cnrr - la rochela. memorias de un crimen contra la justicia

7/30/2019 CNRR - La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia

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Gonzalo Snchez G.Coordinador del Grupo de Memoria Histrica

Ivn Orozco AbadRelator de la investigacin sobre la masacre de La Rochela

Gina Cabarcas MaciLaura Porras Santanillascar Acevedo ArangoGuido Bonilla PardoMauricio Barn Villa

Equipo de investigacin

Diana Marcela GilAsistente administrativa

Jess David Huertas LinaresPasante de la investigacin

Miembros del Grupo de Memoria Histrica

Investigadores:lvaro Camacho, Andrs Surez, Cesar Caballero,Fernn Gonzlez S.J., Ivn Orozco, Jess Abad Colorado,Len Valencia, Mara Emma Wills, Mara Victoria Uribe,

Martha Nubia Bello, Nubia Herrera, Patricia Linares Pilar Gaitn,Pilar Riao, Rodrigo Uprimny, Tatiana Rincn.

Asistente de Coordinacin:Laura Corral B. Impacto Pblicoy divulgacin: Natalia Rey C., Andrs Elasmar. Gestora de proyectos:

Paula Ila. Coordinadora Administrativa: Ana Lyda Campo.

La Rochela:Memorias de un crimen

contra la justicia


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Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin

Angelino GarznVicepresidente de la Repblica

Comisionados

Eduardo Pizarro Leongmez, Presidente de la CNRR, Delegado delVicepresidente de la Repblica; Ana Teresa Bernal Montas, ComisionadaSociedad Civil; Patricia Buritic Cspedes, Comisionada Sociedad Civil;Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Sociedad Civil; Monseor Nel

Beltrn Santamara, Comisionado Sociedad Civil; Oscar Rojas Rentera,Comisionado Sociedad Civil; Patricia Perdomo Gonzlez, ComisionadaRepresentante de las Vctimas; Regulo Madero Fernndez, Comisionado

Representante delas Vctimas;Germn Vargas Lleras, Ministro del Interiory de Justicia; Juan Carlos Echeverry Garzn, Ministerio deHacienda;Volmar Prez Ortiz,Deensor del Pueblo; Patricia Luna Gonzlez,

Delegada de la Deensora del Pueblo; Mario Gonzlez Vargas,Delegado dela Procuradura General de la Nacin; Diego Andrs Molano Aponte, Alto

Consejero Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional

Equipo Directivo

Eduardo Pizarro Leongmez, Presidente;Catalina Martnez Guzmn,Directora Ejecutiva; Carlos Humberto Cardona Botero, Coordinador Planea-cin; Fernando Ramrez Ochoa, Coordinador Administrativo y Financiero;Martha Luca Martnez Escobar, Coordinadora de Comunicaciones y Prensa;Mara Cristina Hurtado Senz, Coordinadora Gnero y Poblaciones Espec-cas; Mara Anglica Bueno Cipagauta, Coordinadora del rea de Recon-ciliacin; Olga Alexandra Rebolledo lvarez, Coordinadora Reparacin yAtencin a Vctimas; Gonzalo Snchez Gmez, Coordinador del Grupo deMemoria Histrica; lvaro Villarraga Sarmiento, Coordinador del rea

de DDR; Jos Celestino Hernndez Rueda, Coordinador del rea Jurdica;Gerardo Vega Medina, Coordinador Sede Antioquia; Mnica Meja Zuluaga,Coordinadora Sede Atlntico; Arturo Zea Solano, Coordinador Sede Bolvar;

Mara Daz Galvis, Coordinadora Sede Centro; Ingrid Cadena Obando,Coordinadora Sede Nario; Zuleny Duarte Fajardo, Coordinadora Sede

Putumayo; Ana Maryury Giraldo Palomeque, Coordinadora Sede Choc;David Augusto Pea Pinzn, Coordinador Sede Nororiente; Eduardo

Porras Mendoza, Coordinador Sede Sucre; Antonio Mara Calvo Silva,Coordinador Sede Cesar; Jorge Vsquez Pino, Coordinador Sede Valle del Cauca;

Luis Gonzalo Agudelo Hernndez, Coordinador Sede Llanos Orientales.


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TAURUS

PENSAMIENTO

La Rochela:Memorias de un crimen

contra la justicia


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2010, CNRR - Grupo de Memoria Histrica 2010, Ediciones Semana De esta edicin:2010, Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alaguara, S. A.Calle 80 No. 9-69Telono: (571) 639 60 00Bogot, Colombia

Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.

Av. Leandro N. Alem 720 (1001), Buenos Aires Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V.

Avenida Universidad 767, Colonia del Valle,03100 Mxico, D.F. Santillana Ediciones Generales, S.L.

Torrelaguna, 60. 28043, Madrid

ISBN: 978-958-758-022-8Impreso en Colombia - Printed in ColombiaPrimera edicin en Colombia, septiembre de 2010

Diseo de cubierta: Publicaciones Semana

Este es un documento pblico cuyo texto completo se podr consultar enwww.memoriahistorica-cnrr.org.co y www.cnrr.org.co

Crditos otogrcos:Portada: Jess Villamizar, 1989Interior: scar Acevedo Arango, Grupo de Memoria Histrica; archivos particu-lares de los amiliares de las vctimas; Jess Abad Colorado, Grupo de MemoriaHistrica (Pg.227)

Diseo mapas: Julio E. Corts

Corrector: Hernn Daro Correa

La totalidad de las regalas producto de la venta de este libro ser donada por laFundacin Semana y Editorial Taurus a un proyecto previamente concertado con

los amiliares de las vctimas.

Este inorme es de carcter pblico.Puede ser reproducido, copiado, distr ibuidoy divulgado siempre y cuandono se altere su contenido y se cite la uente.


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Agradecimientos

Esta investigacin no hubiera sido posible sin la generosidad de las

vctimas, de los sobrevivientes de la masacre, y de la comunidad judi-cial de San Gil. En particular MH quisiera reconocer la participacinactiva en el proceso de investigacin y en la construccin de la multi-media que acompaa el inorme, de las viudas de tres de las vctimasdirectas: Paola Martnez, Luz Nelly Carvajal, Esperanza Uribe; y dela hija de una de las vctimas directas, Alejandra Beltrn Uribe.

El Grupo de Memoria Histrica de la Comisin Nacional deReparacin y Reconciliacin (MH) agradece a las numerosas enti-

dades estatales, internacionales y de la sociedad civil, as como alas personas que contribuyeron a la realizacin de este inorme.

Tambin expresamos nuestro ms sentido agradecimiento a laAgencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Inter-nacional, a la Agencia Catalana de Cooperacin al Desarrollo, ala Procuradura General de la Nacin, y a la Corporacin OpcinLegal, por el apoyo econmico y tcnico para la realizacin y di-vulgacin de este inorme.

Agradecemos igualmente a la Embajada de Suiza en Colombiay la Fundacin Ford Chile, que han acompaado las mltiples ac-tividades del grupo de investigacin desde sus inicios.

Nuestro especial reconocimiento al Colectivo de abogados JosAlvear Restrepo, por permitirnos acceder al expediente penal delcaso, a la Comisin Colombiana de Juristas por darnos acceso asu base de datos sobre victimizacin de operadores judiciales, ascomo al Centro de Investigacin y Educacin Popular (CINEP) por

acilitarnos las ciras del conficto armado utilizadas en este inor-


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La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia

me. Tambin, queremos agradecer al Centro Internacional para laJusticia Transicional (ICTJ), y al Centro por la Justicia y el DerechoInternacional (CEJIL), por su acompaamiento permanente y suscomentarios. A la Corporacin Fondo de Solidaridad con los Jue-

ces Colombianos (FASOL) por la inormacin que nos dieron sobrevictimizacin a uncionarios judiciales. Al Ministerio de RelacionesExteriores por sus aportes para las recomendaciones de polticaspblicas.

El equipo de investigacin quiere hacer una mencin muy es-pecial al Consejo Consultivo Internacional (CCI) de MH, y en parti-cular a Daniel Pcaut, Elizabeth Lira y a su Presidente M Bleeker,por la lectura y los aportes hechos a este inorme en el marco delII Encuentro del CCI los das 3 y 4 de junio de 2010 en la ciudad deBogot.

Finalmente agradecemos a Publicaciones Semana y a la Funda-cin Semana, por contribuir a la publicacin y divulgacin de esteinorme; y a los dems socios de la III Semana por la Memoria porhacer posible la apertura de nuevos espacios de democratizacinde la memoria histrica en Colombia.

MH es el nico responsable del contenido de este inorme y ha-ce pblico reconocimiento del estricto cumplimiento que se le ha

dado a la autonoma acadmica y operativa conerida para el de-sarrollo de su mandato por la Plenaria de la Comisin Nacional deReparacin y Reconciliacin, encabezada por el entonces Vicepre-sidente de la Repblica Dr. Francisco Santos Caldern y presididapor el Dr. Eduardo Pizarro Leongmez.

MH quiere ser un espacio para el reconocimiento, la dignica-cin y la palabra de las vctimas de la violencia en Colombia.


