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CAPÍTULO 10

COCA Y CONFLICTO ARMADO

Recolectando religiosamente la hoja de la palabra dulce.

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introduCCión

en la última sesión tratamos el tema de la colonización de Amazonia. Allí comprendimos cómo el asesinato de Gai-tán el 9 de abril de 1948 generó una serie de efectos que

llevaron a una década de violencia partidista que desembocó en la confor-mación de autodefensas campesinas. Estas autodefensas, que vendrían a constituirse como un ejército guerrillero en los años sesenta, lideraron el desplazamiento de numerosas familias campesinas a la región de los llanos y a las selvas de la Amazonia. La historia de este campesinado amazónico es una historia de continuos desplazamientos y acaparamiento de tierras que ha creado una sociedad gestada por la guerra, el abandono estatal y la ausencia de oportunidades económicas. Las economías extractivas e ilega-les han venido a sumarse a este panorama, particularmente la economía de la coca que desde la década de los años ochenta tuvo un rápido crecimiento y expansión.

Esta es una región que se representa hoy en día en términos de una confrontación armada financiada por los recursos del narcotráfico. Desde esa perspectiva, los cultivos ilícitos se han convertido en un blanco en la estrategia gubernamental contra la insurgencia, negando las dimensiones socioeconómicas de esta situación y dejando a las comunidades que de-penden de los cultivos ilícitos atrapadas en decisiones que privilegian el tratamiento militar de la producción ilegal. Esta situación empeoró en la primera década del siglo XXI, con un gobierno que adoptó una posición de confrontación militar y fumigación aérea de los cultivos de coca, al mismo tiempo que favoreció el acaparamiento de tierras para grandes desarrollos agroindustriales.

Gaitán exhortó al presidente Mariano Ospina Pérez frente a la multi-tud reunida en la Plaza de Bolívar el 7 de febrero de 1948, diciéndole: “Sr. Presidente, mire esta multitud y lo que le está diciendo, mire esos milla-res que permanecen en orden en medio de la plaza, ahí está Colombia, y está pidiendo que no la maten”. Y al que mataron fue a Gaitán. Con esa muerte se prefigura un sino de la historia de Colombia y su expresión en la

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cátedra jorge eliécer gaitán | introducción

incapacidad de las clases dirigentes de entender y asumir su diversidad y sus fronteras. Y esa incapacidad está presente, tanto o más que en otras regiones, en el destino de la Amazonia.

De estos temas vamos a tratar en la sesión del día de hoy que hemos rotulado “Coca y conflicto armado”. Comenzaremos por la conferencia de Socorro Ramírez quien nos va a hablar del conflicto y la vecindad a lo largo de las fronteras amazónicas, las más extensas de nuestra geografía. Los otros conferencistas abordarán el tema de la economía ilegal. Ibán de Rementería trata los impactos ecológicos y económicos de los cultivos ilí-citos en la Amazonia colombiana. Ricardo Vargas aborda los escenarios políticos e ideológicos de la economía ilegal de las drogas en Colombia. Por último, el profesor Fernando Franco trata el tema de cómo la cocaína entra en un mercado global y cómo es su relación con megaproyectos derivados de las políticas de libre comercio.

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veCindad y ConfliCto en laS fronteraS amazóniCaS1

Socorro raMírEz2

en mi exposición haré un rápido recorrido para mostrar cómo, de las cinco fronteras terrestres que tiene Colombia, cuatro tienen ámbitos amazónicos. Allí se ubican las tres

triples fronteras que comparte Colombia con Venezuela y Brasil, Brasil y Perú, y Perú y Ecuador, cuyas dinámicas de poblamiento y su problemática actual tienen un carácter claramente trinacional, como la nacionalidad de la mayoría de sus habitantes. Además hay zonas binacionales orinoquen-ses, amazónicas y putumayenses. Mostraré cómo, por su marginamiento y por la ausencia del Estado en las fronteras, en particular en las amazónicas, se fue creando el escenario favorable para la implantación del conflicto ar-mado contemporáneo con guerrillas, paramilitares y coca. Esta situación se ha complicado con las tensiones con los países vecinos.

1 La intervención en la cátedra y la síntesis que aquí se publica las hice a partir de los siguien-tes artículos que contienen todas las referencias a los datos utilizados: Socorro Ramírez, “Dinámicas fronterizas andino-amazónicas: impactos en la vecindad y en la integración. Una mirada desde Colombia”, en Fronteras en globalización: localidad, biodiversidad y libre comercio en la Amazonia (Universidad Nacional – Universidad Javeriana, 2008); Socorro Ramírez, “Colombia y Brasil: una lenta y paradójica aproximación”, en La percepción de Brasil en el contexto internacional: perspectivas y desafíos” (Río de Janeiro, Flacso, Kon-rad Adenauer, 2007), 131-171; Socorro Ramírez, “Ámbitos diferenciados de las fronteras colombianas”, en La integración y el desarrollo social fronterizo, Serie integración social y fronteras 2 (Bogotá, CAB, 2006), 69-183.

2 Profesora e investigadora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia hasta 2009. Licenciada en Historia de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Análisis de Políticas de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Ciencia Política de la Uni-versidad de la Sorbona París I, y posdoctorado del Instituto de Altos Estudios de América Latina de Francia. Ha sido coordinadora del grupo académico Colombia-Venezuela, del proyecto académico andino-brasileño y del programa Colombia-Ecuador; miembro de la co-misión presidencial de integración y asuntos fronterizos colombo-venezolana y embajadora en misión en la Asamblea de las Naciones Unidas.

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cátedra jorge eliécer gaitán | socorro ramírez

los ámbitos fronterizos amazónicos

Ámbito orinoquense colombo-venezolano y triple frontera con Brasil

Este es el quinto ámbito fronterizo colombo-venezolano; los otros cuatro son el guajiro-caribeño, el Perijá-Catatumbo, el andino y el llane-ro. Este ámbito, donde la Orinoquia empieza a convertirse en Amazonas, está determinado por la cuenca del río Orinoco que aparece como una mano llena de dedos de agua que amarran a Colombia, Venezuela y Bra-sil. Uno de sus afluentes, el Casiquiare, a través de un canal natural, pone en contacto al Orinoco y al Amazonas por el Guainía o río Negro, con el que hace contacto para configurar los últimos 105 kilómetros de frontera colombo-venezolana y penetrar a territorio brasileño hacia su encuentro con el Amazonas. Este ámbito termina en las tres caras de la piedra del Cocuy: la venezolana (al lado occidental del río Negro), la colombiana (en Guadalupe, la población más oriental del país) y la brasileña.

Cuatro dimensiones centrales que presento a continuación me per-mitirían mostrar sus paradojas: población compartida pero dividida, economías de extracción con efectos comunes, frustración de proyectos estratégicos conjuntos y problemas de seguridad.

Población común pero fraccionada

Este ámbito cuenta con baja densidad de población, constituida en su mayoría por grupos indígenas que evidencian deterioro físico y cultu-ral, una fuerte pérdida de sus territorios ancestrales, crisis de identidad, y sufren el menosprecio de la población blanca. Los guahibo-sikuani son el grupo más numeroso, seguido de los piaroa, curripaco, baré, ñengatú, ya-biteros y otros once más, todos en precarias condiciones de vida. No alcan-zan a ser 50 000 personas del lado colombiano y venezolano. La población indígena colombo-brasileña pertenece al grupo curripaco, el cual incluye a los subgrupos baniwa, baré, guarequena karupaka o kurrin y karry-karu-tama, quienes pertenecen a su vez a la familia lingüística Arawak.

Dada la confluencia de vertientes y la delimitación con una línea recta imaginaria que buscaba preservar la ubicación de los poblados ve-nezolanos de Yávita y Pimichín, el tramo sur de la frontera colombo-vene-zolana fue remendado con pedazos de ríos, lo que obliga a los habitantes del Guainía o río Negro a pasar por territorio venezolano para establecer contacto con su capital Puerto Inírida. Es tanta la interdependencia de los

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vecindAd y conflicto en lAs fronterAs AmAzónicAs

poblados de ambos países que se requiere y se aplica la complementarie-dad para la subsistencia.

Economías de extracción con efectos comunes

Este ámbito cuenta con abundantes recursos naturales: agua, vegeta-ción, fauna y minerales (diamantes, oro y metales industrializables como la bauxita). En cambio los suelos del escudo guyanés venezolano son po-bres y frágiles para la agricultura y la ganadería, aunque Puerto Carreño produce algodón que abastece de fibra a las textileras de Venezuela y posee alguna ganadería.

La zona fue sometida a la extracción de quina a finales del siglo XIX y atrajo al sur del río Meta una fuerte migración y un auge de la ganadería en su zona norte. Luego se extrajeron hasta su extinción las plumas de garza real, conocidas como oro blanco de la Orinoquia colombo-venezolana. Se extrajeron también la sarrapia, la balata, el chicle, el caucho y las pieles de animales salvajes. La forma de su explotación y la esclavización de la población, principalmente indígena, produjeron un efecto de degradación. Después vino el auge de la explotación de caucho y productos forestales. Guainía y Vichada proveyeron la fibra chiquichiqui, apetecida materia pri-ma en la industria de escobas, cepillos, cordelería y cables de uso náutico. El descubrimiento de oro en la región a partir del siglo XX provocó una intensa actividad minera transfronteriza y generó no pocos conflictos a causa de la labor erosiva de los garimpeiros que penetran por Brasil y arra-san la selva del suelo guyanés en busca de oro. Como producto de la nueva ola extractiva desatada con la Segunda Guerra Mundial, la United States Rubber Development Corporation estableció campamentos para explotar caucho, balata, chicle en el medio y alto Orinoco. Con ello se instauró el eje comercial entre San Fernando de Atabapo, en Venezuela, y Puerto Inírida y Amanavén del lado colombiano de la frontera.

Los procesos de colonización generados con la explotación del cau-cho, del oro y de la fibra de chiquichiqui, así como las misiones religiosas, han introducido cambios en la cultura de los curripaco y en su organiza-ción social.

Frustración de proyectos estratégicos conjuntos

Pese a que Colombia y Venezuela comparten, en este ámbito, ríos de enorme valor estratégico, las tensiones por la resonancia de los conflictos

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de un país sobre el otro o por la delimitación que ha generado historias de pérdida territorial y mutuos temores de apropiación del territorio por el vecino han impedido la protección y aprovechamiento conjunto de los ríos y han presionado contra la libre navegación. Eso mismo ha ocurrido con la no concreción del proyecto de una hidroeléctrica sobre el río Orinoco que genere energía para las dos naciones. Aunque se ha avanzado en contratos binacionales de venta de electricidad, estos se han visto suspendidos por la disputa entre las capitales.

Algo similar podría decirse con respecto a Brasil, aunque en ese caso la causa, más que los problemas de delimitación, es la ausencia de proyec-tos conjuntos y la lejanía entre los centros políticos que hasta fines del siglo XX se han comportado como vecinos distantes y desconocidos.

Problemas de seguridad con mutuos efectos e interacciones

Del lado colombiano, los cultivos de coca y cierta presencia de gru-pos armados irregulares en algunas áreas de la cuenca del Orinoco han afectado la vida de las poblaciones y del ambiente. Es conocida la actua-ción de las FARC que dio refugio y protección al narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, “Fernandinho”, intercambiando cocaína por ar-mas y dólares como se puso de presente el 19 de abril de 2001, cuando en Barrancominas (Guainía) se produjo su detención. El periódico O Estado de São Paulo denunció, a su vez, la existencia de refugios de las FARC en Brasil que hacen parte de las mismas transacciones. Autoridades del Brasil aseguraron que “Fernandinho”, además de manejar el 60% del negocio de las drogas en Brasil, traficaba con armas por Surinam, Brasil, Colombia y Paraguay. Comisarios de la policía federal brasileña aseguraron que el intercambio de cocaína por armas en localidades fronterizas con Colom-bia es un hecho frecuente y que ya habían sido capturados varios aviones brasileños que cargaban armas para la guerrilla colombiana o retornaban de ese país con droga.

ámbito colombo-brasileño de transición entre la orinoquia y la amazoniaLa parte oriental de los departamentos de Vaupés y Amazonas en Co-

lombia y el occidente del estado de Amazonas en Brasil albergan la selva de transición que une a la Orinoquia con la Amazonia; posee características

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de ambos ecosistemas, aunque predomina la segunda desde el punto de vista geográfico. La inscripción de esta zona dentro de la Orinoquia co-lombiana se explica por razones de tipo económico y político, por cuanto su vínculo comercial y cultural se asimila más al epicentro llanero que al prototipo amazónico, gracias a que las vías aéreas conducen al departa-mento del Meta, mientras que sus vínculos económicos y culturales son débiles con la Amazonia.

En contraste con la carencia de vías terrestres, la región se encuen-tra articulada a través de importantes ríos: Vaupés o Uaupés, Apaporis y Caquetá o Japurá −de acuerdo con sus nombres en Colombia y Brasil−, navegables durante ocho meses al año, lo que permite las travesías de pueblos indígenas, colonos y mercancías, ubicados en afluentes, caños y quebradas.

Entre los siglos XVI y XIX, este territorio fue disputado por los impe-rios portugués y español, el primero a través de campañas militares y el segundo, de conquistadores y misiones religiosas de dominicos y jesuitas. A comienzos del siglo XX vino la disputa por la delimitación. Después del ataque de militares peruanos, en 1910, al puesto de La Pedrera, el go-bierno colombiano reaccionó, logró repeler el ataque y creó la comisaría del Vaupés, que hasta 1963 y 1977 incluyó los territorios de Guainía y Guaviare.

Por los constantes problemas con pobladores brasileños, inicialmen-te se dejó como capital a Yavaraté por estar situada en toda la línea limí-trofe pero luego fue sustituida por Mitú, que había sido creada en 1936, aunque esta población se halla un poco apartada de la “raya” como sim-bólicamente la denominan los habitantes fronterizos. Esas dos poblacio-nes, además de Taraira y Pacoa, han atraído colonos a raíz de las distintas bonanzas no reguladas y de la violencia partidista de mediados del siglo XX. El aislamiento de este ámbito del resto de Colombia sigue siendo no-torio, ya que solo cuenta con una vía apenas carreteable la cual comunica Mitú con la comunidad de Monfort en la frontera con Brasil sobre el río Papurí. Tampoco cuenta con un sistema productivo autosuficiente, por lo que el suministro de alimentos se hace por vía aérea desde el interior de Colombia, lo que ocasiona un fuerte incremento de los costos de los productos básicos.

En este ámbito encontramos una población compartida por Colombia y Brasil en su territorio y en sus penurias, los mismos efectos de los procesos de extracción indiscriminada y de los problemas comunes de seguridad.

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Población compartida

Desde la época prehispánica este ámbito ha estado habitado por nu-merosas comunidades indígenas cuya forma de vida así como su organiza-ción y las relaciones entre los distintos grupos étnicos han sido modificadas por las incursiones de conquistadores, caucheros, colonos y grupos arma-dos irregulares.

La mayoría de los grupos fueron exterminados pero aún hoy el Vau-pés ocupa el primer lugar en cuanto a mayor proporción de población indí-gena por departamento, con un 74,6%. Entre las comunidades que quedan están las familias nukak-makú, juhup y hupdu, nómadas de la selva inter-fluvial, y los tukano-arawak, grupos ribereños que han estado en perma-nente contacto con los blancos.

Los makú se ubican en áreas de Colombia y Brasil, que varían según la época y la disponibilidad de recursos para la caza, fuente principal de su subsistencia. Los makú son los más antiguos descendientes del noroeste amazónico que se han ido extinguiendo al ser apresados como esclavos para trabajar en las caucherías o para ser vendidos o cambiados por mer-cancías. Esa comercialización llevó también a su asimilación por los tuka-no-arawak cuya cultura basada en la agricultura utiliza su mano de obra por semanas o meses. Esa relación con otros grupos étnicos y los cambios introducidos por la colonización han hecho que los makú se movilicen según los trabajos para los que son requeridos. El contacto con los colonos, y recientemente con los grupos armados que empezaron a operar en los territorios por los cuales solían desplazarse, han afectado a tal punto a los makú que han venido perdiendo las costumbres nómadas, que era uno de los ejes de su existencia y que los distinguían como uno de los últimos grupos humanos de su tipo.

Extracción indiscriminada

La región ha vivido cuatro bonanzas que han alterado su población y sus ecosistemas y han generado colonización y violencia. La primera, la del caucho, que tuvo dos momentos: entre 1890 y 1920, y luego, a mediados de los años cuarenta del siglo pasado, como producto de la demanda de la posguerra. La segunda, la de las pieles, entre 1960 y 1970, que agotó las especies nativas y afectó el equilibrio ecológico. La tercera, la del oro, en Taraira, desde mediados de los ochenta, y, tras su agotamiento, la explota-ción de otros yacimientos a lo largo del ámbito fronterizo. La cuarta, la de

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la coca, desde finales de los ochenta. Las bonanzas han dado origen a no pocos conflictos entre poblaciones de indígenas, colonos, mineros colom-bianos y brasileños y grupos armados irregulares.

Problemas de seguridad

Desde mediados de los años noventa, las buenas relaciones de ve-cindad local, generadas por el intercambio que ha existido desde épocas remotas, se han visto entorpecidas por la presencia de actores armados ile-gales. Con la extracción de oro en las serranías de Naquén y Taraira y con los cultivos de coca llegó el conflicto armado colombiano a este ámbito. Las FARC arribaron a esta área minera en 1987 y ante la ausencia de auto-ridad oficial asumieron el dominio del orden social y público en medio de considerables cantidades de dinero y de oro que circulaban y aumentaban la delincuencia.

