ces consejo económico y social - 31 · 2016. 5. 25. · consejo econÓmico y social espaÑa [5 en...

31 / 2016

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016

PANORAMA ECONÓMICO

AvAnces en lA luchA contrA el cAmbio climático: el Acuerdo

de PArís y el sistemA euroPeo de comercio de derechos de

emisión

MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

dos décAdAs de solución AutónomA de los conflictos

lAborAles

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL

lAs necesidAdes de viviendA y lA eXclusión residenciAl

en esPAÑA

ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA Y LABORAL

indicAdores / noticiAs

DOCUMENTOS DEL CES

informes

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA [1

31 / 2016

PRESIDENTE

Marcos Peña Pinto

SECRETARIA GENERAL

Soledad Córdova Garrido

CONSEJO EDITORIAL

Jorge Aragón MedinaAna Esperanza Beltrán BlázquezJuan García BlascoJerónima Bonafé RamisDionís Oña i MartínJosé Manuel Vilar Martínez

DIRECTOR

Luis Sauto

CESC/ Huertas, 7328014 MadridTeléfono: 91 429 00 18Web: www.ces.es

006] ARTÍCULOS• AVANCES EN LA LuChA CONTRA EL CAMBIO CLIMáTICO: EL ACuERDO DE

PARíS y EL SISTEMA EuROPEO DE COMERCIO DE DEREChOS DE EMISIóN

• DOS DéCADAS DE SOLuCIóN AuTóNOMA DE LOS CONfLICTOS

LABORALES

• LA VIVIENDA SOCIAL EN ESPAñA

065] ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA Y LABORAL• 066] INDICADORES

La economía española en 2015

Coyuntura laboral

Población, envejecimiento y alcance de la protección social

Mejoría del indicador de clima industrial

Evolución de la renta agraria, 1990‑2015

• 094] NOTICIAS

El Banco de España aprueba la Circular 2/2016 sobre supervisión y solvencia de

las entidades de crédito

La fundación SIMA conmemora, en la sede del CES, los veinte años de la firma

del primer Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC) 1996‑2016

099] DOCUMENTOS DEL CES• 100] INfORMES

ESCRIBEN EN ESTE NúMERO

Victoria Mestrefernando MartínezMagdalena del Llano

Actualidad socioeconómica y laboral

Inmaculada Ordialesfernando Martínez

Reyes de BlasNuria Moreno‑ManzanaroMyriam BenyakhlefInmaculada OrdialesManuel NúñezJulia Collado

COORDINACIóN EDITORIAL

Julia Collado

Edición

Irene Nieto

Infografía

José Luis Manzanares

La reproducción de este número de la Revista

Cauces está permitida citando su procedencia.

ISSN: 1888‑038X (edición impresa)

ISSN: 1988‑3463 (edición internet)

Deposito legal: M‑11276‑2015

Imprime: Imprenta Nacional de la AEBOE

Los Cuadernos Cauces recogen materiales y

trabajos elaborados por los servicios del Con‑

sejo como aportaciones al dialogo, el debate

y la información, y no representan, en ningún

caso, las opiniones y pronunciamientos insti‑

tucionales del CES que son exclusivamente

realizados y aprobados por sus órganos com‑

petentes.

PRESENTACIÓN

MARCOS PEÑA PINTO

Presidente del Consejo Económico y Social


En esta nueva edición de la revista CAUCES se abordan tres temas de especial interés. En efecto, no cabe duda de que el cambio climático constituye un tema de la mayor trascen‑dencia. Las instituciones y foros económicos internacionales así lo manifiestan también desde hace años, al subrayar en sus diversas cumbres el impacto negativo del cambio cli‑mático en el potencial del crecimiento de la economía mundial. El primero de los artículos hace por lo tanto un repaso de las principales decisiones adoptadas en París a finales de 2015 sobre el cambio climático en el marco del Acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas y señala con perspectiva la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa.

El segundo de los artículos se ocupa, con ocasión de la celebración del 20 aniversario del primer Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales, de pasar revista a la evolución y situación actual del sistema de solución autónoma de los conflictos labo‑rales a lo largo de las dos últimas décadas. En el mismo se concluye que los resultados de dicho sistema han sido claramente positivos, al haber impulsado la cultura del pacto y de la autocomposición, aportado un mecanismo cuyo eficaz funcionamiento ha reforzado la dinámica del conjunto de las relaciones laborales, favorecido la autonomía colectiva e im‑pulsado el diálogo social.

Por último, el tercer artículo se centra en el problema del acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, entendido como aquellas situaciones en las que una persona o familia no puede resolver su necesidad de alojamiento de forma satisfactoria. Para ello, expone y analiza la evolución del gasto en el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación desde el inicio de la crisis.

Marcos Peña Pinto

AvANCES EN LA LuCHA CONTRA EL CAMbIO CLIMáTICO: EL ACuERdO dE PARíS Y EL SISTEMA EuROPEO

dE COMERCIO dE dERECHOS dE EMISIÓN

PANORAMAECONÓMICO


AvANCES EN LA LuCHA CONTRA EL CAMbIO CLIMáTICO: EL ACuERdO dE PARíS Y EL SISTEMA EuROPEO dE COMERCIOdE dERECHOS dE EMISIÓN

El cambio climático podría, en los próximos cincuenta años, causar una pérdida del PIB global del orden del 9 por 100, pérdida que, en ausencia de acciones de mitiga‑ción y adaptación, podría elevarse al 20 por 1001 siendo, según el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de 2014, la influencia humana la causa predominante de esta alteración con “extrema probabilidad”.

El cambio climático, manifestado a través de un incremento medio de las temperaturas glo‑bales y la exacerbación de fenómenos meteoro‑lógicos extremos, está provocado por el aumen‑to en la atmósfera de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI2, mayoritaria‑mente CO2). La cantidad de CO2 emitida depende del tamaño de las economías, el nivel de indus‑trialización y la eficiencia en el uso de la energía, pero además de otros factores como usos del suelo, cambios en los usos del suelo, deforesta‑ción, agricultura, tratamiento de residuos, etc. Tradicionalmente, los países más desarrollados han sido considerados los mayores responsables de estas emisiones, frente a otros que, aun alber‑gando la mayor parte de la población mundial, se caracterizaban por una menor producción in‑dustrial y consumo de energía. No obstante, el avance de estos últimos está modificando este panorama.

Así, la relación entre crecimiento económico, demanda de energía y emisiones contaminan‑tes asociadas es actualmente voluble, ya que

1 Conferencia Científica Internacional “Sostenibilidad y Cambio Climático” (SyCC 14), organizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el City College of New York (CCNY), 23 y 24 de octubre de 2014.2 Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarburos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6).

mientras algunas economías, como China, atra‑viesan continuos cambios estructurales, otras están experimentando una ralentización de la demanda energética.

Además, el avance de la economía mundial se ha desacelerado en 2015. Las economías avan‑zadas registraron un crecimiento modesto pero mayor que el del año anterior, mientras que fue‑ron las economías emergentes las que experi‑mentaron el mayor crecimiento, pero registrando una fuerte desaceleración. A esta evolución ha contribuido la acusada caída del precio del pe‑tróleo que tuvo un impacto asimétrico sobre la economía mundial. Un prolongado periodo de bajos precios del petróleo podría repercutir ne‑gativamente en la necesaria transición hacia una menor dependencia energética, al desincentivar la inversión en tecnologías de eficiencia energé‑tica, o el ahorro energético3.

Tras exponer las principales decisiones adop‑tadas en el Acuerdo de París de 2015, el presente artículo presenta la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y describe el funcionamiento del comercio de derechos de emisión, prestando una atención especial al caso español.

3 Perspectivas de la Energía en el mundo 2015 (Agencia Internacional de la Energía, 2015).

10] CAuCES 31

La lucha contra el cambio climático y los puntos clave de la 21ª Conferencia de las PartesLa lucha contra el cambio climático parece ha‑berse acelerado en los últimos años. Así, Esta‑dos Unidos y China representaban en 2014 el 45 por 100 de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero; ese año ambos países alcanzaron un acuerdo en virtud del cual inten‑sificarán los esfuerzos de reducción en el medio plazo: Estados Unidos se compromete a reducir sus emisiones netas por debajo del 26‑28 por 100 hacia 2025 respecto a las de 2005, mientras China ha anunciado que aumentará el consumo de energía renovable hasta el 20 por 100 sobre el consumo total de energía en 2030 (actualmente este consumo alcanza un 10 por 100)4.

Por su parte, la Asamblea General de Nacio‑nes Unidas adoptó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos destaca la adopción de me‑didas urgentes contra el cambio climático. Asi‑mismo, el Informe sobre Riesgos Globales 20165, subraya la gravedad de los riesgos derivados de una gestión fallida de la mitigación y adaptación al cambio climático, responsable del agravamien‑to de la crisis del agua, la pérdida de biodiversi‑dad y el colapso de los ecosistemas.

Y finalmente, en noviembre de 2015 tuvo lu‑gar la última Conferencia de las Partes (COP 21), celebrada en París, que ha supuesto un claro avance en este sentido6.

4 XXI Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia‑Pacífico (10 y 11 de noviembre de 2014).5 The Global Risk Report 2016 (World Economic Forum, 11th edition, 2016).6 Ha sido en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático donde se han alcanzado compromisos concretos de reducción de emisiones GEI: en 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto (PK), por el cual 37 países industrializados decidieron reducir sus emisiones una media del 5 por 100 entre 2008 y 2012 respecto a 1990; posteriormente, en la Conferencia de las Partes sobre cambio climático celebrada en Durban en 2013, se aprobó el segundo periodo de vigencia del PK, que culminará en 2020, en el que los países desarrollados han

En efecto, durante la 21ª sesión de la Confe‑rencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que congregó a 196 países responsables del 98,5 por 100 de las emisiones, se alcanzó un Acuerdo que constitu‑ye un hito sin precedentes desde el inicio de las negociaciones del Protocolo de Kioto, al expresar un consenso universal, vinculante y a largo plazo para reducir las emisiones de efecto invernade‑ro. Su entrada en vigor requiere la ratificación de 55 países que supongan al menos el 55 por 100 de las emisiones mundiales de CO2, habiéndose establecido un plazo máximo de un año a par‑tir del 22 de abril de 2016 (recuadro 1). Tanto el Acuerdo como el mecanismo de revisión de los compromisos de cada Estado parte son universa‑les y jurídicamente vinculantes.

El documento establece un aumento límite de la temperatura de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales entre mediados y finales de siglo, para lo que se deberían reducir las emisiones entre 40 y 70 por 100 de aquí a 2050 respecto a las de 2010, con lo que se pretende alcanzar un equilibrio entre gases emitidos y absorbidos, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a partir de 2050. Hasta el momento, 189 de los 196 países negociadores han presentado planes de reducción de emisiones. Los países desarrolla‑dos se han comprometido a contribuir a la miti‑gación y adaptación en los países en vías de de‑sarrollo, movilizando al menos 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, y revisando al alza esta cantidad antes de 2025. El Acuerdo de París está fundamentalmente basado en la confianza, la transparencia, el compromiso y la cooperación de los Estados, y tendrá importan‑tes repercusiones en las políticas climáticas y energéticas así como en la adopción de un mo‑delo económico más limpio y sostenible. El reto ahora es la articulación de medidas efectivas por

reiterado su compromiso de continuar la financiación a largo plazo, movilizando hasta cien mil millones de dólares para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.


RECUADRO 1 PRINCIPALES ELEMENTOS dEL ACuERdO dE PARíS 2015 (COP21)

MITIGACIÓN DE EMISIONESLas partes deberán:

– Reforzar las respuestas al cambio climático para que el incremento de temperatura no supere los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y seguir trabajando para limitar dicho incremento a 1,5 °C.

– Actualizar las contribuciones nacionales a más tardar en 2020 y cada cinco años a partir de ese momento. – Intentar alcanzar el pico máximo de emisiones lo antes posible, de manera que se alcance una emi‑sión neta de cero en la segunda mitad de siglo.

– Contabilizar las emisiones y absorciones antropógenas según la metodología y sistemas estableci‑dos por el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, incluyendo todas las catego‑rías en sus contribuciones nacionales.

– Comunicar a la Secretaría, a más tardar en 2020, estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a 2050.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – Los organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras pertinentes, proporcionarán infor‑mación a las partes sobre la incorporación de medidas de defensa y resiliencia al cambio climático en los programas de asistencia al desarrollo.

– Las partes reforzarán la cooperación regional en materia de adaptación y establecerán centros y redes regionales, especialmente en países en desarrollo (Decisión 1/CP.16).

– El Comité de Adaptación, el Grupo de Expertos para Países Menos Adelantados, el Comité Permanen‑te de Financiación y otras instituciones, elaborarán metodologías y recomendaciones para fomentar el apoyo a la adaptación de países en desarrollo al aumento de temperatura media mundial.

– El Fondo Verde para el Clima acelerará la prestación de apoyo a países menos adelantados y otras Partes que son países en desarrollo para la formulación de planes de adaptación (Decisiones 1/CP.16 y 5/CP.17) y ulterior aplicación de políticas y programas.

PÉRDIDAS Y DAÑOS – Se mantiene el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático, tras examen en 2016.

– El Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia establecerá un centro de coordinación y gestión del riesgo para facilitar la elaboración y aplicación de estrategias de las partes, así como un equipo orientado a elaborar recomendaciones para evitar, reducir y afrontar desplazamientos relacionados con los efectos del cambio climático.

FINANCIACIÓN – Los recursos financieros proporcionados a países en desarrollo deberán reforzar la puesta en práctica de sus políticas, estrategias, reglamentos, planes de acción y medidas para afrontar el cambio climá‑tico respecto a la mitigación y adaptación.

– Antes de 2025, la Conferencia de las Partes establecerá un nuevo objetivo colectivo para los países desarrollados de al menos 100.000 millones de dólares por año, considerando las necesidades y prio‑ridades de los países en desarrollo.

12] CAuCES 31

– El Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, encargados del Mecanismo Financiero de la Convención, y el Fondo para Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático, estarán al servicio del Acuerdo.

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA – Se fortalecerá el Mecanismo Tecnológico. El Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y Red de Tec‑nología del Clima, proseguirán sus trabajos de investigación, desarrollo y demostración tecnológica, y mejora de las capacidades y tecnologías endógenas.

– El Órgano de Asesoramiento Científico y Tecnológico, comenzará a elaborar en mayo de 2016 (44º período sesiones) el marco tecnológico establecido.

– Se realizarán evaluaciones de las necesidades de tecnología, y mejora de la puesta en práctica de resultados, en particular planes de acción tecnológica e ideas de proyecto, mediante la preparación de proyectos financiables, aumentando el apoyo financiero y técnico prestado y creando entornos propicios para desarrollo y transferencia tecnológica.

FOMENTO DE LA CAPACIDAD – Se creará un Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad, cuyo objeto será afrontar las caren‑cias y necesidades que se detecten en la aplicación de las medidas de fomento de la capacidad en las Partes que son países en desarrollo, y mejorar la coordinación y coherencia de las actividades realizadas en el marco de la Convención.

– Objetivos del plan de trabajo 2016‑2020: aumentar sinergias mediante cooperación, evitar duplicida‑des entre órganos que realizan actividades de fomento de capacidad en la Convención, determinar carencias y necesidades en materia de capacidad y subsanarlas, promover elaboración y difusión de herramientas y metodologías para fomento de capacidad, impulsar la cooperación, determinar y re‑copilar buenas prácticas de los órganos de la Convención, estudiar mecanismos para que las partes que son países en desarrollo asuman el control de la capacidad en su territorio, fomentar el diálogo, coordinación y colaboración entre procesos e iniciativas de la Convención, desarrollo del portal sobre fomento de la capacidad en la web.

– El Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad preparará informes técnicos anuales sobre los progresos alcanzados en su labor.

– Las partes contemplarán la educación, formación y sensibilización en sus contribuciones al fomento de la capacidad.

TRANSPARENCIA DE MEDIDAS Y APOYO – Se establecerá una Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia para mejorar la capa‑cidad institucional y técnica, antes y después de 2020. Esta Iniciativa tendrá por objeto fortalecer las instituciones nacionales para actividades relacionadas con la transparencia, y ofrecer herramientas, capacitación y asistencia para el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo a este respecto.

– El Fondo para el Medio Ambiente Mundial encargado del mecanismo financiero, incluirá en su in‑forme anual los progresos sobre diseño, creación y puesta en práctica de Iniciativa para Fomento de Capacidad de Transparencia a partir de 2016. Las Partes deberán presentar esta información cada dos años como mínimo, excepto las Partes que son países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, que podrán presentar la citada información a su discreción.


BALANCE MUNDIAL DE EMISIONES

– El Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París determinará las fuentes que puedan hacer aportaciones al balance mundial y presentará un informe a la Conferencia de las Partes que incluya información sobre el efecto de las contribuciones nacionales, el estado de las experiencias y priorida‑des de adaptación, la movilización y suministro de apoyo, informes recientes del Grupo Interguber‑namental de Expertos sobre el Cambio Climático, e informes de los órganos subsidiarios;

FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO

– Se establecerá un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de las disposi‑ciones de este Acuerdo.

ACCIÓN REFORZADA EN PERIODO ANTERIOR A 2020

– Las partes del Protocolo de Kioto que aún no lo hayan hecho ratificarán y aplicarán la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto. Asimismo formularán y asumirán un compromiso de mitigación en el marco de los Acuerdos de Cancún.

– Las partes que son países en desarrollo que aún no hayan presentado sus primeros informes biena‑les de actualización lo harán lo antes posible.

– Las partes participarán en los procesos de medición, notificación y verificación de los compromisos de mitigación establecidos en el marco de los Acuerdos de Cancún.

– Las partes a promoverán la cancelación voluntaria, evitando doble cómputo de unidades expedidas con arreglo al Protocolo de Kioto, incluidas reducciones certificadas de emisiones para el segundo período de compromiso.

– Las partes que son países desarrollados mejorarán la prestación de apoyo financiero, tecnológico y de fomento de capacidad, para aumentar el nivel de exigencia de las medidas de las partes en el período anterior a 2020, mediante hoja de ruta orientada a movilizar 100.000 millones de dólares anuales para mitigación y adaptación hasta 2020.

– En 2016‑2020 se pondrá en marcha un proceso de examen técnico de la adaptación organizado conjuntamente por el Órgano Subsidiario de Ejecución y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, y dirigido por el Comité de Adaptación, que determinará las oportunidades concretas para reforzar la resiliencia, reducir las vulnerabilidades y aumentar la aplicación de las medidas de adaptación.

INTERESADOS QUE NO SON ESTADOS PARTE

– Deberán aumentar sus esfuerzos apoyando las medidas destinadas a reducir las emisiones y/o aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, comunican‑do dichas medidas a través de la plataforma de la Zona de los Actores No Estatales para la Acción Climática.

– Se establecerá una plataforma para que las comunidades locales y los pueblos indígenas intercam‑bien experiencias y mejores prácticas en materia de lucha contra el cambio climático y la adopción de medidas de respuesta.

Fuente: Convención Marco sobre el Cambio Climático, 21 periodo de sesiones, París 12 diciembre 2015.

14] CAuCES 31

parte de los países para alcanzar los objetivos propuestos.

Evolución de las emisiones de GEI en el contexto europeoEuropa ha sido líder en las sucesivas negociacio‑nes internacionales y en el establecimiento de objetivos desde las etapas iniciales del Protocolo de Kioto, asumiendo el mayor objetivo de reduc‑ción de gases de efecto invernadero en el Proto‑colo de 1997 y estableciendo por primera vez un sistema de comercio de emisiones supranacional. Así, entre 1990 y 2012 las emisiones europeas de gases de efecto invernadero disminuyeron un 15,1 por 100, reducción muy superior al 8 por 100 esta‑blecido por el Protocolo de Kioto para ese periodo.

Según el último informe de progreso de no‑viembre de 20157, Europa redujo las emisiones GEI en un 11,5 por 100 entre 2005 y 2012, debido fundamentalmente al cambio tecnológico, la adopción de tecnologías limpias y la crisis econó‑mica. Así pues, se encuentra en la vía para cumplir lo establecido en la segunda fase de compromiso

7 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo, Informe de Progreso de Acción por el Clima, incluyendo el relativo al funcionamiento del mercado de carbono y a la revisión de la Directiva 2009/31/CE sobre almacenamiento geológico de carbono [COM(2015) 576 final].

del Protocolo de Kioto (2013‑2020): alcanzar una reducción del 20 por 100 en 2020 (gráfico 1).