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Contenido

Prlogo ......................................................................................... 13

Introduccin ............................................................................... 25

i. Los hechos ................................................................................ 31

Escenario judicial en el que se desempeabanlas vctimas directas de la masacre ....................................... 34

Detrs de que iban los investigadores judiciales ..................... 42Por qu los mataron ...................................................................57

Cmo los mataron..................................................................... 68Cmo se recibi la noticia ........................................................ 76

ii. Cmo se investig el caso: la sombra de la masacre ..... 85

La primera Unidad Mvil de Investigacin:un ejemplo para la administracin de justicia. ................... 85

Las obstrucciones por inactividad............................................. 93 Las obstrucciones por ocultamiento directo.............................. 100

Otrasobstrucciones.................................................................107Cambio de radicacin, primera y segunda instancia:

Pasto es lejos ..........................................................................114Seis aos de vaco en Cali ....................................................... 126Quince aos en la Fiscala: el proceso vuelve a instruccin .. 129

El tiempo que pasa es la verdad que desaparece ...............135 Cmo se ha dilatado el proceso?..............................................140 Falta de pruebas tcnicas - excesos del testimonio......................145

Justicia penal militar............................................................. 154


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Estrategia de la deensa: conunde y reinars ..........................157 Amenazas...............................................................................159

iii. Refexiones jurdicas sobre

la responsabilidad penal en el caso ............................. 167Muchas jurisdicciones: un solo caso .......................................169Cmo se construy la responsabilidad penal? .....................175

iv. El trabajo del duelo y las luchas por la justicia ...... 197

El duelo anticipado ................................................................ 200El camino del duelo: el encuentro con los cuerpos ............. 207San Gil: la naciente comunidad de dolor ..............................215Momentos en la transormacin del duelo............................ 222Las tareas de la dignidad: la bsqueda de la justicia ............ 233

La disposicin y distribucin de lasy los amiliares de las vctimas............................................. 233

Relacin de los sobrevivientes y sus amiliarescon los procesos judiciales.....................................................237

Relacin de los amiliares de las vctimasdirectas con los procesos judiciales....................................... 239

La justicia como empleador: una orma

de reparacin inormal.........................................................247 La alianza con la Corporacin Colectivo de Abogados

Jos Alvear Restrepo y la relacin con el SistemaInteramericano de Derechos Humanos ................................ 250

El proceso de conciliacin con el Estado,el Proceso y el Fallo de la Corte IDH..................................... 253

v. El modelo paramilitar en el Magdalena Medio ............ 259

Puerto Boyac desde 1982 hasta 1985:entre la subversin y el modelo paramilitar ....................... 264Auge y contraccin de las arc y el eln

en el Magdalena Medio ...................................................267La presencia militar en el Magdalena Medio:

del distanciamiento a la coalicin regionalcontrainsurgente .............................................................272

Nacimiento de las autodeensas de Puerto Boyac:

En busca de un pueblo libre de subversin .........................277


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Los obstculos a la justicia y la justicia de los paramilitares ....285Las Autodeensas de Puerto Boyac

desde 1985 hasta 1992 ......................................................... 290El desgano de las Fuerzas Armadas para combatir

a los paramilitares del Magdalena Medio: la indierenciamilitar ante el rechazo presidencial al paramilitarismo ........293Las Autodeensas de Puerto Boyac hacen

causa comn con el narcotrco ........................................296La violencia narco-para-militar

como mquina de produccin de olvido ..............................307

vi. La victimizacin de uncionarios

judiciales en Colombia 1979-2009 .................................309

Conficto armado y violenciacontra uncionarios de la rama judicial ..............................311

Cmo atacan a la Justicia? ...............................................315Las dierenciaciones por gnero de la violencia

en la Rama Judicial ........................................................324Se ataca a la justicia de manera selectiva

o indiscriminada? ..........................................................327Dnde se ataca a los uncionarios judiciales?.........................331

Variaciones espacio temporales en los patronesde violencia contra uncionarios judicialesasociadas al conficto armado ............................................. 335

La violencia contra La Rama Judicial:Caja de resonancia para el caso La Rochela ......................... 350

vii. Conclusiones y Recomendaciones .................................. 353

Bibliograa ...............................................................................362


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Prlogo

Gonzalo Snchez G

Director Grupo de Memoria Histrica

El 18 de enero de 1989 en la vereda a ochela, municipio de i-

macota, corazn del agdalena edio santandereano, ueron ase-

sinados doce de quince miembros de una comisin judicial que in-

vestigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los

municipios de imacota, imitarra y uerto arra, cometidos presun-

tamente por una alianza de narcotrafcantes, paramilitares y agen-

tes de la uerza pblica. or este hecho, el stado colombiano ue

condenado casi veinte aos despus, en mayo de 2007, por la orte

nteramericana de erechos umanos, orte IDH, pero al igual que

el caso de la masacre de rujillo, y tantos otros, se trata de un procesoinconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios se

relacionan en la memoria histrica que se propone en este norme.

El papel y los dilemas del ejercicio de la justicia en un

contexto de conficto armado

La masacre de La Rochela es una expresin palmaria de losriesgos y de los impactos que la conrontacin armada desencade-na en todo el aparato judicial. En el escenario blico la justicia esrecurso de poder y por lo tanto se convierte en blanco de accin pu-nitiva o al menos objeto de disputa. En ltimas, a la instauracinde todo poder o contrapoder corresponde la instauracin de unanueva orma de administracin de justicia, como elemento centraldel control social, del poder poltico y del dominio territorial pre-

tendido por los mltiples bandos enrentados.


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La cooptacin de sus uncionarios, la eliminacin de sus agen-tes o la sustitucin de sus unciones son amenazas padecidas una yotra vez por la administracin de justicia en contextos de confic-to abierto. En Colombia las ciras de las tres ltimas dcadas son

inquietantes: Entre enero de 1979 y diciembre de 2009, el Grupode Memoria Histrica ha podido documentar hechos de violenciacontra 1.487 uncionarios judiciales, lo que equivale a decir queaproximadamente cada semana es atacado por parte de los actoresvinculados al conficto armado, un uncionario encargado de im-partir Justicia y aplicar la ley.

Las argumentaciones esgrimidas por los verdugos, y sus lgicasde accin contra el aparato judicial, son desde luego dierencia-das, pero convergentes: La guerrilla aduce, como undamento desus ataques u hostigamientos, la ilegitimidad social de la justiciaestatal; los paramilitares apelan a la justicia por mano propia ar-guyendo la ineciencia del aparato judicial, pero motivados sobretodo por el an de encubrir sus echoras; y los narcotracantesdespliegan un amplio repertorio de acciones: sobornan, inltrany silencian sin necesidad de invocar pretexto alguno.

Por ello, en un escenario de conficto como el que persiste enColombia, en el cual todos los actores enrentados pretenden pri-

vatizar el ejercicio de mltiples unciones estatales, el sistema judi-cial enrenta simultneamente poderes que subvierten al Estado(insurgencia), o lo deenden criminalmente (paramilitares), o des-van sus obligaciones constitucionales y legales desde el interior delas instituciones.

La masacre de La Rochela condensa pues los mltiples rostrosde la ilegalidad actuando contra la misin de los jueces en el mar-co del conficto armado contemporneo. Se trata de una arreme-

tida que ha podido llevarse a cabo en orma silenciosa o casi im-perceptible para la opinin pblica, dados los peculiares modoscomo los actores armados llevan a cabo la amenaza, el secuestro,el desplazamiento, el exilio o el homicidio individual, pues en po-cas ocasiones el crimen ha dejado ver sus propsitos en relacincon este campo institucional. Dentro de los pocos eventos de ata-que colectivo al mismo, est precisamente el caso de La Rochelaen el ao 89, antecedida por la toma y retoma sangrienta del Pa-

lacio de Justicia en 1985, y seguida ms recientemente por la ma-


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Prlogo

sacre y desaparicin el 9 de marzo de 2000 de siete uncionariosjudiciales en el departamento del Cesar. En todo caso, en las tresltimas dcadas, ha habido una cadena continua e ininterrumpi-da de atentados a los investigadores judiciales, a los periodistas y

en general a todos los gestores de verdad y memoria. Esa cadenade intimidaciones se extiende a los ncleos amiliares de los aec-tados, los cuales an en medio de la zozobra siguen reivindicandoel control de su testimonio, su verdad y su memoria. No se trata deintimidaciones abstractas, sino de amenazas directas al ejercicio ya las tareas de esclarecimiento que le incumben a sus respectivasproesiones. Valga el siguiente ejemplo de noticacin letal:

() lamentamos mucho la situacin que usted y su amilia han vi-vido pero el pasado hay que dejarlo atrs, pensar mas(sic) en los queestn y no en los que se ueron, en dierentes oportunidades se les a(sic)solicitado y ustedes han hecho caso omiso, con lo cual personas de nuestraorganizacin o allegados a ella se han visto perjudicados por lo tanto nosvemos obligados a declararlosobjetivo militar, entreguen las banderascon lo cual se evitaran (sic) muchos inconvenientes.1

De otro lado, a la justicia se la cuestiona pero tambin se le exige,

a veces ms de lo que ella sola puede dar. Frente a la arbitrariedadque encarna cualquier tipo de violencia, aquella cataliza las expec-tativas y demandas de los aectados en relacin con el Estado, y estohace que no slo las vctimas sino la sociedad en general esperenque acte, esclarezca y castigue an en medio del conficto. Pudie-ra decirse que en tiempos de tranquilidad la justicia es garante deorden, y discurre por los canales institucionales establecidos sin di-cultad; pero en tiempos de convulsin, por el contrario, aumentan

las expectativas y exigencias sobre ella, y se la invoca en sus uncio-nes sucesivas o alternativas de rgano sancionatorio, de rbitro, o deuerza restauradora del orden quebrantado y del derecho violado.

Sin embargo, de modo paradjico, al igual que crecen las exi-gencias, tambin aumenta el escepticismo sobre el rol de la justicia.

1 Fragmento de texto de amenaza contra los amiliares de las vctimas de La Roche-la por parte de las guilas Negras. Publicado en http://www.colectivodeaboga-

dos.org/Amenazan-a-amiliares-de-victimas


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La corrupcin de algunos uncionarios; las presiones a las que seven sometidos sus administradores; los impactos de las mltiplesormas de coercin sobre sus actuaciones, son algunos de los ac-tores sucientemente conocidos en la construccin de esta percep-

cin negativa, que en la literatura universal narr de manera em-blemtica Franz Kaka en su clebre novelaEl Proceso. A pesar deello, para entender las allas de la justicia colombiana es necesarioestar atentos a otros aspectos que pueden resultar determinantes,en especial los mecanismos de produccin de la impunidad queacompaan la violencia, y que son en s mismos otra estrategia deaccin de los actores armados en disputa.

El proyecto paramilitar en expansin y la justicia como

obstculo a sus designios

La violencia cotidiana y poco ruidosa de la Colombia proundasuele quedar marginada del relato institucional o acadmico. Eneste estudio se pretende, entre otras cosas, revertir esa situacin. Eneecto, la masacre de La Rochela, anclada en la dinmica regionalde violencia, evidencia una serie de crmenes registrados de orma

recurrente a lo largo de la dcada de los ochenta en el MagdalenaMedio: la desaparicin orzada y los homicidios de centenares desus habitantes; la tortura sobre los lderes comunitarios; los despla-zamientos orzados no masivos, a cuenta gotas, pero sostenidos; lasamenazas sobre los campesinos, y el despojo de sus tierras. El enca-denamiento demostrable entre los mltiples casos que estudiaba laComisin judicial atacada devela precisamente las lgicas, mecanis-mos y nudos proundos de la violencia imperante: el entronque de

los paramilitares y los narcotracantes, que no era novedad; perotambin, y quiz lo ms grave, la construccin de un orden paraes-tatal, con el amparo de agentes del Estado, lo que ya era por lodems inocultable. Era esta, desde luego, la madeja criminal que sepretenda esconder con el crimen o secuencia de crmenes perpe-trados contra la Comisin de Investigacin judicial.

