CONTENIDO

La Administración Barco y los No Alineados

Diego Cardona Cardona 3

Una Década Perdida para América Latina

Palacio Eduardo Sarmiento 10

Panamá: Crisis, Invasión y la Nueva Era de Hegemonía Norteamericana

Cario Nasi L.* 13

Documento para el Temario Preliminar Ampliado de la Cumbre de Cartagena 25

Declaración de Cartagena 31

esfera internacional, admitiendo las diferencias de sistemas políticos o económicos,buscando sólo las asociaciones múltiples hasta donde sea posible a fin de mejorar nuestra capacidad negociadora.

Sección: Política Exterior de Colombia

LaAdministración Barco y los No Alineados

Diego Cardona Cardona*

"Colombia debe prepararse para afrontar sus riesgos con una estrategia global, de conjunto, basada en sus grandes intereses nacionales y no en una visión recortada, inmediatista"'.

* Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional.

I. "La política exterior". Editorial de El Tiempo, enero 29. 1990. pág. 4-A.

Como ha sido suficientemente estudiado, la administración de Virgilio Barco Vargas que comenzó el 7 de agosto de 1986 se ha caracterizado por un énfasis en la diplomacia económica y un marcado pragmatismo que ha buscado el incremento de la capacidad negociadora del país más que la espectacularidad de las apariciones presidenciales2. El mundo se hizo más grande y no podemos pensar que una eficaz política exterior pueda basarse en las relaciones con los pocos países que definían nuestra política exterior en la postguerra; la culminación del proceso de diversificación de relaciones con otros países del mundo es una tarea fundamental abordada por la actual administración. En ese sentido, pese a algunas diferencias de estilo y de énfasis con la administración que le precedió, existe un proceso de continuidad. El mismo ha estado signado por una especie de neutralidad ideológica en la

2. Ver. Rodrigo Pardo, "La políticaexterior y la administración Barco". En, Análisis Político, No. 2, Bogotá, septiembre-diciembre, 1987. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.

En ese sentido, la actividad desarrollada por la administración Barco en el seno de los No Alineados, constituye parte integral de esa política. Ella ha sido no sólo aconsejable por razones de principio sino por haber contribuido a la defensa más eficaz de los intereses del país3. Para mejor comprender el asunto, hemos de aclarar las razones que motivaron nuestro ingreso al movimiento en su calidad de miembro de pleno derecho.

El presidente Betancur consideró en su momento que Colombia podía y debía comenzar a jugar un importante papel en el escenario político mundial, para lo cual era indispensable regresar al seno latinoamericano y obtener apoyo en Asia y África. Toda potencia regional debe cumplir dos condiciones fundamentales:

a) ausencia de resistenciasmayores y por el contrario un peso político en su región, y b) extraregionales, especialmente

3. Sobre este tema pueden verse:Marco Palacios (compilador),

Colombia No Alineada, Biblioteca del Banco Popular. Bogotá, 1983. En especial págs. 64 y ss.

Bruce Bagley y Juan Tokatlian, "La política exterior de Colombia durante la década de los 80: los límites de un poder regional", en: Mónica Hirst (comp). Continuidad y Cambio en las Relaciones América Latina-Estados Unidos, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano1. 1987, págs. 189 y ss.

Diego Cardona, "Los No Alineados en el nuevo escenario internacional: La reunión cumbre de Belgrado", en: Análisis Político, No. 8, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional. Bogotá, septiembre-diciembre. 1989.

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de condición semejante a la suya.

Por otra parte, desde los sesenta se vio que existía una relación muy estrecha entre la situación externa y los problemas de legitimidad interna de un gobierno. México logró la neutralización y cooptación de la oposición interna de izquierda, mediante una hábil negociación con Cuba: apoyo internacional y negativa a sumarse al bloqueo, a cambio de los buenos oficios de Cuba en el proceso de desestímulo a la guerrilla interna mexicana 4.

Este modelo, aplicado al caso colombiano implicaba:

a) En primer lugar, tratar deneutralizar la acción internacional de Nicaragua en San Andrés, y el eventual apoyo cubano a la oposición armada interna. Cualquiera que fuera la solución para los problemas internos, una posición internacional favorable de Cuba era indispensable, o por lo menos su abstención.

b) El consenso interno comofuente de legitimidad se coaligó con una recomposición exterior que buscaba también un cierto consenso en América Central. Cada extremo de la cuerda giraba en el mismo sentido: la pacificación interna y externa, como precondición del consenso nacional

4. Un texto ya clásico sobre el tema es:Olga Pellicer, México y la revolución cubana, Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, México DF, 1972.

También pueden consultarse:Lorenzo Meyer, "Cambio político y

dependencia: México en el siglo XX", en: Foro Internacional, Vol. XIII, lío. 2, El Colegio de México, 1972.

Mario Ojeda, "El papel internacional de México en 1980", en: Varios autores, El perfil de México en 1980, Vol. III, Sociología, Política y Cultura, Siglo XXI, México DF, 1972, págs. 291-324.

e internacional que permitiera una mejor posición de negociación de Colombia como potencia intermedia.

c) El comienzo de una activaasociación con países de Asia y África, ganando con ello capacidad negociadora independiente en el seno de Naciones Unidas.

d) Un distanciamiento inicialcon-Estados Unidos, que sólo fue temporal porque los NO AL en la declaración de Nueva Delhi de 1983 insistieron más en problemas de distensión, desarme, deuda, problemas económicos, regresando un poco a las posiciones originarias. También pesó la crisis económica que en el caso colombiano disminuyó su mar gen de maniobra5.

Mientras esto sucedía, se incrementaba la tensión en el Hemisferio occidental. De todas formas, para el gobierno Betancur el ingreso y permanencia en el movimiento constituye uno de los ejes de su política internacional y está en estrecha relación con su política de paz interior.

La actitud de Barco frente a los NOAL

Cierto es que la administración Barco insistió desde un principio en reorientar algunos aspectos de la política exterior de su predecesor6. Por ejemplo, se restó importancia a Contadora y

5. Ver, Bagley y Tokatlian, Op. Cit.

6. Sobre el tema, véase en especial:Rodrigo Pardo, "Colombia: continuidad

y normalización de la política exterior bajo la administración Barco", en: Heraldo Muñoz (comp.). Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: continuidad en la crisis, Prospel-Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1987, págs. 209-228.

se incrementó la otorgada a los países de la Cuenca del Pacífico y a la reconstrucción del sistema interamericano, pero en el fondo existe una prolongación de algunos aspectos de la política Betancur. Por lo que se refiere a los NOAL, ya había pasado en el país la serie de grandes expectativas que se habían expresado desde 1983, y se era consciente de sus limitaciones y de sus problemas operativos. Según algunos analistas, parecía no creerse demasiado en la importancia de los NOAL, aunque se había hecho explícito que se continuaría en el movimiento, parcialmente, porque el nuevo gobierno fue enfático desde un principio en dar importancia a la diplomacia económica, haciendo abstracción de las diferencias ideológicas. Ello estaba en la línea de acción de los NOAL. Ya desde el discurso de posesión de Barco se fijó la continuidad de política en este punto respecto de su antecesor. Contra los vaticinios de algunos comentaristas, el nuevo presidente se refirió al movimiento como "...un elemento de equilibrio en el sistema internacional y de apertura al diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo". Con ello no sólo se resaltaba su importancia en las discusiones Este-Oeste, sino que se marcaría la pauta de la posterior política de la administración respecto de los NOAL: un instrumento que debía tener sentido práctico para las relaciones entre el Norte y el Sur del planeta.

Recordemos que uno de los fundamentos de la política

Juan Tokatlian y Rodrigo Pardo, "Colombia: la reafirmación del pragmatismo en un escenario crecientemente conflictivo", en: Heraldo Muñoz (comp), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: un balance de esperanzas, Prospel-Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988, págs. 169-182.

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exterior de Barco ha sido, sin descuidar nuestra vinculación latinoamericana, continuar la apertura de relaciones con otras áreas del planeta, susceptibles de servir a los intereses nacionales en el futuro. En esta dirección se comenzó por el Pacífico, para continuar con la búsqueda de consenso para la política exterior colombiana mediante la asociación con miembros asiáticos y africanos de Naciones Unidas.

Prueba de ello es el incremento de nuestras relaciones diplomáticas. Por ejemplo, entre marzo de 1987 y finales de 1988, se pasó de tener relaciones diplomáticas con 106 países a 138. La política de continuar la asociación con los NOAL, no sólo permitió proseguir con los objetivos buscados en el momento del ingreso, sino que facilitó esta ampliación de relaciones diplomáticas. La misma ha tenido resultados positivos, como lo comprueba la elección colombiana al Consejo de Seguridad, la neutralización de buena parte de la mala prensa y el mejoramiento dé la imagen del país en el exterior con respecto a su posible responsabilidad por narcotráfico. La aceptación de las tesis colombianas por la comunidad internacional ha pasado entre otras, por las reuniones de los NOAL.

Hemos dicho que luego de las desmesuradas expectativas iniciales sobre el movimiento, se pasó a un estado de casi decepción, a tal punto que en la reunión cumbre de Harare de 1986, la representación colombiana no fue del más alto nivel. Sin embargo, con el paso de los meses y con una nueva visión que buscaba mecanismos de negociación en lugar de foros de denuncia, desde 1988, el activismo colombiano en torno a los NOAL comenzaba a dar frutos. Para empezar, en una

reunión efectuada a mediados del año en Yugoslavia para intentar oxigenar el movimiento y analizar las posibilidades de reforma, Colombia fue propuesta para la presidencia por un numeroso grupo de países habiendo el gobierno colombiano renunciado a contemplar tal posibilidad, no sólo por la posible candidatura de otros países latinoamericanos, sino porque se estaba ya en proceso de establecer los contactos para acceder a la silla del Consejo de Seguridad. El resultado fue altamente positivo. Colombia fue elegida al Consejo, en el mes de octubre, por la mayoría más nutrida que se recuerde en su historia, lo cual implicaba un apoyo diplomático decidido de la comunidad internacional. Representando con Brasil al bloque latinoamericano, haría compañía en el Consejo a otros No Alineados, como Argelia, Senegal, Nepal, Yugoslavia, Malasia y Etiopía.

En este caso como en el del ascenso a dignidades internacionales de importancia, la administración Barco ha sido clara en afirmar que para Colombia no se trata solo de hacerse elegir en puestos honoríficos internacionales sino de ver en qué medida ellos pueden incrementar nuestra capacidad de negociación.

No sólo se accedió al Consejo de Seguridad sino que Colombia fue nombrada vicepresidente de la Reunión de los NOAL en Chipre efectuada en enero de 1989. Fue así uno de los 12 países encargados de redactar un proyecto de reforma de los estatutos de los NOAL. La representación en Chipre, fue también de alto nivel, siendo presidida por el ministro de Relaciones Exteriores.

En mayo se efectuó en Harare la reunión previa a la cumbre de finales del año. La delegación

colombiana estuvo representada por el embajador ante Naciones Unidas en Nueva York, Enrique Peñaloza, quien tenía ya a su cargo nuestra representación en el Consejo de Seguridad. En esa ocasión, se logró imponer la tesis colombiana de incluir como violatoria de los derechos humanos las acciones del terrorismo7.

Además, fue aprobada una importante propuesta llevada por la delegación colombiana que insistió en "llevar adelante una perestroika que permita una revisión de los métodos hasta ahora empleados por el movimiento". Se insistió igualmente en la necesidad de un "diálogo constructivo no sólo con los países cuyas políticas inciden directamente en la solución de los problemas específicos, sino también con los organismos internacionales económicos y financieros"8

Para comprender mejor la importancia de estos cambios, hemos de decir algunas palabras sobre la evolución del movimiento. La vida internacional no es estática y un grupo como el de los No Alineados no podía dejar de transformarse. El desarrollo de las relaciones internacionales mostró que la independencia respecto de las potencias y el ejercicio efectivo de la autodeterminación no eran independientes de las consideraciones económicas. Siendo en un principio una tercera vía entre el Este y el Oeste, los NOAL se fueron convirtiendo en un Foro sobre las diferencias Norte-Sur.

"Colombia impone tesis en los No Ali neados". El Tiempo, mayo 30, 1989.

7. "Propuesta de Colombia: Peresiroika en los No Alineados". El Tiempo, mayo 19, 1989.

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Antes de la reunión de Lusaka en 1970 ya se expresaba una profunda crisis en el seno de los NOAL con la aparición de dos tendencias. Una, acaudillada por Cuba, Libia y varios países africanos, quienes argüían ya desde ese entonces que los NOAL, en su calidad de países del Sur del planeta sufrían las consecuencias de un injusto orden internacional y que siendo los países occidentales los responsables del mismo, el movimiento debía "naturalmente" dirigirse contra ellos. En otra perspectiva, los principales fundadores -India, Yugoslavia, Egipto e Indonesia-, insistían en la idea inicial de que no era ni legítimo ni deseable tomar partido en el conflicto Este-Oeste y que la amenaza no provenía solamente de los países occidentales. La crisis se hizo más fuerte en Argel con un avance de las dos posiciones hacia puntos de vista cada vez más polarizados. Por su parte, Cuba, que pretendía salir del aislamiento latinoamericano, lideró el movimiento a partir de 1979, aproximándolo a las posiciones soviéticas en contra de las potencias occidentales, apartándose así del ideal de la no alineación.

Desde el punto de vista político, la dirección de la India a partir de 1983 cambió un poco la anterior tendencia. Así, pues, Colombia ingresó a un movimiento en ese entonces mucho más moderado y equilibrado en la escena internacional que el de la década de los setenta. Para 1986 existe un doble proceso: Por lo que respecta a los NOAL, existió una fuerte presión africana para que la reunión de Harare (Zimbabwe) se encargara fundamentalmente de un problema regional, el de Sudáfrica. En la parte económica no registró mayores avances desde los estudios y la declaración de Nueva Delhi. Quizá haya tenido importancia

frente al apartheid y la dependencia de los países vecinos a Sudáfrica respecto de sus recursos, redes de comunicaciones y puertos profundos, pero no se dedicó la suficiente atención a otros problemas de carácter global.

Mientras tanto, las delegaciones colombianas siguieron votando en las Naciones Unidas en defensa de los derechos de autodeterminación y no intervención en los asuntos internos de los países, aplicando de paso obligaciones consagradas en la Carta de Naciones Unidas y de la OEA. Si en un momento dado estas decisiones pueden haber causado escozor en algún otro país o en algún sector económico, debe recordarse que el interés superior del país y de su relativa autonomía está por encima del interés particular de algún gremio económico. Y esto nos trae a un importante asunto en relación con el Pacto Mundial del Café9.

En efecto, algunos voceros del gremio cafetero han insinuado que cualquier posición que se alejara de la asociación incondicional con los EE.UU., iba en contra del Pacto Mundial del Café10, y que la desaparición del Pacto a mediados de 1989 fue la consecuencia de la permanencia colombiana en los NOAL y de las votaciones en Naciones Unidas no siempre a favor de las 9.Una interesante exposición de las dos posiciones puede encontrarse en Palacios, Op. Cit.

10. En el mismo libro de Palacios, se encuentra la posición de Juan Manuel Santos, págs. 94 y ss.

También existen al respecto varios editoriales del diario liberal El Tiempo. Sin embargo, un lúcido editorial de comienzos de 1990 incorpora algunas correcciones a esta posición insistiendo más en la necesidad de dar operatividad negociadora a los NOAL: "La política exterior", en: El Tiempo, enero 29, 1990, págs. 4A (Editorial).

posiciones de los EE.UU. Al respecto cabe efectuar tres consideraciones:

1) Nadie pone en duda que "Elfin del Pacto Internacional del Café, después de haber funcionado en forma correcta durante 27 años, quebranta de manera grave una de las bases fundamentales de la economía colombiana” 11. Pero, los ataques al Pacto no tienen relación con el problema de los No Alineados, como lo demuestran los argumentos aducidos por los funcionarios de la Secretaría de Comercio de los EE.UU. desde años antes del ingreso colombiano al movimiento. Ellos planteaban cada vez con mayor insistencia que el problema fundamental era la necesidad de hallar soluciones definitivas al "problema del doble mercado del grano". Y que EE.UU. terminaría separándose del Pacto a menos que "los miembros dejen de vender a los que no son, especialmente del bloque oriental y los países en desarrollo, a precios con descuento de hasta el 50%"12. En cuanto a los productores africanos que no estaban incluidos, lo mismo que Costa Rica y Brasil, contribuyeron en gran medida a la desaparición del Pacto.

Por su parte, EE.UU. también tenía consideraciones diferentes a las puramente económicas, como lo demuestra un discurso del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EE.UU. del 11 de febrero de 1986. En él se consignaron fuertes críticas al Pacto cafetero, por el incremento de precios que afectaba al

11. "Miremos hacia la estrella polar",Editorial de La Prensa, agosto 27, 1989.