A pesar de que el conflicto armado se concentra en los departamentos de la Amazonia occidental colombiana, como Putumayo, Nariño y Ca-quetá, diferentes grupos étnicos han sido amenazados y desplazados por los actores armados y han visto trastocada su cultura y su territorio con la irrupción del cultivo y procesamiento de hoja de coca. El caso más dra-mático es el de los nukak que habían permanecido aislados hasta que la presión de la guerrilla y los paramilitares los obligó a refugiarse en po-blados de donde no quieren volver a salir porque su vida y ámbito fueron interferidos.

triple frontera de Colombia con brasil y perú en el trapecio amazónicoEl Trapecio amazónico colinda con el estado Amazonas en Brasil y

Loreto en Perú y queda en el punto medio entre Manaos e Iquitos, pobla-ciones centrales de esos dos países. Ante la ausencia de vías de comunica-ción terrestres, el único transporte hacia el centro político es por vía aérea y hacia la región por vía fluvial, lo que ha llevado a afirmar que el Trapecio amazónico tiene un carácter insular.

A diferencia de Brasil y Perú, que desde sus albores republicanos construyeron formas de control en esta región fronteriza, el Estado colom-biano se hizo presente ya bien entrado el siglo XX e inició una colonización militar, a partir de Leticia, con el fin de tomar posesión de este territorio y

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garantizar la soberanía nacional. Luego, el Estado colombiano le dio res-paldo jurídico y económico a la iglesia católica en todo el territorio nacio-nal para evangelizar a los indígenas y dejó en sus manos la difícil tarea de “colombianizar” a una población que además, en este ámbito del Trapecio, tenía un arraigado nacionalismo peruano.

La bonanza del caucho contribuyó al conflicto colombo peruano de 1932-1934 y ambos procesos modificaron el mapa de la región. De hecho, aprovechando las guerras civiles de Colombia (1885, 1895, la de los Mil Días, entre 1898 y 1900, y la separación de Panamá en 1903), se produjo la invasión de caucheros peruanos al Putumayo. Allí se enfrentaron con comerciantes colombianos dueños de empresas fundadas a fines del siglo XIX. La Casa Arana controló una extensa área entre los ríos Caquetá y Putumayo, protegida por el gobierno peruano con puestos militares en las márgenes del Putumayo. La entrega oficial de Leticia a Colombia en 1930 provocó mucho malestar en la región de Loreto. La élite local fundó la Junta Patriótica con el fin de recuperar a Leticia por la fuerza, finan-ciando a voluntarios civiles y a unos cuantos oficiales de bajo rango. El clamor popular de apoyo a la acción obligó a los oficiales del ejército y de la marina a plegarse al movimiento. La captura de Leticia, el aprisio-namiento y el remplazo de las autoridades colombianas se produjo en septiembre de 1932. La Sociedad de las Naciones intervino y logró un acuerdo el 24 de mayo de 1934, con el reconocimiento por Perú de la soberanía de Colombia sobre el Trapecio amazónico y de la navegación por el río Amazonas.


En el Trapecio amazónico existen identidades culturales diferencia-das, cruzadas a la vez por las identidades nacionales de los países que allí confluyen. Los indígenas ticuna, uitoto, ocaina, cocama y yagua corres-ponden a la mayoría de la población de la región. La incorporación de los indígenas a la “brasileñidad”, “peruanidad” y “colombianidad” se dio en los dos primeros países mediante los ejércitos y en Colombia a través de la iglesia católica. Luego del trabajo forzado impuesto por la cauchería, los procesos de demarcación de fronteras generaron divisiones dentro de un mismo grupo indígena que se vio abocado a definirse entre diversos proce-sos de nacionalización y a asumir distinciones socioculturales fundamen-tadas en las identidades nacionales.

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Ese fue el caso de los ticuna que conforman el grupo más numeroso que habita en esta triple frontera de Brasil, Perú y Colombia, pese a que fueron la principal mano de obra en la explotación primero del caucho y luego de la madera. La movilidad de los ticuna a lo largo del río Amazonas es transfronteriza. No toman en cuenta el límite entre los tres países, ni usan una identidad nacional sino que su distinción es entre los que viven río arriba y los del río abajo. Se mueven en una u otra dirección con el fin de visitar parientes y amigos, hacer intercambios comerciales y alianzas matrimoniales, encuentros deportivos o eventos religiosos, realizar ritua-les étnicos y prácticas médicas tradicionales o participar en actos promovi-dos por las diferentes organizaciones supralocales ticunas. Los ticuna han experimentado un cambio cultural profundo que se expresa en la mitolo-gía, en sus ritos y en su vida social, producto de influencias interétnicas, del contacto con otros grupos culturales y de la influencia de las misiones ca-tólicas y protestantes que se desarrollaron en la región. Ya no viven en ma-locas sino en poblados con casas unifamiliares y practican la agricultura de roza y quema. En lo mitológico y ritual han sido influidos directamente por las prácticas religiosas cristianas, tanto protestantes como católicas.

La familia lingüística Witoto, a la que pertenecen los uitoto, andoque y ocaina, también se vio desplazada por la bonanza del caucho cuando sus diferentes grupos fueron trasladados de territorio colombiano a la Ama-zonia peruana. Desde los años sesenta una pequeña parte de los uitoto decidieron volver a su territorio de origen en La Chorrera colombiana y algunos se han ido estableciendo en territorio ticuna en la vía Leticia-Ta-rapacá donde cada comunidad se conoce por su ubicación en la misma vía −del kilómetro seis, del kilómetro once, etc.−, y por eso se sienten en-deudados con ellos. Los andoque y ocaina se encuentran en un proceso de asimilación cultural por el grupo uitoto al que han estado estrechamente ligados desde cuando fueron llevados por los caucheros de Colombia al Perú y luego, varios miles de ellos, asesinados. Los cocama también fueron trasladados a comienzos del siglo XX al Perú para trabajar en las tierras de los caucheros; algunos han regresado a Colombia, como los yagua que, por estar situados en las riberas del Amazonas peruano, huyeron debido al conflicto peruano-colombiano.

Además de la población indígena que sigue siendo la mayoría de la región, el resto se divide en blancos quienes son los agentes del Estado, los mestizos o colonos de origen local, del interior del país, de otros territo-rios amazónicos o de otros países y que son fruto ante todo de una doble

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migración, producto de los cambios en el curso del río Amazonas que ha transformado o desaparecido poblaciones, como sucedió a comienzos del siglo XX con el poblado peruano de Loreto en el margen izquierdo del río Amazonas, que fue remplazado por Caballococha en la ribera opuesta del río. Otra migración por problemas políticos o económicos a lo largo del siglo XX en Perú y Colombia se dio cuando de Perú llegaron, desde San Martín en los años cincuenta, perseguidos políticos que se instalaron en Leticia y se especializaron en la oferta de servicios. Después, por razones económicas, miles de peruanos se agruparon en diferentes barrios de Le-ticia y Tabatinga. Del interior de Colombia llegó una población que huía de la Violencia de mitad de siglo, que se dedicó a la explotación de madera y de pieles.

El incremento de la población se generó también ante el temor de que el vecino creciera sin una contrapartida que detuviera su expansión. Tabatinga y Leticia surgieron y se expandieron entonces como estrategias de afirmación de soberanía nacional, lo que ha limitado el desarrollo eco-nómico regional en su conjunto y ha duplicado esfuerzos e inversiones. No obstante esa estrategia, el aumento de la población de cada lado intensificó las relaciones entre los habitantes de Leticia con las ciudades brasileñas Ta-batinga y Benjamín Constant, que se veían empujadas hacia un fenómeno similar: el crecimiento de la población y de la economía en torno al empla-zamiento militar del comando de fronteras del alto Solimões.

Por eso los habitantes de las tres orillas urbanas de este ámbito trina-cional, incluido el pequeño poblado peruano de Santa Rosa, no tienen lí-mites marcados ni control de los desplazamientos y más bien han generado una complementariedad espontánea en actividades económicas y sociales. La línea limítrofe es traspasada bien sea por el recorrido de la vivienda al trabajo, la búsqueda de bienes y servicios según las propias necesidades, las disponibilidades locales o por lo que resulta más conveniente adquirir en uno u otro lado. En esas relaciones transfronterizas, el límite, que suele ser bastante invisible, se torna, además, sumamente poroso, incluso para las autoridades locales, que se prestan servicios recíprocos. Del 30% al 40% de la población de esas tres localidades tiene doble o triple nacionalidad. Además, la mayor parte de sus habitantes hablan los dos idiomas latinos oficiales o uno intermedio, el “portuñol”, e innumerables lenguas indíge-nas, que se cruzan entre la gente que convive cotidianamente de manera transfronteriza y comparte la música, el baile, el fútbol, la cultura ribereña y la adhesión a grupos religiosos tanto tradicionales como nuevos.

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Conexión global a través de la extracción indiscriminada

El aislamiento con respecto al resto del país contrasta con la fuer-te vinculación internacional y global de la Amazonia en diferentes mo-mentos. En el siglo XIX, la introducción de las embarcaciones a vapor y el negocio del caucho estimularon la economía de esta área trinacional y su vinculación al mercado mundial, lo que trajo no pocas consecuencias para la región; entre otras, una sustancial modificación de la vida de las poblaciones indígenas. Posteriormente, la extracción ilegal de madera y de distintas especies vegetales y animales así como el tránsito de cocaína pro-cedente de Perú en los años ochenta y de Colombia en los noventa, y otras actividades ligadas al tráfico ilícito de drogas y armas, han reactivado y actualizado la vinculación de la región al comercio globalizado. A ello con-tribuye, igualmente, la percepción y representación de la Amazonia como área de extracción de recursos estratégicos y como reserva para la supervi-vencia de la humanidad. Esa percepción está dando lugar a grandes ofertas turísticas nacionales o incluso a articulaciones transfronterizas.

Delincuencia e inseguridad

La delincuencia común en los centros urbanos se concentra en el robo de motos, que es el modo de transporte más común, y en actividades relacionadas con la criminalidad transnacional, como el tráfico ilícito de piedras preciosas, o con la biopiratería de especies silvestres protegidas, así como el contrabando de madera fina, el cual se vale de la no coincidencia entre los países en las normas sobre veda, tala, extracción, transporte y co-mercialización del producto. Del lado colombiano las normas prohíben la comercialización y el transporte de ese tipo de madera, del lado brasileño o peruano existen áreas productoras que, por su cercanía a la línea limítrofe, dificultan las actividades de control, facilitan la adulteración de autoriza-ciones y aumentan la dificultad de vigilancia por las autoridades sobre los ríos compartidos o fronterizos.

La mayor problemática para Brasil y para Perú en este ámbito, deri-vada del conflicto colombiano, parece estar ubicada en su articulación a la actividad de la criminalidad organizada, desde mediados de los años no-venta. Ante todo, la problemática global de las drogas y los delitos conexos ha impactado importantes sectores de la frontera colombo-brasileña. En algunas áreas el aumento de los cultivos de hoja de coca ha incrementado la colonización y ha generado una importante destrucción ambiental por

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deforestación de partes de la selva y contaminación de algunos ríos. A su vez, la producción y el tráfico de cocaína han ampliado el uso de ríos para sacar hacia el exterior la droga refinada. Por su lado, los programas de fu-migación han tenido consecuencias ambientales y sociales no atendidas. Además, la amplia región fronteriza es fuente de interacciones ligadas a las drogas −tráfico de precursores químicos, pasta básica, clorhidrato de cocaína, lavado de activos, consumo.

ámbito putumayense colombo-peruanoLa línea limítrofe entre Colombia y Perú de 1 626 kilómetros está

conformada, además de la triple frontera Colombia-Brasil-Perú, por el Pu-tumayo colombo-peruano. Este ámbito también hace parte de la selva de la Amazonia y está compuesto por llanuras aluviales bajas, planas e inun-dables atravesadas por numerosos ríos que presentan diferencias conside-rables en su cauce dependiendo de la estación. El río más importante es el Putumayo que nace en el nudo de los Pastos en Nariño y desemboca en la Amazonia brasileña; cuenta con 1 610 km de extensión. Uno de sus prin-cipales afluentes es el río Guamués que nace en territorio colombiano. En Perú se destaca el río Napo que es compartido con Ecuador.

Este ámbito comprende parte de los departamentos de Amazonas y Putumayo en Colombia, y de Loreto en Perú con tres subregiones: 1) Puer-to Leguízamo-Soplín-Vargas, 2) El Encanto-Puerto Alegría-El Estrecho, 3) Tarapacá-Arica-El Álamo. No hay pasos fronterizos formales y las pocas poblaciones existentes en esta zona se comunican por vía fluvial o aérea a partir de las capitales de cada país y comparten las limitaciones que histó-ricamente han tenido para su desarrollo económico y para la adecuación y prestación de los servicios básicos. Tres de las características destacables de este ámbito son su población, la extracción y la colonización, como des-cribo a continuación.


Este ámbito de la frontera colombo-peruana, como el de la triple frontera con Brasil, es el lugar de asiento de distintos grupos indígenas. Algunos grupos, como los andoque, los ocaina y los tanimuca, que habitan territorios de ambos países, enfrentan serias dificultades y su cultura se encuentra en peligro de extinción luego de ser desplazados de su territorio

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y reagrupados según los intereses de los empresarios dedicados a la extrac-ción de caucho o de los Estados durante el conflicto binacional. Actual-mente los andoque se ubican en la ribera del medio río Caquetá, al sur de la Amazonia colombiana, y habitan cuatro resguardos en los departamentos de Amazonas y Caquetá, mientras que en Perú forman parte de los once grupos indígenas que se extinguieron entre 1950 y 1997. Los tanimuca, pertenecientes a la familia lingüística Tucano oriental, habitan actualmen-te en resguardos ubicados en los municipios de La Pedrera, Leticia y Mirití-Paraná, en Amazonas.

Extracción de quina y caucho

La bonanza de la extracción de la corteza de quina, de 1880 a 1884, y de caucho a finales del siglo XIX, trajo consigo el impulso de la colonización del área. A finales de 1881, la compañía de Rafael Reyes incursionó en la región uitoto, y en Brasil obtuvo del emperador Pedro II la concesión de la libre navegación por los ríos amazónicos así como la exención de dere-chos de importación y exportación. De los acompañantes de estas explo-raciones, oriundos de Boyacá, Cauca, Tolima y Huila, surgieron caucheros como Benjamín Larrañaga y Crisóstomo Hernández quienes hicieron es-taciones a lo largo de los ríos Cara-Paraná, Igara-Paraná, Japurá y Cahui-narí fundando las agencias caucheras de La Chorrera y El Encanto. Entre 1880 y 1890 caucheros ecuatorianos, peruanos y colombianos ingresaron a Colombia a través del río Putumayo y sus afluentes. Entre 1899 y 1900, Mocoa experimentó un empuje económico por la actividad en torno al caucho y a las mercancías extranjeras, pero desde 1903 entró en decadencia producto de la guerra civil colombiana de los Mil Días (1899-1902) y del auge comercial de Iquitos. Ese auge de Iquitos explica la posterior expan-sión de la Casa Arana sobre los territorios del Caquetá y el Putumayo en Colombia y su influencia y control posterior sobre las agencias fundadas por colombianos.

Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por la lucha entre caucheros colombianos, peruanos y ecuatorianos por la mano de obra indígena y por el territorio; sus enfrentamientos afectaron la actividad cauchera en momentos de altos precios. Los caucheros utilizaban no solo la mano de obra indígena cercana a las agencias sino que trasladaban a distintos grupos indígenas de su hábitat natural y los sometían a abusos inhumanos, lo que llevó a la desaparición de innumerables comunidades.

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Las denuncias internacionales condujeron a un juicio contra la Casa Ara-na, al mismo tiempo que terminaba el auge del caucho amazónico porque había sido remplazado por la goma de Ceilán y Malasia. El fin del caucho trajo enormes problemas porque los caucheros eran los dueños de fundos dedicados a actividades agropecuarias y extractivas complementarias o vi-tales para la cauchería −aguardiente de caña, harina de yuca, carne, leña−, lo que permitía reducir costos de importación de las casas de Iquitos. Esa crisis y el desacuerdo de los loretanos con el acuerdo limítrofe pactado por Perú y Colombia en 1922 dieron origen a la toma de Leticia que originó el conflicto peruano-colombiano que ya mencionamos. El conflicto tuvo enormes efectos sobre la población indígena de la región, la uitoto en par-ticular, que fue reclutada por los ejércitos peruano y colombiano, concen-trada en guarniciones fronterizas como las de Tarapacá y Güepí, lo que dispersó los diferentes grupos, generó enfrentamientos de miembros de una misma comunidad y acentuó la extinción iniciada por la Casa Arana.

Colonización

El conflicto binacional luego de la toma de Leticia suscitó estrategias de defensa de la soberanía. Del lado colombiano hubo un estímulo militar de la colonización con la fundación de baluartes, el fortalecimiento de po-blaciones y la construcción de vías. Se fortalecieron los poblados de Puerto Leguízamo, que había sido fundada en 1924 sobre el río Putumayo como colonia penal y agrícola de Caucayá; La Tagua, fundada en 1932 sobre el Caquetá, que era un sitio de almacenamiento de todo el caucho que se extraía en ese río; y de Tres Esquinas, en 1893. Las vías que se utilizaron y mejoraron fueron: la trocha de la Tagua para que la tropa llegara a la frontera a enfrentar a los peruanos y que también comunicó el interior del país con su zona limítrofe con el Perú. También se construyeron las carreteras entre Pasto y Puerto Asís, que se había comenzado en 1931, de Pasto a Mocoa para unir el interior del país con la llanura amazónica, y de Mocoa a Puerto Asís. Los desarrollos viales generaron la colonización de los alrededores de Mocoa y de la zona de Villa Garzón y Puerto Umbría.