El Magdalena Medio en ese entonces, como se recordar, eratal vez el ms claro escenario de materializacin de la lucha y las

tensiones entre el avance simultneo de dos modelos de conten-


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Prlogo

cin del conficto: el autoritario y contrainsurgente, punta de lan-za o piloto del modelo paramilitar que se extendi luego a muchasotras regiones del pas; y el democratizador institucional que ha-bra de conducir al acuerdo poltico plasmado en la Constitucin

Nacional de 1991; una tensin que en muchos aspectos an noha sido plenamente resuelta en el pas, y en medio de la cual se leoponen al ejercicio de lajusticia con arreglo a los marcos doctri-narios o normativos y con importante e inquietante legitimidadsocial, las simples vas de hecho, la ley del ms uerte y las retalia-ciones sangrientas.

Desde la dcada del 80 hay una visible insubordinacin de cier-tos poderes regionales rente al poder central, una alianza ms omenos explcita de elites polticas y econmicas, paramilitares, yagentes armados del Estado, que impusieron su visin del ordena punta de violencia, y proclamaron su inconormidad con todaperspectiva negociada del conficto. Esta alianza se congur conun signicativo apoyo ciudadano, que invocaba como bandera lanecesidad de contrarrestar el creciente y desptico esquema deimplantacin territorial y de justicia privada de las Fuerzas Arma-das Revolucionarias de Colombia, Farc, en la regin.

Adicionalmente, la gran alianza antisubversiva se vio protegida

y avorecida por la delegacin de poder contemplada en disposicio-nes legales, como la ley 48 de 1968, en la cual en aras de la deensanacional se conceda a grupos privados la misin de restaurar lanormalidad del orden central. La Comisin de Estudios sobre laViolencia, en su inorme de 1987, Colombia: Violencia y Democracia,denunci los riesgos que esa norma representaba como estmuloa la ormacin de escuadrones de la muerte y recomendaba al go-bierno nacional su abolicin.

La autonoma conerida a las brigadas militares para el trata-miento de la regin como zona de orden pblico, podra versetambin como una extensin de esa lnea delegativa de uncio-nes del centro a la perieria. Sobra decir que toda transerenciade poderes de ese orden se realizaba en desmedro no slo de lainstitucionalidad judicial, sino en general de la institucionalidadcivil, puesto que abra paso al manejo puramente castrense de losconfictos. En este contexto de conguracin de un orden militar,

que en el caso del Magdalena Media oscilaba entre lo legal y lo


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ilegal, ocurri la Masacre de la Comisin de Investigacin de LaRochela, que representa la orma lmite de la cadena de violacio-nes sobre los pobladores de la regin y sobre el aparato judicial.

Los actores armados, institucionales y no institucionales, impo-

nen en sus zonas de dominio condiciones que incluyen control y vi-gilancia a la residencia y la circulacin de personas; a reuniones ymaniestaciones pblicas; restricciones horarias; requisiciones a lacompra y consumo de los alimentos, como condiciones extremasque en un escenario de criminalidad rampante obstruyen tanto elacceso como el uncionamiento mismo del aparato judicial.

La masacre de La Rochela ue interpretada por muchos comoun campanazo de alerta desodo sobre la amenaza que represen-taba el emergente poder criminal del paramilitarismo para la ins-titucionalidad y para la sociedad. Pese a ello, desde entonces, enmuchos sectores sociales se gener una actitud de complacenciacon los paramilitares que prosperaba en aras de lo que se esti-maba como una lucha ecaz contra la insurgencia que agobia-ba por igual a terratenientes, campesinos y sectores medios. Laconsigna de Puerto Boyac, capital antisubversiva de Colombia,destacada a la entrada a la poblacin, era representativa de la con-notacin heroica que se dio en muchas regiones del pas a lo que

de hecho era un ejercicio que, ms all de su propsito contrain-surgente, criminaliz y elimin liderazgos y movimientos sociales,se ensa contra activistas de derechos humanos, coopt uncio-nes y uncionarios del Estado, y cre redes que operaban comoverdaderas asociaciones para delinquir.

A la luz de todos estos antecedentes, La Rochela como masacrey como caso judicial, habla ms que de s misma, de estructuras yde modelos criminales, de responsabilidades estatales en el origen

y desarrollo del enmeno del paramilitarismo, y de impunidadjudicial y social.

La impunidad como estrategia o como programa

Un contexto como el que acaba de caracterizarse produce uneecto paralizante en todo el aparato judicial y en la justicia como

instancia de resolucin de los confictos. La impunidad aparece


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Prlogo

all no tanto como un problema de inecacia sino como una re-sultante de la estrategia o del programa criminal. La construccindel modelo paramilitar colombiano, particularmente respecto deotros actores armados, y dada la naturaleza de sus vnculos incluso

con aparatos del Estado, contempla como una parte sustantiva desu accin el ocultamiento de la autora de muchos de sus crme-nes, utilizando, entre otros mecanismos, el convertir lo sucedidoen invisible. Por ello se cometen acciones como las desaparicionesorzosas; incineracin o lanzamiento de cadveres a los ros; la al-sa atribucin a los enemigos de hechos criminales propios, o lacesin de supuestos xitos militares a sus aliados. Este ltimomecanismo orma parte de la estrategia de impunidad que de ma-nera complementaria a la Masacre ue desplegada por la alianzaparamilitar y del narcotrco con agentes del Estado: la construc-cin de una escena criminal que responsabilizara a la guerrilla,con ardides como la utilizacin de uniormes, consignas y gratisde la organizacin subversiva. Era un artilugio que tena comopropsito desviar las investigaciones en curso, volcando el odiopblico hacia la insurgencia. La captura y conesin del coordina-dor general de la Masacre, el paramilitar Alonso de Jess Baquero,alias Vladimir, termin por desenmascarar en su totalidad tales

artimaas. La cadena de impunidad se rompi desde el campomismo del actor criminal.

Los renovados intentos de los dierentes actores criminales delMagdalena Medio por garantizar la impunidad de los innumera-bles hechos delictivos cometidos a lo largo de la dcada del ochen-ta, se hicieron maniestos tambin en toda la etapa posterior deinvestigacin del homicidio mltiple de los operadores judiciales.En la ruta jurdica de la Masacre, reconstruida en estas pginas, se

rastrean elementos comunes a muchos otros eventos de violencia,ya indicados por el Grupo de Memoria Histrica en estudios pre-cedentes, y de los cuales ha sido responsable la alianza criminal denarcotracantes y paramilitares.

Entre los eventos que dan cuenta de la unidad de accin entreel hecho violento y la impunidad abricada, se pueden enumerarlos siguientes: Dejar desprotegidos a los investigadores y obstruirla recoleccin de evidencias para el esclarecimiento de los hechos;

ocultar y encubrir criminales; incumplir rdenes judiciales de cap-


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tura; amenazar, perseguir y asesinar testigos, demandantes y ope-radores judiciales; inltrar instituciones. A todo ello se suman losproblemas estructurales del sistema de administracin de la RamaJudicial, que no slo atentan contra la expectativa ciudadana de

pronta justicia, sino que la mayora de las veces avorecen al perpe-trador: las estrategias de dilacin de los procesos y los vencimientosde trminos; las tensiones abiertas o encubiertas en torno a la tipi-cacin de los delitos; el estudio incompleto de los delitos perpe-trados en torno a un mismo designio; las obstrucciones al accesode vctimas y demandantes a los procesos, para enumerar solo losms corrientes.

Al cabo de veinte aos, el caso de la masacre de La Rochelaes un proceso judicialmente inconcluso: En eecto, los enormesavances que en materia investigativa caracterizaron la ase inicial,se diluyeron progresivamente, y asuntos sustantivos como las au-toras intelectuales del crimen son todava materias pendientes deresolucin judicial.

Lo que en un principio se evidenci como una masacre contrael Estado y su institucionalidad judicial, ante la comprobada parti-cipacin de miembros de la Fuerza Pblica en el andamiaje crimi-nal, result ser, adems, una Masacre del Estado contra el Estado.

Vctimas y victimarios en este caso son parte del Estado. Ante talevidencia la iniciativa estatal en la investigacin y sancin del cri-men, que ue notable en los primeros momentos, comenz luegoa desvanecerse, y a la larga el Estado ha terminado por desenten-derse de los intereses de las vctimas. Es por ello que las demandasde verdad, justicia y reparacin pasaron a ser agenciadas por Ongscomo CEJIL y el Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, quehan acompaado el empeo de las vctimas por remover la inercia

del Estado en el plano interno, y hacerlo responsable en el planointernacional.En desarrollo de la demanda ante la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, sta, luego de evaluar las pruebas presenta-das, conden al Estado colombiano en el caso de La masacre deLa Rochela por accin y omisin en los hechos perpetrados porlos paramilitares con la aquiescencia, colaboracin y apoyo demiembros de la uerza pblica.


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Prlogo

Crculo del Duelo y la Justicia

En los episodios asociados a La masacre de La Rochela se pue-den establecer, cuatro sujetos-momentos dierenciados del duelo.2

En primer lugar el de los diuntos, de los cuales los amiliaresy amigos reconstruyen no slo los ltimos das, precedentes a lamisin judicial, sino la experiencia traumtica de una muerte so-ada por unos, presentida por otros y evitada por unos pocos.Impacta proundamente constatar hoy cmo la mitad de los muer-tos de La Rochela haya experimentado alguna orma de asocia-cin onrica previa con su muerte; no obstante, desaaron todasesas premoniciones respondiendo a un altsimo sentido del deber.No en vano tras la masacre viene todo ese trabajo de evocacin yexaltacin de las vidas de los muertos como hijos(as), esposos(as),uncionarios(as) ejemplares y comprometidos(as).

Los segundos sujetos-momento son las vctimas sobrevivientes,que por un golpe del azar lograron escapar vivas de la escena delcrimen. Son a la vez los testigos del horror presenciado-vivido,posteriormente los testigos de cargo en el proceso judicial, y nal-mente las vctimas continuadas de las presiones institucionales ycriminales en la lucha contra impunidad.

