Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de Noviembre de 2007.

Versión Estenográfica de las Mesas Temáticas Generales Armonización Legislativa; Criterios de promoción y defensa de derechos humanos en las políticas y presupuestos públicos; Institucionalización de mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad; Promoción de la cultura de respeto y defensa de los derechos humanos entre la sociedad mexicana”, durante los trabajos del Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 Región Sur-Sureste, realizada en la Sala de Exposiciones “Prudencio Moscoso Pastrana” del Centro Cultural Chiapas “Jaime Sabines”.

MANUEL GONZÁLEZ Desarrollo y Transformación de la Sociedad AC

Dice su introducción: “Dios creó al género humano libre y cuando conocemos la verdad de la escritura comprendemos que en todas partes del mundo debemos los hombres y las mujeres luchar por tener libertad absoluta”. En nuestro país, debido a las situaciones del pasado, de la historia, en que las jerarquías del catolicismo romano han querido conjuntar el poder eclesiástico y espiritual con el poder político y terrenal, hemos tenido una situación histórica legislativa, restrictiva para los ministros de culto, que ahora incluye a los más de 30 mil ministros que ejercen su trabajo en los diferentes credos que se practican en el cristianismo de nuestro país. La realidad nos muestra que no son las mismas situaciones socioeconómicas que vivió don Benito Juárez y su ilustre grupo de gobernantes liberales, pues a diferencia de entonces, ahora más de 20 millones de cristianos dan una nueva conformación al pensamiento religioso que ha pasado de la sacralizad atemorizante de una sola iglesia, por medio de la cual exclusivamente se iba al cielo, al conocimiento de la palabra de Dios y al concepto de comunidad eclesiástica que vive la vida en común con sus miembros haciendo realidad los principios bíblicos de Dios para la humanidad. Ante esta realidad, es necesario replantear el tema de la flagrante violación que se está haciendo en contra de hombres y mujeres, que son los más amados por Dios, pues son sus ministros, ministros espirituales diseminados en las más de 6 mil asociaciones religiosas que están registradas en México. Regulaciones contrarias a los derechos humanos.

Debido a los antecedentes históricos en nuestro país, México es uno de los poquísimos países que restringen los derechos humanos a los ministros de culto religioso. Por los conceptos de separación de iglesia y Estado, del Estado laico y sobre todo por el temor de los hombres del Estado de que se les salga de control el poder religioso sobre las masas, la legislación federal establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 3º, 5º, 24 y 130, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que está vigente desde julio de 1992 y que se derivó del restablecimiento de las relaciones entre el Estado Mexicano y el Estado Vaticano tras años de distanciamiento, sólo estableció una parte de los derechos como el reconocimiento por parte del Estado, de la personalidad jurídica de las iglesias en plural y el derecho de poseer bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de sus fines. Pero en general las actuales normas incluyen diversos preceptos que limitan las actividades de los integrantes del sector religioso. Primero. Por ejemplo, la limitación de los derechos político-electorales de los ministros de culto, ya que el Artículo 29 advierte que constituyen infracciones de los ministros asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Segundo. El derecho a participar en la vida democrática, ya que se establece que los ministros de culto no pueden ser votados para cargos de representación popular. La ley prohíbe también convertir un acto religioso en reunión de carácter político, impidiendo a las iglesias escuchar las propuestas de candidatos y obtener una información directa para decidir su voto a favor de los mismos. Tercero. El derecho a oponerse a leyes negativas o contrarias a la moral pública, como es el caso del aborto, de la unión entre parejas del mismo sexo, etcétera, ya que también está penalizado el oponerse a las leyes emanadas sin consenso popular, que afectan la moral del país y que perjudican el desarrollo de instituciones como la familia, la infancia, el matrimonio natural y la estabilidad social. Cuatro. El derecho a oponerse a disposiciones de las instrucciones en reuniones públicas cuando violan las leyes naturales y sociales, como cuando caen en corrupción, fraudes y actos contrarios a disposiciones legales. Quinto. El derecho de conducir a su rebaño a mejores condiciones de vida, ya que también se prohíbe a los ministros agruparse y aspirar a formar parte de los cuerpos legislativos que propondrán los cambios a las leyes en nuestro país.

Contradicción de nuestra legislación respecto a todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. México es hoy un Estado aparte de los principales instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, aceptados y ratificados en el año 2002 y en el 2005. Una de las primeras acciones de la actual Administración consistió en revisar el estado de la participación de México en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos Universales y regionales a fin de identificar aquellos pendientes de ratificación y adhesión. Como resultado de esa revisión, el Gobierno Federal de remitió al Senado de la República, para su aprobación, una serie de instrumentos en la materia, acerca de temas como la desaparición forzada de personas, la imprescribilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, sobre los derechos de los niños a no participar en conflictos armados, a la venta de los niños, a la prostitución infantil, a su utilización en material pornográfico, en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, contra la tortura y actos crueles, inhumanos y degradantes. Y oigan ustedes: solo faltó un tema que tratara el Gobierno Federal y es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que incluiría el derecho de los Ministros de Culto a ser completamente libres en sus Derechos Humanos elementales y poder participar en la democracia de su país. Se revisaron, con la aprobación del Senado de la República, se retiraron parcialmente la Declaración Interpretativa y la reserva formulada a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos respecto al voto activo de los Ministros de Culto, la celebración de actos públicos de culto religioso y la reserva formulada por México en el Artículo 25 B del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por lo que se refiere al voto activo de los Ministros de Culto. Dicho en palabras más simples y concretas: los Ministros de Culto son ciudadanos de segunda o tercera categoría, son las principales personas que están destinadas en la sociedad para formar la moral pública, la moral de los hombres; y sin embargo, no tienen derechos de ninguna especie, no pueden contratar una estación de radio para difundir los valores cristianos, no pueden tener una estación de televisión. Todo lo puede tener la fuerza negativa, pero los Ministros de Culto no tenemos derecho más que a estar en las cuatro paredes de nuestra iglesia, predicándole a un pequeño grupo de creyentes. Tenemos que vivir un auténtico Estado Democrático.

Si bien es cierto -y los cristianos lo reconocemos- que sobra la evidencia histórica sobre el poder y los abusos de la Iglesia Católica en México en la lucha del poder por el Estado, esta discusión no debe soslayarse en un Estado Democrático, en el que han irrumpido literalmente millones de nuevos creyentes de diferentes asociaciones religiosas. Durante años hemos tenido una legislación que, a fin de limitar el poder de la Iglesia Católica, ha limitado los derechos de los Minístroses de Culto y ha favorecido la corrupción de los integrantes de las instituciones del Estado. Los Ministros de Culto no sólo no podrán participar en política, ni siquiera podían votar. En la actualidad ya votan pero no pueden criticar las leyes o a funcionarios del Gobierno, postularse a puestos de elección o ser funcionarios públicos. Estas restricciones hacen que vivamos en un Estado donde no existen las plenas garantías que ofrece generosamente nuestra Constitución pues no hay plena garantía del derecho a la libertad religiosa y convierten ciertamente a los Ministros de Culto en ciudadanos de segunda, como si fueran extranjeros, y limitan el gran potencial moral y cívico que mejoraría las instituciones del país. Se están provocando muchas reacciones en los medios y en las instituciones liberales, se alerta sobre los peligros de abandonar el Estado laico, lo que -desde luego- no deseamos ni proponemos pues el tema obviamente nos remonta al Siglo XIX y al rememorar las reformas para limitar el poder de una Iglesia realizada por Benito Juárez y que ciertamente fueron eficaces en su tiempo pero que ahora están generando la tremenda corrupción que vive el sector público, donde no existen valores morales y que de no superarse traerá la ingobernabilidad y el caos social previsto en la historia cada cien años: 1810, 1910 y la interrogante de si habrá una Revolución en 2010. Conclusiones: Primero. Debe nuestro país adecuar la legislación constitucional federal de los estados y de los municipios para adecuar los derechos humanos de los ministros de culto al tono de libertad que ofrece la misma Constitución en sus garantías individuales. Segundo. Debe armonizarse nuestra legislación con respecto a los tratados internacionales sobre la libertad de los ministros de culto en sus derechos cívicos y políticos para hacerlos ciudadanos con todos sus derechos y sus obligaciones. Tercero. Debe abandonarse el temor de que la iglesia católica romana se apodere del Estado, pues ahora millones de mexicanos de otros credos y de otro pensamiento defenderían, aún con su vida, la libertad a la que nuestro Dios nos trajo a este mundo.

LIC. ROSARIO VILLALOBOS Subsecretaría de Derechos Humanos

Gobierno del Estado de Oaxaca Antes de iniciar, me gustaría que el que está moderando planteara el objetivo de esta discusión y también yo quisiera saber si se van a plantear asuntos muy locales, para saber qué curso darle a la ponencia; o sea, yo entiendo que el tema a tratar es orientado hacia el Plan Nacional de Derechos Humanos, entonces a mí me gustaría que se adecuara un poco, se organizara la discusión para ver cómo vamos a tomarla. Y sí quisiera, antes de mi intervención, que si pudieras ayudarnos a delimitar cuál es el objetivo de esta reunión. TONATIUH LAY: Sí, se van a llevar a cabo cinco foros a nivel nacional, este es el cuarto foro, los tres anteriores se llevaron en la Ciudad de México, que era la región centro; en la ciudad de San Luis Potosí, la región centro-occidente; la ciudad de Tijuana, la región noroeste; ésta, que pertenece a la sur-sureste; y vamos a terminar con un foro en Monterrey, que es la región noreste. El objetivo de estos foros es tener los elementos necesarios para que, desde la sociedad civil, conocer cuáles son las necesidades que tenemos para la elaboración del nuevo Programa de Derechos Humanos, que tendrá que estar listo en la primavera del año que entra. Vamos por fases, tenemos esta primera fase, que es precisamente donde buscamos la opinión de las organizaciones sociales, de los ciudadanos respecto a la temática de derechos humanos en estos cuatro temas que se discuten hoy en la mesa. Una segunda fase va a ser la integración de todas sus opiniones, va a ser analizada por seis grupos de trabajo que ya se crearon, también con sociedad civil, con académicos, con expertos en el tema de derechos humanos y que ellos tendrán una versión de un anteproyecto, finalmente este anteproyecto será complementado por académicos expertos de diversas universidades y posteriormente presentado al Secretario de Gobernación, para que él a su vez le presente el anteproyecto al Presidente de la República. Entonces, el objetivo de esta mesa es escuchar, ver cuáles son los planteamientos que desde los diferentes grupos de la sociedad civil hay en esta materia de derechos humanos. La observación y petición del Secretario de Gobernación ha sido que se le de la palabra a toda aquella persona que tenga algo que expresar respecto a los derechos humanos en nuestro país. Entonces más o menos esa es la línea, la temática puede ser local, puede ser nacional. Lo que estamos haciendo también es que si es se presentan denuncias locales, aunque no sea nuestra área de competencia, se la turnamos a la