12. "Colombia, por la prórroga del Pacto", El Tiempo, junio 5, 1989.

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consumidor de EE.UU. y favorecía a algunos miembros del Pacto como Nicaragua, Angola y Cuba13.

2) No se ve cómo pudieraexistir malestar por parte de los EE.UU. por el hecho de una que otra votación de Naciones Unidas, cuando desde antes de la reunión de Belgrado se comenzaba a cambiar el rumbo del movimiento hacia posiciones de equilibrio internacional que no ven a ninguno de los grandes como al enemigo. Hoy día los NOAL están lejos de identificarse con la URSS. Y por lo que respecta a Colombia, su presencia en el movimiento ha sido uno de los factores de moderación del mismo, habiendo contribuido parcialmente a orientar las recientes decisiones hacia consideraciones sobre la importancia de problemas como el narcotráfico, el terrorismo, los problemas eco nómicos, más que a problemas puramente políticos y de denuncia.

3) Y en cuanto al papel delcafé en la economía nacional, no debemos olvidar que su importancia ha ido decreciendo debido al rol de las exportaciones de minerales, flores, banano, y otras no menos importantes del rubro de las llamadas "menores". En efecto, en 1984 representó el 47.9% del total de las exportaciones del país. En 1987, se había reducido al 31.1% 14. Para 1989 el porcentaje se redujo aún más al 27.3%.

Así, culpar a los NOAL de la desaparición del Pacto no es sino

13 .En, Rodrigo Pardo. "Continuidad y normalización...", pág. 213.

14 ver revista Banca y Finanzas, Asociación Bancaria, febrero. 1989.

una manera de evadir otras realidades que ya estaban presentes en el escenario internacional desde la pasada década. En efecto, si ya no existe el viejo pacto cafetero, no puede deberse a la pertenencia a los NOAL, sino a dos posibles procesos: a) la ya anunciada finalización, debido a las condiciones aparentemente lesivas para nuevos productores y para consumidores que compraban a precio mayor que el de venta a países no firmantes del Pacto, y b) la posible presión en otros puntos de la agenda de relaciones bilaterales y multilaterales, especialmente la relacionada con el narcotráfico.

En cuanto a la participación colombiana propiamente dicha en la reciente reunión de Belgrado, cabe decir que fue considerada de gran importancia por el Gobierno Nacional. Sólo una serie de infortunados acontecimientos internos impidieron la presencia del presidente Barco en la reunión, pero la representación encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda, así como la directora de Planeación Nacional, indica que el propósito colombiano estuvo dirigido en la perspectiva de las negociaciones comerciales y económicas, más que hacia las declaraciones formales de política.

La delegación colombiana estuvo del lado de los países que propugnaron por la necesidad de recentrar el movimiento, darle operatividad y convertirlo en un instrumento eficaz de negociación. Además, por las circunstancias internas del país, fue de importancia el compromiso de tratamiento global del problema del narcotráfico en el entendido de que no se trata sólo de un problema de los productores sino también de los consumidores y de los paraísos fiscales y del "la-

vado" del dinero. Otro éxito diplomático colombiano fue la condena explícita en un documento adicional a las actividades de mercenarios en el Tercer Mundo15.

La Declaración de Belgrado de 1989 contiene innovaciones de importancia. Para comenzar, se trata de un documento equilibrado y sucinto con un preciso y concreto orden de prioridades, en lugar de las denuncias abstractas y retóricas de otras ocasiones. Consagra además, el regreso al primigenio ideal de la no alineación; y plantea tareas acordes con el nuevo escenario internacional, caracterizado por un cierto grado de distensión y de convergencia entre diversos sistemas políticos. Vale la pena destacar su brevedad con un orden definido de prioridades y una encomiable dosis de realismo político. Veamos algunos aspectos interesantes:

a) Existe una nueva actitud encuanto a la necesaria equidistancia política respecto de las grandes potencias: "... no deberíamos estar recargados de prejuicios o dogmas... Fuimos los primeros en llamar la atención sobre los postulados de la guerra fría; sería absurdo que fuésemos los últimos en eliminar esas distorsiones de nuestro campo visual...", reza la Declaración16. Esta afirmación va acompañada de claras referencias a la tarea imperiosa de recentrar los NOAL.

b) En cuanto a los problemasNorte-Sur, se adopta un nuevo marco conceptual, a partir de la "Interdependencia", haciendo de

15. Ver: Novena conferencia cumbrede jefes de Estado o de Gobierno de Países No Alineados. Declaración Final, Belgra do, 1989.

16. Op. Cit., art. 20.

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todas formas consideraciones de fondo sobre el carácter asimétrico de las relaciones internacionales contemporáneas. Puede afirmarse que los NO AL optaron mediante esta Declaración por un activismo reformista en la escena internacional, a diferencia de años anteriores. En la misma dirección, es satisfactoria la importante autocrítica que menciona la necesidad de identificar de manera realista las prioridades del mundo contemporáneo.

c) Los NOAL han tomadoconciencia ahora de la importancia de revitalizar la ONU, el escenario por excelencia de la diplomacia multilateral, como un instrumento precioso en el pro ceso de democratización de la vida internacional, además del no menos importante papel del mantenimiento de la paz17.

d) Las condiciones desurgimiento de una organización o de un movimiento en laescena internacional pueden ser de importancia para enmarcarlo históricamente. Sin embargo, algunas de sus tendencias pueden cambiar para adecuarse a un mundo nuevo, y la justificación de su existencia no depende del mantenimiento de las circunstancias que le dieron origen. Existe una tendencia a la distensión internacional entre el Este y el Oeste, pero es sólo el comienzo y el proceso está aún lejos de haberse consolidado 18. Pero, los NOAL insisten en que el movimiento tiene razón de ser en la medida en que continúen existiendo importantes focos

17. Ibid., art. 14.

18. Ver, Diego Cardona, "De labipolarídad a la nueva distensión", en: Análisis Político, No.8, Bogotá, septiembre-diciembre, 1989. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.

de tensión en el mundo, sean derivados o no del conflicto Este-Oeste. Desde esa perspectiva, debe aceptarse que la distensión no puede consolidarse mientras las tensiones resultantes del proceso de subdesarrollo no ha-yan sido resueltas19. El gobierno colombiano comparte sin restricciones la afirmación de que la estabilidad mundial es imposible mientras no se reduzcan las enormes disparidades en los niveles de desarrollo global, en especial por lo que respecta a deuda externa, barreras proteccionistas y transferencia tecnológica.

A manera de evaluación

La política de activismo co-lombiano en el seno de los NOAL puede considerarse posi-tiva por varias razones:

1) Subsisten muchas de lasrazones que originariamente movieron al gobierno de turno a ingresar en el movimiento. Nuestra permanencia en el mismo ha incrementado nuestra credibilidad internacional y las fuentes de apoyo en materias consideradas fundamentales, tales como la concepción del narcotráfico como problema internacional, la complejidad de los problemas relativos, a derechos humanos, y la situación de conflicto interno.

2) Contribuye a facilitar la di- versificación de relaciones con países del Pacífico, Asia y África, entre los cuales existen potencias regionales de importancia por sus recursos y peso en el escenario internacional. Además, implica contar con aliados en el escenario de los organismos multilaterales, particularmente en las Naciones Unidas, por cuyo intermedio se deciden financiaciones de

19. Declaración, art. 3.

programas de desarrollo, políticas culturales, problemas de comercio y tecnología.

3) Pertenecer a los NOAL ennuestros días, en especial después de la declaración de Belgrado, implica la aceptación de cierta neutralidad ideológica en el comportamiento internacional mediante la cual no se mira al color de un gobierno o sistema sociopolítico para establecer relaciones con un país, en especial desde el punto de vista económico.

4) Defender la no interferenciaen asuntos internos puede ser fundamental a la hora de pretender apoyo diplomático mundial para la defensa de la propia soberanía y autodeterminación en un futuro hipotético. No sólo se trata de sustentar uno de los principios rectores del orden internacional sino que puede tratarse a su vez de un mecanismo de su pervivencia eventual. La defensa de este principio, tan caro a los NOAL, permite además que algunos países miembros no interfieran en procesos internos colombianos, bien sea desde el punto de vista político, económico y de otro orden.

5) Colombia se ufana de sermiembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 1989-1990. Este alto honor hubiera sido imposible sin el apoyo de algunos países latinoamericanos y del Tercer Mundo. El mismo se ha obtenido por la vía de los mecanismos de negociación entre los NOAL en el seno de la ONU.

6) Con la permanencia activaen el movimiento, el país incrementa su capacidad de negociación eventual como potencia regional. A más aliados extracontinentales, mejor capacidad de negociación, a condición de no

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descuidar las relaciones latinoamericanas. Y de todas formas no implica que se entre en confrontaciones con la potencia hegemónica regional. En el peor de los casos, la pertenencia al movimiento no implica hoy día un enfrentamiento sino una posición activa en defensa de los países de menor desarrollo, a los cuales pertenecemos. Puede que los NOAL no consigan grandes soluciones, pero el costo de no pertenecer podría ser muy alto. Mientras el movimiento exista, y lo será en tanto existan problemas Este-Oeste y Norte-Sur, Colombia debe continuar en el mismo, con una activa y digna posición. El verdadero interés nacional (y no sólo el de un gremio o un sector de la economía o la política) lo exige así. Por otra parte, quizá sea el momento de buscar alianzas con países de desarrollo intermedio y con un rol importante en sus respectivas regiones. Algunos pertenecen a los NOAL, razón por la cual el movimiento puede servir de puente privilegiado para el incremento de nuestra red de alianzas políticas y económicas.

7) Si se logra avanzar en laconversión de los NOAL en un instrumento de negociación, además de foro multilateral, se avanzará en la dirección adecua da. Colombia, es partidaria de esta posición. Ciertamente la afiliación a los No Alineados no ha producido grandes efectos económicos, pero no era ese el propósito. La solución a los grandes problemas como la deuda externa, el narcotráfico, los precios a los productos básicos, no pro vendrá directamente de los NOAL, pero por esa vía se pueden producir aportes de enorme interés.

8) Una de las tareas centralesdel nuevo sistema internacional es el propugnar por el refuerzo

del sistema de Naciones Unidas. Colombia, que estuvo presente activamente en su creación, que dentro del marco de la diplomacia multilateral latinoamericana impulsó normas de la carta de la Organización, no podría estar ausente de un proceso de renovación y revigorización de la entidad. Esos esfuerzos deben contar con el apoyo de la mayor parte de los miembros de la Organización, los cuales pertenecen al movimiento de los NOAL.

9) Un asunto importante esque muchas de las discusiones de los NOAL han pasado al interior de Naciones Unidas, vía Grupo de los 77. De la Asamblea General han seguido su curso al Consejo Económico y Social o a la UNCTAD de donde han pasado al GATT o a Organismos regionales, o a Comisiones diversas de cooperación, con lo cual han adquirido efectividad. Este mecanismo indirecto de movilización de recursos no puede desecharse sin menoscabo de nuestra propia capacidad negociadora.

Como se ve, las circunstancias que motivaron el ingreso de Colombia como miembro de pleno derecho de los No Alineados no han cambiado. Además, el movimiento mismo está en proceso de transformación, regresando a su justo medio en concordancia con la posición colombiana. Mientras existan conflictos, desajustes económicosinternacionales y armamentismo, se justifica la existencia del movimiento y la participación de nuestro país en el mismo: Es notorio que ha comenzado una tendencia de acuerdo con la cual los NOAL ya no dirigen invectivas ni responsabilizan a algún país en especial por la situación mundial. Se trata más bien de tender puentes de cooperación internacional a fin de solucionar las crisis, y se

enuncian proposiciones de negociación y acción concretas. El activismo colombiano en el movimiento ha dado frutos importantes y en ese sentido los NOAL se han constituido en una de las piezas maestras de nuestra política exterior en la búsqueda de una relativa autonomía en el escenario internacional.

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Sección: Relaciones Económicas Internacionales

Una Década Perdida para América Latina

Palacio Eduardo Sarmiento *

* Decano, Facultad de Economía de laUniversidad de los Andes.

La información reportada en el balance anual de la CEP AL es alarmante. El ingreso per-cápita de la región cayó durante la década y la inflación promedio supera el 1000%. En varios de los países el salario real es menor que la mitad del existente en 1980 y las tasas negativas de crecimiento se volvieron costumbre. En todas las economías se presentó un proceso acentuado de descapitalización. En fin, América Latina se constituyó como el lugar del planeta con los menores indicadores de progreso.

Concepción equivocada

El estado actual de América Latina no puede atribuirse a factores crónicos. En las décadas del 60 y del 70 aparecía como uno de los continentes más dinámicos del orbe. Las tasas de crecimiento eran superiores a las previstas al comienzo del medio siglo para los países en desarrollo y sólo se veían superadas por los países del Pacífico Asiático.

Las condiciones se modificaron drásticamente en 1982. En el mismo año estalló la crisis de la deuda externa. A partir de esa fecha, los países

de la región dejaron de ser receptores de capital para convertirse en exportadores netos. En los últimos siete años le trasladaron a la banca interna-cional más de US$ 200.000 mi-llones, lo que corresponde a una salida neta anual de 4.5% del PIB. Si bien se trata de una cifra considerable, de ninguna manera explica la totalidad del proble-ma. Más grave que la deuda misma fueron las políticas adop-tadas para enfrentarla. No es di-fícil mostrar que el remedio re-sultó peor que la dolencia.

Las políticas seguidas en toda América Latina para afrontar la deuda están inspiradas en las recomendaciones del FMI. Si bien la aplicación ha variado notablemente, se destaca un patrón común. Los esfuerzos se orientaron a promover la expansión del sector externo a cambio de la contracción del mercado interno. En todas partes se adoptaron cuantiosas devaluaciones y acciones internas de diferente tipo para efectuar las transferencias externas. Las medidas provocaron la aceleración de la inflación, fugas de capitales, caída del salario real, deterioro de la inversión y descensos apreciables en el gasto social. En la práctica, significaron la destrucción del mercado interno que arrastró consigo el crecimiento, la demanda y el ahorro. Al final, la ampliación de los excedentes externos fue el producto de la desmejoría de la distribución del ingreso y de la baja tasa de crecimiento.

Lo más dramático es que la destrucción de las economías no logró la solución del problema de la deuda. Actualmente, la relación deuda-PIB no es muy diferente a la registrada en el momento de la crisis en 1982. La capacidad de los países para atenderla es menor que en el pasado. Así lo atestiguan los mercados financieros que

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a diario registran descensos en el valor real de la deuda de América Latina. En noviembre del año pasado, el precio promedio de los pagarés se cotizaba con un descuento de 72%.

De este desastre generalizado sólo se escapan Colombia y Chile. Y no porque hubieran seguido una filosofía distinta. Ambos países enfrentaron condiciones cambiarías cómodas que les permitió aplicar la prescripción en una menor dosis evitando muchas de las secuelas nocivas. Al principio de la década, Colombia no tenía el endeudamiento de los países de América Latina. A diferencia del resto de la región, en los últimos siete años obtuvo una entrada neta de capitales. Chile, por su parte, se ganó la lotería. Los precios de sus productos de exportación experimentaron aumentos que contribuyeron a generar ingresos entre 1986 y 1989 equivalentes a más de la mitad de las salidas de capitales.

Alternativas de manejo

En estos nueve años no faltaron las voces que alertaran sobre la inconveniencia y el riesgo del manejo de la deuda externa. Las propuestas alternativas fueron acalladas por los pregoneros de las políticas de ajuste que ofrecían la redención a cambio de un sacrificio temporal. Se decía que, luego de tres o cuatro años, cuando supuestamente la casa se ponía en orden, las economías renovarían las tasas de crecimiento del pasado. Ante la contundencia del desastre no es difícil mostrar que existían mejores posibilidades. Los hechos se encargaron de demostrar que los traslados al exterior eran excesivos con relación a las posibilidades de las economías, así como la inconveniencia de desmantelar

los mercados internos para generar los excedentes cambiarios. La situación de América Latina sería muy distinta si las transferencias al exterior se hubiesen limitado a 1.5% del PIB, financiado mediante una elevación de los impuestos directos de los grupos altos y seguido una política comercial y cambiaría selectiva. Se habría evitado la destrucción de los mercados internos que precipitó la caída de la actividad económica. La región hubiera crecido a tasas no inferiores, en más de un punto porcentual, a las de las décadas anteriores, es decir entre 4% y 4.5%.

No siempre se advierte que el mayor crecimiento hubiera neutralizado el mayor saldo de la deuda que inevitablemente resultaba de la reducción de los pagos. Hoy en día la relación deuda-PIB sería menor que la existente. Paradójicamente, los países se encontrarían en mejores condiciones para cubrir las obligaciones foráneas porque sus economías serían más amplias y sólidas.