Los terceros sujetos-momento del duelo son los parientes de lasvctimas directas, los cuales tendran sus primeras grandes rus-traciones al tropezar con todas las trabas para lograr la recupe-racin y el encuentro de los cuerpos de sus seres queridos, conmiras a realizar las honras nebres y tener el ltimo encuentrode intimidad con los que se iban, ahora de manera ritual. Es esteel momento del homenaje, el llanto, la pena por la prdida, la bs-queda de explicaciones; es el momento de la expresin personal

de los sentimientos, y de la canalizacin de las emociones a travsde gestos, de silencios o del lenguaje. En estos relatos uno no sabea menudo que es ms conmovedor, si la muerte de los muertos, ola pena de los vivos.

En cuarto lugar, est el sujeto colectivo Comisin/Rama Judi-cial. Es el momento del reclamo a las otras instituciones y a la

2

Sobre el tema es inspirador el texto de Louis Vincent Thomas, 1988: 11-43


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sociedad por el desamparo al que est sometida la justicia, esauncin esencial del orden social y la tranquilidad ciudadana. Delduelo psicolgico se pasa al duelo social; y del duelo como tal sepasa luego a ese tremendo sentimiento de soledad de la justicia

rente a la sociedad, y de abandono, cuando no de hostilidad delEstado hacia sus propios servidores. Soledad de la justicia de caraa la gran alianza criminal; soledad de la justicia en el duelo por loscados; soledad de la justicia en la bsqueda de la verdad; soledadde la justicia asediada y amenazada en la persona de los sobrevi-vientes. El Estado ha atacado al Estado, dice uno de los amilia-res de las vctimas, con inocultable dejo de desolacin.

Aqu hay ms de una tensin: La necesidad vital de los ami-liares de tener esa relacin directa con los cuerpos de los suyos seconvierte en orcejeo con los miembros de la institucin judicial,y sobre todo con las altas autoridades civiles y militares. Mientraslos primeros quieren mostrar a las vctimas como suyas sometin-dolas a lo que en alguna poca y para otro contexto se llam unaalambrada de garantas, otros uncionarios ms preocupadospor las reacciones pblicas a la masacre, se apoderan de la litur-gia uneraria y despliegan mecanismos de ltro de la inormacinque circulaba sobre la responsabilidad de agentes estatales en la

masacre. Unos y otros con dierentes intencionalidades despojana los dolientes de los cuerpos de los suyos. Poderes superiores losconscan.

Pero, de otra parte, pese a estos usos de la memoria de sus seresqueridos, la inmersin en esta dinmica colectiva genera en lossobrevivientes procesos de identicacin convertidos en proyectosde vida, asociados a la lucha por la pertenencia al poder judicial.La llamada aqu itinerante comunidad de dolor, pues se trataba

de uncionarios que haban llegado de dierentes regiones del pasa la zona, compensa su desarraigo territorial con una muy uerteidentidad institucional, una especie de hermandad proesional.

Aqu la justicia, en un primer sentido del duelo, llora a los su-yos; pero simultneamente, en un segundo sentido o cadena desentidos del duelo, la justicia se enrenta con coraje y dignidadal asedio de los criminales, cuando no a la incomprensin, alabandono e incluso a la estigmatizacin de los poderes mismos

del Estado.


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Prlogo

La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaparticipa delreclamo cada da ms uerte deJusticia para la Justicia;3 un reclamoque excede la demanda de aplicacin de justicia a quienes comolos investigadores de La Rochela han engrosado la lista de vcti-

mas del conficto armado. Justicia para la justiciaes tambin unreclamo o una exigencia de las garantas que debe proveer el Es-tado con la supervisin de la sociedad entera, para el desempeoindependiente, imparcial y seguro de todos los miembros de laRama Judicial. Porque, como deca un notable jurista,4 cuando losjueces tienen miedo, no es posible dormir tranquilo, pues nadietiene amparados sus derechos.

3 La expresin evoca el ttulo de un inorme publicado por la Comisin Andina deJuristas-Seccional Colombia, hoy Comisin Colombiana de Juristas en 1992 y lapublicacin que el Colectivo de Abogados hizo en el 2008 sobre la masacre de LaRochela.4

Eduardo Couture, 1978: 76


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Introduccin

La masacre de La Rochela (1989) es de alguna manera el rever-

so de la masacre del Palacio de Justicia (1985): Si en esta ltimase quiso ejercer violencia contra la cpula del poder judicial, enaquella, en cambio, se asesin a sus uncionarios de base, y de esemodo se reabri cinco aos despus la herida prounda y traum-tica que dej en las relaciones entre los poderes pblicos el dramadantesco del Palacio de Justicia en Bogot. Se trata, sin duda, deuna herida latente que parece no haber sanado del todo, como lomuestran en el presente los confictos recuentes entre rganos

polticos y rganos judiciales. Ventilar la verdad de lo sucedido yrescatar del olvido la memoria de este vergonzoso episodio de lavida nacional debe contribuir a la reconciliacin del Estado consi-go mismo como Estado de Derecho.

A pesar de su enorme importancia en el plano local como cen-tro de articulacin y preservacin de los valores comunitarios, lajusticia haba sido hasta hace poco tiempo, por lo menos en laperspectiva del proceso de construccin del Estado-Nacin, la ce-

nicienta de los poderes pblicos1. La llamada historia patria,ese ejercicio fexible y cambiante de historia al servicio de la me-moria identitaria nacional que ha ocupado largamente desde loscomienzos de nuestra historia republicana los textos escolares, pa-reca discurrir hasta hace poco tiempo a travs de las actuaciones,pero sobre todo de las disputas entre las lites que representaban

1

Correa Sutil, Jorge (1999)


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a los llamados rganos polticos del Estado, como son el Gobiernoy el Congreso. La vieja idea de que los jueces no eran los hace-dores sino apenas los aplicadores de la ley contribuy sin duda aalimentar una visin desdeosa de la rama judicial como tcnica e

instrumental. Apenas ahora, con la revolucin global de los dere-chos humanos y del Estado de derecho, y con su uerte improntaen el seno de la Constitucin de 1991, cabe decir que los juecescolombianos, ms all del papel, se han convertido en verdaderosrganos de soberana, en pie de igualdad con sus pares polticosen el andamiaje del Estado. En este nuevo escenario, la colabora-cin armnica entre los poderes pblicos se ha vuelto ms dicily compleja, pero ms necesaria. As las cosas, destapar, exponeral escrutinio y al debate pblico pero sobre todo reconocer res-ponsabilidades rente a los grandes crmenes perpetrados contrauncionarios de la judicatura y contra la justicia misma, resultaundamental.

La reconstruccin de la memoria histrica de la masacre deLa Rochela, constituye adems un ejercicio de reparacin simb-lica para las vctimas sobrevivientes y para los amiliares de lasvctimas atales del crimen. La Corte Interamericana de DerechosHumanos, luego de condenar al Estado colombiano por los he-

chos ac denunciados, envi un ocio al Gobierno solicitando quecomo parte de la reparacin a las vctimas, el caso uera estudiadopor parte del grupo de memoria histrica de la Comisin Nacio-nal de Reparacin y Reconciliacin (CNRR). Para asumir tal tarea,es decir, para tratar de reparar a los vivos, en la medida en queello es posible, debemos empezar por recordar a cada una de laspersonas de carne y hueso que ueron asesinadas, as como a quie-nes por un azar que desaa toda lgica, sobrevivieron al horror

y lo contaron. Y recordar con ello que las vctimas directas de lamasacre de La Rochela eran, adems de individuos y miembros deamilia, uncionarios del poder judicial que por servir a la justiciaueron inmolados, en circunstancias en las cuales el Estado tienegrave responsabilidad por accin y por omisin. Esa es la base dela ambivalencia prounda rente a la justicia y rente al Estado queacaso con tinta indeleble escribieron los asesinos en el corazn deaquellos que quedaron con vida para buscar justicia, ambivalencia

que debe ser reconocida y respetada; porque desde una experien-


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Introduccin

cia tan traumtica y canibalezca como la suya, no tiene por quser cil saber si el Estado y hasta la justicia misma pertenecen alcampo de los victimarios o al campo de las vctimas.

El inorme que aqu presentamos est dividido en dos partes:

La primera, compuesta por cuatro captulos, est dedicada al estu-dio del caso; la segunda, integrada por los dos captulos restantes,al estudio de su contexto, regional y estadstico. Los tres primeroscaptulos, escritos sobre todo en el lenguaje ms bien objetivo dela historia crtica y del derecho, se ocupan de la reconstruccinde los hechos de la masacre, de la ruta judicial y de la valoracinjurdica del caso, tanto a la luz de las normas vigentes en la pocacomo de las normas vigentes hoy en da. El cuarto captulo, porsu parte, relata, en clave subjetiva de memoria, la experiencia delas amilias de las vctimas con los procesos judiciales en los cualesse vieron envueltas durante los ltimos veinte aos, as como suexperiencia de duelo y de lucha por la justicia. En lo que atae ala segunda parte, el quinto captulo reconstruye el proceso hist-rico de instauracin, consolidacin y descomposicin del primergran modelo paramilitar del Magdalena Medio, mientras que elsexto presenta la inormacin arrojada por la base de datos que seelabor como caja de resonancia de un enmeno ms grande de

violencia contra uncionarios judiciales, para acompaar el casode La Rochela.

Entre los muchos asuntos que aborda el inorme cabe destacar,a manera de ejemplos y sin que ello lleve implcita su valoracinprivilegiada en relacin con otros temas objeto de estudio, los si-guientes: en el captulo primero, dedicado como est a la deter-minacin de quines, cmo, cundo, dnde, motivados por quy en qu circunstancias precisas mataron a otros, llama podero-

samente la atencin la documentacin y las refexiones aportadasen torno a la naturaleza de la alianza criminal que perpetr elcrimen, y al plan comn por ella desarrollado y ejecutado. El ca-ptulo tambin reconstruye en detalle la actuacin de la comisinjudicial sacricada, de manera que recuerda a las vctimas comoinsaciables trabajadores de la justicia.

El captulo segundo, por su parte, se ocupa de establecer culesueron las mayores dicultades, pero sobre todo los obstculos in-

tencionales y no intencionales que enrent el proceso penal a tra-


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vs de sus distintas etapas. A su vez, el captulo resea los esuerzosy las medidas adoptados por las distintas autoridades administra-tivas, judiciales y de control que lucharon, tanto en el plano nacio-nal como en el regional y en el local, por sacar el proceso adelante.