autoridad correspondiente para que le de seguimiento a ésta. Esa es la dinámica de estos foros. ROSARIO VILLALOBOS: Agradezco tu atención. Rosario Villalobos es mi nombre, del Gobierno del Estado de Oaxaca. Y desde nuestra perspectiva, nosotros quisiéramos compartir con todas y con todos ustedes lo que para nosotros puede ser el rumbo del Programa Nacional de Derechos Humanos, sin particularizar y sin definir qué tendría específicamente que contener el Programa. Hay un Programa Nacional, partimos de que hay un Programa Nacional que fue diseñado en el gobierno anterior y que este programa que se está planteando ahora queremos verlo como la continuación del Programa Nacional, porque verlo de esa manera nos permite tener la esperanza de que no hay propuestas inmediatistas ni cortoplacistas, sino que hay propuestas de un amplio margen que nos permite ir corrigiendo sexenio tras sexenio y que no se concluye el Plan Nacional en una administración. Bien, entonces nosotros consideramos que para cumplir las tareas que al Estado corresponde en el tema de la protección, promoción y garantías de los derechos humanos, es preciso que las instituciones públicas de los tres Poderes y los tres órdenes de gobierno, así como la sociedad civil, diferentes actores de la sociedad civil, nos involucremos y comprometamos en las definiciones e implementación de la política de Estado en esta materia. Este esfuerzo debe tener una visión de largo plazo, porque las transformaciones de las pautas culturales que derivan en violaciones a derechos humanos requieren de un esfuerzo sostenido y de la suma de voluntades de todos los actores involucrados. La problemática que enfrentamos en esta materia de derechos humanos no se va a resolver en uno o tres o seis años, es preciso superar los tiempos y las diferencias políticas. La consolidación de una política de largo alcance en materia de derechos humanos transita por la realización de las reformas legales para todas las personas, para los homosexuales, para las mujeres, para las cristianas, los cristianos, para todos por igual de acuerdo a nuestras especificidades. La consolidación de una política, repito, de largo alcance en materia de derechos humanos, transita por la realización de reformas legales, constitucionales y normativas que permitan ubicar la protección y defensa de los derechos humanos con el fin incuestionable con el Estado. En este esfuerzo no partimos de cero, el Programa Nacional de Derechos Humanos construido a partir del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México nos brinda las bases para que con la evaluación de los resultados alcanzados por el Programa podamos definir las nuevas estrategias,

mecanismos y acciones necesarias para avanzar en la plena vigencia de los derechos humanos, observando en todo momento los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos. El Programa Nacional de Derechos Humanos contiene los elementos de una política de Estado en materia de derechos humanos, el reto es fortalecerlo para que dé sustento a las tareas que corresponden al Gobierno Federal, también a las que corresponden a los otros Poderes y órdenes de gobierno, así como a la sociedad. Por lo que toca a los gobiernos estatales, es pertinente contar con instancias gubernamentales que desde las políticas públicas incidan en el impulso de una cultura de respeto a los derechos humanos y apunten a su institucionalización con un abordaje más allá del aspecto jurídico, es decir, no solamente son las leyes, necesitamos instancias que nos garanticen que los derechos humanos sean respetados; y no solamente son las modificaciones a nivel legislativo o adecuaciones o armonizaciones legislativas, necesitamos instancias que flexibilicen, que garanticen que esos derechos se cumplan. Estas áreas especializadas, ubicadas fuera de las áreas de procuración de justicia como mecanismos para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, deben impulsar transformaciones de fondo en el quehacer de las instituciones, con la consecuente disminución de prácticas y conductas que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Es decir, no podemos en los Estados tener instancias defensoras de Derechos Humanos dentro de las Procuradurías del Estado. Es necesario ese tipo de modificaciones a nivel de nuestros Gobiernos, no podemos ser juez y parte. Una instancia como la Procuraduría, que es juzgadora, que es sancionadora, no puede tener, a su vez, la defensa de los Derechos Humanos. Es una contradicción y eso es lo que ocurre en la mayoría de nuestros Estados en la República. Necesitamos una instancia con fuerza política y ésta puede constituirse como un elemento clave en la protección de derechos humanos para dar cumplimiento a la Declaración y Programa de Acción, resultado de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, que establece aspectos fundamentales para el fortalecimiento de los Derechos Humanos como el fortalecimiento de las instituciones de defensa de los Derechos Humanos y de la democracia, la protección jurídica de los Derechos Humanos, la capacitación de funcionarios y otras personas y una amplia educación e información, con el fin de promover el respeto de los Derechos Humanos. En este sentido, se hace necesario conocer y compartir las experiencias que en las Entidades Federativas han sido implementadas con esta visión, en la que la profesionalización de las y los servidores públicos en materia de Derechos

Humanos, sea uno de los ejes de acción, a fin de que a partir del conocimiento de la problemática de Derechos Humanos de sus instituciones, así como el marco normativo de defensa y promoción de estos derechos, propongan y promuevan las medidas necesarias para que las dependencias se conduzcan técnica y operativamente en un marco de respeto de los Derechos Humanos. Es decir, si nuestros funcionarios o servidores públicos de los diferentes Estados que conformamos la Región Sur Sureste no conocen los Derechos Humanos, no saben cuáles son los mecanismos para su defensa, para su protección, pues tendremos muchas quejas a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel de las Comisiones Locales, pero jamás se va a poder defender ni dar garantías a una ciudadanía que exige cada vez respeto a sus derechos humanos. Necesitamos capacitarnos y profesionalizarnos desde el servicio público. Lograr que la política de Derechos Humanos tenga un verdadero carácter nacional; o sea, no solamente que se respeten en Chiapas, o en Oaxaca, o en Puebla, o en Morelia, sino que se respeten en todo el país. Y cuando digo que se respeten en todo el país, también hablo de una distribución de la riqueza: que los Estados del sur empecemos a ser vistos con respeto en relación al norte, que las mujeres empecemos a ser vistas con respeto en relación a los varones. Esa es la lógica en la que el Gobierno Federal tendría que estar atendiendo la problemática de la Región Sur Sureste. Lograr -pues- que la Política de Derechos Humanos tenga un verdadero carácter nacional, pasa necesariamente por tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada región, con el objeto de mejorar la situación de estos derechos en cada rincón del país. Para ello deben fortalecerse los mecanismos de interlocución, cooperación técnica y promoción de la cultura; promoción de la cultura de respeto a los Derechos Humanos. Efectivamente, la pobreza reina en nuestras comunidades de la zona Sur Sureste y como dice algún viejo refrán, “al perro más flaco se le pegan las pulgas” y aquí, en nuestra zona Sur Sureste, pobres indígenas, con alta marginación, mortalidad materna, mortalidad por abortos, pocas decisiones de las mujeres y un sinfín de cosas podemos enumerar. Lo que queremos como región Sur Sureste, desde el Gobierno y desde la sociedad civil, es un trato digno a los Estados del Sur Sureste. Somos Estados pobres y requerimos que el Gobierno Federal inyecte un mayor presupuesto en la defensa de los Derechos Humanos. Gracias.

TONATIUH LAY: Con respecto a lo que menciona, partimos del Programa que se empezó en el sexenio pasado, que surgió en 2004; y bueno, también a las dependencias federales, que son 29 dependencias de la Administración Pública Federal, les hemos estado pidiendo líneas de acción en el tema de Derechos Humanos. Inclusive en esta reunión nos acompañan dos representantes de esa Administración Pública Federal: de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud. Entonces, estamos recogiendo todas estos puntos de vista, como ya mencioné, y algunos muy puntuales se les pasará a las dependencias correspondientes para que empiecen a incluirlos en sus líneas de acción.

LIC. JOSÉ MANUEL BLANCO En primer lugar, un saludo a todas las personas que se han preocupado en participar en este Foro Regional, en este tema que antes de los noventas era un tema desconocido, a pesar de que ya son más de 50 años de haberse promulgado los Derechos Humanos en la Carta de las Naciones Unidas. El reto hoy es convertir en realidad una de las exigencias más sentidas de la sociedad como es la defensa y protección de los Derechos Humanos, que continúa siendo una materia pendiente que no se ha cumplido del todo, a pesar de la firma de sendos Tratados Internacionales en esta materia por parte del Gobierno Mexicano, mismos que no se han visto reflejados al interior del país. Qué bueno que la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de la Política Interior del país, que tiene como una de sus principales misiones vigilar las condiciones de gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho, sea la que se preocupe de llevar esta Consulta Ciudadana para convertirla en Ley dentro del Programa Nacional que proteja realmente los Derechos Humanos de los mexicanos y de los extranjeros en México. Esta convocatoria está cumpliendo una acción complementaria a las labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que al interior de la Administración del Gobierno es fundamental el evitar que las dependencias no caigan en la violación de estos derechos fundamentales. Uno de los factores importantes para el pleno respeto a los Derechos Humanos es que éstos se establezcan directamente como tales en el contenido de nuestra Constitución Política y no continúen supeditadas a la disposición del Gobierno o de las autoridades que hoy por hoy ejercen el poder. Si bien nuestra Constitución reconoce indirectamente estos Derechos en el régimen de garantías, no concibe una protección tan amplia como están consagrados en el ámbito internacional, sin limitantes, teniendo todo el valor que tiene una garantía individual.