En las cifras de América Latina sobresalen los mejores indicadores de Colombia. Durante la década, la economía colombiana experimentó una de las mayores tasas de crecimiento de la región. No puede ignorarse, sin embargo, que la diferencia se originó en los primeros años del decenio cuando el país tenía bajos niveles de la deuda y actuaba como un receptor neto de recursos externos. Las condiciones han venido cambiando en la medida en que se eleva la deuda y el país se transforma en un exportador neto de capital. En el Cuadro 1 se muestra que en 1989 dejó de ser el puntero. La tasa de creci-miento fue muy inferior a las de Chile, Costa Rica y Paraguay y muy similar a las de México, Bolivia y Brasil. Cada día nos aproximamos más a los promedios de

Cuadro 1

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO

INTERNO BRUTO TOTAL 1989

América Latina 1.1

Países exportadores petróleo -0 .3Bolivia 2.5Ecuador 0.5México 3.0Perú -10.0Trinidad y Tobago -3 .5Venezuela -8 .5Países no exportadores de petróleo 1.9Argentina -5 .5Barbados 3.0Brasil 3:0Colombia 3.0Costa Rica ' 5.0Cuba 1.5Chile 8.5El Salvador -1 .0Guatemala 4.0Guyana -2 .0Haití 0.5Honduras 2.5Jamaica 1.0Nicaragua -3 .0Panamá 0.0Paraguay 5.5República Dominicana 3.0Uruguay 0.5Fuente: CEPAL, sobre la base de oficiales

la región. La capacidad de crecimiento se ha visto seriamente disminuida y no se vislumbra un panorama despejado en el campo del ahorro y de los recursos externos.

Las prescripciones que se daban hace cinco años no tendrían ahora el mismo alcance en la mayoría de los casos. En varios países el problema actual no es tanto el de las transferencias de la deuda como el de la destrucción de las economías causadas por los errores de política. Así, la condonación de la deuda no constituiría una solución definitiva para Perú ni

Argentina. No resolvería los problemas críticos de hiperinflación, descapitalización y fugas de recursos. En

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cambio, en Colombia la deuda juega un papel crítico. No será fácil revertir la tendencia declinante de la actividad económica mientras se persista en el esquema de préstamos voluntarios. La salida del estado de tasas de crecimiento de 3% depende de la posibilidad de reducir las transferencias al exterior a menos de 1.5% del PIB.

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Sección: Política Mundial

Panamá: Crisis, Invasión y la Nueva Era de Hegemonía Norteamericana

Cario Nasi L.*

* Investigador, Centro de Estudios Inter-nacionales de la Universidad de los Andes.

El 20 de diciembre de 1989 más de 24 mil soldados norteamericanos dieron inicio a la llamada "Operación Causa Justa", que culminó con el derrocamiento y la posterior entrega del general Manuel Antonio Noriega. Desde hacía varios meses, la imagen del "hombre fuerte" de Panamá se hallaba seriamente deteriorada en el ámbito doméstico y externo. La opinión pública nacional e internacional percibía al general como un personaje sórdido, brutal y oscuro, que en contraste con su aparente poca inteligencia, había logrado engañar a tirios y troyanos. Muchos se preguntaban cómo, durante tantos años, Noriega se había favorecido de tratos paralelos con la CÍA, con los servicios de inteligencia cubanos, con los narcotraficantes, con los negociadores de armas, e incluso con las guerrillas de varios países latinoamericanos. Era inconcebible tanta habilidad para hacer converger fuerzas contradictorias, todas en beneficio propio, sin las mínimas consideraciones de lealtad hacia nadie, y además sin sufrir consecuencias.

Pero el fin de Noriega significó más que la remoción de una figura incomoda para

demasiada gente, o la caída de un "dictadorzuelo" de un país de América Latina. La toma de Panamá, versión 1989, fue el epílogo de un largo y tortuoso proceso que se caracterizó por el progresivo agotamiento de alternativas, dada la intransigencia de algunos protagonistas del conflicto. De cierta manera, se forzaron las vías de hecho luego que la diplomacia fue expresamente confinada a un callejón sin salida.

El caso panameño fue además una excelente oportunidad para evaluar si hubo algún tipo de cambio en la dinámica de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y América Latina, frente a una situación de crisis en la región.

Los hechos: una historia con-vulsionada

En los orígenes de la crisis panameña se combinaron varios elementos. Por una parte, el general Manuel Antonio Noriega fue el principal artífice de un fraude electoral en 1984 que determinó el triunfo, por un estrecho margen de votos, de Nicolás Ardito Barletta candidato nominado por el mismo hombre fuerte de Panamá, pero que contaba con el beneplácito de Washington, sobre Arnulfo Arias, entonces líder de una coalición opositora.

Tan sólo un año más tarde No-riega destituía a Ardito Barletta, en razón de que éste había orde-nado abrir una investigación so-bre el asesinato con tortura de Hugo Spadafora, un viejo anta-gonista del jefe de las Fuerzas de Defensa Panameñas1. En su rem-

1. Ver Marcos Wilson Parker, "Lacrisis panameña", en la revista América Latina Internacional, Vol. 5, No. 17, FLACSO, Ed., Buenos Aires, julio-septiembre, 1988, págs. 198-201.

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plazo fue nombrado Erik Arturo Del valle, quien fue reconocido sin mayores cuestionamientos por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de América Latina. Los primeros brotes de descontento en sectores de la población civil, surgieron en conexión con esas prácticas autoritarias, y con la poca continuidad que se le dio a las iniciativas democratizadoras impulsadas por el ya fallecido general Ornar Torrijos.

Por otra parte, en el plano internacional Noriega empezó a perder el respaldo de los Estados Unidos, país que hasta mediados de la década de los 80 se había constituido en uno de los principales soportes del régimen. Al parecer, el cambio de actitud obedeció al surgimiento de una disputa entre dos agencias estatales norteamericanas: la CÍA y el Departamento de Estado. Durante la década de los 70 y la primera mitad de los 80, Noriega mantuvo estrechos vínculos con la CÍA a través de la provisión de información reservada. Según varios observadores, la CÍA estaba enterada desde tiempo atrás de otras actividades ilícitas o inconvenientes del general panameño (lucrativas relaciones con narcotraficantes, venta de información a Fidel Castro, tratos con guerrillas colombianas), pero, al sopesar costos y beneficios, consideraba rentable mantener a Noriega en el poder. Otra era la opinión del Departamento de Estado, que en cercanías del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, veía en peligro la integridad de los intereses norteamericanos en la zona del Canal, con la permanencia de una figura demasiado ambivalente al mando del país. Al no llegar las dos agencias a un acuerdo en esta materia, en el transcurso de 1986 el Departamento de Estado procedió a divulgar mediante filtraciones claramente diseñadas

para la prensa estadounidense, algunas actividades turbias de Noriega, hecho que a la postre "obligó" al ejecutivo a buscar una rectificación de su política global frente al gobierno de Panamá2. Un elemento adicional de comprensión lo brindan las mismas declaraciones de Noriega, según las cuales el cambio de actitud de la administración Reagan se produjo por la renuencia del gobierno panameño a embar-carse como punta de lanza, en una "loca aventura contra Nicaragua"3.

Pero más allá de este trasfondo, hubo un hecho que se constituyó en el verdadero detonante de la crisis. En junio de 1987, Noriega forzó al coronel Roberto Díaz Herrera a presentar su pedido de retiro. Díaz Herrera entonces acusó públicamente a Noriega de tener vínculos con el narcotráfico y de haber ordenado el asesinato del general Torrijos y de Hugo Spadafora. Además divulgó, con lujo de detalles, los mecanismos empleados en el fraude electoral de 1984. Era la primera vez que un miembro de las altas jerarquías de las fuerzas militares afirmaba ante la opinión pública lo que para algunos era un secreto a voces, y para otros simples rumores malintencionados4. Esto dio lugar a una serie de manifestaciones de protesta contra el régimen, que fueron reprimidas por la fuerza pública5.

1 Ver "I toóle Panamá", en: revista Semana, No. 367, mayo 16-22 1989, pág. 28. Allí se hace un recuento de los hechos.

2. Ver "Noriega contra-ataca", en:Semana, No. 369, mayo 30-junio 5, 1989, pág. 84.

3. Marcos Wilson Parker, Op . CU,,pág. 198.

4. Ver'Tire y Afloje", en: Semana,No. 274, 4-10 agosto 1987, pág. 48.

Cabe anotar que en los inicios de la crisis, los grupos sociales estaban claramente alinderados. El sector antigubernamental encabezado por la recientemente creada Cruzada Civilista, aglutinaba básicamente gente de los estratos medio-alto y alto de la población. Eran los representantes de la burguesía empresarial y el comercio, los principales interesados en buscar el derrocamiento de Noriega. Por el contrario, el hombre fuerte de Panamá había logrado consolidar una significativa base de apoyo en vastos sectores populares, mediante el adelanto de políticas populistas y la apelación al nacionalismo. En este contexto, se dio la paradoja de que el 27 de julio de 1987 hubo una orden de paro patronal, que fue rechazada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, uno de los mayores sindicatos panameños6. El matiz eminentemente burgués de la rebelión panameña, se puede explicar de manera tentativa por el obstáculo que representaba a los intereses de la empresa privada, la injerencia del sector castrense en el Estado.

Con las denuncias de Díaz Herrera también comenzó un escalamiento del conflicto, a raíz de la decisión del gobierno norteamericano de suspender toda ayuda económica y militar a Panamá7.

En los meses sucesivos, la situación parecía estancarse con un saldo favorable para Noriega. La Cruzada Civilista había logrado afectar parcialmente el ritmo de la actividad de la industria y del comercio, pero sin lograr elapoyo popular deseado.

6. Ibid., pág. 48.

7. Ibid., pág. 48.

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A su tumo, las presiones norteamericanas se revelaron poco eficaces para debilitar el poder del hombre fuerte de Panamá. A comienzos de 1988 se presentaron nuevos acontecimientos que modificaron el rumbo de la situación. En los primeros días de febrero, en los tribunales de Tampa y Miami en Estados Unidos, se presentaron cargos por los delitos de narcotráfico y lavado de dólares contra Noriega8.

Pero lo realmente interesante ocurrió unos días después. El presidente Erik Arturo Delvalle , que había ocupado ese puesto en virtud de la voluntad del hombre fuerte de Panamá, en una intervención televisada le solicitó a Noriega su retiro voluntario del cargo mientras se investigaban las acusaciones en su contra en Estados Unidos. Delvalle había sido informado de la supuesta existencia de serias fisuras al interior de las Fuerzas de Defensa Panameñas (FDP), lo que le hizo pensar que con esa acción obtendría el respaldo inmediato de un voluminoso sector militar antinorieguista y de la población civil partidaria de reformar al régimen. El cálculo resultó completamente errado, en la medida en que ni hubo movilizaciones populares como muestra de apoyo al presidente, ni se evidenciaron disputas en las fuerzas armadas. Por el contrario, el coronel Marcos Justines, nombrado por Delvalle como nuevo jefe de las FDP en reemplazo de Noriega, declinó el cargo, y un representante de las jerarquías castrenses declaró a la

prensa que el general se quedaba; el que se iba era el presidente9.

En efecto, en las horas siguientes los aliados del general lograron reunir a la Asamblea Nacional, la que a su vez, en una breve sesión de emergencia decidió ratificar en su cargo a Noriega y destituir a Delvalle. Como nuevo presidente fue nombrado Manuel Solís Palma, quien entonces ocupaba el Ministerio de Educación.

Frente a tales sucesos, hubo distintas reacciones en el ámbito internacional. En América Latina las opiniones fueron encontradas. La destitución de Delvalle produjo la suspensión de Panamá del Grupo de los 8, por su "alejamiento de la democracia"10. En cambio, Cuba y Nicaragua se abstuvieron de condenar al régimen, por ser blanco de las mismas acusaciones y preocupados por la creciente injerencia de Estados Unidos.

Por su parte, la administración Reagan decidió aumentar notablemente la presión económica para forzar la salida del general. Dio inicio a un bloqueo de las exportaciones panameñas, al tiempo que se cerraron los créditos futuros a ese país 11. La política de Washington en el memento, quedó plasmada en las declaraciones de un alto funcionario norteamericano a la revista Time: "Noriega can hang on for a long time, but sooner or later the country is going to start paying very dearly for keeping him in power. Its at that point we'll

see a change"12. Es decir, el gobierno estadounidense se propuso virtualmente quebrar la economía panameña mientras se mantuviera Noriega en el poder. Supeditando la "salvación del país" a la caída del general, se confiaba en la conformación de un sólido frente opositor capaz de derrocar el régimen.

En el plano económico, lo que finalmente llevó a Panamá a un estado dramático fue un factor ajeno a los cálculos iniciales de Washington: la falta de circulante. El dólar se había constituido prácticamente en la moneda oficial del país, ante la casi inexistencia del Balboa. Ocurrió que el dólar, en tanto moneda extranjera, no podía ser emitido por el Banco Nacional de Panamá. A esto se sumó que fueron negados los pedidos de remesas a entidades bancarias norteamericanas, donde estaban los fondos panameños, porque el gobierno estadounidense reconocía como único presidente legítimo y competente para manejar las cuentas, a Delvalle. Panamá llegó al borde del colapso financiero. Noriega no tenía con qué pagar la extensa nómina oficial, y la recesión golpeaba también los sectores pobres, que habían respaldado al régimen.

Siguieron días difíciles en los que al cierre de bancos se sumó la casi total parálisis del comercio. Hubo incluso un fallido golpe de estado que tuvo como protagonista al jefe de la policía13.

8. Ver, "The Two Years Siege of theNoriega Regime", en: The New York Times, mayo 10,1989, pág. 6, hay un recuento cronológico. Ver también La Prensa, mayo 11, 1989, pág. 2. "Anuladas las elecciones".

9. Ver "Still in Charge", en la revista Time, marzo 7, 1988, pág. 9.

10. Ver "Los Ocho Consternados", en: La Prensa, mayo 11, 1989, pág. 3.

11. Ver "El general en su laberinto", en: Semana, No. 305, marzo, 8-14, 1988, págs. 44-45.

12. Ver "Still in Charge", en: Op. Cit, pág. 9.

13. Ver "The Two Years of Siege of the Noriega Regime", en: Op. Cit., pág. 6.

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El gobierno de Washington se hallaba en un punto de intransigencia tal, que ante la propuesta del presidente dominicano Joaquín Balaguer de recibir en su país a Noriega como exiliado político, Reagan contestó que no era lo suficientemente lejos14. Esto, sumado a la presión económica, condujo a la realización de una reunión urgente del Sistema Económico Latinoamericano, SEL A, en Caracas, en la que se condenó la agresión económica de la potencia, al tiempo que se solicitó ayuda alimenticia y financiera para Panamá15. Lamentablemente, la falta de compromiso de los Estados hizo que las recomendaciones del SELA no se tradujeran en ayuda efectiva.

Sólo el 8 de mayo de 1988 y tras dos meses de cierre empezaron a reabrir los bancos, aunque la situación estaba lejos de normalizarse. Llegó un período de relativa calma, dado que las cartas estaban sobre la mesa y no quedaba mayor juego por hacer. Noriega permanecía en el poder, contando con el respaldo cada vez más ambivalente de sectores populares y de la comunidad latinoamericana. La excesiva intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, había contribuido a atenuar un poco la imagen dictatorial del general, que aparecía como víctima del intervencionismo externo. En estas condiciones, resultaba inconveniente para la administración Reagan intentar una salida militar. Sólo quedaba esperar la ocurrencia de nuevos eventos, y más concretamente

14. Ver “¿El comienzo del fin?” en: Semana, No. 309, abril, 5-11 1988, pág. 42.

15. Ibid., pág. 42.

las elecciones de mayo de 1989, a la expectativa de un cambio que permitiera acciones alterna-tivas.

En Panamá no hubo mayores sobresaltos internos y externos hasta un año más tarde. El evento más destacado de este período ocurrió el 27 de septiembre de 1988, cuando el presidente Solís Palma condenó la agresión de los Estados Unidos ante la Asamblea de las Naciones Unidas16.

1989, sin embargo, trajo cambios sustanciales a la situación panameña. La administración Reagan había concluido sin lograr el derrocamiento de Noriega, con lo que el problema pasó a manos del también republicano George Bush. El 7 de mayo era la fecha prevista para los comicios, evento que fue aprovechado para mover las fichas del ajedrez político.

Desde muy temprano, el gobierno norteamericano dio muestras de que no ahorraría esfuerzos en la remoción del general. El 21 de abril, mucho antes de las elecciones, el Departamento de Estado de los EE.UU. sostuvo que el gobierno panameño ya estaba manipulando el registro de electores y realizando otras ma-niobras fraudulentas destinadas a asegurar el triunfo del candidato del partido oficial, y por ende la perpetuación de Noriega en el poder17.

