros; este último es una guía interna, cuyas proyecciones y proyectos pueden variar de acuerdo con la situación económica y financiera, la consolidación de alianzas, asociaciones estratégicas y resultados de procesos licitatorios derivados de la reforma energética, denominados rondas, por lo que el tiempo estimado de su ejecución y su alcance dependen de la evolución de los proyectos de las líneas de negocios.

Hallazgos relevantes: Pagos sin justificar por movilizaciones de personal. De la revisión de las bases de datos de pagos, la ASF observó, que las subdirecciones de Relaciones Laborales y Servicios, y de Presupuesto, de Petróleos Mexicanos, no concilian las cifras que se reportan en la Cuenta Pública, correspondientes a los pagos por movilización de personal, por lo que la información no es completa, correcta, precisa, confiable ni oportuna. Falta de indicadores para calificar la producción laboral. Con el propósito de verificar la productividad de los trabajadores que laboran en las refinerías (Salinas Cruz, Salamanca, Cadereyta, Minatitlán, Tula y Madero) de PEMEX Transformación Industrial. La ASF determinó, que la entidad fiscalizada no contó con elementos para medir la productividad laboral, que le permita identificar la cantidad óptima de trabajadores que se requieren en cada una de las plantas de las refinerías, ya que “no cuenta con la información referente al número de personal que laboró en cada planta”, a fin de generar valor económico y rentabilidad a la empresa. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 3 (3 R) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas.


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Pemex Transformación Industrial. “Revisión a la Capacidad, Producción, Almacenamiento, Transporte e Importación de Gas Natural”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0483. Objetivo: Verificar que la producción, procesamiento y transporte de gas natural se correspondió con la capacidad instalada y que la demanda del país se cubrió, así como la importación. Antecedentes: La cadena de valor del gas natural involucra diversas actividades, que van desde la exploración y producción del hidrocarburo hasta su comercialización al usuario final, pasando por el procesamiento e importación, el transporte, almacenamiento y distribución; en dicha cadena de valor participan PEMEX Transformación Industrial y el Centro Nacional de Control del Gas Natural. Hallazgos relevantes: Falta de actualización en manuales de procedimientos y guías de desarrollo. Para el desarrollo de las actividades sustantivas en materia de producción e importación de Gas Natural, la ASF constató que no se encontraron actualizados los manuales de procedimientos y guías del desarrollo de las actividades sustantivas de PEMEX Transformación Industrial, ya que aún se refieren a las operaciones de la entonces PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Obsolescencia en los complejos procesadores de gas. Los complejos procesadores de gas de PEMEX Transformación Industrial, operaron al 49.2% (2,909.3 Millones de pies cúbicos diarios) de su capacidad instalada. La ASF observó que se encuentran en vías de obsolescencia, lo que da como resultado menor eficiencia, rentabilidad y confiabilidad. Penalizaciones no aplicadas por la importación de gas. Derivado de la entrega faltante de los volúmenes de gas natural solicitados a Mex Gas Supply, S.L., PEMEX Transformación Industrial no evidenció la aplicación de penalizaciones a Mex Gas Supply, S.L., por 1.0 millones de pesos. Asimismo, la ASF observó que la entidad fiscalizada no mostró la documentación justificativa que acredite la solicitud a Mex Gas Supply, S.L., del gas entregado en exceso de 32 casos por 3,704,926 millones de pies cúbicos diarios. Pérdidas por el retraso en el inicio de operaciones. Por el desfase de tres meses en el inicio de operaciones del gasoducto “Los Ramones Fase I”, Pemex tuvo una pérdida neta de 452.6 millones de pesos, derivado del pago de 686.1 millones de pesos, así como un cobro de penalizaciones por 233.4 millones de pesos, debido al aplazamiento en la construcción del gasoducto “Los Ramones Fase II”. La ASF determinó que el Centro Nacional de Control del Gas Natural no contó con una estricta separación operativa, funcional y contable de sus actividades como gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, del Sistema Nacional de Gasoductos, y del Sistema Naco Hermosillo.


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Número de observaciones: 6; Número de acciones: 8 (6 R; 1 PRAS; 1 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 1.0, Operadas: 0.0, Probables: 1.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Transformación Industrial. “Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 0484. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del pasivo con "Proveedores y Contratistas", para verificar que todas las obligaciones contraídas estuvieron registradas, conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: En los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, PEMEX TRI reportó un pasivo total, por 708 mil 579.6 millones de pesos, que se integra por 96 mil 919.2 millones de pesos (13.7%), de Pasivo Circulante y 611 mil 660.4 millones de pesos (86.3%) de Pasivo No Circulante. En los ejercicios 2015 y 2016, PEMEX enfrentó diversas problemáticas para el pago a sus proveedores, lo que lo llevó a extender la política de pago, de 60 a 180 días, e implementó estrategias financieras para hacer frente a sus obligaciones. Hallazgos relevantes: Saldos contrarios a su naturaleza. Con la integración de las cuentas contables “Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros” y “Contratistas”, con un saldo de 21 mil 481.1 millones de pesos, la ASF identificó las siguientes irregularidades:

No fue posible obtener la integración por número o nombre de proveedor o contratista,

contrato, factura u otro documento de las cuentas de valuación cambiaria, sanciones y reclasificaciones.

129 subcuentas mostraron un saldo deudor, lo que es contrario a la naturaleza de la cuenta,

por 152.4 millones de pesos. No se evidenció la integración del saldo registrado como valuación cambiaria, sanciones y

reclasificaciones, por 11 mil 852.7 millones de pesos, por número o nombre de proveedor o contratista, contrato, factura u otro documento.

Pagos injustificados en las circulaciones de saldos de proveedores. Se realizó la circularización de saldos de 27 proveedores y contratistas analizados, por 8 mil 185.6 millones de pesos, considerando las operaciones de PEMEX Transformación Industrial. De lo anterior la ASF identifico las siguientes irregularidades.


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De 11 saldos contables, por 3 mil 304.4 millones de pesos, se recibieron confirmaciones por saldos menores de 2 mil 052.3 millones de pesos de los registrados en la contabilidad de PEMEX TRI, con una variación total por 1 mil 252.1 millones de pesos.

De 12 casos confirmaron saldos por 5 mil 967.2 millones de pesos, los cuales son mayores,

por 1 mil 092.6 millones de pesos, que los registrados en la contabilidad de PEMEX TRI, por 4 mil 874.5 millones de pesos.

De lo anterior, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no evidenció que las operaciones reportadas por los proveedores se encontraron reconocidas en la contabilidad de PEMEX Transformación Industrial. Sin coincidencias en registros contables. La ASF observó, que la integración del saldo de los 8 principales proveedores, que se presenta en las notas de los Estados Financieros, no coincide con la Balanza de Comprobación y un contratista se reporta como proveedor, aunque está registrado en la cuenta contable “Contratistas”. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 9 (7 R; 2 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: Cumplió excepto por las irregularidades señaladas. Pemex Transformación Industrial. “Venta de la Participación Accionaria en Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0485. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la enajenación de la participación accionaria se efectuó en las mejores condiciones para el Estado; su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. (GdC) se constituyó como respuesta a la necesidad que se tenía de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Los socios iniciales fueron Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) con el 50.0% de la participación social, El Paso Energy International Co., con el 10.0% y El Paso Natural Gas Co., con el 40.0%. En 2010, Sempra Energy adquirió el 50.0% de GdC, que era propiedad de las empresas de El Paso, por medio de su filial en México denominada Infraestructura Energética Nova S.A.B. DE C.V. (IENOVA) con el objetivo de desarrollar, construir y operar proyectos de infraestructura energética en México. En julio de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aprobó la venta de la participación accionaria de Pemex Transformación Industrial (PTRI), antes PGPB, en GdC a su socio de riesgo compartido IENOVA.


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Hallazgos relevantes: Falta de estrategia integral que defina los activos centrales. La ASF constató, que Pemex Transformación Industrial (PTRI) no implementó estrategias de negocio a corto y largo plazos en las que se definan las características de los activos que serán considerados centrales para la empresa, ya que al enajenar las partes sociales de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., deberá pagar por el servicio de transporte a un competidor del CENAGAS. No se garantizaron las mejores condiciones para el Estado. La ASF observó, que la venta de la participación accionaria de PTRI en Gasoductos de Chihuahua por 1 mil 143.8 millones de dólares, equivalentes a 22 mil 684.7 millones de pesos (valuados al tipo de cambio de 19.8322), podrían haberse recuperado en un periodo de 15 años y de acuerdo con los resultados reflejados en los estados financieros de la empresa vendida, se comprobó que GdC era una empresa rentable y en crecimiento. Incumplimiento del objetivo del proyecto. No se demostró que los recursos obtenidos por la venta de su participación accionaria en Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C.V., se utilizó en proyectos con altos rendimientos para maximizar el valor de la empresa. La ASF constató, que los recursos obtenidos por 22 mil 684.7 millones de pesos, se integraron al flujo de efectivo de PEMEX. Número de Observaciones: 3; Número de acciones: 6 (3 R, 3 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. “Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0438. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: Para la autorización del proyecto la administración de PMI infraestructura del Desarrollo, S.A. de C.V., realizó un proceso de “due diligence” con la empresa Jacobs Engineering de México, S.A de C.V., para que se analizara la planta que se pretendía adquirir, con la finalidad de saber en qué condiciones se encontraba y cuánto se requeriría de inversión para rehabilitarla; con base en estos estudios y otros más realizados por la administración, se autorizó la compra y el desarrollo de este proyecto. De igual forma se encontró que al abrir los equipos, éstos tenían un nivel de deterioro previsible, otro factor que se tiene que tomar en cuenta es el referente a la antigüedad de la planta, que es de 30 años; dichos equipos no fueron abiertos para la


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valoración de su estado, previamente a su adquisición, debido a que el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería su garantía. Hallazgos relevantes: Compra de planta de fertilizantes inservible, falta de capacidad técnica, material y humana y sobrecostos no justificados. Del contrato correspondiente a la “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de Plantas de Urea y otras Instalaciones Auxiliares”, la ASF observó las siguientes irregularidades:

La entidad fiscalizada formalizó una compra de la planta de fertilizantes con equipo

incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación. Asimismo, la ASF detectó que P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de su adquisición.

No cumplió con verificar que el contratista demostrara su capacidad técnica, material y humana conforme a lo pactado en el contrato, se subcontrataron trabajos por 145.2 millones de dólares y 224.3 millones de pesos lo que representa el 95.0% más del monto contratado.

Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas.

En el análisis de las órdenes de cambio, la ASF observó que la contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

No se justificó el sobrecosto por 206.7 miles de dólares (equivalentes a 4.2 millones de pesos a un tipo de cambio correspondiente de 20.6194 pesos), para la adquisición de los equipos de la planta urea 1 y 2. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración.

No se justificó el sobrecosto de suministro y mantenimiento para los trabajos de rehabilitación, comisionamiento y arranque de 2 strippers y 4 condensadores de carbamato por 1.1 millones de dólares (equivalente a 22.8 millones de pesos a un tipo de cambio correspondiente de 20.6194 pesos). Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración.

Pagos en exceso para proyectos de rehabilitación. De la revisión del contrato fase I correspondiente a “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de Plantas de Urea y otras Instalaciones Auxiliares”, la ASF observó una diferencia de 129.6 millones de dólares (equivalentes a 2 mil 672.3 millones de pesos, con un tipo de cambio correspondiente a 20.6194 pesos), entre lo pagado a la contratista por 209.6 millones de dólares, en la cual se estipuló que el cliente pagaría una cantidad estimada de 80.0 millones de dólares. Pagos injustificados en la fase II. Durante el contrato “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de las Plantas de Urea y otras Instalaciones


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Auxiliares”, la ASF constató que la entidad fiscalizada no justificó qué trabajos relativos a la rehabilitación de los tanques tipo esfera para almacenamiento de amoniaco sí estaban considerados dentro del alcance para la Rehabilitación de las Plantas de Urea, tampoco justificó el monto observado de 12.7 millones de pesos asentado en el concentrado de estimaciones correspondiente a la Fase II. Pagos injustificados en la fase I por horas hombre por administración. En la revisión a la documentación correspondiente a la fase 1, la ASF observó que la entidad fiscalizada realizó pagos injustificados por 284.7 millones de pesos por concepto de “horas hombre por administración”. Pagos injustificados por la construcción de suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación. Del contrato de Ingeniería, procura y construcción correspondiente del “Suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de (2) strippers y (4) condensadores de carbamato”, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no justificó una diferencia por 555.3 y 905.9 miles de dólares. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración, para que Pemex, por conducto de Pro Agroindustria, S.A. de C.V., aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 30.1 millones de pesos, ya que no justificó las diferencias entre el costo autorizado. Número de observaciones: 16; Número de acciones: 21 (6 R; 8 SA: 7 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Dictamen: No cumplió. Comisión Reguladora de Energía. “Evaluación del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0491. Objetivo: Evaluar los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación. Antecedentes: En 2014, en materia de electricidad, se aprobaron, entre otras disposiciones, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, las cuales confieren a la CRE, autonomía técnica, operativa y de gestión, así como personalidad jurídica; adicionalmente, le confieren la facultad para disponer los ingresos por los derechos y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. La Ley de la Industria Eléctrica, señala, entre otras, las siguientes funciones de la CRE relacionadas con el sector eléctrico y la determinación de tarifas:


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Otorgar permisos, supervisar el cumplimiento regulatorio asociado y determinar los diferentes aspectos de la regulación técnica y económica a lo largo de la cadena de valor de la electricidad.

Expedir las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los servicios de transmisión, distribución, la operación de los suministradores de servicios básicos, la operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como las tarifas máximas de los suministradores de último recurso.

Hallazgos relevantes: Carencia de gobernanza e incumplimiento de funciones institucionales. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) no cuenta con un programa estratégico de actividades, no se cumplen las funciones de asistir a las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y de sesionar en el Comité de Evaluación del Desempeño Regulatorio (CEDR). El Comité de Ética y en el Consejo Consultivo no han establecido mecanismos de control interno en materia de integridad y prevención de la corrupción; no han definido los perfiles de puestos para la cobertura de su estructura de organización; tienen una alta rotación de personal; no han establecido un plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave; carecen de un plan de recuperación de desastres en el ámbito de tecnologías de información; no han elaborado manuales de procedimientos, y no han establecido controles preventivos vinculados al proceso general para la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica. Incumplimiento de la normatividad en las contrataciones tercerizadas (outsourcing). La CRE negó haber realizado contrataciones tercerizadas, sin embargo, se identificó al consultar la página de transparencia un monto por 56.5 millones de pesos, correspondientes a contrataciones tercerizadas por la CRE. Al respecto, las áreas administrativas de la CRE que requirieron la contratación de servicios tercerizados, no solicitaron a los prestadores de servicios, la identificación de riesgos y el diseño de controles respecto de los trabajos desempeñados, por lo que la Comisión no estuvo en posibilidades de realizar un análisis sobre la implementación y operación de dichos controles, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno de la SFP. Delegación a empresas extranjeras de la determinación de la tarifa de transmisión. La CRE se basó en 10 documentos para la determinación de la tarifa de transmisión, preparados por la consultora Grupo Mercados Energéticos Consultores (MEC), contratada por un monto de 26.880 millones de pesos. Se constató que fueron delegadas funciones sustantivas, como la determinación de la tarifa eléctrica de distribución, toda vez que carece de un dictamen emitido por el área que solicitó el servicio de consultoría en el que se establezca que el personal no se encontraba capacitado para llevar a cabo sus funciones7 de expedición y aplicación de la regulación tarifaria, definidas en la Ley de la Industria Eléctrica. Incumpliendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

7 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 19, cuarto párrafo.


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Incompetencia del personal de la CRE en el ejercicio de sus funciones. En 2015 la CRE contrató a una empresa extranjera de consultoría para impartir el curso “Metodologías, criterios y fundamentos para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía eléctrica”, por un total de 355.4 miles de dólares. Actualmente, no permanece ninguno de los 20 empleados en la Unidad de Electricidad que tomó el curso de capacitación. La determinación de las tarifas eléctricas se realizó sin participación directa del área responsable de la CRE, tomando directamente la información que le proporcionó el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Incapacidad institucional para supervisar el desempeño regulatorio. En el Programa Regulatorio 2016 de la CRE, se programó la emisión de 65 regulaciones divididas en materia de Hidrocarburos (30) y Electricidad (35), de los compromisos regulatorios en materia energética asociados a electricidad, se observó que sólo se ha cumplido con la publicación de 7 de los 35 compromisos regulatorios, lo que representa un cumplimiento del 20.0% del rubro de electricidad. Comprometiendo los objetivos de la CRE en atención a la normativa que la rige, situación que reduce la capacidad institucional para cumplir su función de conformidad con la normativa aplicable. Número de observaciones: 14; Número de acciones: 39; (22 R, 17 PRAS). Dictamen: En opinión de la ASF, el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tienen debilidades significativas.


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7. Análisis de la Fiscalización en el Sector Turismo


Significativa disminución del presupuesto real ejercido. En 2016, el presupuesto real ejercido de la Secretaría de Turismo (SECTUR) fue de 9 mil 121.3 millones de pesos, inferior en 24.5% respecto de 2015.

Gasto ejercido concentrado en el programa Promoción de México como Destino Turístico. En 2016, del total de recursos ejercidos por la SECTUR, el 56.1% se destinó a la Promoción de México como Destino Turístico; 12.1% al Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico, y 10.7% al Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable. Estas tres actividades representaron el 78.9% del presupuesto ejercido por la SECTUR.

Comportamiento opuesto entre el gasto público y el PIB turístico. en el período 2006-2012, fue notable el comportamiento opuesto entre el gasto público y del PIB turístico; mientras los recursos públicos orientados a los programas sustantivos del sector aumentaron en 19.8%, el PIB turístico descendió a una tasa promedio anual de 4.1%. Si el gasto crece a tasas altas, el PIB turístico cae, y si los recursos públicos descienden o se incrementan muy poco, la actividad turística desciende o permanece constante. La canalización de recursos al sector no ha permitido revertir la recesión de la actividad turística, poniendo en riesgo el flujo continuo de divisas a la economía del país.

Reducida contribución al crecimiento económico. Entre 2012-2016, la economía registró un crecimiento anual de 2.14%, la contribución del sector turístico (integrado por alojamiento temporal, y preparación de alimentos y bebidas) al crecimiento del PIB total fue de 0.075 puntos porcentuales, superior a la contribución del lapso 1993-2000 (0.035 puntos porcentuales).

Crecimiento del sector dependiente de los servicios de alojamiento temporal. En el periodo 2012-2016, el PIB del sector turismo registró un aumento promedio anual de 3.6%. La rama servicios de alojamiento temporal contribuyó con 2.6 puntos porcentuales, es decir, con un 72.9% al crecimiento total del sector; por su parte, la rama de servicios de preparación de alimentos y bebidas, contribuyó con sólo 1 punto porcentual, es decir, con un 27.1% al crecimiento total.

Montos crecientes de inversión privada. En el lapso 2012-2015, la formación bruta de capital fijo (inversión privada) promedio en el sector turístico ascendió a 114 mil 133.5 millones de pesos, superior en 129.1% a la inversión del lapso 2003-2006. Dicho monto representó el 10.8% de la inversión bruta fija del total de la economía; mientras que en el período 2003-2006 y 2006-2012, fue de 4.7% y 7.6% de la inversión, respectivamente.

Notable concentración de la inversión en la construcción. En el periodo 2012-2015, el 79.4% de la inversión turística se destinó a la construcción (90 mil 576.6 millones de pesos),


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mientras que el porcentaje restante (20.6%) se orientó a la adquisición de maquinaria y equipo (23 mil 556.9 millones de pesos).

Descenso de la inversión extranjera directa en el sector. En el periodo 2012-2016, el promedio de la Inversión Extranjera Directa (IED) registró un saldo de 969.6 millones de dólares, cifra inferior en 114.4 millones de dólares con respecto al lapso anterior, es decir, una caída de 10.6% y un crecimiento de 9.5% con respecto al periodo 2000-2006 (885.5 millones de dólares).

Inversión Extranjera Directa concentrada en un solo país. Una alta proporción de la IED en el sector turismo proviene de los Estados Unidos de América; en el periodo 2012-2016 se registró una participación de 63.7%, mientras que otros países (113 países) representaron el 36.3% restante.

Inversión Extranjera Directa concentrada en dos entidades federativas. Entre 2012-2016, el 52.7% del flujo promedio de la Inversión Extranjera Directa en el sector se concentró en dos entidades: Baja California Sur (27.2%) y Quintana Roo (25.4%).

Inversión Extranjera Directa concentrada en servicios de alojamiento temporal. Entre 2012-2016, cinco entidades federativas concentraron una alta Inversión Extranjera Directa en servicios de alojamiento temporal, con porcentajes cercanos al 100% (con excepción de la Ciudad de México con 95%); en Jalisco los servicios de preparación de alimentos y bebidas representaron el -0.7%, que significa un descenso en la IED.

Concentración de establecimientos de alojamiento y cuartos en pocas entidades federativas. Entre 2012-2016, siete entidades federativas concentran el 39.7% de establecimientos de alojamiento (Jalisco, 8.6%; Veracruz, 7.6%; Oaxaca, 6.7%; Quintana Roo, 4.8%; Chiapas, 4.6%; Guanajuato, 3.8%, y Chihuahua, 3.7%); dichas entidades representaron el 41.3% y 41.1% para el periodo 2006-2012 y 2000-2006, respectivamente.

Creciente oferta y ocupación hotelera en los principales destinos turísticos. En términos de la oferta turística, en 2016 destaca el incremento en la ocupación hotelera en los 70 destinos principales que identifica la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR), registrando un porcentaje de ocupación del 60.3%, al contar con una oferta de 365,793 cuartos promedio disponibles y 220,657 cuartos promedio ocupados.

Concentración de cuartos disponibles en los Centros de Playa. De acuerdo con las cifras provenientes del DATATUR, en el periodo 2013-2016 los Centros de Playa concentran un mayor porcentaje de la disponibilidad de cuartos entre los destinos turísticos, registrando un porcentaje de 45.4% para el 2016, 45.7% para 2015, 46.0% en 2014 y 46.1% en 2013.


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Crecimiento marginal en el porcentaje de ocupación hotelera de los Centros de Playa. En 2016, los Centros de Playa registraron un porcentaje de ocupación de 65.4%, lo que representó una variación de 8.6% con respecto al porcentaje de 2013 (60.2%).

Creciente oferta de cuartos y porcentaje de ocupación en las Grandes Ciudades. En 2016, las Grandes Ciudades registraron un porcentaje de ocupación de 63.7%, es decir, un incremento de 8.5% en relación a 2013, sin embargo, en relación a 2015 registró un leve descenso de 0.2%. Asimismo, se registró un crecimiento de 6.9% en la oferta de cuartos disponibles promedio y de 16.0% en los cuartos ocupados promedio, con respecto a 2013.

Creciente porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudades del Interior. En 2016, las Ciudades del Interior registraron un porcentaje de ocupación de 49.6%, superior en 5.8% al porcentaje de ocupación de 2013. Asimismo, en la misma comparación, se registró un crecimiento de 8.4% en la oferta de cuartos disponibles promedio y de 14.8% en cuartos ocupados promedio.

Creciente porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudades Fronterizas. En 2016, las Ciudades Fronterizas registraron un porcentaje de ocupación de 59.6%, significativamente superior en 31.0% a la ocupación respectiva de 2013 (45.5%). Asimismo, en la misma comparación, se registró un crecimiento de 0.1% en la oferta de cuartos disponibles promedio y de 31.1% en cuartos ocupados promedio con respecto al 2013.

Bajo índice de marginación en los Pueblos Mágicos. El turismo representa una oportunidad de desarrollo tanto para el país como para la localidad en la que se encuentra un Pueblo Mágico. De acuerdo con la SECTUR, en México se encuentran con nombramiento un total de 111 Pueblos Mágicos, distribuidos en los 31 estados de la república.

Crecimiento marginal en la llegada de turistas y modificación de la cuenta viajeros. En 2016, la llegada de turistas internacionales registró una tasa de crecimiento anual de 9.3%, al pasar de 32.1 millones de turistas en 2015 a 35.1 millones de turistas en 2016. Cabe destacar que en 2014 la llegada de turistas registró la tasa de crecimiento más alta del período (21.5%).

Llegada de turistas concentrada en dos países. En el periodo 2012-2016, un poco más del 50.0% de los turistas que arribaron a México por vía aérea fueron de Estados Unidos (40.9%) y Canadá (9.2%); el resto de los países aportaron el 49.9% de las llegadas.

Mayor atracción turística y derrama de divisas. En 2016, de acuerdo al ranking de los principales destinos turísticos del mundo, realizado por la Organización Mundial del Turismo, México ocupó la posición número 8 dentro de los países con más llegadas de turistas internacionales, subiendo un puesto respecto al año anterior.

Crecientes ingresos turísticos por divisas. En 2016, los ingresos por la entrada de divisas registraron un crecimiento anual de 10.8%, 1.4 puntos porcentuales más que año anterior


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(9.4%) y 5.4 puntos porcentuales menos que en el año 2014. Asimismo, cabe mencionar que para el periodo 2001-2016 los ingresos registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 5.5%. No obstante en 2009 se presentó el mayor decremento de todo el periodo analizado (13.9%).