Asimismo, es importante y debe de preocuparse que las personas o candidatos que van hacia las Comisiones de Derechos Humaos, tanto nacional como estatales, sean personas de reconocida trayectoria en el ámbito precisamente de los derechos humanos. Esto es, que dejen de ser cargos políticos a voluntad de los gobernantes en turno, como es el caso desafortunadamente de nuestro estado de Chiapas. Es importante para este Foro Regional se tome nota puntual de lo preceptuado en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que es una investigación seria, coordinada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en México, trabajo en el que intervinieron muchas personas de prestigio y conocimiento amplio en esta materia y de los derechos políticos, sociales y económicos del país. Aún así, se hace necesario se continúe con la realización de los diagnósticos en cada entidad del país, como ya se han hecho en tres o cuatro estados. Y respecto al estado de Chiapas, en el mes de marzo de este año 2007, estuvo aquí en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, el señor Amerigo Encalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para iniciar el acuerdo del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, planteamiento que el gobernador del estado aceptó, quedando pendiente la fecha de su realización. Habiéndose iniciado pláticas con algunas ONG del estado y con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero desafortunadamente con fecha primero de noviembre de este mismo año el señor Amerigo Encalcaterra envió un oficio al señor gobernador del estado donde comunica, y digo textualmente: “Que dadas las múltiples solicitudes que ha recibido por parte de otras entidades federativas de la República para impulsar este ejercicio, ha considerado pertinente apartarse por el momento en espera de que se presenten en el estado de Chiapas las condiciones óptimas para su exitosa consecución”. Esto es grave, pero ahí está. Uno de los temas que en Chiapas es importante ventilar y atender es el tema migratorio, que es uno de los temas en la agenda de derechos humanos que afecta principalmente las zonas fronterizas, por lo que se ha adoptado una política migratoria que no sólo preocupa a los derechos de nuestros connacionales en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, sino también los derechos de muchos migrantes que a diario ingresan a nuestro país por nuestra olvidada frontera sur, que corresponde en su mayor extensión al estado de Chiapas y en donde son violados diariamente los derechos humanos de estos migrantes que se atreven por necesidad cruzar nuestro país hacia los Estados Unidos, situación que es conocida por todas las autoridades pero nadie hace nada por evitarlo y es donde hoy se está implementando una nueva política de reforzar esta área colindante con las Repúblicas de Guatemala y Belice, otorgando más presupuestos y recursos provenientes de Estados Unidos en el marco de la llamada Iniciativa Mérida.

Para frenar el flujo migratorio que en el 2005 fue de 182 mil migrantes repatriados y precisamente de acuerdo a esta Iniciativa Mérida, una primera partida de recursos provenientes de los Estados Unidos se dice será de 500 millones de dólares, que servirán para ampliar precisamente el sistema integral de operaciones migratorias, o sea, instalar más puntos de revisión a lo largo de la frontera sur, que hoy consta de 13 puntos de revisión por parte del Instituto Nacional de Migración, quizá se pretenda correr la frontera norte hacia la frontera sur. Otro tema importante y grave en la frontera es la trata de personas, es otro más de los asuntos que tratar en la frontera sur, independientemente del tráfico de personas, de drogas, de armas, de violencia, de pandillerismo, etcétera, donde debe darse atención a las víctimas de este flagelo y donde hay que reconocer que México es un país de transito, origen y destino de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Desafortunadamente Tapachula ha sido considerada como una de las ciudades principales en este tema de prostitución infantil. Es prioritario que la Federación y el estado de Chiapas, y todos los estados, asuman su responsabilidad y sancionen a los verdaderos responsables de la matanza de 43 indígenas de Acteal. El próximo 22 de diciembre se cumplen 10 años de impunidad de esta masacre, no esperemos que una instancia internacional de protección a los derechos humanos intervenga. Propuestas. La primera, que los derechos humanos en México se eleven a rango de nuestra Constitución General de la República. Segunda, que se tomen en cuenta las recomendaciones planteadas en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos obtenidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en México. Tercera, se continúe la elaboración de los diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en todos los estados del país. Cuarta, se dé puntual atención y castigo a los violadores de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y de otros países que ingresan a México por la frontera sur. Quinto, que se dé prioridad al tema de la trata de personas para detectar, prevenir y sancionar la comisión de este grave delito. Y quinto, que el Gobierno Federal y Estatal deben cumplir con responsabilidad el garantizar el Estado de Derechos que todos los mexicanos tenemos y combatir la impunidad.

ROMEO AVENDAÑO “Derechos Humanos de los Migrantes Indocumentados en el Estado de Chiapas”

Hablar de la existencia de un derecho es hacer hincapié en la existencia de un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar un determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. Ahora bien, hablar de Derechos Humanos es aludir necesariamente a la existencia humana y a sus atributos porque estos derechos son del hombre, de cada uno de los individuos que conforman el orden social. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos y especialmente de la autoridad. Estos derechos son inherentes a la persona humana; así también, son inalienables, imprescriptibles y no están bajo el comando del poder político sino que están dirigidos exclusivamente por el hombre. Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre o Estado deberá asumir una conducta frente a estos derechos, de cumplir con determinadas obligaciones de dar, hacer u omitir. En un país democrático es vital el derecho a la seguridad pública, toda vez que viene a ser uno de los pilares para el desarrollo de un país, por lo que en el Estado de Chiapas, como parte integrante de la Federación, sus instituciones que procuran justicia garantizan las condiciones para la vigencia efectiva de los Derechos Humanos, lo cual resulta una condición esencial para procurar el desarrollo social y disfrutar una vida digna por parte de todas las personas. Ahora bien, los organismos gubernamentales de protección a los Derechos Humanos del orden federal y estatal de nuestro país se encargan de promover, observar, estudiar, vigilar, difundir y proteger los derechos humanos, mismos que amparan el orden jurídico mexicano, por lo cual cualquier autoridad o servidor público que vulnere dichos Derechos Humanos, son acreedores a recomendaciones que emiten dichos organismos como sanción máxima. Sin embargo, tales resoluciones no tienen el carácter imperativo, lo que no garantiza de manera absoluta que los derechos fundamentales tengan total observancia por parte de muchos servidores públicos de los diversos órganos de gobierno. Pero sin estos organismos, la sociedad mexicana quedará en desamparo total. La sociedad mexicana -bien sabido por todos- posee una composición pluricultural no sólo por sus raíces que históricamente han dado cimiento a la estructura nacional y social de México, sino además por la ubicación estratégica del territorio nacional, por lo que a esa diversidad propia de nuestro país en materia poblacional se suma la existencia de los migrantes, a quienes en materia de Derechos Humanos también protege la Constitución y los ordenamientos que con apego a ella existen.

Pese a lo anterior y tratándose de migrantes indocumentados, los Derechos Humanos, su reconocimiento, respeto y protección son vulnerados en diversas ocasiones por autoridades. Chiapas, por su ubicación geográfica, es escenario constante de tal aseveración, por lo que requiere contar de instrumentos jurídicos e instituciones idóneas que permitan consolidar una cultura de legalidad, basada en el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes indocumentados, muchos de los cuales deben partir de la Federación por sus atribuciones constitucionales y legales. En ese sentido, en el Estado de Chiapas, uno de los principales retos a vencer en materia de Derechos Humanos es la plena difusión de Derechos Humanos a los migrantes, lo que puede lograrse a través de un Convenio de Colaboración y de obtención de recursos económicos con la Federación, toda vez que se requiere de la implementación de un programa a mediano plazo, donde impere la cultura de la legalidad; los valores como la libertad, la paz, la justicia, el respeto, la tolerancia, la democracia y la solidaridad en el ejercicio de la función pública. Nuestra propuesta: La experiencia con la que cuenta el Gobierno del Estado de Chiapas en el flujo migratorio, indica la urgente necesidad de hacer valer el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes indocumentados como lo establece nuestra Carta Magna en su Artículo 1º, donde señala que todo individuo que se encuentre en territorio nacional, gozará de las garantías que otorga nuestra Constitución. El respeto a la Ley constituye un elemento determinante para el desarrollo del país. Los extranjeros que se internen en territorio nacional, sin contar con la documentación que acredita su legal instancia, en muchas ocasiones hace que se enfrenten a situaciones de violencia, corrupción y violación a sus Derechos Humanos en su trayecto hacia el norte del país, motivo por el cual el Gobierno del Estado -preocupado por salvaguardar la integridad de migrantes- creó la Dirección de la Policía Estatal Fronteriza, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, con la finalidad de garantizar, mantener y establecer el orden y la paz pública de los nacionales y establecer un sistema de protección al migrante indocumentado. El Estado reconoce la labor valiosa del Instituto Nacional de Migración en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de los indocumentados en el país al aplicar positivamente la Ley General de Población y su Reglamento. Pero dicha acción debe complementarse y fortalecerse mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chiapas, sus Municipios fronterizos y la Federación, con el objeto de obtener un porcentaje de recursos económicos para establecer un programa con objetivos y estrategias

para la protección de los Derechos Humanos de los migrantes indocumentados que transitan por nuestro país ante el inevitable aumento del flujo migratorio que existe hoy en día en nuestro Estado y en el país. México se ha caracterizado por ser un país preocupado por el respeto a los individuos nacionales y extranjeros. La existencia del convenio que permite la materialización, de manera concreta y coordinada, entre los distintos órdenes de Gobierno, permitirá que esta preocupación se materialice en acciones correctas y de gran beneficio social.

JUAN VALVERDE “Los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado de Chiapas”

Una de las principales expresiones de la riqueza cultural de Chiapas es la existencia de sus 12 pueblos indios: tzetzal, tzotzil, zoque, tojolabal, canjubal, manchuc, mocho, cakchikel, lacandón y jacalteco, cuya población representa la cuarta parte de la población total de la Entidad. A lo largo de su historia, estos pueblos han vivido una compleja problemática de dominio, explotación, discriminación y exclusión por parte del resto de la sociedad. En la actualidad, si bien la dispersión de la población indígena en miles de comunidades rurales continúa siendo grande, un número cada vez mayor vive o trabaja en ciudades, siendo un caso especial San Cristóbal de las Casas, donde 32 por ciento de su población son hablantes de una lengua indígena. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una importante migración hacia otras regiones del Estado, a otras Entidades del país y a Estados Unidos de América. También se observa un importante crecimiento de la proporción de población indígena que ya no trabaja en el sector primario sino en los sectores secundarios y terciario de la economía, mientras que cada vez más jóvenes indígenas llegan a los niveles medio y superior de educación formal. Estos cambios, sumados a la mayor diversidad en las preferencias religiosas y políticas, están modificando rápidamente importantes elementos de la cultura y la organización indígena, como el sistema de cargos, las fiestas patronales, el trabajo comunitario y otros. En este contexto de transformaciones, las políticas gubernamentales para superar el rezago en todos los indicadores de pobreza, marginación y desarrollo humano, y para evitar el resurgimiento de conflictos en diversas regiones indígenas. Ante ello, el reto del nuevo gobierno es profundizar en los cambios positivos indicados en la administración anterior, articulando los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno para ponerlos al servicio de la política social e incorporando la política de pueblos indios en las acciones gubernamentales, con el objetivo general de avanzar en el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indios y particularmente alcanzar mejores niveles de bienestar económico y social de mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos mayores indígenas. Fortalecer sus capacidades para el autodesarrollo, crear una nueva dinámica de manejo sustentable y protección del patrimonio natural, lograr con ello un desarrollo territorial más equilibrado entre centros urbanos, áreas rurales y apuntalar sus formas de gobierno y la libre determinación.