En lo que respecta a España, las emisiones experimentaron un progresivo aumento hasta 2007, año a partir del que registraron una fuerte caída, hasta 2014 en que se produjo un repun‑te de 1,34 puntos porcentuales. No obstante, en 2012 eran un 22 por 100 superiores a las de 1990, rebasando el límite establecido en el 15 por 100, por lo que ha sido necesario adquirir permisos de emisión para el cumplimiento de los compromi‑sos adquiridos.

Atendiendo a las emisiones por habitante, la evolución en el caso de España también muestra dos etapas: entre 2000 y 2007, donde se registra un ligero descenso y el comportamiento español sigue la trayectoria europea; a partir de 2007, en cambio, la reducción de emisiones por habitante es más pronunciada en el caso de España, lo que podría estar reflejando el mayor impacto dife‑rencial de la crisis económica entre 2007 y 2009 (gráfico 1).

Un análisis por sectores revela que en la Unión Europea casi el 30 por 100 de las emisio‑nes GEI registradas en 2013 se produjeron en el sector energético, seguido del transporte y el re‑sidencial (20 por 100 en ambos casos), mientras en el caso de España, el transporte es el sector de mayor incidencia (23,7 por 100), cuyo peso ha aumentado 3,7 puntos porcentuales desde 1990, seguido del energético (21,5 por 100) y el residen‑cial (17,7 por 100) (gráfico 2).

Se constata una tendencia a la reducción de emisiones GEI, que debería mantenerse e incluso acentuarse para cumplir el compromiso comuni‑tario en materia de clima y energía para 20308, entre cuyos objetivos vinculantes para todos los Estados miembros destacan reducir las emisio‑nes un 40 por 100 respecto a 1990 y alcanzar una cuota de renovables de al menos un 27 por 100.

8 Objetivos para 2030 en materia de clima y energía en favor de una economía competitiva, segura y baja en carbono en la UE (Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014).

En España, las emisiones experimentaron un progresivo aumento hasta 2007, año a partir del que registraron una fuerte caída, hasta 2014 en que se produjo un repunte de 1,34 puntos porcentuales.


gRáfICO 1 EMISIONES dE gASES EfECTO INvERNAdERO (gEI), 1990‑2014

4 España3 UE-28

100,0 98,1 95,0 93,4 93,0 94,1 96,0 94,3 93,6 91,8 92,1 92,9 92,1 93,7 93,8 93,1 93,1 92,1 90,283,7 85,5 82,9 81,7 80,2

74,8

100,0 103,1 106,4 102,9108,7

114,0 111,8116,6 120,2

129,3135,0 133,7

139,5 142,4147,7

152,8 150,4 153,5

142,0

128,7 124,7 124,6 122,3113,1 114,5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Emisiones GEI para UE y España, 1990-2013(1990=100)

4 España3 UE-28

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

Emisiones GEI por habitante en UE y España, 2000-2013(Ton CO2 eq)

Fuente: Eurostat.

16] CAuCES 31

gRáfICO 2 EMISIONES dE gASES EfECTO INvERNAdERO (gEI) POR SECTORES, 1990‑2013

Fuente: Eurostat.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Emisiones GEI UE por sectores(Millones Ton CO2 equ)

Q Industrias energía Q I. manufacturera y construcción Q Transporte Q Procesos industriales y uso productos Q Agricultura Q Residuos Q Hogares, comercios

0

100

200

300

400

500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Emisiones GEI España por sectores(Millones Ton CO2 equ)

Q Industrias energía Q I. manufacturera y construcción Q Transporte Q Procesos industriales y uso productos Q Agricultura Q Residuos Q Hogares, comercios


Se establecen además los objetivos indicativos de renovar las políticas de eficiencia energética de los Estados miembros y mejorar los indicado‑res para garantizar un sistema energético com‑petitivo y seguro, lo que requerirá optimizar la interconexión y coordinación del mercado ener‑gético europeo.

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en la Unión Europea (RCDE‑UE)El cumplimiento de los compromisos adquiridos en Kioto hace necesario recurrir a los denomina‑dos “Mecanismos de Flexibilidad”9, entre los que destaca el mercado europeo de carbono o régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE), re‑gulado por la Directiva 2003/87/CE10. Este comer‑cio se basa en un principio de límites máximos de emisión y comercio de excedentes (cap and tra‑de), en el que se fija un límite (cap) de emisiones totales para los sectores industriales, pudiendo las instalaciones afectadas adquirir o poner en el mercado derechos de emisión dentro de los már‑

9 El Protocolo de Kioto establece tres Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a los países Anexo I de la Convención la consecución de sus objetivos de reducción de emisiones GEI: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mecanismo de Aplicación Conjunta, denominándose a los dos últimos Mecanismos basados en proyectos, orientados bien a reducir las emisiones o a incrementar la capacidad de absorción de las mismas en países en desarrollo, no incluidos en el Anexo I, a través de la transferencia de tecnologías limpias. España, Austria y Países Bajos habrían adquirido una mayor cantidad de permisos (611 millones de euros en el caso de Austria, 365 en los Países Bajos y 382 millones de euros en el caso de España, sin incluir recursos presupuestarios asignados a adquisiciones bilaterales) (Progreso hacia los objetivos de Kioto 2008‑2012. Tendencias y proyecciones en Europa 2013, Agencia Europea de Medio Ambiente 2013).10 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. Además existe otra legislación orientada a regular aspectos específicos del RCDE (fugas de carbono, subastas o créditos internacionales).

genes establecidos, proporcionando flexibilidad para reducir las emisiones de forma rentable.

El comercio de derechos de emisión es una forma eficaz y rentable de impulsar en las em‑presas un recorte de emisiones de carbono y fomentar la innovación. Además, fomenta la competitividad al aproximarse a los costes eco‑nómicos reales de la producción. Desde una pers‑pectiva macroeconómica, representa una herra‑mienta útil en la transición hacia una economía menos intensa en carbono y con mayor seguri‑dad energética, aporta efectos tangibles sobre la productividad, y proporciona un estímulo a la innovación en tecnologías verdes, con mayores beneficios que los derivados de la inversión en innovación en combustibles fósiles.

La puesta en práctica del RCDE, iniciado en 2005, se lleva a cabo en distintas fases o periodos (recuadro 2). Actualmente, está en marcha el ter‑cer período, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2020, que promoverá inversio‑nes a largo plazo para la reducción de emisiones, así como una sustitución progresiva de la asigna‑ción gratuita por la subasta de derechos.

En total, el RCDE cubre alrededor del 45 por 100 del conjunto de las emisiones de la Unión Eu‑ropea, incluyendo las de centrales eléctricas y un amplio espectro de sectores industriales. De he‑cho, este comercio afecta a más de 12.000 centra‑les eléctricas y plantas de producción de la UE‑28, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como a las emisiones de los vuelos entre aeropuertos del Espacio Económico Europeo (EEE)11, que alcanza‑

11 Directiva 2008/101/CE por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a partir del 1 de enero de 2012. En septiembre de 2013, la Asamblea de Organismos Internacionales de Aviación Civil (OACI) acordó desarrollar antes de 2016 un mecanismo basado en criterios de mercado de alcance mundial, aplicable a partir de 2020, para controlar las emisiones de la aviación internacional; por ello, el Reglamento (UE) núm. 421/2014 reduce temporalmente el ámbito de aplicación del RCDE UE a las emisiones de los vuelos dentro del EEE entre 2013 y 2016.

18] CAuCES 31

ron 53,4 millones de toneladas en 2013 y a 54,9 millones de toneladas en 2014, lo que supone un aumento del 2,8 por 100.

En 2013 se estableció una hoja de ruta para la reducción de derechos de emisión aplicando un factor lineal anual de reducción del 1,74 por 100, con lo que se pretende alcanzar en 2020 una re‑baja total del 21 por 100 de las emisiones corres‑pondientes a los sectores incluidos en el régimen de comercio. Además se estableció el 10 por 100 de reducción para los sectores no incluidos, res‑pecto a 2005. A partir de 2021 la reducción anual de los sectores RCDE alcanzará el 2,2 por 100, con lo que se tratará de alcanzar una reducción del 43 por 100 en 2030.

La asignación de derechos ha sido en su ma‑yor parte gratuita hasta 2013, si bien la legislación europea ha previsto la eliminación progresiva de dicha asignación gratuita hasta su completa des‑aparición hacia 2027, a excepción de los sectores con riesgo significativo de fuga de carbono. De

hecho, desde 2013 el principal método de asigna‑ción fue la subasta, por considerarlo un sistema transparente y que pone en práctica el principio de que quien contamina paga (gráfico 3).

El 88 por 100 de los derechos a subastar se reparte entre los Estados miembros en función del porcentaje de emisiones verificadas de insta‑laciones incluidas en el RCDE; un 10 por 100 se asigna a los países miembros de menor riqueza, como fuente adicional de ingresos para reducir la dependencia del carbono y adaptarse al cambio climático; y el 2 por 100 restante se concede como un “plus de Kioto” a los nueve Estados miembros de la UE que en 2005 habían reducido sus emi‑siones GEI al menos un 20 por 100 por debajo del nivel de los años base del Protocolo de Kioto (Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía).

Al menos la mitad de los ingresos proceden‑tes de las subastas y el total de los correspondien‑tes al sector de la aviación deberían dedicarse a

RECUADRO 2 dESARROLLO dEL RégIMEN dE COMERCIO dE dERECHOS dE EMISIÓN, 2005‑2030

Primera fase (período 2005‑2007): en esta etapa se estableció un precio para el carbono, se definió el comercio europeo de derechos de emisión y se creó la infraestructura para controlar, registrar y verifi‑car las emisiones de las empresas afectadas. El número de derechos emitidos en el periodo, basado en una estimación de las necesidades, resultó ser excesivo, y el precio cayó a cero en 2007.

Segunda fase (período 2008‑2012): orientada a cumplir el objetivo del primer período de compromi‑so del Protocolo de Kioto (entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012). Durante esta etapa, aunque se reduce en un 6,5 por 100 el número de derechos, la crisis provoca una reducción de la deman‑da que provoca un excedente de derechos no utilizados, lo que de nuevo hunde el precio del carbono. En 2012 se incluye la navegación aérea y se produce la adhesión de Islandia, Noruega y Liechtenstein.

Tercera fase (período 2013‑2020): adhesión de Croacia. Reforma del sistema, introduciendo un techo europeo de emisiones para el RCDE, que se reducirá un 1,74 por 100 al año, y una sustitución progresiva de la asignación gratuita por la subasta de derechos. Para las emisiones no sujetas al RCDE UE el obje‑tivo será del 10 por 100 en 2030 respecto a 2005.

Cuarta fase (período 2021‑2030): persigue el objetivo de reducir las emisiones no sujetas al RCDE UE un 30 por 100 en 2030 respecto a 2005. Para el RCDE el número global de derechos de emisión se reducirá, a partir de 2021, a un ritmo anual el 2,2 por 100 frente al 1,74 por 100 actual.

Fuente: Anexo al Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Informe de situación sobre la acción por el clima, incluidos el Informe sobre el funcionamiento del mercado europeo de carbono, y el Informe sobre la revisión de la Directiva 2009/31/CE, relativa al almacenamiento geológico del dióxido de carbono (Bruselas, 23 de noviembre de 2015).


la lucha contra el cambio climático en Europa o en otros países.

Problemas a resolver en el régimen RCDE UEComo se ha adelantado, el RCDE afronta desde 2008 un superávit creciente de derechos, debi‑do a una reducción de las emisiones mayor a la esperada, en gran parte a causa de la crisis eco‑nómica, que produjo un excedente de 2.000 mi‑llones de derechos de emisión en 2012, lo que a largo plazo podría afectar a la capacidad del sis‑tema para acometer objetivos más exigentes de reducción de emisiones de forma rentable. Ese año la Comisión presentó una propuesta para aplazar (back‑load) la subasta de 900 millones de derechos hasta el final de la tercera fase.

precios del carbono a la baja

Al inicio del tercer periodo, el RCDE se caracteri‑zaba por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda de derechos de emisión que generó un excedente de unos 2.000 millones de derechos,

superándose en 2013 los 2.100 millones. El des‑ajuste entre la oferta de derechos de emisión en subasta (cantidad fija establecida por el límite máximo de emisiones) y la demanda (flexible al estar condicionada por ciclos económicos, precio de los combustibles fósiles, otras políticas com‑plementarias y la evolución tecnológica), está dificultando la inversión en nuevas tecnologías bajas en carbono.

Este problema se ha solventado mediante el establecimiento de una Reserva de Estabilidad de Mercado (MSR en sus siglas en inglés)12, que se nutre de los derechos no asignados y aquellos cuya subasta se ha aplazado (backloading), para intervenir el precio del derecho en el mercado de CO2; los derechos del backloading no serán reintroducidos al final del periodo, sino que irán

12 Decisión UE 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE. Esta reserva se establecerá en 2018 y entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2019.

Fuente: Sistema Europeo de comercio de derechos de emisión.

gRáfICO 3 SISTEMA EuROPEO dE COMERCIO dE dERECHOS dE EMISIÓN, 2005‑2014(Millones Tm CO2 equ)

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Q Permisos subastados o vendidos Q Total permisos asignados 3 Emisiones verificadas

20] CAuCES 31

a parar a esta reserva. Con la introducción de este instrumento, la Comisión Europea pretende compensar la escasa rentabilidad del bajo precio del CO2 (gráfico 4), deduciendo anualmente del volumen por subastar una cantidad equivalente al 12 por 100 de derechos de emisión en circula‑ción, que se incorporará a la reserva.

Los desequilibrios del mercado y la desfavo‑rable evolución de los precios del carbono (gráfi‑co 4), han entorpecido la inversión en tecnologías hipocarbónicas. Sin embargo, el RCDE UE sigue considerándose una herramienta fundamental para conseguir una transición eficaz hacia un ni‑vel de cero emisiones netas en la segunda mitad del siglo xxi, en opinión de organismos interna‑cionales como la Organización para la Coopera‑ción y Desarrollo Económicos (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

combatir las fugas de carbono

Las acusadas diferencias en el precio del carbono (desde menos de 10 dólares/tCO2, caso de Méxi‑co, Polonia, Letonia, Corea, Japón, Portugal, Nueva Zelanda, etc., hasta los más de 100 dólares/tCO2 en Suecia o Estados Unidos), están provocando un riesgo evidente de fugas o deslocalizaciones,

de forma que las empresas trasladan su produc‑ción o inversiones a países donde el costo de rea‑lizar emisiones GEI sea menor, aumentando con ello las emisiones globales GEI. Estas fugas de carbono pueden producirse a través de tres vías13:

FF Vía producción, cuando el elevado coste de la emisión de carbono obliga a las em‑presas a reducir el uso de sus instalaciones productivas en un determinado país, a be‑neficio de sus plantas en terceros países no afectadas por el precio del carbono;FF Vía inversión, en el caso de que los distin‑

tos precios del carbono en diferentes países afecten a decisiones de inversión relativas a la ubicación de las plantas;FF Vía precio global de combustibles fósiles,

cuando las políticas climáticas de algunos países se orientan a reducir la demanda de combustibles fósiles, lo que puede pro‑vocar una bajada de precios e incentivar la demanda de estos carburantes en terceros países, generando en ellos un aumento de emisiones.

13 World Bank Group, State and trends of carbon pricing (Washington DC, September 2015).

gRáfICO 4 EvOLuCIÓN dEL PRECIO dE LOS dERECHOS dE EMISIÓN dE CARbONO(euros/tonelada CO2)

Fuente: Investing.com, Carbon Emissions Historical Data (fecha de extracción 14 de marzo de 2016).

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Los sectores más expuestos a riesgo de fuga pueden identificarse siguiendo criterios como el nivel de precio del carbono, que determina la magnitud del coste asociado a las emisiones; la intensidad de emisión, que determina la intensi‑vidad del producto midiendo la cantidad de emi‑siones por tonelada producida; o la intensidad de comercio, que da idea de la afección de la empre‑sa para trasladar al consumidor el aumento de coste sin perder cuota de mercado en terceros países14. En la medida en que estas fugas pueden afectar a la competitividad de las economías y el saldo exterior, los gobiernos pueden decidir asis‑tir a las empresas de estos sectores vulnerables mediante la aplicación de diversas ayudas.

La cooperación internacional establecida a través de los sistemas de mercado e instrumen‑tos financieros puede reconducir la asimetría que provoca la divergencia en los precios del car‑bono y reducir su impacto en la competitividad.

Sectores difusos, no sujetos al RCDEEl comercio europeo de derechos de emisión incluye las emisiones procedentes de grandes fuentes puntuales, fáciles de identificar y medir. Sin embargo, deja fuera a los denominados sec‑tores “difusos”, representados por fuentes peque‑ñas y dispersas, pero cuya emisión supone casi el 60 por 100 de las totales de GEI. Estos son el sector agrícola, residencial, residuos, transporte, pequeñas industrias y gases fluorados.

El objetivo global de reducción para estos sectores a 2020 en la UE es del 10 por 100 respec‑to a 2005, que se alcanzará en función de un re‑parto de esfuerzos establecido según la riqueza de los Estados miembros: desde una reducción del 20 por 100 para aquellos con PIB per cápita

14 En la Unión Europea, la Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 2014 determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 2015‑2019.

más elevado (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo), hasta un aumento del 20 por 100 para aquellos con menor PIB por habitante (Bulgaria, Rumanía) (gráfico 5).

Otros aspectos del RECD UE: compensación de costes indirectosEl RCDE UE establece, para el periodo 2013‑2020, que los generadores de electricidad no reciban asignación gratuita para la compra de derechos de emisión que les permita emitir CO2. Dichos generadores eléctricos repercuten, por tanto, el coste de los derechos comprados en la subasta al precio de la electricidad.

Asimismo el RCDE UE, establece un meca‑nismo de compensación de costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad, del que podrían beneficiarse las instalaciones expuestas a un riesgo significa‑tivo de fuga de carbono (deslocalización). Este

El régimen de comercio de derechos de emisión deja fuera a los denominados sectores “difusos”, representados por fuentes pequeñas y dispersas, pero cuya emisión supone casi el 60 por 100 de las totales de GEI. Estos son el sector agrícola, residencial, residuos, transporte, pequeñas industrias y gases fluorados.

22] CAuCES 31

mecanismo de compensación se configuró en forma de ayudas estatales, cuyo otorgamiento quedaba a potestad del propio Estado miembro. Debido a la coyuntura económica que está atra‑vesando la UE, el presupuesto de los diferentes Estados miembros ha sido muy desigual y en muchos casos inexistente (tabla 1).

Los Estados que no figuran en la tabla 1 no han otorgado ayudas estatales para este concepto.

En el caso concreto de España, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, presupuestó un millón de euros para los años 2013 y 2014 respec‑tivamente, que no fueron otorgados ya que no estaba tramitado el Real Decreto que aprobaba las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas. Por otro lado es alarmante la diferencia presupuestaria entre unos países y otros, lo que está dando lugar a una desventaja competitiva de instalaciones industriales españolas con res‑pecto a sus homólogas europeas. Además, las necesidades de las industrias españolas suscep‑tibles de percibir estas ayudas estatales son su‑periores a los cien millones de euros, según las estimaciones ofrecidas, de forma reservada, por los sectores afectados.

Aun siendo consciente el gobierno español de esta desventaja competitiva, dado el entorno de crisis por el que atraviesa España, no propor‑ciona una solución al citado problema. Es decir, las industrias españolas compiten en un entorno europeo con unos precios energéticos más altos que la media, a lo que se le suma la dificultad de poder compensar los costes indirectos a un nivel adecuado a las necesidades de las empresas.