Incremento en el gasto promedio por visitantes internacionales. En 2016, de acuerdo con información del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, el gasto promedio de los visitantes internacionales al adquirir productos y servicios durante su estancia en México, fue de 207.2 dólares; 504.5 dólares por turista y 32.7 dólares por excursionista (471.8 dólares de diferencia).

Concentración en la llegada de turistas en pocos destinos de sol y playa. En 2016, los destinos de sol y playa que concentran el 68.9% en la llegada de turistas son Cancún (25.5%), Acapulco (17.1%), Riviera Maya (12.2%), Boca del Río, Veracruz (7.5%) y Mazatlán (6.5%). Cabe mencionar que en 2015 estos destinos concentraron el 68.2%.

La inseguridad afecta negativamente la demanda turística. El estado de Cancún registró la llegada de 8.4 millones de turistas y presentó 7,900 casos de incidencia delictiva. El índice de incidencia delictiva registró una tasa de crecimiento anual negativa de 11.9%, mientras que la llegada de turistas registró un crecimiento de 16.6%.

Permanente superávit en el sector. Entre 1993-2016, considerando como equivalente del superávit la relación entre ingresos sobre egresos, el valor total de los ingresos de turistas y excursionistas siempre fue mayor al valor total de egresos. En 2016, los ingresos superaron en 90.7% a los egresos; mientras que en 1993 y 1994 se obtuvieron los porcentajes más bajos del periodo, superior en 10.9% y 19.2% de los egresos, respectivamente. En 1996, se presentó el valor más alto de los ingresos respecto a los egresos (199.5%).

Bajo nivel de financiamiento al sector turismo. En 2016, el financiamiento otorgado al sector turismo como proporción del PIB fue de sólo 0.3%, significativamente inferior en 93.2% al porcentaje registrado en 1994 (4.4%). En el lapso 1999-2016, el financiamiento a este sector fluctuó en un rango de 0.2% a 0.4%.

Mejora en la posición del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. De acuerdo con el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2017, del Foro Económico Mundial (FEM), en donde se califican las habilidades de las economías para conducirse bajo una competitividad turística eficiente, México se encuentra posicionado en el número 22 de un total de 136 países; dicha posición significó una calificación de 4.5 en un rango de 1 a 7 (7 es la mejor calificación y 1 la peor).

Pilares de la competitividad turística rezagados. En el informe de 2017, el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo ubica algunos pilares en las peores posiciones con respecto a las economías de distintos países, como es caso de los pilares de infraestructura


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terrestre y portuaria y sustentabilidad ambiental, ubicados en la posición 68 y 116, respectivamente.


La Auditoría Superior de la Federación no realizó ninguna auditoría a este sector en la Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.


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8. Análisis de la Fiscalización en el Sector Ciencia y Tecnología


Tendencia creciente del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016). En 2016, el presupuesto real ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ascendió a 31 mil 626.6 millones de pesos, inferior en 4.5% en términos reales respecto de 2015. En el lapso 2012-2016, el gasto real ejercido en ciencia y tecnología aumentó a una tasa media anual de 10.0%. En 2015 alcanzó su nivel más alto, y el gasto de 2016 se ubicó por debajo de este nivel.

Gasto insuficiente en investigación científica y desarrollo experimental (GIDE). En 2016, el GIDE ascendió a 97 mil 785 millones de pesos, 3.6% menor en términos reales que en 2015; la proporción GIDE/PIB en 2016 fue de 0.50, valor que se encuentra a la mitad de la meta para 2018 (1.0%), de acuerdo a los indicadores del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2018.

Limitaciones en el gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación (GNCTI). En 2015, el GNCTI fue de 177 mil 556.7 millones de pesos, de los cuales 54.7% correspondió al GIDE; 24.5% al Gasto en Enseñanza y Formación Científica y Técnica (GEFCyT); 12.8% al Gasto en Servicios Científicos y Tecnológicos (GSCyT) 48, y 8.0% al Gasto en actividades de innovación.

Comportamiento cíclico del gasto federal en ciencia y tecnología (GFCyT). En el lapso 2000-2006, el GFCyT ejerció recursos por 149 mil 386.9 millones de pesos; durante el período 2006-2012, los recursos ejercidos ascendieron a 380 mil 203.8 millones de pesos, 154.5% más en términos reales; para el período 2012-2016, el gasto ejercido fue de 340 mil 415.7 millones de pesos, 10.5% menor que el período anterior.

Desventaja en el rubro de capital humano. Los Indicadores del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2018, consideran para 2015, una meta de 0.9 investigadores por cada mil personas de la PEA ocupada, lo que equivale a 45,302 investigadores; datos reportados por el Banco Mundial para 2015, señalan la existencia de 242 investigadores por cada millón de habitantes, es decir, 29,282 investigadores, lo cual arroja un déficit de 16,020 investigadores de tiempo completo.

Limitaciones del sistema nacional de investigadores (SIN). En 2016, los miembros del SNI representaron 72.4% de los recursos humanos dedicados a la investigación en el país (34,637 posgraduados), lo que significa que aún falta por incorporar al SNI al otro 27.6%; el porcentaje se reduce si en el total de recursos humanos de posgrado se considera el número de investigadores mexicanos que residen en el extranjero.

Baja productividad en la publicación de artículos científicos. Cifras 2017 del Banco Mundial señalan para México, la publicación de un total de 13,122 artículos, que se traducen en


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107.2 artículos publicados por cada millón de habitantes, lo cual continúa siendo baja, si se le compara con parte de los países considerados en el Informe del Banco Mundial, incluso a nivel América Latina.

Déficit crónico de la balanza de pagos tecnológica. Datos disponibles 2015, muestran que el nivel de ingresos por transacciones de intangibles con contenido tecnológico se mantiene prácticamente en los mismos niveles que en años anteriores, mientras que los egreso muestran una tendencia decreciente; lo que propicia un comportamiento creciente en la tasa de cobertura que llega hasta 0.59 en 2015 y, una tendencia decreciente en el total de transacciones.

Balanza de pagos de bienes de alta tecnología (BAT) deficitaria. Cifras disponibles hasta 2015, señalan que el valor del comercio exterior de BAT, ascendió a 145 mil 590.3 millones de pesos, de los cuales 44.7% (65 mil 104.6 millones de dólares), correspondieron a las exportaciones y el restante 53.3% (80 mil 485.7 millones de dólares) a importaciones, es decir, se registró una balanza comercial deficitaria de 15 mil 381.1 millones de dólares.

Productividad desfavorable en el registro de patentes. En 2016 se realizaron en el país un total de 17,413 solicitudes de patentes, lo que representó una disminución de 3.6% con respecto a 2015 (18,071); el 92.5% fue realizada por extranjeros y, 7.5% por nacionales; del total de patentes solicitadas en 2016, se concedieron 8,657 (49.7%); a extranjeros fueron concedidas 8,231 y a nacionales 426.

Elevada relación dependencia con el exterior. La relación de dependencia continúa siendo considerable, tomando en cuenta el incremento marginal en el coeficiente para 2016 con respecto al año anterior; comparando el indicador al inicio del período con respecto al final del mismo, se evidencia que la dependencia ha ido disminuyendo paulatinamente; sin embargo, sigue siendo evidente la falta de desarrollo de actividades inventivas por parte de los nacionales.

Limitado coeficiente de inventiva. En 2016, el Coeficiente de Inventiva (0.107) se redujo ligeramente con respecto a 2015 (0.113) y quedó por debajo del nivel alcanzado en 2012 (0.110). Esto puede explicarse por la reducción en las solicitudes de patentes de nacionales en 2016 (1,310), con respecto a 2015 (1,364).

Reducida tasa de difusión. Información disponible de 2014, señala que la Tasa de Difusión tuvo un aumento marginal, lo que significa un incremento de las solicitudes de patentes en el extranjero con relación a las patentes solicitadas en el territorio nacional por mexicanos en ese año.

Baja competitividad a nivel internacional. El Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, 2016-2017, que evaluó a 138 países, mostró que México avanzó en cinco de los diez indicadores de ciencia y tecnología, destacando el indicador de “Protección a la propiedad intelectual” en el que avanzó nueve posiciones; en tres indicadores


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retrocedió, especialmente en el indicador “Colaboración universidad-empresa en I & D, nueve posiciones; y, en los dos indicadores restantes, permaneció en el mismo sitio.


CONACYT. “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”. Auditoría de Desempeño, No. 0442. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las entidades federativas y municipios, mediante el otorgamiento de subsidios. Antecedentes: En 2002, se creó el Programa Presupuestario (Pp) S225, “Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, con el cual el CONACYT formalizó con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el establecimiento y operación de Fondos Mixtos (FOMIX) para apoyar y fomentar la investigación científica, tecnológica y de innovación. El objetivo de este fondo institucional, desde su creación a la actualidad, es fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) mediante el otorgamiento de apoyos para actividades en la materia, así como para formar recursos humanos especializados, que coadyuven a la integración de las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas locales de CTI, mediante las aportaciones del CONACYT. Hallazgos relevantes: Deficiencias en la formulación de las reglas de operación del programa. El programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación tuvo deficiencias, ya que el CONACYT no definió los montos máximos por beneficiario; no se aseguró que el proceso de operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; no previó la temporalidad del apoyo, ni del programa, y no estableció la obligación de elaborar informes trimestrales sobre los elementos del diseño del programa. No se acreditaron los resultados de la operación del programa. No se acreditó con documentación que el resultado de los proyectos de los Fondos Mixtos (FOMIX) y del Fondo Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) incidió en la atención de las demandas, ni que éstas contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), ni el efecto en el desarrollo regional sustentable e incluyente.


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Menor número de fondos apoyados por reasignaciones presupuestales. El CONACYT ejerció 1,069.6 millones de pesos en el programa Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, inferior en 580.0 (35.2%) millones de pesos, respecto del presupuesto original de 1,649.6 millones de pesos aprobados en el PEF; debido a reasignaciones presupuestarias se observó un menor número de Fondos Mixtos, apoyados con recursos concurrentes. Baja en las aportaciones de recursos del CONACYT y estados reducen el número de fondos apoyados. El CONACYT suscribió convenios de colaboración con 28 de los 35 FOMIX constituidos, se estableció la aportación de 1,869.7 millones de pesos; a cargo del CONACYT 1,228.7 millones de pesos y de las entidades federativas 641.0 millones de pesos. Sin embargo, la aportación de recursos se realizó para 8 de los 28 FOMIX por un monto de 505.6 millones de pesos, 69.1% del CONACYT y 30.9% de las entidades federativas. La aportación de recursos del CONACYT fue inferior en 71.5% (879.1 millones de pesos) respecto al monto convenido, debido a adecuaciones presupuestarias, en tanto que las entidades federativas en conjunto dejaron de aportar el 47.6% (305.3 millones de pesos). Duplicidades en los registros de proyectos concluidos. En 2016, fueron publicadas 69 convocatorias; se recibieron 151 propuestas de proyectos, de las cuales 100 cumplieron los criterios de selección. La ASF constató que mediante los Convenios de Asignación de Recursos (CAR) se formalizaron 94, de los cuales 92 se apoyaron económicamente con un monto total de 1,911.8 millones de pesos, 37 proyectos con recursos de los FOMIX (883.8 millones de pesos) y 55 proyectos con recursos del FORDECYT por 1,028.0 millones de pesos. Sin embargo, se identificaron duplicidades en los registros internos en materia de proyectos concluidos, por lo que no se dispuso de información confiable para la adecuada rendición de cuentas. Deficiencias en el proceso de operación del programa limitan evaluación de resultados. En 2016, el CONACYT apoyó económicamente 92 proyectos mediante los FOMIX y el FORDECYT; sin embargo, en su diseño no definió los montos máximos por beneficiario; no previó la temporalidad del apoyo, ni del programa; no estableció la obligación de reportar trimestralmente sobre la operación del programa, y no se aseguró de que el proceso de operación y administración facilitara la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. Las deficiencias en el proceso de operación del programa no permitieron disponer de información para evaluar la atención del problema referido a las débiles capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), ni sobre la contribución al desarrollo regional sustentable e incluyente. Consecuencias Sociales: En 2016, mediante los fideicomisos FOMIX y FORDECYT operados por el CONACYT se concluyeron 194 proyectos con dictamen final satisfactorio, con los cuales se pretendió resolver 105 demandas de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación para que fortalecieran sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, a fin de que dichos sistemas cuenten con las condiciones, aptitudes y habilidades para resolver problemas y necesidades para contribuir al desarrollo económico y social de la


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población; sin embargo, debido a la falta de información, no se pudo evaluar el efecto del programa en el beneficio de la sociedad. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 11 (11 RD) Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el CONACYT apoyó económicamente 92 proyectos.


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9. Análisis de la Fiscalización en el Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano


Tendencia creciente del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016). En 2016, el presupuesto ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) fue 26 mil 091.9 millones de pesos, inferior en 7.5% en términos reales respecto de 2015. En el período 2012-2016, el gasto real ejercido por la SEDATU aumentó significativamente a una tasa media anual de 43.6%. En 2013 respecto al año anterior, el gasto se incrementó notablemente en 288.6% (pasó de 1 mil 280.1 millones de pesos en 2012 a 4 mil 972.2 millones de pesos en 2013).

Dilación del ordenamiento territorial. Continúa en el país la carencia de instrumentos jurídicos contundentes que sean garantes del ordenamiento territorial y eviten la expansión de asentamientos humanos en zonas inadecuadas e irregulares, que son en principio, los primeros afectados ante desastres naturales, como fueron los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México, ante los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Modernización de registros públicos de la propiedad y catastros. De acuerdo con los indicadores establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, para 2016 se reportó un avance de 53.7% y 38.7% en la modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros en las entidades federativas, siendo las metas para 2018 de 80% y 37%, respectivamente.

Conflictos agrarios. En el lapso 2000-2016, en la procuración de justicia para los sujetos agrarios se dieron prioridad a los procesos de conciliación a través de 2,569,282 acciones; 461,540 gestiones administrativas, arbitraje y servicios periciales; y 762,058 asuntos de asesoría y representación legal. No obstante, en el período 2013-2015, aún existían 41,000 asuntos en trámite en los tribunales agrarios.

Moderado gasto federal destinado a programas para la superación de la pobreza. En 2016, el monto ejercido por las dependencias del Gobierno Federal que participan en la operación de la política social en el país fue de 377 mil 550.6 millones de pesos, 5.6% menor en términos reales que en 2015; en el caso de la SEDATU el gasto real ejercido disminuyó 36.1% con respecto a 2015 y 39.1% respecto a 2014.

Empobrecimiento del sector rural y urbano. Cifras a 2016 del CONEVAL, indican una disminución de 2.9% en la población en situación de pobreza en el medio rural, al pasar de 17 millones de personas en 2014 a 16.5 millones en 2016; para el mismo período, la pobreza moderada se incrementó de 11.3 a 11.6 millones de personas (2.6%); mientras que la población en situación de pobreza extrema se redujo de 5.7 a 4.9 millones de personas, es decir, 14%.


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Déficit habitacional. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, la demanda total de vivienda para 2016 fue de 1,166,872 viviendas, 0.7% más que en 2015 (1,159,148 hogares), de los cuales 27.5% correspondió a formación de hogares; 61.3% a rezago habitacional; 8.1% a movilidad habitacional; y 3.1% a curas de originación; se estima que en 2017 la demanda total de vivienda será de 1,088,815, es decir, 6.7% menos que en 2016 (estimación realizada con anterioridad a los desastres causados a las viviendas por fenómenos naturales).


SEDATU. “Gestión Financiera y Operativa del Gasto”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1835. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera y operativa del presupuesto de egresos para la ejecución de programas a cargo de la Secretaría y de sus organismos coordinados sectorialmente, para verificar que los procesos de solicitud, recepción, dispersión, adecuaciones, ejercicio, seguimiento, comprobación y registro presupuestal contable, se efectuaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Antecedentes: Se tienen referencias (auditoría 442-DE de la Cuenta Pública 2015 realizada al FONHAPO) de que la SEDATU retiró de sus 31 delegaciones, 505.8 millones de pesos, de las cuentas bancarias destinadas a los programas de vivienda, para realizar pagos de gasto corriente; asimismo, que dispuso de una ampliación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al FONHAPO, por 158.7 millones de pesos, sin contar con la autorización de este último, lo que hace un total de 664.4 millones de pesos, de los cuales reintegró 453.4 millones de pesos en 2016, y están pendientes de devolver 211.0 millones de pesos. Hallazgos relevantes: Uso de los recursos otorgados a fines distintos a los autorizados y falta de documentación comprobatoria de los recursos ejercidos. En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se reportó un presupuesto ejercido de 6,231.6 millones de pesos en el capítulo de gasto 4000 del Programa de Infraestructura de la SEDATU. La dependencia ejerció 3,855.8 (61.8%) millones de pesos, en conceptos de gastos distintos a los autorizados en el capítulo 3000 "Servicios Generales", sin contar con la autorización de la SHCP; de los recursos ejercidos, existen transferencias a cuentas bancarias por 689.2 millones de pesos, entre otros, de los cuales no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias. Incumplimientos al programa de obra. La SEDATU no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016, se tenían registrados 102,626 proyectos


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autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como terminados 72,942 proyectos; en proceso o no iniciados 29,649, y cancelados 35. Número de observaciones: 8; Número de acciones: 19 (10 R; 6 PRAS; 3 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 724.7, Operadas: 0.0, Probables: 724.7 Dictamen: No cumplió. SEDATU. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría Forense, No. 1792. Objetivo: Fiscalizar los recursos públicos erogados derivado de contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Antecedentes: Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4 mil 750.0 millones de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2 mil 131.0 millones de pesos de la CP 2016. Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con Universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. Hallazgos relevantes: Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas. La SEDATU contrató servicios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, (LAASSP) con dos Entes Públicos Estatales, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), y siete Universidades Públicas, pagando en 2016 por dichos servicios un total de 1,899.8 millones de pesos; los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con terceros entre el 56.1% y 100.0% del monto total pagado por los servicios pactados. De ese monto, 1,517.7 millones de pesos (79.9%), lo pagó con recursos del programa S273 “Programa de Infraestructura”. Simulación en la prestación de servicios otorgados. De los servicios convenidos en 2016 con el SQCS y TELEMAX, por 450.1 y 272.0 millones de pesos, la SEDATU pagó dos y hasta cuatro veces


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un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas; además, se comprobó que los dos Entes Públicos Estatales, las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales, no participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU; las irregularidades son por el total que se les pagó. Pagos por servicios con sobrecosto y que incumplen los objetivos planeados. Los entregables de cuatro convenios pagados en 2016 a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), por 186.1 millones de pesos, presentan inconsistencias y no cumplieron con los objetivos; se constató que los servicios fueron subcontratados con una empresa por 81.6 millones de pesos, y ésta a su vez los subcontrató con otras cuatro, sin acreditar su realización; los recursos se transfirieron a otras 11 empresas y 9 personas físicas; el sobrecosto por 104.5 millones de pesos, pagado por la SEDATU a la UPCH, la universidad los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema a un proveedor no localizado, ni a otros dos que subcontrató, ascendiendo la irregularidad a un total de 186.1 millones de pesos por los cuatro convenios. De otro convenio, la UPCH pagó un sobrecosto de 13.3 millones de pesos, por un sistema. No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados. Del convenio celebrado con la Universidad Autónoma de Campeche (UTCAM), pagado en 2016 por un monto de 182.8 millones de pesos, no se acreditó la ejecución de los servicios y se constató la subcontratación del servicio a un proveedor al que se le pagaron 92.8 millones de pesos, quedando un remanente de 90.0 millones de pesos, realizando de manera injustificada, transferencias por 79.0 millones de pesos a 11 empresas, sin presentar documentación alguna que acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90.0 millones de pesos. No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos. Los servicios contratados y pagados en 2016 por la SEDATU con la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), por 178.1 millones de pesos, no fueron acreditados con los objetivos y alcances establecidos, no obstante el pago fue realizado a la universidad; se constató que la universidad subcontrató los servicios con dos proveedores y una persona física, por 82.5 millones de pesos, que tampoco demostraron haber desarrollado los trabajos; y el remanente de recursos (95.5 millones de pesos) fueron indebidamente considerados como beneficio propio por la universidad. Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares. El Convenio Específico con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) por 185.8 millones de pesos, no acreditó la existencia, operación del sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres y coincide en un 98.6% con el entregable presentado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), también contratado en 2016; respecto del Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro, éste es semejante al entregable de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), también contratada en 2016. Asimismo, quien suscribió el citado convenio por parte de la SEDATU, manifestó no haber firmado el convenio, la documentación que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, y haber tenido relación alguna con la UPFIM; no obstante, se comprobó que contrató


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con terceros el 98.0% de los servicios pactados entre la SEDATU y dos empresas, con las que presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, desde la suscripción del convenio hasta los entregables. Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. En los dos convenios con la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), se determinó que en 2016 la SEDATU pagó 97.2 millones de pesos; sin embargo, se comprobó que todos los entregables presumiblemente realizados por la UPQROO presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen con lo pactado; adicionalmente, en la auditoría forense No. 1793-DS practicada a la UPQROO, se constató la subcontratación de ocho proveedores por el 100.0%, mismos que transfirieron los recursos que recibieron a diversas empresas y personas físicas, sin que existan contratos que justifiquen los pagos. Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados. En los tres convenios suscritos y pagados en 2016 con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), por 168.4 millones de pesos, se detectó que el entregable del convenio suscrito en 2015 y pagado en 2016 por 25.5 millones de pesos, es coincidente en su totalidad, con el financiado por el BID al amparo de la Coordinación Técnica número ME-T1259 y, se comprobó que el mismo entregable fue pagado por la SEDATU en 2016 a la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM). Del segundo convenio de 2016, el entregable consistente en el Diagnóstico de la Situación Actual de la Vivienda en México y sus alternativas, por 41.9 millones de pesos, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 2014. Del tercer convenio suscrito en 2016 por 101.0 millones de pesos, el entregable pactado con el ITSC, es el mismo al convenido simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios suscritos en 2016, servidores públicos de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los entregables ya elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o firmó convenio alguno con el ITSC. Pagos improcedentes por servicios duplicados. Del convenio específico por 106.8 millones de pesos suscrito con la UAIM, se comprobó que la SEDATU recibió los servicios presuntamente ejecutados por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), antes UAIM; sin embargo, se constató que los entregables fueron elaborados con anterioridad con recursos del BID al amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259, de donde la Directora General Adjunta para la Igualdad de Género de la SEDATU, participó por parte de la SEDESOL en 2014, además, no contaba con atribuciones para contratar los servicios. Asimismo, se observó que los mismos entregables fueron pagados al ITSC y a la UPFIM, y derivado de la visita domiciliaria realizada a la UAIS, se constató que ni la UAIS ni las 5 empresas subcontratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios. Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por 1,747.7 millones de pesos.


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Consecuencias Sociales: La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo permite garantizar una vida digna para la realización del individuo y su vinculación con la sociedad. La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría. La recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia impunidad y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones de acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor. Los recursos federales de los subsidios erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría y las auditorías forenses realizadas a las Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. Número de observaciones: 15; Número de acciones: 21 (2 R; 1 PEFCF; 5 PRAS; 12 PO; 1 M) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 275.2, Operadas: 0.0, Probables: 275.2 Dictamen: No cumplió. Revisiones realizadas a otras Cuentas Públicas Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2015”. Auditoría Forense, No. 17011. Objetivo: Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Antecedentes: Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016.


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Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares. Hallazgos relevantes: Incapacidad del SQCS para realizar los trabajos convenidos y subcontratación de proveedores sin cumplir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

(LAASSP). El SQCS y la SEDATU suscribieron, el 17 de septiembre de 2015, un convenio general de colaboración del que más adelante derivaron tres convenios específicos. Estos sustentaron pagos de la SEDATU por 356.6 millones de pesos. En el convenio general se estableció que el SQCS contaba con la capacidad ejecutar los trabajos encomendados; no obstante, esta entidad contrató a 23 proveedores por un total de 323.1 millones de pesos, 90.6%, del total pagado por la SEDATU, para cumplir con los servicios pactados. Los proveedores fueron contratados sin sujetarse a las disposiciones normativas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento. Del 15 al 23 de mayo de 2017, se visitó al SQCS y se levantaron dos actas administrativas circunstanciadas de auditoría. En ellas el Director de Contabilidad y Auditoría en el SQCS manifestó desconocer los trabajos realizados porque fueron realizados por la administración anterior. Señaló que la información de los entregables presentados por los proveedores fue sustraída por el Ex Director Jurídico del SQCS y que ningún contrato suscrito con los proveedores cuenta con el acta constitutiva de las empresas, ni la acreditación de la personalidad de los representantes legales de las empresas contratadas. No se encontraron los testigos físicos de los trabajos realizados por el SQCS, ni por los proveedores de bienes o servicios contratados por el mismo, ni de los procedimientos de adjudicación de los trabajos encomendados a los proveedores. Por lo que se reitera que el SQCS no proporcionó los entregables comprometidos en los contratos y, en consecuencia, no se cuenta con evidencia de los trabajos realizados por parte de los proveedores. El personal del SQCS proporcionó 37 órdenes de trabajo y 37 actas de recepción de servicio, trabajo y material, suscritas unilateralmente por la Directora General de Comunicación Social de la SEDATU y 15 oficios mediante los cuales supuestamente el entonces Director General del


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SQCS presentó a la secretaría los citados entregables; sin embargo, no proporcionó evidencia de los testigos físicos que acreditan el cumplimiento de los trabajos solicitados, por lo cual no existe certeza de que los trabajos pagados por la SEDATU hayan sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató. Proveedores no localizados y sin capacidad para generar los entregables. De los 23 proveedores, cinco personas morales y una persona física no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, por un importe de 128.2 millones de pesos; cuatro personas morales y una persona física no proporcionaron la información y documentación solicitada por un importe de 112.7 millones de pesos; siete personas morales no proporcionaron la información relativa a los entregables y el detalle de los costos incurridos para la ejecución de los contratos por un importe de 57.5 millones de pesos y cinco personas morales, no obstante que cumplieron en su totalidad con la entrega de la información, transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos encomendados por un importe de 24.7 millones de pesos. La mayoría de estas empresas emitieron comprobantes fiscales que amparan operaciones para las cuales no contaban con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios. Se puede concluir que los convenios suscritos entre la SEDATU y el SQCS, así como entre ésta y los proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con cargo al erario federal, debido a que ni el SQCS ni la mayor parte de las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU. Reconcentración de los recursos. De los recursos que el SQCS depositó a los 23 proveedores, por un total de 323.155 millones de pesos, 255.3 millones de pesos fueron transferidos principalmente a las siguientes siete empresas y tres personas físicas.