La colonización estuvo estimulada también por otros cinco factores. Primero, un nuevo auge en torno al caucho a mediados del siglo XX como consecuencia de la segunda guerra mundial y de la invasión de Japón al sudeste asiático, que se había convertido en centro productor de goma. Se-gundo, el conflicto político que sufrió Colombia entre 1940 y 1953. Tercero,

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el comercio de pieles de tigrillo, caimán negro, curillo y nutria, desarro-llado a partir de 1960 desde Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Cuarto, la explotación de petróleo que comenzó desde 1938 en la Amazonia peruana y desde los años sesenta en el Putumayo colombiano. Quinto, los cultivos de hoja de coca que desde finales de los años setenta se trasladaron de Perú y Bolivia al Putumayo colombiano.

Los cultivos de coca consolidaron la presencia de actores armados ilegales, y desde 2000 comenzaron las fumigaciones para buscar su erra-dicación. Entre 2000 y 2002, al tiempo que las hectáreas sembradas en el Putumayo se reducían de 60 000 a 14 000, según los censos satelitales, los cultivos de coca descendían hacia Nariño y las selvas del departamento del Amazonas de Colombia y de Loreto en Perú.

de la triple frontera putumayense colombo-peruana-ecuatoriana al ámbito amazónico colombo-ecuatoriano El ámbito fronterizo de la llanura amazónica comprende parte del

Putumayo en Colombia, Loreto en Perú y Sucumbíos en Ecuador. Se trata de una región plana, con alturas no superiores a los 300 metros sobre el ni-vel del mar. Los ríos San Miguel y Churuyaco sirven de límite natural entre los dos países, así como un pequeño tramo del río Putumayo. En Colombia este ámbito cuenta con trece municipios situados en tres zonas fisiográfi-cas diferentes: alto Putumayo, que conforma la zona andino-amazónica del departamento, con ecosistemas de páramo, cordilleras y valles como el de Sibundoy; el medio Putumayo, constituido por el piedemonte de la cordillera Central y Oriental, y el bajo Putumayo, compuesto por la llanura amazónica. En el caso de Ecuador incorpora toda la provincia de Sucum-bíos con siete cantones que conforman una llanura selvática de exuberante vegetación y fauna, con áreas de sierra a más de 3 000 metros de altitud y de selva húmeda tropical a menos de 400 metros. Este ámbito se extiende hacia el oriente hasta el límite de los dos países con Perú donde confluyen los ríos Putumayo y Caquetá, pertenecientes a la cuenca amazónica, con tributarios importantes como los ríos San Miguel, San Juan, Mecaya y Mo-coa; y en Ecuador el Cofanes, Due, Cuyabeno, Güepí, Coca y Napo. El paso formal entre Colombia y Ecuador es el puente internacional de San Miguel que conecta desde Ecuador a La Punta y la capital petrolera Lago Agrio con las poblaciones colombianas San Miguel, Puerto Asís y Mocoa la capital departamental a 168,5 km.

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Tres factores compartidos determinan la dinámica de este ámbito: po-blación compartida; procesos extractivos con fuertes consecuencias ambien-tales, sociales, económicas y de seguridad; las triples reservas ambientales.


Este ámbito de predominio selvático ha estado habitado por los gru-pos indígenas cofán y siona que vieron transformar su territorio desde la llegada de los españoles, quienes lo colonizaron con instrumentos militares y religiosos. Con la división política entre Colombia y Ecuador, sus comu-nidades quedaron ubicadas en ambos países y fueron sedentarizándose.

En el siglo XX procesos de ambos lados afectaron el territorio y la cultura de estos pueblos indígenas. Primero fue la bonanza del caucho de principios de siglo la que generó una presión colonizadora desde el piede-monte amazónico hacia los territorios ancestrales de los cofán y los siona. Luego, en los sesenta, el descubrimiento de petróleo a ambos lados de la frontera produjo la afectación del hábitat natural de los cofán, cuyo terri-torio fue fragmentado por la construcción de carreteras y la entrega de tierras a los migrantes. La falta de un territorio global llevó a su despla-zamiento y a la alteración de su sistema social y cultural por los cambios que trajo la colonización y el surgimiento de centros poblados alrededor de los campamentos petroleros. Después, tanto los siona como los cofán vieron afectada su cultura por el paso de una agricultura itinerante de autosubsistencia a una de tipo intensivo con destinación exclusiva para el mercado, lo que ha llevado al agotamiento de los recursos y a su imposi-bilidad de migrar.

Pero la integración a la sociedad nacional no se ha dado solamen-te a través del mercado; la integración ideológica ha sido obra de la larga actividad misionera en la región que quebrantó los sistemas de creencias tradicionales de estos grupos y los hizo practicantes del catolicismo. Hoy los indígenas de esta zona establecen una diferenciación entre “indígenas civilizados o cristianos”, como se autodenominan, y aucas, que ellos tradu-cen como “indígenas salvajes” o no convertidos al cristianismo. De igual forma, debido a la disolución de los resguardos en Nariño, los indígenas inga, siona y cofán fueron desplazados hacia la vía Pasto-Mocoa-Puerto Asís e incluso hasta Puerto Leguízamo. Finalmente, el cultivo y procesa-miento de hoja de coca y la llegada de actores armados a la región han afectado seriamente la cultura y la preservación de los pueblos indígenas

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cofán y siona. Su situación se vio agravada desde la implantación del Plan Colombia en el Putumayo. Los pueblos siona, cofán, uitoto, inga y nasa, del Putumayo, son los que mayor afectación tienen a causa de las fumi-gaciones, el reclutamiento forzoso, las amenazas y los asesinatos. Varios resguardos indígenas están deshabitados porque la presión armada impide que los indígenas vuelvan a sus territorios.

Extracción e inseguridad

Este ámbito amazónico putumayense se ha caracterizado desde la colonia por periodos ligados a ciclos extractivos en torno a la quina, el caucho, el oro, las maderas, el petróleo y la coca, los cuales han genera-do colonización y violencia que afectan la región. Desde finales del siglo XIX la demanda de corteza de quina por las potencias europeas ante el aumento de casos de malaria en sus dominios de Asia, África y América, produjo la formación de empresas extractivas cuya actividad dinamizó el comercio e impulsó la navegación a vapor por el río Putumayo. Empresa-rios colombianos con negocios en el Cauca y Nariño, como la Casa Elías Reyes y Hermanos, percibieron la posibilidad de explotar el producto en las selvas del alto Putumayo y a ellos se les asoció Rafael Reyes, quien viajó en 1874 a través de los ríos Putumayo y Amazonas hasta el Atlánti-co. El consecuente comercio de la quina colombiana mediante transporte fluvial desde el Putumayo contribuyó al desarrollo de Mocoa y sus zonas circundantes. La explotación de quina entró en decadencia y fue rempla-zada por el caucho.

Desde 1977 se inició el cultivo de hoja de coca en Puerto Asís. Como tenía ventajas para los campesinos −la rentabilidad frente a los cultivos tradicionales, la venta asegurada y el pago inmediato−, generó migraciones desde las riberas del río Caquetá hasta Puerto Guzmán, Puerto Limón y La Tagua. La hoja de coca se comercializaba en Puerto Asís y en Puerto Os-pina y se producía mayoritariamente en El Azul, situado sobre el río fron-terizo San Miguel, que luego se transformaría en epicentro de actividades de paramilitares. La bonanza cocalera generó el abandono de los cultivos de subsistencia, y el Putumayo pasó de ser una despensa agrícola a abas-tecerse del mercado interior, subió el costo de vida y aumentó la violencia. A partir de 1990, las plagas provocaron el inicio de nuevas variedades de coca: la Tingo María del Perú que produce seis cosechas y la boliviana que produce ocho cosechas al año. Esta nueva bonanza y el incremento de la

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explotación petrolera estimularon una fuerte migración proveniente del Huila, Cauca, Valle y Nariño así como de la zona cafetera y del Ecuador.

Petróleo y coca estimularon la actuación de las FARC. Los grupos pa-ramilitares llegaron para disputarle las líneas de abastecimiento a la gue-rrilla y lograron controlar el puente limítrofe sobre el río San Miguel. Su llegada coincidió con las fumigaciones del Putumayo generadas en el año 2000 con el Plan Colombia. Entonces comenzaron los desplazamientos y los efectos sobre Lago Agrio, la vecina provincia de Sucumbíos en Ecuador.

Reservas ambientales compartidas

Los tres países comparten importantes reservas ambientales en esta triple frontera −Cuyabeno en Ecuador, Güepí en Perú y La Paya en Co-lombia−, que pueden constituir la base a partir de la cual se reencauce la vecindad con participación de las autoridades locales y de las poblaciones involucradas. De hecho se ha venido elaborando el plan “Tres Fronteras” con el fin de unir esfuerzos de protección, estudio y manejo de las reser-vas colindantes.

las fronteras amazónicas: escenario del conflictoDurante casi dos siglos republicanos Bogotá mantuvo una especie de

nexo colonial con el tercio del territorio nacional que es amazónico, pues concentraba su atención en las zonas más pobladas del país, en particular las andinas, que se debatían en incontables guerras. Para el resto del terri-torio colombiano, y en especial para las fronteras, los cacicazgos locales, articulados a los partidos políticos a través del clientelismo y de la fuerza, han jugado un cierto papel de vinculación e intermediación con el Estado.

De esta forma, las zonas fronterizas amazónicas han sido relegadas a la condición de periferia de la nación. Periódicamente se han visto so-metidas al vaivén de actividades extractivas con sus fugaces bonanzas que han atraído masas empobrecidas o expulsadas del interior del país, como escape a las tensiones producidas por una estructura muy concentrada de la propiedad rural. Tales bonanzas no han dejado redes de poder locales y regionales que articulen esas zonas a la construcción de la nación y del Es-tado o que faciliten su desarrollo. Más que una presencia de instituciones bien implantadas, dotadas con el respectivo personal administrativo, capa-ces de administrar justicia y de promover procesos económicos y sociales

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o fuerzas de seguridad que cuenten con el legítimo y exclusivo control de la fuerza, existen en algunas de estas zonas personajes y grupos irregulares que ejercen su propia ley.

Esta frágil articulación de territorios y poblaciones al Estado nacio-nal y la ausencia de una adecuada regulación institucional dieron lugar a procesos de colonización desordenados, a bonanzas ilegales, a mala utili-zación de los recursos transferidos desde el centro político, a corrupción y apropiación de los recursos públicos. En estas condiciones se fue creando el escenario favorable para la implantación de los tres grandes ejes de la confrontación armada contemporánea: las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico.

la paradoja fronterizaLa gran paradoja que encontramos en los ámbitos fronterizos amazó-

nicos es que se hallan parcialmente desconectados del resto de Colombia (en muchos el avión es la única manera de llegar), muy ligados con las po-blaciones de países vecinos y crecientemente articulados con flujos ilegales y redes delictivas globales. Este no es un fenómeno exclusivamente colom-biano. También ocurre en las zonas fronterizas de países vecinos, que tam-poco han logrado contar con una adecuada presencia estatal ni obtener un lugar en la construcción de su nación. Sin embargo, al ser uno de los países andinos más extensos, con prolongadas áreas limítrofes, pero que ejerce un menor control territorial sobre ellas, Colombia ha ido convirtiéndose en el país de mayor complejidad en problemáticas fronterizas.

La Constitución de 1991 consagró la sustracción del 40% del territo-rio nacional de las leyes del mercado al convertir extensas áreas en reser-vas ambientales, resguardos indígenas y tierras tituladas a comunidades negras. Además, convirtió en departamentos a las antiguas comisarías e intendencias. Pero no acompañó esos procesos, por lo que han sido interfe-ridos por el conflicto y por algunos proyectos agroindustriales que asumen esos territorios como vacíos a llenar.

La débil integración nacional y la precaria presencia del Estado co-lombiano han permitido que, desde mediados de los años noventa, la confrontación armada convierta varios ámbitos de frontera en corredo-res estratégicos en disputa y genere efectos en países colindantes. El con-flicto ha estimulado también interacciones de las poblaciones vecinas con actores y dinámicas del conflicto y de la economía de la droga. Redes

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transnacionales articulan a distintos sectores de las zonas fronterizas co-lombianas o de países contiguos a flujos de drogas, precursores y dineros ilegales, o a contrabandos de armas, explosivos, gasolina, etc. Estos nexos han avanzado más rápidamente que los esfuerzos del Estado por hacer presencia en esas zonas a través del reconocimiento y la regulación de los territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes, así como por medio de la creación de parques nacionales. Se han desplegado, además, con mayor rapidez que los programas de desarrollo e integración fron-teriza impulsados por los procesos de integración regional. Así se ha ido creando el contexto propicio para una ambigua regionalización del con-flicto colombiano.

la actual problemática fronteriza

La seguridad democrática

La seguridad democrática ha logrado ampliar la presencia de la fuer-za pública, debilitar a guerrillas y paramilitares y bajar importantes indi-cadores del conflicto. Sin embargo, en unos ámbitos han resurgido bandas paramilitares y en otros las guerrillas muestran capacidad para reclutar jóvenes por coacción o falta de oportunidades, para refugiarse al otro lado del límite y para aprovechar las tensiones con el país vecino. La presión ejercida sobre los militares por mostrar resultados los induce a cometer graves abusos. La precariedad de la administración de justicia mantiene la impunidad. Los subsidios asistencialistas y la naciente agroindustria no alivian la carencia de infraestructura, de motores de empleo, desarrollo sostenible y de instrumentos que permitan proteger las reservas naturales y los territorios de comunidades indígenas, que se sienten criminalizadas por el Estado y presionadas por los irregulares. El problema de la tenencia de la tierra y de los desplazados sigue intacto. No se ve un fortalecimiento de la institucionalidad local que transforme regalías y transferencias en agua potable, saneamiento básico, salud, educación. La feria de contratos mantiene la corrupción. Hay interferencia de la integración espontánea, criminalización de poblaciones y precarización de sus condiciones de vida. Los daños ambientales con las fumigaciones se suman a los de la produc-ción de drogas.

Los problemas de seguridad ciudadana no han sido atendidos como una prioridad. No ha habido ninguna apertura a considerar los efectos del

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control policial y militar en las poblaciones locales, cuyos lazos transfron-terizos y espacios de interacción son indispensables para su sobrevivencia en condiciones de tanta precariedad. Con el aprovechamiento que grupos irregulares han hecho de tales nexos y espacios, con supresión e involucra-miento en la vida de las comunidades, y con el enrolamiento de muchos pobladores en redes de contrabando de muy diverso orden ante la falta de otras opciones, la respuesta ha sido la de intentar arrasar con las interac-ciones locales.

Los actores fronterizos no son convocados a pensar la región ni ayu-dados a superar la informalidad y ampliar la institucionalización, que a ni-vel local es vista solamente como traba al aprovechamiento de alternativas que el Estado no les ofrece.

Déficit múltiple acumulado

Se ha acumulado un múltiple déficit de institucionalidad estatal civil y de infraestructura social, de proyectos de desarrollo (el petróleo no invo-lucra, si acaso da bonificaciones) y de reconversión de las fronteras.

Economía de la droga y de la guerra

La economía de la droga y de la guerra aprovecha la interacción es-pontánea de economías y regulaciones diferentes, pues lo que no se consi-gue en un lado se consigue en el otro a menor precio o de mejor calidad, lo que está en veda en un lado está permitido en el otro, lo que está prohibido acá es permitido allá. Las redes ilegales son transfronterizas y desterrito-rializadas y se protegen apelando a la frontera e imponiendo sus regula-ciones a través de la corrupción, la extorsión, el secuestro y el asesinato. Mezclan contrabandos diversos con tráficos de armas, explosivos, droga. El vacío que deja la ausencia de actuación conjunta de los Estados lo llena la economía de la droga y de la guerra, lo cual integra poblaciones diferentes más rápidamente que las iniciativas estatales.

Lentos avances de la concertación, cooperación e integración

Los lentos avances de la concertación, cooperación e integración ama-zónica o andina limitan las capacidades de los Estados para hacerle frente a la problemática fronteriza. La Organización del Tratado de Cooperación

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Amazónica (OTCA) se ha reducido a un instrumento bilateral de Brasil con cada país amazónico. La Comunidad Andina (CAN) viene siendo desmon-tada y sus regulaciones paralizadas por diferencias de modelos económi-cos y de opciones políticas así como por las tensiones entre los gobiernos centrales. Solo ha habido avances en los acuerdos de Colombia con Perú y Brasil que podrían servir de punto de partida para otras negociaciones, paralizadas por el acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos.

tensiones con venezuela y ecuador

Las tensiones con estos dos países han copado los últimos años. Cada lado ha creído que los fenómenos de seguridad se detienen ante la línea fronteriza y han desconocido que las fronteras son sobre todo zonas de articulación para lo bueno y para lo malo, y que fenómenos de seguridad cruzados por flujos regionales y globales no se detienen ante la línea limí-trofe. Esa concepción tiene graves efectos locales e incluso impide el desa-rrollo de los planes alternativos de manejo. El resultado es la parálisis de todos los regímenes acordados a nivel bilateral o multilateral para el ma-nejo de los múltiples asuntos fronterizos en medio de una situación que ha acumulado problemáticas complejas que requerirían de una intervención conjunta entre países colindantes.

Las tensiones binacionales las pagan las gentes de la frontera que ven agravar las condiciones de vida de comunidades pobres que viven a ambos lados de ‘la raya’, muchas con doble o triple nacionalidad. Esas realidades no son tomadas en cuenta por Bogotá, Caracas y Quito que, más que veri-ficar lo que pasa, exacerban la sospecha mutua y desbaratan los avances de integración local. En esas condiciones es imposible el impulso de los planes alternativos de manejo de la problemática fronteriza.