El comercio de derechos en EspañaEn España el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se puso en mar‑cha el 1 de enero de 2005, como medida para fo‑mentar la reducción de emisiones de CO2 en los sectores industriales y de generación eléctrica. La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de GEI y que transpone la Directiva 2003/87/CE, enumera en su Anexo I las actividades incluidas en el ámbito de aplicación15, y establece un régi‑

15 Actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases con efecto invernadero: generación de electricidad, refino,

gRáfICO 5 ObJETIvOS dE vARIACIÓN dE EMISIONES EN SECTORES NO REguLAdOS POR EL RégIMEN COMERCIO dERECHOS EMISIÓN A 2020(En % respecto a 2005)

Fuente: Comisión Europea, Nota de prensa IP/09/628, Bruselas 23 de abril de 2009.

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men de autorizaciones de emisión, que requie‑re la autorización previa por parte del órgano competente. Actualmente esta regulación afecta a casi 1.100 instalaciones y un 45 por 100 de las emisiones totales nacionales de gases de efecto invernadero. Quedan excluidas de esta norma aquellas instalaciones cuya dedicación principal sea la investigación, desarrollo y experimenta‑ción de nuevos productos y procesos, o las que quemen exclusivamente biomasa.

A partir de 2013 y hasta 2020 pueden recibir asignación gratuita de derechos las instalaciones o agrupación de instalaciones incluidas en el ám‑bito de aplicación de la Ley 1/2005 incluidas en sectores o subsectores expuestos a riesgo signi‑ficativo de fuga de carbono, y otras susceptibles de recibir dicha asignación por diversos motivos, como la calefacción urbana y cogeneración de alta eficiencia, o los nuevos entrantes, excluyendo los dedicados a generación de electricidad. Tras su modificación por la Ley 13/2010, de 5 de julio, la metodología de asignación gratuita transitoria es la que determinen las normas armonizadas adoptadas a nivel comunitario; además, el Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, desarrolla

producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel y papel y cartón; en el ámbito de las actividades energéticas, se delimita el ámbito de aplicación a las instalaciones con potencia térmica nominal superior a 20 MW.

aspectos concretos relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005.

Antes del 30 de abril de cada año, los titulares de las instalaciones deben entregar un número de derechos de emisión equivalente a las emisio‑nes verificadas en el año anterior e inscritas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RE‑NADE). En todo caso, los derechos de emisión no consumidos en la entrega anual correspondien‑te, son susceptibles de venta en el mercado para su adquisición por parte de otras instalaciones, o, alternativamente, pueden ser cancelados por su titular de forma voluntaria, lo que implica la

TABLA 1 CANTIdAdES PRESuPuESTAdAS PARA LOS PRIMEROS AÑOS dEL TERCER PERIOdO(Millones de euros)

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Alemania 314 186 245 n.d.

Holanda 78 78 50

Reino Unido 18 69 69 n.d.

Bélgica 7‑113 7‑113 7‑113 7‑113

Grecia 14‑20 14‑20 14‑20 14‑20

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Fuente: DG. Competencia de la Comisión Europea, otras fuentes y elaboración propia.

Las industrias españolas compiten en un entorno europeo con unos precios energéticos más altos que la media, a lo que se le suma la dificultad de poder compensar los costes indirectos a un nivel adecuado a las necesidades de las empresas.

24] CAuCES 31

gRáfICO 7 EMISIONES gEI dE LOS SECTORES dIfuSOS EN ESPAÑA, Y PROYECCIÓN 2013‑2020(En gg CO2 eq)

Fuente: Hoja de Ruta de los Sectores Difusos a 2020 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Oficina Española de Cambio Climático, septiembre 2014).

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Q Agrícola y ganadero

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gRáfICO 6 EvOLuCIÓN dEL MERCAdO dE EMISIONES EN ESPAÑA, 2005‑2014(Millones toneladas CO2 eq)

Fuente: European Environment Agency, EU Emissions Trading System (ETS) data viewer.

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desaparición de estas unidades en el mercado de derechos.

La reducción de emisiones de GEI, más acu‑sada a partir de 2007, ha ido acompañada de un descenso de la asignación gratuita de derechos, que entre 2008 y 2012 se ha mantenido más o menos estable, sufriendo una fuerte caída a par‑tir de 2012 (gráfico 6).

La Enmienda de Doha, adoptada por Espa‑ña en 201516, establece el objetivo de reducir las emisiones de sectores difusos un 10 por 100 en 2020 respecto a 2005. A este respecto el gobierno español ha establecido, a través de una Hoja de Ruta de Sectores Difusos a 2020, una reducción de emisiones mediante la aplicación de medidas orientadas a la mitigación, el aumento de efi‑ciencia, la reducción del consumo energético, el aumento de la participación de renovables, y el equilibrio entre ahorro e inversión. El transporte

16 Enmienda acordada en la Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en Doha en 2012, y adoptada por la Unión Europea en virtud de la Decisión (UE) 2015/1339 del Consejo de 13 de julio de 2015, relativa a la celebración en nombre de la Unión Europea, de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo. Fue adoptada por España en virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, y su aceptación.

y la agricultura son responsables casi del 60 por 100 de las emisiones GEI de los sectores difusos.

Las medidas incluidas en la Hoja de Ruta re‑presentan un planteamiento de largo plazo para reducir las emisiones generadas por la economía española; a este respecto, será necesaria una ac‑tualización periódica de los datos, así como la aplicación de medidas adicionales en las fases siguientes, que permitan alcanzar el objetivo de reducción del 10 por 100 propuesto para 2020.

ConclusionesLa cuestión del cambio climático representa hoy en día uno de los principales retos para la econo‑mía mundial. Europa ha sido líder en las sucesi‑vas negociaciones internacionales y el estableci‑miento de objetivos desde las etapas iniciales del Protocolo de Kioto, asumiendo el mayor objetivo de reducción de gases de efecto invernadero y estableciendo por primera vez un sistema de co‑mercio de emisiones.

España es el sexto Estado miembro con ma‑yor peso en las emisiones GEI del entorno euro‑peo (con una cuota del 7,3 por 100 en 2013), y po‑see un gran potencial para que el crecimiento de la economía se desvincule de la evolución de las emisiones GEI, lo que representa todo un desafío especialmente en relación a los sectores difusos o no incluidos en el régimen de comercio de de‑rechos de emisión.

La revisión de políticas vigentes, coyuntura y previsiones respecto a las emisiones de gases con efecto invernadero, junto al análisis de los instrumentos puestos en marcha para alcanzar los compromisos adquiridos, sitúan a España entre los países más activos en la adopción de medidas para reducir estas emisiones. Sería ne‑cesario mantener las políticas de prevención y mitigación, así como las ayudas financieras para su implementación, que permitan alcanzar los objetivos de reducción de emisiones comprome‑tidos cara a los próximos años.

España es el sexto Estado miembro con mayor peso en las emisiones GEI del entorno europeo pero posee un gran potencial para que el crecimiento de la economía se desvincule de la evolución de las emisiones GEI.

dOS déCAdAS dE SOLuCIÓN AuTÓNOMA dE LOS CONfLICTOS LAbORALES


MERCAdOdE TRAbAJO

Y RELACIONESLAbORALES


dOS déCAdAS dE SOLuCIÓN AuTÓNOMA dE LOS CONfLICTOS LAbORALES

Los acuerdos sobre solución autónoma de conflictos: significado en el sistema de relaciones laboralesEn el origen, por tanto, la autocomposición co‑lectiva de los conflictos de trabajo es propia de modelos basados en el equilibrio de fuerzas de los actores sociales, en los que la intervención del Estado se autolimita a proporcionar reglas de reconocimiento y de procedimiento a dichos actores. Por el contrario, tarda más en aparecer y desarrollarse, en su caso, en experiencias con mayor protagonismo de la intervención hete‑rónoma estatal en la regulación y tutela de los derechos laborales. En los llamados modelos de garantismo estatal son precisamente los jueces los encargados casi en exclusiva de hacer cumplir los derechos y obligaciones, junto con un impor‑tante papel de la Administración en funciones de control y, a veces, de arbitraje.

En España, un desarrollo efectivo de la reso‑lución autónoma de los conflictos laborales no se produce hasta casi dos décadas después de aprobada la Constitución, y cuando ya se con‑taba con un modelo democrático de relaciones

laborales asentado y maduro, con una impor‑tante experiencia de concertación y de diálogo social, un elevado grado de desarrollo de la nego‑ciación colectiva, como principal instrumento de autorregulación de intereses, y una participación institucional asentada, todo ello a partir de un reconocimiento de las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales como sujetos de relevancia constitucional.

En efecto, el desarrollo de la negociación co‑lectiva en los años ochenta y noventa desde un sólido soporte constitucional (artículo 37.1 CE: reconocimiento del derecho a la negociación co‑lectiva y de la fuerza vinculante de los convenios) y legal (título III de la Ley del Estatuto de los Tra‑bajadores), contrastaba fuertemente con una in‑tensa, y a todas luces excesiva, judicialización de los conflictos de trabajo. En ese contexto, los pro‑cedimientos extrajudiciales de solución, contem‑plados en el plano legal, presentaban una escasa relevancia práctica como medio efectivo de solu‑ción de las controversias de naturaleza económi‑ca o de intereses, y la conciliación y la mediación ante instancias administrativas no pasaban de

La resolución de los conflictos laborales mediante mecanismos de autocomposi‑ción ajenos a la intervención del juez y la Administración se identifica en su origen con los modelos de relaciones laborales protagonizados por la autonomía colectiva de las organizaciones de trabajadores y de empresarios, en los que se da una im‑portante presencia de la autorregulación y autotutela colectiva de los derechos y las obligaciones que surgen de las relaciones de trabajo. La autocomposición de los conflictos laborales a través de procedimientos de conciliación, mediación o arbi‑traje de derecho o de equidad (previo sometimiento libre y voluntario de las partes del conflicto), resulta en estos una prolongación natural de la autorregulación y la autotutela colectivas.

30] CAuCES 31

cumplir un papel formal como trámites obligato‑rios previos al planteamiento del conflicto ante los órganos jurisdiccionales. Tampoco tenían un suficiente peso y eficacia práctica las llamadas y previsiones hasta entonces contempladas en algunos convenios colectivos, al tiempo que el papel de las comisiones paritarias de interpreta‑ción y vigilancia de los convenios era, en muchos casos, limitado en la práctica al cumplimiento de un trámite formal.

Existía, pues, una situación de debilidad de los instrumentos y cauces de resolución de los conflictos basados en la misma autonomía de los agentes sociales, que comportaba importan‑tes costes y disfunciones y que representaba una anomalía que se ponía de manifiesto, así mis‑mo, por comparación con otros países de nues‑tro entorno. En tal situación pesaba, sin duda, la ausencia de un marco a nivel estatal de órganos y procedimientos de resolución extrajudicial y autónoma de la conflictividad laboral, con el con‑curso y la plena participación de las organizacio‑nes sindicales y empresariales.

La concertación social de la primera mitad de los años ochenta había apuntado ya a la creación de procedimientos autónomos, extrajudiciales y extraadministrativos, de solución de los con‑flictos. El Acuerdo Marco Interconfederal (AMI),

firmado en 1980, recogía un capítulo sobre la me‑diación, la conciliación y el arbitraje, y preveía un comité paritario interconfederal para “interponer su mediación, interpretar lo acordado y ofrecer su arbitraje” en supuestos de conflictos colectivos. Posteriormente, el Acuerdo Económico y Social (AES), firmado en octubre de 1984, recogió por vez primera la intención de las partes firmantes de elaborar un acuerdo específico sobre procedi‑mientos voluntarios para la solución de los con‑flictos laborales, apuntando principios y criterios para configurar un instrumento con esos fines, y proponer al Gobierno las modificaciones norma‑tivas que se estimaban necesarias.

Por otra parte, como es bien conocido, en al‑gunos ámbitos autonómicos (entre otros, en el País Vasco —PRECO—, Galicia —AGA—, Cata‑luña —TLC—, Comunidad Valenciana —TAL— y Andalucía —SERCLA—) se habían desarrollado desde finales de los años ochenta y la primera mitad de los noventa experiencias de sistemas de resolución autónoma de conflictos laborales sobre la base de acuerdos de los interlocutores sociales en esos ámbitos, con participación di‑recta de las organizaciones empresariales y sin‑dicales en la gestión de los correspondientes ór‑ganos y procedimientos de mediación y arbitraje. Los primeros sistemas de solución autónoma de

Con la entrada en funcionamiento del SIMA en 1998, el sistema acordado de composición autónoma de los conflictos colectivos laborales incluidos en su ámbito de aplicación se ha desarrollado a lo largo de casi dos décadas en las que han tenido lugar importantes transformaciones económicas, sociales y laborales, además de cambios institucionales y normativos, entre los cuales algunos han incorporado llamadas y aperturas de espacios a los procedimientos de solución autónoma de los conflictos.


ámbito autonómico, en los que predominaba desde el principio el procedimiento de media‑ción, obtenían resultados más eficaces que los procedimientos seguidos ante servicios admi‑nistrativos de conciliación y mediación, con la consecuencia de evitar más frecuentemente el proceso judicial o el recurso a la huelga, y por ello contribuyeron de forma inequívoca al desarrollo de estos cauces.

La implantación y desarrollo de un sistema de solución autónoma de los conflictos laborales re‑cibió su principal y definitivo impulso con el pri‑mer acuerdo interprofesional de ámbito estatal sobre esta materia, el Acuerdo sobre Solución Ex‑trajudicial de Conflictos Laborales (ASEC), firma‑do el 25 de enero de 1996 por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de ámbito estatal, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME. La firma de este Acuerdo, de la que se acaban de cumplir veinte años, vino a llenar un espacio cla‑ramente deficitario de las relaciones laborales, el de la autocomposición de las controversias colec‑tivas de trabajo ante órganos y procedimientos autónomos, como se había venido señalando unánimemente desde múltiples ámbitos.

La firma de este Acuerdo se produjo den‑tro de un clima de paulatina recuperación de la confianza en el diálogo social, después de que este se enfriase a raíz de la aprobación de la re‑forma laboral de 1994, que no tuvo el consenso de los interlocutores sociales. Cabe traer a cola‑ción también, como dato de contexto, que cuatro años antes de la firma del ASEC, se había firma‑do otro importante acuerdo fruto del diálogo de los interlocutores sociales en otro ámbito que posteriormente se consolidaría como central en las relaciones laborales y la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, como fue el primer Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC) firmado en 1992.

Y, sin duda, el ASEC, y la firma posterior del Acuerdo tripartito por el que la Administración proporcionaba el soporte financiero necesa‑rio, tuvo el efecto de fortalecer el diálogo social

abriendo una nueva etapa en este. Solo un año después, en efecto, se signarían tres acuerdos muy importantes para la actuación sobre el mercado de trabajo y la gestión de las relacio‑nes laborales: el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo (AIEE), el Acuerdo Inter‑confederal sobre Negociación Colectiva (AINC), y el Acuerdo Interconfederal sobre Cobertura de Vacíos (AICV) que buscaba poner el punto final al proceso de sustitución de las derogadas orde‑nanzas laborales. Todos ellos aportaban consen‑sos de los interlocutores sociales en un momento en el que tomaba impulso una etapa expansiva de crecimiento de la actividad económica y de creación de empleo.

Con la firma del ASEC se creó el marco orgáni‑co y de procedimientos para proporcionar cauces de solución, mediante la mediación y el arbitraje laborales, de los conflictos colectivos de trabajo desde la primacía de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales. Más allá de reducir la, a todas luces, excesiva judicialización de la conflictividad laboral, el objetivo fundamental de la creación y puesta en marcha del sistema diseñado en el ASEC radicaba en el refuerzo de la propia autonomía colectiva en un ámbito cla‑ve. Para ello se instituyó un órgano encargado de gestionar los procedimientos de composición de conflictos diseñados en el ASEC mediante la me‑diación y el arbitraje, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), de composición paritaria y constituido como una fundación bajo protectorado de la Administración pública1.

En el origen de este sistema, junto a los ante‑cedentes ya mencionados de funcionamiento de diversos órganos y procedimientos de solución autónoma de los conflictos laborales en varias comunidades autónomas, jugó un papel deter‑minante el diálogo de las organizaciones empre‑sariales y sindicales representadas en el Consejo

1 Actualmente, tras la entrada en vigor del Protectorado único de fundaciones de competencia estatal (RD 1066/2015), estas funciones se concentran en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

32] CAuCES 31

Económico y Social, materializado en la elabo‑ración y aprobación de un informe de iniciativa propia que facilitó el Acuerdo bipartito de los in‑terlocutores sociales2. El informe del CES trazaba un diagnóstico de situación de la solución autó‑noma de los conflictos laborales y enunciaba los principios básicos de un sistema con vocación de eficacia con los objetivos de reducir la conflictivi‑dad y potenciar la autonomía colectiva.

Con la entrada en funcionamiento del SIMA en 1998, el sistema acordado de composición autónoma de los conflictos colectivos laborales incluidos en su ámbito de aplicación se ha desa‑rrollado a lo largo de casi dos décadas en las que han tenido lugar importantes transformaciones económicas, sociales y laborales, además de cam‑bios institucionales y normativos, entre los cua‑les algunos han incorporado llamadas y apertu‑ras de espacios a los procedimientos de solución autónoma de los conflictos.

En todo ese tiempo ha tenido continuidad el diálogo bipartito de las organizaciones empresa‑riales y sindicales más representativas de ámbito estatal, que han firmado los sucesivos acuerdos para renovar el ASEC de 1996, introduciendo los cambios y adaptaciones necesarios a fin de

2 Informe CES 2/1994, Procedimientos autónomos de solución de los conflictos laborales, aprobado en sesión del Pleno de 19 de octubre de 1994.

adecuar el sistema a nuevas necesidades desde la experiencia de su funcionamiento así como a los cambios normativos, y se ha mantenido el diálogo tripartito con participación de la Admi‑nistración en el soporte del mismo. Se firmaron, así, en 2001, 2004 y 2009, respectivamente, el ii, iii y iv ASEC, seguidos cada uno de ellos por la firma del correspondiente acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de conflictos laborales.

En esa dinámica de adaptación, y en un con‑texto de crisis, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ám‑bito estatal firmaron, el 7 de febrero de 2012, el v Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflic‑tos laborales (sistema extrajudicial)3. El v ASAC, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, y cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2016, fi‑nalizando si media denuncia previa de alguna de las partes, se negoció con el principal objetivo de renovar la solución autónoma de los conflictos en ese ámbito, y en ese sentido, su significado e importancia puede considerarse equiparable al valor fundacional que revistió el ASEC en 19964.

El v ASAC nació con la vocación de dotar de una mayor polivalencia a los medios de solución de discrepancias y una solución de las controver‑sias más ágil y eficaz en la coyuntura en la que fue firmado. El v ASAC incorporó, así, una serie de novedades relevantes en aspectos clave del fun‑cionamiento del sistema de mediación y arbitra‑je gestionado por la Fundación SIMA (recuadro 1).

Mediante la ampliación de la tipología de conflictos competencia del SIMA, una de las prin‑cipales novedades, se adaptaba la funcionalidad

3 Y, en octubre de ese mismo año, se firmó el Acuerdo Tripartito sobre solución autónoma de conflictos laborales, entre el gobierno y los interlocutores sociales.4 En buena medida, la adopción del v ASAC vino condicionada por exigencias de las reformas laboral y de la negociación colectiva que se aprobaron en 2010 y 2011, respectivamente (Ley 35/2010 y RDL 7/2011). El RDL 7/2011 obligaba a la adaptación de los Acuerdos interprofesionales en estas materias antes del 30 de junio de 2012.

Entre 2012 y 2015, coincidiendo con el periodo de aplicación del V ASAC, la media de conflictos tramitados ante el SIMA ha sido de 425, frente a una media de 257 en el periodo 2008‑2011.


RECUADRO 1 LA EvOLuCIÓN dEL SISTEMA: PRINCIPALES NOvEdAdES APORTAdASPOR EL v ASAC

Reconocer expresamente la voluntariedad de los medios extrajudiciales, en principio, salvo cuando por acuerdo de las partes en el nivel que corresponda, se establezca la obligatoriedad de los mismos, espe‑cialmente en relación con el arbitraje.

Reconocer y reforzar el papel de las comisiones paritarias de interpretación y vigilancia de los con‑venios colectivos, entre otras funciones, en la solución de los conflictos originados en la interpretación y aplicación de los mismos, e impulsar dicho papel en otros conflictos como los desacuerdos en perio‑dos de consultas en relación con la inaplicación de condiciones de trabajo (modificación sustancial y descuelgue salarial).