Número de observaciones: 2; Número de acciones: 4 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 356.5, Operadas: 0.0, Probables: 356.5 Dictamen: No cumplió.


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10. Evaluación de los Resultados de la Fiscalización Superior en funciones de Desarrollo Económico (IGE)

10.1. Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF

En el marco del análisis al Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la Unidad de Evaluación y Control en apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, verificó que los contenidos de las revisiones realizadas cumplen, en lo general, con lo establecido en el artículo 74, fracción VI, y 79, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como con los artículos 1, 2, 3, 5, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 103 y 104, fracciones X y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). Específicamente, se constató que las 223 revisiones practicadas a entes vinculados con funciones de Desarrollo Económico se apegaron a los objetivos y alcances correspondientes, cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de evaluación de resultados de la gestión financiera, observancia de los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas y, en su caso, determinación de responsabilidades e imposición de multas y sanciones resarcitorias. En particular, se verificó que los informes de las auditorías practicadas al grupo funcional de Desarrollo Económico incorporan el contenido mínimo establecido en el artículo 36 de la LFRCF, que a la letra dice: Artículo 36.- Los Informes Individuales de auditoría contendrán como mínimo lo siguiente: I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

II. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

IV. Los resultados de la fiscalización efectuada;

V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, y

VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

El análisis del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, también permite concluir que el objeto de la fiscalización superior al grupo funcional de


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Desarrollo Económico cumplió con los siguientes lineamientos, establecidos en el artículo 14 de la LFRCF: Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan. De la misma manera, se verificó que los informes individuales de las auditorías practicadas cuentan con una sección de Dictamen, en la cual la ASF emite una opinión sobre si la entidad cumple o no cumple con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, aunque no se emite explícitamente la naturaleza o sentido específico del dictamen, situación que se ha venido observando desde el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Al respecto la ASF refiere que la estructura de los dictámenes de las auditorías es consistente con las normas del INTOSAI.

10.2. Enfoque de la fiscalización superior practicada por la ASF En la fiscalización superior al grupo funcional de Desarrollo Económico, destaca el incremento en su cobertura respecto a la que se registró en la revisión de 2015. El pequeño aumento en el número de auditorías practicadas al grupo (pasaron de 217 en la revisión 2015 a 223 en la fiscalización 2016), derivó en la pérdida de importancia en el total de auditorías practicadas, pasando de representar 13.2% en la revisión 2015 a 12.0% en la revisión 2016. Por el contrario, el número de entidades auditadas en el grupo funcional descendió ligeramente al pasar de 52 en la fiscalización de 2015 a 50 en la revisión de 2016. Resalta también el mayor número de revisiones de regularidad (pasó de 153 en la revisión 2015 a 169 en la revisión 2016), dando como resultado un aumento en su importancia respecto a los tipos de auditoría practicados (pasó de significar 70.5% en la revisión 2015 a 75.8% en la revisión 2016)8. Por el contrario, la importancia de las auditorías de desempeño disminuyó al pasar de 27.2% en la revisión 2015 a 23.8% en la revisión de 2016. Al igual que en la revisión pasada, y considerando el mayor número de auditorías de regularidad, el enfoque de la fiscalización superior en el grupo funcional de Desarrollo Económico está orientado en más del 75.0% a este tipo de revisiones. Por otra parte, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se practicaron 1,865 auditorías, 222 más que las practicadas en la revisión de 2015 (1,643). Por su parte, el número total de auditorías de desempeño practicadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 fueron casi similares al de la revisión de 2015 (148 vs. 149). Asimismo, se observa un notable incremento

8 Se consideran como auditorías de regularidad, las financieras y de cumplimiento, inversiones físicas, forenses y financieras con enfoque de desempeño.


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en el número de auditorías financieras y de cumplimiento, la cual pasó de 527 en la revisión 2015 a 799 en la revisión 2016 (272 auditorías más). Ambos efectos dieron lugar a que la importancia de las auditorías de regularidad aumentaran (de 89.5% en la revisión 2015 a 91.6% en la revisión 2016), y las de desempeño descendiera (de 9.1% en 2015 a 7.9% en 2016). A nivel de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se ha acentuado el predominio de las auditorías de regularidad sobre las revisiones de desempeño. Es necesario destacar que en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el sector Energía se desagregó en tres grupos: 1) Sector Energía, integrada por la Secretaría de Energía; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Nacional de Control del Gas Natural; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, e Instituto Mexicano del Petróleo. 2) Empresas Productivas del Estado9, conformada por la Comisión Federal de Electricidad; Petróleos Mexicanos; Pemex-Exploración y Producción; Pemex Fertilizantes; Pemex Logística; Pemex Perforación y Servicios; Pemex Transformación Industrial, y P.M.I. Comercio Internacional, S.A de C.V. 3) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, integrada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía. En los apartados 2 a 9 del presente Cuaderno, se presentan los hallazgos más significativos de 83 revisiones relevantes practicadas al grupo funcional (corresponden a la Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016), equivalente al 98.8% (84 auditorías practicadas). Cabe señalar que en la primera entrega de los Informes Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se reportaron 46 revisiones al grupo funcional de Desarrollo Económico; en la segunda 93, y en la tercera 84; lo que arroja un total de 223 revisiones practicadas a la Cuenta Pública de 2016. De este total, se llevó a cabo el análisis de 205 revisiones relevantes practicadas al grupo funcional, equivalente a una muestra representativa del 91.9% (205 de 223 auditorías practicadas): Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: se analizaron y resumieron

23 de 26 auditorías (88.5%).

Sector Comunicaciones y Transportes: 57 de 66 auditorías (86.4%).

Sector Economía: 10 de 10 auditorías (100.0%).

Trabajo y Previsión Social: 3 de 3 auditorías (100.0%).

9 Es una empresa cuyo dueño es el estado y participa en el mercado como el resto de las empresas privadas. Tiene como objetivo generar valor económico. Las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan al estado mexicano y sirven para reinvertir en la propia empresa.


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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales: 35 de 35 auditorías (100.0%).

Sector Energía-Empresas Productivas del Estado-Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: 61 de 67 auditorías (91.0%).

Sector Turismo: 3 de 3 auditorías (100.0%).

Sector Ciencia y Tecnología: 2 de 2 auditorías (100.0%) y

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 11 de 11 auditorías (100.0%).

En lo que sigue, se exponen algunos comentarios sobre el enfoque de fiscalización superior observado a nivel sectorial en el grupo funcional de Desarrollo Económico.

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoce que el sector agroalimentario es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, sobre la base de estrategias como impulsar la productividad, incorporar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado, incorporar mecanismos de administración de riesgos, así como aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. También el sector agroalimentario contribuye al logro de la Segunda Meta Nacional del PND (México Incluyente), mediante la estrategia de asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Se quiere lograr un México sin hambre. La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito agroalimentario, abordó varias de las estrategias antes mencionadas.

En materia de impulso a la productividad mediante la inversión en desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, destacó la fiscalización superior de varios programas y componentes relevantes, como son los siguientes: Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo.

Programa de Apoyos a Pequeños Productores. Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios; Componente Incentivos Productivos; Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, y Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café.

Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Agroproducción; Componente PROAGRO Productivo; Componente Modernización de Maquinaria y Equipo; Componente Tecnificación del Riego, y Componente Innovación Agroalimentaria.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura; Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo


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Pecuario; Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste, y Componente Productividad Agroalimentaria.

Programa de Productividad Rural. Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores; Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, y Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.

Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras (Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura).

En relación a incorporar mecanismos de administración de riesgos para promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria, se fiscalizó la Administración de Riesgos de Precios (ASERCA); Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Sanidad Federalizado (SENASICA), y la Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, Chiapas (SENASICA).

En el sector Agropecuario se practicaron 26 auditorías, de las cuales 4 fueron de desempeño, 21 de regularidad y 1 Evaluación de Política Pública (PROAGRO Productivo). De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 80.8% de las revisiones al sector agropecuario (21 de 26 auditorías practicadas), de las cuales 16 fueron financieras y de cumplimiento, 1 de inversión física y 4 forenses. En la revisión pasada las auditorías de regularidad significaron el 75.0% de las revisiones totales a este sector. Es de destacar que sólo el 15.4% de las revisiones practicadas a este sector fueron de desempeño (4 de 26 auditorías), porcentaje inferior si se compara con el 20.8% que significó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (5 de 24 auditorías practicadas al sector). La SAGARPA concentró el 75.0% de las auditorías de desempeño (3 revisiones de 4). Las auditorías financieras y de cumplimento se orientaron a revisar que los recursos asignados a los programas que apoyan el desarrollo agrícola, de concurrencia con las entidades federativas, de productividad rural, de la productividad y la competitividad agroalimentaria, la administración de riesgos de precios, la gestión financiera, y la prevención de riesgos sanitarios, se aplicaron en operaciones efectivamente realizadas y se utilizaron para el cumplimiento de sus objetivos. Cabe señalar, que 11 auditorías de las 16 financieras y de cumplimiento, fueron aplicadas a la SAGARPA: 3 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO Productivo, Modernización de

Maquinaria y Equipo, y Tecnificación del Riego).

Recursos ejercidos en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.

1 componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora).


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3 componentes del Programa de Productividad Rural (Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar).

3 componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario y Desarrollo Productivo Sur Sureste).

Las auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a la SAGARPA, arrojaron 76 observaciones (35.7% de las observaciones del sector, 213) que dieron lugar a 131 acciones (33.5% de las acciones del sector, 391), de las cuales 27 fueron preventivas y 104 correctivas, entre las que destaca 68 pliegos de observaciones (56.7% de los pliegos de observaciones del sector agropecuario, 120). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 732.1 millones de pesos (32.1% de las recuperaciones totales determinadas del sector agropecuario, 2 mil 281.1 millones de pesos), de las cuales sólo se han operado 15.8 millones de pesos (2.2%) y se estiman como probables de recuperar 716.3 millones de pesos. La ASF también aplicó a la SAGARPA 3 auditorías forenses (que busca evidencias de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas para promover las acciones legales procedentes), en relación a: 1 componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente PROCAFÉ e Impulso

Productivo al Café)

1 componente del Programa de Fomento a la Agricultura (Innovación Agroalimentaria), y

1 componente del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Productividad Agroalimentaria).

No.

Auditoría

Tipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

Total Sector 2,146.3 100.0%

1,278.0 59.5%

•Falta de documentación comprobatoria ante las instancias ejecutoras de los recursos

otorgados

• Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado

• Reintegros a la TESOFE pendientes de real izar

• Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recusos

• Falta de suscripción de las actas cierre-finiquito

• No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación

• Realización de pagos a proyectos inconclusos

• Beneficiarios no forman parte de la población objetivo

• Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados

• Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados

• Falta de supervisión a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados

• Comprobación de la aplicación de los recursos con documentación alterada

• Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los apoyos otorgados

Nota: Los montos se refieren a las recuperaciones probables.

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

SECTOR: AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Irregularidades

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

283 Forense

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores: Componente PROCAFÉ

e Impulso Productivo al Café

445.4 20.8%

296

Programa de Productividad y

Competitividad Agroalimentaria:

Componente Productividad

Agroalimentaria

Forense286

Programa de Fomento a la

Agricultura: Componente

Innovación Agroalimentaria

529.9 24.7%

302.7 14.1%Forense


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Como resultado de estas auditorías, se emitieron 35 observaciones que dieron lugar a 57 acciones: 6 preventivas y 51 correctivas, entre las que destaca 36 pliegos de observaciones (30.0% de los pliegos de observaciones del sector, 120). Se determinaron recuperaciones por 1 mil 278.0 millones de pesos (59.5% de las recuperaciones probables del sector), en su totalidad estimadas como probables de recuperar. También la ASF aplicó un enfoque de contraste, al realizar 6 auditorías al Programa de Fomento a la Agricultura; 4 al Programa de Apoyo a Pequeños Productores; 3 al Programa de Productividad Rural, y 4 al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Las 17 auditorías fueron aplicadas a la SAGARPA (que en total le practicaron 18 revisiones).

La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento y forenses por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector agropecuario, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Modificaciones al presupuesto del programa sin autorización de la SHCP.

Pagos improcedentes.

No. Auditoría Tipo de Auditoría Nombre de la Auditoría

1785 Evaluación de Políticas Públicas PROAGRO Productivo

285 Desempeño Componente Agroproducción

288 Financiera y de Cumplimiento Componente PROAGRO Productivo

287 Financiera y de Cumplimiento Componente Modernización de Maquinaria y Equipo

289 Financiera y de Cumplimiento Componente Tecnificación del Riego

331 Forense Componente Innovación Agroalimentaria

281 Desempeño Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios

282 Desempeño Componente Incentivos Productivos

280 Financiera y de Cumplimiento Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

283 Forense Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café

290 Financiera y de CumplimientoComponente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños

Productores

292 Financiera y de Cumplimiento Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

291 Financiera y de Cumplimiento Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar

293 Financiera y de Cumplimiento Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura

294 Financiera y de Cumplimiento Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario

295 Financiera y de Cumplimiento Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste

296 Forense Componente Productividad Agroalimentaria


Programa de Apoyo a Pequeños Productores

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Programa de Fomento a la Agricultura

AUDITORÍAS DE CONTRASTE: SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Programa de Productividad Rural


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Duplicidad en el otorgamiento de apoyos.

Falta de documentación comprobatoria y justificativa ante las instancias ejecutoras de la aplicación de los recursos.

Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados.

Comprobación de la aplicación de los recursos con comprobantes fiscales cancelados y/o alterados.

Celebración de convenios de colaboración con universidades que no cuentan con la capacidad técnica, material y humana.

Celebración de convenios de colaboración no justificados.

Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado.

Reintegros a la TESOFE pendientes de realizar.

Falta de suscripción de las actas de cierre-finiquito.

No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación.

Realización de pagos a proyectos inconclusos.

Beneficiarios no forman parte de la población objetivo.

Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados.

Falta de supervisión a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados.

Otorgamiento de recursos sin comprobar la ejecución de los servicios contratados.

Proceso de adjudicación de los servicios fuera de la normatividad.

Carencia de capacidad operativa para prestar los servicios requeridos.

Otorgamiento de recursos en un porcentaje menor a lo establecido en la normatividad.

Falta de rendición de cuentas de los beneficios obtenidos.

Pagos realizados en exceso.

Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas, y a servidores públicos.

Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditan la vinculación con el programa.

Otorgamiento de apoyos a proyectos no concluidos.

No se localizan los bienes adquiridos con los apoyos otorgados.

Ubicación del domicilio del proyecto diferente al consignado en la solicitud de apoyo.

Falta de documentación comprobatoria del reintegro de los recursos a la TESOFE.

Proveedores vinculados con ex servidores públicos.

Simulación de actividades con los recursos otorgados.

Proveedores seleccionados no cumplen los requisitos del catálogo de proveeduría.

No se entregaron los bienes e insumos a beneficiarios de proyectos productivos.

No se cuenta con las actas cierre-finiquito de los apoyos otorgados.

Simulación en la comprobación de los apoyos otorgados.


198


Reintegro inoportuno a la TESOFE.

No se enteraron a la TESOFE las recuperaciones obtenidas.

Deficiencias en la autorización y administración de los recursos del programa.

Deficiencias en la administración, operación, comprobación y aplicación de los recursos.

Las irregularidades en que incurrieron los entes del sector agropecuario en la operación de los programas, se tradujeron en 208 acciones correctivas, entre las que destacan 120 pliegos de observaciones, que presumen un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, en cantidad líquida. Estos pliegos de observaciones representan el 51.5% del total de pliegos del grupo funcional de Desarrollo Económico (233 pliegos de observaciones). La SAGARPA registró 104 pliegos de observaciones, que significó el 86.7% del total de los pliegos del sector agropecuario. Por su parte, las revisiones de desempeño se enfocaron en revisar los programas relacionados con el apoyo a pequeños productores (apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios y a incentivos productivos); con el fomento a la agricultura (agroproducción), y a la tecnificación e innovación de las actividades pesqueras. De las 4 auditorías de desempeño practicadas al sector agropecuario, destacan 3 a la SAGARPA: 2 al Programa de Apoyos a Pequeños Productores y 1 al Programa de Fomento a la Agricultura. Su fiscalización arrojó un total de 28 observaciones que dieron lugar a 54 recomendaciones al desempeño (66.7% de las recomendaciones totales del sector agropecuario, 81), lo que evidencia la problemática que presentan estos programas en su desempeño. La restante revisión de desempeño fue aplicada al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras). La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector agropecuario, arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Se desconoce la contribución del programa al aumento de la productividad de los beneficiarios.

Reglas de operación no se ajustan a la normatividad en materia de subsidios.

Incumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad de los solicitantes de los apoyos.

Deficiencias en el sistema de captura de proyectos productivos.

No se identifica ni cuantifica la población objetivo y el padrón de beneficiarios.

Carencia de información impide medir la contribución del componente al logro del objetivo del programa y al incremento de la productividad.

Se desconoce el número de la población beneficiada con los apoyos otorgados.

Deficiencias en la reglas de operación del programa.

Incumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación.


199


No se acredita que los beneficiarios de los recursos públicos lo aplicaron en los conceptos y montos autorizados.

No se cuenta con un padrón de beneficiarios ni se identifica ni cuantifica la población potencial y objetivo.

Diferencias de los recursos ejercidos entre lo reportado en los registros de la dependencia y la cuenta pública.

No se identifica ni cuantifica la población objetivo que presentó baja productividad.

Incumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación para el otorgamiento de recursos.

No se cuantifica la cobertura del programa por la carencia de un padrón de beneficiarios y falta de identificación precisa de la población objetivo.

Se desconoce si los proyectos se orientaron a soluciones e innovaciones.

No se acreditó el impacto para la administración sustentable de los recursos.

Se desconoce la calificación de las asesorías otorgadas.

Manuales de organización y procedimientos desactualizados.

No se dispone del perfil de puestos.

Inadecuada programación de metas.

Resulta importante destacar los principales resultados de la Evaluación de PROAGRO Productivo: Deficiencias en el diseño de la política pública:

Inadecuada definición de la población objetivo.

No se señala la temporalidad, objetivos o metas de los apoyos otorgados.

No se da seguimiento, ni se evaluaron los efectos de los subsidios en la productividad y en el ingreso de los productores beneficiados.

No se establecieron estrategias específicas para atender los estratos señalados en las reglas de operación.

El programa ha operado sin considerar las sugerencias de la ASF.

No existe una metodología para medir el incremento de la productividad del sector agrícola.

Deficiencias en la metodología para medir el nivel de productividad del sector agrícola.

Se desconoce el impacto del programa en el incremento del valor de la producción y de la productividad.

Incremento de los ingresos económicos no fue resultado de la operación del programa.

Se desconoce la contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial.


200


Sector Comunicaciones y Transportes

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoce que el sector de Comunicaciones y Transportes es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantean dos objetivos: 1. Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre la base de estrategias como

impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones y de líneas de acción como las siguientes: Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión privada en

el sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el valor agregado de las actividades productivas.

Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada año, así como la

estrategia para conectar a las instituciones de investigación, educación, salud y gobierno que así lo requieran, en las zonas metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

Crear un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la

Televisión Digital Terrestre. Aumentar el uso del Internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que

permitan extender la cobertura a lo largo del territorio nacional. Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano para fomentar su

eficiencia y sinergias con otras dependencias.

2. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, a través de la estrategia que busca modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte (carretero, ferroviario, urbano masivo, marítimo-portuario y aeroportuario) así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia y de líneas de acción como las siguientes:

Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y

aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.

Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito de comunicaciones y transportes, consideró varias de las estrategias antes mencionadas.


201


En materia de impulso al desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones, destacó la fiscalización a varios programas y componentes relevantes, como son los siguientes: Sistema Satelital Mexicano.

Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones.

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones.

En lo correspondiente a modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes

modos de transporte y su conectividad estratégica y de eficiencia, la ASF evaluó las siguientes

actividades:

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende del Km 15+000 al Km 28+000, en el Estado de Querétaro.

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche.

Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca.

Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo del Km 6+800 al Km 15+000, en el Estado de Veracruz.

Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz.

Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México.

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz.

Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto.

Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte.

Seguridad en la Operación de los Aeropuertos.

Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores.

Controles Establecidos en la Elaboración y Operación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo.

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.


202


Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz.

Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez, en el Estado de Guanajuato.

Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra Etapa) en el Estado de Chiapas.

Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora.

Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos.

Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México.

Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos.

“Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Guaymas.

Ingresos.

Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja California.

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al Km 165+000 Cuerpo B de la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Tramo Isla-Acayucan, en el Estado de Veracruz.

Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Definición y Conducción de la Política de Transportes.

Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal.

Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales.

Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 al Km 21+000, Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero.

Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora.

Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán

Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas

Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas.


203


Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a. Etapa); y Rehabilitación del Cuerpo de las Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz.

Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota.

Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco.

Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán.

Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla.

Administración de Recursos para los Gastos de Operación.

Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el sector Comunicaciones y Transportes se practicaron 66 revisiones, de las cuales 7 fueron de desempeño, 59 de regularidad. De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 89.3% de las revisiones al sector comunicaciones y transportes (59 de 66 auditorías practicadas), de las cuales 46 fueron de inversiones físicas y 13 financieras y de cumplimiento. En la revisión de 2015, las auditorías de regularidad representaron el 88.70% del total de las auditorías practicadas en este sector. Cabe señalar la importancia de las auditorías de inversiones físicas en el total de auditorías del sector, ya que representaron el 70.0%, porcentaje ligeramente menor al registrado en la revisión 2015 (71%); esto es consistente con el alto número de proyectos y obras que se realizan en los entes vinculados al sector comunicaciones y transportes. Asimismo, sólo el 10.6% de las revisiones practicadas a este sector fueron de desempeño (7 de 66 auditorías), porcentaje menor si se compara con el 9.7% que representó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (6 de 62 auditorías). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concentró el 71.4% de las auditorías de desempeño (5 revisiones); las otras 2


204


auditorías fueron aplicadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (1) y al Instituto Mexicano del Transporte (1).

La ASF verificó que las entidades auditadas se apegaran a la normativa; los recursos asignados a los proyectos fueran utilizados; que existieran los estudios y proyectos respectivos y que éstos fueron autorizados; que la contratación se sujetó a la normatividad técnica y jurídica; que los costos correspondieron con los bienes, servicios o volúmenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de los materiales utilizados; y que la ejecución y entrega de las obras se ajustaron a las leyes y contratos respectivos. Cabe señalar que de las auditorías de inversiones físicas practicadas a este sector destacan las siguientes: Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México; Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto; Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos; Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México; Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las auditorías aplicadas a la Sector Comunicaciones y Transportes arrojaron 484 observaciones (31.5% de las observaciones totales del Grupo Funcional de Desarrollo Económico) las cuales dieron lugar a 621 acciones (26.7% de las acciones del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales 265 fueron preventivas (212 recomendaciones y 53 recomendaciones al desempeño) y 356 correctivas (2 PEFCF; 234 SA; 86 PRAS y 34 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 1 mil 549.5 millones de pesos (10.6% de las recuperaciones totales determinadas del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales se han operado 39.3 millones de pesos (2.5%) y se estiman como probables de recuperar 1 mil 510.2 millones de pesos (97.5%).


205


0 0 0 0 0 0

No. AuditoríaTipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría Irregularidades

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector0 0 0 0 0 0

Total del Sector 1,510.2 100.0

Total Subsectores (1+2+3) 1,163.2 77.0

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1) 659.8 43.7

• Falta de documentación comprobatoria del destino final de los bienes

• Inoportunidad en la reclamación de bienes siniestrados

• Bienes faltantes por entregar a beneficiarios

• Trámites sin realizar para indemnización por bienes dañados

• Pago de almacenaje de bienes que no se recibieron

•Servicios contratados no incluidos en el programa anual de adquisiciones

• Incumplimiento en el programa de trabajo

• Se realizaron compras de bienes en exceso

• Incumplimiento de metas físicas, objetivo social del proyecto

• Anticipo no amortizado sin recuperar en contrato de obra

• Pagos injustificados por diferencias de volúmenes de obra

• Pagos improcedentes por desatención de la supervisión externa

• Bienes adquiridos no instalados en la obra

• Pagos indebidos por omisiones del licitante

• Mala calidad de suministros para la obra

• Pago de servicios no ejecutados

• Errores en la integración de precios unitarios causan pagos indebidos

• Inconsistencias en volúmenes de obra pagada vs. ejecutada

• Inobservancia a especificaciones establecidas en catálogo

• Pago de servicios de obra no ejecutados

• Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada

• Recursos ministrados no devengados

• Pago de gastos no comprobados ni registrados.