La vida de muchas mujeres está marcada para la exclusión y la discriminación. En el caso de las mujeres indígenas, éstas adquieren niveles indignantes. Las estadísticas para Chiapas en materia de salud, educación, trabajo, ingreso y acceso a servicios básicos, por mencionar tan sólo algunos rubros, resultan dramáticas para este sector de la población. El desconocimiento del castellano es un indicador de vulnerabilidad social. En el año 2005 uno de cada cuatro hablantes de lengua indígena era monolingüe, siendo más frecuente el monolingüismo en las mujeres al superar en números relativos la proporción de hombres en 63.55 por ciento, producto de inequidad de género, el confinamiento doméstico y la escasa interacción de las mujeres con los hablantes del castellano. Entre los hablantes de la lengua indígena es más amplia la brecha que separa a mujeres y hombres en el acceso a la educación por la proporción de mujeres analfabetas, que es de 56.20 por ciento, mayor que la de los hombres. Esta inequidad genera que se adjudiquen los roles asignados a cada género y que las mujeres tengan limitadas oportunidades del desarrollo dentro y fuera de su comunidad. Además de las mujeres indígenas mayores de 15 años, el 41.1 por ciento no tiene instrucción escolar. En las comunidades indígenas las normas de relación entre los géneros responde más a intereses colectivos que individuales. El interés colectivo no necesariamente conduce al bienestar individual en las relaciones de género. Las políticas públicas deben enfocarse tanto a las mujeres como a hombres y a contrarrestar el desigual acceso de ambos géneros a ciertos espacios privados y públicos. De igual manera, es necesario reflexionar y discutir sobre las estructuras simbólicas, mediante las cuales las mujeres son subordinadas, como sucede con las normas informales que rigen la vida interior familiar, la división sexual y generación del trabajo y donde existen mecanismos de vigilancia de los comportamientos, castigo, recompensas y una jerarquía piramidal establecida, desde niñas, las mujeres indígenas y no indígenas interiorizan el papel subordinado que tendrán en su sociedad. Las políticas de atención especial a las mujeres y niñas indígenas deben surgir desde los derechos y el marco de la corresponsabilidad, para que sean las propias comunidades y pueblos indios los que vayan delineando de manera consensuada su futuro. Esta estrategia demanda la generación de capacidades especiales de quienes deben impulsar las políticas de equidad de género, si se quiere incidir con esta

visión de equidad en los organismos gubernamentales que trabajan en territorios indígenas chiapanecos. Debiendo reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres indígenas, generando espacios de participación y decisión sobre los asuntos de interés de las mujeres indígenas, desde donde tengan la posibilidad de incidir en los ámbitos político, económico, social y cultural y de impartición de justicia en términos de igualdad con los varones. Los principios democráticos que los chiapanecos hemos consolidado permiten al gobierno establecer las directrices de la sociedad y asumir sus aspiraciones, al registrar las necesidades más sentidas a través de la participación directa. Cuando la sociedad marca el rumbo y el gobierno responsable y solidariamente coadyuva en el alcance de sus metas, avanza en la convivencia social que permite el desarrollo individual y colectivo de hombres y mujeres, y facilita la consecución de escenarios para un futuro alcanzable a través del trabajo conjunto, por lo que el gobernador ha instruido a los integrantes de la administración pública estatal a reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a sus necesidades y especificaciones culturales de los pueblos indios. Promoverá mecanismos de consulta y participación social de los pueblos indios en la formulación, seguimiento, evaluación y contraloría de las políticas y programas educativos. Contribuir a elevar la escolaridad y la calidad de los servicios educativos destinados a la población indígena. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación de la población indígena. Fortalecer los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos indígenas. Ampliar los programas de expresiones culturales indígenas. Facilitar el acceso a los pueblos indígenas y sus organizaciones a la posesión y operación de medios electrónicos de comunicación.

GRACIELA ESPARZA Oí con interés la interesante plática de la maestra en Burguete en relación con la pobreza; escuché el clamor apasionado de alguien en el gobierno de Oaxaca hablando sobre la pobreza de esta parte de nuestro país. Yo amo a México profundamente y tengo profunda gratitud a Dios por el hecho de que él me plantó en este bendito país con ésta mi gente. No hay uno sólo de nosotros que pueda levantar la mano y decir: “No tengo ninguna gota de sangre indígena”. Y debiera hacernos sentir contentos el hecho de que así es. Y, sin embargo, esto niveles de discriminación son tan evidentes, vienen desde arriba y llegan hasta el último rincón, aún en las comunidades como las llaman, no es de mi gusto el término, pero habrá que usarlo, éstas que llaman comunidades indígenas, también hay la discriminación y el desdén, por el hecho de que este fariseo que todos llevamos dentro pretende: “Soy mejor que tú, sé más que tú, puedo más que tú y tengo más razón que tú”. Y este inmenso nivel de pobreza tiene que atacarse en alguna parte con mayor sinceridad que con la poca sinceridad con la que se ha hecho hasta ahorita. Y digo que ha sido poca la sinceridad, porque eventos como éste son muy interesantes, iluminan, dan pauta para conocer a gente que de por sí debe ser gente interesante. ¿Y qué más? Cuando ya se trata de poner por obra lo que debiera ser la realidad de lo que se dice, no hay nada en el asunto. ¿Hasta cuándo y quién va a mover la situación? Un doctor chileno, Montenegro, si no recuerdo mal, escribió un libro interesante “Jaque Mate al Subdesarrollo”. Él hacía un círculo: pobreza-mala alimentación-pobre educación-mal empleo-pobreza. Y decía: “Este es el círculo vicioso”. Y tenía razón. Y él proponía: “¿En dónde puede romperse este ciclo?” En la alimentación, la alimentación daría mejores mentes, mejores capacidades de empleo a la larga, etcétera. ¿Pero cómo hacemos para la alimentación? Acortando el asunto, él concluía: la importancia de la educación no tiene paralelo, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué no hacer un esfuerzo sincero en este sentido? Déjenme decirles que el ser humano es triple, somos cuerpo, alma y espíritu y cada uno de estos ámbitos es perfectamente discernible al que quiero entender. Pero es precisa la educación del espíritu, del alma y del cuerpo para que pueda lograrse la superación de la pobreza de la que se habla con justificada razón. El problema básico de nuestro país es la pobreza y empiezo por la pobreza física, de esa todos sabemos.

Otra vez el ciclo del subdesarrollo del doctor Montenegro. No voy a tocar este aspecto, todos lo conocemos bien, todos nosotros conocemos grados de pobreza de diferente tipo, lo entendemos. ¿Pero qué sobre la pobreza del alma? ¿Qué sobre la pobreza de quien no sabe ni siquiera cómo acercarse a otro ser humano dentro del mismo pueblo? Ahora mismo tenemos una situación en un pueblo de Oaxaca -por cierto, dos llamadas hace un momento: la pobreza humana evita que aquellos a quienes algunos de nosotros llamamos Hermanos, nos liga la Sangre de Jesucristo- en donde no tienen acceso a agua y están diciéndonos “ayúdenos, nos morimos de sed”. Discriminación de la misma raza en el mismo pueblo “¿porque yo tengo una mejor fe que tu, porque soy mejor que tu o porque simplemente me caes mal?” Y a menos que haya una re-educación moral, ¿cuál es el problema básico de nuestros pueblos en relación con nuestra gente?, permítanme decirlo así. ¿Cuál es el problema? Que una vez que el conocimiento de Jesucristo llega de cierta manera al corazón, empieza una transformación, dejan la bebida, dejan los vicios, dejan la multiplicidad de relaciones sexuales, dejan muchas cosas atrás y se les viene el conflicto encima porque ya no participan en las borracheras de lo pueblo. Y estoy hablando de las borracheras, la participación en los aportes financieros que en las fiestas del pueblo de hacen, pero demandan más y no siempre es posible acceder a demandas si no va a conservar la integridad del individuo tal como se entiende la integridad. La pobreza que viene con la cobardía es otro tipo de pobreza y qué cobardes somos los seres humanos para enfrentar situaciones, cuando nos vemos vulnerables en el qué dirán o en el qué van a pensar. Pero a menos que haya una educación profunda en ese sentido, México no va a cambiar y repito: yo amo a México. En la Ciudad de México tenemos la afluencia de esto que popularmente se llaman “mordelones”. Ustedes entienden la expresión, estoy seguro. En alguna ocasión uno se acercó porque yo no llevaba mi Verificación y le dije “tiene usted razón, levánteme la multa”; -“Ah, señito –me dice- póngase a tiro”. Le dije: -“¿Qué me quiere decir con eso?” y no es que no haya entendido, por supuesto que entendí; “¿Qué me quiere decir con eso, oficial?”. -“Bueno, es que de lo contrario, me la llevo al corralón”. Ah, será interesante conocer el corralón si lo merezco.

-“Pero mire, es que está a tal distancia”. Le dije: “mire, lo que usted me está pidiendo es dinero y no se lo voy a dar por una razón muy sencilla”. Y me dice: -“¿Cuál?”. Le dije: -“Porque amo a México y me gustan las calles limpias y me gustaría un México limpio; levánteme la infracción, la merezco”. Me miró y me dijo: -“Váyase”. Pero esta cosa de individualismo e interés personal, de corrupción moral, que escogemos tener y que no somos capaces de enfrentar porque somos mediocres y porque la gente prefiere mantener en la mediocridad a cualquiera que quiere salir de ella, que es el problema de tantos de nuestros hermanos llamados indígenas. Tratan de salir de la mediocridad del vicio, de la mediocridad de la pobreza moral y se les viene encima el resto del mundo porque no les permiten salir de esto. Prefieren que sigan siendo mediocres. Hemos oído a madres que le dicen a un hijo que de repente ha transformado su vida, gracias a Jesucristo, “prefiero verte borracho como antes y no metido ahí”. Vaya amor, vaya mediocridad. ¿Y qué de la pobreza espiritual? El hombre fue creado con una necesidad interna de superación. Cuando no hay entendimiento, esa necesidad se ventila en las calles con pleitos, piedras, palos criminales. En otros niveles, esto se ventila tratando de tener -qué sé yo- otro par de zapatos, otra habitación en la casa, un Título. Está bien, pero Dios nos dio esa capacidad para la excelencia interna, para la excelencia humana; esta necesidad de lucha que Dios puso en nosotros es para lograr la excelencia. ¿Cuándo vamos a querer enfrentar ese reto? ¿Qué cosa estoy tratando de decir?