Tres días después, en la re-vista U.S. News & World Report y en el periódico New York Times se divulgaron versiones sobre un

16. "The Two Years of Siege of the No- riega Regime", en Op. CU., pág. 6.

17. Roben Pear, "U.S.: Says PanamáActs to rig election", The New York Times, abril 21, 1989, pág. 3.

abortado plan promovido por Estados Unidos para derrocar a Manuel Solís Palma, que iba a ser liderado por el coronel exiliado Eduardo Herrera18. Nunca hubo un desmentido oficial de la Casa Blanca, hecho que generó suspicacias. A esto se sumó la captura del agente secreto del Departamento de Estado, Frederick Muse, mientras instalaba una red clandestina de emisoras de radio y televisión que iban a ser utilizadas para confundir a la gente y sabotear el proceso electoral19. De parte de la Alianza Democrática de Oposición Civilista, ADOC, la coalición antinorie-guista que tenía como candidato a Guillermo Endara, también fluían acusaciones de irregularidades en el proceso electoral que se iba a llevar a cabo20. El clima político estaba altamente viciado, y las consecuencias se verían en breve plazo.

El día de los comicios, el fraude electoral fue burdo, evidente y de proporciones mayúsculas. Miembros de las fuerzas militares se robaron las actas electorales21. Para reforzar el malestar creado por esta situación, mientras las encuestas independientes mostraban como ganador al líder de ADOC, Guillermo Endara, por un amplio margen de 3 a 1, los resultados parciales que empezaron a ser divulgados por el gobierno, daban el triunfo al candidato oficial Carlos Duque en proporción de 2 a I22.

18. "I Took Panamá", en: Op. CU., pág.

27.

19. Ibid., pág. 27.

20. Ibid., págs. 27-28.

21. Ver "Panamá stealing elections Cár ter Says", en: The New York

Times, mayo 9, 1989, págs. 1-8.

22. Ver "I took Panamá", en: Op. Cit.,pág. 30-31.

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Se desprende de lo anterior que en Panamá la correlación de fuerzas había cambiado desde el derrocamiento de Delvalle. No riega había perdido apoyo, que fue capitalizado por la oposición23. Probablemente, las presiones norteamericanas también surtieron efecto, en la medida en que contribuyeron a convencer a la gente que sólo con el triunfo de ADOC se podía salir del atolladero económico. Previendo una derrota y ante el desgaste de la retórica nacionalista, Noriega acudió al fraude como único mecanismo para mantenerse en el poder. . .

La divulgación de los manipulados resultados electorales trajo el caos a Panamá. Hubo protestas y manifestaciones que degeneraron en serios disturbios. En particular, las fuerzas militares habían entrenado y armado a los denominados "batallones de la dignidad", que eran grupos de civiles encargados de ejercer violencia e intimidar a la oposición. El candidato Endara y su compa-ñero de fórmula y aspirante a la vicepresidencia, Guillermo Ford, fueron víctimas de las palizas de estos grupos paramilitares, lo que a la postre se tradujo en un golpe de opinión internacional24. Las fotos de los dos líderes opositores ensangrentados le dieron vuelta al mundo, restándole a Noriega el poco apoyo que le podía quedar 25.

La situación se tornaba inmanejable, y en consecuencia el 10 de mayo el gobierno procedió a anular las elecciones, en un intento por devolverle la tranquilidad al país. En el decreto de anulación de los comicios, se planteaba la imposibilidad de proclamar la victoria de cualquiera de los candidatos dada la pérdida de actas electorales y otras irregularidades26. También se recriminaba la actuación de observadores extranjeros "no invitados", que descalificaron de antemano el proceso electoral27.

Sin embargo, para aquel entonces la crisis había llegado a un punto de no retorno en el que la calma difícilmente se podía restablecer. La anulación de las elecciones sumada a la falta de convocatoria a nuevos comicios, exacerbaron los ánimos de la oposición que reclamaba el triunfo de Endara28.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se debatía entre la intervención directa y los mecanismos de diplomacia multilateral. En un acto claramente provocatorio, se decidió el envío de 2.000 efectivos del ejército nor-teamericano a Panamá -que se vinieron a sumar a los 12.000 emplazados en el Comando Sur bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos e intereses de los Estados Unidos en ese país29. En la misma tónica, el presidente norteamericano le exigió a Noriega reconocer el resultado

de los comicios, amenazándolo con la toma de varias medidas entre las cuales no descartó una intervención militar30.

Paralelamente, Bushemprendió una intensa serie de consultas con dirigentes latinoamericanos y europeos a fin de hallarle una salida a la crisis31. Como fruto de tales acercamientos, decidió en un comienzo promover la opción de una ofensiva diplomática, a ser desarrollada desde foros como la OEA. En realidad, en Washington había expectativas de un fracaso de las negociaciones, tal como se desprende de las declaraciones de un alto ex funcionario del gobierno: "Si dentro de tres meses Noriega continúa en el poder, nosotros (los Estados Unidos) estaríamos justificados en adoptar acciones directas. Para ese entonces habrá quedado demostrada la in efectividad de la vía multilateral"32. Se deduce de lo anterior que las consultas de Bush también sirvieron a manera de sondeo, para saber qué reacciones generaría una invasión a Panamá en la comunidad internacional. Todavía la resistencia era grande, al necesitarse de un fracaso adicional para reforzar el empleo de las vías de hecho.

Del lado latinoamericano había profundas divisiones frente a los acontecimientos. En lo que respecta a las actuaciones colectivas, el Grupo de los 8 inicialmente comiciono

23. Cabe anotar que ADOC además recibió USS10 millones de la administración Bush para la campaña, que fueron usados en tareas de proselitismo.

24. Ver "Varilla y Bala en Panamá", en: El Espectador, mayo 11, 1989, págs. la y 6a.

25. Ver "Yo sé dónde está mi agresor: Ford", en: El Tiempo, agosto 11,1989, pág.10a.

26. Ver "Noriega anuló las elecciones",en: El Tiempo, mayo 11, 1989, págs. la y 10a.

27. Ibid., pág. 10a.

28. Ver "La oposición rechazaanulación de elecciones" La Prensa, mayo 12, 1989, pág. 3.

29. El Tiempo, mayo 12 de 1989, págs. la y 10a.

.10. Ver "Anuladas las elecciones", en: La Prensa, mayo II. 19X9. pág. 2.

31. Ver "Bush envió refuerzos militares a Panamá", en: La Prensa, mayo 12. 1989, pág. 2.

32. Ver "Panamá prueba la política latinoamericana de EE.UU.", en: El Tiempo, mayo 12. 1989. pág. 10a.

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a sus embajadores en Panamá, para que junto con sus similares de la Comunidad Europea, trataran de convencer al candidato oficial Carlos Duque de reconocer el triunfo de Endara33. El intento resultó fallido, y a los pocos días salió un comunicado del G-8 que exhortaba al respeto de los principios de no intervención y autodeterminación, a la vez que aludía a la vigencia irrestricta de los tratados sobre el Canal de Panamá34.

En términos individuales, hubo condenas radicales de los acontecimientos de parte de Venezuela y Perú, actitud que fue interpretada por algunos observadores como un intento de congraciarse con la comunidad financiera internacional y en especial el FMP35. El presidente vene-zolano Carlos Andrés Pérez llegó al límite de instigar la realización de un golpe de Estado en Panamá36, al tiempo que convocó a una reunión de emergencia de la OEA37. Pocos días después El Salvador secundó la línea de la intransigencia, al reclamar una posición dura y enérgica de la OEA frente a Noriega38.

33. Ver "La oposición rechaza anulación de elecciones", en: La Prensa, mayo 12, 1989, pág. 3.

34. Ver "Colombia protagonizará acción en la OEA", en La Prensa, mayo 16, 1989, pág. 9.

35. Ver "I took Panamá", en Op. Cit., pág. 34.

36. Ver "Presionan salida de Noriega", El Espectador, mayo 13, 1989, pág. 7a.

37. Ver "Crisis panameña en la agenda de la OEA", en: El Tiempo mayo 13, 1989, págs. la-lOa.

38. Ver "La OEA deber ser energética: El Salvador", en: El Espectador, mayo 16, 1989, pág. 7a.

En el extremo opuesto se hallaban Cuba y Nicaragua que sólo enfilaron baterías contra Washington, alarmados por el envío de un contingente de sol-dados norteamericanos al vecino país39. No faltó la adopción de posiciones neutrales como ocurrió en el caso de Brasil y México, que ante la convocatoria de la OEA, manifestaron que el organismo no era competente para resolver la situación interna de ningún Estado40. Percepciones tan disímiles del problema no auguraban nada bueno para la próxima reunión del organismo regional, dado que se podía facilitar que Estados Unidos impusiera de manera unilateral su agenda.

Sin embargo, ocurrió lo que parecía poco probable. Colombia invitó preliminarmente a 17 cancilleres latinoamericanos a un desayuno de trabajo en Washington, que tenía por finalidad encontrar una fórmula unificada para presentar ante la OEA41. Como resultado de ello, el 17 de mayo fue discutida y aprobada en dicho organismo una resolución presentada por 10 países del área, que encomendaba a los cancilleres de Guatemala, Ecuador y Trinidad Tobago, para que asistidos por el Secretario General de la OEA, Joao Baena Soares, fueran a Panamá a promover un acuerdo nacional que facilitara en breve plazo una transferencia del poder42. En el mismo

39. Ver "I took...", en Op. Cit., pág.34.

40. "Panamá dividió la OEA", El Tiempo, 17 de mayo 17, 1989, pág. 1 la.

41. "Desayuno a la colombiana con te mas sobre Panamá", El Espectador, mayo 16, 1989, págs. la-7a.

42. Ver texto de "La resolución de la OEA", en: El Tiempo, mayo 18, 1989, pág. 3a.

texto fue incluido un párrafo explícitamente condenatorio de Noriega, por voluntad de Estados Unidos43.

Los meses sucesivos se caracterizaron por el poco o nulo avance de una salida concertada a la crisis, y por la ocurrencia de incidentes militares entre el ejército panameño y las tropas norteamericanas acantonadas en Panamá. La misión designada por la OEA para mediar en el conflicto se enfrentó a tal número de dificultades, que a la postre tuvo que prorrogar en dos ocasiones sus labores en Panamá, donde actuó hasta el 23 de agosto.

En un comienzo, los representantes del organismo regional propusieron la realización de un diálogo tripartito entre la coalición oficialista COLINA-encabezada por Carlos Duque-, la coalición opositora ADOC y el ejército. De inmediato, el líder opositor Guillermo Endara puso como condición que las conversaciones debían incluir un reconocimiento del triunfo de la oposición en las elecciones, y lo relacionado con la salida de Noriega de las FDP44. El gobierno interpretó esto como una exigencia de capitulación al ejército, con lo que no hubo diálogo45. El 20 de julio, la OEA aprobó una resolución que conminaba a una "transferencia del poder", a rea-lizarse como fecha límite el 1 de septiembre, luego de lo cual se debía convocar a nuevas elecciones46. En el texto se reconocía la anulación de los

43. Ver "Estás que te vas", en: Semana, No. 368, mayo 23-29, 1989, pág. 41.

44. "Noriega no dialogará con la oposición dice asesor", en La Prensa, junio 17, 1989, pág. 3.

45. Ibid., pág. 3.

46. "U.S. Sees failure on Noriega Poli- cy", en: The New York Times, julio 20 de 1989, pág. 3.

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pasados comicios, hecho que generó fuertes críticas de parte de dirigentes de la ADOC: manifestaron que la OEA estaba apoyando a Noriega47.

A comienzos de agosto, ADOC promocionó la alternativa de realizar un plebiscito para que el pueblo panameño se pronunciara a favor o en contra de la permanencia de Noriega en el poder, y con respecto a la entrega de la presidencia a Endara. En términos prácticos era un acto de convalidación de las elecciones de mayo, lo que fue rechazado por COLINA con el argumento de que el plebiscito no estaba contemplado por la constitución: por lo tanto no era aceptable como mecanismo para reemplazar o anular la decisión del Tribunal Electoral48.

Para entonces, tanto el gobierno panameño como la oposición buscaban resonancia internacional para otorgarle legitimidad y peso a sus propuestas. Los representantes de ADOC, Guillermo Ford y Ricardo Arias, hicieron una gira por Venezuela, Perú y Colombia, con el propósito de defender la idea del plebiscito49. A su vez, el canciller panameño Jorge Ritter presentó ante una reunión del SELA realizada en Cartagena, un video que mostraba a las tropas norteamericanas desplazándose a sus anchas en las calles de Ciudad de Panamá. Se temía la proximidad de una invasión, pero la propuesta de Ritter de

47. "La OEA desconoció querer de los panameños", El Tiempo, julio 28, 1989, pág. 6a.

48. Ver "Rechazo al Plebiscito", en: ElTiempo, agosto 12, 1989, págs. 1a-l0a.

49. Juan Carlos Iragorri y MarcialCastro, "Panamá ya no puede esperar más", en: El Tiempo, agosto 12, 1989. pág. 10a.

que se condenara a EE.UU. por las sanciones económicas impuestas a Panamá, no fue acogida por el foro50. El mismo video fue presentado días más tarda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el canciller panameño solicitó la intervención de los cascos azules para verificar el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, y para actuar ante la inminencia de una guerra51. Se generó un agrio debate con el representante norteamericano, y el Consejo concluyó sin la adopción de ninguna resolución, ni la determinación de una fecha para continuar las deliberaciones52.

Hacia mediados del mes, en un clima de tensión creciente en Panamá, surgió una nueva propuesta de la coalición oficial COLINA en el sentido de que expirado el plazo fijado por la OEA. se formara un gobierno de transición compuesto por la oposición, el oficialismo y un partido independiente53. Era una opción relativamente realista, pero Guillermo Endara no acogió la fórmula, al condicionar el diálogo con el gobierno a gestiones en pro de la libertad de expresión, que debían ser llevadas a cabo por Joao Baena Soares54. Por encima de las justificaciones, quedaba en claro que ADOC no aceptaba salida distinta al retiro de Noriega, y una entrega

50. "¿Invasión a la vista?", en: Semana, No. 379. agosto 8-14, 1989. págs. 24-25.

51. "Panamá busca amparo de la ONU", en: El Espectador, agosto 12. 1989. págs. la-6a.

52. Ibid., pág. 6a.

53. "Peligra diálogo en Panamá", en: ElTiempo, 18 de agosto de 1989, pág. 1 la.

54. "Suspendido diálogo en Panamá", en: La Prensa, agosto 18, 1989, pág. 2.

del poder a Endara55. La posición intransigente de la oposición, coincidía además con una intensificación de las provocaciones y maniobras militares del ejército norteamericano en Panamá56, lo que permite pensar en un mutuo envío de señales en favor de una salida "de fuerza". Paradójicamente, ante el aumento de los niveles de presión militar se estimó que Bush se había ablandado ante Noriega, al plantearle como exigencia que se apartara del poder, sin tener que abandonar el país57.

El 23 de agosto se llevó a cabo una nueva reunión de la OEA, donde la misión mediadora rindió su informe sobre los tres meses de infructuosas negociaciones. Previamente se alcanzaron a analizar cinco proyectos de re-solución con sus respectivas modificaciones, ninguno de los cuales fue presentado ante la Asamblea General, por decisión de los mismos miembros del organismo: la insistencia de Estados Unidos de mantener la presión económica, la renuencia de Panamá a que se hiciera una mención explícita de Noriega y la polarización latinoamericana, dieron al traste con cualquier acuerdo posible 58. En consecuencia, se expidió una

55. "¿Invasión a la vista?", en Op. Cit.,págs. 25-26.

56. Ver "Más maniobras militares deEE.UU. en Panamá", en: El Espectador, agosto 14 1989. pág. 6a: "EE.UU. maniobra en Panamá", en: El Espectador, agosto 16. 1989. págs. la-6a: "Gigantesca maniobra militar de EE.UU.". en: La Prensa, agosto 18. 1989. pág. 2; y "Tropas de EE.UU.ocuparon edificios de Tribunales", en: El Espectador, agosto 19. 1989, pág. 6a.

57. "Bush se ablanda ante el hombrefuerte", en: El Espectador, agosto 17, 1989. pág. 6a.

58. "Ante la OEA, Venezuela piderenuncia de Noriega", en: El Tiempo, agosto 24. 1989, pág. 1 la, y "Ni el esfuerzo de laOEA vence a Noriega". en: El Espectador, agosto 25, pág. 6b.

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lacónica declaración final que exhortaba a la búsqueda de compromisos entre el gobierno y la oposición, a la vez que se aclaró que la asistencia y mediación de la OEA se renovaría sólo con una previa solicitud de los panameños59.