Resolver las grandes vulnerabilidades derivadas de problemáticas transfronterizas: drogas, confrontación armada, precariedad civil del Es-tado y falta de desarrollo, implica un esfuerzo nacional pero sobre todo un esfuerzo de integración y concertación entre gobiernos vecinos.

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utilidad eConómiCa y eColóGiCa de loS CultivoS ilíCitoS en el oriente de Colombia

iBÁn dE rEMEntEría1

antecedentes generales

la función de utilidad de un bien o servicio es la capacidad que este tenga de satisfacer alguna necesidad o gratificar cualquier deseo; aquello determina su valor de uso sobre el

cual reposa el valor de cambio. Todo bien o servicio se transa en el merca-do para determinar su valor de cambio, siempre y cuando tenga algún va-lor de uso. Para poder acceder a ellos, la población demandante manifiesta y ejerce su disposición a pagar; esto hace del bien o servicio una mercancía.

Las características ansiógenas –generadoras de ansiedad– de la socie-dad contemporánea han generalizado de manera universal el uso ansiolíti-co de las drogas –calmante de las ansiedades–, tanto de los psicofármacos, drogas de diseño, drogas de origen natural –marihuana, cocaína y heroí-na–, como del alcohol, en su conjunto llamadas sustancias psicoactivas.

Las drogas en tanto bienes que se transan en el mercado son mer-cancías, que tienen un valor de uso y una función de utilidad, por lo tanto también un valor de cambio, no obstante que esas transacciones y todos los actos conducentes a su provisión están prohibidos. Las conductas aso-ciadas, las mercancías y el mercado que constituyen son ilegales y esas

1 Experto en drogas, desarrollo alternativo y seguridad ciudadana; funcionario y consultor de Naciones Unidas, Cepal, GTZ e IICA en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Ha sido asesor de la Dirección del Servicio de Salud en Viña del Mar, Chile, y ha coordinado varios proyectos sobre pequeño delito, planificación ciudadana, asistencia técnica a programas en beneficio de la comunidad y seguridad ciudadana en Chile, donde actualmente reside. Estudió Filosofía en la Universidad de Chile y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, Bogotá. [email protected]

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cátedra jorge eliécer gaitán | ibán de rementería

prohibiciones están penalmente protegidas, de igual manera que la vida e integridad de la persona humana y la libertad, así como el derecho de propiedad, aunque aquello en ningún caso varía la condición económica de la droga y las conductas asociadas a su provisión. Es más, la ilegalidad de la provisión de drogas agrega un mayor valor (o precio) a los bienes y servicios que en esos mercados se transan, a título de cubrir los altos ries-gos que esas actividades ilícitas conllevan. Dada la baja eficacia universal del sistema penal –solamente el 5% de los hechos delictivos denunciados tienen algún sancionado–, las ganancias extraordinarias producto de la provisión ilícita de drogas son notables.

La manera de impedir que los agentes de esta actividad ilícita logren sus propósitos de proveer las drogas, como de obtener las ganancias ex-traordinarias que aquello reporta, se realiza mediante el ejercicio del mo-nopolio de la violencia por el Estado, es decir, mediante la protección penal a la prohibición de proveer las drogas y de enriquecerse por este medio. De igual manera los agentes de la provisión ilícita de drogas se aseguran de viabilizar esas actividades y de garantizar la apropiación de las ganancias mediante el ejercicio de la violencia económica –la corrupción– y de hecho en contra de las autoridades, la competencia y los proveedores, entre otros; esa es la “guerra de las drogas”.

Pese al carácter universal del asunto de las drogas –marihuana, cocaí-na y heroína– y no obstante que el 5,4% de la población mundial mayor de 12 años ha probado alguna droga alguna vez en su vida, menos del 1% de esa población ha hecho uso reciente de esas sustancias –en el último mes– y se estima que solo el 0,7% de ese grupo tiene consumos problemáticos; además, más del 90% de esos consumos son marihuana. En resumen, el asunto de las drogas es universal pero afecta a muy pocas personas.

El mayor problema de las drogas es la manera de prevenir y controlar el narcotráfico desde la actual política de drogas. Hoy las críticas y propues-tas alternativas a esas políticas ya no se restringen a sectores marginales y minoritarios de la sociedad, la política, la cultura y la ciencia. Estas nuevas políticas de reducción del daño se están ejecutando en la gran mayoría de Estados europeos y en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Además, de manera explícita la crítica a la actual política de drogas ha sido realizada recientemente por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Bra-sil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México en 2009.

El asunto de las drogas, un problema eminentemente sanitario, ha devenido en un problema criminal a causa de las políticas de control, con

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utilidAd económicA y ecológicA de los cultivos ilícitos en el oriente de colombiA

el agravante de que la mayor parte de las víctimas son causadas por la guerra de las drogas y no por su consumo. En el caso de los usuarios, la mayor parte no tienen acceso a atenciones de salud, por lo que la morbi-lidad y mortalidad que eso causa se debe a esa denegación de la salud que la actual política de tratamiento en drogas impone: la condicionalidad a la abstinencia.

Las fuentes de la información estadística que se emplearon en este trabajo fueron: para la producción agrícola el DANE, el Departamento Na-cional de Planeación y el Ministerio de Agricultura; para la producción pecuaria las anteriores y Fedegán2; para los precios, Faostat para Colombia, precios en puerta de finca y en US$ de 20073; en agricultura se contrastó la información con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009, del Ministerio de Agricultura4; la información sobre los cultivos ilícitos y sus derivados es de Unodc y Gobierno de Colombia5.

los cultivos con fines ilícitos en el oriente de Colombia

La demanda de drogas o sustancias psicoactivas

La búsqueda “ansiolítica” de sustancias psicoactivas sometidas a con-trol penal, sean psicofármacos o drogas, ha generado una demanda que solo ha sido parcialmente satisfecha por una oferta provista por el des-vío ilícito de la producción legal. La producción ilícita de psicofármacos y drogas de diseño, debido a la concentración de la producción de estos en laboratorios, centros de acopio y transporte, los altos costos de los equipos,

2 Fedegán, La ganadería colombiana: panorama, cifras de referencia. Plan estratégico de la Ganadería – PEGA 2019 (Fedegán, 2009). Consultado en diciembre de 2010 en: http://www.gacetaganadera.com/fotos/file/Colombia%20COMERCIO%20EXTERIOR%20Circ _ %20Bovinos.pdf

3 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Faos-tat. Consultado en diciembre 2010 en: http://193.43.36.221/DesktopDefault.aspx?PageID =570&lang=es#ancor.

4 Ministerio de Agricultura, Sistema de información de la oferta agropecuaria, forestal, pesque-ra y acuícola. Encuesta nacional agropecuaria 2009. Consultado en diciembre de 2010 en: http://www.agronet.gov.co/www/docs _ agronet/201046112648 _ RESULTADOS _ ENA _ 2009.pdf

5 Unodc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009 (Unodc y Gobierno de Colombia, junio 2010). Consultado en diciembre de 2010 en: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Co-lombia -Censo-2009-web.pdf.

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materias primas e insumos necesarios para su producción, hace que estas actividades ilícitas sean de alto riesgo y no estén sujetas a protección algu-na. Por lo tanto, la mayor parte de la demanda por sustancias psicoactivas ha sido satisfecha de manera creciente por la elaboración de drogas de ori-gen natural en que las sustancias activas son producidas por la naturaleza misma, y las plantas que las contienen son cultivadas. Aquí los riesgos de la ilegalidad son distribuidos de manera dispersa entre cientos de miles de campesinos −que tienen cultivos ilícitos y que eventualmente producen sus derivados−, entre miles de acopiadores de aquellos productos, algu-nos cientos de procesadores del producto final, exportadores mayoristas, transportistas internacionales, financistas, importadores nacionales, miles de distribuidores zonales y cientos de miles de expendedores locales, que venden esas sustancias a los consumidores, la mayor parte de los cuales las consumen recreativamente y no tienen problemas por sus usos; los impac-tos sanitarios y sociales de las drogas son menores que los generados por el consumo de tabaco y alcohol.

Este ejercicio se propone examinar la inserción de la producción de drogas ilícitas en el oriente de Colombia y establecer el rol de las dro-gas en el uso alternativo de los recursos locales de los Llanos Orientales (cuenca del río Orinoco) y el suroriente del país (cuenca del río Amazo-nas). Se intentará definir y medir el costo de oportunidad entre los usos lícitos e ilícitos de los recursos locales y recursos asociados externos em-pleados en los cultivos con fines ilícitos. Al fin y al cabo, es la intuición del cálculo del costo de oportunidad entre esos usos alternativos, entre lo lícito e ilícito de los recursos locales disponibles, lo que determina la decisión de los habitantes locales de cultivarlos y de quienes emigran con igual finalidad.

El uso de los recursos y el ambiente son los grandes temas de la pro-ducción agropecuaria y silvícola. Los recursos necesarios para la pro-ducción agrícola, como la tierra y el agua, el capital y el trabajo, pueden emplearse con fines lícitos o ilícitos. Indistintamente de su legalidad o no, es de los factores de la producción, y del mayor o menor empleo de los factores utilizados en las producciones agrícolas, que dependerá la remu-neración a estos. El impacto ambiental en una región natural depende tan-to de la depredación de los recursos de tierra y agua, en desmedro de las vegetaciones originarias −bosques, praderas, páramos, etc.−, como de la contaminación del entorno natural por las actividades que allí se realicen.

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Los cultivos de coca instalados en la región oriental de Colombia, independientemente de los propósitos ilícitos de su producción (satisfa-cer la demanda del narcotráfico internacional), poseen un conjunto de atributos agrícolas, ambientales, laborales y económicos que deben ser destacados y tenidos en cuenta para su control y para su remplazo por otros cultivos que también aseguren una remuneración de los factores que se emplean en su producción, es decir que tengan una relación de be-neficio menos costo-positiva. Los cultivos de coca son altamente compe-titivos frente al conjunto de cultivos lícitos que tienen vocación para ser instalados en las condiciones edafológicas y climáticas de la región orien-tal de Colombia, o frente a otras actividades posibles como la ganadería, la pesca, la silvicultura, la extracción de madera, la minería, el turismo, etc. Además de retribuir los factores empleados en su producción, como el capital, el trabajo y la tierra, los cultivos con propósitos ilícitos poseen dos características destacables: tienen una mayor demanda de fuerza de trabajo por unidad de producción y una menor depredación de nutrientes del suelo y agua. Este conjunto de atributos de los cultivos ilícitos de coca constituyen la función de utilidad de los mismos, es decir, la capacidad de satisfacer las necesidades económicas, laborales y ambientales de los factores que se emplean en su producción.

Características generales de la producción agropecuaria en el oriente de ColombiaSegún las estadísticas agropecuarias disponibles, en la región orien-

tal de Colombia, constituida por los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guaviare, en la zona de los Llanos Orientales, y los de-partamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo, en la zona del suroriente, los cultivos de arroz, cacao, caña, fríjol, maíz, palma aceitera, plátano, soya y yuca, para 2008, ocupan en total 450 936 hec-táreas cuyas cosechas producen un valor anual de US$924 623 387. En esta región hay también un hato ganadero estimado en 5 451 083 cabezas que ocupan unas 6 541 300 ha de pastos y que generan un valor anual de US$1 473 336 334 por sacrificios, salidas de ganado y extracción de leche; todos estos datos son para 2008. En este ejercicio no se consideran los valores anuales por los ingresos de las actividades extractivas que se rea-lizan en el oriente de Colombia, como la extracción de madera, la pesca y la minería.

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La producción agrícola

La producción agrícola de la región oriental de Colombia se ha espe-cializado en los productos tropicales necesarios para el consumo tradicio-nal, donde predominan el arroz, el maíz, el plátano y la yuca, así como algo de caña y fríjol; también algunos productos destinados a la industria y los mercados nacionales e internacionales, como la palma aceitera, el cacao y la soya6. El área agrícola más importante está en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta, que participa con cerca del 50% del área cultivada del oriente de Colombia y produce allí cerca del 60% del valor agrícola. Le sigue Casanare con cerca del 22% del área agrícola y con casi el 20% del valor; finalmente, el departamento de Arauca que tiene un 13% del área agrícola donde produce algo más del 11% del valor de la agricultura del oriente de Colombia. En el suroriente, el conjunto de los departamentos de Caquetá y Putumayo tienen casi el 12% de los cultivos y producen el 7% del valor agrícola. El resto de los departamentos, de Guainía, Vaupés y Ama-zonas, tienen una participación muy residual en la producción agrícola del oriente de Colombia y no hay actividad ganadera reportada. (Ver tabla 1.)

La producción pecuaria

La producción pecuaria es la vocación de la región oriental de Co-lombia, pero esa tradición obedece a que la única posibilidad de hacer uso económico de los recursos naturales de aquella región, en las condicio-nes de conectividad precaria porque no hay ni carreteras ni ferrocarril, lo que imposibilita el transporte de una eventual producción agrícola a los mercados, deja como alternativa preferente emplear esos recursos en criar ganado. En esas condiciones, el ganado es una forma expedita y manejable de acumular y movilizar riqueza, de allí su histórica denominación de pe-cunia y semovientes.

El hato ganadero del oriente de Colombia es la cuarta parte de la ga-nadería nacional. La vocación predominantemente ganadera de los Llanos Orientales hace que allí se concentre el 75,5% del hato del oriente. El de-partamento con el mayor hato es Casanare con casi el 30% del total de toda la región; le siguen Meta con más del 27%, Caquetá con el 22%, Arauca con más del 12% y Putumayo con solo con el 2,5% de participación en el total

6 Ver más adelante el uso del suelo por cultivos.

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de la región en referencia. Los departamentos de Guainía, Vaupés y Ama-zonas no reportan ganadería, lo cual no quiere decir que no haya, sino que su cantidad no es significativa (tabla 2a).

El valor anual de los sacrificios, salidas y venta de leche de los hatos por departamentos tiene participaciones que en general son proporciona-les al tamaño de sus hatos. En Meta está el hato que genera mayor valor, con casi un 40% de participación pese a que tiene el segundo hato en ta-maño; le sigue Casanare con cerca de un 30% de participación en el valor pecuario anual y luego Arauca con más del 10% de participación en el total del oriente; los departamentos de Vichada y Guaviare no reportan sacrifi-cios, ni salidas, ni obtención de leche. En el suroriente, Caquetá participa con más del 19% del valor producido por la ganadería en el oriente y Putu-mayo con solo el 1,1%.

tabla 2b. Valor de la producción pecuaria en el oriente de Colombia según sacrificios y salidas. 2008.

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Total pecuario 1.323.723.205 345.724.437

Total región oriente 1.669.447.642

* Peso en pie en toneladas, octubre a diciembre de 2008 y enero a septiembre de 2009. (dAne). Para toma de decisiones. sacrificio de ganado vacuno. total nacional y regional. cuarto trimestre 2008. ibíd., enero-septiembre 2009.

** Peso en pie en toneladas.

fuentes: federación colombiana de ganaderos (fedegán).www.fedegan.org.co. conglomerados ganaderos 2009, Pricestat. Faostat.fAo.org. Precios para co-lombia por productos, 2008.

Otras estimaciones sobre el valor de la producción pecuaria basadas solo en los sacrificios y salidas durante 2008 se indican en la tabla 2b. Los resultados son similares a los datos para 2007.

el valor de la producción agropecuaria lícita en el oriente de ColombiaEl predominio de la vocación ganadera del oriente de Colombia es

claro: el valor anual de la producción pecuaria llega al 61,4% del total del valor del conjunto de la producción agropecuaria. En los Llanos Orientales la participación de la ganadería llega al 57,9% de la agropecuaria y en el

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suroriente esa participación se eleva al 80,6% del total. Pese a la tradicional imagen de los Llanos Orientales como zona eminentemente ganadera, lo cual es cierto ya que su hato es casi cuatro veces mayor que el del suro-riente, esta última región tiene una mayor dependencia económica de la ganadería que aquel (tabla 3).

tabla 3. Valor de la producción agropecuaria lícita en el oriente de Colombia por zonas y actividades.

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Total región oriental 924.623.387 1.473.336.334 2.397.959.721 61,4%

Participación de los Llanos Orientales

92,2% 79,5% 84,4%

fuentes: evaluaciones agropecuarias municipales. ministerio de Agricultura y desarrollo rural - secretarías de Agricultura departamentales - umata. Años 2006, 2007 y 2008, convenio mAdr - cci. elaboró: dirección de Política sectorial - grupo sistemas de información.

Pricestat. faostat.fAo.org. Precios para colombia por productos. 2007.

fedegán, la ganadería colombiana. Panorama, cifras de referencia, plan estratégico de la ganadería – PegA 2019, enero, 2009.

los cultivos con fines ilícitosEn el oriente de Colombia se han instalado 31 657 hectáreas de cul-

tivos ilícitos de coca que generan 295 toneladas de cocaína por un valor anual estimado de US$692 660 000. Esa superficie equivale a casi el 40% del área total de los cultivos ilícitos de coca en Colombia; no obstante, las hectáreas de coca del Putumayo son el 12% del total nacional y a nivel departamental constituyen el segundo cultivo ilícito después de Nariño. El tercer lugar lo ocupa el Guaviare con el 8% de participación nacional. Si bien los cultivos ilícitos de coca participan solo con el 6,6% de la superficie agrícola total en uso de la región oriental del país, generan el 42,8% del producto agrícola regional y el 21,1% del producto agropecuario total de la región oriental (tabla 4).

Si bien las áreas de cultivos ilícitos son similares en ambas zonas de la región oriental de Colombia, 15 775 hectáreas en los Llanos Orientales y 15 882 hectáreas en el suroriente, su eficiencia para elaborar derivados de esos cultivos es mayor en los Llanos Orientales, que producen 174 tonela-das de cocaína mientras que el suroriente produce solo 121 toneladas de esa sustancia.