• Pago de conceptos de obra fuera de catálogo

• Duplicidad de pagos en el control del proyecto.

• Pagos injustificados a empresas de supervisión externa

• Pagos de conceptos duplicados fuera de catá

• Pagos improcedentes a empresa proyectista

• Errores de cálculo en el costo financiero del proyecto

• Inexperiencia en materia de obra pública

• Desconocimiento de la ley de obra pública

• Pagos improcedentes

Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (2) 99.8 6.6

• Inobservancia a lo señalado en el artículo 134 constitucional.

• Inobservancia a la ley de obras públicas

• Faltas del agente financiero y mandatario en el proyecto.

• Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagados vs.

ejecutados

• Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra

• Pagos por conceptos no devengados

• Pagos en exceso por falta de control en catálogo

• Inexacta integración de precios unitarios

• Inobservancia en los términos de referencia

• Sobreestimaciones de precios unitarios

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de C.V. (3) 403.6 26.7

• Falta de documentación soporte que compruebe la prestación de servicios.

• Omisiones en la entrega-recepción de bienes y servicios

• Falta de documentación soporte de los procesos de adjudicación

• Falta de garantías en la celebración de contratos

• Falta de transparencia en la documentación de contratistas

• Duplicidad en la determinación de costos indirectos de la obra

•Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector público y su reglamento

• Pagos en exceso por inexactitud del cálculo de ajuste de costos.

•Pagos realizados sin comprobar la contraprestación de servicios

contratados.

• Omisiones en la administración de la obra

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

Nota: Los montos se refieren a recuperaciones probables.

358

363

Financiera y de

Cumplimiento

Erogaciones para el desarrollo del

Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México

Inversiones

Físicas

Realización de Proyectos, Gerencia,

Estudios, Asesorias y Consultas para la

Construcción de Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México

335Inversiones

Físicas

Tren Interurbano México-Toluca en el

estado de México y la Ciudad de México

318Inversiones

Físicas

Estación Don Nogales, en el Estado de

Sonora

338Inversiones

Físicas

Autopista Tijuana-Ensenada y la

Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja

California

Mantenimiento Mayor de la Autopista

México-Puebla343

Inversiones

Físicas

319Inversiones

Físicas

Libramiento Ferroviario de Celaya de

45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía

Rápida Bicentenario Benito Juárez, En el

Estado de Guanajuato

326Inversiones

Físicas

Paso Express de Cuernavaca, en el

estado de Morelos

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

46.6 3.1321Financiera y de

Cumplimiento

Liquidación del Programa para la

Transición a la Televisión Digital

terrestre

43.0 2.8

108.7 7.2

125.0 8.3

270.0 17.9

133.6 8.8

336.5 22.3

42.3 2.8

57.5 3.8


206


La fiscalización a los diversos programas del sector comunicaciones y transportes, arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Debilidades en la planeación derivan en obstáculos para la conducción de la política pública de

transportes.

Subejercicio de los recursos autorizados al programa presupuestal respectivo.

Deficiencias en la formulación de la matriz de indicadores de resultados (MIR).

No se constató la evidencia de haber dado seguimiento y evaluación a la política pública de transporte.

Falta de cultura vial compromete la seguridad de los usuarios de las carreteras federales.

Riesgo latente ante la disminución de inspecciones y aumento de permisionarios del autotransporte federal.

Reducción en la cobertura de las revisiones de peso y dimensiones del autotransporte federal.

Carencia de un sistema de información dificulta consolidación de controles de las condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal.

Dificultad para determinar como la regulación y la supervisión han incidido en la atención del problema público.

Deficiencias en el establecimiento de metas derivan en su incumplimiento.

Sin estrategia de cobertura el 7.8% de la población objetivo.

Omisiones en el proceso de licitación no afectan validez y solvencia de propuestas.

Incumplimientos de la entidad encargada de la supervisión del proyecto.

Trato fiscal desigual para concursantes nacionales y extranjeros.

Sin conexión a red pública compartida aparatos móviles que no sean de gama alta.

Sector Economía y Trabajo y Previsión Social Economía En el sector Economía, la Cuarta Meta Nacional del PND 2013-2018 (México Próspero) se alcanzará a través de dos objetivos:

1) Garantizar reglas claras para incentivar el desarrollo de un mercado interno competitivo, sobre la

base de apuntalar la competencia; implementar una mejora regulatoria integral; fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas; promover mayores niveles de inversión (a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente), y proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras).

2) Desarrollar los sectores estratégicos del país, sustentado en implementar una política de fomento económico incrementando la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales, de manera regional y sectorialmente equilibrada; promover mayores niveles de inversión y competitividad en


207


el sector minero; orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno; impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, y fomentar la economía social.

Otra meta nacional del PND 2013-2018 relacionada con el sector Economía, se refiere a alcanzar un México con Responsabilidad Global, reafirmando el compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, sobre la base de impulsar y profundizar la apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global, y de fomentar la integración regional del país, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundizando los ya existentes. En lo correspondiente a implementar una política de fomento económico, la fiscalización se centró en el tema de apoyar la innovación y desarrollo tecnológico, para lo cual evaluó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación, y la producción, transportación y comercialización de sal. En lo relativo a promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero, se evaluó la gestión financiera del Fideicomiso de Fomento Minero. En relación a impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, se fiscalizó el Fondo Nacional Emprendedor. Respecto al impulso y profundización de la política de apertura comercial, la ASF evaluó las negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor, y la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa y estratégica (ProMéxico). En lo que corresponde a la protección de los derechos del consumidor, se fiscalizó a la Procuraduría Federal del Consumidor en relación a la promoción de la cultura del consumidor y los derechos de los consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor. En el sector Economía se practicaron 10 auditorías, de las cuales 6 fueron de desempeño y 4 de regularidad (3 financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física). Por lo anterior, se deriva que el enfoque de la auditoría se orienta hacia el desempeño: de cada 10 auditorías practicadas a este sector, 6 fueron de este tipo, mientras que 4 fueron de regularidad. Cabe destacar que en la revisión 2015, el enfoque de fiscalización también estuvo orientado hacia las auditorías de desempeño (de cada 10 auditorías practicadas en el sector, 5.7 fueron de desempeño y 3.6 de regularidad). Las auditorías de desempeño practicadas al sector Economía se orientaron al análisis de la: Negociaciones para integración y competitividad de México a las cadenas globales de valor.

Producción, transportación y comercialización de la de Sal.

Promoción de la cultura del consumidor.


208


Derechos de los consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor.

Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa.

Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica.

Cabe destacar, que 4 auditorías de las 6 de desempeño fueron aplicadas 2 a la Procuraduría Federal del Consumidor y 2 a ProMéxico. La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector economía, arrojó las siguientes irregularidades: No existe una metodología para definir la población beneficiaria.

Carencia de indicadores y de información sobre los derechos y hábitos del consumidor.

Inexistencia de metas e información del número de usuarios atendidos.

Diseño del programa incongruente con el diagnóstico de necesidades.

No existe un proceso de planeación.

Descoordinación entre el sector privado y las entidades de la APF.

No existen mecanismos de seguimiento y de evaluación del programa.

Deficiente Sistema de Evaluación de Desempeño.

No se cuenta con una metodología ni con información para cuantificar la población potencial y objetivo.

No existe evidencia documental de los servicios que otorga la PROFECO.

No se acredita la instalación de módulos de información.

No existe información que soporte el número de quejas y su resolución.

No se acredita si se impusieron todas las sanciones y si el monto de infracciones se ajustó a la LFPC.

No existe evidencia documental de las visitas de verificación realizadas.

Retrasos en la elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

Diferencias en el marco normativo que reguló la operación del programa.

No contribuyó a la atención del problema público.

Sin registro una alta proporción de empresas identificadas como oportunidades de negocio.

No todos los proyectos cumplieron con la totalidad de la documentación requerida.

Dudas sobre si el objetivo de ESSA es prioritario o no.

Objetivos desvinculados del programa sectorial.

Metas por debajo de lo programado.

Baja participación en el mercado interno de la sal.

Disminución de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias.

Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales.


209


No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros.

Las auditorías financieras y de cumplimiento se refirieron al programa para el desarrollo de la industria del software y la innovación; al reforzamiento de torre ejecutiva y adecuaciones a torre reforma, en la Ciudad de México; a la gestión financiera de del Fideicomiso de Fomento Minero, y al fondo nacional emprendedor, del Instituto Nacional Emprendedor. La aplicación de 3 auditorías financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física, arrojaron 39 observaciones (53.4% de las observaciones del sector, 73) que dieron lugar a 73 acciones (62.9% de las acciones del sector, 116), de las cuales 34 fueron preventivas y 39 correctivas, entre las que destacan 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (100.0% de las promociones del sector) y 14 pliegos de observaciones (100.0% de los pliegos de observaciones del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 237.7 millones de pesos, que representó el 100.0% del total de recuperaciones determinadas, que casi en su totalidad se estiman probables de recuperar. La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector economía, permitió detectar las siguientes irregularidades: Notificación extemporánea a los beneficiarios de la aprobación de los recursos.

Uso de los recursos otorgados a otros fines no autorizados.

Inoportunidad en el entero de los rendimientos financieros generados y en el registro del informe final en el Sistema Emprendedor.

No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados.

Falta de comprobación del reintegro de recursos.

Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos otorgados.

Otorgamiento de recursos a proyectos inconclusos.

Prorroga de ejecución de los proyectos sin tener facultades, y de manera extemporánea.

Deficiencias en la operación, supervisión y seguimiento de los recursos ejercidos en el programa.

Recursos no reintegrados a la TESOFE.

No existe evidencia de los entregables de un proyecto.

Retrasos en la transferencia de los recursos.

Deficiencias en el seguimiento de la información registrada en el sistema informático del programa.

Cartera vencida por debajo de las sanas prácticas financieras.

Falta de seguimiento para la recuperación de los adeudos.

Desfase en el registro de los intereses moratorios.

No existe una normativa para cancelar cuentas por cobrar de exempleados.


210


Finalmente, es de resaltar la fiscalización a la que fue sometida la Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico, a las cuales se les practicó 2 auditorías a cada entidad respectivamente. Las cuatro auditorias fueron de desempeño. Trabajo y Previsión Social

En el sector Trabajo y Previsión Social el objetivo de la Cuarta Meta Nacional del PND 2013-2018 (México Próspero) consiste en promover el empleo de calidad, sobre la base de procurar el equilibrio entre los factores de producción (paz social), promover el trabajo digno o decente, promover el incremento de la productividad y fortalecer los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador. En el sector Trabajo y Previsión Social se practicaron 3 auditorías, de las cuales 2 fueron de desempeño y 1 financiera y de cumplimiento, por lo que se deriva que el enfoque de la auditoría se orientó hacia auditorías de desempeño (66.7%). Las auditorías de desempeño practicadas al sector Trabajo y Previsión Social se orientaron al análisis de la inspección laboral y al crédito a trabajadores otorgados por el INFONACOT. La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector trabajo y previsión social, arrojó las siguientes irregularidades: Difusión limitada de los productos y servicios del INFONACOT.

Falta de criterios para programar sus metas.

Deficiencias en la promoción del ahorro.

Deficiencias para definir las metas relativas a la población atendida.

No existe fecha límite para que los patrones se afilien al INFONACOT.

Baja cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo.

Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados.

Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo.

Se desconoce si los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral.

Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de las visitas.

Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos.

La única auditoría financiera y de cumplimiento se refiriere a la administración de la cartera crediticia bursatilizada del INFONACOT. La aplicación de la auditoría financiera y de cumplimiento por parte de la ASF, permitió detectar la siguiente irregularidad: Compromisos de pago no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la cuenta pública.


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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que este sector contribuye al logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Este objetivo se logrará mediante las siguientes estrategias:

Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Proteger el patrimonio natural.

En materia de medio ambiente y recursos naturales, la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, mediante la revisión a diversos temar relevantes, abordó varias de las estrategias antes mencionadas. Por lo que se refiere a la implementación de una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, la ASF evaluó el programa de Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua a cargo de la CONAGUA. En lo correspondiente a implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, se revisaron los siguientes programas, igualmente a cargo de la CONAGUA: Apoyos Especiales y Estratégicos en Infraestructura Hidroagrícola

Protección de las Aguas Subterráneas

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

Atención de Emergencias y Desastres Naturales

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado

Conducción de las Políticas Hídricas

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad del Agua

Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México


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Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y Permisos

Contratación con Terceros

Construcción de la PTAR Chapultepec, del Sistema de Riego y de las Plantas de Bombeo para Reúso de Agua Residual Tratada, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México

Construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II, en el Estado de México

Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el Estado de Baja California Sur

Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el Estado de Guanajuato

Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren General del Valle, de la interconexión de los Ríos Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de Regulación de Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la Ingeniería Básica de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las Cuencas de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco, en el Estado de México

Primera Etapa de Construcción de Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto de Emisor Poniente, en el Estado de México

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México

Construcción del Túnel Canal General, en el Estado de México

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México

Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5, en el Estado de México

Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México

Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México

Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa.

Con relación a la estrategia para fortalecer la política nacional de cambio y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, se fiscalizaron los siguientes programas: Regulación Forestal

Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas

Inspección y Vigilancia Forestal.

Respecto a proteger el patrimonio natural, se evaluaron los siguientes programas:


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Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas.

Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales.

Auditoría de TIC.

En el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se practicaron 35 auditorías, de las cuáles 15 fueron de desempeño y 20 de regularidad. De lo anterior se afirma que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad (5 financieras y de cumplimiento y 15 de inversiones físicas). Con respecto a la revisión de 2015, el total de auditorías al sector aumentó 52.2% (35 vs 23); las auditorías de desempeño aumentaron 66.7% (15 vs 9); las de regularidad aumentaron 42.9% (20 vs 14). Las auditorías de desempeño se orientaron básicamente a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos en los programas que particularmente tiene que ver con infraestructura hidroagrícola, aguas subterráneas, unidades de riego, políticas hídricas, administración del agua, calidad del agua y cantidad del agua; y si estos fueron operados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto, social y económico y beneficios para la población.

Es importante destacar que 11 de las 15 auditorías de desempeño fueron practicadas a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la práctica de estas auditorías por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector medio ambiente y recursos naturales, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Carencia de instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica.

Deficiente conducción de la Política Hídrica Nacional.

Riesgo de seguridad nacional para 119.5 millones de mexicanos.

Aguas Nacionales no están administradas de manera adecuada.

Rezago en solicitudes de inscripción de movimientos en el Registro Público de Derechos del Agua.

Incumplimiento en la realización de 120,000 verificaciones programadas en campo.

Incumplimiento en la publicación de 29 instrumentos normativos para el mejoramiento de la administración del recurso hídrico.

Imposibilidad para verificar el avance en la gestión integral y sustentable del agua.

En riesgo el acceso de 119.5 millones de mexicanos al vital líquido.

Sin mecanismos para verificar el efecto de 1,840.2 millones de pesos.

Desconocimiento de los efectos de los programas públicos.

Incremento en producción agrícola en distritos de riego no se relaciona con obras de la CONAGUA.

Pérdidas en la conducción del agua.

Se dejó de beneficiar a Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Debilidades en mecanismos de control no permiten que infraestructura se utilice para fines autorizados.


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CONAGUA no rindió cuentas sobre 1,165 subsidios.

Inexistencia de criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad para uso de recursos públicos.

Imposible regular la contaminación en acuíferos.

Inexistencia de indicadores para evaluar integración y difusión de la información.

Incumplimiento en la elaboración de instrumentos regulatorios en materia de agua

Diferencias entre el diseño e implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica.

Información técnica incompleta, no se usa para la toma de decisiones.

Índice Global de Sustentabilidad Hídrica no es confiable.

Déficit en la disponibilidad de cuencas y acuíferos.

Desconocimiento del avance del problema público relativo a la situación en cuencas y acuíferos.

No se cuenta con información actualizada para realizar estudios en aguas subterráneas.

Insuficientes instrumentos para regular uso, aprovechamiento y explotación de agua.

En riesgo la disponibilidad del agua por no contar con datos válidos.

México ya es un país de baja disponibilidad del vital líquido.

Las auditorías financieras y de cumplimiento se centraron en la evaluación de la administración y ejercicio de los recursos aplicados a programas orientados a los Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas; Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México; Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y Permisos; Contratación de Terceros y TIC. La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento, y de inversiones físicas por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento en la documentación para el Otorgamiento de Títulos de Concesión y Permisos.

Monto por pago de derechos por servicios resultó inconsistente.

Información incorrecta en materia de recaudación.

Sin información para determinar el monto por Derechos por uso, goce o aprovechamiento del recurso hídrico.

SEMARNAT carece de facultades para verificar que concesionarios cumplan con pagos.

Únicamente 10 de 17 entidades obligadas a reportar ingresos cumplieron con esa obligación.

Deficiencia en la vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Incumplimiento en la normatividad aplicable.


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Realización de pagos por duplicado.

Pagos por trabajos fuera del alcance de lo contratado.

Pagos indebidos por trabajos inconclusos.

Inconsistencia en monto de los pagos.

Realización de obras públicas inconclusas.

Incumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria para licitación.

Uso de bitácoras convencionales sin autorización de la Secretaría de la Función Pública.

Realización de convenio modificatorio de manera irregular.

Cambios al plazo de ejecución sin celebración de convenio modificatorio.

Pagos indebidos por un monto de 377.6 millones de pesos.

Pagos indebidos y por fuera del alcance del contrato por un monto de 14.5 millones de pesos.

Inconsistencias en el cumplimiento de contratos que ascienden a 8.5 millones de pesos.

Por su parte, las auditorías de inversiones físicas se orientaron a la fiscalización y verificación de la gestión financiera de los recursos federales canalizados a a la construcción de infraestructura hídrica en diferentes zonas del país, si se cumplió con los estándares de calidad previstos; la razonabilidad de los montos invertidos; si se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y si las obras fueron entregadas en tiempo y forma. Las auditorías aplicadas a la Medio Ambiente y Recursos Naturales, arrojaron 192 observaciones (12.5% de las observaciones totales del Grupo Funcional de Desarrollo Económico) las cuales dieron lugar a 282 acciones (12.1% de las acciones del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales 177 fueron preventivas (42 recomendaciones y 135 recomendaciones al desempeño) y 105 correctivas (1 PEFCF; 55 SA; 35 PRAS y 14 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 442.0 millones de pesos (3.0% de las recuperaciones totales determinadas del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales se han operado 1.0 millones de pesos (0.2%) y se estiman como probables de recuperar 441.0 millones de pesos (99.8%).

Sector Energía En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, reconoce que el sector energía es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”, sobre la base de dos estrategias: 1. Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el

país, a través de las siguientes líneas de acción:


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Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutita.

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos.

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos.

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural.

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio.

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional.

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente. 2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, mediante las siguientes líneas de acción:

Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas.

Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país.

Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos.

Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad.

Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.

Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que se especialicen en la energía nuclear.

En materia de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, se realizaron 49 auditorías, distribuidas de la siguiente manera:

2 a la Secretaría de Energía, referida al Abasto de Gasolinas y Permisos para su Importación y

Determinación de las Compensaciones de Pemex por Inversiones Afectadas.

2 al Centro Nacional de Control del Gas Natural, referidas a la Auditoría de TIC y a la Gestión Financiera.

13 auditorías financieras y de cumplimiento fueron practicadas a Petróleos Mexicanos.

1 a Pemex Etileno, referida a los Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del Acrilonitrilo (Morelos Unigel).

12 a Pemex Exploración y Producción, entre las que destacan Insumos para la Producción de gasolina, Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida y Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos; Contratos de


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Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach).

2 a Pemex Fertilizantes, en relación a la Gestión Financiera y Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz.

1 a Pemex Logística, referida a Ingresos por Servicio.

1 a Pemex Perforación y Servicios, en la que incluye la auditoria de Arrendamiento Financiero de Plataformas Autoelevables.

13 a Pemex Transformación Industrial, entre las que destacan Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán y Tren Energético y Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Producción y Conversión de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula.

1 a P.M.I. Comercio Internacional, referida a Rehabilitación de Plantas UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz.

1 a Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1 para Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas.

En relación de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, se realizaron 18 auditorías: 2 a la Secretaría de Energía: Conducción de la Política Energética y Operación del Mercado Eléctrico

Mayorista.

1 a los Ingresos y Egresos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico del Centro Nacional de Control de Energía.

2 a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, referidas a la Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), en el Estado de Veracruz.

10 a la Comisión Federal de Electricidad, entre las que destaca 1 de desempeño relativo al Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica.

3 a la Comisión Reguladora de Energía, entre las que destaca 1 financiera y de cumplimiento relativo a la Evolución del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación.

SECTOR ENERGÍA Este sector se divide en tres ámbitos: 1) Energía (Secretaría de Energía; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Nacional de Control de Gas Natural; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y el Instituto Mexicano del Petróleo), 2) Empresas Productivas del Estado y 3) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.


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Energía En materia de energía se practicaron 9 auditorías a 5 entes públicos (SENER, CENACE, CENAGAS, CONUEE e IMP), de las cuales 4 fueron de desempeño y 5 de regularidad (4 financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física); esto refleja que la ASF aplicó un enfoque equilibrado, inclinándose ligeramente hacia las auditorías de regularidad, que representaron 55.6% de las revisiones al sector. El restante 44.4% de las revisiones practicadas a este sector fue de desempeño (4 de 9 auditorías), siendo la Secretaría de Energía la entidad que concentró el mayor porcentaje de este tipo de auditorías (75.0%). Los principales temas revisados en las auditorías de desempeño fueron los siguientes: el abasto de gasolina y permisos para su importación, así como la conducción de la política energética; operación del mercado eléctrico mayorista, y la promoción de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Las auditorías de desempeño al sector arrojaron 17 observaciones (53.1% de las 32 observaciones emitidas al sector) que dieron lugar a 24 acciones (51.1% de las 47 acciones promovidas al sector), de las cuales el 100% fueron preventivas (recomendaciones al desempeño). En las auditorías de desempeño, en materia de energía, se detectaron las siguientes irregularidades recurrentes: Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios.

Ausencia de estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de suministro y almacenamiento mínimo de petrolíferos.

Deficiencias en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Incremento del consumo de energía en relación con la producción nacional.

Incremento del consumo de electricidad per cápita.

Ineficiente desempeño del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) limitando la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Desfavorable desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Participación limitada de los privados en la generación de electricidad.

Deficiencias en la programación de indicadores.

Avances marginales respecto del total de la población en donde podría aplicarse la estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

Por su parte, las auditorías financieras y de cumplimiento se orientaron a revisar, principalmente, los siguientes temas: en la SENER se evaluaron las compensaciones a Pemex


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por inversiones afectadas; se revisaron también ingresos y egresos relacionados con la operación del mercado eléctrico al CENACE, y se evaluaron las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el uso de los recursos asignados al CENAGAS. Por el número de irregularidades detectadas, destaca la auditoría financiera y de cumplimiento practicada al CENAGAS dirigida a la evaluación de las TIC, en la cual se promovieron 5 observaciones que dieron lugar a 12 acciones (10 recomendaciones, 1 PRAS y 1 PO), así como recuperaciones determinadas por un monto de 329.348 millones de pesos. La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento por Pemex Exploración y Producción (PEP) en el desahogo de los requerimientos de

información solicitada por la SENER.

Inversiones efectuadas a pozos inactivos.

Carencia de manuales de organización, procedimiento y operación.

Inexistencia de documentación comprobatoria de reclutamiento, selección y capacitación.


Resultado desfavorable en el ejercicio de CENEGAS derivado del pago por aprovechamiento.

Incertidumbre en los volúmenes de gas facturados derivada de la inactividad de gasoductos en el Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG Poza Rica).

La única auditoría de inversión física aplicada en el sector energético se practicó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el objeto de comprobar que los recursos federales en inversiones físicas canalizados al proyecto del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. De dicha revisión derivó una acción correctiva (solicitud de aclaración), así como recuperaciones determinadas por un monto de 1.916 millones de pesos. Resulta importante destacar que en la revisión de inversiones físicas efectuada al IMP se determinó la falta de documentación justificativa del pago de costos elevados, de tal manera que no pudieron garantizar las mejores condiciones económicas, dando lugar a la emisión de una solicitud de aclaración (SA). Empresas Productivas del Estado En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 54 auditorías, de las cuales 10 (18.5%) corresponden al sector Eléctrico (Comisión Federal de Electricidad) y 44 (74.1% al sector Petróleo (13 a Petróleos Mexicanos, 1 Pemex Etileno, 12 a Pemex-Exploración y Producción, 2 a Pemex Fertilizantes, 1 a Pemex Logística, 1 a Pemex Perforación y Servicios, 13 a Pemex Transformación Industrial, y 1 a P.M.I. Comercio Internacional).