Cuando el 1 de septiembre ex-piró el plazo para la transferencia de poder, no se había cristalizado ningún acuerdo. En consecuencia, el Consejo de Estado designó un gobierno provisional encabezado por Francisco Rodríguez (amigo personal de Noriega), y no fijó fecha para la realización de nuevas elecciones: esa opción sería evaluada seis meses después 60.

Aparentemente Noriega se había salido con la suya, y el propio Bush manifestaba frustración ante el fracaso de los intentos por sacar al hombre fuerte de Panamá61. En lo sucesivo el juego no mostró mayores variantes, como se desprende de las acciones tomadas por los distintos actores del proceso. La oposición hizo un llamado a la desobediencia civil y al retraso en el pago de los impuestos al régimen62. Estados Unidos insistía en mostrar al mundo los vínculos de Noriega con el narcotráfico63, rompía relaciones diplomáticas con el régimen y adoptaba nuevas medidas de presión económica: se retiro

la cuota de azúcar panameña, y se amplió la lista de compañías y personas relacionadas con el gobierno a las que no se les po-dría hacer pagos desde Estados Unidos64.

De parte de Latinoamérica persistían profundas divisiones, aunque la balanza se inclinaba más hacia las condenas de Noriega. En principio, los embajadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, fueron retirados de Panamá como muestra de hostilidad hacia el nuevo régimen65. México y Ecuador decidieron mantener a sus diplomáticos en ese país, donde también permanecían los de Cuba y Nicaragua -que dicho sea de paso, fueron los únicos dos países que mandaron felicitaciones al nuevo presidente-66. También el gobierno chileno se mostró partidario de darle continuidad a las relaciones, en el entendido que "éstas se dan entre Estados y no entre gobiernos"67.

Donde realmente afloraron los enfrentamientos de opinión, fue en la Cumbre de Países No Ali-neados realizada en Belgrado el 6 de septiembre. Se buscaba un pronunciamiento conjunto frente a los hechos acaecidos en Pana-má, lo que dio lugar a agrias dis-putas. El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, presionó para que hubiera una condena

radical al régimen, haciendo la salvedad de que una intervención militar de los EE.UU. sería negativa68. Por su parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega se opuso, con el alegato de que era inadmisible que miembros del movimiento se alinearan con el imperialismo en Panamá69. Después de un enconado debate, fue aprobada una declaración con las reservas de Venezuela y Jamaica, en la que se deploraban las medidas económicas coerciti-vas contra el régimen panameño, y se manifestaba preocupación por el incremento de las tropas norteamericanas en ese país70. En todo caso, la declaración de poco sirvió para unificar criterios.

Hubo un nuevo intento de golpe de Estado el 3 de octubre de 1989, cuando cerca de 200 efectivos del ejército panameño liderados por el mayor Moisés Giraldi, atacaron el cuartel general de las FDP, donde se encontraba Noriega71. Al parecer éste alcanzó a estar en poder de los rebeldes por espacio de cuatro horas, luego de lo cual fue liberado, y la rebelión aplastada72. En Estados Unidos se tenía de antemano conocimiento del complot, pero no hubo una "intervención oportuna" por problemas de comunicación y coordinación con los golpistas, y porque no se supo hasta dónde había

59. Ibid., 6b.

60. "Noriega impone sus hombres", en:El Tiempo, septiembre 1, 1989, págs. la- 10a.

61. "Se salió con la suya", en: Semana, No. 383, septiembre 5-11, 1989, pág. 52.

62. Ver '"Desobediencia civil piden en Panamá", en: El Tiempo, septiembre 3, 1989, pág. 10a.

63. "Los millones de Noriega", LaPrensa, septiembre 1, 1989, pág. 3.

64. "Panamá: cierra paréntesis, abreparéntesis", en: La Prensa, septiembre 3, 1989, pág. 9, y "EE.UU. amplía sanciones económicas contra Panamá", en: La Prensa, septiembre 13, pág. 3.

65. "Panamá cada vez más aislada del mundo", en: El Tiempo, septiembre 2, 1989, pág. 10a.

66. "Latinoamérica aisla a Panamá", en: La Prensa, septiembre 9, 1989, pág. 3.

67. Ibid., pág. 3.

68. "No Alineados: el Grupo de los Ocho pide condena a Noriega", en: El Tiempo, septiembre 7, 1989, pág. 10a y "Latinoamé rica aisla a Panamá", en: Op. Cit., pág. 3.

69. "No Alineados Grupo de los Ocho", en: Op. Cit., pág. 10a.

70. "Latinoamérica", Op. Cit., pág. 3.

71. "Round para el Carepiña", en: Sema na, No. 388, octubre 10-16, 1989, págs. 38- 42.

72. "Puñalada trapera", en: Semana,No. 389, octubre 17-26, 1989, págs. 44-45.

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autonomía para actuar. Se elevaron críticas desde sectores demócratas y republicanos del Congreso por no aprovechar la coyuntura73, ante lo cual Bush replicó que el ejecutivo estaba "maniatado" por las limitaciones legales existentes74.

El fallido golpe produjo un endurecimiento del régimen frente a la oposición. Endara y otros líderes fueron detenidos por el lapso de algunas horas75, al tiempo que el presidente Rodríguez denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas al gobierno de los Estados Unidos por realizar actos de terrorismo financiero, chantaje económico e interferencia política en su país76. Días después Noriega implantó leyes de emergencia, anunció una depuración de las fuerzas armadas77, y cerró a la agencia UPI acusándola de divulgar noticias falsas destinadas a desprestigiar a las autoridades78. También se decidió que en Panamá no habría elecciones en tanto el país siguiera intimidado y amenazado por Washington79.

73. "Desperdiciamos la ocasión en Pana má: Congreso de EE.UU.", en: El Tiempo, octubre 5, 1989, págs. 1a y 11a.

74. Ver "Noriega triumphs over armyrebels; U.S. knew of plot", en: The New York Times, octubre 4, 1989, págs. 1 y 4; "Once again a survivor", en: Ibid., págs. 1 y 4; "U.S. had Inklights of a cup attempt", en: Ibid., pág. 4.

75. "Encierran a Endara", en: LaPrensa, octubre 6 de 1989, pág. 3.

76. "EE.UU. agrede a Panamá", en: El Espectador, octubre 5, 1989, págs. la y 6a.

77. "Noriega impone leyes de guerra", en: La Prensa, octubre 11, 1989, pág. 3.

78. "Noriega cerró la UPI", en: ElTiempo, octubre 27, 1989, pág. 10a.

79. "Gobierno reitera que no habrá elecciones", en: El Tiempo, octubre 21, 1989, pág. 5b.

De parte de Estados Unidos se profundizaron aún más las medidas de presión económica, con la determinación de sancionar a todo norteamericano que realizara negocios con personas o empresas panameñas vinculadas al régimen80. En forma adicional, la Casa Blanca y el Comité de Servicios de información del Senado acordaron nuevas normas sobre operaciones clandestinas, para permitir a la administración Bush participar más activamente en acciones contra el régimen panameño. Se buscaba otorgar un mayor margen de libertad a los servicios secretos, siempre y cuando los actos conspirativos no tuvieran por finalidad el asesinato de Noriega81. Fue entonces cuando empezó la cuenta regresiva para la invasión a Panamá.

Durante el mes de noviembre hubo nuevos incidentes militares, y el día 17 trascendió a la prensa que se había autorizado un gasto inicial de 3 millones de dólares para que la CÍA auspiciara un golpe de Estado a través del reclutamiento de oficiales del ejército panameño; paralelamente estaba en estudio la posibilidad de emplear las tropas del Comando Sur82. Al tener conocimiento de esto, diez países latinoamericanos de la OEA, presentaron un proyecto de resolución que hacía un llamado urgente a la instauración de una democracia en Panamá, y solicitaba

80. "Nuevas sanciones contra Noriegaanuncia EE.UU.", en: El Tiempo, octubre 21, 1989, pág. 5b.

81. Ver "EE.UU. aprueba normas quefacilitarían derrocar a Noriega", en: Op. Cit., pág. 3, y "White House aims to sharpen role in Panamá plots", en: The New York Times,octubre 13, 1989, págs. 1 y 6.

82. Ver "Operación secreta contra Norie ga", en: El Espectador, noviembre 17,1989, pág. 48.

taba a "todos los estados" que se abstuvieran de tomar acciones unilaterales en desmedro de una solución en ese país83. El llamado resultó inútil, porque ya se había ingresado en una dinámica de retaliaciones en la que nadie quería dar marcha atrás.

El régimen panameño se cerró aún más, verificándose persecuciones a la oposición. Noriega decidió concentrar una mayor cuota de poder en sus manos, haciéndose nombrar en un comienzo coordinador de la Asamblea de Representantes de Corregimientos (que entonces cumplía las funciones de parlamento), y luego jefe de gobierno84. No faltaron amenazas contra líderes y miembros de la oposición, y una declaración según la cual el gobierno no se hacía responsable por la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en Panamá, en el caso de un atentado a Noriega85.

Finalmente, el 20 de diciembre de 1989 la administración Bush decidió no aplazar más la salida del general. Fue así como se dio comienzo a la "Operación Causa Justa", una invasión a gran escala llevada a cabo por cerca de 24 mil soldados, que significaba el fracaso de la alternativa de un derrocamiento por parte de miembros de las FDP Poco antes de la operación, Gui-

83. Ver "Llamado a la democracia enPanamá lanza la OEA", en: La Prensa, noviembre 17, 1989, pág. 11.

84. Ver "Aplazan moción para dar poder total a Noriega", en: El Espectador, noviembre 23, 1989, pág. 6a y "Noriega suma poder", en: La Prensa, noviembre 23, 1989, pág. 4.

85. Todas las amenazas se hicieron enel marco de la llamada "operación ojo por ojo, diente por diente"-, que fue la respuesta a los planes de conspiración de los Estados Unidos, Ibid., pág. 4.

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llermo Endara se había posesionado como nuevo presidente de Panamá ante un juez de la república, en un acto realizado en una base militar norteamericana: se buscaba evitar un vacío de poder, luego de la caída del dictador86.

Washington se adjudicó un triunfo relativamente fácil, en términos que los focos de resistencia se entregaron rápidamente al ejército de los Estados Unidos. En tan sólo 4 días se tenía un virtual dominio sobre Panamá, y las operaciones y bombardeos dejaban un saldo de alrededor de un millar de muertos en la población civil.

No obstante, hubo dos inconvenientes. Por un lado, tal vez el objetivo principal de la invasión, que era la captura de Noriega, no se cumplió. El general se había escondido para liderar la resistencia desde la clandestinidad, y nadie daba con su paradero. De nada valieron las recompensas de un millón de dólares ofrecidas por la administración Bush, ya que no hubo informantes. Tan sólo después de la rendición de las F.D.P., apareció Noriega en calidad de refugiado en la Nunciatura Apostólica. Siguió una etapa de negociaciones entre los EE.UU. y el Vaticano sobre el destino del general, mientras la sede de la Nunciatura permanecía rodeada por los "marines". A comienzos de enero, Washington se comprometió a no aplicar la pena de muerte y efectuar un "juicio justo", hecho que a la postre fue determinante para que Noriega decidiera entregarse a la justicia norteamericana87.

86. Ver "Invasión", en: Semana, No.399, diciembre 26, 1989enero 8,1990, págs.22-24.

En la actualidad se le adelanta un juicio por varios cargos.

Por otro lado, la invasión produjo los consabidos rechazos de parte de la comunidad latinoamericana, que fueron expresados a través del G-8, el Pacto Andino y la OEA. Más allá de esto, varios países del área no reconocieron el gobierno de Endara, ante la permanencia de tropas de ocupación en Panamá88. No obstante, con el retiro del ejército de los Estados Unidos las relaciones diplomáticas se están normalizando: se han mandado varios embajadores latinoamericanos a ese país, y Panamá volvería eventualmente a ser admitido en el seno del Grupo de los 8, aunque aún no existe un amplio consenso al respecto89. Era el epílogo de la crisis.

Conclusiones

El desarrollo y desenlace de la crisis panameña, dejó una serie de enseñanzas e inquietudes que vale la pena retomar en relación al comportamiento de los distintos actores involucrados en el proceso. Hay varias anotaciones que hacer:

1. En lo que respecta a laparticipación de EE.UU. que culminó con la invasión del 20 de diciembre, llama poderosamente la atención la ausencia de "la amenaza comunista" en el plano de las motivaciones. Durante el último medio siglo, toda vez que Washington decidió enviar tropas, o realizar operaciones

87. Ver Ibid., págs. 22-26 y "El presoNo. 41.586", en: Semana, No. 401, enero 9-16, 1990.

88. Ver "Retiro inmediato de las tropas pide Colombia", en: La Prensa, diciembre 22, 1989, pág. 9.

89. Ver "Panamá regresa al Grupo de los Ocho", en: El Tiempo, marzo 3, 1990, págs. la y 8a.

encubiertas destinadas a "poner orden en el patio trasero", estaba de por medio un "enemigo rojo", como se recordará en las intervenciones en Guatemala (1954), Cuba (1961), República Dominicana (1965). Chile (1973), Nicaragua (1979-1989) y Granada (1983), por mencionar las más sobresalientes. Estados Unidos siempre había mostrado una actitud por lo menos tolerante, cuando no de abierto respaldo, hacia las dictaduras de derecha en América Latina (recuérdense las relaciones con los regímenes autoritarios implantados en el Cono Sur del continente en la década de los 70, por ejemplo). Más aún, el empleo del discurso en favor de la defensa de la democracia, se esgrimía exclusivamente frente a regímenes de izquierda, que eran acusados de violar sistemáticamente las garantías y libertades individuales.

Lo novedoso del comportamiento norteamericano con respecto a la reciente crisis panameña, es que tal vez nunca antes se había llegado al límite de una invasión militar, ante la permanencia de un "dictador no comunista" en el área. Esto se explica por varios factores, algunos de los cuales trascienden el plano ideológico.

En primer lugar, es notorio que con la "perestroika", el gobierno de EE.UU. ha cambiado sus criterios de valoración del contexto internacional. Las reformas en los países socialistas y la distensión entre los bloques, le han restado importancia a la "amenaza roja", que ha dejado de ser una preocupación prioritaria de la política exterior norteamericana. En segundo lugar, así como el comunismo ha perdido puntos, la lucha contra el narcotráfico se ha elevado a la categoría de prioridad número uno en

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la agenda de la política exterior estadounidense. La combinación de estos dos factores, definitivamente está modificando las prácticas intervencionistas, que se justifican cada vez más por asuntos de drogas. En tercer lugar, resulta claro que la invasión norteamericana también se dio por razones de tipo estratégico. No-riega no sólo llegó a convertirse para Washington en una figura molesta por sus vínculos con el narcotráfico, si no por sus ambivalencias, que llevaron a la percepción de que estaban en peligro los intereses de Washington en la zona del Canal de Panamá. Hasta dónde exista el propósito de desvirtuar los tratados Torrijos-Carter, para asegurar en el futuro la "defensa de dichos intereses", es algo que aún está por verse. En todo caso, la cuestión estratégica fue determinante en la toma de Panamá.

2. La participación de EstadosUnidos en la crisis panameña tuvo dos modalidades: la del conflicto de baja intensidad, y posteriormente, la invasión directa. Desde finales de la guerra fría, con la excepción de Granada, cada vez se empleó más la alternativa de conflicto de baja intensidad, desechándose la toma militar. En todo caso, lo peculiar del caso panameño es que se combinaron las dos formas de intervención. En el pasado, siempre hubo un manejo alternativo de dichas estrategias: la vía militar jamás se constituyó en epílogo del conflicto de baja intensidad.

3. Lo anterior no significa queen Panamá fracasó la estrategia del conflicto de baja intensidad, y por ende se acudió a los "marines". El conflicto de baja intensidad es una modalidad de intervención cuyos efectos se ven en el mediano y largo plazo, y que incluye una serie de etapas que

producen un progresivo desgaste del régimen afectado. A lo largo de la crisis panameña, se observan claramente las etapas de dicha estrategia, que prevé la aplicación de medidas cada vez más drásticas en tanto no se obtengan los resultados esperados. De manera sucinta, las etapas son: a) retiro de la ayuda económica y financiera al país considerado "enemigo"; b) implantación de un bloqueo económico, cuya intensidad se puede aumentar progresivamente; c) asistencia económica a los grupos de oposición al régimen que obran en la legalidad; d) financiación, asistencia, y provisión de armas, a grupos de opositores del régimen que actúan al margen de la ley, en la búsqueda de un golpe de Estado.

Las ventajas de este tipo de intervención son dos. Por una parte, las dificultades económicas a las que se somete la población civil, inevitablemente van conformando focos de resistencia al régimen, que termina siendo blanco de acusaciones por las penurias. Por otra parte, es una intervención que puede ser tan o más violenta que una invasión militar (si se toma en cuenta el número de víctimas), pero que por su bajo perfil y poca espectacularidad, genera menos reacciones críticas en el ámbito internacional. Su eficacia quedó plenamente demostrada en el reciente caso nicaragüense, con la derrota del sandinismo.