Tanto o ms importantes que las grandes decisiones adoptadasen el nivel central, ueron las pequeas hazaas realizadas porquienes en el terreno debieron poner en marcha la investigacin.En medio del clima de terror regional alimentado por la presen-cia de una alianza omnipresente, ubicua y antasmal que ocupabapor igual espacios legales e ilegales y que extenda sus redes hastabatallones y brigadas, los uncionarios judiciales debieron apelar atoda suerte de imaginativos trucos para lograr recaudar pruebas ycapturar importantes autores materiales e intelectuales.

En lo que atae al tercer captulo, all se trata sobre todo de verhasta dnde los uncionarios judiciales estuvieron en capacidadde capturar, con las categoras jurdicas disponibles en distintaspocas lo que hoy denominamos un crimen de sistema, vale decir,un asesinato mltiple perpetrado por una alianza criminal queinclua organizaciones jerrquicas y redes y que actuaba de mane-ra planicada y segn una clara divisin del trabajo. La decisinsobre la prctica de ciertas pruebas, la construccin misma de los

hechos del caso, e incluso la escogencia de ciertos tipos penales ymodelos de imputacin, dan cuenta de la preocupacin que tu-vieron y siguen teniendo los jueces y scales an estando sujetosa los lmites del derecho penal aplicable en dierentes momentoshistricos, rente a las precariedades del sistema judicial y a las delcuerpo de investigacin colombiano.

En lo que respecta al cuarto captulo, es terrible constatar, paraempezar, el carcter emblemtico del caso en cuanto al abando-

no estructural del que histricamente han sido objeto las vcti-mas sobrevivientes por parte del sistema penal liberal. Solamentea travs de la lectura espordica de los inormes ocasionales de losgrandes semanarios y de los diarios, o de la llamada solidaria dealgn uncionario de la rama, se enteraban de vez en cuando losamiliares de las vctimas directas de la masacre sobre el avancede los procesos. Fue necesario pasar de la justicia penal y discipli-naria a la de reparacin, pero sobretodo, ue necesario que apare-

cieran los acompaamientos litigiosos de las Ongs y las instancias


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Introduccin

internacionales de derechos humanos, para que las vctimas de lamasacre de La Rochela se sintieran por lo menos en parte y porprimera vez, dignicadas y reconocidas.

A dierencia de otras vctimas de grandes masacres, perpetra-

das contra comunidades con un asiento territorial, las vctimas dela masacre de La Rochela son vctimas sin un arraigo espacial pro-undo y compartido. Es por ello que la comunidad de dolor queles leg a los amiliares de las vctimas directas la experiencia vivi-da, se presenta como una comunidad rgil, dispersa e itinerante,dierenciada por gneros, con una localizacin territorial vicariapero importante en San Gil, y con una suerte de punta de lanzaen Bogot.

Por ltimo y en relacin con la segunda parte del inorme, dela cual dicho sea de paso, depende en buena medida el entendi-miento de su carcter emblemtico, cabe, a manera de orientacinbsica para el lector que se adentre en su lectura, observar lo si-guiente:

El captulo quinto sobre el primer modelo paramilitar del Mag-dalena Medio ue concebido no como una pieza independiente,sino como un ejercicio de contextualizacin del caso. Ello explicaen parte que en su elaboracin se haya privilegiado el estudio de

las tensiones entre el centro y la regin. Al n y al cabo la masacrede La Rochela ue la respuesta que dieron los guardianes y seoresde un orden social regional ilegal y violento, altamente naturaliza-do, a la vez demasiado cerca y demasiado lejos de Bogot, ante unaintromisin judicial de autoridades centrales. El captulo tambinda cuenta de muchos otros asuntos cruciales para el entendimientode lo sucedido, como el uncionamiento de Asociacin Campesinade Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), las

rutas de expansin y de consolidacin del paramilitarismo, susescuelas de reproduccin y multiplicacin, sus relaciones con losjueces, con los movimientos sociales y polticos de Izquierda, y engeneral con la poblacin civil, y con ello sus principales prcticasde guerra y delictivas.

Al nal del camino que recorre este inorme, se presentan losdatos sobre violencia contra uncionarios judiciales. Edicada so-bre el registro de 1.487 vctimas individuales a lo largo de treinta

aos, la base construida por Memoria Histrica, a pesar de sus li-


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mitaciones, que incluyen la ausencia de inormacin sobre el totalde uncionarios judiciales en cada ao y durante todo el perodo,arroja algunos datos slidos. Gracias a ella est claro que en Co-lombia han sido victimizados ms investigadores que juzgadores; y

lo que es igualmente importante, se sabe que guerrilleros y para-militares utilizan repertorios de violencia similares y en las mismasproporciones, que ejercen ms violencia contra los operadores ru-rales de la rama de la justicia, que respecto de los urbanos, y quela ejercida durante las ltimas tres dcadas contra los operadoresjudiciales ha permanecido ms bien oculta e invisible.

En eecto, la historia del impacto del conficto armado y de laviolencia organizada y desorganizada sobre la rama judicial, estodava, en gran medida, una historia que est por ser contadaen el doble sentido de narrada y cuanticada. Muy poco se sabesobre los uncionarios victimizados, sobre las tareas que estabanrealizando y que ocasionaron la violencia contra ellos, sobre losmotivos de los perpetradores y las circunstancias del crimen, pueslos registros de prensa han sido insucientes, y las bases de datosdisponibles son ms bien ragmentarias y se mantienen en partebajo reserva. El presente inorme es un esuerzo que se esperasirva como aporte a esa historia.


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i. Los hechos

El siguiente captulo narra los hechos que sucedieron el 18 de

enero de 1989 y sus antecedentes. Para el eecto, el captulo se di-vide en cinco partes. En la primera, se recrea el escenario judicialen el que desempeaban sus unciones las vctimas directas de lamasacre. En la segunda, se establece cules ueron las principalesinvestigaciones que la comisin judicial masacrada estaba adelan-tando en el Magdalena Medio, as como el ambiente de violenciaque se viva en la zona. En la tercera, se intenta reconstruir el plancriminal que llevara a cabo la alianza narco-para-militar que per-

petr la masacre, a partir del anlisis de las pruebas encontradasen el expediente penal. En la cuarta, se describe la ruta que lacomisin masacrada emprendi das antes de que sucedieran loshechos, as como la escena misma del crimen. Finalmente, en laquinta, se da cuenta de la manera como se recibi y narr la noti-cia a nivel regional y nacional.

Para realizar la investigacin, se utilizaron tres tipos de uentesprimarias. La uente principal ue la copia del expediente penal

que consta de ms de 30 cuadernos en donde se encuentran lasprincipales diligencias y providencias judiciales acompaadas decentenares de testimonios. Adicionalmente, se consult la prensaregional y nacional ms importante para la poca. Se revisaronlos archivos sicos para los aos de 1989 y 1990 del peridico Van-guardia Liberal, La Prensa, El Espectador y El Tiempo en la Biblio-teca Nacional y los archivos digitales de El Tiempo, El Espectadory la revista Semana para el periodo de 1990 a 2010. Finalmente se

analizaron ms de 40 entrevistas realizadas por MH durante el cur-


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so de la investigacin. Se entrevistaron a sobrevivientes, amiliaresde las vctimas, posibles victimarios, uncionarios judiciales quetuvieron a cargo la investigacin, as como compaeros de trabajode las vctimas directas, y uncionarios pblicos de relevancia na-

cional para la poca.

Mapa 1


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i. Los hechos

El 18 de enero de 1989, Clodoveo Duarte miraba por la ventanade un bus de Cootrasmagdalena, mientras regresaba de visitar a suamilia en Bucaramanga. Nadie mir el reloj, pero deban ser cercade las 3:30 de la tarde, cuando se encontraron en el sitio La Lagu-

na, sobre la carretera Panamericana, una escena que los aterr:eran dos jeeps rodeados de personas muertas. Los pasajeros, en me-dio del pnico, le rogaron al conductor que se devolviera, pero a sussesenta y ocho aos Clodoveo se baj del vehculo y se qued soloen medio de la carretera y corri sin vacilacin el riesgo de acudir ala escena y cumplir con su deber. Como Inspector de Polica de LaRochela, sinti que deba asegurarse de que no hubiera heridos quepudiera an ayudar, y cuando estuvo seguro de que no haba ningu-no, decidi al menos meterse en los bolsillos toda la evidencia quele cupiera, con la esperanza de que en ese caso s se hiciera justicia.

La vereda La Rochela est ubicada en el bajo Simacota (San-tander), a 45 minutos de camino de Puerto Nuevo, un casero ala orilla de la Troncal del Magdalena Medio. En 1989, La Rochelacontaba con una inspeccin de polica que reciba las denunciasde los delitos que ocurran en la zona, siendo la nica autoridadestatal que poda iniciar la dicil tarea de administrar justicia. Enocasiones, sin embargo, las denuncias eran enviadas al juzgado

situado en el alto Simacota, donde se ubica la cabecera municipal,que queda muy lejos de La Rochela, a por lo menos 215 Km porcarretera. Pero en eventos todava ms ocasionales, por ejemplo,cuando se crea que la justicia local no haba avanzado lo sucien-te en la investigacin de un hecho delictivo, las investigacioneseran enviadas a los juzgados de Instruccin Criminal de San Gil,poblacin ubicada aproximadamente a 185 Km de La Rochela.

Como se puede observar en el mapa, mientras el alto Simacota

est situado sobre la cordillera oriental, el bajo Simacota est situadoen el valle del Magdalena Medio. A pesar de pertenecer a la mismadivisin poltico-administrativa se trata de subregiones muy dieren-tes. Mientras pintaba un mapa de Santander en una hoja de papel,Horacio Serpa, hoy Gobernador de Santander, lo describi as:

Santander, son dos Santanderes: La Rochela queda en el Santanderdel Magdalena Medio, su idiosincrasia es ms costea y este Santander, es el

Santander andino y aqu es donde queda San Gil; entonces son dos regiones


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que incluso hasta ahora empiezan hacerse compatibles, aqu (Santander An-dino) comen mute, cabrito, y pepitoria, y aqu (Santander del MagdalenaMedio) comen sancocho de pescado. Aqu, escuchan pasillo y bambuco y allvallenato. Aqu, la gente es ms ceremoniosa y all ms descomplicada. 1

Escenario judicial en el que se desempeaban

las vctimas directas de la masacre

Cuatro de los doce muertos que Clodoveo apenas alcanz a con-tar en medio de su propio miedo, eran uncionarios judiciales queprovenan de San Gil. Se trataba de Mariela Morales, Pablo Beltrn,Virgilio Hernndez y Carlos Castillo, quienes pertenecan a los juz-gados ambulantes cuarto y diecisis de Instruccin Criminal, y seencontraban en el Magdalena Medio cumpliendo una comisin.