Una sola cosa: ojalá que los Gobiernos, nuestro Gobierno, tuvieran interés en romper el ciclo del subdesarrollo mediante el despertamiento de la conciencia de la gente, el despertamiento de la convicción de lo que significa el derecho humano de este que vive junto a mí. Y eso se puede lograr con tanta sencillez, con métodos que no tendrían que ser ni siquiera caros. Una vez viajando por mi país, viniendo de Oaxaca, había un incendio tremendo y yo amo los árboles, me encanta Chiapas. Yo amo los árboles y había un incendio tremendo. Alguien que venía conmigo comentó y dice: “ya sabemos quién lo hizo”. Le gusta ver la lumbre. Les dije: “no saben cómo se les quema el humus de la tierra y la echan a perder con el calor”, etcétera. En eso veíamos un anuncio en la carretera y yo pensé: Qué les cuesta a los gobiernos poner anuncios así, en las carreteras, diciendo: ¿Sabes por qué no es bueno que destruyas tu tierra?, y en pocas frases explicarles lo que la tierra necesita. ¿Por qué no un esfuerzo sincero para abatir la pobreza? Gracias por esa frase “Al perro más pobre se le cargan las pulgas”. Muy cierto. En este caso, permítanme abogar en este Foro por los perros más pobres, nuestros hermanos cristianos evangélicos que sufren hambre, persecución y muerte porque no hay una educación en nuestros pueblos.

AVNER PÉREZ Soy pastor y representante legal de la Asociación Religiosa Iglesia Pentecostés en México; tengo a mi cargo como a unas 350 iglesias en nuestro país. Por lo pronto, quiero aportar mis breves palabras, estamos pastoreando en una de las iglesias de la parte de Margaritas, Chiapas; acabamos de confrontar unos pequeños conflictos, en lo cual se ha dado un poco de más prioridad a la intolerancia religiosa, como ya se ha dicho, en lo cual no estamos de acuerdo. Hace unos meses que fueron encarcelados como 30 horas unas cinco personas de dicho lugar, que hasta hoy no le hemos encontrado la solución. Siempre se ha dado prioridad a lo que dice el grupo de personas, pero no a quien ha tenido la razón. Entonces, hoy yo de manera particular quiero pedirles a cada uno que realmente los acuerdos internos nunca se lleven a cabo, las leyes internas que se han hecho en las comunidades, de tal manera que se les cobra a las personas 10 mil pesos por cada persona que se convierta, 10 mil pesos es el acuerdo. Y cuando no se lleva ese acuerdo, cuando no se cumpla, de hecho tiene que irse a la cárcel. A ningún católico se le cobra por lo que cree, ni de otra religión que crea conveniente, todos tenemos nuestros derechos y tenemos que defenderlos. No estoy de acuerdo con éstos, aunque haya un acuerdo legislativo, si no está de acuerdo conforme a nuestra Constitución, nada más no estamos de acuerdo. De mi parte yo agradezco esta oportunidad que se nos da y el espacio para que podamos conocernos y tener un estado más libre, tener nosotros nuestros derechos con más libertad y por lo cual le deseo bendiciones a todos los pastores y quienes estamos en este foro.

GONZALO GÓMEZ ALFARO Mi nombre es Gonzalo Gómez Alfaro, vengo del ejido San Antonio Venecio, del municipio de Las Margaritas, y venimos seis hermanos representando a una iglesia, que hace poco nosotros fuimos encarcelados por la intolerancia religiosa. Cabe hacer mención que a nuestro hermano que nos antecedió en las palabras, nosotros fuimos los que estuvimos encarcelados, en lo cual nosotros no aceptamos pagar 10 mil pesos de multa de cada uno de los hermanos que se habían congregado con nosotros. En ese entonces nosotros fuimos detenidos por parte de las autoridades ejidales, tanto también han participado algunas organizaciones. Yo soy de una comunidad, soy tojolabal, yo hablo el idioma tojolabal y nosotros como tojolabales, los indígenas hemos sido los más oprimidos de la comunidad, nosotros somos los que no hemos sido escuchados; a veces nosotros pedimos nuestros derechos, pero nuestros derechos nos los niegan. Pero yo sé que como indígenas tojolabales y de las demás diferentes etnias, tenemos el derecho a la libertad de la creencia que a nosotros más nos convenga y eso nos los garantiza el Artículo 24 Constitucional. En este caso, nosotros no estamos de acuerdo a que nosotros sigamos sufriendo esta intolerancia que estamos viviendo durante muchos años. Hace poco también nosotros, en el caso mío yo fui amenazado en mi hogar de que yo asistiera a una reunión con el grupo de la comunidad pidiéndome, exigiéndome la cantidad de 10 mil pesos por cada una de mis hermanas que acaban de congregarse con nosotros en la iglesia, pero en este caso nosotros somos claros en decirles que nosotros no les pagamos ni siquiera un quinto, porque el ser evangélico no es un delito. Nosotros no estamos cometiendo ningunos errores, sino que prácticamente a nuestra gente de la comunidad son los que nos están oprimiendo, y como tojolabales, como indígenas, somos los que nos privan el derecho a la libertad. Y otras cosas, que también nos quieren privar el derecho a nuestras parcelas, a tomar partes de otros beneficios que la comunidad posee, pero para mí, yo les pido a todos ustedes en el caso también de lo que se está comentando, ¿se estará tomando en cuenta o nada más estará quedando al aire?

MANUEL MORALES Pues es un privilegio estar en este momento acá para expresar algunos puntos muy importantes que están sucediendo en nuestro estado. Se oye a través de la televisión, a través de la radio, a través de todos los medios de comunicación, de la democracia, de la transparencia, de la equidad, de la igualdad, cuando no estamos viviendo lo que se está hablando. Ustedes están escuchando los testimonios de muchas personas, que sus derechos constitucionales son pisoteados, son agredidos por el simple hecho de creer en una religión que no es de la preferencia de la autoridad local o de la autoridad regional. El abuso de la autoridad en nuestro estado se está dando, no es como se dice que estamos viviendo otro tiempo diferente, como se habla de que ha acabado y ha quedado atrás; existe, sigue. Nosotros, como pastores evangélicos, somos el portavoz de los que están allá en la sierra, de los que están allá en los lugares refundidos, donde no tienen ellos la oportunidad de que una autoridad o la oportunidad de estar como estamos ahorita en un foro, que espero que a través de este Foro Regional salga algo provechoso, los que están tomando nota puedan sacar algo provechoso de lo que está sucediendo ahorita. Ellos no tienen la oportunidad de estar en un lugar como éste, de expresar las inquietudes, las necesidades, las injusticias, los agravios que están sufriendo en la actualidad. Se habla de una democracia, de una transparencia, de una equidad, pero hasta ahorita no lo estamos viviendo en una totalidad. En los ejidos de los municipios, en los ejidos más lejanos de nuestro estado, donde las autoridades, quizá por llevar una Suburban o por llevar un carro del año, como no entra ahí por la piedra, por el polvo, quizá ellos no pueden acceder a esos lugares para escucharle a la gente sus inconformidades, para escucharle a la gente sus quejas, sus molestias, las injusticias que ellos están viviendo, no hay esa oportunidad. Como decía aquí la licenciada –y me agradaron sus palabras-, que es incongruente o se puede decir que no tiene lógica, decir que Derechos Humanos y Procuraduría existan en un mismo lugar, cuando no se pueden atacar ellos mismos porque no puede ser así. Debería de ser aparte: aparte Derechos Humanos y aparte Procuraduría porque cuando uno llega a quejarse en las oficinas de Derechos Humanos; por ejemplo, aquí yo no voy a criticar pero vamos a expresar lo que sucedió la semana

pasada, con la Barra de Abogados Cristianos, que demuestran los señores funcionarios una apatía, una indiferencia: “Ah, son los evangélicos, atiéndalos por ahí, a ver quién los atiende, son los cristianos”. Y no, señores. El mismo Gobernador hace un momento, él reconoció que ciertamente el Estado de Chiapas ya tiene más del 50 por ciento de cristianos y como ciudadanos de nuestro Estado, nuestra voz, nuestros derechos valen, valen como ciudadanos, ya no poniendo en medio la religión, la creencia o la doctrina. Como ciudadanos tenemos voz y voto, tenemos derechos de expresar nuestras inquietudes, tenemos derechos de señalar las injusticias que pasan en nuestro Estado. Otro hecho, por ejemplo, lo que pasa acá. El actual Gobierno puso una ley de poner retenes en todas las esquinas de nuestra ciudad para -según ellos- ver la droga, ver las armas, cuando no es así. Se escuchan los cuerpos policíacos para asaltar a la gente, para sacarles dinero, como decía la doctora, como lo que le sucedió en México; lo que le sucedió a ella es lo que nos ha pasado a nosotros. Por querer hacer bien las cosas, caemos mal; por decirle a una autoridad “pues infraccióname si estoy mal”, desde ahí ya les caímos mal, ya quedamos con un tache, ya quedamos señalados de que nosotros somos rebeldes y no “nos mochamos”. Esa ley que el gobierno pasado hizo sirvió nada más para llenar los corralones de automóviles. Algo me pasó a mí personalmente: me detuvieron un vehículo que yo llevaba, iba a San Fernando. Para que me liberaran ese vehículo llevó tres meses y tres meses de andar de allá para acá y de aquí para allá, como el balón. Las autoridades dicen: “ven mañana, ven pasado, haz esto, haz lo otro”, pidiendo requisitos que no se pueden conseguir de la noche a la mañana. ¿Para qué? Para que el corralón siga ganando cientos diario. Los dueños de los corralones se hacen millonarios, están de acuerdo que ahí estén los vehículos detenidos. ¿Para qué? Para llevarse las bolsas de dinero. La impunidad, el abuso de las autoridades.