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Sector Eléctrico En el sector eléctrico las auditorías de regularidad predominaron en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De las 10 revisiones practicadas por la ASF a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 9 corresponden a revisiones financieras y de cumplimiento (90.0% del total), en tanto que la proporción restante (10.0% del total) corresponde a 1 auditoría de desempeño. Los principales temas revisados en las auditorías financieras y de cumplimiento fueron los siguientes: la gestión financiera de las TIC, así como la gestión financiera de la construcción de los gasoductos para el servicio de transporte de Gas Natural; la adquisición de energía eléctrica a los productores externos; el suministro e instalación de medidores; y la posición financiera de la CFE. Las auditorías financieras y de cumplimiento al sector eléctrico arrojaron 35 observaciones (10.0% de las 351 observaciones determinadas a las empresas productivas del Estado) que dieron lugar a 61 acciones (10.9% de las 562 acciones promovidas a las empresas productivas del Estado), de las cuales 80.3% fueron preventivas (recomendaciones) y el restante 19.7% correctivas (10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 1 pliego de observaciones y 1 multa). Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la revisión de la gestión financiera de las TIC, de la cual derivaron 5 observaciones que, a su vez, dieron lugar a 14 acciones (10 recomendaciones, 2 PRAS, 1 PO y 1 M), así como recuperaciones determinadas por un monto de 260.3 miles de pesos. La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Ausencia de información financiera relevante en los informes semestrales.

Carencia del resultado real de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista en los estados consolidados condensados de resultados.

Pagos sin justificar por concepto de cuotas sin acreditar.

Acciones pendientes para acreditar remanentes.

Diferencia en las cifras de la Cuenta Pública 2016 con las reportadas por la Subdirección de Contabilidad.

Penalizaciones no aplicadas.

Inobservancia a las políticas, bases y lineamientos en Materia de adquisición.

Incumplimiento de las pruebas y calibración de las estaciones de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales reales de las centrales de energía eólica.

Inconsistencias en el registro contable y presupuestal derivadas de la ausencia de políticas y procedimientos que lo regulen.

Adquisición de energía eólica a precios superiores al costo que representa la generación de ese tipo de energía en las centrales de la CFE.


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Improcedencia de pagos derivada de la omisión de información por parte de servidores públicos.

Erogaciones improductivas por servicio de transporte de gas natural.

Disminución en los niveles de rentabilidad derivada de la subutilización de la capacidad de transporte de gas.

Incumplimiento de las condiciones contractuales en la validación de programas de entrega de Gas Natural Licuado (GNL).

Determinación de penalizaciones a proveedores por déficit de energía.

Ausencia de normativa que fundamente las reclasificaciones de las operaciones efectuadas por CFE con productores externos de energía.

Falta de actualización de la normatividad de la CFE en congruencia con los cambios en su estructura.

Carencia de eficientes políticas y mecanismos que reduzcan y mitiguen los riesgos sobre los ingresos de la CFE.

Alto costo del pasivo laboral vulnerando la competitividad de la CFE en su participación en mercados abiertos.

Riesgo de incrementos de la deuda contratada en moneda extranjera por fluctuaciones cambiarias.

Aumento del saldo de la deuda pública de la CFE.

Producción más barata de energía eléctrica por los Productores Independientes de Energía (PIE).

Deficiente participación de la CFE en el mercado eléctrico abierto derivada de su baja productividad.

Carencia de sustento normativo que dé certeza jurídica a la ejecución del proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía.

Falta de documentación en los expedientes que soporte los procedimientos de adjudicación.

Inversiones improductivas por sobre-existencias derivadas del insuficiente control sobre las existencias de medidores en almacenes.

Por su parte, la única auditoría de desempeño aplicada a la CFE se orientó a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante la evaluación de proyectos y tecnologías, así como la capacitación y asesorías. De dicha revisión derivaron 7 observaciones, que dieron lugar a 9 acciones preventivas (recomendaciones al desempeño). Las principales irregularidades derivadas de la auditoría de desempeño del sector eléctrico, fueron las siguientes: Carencia de un diseño normativo de planeación y legal en materia de ahorro y uso de energía

eléctrica.

Insuficiencia presupuestal imposibilitando el ahorro de energía eléctrica.

Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios.

Indicadores inadecuados para evaluar el desempeño.


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Inadecuada integración de expedientes de capacitación y en materia de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.

Sector Petróleo En el sector petróleo se practicaron 44 auditorías, de las cuales 41 fueron de regularidad y 3 de desempeño aplicadas a Pemex Transformación Industrial (dos auditorías) y Pemex Exploración y Producción (una auditoría). De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 93.2% de las revisiones al sector petróleo (41 de 44 auditorías practicadas), de las cuales 32 fueron financieras y de cumplimiento y 9 de inversión física. Las auditorias de regularidad a los diferentes entes del Petróleos Mexicanos, se distribuyeron de la siguiente manera: Petróleos Mexicanos: 13 financieras y de cumplimiento.

Pemex Etileno: 1 financiera y de cumplimiento.

Pemex Exploración y Producción: 7 financieras y de cumplimiento y 4 de Inversiones Físicas.

Pemex Fertilizantes: 1 financiera y de cumplimiento y 1 de inversiones físicas.

Pemex Logística: 1 financiera y de cumplimiento.

Pemex Perforación y Servicios: 1 financiera y de cumplimiento.

Pemex Transformación Industrial: 8 financieras y de cumplimiento y 3 de inversiones físicas.

P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V: 1 de inversiones físicas.

Las auditorias financieras y de cumplimiento e inversiones físicas aplicadas al sector petróleo, arrojaron 309 observaciones (88.0% de las observaciones del total de empresas productivas del estado) que dieron lugar a 492 acciones (87.5% de las acciones del total de empresas productivas del estado), de las cuales 307 fueron preventivas y 185 correctivas, entre las que destacan 119 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 35 Solicitudes de Aclaración (SA) y 30 Pliegos de Observación (PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 6 mil 969.8 millones de pesos (99.9% de las recuperaciones totales determinadas para las empresas productivas del estado), de la cuales se han operado 4 mil 119.7 millones de pesos (59.1%) y se estiman como probables de recuperar 2 mil 850.1 millones de pesos (40.9%). La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento, así como de inversiones físicas por parte de la ASF a las diversas actividades del petróleo, permitió detectar las siguientes irregularidades: Falta de evidencia documental y justificativa de la adquisición de medicamentos.

Pagos injustificados de pasivos.


223


Ineficaz seguimiento de la indemnización de siniestros de equipo automotor.

Falta de evidencia documental de la indemnización y gastos por siniestros.

Incumplimiento en el plazo máximo de trasferencia de personal.

Diferencia en los datos de nómina de funcionarios y personal activo.

No existe evidencia del reacomodo de trabajadores operativos.

Falta de reacomodo de personal sin materia de trabajo.

Plataforma sin uso por saqueo y desmantelamiento.

Pago de trabajos por cancelación no justificada.

Irregularidades de servidores públicos por orden de cambio.

Gastos no recuperables y falta de una metodología para la determinación de su costo y tiempo.


Pagos indebidos por diferencias de volúmenes pagados.

Pagos injustificados y sin documentación comprobatoria.

Pagos injustificados para excavaciones con maquinaria distinta.

Pagos en exceso para la formación de terraplenes.

No se realizó el mercadeo de los insumos utilizados para las fases del contrato.

Falta de análisis de propuestas de los contratistas.

Falta de documentación comprobatoria para los estándares de aceptabilidad de las Normas Oficiales Mexicanas.

Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en subcontrataciones.

Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en el desarrollo de estudios, proyectos y programas para licitantes.

Pagos indebidos por falta de soporte documental.

No se generó valor económico ni rentabilidad para Pemex.

Incumplimiento del suministro acordado con Pemex.

Perdidas por venta de etano.

Déficit en la producción promedio de etano.

Falta de medición de los volúmenes de gas seco entregados.

Probable daño o perjuicio a PTRI.

Falta de actualización en manuales de procedimientos y guías de desarrollo.

Obsolescencia en los complejos procesadores de gas.

Penalizaciones no aplicadas por la importación de gas.

Perdidas por el retraso en el inicio de operaciones.


224


Compra de planta de fertilizantes inservible, falta de capacidad técnica, material y humana y sobrecostos no justificados.

Pagos en exceso para proyectos de rehabilitación.

Pagos injustificados en la fase I por horas hombre por administración.

Pagos injustificados por la construcción de suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación.

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética En la fiscalización a los Órganos Reguladores Coordinados, las auditorías de regularidad predominaron en la revisión de la Cuenta Pública 2016. De las 4 revisiones practicadas, 3 corresponden a evaluaciones de cumplimiento financiero (75.0% del total), en tanto que la revisión restante fue de desempeño (25.0% del total). Los principales temas revisados en las auditorías financieras y de cumplimiento fueron los siguientes: el proceso licitatorio de la Ronda 1 para contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas; la gestión financiera de la Comisión Reguladora de Energía, y la evaluación del control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación. Las auditorías financieras y de cumplimiento practicadas a los órganos reguladores arrojaron 25 observaciones (83.3% de las 30 observaciones emitidas) que dieron lugar a 53 acciones (86.9% de las 61 acciones promovidas), de las cuales 60.4% fueron preventivas (32 recomendaciones) y el restante 39.6% correctivas (21 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria). Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la evaluación a los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación, en la que se promovieron 14 observaciones que dieron lugar a 39 acciones (22 recomendaciones y 17 PRAS). La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Riesgo de pérdida de Renta Petrolera por la asociación entre grandes jugadores que podría implicar

elevados riesgos de coordinación anticompetitiva y de colusión, que podría afectar los ingresos del Estado.

Cambio en la modalidad de licitación de Producción Compartida a Concesión.

Antecedente negativo en los pagos de las licitaciones.

Carencia de manuales de organización y de procedimientos.

Incremento sustancial en el presupuesto ejercido de la CRE.

Diferencias en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Deficiencias en las convocatorias de los procedimientos licitatorios.


225


Deficiencias en los montos de contratos abiertos sin justificación modificatoria.

Deficiencia operativa del servicio de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en la modalidad de fábrica de software.

Subutilización de mobiliario de oficina arrendado.

Pagos en exceso por servicios generales.

Inexistencia de los informes mensuales de casos de excepción al OIC.

Carencia de normativa integral para el cálculo de tarifas en la industria del gas natural, ni para establecer los criterios y lineamientos contables actualizados y homogéneos para su determinación.

Deficiencias en su calendario de trabajo indicativo.

Deficiencias en el sistema integral para generar modelos tarifarios para los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, considerando tanto las inversiones, como los costos de operación, mantenimiento y administración.

Tarifas de distribución sin verificación y retrasos.

Retrasos en las revisiones tarifarias.

Carencia de gobernanza e incumplimiento de funciones institucionales.

Incumplimiento de la normatividad en las contrataciones tercerizadas (outsourcing).

Delegación a empresas extranjeras de la determinación de la tarifa de transmisión.

Incompetencia del personal de la CRE en el ejercicio de sus funciones.

Incapacidad institucional para supervisar el desempeño regulatorio.

Por su parte, la única auditoría de desempeño aplicada a los órganos reguladores se orientó a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional, mediante el otorgamiento de permisos de electricidad y la regulación de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. De dicha revisión derivaron 5 observaciones, que dieron lugar a 8 acciones preventivas (recomendaciones al desempeño). Entre las irregularidades derivadas de la única auditoría de desempeño aplicada a los órganos reguladores, destacan las siguientes: Cumplimiento parcial del Programa Regulatorio de Electricidad.

Ineficiente planeación de proyectos de energías limpias.

Deficiente regulación en el mercado eléctrico mayorista.

Deficiente planeación del suministro y comercialización de la energía.

Emisión incompleta de instrumentos regulatorios.

Ausencia de los estudios correspondientes en la entrega de permisos de generación de electricidad.

Deficiencias en los reportes sobre temas de regulación y permisos de electricidad emitidos.


226


Concentración de las recuperaciones probables Finalmente, cabe destacar que en 7 auditorías se concentran el 85.5% de las recuperaciones probables determinadas en las Empresas Productivas del Estado.

Como resultado de estas auditorías, se emitieron 80 observaciones que dieron lugar a 123 acciones: 49 preventivas y 74 correctivas, entre las que destacan 35 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 21 Pliegos de Observación (PO) y 17 Solicitudes de Aclaración (SA). Se determinaron recuperaciones por 2 mil 720.6 millones de pesos (85.5% de las recuperaciones probables de la actividad energética), en su totalidad estimadas como probables de recuperar.

No.

Auditoría

Tipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

3,180.6 100.0%

2,720.6 85.5%

416.8 13.1%

452Financiera y de

Cumplimiento

Programa de Responsabilidades y

Desarrollo Social de Petróleos

Mexicanos

• Falta de seguimiento al destino de las donaciones. 258.0 8.1%

• Falta de transparencia en procesos de adjudicación de servicios médicos subrogados.

• Incumplimiento del contrato para el Sistema Eléctrico de Gestión Clínica y Financiera.

• Pagos injustificados.

• Procedimientos de contratación fuera de norma.

• Diferencias contables en pagos realizados.

• Incumplimiento y manipulación en los compromisos pactados en el contrato.

459.1 14.4%

• Elevados montos de contratos no ejercidos.

• Pagos en exceso en el contrato número 420904803.

• Irregularidades detectadas en el contrato número 421004880.

• Contratación de bienes y servicios mediante asignaciones directas no justificadas.

• Elevados montos de recuperaciones probables de la revisión global practicada por la ASF.

114.5 3.6%

• Importante pérdida para PLOG.

• Fuerte incremento en el concepto de “Ductos”.

• Como parte de operaciones discontinuas, se presenta una pérdida de PLOG.

•Sin actualizar los servicios de operación, mantenimiento y conservación de un sistema de

transporte de gas natural a clientes particulares.

• PLOG dejó de cobrar un monto importante por concepto de intereses moratorios.

1,730.2 54.4%

• Inexistencia de análisis, evaluación y cálculos de la razonabilidad de los precios.

• Falta de documentación comprobatoria de la supervisión y control.

• Incumplimiento en los alcances convenidos.

• Falta de documentación comprobatoria del precio unitario por hora-hombre.

• Ineficiente manejo de los recursos públicos.

• Sobrecostos por incremento de horas-hombre.

• Trabajos suspendidos sin justificación.

• Evaluación deficiente de las propuestas económicas durante las contrataciones.

• Posibles pagos injustificados.

• Diversos pagos improcedentes.

• Pagos en exceso.

14.4%

378.9 11.9%

Petróleos Mexicanos

Pemex Exploración y Producción

Pemex LogÍstica

Pemex Transformación Industrial

Inversiones

Físicas478

Mantenimiento de la Capacidad de

Producción en las Refinerías de

Salinas Cruz y Minatitlán y Tren

Energético

472

459.1

Inversiones

Físicas


Producción, Tren Energético,

Optimización de la

Reconfiguración y Contratos

ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-

GPARR-L-117-13 en las Refinerías

de Cadereyta y Madero

100.7 3.2%

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

158.8 5.0%

Irregularidades

Total Sector Energía

Empresas Productivas del Estado (Sector petróleo)

Financiera y de

Cumplimiento454

Servicio de Administración y

Otorgamiento de Atención Médica

a Nivel Nacional Mediante una Red

Médica de Prestadores de

Servicios, para Trabajadores,

Jubilados y Derechohabientes de

Pemex.

458Inversiones

Físicas

Desarrollo de Estudios de

Ingeniería de Proyectos para

Instalaciones de Proceso,

Infraestructura y Ductos; Contratos

de Mantenimiento a Instalaciones

Marinas y Contrato núm.

421004880 (IPC Infraestructura

Submarina Campo Lakach)


Nota: Los montos se refieren a las recuperaciones probables.

1,250.6 39.3%479Inversiones

Físicas


Producción y Conversión de

Residuales en las Refinerías

Salamanca y Tula

Financiera y de

CumplimientoIngresos por Servicios 114.5 3.6%

480


227


Sector Turismo En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, una de las metas nacionales es la de lograr un México Próspero, para lo cual, la presente Administración busca elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Para lograr lo anterior, se diseñó una estrategia de diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. En ese sentido, el sector turismo se plantea el objetivo de aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país sobre la base de un conjunto de estrategias, entre las cuales destacan: impulsar el ordenamiento y la transformación del sector; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento y la promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados sean fuente de bienestar social. En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 3 revisiones a dos entes del sector turismo (2 a la Secretaría de Turismo y 1 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo), de las cuales 2 fueron auditorías de desempeño (66.7% del total), en tanto que la otra auditoría fue financiera y de cumplimento. Las 2 auditorías de desempeño fueron practicadas a la Secretaría de Turismo, de las cuales, una estuvo vinculada con la estrategia definida en el PND, impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados sean fuente de bienestar social, al concentrarse en evaluar el desarrollo sustentable de los destinos y regiones turísticas; y la otra se relaciona con la estrategia impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector, al revisar el desempeño de la SECTUR en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo. Derivado de las auditorías de desempeño a este sector, la ASF promovió 14 observaciones (60.7% de las 23 observaciones emitidas al sector) que dieron lugar a 30 acciones (65.2% de las 46 acciones promovidas al sector), de las cuales el 100% fueron recomendaciones al desempeño. Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la auditoría efectuada al fortalecimiento de la competitividad del sector turismo, de la cual derivaron 8 observaciones y 19 acciones promovidas. En las auditorías de desempeño realizadas al sector turismo se detectaron diversas irregularidades recurrentes, entre las cuales sobresalen las siguientes:


228


Otorgamiento de apoyos sin respetar los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación.

Deficiencias en la definición de recursos asignados a programas.

Ausencia del universo de prestadores de servicios en operación.

Dudosa calidad de las certificaciones a Prestadores de Servicios Turísticos (PST).

Falta de actualización en estándares de calidad para la certificación de servicios turísticos.

Escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios.

Riesgo de pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM).

Por su parte, la única auditoría financiera y de cumplimento aplicada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, está vinculada con la estrategia del PND, fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento y la promoción eficaz de los destinos turísticos, orientada a fiscalizar los recursos financieros de las cuentas por cobrar del rubro “Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes”, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro provenientes de operaciones propias de la entidad; que se contó con las garantías suficientes y que su recuperación se gestionó oportunamente; que en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables se cumplió con los lineamientos emitidos por la entidad; y que el registro contable se

efectuó conforme a la normativa. De dicha revisión derivaron 9 observaciones que, a su vez, dieron lugar a 16 acciones promovidas (9 recomendaciones y 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria), así como recuperaciones operadas por un monto de 681.1 miles de pesos. Entre las principales irregularidades detectadas en la auditoría financiera y de cumplimento, se enumeran las siguientes: Deficiencias en los procesos legales para la recuperación de créditos refaccionarios.

Deficiencias en las acciones de cobranza por adeudos de empresas filiales.

Ausencia de mecanismos para la recuperación de recursos por venta de bienes.

Sector Ciencia y Tecnología En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se destaca el papel fundamental de la

Ciencia, Tecnología e Innovación para acceder al logro de la Tercera Meta Nacional, México con

Educación de Calidad; para lo cual se estableció que el objetivo a cumplir es “hacer del

desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social

sustentable”, sobre la base de las siguientes estrategias:

Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcance un nivel de 1% del PIB.

Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.


229


Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.

Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el campo de la ciencia y tecnología consideró dos temas que abonan al cumplimiento de la meta nacional a través de las estrategias antes mencionadas. Particularmente, en lo que se refiere a “Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente” la fiscalización se ocupó del programa relativo al Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica.

Mientras que en materia de “Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país”, la ASF revisó el programa Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Las dos auditorías fueron practicadas a los programas responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ambas revisiones fueron de desempeño, por lo que se afirma que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de desempeño, al representar 100.0 % de las revisiones practicadas al sector ciencia y tecnología. Esto significa que las auditorías se orientaron a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si éstos fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto, social y económico, y los correspondientes beneficios para la ciudadanía. Las auditorías practicadas, dieron origen a 14 observaciones que a su vez representaron el 100.0% de total del sector, las cuales dieron lugar a 22 acciones, todas de tipo preventivo (22 RD). Cabe mencionar que por ser auditorías de desempeño no aplican las recuperaciones. La aplicación de las dos auditorías de desempeño por parte de la ASF permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Subejercicio de recursos otorgados.

No se dispone de un diagnóstico actual sobre el rezago de la infraestructura científica y tecnológica.

Apoyos a una población objetivo diferente a la definida en las reglas de operación.

Omisión de criterios para priorizar el financiamiento de las propuestas apoyadas.

Reducida cobertura de apoyos otorgados.

No se realizaron auditorías ni visitas de supervisión.

Deficiencias en la formulación de las reglas de operación.


230


No se acreditan resultados de la operación del programa.

Menor número de fondos apoyados por reasignaciones presupuestales.

Baja en las aportaciones de recursos del CONACYT y estados, reducen el número de fondos apoyados.

Duplicidades en los registros de proyectos concluidos.

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se destaca el papel central del sector desarrollo agrario, territorial y urbano para el logro de Segunda Meta Nacional, México Incluyente; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, sobre la base de estrategias como: Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que procure vivienda digna para

los mexicanos.

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano metropolitano y de vivienda.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 consideró diversos programas que tratan aspectos relevantes e inherentes con cada una de estas estrategias. Respecto a “Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos” la fiscalización superior abordó los temas siguientes: Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.

Programa de Prevención de Riesgos

Atención de Conflictos Agrarios.

En materia de “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva” la ASF revisó los programas siguientes: Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda

Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria.

Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat.

Construcción de Vivienda en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de Chiapas.

Ampliación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda.


231


Gestión Financiera y Operativa del Gasto.

Mientras que para “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano metropolitano y de vivienda” las auditorias se enfocaron a evaluar los programas siguientes: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.

Convenio de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos, Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

Al sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le fueron practicadas 11 auditorías, de las cuales 5 fueron de desempeño (45.5%) y 6 de regularidad (54.5%), financiera y de cumplimiento (4), inversiones físicas (1) y forense (1), por lo que el enfoque de la fiscalización estuvo orientado ligeramente hacia las revisiones de regularidad, es decir, a revisar que la recaudación, captación, administración ejercicio y aplicación de los recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto. Respecto a las 5 auditorías de desempeño, éstas fueron practicadas a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su fiscalización arrojó un total de 45 observaciones que dieron lugar a 52 acciones (52 RD) lo que pone de manifiesto la problemática que presentan estos programas en su operación. Las auditorías de desempeño a los programas a cargo de la SEDATU arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

Gasto ejercido superior al presupuesto autorizado y falta de documentación comprobatoria del destino de los recursos.

No se impulsó la constitución de una instancia sectorial de planeación.

Falta de documentación comprobatoria de la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración.

Carencia de elementos para evaluar los avances de la política pública.

Deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación.

Se desconoce el monto de los recursos destinados a la ampliación y mejora de la vivienda.

Deficiencias en las actividades de seguimiento de la ejecución de proyectos de obras.

No se cuantifica la población potencial, objetivo y atendida.

Irregularidades en la aprobación de los proyectos.

Deficiencias en el seguimiento de proyectos y obras.


232


No se aplicaron los recursos en los tipos y conceptos definidos en la normativa.

Falta de comprobación documental de la asesoría en la elaboración y ejecución de los planes y programas.

Falta de integración y registro del padrón de beneficiarios.

Entrega de recursos pese a incumplimiento de requisitos en las Reglas de Operación.

Incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras.

Las auditorías financieras y de cumplimiento fueron practicadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2); Comisión Nacional de la Vivienda (1); y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (1). Estas auditorías arrojaron un total de 38 observaciones que dieron lugar a un total de 67 acciones, de las cuales 41 fueron preventivas (41 R) y 26 correctivas (20 PRAS; 6 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 2 mil 521.0 millones de pesos, de los cuales se han operado sólo 2.0 millones de pesos, por lo que la diferencia (2 mil 519.0 millones de pesos) representan recuperaciones probables. La fiscalización a las auditorías financieras y de cumplimiento arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento del calendario de sesiones del Comité.

Asuntos pendientes de resolver debido a que el Comité no sesiona.

Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación.

Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios.

Falta de mecanismos para la identificación de riesgos.

Desigual distribución de los subsidios.

Debilidades en la gobernanza de la institución.

Incumplimiento de los objetivos del programa.

Ausencia de información confiable, oportuna y uniforme.

Deficiencias en la ejecución de viviendas, pese a aumento en los plazos de construcción.

Uso de los recursos otorgados a fines distintos a los autorizados y falta de documentación comprobatoria de los recursos ejercidos.

Incumplimientos al programa de obra.

Las auditorías de inversiones físicas y las auditorías forenses fueron practicadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estas auditorías arrojaron un total de 27 observaciones que dieron lugar a un total de 35 acciones, de las cuales 4 fueron preventivas (4 R) y 31 correctivas (1 PEFCF; 4 SA; 12 PRAS; 13 PO y 1 M). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 280.0 millones de pesos, de los cuales la totalidad de los recursos representan recuperaciones probables.


233


La fiscalización a las auditorías de inversiones físicas y forenses arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble.

Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras.

Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados.

Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas.

Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas.

Simulación en la prestación de servicios otorgados.

Pagos por servicios con sobrecosto y que incumplen los objetivos planeados.

No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados.

No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos.

Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares.

Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados.

Pagos improcedentes por servicios duplicados.