Estos uncionarios hacan parte de una comunidad judicial muyunida. Sus compaeros, que an hoy pertenecen a la rama judicialle contaron a MH cmo recuerdan esos aos. Pablo Amaya, entoncesescribiente de un juzgado de Instruccin Criminal, observ en talsentido: todos trabajbamos en una casona, estaban todos los juz-gados de instruccin radicados y los ambulantes () eso era una a-

milia ah, ms que lo que es en la actualidad; en esa poca haba mscalor humano, ms compaerismo.1 Lucy Caballero, quien acababade entrar a la rama a nales de los ochenta, y quien le insisti a suscompaeros que se reunieran para recordar juntos, agreg: En laamilia de Instruccin Criminal yo era nueva, pero vea que todos loscompaeros jueces y secretarios eran muy amigos. () Para los San-gileos el orgullo era el Tribunal de San Gil, que muchas veces handicho que lo van a acabar, pero por historia no lo pueden acabar, pri-

mero porque le da renombre a San Gil, y segundo pues porque esque es de los orgullos que tenemos los Sangileos!2 Incluso hoy, esaamplia tradicin jurdica de San Gil se siente desde el momento en

1 Entrevista a Pablo Amaya, por el Grupo de Memoria Histrica, en San Gil, Julio20092 Entrevista a Lucy Caballero, por el Grupo de Memoria Histrica, en San Gil, Julio

2009.


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i. Los hechos

que se entra al Tribunal Superior.3 En el mismo edicio se encuen-tran uncionarios de la scala, de los juzgados y hasta del Tribunal.Todos se conocen y a la hora del almuerzo se toman un tinto en LaPolita, el ca de la plaza central.

Hasta hoy, el conficto armado no se ha vivido directamente enterritorio Sangileo. Durante dcadas, la mayora de delitos come-tidos en la zona ueron ajenos al conficto. Eso explica que en 1989uera suciente contar con dos juzgados de Instruccin Criminalradicados, aunque existieran en total 17 juzgados, de los cuales 15eran ambulantes. Estos ltimos cumplan comisiones en el Magda-lena Medio, que aunque lejos, haca parte de su rea de competen-cia. Es por eso que la mayora de ancdotas de los uncionarios deInstruccin Criminal de la poca se sitan en esa regin.

En ese entonces, cuentan los uncionarios judiciales, que cuandodeban cumplir comisiones salan el juez y su secretario con la m-quina de escribir porttil en una mano y el expediente en la otra.Belisario Poveda, uncionario de Instruccin Criminal de la poca, yuno de los pocos que guarda todava las otos que tomaban mientrastrabajaban en campo, lo relat de la siguiente manera: uno salasin proteccin ni nada, sala el juez con su expediente, su maletn yla mquina porttil y se iba para el campo y permaneca todo el da

haciendo sus diligencias de reconstruccin.4 Pero adelantar las dili-gencias no siempre era tarea cil: por ejemplo, a veces nos tocabasubirnos a un bus escalera, disimulando quin era juez o secretario,para que no nos conocieran, llevando el expediente en una caja decartn, hacindole huecos a los lados para que eso asemejara queuno llevaba pollos y parecer campesino en las veredas.5 Esta ltimaancdota nos la cont Ediberto Tibaduisa reconociendo que muchas

3 Horacio Serpa, lo describe con las siguientes palabras: () Es un pueblo muy particu-lar en trminos de una cultura judicial antigua, un orgullo de judicatura. () Es de lospocos pueblos (donde) hay Tribunal, tienen una tradicin judicial grande. () En SanGil ser Magistrados era una cosa! ser Magistrado lo viv yo hace un mes que ui avisitarlos, all al Palacio de Justicia, el que entra all es con una actitud reverente. Entre-vista a Horacio Serpa Uribe por el Grupo de Memoria Histrica en Bogot, Agosto 2009.4 Testimonio concedido por Belisario Poveda, a los investigadores de MH, en SanGil, Julio 2009. Funcionario de Instruccin Criminal de la poca, es uno de lospocos que guarda las otos que tomaban mientras trabajaban en campo.5 Entrevista a Edilberto Tibaduisa por el Grupo de Memoria Histrica en San Gil,

Julio 2009.


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Imagen 1. Fuente: Archivo otogrco de Belisario Poveda.En esa poca, como no haba los medios, un escritorio o una mesa porttil para en los camposcolocar la mquina, haba que buscar una piedra o sentarse como en esa otograa, me sent ycoloqu la mquina en las piernas y se adelant la inspeccin, una especie de reconstruccin, ahrecib unas declaraciones, se hizo la reconstruccin de esos hechos Belisario Poveda, julio de 2009.


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i. Los hechos

veces l y sus compaeros sentan miedo cuando cumplan las comi-siones que les asignaban en el Magdalena Medio, aunque por esonunca dejaran de cumplir con su trabajo.

Para nales de los ochenta exista en el Magdalena Medio pres-

encia de guerrillas y de paramilitares. En particular, dos juzga-dos tenan a su cargo delicadas investigaciones penales contra lapoderosa organizacin paramilitar del Magdalena Medio. Se tra-taba de los juzgados cuarto y diecisis de instruccin criminal,dirigidos respectivamente por Camilo Navarro y Mariela Morales.

El juzgado diecisis adelantaba en ese momento la investig-acin sobre 17 comerciantes que haban sido secuestrados, desa-parecidos, torturados, masacrados y tirados al ro, as como el dedos personas ms que haban ido en su bsqueda. Entre noviem-bre y diciembre de 1988, Camilo Navarro (juez) y Pablo Beltrn(su secretario y mano derecha), haban realizado comisiones encoordinacin con la Direccin Nacional de Instruccin Criminal,para investigar los hechos en Barrancabermeja, La Dorada, Puer-to Boyac y Medelln, logrando descirar parte de la organizacinparamilitar que operaba en el Magdalena Medio. De hecho, enConstancia del Despacho rmada en diciembre de 1988 se dice:

el juzgado conrm la existencia de un grupo de sicarios que havenido operando en territorio de esa jurisdiccin y de Puerto Boyac, am-

parados y protegidos por los ganaderos: Arstides Clavijo, Jairo Correa,Virgilio Araujo, el narcotracante Gonzalo Rodrguez Gacha, GabrielMatiz, Francisco Barbosa quienes son los principales integrantes de laasociacin de campesinos y ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM)siendo su centro de operaciones e1 almacn Agrocentro La Primavera deLa Dorada (Caldas). () Se estableci tambin, que el grupo de sicarios

es dirigido por Henry Prez, y estn dotados de armamento moderno, ra-dios de comunicacin, varios vehculos sin placa con los que patrullanconstantemente la regin y toda persona que se encuentren y les parezcaextraa la van desapareciendo.6

6Juzgado 16 de Instruccin Criminal de San Gil. Constancia del despacho del 10de diciembre de 1988. Este documento ue encontrado en la copia del expedientedel caso de 19 comerciantes que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

(CEJIL) le mostr al Grupo de Memoria Histrica.


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Imagen 2. Inorme del Juzgado 16 de Instruccin Criminal, 1988.


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i. Los hechos

Por su parte, en el juzgado cuarto de Instruccin Criminal deSan Gil dirigido por Mariela Morales, quien haba sido juez civilde San Gil, y acababa de ser nombrada en Instruccin Criminal, seestaba investigando varios homicidios ocurridos en el Bajo Sima-

cota, en los cuales estaban supuestamente involucrados paramili-tares y miembros del ejrcito. El Secretario del juzgado, VirgilioHernndez, el escudero de la doctora Mariela, la acompaaba enla investigacin de los mencionados delitos an cuando ya habacumplido los requisitos para pensionarse.

Los uncionarios eran plenamente conscientes del riesgo sinprecedentes que estaban corriendo. A dierencia de sus compae-ros, ellos s conocan la extensin criminal y la sevicia del grupo desicarios que hoy conocemos como paramilitares del MagdalenaMedio. Tal vez por eso, algunos de sus colegas recordaron haber-les odo rases en las que de una u otra manera sin contar de-talles de la investigacin expresaban miedo. Fernando lvarez,por ejemplo, recuerda:

una vez entr una llamada preguntando por el doctor Camilo Nava-rro y le dije que no estaba, entonces que pasara Pablo, me qued ah al piedel telono y l deca que con menos de 10 escoltas no iba, porque iban para

Puerto Boyac, que con menos de 10 escoltas no iba y slo haba dos. 7

El miedo que los jueces podan sentir por los riesgos de los casosparticulares que tenan a su cargo, se sumaba al miedo que en ge-neral estaban sintiendo los uncionarios judiciales a nales de losochenta en Colombia. Carlos Eduardo Meja, ex director Nacionalde Instruccin Criminal, lo recuerda de la siguiente manera:

7 Entrevista a Fernando lvarez, por el Grupo de Memoria Histrica en San Gil, Ju-lio 2009. Por su parte, sobre la doctora Mariela, Martha Luca Durn declar: Ladoctora Mariela me maniest a m que ellos no acudan al ejrcito porque parte desu investigacin comprometa a miembros de dicho organismo y que adems ellossaban que ellos estaban yendo all, porque all en el reten militar los haban iden-ticado. Unidad Mvil de Investigacin, Declaracin de la doctora Martha LuciaDurn Serrano el da 2 de Febrero de 1989. Los documentos citados del expedientepenal corresponden a la copia del expediente que el Colectivo de Abogados Jos

Alvear Restrepo le prest al Grupo de Memoria Histrica.