Es necesario que aquí, los señores que están tomando nota, le hagan saber al Gobierno eso: que ya basta de injusticia, ya basta de agravios, ya basta de pisotear la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Acá en Tuxtla Gutiérrez existe también eso. Yo sé que tal vez las autoridades de arriba hacen todo lo posible por hacer lo mejor, pero los de abajo hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque empiezan las negociaciones chuecas. Yo creo que nosotros, como ministros que hablamos una verdad, porque la Biblia habla de la verdad, habla de justicia, habla de equidad, habla de amor, nosotros tenemos que hablar y marcar eso como ciudadanos y ministros de los cultos religiosos. Así es de que tenemos un ejemplo también aquí, a un compañero del Municipio de Margaritas, de Ignacio Allende, Caralampio Gómez, que también fue encarcelado por no ser de la misma fe. Los señores de Santa Rita, que están acá, igual. Fueron agredidos, sus derechos fueron pisoteados por querer hacer cosas diferentes a las ideas de ellos y creo que es necesario poner un hasta aquí a eso y que el señor Gobernador o no sé a quién le corresponda en esta Entidad, vaya separando las cosas para hacer algo justo en nuestro Estado porque estamos viviendo supuestamente en tiempo de democracia y esa democracia se debe demostrar con hechos.

ADÁN AGUILAR PÉREZ Mi nombre es Adán Aguilar Pérez, represento a la Barra Nacional de Abogados Cristianos en el Municipio de La Trinitaria y también represento a un grupo de evangélicos que somos originarios del Ejido Santa Rita, de ese mismo Municipio. Hace dos años y medio se suscitaron diversos hechos de agravios. Nosotros somos evangélicos y en este Ejido a nosotros nos despojaron de terrenos, solares en donde están ubicadas nuestras casas. También nos tiraron las cercas, algunos corrales de animales y muchas otras cosas más como fue un delito también que cometieron en nuestra contra como el robo con violencia. Esto lo hicieron los creyentes católicos de esa comunidad. Desafortunadamente esto sucedió teniendo como origen el que crean allá los caciques de esa comunidad que la Ley de Usos y Costumbres que elaboran ahí mismo, internamente, en la comunidad, son superiores a las leyes que rigen nuestra nación como es la Constitución Mexicana. Creo muy necesario -y lo hago como propuesta, en esta hora- la necesidad de que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sean ampliadamente dadas a conocer hasta en los últimos rincones de nuestro Estado. Que las comunidades entiendan los derechos que tenemos como ciudadanos, como individuos; de que podamos ejercer libremente la religión que más nos plazca, sin ser obligados a participar en los usos y costumbres de cada comunidad. Que cada quien ejerza libremente su creencia. Eso es muy necesario que las personas de diferentes comunidades conozcan a fondo; las leyes y las garantías que también nuestra Constitución nos da. Y también propongo en esta hora que fuese creada una Fiscalía Especializada para tratar, para investigar estos problemas que se suscitan, causados por lo que ya mencioné: el creer que los usos y costumbres son superiores a toda ley que rige nuestro país. Es necesario que se cree esta institución, esta Fiscalía Especializada en Atención a la Intolerancia Religiosa; que quien no obedezca estas garantías que tenemos los ciudadanos mexicanos, pues sea castigado conforme a Ley y conforme a Derecho y que no se les permita a aquellas que se atreven a retara la autoridad, a retar a las Leyes, sigan haciendo de las suyas.

Que no se les siga permitiendo porque lejos de mejorar la calidad de nuestro Estado, lejos de avanzar hacia delante, estemos yendo para atrás; que las mismas autoridades permitan que las garantías de nuestros derechos sean violados a nosotros los evangélicos y a cualquier otra religión que exista en nuestro estado. Son dos cosas que yo creo muy importantes y que quiero que sea tomada nota de esto, que es la difusión completa en todas las partes de nuestro estado del derecho a ejercer la religión sin ser hostigado. Y que se cree esta instancia en el gobierno, de investigar específicamente que la fiscalía misma, el Ministerio de Justicia se enfoque en la investigación de esta agresión, de esto que es recalcable en el abuso de que porque son la mayoría o porque crean que ellos son la autoridad, brinquen o transgredan la ley que rige nuestro país. Esta es mi petición, esta es mi participación. Y que el Dios que está en los cielos, que ama a todos los seres humanos sin excepción de persona, los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.

JOSUÉ PÉREZ La verdad que cuando uno escucha todas las expresiones, parece que estuviéramos batallando con un monstruo de mil cabezas y que creo que sería tan fácil solucionar los problemas de intolerancia religiosa y otros problemas que se derivan de los mismos con sólo aplicar la ley. Yo creo que eso es lo que necesitamos en México, que se aplique la ley, que la Constitución no solamente sea un libro que todos ignoran o todos pisotean y que es tiempo de que nuestras autoridades federales, gubernamentales, municipales, ejidales, puedan ver los beneficios que la iglesia evangélica produce para el país. Somos quienes menos damos problemas. Tanto dinero se invierte en Procuraduría de Justicia, de nada nos sirve llenarnos de jactancia y decir que hemos metido a la cárcel a 17 mil que estaban haciendo daño, cuando muchas veces las cárceles solamente se convierten en universidades del delito. El trabajo de los pastores es un trabajo loable, porque no encarcelamos, sino a través del Evangelio que proclamamos, las vidas de las personas son transformadas radicalmente. Y gracias a Dios, porque ahora se cuenta ya con 20 millones, y si en Chiapas las cosas están cambiando no ha sido gracias al gobierno, ha sido gracias a la predicación del Evangelio y gracias a la fe arraigada de cientos y cientos de personas que han preferido la cárcel y aún la muerte por profesar la fe en Cristo Jesús. Lamentablemente los delitos que se le achacan a nuestros hermanos es dejar de beber licor y dejar de encender veladoras, ese es el delito por el cual tienen que ser sacados de sus comunidades para vivir en el monte con techos de hojas de plátano y comer hierbas o cocinar hierbas, y sin que haya una autoridad competente que por favor nos haga justicia. Lo cierto es que cuando todos nos han olvidado, Dios no nos ha olvidado, pero queremos pedirles, porque sobre nuestras autoridades recaerá la responsabilidad de dar cuentas ante Dios, porque dice la Biblia que las autoridades que están hoy han sido establecidas por Dios. Y nosotros los cristianos somos respetuosos de nuestras autoridades. Por eso muchas veces no se enteran de nuestros sufrimientos, porque somos la gente que no hacemos plantones, no cerramos carreteras, no quemamos edificios, sufrimos lamentablemente calladamente todas las injusticias de donde vengan, a veces de nuestras propias autoridades; más sin embargo, al ser ya más del 38 por ciento del pueblo evangélico, ya no se puede ignorar, necesitamos que se haga justicia en nuestro estado de Chiapas y en nuestro país mexicano.

Parece ser confrontación lamentablemente, parece ser confrontación la que se mantiene entre la iglesia evangélica y la iglesia católica, no quisiéramos que fuera así, lamentablemente a ellos se les da más privilegios que a nosotros. Por ejemplo, si hablamos de los medios de comunicación, se transmite en cadena nacional festividades religiosas de esta religión y a la iglesia evangélica se le ha vetado de estos derechos. La iglesia evangélica tiene eventos formidables, maravillosos, gloriosos, espectaculares, nunca sale en las noticias; pero cualquier cosita que pasa con la iglesia católica es motivo de noticia y acaparan los medios de comunicación; más sin embargo a la iglesia evangélica no se le permite tal derecho, cuando nosotros tenemos un mensaje que transforma a la sociedad, un mensaje que hace cambios radicales. Estamos cansados, como personas que tenemos principios morales, de tener medios de comunicación con tanta basura que está contaminando y envenenando a nuestra niñez, y que si seguimos en este camino, lamentablemente a cada día sufriremos más las consecuencias de nuestras desviaciones; telenovelas que sólo promueven la infidelidad matrimonial, que echan por abajo los principios morales; películas que sólo abanderan la violencia; programas de hechicería, programas de brujería; programas de 01-900, que solamente están propagando la maldad y la desgracia de nuestra sociedad. Ahora, como dijera el hermano del municipio de Margaritas, ¿se estará tomando en cuenta o solamente estamos perdiendo el tiempo? Lo cierto es que nos hagan caso o no, nosotros tenemos una misión, predicar a Jesucristo en las buenas y en las malas. Oramos, créanlo, señores funcionarios, oramos por ustedes, es nuestra responsabilidad, sean buenos o sean malos. Que Dios los bendiga, pero un día van a dar cuenta delante de Dios también ustedes, y no hay cosa más importante que poder tener a Cristo en el corazón. El llegar a ser un funcionario dependió de los votos de la sociedad, pero ser salvos les corresponde a cada uno de ustedes. Nadie puede votar por su salvación, es una decisión personal. El pueblo evangélico, estoy convencido que somos pueblo de bien y sólo así haremos de Chiapas un Chiapas mejor y un México diferente. Ánimo, mis hermanos, que muchas veces han bebido sus propias lagrimas y muchas veces ni nosotros sus hermanos nos enteramos y han sufrido solos. Perdónennos. Y no cabe la menor duda que Dios está con ustedes y también con nosotros. Gracias.

ALFONSO FARRERA Pues ya, después de escuchar muchas propuestas, quejas, yo quiero concluir nada más, quiero ser breve y referirme a que nuestra Constitución en su Artículo 1º, dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a respetarle sus derechos que la Constitución Política protege sin limitación alguna. El Artículo 2º de la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público dice que ninguna autoridad tendrá preferencia, favor o en contra de religión o grupo religioso. El Artículo 130 de nuestra constitución define claramente la separación de estado y religión. También quiero agregar, que todos aquí sabemos que hubo una revolución llamado de los cristeros donde se derramó mucha sangre, de ahí se quedó firme la separación del Estado-Iglesia. Es una pregunta que hago a las autoridades de aquí del Estado de Chiapas y es una recomendación que hago a las autoridades federales; si está bien establecido la separación de Estado-Iglesia, por qué aquí en el Estado de Chiapas se está promoviendo por parte del gobierno una estatua aquí en el Cerro de Copoya, si está bien definido la separación Estado-Iglesia, ¿por qué el estado está vendiendo cada ladrillo donde ponga la mano de cada ciudadano chiapaneco vendiéndolo, no sé, a peso, a miles de pesos para fomentar esta imagen. El problema es esa capilla que van hacer abajo, con la sutileza política de decirle que es con fines culturales, con fines de turismo pero por qué van a promover y por qué van a meter recursos económicos para crear imágenes, nos están ofendiendo a nosotros que no somos de la misma religión que los católicos. Nosotros hacemos una petición a nuestras autoridades, que le hagan un cuestionamiento al estado, por qué están invirtiendo recursos y por qué están fomentando. ¿Por qué ponen a las calles nombres de religión de imágenes religiosas, por qué ponen a las calles, a las colonias nombres religiosos? Aquí hay San Pablo, San Juan y la Virgen y todos esos, ¿verdad? Número uno. Para que este evento no sea ocioso, este evento no sea algo incongruente de las tantas decenas de reuniones que yo he asistido, el cual yo respeto, por supuesto, y agradezco y felicito estas reuniones que creo que ha sido bastante interesante, pero para que no sea un fracaso esta reunión yo quiero plantear dos puntos nada más.