Acortar plazos en determinados conflictos, para dotar de la máxima celeridad a los procedimientos.

Ampliar el elenco de conflictos colectivos susceptibles de ser gestionados mediante los procedi‑mientos tramitados en el SIMA, de manera que este atenderá los conflictos sobre la interpretación y aplicación de pactos, acuerdos y convenios colectivos; las controversias en las comisiones paritarias de los convenios colectivos; sobre renovación de los convenios colectivos, acuerdos y pactos al término de su vigencia cuando no haya acuerdo en el periodo de negociación; los conflictos que se produzcan en los periodos de consulta de los artículos 40, 41, 44.9, 47 y 51 y 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; conflictos sobre impugnación de convenios colectivos; la sustitución del periodo de consultas en los ERE concursales; los conflictos derivados de las discrepancias en la nego‑ciación en la empresa de acuerdos de inaplicación de convenios colectivos; los conflictos si hubiere desacuerdo en los supuestos de flexibilidad extraordinaria temporal prevista en los convenios colecti‑vos y la convocatoria de huelgas y la determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en las mismas.

Respecto los mediadores y de los árbitros: introducir un mayor consenso en la configuración de las listas de mediadores, y, sobre todo, de árbitros, también buscando una mayor celeridad y mayor efecti‑vidad. Estos deberán ser escogidos entre profesionales con gran conocimiento de las materias a tratar y con un nivel de disponibilidad inmediata. Se pretende reforzar la dedicación y la formación continua de los mediadores y de los árbitros.

Respecto del procedimiento de mediación: seguirá siendo obligatoria cuando la solicite una de las partes, salvo en los supuestos en los que se exija acuerdo de ambas partes; se contempla la posibilidad de que el mediador pueda erigirse con posterioridad en árbitro, y otra novedad es la posibilidad de de‑signar un mediador en funciones continuadas e incluso preventivas del conflicto.

Respecto del arbitraje, además de la cuestión relativa a las excepciones negociales a la volunta‑riedad del mismo, se incorporó toda una serie de novedades dirigidas a facilitar la resolución de los conflictos por esta vía, asegurando el arbitraje una vez formalizado el compromiso arbitral, agilizando y abreviando el procedimiento en supuestos en que la rapidez en la resolución sea especialmente ne‑cesaria, o facilitando el procedimiento de designación del árbitro, entre otras. Importante es también el objetivo de ampliar su composición personal para atender a los conflictos predominantemente de interés o económicos, como los originados en el ámbito de la flexibilidad interna o en la renovación de los convenios colectivos.

Fuente: V Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos laborales (sistema extrajudicial) y elaboración propia.

34] CAuCES 31

de este sistema a nuevas necesidades surgidas de la experiencia de años anteriores, así como de cambios institucionales derivados de las últimas reformas normativas, pero también de los acuer‑dos bipartitos de diálogo social entre las organi‑zaciones empresariales y sindicales, entre ellos destacadamente el ii Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (ii AENC), el otro gran pacto de diálogo social bipartito firmado en 2012 por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal.

Pero tal vez la novedad de mayor impacto fue la previsión de la aplicación general y directa de los instrumentos que regula sobre los sectores y las empresas incluidos en su ámbito de aplica‑ción, a diferencia de la aplicación de los sucesivos ASEC, que se hacía depender de la adhesión o la ratificación expresa por alguno de los instrumen‑tos contemplados. Por ello, transcurrido el plazo de tres meses que el v ASAC dejaba a los sectores y empresas para manifestar, en su caso, su volun‑tad de no aplicación del Acuerdo, se pudo consta‑tar la práctica universalización del sistema autó‑nomo de solución de conflictos contenido en él.

Evolución de la conflictividad canalizada a través de los sistemas autónomos de resolución de conflictosLos sistemas de solución autónoma de los con‑flictos laborales gestionados por órganos con ori‑gen en acuerdos interprofesionales han seguido, desde su puesta en marcha, una senda creciente y expansiva del volumen de conflictividad canali‑zada a través de ellos. A una primera fase de ini‑cio siguió un periodo de consolidación, y a este le ha sucedido una etapa de práctica universaliza‑ción del recurso a sus procedimientos dentro de su ámbito de competencia, desde luego respecto del sistema de ámbito estatal gestionado por el SIMA una vez entró en vigor el v ASAC, como se ha mencionado.

En el marco de dicho Acuerdo y órgano, du‑rante algo más de una década y media se ha

multiplicado por cuatro el volumen de conflic‑tividad gestionada, desde los 97 conflictos pre‑sentados en 1999, primer año de funcionamien‑to completo del SIMA, hasta los 422 que se han presentado en 2015 (gráfico 1). Así mismo, en los últimos diez años, y descontando aquéllos en los que se ha producido una huelga general, estos conflictos han afectado anualmente a al‑rededor de 3 millones de trabajadores de media, con un crecimiento significativo en el periodo 2008‑2013. Se ha tratado, sobre todo, de conflic‑tos de ámbito de empresa, aunque también ha conocido de un número importante de conflic‑tos de sector que han afectado a una amplia ci‑fra de trabajadores.

Entre 2012 y 2015, coincidiendo con el periodo de aplicación del v ASAC, la media de conflictos tramitados ante el SIMA ha sido de 425, frente a una media de 257 en el periodo 2008‑2011, un 65 por 100 de incremento entre ambos periodos que refleja tanto el impacto de la eficacia general y directa de dicho Acuerdo como la confianza cre‑ciente de las partes de los conflictos en los proce‑dimientos de solución autónoma.

Los sistemas de solución autónoma de los conflictos laborales gestionados por órganos con origen en acuerdos interprofesionales han seguido, desde su puesta en marcha, una senda creciente y expansiva del volumen de conflictividad canalizada a través de ellos.


CUADRO 1 ACTuACIONES SIMA Y dgE, 2006‑2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SIMA 241 217 225 294 264 243 348 537 387 422

SMAC 141 109 113 133 141 132 96 62 47 37

Total actuaciones SIMA‑SMAC 382 326 338 427 405 375 444 599 434 459

% SIMA / Total 63 67 67 69 65 65 78 90 89 92

Fuente: SIMA, Memoria de Actividades, varios años.

gRáfICO 1 EvOLuCIÓN dE LOS CONfLICTOS TRAMITAdOS POR EL SERvICIO INTERCONfEdERAL dE MEdIACIÓN Y ARbITRAJE (SIMA)

(*) Fecha de comienzo de actividad: 9 de febrero de 1998. Fuente: SIMA.

49

97 121 125

153 182

168

249

241 217 225

294

264 243

348

537

387

422

0

100

200

300

400

500

600

1998(*) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Esta expansión en el volumen de conflictivi‑dad canalizada a través del SIMA ha supuesto el aumento progresivo de la proporción de conflic‑tividad que atrae, correspondiente a su ámbito, frente a la que se tramita a través de la Adminis‑tración laboral (Dirección General de Empleo) en ese mismo ámbito. El porcentaje de los conflictos colectivos, cuyos efectos superan el ámbito de una comunidad autónoma, que se tramitan a través del SIMA ha pasado desde el 63 por 100 en 2006 al 92 por 100 en 2015, con un aumento especialmente significativo también a partir de 2012 (cuadro 1).

Los órganos y procedimientos de solución au‑tónoma de ámbito autonómico han seguido así

mismo una tendencia global de aumento de la gestión de la conflictividad laboral en sus respec‑tivos ámbitos (cuadro 2)5, con una media anual de casi 4.000 conflictos, que han afectado en conjunto a más de 2 millones de trabajadores y a alrededor de 131.000 empresas de media al año, crecimiento algo más acentuado en los años de la crisis6.

5 A lo que no obsta la disminución del número de conflictos presentados que se aprecia en los dos últimos años.6 Algunos de tales órganos tienen también entre sus competencias la gestión de conflictos de trabajo individuales.

36] CAuCES 31

Los resultados que presentan estos órganos y procedimientos, tanto de ámbito estatal como autonómico, explican en buena medida esta evo‑lución. En efecto, destaca la mayor efectividad que consiguen los cauces autónomos de resolu‑ción frente a las instancias de tipo administrativo, a partir de la convergencia de una voluntad real de alcanzar una solución acordada al conflicto, lo que ha apoyado su progresiva consolidación. En media, entre un 25 y un 40 por 100 de los conflic‑tos tramitados cada año ante dichos órganos se han resuelto a través del acuerdo, porcentaje de efectividad claramente superior a los resultados de las conciliaciones y mediaciones ante las ins‑tancias de naturaleza administrativa.

Por otra parte, la conflictividad gestionada por los órganos y procedimientos basados en la autonomía colectiva se ha sometido mayo‑ritariamente a procedimientos de mediación

(cuadro 3). En los últimos años, no obstante los cambios introducidos por el v ASAC para mejo‑rar la resolución de la conflictividad mediante el procedimiento de arbitraje, este no ha mostrado un despegue significativo en las preferencias de las partes. En atención al tipo de procedimiento empleado, destaca pues como una constante el limitado recurso al arbitraje como instrumento de solución de los conflictos, si bien en algunos años los conflictos colectivos resueltos mediante este procedimiento pertenecían al ámbito secto‑rial afectando a un gran número de trabajadores y de empresas.

La conflictividad tramitada a través del con‑junto de órganos de resolución autónoma, SIMA y autonómicos, es de naturaleza predominan‑temente jurídica, consistiendo en su mayoría en conflictos de interpretación o aplicación de norma, convenio colectivo, pacto o acuerdo de

CUADRO 2 CONfLICTIvIdAd ANTE LOS ÓRgANOS dE SOLuCIÓN AuTÓNOMA dE áMbITO AuTONÓMICO(Conflictos colectivos presentados, trabajadores y empresas)(*)

AÑOS Número de conflictos Trabajadores afectados Empresas afectadas

1998 995 647.535 19.970

1999 1.792 1.487.028 106.751

2000 2.329 1.018.794 127.813

2001 3.019 1.849.752 164.939

2002 3.070 962.218 66.612

2003 3.569 1.590.835 128.800

2004 3.376 1.456.572 130.811

2005 3.691 1.456.961 54.179

2006 4.074 1.791.216 119.120

2007 4.117 2.879.071 229.190

2008 4.582 2.364.456 152.548

2009 5.111 3.602.617 246.167

2010 5.195 3.198.172 138.969

2011 5.360 2.703.500 168.965

2012 5.206 2.153.000 106.051

2013 6.842 3.796.000 226.488

2014 4.854 1.868.000 109.974

2015 4.372 1.739.000 59.947

(*) Conciliaciones—mediaciones colectivas y arbitrajes.Fuente: Memoria CES, varios años, y elaboración propia.


CUADRO 3 CARACTERíSTICAS dE LOS CONfLICTOS TRAMITAdOS ANTE EL SIMA(Procedimientos en número, características en porcentaje)

1998* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total procedimientos (Nº) 49 97 121 125 153 182 168 249 241 217 225 294 264 243 348 537 387 422

Ámbito del conflicto (%)

Empresa 84 94 88 89 86 95 89 96 92 93 91 84 85 90 90 91 94 91

Sector 16 6 12 11 14 5 11 4 8 7 9 16 15 10 10 9 6 9

Tipo de conflicto (%)

Interpretación y Aplicación 80 79 70 75 77 81 77 82 82 83 82 87 78 73 74 70 72 74

Huelga 4 2 3 0 1 3 4 3 4 2 3 3 17 20 19 19 20 20

Bloqueo negociación 16 19 27 24 21 15 18 15 14 14 15 10 5 6 1 3 2 3

Bloqueo en Comisión Paritaria 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Servicios Seguridad y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impugnación convenio colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

Periodo de consultas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 1

Discrepancias periodo consulta 44.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inaplicación del CC (descuelgue) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0

Tipo de procedimiento (%)

Mediación 96 97 95 100 97 95 98 99 99 99 99 99 99 97 100 99 99 100

Arbitraje 4 3 5 0 3 5 2 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0

Resultado (%)

Acuerdos en mediación 25 36 25 25 25 29 30 38 38 33 38 26 34 28 26 24 27 26

Laudos arbitrales 4 3 4 0 3 5 2 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0

Total conflictos solucionados 29 39 29 25 28 34 32 39 39 34 39 27 35 31 26 25 28 29

Sin acuerdo 51 44 56 65 63 58 58 50 51 53 50 61 53 62 63 62 61 64

Total desacuerdo 51 44 56 65 63 58 58 50 51 53 50 61 53 62 63 62 61 64

Intentado sin efecto 14 13 9 9 8 6 4 6 6 7 9 7 10 4 8 8 7 6

Archivado 6 4 6 1 1 2 2 6 5 4 6 5 2 3 3 5 3 4

Total otros resultados 20 17 15 10 9 8 10 11 10 13 11 12 12 7 11 13 10 10

En trámite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1998: año de inicio de actividades del SIMAFuente: SIMA.

38] CAuCES 31

empresa, etc.7. Los conflictos de interpretación y aplicación se han situado, así, entre el 70 y el 87 por cien de todos los presentados ante el SIMA, con el mayor porcentaje de estos registrado en el periodo 2005‑2009, y no obstante la disminu‑ción de su peso en el total que se aprecia desde 2010 (cuadro 3). En 2015 aumentaron hasta 310 (278 en 2014), el 74 por 100 de todos los tramita‑dos, y afectaron al 71 por 100 de los trabajadores (86 por 100 en 2014).

Una parte significativa de esta conflictividad, la relativa a la interpretación de los convenios colectivos, deriva en muchos casos del propio contenido de los mismos, ante la dificultad de alcanzar acuerdos con la suficiente precisión en

7 V ASAC (artículo 4.1.a) en relación con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (artículo 153.1).

determinados aspectos, y una gestión adecua‑da de la misma pasa muchas veces por un papel más activo y efectivo de las comisiones paritarias de interpretación y vigilancia del convenio.

Precisamente, la potenciación del papel de las comisiones paritarias es una de las materias en las que los interlocutores sociales, organi‑zaciones empresariales y sindicales más repre‑sentativas, han profundizado en mayor medida en los criterios recogidos en el iii Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015‑2017 (iii AENC), firmado el 8 de junio de 2015 por las organizaciones CEOE, CEPYME, CCOO y UGT; ello en línea con el v ASAC, que recoge en anexo una serie de recomendaciones para el funcionamien‑to rápido y efectivo de las comisiones paritarias.

Además, en el iii AENC las confederaciones empresariales y sindicales firmantes han reco‑gido el pleno compromiso de potenciar el papel de los organismos de solución autónoma de con‑flictos existentes en cada comunidad autónoma y a nivel estatal, por lo que llaman a las partes negociadoras a impulsar su utilización, estable‑ciendo en el marco del convenio colectivo com‑promisos y referencias expresas de utilización y colaboración activa con los mismos en los proce‑dimientos de mediación y/o arbitraje en los con‑flictos colectivos, incluido el pacto sobre arbitraje especialmente en el supuesto de inaplicación del convenio colectivo y, en su caso, individuales, que puedan suscitarse a nivel sectorial o en el ámbito de las empresas.

tendencia ascendente de la gestión de los conflictos previos a la convocatoria de huelga

Ya sea a través del SIMA como de los órganos y procedimientos de ámbito de comunidad autó‑noma, se ha gestionado en estos años un volu‑men importante de conflictos previos a la con‑vocatoria de huelga que, también en un buen número de casos, se han resuelto mediante un acuerdo que ha permitido su desconvocatoria. Por lo que respecta al SIMA, este ha pasado de gestionar una media de 32 conflictos colectivos

Las controversias colectivas previas a la convocatoria de huelga representan, en efecto, el segundo tipo de conflictos en importancia por su peso dentro del total de los planteados ante el SIMA, habiéndose situado en los últimos años en una media del 20 por 100 del total, desde el crecimiento experimentado por los mismos en 2010, cuando, en los años anteriores, no habían pasado del 4 por 100.


planteados como previos a la convocatoria de una huelga, en el periodo 2006‑2009, a los 79 conflictos en 2014 y los 84 registrados en 2015 (gráfico 2).

Las controversias colectivas previas a la con‑vocatoria de huelga representan, en efecto, el se‑gundo tipo de conflictos en importancia por su peso dentro del total de los planteados ante el SIMA, habiéndose situado en los últimos años en una media del 20 por 100 del total, desde el cre‑cimiento experimentado por los mismos en 2010, cuando, en los años anteriores, no habían pasado del 4 por 100 (cuadro 3).

un balance positivo de los órganos y procedimientos de solución autónoma

de los conflictos que aún tiene margen de mejora

La resolución de los conflictos laborales median‑te cauces articulados a través de la autonomía colectiva presenta, en estos años, resultados cla‑ramente positivos, habiendo impulsado la cultu‑ra del pacto y de la autocomposición. La puesta en marcha y la consolidación de un sistema de esta naturaleza han aportado un mecanismo cuyo eficaz funcionamiento ha contribuido po‑sitivamente a la dinámica del conjunto de las

relaciones laborales, ha fortalecido la autonomía colectiva y ha impulsado el diálogo social.

En el balance positivo de estos procedimien‑tos autónomos está también haber contribuido, en una cierta medida, a una menor judicializa‑ción de los conflictos laborales, que era, si no el principal, otro de los objetivos de la puesta en funcionamiento de un sistema de estas carac‑terísticas. Tal contribución tiene, no obstante, cierto camino por recorrer todavía a la vista de la evolución seguida por los procesos de conflictos colectivos resueltos cada año ante los órganos jurisdiccionales sociales. Además de impulsar un papel más activo de las comisiones paritarias de los convenios colectivos, una mejora de la fre‑cuencia de acuerdos alcanzados en los procedi‑mientos de mediación y un mayor recurso al arbi‑traje mediante el aumento de los pactos previos de sometimiento serían las vías más efectivas para contribuir a tales objetivos.

Todo ello hace aconsejable que los poderes públicos continúen prestando el necesario apoyo a la renovación y potenciación de los medios au‑tónomos de solución de conflictos.

gRáfICO 2 PROCEdIMIENTOS ANTE EL SIMA PREvIOS A LA CONvOCATORIA dE HuELgA

Fuente: SIMA.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0

20

40

60

80

100

120

33 32 3430

4450

67

100

79

84

LA vIvIENdA SOCIAL EN ESPAÑA


CALIdAd dE vIdA

Y dESARROLLO SOCIAL


LA vIvIENdA SOCIAL EN ESPAÑA

La vivienda habitual, además de ser una necesidad básica de las personas, es un de‑recho social imprescindible para desarrollar otros derechos constitucionales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad o a la libertad1. Esta conexión entre el derecho a la vivienda y otros derechos sociales, hace que el ca‑rácter “digno y adecuado” de la misma deba definirse a partir de su relación con el resto de derechos tutelados por el ordenamiento y por las diferentes Declaraciones y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. Por tanto, este derecho se con‑figura a través de las más diversas perspectivas jurídicas (civil, hipotecaria, urbanís‑tica, financiera, fiscal, etc.).

Las necesidades de vivienda y la exclusión residencial en EspañaComo consecuencia de la crisis económica y de la situación del mercado inmobiliario, la capacidad de las familias para acceder y mantener en con‑diciones adecuadas la vivienda ha empeorado en los últimos años, siendo hasta ahora escasa la efectividad de las políticas públicas a la hora de garantizar el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada2, que recoge nuestra Constitución (art. 47), y que contemplan varios Estatutos de Autonomía3, lo que pone en cuestionamiento este derecho4. De hecho, no

1 Informe del Defensor del Pueblo sobre vivienda, crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas, 2012.2 Marcos Vaquer Caballería. La eficacia y efectividad del derecho a la vivienda en España, 2011.3 Algunos Estatutos de Autonomía de última generación han proclamado este derecho (Cataluña: art. 26, Comunidad Valenciana .art. 16, Islas Baleares: art. 22), y otros establecen un principio rector de los poderes públicos de la comunidad autónoma al servicio de la efectividad del derecho constitucional (Andalucía: art. 25, Aragón: art. 27, Castilla y León: art. 16.14)4 Naciones Unidas (2008): Informe del Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothar.