En Panamá, la caída de Noriega era simplemente una cuestión de tiempo: en todo caso, el general no podía resistir por un término largo las presiones del norte sumadas a las de la oposición interna, cuando hasta los oficiales de la FDP estaban conspirando. Probablemente Washington confiaba en obtener resultados en un plazo corto, tomando

en cuenta la gran dependencia de la economía panameña con respecto a la norteamericana, y el poco arraigo de una conciencia "antiyanqui" en Panamá (al contrario de lo que ocurría con Nicaragua). No se esperaba que Noriega pudiera aferrarse tanto al poder, logrando sobrevivir a dos intentos de golpe de Estado. Esto, sumado a los intereses estratégicos en la zona del Canal, y principalmente al deseo de Bush de "sacudirse" la imagen de "blando", que le fue atribuida desde comienzos de su administración, precipitó la invasión.

4. En lo que respecta a laactuación de América Latina, quedaron en claro varias cosas. Siguiendo la tradición de Contadora, los países del área se han convertido en activos promotores de buscar salidas negociadas ante contextos de crisis en la región. No obstante, las acciones emprendidas en este sentido se han revelado poco eficaces.

En primer lugar, porque toda tarea mediadora tiene límites inherentes: se puede generar un compromiso entre las partes en conflicto, siempre y cuando ellas demuestren voluntad política. Los mediadores pueden sugerir y en cierta medida presionar, para que se opte por alguna solución, pero la "puesta en práctica" corresponde solamente a los actores directos. En el caso panameño, a los países latinoamericanos les faltó imaginación e iniciativa para presentar fórmulasconvincentes, que pudieran facilitar salidas concertadas. No basta con hacer llamados para que las mismas partes lleguen a un acuerdo, cuando es evidente que no existen ni siquiera las bases para ello. En segundo lugar, se habría podido tener un peso específico mucho más grande, si la unidad latinoamericana no se hubiera resquebrajado tan fácilmente.

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En esto, el error de muchas naciones fue no haber tomado una distancia crítica frente a los hechos. Cada vez que la situación panameña se tornaba realmente difícil, América La-tina se polarizaba, con Vene-zuela y Perú del lado norteame-ricano, y Cuba y Nicaragua del panameño. Si se hubiera obrado con más prudencia, presentando posiciones y propuestas "en bloque", seguramente se habría obtenido una mayor resonancia internacional, hecho que habría facilitado el logro de una solución pacífica.

Pero mientras persistan las divisiones y algunos países muestren actitudes de oportunismo político, América Latina seguirá perdiendo credibilidad internacional en cuanto foro para propiciar

soluciones negociadas. De seguir así, de cara al futuro se corre el riesgo de que las iniciativas de los países de la región, se consideren simples instancias para demorar el empleo de las vías de hecho.

5. Finalmente, se quiereresaltar la presencia de dobles morales y ambivalencias, de parte de todos los involucrados en el proceso. Noriega, como es sabido, "jugaba a cinco bandas", traicionando a todos en beneficio propio. El gobierno de Estados Unidos, durante largo tiempo había respaldado a Noriega -a sabiendas de sus turbias actividades-, y en un momento dado decidió darle la espalda, para enrostrarle en nombre de la democracia, que era un dictador narcotraficante. América Latina en sus titubeos,

a veces se adhería a la cruzada norteamericana en "defensa de la democracia", a veces condenaba la injerencia estadounidense en Panamá, pero a la hora de prestar ayuda efectiva, como ocurrió cuando el SELA hizo un llamado urgente para asistir a ese país, se quedó en las palabras.

Por todo lo anterior, la crisis panameña deja un marcado sabor a postizo. Desde su origen, que fue decidido a distancia por agencias estatalesNorteamericanas, pasando por el surgimiento de una oposición interna, construida en buena medida a punta de restricciones económicas, hasta su desenlace, en el que América Latina acabó reconociendo la legitimidad de Endara, a sabiendas de que "fue" posesionado en una base militar norteamericana.

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Sección: Documentos

Documento para el Temario Preliminar Ampliado de la Cumbre de Cartagena*

Los presidentes consideran que todo planteamiento que comprometa a las partes a poner en práctica o a consolidar un programa general e intensificado contra los narcóticos, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda y del consumo, y comprender entendimientos acerca de la cooperación económica y del desarrollo alternativo, la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, y las iniciativas diplomáticas y públicas.

Los presidentes se dan cuenta de que éstas son cuestiones conexas que se refuerzan mutuamente. El progreso que se logre en una de ellas contribuirá al progreso en las otras, y el fracaso en cualquiera de ellas amenazará el avance en las restantes. El orden en que van mencionadas aquí no pretende asignarles una importancia determinada. En efecto, la cooperación económica y las iniciativas internacionales no pueden resultar eficaces a menos que vayan acompañadas de unos programas enérgicos en contra del tráfico de drogas ilícitas.

Las partes negociarán acuerdos bilaterales en los que se harán constar sus responsabilidades y compromisos con respecto a la cooperación económica y a la aplicación de la ley.

* Memorando elaborado por el gobierno de EE.UU. endiciembre de 1989 con la agenda de puntos y compromisos posibles antes de la Cumbre del 15 de febrero de 1990 (Traducción No Oficial).

A. Entendimientos relativos a la cooperación económica y desarrollo alternativo

El lucro ilícito de la coca, aunque deforma muchísimo la economía de las partes andinas, contribuye a la entrada de divisas y a la generación de empleos y de ingresos. Por lo tanto, la supresión del comercio de la coca causaría trastornos graves, inmediatos y prolongados, no sólo en las regiones donde se cultiva la coca sino en todos los países productores. Las cuatro partes se

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dan cuenta de las consecuencias de inestabilidad que acarrearía la eliminación de una fuente principal, aunque ilícita de ingresos. El gobierno de los Estados Unidos pedirá al Congreso que permita nuevos fondos para el programa durante los años fiscales de 1991 a 1994, con el fin de asistir a las tres partes andinas en sus esfuerzos para1 rectificar los trastornos económicos a corto y a largo plazo que ocurrirían como consecuencia de la aplicación de medidas eficaces contra los narcóticos. Cada año, el aporte de la cooperación económica del gobierno de los Estados Unidos dependerá de la eficacia de las medidas contra los narcóticos que lleven a cabo las partes andinas. Las tres partes andinas se dan cuenta de que la solidez de su política económica será condición esencial de la cooperación del exterior y del aprovechamiento eficaz de la ayuda para el desarrollo. Los Estados Unidos están, así mismo, dispuestos a colaborar con las tres partes andinas en una diversa gama de iniciativas para el desarrollo, el comercio exterior y la inversión, a fin de fortalecer y sostener a largo plazo el ajuste económico y el crecimiento.

- Mitigación del impacto social y económico de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

A medida que las tres partes andinas lleven a la práctica unos programas eficaces de interdicción de la corriente de narcóticos y de erradicación de sus cultivos, les será necesaria una ayuda de rápido desembolso que mitigue los costos sociales y económicos, tanto de pequeña como de gran escala. Las partes colaborarán para averiguar la clase de ayuda que se requiera. Los Estados Unidos están dispuestos a conceder apoyo a la balanza de pagos, a fin de costear importaciones y de contribuir al servicio de las deudas contraídas con las instituciones financieras internacionales. Los Estados Unidos así mismo considerarán el financiamiento de programas sociales de emergencia, tales como el exitoso programa boliviano, que facilita alimentos, oportunidades de empleo, etc., a la población rural pobre más directamente afectada por la lucha contra los narcóticos.

- Sustitución de cultivos y de actividades económicas alternativas.

Tenemos la intención conjunta de que la lucha contra los narcóticos perturbe el mercado de la cocaína y reduzca el precio que se paga por la hoja de coca. A medida que esta lucha tenga éxito, los que se dedican al cultivo de la coca y a su primera elaboración buscarán fuentes supletorias de ingresos, bien sea por sustitución de cultivos o por cambio de empleo. Las partes colaborarán a fin de hallar actividades para ingresos alternativos financiados por el exterior. Los Estados Unidos están dispuestos a considerar el financiamiento de actividades tales como la investigación, la divulgación, el crédito

y otros servicios de apoyo a la agricultura; la estructuración de mercados, y el respaldo a iniciativas dirigidas por el sector privado para la formación de pequeños comercios y de agroindustrias.

- Cooperación para el desarrollo

Para fomentar las oportunidades ampliadas de empleo y de ingresos las tres partes andinas requieren la cooperación económica externa y una sólida política económica que conduzca a un crecimiento sostenible a largo plazo. Los Estados Unidos respaldarán las medidas dirigidas a estimular el desarrollo rural de amplia base, fomentar exportaciones no tradicionales, construir una infraestructura productiva, etc. Las partes determinarán la asistencia económica y las reformas normativas internas que se requieran para asegurar el ajuste económico y el sostenimiento del desarrollo alternativo. Los Estados Unidos están dispuestos a financiar actividades de desarrollo de esta clase, en cooperación con instituciones bilaterales y multilaterales.

-Iniciativas comerciales e incentivos para la inversión

Las iniciativas para el comercio exterior y la inversión también son esenciales para facilitar el crecimiento económico sostenido y para contribuir a compensar los trastornos económicos que resulten de un programa eficaz contra los narcóticos. Los Estados Unidos ya cooperan en este sentido, puesto que procuran reconocer los posibles beneficios derivables del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) y buscan estrategias para fomentar la exportación. Entre las iniciativas para el comercio exterior que se ofrecerán se encuentran la asistencia técnica para mejorar el rendimiento del comercio exterior; la exploración de posibilidades de expansión del comercio textil; la atención preferente a la negociación de un nuevo acuerdo internacional del café, que resuelva las dificultades fundamentales del acuerdo viejo; la ne-gociación acelerada con los participantes andinos de la Ronda del Uruguay, acerca de las tarifas aduaneras y de las medidas no arancelarias, y el respaldo a las ges-tiones de los bancos multilaterales de desarrollo encami-nadas a alentar la reforma significativa de la política del comercio exterior.

B. Entendimientos relativos a la lucha directa contra el tráfico ilícito

Es necesario atacar el comercio de drogas ilícitas en todas sus etapas: la producción, el transporte y el consumo. Al mismo tiempo hay que cortar todos los pasos de la corriente de dinero que va de los consumidores a los productores, a fin de que a los traficantes les resulte más difícil transferir sus beneficios por medio de los sistemas bancarios

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internacional y nacional, disfrutar de esos lucros mal habidos, comprar hoja de coca a los agricultores y pagar a los elaboradores que la refinan. El gobierno afectado también ha de poder identificar, apresar y al final confiscar, los haberes de los traficantes, las sustancias que utilizan para refinar el producto, y los barcos y las aeronaves que emplean para transportar los narcóticos. Estas medidas, a fin de que surtan efecto, han de llevarse a cabo de manera simultánea, vigorosa y coordinada, haciendo uso de la policía, las fuerzas militares, los fiscales y los tribunales.

Las gestiones contra los narcóticos, para que tengan éxito, deben respetar plenamente los derechos humanos. Nada socavaría más esta lucha que el desprecio por los derechos humanos de parte de quienes están empeñados en combatir las drogas ilícitas. El respeto por tales derechos debe tenerse por una ventaja poderosísima aunque intangible en la guerra contra los narcóticos. Desde esta perspectiva resulta que, para un planteamiento victorioso, es indispensable que haya vigilancia para asegurar que en la práctica se guarde el debido respeto por los derechos humanos y se tomen medidas para impedir los abusos.

- Interdicción de la corriente de drogas ilícitas

La batalla contra un producto ilícito ha de hacer hincapié en el comercio de ese producto. Es esencial interrumpir la corriente de cocaína que se dirige del productor al consumidor. Esta labor será más eficaz donde haya mayores cantidades de ese producto y donde esté más expuesto. Para cuando llega a las calles para su reparto -ya sea en Lima o en Los Angeles, en Bogotá o en Birmingham- un esfuerzo equivalente de parte de la policía y de los tribunales da menos resultados. Es necesario que cooperen los países productores, consumidores y de tránsito. Las partes se comprometen a vigorizar las medidas que toman dentro de sus países para interrumpir la corriente de drogas ilícitas, y a aumentar la coordinación y cooperación entre ellos, a fin de facilitar esta batalla, pero guardando siempre el debido respeto por las normas internacionales de los derechos humanos. Los Estados Unidos están dispuestos a cooperar aún más en equipar y capacitar a los agentes de policía de las tres partes andinas.

- La participación militar en la guerra contra las drogas ilícitas

En la guerra contra las drogas ilícitas hay que apelar a todos los recursos. Aunque por lo general, las medidas para hacer cumplir las leyes penales de cada nación debieran dejarse a los servicios policiales, ocurre que muchas veces los narcotraficantes poseen más recursos que la policía, o actúan en zonas donde, ya sea por su

lejanía o por la presencia de insurrectos, son imposibles de realizar las funciones normales de la policía. Las fuerzas militares pueden disponer de medios de transporte y pueden patrullar los ríos y las costas, proteger contra los insurrectos, y atacar directamente las grandes concentraciones de traficantes y sus laboratorios. Las fuerzas militares estadounidenses ayudarán a sus propios servicios de policía y de justicia a interrumpir el paso a las drogas ilícitas que se dirigen hacia los Estados Unidos por las aguas y los espacios aéreos internacionales. Según el éxito que tengan las operaciones de hacer cumplir la ley de las tres partes andinas, el gobierno de los Estados Unidos solicitará al Congreso que permita una mayor cooperación policial y militar con ellas. Esta cooperación servirá para respaldar los ataques de los militares contra las guerrillas que estén en proximidad geográfica a los narcotraficantes, o que estén aliadas con ellos de facto.

- La coordinación entre la policía y las fuerzas arma das

Con un esfuerzo mayor contra el narcotráfico de parte de la policía y las fuerzas armadas, resultará decisivo que estén mutuamente coordinados, a fin de evitar la duplicación de funciones y los enfrentamientos involuntarios entre ambos, con el objeto de que su lucha contra los narcotraficantes resulte más eficaz. Los Estados Unidos han de dirigir su cooperación adecuadamente y colaborar con otros donantes para ese mismo fin: eso es, facilitar la coordinación entre la policía y los militares.

- Cooperación en materia policial, militar y de inteligencia

La cooperación en materia de inteligencia multiplica el efecto de las otras gestiones. Esta cooperación es necesaria tanto entre los países como dentro de cada uno. Como es natural, la información delicada ha de controlarse adecuadamente para evitar que se expongan operativos de interdicción y aplicación de la ley, se ponga en peligro la seguridad del personal policial y militar, y el procesamiento de los traficantes. Las cuatro partes se comprometen a mejorar la coordinación de la información reservada entre ellos y dentro de cada país.

- La erradicación y desestímulo a las plantaciones de nuevos cultivos de coca

La erradicación de la coca ha de ser parte esencial de la lucha de cada país contra el narcotráfico. En cada caso hay que estudiar cuidadosamente los programas de la erradicación aérea y manual, midiendo su posible efecto en la producción total del país, sus costos y beneficios marginales relativos a otros medios de lucha contra los narcóticos en el mismo país o zona, y sus

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probables consecuencias políticas. Cuando los estudios ambientales demuestran que la erradicación por medio de herbicidas es inocua, ha de comenzar la fumigación aérea. Las partes respaldan los programas de erradicación y, además, acuerdan procurar seguir suprimiendo el cultivo de la coca -después de la erradicación- mediante el impedimento activo de nuevas plantaciones. La erradicación, voluntaria o involuntaria, resulta una empresa sin fin cuando queda anulada por la aparición de otras plantaciones de coca. Hay que alentar nuevas oportunidades económicas (como se indica en la Parte A), a fin de disuadir a los agricultores de la expansión de las plantaciones y disuadir la incorporación de nuevos agricultores al cultivo de la coca.

- Los controles financieros, incluyendo el lavado de dinero

Las fortunas ingentes que generan los narcóticos hacen que los traficantes sean capaces de introducirse en los mercados comerciales, tanto los lícitos como los ilícitos, incluso hasta llegar a dominarlos, de corromper a los gobiernos y a las fuerzas de orden, y de desestabilizar a los gobiernos. Las partes acuerdan buscar, seguir, congelar y confiscar los ingresos procedentes de las drogas ilícitas en sus países respectivos, y atacar el lado financiero del narcotráfico, mediante la adopción de medidas enérgicas para penalizar el lavado de dinero, para luego procesar eficazmente a los narcotraficantes y blanqueadores de dinero, quienes emplean los sistemas financieros, ya sea el internacional o los nacionales, para ocultar y trasladar los fondos que obtienen de sus delitos.