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Es de destacarse que en cada zona la instalación de cultivos ilícitos y la producción de sus derivados se concentran en subzonas específicas: en el suroriente esas actividades son más densas en el Caquetá-Putumayo, con una participación de algo más del 44% de los cultivos del oriente de Colombia y el 17% de la participación nacional, mientras que Guainía-Vaupés-Amazonas produce solo el 6% del oriente; en los Llanos Orientales el Meta-Guaviare participa con algo más del 34% de la región, el 15% de la participación nacional. La elaboración de cocaína se concentra en el Ca-quetá-Putumayo en algo más del 37% regional, 34% en el Meta-Guaviare, Arauca-Vichada con 25%, mientras que la elaboración en Guainía-Vaupés-Amazonas no llega al 4%.

Como veremos más adelante, el rol de los cultivos ilícitos de coca es diferente para las economías de las dos zonas del oriente de Colombia y sus subzonas, dependiendo del valor de la producción lícita, tanto agrícola como pecuaria, y de las ventajas comparativas por fertilidad de los suelos.

relación entre producción lícita y producción ilícita en el oriente de ColombiaPara el análisis de las relaciones entre los valores anuales de las pro-

ducciones de cultivos lícitos e ilícitos, los datos se agrupan por las subzonas de Arauca-Casanare-Vichada y de Meta-Guaviare en los Llanos Orienta-les. En el suroriente por las subzonas de Guainía-Vaupés-Amazonas y de Caquetá-Putumayo. Con relación a la producción agrícola, la subzona del Caquetá-Putumayo muestra una mayor dependencia de los cultivos ilíci-tos: casi 80%. Le sigue la subzona Guainía-Vaupés-Amazonas con más del 77% de dependencia. La subzona del Meta-Guaviare tiene la menor depen-dencia de los cultivos ilícitos, con algo más del 29% de dependencia, y la subzona de Arauca-Casanare-Vichada tiene casi el 38% de dependencia. Asimismo, si lo examinamos por zonas, el suroriente tiene una dependen-cia de ingreso agrícola de casi el 80% de los cultivos ilícitos, en cambio la dependencia de los Llanos Orientales llega solamente a algo más del 32%. Para todo el oriente de Colombia la dependencia agrícola de los cultivos ilícitos es de casi el 43% (ver tabla 5).

El análisis del papel de los cultivos ilícitos de coca en el conjunto de la producción agrícola para cada subcuenca señala que estos son más impor-tantes si la zona referida está más al sur del país y más alejada del piede-monte de la cordillera Oriental. Este hecho se explica por la mayor lejanía

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de los mercados, dados los precarios o inexistentes sistemas de conectivi-dad entre las zonas de producción con los mercados locales y nacionales para las producciones tradicionales y con los nacionales e internacionales para los productos tropicales que tienen potencial como commoditie. Re-sulta más útil para el transporte una mercancía que en poco peso y volu-men tiene un alto valor agregado, como acontece comparativamente con las cosechas de los cultivos ilícitos y sobre todo con sus derivados local-mente elaborados, tanto más cuanto que esas mercancías son ilícitas y por lo tanto no están cubiertas por ningún sistema de protección que no sea la violencia delictiva. Mientras mayor sea el valor de un bien por unidad de peso y volumen, más fácil es su manejo clandestino.

Si consideramos el conjunto de la producción agrícola y pecuaria de cada subzona, zona y la región, la dependencia de los cultivos ilícitos de coca varía notablemente; este análisis nos señala que la producción ga-nadera juega un rol muy importante en hacer disminuir esa dependencia económica respecto de los cultivos ilícitos y sus derivados. En el suro-riente de Colombia, para la subzona Caquetá-Putumayo la dependencia de los cultivos ilícitos de coca desciende del 79,9% del ingreso agríco-la al 41,4% del ingreso agropecuario total; en cambio, en la subzona del Guainía-Vaupés-Amazonas, donde no se registra actividad ganadera, la dependencia de los cultivos ilícitos se mantiene en un 77,7%. Mientras que el Meta-Guaviare depende en un 29,4% de los cultivos ilícitos, en la subzona de los Llanos Orientales en su totalidad depende de estos el 17,1% del total de los ingresos agropecuarios. Asimismo, la subzona de Arauca-Casanare-Vichada tiene un 37,7% de dependencia agrícola de los cultivos ilícitos, la cual desciende al 16,3% del total agropecuario. Si con-sideramos la economía rural de cada zona, en los Llanos Orientales la dependencia de los cultivos ilícitos cae del 32,4%al 16,8% del total de la economía agrícola al total de la economía agropecuaria, mientras que en el suroriente esa dependencia cae del 79,7% al 43,2% debido a la menor presencia de la ganadería bovina. Para todo el oriente de Colombia la dependencia de los cultivos ilícitos de coca baja del 42,8% del ingreso agrícola, al 22,4% del ingreso agropecuario (ver tabla 7).

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el impacto en el medio ambiente de los cultivos lícitos e ilícitos

El uso del suelo y la producción de valor por cultivos

El cultivo que mayores ingresos aporta a la economía agrícola lícita del oriente de Colombia es el plátano, con un 21,2% del total, para lo cual emplea solo el 12,7% del suelo agrícola. El segundo ingreso lo aporta el arroz en secano mecanizado, pero ocupa el primer lugar en el uso del suelo con un 24,5%, el doble que el plátano. El tercer cultivo por su aporte en valor es la palma aceitera con un 19,4% y ocupa el 16,0% del suelo agrícola. El maíz tradicional ocupa el 12,2% del suelo pero solo genera el 3% del valor agrícola; en tal sentido, es el cultivo que hace el peor uso del recurso natural. Es interesante contrastar la ineficacia del maíz tradicional con la eficacia del plátano en el uso del recurso natural: el maíz tiene un bajo pre-cio debido a la competencia de la producción internacional subsidiada de ese cultivo, en cambio el plátano no se cultiva en los países desarrollados exportadores agrícolas. La yuca es el tercer cultivo de la canasta alimenta-ria tradicional, junto con el arroz y el plátano, y tiene un buen equilibrio entre su participación en el uso del suelo, 6,8%, y su aporte al ingreso agrí-cola, 7,2%; este cultivo tampoco compite con producciones subsidiadas. La soya tampoco se muestra muy eficiente en el uso del suelo, aunque emplea poca extensión en comparación con la palma aceitera. En todo caso el cul-tivo más importante en el oriente de Colombia es el arroz que en sus tres formas de conducirlo en total emplea 174 905 hectáreas ocupando 38,8% del suelo con lo cual produce US$292 847 406 al año, el 31,7% del valor agrícola del Oriente de Colombia (ver tabla 8).

Veamos ahora la relación entre el uso del suelo por el conjunto de los cultivos lícitos y su aporte al valor de la producción agrícola en compara-ción con el uso del suelo por los cultivos ilícitos de coca y el uso del suelo que hacen estos cultivos. Si sumamos el conjunto de las hectáreas de los cultivos lícitos más las ocupadas por los cultivos ilícitos, tenemos el uso total del suelo agrícola real independientemente de la calificación jurídi-ca de su empleo. Por el otro lado, si sumamos el conjunto de los valores aportados por los cultivos lícitos más el valor de la producción ilícita de coca en su máximo valor agregado local bajo la forma de clorhidrato de cocaína no refinado, tenemos el valor total de la producción agrícola real del oriente de Colombia independientemente del carácter lícito o ilícito de su origen.

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tabla 8. Superficie y valor de los cultivos lícitos en el oriente de Colombia, 2008. Totales y participación cultivo por cultivo.

Cultivos lícitos Totales ParticipaciónArroz riego ha 60 511 13,4%

Valor US$ 104 716 120 11,33%

Arroz secano mecanizado ha 110 670 24,5%

Valor US$ 186 404 835 20,16%

Arroz secano manual ha 3 724 0,8%

Valor US$ 1 726 451 0,19%

Cacao ha 12 769 2,8%

Valor US$ 18 858 999 2,04%

Caña miel ha 1 381 0,3%

Valor US$ 109 081 0,01%

Caña panela ha 7 049 1,6%

Valor US$ 750 601 0,08%

Fríjol ha 1 530 0,3%

Valor US$ 1 252 046 0,14%

Maíz tecnificado ha 16 833 3,7%

Valor US$ 25 218 225 2,73%

Maíz tradicional ha 55 023 12,2%

Valor US$ 27 787 205 3,01%

Palma aceitera ha 72 354 16,0%

Valor US$ 179 251 678 19,39%

Plátano ha 57 377 12,7%

Valor US$ 195 794 591 21,18%

Soya ha 21 172 4,7%

Valor US$ 20 623 432 2,23%

Yuca ha 30 543 6,8%

Valor US$ 67 651 365 7,32%

Total superficie ha 450 936 100,0%

Total valor agricultura US$ 924 623 387 100,0%fuente: evaluaciones Agropecuarias municipales. ministerio de Agricultura y desarrollo rural - secretarías de Agricultura departamentales - umata. Años 2006, 2007 y 2008. convenio mAdr - cci. elaboró: dirección de Política sectorial - grupo sistemas de información. Pricestat.faostat.fAo.org. Precios para colombia por productos, 2007.

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos naturales según tipo de actividad Si hacemos una comparación entre los usos agrícola, pecuario e ilícito

de los suelos en las subzonas mencionadas del oriente de Colombia, con relación al área empleada y al valor anual de la producción para así medir la eficiencia económica y eficacia ecológica en el uso de esos suelo según el tipo de actividades que se realizan allí, tenemos lo que a continuación se indica: actividades que medimos por la cantidad de valor obtenido en US$ por unidad de tierra empleada en una año, como representación de

| 449


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450 |


las unidades de recursos naturales empleados −suelo, agua, clima, etc.− en una relación valor/hectáreas (US$/ha).

Los rendimientos económicos por hectárea son variables para una misma actividad según la productividad de los suelos y las tecnologías em-pleadas, ya sea por departamentos, subzonas o zonas del oriente de Co-lombia, pero las diferencias de esos rendimientos, sea que se trate de la actividad agrícola, ganadera o ilícita, son notables. Esas diferencias nos indican el carácter más o menos depredador de esas actividades en el uso de los recursos naturales.

En general, en el oriente de Colombia por cada hectárea incorporada a las actividades agropecuarias, lícitas o ilícitas, la situación que tenemos es la siguiente: una hectárea dedicada a la agricultura genera al año algo más de US$2.000; solo se obtienen US$225 si se dedica a la ganadería y casi US$22.000 si se emplea en cultivos ilícitos. En términos estrictamente económicos y ecológicos, bien se puede decir que los cultivos más eficien-tes y eficaces en el uso de los recursos económicos y en la protección de los recursos naturales son los cultivos ilícitos. Esa es la función de utilidad que los cultivos ilícitos tienen para el oriente de Colombia.

Como ya se dijo, los cultivos ilícitos, por el alto valor agregado y faci-lidad de transporte por unidad de producto, son los más eficientes para las condiciones de baja conectividad entre los recursos naturales del oriente de Colombia y los mercados nacionales e internacionales donde los valores allí producidos pueden realizarse.

Veamos la situación por cada una de las dos zonas del oriente de Co-lombia. En los Llanos Orientales cada hectárea dedicada a la agricultura produce US$2 180 por año, en ganadería US$238 y con cultivos ilícitos US$25 899. En general, estos parámetros no se diferencian mucho de la media nacional para la producción agrícola y pecuaria, mientras que el uso ilícito reporta un beneficio 18,4% mayor que el nacional. Al hacerse las comparaciones entre lo lícito y lo ilícito, se necesitan diez veces más tierras agrícolas y pecuarias para producir la misma cantidad de valor que una hectárea de cultivos ilícitos. En la subzona Arauca-Casanare-Vichada, si bien tiene los parámetros lícitos similares a la media nacional, el beneficio ilícito es más del doble que el nacional (tabla 10).

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En el suroriente la hectárea agrícola produce US$1 205 al año, en uso ganadero US$187 y en cultivos ilícitos US$17 889; todos los indicadores son bastante más bajos que la media nacional y notablemente más bajos que los de los Llanos Orientales, lo cual señala la desventaja comparativa del suroriente. Esta desventaja se hace más notable en el caso de la subzona de Guainía-Vaupés-Amazonas, donde los rendimientos agrícolas son si-milares al promedio nacional, pero no registra ganadería, mientras que la producción de beneficio por hectárea de cultivos ilícitos es solo el 61% del obtenido a nivel nacional.

Al comparar Meta-Guaviare con Caquetá-Putumayo, si bien se obtie-nen beneficios similares en hectárea por la producción de cultivos ilícitos no muy por debajo del promedio nacional, en la agricultura y la ganadería los beneficios del Caquetá-Putumayo son la mitad de los de Meta-Guaviare.

En el análisis por departamentos, Vaupés, en el suroriente, tiene el menor beneficio por cultivos ilícitos, pero no la menor área de estos, que está en Arauca, mientras que Putumayo tiene el mayor beneficio y la mayor área de cultivos ilícitos. Vichada tiene el mayor beneficio de los cultivos ilí-citos de los Llanos Orientales, el segundo de todo el oriente, y solo ocupa el quinto lugar en área cultivada. Putumayo tiene el menor beneficio por hec-tárea en cultivos ilícitos, menos de la mitad del promedio nacional; Meta tiene el beneficio económico más alto. Esto se debe a una fuerte diferencia en la fertilidad de los suelos y las tecnologías empleadas en la conducción de los cultivos ilícitos, así como en la eficiencia en la elaboración de sus derivados (tabla 11).

tabla 11. Cosechas y rendimientos por hectárea en los cultivos ilícitos del oriente de Colombia.

Subzonas número de cosechas al año Kg por hectárea al añoMeta-Guaviare 5,4 5 100

Putumayo-Caquetá 4,3 4 100

Arauca-Casanare-Vichada 5,4 7 200

Guainía-Vaupés-Amazonas 4,3 4 100fuente: unodc y gobierno de colombia. colombia. censo de cultivos ilícitos. junio de 2009.

la población y los cultivos ilícitos

La población

En la región Oriental de Colombia viven 2 495 644 habitantes; de ellos, 1 580 954 están en los Llanos Orientales y 914 690 en el suroriente; la mayor parte de la población se localiza al norte de la región y en los

454 |


departamentos que están en el piedemonte de la cordillera Oriental. Las principales actividades económicas son la agricultura, incluida la que tiene propósitos ilícitos, la ganadería, la silvícola y la pesca, así como la industria que elabora algunos de los derivados de esas actividades, el comercio, la construcción, el transporte y el turismo (tabla 12).

tabla 12. Departamentos y población de la región Oriental de Colombia. Año 2009.

Departamentos HabitantesArauca 244 507

Casanare 319 502

Vichada 62 071

Meta 853 115

Guaviare 101 759

Total Llanos Orientales 1 580 954

Guainía 37 705

Vaupés 41 094

Amazonas 71 167

Caquetá 442 033

Putumayo 322 691

Total suroriente 914 690

Total oriente 2 495 644fuente: dAne. colombia. Proyecciones de población departamentales por área, 2005-2020 a junio 30. Año 2009.

la vinculación de la población con los cultivos ilícitosLas partes de hectárea por habitantes según departamento nos indi-

can el grado de vinculación de la población a las actividades agrícolas y a las actividades agrícolas ilícitas, según sea el caso. En tal sentido, Casanare muestra una mayor vinculación de su población con la agricultura y no tiene ningún cultivo ilícito. La segunda mayor vinculación con la agricul-tura se da en Meta, que a la vez tiene la segunda más baja vinculación con los cultivos ilícitos. Arauca tiene la tercera mayor vinculación con la agricultura por habitante y la más baja vinculación con los cultivos ilícitos. La tercera vinculación más baja con los cultivos ilícitos ocurre en Caquetá. El departamento que tiene la mayor vinculación con los cultivos ilícitos es Guaviare, seguido por Vichada y Putumayo, aunque todas estas dependen-cias son muy bajas, de centésimas de hectárea por habitante.

| 455


tabla 13.número de hectáreas lícitas e ilícitas por habitantes según departamento.

Departamentos Arauca Casanare Vichada meta GuaviarePoblación 244 507 319 502 62 071 853 115 101 759

Superficie lícita 57 126 98 738 1 997 220 910 12 146

Superficie coca 447 - 3 174 5 525 6 629

Lícita/habitante 0,2336 0,3090 0,0322 0,2589 0,1194

Coca/habitante 0,0018 - 0,0511 0,0065 0,0651

Departamentos Guainía Vaupés Amazonas Caquetá PutumayoPoblación 37 705 41 094 71 167 442 033 322 691

Superficie lícita 2 212 744 4 159 30 050 22 854

Superficie coca 625 460 836 4 303 9 658

Lícita/habitante 0,0587 0,0181 0,0584 0,0680 0,0708

Coca/habitante 0,0166 0,0112 0,0117 0,0097 0,0299fuente: dAne. colombia. Proyecciones de población departamentales por área, 2005-2020 a junio 30. Año 2009.

los ingresos ilícitos de la población localSegún las Naciones Unidas (Onudc), 60 300 familias estarían vin-

culadas a la producción local de cultivos ilícitos de coca en todo el país, a razón de 1,2 hectáreas por familia, lo que nos permite estimar que unas 23 720 hectáreas están vinculadas a esos cultivos en el oriente de Colom-bia7. Con un ingreso familiar de US$10 508 al año, vale decir US$2 616 per cápita (el per cápita nacional llega a los US$5 000 según el Gobier-no; el BM y el FMI lo estiman en US$8 884 y US$8 580 respectivamente). Según la ONU, el ingreso de subsistencia que otorga el trabajo ilícito es mejor que el ingreso famélico y precario que otorgan la agricultura y la ganadería campesinas lícitas. Es claro que estas familias apenas sobrevi-ven con estos cultivos ilícitos, pero en todo caso bastante mejor que si lo hiciesen empleando su trabajo, capital y acceso a esos recursos naturales en actividades agropecuarias lícitas. Como vimos arriba, esa diferencia por hectárea puede ser de diez veces en la agricultura y de cien veces en la ganadería. Para los campesinos y colonos del oriente de Colombia, el empleo ilícito de los recursos naturales de esos territorios por su propia característica jurídica es absolutamente precario, pero el ingreso lícito es absolutamente famélico.