Naciones Unidas (2012). Informe de la Relatora

solo se está retrasando la emancipación residen‑cial de los jóvenes, sino que también ha empeo‑rado el componente de la asequibilidad del dere‑cho a una vivienda5, y la seguridad en la tenencia.

problemas en el acceso y seguridad de la tenencia de la vivienda

La crisis económica e inmobiliaria en España si‑gue influyendo en el acceso a la vivienda, pues a pesar del descenso acumulado del precio de la vivienda, el crecimiento del desempleo juvenil, junto a su menor permanencia y calidad en el empleo, está produciendo una disminución en la tasa de emancipación residencial en todos los grupos de edad entre 2007 y 2015, a excepción de los jóvenes de 30 a 34 años (que se mantiene en un 74 por 100). Según los datos del Observatorio Joven de Vivienda en España y del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, la

Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Sra. Raquel Rolnik.5 Por ello, los Estados deben asegurar que el porcentaje de los gastos relacionados con la vivienda se corresponda con los niveles de ingresos, de forma que no se comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas.

44] CAuCES 31

tasa de emancipación de los jóvenes de 18 a 24 años descendió del 13,1 por 100 en 2007 al 6,8 por 100 en 2015, y entre los jóvenes de 25 a 29 años, del 46 al 44,2 por 100. Se produce, por tanto, un retraso de la edad de emancipación de los jóve‑nes que, actualmente6, se sitúa entre las más altas de Europa (28,9 años). Esta situación está produciendo una desaceleración en el ritmo de creación de nuevos hogares y una emancipación

6 Eurostat, 2013.

tardía, con importantes consecuencias en el en‑vejecimiento de la población.

Por otro lado, los efectos de la crisis han ge‑nerado problemas que afectan a la seguridad de la tenencia de la vivienda en la que se reside, como la sobrecarga debida a los gastos relacio‑nados con la vivienda y los retrasos en los pagos, aumentando con ello las posibilidades de exclu‑sión residencial. El aumento significativo de los gastos asociados a la vivienda ha implicado un importante incremento en el esfuerzo financie‑ro que deben realizar las familias para afrontar su mantenimiento. Durante la crisis en España aumentó el gasto promedio en vivienda7 un 16,2 por 100, y además se produjo una importante recomposición del gasto, que revela el esfuerzo de las familias de reducción de otros consumos para mantener el acceso a la vivienda (gráfico 1). El gasto medio alcanzó el máximo en 2011 y des‑de entonces desciende, aunque la proporción del gasto medio en vivienda solo desciende en 2014. La proporción media del presupuesto familiar gastado en vivienda en 20148 era algo inferior en España (19,1 por 100) que en la UE‑18 (21,8 por 100), pero mientras en la UE‑18 se ha mantenido prácticamente constante desde 2008 (‑0,1 p.p.) en España ha crecido 2,4 p.p.

7 INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2014.8 Eurostat.

gRáfICO 1 EvOLuCIÓN dEL gASTO dE LOS HOgARES EN vIvIENdA, 2006‑2014

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2014.

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 20142010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 20142010 2011 2012 2013

7.530

8.124

8.645

8.9078.747

8.871

9.155

9.089

8.964

24,925,7

27,3

29,5

32,4

30,131,4

32,333,1

La importancia que durante la crisis económica en España ha tenido la crisis inmobiliaria hace pensar que algunos de los indicadores sobre las condiciones de la vivienda ofrecen información relevante para analizar su impacto sobre la pobreza y la exclusión residencial.


Pese al ligero descenso en el gasto relacio‑nado con la vivienda, el todavía elevado nivel de desempleo, el descenso de los salarios y la mayor inestabilidad del empleo, siguió aumen‑tando la proporción de personas y hogares que

sufren sobrecarga debida a los gastos relaciona‑dos con la vivienda, y que tienen retrasos en los pagos hogares y de personas (gráfico 2). En Es‑paña los hogares y personas más afectados por estos problemas son: la población que se aloja

gRáfICO 2 ALguNOS INdICAdORES dE ExCLuSIÓN RESIdENCIAL

Fuente: INE, Encuesta de Calidad de Vida 2014; y Eurostat.

0

2

4

6

8

10

12

14

5

6

7

8

9

10

11

12

España/UE-18. Tasa de hacinamiento Proporción de personas y hogares que no puede mantanersu vivienda a una temperatura adecuada. España

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 UE-18 4 España 3 Personas 4 Hogares

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

España/UE-18. Tasa de privación severa en materiade vivienda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 UE-18 4 España3 UE-18 4 España

012345678

Proporción de la población con retrasos en el pagodel alquiler o hipoteca. España/UE-18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España/UE-18. Porcentaje de la población con sobrecarga gastosde alojamiento

3 UE-18 4 España 3 Personas 4 Hogares

456789

101112

456789

101112

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España. Proporción de personas y hogares con retrasosen los pagos relacionados con la vivienda principal

46] CAuCES 31

en alquiler libre, la que se encuentra por debajo del nivel de pobreza y los que cuentan con me‑nos ingresos, los extranjeros no comunitarios, los parados, los hogares monoparentales y uni‑personales (especialmente los compuestos por un adulto menor de 65 años) y los hogares con niños dependientes.

Además, un 7,2 por 100 de la población espa‑ñola tuvo retrasos en el pago del alquiler y de la hipoteca (gráfico 2). Esta situación puede llegar a afectar a la seguridad de la tenencia de la vi‑vienda en la que se reside, aumentando con ello las posibilidades de exclusión residencial. La so‑brecarga de los gastos de la vivienda sobre los ingresos, no solo son mayores en los hogares que residen en alquiler, sino que también han regis‑trado un importante aumento (del 35,9 por 100 en 2007, al 47,5 por 100 en 2014). Como conse‑cuencia, la morosidad en los alquileres de vivien‑das en España, continuó creciendo en 20149, (11,9 por 100)10, y aunque no se cuenta actualmente con datos sobre la evolución de los desahucios por impago del alquiler de la vivienda principal, algunos indicadores pueden servir para aproxi‑marse a esta realidad. Así, según datos del Con‑sejo General del Poder Judicial, del total de lanza‑mientos efectuados hasta el iii trimestre de 2015 (50.7431), el 52,8 por 100 fueron lanzamientos de alquileres (26.815)11, cifra que supone un manteni‑miento de los mismos respecto al mismo periodo del año anterior. También, según datos del INE, la falta de pago de la renta o de cantidades que se asimilen fue la principal causa (88,8 por 100) del

9 Fichero de Inquilinos Morosos. VII Estudio FIM sobre la Morosidad en Arrendamientos. España 2014.10 A este respecto, hay que señalar que a fecha de cierre de este artículo no se ha publicado ninguna norma que regule la organización y funcionamiento del Registro Público de Inquilinos Morosos, contemplada en la Ley 4/2013, de Medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.11 Esta estadística no diferencia entre viviendas principales, secundarias o locales y principalmente corresponden a alquileres impagados, pero también a otras causas (laudos arbitrales, procesos de familia, etc.).

total de sentencias estimadas totalmente sobre arrendamientos urbanos en 2014 (7.316).

Respecto a la vivienda en propiedad, no solo los niveles de endeudamiento de los hogares por la compra de la vivienda se mantienen elevados12, sino que la ratio de dudosidad hipotecaria (0,6 en 2007 al 5,09 por 100 en el iii trimestre de 2015) sigue una senda alcista13. Sin embargo, el número de inscripciones de certificaciones por ejecucio‑nes hipotecarias iniciadas sobre vivienda habi‑tual de personas físicas, medida que supone el primer paso para el embargo, descienden. Con datos a iii trimestre de 2015, suponen el 30,7 por 100 del total de ejecuciones hipotecarias, aunque estas bajan un 31,3 por 100 en tasa trimestral y un 12,4 por 100 en tasa anual14. A pesar de ello, el problema de los desahucios sigue siendo uno de los peores legados que ha dejado la crisis, y uno de los factores que aumenta el riesgo de devenir persona sin hogar.

algunos indicadores de exclusión residencial

La importancia que durante la crisis económica en España ha tenido la crisis inmobiliaria hace pensar que algunos los indicadores sobre las con‑diciones de la vivienda ofrecen información rele‑vante para analizar su impacto sobre la pobreza y la exclusión residencial. Las deficiencias y proble‑mas asociados a la vivienda incluyen tanto la ca‑rencia de determinados elementos que influyen en la habitabilidad de la misma, como la adecua‑ción de las viviendas. Se trata de problemas que oscilan desde la situación más extrema de priva‑ción severa a la carencia de determinadas condi‑ciones de habitabilidad de la vivienda. De hecho, Eurostat utiliza la tasa de privación de vivienda severa o grave, definida como la proporción de personas que viven en viviendas sobreocupadas y que también presentan al menos uno de los

12 Según la Encuesta Financiera de las Familias de 2011, el 26,6 por 100 para el conjunto de los hogares y el 32 por 100 de los hogares que son propietarios de la misma.13 Banco de España. 14 INE, Estadística de Ejecuciones Hipotecarias.


elementos de privación de vivienda (falta de aseo o baño, presencia de goteras, falta de luz…), paracalcular el riesgo de pobreza o exclusión social, cuya reducción es parte de la Estrategia 2020. En España dicha tasa no solo es inferior a la media de la UE‑18, sino que además ha disminuido des‑de 2006 (gráfico 2). Sin embargo, según datos del Censo de 2011, casi un millón de viviendas tienen unas condiciones deficientes de habitabilidad.

Además, existe una fuerte relación de la ex‑clusión en la vivienda con el nivel de ingresos en el hogar, la posición en el mercado del sustenta‑dor principal, el régimen de tenencia, la edad y el nivel de estudios.

Desde el punto de vista social, las ciudades resultan ser los lugares donde se manifiestan más intensamente los retos de la inclusión y la cohesión social (la integración de los inmigran‑tes, el desempleo, la educación, la pobreza, etc.), incluida la inclusión residencial. De hecho, tanto la sobrecarga económica por los costes relacio‑nados con el alojamiento, como el hacinamiento y la proporción de población que sufre una pri‑vación severa es mayor en las áreas densamente pobladas (cuadro 1).

En las zonas rurales las tasas de pobreza son sensiblemente superiores a las de las zonas ur‑banas, y aunque a largo plazo estos mayores ni‑veles de pobreza persisten, estas diferencias se han amortiguado con la crisis económica. Por otro lado, se produce un aumento de la desigual‑dad, que explica casi la mitad de la existente en el conjunto de España, aunque la incidencia de los problemas de privación material es menor15, exceptuando la relacionada con la vivienda (cuadro 1).

la vivienda y el riesgo de pobreza

La situación con respecto al régimen de tenencia de la vivienda tiene una importante relación con el riesgo de pobreza. Así, según la ECV de 2014, la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 22,2 por 100 en 2013, pero si se considera el valor del al‑quiler imputado, esta se reduce al 19,9 por 100. Es decir, el hecho de considerar en el cálculo del riesgo de pobreza el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando esta es de su propiedad o

15 Foessa, Pobreza, privación y desigualdad en el ámbito rural, 2015.

CUADRO 1 INdICAdORES dE CALIdAd Y PRIvACIÓN dE LA vIvIENdA POR gRAdO dE uRbANIzACIÓN, 2007‑2014

Indicadores de calidad de la vivienda y privación

Grandes ciudades Ciudades y suburbios Áreas rurales

2007 2014 2007 2014 2007 2014

Alojamiento infraocupado

UE‑27 30,1 29,8 41,7 38,0 30,6 40,6

España 54,8 51,7 58,3 60,8 66,9 64,5

Sobrecarga por costes de alojamiento

UE‑27 12,4 13,1 8,6 10,7 9,5 9,6

España 10,1 11,8 8,0 11,7 5,2 8,7

Hacinamiento

UE‑27 19,0 18,2 11,8 14,2 25,7 17,3

España 5,9 6,3 6,8 4,1 4,7 4,3

Índice de privación severa

España 6,2 5,0 3,8 3,9 12,9 6,6

UE‑27 2,5 1,7 3,0 1,5 2,5 1,9

Fuente: Eurostat, Statistics on income, social inclusion and living conditions.

48] CAuCES 31

gRáfICO 3 EvOLuCIÓN dE LA TASA dE RIESgO dE PObREzA CON Y SIN ALquILER IMPuTAdO

Fuente: INE, Encuesta de Calidad de Vida 2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16

17

18

19

20

21

22

23

3 Sin alquiler imputado 4 Con alquiler imputado

la tiene cedida gratuitamente, hace que la tasa de riesgo de pobreza disminuya (gráfico 3).

Actualmente en España, aunque se manten‑ga una emancipación residencial tardía, se está produciendo un aumento del riesgo de pobreza entre la juventud de 9,5 puntos porcentuales. Pero, en el caso de los jóvenes el tener la vivien‑da en propiedad o cedida gratuitamente, no pa‑rece tener impacto en la disminución del riesgo de pobreza, ni en 2008 ni en 2014, mientras que la vivienda en propiedad “protege” del riesgo de pobreza, especialmente en la vejez (gráfico 4). Sin embargo, hay que señalar que la situación varía si los jóvenes están o no emancipados residen‑cialmente. Así, según datos de FUNCAS16, el ries‑go de pobreza entre los jóvenes de 16‑29 años no emancipados residencialmente aumenta de un 16,4 por 100 en 2007 a un 24,1 por 100 en 2013, convirtiendo a España en el tercer país europeo

16 FUNCAS, Panorama Social núm. 22. Segundo semestre. 2015, “La intensificación de la inestabilidad laboral entre los jóvenes en España. ¿Una cuestión crítica para el relevo intergeneracional?”, Alessandro Gentile y Francesc Valls Fonayet.

con una tasa más elevada mientras que aunque aumente el riesgo de pobreza también entre los jóvenes emancipados (hasta un 24,5 por 100 en 2013), este se encuentra cerca de la media de la UE‑28 (24,4 por 100). Datos que evidencian tanto la vulnerabilidad de las personas jóvenes como también la pérdida de capacidad protectora que el hogar ofrecía en años anteriores.

Por otro lado, en el caso de los extranjeros no comunitarios, el tener la vivienda en propie‑dad aumentaba su riesgo de pobreza en 2008 (6,8 p.p.), mientras que en el año 2014 el impac‑to de la vivienda en el incremento de la pobreza fue menor (gráfico 4), posiblemente por la fuerte emigración sufrida durante los años de crisis.

Necesidad de avanzar en el conocimiento sobre las personas sin hogar en EspañaLas situaciones de vulnerabilidad residencial es‑tán incrementando el riesgo de devenir persona sin hogar17. Aunque actualmente no hay un con‑

17 Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015‑2020. FEANTSA, Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe. September 2012.


Fuente: INE, Encuesta de Calidad de Vida 2008 y 2014.

gRáfICO 4 TASA dE RIESgO dE PObREzA CON Y SIN ALquILER IMPuTAdO, POR EdAd Y NACIONALIdAd, 2008 Y 2014

19,8

26,8

18,1 17,6 15,2

25,5

17,1

27,7

18,6 17,412,0 12,0

Total Menoresde 16 años

De 16 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a64 años

De 65 ymás años

Total Menoresde 16 años

De 16 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a64 años

De 65 ymás años

2008

Q Tasa de riesgo de pobrezaQ Tasa de riesgo de pobreza (con alquiler imputado)

22,230,1 27,6

22,9 21,0

11,4

19,9

29,6 27,221,9

17,3

5,9

2014

Q Tasa de riesgo de pobrezaQ Tasa de riesgo de pobreza (con alquiler imputado)

18,6 15,6

44,3

15,1 11,1

51,1

Total Española Extranjera(Resto del mundo)

2008

Q Tasa de riesgo de pobreza Q Tasa de riesgo de pobreza (con alquiler imputado)

20,8 18,4

55,4

18,1 15,1

58,3

Total Española Extranjera(Resto del mundo)

2014

Q Tasa de riesgo de pobreza Q Tasa de riesgo de pobreza (con alquiler imputado)

cepto universal estandarizado de persona sin hogar, en Europa existe un amplio consenso, aunque no oficial, en usar la categorización de‑nominada ETHOS (European Typology on Home‑lessness and Housing Exclusion), propuesta por la Federación Europea de Asociaciones Naciona‑les que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANT‑SA en sus siglas en inglés), según la cual vivir sin hogar es más que vivir sin techo, ya que se consi‑dera que no tienen hogar tanto las personas sin techo, como las que no tienen vivienda propia, como aquéllas que residen en una vivienda inse‑gura o inadecuada (recuadro 1).

Según la primera Estrategia Nacional In‑tegral para Personas Sin Hogar 2015‑2020, al abordar un diagnóstico sobre las personas sin hogar lo primero que se advierte es la escasez de datos referidos a las mismas: son pocos los estudios existentes, poco generalizables, y los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Esta‑dística (INE) sobre las personas atendidas en los centros que ofrecen alojamiento o restauración son difícilmente extrapolables a toda la pobla‑ción que está sin hogar. Además, la información disponible para el conjunto de España divide la población sin hogar en una parte “visible” y

50] CAuCES 31

RECUADRO 1 TIPOLOgíA EuROPEA dE PERSONAS SIN HOgAR Y ExCLuSIÓN RESIdENCIAL

A. SIN TECHO1. Vivir en un espacio público (sin domicilio).2. Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en un espacio público.

B. SIN VIVIENDA3. Estancia en centros de servicios o refugios (hostales para sin techo que permiten diferentes modelos

de estancia).4. Vivir en refugios para mujeres.5. Vivir en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los demandantes de asilo.6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales sin tener donde ir, etc.7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento).

C. VIVIENDA INSEGURA8. Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de forma involun‑

taria, vivir en una vivienda sin contrato de arrendamiento —se excluyen los ocupas—, etc.).9. Notificación legal de abandono de la vivienda.10. Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja.

D. VIVIENDA INADECUADA11. Vivir en una estructura temporal o chabola.12. Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal.13. Vivir en una vivienda masificada.

Fuente: FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar), ETHOS ‑ European Typology on Homelessness and Housing Exclusion.

mayoritaria, vinculada a centros de alojamiento y restauración; y otra parte más reducida y des‑conocida, que pernocta en espacios inadecuados y se encuentra en peores condiciones de vida, y por tanto más “invisible”. Existen aún grandes incertidumbres sobre las razones por las que las personas llegan a quedarse sin vivienda y por las que no se alojan en los centros que ofrecen las instituciones. Todo ello apunta a la necesidad de avanzar en el conocimiento del fenómeno para que se pueda formar un diagnóstico global e integral.

El INE, en su encuesta de 2012, contabilizó 22.938 personas sin hogar que estaban siendo

atendidas en centros asistenciales de alojamien‑to y restauración, lo cual ha supuesto un aumen‑to del 4,7 por 100 si se compara el número de per‑sonas usuarias de centros asistenciales en 2005 (21.900). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ese dato tiene dos limitaciones: las conse‑cuencias de la crisis en 2012 aún estaban en su primera etapa y los datos se refieren a usuarios de centros. Otra fuente para conocer el total de personas sin hogar son los llamados recuentos nocturnos organizados en distintas ciudades. Según el diagnóstico de la situación de las perso‑nas sin hogar, realizado en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015‑2020, si se


extrapolan al conjunto de España los recuentos efectuados en cuatro ciudades, el número total de personas sin hogar en España estaría aproxi‑madamente entre 25.000 y 30.000 personas. Además, si se considera que hay un 10 por 100 de personas sin hogar durmiendo en espacios públi‑cos que no son localizadas por los recuentos, se estaría en un intervalo de 30.250‑36.300 perso‑nas sin hogar.

A pesar de esta carencia de datos e infor‑mación, el diagnóstico realizado en la Estra‑tegia través de diversas fuentes significativas, permite apuntar algunas de las características y tendencias más relevantes que perfilan la si‑tuación de las personas sin hogar en España (recuadro 2).

El gasto público en vivienda en EspañaLa función amortiguadora del impacto de la cri‑sis que podría tener el gasto público en vivienda se ve debilitada en España, como en otros países de la UE, por los efectos de las medidas de con‑solidación fiscal tomadas en los últimos años. El gasto público en vivienda en 2013 en España fue del 0,5 por 100 del PIB, el décimo más bajo de Eu‑ropa18, y el quinto país en el que más ha descen‑dido desde 2007 (0,4 p.p.) (cuadro 2).