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() ya era recuente que desde los ochenta venan asediando a lajusticia y a los jueces, los amenazaban. Para m era comn que llegaransuragios y cosas, que llegaran a la casa o que le llegaran a los compaeroso que le hubieran quitado el carro a un compaero y lo hubieran echado

por un voladero y le hubieran dejado una nota que eso era por meterse contal cosa.8

En ese clima de miedo nacional por la amenaza de unciona-rios judiciales, se decidi ortalecer el aparato investigativo de lajusticia, a travs de la creacin del Cuerpo Tcnico de Polica Ju-dicial. Dicho aparato estara a cargo de la Direccin Nacional deInstruccin Criminal. Por primera vez, jueces e investigadores es-taran bajo el mando de una misma entidad que tena como obje-tivo apoyar y tecnicar la uncin judicial. Carlos Meja explic lacreacin del Cuerpo Tcnico de Polica Judicial as:

En el 87 hacen un cambio y entonces crean todo un Cuerpo Tcnicode Polica Judicial, pasan la Polica Judicial de la Procuradura a Ins-truccin y le crean a Instruccin una planta y regulan detalladamentetodo eso. Fortalecen presupuestal y administrativamente a Instruccin Cri-minal () Entonces digamos que los Directores de Instruccin Criminal a

lo que se dedicaron undamentalmente ue a montar el aparato de investi-gacin, a comprar equipos, comprar los carros para hacer los levantamien-tos, los kit de identicacin y los de huellas dactilares y mviles para poderdar a los agentes, a distribuir los tipos de agentes y la planta de personal,a denir las escalas salariales, etc.9

El nuevo aparato investigativo requera capacitar un grupo am-plio de investigadores que pudieran realizar las nuevas labores tc-

nicas demandadas por la administracin de justicia. Para el eectoRicardo Tllez nos cont que se decidi crear una escuela:

se empez a organizar gente que estudiara otograa, dactiloscopia, atraer gente delDAS. Empezamos a hacer cursos. Todo era una locura ()

8 Entrevista a Carlos Eduardo Meja por el Grupo de Memoria Histrica en Bogot,Agosto 2009.9

Ibdem


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nosotros mismos dbamos las clases, hacamos de todo; eso pareca unavaina increble, conseguimos un colegio prestado, lo consigui un tipoArmando Segovia, un hombre muy interesante, consigui que le prestaranlas instalaciones de un colegio por all en la 140 en el norte de Bogot,

un colegio de un amigo de l. Se hizo convocatoria para investigadores depolica judicial y se les orm, se les ense de investigacin criminal. Lologramos haciendo locuras pero se organiz as el Cuerpo Tcnico. 10

Volvamos a la escena de los eventos. Esa tarde, sobre la carrete-ra Panamericana, Clodoveo Duarte tambin encontr los cuerpossin vida de ocho uncionarios del Cuerpo Tcnico de Polica Judi-cial. La inmensa mayora de ellos eran hombres muy jvenes, quel pens no sobrepasaban los 30 aos de edad. Acababan de sercapacitados y de empezar a trabajar con el sueo de mejorar susingresos y as la calidad de vida de sus amilias. Se trataba de Ar-nulo Meja Duarte, Yul Germn Monroy Ramrez, Luis OrlandoHernndez Muoz, Orlando Morales Crdenas, Gabriel EnriqueVesga Fonseca, Benhur Ivn Guasca Castro, Cesar Augusto Mora-les Cepeda y Samuel Vargas Pez. ste ltimo era el nico que con-taba con 55 aos de edad, y amplia experiencia como conductorde vehculos ociales. Apenas llevaba seis meses trabajando para

Instruccin Criminal la maana que sali de Bogot manejandoel campero plateado que los conducira hasta Barrancabermeja.11

Los dems eran todos muy jvenes. Yul Germn Monroy tena27 aos. Llevaba dos aos sin empleo y precisamente el da quelo llamaron de la Polica Tcnica Judicial (septiembre de 1988),tambin lo llamaron para trabajar en otras dos empresas comovendedor. Opt por aceptar el trabajo que le brindaba mejoresperspectivas econmicas, pero solo alcanz a salir a una comisin,

que se convirti en la ltima.12

Luis Orlando Hernndez, por suparte, haba sido trasladado a Instruccin Criminal haca un aoy medio, luego de que eliminaran la Polica Judicial adscrita a la

10 Entrevista a Ricardo Tllez por el Grupo de Memoria Histrica en Bogot, Sep-tiembre 2009.11 El Tiempo. A Yul Germn lo mat la necesidad. 20 de enero de 1989.12

Ibidem


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Procuradura, donde haba trabajado por 3 aos ms. Tena 29aos y era bachiller. No era adepto a comentar cosas de las investi-gaciones porque su esposa se preocupaba mucho.13

Algo similar le suceda a Cesar Augusto Morales de 26 aos,

quien a pesar de tener experiencia como escolta, tena el presen-timiento de que lo iban a matar, por lo cual tres semanas antesde ser asesinado le pidi a su suegro que cuidara a su esposa y asus hijas.14 La tarde de la masacre hubo llanto entre sus amigosdel Ministerio de Justicia, donde haba sido muy popular por subuen humor. Benhur Ivn Guasca era todava ms joven. A sus 24aos, haba alcanzado apenas a graduarse como investigador de laPolica Tcnica Judicial pero no logr llegar a tener el diploma degrado en sus manos. En noviembre ue elicitado por la Direccinde Instruccin Criminal por haber ayudado en la captura de dospeligrosos sicarios, pero poco tiempo despus muri junto con va-rios de sus compaeros. Solo muri. Sin ms ni ms. Su diplomade investigador an reposa en un archivo de la Direccin de Ins-truccin Criminal.15

Lo que no supo Clodoveo en ese momento, ue que milagrosa-mente tres de los miembros de la comisin judicial haban logradosobrevivir. Se trataba de Arturo Salgado Garzn, Wilson Humber-

to Mantilla Castillo y Manuel Libardo Daz Navas.

Detrs de que iban los investigadores judiciales

El 20 de diciembre de 1988, se cre mediante Resolucin 955la Unidad Mvil para investigar mltiples homicidios y desapari-ciones que haban ocurrido en meses anteriores en los municipios

de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra. En uno de los documentosrecuperados en la escena del crimen, se encuentra la lista precisade homicidios y desapariciones que los jueces iban a investigar.

13 No faca, o Joto, me deca. No se aane. El Tiempo. A Yul Germn lo mat lanecesidad. 20 de enero de 1989.14 El Tiempo. Cesar Augusto vea venir la muerte. 20 de enero de 1989.15

El Tiempo. Benhur Guasca nunca recibi su diploma. 19 de enero de 1989.


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Imagen 3.Lista de los procesos que iba a investigar la comisin judicial, 1989.

Los jueces y sus respectivos secretarios ya se haban trasladadoa la cabecera municipal de Simacota en el mes de diciembre de1988, con el propsito de recoger los expedientes de los procesos

que deban investigar. En comunicacin enviada al Director Sec-


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cional de Instruccin Criminal de la poca, Gerardo Delgado, larecin nombrada Unidad le coment que los procesos reclamadoscontaban nicamente con la denuncia, el levantamiento del cad-ver, y en algunas ocasiones con el acta de necropsia. En ese sentido,

la Unidad advirti que las investigaciones que deban adelantareran an incipientes, por lo cual requeran acudir a la zona pararecibir testimonios que permitieran aclarar los hechos. Aadi,que en la mayora de homicidios y desapariciones estaban supues-tamente involucrados miembros del Ejrcito Nacional, quienes encompaa de civiles y ex guerrilleros retenan a los campesinos,los masacraban, torturaban y quemaban con cidos.16Por estaltima razn, la Unidad consider importante sugerir que se con-ormara adicionalmente una Comisin de la Procuradura Gene-ral de la Nacin, que investigara en orma simultnea la conductaatribuible a los militares.

En dicha carta, tambin se inorm que la Unidad iba a partirel 10 de enero de 1989 a la zona de ocurrencia de los hechos.El juez titular del juzgado 16 de Instruccin Criminal CamiloNavarro, no poda asistir a la Comisin porque desde noviem-bre de 1988 le haban otorgado vacaciones por 25 das contados apartir del 6 de enero de 198917. Como juez encargado, se nombr a

Pablo Beltrn, hasta ese momento secretario del juzgado.La Comisin que parti el 10 de enero desde San Gil, cont con

la ayuda adicional de un grupo excepcionalmente amplio de in-vestigadores del Cuerpo Tcnico de Polica Judicial (CTPJ). Lo nor-mal en esa poca, era que los jueces partieran slo con sus secreta-rios a realizar las labores requeridas, pero en sta oportunidad laimportancia de los hechos amerit que los jueces y sus secretariospartieran desde San Gil con el apoyo adicional de 2 miembros del

CTPJ, 5 ms que haban sido nombrados y enviados desde Bogot,y 3 que se sumaron en Barrancabermeja junto con un conductor.Algunos miembros del CTPJ que haban sido enviados desde Bo-

got, acababan de llegar de otra Comisin. Aunque en el expedien-

16 Unidad Mvil de Investigacin. Ocio numero 231 expedido en San Gil el da 28de Diciembre de 1988.17 Tribunal Superior de San Gil. Resolucin nmero 050 del 21 de noviembre de

1988.


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te no aparece la resolucin con base en la cual se les orden acudira San Gil para apoyar las diligencias, es posible que en el nacientey an muy desorganizado Cuerpo Tcnico los hubieran nombradoa ltima hora inclusive saltndose las ormalidades apropiadas

para cumplir con la echa planeada por la Unidad Investigativa.Es importante resaltar que la conormacin de Unidad Investi-gativa respondi a la preocupacin que se viva desde Bogot porel creciente enmeno paramilitar en el Magdalena Medio. Diri-gentes comunales de la zona haban viajado hasta el centro paradenunciar ante el Ministerio de Gobierno y la Procuradura Ge-neral de la Nacin, los abusos que estaba cometiendo el ejrcitocon colaboracin de grupos paramilitares. Algunos de ellos, deja-ron constancia escrita de sus denuncias. Por ejemplo, en una cartaenviada el da 15 de noviembre de 1988 por parte de dirigentescomunales a Fernando Brito Ruiz (viceministro de gobierno de lapoca) y a Horacio Serpa (Procurador General de la Nacin), loslderes hacen un recuento extensivo de los crmenes que se estabancometiendo en la regin y concluyen: rogamos tomar las medidaspertinentes a n de que estos hechos no queden en la impunidadpues entendemos que si no se castigan a los responsables, se pue-den generar hechos tan lamentables como los que hoy llora el pue-

blo antioqueo de Segovia.18 Entre los hechos denunciados en lacarta, se resaltan los siguientes:

() septiembre 20 de 1986: por rdenes del capitn Ziga al man-do de la Comisin suscrita a la quinta brigada ueron asesinados cuatrocampesinos. () Abril de 1988: ue asesinado Jos Arstides Granja y uedesaparecido Antn lvarez por parte de grupos paramilitares. () Febre-ro 17: ue asesinado el campesino Severiano. Ese mismo da, el proesor

de la escuela cuyo nombre responde a Isnardo Morales ue secuestrado yposteriormente ue encontrado asesinado con rancas seales de tortura yquemaduras con cido. () ltimamente ue asesinada Hermelinda Cas-tro quien haba sido anteriormente amenazada por el teniente OswaldoPrada comandante de la base militar de campo capote. () Todos estoshechos estn amparados por los seores ociales del ejrcito como el capitn

18Carta enviada por Eran Prez y Joaqun Pinto, dirigentes comunales de la regin,

al Procurador Nacional. 15 de Noviembre de 1988.