7 Unodc y Gobierno de Colombia. Colombia. Censo de cultivos ilícitos. Junio de 2009.

456 |


ConclusionesSi bien la ganadería aporta al conjunto de las actividades agropecua-

rias instaladas en el oriente de Colombia un mayor valor anual que la agri-cultura, también es cierto que el impacto de la ganadería en el suelo, los recursos naturales y el ambiente es mucho mayor que el causado por la agricultura.

Los cultivos ilícitos son a la vez una manera de poner valor de manera eficiente a los recursos naturales del oriente de Colombia, así como al tra-bajo y al capital empleados, como de mitigar de manera eficaz el impacto de la intervención humana en esos territorios.

La violencia se origina en el costo de oportunidad entre el uso lícito e ilícito de los recursos naturales, así como del trabajo y el capital para po-nerlos en valor. Si la relación beneficio/costo en el uso lícito de esos recur-sos es positiva, aunque en el uso ilícito de los mismos sea positiva y mayor que aquella, la represión legítima a estas actividades ilícitas no generará violencia; en cambio, si la relación beneficio/costo del empleo de esos re-cursos en actividades lícitas es negativa y la relación beneficio/costo de su empleo ilícito es positiva, la represión a estas actividades, por legítima que sea, necesariamente generará y generalizará la violencia.

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la eConomía ileGal de laS droGaS en Colombia: ¿un eSCenario ConfuSo?

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quiero presentar dos temas: en primer lugar, las cifras y qué significa un debate permeado por cifras y percepciones equívocas y, en segundo lugar, una mirada muy sucinta

de las dinámicas de la actual política de desarrollo alternativo dirigido a zonas de comunidades campesinas que tienen producción de cultivos de coca. Desarrollaré cinco puntos: 1) los escenarios confusos generados por cifras, diagnósticos y enfoques de política; 2) una breve referencia sobre la situación de los cultivos de coca; 3) la paradoja del desarrollo alternativo y los últimos tres momentos de su historia; 4) los enfoques de la coopera-ción internacional, en particular la relación seguridad y desarrollo; y 5) los problemas centrales que deben asumirse en la proyección de una nueva política de desarrollo alternativo.

un escenario de confusión por cifras, diagnósticos y enfoques de políticaMiremos la tabla 1, tomada del informe anual que presenta Naciones

Unidas sobre producción de coca.

1 Sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Filosofía de la Univer-sidad Nacional de Colombia. Experto en temas de ambiente, seguridad y conflicto armado, política de drogas y análisis de coyuntura. Ha sido investigador y consultor del Cinep, Ob-servatorio para la Paz, Ministerio de Agricultura, Banco Mundial y Universidad Nacional de Colombia. [email protected]

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cátedra jorge eliécer gaitán | ricardo vargas

tabla 1. Producción global de cocaína, 1998-2008, según Unodc (en toneladas).19

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fuente: unodc.

En el último balance de 2008 se señala que Colombia es exitosa en su política porque disminuyó de 600 toneladas de cocaína que producía en 2007 a 430 toneladas, lo cual significa un 28%, mientras que la producción creció en Bolivia y Perú, 9 y 4% respectivamente. En general, en lo que es área de producción de la región andina hay una disminución del 15%. Vamos a someter un poco a contrastación esta presentación formal de Na-ciones Unidas con algunos datos que ofrezco enseguida.

Naciones Unidas trabajó los informes de 1998 a 2001 con base en unos rendimientos estimados de 4 kilos de cocaína por cada hectárea sem-brada, que era una constante un poco arbitraria y especulativa. En 2004 se hizo un estudio más detallado, en el que se dividía el país por regiones y se establecían rendimientos de hoja de coca en cada una de esas regiones. Determinaron el balance entre cantidad de hoja de coca, pasta básica y cocaína por región y se sacó un promedio nacional de más o menos 8 kilos por hectárea sembrada de hoja de coca. Se corrigieron las cifras de 2002 y 2003 porque no podían mantenerse con base en la anterior estimación y se aplicó para 2005 y 2006.

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lA economíA ilegAl de lAs drogAs en colombiA: ¿un escenArio confuso?

tabla 2. Relación entre hectáreas de coca y producción de cocaína (kilos/ha) en Colombia según cifras de Unodc (1998-2008).

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fuente: unodc.

La tendencia que estamos viendo más parece responder a los pro-blemas del gobierno nacional para demostrar la vigencia de la seguridad democrática en relación con el tema de la producción de coca, que a una disminución real que no está suficientemente justificada. Los técnicos de Naciones Unidas señalan que hacen falta estudios actualizados sobre el rendimiento por hectárea en algunas regiones claves. Por ejemplo, para el Pacífico colombiano se tiene un rendimiento de apenas dos cosechas al año de hoja de coca, lo cual es una cifra bastante baja cuando el promedio nacional es del orden de 5 a 6 cosechas al año. Así, al bajar los rendimientos baja la totalidad de las cifras que se presentan usualmente. La relación kilos por hectárea pasó de 8 a 7,44, luego se mantuvo en 7,8 y la tendencia ahora es a bajar a 6,1 en 2007 y a 5,3 en 2008.

Un ejercicio que hicimos con base en 2004 daría una cantidad deca-si600 toneladas, lo cual genera una diferencia notable en relación con los datos de Naciones Unidas.

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tabla 3. Caracterización regional de la producción de coca, pasta básica y clorhidrato de cocaína.

Región Pro

ducc

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hoja

de

coca

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Cál

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on.) U

nodc

20

08

Putumayo-Caquetá 78.182 136 1,74 122,4

Sur de Bolívar 104.577 147 1,41 132,7

Pacífico 77.784 114 1,46 102,6

Catatumbo 13.276 18 1,38 16,2

Sierra Nevada 2.975 4 1,45 3,6

Meta-Guaviare 120.325 183 1,52 164,7

Orinoco 25.709 44 1,73 48,9

Amazonas 8.273 12 1,5 10,8

Total 431.101 658 1,63 592,2 503 430

Aquí se ve cómo el Pacífico, que ocupa más o menos una tercera parte de toda el área sembrada de coca en el país, tiene una producción bastante disminuida (por la razón que señalaba de apenas 2 cosechas) si se compara con el Putumayo, el sur de Bolívar o la región Meta-Guaviare. Realmente uno ve el peso del Pacífico en términos de áreas. En el nivel de producción de pasta básica es bastante pequeño y eso trasciende sobre los cálculos de la totalidad de la cocaína producida, que ellos sitúan en 430 toneladas, dato oficial de 2008.

El otro punto que quiero señalar de los informes es que establecen una relación de 1 kilo de pasta básica para producir 0,9 de clorhidrato de cocaína y luego lo llevan a cocaína pura y dicen que 1 kilo de clorhidrato produce 0,85 de cocaína pura, pero nadie ha explicado la diferencia entre clorhidrato de cocaína y cocaína pura. Esto lo que hace es disminuir la cantidad del potencial productivo por país, lo que representa un no tan transparente manejo estadístico que conduce a una confusión importante sobre cuánta cocaína se produce en un país.

Las cifras se vuelven todavía más complicadas cuando estudiamos los datos que arrojan las diferentes entidades de Estados Unidos. Hay dos fuentes para las cifras: la oficina de drogas de las Naciones Unidas (Unodc) y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hace poco la Embajada de Estados Unidos aludió a un estudio que hizo en 2008 sobre la cantidad de cultivos de coca y producción potencial de cocaína en Colombia. Ahí se dice que el área cultivada se redujo en 2008 en un 29%, de 167 mil hectáreas

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en 2007 a 119 mil en 2008, y que el potencial máximo de producción en Colombia se redujo fuertemente al pasar de 485 toneladas métricas de co-caína pura a 295 toneladas métricas, o sea que hay un éxito rotundo de la política porque es una reducción del 39%. Este dato de 295 toneladas es, a todas luces, descabellado.

Existe otro estudio de julio de 2009 sobre el paso de cocaína por Venezuela, realizado por la oficina de control del Congreso de Estados Unidos (GAO), que señala que el flujo de cocaína a través de Venezuela se ha incrementado de manera importante. La oficina de drogas de Estados Unidos reportó que el estimado de flujo de cocaína a través de Venezuela que se dirige después a Estados Unidos, occidente de África y Europa, se incrementó más de 4 veces, o sea que pasó de 60 toneladas en 2004 a 260 toneladas métricas en 2007. Si recordamos las cifras mencionadas ante-riormente de 290 toneladas que produce Colombia y el flujo que va por Venezuela de 260 toneladas métricas, se concluye que por esa ruta sale el 88% de toda la producción de cocaína. Estas cifras son de los documentos oficiales de Estados Unidos y tienen unas implicaciones importantes en la identificación cuantitativa de lo que está pasando con relación a la produc-ción de cocaína.

breve referencia sobre la situación de los cultivos de cocaEn una entrevista del diario El Tiempo el 24 de agosto de 2009, el

general de la policía Óscar Naranjo se refiere a las nuevas tendencias del narcotráfico en nuestro país. A la pregunta de si todavía hay grandes ca-pos, el general Naranjo dice:

Del 2002 a la fecha el Gobierno ha autorizado un millar de extradicio-nes, de las cuales se han ejecutado cerca de 900. Eso significa que hemos dejado sin mando y control a los viejos carteles, y la vida útil de los ca-becillas es cada vez menor. El país puede estar seguro de que no vamos a permitir una estructuración del narcotráfico. Estamos en el mejor pun-to para destruirlo.

Se ha pasado de una gran organización a un fenómeno de microtráfi-co. Continúa el general Naranjo:

En el pasado, el núcleo de los narcotraficantes estaba representado en grandes volúmenes en el exterior. Se ha mejorado la capacidad de inter-dicción y lo que ha hecho el narcotráfico para adaptarse y sobrevivir es

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promocionar el consumo de cocaína en Colombia subsidiándolo, insta-lando ollas de vicio, expendios de drogas y promoviendo los expendedo-res o jíbaros. El microtráfico está generando una forma de violencia en las ciudades, que es ahora la prioridad de la Policía.

Las anteriores afirmaciones del director de la policía tienen conse-cuencias muy importantes porque implican que el eje de acción se va a dirigir al comercio interno. Lo que está anunciando es que el narcotráfico grande, el de exportación, está controlado y esto, examinando las cifras que entrega Estados Unidos a través de sus diferentes oficinas, está lejos de ser cierto. Lo que parece es un esfuerzo de invisibilizar el problema del trá-fico internacional y llevar la atención hacia la dinámica interna. Este es un punto muy difícil porque puede suceder lo que pasó en Guatemala, El Sal-vador y Honduras, donde todo el mundo le atribuye el problema del tráfico de drogas a las maras. Las maras son las pandillas callejeras que se dedi-can básicamente al pequeño tráfico desde las capitales. Allí, el gran tráfico oculto no aparece en los medios de comunicación. Yo estuve haciendo un estudio sobre el tráfico en Guatemala y encontré que el gran tráfico es ma-nejado desde el poder del Estado guatemalteco con implicaciones de gene-rales que estuvieron en la dictadura guatemalteca e hicieron relaciones con narcos colombianos para que la droga se guardara en Guatemala y se invir-tieran capitales para el lavado. Esto sigue de alguna manera funcionando dado el alto tutelaje que todavía tiene Guatemala de sectores militares que hicieron parte de la dictadura. Es una democracia en transición tutelada por estos militares que han tenido el poder para colocar fichas en puertos y aeropuertos donde hay un flujo importante de droga que sale de Colombia, pasa por Centroamérica, llega a Guatemala de donde va a México y luego a Estados Unidos. Quiero decir con esto que una afirmación como la que plantea el general Naranjo puede conducir efectivamente a invisibilizar la verdadera naturaleza del fenómeno del narcotráfico y a hacer creer a la opinión pública que el problema está es en el microtráfico. Las políticas antidrogas demandan una visión comprehensiva del fenómeno, que es lo que se está negando, oscureciendo el problema y llevando a diagnósticos confusos o imaginarios construidos artificiosamente afectando la calidad de las políticas; eso ya lo estamos viendo en Colombia.

Diagnósticos deficientes afectan la incidencia sobre todos los niveles de la cadena de la economía ilegal: políticas sobre uso y abuso, estrategias que buscan incidir en la producción de materia prima, tráfico a puntos de

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salida, trasiego internacional, persecución de capitales de origen ilegal, etc. Este redireccionamiento de las políticas fortalece al narcotráfico ahora que supuestamente está derrotado.

El siguiente análisis multitemporal de las Naciones Unidas no es tan público, circula de una manera más cerrada (tabla 4).

tabla 4. Tendencias departamentales de la coca según análisis multitemporal de Unodc, 2009.

Departamento Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. 2008

Cambio 2007/08

%

% del total 2008

Valle 37 45 28 281 453 2 089 361 2,6

Caldas 54 358 189 461 56 187 234 0,2

Chocó 453 323 1 025 816 1 080 2 794 159 3,5

Boyacá 594 359 342 441 79 197 149 0,2

Guajira 275 556 329 166 87 160 84 0,2

Vaupés 1 157 1 084 671 460 307 557 81 0,7

Amazonas 625 783 897 692 541 836 55 1,0

Norte de Santander

4 471 3 055 844 488 1 946 2 886 48 3,6

Magdalena 484 706 213 271 278 391 41 0,5

Santander 632 1 124 981 866 1 325 1 791 35 2,2

Cauca 1 443 1 266 2 705 2 104 4 168 5 422 30 6,7

Bolívar 4 470 3 402 3 670 2 382 5 632 5 847 4 7,2

Guainía 726 721 752 753 623 625 0 0,8

Nariño 17 628 14 154 13 875 15 606 20 259 19 612 -3 24,2

Córdoba 838 1 536 3 136 1 216 1 858 1 710 -8 2,1

Guaviare 16 163 9 769 8 658 9 477 9 299 6 629 -29 8,2

Caquetá 7 230 6 500 4 988 4 967 6 318 4 303 -32 5,3

Putumayo 7 559 4 386 8 963 12 254 14 813 9 658 -35 11,9

Antioquia 4 273 5 168 6 414 6 157 9 926 6 096 -39 7,5

Meta 12 814 18 740 17 305 11 063 10 386 5 525 -47 6,8

Vichada 3 818 4 692 7 826 5 523 7 218 3 174 -56 3,9

Arauca 539 1 552 1 883 1 306 2 116 447 -79 0,6

Cundinamarca 57 71 56 120 131 12 -91 0,0

Cesar 0 0 0 0 0 5 n a 0,0

Total 86 340 80 350 85 750 77 870 98 899 80 953 -18 100,0fuente: unodc.

En la tabla se muestra la estabilidad que presentan Nariño y Bolívar en relación con la producción de coca. El crecimiento se observa en los departamentos del Pacífico y en la zona del Catatumbo y Santander. En el Magdalena medio y la Amazonia hay nuevas áreas con un crecimiento de producción nada despreciable. En el Amazonas, por ejemplo, el crecimien-to de 2007 a 2008 es del 55%, en el caso de Vaupés es de 81%. A pesar de

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que la cifra absoluta es pequeña, de todas maneras presenta una tendencia de crecimiento del fenómeno en la Amazonia.

En Nariño se ha descargado, yo creo, el 60% de la fumigación, sin em-bargo la capacidad de respuesta de los productores es impresionante y no han permitido la disminución sino que han respondido con una dinámica de siembras muy fuertes como lo muestra la estabilidad de la producción presentada en la tabla. En la zona del Pacífico caucano hay un proceso ascendente muy complicado donde sectores con poca presencia estatal se articulan a las dinámicas transnacionales de ilegalidad. El Pacífico es una zona con un crecimiento de la producción alarmante pero donde hay po-cos estudios y esa falencia incide en el volumen global de la producción de cocaína en Colombia.

desarrollo alternativo: últimos tres momentos de su historia. una paradoja interesanteExaminemos ahora las estrategias de intervención, apoyadas por la

cooperación de Estados Unidos, sobre desarrollo alternativo. Se pueden distinguir tres periodos en los últimos años.

1. 1999 a 2005. Este modelo de intervención buscaba apoyar progra-mas gubernamentales como el Plante, Pildaet y Raíz por Raíz, pro-grama dirigido a comunidades indígenas. En este último programa se hicieron pactos de erradicación manual con comunidades del Putumayo, con un enfoque de desarrollo alternativo como parte de las estrategias para disminuir áreas de cultivo. La intervención del Estado en materia de erradicación no ha sido exitosa y tampoco en términos de estabilización para generar una economía alternativa legal. El Plan Colombia en términos de desarrollo alternativo ha sido un absoluto fracaso.

2. Luego viene un replanteamiento que se da en el periodo 2005-2009, que acaba de pasar. Ese replanteamiento lo hizo la cooperación de Estados Unidos a través de programas de intervención que se lla-maban Adam y Midas. En estos programas hubo una exigencia de erradicación previa para poder intervenir con algunos proyectos. Se focalizó en zonas de economía campesina a través de corredores económicos. El programa no se centró en las zonas de producción de coca sino que se dirigió básicamente a zonas campesinas del To-

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lima, Huila, parte del Magdalena y Santander, concentrado en me-jorar la competitividad de la economía campesina y la capacidad empresarial, promoviendo monocultivos como palma, cacao y pro-ductos maderables en una economía abierta dirigida básicamente a la exportación. No intervino en los escenarios de mayor presencia de cultivos ilícitos; el resultado: hay una contribución en el enfo-que preventivo e igualmente un enfoque holístico que inciden en las condiciones de vida, la gobernabilidad y el fortalecimiento de organizaciones, entre otros. Sin embargo, la no presencia en zonas cocaleras ha dejado prácticamente desprotegidas a las familias que dependen de este tipo de economías, que según Naciones Unidas está en el orden de 85 mil familias en el país.