Que si nosotros nos levantamos de esta mesa y no proponemos algo congruente o un caso real y si no lo resolvemos entre todos, aquí las autoridades federales, estatales y municipales y organizaciones no gubernamentales qué triste sería haber venido aquí a esta reunión, haber perdido todo el día. Yo quiero hacer una invitación a la autoridad de Oaxaca concretamente y con el respeto que me merece y no lo hago con otra intención, de que en este momento, hace aproximadamente tres horas a una familia completa como de 15 personas, que hace ocho años que le privaron de los derechos que tiene como ciudadano allí, le dejaron fuera de los programas de campo, le quitaron las oportunidades que existen de gobierno, como el asunto de Solidaridad, le prohibieron la cacería, le tienen prohibido que vaya cortar leña, les expulsaron sus seis hijos que tiene del kinder, la primaria, la secundaria, le expulsaron sus seis hijos de la escuela. Le digo, ya tiene más de ocho años. Lo han encarcelado, lo han golpeado. La tubería que llegaba a su casa se la arrancaron y lo más grave de todo esto es que hace exactamente una semana que le prohibieron tomar agua del río para cuestiones personales como para tomar. Yo creo que eso es grave, pero lo más grave es que se han hecho denuncias penales, se ha promovido la queja a derechos humanos de allí del Estado de Oaxaca y han hecho caso omiso. Me da tristeza que digan los funcionarios públicos, como el ministerio público, que platiqué con ellos, digo: ¿Saben qué? Aquí no va pasar absolutamente nada, porque si al gobernador que cometió ilícitos, se está manejando políticamente, este delito que aquí de tanto despojo, tantas violaciones a la Constitución y a sus derechos humanos es flexible porque aquí prevalece más la política que la ley. Entonces, el caso es que hace tres horas aproximadamente fueron expulsados de su comunidad. Ya es grave eso. La comunidad se llama, el nombre de la persona se llama Geodeón Ángeles Cruz y la comunidad se llama San Pedro Tepalcatepec del Municipio de San Carlo Yautepec, les digo, hace tres horas, después de ocho años que ha estado aguantando, sufriendo como decían algunos pastores, que han sembrado con lágrimas, con sangre, con humillación, con rencor la palabra de Dios allá, gente que no toma, que es diferente o tuvo la osadía de ser diferente. Entonces, hace tres horas lo acaban de expulsar. Pero repito, eso no es lo más grave; lo más grave es que las autoridades no han hecho nada.

Se lo dejo como un planteamiento, que si después de esa reunión eso se llega a resolver, sería ideal. Caso concreto a las autoridades de Chiapas. Pongo el caso concreto de aquí de Adán que hace años que lo han estado amenazando, le privaron de sus derechos, alrededor de su casa llegaron y le pusieron alambrados con púas para que no pueda ni siquiera ir al baño que está al fondo de su solar, lo despojaron, hay denuncia penal, se ha hecho queja en derechos humanos y tampoco ha sido cosa ociosa, de risa, de burla. ¿Dónde están los derechos humanos, dónde está la Constitución, dónde están las autoridades? Pongo otros dos ejemplos, el hablo de dos autoridades que están aquí, concreto. Si esos dos casos, entre todas las autoridades federales, estatales, municipales no resolvemos ese punto, créanmelo que mucho gusto haberlos saludado, haber platicado con alguno de ustedes, pero en nuestra conciencia está que gente humilde está siendo despojada, ha sido humillada, se le han violado sus derechos. Yo quisiera que de esta reunión cuando menos resolvamos esos dos puntos. Nosotros estamos pidiendo a los gobiernos de que en los textos gratuitos o que los profesores estén difundiendo los derechos humanos, la libertad religiosa para que vayamos creando un poco de conciencia en nuestra sociedad. No sé, es un reto, es una súplica como ciudadano de que resolvamos estos dos casos nada más y que les demos seguimiento, es caso concreto y aquí están las personas. TONATIUH LAY: Muchas gracias. Antes de continuar, por cuestiones de agenda el doctor Estuardo Bermúdez, Titular de la Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, va a hacer uso de la palabra. Estuardo Bermúdez: Quiero, como responsable de la Unidad encargada de elaborar el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos, que regirá la actividad de la materia de la administración del Presidente Calderón, agradecer a todos y cada uno de ustedes su interés, su participación, sus inquietudes, para conformar uno de los elementos esenciales en la elaboración de este programa. Uno entre muchos, pero muy significativo, las sentidas demandas que tienen las organizaciones, los ciudadanos en el tema de los derechos humanos. La transversalidad y la progresividad de estos derechos obligan a que un programa

de esta naturaleza, con sus objetivos y pretensiones, sólo pueda elaborarse bajo un mecanismo de consulta. Ha resultado que en estos cuatro foros regionales que hemos tenido, un gran número, como acaba de ser el caso, se enfocan a la presentación de denuncias concretas, de la cual nosotros traemos dos productos: la inquietud y el conocimiento de lo que está aconteciendo. De aquí me llevo dos temas específicos, intolerancia, situaciones religiosas y desplazamientos, que habrán de conformar políticas específicas en el programa. Y, por otro lado, la denuncia concreta que habrá de ser canalizada, independientemente de que ya exista, para su seguimiento o para su inicio a todas las instancias, tanto federales, si es el caso, estatales o municipales. Nosotros estamos teniendo –como ustedes ven- un registro y este producto, estas denuncias son orientadas a las autoridades competentes, pero además este planteamientos nos genera elementos para incluir el programa. Por –como se ha dicho- razones de agenda me obligan a tener que ausentarme ya, pero tengan la plena seguridad que sus ponencias, ya sea escritas o verbales y las que sigamos recibiendo, porque está abierta la página de Internet para recibir toda clase de propuestas, se habrán de considerar en el programa que estamos elaborando. Y en ese tenor, agradezco nuevamente a cada uno de ustedes su participación y su interés a las personas, a las organizaciones y a las autoridades que tuvieron a bien acompañarnos. No clausuramos este foro porque nos queda el último en la ciudad de Monterrey y en su momento habremos de procesar la información aquí generada. En cuanto a las denuncias presentadas, en su caso estaremos informando también de su canalización, seguimiento y esperamos solución a cada caso que se nos ha dicho. Muchas gracias por su asistencia y les ruego una disculpa por tener que retirarme.

Jorge de la Cruz Mi nombre es Jorge de la Cruz Álvarez, soy pastor evangélico y estoy trabajando en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Estamos trabajando en este municipio y lo que estamos haciendo es en este municipio de Maravilla Tenejapa, es familiarizándonos con las diferentes iglesias en toda esta región, no importando la denominación, ya que Cristo es vida y no denominación. En el municipio de Maravilla Tenejapa estamos entresacando en todos los pueblos del municipio para unirnos como pueblo cristiano. Creemos que ya es tiempo de protestar y demandar que se nos respete como personas humanas, que tenemos derechos como todos los demás. Les pido, hermanos, sigámonos uniendo con nuestros dirigentes cristianos a nivel municipio, estatal y nacional. De esta manera fortalecemos los derechos humanos. Es bueno y sugiero que se nos lleven talleres de capacitación, de derechos humanos en las regiones municipales. Qué bueno que estamos haciendo una cadena larga formada por muchos eslabones, desde los pueblos cristianos más marginados hasta la cabecera nacional, como donde nos representa al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, nuestro hermano Alfonso Farrera. Y es un privilegio conocer a nuestro hermano y tener a nivel nacional un líder que nos represente y que habla con valor, porque ser hijo de Dios, creo, estoy consciente que es algo digno. Y espero que nos apoyen en las regiones, los municipios, en los pueblos más lejanos, más remotos, para que nos lleven más talleres, más información de todo lo que estamos viendo, porque así, si toda la nación, todos los pueblos, que ya se ha dicho que somos como el 50 por ciento en Chiapas de cristianos, estamos tomando número, un número casi a un 50 por ciento. ¿Y qué pasaría si el 80 por ciento nos convertimos en hijos de Dios y qué pasaría si el 90 por ciento de Chiapas o de toda la nación nos convertimos en iglesia cristiana? Tomaríamos más autoridad al asunto del bien, tomaríamos más autoridad por ejemplo como cuando el pueblo judío en Egipto, se comenzó a multiplicar. Y algo personal, que siempre me viene esta cita bíblica, hermanos y autoridades también del Gobierno, les comparto como amigos, yo creo que ese es el motivo de estar platicando, yo creo que esta es una plática que tenemos entre ambos para llevar a cabo un punto de que se nos atienda al pueblo de Dios. Creo que esa es la idea también de esta reunión. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo de Dios creció grandemente y tomó más autoridad y hablo como cristiano, como hijo de Dios porque dice la palabra del señor que de la abundancia del corazón habla la boca y es por eso que yo me expreso de esta manera, de esa

paz, de ese gozo que obtení en una iglesia cristiana, en una iglesia que se predica con valor lo que muchos pastores y líderes cristianos estamos predicando. La verdad de Jesucristo es lo que realmente nos trae vida nueva, nos trae una regeneración, como decía nuestra hermana, nos trae vida, nos trae educación y ya no se van a ocupar tantas cárceles y tanta autoridad, tanta mano dura porque con el evangelio, los jóvenes de nuestras colonias, nuestras comunidades, de nuestras ciudades, los jóvenes son transformados. En el municipio de Maravilla Tenejapa hay jóvenes que han dejado la droga, han dejado el alcohol y ahora están en una iglesia levantando las manos y diciendo que Dios es real y diciendo que Dios es bueno, por lo tanto ser cristiano es maravilloso. Y mis respetos para las autoridades de gobierno, no tengo mucha experiencia en decir quién es uno y quién es otro pero que Dios los bendiga a todos y los amamos de parte también del Municipio de Maravilla Tenejapa en Chiapas.