El presupuesto estatal para la política de la vi‑vienda ha ido reduciéndose progresivamente du‑rante los últimos siete años, de 1.248 millones de euros en 2007 a 587 millones de euros en 2015. Las

18 Eurostat.

RECUADRO 2 PERfIL dE LAS PERSONAS SIN HOgAR SEgúN LA ESTRATEgIA NACIONAL INTEgRAL PARA PERSONAS SIN HOgAR

1. Más jóvenes y más mayores sin hogar: aumenta el número de personas jóvenes en calle y también los mayores de 45 años sin hogar.

2. Aumenta la proporción de mujeres sin hogar especialmente entre los jóvenes.3. Menor presencia de ciudadanos europeos entre el contingente de extranjeros sin hogar y aumento

de los no europeos.4. Aumento del sinhogarismo por impagos, pérdida de vivienda y desempleo.5. Mayor cronificación de las situaciones de sinhogarismo y de la búsqueda de empleo.6. Fuentes de ingresos para las personas sin hogar.7. Tendencia a un mayor uso de pisos y pensiones con relación a quienes solicitan acudir a dormir en

centros.8. Situación sanitaria de las personas sin hogar.9. Personas sin hogar más familiares.10. Personas sin hogar con rasgos demográficos cada vez más similares a cualquier persona “integrada”

en la sociedad.11. Mejor valoración subjetiva de los servicios para PSH, mayor contacto con profesionales sociales en

pisos y pensiones y menor entre quienes pernoctan en calle.12. Tendencia a más agresiones y delitos contra personas sin hogar, especialmente jóvenes y mujeres.13. Aumento de los recursos para atender a personas sin hogar pero disminución del porcentaje de

personas sin hogar al que se logra atender.14. Mejoras en las dotaciones de los municipios de más de 50.000 habitantes y estancamiento

o empeoramiento de los menores.

Fuente: Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015‑2020.

52] CAuCES 31

viviendas protegidas terminadas fueron en 201519 5.361, mientras que en 2007 alcanzaban la cifra de 67.514. Además, la importancia de la inversión pú‑blica del Estado se ha ido reduciendo progresiva‑mente en favor de la realizada por las comunida‑des autónomas, que elaboran sus propios planes de vivienda en función de sus necesidades espe‑cíficas. Así, del total del presupuesto en la función vivienda en 2015 (1.310 millones de euros), el 69 por 100 corresponde al conjunto de las comunida‑des autónomas y el 31 por 100 al Estado.

Lo primero que habría que señalar es la varia‑ción en el grado de ejecución del presupuesto de cada comunidad en vivienda, medido como el por‑centaje del gasto liquidado sobre lo presupuesta‑do. Así, en 2007 ocho comunidades autónomas (gráfico 5) no han gastado una cuarta parte de lo presupuestado, mientras que en 2013 el grado de ejecución del presupuesto ha sido superior, a ex‑cepción de Andalucía, Asturias, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Situación que se re‑produce en el presupuesto estatal, ya que en 2007

19 Datos hasta septiembre 2015.

se liquidó un 73,4 por 100 de lo presupuestado y en 2014 un 96,7 por 100.

En España, el gasto liquidado en la función vi‑vienda sobre el gasto total es muy variable terri‑torialmente, oscilando en 2013 del 0,3 por 100 de Andalucía al 1,5 por 100 de Navarra. En términos de evolución hay que destacar una reducción ge‑neralizada del gasto en vivienda, a excepción de Murcia, mientras que la evolución del conjunto del gasto total en el mismo periodo registra ta‑sas positivas en nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) y en el resto, las disminuciones del gasto total son menores que las que se registran en el gasto en vivienda. En cuanto al gasto en vi‑vienda por habitante, entre las comunidades que menor volumen de recursos han destinado a la vivienda se encuentran la Comunidad Valencia‑na y Andalucía, y entre las que más, País Vasco y Navarra. En términos de evolución, aunque la dis‑minución del gasto afecta a todas las comunida‑des autónomas, las que más lo han reducido son: Navarra (316 euros menos), Asturias (53 euros), Extremadura y Galicia (38 euros).

CUADRO 2 TOTAL dE gASTO dE LOS gObIERNOS EN vIvIENdA Y SERvICIOSA LA COMuNIdAd

Vivienda y servicios a la comunidad

Plan de viviendas/ promoción urbanística

Desarrollo del vecindario/comunidad

Suministro de agua

Alumbrado público

I+ D en vivienda y servicios a la

comunidad

Vivienda y servicios a la comunidad

% sobre el PIB

UE‑28 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0

UE‑19 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0

EA‑18 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0

ES (p) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

% sobre el total del gasto

UE‑28 1,4 0,5 0,5 0,2 0,1 0 0,1

UE‑19 1,4 0,4 0,6 0,2 0,1 0 0,1

EA‑18 1,4 0,4 0,6 0,2 0,1 0 0,1

ES (p) 1 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0

Fuente: Eurostat.


gRáfICO 5 gASTO AuTONÓMICO EN EL ACCESO A LA vIvIENdA Y fOMENTO dE LA EdIfICACIÓN, 2007 Y 2013

50-6060-7070-8080-9090-100+10070

101

9974

94

99

70

88

72

6872

83

91

98

52

96

67

50-6060-7070-8080-90+90

140

86

8496

218

83

83

79

97

82 133

59

87

80

100

96

81

2007

PORCENTAJE DE GASTO LIQUIDADO SOBRE EL PRESUPUESTO

2013

0-0,50,6-1,01,0-1,51,5-2,02,0-3,0+31,4

1,3

2,31,1

0,7

0,8

1,8

1,2

1,1

1,0 1,2

0,7

2,05,7

1,5

1,5

1,5

0-0,50,6-1,01,0-1,51,5-2,02,0-3,0+31,0

0,4

1,30,9

0,5

0,4

1,0

0,3

0,7

0,50,4

0,6

0,61,5

1,1

0,6

0,6

PORCENTAJE DE GASTO LIQUIDADO EN VIVIENDA SOBRE EL TOTAL

2007 2013

10-2021-3031-4041-50+50

45

51

9143

23

32

77

43

42

4233

20

75403

44

56

58

10-2021-3031-40+41

33

21

5931

15

21

39

12

27

1811

19

22

87

32

24

21

GASTO LIQUIDADO EN VIVIENDA POR HABITANTE, EN EUROS

2007 2013

Fuente: INE, Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

54] CAuCES 31

el plan de vivienda: situación de la vpo en propiedad y alquiler, y de la rehabilitación protegida

La caída de las rentas personales entre los niveles más desfavorecidos, y la subida del nivel de pre‑cios20 de la vivienda protegida en propiedad des‑de el inicio de la crisis pueden hacerlas inasequi‑bles. Esta falta de ajuste de la política de vivienda a las necesidades residenciales de la población a la que van dirigidas, se evidencia en la existen‑cia de un parque de viviendas protegidas vacías estimado por el Defensor del Pueblo en 2013 de 13.504 viviendas, pues actualmente se descono‑ce su número, aunque el Ministerio de Fomento anunció en 2013 un registro estatal de VPO vacías con fines estadísticos.

Para remediar esta situación, el Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016, permitía, con carácter excepcional, que puedan recalificar algunas vi‑viendas de protección oficial en venta para que puedan destinarse al alquiler. Sin embargo, Es‑paña cuenta con un exiguo parque público de vivienda protegida en alquiler (2 por 100 el total del parque inmobiliario, el 15 por 100 del parque en alquiler y alrededor de 11 viviendas por cada 1.000 habitantes)21.

20 Así, mientras que en 2008 el precio de la vivienda protegida representaba en torno a la mitad del de la vivienda libre, en 2015 el precio medio de la vivienda protegida era aproximadamente una cuarta parte más barata (74,5 por 100) que la vivienda libre.21 Véase CECODHAS, Housing Europe Review 2012.The nuts and bolts of European social housing systems. Housing Europe’s Observatory, October 2011.

A este respecto hay que señalar que el De‑fensor del Pueblo instó en 2014 a incluir a la SA‑REB en el Fondo Social de la Vivienda en alquiler (FSV)22, que en 2015 contaba con 9.866 viviendas. Esta propuesta fue denegada por el Ministerio de Economía y Competitividad al considerar que la SAREB no está configurada como un instrumen‑to de la política social de vivienda, sino como un instrumento de la política financiera, y también por el Ministerio de Fomento, que además de apoyar el criterio anterior, informó que en 2013 y 2014 el número de solicitudes recibidas por las entidades financieras fue sustancialmente me‑nor al de viviendas ofertadas, y que la Comisión de Seguimiento y Coordinación del FSV, acordó en 2014 ampliar las circunstancias recogidas inicialmente en el Convenio para la creación del FSV23, por lo que consideraba que una vez evalua‑do el efecto de esta ampliación sería el momento de considerar si hay necesidad de aumentar el

22 La puesta en marcha del Fondo Social de Viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto‑ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.23 Unidades familiares con hijos menores de edad, personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía, personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, y otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

La rehabilitación mejora la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas ya construidas, lo que posiblemente reduzca los elevados gastos vinculados al uso del hogar, mejore la calidad de vida de sus residentes, y contribuya a un mayor grado de sostenibilidad de las mismas.


número de viviendas ofertadas por el FSV. Ante esta respuesta, el Defensor del Pueblo, sugiere que se debería impulsar la ampliación de los po‑tenciales beneficiarios de FSV y dar una mayor di‑fusión a la existencia del mismo. Esta institución también trató, en otros asuntos, los relacionados con la supresión, retrasos e impagos de ayudas públicas a la vivienda, las ayudas de subsidiación para préstamos de VPO, el retraso o impago de subvenciones para la instalación de ascensores, la venta de viviendas de protección pública a em‑presas privadas y los desalojos forzosos por ocu‑paciones ilegales. Por tanto, parece conveniente reforzar en España el régimen de alquiler social, ya que no solamente posibilita un mayor acce‑so a la vivienda a los sectores más vulnerables, como los jóvenes y los desempleados, sino que también dota al Estado de una herramienta más para atender cambios en la demanda.

Por otro lado, la rehabilitación del parque de viviendas ya edificado se está convirtiendo en uno de los ejes estratégicos de la política de la vivienda en España. La rehabilitación mejora la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energé‑tica de las viviendas ya construidas, lo que posi‑blemente reduzca los elevados gastos vinculados al uso del hogar, mejore la calidad de vida de sus residentes, y contribuya a un mayor grado de sos‑tenibilidad de las mismas. Además, tanto desde instancias europeas como nacionales, se ha con‑siderado la inversión en ese terreno como una de las soluciones a la crisis en el sector de la cons‑trucción residencial.

A pesar del marco legislativo y del impulso que desde diferentes Administraciones públicas se ha dado a la rehabilitación del parque inmobiliario —que sigue siendo insuficiente—, y de las nece‑sidades de rehabilitación tanto para mejorar la habitabilidad de las mismas, como para aumen‑tar su eficiencia energética y la accesibilidad uni‑versal, que tanto las sucesivas Memorias del CES, como el reciente informe del CES sobre el papel de la construcción en el crecimiento económico han cuantificado, las actividades de rehabilitación

son escasas y la rehabilitación protegida sigue una tendencia descendente desde que hay es‑tadísticas oficiales a tal efecto (gráfico 6). Parece por tanto, que el impulso a la rehabilitación pasa por la recuperación del empleo y de la renta de las familias, pues desde el inicio de la crisis la propor‑ción del gasto medio de los hogares dedicado a mantener y proveer una adecuada habitabilidad de la vivienda ha disminuido un 21,7 por 100 en términos corrientes en el gasto medio por hogar entre 2007 y 201424.

la financiación del plan de vivienda 2013‑2016 en el año 2015Respecto a la financiación del Plan Estatal 2013‑2016 por programas, lo primero que habría que señalar es que han pasado dos años desde la publicación del Plan y la publicación de los Con‑venios entre el Ministerio de Fomento y las comu‑nidades autónomas necesarios para su puesta en marcha; y que no todas las comunidades autóno‑mas a fecha de cierre de este artículo los han fir‑mado. En 2015, el Estado aportó el 76 por 100 del montante total del Plan (315.646546 euros) para ese año y el 24 por 100 restante el conjunto de las

24 INE (2014), Encuesta de Presupuestos Familiares: Base 2006.

La proporción del gasto medio de los hogares dedicado a mantener y proveer una adecuada habitabilidad de la vivienda ha disminuido un 21,7 por 100 en términos corrientes en el gasto medio por hogar entre 2007 y 2014.

56] CAuCES 31

comunidades autónomas. Además, las priorida‑des de financiación por programas del conjunto de la financiación autonómica y de la estatal son muy diferentes, destacando la mayoritaria o to‑tal aportación estatal al programa de ayudas al alquiler de viviendas y el apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios, y la escasa financiación, tanto estatal como autonómica, del programa de fomento de ciudades sostenibles y

competitivas, y del fomento del parque público de vivienda en alquiler. Finalmente, las priorida‑des por programas de la financiación autonómi‑ca es muy variable (gráfico 7). Y por último hay que recordar que los importes establecidos en los distintos convenios son cantidades a las que las Administraciones se comprometen, pero que no se asegura que su ejecución se produzca en su totalidad (cuadro 3).

gRáfICO 7 dISTRIbuCIÓN dE LA fINANCIACIÓN ESTATAL Y AuTONÓMICA POR PROgRAMAS, 2015

Fuente: elaboración propia a partir del BOE.

1

35

12

845

27

4227

0 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Financiación estatal total* Financiación autonómica

Q Fomento de ciudades sostenibles y competitivas

Q Apoyo a la implantación del Informe de evaluación de los edificios

Q Fomento de la regeneración y renovación urbanas

Q Fomento de la rehabilitación edificatoria

Q Fomento del parque público de vivienda en alquiler

Q Ayuda al alquiler de viviendas

gRáfICO 6 REHAbILITACIÓN PROTEgIdA dEL PARquE RESIdENCIAL

Fuente: Ministerio de Fomento, Estadística de la Vivienda protegida.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Planes estatales y autonómicos

2011 2012 2013 2014

3 Número de aprobaciones provisionales 4 Número de aprobaciones definitivas


CUADRO 3 LA fINANCIACIÓN dEL PLAN 2013‑2016 POR PROgRAMAS EN EL AÑO 2015(En euros)

Financiación autonómica 2015

Comunidades autónomas

Programa 2. Ayuda al alquiler

de viviendas

Programa 3. Fomento del

parque público de vivienda en

alquiler

Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria

Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación

urbanas

Programa 6. Apoyo a la implantación

del informe de evaluación de los

edificios

Programa 7. Fomento de

ciudades sostenibles

y competitivas Total

Murcia .. .. 1.736.000 1.375.732 .. 200.000 3.311.732

La Rioja .. 107.143 615.561 318.640 .. .. 1.041.344

Galicia .. .. .. 2.387.207 .. .. 2.387.207

Extremadura 500.400 .. 7.800.000 1.772.166 100.050 .. 10.172.616

Cataluña .. .. 5.000.000 7.683.730 .. .. 12.683.730

Castilla‑La Mancha

.. 200.000 2.798.960 500.000 .. .. 3.498.960

Castilla y León .. 377.888 1.983.910 2.361.798 .. .. 4.723.596

Cantabria .. 400.000 700.000 1.050.000 .. .. 2.150.000

Canarias .. .. 942.857 3.693.265 .. .. 4.636.122

Baleares .. .. .. .. .. .. ..

Aragón .. 204.427 2.019.585 1.100.000 .. .. 3.324.012

Asturias .. .. 2.300.000 596.642 .. .. 2.886.642

Andalucía .. .. 8.437.500 6.520.554 .. .. 14.958.054

C. Valenciana .. 7.708.236 .. 2.263.800 .. .. 9.972.036

Total 500.400 8.997.694 34.334.373 31.623.534 100.050 200.000 75.746.051

Financiación estatal * 2015

Comunidades autónomas

Programa 2. Ayuda al alquiler

de viviendas

Programa 3. Fomento del

parque público de vivienda en

alquiler

Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria

Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación

urbanas

Programa 6. Apoyo a la implantación

del informe de evaluación de los

edificios

Programa 7. Fomento de

ciudades sostenibles

y competitivas Total

Murcia 4.000.000 .. 2.960.000 4.230.664 401.732 500.000 12.092.396

La Rioja 1.630.471 392.857 1.384.439 853.379 250.000 .. 4.511.146

Galicia 6.490.213 .. 4.033.107 2.643.829 2.000.000 .. 15.167.149

Extremadura 3.000.400 .. 2.447.000 3.250.000 50.000 .. 8.747.400

Cataluña 14.000.000 2.000.000 14.000.000 12.279.100 .. .. 42.279.100

Castilla‑La Mancha

4.000.000 1.400.000 4.000.000 1.500.000 550.000 213.200 11.663.200

Castilla y León 5.195.960 1.259.624 1.259.624 7.872.660 157.452 .. 15.745.320

Cantabria 3.100.000 .. 1.880.020 .. 560.000 .. 5.540.020

Canarias 866.400 5.000.000 3.142.857 6.236.483 208.000 .. 15.453.740

Baleares 1.715.744 .. 1.661.000 1.511.800 10.000 .. 4.898.544

Aragón 4.786.683 681.423 3.790.162 1.536.190 185.760 99.822 11.080.040

Asturias 4.400.000 .. 4.200.000 822.140 200.000 .. 9.622.140

Andalucía 24.930.090 .. 8.437.500 14.100.000 200.000 2.192.590 49.860.180

C. Valenciana 5.333.333 7.708.236 11.786.751 7.078.800 333.000 1.000.000 33.240.120

Total 83.449.294 18.442.140 64.982.460 63.915.045 5.105.944 4.005.612 239.900.495

*Incluida financiación adicional.Fuente: elaboración propia a partir del BOE.

58] CAuCES 31

Políticas específicas de inclusión residencial en EspañaFinalmente hay que señalar que aunque los Pla‑nes de Vivienda son la principal política pública de inclusión residencial, existen otras políticas públicas que contemplan la protección de las personas más vulnerables en términos residen‑ciales: el Plan Nacional de Acción para la Inclu‑sión Social del Reino de España y la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar.

plan nacional de acción para la inclusión social del reino de españa 2013‑2016En el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (PNAIN) se proponen un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo fomentar el acceso a las viviendas en régimen de alquiler basándose en un sistema de ayudas en función de la renta de la unidad de convivencia, se apuesta por fomentar la crea‑ción de un parque público de viviendas en al‑quiler para ofrecer una solución para los casos más extremos, se plantea la protección de los deudores hipotecarios, y la puesta en marcha de iniciativas de rehabilitación integral, acompa‑ñadas de programas sociales, ante la existencia de barrios; o viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad.

Respecto a las actuaciones contempladas en el PNAIN, hay que señalar que algunas de ellas ya están contempladas en parte en las principa‑les medidas de impulso para la rehabilitación del

parque edificatorio y de viviendas25 que han sido abordadas en España desde 200826 y especial‑mente con la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley 8/2013) y el Plan Esta‑tal de Vivienda 2013‑2016 (Real Decreto 233/2013).

Así, algunas de las actuaciones contempladas en el PNAIN (recuadro 4) ya están contempladas en parte en el Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016, como por ejemplo la actuación 150 sobre la ayu‑da al alquiler de vivienda (Programa 2 del Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016), la actuación 156, medida en parte contemplada en el Plan de Vi‑vienda (Programa 2), o la actuación 156 sobre las políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna, mediante la recuperación de las condi‑ciones de seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas a través de la rehabilitación, re‑generación y renovación urbanas, en especial en tejidos urbanos degradados, medida que en parte contemplada en el Plan Estatal de Vivien‑da 2013‑2016 (Programa 4). Finalmente, el PNAIN

25 Véase el recuadro 7 sobre las principales medidas de impulso para la rehabilitación del parque edificatorio y de viviendas del Informe CES 2/2016, El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida.26 Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Real Decreto‑ley 9/2008), Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009‑2012 (Real Decreto 2066/2008), la nueva deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual y aplicación de tipo reducido del IVA del 8 por 100 a todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de la vivienda (Real Decreto‑ley 6/2010), o la ampliación de la deducción en el IRPF por las obras de rehabilitación (Real Decreto‑ley 5/2011).