3. La política que funciona actualmente y que se proyecta entre 2009 y 2013 es bastante desconocida para el gran público. Es una estrate-gia que se articula a la regionalización gubernamental, basada en los avances de la ofensiva de fuerza del Estado. Entonces ahí ya estamos entrando en un giro muy importante de la política ya que no se bus-ca sustituir coca ni generar desarrollo para las zonas que dependen de la economía cocalera, sino que se ha producido una articulación del desarrollo con la seguridad, y la seguridad es la que determina dónde se focalizan estos programas. En estos programas el Estado sigue exigiendo la no presencia de cultivos de coca como condición previa a la intervención. Estos programas de desarrollo alternativo se enfocarán en las regiones de la Macarena, bajo Cauca, sur de Córdo-ba, Catatumbo, eje Putumayo-Nariño y Montes de María. Entonces se podría decir que gran parte de las zonas de producción cocalera del país nuevamente está sin una política del gobierno y de coopera-ción, como Caquetá, Vichada, Guainía y toda la zona amazónica. El enfoque es una estrategia de consolidación social de territorios del gobierno colombiano.

los enfoques de la cooperación internacional: la relación seguridad y desarrolloComo es la política de seguridad la que dirige la regionalización, se

deben conocer los criterios que se tienen en cuenta. Se clasifican 4 zonas:

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1. Zonas en proceso de recuperación institucional: son zonas donde se realizó el Plan Patriota y el Plan Colombia con repliegue de las guerrillas. Están ubicadas en el Caquetá en la parte del medio y bajo Caguán, en el Guaviare en la zona de influencia de la cabecera de San José, en El Retorno y Calamar, en el Meta en la Sierra de la Macarena, en el norte del Cauca y en los Montes de María. Ahí es donde opera el actual enfoque para consolidar los territorios en los cuales se generó la ofensiva de la seguridad democrática.

2. Zonas de desmovilización paramilitar: en el bajo y medio Atrato, en el sur de Córdoba, Catatumbo, Sierra Nevada, en el eje Curillo-Flo-rencia del Caquetá, en Putumayo en algunas zonas de influencia de cabeceras y en Tumaco. Ahí también opera la actual focalización a la cual se suma el programa de Reinserción, principalmente paramili-tar, y el programa de familias guardabosques.

3. Zonas de frontera: ubicadas en el Putumayo, específicamente en las partes rurales de San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís, y en Arauca. Las acciones en esas zonas se basan en la ofensiva militar, en la erradicación manual forzosa y en las aspersiones aéreas.

4. Zonas de retaguardia de los grupos armados: en el Caquetá, en el eje del plan Florencia-San Vicente del Caguán, en la región del Yarí, en las zonas rurales del Guaviare, en el sur del Tolima y el cañón de Las Hermosas.

En resumen, la seguridad es la base de la nueva regionalización de los cultivos de coca ahora considerados más como una fuerte problemática para el Estado porque es el soporte de los ingresos para los grupos arma-dos. Este es el eje que operará de aquí a 2013.

problemas centrales que deben asumirse en la proyección de una nueva política de desarrollo alternativoHay problemas que quedan por fuera si es la seguridad lo que deter-

mina esa regionalización. Una política de desarrollo alternativo debería contemplar:

1. El acceso a la tierra, la restitución a las víctimas del despojo y la de-fensa de la posesión ante la presión que hoy continúa en muchas

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regiones con las mal llamadas bandas emergentes. Ya hay algunos balances sobre la experiencia de recuperación social del territorio. En el caso de la Macarena hay un balance independiente contratado por Holanda que dice2:La ausencia de títulos rurales para los colonos de la Macarena incide en la recurrente movilización de la población colona hacia áreas por fuera del control territorial del Estado; de ese modo se expande el conflicto en el tiempo y en la geografía colombiana. Por lo que un contrato de ciuda-danía, entendido como la asignación de derechos de propiedad, la provi-sión de seguridad, la administración de justicia y un sistema impositivo justo, sigue siendo un imperativo importante para el éxito de los Progra-mas de los Cultivos Ilícitos en asociación con la Macarena. Luego de la expulsión de la guerrilla se observa en la zona oriental de la Macarena un incremento de la actividad de narcotraficantes e inversionistas que dis-torsionan los propósitos del orden democrático que se desea en este pro-grama. Para que la liberación de los territorios sea para los campesinos es necesaria una protección política efectiva contra el dominio de gran-des narcotraficantes y terratenientes.

La pregunta estructural en las cinco regiones que han sido selec-cionadas es hasta dónde se focalizarán las inversiones en alternativas de desarrollo. Estas zonas han sido escogidas por el Estado porque son ape-tecidas por sus características de suelos donde puede haber inversiones del gran capital. Los Montes de María no es propiamente una zona de cultivos de coca; tiene otro interés. El enfoque que prioriza la seguridad democrática para atender el problema de los cultivos de coca en Colom-bia deja de lado factores estructurales como la tierra o el problema del conflicto agrario y solo atiende el cultivo de coca como fuente de finan-ciación de los grupos armados.

2. El reconocimiento a la diversidad local y regional es un punto fun-damental que requiere el apoyo y defensa de las iniciativas comu-nitarias. Está ausente un enfoque territorial con una perspectiva de región. Hay un peso militar muy grande en la definición de dónde

2 Gustavo Duncan Cruz, “Policy paper: plan de consolidación de la Macarena”. Documento preparado por encargo de la Embajada de Holanda. Consultado el 28 de diciembre de 2010 en: http://www.sudamericarural.org/files/policy _ paper _ duncan _ reyes6cdcb2db.pdf

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poner los recursos. Una reproducción de la forma como ha sido tra-tada la Macarena, sin una evaluación crítica y sin reconocimiento de las especificidades de las regiones y de la diversidad social, va a llevar de nuevo a un posible fracaso.

3. El desarrollo de una visión de seguridad desde un enfoque de desa-rrollo humano y de fortalecimiento de las organizaciones sociales. En la actual estrategia, el Estado llega y monta una coordinación inte-rinstitucional con un peso muy fuerte del Ministerio de Defensa y es-pecíficamente de las fuerzas armadas en la definición de los recursos. La actual estrategia sigue teniendo un componente de militarización muy alto y por tanto no hay la apertura para un espacio de diálogo entre comunidades y Estado con el fin de llegar a una mínima carac-terización del problema y poder definir hacia dónde deben ir dirigi-dos los esfuerzos para poder desarrollar algunas regiones que se ven obligadas a depender del monocultivo de coca.

4. El reconocimiento de la complejidad del conflicto y su interrelación con el circuito ilegal. Es necesario preguntarnos: ¿hay un modelo re-plicable desde una región? Es necesaria una política mucho más flexi-ble en sus contenidos que reconozca las especificidades de población, de territorio, de suelos.

5. El reto de construir un desarrollo alternativo que se refiera a la eco-nomía ilegal de las drogas y no solo a los cultivos ilícitos. Este es un punto que va a estar en el debate de aquí a 2013. En la nueva estrate-gia no se habla tanto de cultivos sino de corredores del narcotráfico. Por ejemplo, en el caso de la Macarena, se plantea que la coca que sale va hacia el Pacífico y que la incidencia va a ser sobre todo el corredor. Lo mismo pasa con el sur de Córdoba hacia Urabá. Eso es un reto gigantesco para el desarrollo alternativo porque implica no solamente incidir sobre productores sino también sobre comunida-des que dependen del acopio de la coca en el trasiego de insumos químicos, en el trasiego de gasolina y cemento, en los servicios de seguridad y en el reclutamiento de jóvenes que prestan seguridad para el trasiego de la droga por estas rutas. El desarrollo alternativo dirigido a esa masa de población implica una reformulación gigan-tesca que todavía, conceptualmente, no la estamos viendo. La actual política tiene un reto enorme y el enfoque de seguridad impide un

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diagnóstico y un reconocimiento que analice de dónde viene esa masa de población que depende de la economía ilegal de las drogas, no solamente población que depende de los cultivos sino población que está asociada a toda la cadena, desde los cultivos hasta los pun-tos de salida internacional.

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GlobalizaCión de la amazonia: meGaproyeCtoS, tlC y CoCaína

FErnando Franco1

la gran región amazónica ingresó al circuito mundial de los mercados desde el momento mismo de la ocupación euro-pea del continente americano, entendidos los mercados,

en un sentido lato, como el flujo de bienes y servicios entre productores y consumidores −incluidos los de las economías extractivistas−. Las econo-mías naturales de las sociedades amazónicas fueron brutalmente deslegi-timadas por la esclavización de su fuerza de trabajo, por el desarraigo de sus territorios y su reducción a nichos de evangelización y miseria para garantizar su sometimiento. Desde la cordillera de los Andes, los castella-nos, y desde el Atlántico, los lusitanos, cercaron a las milenarias culturas amazónicas y cometieron sobre ellas uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad.

Los sistemas extractivistas de recursos naturales vinculados a los cir-cuitos comerciales de los mercados globales de los imperios coloniales de España, Inglaterra y Portugal se fundamentaron en la esclavización de las sociedades indígenas sobrevivientes y en la importación de esclavos del África ecuatorial. De la conquista a la colonia, y de esta a la vida republi-cana, la Amazonia ha sido una fuente recurrente de recursos con valor de cambio en los mercados internacionales: oro, caucho, quina, drogas do sertão, castaña, maderas, pieles, plumas, fauna viva, y desde el siglo XX materias primas estratégicas como petróleo, bauxita y mineral de hierro. Todas estas economías, ligadas a la expansión de la frontera agrícola y pe-cuaria a costa de la selva, le han dejado a la gran región unas poblaciones

1 Profesor asociado y director de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y magíster de Cornell University.

[email protected]

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cátedra jorge eliécer gaitán | fernando franco

migrantes cautivas en su pobreza y unas poblaciones ancestrales desarrai-gadas y violentamente privadas de sus culturas y de sus esperanzas. Hoy, diez años después de comenzar el nuevo milenio, los países amazónicos discuten todavía acerca del futuro de una región a la que miran como fuen-te de riqueza y desarrollo, con sus sociedades y sus recursos históricamente arrasados y sin ninguna posibilidad de disputar la hegemonía del poder del capital y de las plutocracias nacionales, en procura del reconocimiento de sus culturas, de sus territorios y de sus derechos fundamentales.

Alimonda2, evocando el libro de Karl Polanyi, La gran tranformación, a propósito de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, dice que

esa catástrofe era el resultado de la expansión incontrolada del libera-lismo de mercado a partir de mediados del siglo XIX (la globalización diríamos hoy), que tuvo como resultado, al mismo tiempo que la mul-tiplicación de las riquezas y de las tecnologías a un nivel nunca visto, introducir a todo el planeta en un sistema de mercado, basado en una falacia central: considerar como mercancías, producidas como mercan-cías, a dos elementos centrales del mundo real, la naturaleza y la fuerza de trabajo (que [Polanyi] denomina mercaderías ficticias)3.

Por estas características de la evolución del capitalismo mundial, “la naturaleza, vinculada por todas partes con la vida de la sociedad, fue transformada apenas en ‘tierra’”4. Esta tarea sigue completándose en la gran región amazónica con la incesante transformación de los paisajes sel-váticos, el desvertebramiento cultural y territorial de las sociedades nativas y la expansión de agrosistemas de gran escala vinculados a las demandas de los mercados globalizados. A esta dinámica se suman las afectaciones de la naturaleza amazónica y sus sociedades a causa de las economías ex-tractivas de recursos naturales no renovables del subsuelo, de los grandes proyectos hidroeléctricos y más recientemente de los megaproyectos viales de conexión interoceánica Atlántico-Pacífico.

En la fase actual de expansión del capital y de los mercados se con-solida la división internacional del trabajo: los países más poderosos y el

2 Héctor Alimonda, “Sobre la insostenible colonialidad de la naturaleza latinoamericana”, en Germán Palacio (ed.), Ecología política de la Amazonia. Las profusas y difusas redes de la gobernanza (Bogotá: ILSA-Universidad Nacional, Sede Amazonia-Ecofondo, 2009), 61-96.

3 Alimonda, Sobre la insostenible colonialidad, 77.4 Alimonda, Sobre la insostenible colonialidad, 78.

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globAlizAción de lA AmAzoniA: megAProyectos, tlc y cocAínA

capital transnacional vinculado a ellos se especializan en la producción de tecnologías de alta complejidad científica y alto costo para la explora-ción, explotación y distribución global de materias primas estratégicas y commodities de los sectores primario e industrial, incluidas la biotecnolo-gía y la ingeniería genética; por otra parte, los países propietarios de esos recursos, en su mayoría no renovables, garantizan las privilegiadas y laxas condiciones de las inversiones del capital internacional y sus altas tasas de ganancia a cambio de magras retribuciones financieras y de creación de empleo transitorio de baja calificación.

Es también la fase capitalista de devastación de la naturaleza y auto-destrucción de sus cimientos económicos y políticos que se expresa en la acumulación insaciable de capital aun a costa de los intereses de sus aliados políticos y sociales, como los Estados, los sectores económicos intermedios y los ahorradores anónimos. Detrás de ellos, sucumben miles de millones de habitantes del planeta que sufren los rigores de las crisis y cargan con los costos de las recuperaciones sustentadas en subsidios a los sectores finan-cieros y especulativos de los bancos, las bolsas y las alianzas hipotecarias. El desempleo, el incremento de las tarifas de los servicios básicos y de los impuestos y la reducción de los derechos laborales de los trabajadores son secuelas de estas crisis estructurales del sistema capitalista.

La irrefrenable carrera en torno al control del abastecimiento de ma-terias primas estratégicas −exacerbada por la demanda de las megaeco-nomías emergentes de China e India y otras pequeñas potencias asiáticas, capaces de superar en sagacidad y eficiencia a las curtidas tácticas de las multinacionales y del capital financiero− aceleró al extremo el colapso de la economía mundial y presionó la provisión de materias primas de origen natural al punto de los rendimientos decrecientes con flujos de materia y energía de alta entropía5 con irrecuperables daños a la naturaleza y al equi-librio de los sistemas climáticos planetarios. La Amazonia está vinculada a estas vertiginosas aventuras de búsqueda de activos naturales y ambienta-les y de valorización en los mercados en su condición de última frontera del

5 La entropía se refiere a la cantidad de energía que se pierde o difumina como consecuencia de la producción o uso de un bien. Por ejemplo, la cantidad de energía calórica que se pierde al quemar la vegetación talada en una hectárea de selva para producir una cosecha de una tonelada de maíz. En este caso no hay correspondencia entre el valor de la masa vegetal incinerada, la energía liberada versus la ceniza y los nutrientes aportados al suelo y el valor de uso y el valor de cambio de la cosecha alcanzada.

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extractivismo de recursos naturales no renovables y renovables, incluida la biodiversidad.

Una de las manifestaciones políticas de la presión capitalista sobre los recursos naturales, presentes en las selvas, en las sabanas y en los mares de los países suramericanos, es el armamentismo creciente de países como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia para proteger los recursos estratégicos más que para la resolución de los conflictos internos y fronte-rizos6. Son ejemplos de esta tendencia el caso de Brasil que compra armas y embarcaciones de propulsión nuclear para proteger sus recursos petroleros de alta mar y el de Colombia con la seguridad democrática diseñada para garantizar la seguridad inversionista.

La Amazonia continental cubre una superficie de 7,3 millones de ki-lómetros cuadrados y alberga una población de entre 25 y 30 millones de habitantes según la fuente que se asuma de los censos y estimativos na-cionales. De los 960 269 habitantes de la Amazonia colombiana (censo de población 2005), 86 417 son indígenas7. Entre 17 y 20 millones de personas viven en la Amazonia del Brasil y su población indígena está entre 200 000 y 300 000 personas. Tres millones de personas viven en la Amazonia pe-ruana. Más del 50% de la población de la Amazonia continental vive en asentamientos urbanos. Esto es cierto para los departamentos de Caquetá y Guaviare en Colombia. La importancia de las economías amazónicas en el PIB nacional es del 0,08% en Colombia, 5,0% en Brasil y 6,0% en Perú. Las Amazonias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil presentan los menores índices de bienestar económico y social en comparación con los promedios nacionales.

Se estima que el 16% de la Amazonia brasileña ha sido totalmente de-forestada −algo así como 720 000 km²−. En Colombia esa deforestación es de un 10-12%, unos 50 000 km². Las tasas de deforestación de la Amazonia brasileña alcanzaron entre 1998 y 2003 un promedio anual de 20 000 km², con descensos considerables a partir de 2004 (12 000-15 000 km por año)8.

6 Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, conferencia pronunciada en la Sede Amazonia, 2009.

7 Hay estadísticas en las que esta población se incrementa notablemente en el orden de 1 150 000 habitantes y 150 000 habitantes indígenas. El censo de 2005 no discriminó la población indígena de los centros urbanos.