MARINA PATRICIA JIMÉNEZ RAMÍREZ Yo soy Marina Patricia Jiménez Ramírez, soy defensora de los derechos humanos, actualmente trabajo como asesora externa de la Directora del Instituto Estatal de la Mujer. Yo quisiera comentar varias cosas, primero señalar que una de las situaciones que me parece que es lacerante en el país, respecto de los derechos humanos es la situación que vivimos las mujeres. En la legislatura anterior se hizo una investigación coordinada por la doctora Marcela Alargarde, quien estuvo como diputada, y estuvieron haciendo una investigación sobre la situación de los derechos de las mujeres y particularmente sobre la situación de los feminicidios en este país y creo que es una deuda pendiente. Si bien podemos reconocer que una ley importante en este momento es la Ley General de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia y que en el Estado de Chiapas, por fortuna se legisló y se aprobó, hace un mes se hizo público en el Diario Oficial. Esto es una realidad que genera una diversidad de situaciones de violaciones a los derechos humanos y que en las modalidades y en los tipos de violencia que están contempladas en la ley podemos constatar que tanto en los informes que se tienen de la CEDAU, los informes que se tienen sobre la Organizaciones de Naciones Unidas, uniformes de organismos como UNIFEM, de una manera constante se está señalando la situación de violencia, de discriminación que vivimos las mujeres, no solamente las mujeres indígenas, pero particularmente creo que hay un llamado de atención fuerte a que las autoridades en los tres ámbitos de gobierno pongan atención y generen políticas para atender la situación que hay en torno a sus derechos económicos, sociales y culturales. Otra cuestión que me parece importante señalar es que creo que se tiene que generar una política para que a nivel de los diferentes órdenes de gobierno, se trasverzalice las políticas de género y que también contemple la situación de pueblos indígenas. En ese sentido, yo quisiera también señalar con preocupación que con el Gobierno Federal actual, el presupuesto que se tiene contemplado de atención a los derechos de las mujeres, en relación a la administración anterior hay una disminución significativa. Ojalá que en la legislatura del gobierno actual, que salió, en el presupuesto no pase lo mismo porque se puede decir: Estamos defendiendo los derechos de las mujeres, estamos atendiendo las recomendaciones como la CEDAU u otros pero si eso no se ve claramente en la cuestión de presupuestos públicos, si no se garantiza una política que atiende a esto, pues bueno, eso se convierte en retórica, ojalá no pase eso.

Otro aspecto que me parece también importante señalar como un problema grave en este país es la problemática de procuración y administración de justicia. Particularmente me parece crítico y ojalá que en ese sentido se puedan contemplar medidas entorno a que no puede haber militares que estén como procuradores de los derechos civiles de los ciudadanos, esto me parece grave. Creo que debemos aprender de las situaciones que se vivieron en Sudamérica o en Centroamérica en donde los militares son quienes están al frente de la procuración de justicia y no se puede ser juez y parte, cuando muchos de los militares están señalados por graves violaciones a los derechos humanos en diferentes niveles, no me voy a meter a casos, pero hay muchos casos en la Comisión Interamericana en donde hay casos de abusos de militares en diferentes estados; en Guerrero, en Oaxaca, aquí en Chiapas y que son casos que siguen todavía como cuestiones pendientes. Por un lado está esa parte, la otra cuestión es que creo que se tiene que estar difundiendo la ley de servidores públicos, creo que tiene que haber una transparencia, no solamente en el manejo de los recursos sino en cómo se actúa y en ese sentido, en el ámbito de procuración de justicia es uno de los ámbitos en donde se dan más situaciones de corrupción. Muchas veces se dice, bueno ejemplo de lo que comentaba la persona que nos ponía el ejemplo de lo que le pasó en la Ciudad de México, pero así podemos ver una diversidad de cosas; cuando una mujer va a denunciar, por ejemplo, una situación en donde ha sido agredida por su esposo, ha sido violada, ha tenido situaciones de acoso sexual, muchas veces a las mujeres se les pone como: “A ver, demuéstrame eso o qué hiciste tú para merecerte esto. A mí me parece que se tiene que hacer una sanción específica hacia los funcionarios y que por fortuna en la Ley General de Acceso están señaladas las sanciones, pero me parece que es muy importante que en los reglamentos de las legislaciones locales esto se pueda contemplar, porque muchas veces los ministerios públicos, los jueces o en el ámbito hasta de los médicos legistas hay una serie de acciones de impunidad que me parece que no se pueden permitir. En otro sentido también quisiera señalar que es muy importante el que se pueda promover la participación de las mujeres indígenas como jueces. Hay muchas mujeres indígenas que han tenido capacitaciones diversas a nivel de diferentes estudios. Aquí en Chiapas, por ejemplo, el municipio de Zinacantán es uno de los pocos municipios donde hay una mujer juez de paz, y creo que es algo que se tiene que promover. Si queremos que realmente haya una participación de los pueblos indígenas se tienen que incentivar políticas que generen su participación, que les den puestos

a nivel de diferentes espacios a nivel público; y por otro lado, que se tiene que incentivar una política que efectivamente promueva recursos para generar un desarrollo más integral. También yo quisiera hacer un llamado de atención a lo que la doctora Araceli Burguete señalaba en su ponencia magistral respecto de la grave irresponsabilidad de las autoridades en sus diferentes niveles, de los llamados de atención con respecto a la protección civil. Lo que pasó en Tabasco se sabía desde hace tiempo, lo que ha pasado en Chiapas se ha sabido desde hace tiempo. Tenemos centros de investigación serios, formales, a nivel local y es muy lamentable que no se tomen en cuenta ni se atiendan las investigaciones y lo que los investigadores dan a conocer. En Chiapas, por ejemplo, hace dos semanas se está hablando que en San Cristóbal de las Casas es una de las regiones en donde es muy probable que ocurran inundaciones graves. Lo están anticipando ahora y no es un asunto nada más de una investigación que se hizo hace dos semanas. Entonces creo que hay que poner atención sobre ese tipo de situaciones. Y quisiera concluir con otro problema grave y que nos compete en la región sureste. Yo creo que es evidente que muchas de las organizaciones sociales que indican diversas demandas están viviendo una situación también de abusos de autoridad por la actuación de diferentes cuerpos policíacos. Me parece grave que se sigan dando casos de personas desaparecidas, que se sigan generando situaciones de represión. No podemos estar hablando de democracia y derechos humanos cuando tenemos presos políticos en Oaxaca, de organizaciones como lo que señalaba la doctora Araceli Burguete, como ha habido otra diversidad de organizaciones aquí en Chiapas y me parece que eso es uno de los focos rojos que tenemos en este país y que también se tienen que atender.

Tonatiuh Lay: Terminamos la participación de las personas que pidieron la palabra. Pasamos ahora a una breve discusión de lo que aquí se comentó. Rosario Villalobos: Bueno, no se encuentra el pastor, supongo, o la persona que hizo referencia al tema de San Carlos Yautepec. Nosotros hacemos el compromiso de poder, lo asumimos, lo tratamos, incluso pedí ya información que hay al respecto del tema de intolerancia religiosa. Yo solamente como una cuestión de información, en Oaxaca existe una Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual represento yo, que está totalmente separada de la Procuraduría, pero también dentro de la Secretaría General existe una dirección, se llama Dirección de Gobierno que atiende específicamente el tema relacionado con las asociaciones religiosas y hemos tenido éxito en el tratamiento de éstas. Con esto no quiero decir, ni me comprometo, porque no es el área que yo trabajo, no obstante el área que yo atiendo es el área de violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos, entonces estaremos atentos a resolverlo y enseguida, en breve, nos ponemos en contacto para poder atender el caso de manera directa con las personas en San Carlos Yautepec. Solamente también quiero agregar algunos asuntos que yo creo que yo no podría decir, más bien tendríamos que ser cuidadosos en señalar, yo no me atrevo a señalar, porque no soy Dios y no me compete si alguien es criminal o no, o cometió delitos o no. Yo creo que tendrían las autoridades que tener, a través de una investigación, saber si en este caso el gobernador del Estado cometió un delito. Lo que sí quiero decirles es que Oaxaca como gobierno, hemos asistido en innumerables veces desde que se inició el gobierno, citados por organismos no gubernamentales a la sede de la Comisión Interamericana en Washington, también hemos estado, recibido innumerables visitas, acabamos de pasar un conflicto que estamos dando respuestas a las recomendaciones que nos hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este sentido yo quiero decir que, en palabras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Oaxaca no hay desaparecidos. También quiero decir que en Oaxaca no existen los presos políticos. Creo que son diferentes opiniones que por supuesto respetamos y valoramos, y que tendremos que darnos la oportunidad de conocer también qué pasa, que está habiendo en Oaxaca, cómo estamos retomando y asumiendo las violaciones que en materia de derechos humanos hubieron en el estado, cómo estamos moviendo nuestras agendas para poder ir dando las respuestas que la sociedad nos está demandando; y además respuestas desde el gobierno que no solamente tenemos que dar respuestas a algunos grupos que se autodenominan Asamblea

Popular, porque también existen las personas con discapacidad y forman parte de la sociedad oaxaqueña, también existen las personas con una ideología distinta, también existen los de las diferentes religiones, también existen hombres, también existen mujeres, existen indígenas. Un gobierno no puede estar a satisfacción de un solo grupo. Por lo tanto, estamos abiertos a enmendar y a sancionar, de acuerdo a nuestras leyes y bajo el Estado de Derecho, todas aquellas violaciones en materia de derechos humanos que desde el gobierno se pudieran haber o se pudieron haber cometido. También, efectivamente, coincidimos en que hay que mover las agendas a nivel federal y hablamos efectivamente en Oaxaca de asesinatos de mujeres como en nuestra región Sur-Sureste, no femenicidios, nosotros no usamos, no consideramos que ese sea el concepto porque no podemos generalizar, femenicidios en todo un estado porque no es una política de estado. Si fuese una política de estado el asesinar a las mujeres sí podríamos tipificarlo de esa manera. Luego entonces, si decimos que se tienen que aclarar, independientemente de la conceptualización, todos aquellos crímenes que se hagan en contra de las mujeres. Eso es una cuestión que tendríamos que señalar. Gracias. TONATIUH LAY: Bueno, cerramos el evento y los invitamos a la comida. Muchas gracias.

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