- Protección y reforma judicial

El cumplimiento de las leyes contra los narcóticos se ve muy obstaculizado por las ineficacias de la justicia penal, así como por la intimidación que ejercen y los sobornos que reparten los narcotraficantes. Las partes acuerdan dar prioridad a averiguar cuáles son las reformas normativas e institucionales necesarias para revigorizar la justicia penal, asegurar el procesamiento pronto y eficaz de estos delincuentes, y colaborar para la puesta en práctica de estas medidas. Las partes reconocen que la cooperación internacional es valiosa para consolidar la administración de la justicia, incluida la protección del personal judicial y de los fiscales que participan en causas de narcóticos, y que esa cooperación es soporte indispensable de las instituciones democráticas.

- El control del tráfico ilícito de armas, naves y aeronaves.

La industria de la cocaína depende mucho de las armas y del transporte aéreo y marítimo en toda la cadena de cultivo, producción y distribución. Las partes convienen en reforzar su fiscalización del movimiento de armas

ilícitas y de la venta, reventa y registro de aeronaves y navíos. Las tres partes andinas acuerdan establecer unos programas de control, con la cooperación y asistencia de los Estados Unidos, en los que estarían comprendidos el registro de aeronaves y navíos, leyes eficaces de decomiso que aseguren el éxito de los procesamientos y de la confiscación de aeronaves y navíos, fiscalización de la concesión de licencias de vuelo y de la capacitación de los pilotos, registro de los campos de aviación, y regulación del acceso al combustible y otras sustancias fungibles. Los Estados Unidos acuerdan contener las exportaciones ilícitas de armas de los Estados Unidos, haciendo uso eficaz de las leyes ya existentes para fiscalizar la exportación de armamento de fabricación estadounidense a los narcotraficantes de la región andina.

- Control de las sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de drogas

La desviación de sustancias del comercio lícito resulta indispensable para la producción de cocaína. No sólo es necesario mejorar los controles estadounidenses sobre la exportación, sino también fiscalizar la importación y distribución de las sustancias precursoras, a fin de evitar que se desvíen a la producción de cocaína. Las partes convienen en que se debe hacer hincapié en interrumpir el movimiento de productos químicos que ya han entrado en el país (legal o ilegalmente) y que se desvían para la elaboración de la coca. Para ello hay que dominar los puntos críticos: las confluencias importantes de los ríos, las instalaciones portuarias, los campos de aviación, y los servicios de reparto y transporte de productos químicos. Además, hay que establecer unos programas de investigación y vigilancia, en estrecha colaboración con todos los organismos de cumplimiento de las leyes de las partes. Las tres partes andinas acuerdan también elaborar un sistema interno para seguir la pista a las sustancias químicas, desde su venta o reventa hasta su entrega al usuario definitivo. Las partes convienen en cooperar bilateralmente y multilateralmente para facilitarse mutuamente la información necesaria para seguir el movimiento nacional e internacional de las sustancias químicas precursoras, con el propósito de fiscalizar su venta y vigilar su circulación.

- Decomiso y distribución de bienes

Un programa de decomisos, bien elaborado y administrado, rendirá beneficios importantes, monetarios y políticos, a los gobiernos y a los organismos de la ley. Tal programa habrá de incluir los mecanismos para la confiscación, y a la larga, la pérdida legal de las propiedades y de los bienes que, o proceden de delitos vinculados a las drogas ilícitas o se emplean para perpetrarlos. Los haberes sujetos a pérdida han de comprender tanto los bienes muebles como los inmuebles, y el equivalente de los bienes procedentes

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de los delitos vinculados a las drogas ilícitas, incluidos el lavado de dinero. Las partes se comprometen a tomar las medidas necesarias para promulgar leyes pertinentes y llevar a la práctica programas eficaces.

-Cooperación legal, incluyendo procedimientos de extradición

Las partes se comprometen a ratificar la Convención de Viena sobre Estupefacientes de 1988, y a aplicar con diligencia las disposiciones relativas a la penalización de todos los aspectos del tráfico de narcóticos, del lavado de dinero y de los delitos afines (incluidos los delitos por asociación ilícita); la asistencia mutua en materia judicial; la confiscación de bienes y su distribución, y medidas conexas.

Las partes se comprometen a llevar a la práctica eficazmente los tratados de extradición en vigencia y los arreglos afines, incluido el Artículo 36 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972. Para adelantar este objetivo, unos grupos jurídicos pertinentes de cada país se reunirán con sus colegas, según sea necesario, para discutir los mecanismos apropiados y eficaces de extradición.

Las partes se comprometen a cooperar en compartir las pruebas, de manera admisible, en los procedimientos judiciales, por medio de mecanismos informales de colaboración y, cuando fuera necesario, por medio de los acuerdos bilaterales apropiados.

C. Entendimientos relativos a iniciativas diplomáticas y de opinión pública

El flagelo de la droga no conoce fronteras, amenaza la seguridad nacional e internacional, y desgasta la estructura económica y social de nuestras naciones. Resulta esencial que todos los pueblos y gobiernos se den cuenta de este grave peligro y que lancen una respuesta política y económica que cumpla el objetivo de reducir la demanda de narcóticos, reprimir la producción ilícita, y destruir a las bandas de traficantes. A este fin, las partes se comprometen a usar toda oportunidad y toda institución posible para llevar a la práctica las medidas destinadas a alcanzar nuestro objetivo. Uno de los programas más importantes consiste en reforzar la cooperación y coordinación en materia de narcóticos entre los países donantes y los países beneficiarios.

- Fortalecimiento de opinión pública en favor de intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas

Para eliminar la amenaza de los narcóticos en los países consumidores, productores y traficantes hace

falta disponer de una abundante información y ejercer una activa diplomacia pública, a fin de que el público se dé cuenta cada vez más de los peligros personales y sociales del consumo de narcóticos, y de la amenaza que su producción y tráfico representan para la seguridad de las naciones. Los cuatro presidentes han consagrado sus gobiernos a una mayor cooperación en las gestiones para reducir la demanda de drogas ilícitas. Han convenido en intensificar la elaboración de programas mutuos para informar mejor al público; en intercambiar ideas, información y especialistas en esta materia, y en compartir cuanto aprendan acerca de la disminución de la demanda. Las partes también exhortan a todos los países a que colaboren en establecer una campaña internacional de concientización pública que destaque la realidad de las redes de traficantes de drogas ilícitas, y logre el respaldo político y financiero que hará falta para hacer una guerra internacional eficaz contra los narcóticos.

- Cumbre económica de los 7

En la Cumbre de los Siete, celebrada en París en julio, se estableció un Grupo de Trabajo de Acción Financiera, en el que no sólo están representados los países de la cumbre, a fin de averiguar cómo los gobiernos pueden facilitar la cooperación y la acción eficaz contra el lavado de dinero obtenido de las drogas ilícitas. Las partes exhortarán a los países de la Cumbre de los Siete y a los demás participantes en el Grupo de Acción Financiera a dar la mayor importancia al estudio de aquellas medidas económicas que ayuden a reducir el cultivo ilícito y a levantar las instituciones judiciales y de derecho de los países más afectados por el cultivo ilícito y el narcotráfico. Los Estados Unidos serán los anfitriones de la próxima Cumbre Económica, que se celebrará en Houston, Texas, en julio, y aprovecharán esa oportunidad para colocar la batalla contra los narcóticos en un lugar prominente del temario.

- Planteamientos y coordinación multilaterales y bilaterales

Para el ajuste económico y el crecimiento económico sostenido harán falta más cooperación económica y mayores incentivos para la inversión y el comercio exterior de los que pueden proporcionar los Estados Unidos solamente. Las partes concertarán sus gestiones para lograr el apoyo de las instituciones multilaterales y de otros socios económicos, a medida que las tres naciones andinas llevan a la práctica un programa eficaz contra los narcóticos y una sólida política económica. Los Estados Unidos ya han presentado, en diciembre de 1989, un planteamiento en este sentido a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, a través de su Comité de Asistencia para el Desarrollo, así como a muchos de sus socios europeos. Las partes instarán a los organismos multilaterales e internacionales a que

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elaboren un planteamiento estratégico del programa andino contra los narcóticos, a fin de asegurar que dichas instituciones participen al máximo nivel posible; ese planteamiento habrá de tomar en cuenta las necesidades particulares, en materia económica y de desarrollo, de las partes andinas.

- Informe a la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el Narcotráfico

Las Naciones Unidas han reconocido que el azote de las drogas ilícitas representa una amenaza principal para la seguridad internacional y la estabilidad económica. Las Naciones Unidas han exhortado a que se llegue a un Plan de Acción Mundial contra los Narcóticos, a fin de estimular a aquellos organismos de las Naciones Unidas que tienen deberes de fiscalización de las drogas ilícitas. Se celebrará una sesión especial de las Naciones Unidas del 20 al 30 de febrero de 1990 para considerar la magnitud del azote mundial de las drogas ilícitas. Las partes instan a que, durante esta sesión especial, las Naciones Unidas den prioridad a reconocer los programas de efecto práctico que reafirmen la reacción multilateral a la cuestión que los narcóticos, según dispone la Resolución L.36 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

- Reunión Trilateral de Madrid acerca de los estupefacientes

En la Conferencia Trilateral de Madrid de noviembre de 1989, España e Italia hicieron ofertas generosas de respaldo a Bolivia, Colombia y Perú, para actividades

policiales relativas a la lucha contra los narcóticos. Como complemento de esta reunión, Italia y España abogaron por un aumento de la cooperación financiera europea con los países andinos durante la reunión de Trevi celebrada en París en diciembre. Las partes procurarán buscar coordinadamente aquellas otras medidas necesarias para elevar al máximo el nivel de la cooperación europea en la lucha contra los narcóticos.

- Gestiones ante los países de tránsito

Las drogas ilícitas dirigidas a los países consumidores, muchas veces se transportan a través de países de tránsito, y la corrupción de los narcóticos ha comenzado a socavar las instituciones de esos países, así como las de los productores y consumidores. Para que la estrategia de interdicción de los suministros de drogas ilícitas resulte eficaz se requiere la cooperación con estos países y su respaldo. Las partes se comprometen a cooperar con los países de tránsito en la represión del flujo de drogas ilícitas. Van comprendidos en esa cooperación los servicios de especialistas y la asistencia a sus autoridades policiales para que reconozcan y sigan el movimiento ilícito de narcóticos a través de su territorio.

-Llamada a una reunión ministerial de seguimiento.

Para perseguir los objetivos convenidos en la Cumbre y velar por el compromiso duradero de continuar la lucha que tienen nuestros países, las partes piden que se celebre una reunión de seguimiento en un plazo de seis meses, a fin de reunir a aquellas naciones que se han consagrado a la eliminación del consumo, del tráfico, y de la producción ilícita de drogas narcóticas.

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Declaración de Cartagena *

* Los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos deAmérica y Perú, reunidos en Cartagena de Indias. Colombia, el día 15 de febrero de 1990, emitieron la siguiente Declaración.

Las partes consideran que toda estrategia que las comprometa a poner en práctica o a consolidar un programa general intensificado contra las drogas ilícitas, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda, el consumo y la oferta, y comprender entendimientos acerca de la cooperación económica, el desarrollo alternativo, el estímulo del comercio y la inversión, así como acerca de la lucha contra el tráfico de las drogas ilícitas y de las iniciativas diplomáticas y de opinión pública.

Las partes reconocen que estos son elementos conexos que se refuerzan mutuamente. El progreso que se logre en uno contribuirá al progreso en los otros y el fracaso en cualquiera de ellos amenazará el éxito en los restantes. El orden en que se mencionan en el presente documento no pretende asignarles una prioridad determinada.

La cooperación económica de las iniciativas internacionales no pueden resultar eficaces a menos que vayan acompañadas de programas enérgicos en contra de la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas. Es evidente que para que sean plenamente eficaces los esfuerzos, tendientes a reducir la oferta, tienen que ir acompañados de una reducción apreciable de la demanda. Las partes reconocen que el intercambio de información sobre los programas para el control de la demanda redundará en beneficio de sus países.

Las partes reconocen que la índole y el efecto del tráfico de drogas ilícitas, y de su represión, varían en cada uno de los tres países andinos y que el presente documento no puede plantearlos plenamente. Las partes negociarán acuerdos bilaterales y multilaterales, de conformidad con sus acciones en contra de las drogas ilícitas en los que constaran sus responsabilidades y

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compromisos con respecto a la cooperación económica y a la intensificación de las medidas de control.

A. Entendimientos relativos a los aspectos económicos y al desarrollo alternativo

Las partes reconocen que el tráfico de drogas ilícitas tiene a largo plazo un impacto negativo sobre sus economías. En algunas de las partes las ganancias de la producción y el comercio de la coca y el tráfico de drogas ilícitas contribuyen, en diferente medida, a la entrada de divisas y a la generación de empleos o ingresos. La supresión de la producción y el comercio de la coca tendrá costos económicos significativos, inmediatos y prolongados que afectarán de manera diferente a cada uno de los países andinos.

El presidente de los Estados Unidos solicitará al Congreso que autorice nuevos fondos para este programa durante los años fiscales de 1991 a 1994, a fin de apoyar a las tres partes andinas en sus esfuerzos por rectificar los trastornos socioeconómicos a largo y corto plazo, ocasionados por una lucha eficaz contra las drogas ilícitas.

Este aporte de los Estados Unidos se efectuará dentro del marco de las acciones contra el tráfico de estupefacientes que realicen las partes andinas, las cuales reiteran la importancia de llevar a la práctica o fortalecer políticas económicas sólidas para el aprovechamiento eficaz de ese aporte. Los Estados Unidos están, así mismo, dispuestos a colaborar con las partes andinas en una amplia gama de iniciativas para el desarrollo, el comercio y la inversión, a fin de vigorizar y sostener el crecimiento económico a largo plazo.

El desarrollo alternativo orientado a la sustitución de la economía de la coca en Bolivia y el Perú, y el tráfico de drogas ilícitas en las partes andinas, necesita de programas de cooperación que abarquen los siguientes campos:

A corto plazo se requiere la creación y/o fortalecimiento de programas sociales de emergencia y del apoyo a la balanza de pagos, a fin de contrarrestar los costos sociales y económicos derivados de la sustitución. A mediano y largo plazo se requieren programas de inversión y medidas para generar las condiciones económicas que darán lugar a la sustitución definitiva de la economía de la coca en los países donde existe, o el sector de la economía afectado por el tráfico de estupefacientes. De igual manera, se requiere la ejecución de programas destinados a preservar el equilibrio ecológico.

1. Desarrollo alternativo y sustitución de cultivos:

Para fomentar el aumento de las oportunidades de empleo y de ingresos en todo el aparato productivo y llevar a la práctica o fortalecer una política económica sólida que sostenga el crecimiento económico a largo plazo, los Estados Unidos apoyarán, entre otras, las medidas dirigidas a estimular el desarrollo rural de amplia base, fomentar las exportaciones no tradicionales y construir o reforzar la infraestructura productiva.

Las partes, de acuerdo con las políticas respectivas de Bolivia, Colombia, los Estados Unidos y Perú, determinarán la asistencia económica que se requiera para asegurar la solidez de las políticas económicas y sostener el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos, lo cual, a mediano plazo, contribuirá a sustituir los ingresos, el empleo y la entrada de divisas en los países en los cuales éstos han sido generados por la economía ilegal de la coca. Los Estados Unidos están dispuestos a financiar actividades económicas de esta índole por medio de recursos nuevos y concesionarios.

A fin de lograr un programa completo de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, las partes acuerdan que, además de la cooperación que faciliten los Estados Unidos, hará falta que otras fuentes aporten su cooperación económica, así como mayores estímulos a la inversión y al comercio exterior. Las partes concertarán sus gestiones para conseguir el apoyo de las instituciones multilaterales y de otros organismos económicos para estos programas, a medida que las tres partes andinas lleven a la práctica o continúen desarrollando una sólida política económica y un programa eficaz contra los estupefacientes.

Las partes tienen el convencimiento de que una lucha integral contra el tráfico de drogas ilícitas perturbará el mercado de la "coca y sus derivados y reducirá el precio que se paga por ellos. A medida que esta lucha tenga éxito, los que se dedican al cultivo de la coca y a su primera elaboración, buscarán fuentes supletorias de ingresos por sustitución de cultivos o por cambio de empleo. Las partes colaborarán a fin de hallar actividades financiadas por el exterior que produzcan ingresos alternativos. Los Estados Unidos están dispuestos a considerar el financiamiento de actividades tales como la investigación, la divulgación, el crédito, y otros servicios de apoyo a la agricultura, y el respaldo a iniciativas dirigidas por el sector privado para la formación de microempresas y agroindustrias.