No. Auditoría Tipo de Auditoría Irregularidades

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

Total Sector 2,800.7 100.0

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,006.1 35.92

• Deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de la normativa

• Incumplimiento del calendario de sesiones del comité

• Asuntos pendientes de resolver debido a que el comité no sesiona

• Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación

• Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios

• Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble

• Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras

• Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados

• Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas

•Uso de los recursos a fines distintos a los autorizados y falta de documentación

comprobatoria de los recursos ejercidos

• Incumplimiento al programa de obra

• Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas

• Simulación en la prestación de servicios otorgados

• Pagos por servicios con sobrecostos y que incumplen los objetivos planeados

•No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados

• No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos

• Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares

• Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la

ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

• Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados

Pagos improcedentes por servicios duplicados

1,794.6 64.08

Incumplimiento de los objetivos del programa

Ausencia de información confiable, oportuna y uniforme

• Deficiencias en la ejecución de vviendas pese a aumentos de plazos de obra

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

1,794.6

9.83

64.08

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Forense1792

391Financiera y de

Cumplimiento

Aplicación de Subsidios al Programa

de Apoyo a la Vicienda.

275.3

724.7 25.88

382Financiera y de

CumplimientoAtención a Conflictos Agrarios

Inversiones

Físicas383

Construcción de Viviendas en la

Pesquería La Gloria, Municipio de

Arriaga, en el Estado de Chiapas.

Financiera y de

Cumplimiento1835

Gestión Financiera y Operativa del

Gasto.

Convenios de Coordinación, Colaboración y

Acuerdos específicos Suscritos con

Universidades Públicasy Entes Públicos

Estatales para el Desarrollo de Diversos

Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

SECTOR: DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

1.4 0.05

4.7 0.17

Nombre de la Auditoría


234


La ASF practicó una auditoría forense de carácter especial al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, correspondiente a la Cuentas Pública 2015, denominada “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2015”. Esta auditoría arrojó 2 observaciones que dieron lugar a un total de 4 acciones (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 356.5 millones de pesos, de los cuales se han operado 0.0 pesos, por lo que la totalidad de los recursos representan recuperaciones probables. La fiscalización a esta auditoría de carácter especial arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Incapacidad del SQCS para realizar los trabajos convenidos y subcontratación de proveedores sin

cumplir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Proveedores no localizados y sin capacidad para generar los entregables.

Reconcentración de los recursos.

10.3. Temas sugeridos para el trabajo legislativo en materia de fiscalización y

rendición de cuentas Con base en los resultados de las auditorías practicadas a los entes públicos que forman parte del grupo funcional de Desarrollo Económico, la ASF realizó algunas sugerencias para la Cámara de Diputados, que son las siguientes:

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Como resultado de la revisión a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en lo que se refiere al Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Incentivos Productivos (auditoría de desempeño No. 0282), cuyo objetivo fue fiscalizar que los incentivos otorgados a pequeños agricultores de maíz y frijol para la adquisición de paquetes tecnológicos y acompañamiento técnico hayan contribuido a incrementar la productividad, de conformidad con la normativa, la ASF sugiere: Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas

de Riego, evalúe la pertinencia de incluir un artículo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que la SAGARPA diseñe una metodología estandarizada que le permita recabar de manera homogénea los datos de los beneficiarios, verificar la veracidad de la información proporcionada por los mismos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.


Sistemas de Riego, establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que los recursos destinados a subsidios otorgados mediante los programas operados por la


235


SAGARPA quedarán sujetos a que la dependencia demuestre contar con la estructura operativa necesaria para su verificación, así como con los instrumentos y mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación que garanticen su correcta aplicación y el beneficio esperado.

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas

de Riego, evalúe la pertinencia de adicionar una fracción al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los operadores de los programas presupuestarios tengan la obligación de construir y actualizar su padrón de beneficiarios que reciben subsidios y señalar con claridad la complementariedad o exclusión de los beneficios que otorgan.


Sistemas de Riego, incluya en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación la obligación de que el órgano interno de control en la SAGARPA realice revisiones a la integración de los padrones del campo, así como evaluaciones de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, con la finalidad de que se determinen los beneficios de la entrega de subsidios.

Sector Comunicaciones y Transportes Como resultado de la revisión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lo que se refiere a la Seguridad en la Operación de los Aeropuertos (auditoría de desempeño No. 0332), cuyo objetivo fue fiscalizar la regulación, supervisión y prestación de los servicios para la navegación aérea, a efecto de verificar si se garantizó la seguridad en los aeropuertos y en el espacio aéreo, la ASF sugiere: Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transportes de ese

Órgano Legislativo, considere la pertinencia de incorporar a la agenda legislativa, el análisis y discusión de agregar en el capítulo XIX "De las sanciones" de la Ley de Aviación Civil, las sanciones a las que serán acreedores los proveedores de servicio que no implementen el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional establecido en el artículo 78 Bis 2 de la Ley de Aviación Civil.

Como resultado de la revisión a la SCT, en lo que se refiere al Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores (auditoría de desempeño No. 0313), cuyo objetivo fue evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos por los cuales se cumplen los objetivos del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento, la ASF sugiere: Para que la Cámara de Diputados modifique el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que los proyectos de inversión autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sean seleccionados con base en los mecanismos


236


de planeación previstos en el citado artículo, para que cuenten con los elementos necesarios para su ejecución y se eviten retrasos o, en su caso, la cancelación por la falta de elementos.

Como resultado de la revisión al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en lo que se refiere al Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (auditoría financiera y de cumplimiento No. 0359), cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera relacionada con la actualización del costo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); verificar que las disposiciones de la línea de crédito revolvente, los recursos obtenidos por la emisión de bonos y el pago de intereses y de comisiones por las disposiciones y emisiones se realizaron de conformidad con lo pactado, así como que los recursos obtenidos se destinaron a la construcción del NAICM, la ASF sugiere: Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito

Público; de Comunicaciones, y de Transportes, revise y evalúe modificar la Ley Federal de Deuda Pública, para que se regulen los mecanismos de financiamiento utilizados por dependencias y entidades, estructurados mediante fideicomisos privados que contraten deuda y la liquiden con flujos futuros de ingresos públicos o privados, para la construcción de infraestructura pública, como fue el mecanismo utilizado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que comprometieron recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) mediante su cesión para obtener recursos de lo que denominaron una contraprestación, proveniente de un crédito contratado por un fideicomiso privado, mecanismo que no se reconoció como deuda pública.

Como resultado de la revisión al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en lo que se refiere a la “Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (auditoría de inversiones físicas No. 0363), cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, la ASF sugiere: Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Infraestructura, revise y

modifique el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Obras de Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad de que se precise que los ajustes de costos a los contratos de servicios relacionados con las obras públicas que se efectúan conforme al índice proporcionado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se realicen únicamente considerando la mano de obra (personal operativo y técnico) y no se incluya el personal profesionista y especialista para evitar el aumento en forma desproporcionada y que genera notorio daño al erario público.


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Sector Trabajo y Previsión Social Como resultado de la revisión al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), en lo que se refiere al Crédito a Trabajadores (auditoría de desempeño No. 0381), cuyo propósito fue fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el financiamiento de créditos accesibles para la adquisición de bienes y pago de servicios durante el ciclo de vida productiva de un trabajador, la ASF sugiere: Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión

Social, analice la factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo un plazo límite respecto de la obligación que tienen los centros de trabajo de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad.

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión

Social, analice la factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo las infracciones y/o sanciones a las que se harán acreedores los patrones de los centros de trabajo que no cumplan con la obligación de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad.

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales Como resultado de la revisión a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo que se refiere a “Regulación Forestal” (auditoría de desempeño No. 0393), cuyo objetivo fue fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de regulación y coordinación para el manejo de los recursos forestales y su contribución a propiciar un desarrollo forestal sustentable, la ASF sugiere: Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente de la

Cámara de Diputados, analice la factibilidad de adicionar la obligación de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o preferentemente forestales, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, de informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la conclusión de los trabajos de saneamiento forestal, a fin de que la secretaría disponga de la información sobre la superficie forestal saneada por plagas y enfermedades para lograr la adecuada regulación de la protección de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.


238


Como resultado de la revisión a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo que se refiere a los Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas (auditoría financiera y de cumplimiento No. 0392), cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos, verificar que ésta se realizó de conformidad con la normativa, así como que se registró contablemente y se reportó en la Cuenta, la ASF sugiere:

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito

Público; Presupuesto y Cuenta Pública, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, revise y evalúe modificar el artículo 32 Bis, y demás artículos vinculados de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con facultades para vigilar, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, que los permisionarios y concesionarios cumplan con sus obligaciones de pagar los derechos por servicios, y por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, y que las entidades federativas y sus municipios reporten la recaudación correspondiente para su presentación en la Cuenta Pública.

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito

Público, y Presupuesto y Cuenta Pública, revise y evalúe modificar el artículo 3 y demás artículos vinculados de la Ley Federal de Derechos, para que el Servicio de Administración Tributaria cuente con la facultad de verificar y supervisar la recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, estos últimos considerados ingresos federales coordinados que, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, estén delegados para su administración a las entidades federativas y municipios.

Sector Energía Como resultado de la revisión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que se refiere a la “Posición Financiera de la Comisión Federal de Electricidad” (auditoría financiera y de cumplimiento No. 1790), cuyo objetivo fue revisar la posición financiera de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de lo establecido en la normativa vigente y de las mejores prácticas internacionales en la materia, la ASF propone: Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Energía, y de Hacienda

y Crédito Público, en el ámbito de su competencia respectiva, considere analizar la conveniencia de reformar el Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, para que en la determinación de las tarifas eléctricas, a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, se consideren adecuadamente las mejoras en la eficiencia operativa y la productividad de la Comisión Federal de Electricidad en la generación, transmisión y distribución de energía, lo que permitiría a esta Empresa Productiva del Estado participar


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competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar las transferencias que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria.

Como resultado de la revisión a Petróleos Mexicanos, en lo que se refiere a la “Posición Financiera de Petróleos Mexicanos” (auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 056), cuyo objetivo fue fiscalizar el comportamiento de los ingresos, gastos, indicadores fiscales, deuda y otros pasivos, así como aportaciones patrimoniales de la Federación, la ASF propone: Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito

Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere analizar la conveniencia de reformar el Título Tercero, Capítulos I, II, III y IV, y el Título Cuarto, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para que Petróleos Mexicanos cuente con mayores ingresos propios y fortalezca su posición financiera sostenible. Lo anterior, a fin de que esta Empresa Productiva del Estado reduzca los riesgos de liquidez e incremente la inversión productiva que genere valor patrimonial para el Estado Mexicano, sin afectar los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico, la sostenibilidad de las finanzas públicas, ni el marco institucional de competitividad y asociación con el sector privado.

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Energía, y de

Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere analizar la conveniencia de reformar el artículo 44 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para que se establezcan mecanismos de vigilancia y control sobre las operaciones que Petróleos Mexicanos realiza con los recursos que se asignan para cumplir con su objetivo en materia de inversiones productivas. Lo anterior, a fin de que esta Empresa Productiva del Estado reduzca los riesgos de incumplimiento de las metas en la materia.

Como resultado de la revisión a Pemex Exploración y Producción, en lo que se refiere al “Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para Instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos; Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach)” (auditoría de Inversiones Físicas No. 0458), cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, la ASF propone: Se sugiere revisar o, en su caso, ampliar las disposiciones legales de la Ley de Pemex,

específicamente en el Capítulo III, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, Sección Primera, Disposiciones Generales, Artículo 76, fracción II, inciso d), para que se señale de forma precisa y detallada a qué se refiere cuando menciona "los criterios de evaluación objetivos y medibles", ya que la falta de claridad deriva en aplicar criterios con parámetros que no son medibles ni cuantificables sino subjetivos, por ello se imposibilita determinar la correcta aplicación de los mismos en los trabajos extraordinarios que requieren efectuarse y pagarse.


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Como resultado de la revisión a Pemex Exploración y Producción, en lo que se refiere al “Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la Plataforma de Producción Abkatun-A2 y Contratos de Mantenimiento para Rehabilitación de la Plataforma Abkatun "A" Permanente” (auditoría de Inversiones Físicas No. 0459), cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, la ASF propone: Se sugiere revisar o, en su caso, ampliar las disposiciones legales de la Ley de Pemex,

específicamente en el Capítulo III, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, Sección Primera, Disposiciones Generales, Artículo 76, fracción II, inciso d), para que se señale de forma precisa y detallada a qué se refiere cuando menciona "los criterios de evaluación objetivos y medibles", ya que la falta de claridad deriva en aplicar dichos criterios con parámetros que no son medibles ni cuantificables sino subjetivos, por ello se imposibilita determinar la correcta aplicación de los mismos en los trabajos extraordinarios que requieren efectuarse y pagarse.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito del grupo funcional de Desarrollo Económico, además de las sugerencias para la Cámara de Diputados, la ASF también expuso las siguientes Propuestas de Modificaciones y Reformas Legislativas:

Contrataciones, adquisiciones y obra pública

1

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 1°

Establecer controles para que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y se responsabilice de la vigilancia de los mismos.

Contribuir al establecimiento de un ambiente de control adecuado.

Discrecionalidad en la toma de decisiones.

2

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Título Primero. Del Régimen Administrativo de los Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Capítulo III. Concesiones y Permisos. Artículo 15, Fracción VIII Bis.

Establecer que para la realización de modificaciones en los títulos de concesión que impliquen una contraprestación adicional, el concesionario no podrá iniciar operaciones en tanto no le haya sido notificada la contraprestación que deberá cubrir al Gobierno Federal, y que haya sido fijada por la SHCP, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Determinar y fijar la contraprestación que la concesionaria debe cubrir al Gobierno Federal antes de iniciar operaciones

Afectación al erario público. Desfase entre resultados esperados y obtenidos. Discrecionalidad en la toma de decisiones.


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3

Ley de Asociaciones Público Privadas.

Capítulo Segundo. De la Preparación e Inicio de los Proyectos. Sección Primera. De la Preparación de los Proyectos. Artículo 14, último párrafo.

Adicionar la obligatoriedad de que la SHCP reporte en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, para cada proyecto de Asociaciones Público-Privadas (APP), el monto de las obligaciones comprometidas, los gastos y aportaciones del sector público, así como la estimación de los montos por los riesgos compartidos durante la vigencia de los contratos. Establecer que los entes públicos registren y publiquen la información sobre las obligaciones derivadas de las APP en sus estados financieros.

Revelar y presentar información financiera confiable y así disminuir el riesgo de un registro contable indebido por los pagos al desarrollador y los gastos de administración a cargo del sector público.

Información financiera-contable incorrecta o insuficiente.

4

Ley de Asociaciones Público Privadas.

Capítulo Segundo. De la Preparación e Inicio de los Proyectos. Sección Primera. De la Preparación de los Proyectos. Artículo 14.

Establecer que la SHCP revise y valide cada uno de los análisis referidos en las fracciones I a IX del artículo14.

Dar certeza a la determinación de la viabilidad de los proyectos de APP dictaminada por la dependencia o entidad responsable de los mismos y evitar errores en los cálculos y en las estimaciones realizadas por la dependencia o entidad responsable de los proyectos.

Información financiera-contable incorrecta o insuficiente. Vulnerabilidades en las finanzas públicas.

5

Ley General de Deuda Pública

Disposiciones generales

Regular los mecanismos de financiamiento de largo plazo, como los utilizados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Rendición de cuentas clara y oportuna sobre las operaciones y estrategias financieras de largo plazo, con el fin de transparentar sus implicaciones para el Estado.

Información financiera-contable incorrecta o insuficiente. Vulnerabilidad en las finanzas públicas.


242


Gestión y protección de recursos naturales

1

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 121.

Establecer la obligación de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales, así como los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales de informar a la SEMARNAT sobre la conclusión de los trabajos de saneamiento forestal.

Generar información relevante para la Cámara de Diputados y la sociedad en general, respecto al cumplimiento de las normas instituidas por el Estado mexicano, para efectos de conservación de los recursos naturales.

Desfase entre resultados esperados y obtenidos. Discrecionalidad en la toma de decisiones.

2

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 27, Fracción V.

Dotar de atribuciones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en su carácter de responsable de la administración de las Áreas Naturales Protegidas, participe en los convenios de colaboración relacionados con la estabilización de la frontera agrícola y el aumento de la productividad del componente agropecuario de las áreas colindantes.

Disminución de la degradación y deforestación de la superficie forestal del país, a efecto de propiciar un desarrollo forestal sustentable.


3

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Nuevo artículo

Incluir un artículo para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación diseñe una metodología estandarizada que le permita recabar los datos de los beneficiarios, verificar la veracidad de la información proporcionada por los mismos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Asegurar la homogeneidad de la información para su incorporación al Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural. Facilitar la emisión de reportes, estadísticas, diagnósticos e informes necesarios para contribuir al adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los programas de subsidios.



243


Política energética

1

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Título Tercero, Capítulos I, II, III, IV, y Título Cuarto

Reducir los riesgos de liquidez que enfrenta Petróleos Mexicanos (PEMEX). Lo anterior favorecería la generación de valor patrimonial para el estado Mexicano, sin afectar los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico, ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Mejorar las condiciones de sostenibilidad de las finanzas de PEMEX.

Vulnerabilidades en las finanzas públicas.

2

Ley de la Industria Eléctrica.

Título Cuarto, Capítulo VI.

Incluir en la determinación de las tarifas eléctricas, a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, las mejoras en la eficiencia operativa y productividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Permitir a la CFE participar competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar las transferencias que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria.

Discrecionalidad en la toma de decisiones. Vulnerabilidades en las finanzas públicas.

3

Ley de Petróleos Mexicanos

Capítulo III, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, Sección Primera, Disposiciones Generales, Artículo 76, fracción II, inciso d)

Definir parámetros que limiten el concepto de “criterios de evaluación objetivos y medibles”, para determinar la correcta aplicación en los trabajos extraordinarios que requieren efectuarse y pagarse.

Reducir la discrecionalidad de los procesos de adquisición que lleva a cabo PEMEX.

Discrecionalidad en la toma de decisiones

4

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Artículo 16, fracción II, inciso g)

Contribuir a la capacidad del Estado para hacer frente a futuras presiones financieras vinculadas con el mercado petrolero.

Incrementar la capacidad del Estado para hacer frente a reducciones sostenidas en el precio del petróleo, así como la tendencia decreciente en la producción y exportación de la mezcla mexicana.

Vulnerabilidades en las finanzas públicas.

Con base en la revisión y análisis de los resultados de las auditorías practicadas a las entidades vinculadas al grupo funcional de Desarrollo Económico, se pueden identificar diversos temas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, que coadyuvarán al trabajo legislativo y


244


permitirá corregir situaciones detectadas y mejorar resultados del ejercicio de los recursos públicos. Entre otros se pueden citar los siguientes a nivel sectorial:

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Proponer la conveniencia de mejorar el marco normativo para exigir a los entes del sector

que los programas agrícolas y pesqueros, previo a la operación y al otorgamiento de apoyos, identifiquen y cuantifiquen las poblaciones potencial y objetivo, por región, municipio, entidad federativa de los diferentes programas y proyectos agrícolas y pesqueros, con el fin de focalizar adecuadamente los apoyos económicos y reducir y acotar la distracción de cuantiosos recursos.

Proponer las modificaciones normativas necesarias para hacer posible la cancelación de programas agropecuarios y pesqueros que se duplican, traslapan, no cumplen con sus objetivos planteados, no atienden a la población objetivo, no cuantifican el impacto de los apoyos, es decir, no obtienen los resultados esperados, no contribuyen al incremento de la producción y la productividad, y no inciden en el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores. De esta manera se detendrá la sangría de recursos a fines diferentes a los planteados.

Proponer las modificaciones normativas necesarias para que las reglas de operación de los programas agropecuarios y pesqueros se cumplan de manera estricta, y se elimine la falta de claridad de los criterios establecidos respecto de la entrega de los apoyos económicos.

Evaluar la incorporación de una normativa para aplicar métodos de evaluación de resultados e impacto de los diversos programas agropecuarios y pesqueros, con el propósito de acotar y abatir el desvío de recursos federales y focalizar adecuadamente los apoyos económicos a la población objetivo que forma parte de los padrones de beneficiarios.

Asumir el desarrollo del sector agropecuario como una Política de Estado, que trascienda a los gobiernos sexenales. Para ello hay que plantear la reactivación del agro con un enfoque territorial (reducir las disparidades regionales en el país, aprovechando el potencial productivo del sur del país y permitirle alcanzar el nivel medio de desarrollo que tiene el resto del país); articular el trabajo por cuencas hidrográficas, para dar valor agregado a la producción primaria, e incorporar organizadamente a los campesinos al mercado, en condiciones competitivas, con oportunidades de empleo para los profesionales y técnicos agrarios, con el fin de priorizar la seguridad alimentaria y la defensa de mercados agrarios nacionales.

Propugnar que la producción agropecuaria esté al servicio de la soberanía y seguridad

alimentaria nacional. El agro y la agroindustria son dos de los pilares fundamentales para conseguir la soberanía que garantice el abastecimiento de alimentos suficiente y capaz de competir con las importaciones subsidiadas.


245


Sector Comunicaciones y Transportes

Instar a que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito

Público de la Cámara de Diputados, promueva la posibilidad de incorporar modificaciones a la Ley de Empresas Paraestatales; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de que los recursos que son canalizados al fideicomiso para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se operen con mayor transparencia y los compromisos que se hayan efectuado, autorizado y contratado puedan ser cubiertos conforme a la norma; así como se analicen otras alternativas de financiamiento que representen menores riesgos financieros futuros.

Instar a que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito

Público y la Comisión de Comunicaciones y Transportes, revisen y evalúen la posibilidad de incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su reglamento, las disposiciones jurídicas relativas a la contratación de las empresas de supervisión externa de las obras de infraestructura en los programas de la administración pública, toda vez que los sobrecostos que se pagan en las obras, obedecen a que estas empresas no cumplen los compromisos establecidos en los contratos suscritos con las dependencias.

Sector Economía y Trabajo Proponer la conveniencia de revisar el diseño de los programas de apoyo empresarial, con

el propósito de corregir las deficiencias en la identificación y cuantificación de la población objetivo para focalizar los apoyos económicos y los microcréditos otorgados, y evitar el desvío de recursos.

Proponer iniciativas legislativas para fortalecer la competitividad productiva a través de

programas multisectoriales, priorizando necesidades y proyectos orientados a la satisfacción de la demanda de productos de calidad y de aceptación por parte de los consumidores nacionales e internacionales, con énfasis en el uso de recursos regionales y locales en la producción.

Evaluar la pertinencia de incorporar medidas normativas que permitan un mayor acceso de

las pequeñas y medianas empresas al sistema financiero formal y a sistemas de garantías, con el fin de ampliar sus posibilidades de crecimiento empresarial; ampliar sus posibilidades de ser proveedores de empresas grandes o del aparato público; y reducir sus dificultades para convertirse en empresas exportadoras.

Establecer en la Ley Federal del Trabajo una fecha límite para que los patrones (centros de

trabajo) cumplan con la obligación de afiliarse al INFONACOT, y considerar la aplicación de sanciones para los patrones que no cumplan con dicha obligación.


246


Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales Instar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, a que considere en el trabajo legislativo, indicar a la CONAGUA elaborar un Programa para Atender la Baja Disponibilidad de Agua que se padece en el país. Lo anterior debido a que el agua es un asunto de seguridad nacional; en la programación de la política hídrica nacional se definieron seis objetivos nacionales, los cuales se vincularon con la operación de 21 programas presupuestarios, sin embargo, la CONAGUA no contribuyó a eliminar el problema público por lo que persiste la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua. Esto pone en riesgo el abasto para 119,530,753 mexicanos en el país. Actualmente, la disponibilidad natural media per cápita del agua continúa disminuyendo, lo que representa un riego en el acceso en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras, de 2000 a 2016 la disponibilidad per cápita se redujo 22.2%, lo cual califica al país como de baja disponibilidad.

Instar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, considere en el trabajo legislativo, instruir a la CONAGUA para que cuente con medidas de control para disponer de la documentación que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua; asimismo, para que se integren correctamente los métodos de cálculo y variables de los indicadores “Decretos de reserva de agua para uso ambiental”, “Verificación del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”, así como del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica. Lo anterior permitirá precisar el avance en la atención del problema público relativo a que las aguas nacionales y sus bienes púbicos inherentes.

Instar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, considere en el trabajo legislativo, indicar a la CONAGUA la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos aplicados en la adquisición de bienes y servicios utilizados por la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento del Agua, como instancia responsable de administrar los recursos hídricos en cantidad y con calidad del Valle de México para garantizar su disponibilidad a la presente y futuras generaciones, ya que por una errónea utilización de los recursos públicos, pueden potencializarse los riesgos de salud pública.

Proponer a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, considere en el trabajo legislativo, instar a la CONAGUA para que formule un diagnóstico actualizado del número de estaciones y redes que se requieren para que el monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos sea completo y pueda determinarse si la información es suficiente para apoyar la toma de decisiones sobra la situación de cuencas y acuíferos, ya que actualmente CONAGUA carece de un diagnóstico actualizado.


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Sector Energía Sector Eléctrico

Incluir en la determinación de las tarifas eléctricas, a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, las mejoras en la eficiencia operativa y productividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Establecer los mecanismos normativos contables que regulen el control y registro de los

pagos a productores externos de energía eólica. Promover las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de las pruebas y calibración

de las estaciones de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales reales de las centrales de energía eólica.