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Ziga, el teniente Oswaldo Prada y otros quienes amparan y apoyan alos grupos paramilitares de la regin.19

El Presidente de la Repblica de ese entonces, Virgilio Barco,

tambin se haba enterado de los hechos sucedidos en el Mag-dalena Medio y estaba preocupado. Tanto as, que se comunicdirectamente con Gerardo Delgado Silva, Director Seccional deInstruccin Criminal en San Gil, a quien le solicit adelantar lasinvestigaciones pertinentes.20 Delgado tambin haba conversadocon el entonces Director Nacional de Instruccin Criminal, CarlosLozano,21 y con el Procurador Horacio Serpa, quienes haban ma-niestado su preocupacin por la situacin en la zona.22

Tras la masacre de los miembros de la comisin se empez amanejar la hiptesis sobre la relacin que exista entre la muertede los uncionarios judiciales y la investigacin de la masacre de19 comerciantes. Especialmente en prensa se dijo que la orden dematar a los uncionarios judiciales provena de los autores de ladesaparicin y asesinato de los comerciantes que queran mante-ner los hechos en la impunidad.23 Aunque el juzgado 16 de Instruc-

19Carta enviada por Eran Prez y Joaqun Pinto, dirigentes comunales de la regin,al Procurador Nacional. 15 de Noviembre de 1988.20 Entrevista a Gerardo Delgado por el Grupo de Memoria Histrica en San Gil,Julio 2009.21 En eecto, Carlos Lozano en carta enviada el 12 de diciembre de 1988 le sugierea Gerardo Delgado reunirse en Barrancabermeja con el juez o jueces que estnconociendo de los innumerables delitos que en tal documento se denuncian y de noestar esas investigaciones bien instruidas, hacerme una relacin del estado de cadauna de ellas con el n de conormar una unidad investigativa, dirigida por uno odos jueces de orden pblico que, con la colaboracin de los jueces de instruccinde la regin, y buen nmero del cuerpo tcnico, traten de desentraar tanto terrorque reina en esas regiones.22 En entrevista con Horacio Serpa, ste arm: tambin infuy el hecho de queLozano uera el jee de Instruccin Criminal. Ante la circunstancia de ver que esoscasos estaban quedando en la impunidad, l lo asumi () Ahora yo tambin tuveque haber metido la mano en eso, para que esos casos no quedaran en la impuni-dad. Entrevista a Horacio Serpa por el Grupo de Memoria Histrica en Bogot,Agosto 2009.23 El pattico caso de desaparicin y muerte ocurri hace casi tres aos en el Mag-dalena Medio. Investigacin estatal busca rescatarlo del olvido en el que est. Lajusticia de Orden Publico reestructurada recientemente en su nmina buscar res-catar de las aguas de la impunidad y la amnesia del caso de 19 comerciantes queel 3 de octubre de 1987 ueron secuestrados y asesinados por la organizacin de

paramilitares del Magdalena Medio. El episodio ha tenido desde entonces implica-


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cin Criminal s tena a su cargo el caso de la masacre de los 19comerciantes, y haba realizado previamente comisiones exitosaspara aclarar dichos hechos, la Unidad Investigativa no se encon-traba investigando el caso en ese momento. Como se dijo anterior-

mente, el objeto de la comisin era la investigacin de una seriede asesinatos que se pensaba haba cometido la alianza entre au-todeensas y militares de la zona. De hecho, la vereda La Rochelaest ubicada en un sitio distante a Puerto Boyac y Puerto Araujo,donde era ms probable encontrar a las personas que podran de-clarar en relacin con la muerte de los comerciantes.

De cualquier manera, lo que estaba ocurriendo en Puerto Bo-yac y Puerto Araujo no era muy distinto de lo que ocurra en lazona cercana a la vereda La Rochela y Puerto Nuevo. Segn las de-nuncias de los habitantes de la zona, desde mediados de los aosochenta se venan cometiendo constantes y criminales abusos porparte de los actores armados en la regin. Desde 1986, la violenciahaba incrementado, sobre todo por parte de los paramilitares encolaboracin con el ejrcito.24 Cada vez eran ms recuentes las de-nuncias de habitantes que aseguraban que estaban desaparecien-do, torturando y asesinando campesinos por ser supuestos colabo-radores de la guerrilla. En el expediente penal que se abri a raz

de la muerte de los uncionarios judiciales, se encuentran cientosde declaraciones que corroboran lo dicho. Por ejemplo, WilsonFontecha, humilde campesino del rea arm:

ellos no hacen nada sino joder a la gente, humillarla, les pegan, lesdan plan porque ellos dicen que la gente son sapos que le ayudan a la

ciones graves, incluso para la propia justicia como quiera que est conectado conla masacre de La Rochela en el Magdalena Medio santandereano, donde ueronasesinados los miembros de una comisin de Jueces y miembros del cuerpo tcnicode polica judicial que tenan a cargo las investigaciones El Tiempo. 30 de Agostode 1990.24 Segn las declaraciones tomadas por la unidad investigativa encargada de la in-vestigacin de la masacre, el Mas (Muerte a Secuestradores) haba aparecido enla zona en 1986 cuando asesinaron a unos habitantes de Puerto Nuevo y otros deCampo Capote. Unidad Mvil de Investigacin, Declaraciones del seor Jos Clo-doveo Duarte Castellanos el da 20 de Enero de 1989; de la seora Consuelo deJess Bustamante el da 9 de Febrero de 1989; y del doctor Luis Eduardo Valdivieso

Barco el de 6 de abril de 1989.


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guerrilla, que son auxiliadores de la guerrilla, nos tienen amenazados,amedrantados, all todos vivimos intranquilos porque uno no sabe a quhoras ellos le pueden salir a matarlo a uno sin saber por qu. All es lo queellos digan y ahora les ha dado por llegar a las ncas a pedir plata y llegan

y hacen reuniones y al que no vaya, cuando vuelven es para matarlo, ellosson los Masetos.25

Los denominados Masetos eran ampliamente conocidos en laregin.26 Decenas de campesinos haban tenido que dejar sus tie-rras y pertenencias huyendo por miedo de la zona.27 Para nadie erasecreto que los Masetos actuaban de la mano de los militares. Dehecho, los habitantes de la zona los conundan con recuencia.En una declaracin uno de ellos arm: realmente ah dondeestamos es una situacin dicil porque no se sabe cul es ejercitoy cual no, o sea cual es ulano o sutano no se sabe, yo no he visto

25 Unidad Mvil de Investigacin. Declaracin rendida por Wilson Fontecha el da16 de Febrero de 1989. En ese mismo sentido se puede consultar las declaracionesrendidas ante la Unidad Mvil de Investigacin, por Eran Prez Benavides el da9 de Marzo de 1989, y Jorge Enrique Moreno el da 11 de Febrero de 1989 entreotros.26 En la declaracin rendida por la seora Carmen Camacho, esta habitante de LaRochela arma: El me dijo que era Maseto, yo le dije eso que es, me dijo matar aotro. Unidad Mvil de Investigacin. Declaracin rendida por Carmen CamachoGonzlez el da 8 de Febrero de 1989. Ver tambin las declaraciones ante la UnidadMvil de Investigacin de Odilio Rueda, 24 de Enero de 1989, Graciano MorenoMorales, 24 de Enero de 1989, Luis Mara Sanabria, 24 de Enero de 1989, AnaGricelda Pinzn Melgarejo, 24 de Enero de 1989, Jos Manuel Pabn Galvis, 24 deenero de 1989, Rodrigo Contreras Daz, 31 de Enero de 1989, Alirio Muoz, 2 deFebrero de 1989, John Dairo Cano Bedoya, 7 de Febrero de 1989, Milcades Carri-llo Acua, 8 de Febrero de 1989, Maritza Bustamante Charrasquiel, 9 de Febrerode 1989, Javier Quiroga Ariza, 9 de Febrero de 1989, Luis Jos Galvis, 9 de Febrerode 1989, Mara Nohora Giraldo Lpez, 9 de Marzo de 1989, Pablo Emilio Romero,5 de Abril de 1989, Rodrigo Toloza Camacho y Ana Helena Suarez Narvez, 13 deFebrero de 1989; y las diligencias de indagatoria de Ricardo Antonio Ros Aven-dao, 31 de enero de 1989, Carmen Rosa Ramrez Vera, 9 de Febrero de 1989, yRobinson Robles Daz, 10 de Febrero de 1989.27 Por ejemplo, el seor Alirio Muoz arm en su declaracin: He odo decires que de un sitio mucho ms arriba de mi nca llamado El Guamo por all s sontodos masetos y que vienen bajando conquistndose a los campesinos y que el queno se vuelva maseto ha tenido que abandonar la nca y el ganado. Unidad Mvilde Investigacin. Diligencia de declaracin que rinde el seor Alirio Muoz el da2 de Febrero de 1989. En ese mismo sentido, ver: Unidad Mvil de Investigacin.Diligencia de Ampliacin de declaracin que rinde el seor Eran Bravo Garzn el

da 1 de Febrero de 1989.


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nadie de civil armado, pero a veces ve uno a los del ejercito de civily otras veces ve uno gente de civil y dicen que son del ejercito.28

Era recuente que Los Masetos patrullaran la zona junto conel ejrcito. En la carretera, se realizaban retenes conjuntos, y en

las veredas y las cabeceras municipales se amenazaba a los campe-sinos obligndolos a tomar partido, pues se presuma que quienno estuviera con ellos estaba contra ellos.29 Inclusive, algunos habi-tantes armaron que la alianza para-militar haba dado la ordengeneral de decidir con quien se estaba en 5 meses, de maneraque quienes al nal del plazo no decidieran ayudarles incondi-cionalmente, deban abandonar sus tierras o seran asesinados.30Paralelamente, se realizaban reuniones en las veredas y los muni-cipios para alertar a la poblacin sobre la presencia de la guerrilla,solicitar ayuda, planear obras cvicas, y en ltimo trmino asegu-rar la presencia y el apoyo de quienes se haban mostrado reaciosa colaborar con la alianza. Las r

cnrr - la rochela. memorias de un crimen contra la justicia

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