Así mismo, los Estados Unidos cooperarán con las partes andinas para promover mercados viables tanto nacionales como externos a fin de colocar la producción generada por los programas de desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos.

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2. Mitigación del impacto social y económico de lalucha contra el tráfico ilícito de drogas:

A medida que las partes andinas lleven a la práctica o continúen desarrollando unos programas eficaces de,interdicción de la corriente de drogas ilícitas y de erradicación de los cultivos, les hará falta una ayuda de rápido desembolso para mitigar los costos sociales y económicos tanto de pequeña como de gran escala. Las partes colaborarán para identificar la índole de la ayuda que se requiera. Los Estados Unidos están dispuestos a conceder apoyo a la balanza de pagos a fin de satisfacer las necesidades de divisas. Los Estados Unidos, así mismo, considerarán el financiamiento de programas sociales de emergencia, tales como el afortunado programa boliviano, que facilita diversas oportunidades, entre ellas, de empleo a la población pobre directamente afectada por la lucha contra las drogas ilícitas.

3. Iniciativas comerciales, estímulo a lasexportaciones y a la inversión extranjera privada:

El aumento del comercio y de la inversión privada también es esencial para facilitar el crecimiento económico sostenido y para contribuir a compensar los trastornos económicos que resulten de cualquier programa eficaz contra las drogas ilícitas. Las partes buscarán conjuntamente el crecimiento del comercio entre los tres países andinos y los Estados Unidos, facilitando efectivamente el acceso al mercado de los Estados Unidos y fortaleciendo la promoción de las exportaciones, incluyendo la identificación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos exportables. Los Estados Unidos también considerarán la facilitación de la debida asistencia técnica y financiera para ayudar a que los productos agrícolas andinos cumplan con los requisitos de admisión.

Las partes podrán considerar el establecimiento de políticas económicas y de inversión, y de leyes y reglamentos que fomenten la inversión privada. Donde existan las condiciones propicias, los Estados Unidos promoverán las inversiones privadas en los tres países andinos, tomando en cuenta las particularidades y potencialidades de cada uno de ellos.

B. Entendimientos relativos al ataque contra las drogas ilícitas

Las partes reafirman su voluntad de lucha integral contra el tráfico de estupefacientes, mediante el ataque contra todos los aspectos de este comercio: la producción, transporte y consumo. Dicha acción integral comprende los siguientes campos:

- Las medidas preventivas que reduzcan el consumo y por consiguiente la demanda

- Las acciones de control y represión contra el cultivo ilegal, la elaboración y comercialización de drogas ilícitas.

- El control de las sustancias químicas esenciales para la producción de drogas ilícitas y los medios necesitados para su transporte.

- El decomiso, la incautación y el reparto de las ganancias ilícitas y de los bienes usados para la comisión de delitos relativos a los estupefacientes.

- El empleo coordinado de los organismos policiales, militares, fiscales y judiciales dentro del marco de la soberanía nacional de cada una de las partes.

- Las medidas para lograr la reducción neta en el cultivo ilegal de coca.

Las partes se comprometen a la evaluación permanente de sus medidas de cooperación con el fin de que el presidente de los Estados Unidos, según corresponda, solicite al Congreso que proporcione mayor asistencia a las partes andinas. Las partes, puesto que actúan dentro de un marco de respeto por los Derechos Humanos, reafirman que nada socavaría más esta lucha contra los estupefacientes que el desprecio a los Derechos Humanos por quienes están empeñados en esta tarea.

1. Prevención y demanda

Las partes se comprometen a respaldar el desarrollo y la expansión de programas acerca de la prevención integral, tales como la educación pública preventiva tanto en las zonas rurales como urbanas, el tratamiento de los consumidores dependientes de la droga y la información dirigida a alentar la oposición pública a la producción, el comercio y consumo de drogas ilícitas. Dichos programas son fundamentales para enfrentarse con éxito al flagelo de los estupefacientes.

Las partes reconocen que los esfuerzos de prevención en los cuatro países se beneficiarán del intercambio de información relativa a los programas exitosos de prevención y de acuerdos de cooperación bilateral y multilateral que amplíen las gestiones en este terreno.

Con este fin, las partes se comprometen a contribuir con recursos económicos, materiales y técnicos para apoyar dichos programas de prevención integral.

2. Una interdicción

La batalla contra un producto ilícito ha de hacer hincapié en la demanda que tenga, en su producción y comercio. Es esencial interrumpir la corriente de drogas

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ilícitas que se dirige del productor al consumidor. Las partes se comprometen a vigorizar las medidas que tomen dentro de sus países para interrumpir la corriente de drogas ilícitas y aumentar la coordinación y cooperación entre ellas, a fin de facilitar esta lucha. Los Estados Unidos están dispuestos a proporcionar mayor cooperación en el equipamiento y la capacitación de los organismos policiales de las partes andinas.

3. Intervención de las Fuerzas Armadas de losrespectivos países

La represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia de carácter policial. Sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y de conformidad con el interés soberano de cada Estado y con su propio ordenamiento jurídico, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte. Las partes podrán establecer los debidos entendimientos bilaterales y multilaterales de cooperación, de conformidad con sus intereses, necesidades y prelaciones.

4. Cooperación en materia de información e inteligencia

Las partes se comprometen a aumentar el intercambio de información e inteligencia a fin de fortalecer la acción de organismos competentes. Las partes darán curso a entendimientos bilaterales y multilaterales de cooperación en materia de información e inteligencia, según sus intereses nacionales y prioridades.

5. Erradicación y desaliento del cultivo ilícito

La erradicación puede ser una parte esencial en la lucha contra el tráfico ilícito en cada país. En cada caso, los programas de erradicación han de elaborarse cuidadosamente, midiendo sus posibles efectos sobre la producción ilícita total de drogas en cada país, calculando sus costos y beneficios relativos a otras formas de combatir las drogas ilícitas, determinando si ganarían mayor eficacia si fueran voluntarios o involuntarios o si combinaran ambas características, y estimando sus probables consecuencias políticas y sociales.

Las partes reconocen que para erradicar los cultivos ilícitos es deseable la participación de los propios agricultores y la adopción de medidas que los ayuden a obtener ingresos lícitos. Se fomentarán nuevas oportunidades económicas, tales como programas para el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos, para que contribuyan a disuadir a los agricultores de comenzar cultivos ilícitos o de aumentarlos. El objetivo es lograr una reducción sostenida del área total de los cultivos ilícitos.

Los programas de erradicación deberán proteger la salud de la población y preservar el ecosistema

6. Control de activos financieros

Las partes convienen en identificar, seguir, congelar, decomisar y aplicar otros procedimientos legales para la disposición de los ingresos provenientes de los delitos del tráfico de narcóticos en sus respectivos países, y en atacar los aspectos financieros del comercio de drogas ilícitas. De conformidad con sus respectivas leyes, cada una de las partes buscará la adopción de medidas tendientes a definir, tipificar y sancionar penalmente el lavado de dinero, al igual que incrementar los esfuerzos para hacer efectiva la legislación vigente. Las partes convienen en establecer fórmulas que exceptúen el secreto bancario.

7. Decomiso y reparto de bienes provenientes deltráfico ilícito de drogas

Las partes se comprometen a adoptar un sistema para el decomiso y reparto de las ganancias y los bienes provenientes del tráfico de drogas ilícitas, y a establecer programas eficaces al respecto. En caso de propiedades de traficantes de drogas ilícitas incautadas en los Estados Unidos, en los cuales Bolivia, Colombia y Perú hayan proporcionado ayuda al gobierno de los Estados Unidos, este gobierno se compromete a transferir dichos bienes incautados al gobierno que brinde su asistencia, en la medida en que lo permitan las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos. Las partes procurarán también establecer acuerdos entre las partes andinas y otros países para el reparto de los bienes incautados.

8. Control de las sustancias químicas esenciales usadas en la producción de drogas ilícitas

Es indispensable el control en los Estados Unidos de la exportación de las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de la cocaína. Así mismo se requiere una mayor fiscalización de la importación y producción nacional de dichas sustancias por las partes andinas. Deberán coordinarse unas gestiones conjuntas para eliminar el comercio ilícito de las mismas.

Las partes acuerdan:

- Reforzar la represión del movimiento de sustancias químicas que hayan ingresado en el país, legal o ilegalmente, y que estuvieran desviándose para la elaboración de drogas ilícitas. Ello incluye el control de puntos críticos y el establecimiento de programas de investigación y vigilancia en los que colaboren estrechamente los organismos fiscalizadores de todas las partes.

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- Ampliar el desarrollo de un sistema interno para advertir el movimiento de las sustancias químicas esenciales, desde la venta y reventa hasta la entrega al usuario definitivo.

- Cooperar bilateral y multilateralmente para inter cambiar la información necesaria para seguir el movimiento nacional e internacional de las sustancias químicas esenciales a fin de fiscalizar su venta y uso.

- Apoyar las acciones auspiciadas por la Organización de los Estados Americanos, OEA, para elaborar y llevar a la práctica un acuerdo regional interamericano sobre sustancias químicas esenciales.

9. Control de armamentos, aeronaves, navíos,explosivos y equipo de comunicaciones utilizados en el tráfico ilícito de drogas.

En toda la cadena de cultivo, producción y distribución, el tráfico de drogas ilícitas depende en gran parte de los armamentos, explosivos, equipo de comunicaciones y del transporte aéreo, marítimo y fluvial.

Las partes acuerdan:

- En sus respectivos países reforzar la fiscalización de movimiento ilegal de armas y explosivos y de la venta, reventa y matrícula de aeronaves y embarcaciones marítimas, lo cual deberá ser realizado por sus propias autoridades.

Las partes acuerdan establecer programas de fiscalización en sus respectivos territorios que incluyan:

- La matrícula de navíos y aeronaves.

- La adopción de normas legales que permitan la incautación eficaz de aeronaves y embarcaciones.

- El control sobre la concesión de licencias de piloto y la capacitación de éstos.

- El registro de campos de aviación en sus respectivos países.

- La elaboración de las medidas de control sobre el equipo de comunicaciones que se utiliza en el tráfico de drogas ilícitas, en la medida que lo permitan sus respectivas leyes e intereses nacionales.

10. Cooperación en el campo legal:

Las partes se comprometen a cooperar en compartir pruebas instrumentales en las formas admitidas por sus procedimientos judiciales. También acuerdan buscar los mecanismos que permitan el intercambio de información sobre decisiones legislativas y judiciales a fin de optimizar los procedimientos legales contra el tráfico de drogas ilícitas.

Las partes reconocen el valor de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la administración de justicia, incluida la protección de los jueces, del personal judicial y demás personas que toman parte en esos procedimientos.

C. Entendimientos relativos a iniciativas diplomáticas y de opinión pública

El flagelo de tráfico de drogas ilícitas y su consumo no respeta fronteras, amenaza la seguridad y desgasta la estructura económica y social de nuestros pueblos. Resulta esencial adoptar y ejecutar una estrategia integral que promueva la plena toma de conciencia sobre los efectos destructivos de la producción ilegal, el tráfico ilícito y el consumo indebido de estupefacientes. En este sentido, las partes se comprometen a usar todos los medios políticos y económicos a su alcance para llevar a la práctica unos programas destinados a lograr dicho objetivo.

1. Fortalecimiento de la opinión pública en favor dela intensificación de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

La toma de conciencia de la opinión pública que debe ser fortalecida también a través de una acción diplomática activa y decidida. Las partes se comprometen a reforzar la elaboración de programas mutuos que conduzcan al intercambio de ideas, de experiencias y de especialistas en la materia. Las partes exhortan a la comunidad internacional a que intensifiquen el programa de información pública que destaca el peligro del tráfico de narcóticos en todas sus etapas. En este sentido las partes se comprometen a dar su respaldo activo a los programas interamericanos relativos a la toma de conciencia del público y a la reducción de la demanda, y respaldarán la elaboración de un plan para la educación en materia de prevención en la reunión interamericana de Quito del año en curso.

Los Estados Unidos acuerdan colaborar con las partes andinas para impedir la exportación de armamento de los Estados Unidos a los traficantes de drogas ilícitas en las tres naciones andinas.

2. Cumbre económica.

En la Cumbre Económica de 1989 celebrada en París, se estableció un grupo de trabajo de Acción Financiera,

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a fin de averiguar cómo los gobiernos pueden promover la Cooperación y la acción eficaz contra el lavado de dinero obtenido del tráfico de drogas ilícitas.

Estados Unidos será el anfitrión de la próxima Cumbre Económica que se celebrará en Houston entre el 9 y el 11 de julio de 1990, y aprovecharán esa ocasión para que se otorgue una atención amplia y prioritaria a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas.

Las partes exhortan a los países de la Cumbre Económica y a los demás participantes en el grupo de acción financiera a que concedan mayor importancia al estudio de aquellas medidas económicas que ayuden a reducir las acciones del tráfico de estupefacientes. En particular, las partes instan a los países de la Cumbre Económica a que den los pasos necesarios para asegurar que los bienes decomisados del tráfico de drogas ilícitas en Bolivia, Colombia y Perú se utilicen para financiar programas de interdicción, desarrollo alternativo y prevención en nuestros países.

3. Planteamientos y coordinación multilaterales.

Las partes se proponen coordinar su actuación en las instituciones económicas multilaterales a fin de asegurar para Bolivia, Colombia y Perú una más amplia cooperación en el marco de una sólida política económica.

4. Informe a la sesión especial de las Naciones Unidassobre el tráfico ilícito de drogas.

Las Naciones Unidas, al reconocer que el problema del narcotráfico representa una grave amenaza para la seguridad de los estados y la estabilidad económica, y al exhortar a que se formule un plan de Acción Mundial, ha convocado una sesión especial, que se reunirá del 20 al 23 de febrero del año en curso, para considerar la magnitud de este fenómeno. La ocasión será propicia para reiterar la necesidad de la entrada en vigor, a la mayor brevedad, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la cual estipula medidas enérgicas contra el tráfico de drogas ilícitas, mientras reconoce los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca.

Las partes solicitan que, durante esa Sesión Especial, se considere la inclusión de las gestiones de cooperación a las que se refiere el presente documento, para el desarrollo de programas concretos encaminados a reforzar la respuesta multilateral al flagelo de los estupefacientes, tal como recomienda la Resolución número 44/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

5. Informes a la Reunión de Ministros de la OEA ya la CICAD

La Organización de los Estados Americanos ha convocado una reunión interamericana de los ministros encargados de los programas nacionales de estupefacientes, que se celebrará en Ixtapa, México, del 17 al 20 de abril de 1990. Las partes instan a que dicha reunión de ministros y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, CICAD, den prioridad a los entendimientos expuestos en el presente documento y apoyen su pronta aplicación, dentro del marco de la cooperación regional contra los estupefacientes.

6. Reunión Trilateral de Madrid

Las partes destacan la importancia del documento emitido en la Reunión Trilateral de Madrid, sus alcances y los esfuerzos que se realizan a nivel europeo y, en particular, con la finalidad de adoptar políticas e iniciativas concretas contra el tráfico de drogas ilícitas.

7. Reunión Cumbre Mundial Ministerial para reducirla demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína.

Las partes destacan con satisfacción la convocatoria a una Reunión Cumbre Mundial Ministerial para reducir la demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína, que se llevará a cabo en Londres, del 9 al 11 de abril de 1990. Esta Reunión servirá para resaltar el papel que ha de desempeñar la reducción de la demanda en los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir el tráfico de drogas ilícitas y pondrá énfasis en los costos sociales, económicos y humanos de ese comercio. Las partes acuerdan coordinar sus acciones y futuras estrategias en este sentido, con el objetivo de progresar sobre la base de esta importante iniciativa.

8. Gestiones ante los países de tránsito.

A través de organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como los Jefes de los Organismos Nacionales de Represión del Uso Indebido de Estupefacientes (HONLEA), nuestros países participan en gestiones importantes de coordinación. Las partes se comprometen a reforzar la cooperación con los países de tránsito en la represión del tráfico de drogas ilícitas.

9. Conferencia mundial sobre el control de las drogasilícitas.

Con el fin de adelantar hacia los propósitos convenidos en la Cumbre de Cartagena, las partes convocan una conferencia mundial en 1991, a fin de fortalecer la cooperación internacional en la eliminación del consumo indebido, el tráfico ilícito y la producción de estupefacientes.

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10. Reunión de seguimiento de la Cumbre deCartagena.

A fin de hacer el seguimiento sobre el progreso de los acuerdos que surjan de los entendimientos del presente documento, las partes convienen en realizar una reunión de alto nivel, en un plazo que no exceda de los seis meses.

Suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, a los 15 días del mes de febrero de 1990.

Jaime Paz Zamora, presidente de la República de Bolivia; Virgilio Barco Vargas, presidente de la República de Colombia; George Bush, presidente de los Estados Unidos de América; Alan García, presidente de la República del Perú

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