Respecto a la financiación del Plan Estatal 2013‑2016 por programas, lo primero que habría que señalar es que han pasado dos años desde la publicación del Plan y la publicación de los Convenios entre el Ministerio de Fomento y las CCAA necesarios para su puesta en marcha.


RECUADRO 3 ObJETIvOS PNAIN 2013‑2016, RELACIONAdOS CON LA vIvIENdA

Objetivo estratégico 3. Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población enfo‑cados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente el caso de servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y sociedad de la información

Objetivos operativos relacionados con la viviendaObjetivo operativo 19. Facilitar el acceso a la vivienda a las personas y familias socialmente vulne‑

rables, especialmente donde haya niños y niñas.Objetivo operativo 20. Impulsar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler

a las personas y familias con escasez de recursos económicos.Objetivo operativo 21. Proteger a los deudores hipotecarios sin recursos, especialmente a quienes

tienen hijos e hijas a cargo.Objetivo operativo 22. Mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad de las vi‑

viendas de las familias y su entorno, con acompañamiento de programas sociales.

ATENCIÓN DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES

A. Personas sin hogarActuación 172. Diseñar y poner en marcha la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar,

atendiendo a las recomendaciones europeas, en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y el tercer sector de acción social.

Actuación 173. Impulsar la difusión de buenas prácticas en relación con los dispositivos de atención a las personas sin hogar en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales.

Actuación 174. Proseguir con la realización de las encuestas a los centros de personas sin hogar y a las personas sin hogar y mejorar la metodología para la definición y obtención de estos datos a través del refuerzo de la cooperación con el Instituto Nacional de Estadística.

Actuación 175. Realizar, en colaboración con el tercer sector de acción social, programas dirigidos al establecimiento de equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitaria en la calle.

Actuación 176. Crear dispositivos de acogida en periodo de convalecencia para personas sin hogar con alta hospitalaria y personas con enfermedades terminales, que carezcan de vivienda y otras redes de apoyo, contando para tal fin con el tercer sector de acción social.

Actuación 177. Proporcionar alojamiento temporal a personas sin hogar con el fin de prevenir o paliar su deterioro físico y problemas de salud, especialmente la enfermedad mental, el alcoholismo, las adicciones y otros estados asociados a su situación a través de los siguientes programas y consi‑derando la participación del tercer sector de acción social: a. Programas de mantenimiento de pisos tutelados y centros de acogida. i. Programas de alojamiento de media y larga estancia.

Fuente: Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013‑2016.

recoge la normativa recientemente aplicable a los deudores hipotecarios sin recursos27, y cuyo

27 Real Decreto‑ley 6/2012, Real Decreto‑ley 27/201, Ley 1/2013 y Real Decreto‑ley 1/2015 para ayudar a aquellas familias a quienes la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios.

grado de cumplimiento ha sido abordado en este artículo.

Respecto a su seguimiento, hay que señalar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, centralizará la información sobre el de‑sarrollo y cumplimiento de las medidas incluidas

60] CAuCES 31

RECUADRO 4 ObJETIvOS Y ACTuACIONES dEL PNAIN 2013‑2016, RELACIONAdOS CONLA vIvIENdA

ObjetivO OperAtivO 19. FAcilitAr el AccesO A lA viviendA A lAs persOnAs y FAmiliAs sOciAlmente vulnerAbles, especiAlmente dOnde hAyA niñOs y niñAs

Actuación 144. Poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016 prestando particular atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda de los grupos sociales más vulnerables y de sectores preferentes.

Actuación 145. Promover ayudas a la rehabilitación destinadas a incrementar tanto la accesibilidad de las viviendas en propiedad de personas con discapacidad.

Actuación 146. Facilitar el acceso a las ayudas de vivienda a las personas y familias más vulnerables estableciendo la posibilidad de la declaración responsable sobre sus ingresos en lugar de la genérica de la declaración de IRPF, cuando ello no sea posible.

Actuación 147. Apoyar a aquellas familias más vulnerables en el pago de la factura de la electricidad mediante el mantenimiento del bono social.

Actuación 148. Facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género.

Actuación 149. Promover programas de mediación y acompañamiento social, información y ase‑soramiento para el acceso a la vivienda, así como aquellos otros que contemplen la mediación con el sector privado para el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento, en colaboración con el tercer sector de acción social.

ObjetivO OperAtivO 20. impulsAr el AccesO y lA permAnenciA en unA viviendA en régimen de Alquiler A lAs persOnAs y FAmiliAs cOn escAsez de recursOs ecOnómicOs

Actuación 150. “Programa de ayuda al alquiler de vivienda” del Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016 (Programa 2).

Actuación 151. Fomentar la creación de un parque público de vivienda para alquiler protegido o en rotación sobre suelos o edificios de titularidad pública.

Actuación 152. Favorecer la movilidad laboral manteniendo la ayuda al alquiler.

Actuación 153. Facilitar el acceso a la vivienda de alquiler mediante la consolidación del comple‑mento de la pensión de jubilación o invalidez no contributiva, según los requisitos establecidos por la regulación aplicable.

ObjetivO OperAtivO 21. prOteger A lOs deudOres hipOtecAriOs sin recursOs, especiAlmente A quienes tienen hijOs e hijAs A cArgO

Actuación 154. Continuar con el seguimiento del fondo social de viviendas propiedad de las entida‑des de crédito.

Actuación 155. Apoyar a las familias que tienen dificultades en el pago de la deuda hipotecaria y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, mediante la aplicación del Código de Buenas Prácticas.


ObjetivO OperAtivO 22. mejOrAr lAs cOndiciOnes de seguridAd, sAlubridAd y hAbitAbilidAd de lAs viviendAs de lAs FAmiliAs y su entOrnO, cOn AcOmpAñAmientO de prOgrAmAs sOciAles

Actuación 156. Fomentar las políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna, priorizando el acceso a través del alquiler y mediante la recuperación de las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas a través de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en especial en tejidos urbanos degradados, medida en parte contemplada en el Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016 (Programa 4).

Actuación 157. Subvencionar, al amparo del “Programa para el fomento de las ciudades sostenibles y competitivas”, proyectos destinados a la mejora de barrios, centros y cascos históricos y renovación de áreas para sustitución de infraviviendas.

Actuación 158. Abordar planes destinados a la erradicación del chabolismo y la infravivienda median‑te la utilización de los Fondos Estructurales FEDER y FSE con especial incidencia en la población gitana.

Actuación 159. Garantizar el derecho de realojo a aquellas personas que hayan sido desalojadas de sus vivienda habitual, tal y como determina la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regenera‑ción y renovación urbana.

Actuación 160. Financiar, mediante la concesión de subvenciones, diversas actuaciones destinados a mejorar la eficiencia energética como medida de lucha contra la pobreza energética.

Actuación 161. Elaboración de un mapa de barrios vulnerables con problemática social.Actuación 162. Desarrollar en colaboración con el tercer sector de acción social, programas integra‑

les en zonas vulnerables.


en el PNAIN. Asimismo sistematiza, analiza esta información en torno a indicadores de procesos y valora su impacto sobre la situación de pobre‑za y exclusión social. Indicadores que hacen re‑ferencia no solo a la situación o no de pobreza y exclusión social, sino también a los factores de

exclusión e inclusión, como la vivienda. Final‑mente, señalar que la estimación presupues‑taria no recoge de forma desglosada la cuantía destinada a la garantizar el servicio básico de vi‑vienda (cuadro 4).

CUADRO 4 ESTIMACIÓN PRESuPuESTARIA AgREgAdA dE LAS AdMINISTRACIONES PúbLICAS dEL PNAIN 2013‑2016.AÑO bASE 2013

Presupuesto base 2013 PNAIN 2013-2016

Garantizar la prestación de servicios básicos a toda la población (servicios sociales, educación, sanidad, vivienda, sociedad de la información, justicia)

5.564.240.350 22.435.017.050

Otras actuaciones específicas dirigidas a la atención de los grupos más vulnerables: personas sin hogar

16.009.433 64.037.730

Gobernanza, apoyo y fortalecimiento del tercer sector de acción social 18.298.712 73.194.846

TOTAL 34.566.397.921 136.574.449.730


62] CAuCES 31

la estrategia nacional integral para personas sin hogar 2015‑2020La primera Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar (ENI‑PSH) es el instrumento básico para dar respuesta a la situación de estas personas y crear un marco integral de actuación con este colectivo.

La ENI‑PSH no está dirigida a la mera asisten‑cia o a la supervivencia de las personas bajo mí‑nimos de garantía vital, sino que aspira a que las personas sin hogar restauren su proyecto de vida y se reincorporen a una sociedad. Los principios en los que se basa esta Estrategia son: los dere‑chos28 que tienen todas las personas, incluidas

28 El enfoque de esta Estrategia emana de los derechos que tienen las personas sin hogar y de la necesidad de garantizar los compromisos de los poderes públicos para que las personas sin hogar puedan ejercerlos

por tanto las personas sin hogar, y el compromiso de los poderes públicos para poder ejercerlos con efectividad; la unidad de acción; la prevención y atención temprana; un enfoque orientado a la vi‑vienda y centrado en las personas; la perspectiva de género, y la mejora del conocimiento y forma‑ción (cuadro 5).

La evaluación de la Estrategia valorará el cumplimiento de los objetivos establecidos en la misma a través del seguimiento de los indi‑cadores propuestos para cada uno de ellos (cua‑dro 6) y será el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el responsable de su realiza‑ción. Este seguimiento se efectuará mediante la

con efectividad. Estar en esa situación de pobreza y exclusión extremas apela al derecho de las personas a ser protegidas por los poderes públicos frente a las consecuencias que genera.

CUADRO 5 ObJETIvOS Y LíNEAS ESTRATégICAS dE LA EI‑PSH

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Prevención del sinhogarismo 1. Prevenir las causas del sinhogarismo en situaciones de riesgo.

2. Establecer protocolos de detección e intervención temprana de sinhogarismo.

2. Sensibilización de la sociedad y defensa contra la discriminación y los delitos de odio dirigidos a las personas sin hogar

3. Promover el derecho a una imagen veraz y respetuosa de las personas sin hogar.

4. Eliminar barreras que obstaculizan el acceso a los servicios y a las prestaciones sociales.

5. Combatir la violencia ejercida contra las personas sin hogar.

3. Garantizar la seguridad de vida de las personas sin hogar 6. Ofrecer un sistema plural de alojamiento dirigido a que la persona pueda normalizar su vida y reincorporarse a la sociedad.

7. Aplicación del método housing first.

8. Mejora de los recursos dirigidos a las personas sin hogar.

4. Restaurar el proyecto de vida 9. Aplicación del metodo de gestión de caso.

10. Mejorar la empleabilidad de las personas sin hogar.

11. Establecer medidas de rearraigo en la comunidad.

5. Reforzar el sistema público de atención a las personas sin hogar y mejorar el conocimiento, el intercambio de información y la evaluación

12. Reforzar el sistema público de atención a las personas sin hogar.

13. Mejorar el conocimiento, el intercambio deinformación y la evaluación.

Fuente: Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015‑2020.


CUADRO 6 ObJETIvOS dE LA ESTRATEgIA E INdICAdORES dE LA EI‑PSH

Objetivos de la estrategia (1)

Indicadores

Cuantificación a 2015 Objetivo 2018 Objetivo 2020

1. Reducir el número total de personas sin hogar 22.938 20.000 18.000

2. Reducir el número de mujeres sin hogar 4.513 3.044 2.044

3. Reducir el número de hombres sin hogar 18.425 16.956 15.956

4. Reducir el porcentaje de jóvenes (entre 18 y 29 años) sin hogar 19,33% 13% 8%

5. Reducir el porcentaje de mayores de 64 años sin hogar 3,83% 2,50% 1,50%

6. Reducir el porcentaje de personas que pernoctan en espacios públicos, alojamientos de fortuna y pisos ocupados

35,31% 25% 15%

7. Reducir el porcentaje de personas sin hogar con enfermedades graves 30,72% 20% 15%

8. Reducir el porcentaje de personas sin hogar con adicciones 37,34% 32% 25%

(1) Los datos de referencia a 2015 están extraídos de la Encuesta de Personas sin Hogar del INE del año 2012.Fuente: Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015‑2020.

Algunas de las actuaciones contempladas en el PNAIN ya están contempladas en parte en el Plan Estatal de Vivienda 2013‑2016, como por ejemplo la actuación 150 sobre la ayuda al alquiler de vivienda o la actuación 156 sobre las políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna.

elaboración de un informe intermedio en el año 2019 y un informe final en el año 2021.

La Estrategia carece actualmente de los ne‑cesarios compromisos presupuestarios, lo que puede plantear dudas sobre su efectivo cumpli‑miento, pues en la misma se menciona que “el establecimiento de las diferentes partidas pre‑supuestarias que financiarán las actuaciones derivadas de las líneas contenidas en esta Estra‑tegia provendrá tanto del ámbito estatal, como del autonómico y del local, de acuerdo con lo que establezcan los Planes de Atención Integral a Personas Sin Hogar en los distintos niveles de la Administración”. Por su parte, la Administración General del Estado orientará el gasto que tiene comprometido en las diferentes partidas para priorizar el impulso de esta Estrategia y aquellas medidas que dependan de sus competencias.

INdICAdORES ECONÓMICO‑SOCIALES

ECONOMíA

MERCAdO dE TRAbAJO Y POLíTICAS dE EMPLEO

CONdICIONES dE TRAbAJO Y RELACIONES LAbORALES

PROTECCIÓN SOCIAL Y CONdICIONES dE vIdA

NOTICIAS


ACTuALIdAdSOCIOECONÓMICA

Y LAbORAL

INdICAdORES ECONÓMICO‑SOCIALESECONOMíA


LA ECONOMíA ESPAÑOLA EN 2015

La actividad económica en España, medida a través del Producto Interior Bruto (PIB), registró en 2015 un creci‑miento en términos reales del 3,2 por 100, superando ampliamente la tasa del 1,4 por 100 del año anterior. En términos de tasas trimestrales interanuales, pasó de un avance del 2,7 por 100 del primer trimestre, al 3,5 por 100 en el último, acumulando ocho trimestres consecu‑tivos de crecimiento.

CRECIMIENTO MEdIO ECONOMíA ESPAÑOLA

2015

3,2%

68] CAuCES 31

La demanda interna contribuyó con 3,7 puntos porcentuales al avance del PIB anual, mientras que la demanda externa, que durante los años más intensos de la crisis había mantenido una contribución positiva, drenó medio punto al cre‑cimiento real del PIB en 2015, como consecuencia del mayor avance de las importaciones de bienes y servicios frente a las exportaciones.

El dinamismo de la demanda interna se de‑bió al buen comportamiento de todos sus com‑ponentes si bien el gasto en consumo de los hogares, dada su elevada participación sobre el PIB nominal (el 57 por 100 en 2015), destacó con una tasa de crecimiento del 3,1 por 100, frente al 1,2 por 100 del año anterior. Los factores que más contribuyeron al crecimiento del consumo fueron la mejora de la confianza de los agentes económicos (ante la evolución del empleo y de la economía en general), el aumento de la ren‑ta disponible de los hogares (por el avance de la remuneración de asalariados, la devolución de parte de la paga extraordinaria eliminada a los empleados de la Administración pública en 2012, y la rebaja impositiva que ha supuesto la reforma del IRPF), la mayor facilidad de acceso al crédito, la bajada de los tipos de interés, o la menor inflación asociada a la caída del precio del petróleo.

En lo que respecta al gasto en consumo de las Administraciones públicas, el avance fue del 2,7 por 100, especialmente elevado si se tie‑ne en cuenta que el año anterior la tasa de va‑riación había sido cero, y los tres años anteriores negativas.

Sin embargo, el componente de la demanda interna que más creció en 2015 fue la formación bruta de capital fijo, con un avance interanual del 6,4 por 100, sustentado tanto por el compo‑nente de construcción como por la inversión en bienes de equipo. Esta última mostró un avance del 10,2 por 100, prácticamente el mismo que el año anterior, en línea con el aumento de la de‑manda final, la mejora de las condiciones finan‑cieras (tanto por la mayor facilidad de acceso al

crédito, como por los bajos tipos de interés), la reducción de costes derivada de la caída de los precios energéticos y la necesidad de renovar y ampliar el capital existente de las empresas. Por su parte, la inversión en construcción creció un 5,3 por 100 después de siete años de continuas caídas, debido a cierta recuperación del segmen‑to inmobiliario, que avanzó un 2,4 por 100, pero, sobre todo, al dinamismo de la inversión en otros edificios y construcciones (donde se enmarca la inversión pública), que creció un 7,5 por 100.

El comportamiento de la inversión pública, unido al avance del gasto en consumo de las Ad‑ministraciones señalado anteriormente, estaría reflejando cierto cambio en el tono de la política fiscal y presupuestaria, en un contexto de au‑mento de la recaudación impositiva derivado de la recuperación de la actividad económica y del empleo, y de reducción del gasto, tanto en pres‑taciones sociales —sobre todo por desempleo—, como por los menores pagos por intereses de la deuda.

En lo que respecta al sector exterior, las ex‑portaciones de bienes y servicios crecieron un 5,4 por 100, impulsadas por la mejora de la demanda procedente de la Unión Europea, principal socio comercial de España, por las nuevas ganancias de competitividad precio y por la depreciación del euro. Destaca, asimismo, el extraordinario comportamiento del sector turístico, favorecido en gran medida por la inestabilidad política de buena parte de los principales países competido‑res de España en el área del Mediterráneo. Por su parte, las importaciones crecieron un 7,5 por 100, más de un punto por encima del año anterior, en línea con el repunte del consumo y de la inver‑sión en bienes de equipo.

Todos los sectores de actividad mejoraron sus tasas de crecimiento respecto al año ante‑rior, destacando la construcción, que mostró su primer avance desde el año 2008, con una tasa del 5,2 por 100, seguido del sector primario, con un aumento del 1,9 por 100. La industria avan‑zó un 3,4 por 100, mientras que los servicios lo


hicieron un 3,1 por 100, con importantes registros en las ramas de actividades profesionales, co‑mercio, transporte y hostelería, e información y comunicaciones.

La evolución de la actividad económica favo‑reció la creación de 488.000 nuevos ocupados, en términos de empleo equivalente a tiempo com‑pleto, lo que supuso un incremento interanual

del 3,0 por 100, hasta situarse en 16.851.975 ocupados.

El comportamiento descrito por el PIB y el em‑pleo dio lugar a un ligero aumento de la producti‑vidad aparente por ocupado, del 0,2 por 100, que, unido a un avance de la remuneración por asala‑riado del 0,5 por 100, hizo que los costes laborales unitarios se incrementaran un 0,3 por 100.

gRáfICO 1 EvOLuCIÓN dEL PIb(Tasa de variación, en porcentaje)

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España.