8 Ulisses Capozzoli, “Amazônia. A floresta e o futuro”, Scientific American Brasil 2 (2008), 97.

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La misma fuente señala que, a las tasas actuales de deforestación, para 2050 cerca del 50% de la selva amazónica habrá desaparecido, siendo esta pérdi-da mayor en la Amazonia brasileña.

tlC y petróleo9

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, suscrito en el ocaso del gobierno del presidente Toledo, requirió a lo largo del man-dato presidencial de Alan García profundas reformas del ordenamiento jurídico del país, las que solo han podido alcanzarse a través de facultades extraordinarias que el Congreso Nacional le otorgó al Ejecutivo. Un abul-tado número de decretos con fuerza de ley se requirieron para satisfacer las condiciones del TLC y ponerlo en funcionamiento y varios de ellos fueron promulgados sin considerar derechos constitucionales inalienables como la consulta a las comunidades interesadas o eventualmente afectadas por las nuevas normas.

Desde 2007 el presidente García definió el terreno ideológico sobre el cual avanzarían los acuerdos del TLC con Estados Unidos en cuanto a la apropiación y uso de los recursos naturales del país. En su famoso artículo “El síndrome del perro del hortelano”, refiriéndose a las tierras comunales de indígenas y campesinos, afirmó que

La demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse por-que son objetos sagrados y que esa organización comunal es la orga-nización original del Perú… Tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero…10

El Decreto 1015 de 2008 cambió las reglas de juego para la venta de los territorios comunales de indígenas y campesinos; ello desencadenó protes-tas masivas de habitantes amazónicos con bloqueos de carreteras y desa-bastecimiento de los grandes conglomerados humanos de la Amazonia. El

9 Esta parte del documento corresponde al artículo de Fernando Franco, “El TLC Perú-Esta-dos Unidos. La Amazonia ensangrentada”, Notimani 17 (Leticia, 2009).

10 Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, 28 de octubre de 2007.Consultado el 7 de diciembre de 2010 en: http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el _ sindrome _ del _ perro _ del _ hort.html

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gobierno decretó el estado de emergencia en cuatro provincias de la región y el Congreso Nacional se vio obligado a derogar el decreto. En medio de los enfrentamientos el presidente García dijo:

Si se consuma este acto de temor a la galería, de temor al desorden, perpetrado por quienes quieren tener votos preferenciales a como dé lugar, algún día se acordará el Perú que ese fue el momento en que se interrumpió el cambio y se condenó a cientos de miles a mantenerse en la miseria11.

El 5 de junio de 2009 ocurrió la tragedia de Bagua, donde miles de indígenas que bloqueaban la carretera en la Curva del Diablo en protesta por los efectos negativos de las leyes de apoyo al TLC sobre sus territorios y sus recursos, en particular el Decreto ley 1090 o ley forestal, fueron repe-lidos violentamente por las fuerzas policiales. Al conocerse la noticia, los indígenas que tenían retenidos a 35 policías que custodiaban la Estación Seis de Petroperú inmolaron a varios de ellos. Después de muchos meses de este hecho sangriento, las cifras de muertos y heridos entre policías e indígenas son aún inciertas.

La arremetida gubernamental y del gran capital peruano e interna-cional sobre la Amazonia no da tregua. Petroperú, la petrolera estatal, otorgó concesiones de exploración y explotación que cubren toda su super-ficie con excepción de las áreas intangibles y protegidas como los parques nacionales naturales que son una pequeña fracción del territorio total de la Amazonia12.

Dice la muy sabia máxima atribuida a Napoleón Bonaparte que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. La eventual aproba-ción del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos por el Congreso de ese país requerirá ajustes profundos a la legislación colom-biana en los más diversos ámbitos jurídicos y legales, con especial énfasis en las condiciones de competitividad y privilegios del capital internacional

11 Infolatam, “Perú: ‘Acceder a reclamación de indígenas sería un error histórico’, afirma Alan García”. Lima, 21 de agosto de 2008. Consultado el 9 de diciembre de 2010 en: http: //www.infolatam.com/2008/08/20/peru-acceder-a-reclamacion-de-indigenas-seria-un-error-historico-afirma-alan-garcia/

12 Ver mapa de Petroperú con loteo de las concesiones petroleras del país en: http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/InformacionRelevante/MapaLotes/Cont _ MapaLotes

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para la explotación de los recursos naturales, el libre flujo de capitales, de tecnología y de derechos privilegiados de patente.

En el contexto de la lucha por el control de los recursos naturales es-tratégicos del planeta aún por explotar, las políticas nacionales de los paí-ses amazónicos apuntan a obtener los máximos beneficios por diferentes vías: del lado peruano a través de la parcelación minuciosa del territorio amazónico para la exploración y explotación de hidrocarburos y otros mi-nerales y en Colombia con el control del territorio para garantizar la se-guridad inversionista frente al desafío de los grupos armados irregulares.

Un ejemplo de estos mecanismos en Colombia se encuentra en la pro-puesta Estrategia de gobernabilidad para el desarrollo y la conservación en la Amazonia colombiana presentada ante la Mesa de Cooperantes Interna-cionales para la Amazonia por la Agencia Colombiana para Cooperación Internacional (ACCI) y por la Oficina Presidencial para la Acción social en octubre 19 de 2009 con la participación de las organizaciones no guberna-mentales GAIA y Patrimonio Natural y el Ministerio del Ambiente, Desa-rrollo Territorial y Vivienda13. El documento propone un objetivo general y 6 objetivos específicos dirigidos a la “construcción conjunta de goberna-bilidad entre el Estado, autoridades tradicionales indígenas, organizacio-nes sociales de base y la sociedad civil para la conservación y el desarrollo equitativo de la Amazonia colombiana”.

El objetivo específico 5 propone “Desarrollar y fortalecer capacida-des sociales e institucionales en los niveles local, regional y nacional para implementar las estrategias de gobernabilidad y conservación sobre 40 mi-llones de hectáreas de la Amazonia colombiana”. Este objetivo engloba los demás objetivos específicos, que de forma resumida consideran: ampliar a 5 millones de hectáreas la superficie del parque nacional Chiribiquete; realizar un proyecto piloto de gobernabilidad local y ordenamiento terri-torial en las zonas de presión de colonización del Área de Manejo Especial de La Macarena sobre la Amazonia colombiana; realizar un proyecto pi-loto de incentivos para la conservación y gobernabilidad ambiental sobre 4 millones de ha en las jurisdicciones de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas Acaipi, Aciya, Acima y PANI y que incluye la re-

13 ACCI, GAIA, Acción Social, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Pa-trimonio Natural, “Estrategia de gobernabilidad para el desarrollo y la conservación en la Amazonia colombiana”, documento presentado ante la Mesa de Cooperantes Internaciona-les para la Amazonia (Bogotá, 2009).

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ciente creación del parque nacional natural Yaigoje-Apaporis; y realizar un proyecto para la creación de espacios formales de articulación fronteriza construidos entre Estados y con participación de la sociedad civil para im-plementar acuerdos orientados al ordenamiento ambiental del territorio; este proyecto comprende acciones binacionales con Ecuador y Brasil.

La estrategia de gobernabilidad para la conservación y el desarrollo de la Amazonia parece sustentarse en los siguientes elementos centrales:

1. Expansión del área en parques nacionales naturales.

2. Consolidación de los territorios indígenas y alianzas estratégicas en-tre el gobierno y las autoridades indígenas en el propósito de fortale-cer la gobernabilidad en esos territorios.

3. Reconstrucción de la gobernabilidad y recuperación del territorio del control de los grupos armados insurgentes en el Área de Manejo Es-pecial de La Macarena (AMEM).

4. Consolidación de los asentamientos campesinos en áreas de eventual presencia de organizaciones insurgentes.

5. Realización de proyectos binacionales de cooperación para el manejo de áreas de reserva en las fronteras (Ecuador, Brasil).

6. Con el objetivo específico 6 busca “formalizar los escenarios de dis-cusión y formulación de políticas intersectoriales sobre desarrollo y conservación en la Amazonia colombiana”. Se incorporan notables emprendimientos para la exploración sobre recursos petroleros en la región a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y el desarrollo de los corredores viales de Invías. Los convenios de la Agencia Nacional de hidrocarburos buscan: (a) proyectos para for-talecer la capacidad de los parques nacionales naturales y zonas de amortiguamiento: articular desarrollo petrolero a la conservación; (b) creación de 2 parques nacionales naturales de manera concertada en zonas de exploración petrolera (Churumbelos y Orito); (c) crea-ción de Chiribiquete; y (d) precisión cartográfica de los límites de los parques y áreas de exploración y explotación petrolera. Por su parte, el convenio con Invías busca: (a) análisis regional de impacto de co-rredores de conectividad; (b) propuestas de mecanismos de compen-sación para AP; y (c) coordinación con Cormacarena.

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En efecto, la ANH abrió licitación para la adjudicación de 168 bloques de exploración petrolera, de los cuales, 73 están ubicados en mayor propor-ción en las regiones selváticas de la Amazonia, del Pacífico, de la Serranía del Perijá y del Catatumbo.

El territorio de la Amazonia no ocupado por la colonización campe-sina ni por sectores agroempresariales y ganaderos quedaría bajo el control del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales y de los territorios indígenas y sus organizaciones y autoridades, quedando áreas muy peque-ñas de la región bajo la figura jurídica de reserva forestal (Ley 2 de 1959). El documento no menciona los asentamientos urbanos de selva adentro ni los asentamientos campesinos ribereños y dispersos.

Lo anterior conduce a pensar que la alianza estratégica entre el Esta-do o gobierno y las organizaciones y autoridades indígenas sería la garante de la conservación de la Amazonia, pero también del desarrollo basado en la exploración y explotación de los recursos naturales y en la construcción de corredores viales estratégicos.

Por su parte, el Estado brasileño tiene las cosas claras en cuanto al desarrollo de megaproyectos para la producción, procesamiento y expor-tación de agrocombustibles, que incluye la construcción de carreteras y puertos especializados para el trasiego a granel de las cosechas como el construido en Santarem. La expansión de la capacidad de generación hi-dráulica de energía comprende la construcción de 24 centrales hidroeléc-tricas en los ríos tributarios del gran Amazonas como la de Belo Monte sobre el río Xingú y la de San Antonio sobre el río Madeira. El programa busca aumentar la capacidad total generadora del país en un 60% para 2019 con una inversión de US$100 000 millones14.

Brasil encontró el gas que abastece a Manaos en la cuenca del río Urucú y explota las mayores reservas de mineral de hierro, de cobre, de bauxita, de manganeso y de oro de la Amazonia; sin embargo, los impactos ambientales y sociales derivados hacen necesario iniciar el debate entre las sociedades amazónicas y el Estado sobre los procesos en curso de la expansión del capital.

La Iniciativa para la Inversión en Infraestructura en Suramérica (IIRSA), uno de cuyos pilares es la conexión vial interoceánica Atlántico-Pacífico, tiene fundamento geopolítico y económico en el fortalecimiento

14 El Tiempo (The Wall Street Journal Americas), 8 de octubre de 2010, 11.

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de las relaciones de intercambio entre las naciones de Asia y del Pacífico formalizadas en el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que reúne a 21 naciones que concentran el 58% del PIB mundial y del que participan Perú, Chile y México.

Estas iniciativas se materializan en Colombia en el corredor fluvial río Amazonas-río Putumayo-Puerto Asís-Mocoa y la variante Mocoa-San Francisco en el valle del Sibundoy para empatar con la vía a Pasto y a Tu-maco. Los habitantes del Putumayo miran con esperanza la construcción de esta variante como alternativa a la histórica trocha carreteable actual, para así facilitar el acceso a los Andes nariñenses y a la costa Pacífica. Sin embargo, las expectativas de los putumayenses podrían conducir a una nueva frustración luego de los sueños de progreso con el petróleo y de la vinculación a los mercados nacionales con la construcción de la carrete-ra Mocoa-Pitalito. Las organizaciones y pueblos indígenas del Putumayo han advertido sobre las amenazas que la construcción de esta vía represen-ta para los frágiles ecosistemas de las escarpas andino-amazónicas y sus fuentes de agua, y para los territorios indígenas aledaños.

El Putumayo fue el primer espacio amazónico en recibir regalías pe-troleras desde los años sesenta del siglo XX. Casanare, Arauca, Meta, Gua-jira han recibido billones de pesos en regalías desde los años ochenta, pero ninguno de estos departamentos ocupa lugares destacados en los indica-dores de desarrollo humano frente a los departamentos tradicionalmente más avanzados. En contraste, el extractivismo del petróleo transformó en materia grave e irreversible los ecosistemas de los territorios explotados, significó el avance arrasador de la colonización y el desarraigo de las socie-dades indígenas de sus territorios ancestrales. El caso más significativo fue el Putumayo, departamento que tiene la mayor población indígena de los departamentos amazónicos pero la menor área en resguardos.

producción comercial de plantas de coca y el circuito mundial del mercado de cocaínaEn el contexto de la globalización de los mercados, de las megainver-

siones en prospección, exploración y explotación de materias primas y de los grandes proyectos de inversión en infraestructura vial, de generación de energía y comunicaciones, la transnacional de la cocaína despliega su capacidad para superar las contingencias de la represión y se campea in-cólume por todo el continente latinoamericano. Compite en eficiencia a

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través de su movilidad frente a la represión y frente a las condiciones del mercado y de las líneas de transporte (blanco móvil) con sectores produc-tivos tradicionales y afinca sus fortalezas productivas, económicas, socia-les y políticas en los espacios de la economía campesina de la ceja de selva y de la gran llanura amazónica de Colombia, Perú y Bolivia y con recientes y documentados emprendimientos en Brasil, Ecuador y Venezuela.

La coca se comporta como una commodity que se ajusta de manera perfecta a las condiciones de los mercados globalizados donde las cadenas productivas y de comercialización se acoplan a las dinámicas financieras, de inversión y de especulación del capital monopólico internacional. Esto ocurre no solo en la cadena productiva directa del circuito coca-cocaína (productores, transformadores, transportadores internacionales, mayo-ristas y distribuidores), sino en las externalidades de esta internacional de la droga que financia y expande de manera ampliada el capital en activi-dades como el contrabando, el lavado de activos, el tráfico de armas y de personas. A estas dinámicas económicas se agregan los miles de millones de dólares destinados por los gobiernos a la prohibición de la produc-ción y consumo de drogas, no obstante sus frustrantes resultados. De esta manera, el valor final de la commodity cocaína va mucho más allá de su valor interno y compromete sectores críticos de los mercados mundiales. De allí las dificultades de su control para los Estados y para las agencias internacionales.

Desde la perspectiva de su inserción territorial, la producción de co-ca-cocaína encuentra en la extensa región amazónica espacios propicios para su desarrollo con ventajas comparativas frente a la represión guber-namental. El desarrollo de los cultivos por campesinos, algunos indíge-nas y pequeños y medianos empresarios le permite a la actividad ilícita un camuflaje social que hace especialmente difícil la acción represiva de las agencias del Estado. Lo mismo puede decirse de las sinergias que se establecen entre los grupos armados ilegales, los campesinos e indígenas en los cultivos comerciales de coca, como bien se expresa en estos mo-mentos en Perú con el resurgimiento del movimiento guerrillero “Sen-dero Luminoso”.

El comportamiento reciente de las áreas sembradas en hoja de coca en los países andinos arroja los siguientes resultados: de 167 600 hectáreas sembradas en 2008, el 48,3% corresponde a Colombia, el 33,5% a Perú y el 18,2% a Bolivia y la producción final de cocaína disminuyó de 994 toneladas

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en 2007 a 845 toneladas en 2008. Estos datos15 (JIFE, 2010) destacan un incremento fuerte de las áreas sembradas en Perú y Bolivia y una drástica reducción en Colombia, país en el que la JIFE certifica la erradicación de 229 611 hectáreas en 2008 frente a 81 000 hectáreas efectivamente sembra-das en plantas de coca.

Estas cifras demuestran la infinita capacidad de movilidad del nego-cio de la coca-cocaína en contextos geográficos, sociales y económicos que rebasan las fronteras nacionales, no solo en cuanto a la siembra de las plan-tas, sino en cuanto a los permanentes reacomodos de las estructuras de mercado y de las organizaciones, firmas y carteles que lo controlan. Si en los años ochenta las organizaciones delictivas colombianas dominaron los mercados de acopio en Perú y Bolivia, hoy lo hacen los carteles mexicanos.

Para complicar las cosas, los países andinos más comprometidos con el fenómeno de la producción y tráfico de drogas de uso ilícito nunca han logrado acuerdos para una política común de tratamiento y resolución del fenómeno, tal vez por las potentes implicaciones en materia de seguridad nacional y de tratamiento de los conflictos armados internos anexos al conflicto de drogas y también a intereses de sectores económicos y políti-cos no visibles.

Esta situación coincide con el hecho de que la Amazonia continental no ha logrado convocar una acción conjunta de los Estados que la confor-man para alcanzar propósitos comunes de conservación de los ecosiste-mas y de desarrollo económico y social. De allí los magros resultados del Tratado de Cooperación Amazónica y de su versión actual la OTCA, pues sus intereses geoestratégicos y económicos difieren de los de las sociedades amazónicas −indígenas y no indígenas− más cercanas entre sí por intereses y aspiraciones comunes. Por el contrario, iniciativas como el IIRSA convo-can incondicionalmente el respaldo de los gobiernos por las oportunidades que se abren para el gran capital.

La multinacional de la cocaína, en los eslabones productivo y trans-formativo de la cadena, encontrará en los megaproyectos viales y extracti-vos en la Amazonia grandes aliados que le permitirán formas diversas de camuflaje físico, social, económico y político: alta movilidad demográfica

15 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Junta Internacional para la Fiscalización de Drogas (JIFE). Informe anual 2009 (United Nations Publication, 2010).

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y circulación de bienes y una ampliada capacidad de reinversión de exce-dentes en las economías legales.

El TLC de Perú con Estados Unidos y eventualmente un tratado si-milar de Colombia facilitarán la toma por el gran capital de los recursos de la Amazonia, y la multinacional coca-cocaína campeará en medio del caos y la devastación y seguirá siendo la última esperanza de los pobres de siempre.

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