Evaluar la conveniencia de revisar conjuntamente con las empresas con las que la Comisión

Federal de Electricidad tenga suscritos contratos de compraventa de energía eléctrica de tipo eólica a largo plazo, aspectos relativos a los elementos y a la metodología para la determinación del precio de venta de la energía, así como las implicaciones, costos y beneficios de otras posibles alternativas de acción previstas en los contratos, a fin de tomar la decisión que garantice las mejores condiciones para la empresa.

Fortalecer el marco legal para el procedimiento de adjudicación de los proyectos SLT 2021

“Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y “Adquisición de Medidores Electrónicos de Autogestión”.

Promover que la Comisión Federal de Electricidad actualice los programas de entrega de gas

para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de gas natural licuado. Promover la transparencia en el uso de los recursos públicos en la asignación de contratos

del servicio de transporte de Gas Natural, para evitar pagos improductivos derivados de la omisión de información por parte de los servidores públicos.

Promover la actualización del “Manual Institucional de Contabilidad” de la CFE, los

“Lineamientos para la Consolidación Contable de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad” y la “Normatividad Interna para la Cancelación de Cuentas Incobrables”, en congruencia con los cambios en su estructura de paraestatal a Empresa Productiva del Estado.

Fortalecer el esquema de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la determinación

de tarifas eléctricas para el suministro básico, que permita que la CFE participe competitivamente en un mercado eléctrico abierto con menores transferencias por parte del Gobierno Federal.


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Sector Petróleo Tema Estructural. Perfeccionar el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción

(SNA), para limitar con más firmeza la existencia de las puertas giratorias, en el sector petrolero, particularmente en los contratos de asociación público-privadas, así como en la privatización del sector.

Tema Estructural. Promover acciones legales para garantizar que las funciones de

contraloría interna establezcan una fiscalización muy activa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incrementando la coordinación con los órganos rectores institucionales de dicho sistema.

Pemex Exploración y Producción. Marco legal para establecer un sistema más estricto de

rendición de cuentas sobre el desempeño económico del sistema de arrendamiento de plataformas petroleras, y en la adquisición de materiales relacionados con el sistema de distribución de ductos de petróleo y petrolíferos del Sistema Nacional de Refinería (SNR) en el marco del SNA.

Sector Turismo Promover la implementación de mecanismos de control que verifiquen el cumplimiento de

los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, mediante la correcta alineación de las reglas de operación y los objetivos del Programa Sectorial.

Propugnar a través de los medios masivos de comunicación la afluencia de personas a los

destinos turísticos prioritarios. Establecer el marco legal para realizar asignaciones y variaciones presupuestarias de los

programas considerando el presupuesto con base en resultados. Promover la actualización de los estándares de calidad por parte de la SECTUR para la

certificación de servicios turísticos. Promover un marco legal más estricto en las certificaciones a Prestadores de Servicios

Turísticos (PST) que valide la calidad de los servicios.

Sector Ciencia y Tecnología Instar a la Cámara de Diputados, a través de la comisión de Ciencia y Tecnología se evalúe

la conveniencia de considerar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, requisitos más rigurosos para la ministración de recursos a los fondos que maneja la institución, hasta en tanto, el ente fiscalizado no compruebe haber formulado las reglas de operación de los programas debidamente, lo cual evitara dispendio de recursos; que los beneficios de los apoyos para


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el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, lleguen con oportunidad a la población objetivo, y se logre los beneficios esperados.

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Instar a la Cámara de Diputados, por conducto de la comisión de Hacienda y Crédito Público

revise y evalúe considerar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las disposiciones presupuestales necesarias, con el fin de evitar que los recursos autorizados al rubro de Inversión (Capítulos de Gasto 5000 y 6000) queden debidamente etiquetados y sean intransferibles a otros conceptos de gasto, particularmente, al concepto de gastos de operación (2000 y 3000).

Impulsar por conducto de la comisión de Hacienda y Crédito Público y de Transparencia y

Anticorrupción de la Cámara de Diputados, cambios a las disposiciones jurídicas y administrativas que sean necesarias en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en su Reglamento, a efecto de fortalecer y evitar la subcontratación desordenada de bienes y servicios que están realizando diversos entes públicos en el país, así como garantizar que las subcontrataciones respeten los porcentajes autorizados en las disposiciones legales y que se verifique ante el Sistema de Administración Tributarias que las empresas adjudicadas no sean empresas fachada.


251


ANEXO. Matriz de datos básicos de las auditorías practicadas a entes vinculados con

funciones de Desarrollo Económico (IGE)


253


Subtotal R RD Subtotal PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

26 42,994,301.5 38,013,102.6 88.4 213 391 183 102 81 208 13 6 67 120 2 2,281,084.4 134,748.5 2,146,335.9

18 30,769,960.5 28,657,660.7 93.1 139 242 87 33 54 155 11 0 38 104 2 2,076,881.8 82,594.1 1,994,287.7

3 1785-DE Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo Evaluación de

Políticas Públicas0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 281-DE

Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios

Desempeño 0.0 0.0 0.0 9 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 282-DEPrograma de Apoyos a Pequeños Productores: Componente

Incentivos Productivos Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 285-DE Programa de Fomento a la Agricultura: Componente

Agroproducción Desempeño 0.0 0.0 0.0 9 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


PROAGRO Productivo

Financiera y de

Cumplimiento10,855,578.4 10,796,980.4 99.4 7 9 1 1 0 8 0 0 0 8 0 131,745.8 0.0 131,745.8

2 284-DE Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Financiera y de

Cumplimiento3,038,045.8 2,895,250.4 95.2 7 19 3 3 0 16 0 0 3 13 0 56,812.7 0.0 56,812.7

2 280-DEPrograma de Apoyos a Pequeños Productores: Componente

Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

Financiera y de

Cumplimiento1,025,233.2 1,025,233.2 100.0 7 10 1 1 0 9 2 0 0 7 0 32,146.4 0.0 32,146.4


Modernización de Maquinaria y Equipo

Financiera y de

Cumplimiento1,544,275.7 1,518,611.7 98.3 10 14 3 3 0 11 0 0 5 6 0 4,339.8 207.5 4,132.3

2 290-DE

Programa de Productividad Rural: Componente Atención a

Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños

Productores

Financiera y de

Cumplimiento3,008,543.4 2,974,586.0 98.8 5 8 1 1 0 7 0 0 5 2 0 11,800.0 1,232.8 10,567.2

2 292-DE Programa de Productividad Rural: Componente Proyecto

Estratégico de Seguridad Alimentaria

Financiera y de

Cumplimiento2,690,018.8 2,584,749.7 96.0 14 20 4 4 0 16 1 0 9 6 0 21,973.8 10,299.3 11,674.5

2 293-DE

Programa de Productividad y Competitividad

Agroalimentaria: Componente Acceso al Financiamiento en

Apoyo a la Agricultura

Financiera y de

Cumplimiento509,639.0 509,639.0 100.0 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 294-DE


Agroalimentaria: Componente Acceso al Financiamiento en

Apoyo Pecuario

Financiera y de

Cumplimiento621,387.1 621,387.1 100.0 3 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 291-DE Programa de Productividad Rural: Componente Desarrollo

Comercial de la Agricultura Familiar

Financiera y de

Cumplimiento750,633.3 750,633.3 100.0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 46,663.1 4,041.8 42,621.3

MATRÍZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016


Recuperaciones

(Miles de pesos)

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Alcance

(%)Observaciones

Acciones Promovidas

TotalPreventivas CorrectivasEntrega

Número de

AuditoríaTítulo Auditorías

Universo

SeleccionadoMuestra Auditada

Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

254



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4


Tecnificación del Riego

Financiera y de

Cumplimiento1,877,586.1 1,228,320.3 65.4 9 20 3 3 0 17 0 0 6 11 0 152,218.7 0.0 152,218.7

3 295-DE


Agroalimentaria: Componente Desarrollo Productivo Sur

Sureste

Financiera y de

Cumplimiento1,576,324.9 1,196,163.5 75.8 5 18 5 5 0 13 0 0 4 9 0 274,407.1 0.0 274,407.1

3 283-DE Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café Forense 1,212,917.8 730,196.1 60.2 15 21 2 2 0 19 4 0 1 14 0 445,365.5 0.0 445,365.5


Innovación Agroalimentaria Forense 1,342,500.0 1,342,500.0 100.0 11 19 2 2 0 17 0 0 4 13 0 596,677.3 66,812.7 529,864.6

3 296-DE


Agroalimentaria: Componente Productividad

Agroalimentaria

Forense 717,277.0 483,410.0 67.3 9 17 2 2 0 15 4 0 0 9 2 302,731.6 0.0 302,731.6

2 3,672,612.2 3,594,438.2 97.9 9 14 8 8 0 6 1 0 2 3 0 121,984.5 52,119.2 69,865.3

2 301-DE Administración de Riesgos de Precios Financiera y de

Cumplimiento3,530,986.2 3,530,986.2 100.0 6 9 7 7 0 2 0 0 1 1 0 58,532.5 52,119.2 6,413.3

3 1872-DE

Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los

Conceptos Presupuestales 3200 "Servicios de

Arrendamiento" y 3300 "Servicios Profesionales, Científicos,

Técnicos y Otros Servicios"

Forense141,626.0 63,452.0 44.8 3 5 1 1 0 4 1 0 1 2 0 63,452.0 0.0 63,452.0

1 0.0 0.0 0.0 16 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 302-DE Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras Desempeño 0.0 0.0 0.0 16 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 2,280,932.4 1,889,538.9 82.8 7 32 21 21 0 11 0 0 9 2 0 7,523.2 0.0 7,523.2

3 303-DE Gestión Financiera Financiera y de

Cumplimiento2,280,932.4 1,889,538.9 82.8 7 32 21 21 0 11 0 0 9 2 0 7,523.2 0.0 7,523.2

4 6,270,796.4 3,871,464.8 61.7 42 76 40 40 0 36 1 6 18 11 0 74,694.9 35.2 74,659.7

2 300-DE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Componente Sanidad Federalizado

Financiera y de

Cumplimiento2,589,954.0 2,209,954.0 85.3 19 37 21 21 0 16 0 0 9 7 0 11,823.6 0.0 11,823.6


Cumplimiento2,142,420.9 491,165.8 22.9 17 33 19 19 0 14 1 0 9 4 0 43,438.0 35.2 43,402.8

3 298-DE Derechos por Servicios de Sanidad Fitopecuaria Financiera y de

Cumplimiento1,189,158.7 988,652.5 83.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

Acciones Promovidas Recuperaciones

TotalPreventivas Correctivas (Miles de pesos)



EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria


255



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

2 297-DE

Construcción de la Planta de Cría y Esteril ización de Machos

de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en

Metapa de Domínguez, en el Estado de Chiapas

Inversiones Físicas 349,262.8 181,692.5 52.0 6 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 19,433.3 0.0 19,433.3

66 258,552,489.9 221,427,940.3 85.6 484 621 265 212 53 356 2 234 86 34 0 1,549,514.4 39,300.3 1,510,214.1

35 68,097,624.3 34,185,495.2 50.2 311 404 165 129 36 239 1 189 40 9 0 962,990.4 15,233.1 947,757.3

1 325-DE Operación de Infraestructura Marítimo- Portuaria Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 333-DE Sistema Satelital Mexicano Desempeño 0.0 0.0 0.0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 332-DE Seguridad en la Operación de los Aeropuertos Desempeño 0.0 0.0 0.0 8 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 316-DE Definición y Conducción de la Política de Transportes Desempeño 0.0 0.0 0.0 9 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 329-DE Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 321-DE Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión

Digital Terrestre

Financiera y de

Cumplimiento4,040,127.7 4,040,127.7 100.0 15 20 10 10 0 10 1 0 3 6 0 46,618.3 0.0 46,618.3

2 313-DE Control Interno del Programa de Caminos Rurales y

Alimentadores

Financiera y de

Cumplimiento12,971,703.7 579,137.1 4.4 11 31 27 27 0 4 0 0 2 2 0 8,723.7 0.0 8,723.7

2 314-DE Controles Establecidos en la Elaboración y Operación del

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Financiera y de

Cumplimiento14,261,579.2 1,152,755.7 8.0 11 35 30 30 0 5 0 0 5 0 0 0.0 0.0 0.0

3 327-DE Red Pública Compartida de Telecomunicaciones Financiera y de

Cumplimiento208,102.6 27,398.8 13.1 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 334-DE Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales Financiera y de

Cumplimiento15,171,535.6 15,171,535.6 100.0 18 35 25 25 0 10 0 0 10 0 0 0.0 0.0 0.0

1 305-DE

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San

Miguel de Allende del Km 15+000 al Km 28+000, en el Estado

de Querétaro

Inversiones

Físicas207,054.7 173,904.3 83.9 16 16 2 2 0 14 0 14 0 0 0 21,048.4 0.0 21,048.4

1 306-DE Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de

Campeche

Inversiones

Físicas331,610.9 307,222.5 92.6 4 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 24,040.2 0.0 24,040.2

1 308-DE Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca Inversiones

Físicas126,959.5 111,107.8 87.5 5 6 2 2 0 4 0 4 0 0 0 9,908.2 0.0 9,908.2

1 310-DE Carretera Boulevard Boca del Río- Antón Lizardo del Km

6+800 al Km 15+000, en el Estado de Veracruz

Inversiones

Físicas169,086.7 106,793.4 63.1 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8,344.8 1,438.9 6,905.9

1 311-DE Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Tramo: Entronque

Reforma- Villahermosa, en el Estado de Tabasco

Inversiones

Físicas591,269.7 346,003.9 58.5 3 3 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3,864.9 2,339.1 1,525.8

Alcance

(%)Observaciones


TotalPreventivas Correctivas (Miles de pesos)Entrega

Número de


Universo





SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Secretaría de Comunicaciones y Transportes


256



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

1 322-DE

Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San

Andrés Tuxtla- Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan- Acayucan

(1a. Etapa), en el Estado de Veracruz

Inversiones

Físicas88,545.8 88,545.8 100.0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1,763.3 0.0 1,763.3

1 336-DE Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-

Toluca, en el Estado de México

Inversiones

Físicas197,389.8 197,389.8 100.0 7 7 0 0 0 7 0 6 0 1 0 10,731.5 4,645.4 6,086.1

2 304-DE Ampliación de la Carretera Mérida- Chetumal (1a. Etapa) en

el Estado de Yucatán

Inversiones

Físicas259,037.3 230,558.9 89.0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 174.4 0.0 174.4

2 307-DE Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona

Metropolitana de Guadalajara

Inversiones

Físicas5,225,665.8 3,114,622.0 59.6 12 12 0 0 0 12 0 10 2 0 0 39,882.9 1,799.6 38,083.3

2 309-DE Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro

Colorado, en el Estado de Hidalgo

Inversiones

Físicas176,192.5 176,192.5 100.0 11 11 0 0 0 11 0 10 1 0 0 16,715.3 0.0 16,715.3

2 312-DE Carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero-

Punta Colnett, en el Estado de Baja California

Inversiones

Físicas138,761.4 138,761.4 100.0 5 5 1 1 0 4 0 4 0 0 0 1,802.6 0.0 1,802.6

2 315-DE Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500,

en el Estado de Coahuila de Zaragoza

Inversiones

Físicas159,555.6 159,555.6 100.0 10 10 0 0 0 10 0 6 4 0 0 38,046.9 3,750.0 34,296.9

2 317-DE Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de

Veracruz

Inversiones

Físicas400,599.7 363,981.0 90.8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3,227.5 0.0 3,227.5

2 319-DE

Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de

14.0 Km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez, en el

Estado de Guanajuato

Inversiones

Físicas187,405.8 157,227.7 83.8 18 18 1 1 0 17 0 17 0 0 0 42,884.8 0.0 42,884.8

2 323-DE

Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de

las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra

Etapa) en el Estado de Chiapas

Inversiones

Físicas151,843.9 135,156.8 89.0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 9,675.2 0.0 9,675.2

2 324-DE Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo:

Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora

Inversiones

Físicas112,533.0 98,272.7 87.3 10 10 3 3 0 7 0 7 0 0 0 10,242.9 0.0 10,242.9

2 326-DE Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos Inversiones

Físicas772,479.9 772,479.9 100.0 23 25 1 1 0 24 0 21 3 0 0 108,662.2 0.0 108,662.2

2 328-DE Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico

Ecológico de la Ciudad de Puebla

Inversiones

Físicas216,988.8 210,213.7 96.8 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 2,287.2 0.0 2,287.2

2 330-DE Rehabilitación del Puerto de Matamoros, en el Estado de

Tamaulipas

Inversiones

Físicas137,900.1 137,900.1 100.0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

2 335-DE Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la

Ciudad de México

Inversiones

Físicas8,485,539.5 3,660,711.9 43.1 19 19 0 0 0 19 0 18 1 0 0 126,111.7 1,116.8 124,994.9

Muestra AuditadaAlcance

(%)Observaciones





EntregaNúmero de


Universo

Seleccionado



257



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

3 1806-DE

Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La

Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 al Km 21+000, Mediante

Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras

Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles,

Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero

Inversiones

Físicas

799,040.5 520,749.2 65.1 19 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 52,311.4 0.0 52,311.4

3 318-DE Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora Inversiones

Físicas1,708,669.4 1,232,066.9 72.1 30 41 15 15 0 26 0 20 6 0 0 336,477.9 0.0 336,477.9

3 320-DE Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán Inversiones

Físicas310,513.7 310,513.7 100.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4.0 4.0 0.0

3 1807-DE Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas Inversiones

Físicas286,915.1 286,915.1 100.0 6 7 1 1 0 6 0 5 1 0 0 7,074.1 0.0 7,074.1

3 331-DE Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas Inversiones

Físicas203,016.4 177,693.7 87.5 6 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 32,366.1 139.3 32,226.8

2 1,167,334.1 925,541.5 79.3 14 28 17 17 0 11 0 0 9 2 0 1,485.7 933.4 552.3

2 351-DE Gestión Financiera de la Operación de la Administración

Portuaria Integral de Coatzacoalcos

Financiera y de

Cumplimiento960,526.7 733,860.8 76.4 13 27 16 16 0 11 0 0 9 2 0 552.3 0.0 552.3

3 350-DE

Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de

Pajaritos (2a. Etapa); y Rehabilitación del Cuerpo de las

Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de

Veracruz

Inversiones

Físicas

206,807.4 191,680.7 92.6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 933.4 933.4 0.0

1 721,244.0 721,244.0 100.0 17 24 14 14 0 10 0 0 10 0 0 725.4 725.4 0.0

2 347-DE Gestión Financiera de la Operación de la Administración

Portuaria Integral de Guaymas

Financiera y de

Cumplimiento721,244.0 721,244.0 100.0 17 24 14 14 0 10 0 0 10 0 0 725.4 725.4 0.0

1 136,338.5 126,233.6 92.5 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 2,182.2 0.0 2,182.2

2 348-DE

Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la

Ruta Fiscal; Sistema de Protección Anticorrosiva en

Tablestacado Muelle Banda "A" y Dren Interlagunar del

Puerto de San Pedrito; y Construcción de las Instalaciones

del entro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria

(CUMAR- Manzanillo), en Manzanillo, en el Estado de Colima

Inversiones

Físicas

136,338.5 126,233.6 92.5 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 2,182.2 0.0 2,182.2

1 159,865.0 151,698.0 94.8 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 506.1 506.1 0.0

1 346-DE Construcción del Viaducto Alterno de Puerto Progreso (2a.

Etapa), en el Estado de Yucatán

Inversiones

Físicas159,865.0 151,698.0 94.8 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 506.1 506.1 0.0

Observaciones





EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)


Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.


258



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

1 1,635,070.1 1,488,472.3 91.0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 52,794.2 20,917.8 31,876.4

1 349-DE

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte

y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto

de Veracruz

Inversiones

Físicas1,635,070.1 1,488,472.3 91.0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 52,794.2 20,917.8 31,876.4

1 103,326.8 27,049.6 26.1 9 9 0 0 0 9 0 4 2 3 0 5,940.2 0.0 5,940.2

1 367-DE

Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y

de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el

Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de

México

Inversiones

Físicas

103,326.8 27,049.6 26.1 9 9 0 0 0 9 0 4 2 3 0 5,940.2 0.0 5,940.2

8 4,888,339.7 3,218,175.9 65.8 43 47 13 8 5 34 0 15 7 12 0 106,841.2 984.5 105,856.7

3 339-DE Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota Desempeño 0.0 0.0 0.0 3 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 340-DE Ingresos Financiera y de

Cumplimiento2,875,432.9 1,353,732.0 47.0 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 338-DE Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el

Estado de Baja California

Inversiones

Físicas368,762.9 362,567.7 98.3 12 12 2 2 0 10 0 6 2 2 0 42,333.0 0.0 42,333.0

2 344-DE

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al

Km 165+000 Cuerpo B de la Autopista La Tinaja-

Cosoleacaque, Tramo Isla- Acayucan, en el Estado de

Veracruz

Inversiones

Físicas

330,800.9 330,800.9 100.0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2,211.4 375.4 1,836.0

2 345-DE

Rehabilitación Estructural del Pavimento Existente, del Km

45+000 al Km 70+000 Cuerpo B de la Autopista Agua Dulce-

Cárdenas

Inversiones

Físicas164,087.2 164,087.2 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 341-DE Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco Inversiones

Físicas356,020.8 295,157.9 82.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609.1 609.1 0.0

3 342-DE Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán Inversiones

Físicas458,342.9 439,478.7 95.8 10 10 0 0 0 10 0 5 5 0 0 4,133.8 0.0 4,133.8

3 343-DE Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla Inversiones

Físicas334,892.1 272,351.5 81.3 12 12 0 0 0 12 0 2 0 10 0 57,553.9 0.0 57,553.9

15 181,643,347.4 180,584,030.2 99.4 71 88 44 44 0 44 1 24 17 2 0 416,049.0 0.0 416,049.0

1 353-DE Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto Financiera y de

Cumplimiento19,734,194.8 19,706,162.4 99.8 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 360-DE

Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de

Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México

Financiera y de

Cumplimiento988,696.8 988,696.8 100.0 4 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

Recuperaciones




EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones

Acciones Promovidas


Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.


259



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

2 359-DE

Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Financiera y de

Cumplimiento73,571,229.2 73,571,229.2 100.0 4 5 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 358-DE Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto


Financiera y de

Cumplimiento45,297,610.9 45,297,610.9 100.0 6 10 4 4 0 6 1 0 4 1 0 269,617.2 0.0 269,617.2

3 352-DE Administración de Recursos para los Gastos de Operación Financiera y de

Cumplimiento36,998,087.7 36,998,087.7 100.0 10 14 10 10 0 4 0 0 4 0 0 0.0 0.0 0.0

1 356-DE Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Inversiones

Físicas247,873.2 162,427.0 65.5 4 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1,568.9 0.0 1,568.9

1 361-DE Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo Aeropuerto


Inversiones

Físicas1,529,659.0 1,502,459.2 98.2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 834.8 0.0 834.8

2 366-DE

Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control,

Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre

Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México

Inversiones

Físicas

6,309.5 6,309.5 100.0 4 4 1 1 0 3 0 3 0 0 0 120.9 0.0 120.9

2 355-DE

Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio

Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México

Inversiones

Físicas53,522.1 53,522.1 100.0 6 6 3 3 0 3 0 2 1 0 0 6,294.2 0.0 6,294.2

3 354-DE Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Inversiones

Físicas1,611,585.8 936,436.5 58.1 5 5 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0.0 0.0 0.0

3 357-DE

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y

Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México

Inversiones

Físicas

933.9 933.9 100.0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 362-DE

Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio

Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación

del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Inversiones

Físicas

0.0 0.0 0.0 3 3 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0


Alcance

(%)Observaciones



Número de


Universo





260



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

3 363-DE

Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y

Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto


Inversiones

Físicas929,733.0 899,414.8 96.7 9 9 1 1 0 8 0 7 0 1 0 133,598.7 0.0 133,598.7

3 364-DE

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica,

Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de

Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y

Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México

Inversiones

Físicas

79,193.8 69,756.9 88.0 6 6 3 3 0 3 0 1 2 0 0 0.0 0.0 0.0

3

365-DE

Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y

Descarga Fuera del Polígono de Material Existente Producto

del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve;

Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento

del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México

Inversiones

Físicas

594,717.7 390,983.3 65.7 5 5 1 1 0 4 0 4 0 0 0 4,014.3 0.0 4,014.3

1 0.0 0.0 0.0 10 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 337-DE Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de

Transporte Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

10 23,608,170.4 5,737,594.8 0.0 73 116 77 34 43 39 0 2 23 14 0 237,657.7 74.9 237,582.8

3 984,990.8 969,334.2 98.4 26 36 19 9 10 17 0 2 10 5 0 75,403.1 0.0 75,403.1

2 368-DE

Negociaciones Internacionales para la Integración y

Competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor Desempeño0.0 0.0 0.0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 369-DE Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la

Innovación

Financiera y de

Cumplimiento862,329.7 846,673.1 98.1 13 23 9 9 0 14 0 0 9 5 0 75,334.6 0.0 75,334.6

2 370-DE Reforzamiento de Torre Ejecutiva y Adecuaciones a Torre

Reforma, en la Ciudad de MéxicoInversiones Físicas 122,661.10 122,661.10 100.0 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 68.5 0.0 68.5

1 0.0 0.0 0.0 11 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 374-DE Producción, Transportación y Comercialización de Sal Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 18,009,906.9 3,618,552.8 20.0 4 8 6 6 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0


Cumplimiento18,009,906.9 3,618,552.8 20.0 4 8 6 6 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

1 4,613,272.7 1,149,707.8 24.9 19 39 19 19 0 20 0 0 11 9 0 162,254.6 74.9 162,179.7

3 371-DE Fondo Nacional Emprendedor Financiera y de

Cumplimiento4,613,272.7 1,149,707.8 24.9 19 39 19 19 0 20 0 0 11 9 0 162,254.6 74.9 162,179.7


Recuperaciones




EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones

Acciones Promovidas

Instituto Mexicano del Transporte

SECTOR ECONOMÍA

Secretaría de Economía

Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso de Fomento Minero

Instituto Nacional del Emprendedor


261



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

2 0.0 0.0 0.0 6 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 373-DE Promoción de la Cultura al Consumidor Desempeño 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 372-DE Derechos de los Consumidores y el

Sistema Nacional del Consumidor Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 7 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 376-DE Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión

Extranjera Directa: Atracción de la Inversión Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 377-DE Proyectos para la Atracción de Inversión Extranjera

Estratégica Desempeño 0.0 0.0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 1,782,873.4 1,782,873.4 0.0 14 20 20 1 19 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 6 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 378-DE Inspección Laboral Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 1,782,873.4 1,782,873.4 100.0 8 13 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 381-DE Crédito a Trabajadores Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 380-DE Administración de la Cartera Crediticia

Bursatil izada

Financiera y de

Cumplimiento1,782,873.4 1,782,873.4 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

11 31,687,887.2 31,381,214.4 99.0 110 154 97 45 52 57 1 4 32 19 1 2,800,719.0 1,985.2 2,798,733.8

9 28,860,953.8 28,554,281.0 98.9 86 116 71 19 52 45 1 4 21 18 1 1,006,088.8 0.0 1,006,088.8

1 385-DE Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 386-DE Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o

Mejora de la Vivienda Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 387-DE Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos

y Participación Comunitaria Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 388-DE Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura

para el Hábitat Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 389-DE Programa de Prevención de Riesgos Desempeño 0.0 0.0 0.0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 382-DE Atención de Conflictos Agrarios Financiera y de

Cumplimiento398,905.6 396,851.8 99.4 6 10 5 5 0 5 0 0 3 2 0 1,436.2 0.0 1,436.2

3 1835-DE Gestión Financiera y Operativa del Gasto Financiera y de

Cumplimiento26,091,929.2 26,091,929.2 100.0 8 19 10 10 0 9 0 0 6 3 0 724,707.9 0.0 724,707.9

1 383-DE Construcción de Viviendas, en la Pesquería La Gloria,

Municipio de Arriaga, en el Estado de ChiapasInversiones Físicas 9,245.6 4,797.7 51.8 12 14 2 2 0 12 0 4 7 1 0 4,717.4 0.0 4,717.4

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Procuraduría Federal del Consumidor

Recuperaciones




EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones

Acciones Promovidas


ProMéxico


262



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

3 1792-DE

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos

Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes

Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos,

Adquisiciones y Otros Servicios

Forense2,360,873.4 2,060,702.3 87.2 15 21 2 2 0 19 1 0 5 12 1 275,227.3 0.0 275,227.3

1 0.0 0.0 0.0 19 28 21 21 0 7 0 0 7 0 0 0.0 0.0 0.0

2 390-DE Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento

para Soluciones Habitacionales

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 19 28 21 21 0 7 0 0 7 0 0 0.0 0.0 0.0

1 2,826,933.4 2,826,933.4 100.0 5 10 5 5 0 5 0 0 4 1 0 1,794,630.2 1,985.2 1,792,645.0

2 391-DE Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda Financiera y de

Cumplimiento2,826,933.4 2,826,933.4 100.0 5 10 5 5 0 5 0 0 4 1 0 1,794,630.2 1,985.2 1,792,645.0

35 21,386,605.6 13,701,064.4 64.1 192 282 177 42 135 105 1 55 35 14 0 442,051.3 1,092.6 440,958.7

2 704,787.0 704,787.0 0.0 11 16 15 5 10 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

1 393-DE Regulación Forestal Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 392-DE

Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento.

Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados

al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas

Financiera y de

Cumplimiento704,787.0 704,787.0 100.0 5 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 4 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 424-DE Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales

Protegidas Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

29 20,348,500.0 12,949,490.7 63.6 160 213 117 30 87 96 1 55 28 12 0 432,185.0 1,092.6 431,092.4

1 394-DE Apoyos Especiales y Estratégicos en Infraestructura

Hidroagrícola Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 415-DE Protección de las Aguas Subterráneas Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 420-DE Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y

Equipamiento de Unidades de Riego Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 1795-DE Atención de Emergencias y Desastres Naturales Desempeño 0.0 0.0 0.0 9 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 411-DE Infraestructura para la Protección de Centros de Población y

Áreas Productivas Desempeño 0.0 0.0 0.0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


Equipamiento de Temporal Tecnificado Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 395-DE Conducción de las Políticas Hídricas Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 410-DE Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del

Agua Desempeño 0.0 0.0 0.0 5 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0




Comisión Nacional de Vivienda

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Alcance

(%)Observaciones



Número de


Universo


Comisión Nacional del Agua


263



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4


Equipamiento de Distritos de Riego Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 421-DE Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua Desempeño 0.0 0.0 0.0 5 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 422-DE Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad del Agua Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 412-DE Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras

Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México

Financiera y de

Cumplimiento13,256,349.9 7,651,250.3 57.7 3 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 409-DE

Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y

Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y

Permisos

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 10 22 18 18 0 4 0 0 4 0 0 0.0 0.0 0.0

2 408-DE Contratación con Terceros Financiera y de

Cumplimiento1,569,051.8 404,643.1 25.7 9 14 6 6 0 8 1 0 5 2 0 10,249.8 0.0 10,249.8

1 396-DE

Construcción de la PTAR Chapultepec, del Sistema de Riego y

de las Plantas de Bombeo para Reúso de Agua Residual

Tratada, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de

México

Inversiones Físicas 97,447.1 97,447.1 100.0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1,092.6 1,092.6 0.0

1 398-DE Construcción de los Revestimientos de los Drenes

Chimalhuacán I y II, en el Estado de MéxicoInversiones Físicas 209,925.8 188,993.8 90.0 14 14 0 0 0 14 0 5 0 9 0 27,597.6 0.0 27,597.6

1 399-DE Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales en La Paz, en el Estado de Baja California SurInversiones Físicas 324,120.2 172,562.6 53.2 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 24,213.7 0.0 24,213.7

1 400-DE Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit Inversiones Físicas 210,699.9 165,905.7 78.7 3 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 46,691.0 0.0 46,691.0

1 404-DE

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua

Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el Estado de

Guanajuato

Inversiones Físicas 159,924.6 132,927.9 83.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2

417-DE

Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren

General del Valle, de la Interconexión de los Ríos

Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de Regulación de

Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la Ingeniería

Básica

Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales en las Cuencas de los Ríos

de Oriente del Lago de Texcoco, en el

Estado de México

Inversiones Físicas 165,970.9 85,568.9 51.5 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 9,484.0 0.0 9,484.0


EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones






264



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

2 414-DE

Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II

y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto del

Emisor Poniente, en el Estado de México

Inversiones

Físicas

994,800.7 969,798.9 97.4 10 11 1 1 0 10 0 9 1 0 0 191,411.2 0.0 191,411.2

2 402-DE Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II,

Tramos 1 y 2, en el Estado de México

Inversiones

Físicas144,214.7 138,632.7 96.1 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1,877.6 0.0 1,877.6

2 405-DE Construcción del Túnel Canal General, en el Estado de

México

Inversiones

Físicas239,260.1 213,835.8 89.3 6 6 0 0 0 6 0 3 3 0 0 671.6 0.0 671.6

2 407-DE Construcción del Túnel Churubusco- Xochiaca, en el Estado

de México

Inversiones

Físicas264,485.9 225,618.9 85.3 5 5 0 0 0 5 0 3 2 0 0 11,171.0 0.0 11,171.0

3 397-DE Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre

de Oscilación Número 5, en el Estado de México

Inversiones

Físicas1,120,771.1 1,033,755.5 92.2 6 7 0 0 0 7 0 6 1 0 0 56,920.9 0.0 56,920.9

3 401-DE Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el

Estado de México

Inversiones

Físicas11,239.6 11,239.6 100.0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0

3 403-DE

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios,

Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México

Inversiones

Físicas585,505.2 490,155.6 83.7 13 14 0 0 0 14 0 9 5 0 0 38,244.7 0.0 38,244.7

3 406-DE Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de

México

Inversiones

Físicas88,517.0 67,629.4 76.4 6 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 4,080.6 0.0 4,080.6

3 416-DE Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado

de Sinaloa

Inversiones

Físicas906,215.5 899,524.9 99.2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8,478.7 0.0 8,478.7

2 333,318.6 46,786.7 14.0 14 31 23 7 16 8 0 0 6 2 0 9,866.3 0.0 9,866.3

2 428-DE Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales Desempeño 0.0 0.0 0.0 8 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 427-DE Auditoría de TIC Financiera y de

Cumplimiento333,318.6 46,786.7 14.0 6 15 7 7 0 8 0 0 6 2 0 9,866.3 0.0 9,866.3

1 0.0 0.0 0.0 3 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 423-DE Inspección y Vigilancia Forestal Desempeño 0.0 0.0 0.0 3 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

9 114,884,083.5 45,565,595.5 39.7 32 47 44 20 24 3 0 1 1 1 0 331,263.7 979.2 330,284.5

4 68,391,775.0 19,996,493.5 29.2 15 21 21 4 17 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 429-DE Abasto de Gasolinas y Permisos para su Importación Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 430-DE Conducción de la Política Energética Desempeño 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 432-DE Operación del Mercado Eléctrico Mayorista Desempeño 0.0 0.0 0.0 5 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 431-DE Determinación de las Compensaciones a Pemex por

Inversiones Afectadas

Financiera y de

Cumplimiento68,391,775.0 19,996,493.5 29.2 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Recuperaciones




EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones

Acciones Promovidas

Comisión Nacional Forestal

SECTOR ENERGÍA

Secretaría de Energía


Procuraduría Federal de Protección al Ambiente


265



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

1 2,600,313.0 2,574,892.4 99.0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 434-DE Ingresos y Egresos Relacionados con la Operación del

Mercado Eléctrico

Financiera y de

Cumplimiento2,600,313.00 2,574,892.40 99 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 43,332,202.1 22,643,998.0 124.3 6 13 11 11 0 2 0 0 1 1 0 329,348.0 0.0 329,348.0


Cumplimiento3,638,743.3 2,697,188.5 74.1 5 12 10 10 0 2 0 0 1 1 0 329,348.0 0.0 329,348.0


Cumplimiento39,693,458.8 19,946,809.5 50.2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 5 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 433-DE Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica Desempeño 0.0 0.0 0.0 5 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 559,793.4 350,211.6 62.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,915.7 979.2 936.5

2 437-DE Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), en el

Estado de Veracruz

Inversiones

Físicas559,793.4 350,211.6 62.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,915.7 979.2 936.5

54 2,801,690,464.0 1,078,004,388.8 38.5 351 562 365 313 52 197 1 35 129 31 1 6,970,155.4 4,119,828.8 2,850,326.6

10 198,094,631.4 116,230,318.6 58.7 42 70 58 49 9 12 0 0 10 1 1 260.3 52.5 207.8

1 487-DE Ahorro y Uso Eficiente de la Energía

Eléctrica Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 489-DE Deuda Pública Financiera y de

Cumplimiento139,341,933.2 89,410,820.1 64.1 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 490-DE Erogaciones de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde Financiera y de

Cumplimiento5,779,147.1 1,309,289.7 22.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 493-DE Gastos Relacionados con la Operación del Mercado

Eléctrico

Financiera y de

Cumplimiento3,519,333.9 3,519,333.9 100.0 5 12 10 10 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0


Cumplimiento104,162.9 28,571.8 27.4 5 14 10 10 0 4 0 0 2 1 1 260.3 52.5 207.8

3 486-DE Adquisición de Energía Eléctrica a los Productores Externos Financiera y de

Cumplimiento3,108,059.6 3,108,059.6 100.0 3 7 5 5 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

3 492-DE Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural Financiera y de

Cumplimiento11,553,499.7 5,838,072.2 50.5 10 11 10 10 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

3 494-DE Importaciones de Gas Natural Financiera y de

Cumplimiento20,290,848.0 9,475,720.7 46.6 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 1790-DE Posición Financiera de la Comisión Federal de Electricidad Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 4 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Centro Nacional de Control de Energía

Instituto Mexicano del Petróleo


EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

Alcance

(%)Observaciones




EntregaNúmero de


Universo


Comisión Federal de Electricidad

Centro Nacional de Control del Gas Natural

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía



266



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

3 495-DE Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y

Adquisición de Medidores Electrónicos

Financiera y de

Cumplimiento14,397,647.0 3,540,450.6 24.5 3 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

13 1,207,269,532.0 305,741,633.7 25.3 88 170 119 119 0 51 0 0 43 8 0 455,927.2 443.3 455,483.9

1 447-DE Evaluación del Control Interno del Proceso Integral de

Adquisiciones de PEMEX-PROCURA

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 18 51 37 37 0 14 0 0 14 0 0 0.0 0.0 0.0

2 445-DE Deuda Pública Financiera y de

Cumplimiento1,072,007,665.5 246,828,029.8 23.0 4 5 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

2 446-DE Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de

Medicamentos

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 7 15 11 11 0 4 0 0 4 0 0 0.0 0.0 0.0

2 448-DE Gestión Financiera de la Estrategia al Desempeño y

Capacidades Operativas de Petróleos Mexicanos

Financiera y de

Cumplimiento3,874,178.0 3,327,704.6 85.8 7 15 9 9 0 6 0 0 5 1 0 25,246.6 0.0 25,246.6

2 449-DE Intereses en Empresas no Controladas Financiera y de

Cumplimiento14,802,650.0 14,802,650.0 100.0 6 10 7 7 0 3 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0

2 452-DE Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de


Financiera y de

Cumplimiento1,891,874.0 1,891,874.0 100.0 5 12 6 6 0 6 0 0 3 3 0 258,009.9 15.7 257,994.2

2 454-DE

Servicio de Administración y Otorgamiento de Atención

Médica a Nivel Nacional Mediante una Red Médica de

Prestadores de Servicios, para Trabajadores, Jubilados y

Derechohabientes de PEMEX

Financiera y de

Cumplimiento

1,200,000.0 1,020,633.9 85.0 9 17 10 10 0 7 0 0 6 1 0 159,265.1 427.6 158,837.5


Cumplimiento2,151,143.6 706,225.5 32.8 4 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

3 450-DE Pagos a Proveedores Financiera y de

Cumplimiento516,257.5 516,257.5 100.0 6 11 6 6 0 5 0 0 4 1 0 10,748.9 0.0 10,748.9

3 56-DE Posición Financiera de Petróleos Mexicanos Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 451-DE Proceso de Contratación y Reajuste de Personal Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 9 10 9 9 0 1 0 0 0 1 0 274.0 0.0 274.0

3 453-DE Recuperación de Siniestros de Petróleos Mexicanos Financiera y de

Cumplimiento8,479,629.0 2,581,810.7 30.4 6 10 8 8 0 2 0 0 1 1 0 2,382.7 0.0 2,382.7

3 455-DE Tesorería Financiera y de

Cumplimiento102,346,134.4 34,066,447.7 33.2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Alcance

(%)Observaciones




EntregaNúmero de


Universo






267



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

1 545,415.2 111,627.1 20.4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 35.3 35.3 0.0

3 470-DE Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del

Acrilonitrilo (Morelos Unigel)

Financiera y de

Cumplimiento545,415.2 111,627.1 20.4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 35.3 35.3 0.0

12 1,043,391,023.5 491,095,700.2 47.1 104 157 90 67 23 67 1 18 41 7 0 4,605,940.3 4,113,228.9 492,711.4

3 462-DE Insumos para la Producción de Gasolinas Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 461-DE Impuesto por Exploración y Extracción y Derecho de

Exploración de Hidrocarburos

Financiera y de

Cumplimiento4,944,400.4 4,921,289.3 99.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 465-DE Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap Financiera y de

Cumplimiento603,975,198.3 123,801,616.7 20.4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 460-DE Gestión Financiera del Arrendamiento de Equipo de

Perforación Operado por Personal de PEMEX

Financiera y de

Cumplimiento34,538,623.3 7,679,970.6 22.2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 25.5 25.5 0.0

3 457-DE Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Util idad

Compartida

Financiera y de

Cumplimiento306,653,674.7 306,653,674.7 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,113,203.4 4,113,203.4 0.0

3 464-DE Movimientos de Personal por Suspensión o Cancelación de

Proyectos

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 7 11 8 8 0 3 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0

3 466-DE Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas Financiera y de

Cumplimiento63,405,217.8 38,915,753.6 61.3 8 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 467-DE Transporte e Instalación de Plataformas de Perforación Financiera y de

Cumplimiento18,137,502.5 2,997,842.0 16.5 10 14 9 9 0 5 0 0 5 0 0 0.0 0.0 0.0

3 456-DE

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los

Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los

Sistemas 1 y 3

Inversiones

Físicas2,793,719.6 978,926.4 35.0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 2,790.7 0.0 2,790.7

3 458-DE

Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para

Instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos;

Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y

Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina

Campo ch)

Inversiones

Físicas

6,181,003.3 3,513,275.4 56.8 28 44 12 12 0 32 1 8 16 7 0 459,054.1 0.0 459,054.1

3 459-DE

Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte,

Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la Plataforma

de Producción Abkatun-A2 y Contratos de Mantenimiento

para Rehabilitación de la Plataforma Abkatun "A" remanente

Inversiones

Físicas

1,590,930.0 1,149,145.6 72.2 21 31 15 15 0 16 0 5 11 0 0 30,866.6 0.0 30,866.6

Observaciones




EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)


Pemex Etileno

Pemex-Exploración y Producción



268



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

3 1808-DE

Revisión de los Contratos Núms. 423024809, 423114813,

423024824, 423114600, 423022812, 423024812 y

423024802 de la Unidad de Negocios de Perforación de

Pemex Exploración y Producción

Inversiones

Físicas

1,170,753.6 484,205.9 41.3 7 11 5 5 0 6 0 0 6 0 0 0.0 0.0 0.0

2 7,688,257.4 5,177,084.9 67.3 8 10 6 6 0 4 0 0 2 2 0 1,104.2 0.0 1,104.2


Cumplimiento7,359,008.4 4,897,988.1 66.5 5 7 5 5 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

2 469-DE

Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos

de Pemex Fertil izantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y

Cosoleacaque, Veracruz

Inversiones

Físicas329,249.0 279,096.8 84.7 3 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1,104.2 0.0 1,104.2

1 78,804,950.6 22,178,406.8 28.1 4 14 11 11 0 3 0 0 2 1 0 114,514.5 0.0 114,514.5

2 472-DE Ingresos por Servicios Financiera y de

Cumplimiento78,804,950.6 22,178,406.8 28.1 4 14 11 11 0 3 0 0 2 1 0 114,514.5 0.0 114,514.5

1 772,181.1 772,181.1 100.0 7 10 8 8 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

2 473-DE Arrendamiento Financiero de

Plataformas Autoelevables

Financiera y de

Cumplimiento772,181.1 772,181.1 100.0 7 10 8 8 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

13 260,435,202.8 133,447,648.5 51.2 81 108 65 45 20 43 0 9 22 12 0 1,792,373.6 6,068.8 1,786,304.8

1 475-DE Distribución y Comercialización de Gasolinas Desempeño 0.0 0.0 0.0 5 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 482-DE Producción de Gasolinas Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 476-DE Ingresos por Venta de Metanol Financiera y de

Cumplimiento625,055.5 63,516.2 10.1 3 5 3 3 0 2 0 0 1 1 0 30,441.5 0.0 30,441.5

3 1800- DE Contratación y Suministro de Etano al Complejo

Petroquímico Etileno XXI

Financiera y de

Cumplimiento5,002,620.9 5,002,620.9 100.0 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6,068.8 6,068.8 0.0

3 474-DE Contratos para la Comercialización de Coque Financiera y de

Cumplimiento500,973.6 500,973.6 100.0 7 12 7 7 0 5 0 0 5 0 0 0.0 0.0 0.0

3 477-DE Ingresos por Ventas de Gas Seco Financiera y de

Cumplimiento92,918,602.9 8,290,582.4 8.9 1 5 2 2 0 3 0 0 2 1 0 24,662.8 0.0 24,662.8

3 481-DE Movimientos de Personal por Suspensión, Cancelación de

Actividades o Plantas Inactivas

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 483-DE Revisión a la Capacidad, Producción, Almacenamiento,

Transporte e Importación de Gas Natural

Financiera y de

Cumplimiento109,652,940.5 82,100,420.1 74.8 6 8 6 6 0 2 0 0 1 1 0 1,046.2 0.0 1,046.2

3 484-DE Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas Financiera y de

Cumplimiento21,481,101.4 8,366,437.5 38.9 6 9 7 7 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

Observaciones




EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)


Pemex Logística

Pemex Perforación y Servicios

Pemex Transformación Industrial


Pemex Fertilizantes


269



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

3 485-DE

Venta de la Participación Accionaria en

Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L.

de C.V.

Financiera y de

Cumplimiento22,684,736.9 22,684,736.9 100.0 3 6 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0

1 478-DE


Producción en las Refinerías de Salina

Cruz y Minatitlán, y Tren Energético

Inversiones

Físicas1,117,410.2 559,526.9 50.0 8 8 3 3 0 5 0 1 3 1 0 378,916.9 0.0 378,916.9

2 480-DE


Producción, Tren Energético,

Optimización de la Reconfiguración y

Contratos ROPL08212P y PXR-OP-

SCC-SPR-GPARR-L-117-13 en las

Refinerías de Cadereyta y Madero

Inversiones

Físicas

1,473,564.4 900,637.5 61.1 12 14 7 7 0 7 0 4 3 0 0 100,682.0 0.0 100,682.0

2 479-DE


Producción y Conversión de

Residuales en las Refinerías

Salamanca y Tula

Inversiones

Físicas4,978,196.5 4,978,196.5 100.0 14 14 0 0 0 14 0 4 2 8 0 1,250,555.4 0.0 1,250,555.4

1 4,689,270.0 3,249,787.9 69.3 16 21 6 6 0 15 0 8 7 0 0 0.0 0.0 0.0

3 438-DE

Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato

de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de

Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria

de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz

Inversiones

Físicas

4,689,270.0 3,249,787.9 69.3 16 21 6 6 0 15 0 8 7 0 0 0.0 0.0 0.0

4 1,290,910.9 1,190,303.5 92.2 30 61 40 32 8 21 0 0 21 0 0 0.0 0.0 0.0

1 777,280.0 777,280.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 132-GB

Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda

1 para Contratos de Licencia para la

Exploración y Extracción de

Hidrocarburos en Aguas Profundas

Financiera y de

Cumplimiento777,280.0 777,280.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 513,630.9 413,023.5 80.4 30 61 40 32 8 21 0 0 21 0 0 0.0 0.0 0.0

1 131-GB Regulación y Permisos de Electricidad Desempeño 0.0 0.0 0.0 5 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 130-GB Gestión Financiera de la Comisión

Reguladora de Energía

Financiera y de

Cumplimiento513,630.9 413,023.5 80.4 11 14 10 10 0 4 0 0 4 0 0 0.0 0.0 0.0

3 491-GB

Evaluación del Control Interno en la

Integración, Cálculo y Registro de las

Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo

de su Aplicación

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 14 39 22 22 0 17 0 0 17 0 0 0.0 0.0 0.0

3 934,486.8 917,184.7 98.1 23 46 39 9 30 7 0 0 7 0 0 681.1 681.1 0.0

2 0.0 0.0 0.0 14 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 439-DE Desarrollo Sustentable de los Destinos y Regiones Turísticas Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 440-DE Fortalecimiento de la Competitividad del

Sector Turismo Desempeño 0.0 0.0 0.0 8 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

EntregaNúmero de


Universo


Alcance

(%)Observaciones


Total


ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA

Comisión Nacional de Hidrocarburos

SECTOR TURISMO

Secretaría de Turismo

P.M.I. Comercio Internacional

Comisión Reguladora de Energía


Preventivas Correctivas (Miles de pesos)



270



223 3,298,812,273.2 1,437,721,262.4 43.6 1,536 2,322 1,329 810 519 993 18 337 401 233 4 14,613,127.0 4,298,690.6 10,314,436.4

1 934,486.8 917,184.7 98.1 9 16 9 9 0 7 0 0 7 0 0 681.1 681.1 0.0

2 441-DE Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes Financiera y de

Cumplimiento934,486.8 917,184.7 98.1 9 16 9 9 0 7 0 0 7 0 0 681.1 681.1 0.0

2 0.0 0.0 0.0 14 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 14 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 443-DE Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y

Tecnológica Desempeño 0.0 0.0 0.0 8 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 442-DE Fomento Regional de las Capacidades Científicas,

Tecnológicas y de Innovación Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Alcance

(%)Observaciones



Número de


Universo




Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

R. Recomendaciones .

RD. Recomendaciones a l Desempeño.

SA. Sol ici tudes de Aclaración.


Fondo Nacional de Fomento al Turismo

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

PEFCF. Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fisca l .

PRAS. Promociones de Responsabi l idad Adminis trativa Sancionatoria .

PO. Pl iegos de Observaciones .

M. Multas .

comisión de vigilancia de la auditoría superior de la ... · términos reales a lo ejercido en...

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