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de variación anual

Tasas de variación trimestral interanual e intertrimestral

Q Variación interanual Q Variación intertrimestral

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4

70] CAuCES 31


ECONOMÍA

CONCEPTOS (unidades de medida)

Fuen

te Periodo delúltimo dato Dato

Variación (en porcentaje)

Sobre el periodoanterior

Sobre igual periodo del año anterior

ACTIVIDAD Y DEMANDA INTERNAProducto Interior Bruto UE (% variación) 5 IV Trim. 2015 1,8 (‑0,1) (0,4)Producto Interior Bruto EEUU (% variación) 6 IV Trim. 2015 1,9 (‑0,2) (‑0,6)Producto Interior Bruto España (% variación) 3 IV Trim. 2015 3,5 (0,1) (1,4)VAB agricultura (% variación) 3 IV Trim. 2015 6,2 (2,5) (14,9)VAB industria (% variación) 3 IV Trim. 2015 3,4 (‑0,4) (0,9)VAB construcción (% variación) 3 IV Trim. 2015 4,0 (‑1,1) (0,9)VAB servicios (% variación) 3 IV Trim. 2015 3,4 (0,1) (0,9)Demanda interna (aportación al crecimiento) 3 IV Trim. 2015 4,1 (0,0) (2,1)Consumo final hogares (2010=100) 3 IV Trim. 2015 96,4 0,7 3,5Consumo final Administraciones públicas (2010=100) 3 IV Trim. 2015 95,7 0,4 3,7Formación bruta de capital fijo en construcción (2010=100) 3 IV Trim. 2015 80,1 0,6 4,6Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo (2010=100) 3 IV Trim. 2015 120,8 1,9 10,8Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo 3 IV Trim. 2015 17.028 0,6 3,0Índice de comercio al por menor 3 Enero 2016 93,3 ‑11,5 3,7Indicador de confianza del consumidor 7 Febrero 2016 ‑1,4 55,6 ‑33,3Indicador sintético de consumo (2010=100) 7 IV Trim. 2015 105,4 1,2 5,2Ventas en grandes empresas (millones de euros) 9 Enero 2016 69.648 ‑14,6 ‑Consumo de cemento (miles de toneladas) 10 Enero 2016 938,2 ‑3,7 3,0Consumo de gasolina (miles de TM) 11 Enero 2016 386,9 ‑0,5 27,1Indicador de confianza industrial 11 Febrero 2016 ‑2,2 22,2 ‑42,1IPI filtrado de bienes de equipo (2010=100) 3 Enero 2016 92,2 ‑3,2 9,4Matriculación de turismos 12 Enero 2016 101.261,0 6,3 19,2Construcción de viviendas terminadas 13 Septiembre 2015 3.524,0 9,4 21,1Licitación de obra pública total 13 Diciembre 2015 951,3 155,1 14,7

SECTOR EXTERIORDemanda externa (aportación al crecimiento) 3 IV Trim. 2015 ‑0,8 (‑0,1) (‑0,9)Exportaciones de bienes (millones de euros) 14 Diciembre 2015 20.155,0 ‑6,9 4,1Importaciones de bienes (millones de euros) 14 Diciembre 2015 21.949,0 ‑6,6 3,7Saldo comercial de bienes (millones de euros) 14 Diciembre 2015 ‑1.794,0 ‑3,0 ‑1,5Ingresos por turismo (millones de euros) 15 Diciembre 2015 2.655,0 ‑17,1 6,3Pagos por turismo (millones de euros) 15 Diciembre 2015 1.189,0 ‑12,8 11,6Saldo por turismo (millones de euros) 15 Diciembre 2015 1.466,0 ‑20,3 2,4Capacidad (+) o necesidad (‑) de financiación de la economía 15 IV Trim. 2015 3,6 (1,7) (‑0,2)

PRECIOS Y COMPETITIVIDADPrecios de consumo (IPC) 3 Marzo 2016 101,8 0,6 ‑0,8Inflación subyacente 3 Marzo 2016 103,9 0,6 1,1Diferencial de inflación con media UE 5 Marzo 2016 ‑1,0 (‑0,1) (‑0,3)Precios industriales 3 Febrero 2016 101,5 ‑1,3 ‑5,7Precios percibidos por los agricultores 16 Abril 2015 ‑8,7 ‑1.066,7 ‑Precios pagados por los agricultores 16 Abril 2015 ‑2,3 4,5 ‑Precio de la vivienda 3 IV Trim. 2015 67,7 ‑0,1 4,2Precio petróleo brent $ por barril (2005=100) 8 Marzo 2016 38,0 19,1 ‑32,4Coste laboral unitario 3 IV Trim. 2015 95,6 0,5 0,4



ECONOMÍA


Fuen


Variación (en porcentaje)

Sobre el periodoanterior

Sobre igual periodo del año anterior

SECTOR MONETARIO Y FINANCIEROInterbancario a 1 año (euribor) 14 Febrero 2016 ‑0,01 0,0 (‑0,3)Deuda a 10 años España 8 Febrero 2016 1,68 ‑2,3 11,3Diferencial deuda a 10 años España‑Alemania 8 Febrero 2016 145 (5,0) (‑79)Tipo de intervención BCE 15 Febrero 2016 0,05 (0,0) (‑0,2)Tipo de intervención Reserva Federal 15 Febrero 2016 0,50 (0) (0)Tipo de cambio euro/dólar 15 Febrero 2016 1,109 2,1 ‑2,3Bolsa Ibex‑35 15 Febrero 2016 8461,4 ‑4,0 ‑24,3Crédito total (miles de millones de euros) 15 III Trim. 2014 1386,9 ‑2,6 ‑3,9Crédito a actividades productivas (miles de millones de euros) 15 III Trim. 2014 655,0 ‑1,0 ‑2,4Crédito a personas físicas (miles de millones de euros) 15 III Trim. 2014 667,4 ‑1,8 ‑7,9Créditos morosos (miles de millones de euros) 15 III Trim. 2014 146,8 ‑7,3 ‑21,4Deuda total (miles de millones de euros) 15 Diciembre 2015 2710,0 ‑0,7 ‑0,5Deuda de las Administraciones públicas (miles de millones de euros) 15 Diciembre 2015 1069,9 0,2 3,5Deuda de las empresas (miles de millones de euros) 15 Enero 2016 911,9 ‑0,4 ‑3,0Deuda de las familias (miles de millones de euros) 15 Enero 2016 721,6 ‑0,3 ‑3,2

SECTOR PÚBLICO (ESTADO)Ingresos no financieros 17 Noviembre 2015 131.799,7 7,1 12,5Pagos no financieros 17 Noviembre 2015 143.415,3 14,1 ‑0,2Déficit de caja no financiero 17 Noviembre 2015 ‑11.615,6 332,2 ‑56,2Déficit (‑) o superávit (+) público del Estado (%PIB) 8 Noviembre 2015 ‑2,6 (‑0,4) (0,8)Déficit (‑) o superávit (+) Administraciones públicas (% PIB) 8 2015 ‑6,6 (‑0,2) ‑

Nota: los datos entre paréntesis expresan diferencias.

Fuentes:3: Instituto Nacional de Estadística.5: Eurostat.6: OCDE.7: Comisión Europea.8: Ministerio de Economía y Competitividad.9: Agencia tributaria.10: OFICEMEN.11: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.12: Dirección General de Tráfico.13: Ministerio de Fomento.14: Agencia Tributaria. Datos de Aduanas.15: Banco de España.16: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.17: Intervención General de la Administración del Estado. Fecha de cierre: 28 de marzo de 2016.

INdICAdORES ECONÓMICO‑SOCIALESMERCAdO dE TRAbAJO Y POLíTICAS dE EMPLEO


COYuNTuRA LAbORAL

El cierre de los datos de 2015 en la Encuesta de Pobla‑ción Activa (EPA) arrojó un incremento medio del em‑pleo del 3 por 100 y un descenso del paro del 9,9 por 100, mejorando en los dos casos los resultados obtenidos en 2014 (1,2 y 7,3 por 100, respectivamente).

ENCuESTA dE PObLACIÓN ACTIvA

2015

3,0%

Los datos del empleo confirman el momento po‑sitivo del mercado laboral, y aunque desde luego la evolución en los próximos periodos está con‑dicionada por la que se de en el conjunto de la economía, serían equiparables a los que se obtu‑vieron en la salida de las dos grandes crisis ante‑riores (3,5 por 100 en 1986 y 2,6 por 100 en 1996).

En el cuarto trimestre de 2015 se dio un incre‑mento del empleo del 3 por 100 y un descenso del paro del 12,4 por 100, en el primer caso con

datos muy similares a lo largo de todos los tri‑mestres del año y en el segundo con un descen‑so cada vez mayor. Por otro lado, el descenso de la población activa volvió a acelerarse al final de 2015, con un ‑0,7 por 100 interanual en el cuar‑to trimestre, después de haber dado resultados ligeramente positivos en la primera parte del año y mostrando de nuevo un perfil más nega‑tivo que el del total de población en edad labo‑ral (16 y más años); este mayor descenso de la

74] CAuCES 31

población activa explica también que con incre‑mentos similares del empleo los descensos del paro fuesen más pronunciados en la segunda parte del año.

Los perfiles evolutivos del empleo en la EPA en 2015 son parecidos a los de la afiliación media a la Seguridad Social, pero estos últimos mues‑tran, mejor que la EPA, una senda ligeramente descendente en la segunda mitad del año y en el comienzo de 2016. Tras iniciarse 2015 con incre‑mentos interanuales progresivamente mayores hasta mayo (donde se recogió un 3,6 por 100), el ritmo bajó y se estabilizó en el 3,2 por 100 hasta diciembre. En febrero de 2016 se recogió un incre‑mento otra vez más bajo, 3 por 100, y en marzo se redujo de nuevo al 2,8 por 100. En cuanto al paro registrado, los datos muestran un descenso cada vez más importante hasta julio de 2015, y a partir de ahí el mantenimiento de los descen‑sos interanuales en cifras muy parecidas mes a mes. En enero de 2015 el porcentaje de variación interanual de este indicador fue un ‑6 por 100, en julio un ‑8,5 por 100, y en diciembre un ‑8 por 100, igual que en febrero y marzo de 2016.

En marzo de 2016 la afiliación media se situó en 17.305,8 miles de personas, con lo que son ya dos años largos (26 meses) de incremento inin‑terrumpido que habrían conseguido recuperar el volumen de afiliados en más de un millón de personas (1.132,2 miles de afiliados más entre enero de 2014 y marzo de 2016). En el paro regis‑trado el descenso acumulado en los dos años y medio (30 meses) que mantiene la tendencia a la baja se sitúa en 716,6 miles de personas. Son cifras claras sobre la recuperación del empleo y el descenso del paro, aunque aún hacen falta varios años consecutivos de bonanza para recuperar los niveles anteriores a la crisis: en marzo de 2016 la afiliación media era 2,1 millones más baja y el paro registrado 2,1 millones más alto que en los mejores meses que se recogieron en 2007 para estas dos variables laborales. De ahí la importan‑cia de consolidar el crecimiento de la economía española.

La mayor parte del incremento del empleo que se observa en la EPA en 2015 corresponde al asalariado. Atendiendo a los cuartos trimestres, el total de asalariados creció un 3,5 por 100 (lo que supone 505,7 miles de personas más), el de asalariados en el sector privado un 3,7 por 100 (432,6 miles de personas) y el de asalariados en el sector público un 2,5 por 100 (73,2 miles de perso‑nas), resultados que son en todos los casos mejo‑res que los del año anterior, cuando se recogió un incremento del 2,8 por 100 en el total del empleo asalariado, y del 3,3 y el 0,6 por 100 en, respecti‑vamente, los asalariados del sector privado y del sector público.

Dentro de los asalariados, el mayor crecimien‑to, incluso en número, correspondió a los que te‑nían contrato temporal. El incremento de estos fue 335,1 miles de personas (9,5 por 100), mien‑tras que el correspondiente a los que tenían con‑trato indefinido fue de 170,6 miles (1,6 por 100). En 2014 el incremento porcentual también fue mayor entre los temporales, pero en número fue‑ron menos. Así, aunque aún no llega a los niveles

Los datos del empleo confirman el momento positivo del mercado laboral, y aunque desde luego la evolución en los próximos periodos está condicionada por la que se de en el conjunto de la economía, serían equiparables a los que se obtuvieron en la salida de las dos grandes crisis anteriores.


-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2003

t1

t2

t3

t4

2004

t1

t2

t3

t4

2005

t1

t2

t3

t4

2006

t1

t2

t3

t4

2007

t1

t2

t3

t4

2008

t1

t2

t3

t4

2009

t1

t2

t3

t4

2010

t1

t2

t3

t4

2011

t1

t2

t3

t4

2012

t1

t2

t3

t4

2013

t1

t2

t3

t4

2014

t1

t2

t3

t4

2015

t1

t2

t3

t4

1 Paro

% variación interanual, trimestres y media año

Pob. Activ. Empl. Paro2014 -0,3 -1,0 1,2 -7,3t1 ‑0,6 ‑1,8 ‑0,5 ‑5,5t2 ‑0,4 ‑1,0 1,1 ‑7,0t3 ‑0,2 ‑1,0 1,6 ‑8,7t4 ‑0,1 ‑0,2 2,5 ‑8,12015 0,0 -0,1 3,0 -9,9t1 0,1 0,1 3,0 ‑8,2t2 ‑0,1 0,2 3,0 ‑8,4t3 ‑0,1 ‑0,1 3,1 ‑10,6t4 ‑0,1 ‑0,7 3,0 ‑12,4

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2003

t1

t2

t3

t4

2004

t1

t2

t3

t4

2005

t1

t2

t3

t4

2006

t1

t2

t3

t4

2007

t1

t2

t3

t4

2008

t1

t2

t3

t4

2009

t1

t2

t3

t4

2010

t1

t2

t3

t4

2011

t1

t2

t3

t4

2012

t1

t2

t3

t4

2013

t1

t2

t3

t4

2014

t1

t2

t3

t4

2015

t1

t2

t3

t4

1 Población 1 Actividad 1 Empleo

gRáfICO 1 EvOLuCIÓN dE LAS gRANdES vARIAbLES LAbORALES EN LA EPA, 2003‑2015(Porcentajes de variación interanual en cada trimestre)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

76] CAuCES 31

Fuentes: Seguridad Social, Estadística de Afiliación; SEPE, Estadística de Empleo.

gRáfICO 2 EvOLuCIÓN dE LA AfILIACIÓN Y EL PARO REgISTRAdO, 2013‑2016(Porcentajes de variación interanual en cada mes, afiliados medios y parados fin de mes; datos hasta marzo de 2016)

-4,6 -4,4 -4,3 -4,1 -3,7 -3,7 -3,6 -3,4 -3,0 -2,2

-1,4 -0,5

0,0 0,4 0,7

1,2 1,6 1,8 2,0 2,0 2,2 2,0 2,5 2,6 2,5 2,8

3,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 2,8

8,3

7,0 6,0

5,2

3,8 3,2

2,4 1,6

0,4 -0,5

-2,0 -3,0 -3,3

-4,5 -4,8

-6,1 -6,5 -6,6 -5,9 -5,8 -5,9 -5,9 -6,2

-5,4 -6,0 -6,2

-7,2 -7,5 -7,8 -7,4

-8,5 -8,1 -8,0 -7,7 -8,0 -8,0 -8,3 -8,0 -8,0 -10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr 2013 2014 2015 2016

3 AFI media 4 Paro SEPE

anteriores a la crisis, la tasa de temporalidad vol‑vió a crecer con fuerza en 2015, hasta situarse en un 25,7 por 100 en el cuarto trimestre, 1,5 puntos más que en el mismo periodo de 2014 y 2,9 pun‑tos más que en 2012, cuando marcó el mínimo de los últimos quince años. De todas maneras, el saldo entre 2007 y 2015 sigue siendo, con bas‑tante diferencia, más negativo para el empleo asalariado temporal, que acumula una pérdida cercana a 1,8 millones de personas (‑27 por 100 en el periodo) frente a una cercana a 0,9 millones en el empleo asalariado indefinido (‑5,8 por 100).

El trabajo a tiempo parcial entre los asalaria‑dos, que venía creciendo más deprisa que el co‑rrespondiente a la jornada completa en los años anteriores, moderó su incremento, de manera que en el cuarto trimestre de 2015 se obtuvieron incrementos de, respectivamente, un 1 y un 4 por 100. En 2014 esos mismos porcentajes fueron un 3,1 y un 2,7 por 100. El resultado de 2015 redujo

ligeramente el peso del tiempo parcial en el total del empleo asalariado, pero este tipo de jornada ha crecido mucho, en especial desde 2012, y ese peso es ahora más del doble que quince años atrás. Este mayor peso del tiempo parcial que se combina con una elevada y creciente involunta‑riedad. En 2015, según los datos del cuarto tri‑mestre de la EPA, el 61,9 por 100 de las personas con trabajo a tiempo parcial afirmó tener este tipo de jornada por no haber encontrado un tra‑bajo a tiempo completo; en 2011 ese mismo re‑sultado fue un 55,3 por 100 y en 2007 un 31,4 por 100. Como la mayor temporalidad, estos datos sobre la jornada parcial involuntaria apuntan a un elemento de preocupación en la creación de empleo que está produciéndose a la salida de la crisis.


31,8 32,2 33,0 33,8 33,7

30,8

27,7

24,9 24,7 24,8

22,8 23,7 24,2

25,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empleo asalariado por tipo de contrato

2015miles

Var. 2014/2015 Var. 2013/2014 Var. 2007/2015

Miles % Miles % Miles %

Total 14.988,8 505,7 3,5 389,7 2,8 ‑2.611,9 ‑12,3

Indefinido 11.142,6 170,6 1,6 212,8 2,0 ‑854,3 ‑5,8

Temporal 3.846,2 335,1 9,5 176,8 5,3 ‑1.757,6 ‑27,0


gRáfICO 3 EvOLuCIÓN dEL EMPLEO ASALARIAdO POR TIPO dE CONTRATO(Miles de personas y porcentajes, cuartos trimestres)

8,3 8,6 9,0

11,8 12,0 11,8

12,7

13,6 13,9 14,2

16,0

17,3 17,4 16,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empleo asalariado por tipo de jornada

2015miles

Var. 2014/2015 Var. 2013/2014 Var. 2007/2015

Miles % Miles % Miles %

Total 14.988,8 505,7 3,5 389,7 2,8 ‑2.106,2 ‑12,3

Tiempo completo 12.450,4 480,9 4,0 314,2 2,7 ‑2.635,0 ‑17,5

Tiempo parcial 2.538,4 24,8 1,0 75,4 3,1 528,9 26,3


gRáfICO 4 EvOLuCIÓN dEL EMPLEO ASALARIAdO POR TIPO dE JORNAdA(Miles de personas y porcentajes, cuartos trimestres)

78] CAuCES 31


MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS DE EMPLEO


Fuen

te Periodo último dato Dato

Var. periodo anterior Var. año anterior

Diferencia % Diferencia %

EMPLEO Y PARO (EPA)

Empleo total EPA, miles de personas 3 IV Trim. 2015 18.094,2 45,5 0,3 525,1 3,0

Paro total EPA, miles de personas 3 IV Trim. 2015 4.779,5 ‑71,3 ‑1,5 ‑678,2 ‑12,4

Búsqueda empleo dos años o más 3 IV Trim. 2015 2.083,9 ‑74,7 ‑3,5 ‑303,3 ‑12,7

Población 16‑64 años EPA, miles 3 IV Trim. 2015 30.120,5 ‑32,0 ‑0,1 ‑147,2 ‑0,5

Tasa actividad 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 75,4 0,4 ‑ ‑0,2 ‑

Tasa de paro 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 21,0 ‑0,3 ‑ ‑2,8 ‑

Tasa de empleo 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 59,5 0,2 ‑ 1,9 ‑

Tasa de actividad españoles (%) 3 IV Trim. 2015 59,4 ‑0,1 ‑ ‑0,4 ‑

Tasa de actividad extranjeros (%) 3 IV Trim. 2015 73,2 ‑0,3 ‑ ‑0,7 ‑

Tasa de paro españoles (%) 3 IV Trim. 2015 20,9 ‑0,3 ‑ ‑2,8 ‑

Tasa de paro extranjeros (%) 3 IV Trim. 2015 28,4 ‑0,6 ‑ ‑4,8 ‑

Mujeres ocupadas EPA, miles 3 IV Trim. 2015 8.230,8 78,6 1,0 220,0 2,8

Tasa empleo mujeres 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 54,3 0,5 ‑ 1,6 ‑

Varones ocupados EPA, miles 3 IV Trim. 2015 9.863,3 ‑33,2 ‑0,3 305,1 3,2

Tasa empleo varones 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 64,8 ‑0,2 ‑ 2,3 ‑

Mujeres desempleadas EPA, miles 3 IV Trim. 2015 2.391,9 ‑0,1 0,0 ‑242,1 ‑9,2

Tasa paro mujeres 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 22,7 ‑0,2 ‑ ‑2,2 ‑

Varones desempleados EPA, miles 3 IV Trim. 2015 2.387,6 ‑71,2 ‑2,9 ‑436,1 ‑15,4

Tasa paro varones 16‑64 (%) 3 IV Trim. 2015 19,6 ‑0,4 ‑ ‑3,3 ‑

DATOS POR EDADES

Empleo EPA 16‑19 años de edad, miles 3 IV Trim. 2015 79,6 ‑26,2 ‑24,8 ‑2,2 ‑2,7

20‑24 años 3 IV Trim. 2015 719,6 ‑53,7 ‑6,9 44,5 6,6

25‑54 años 3 IV Trim. 2015 14.447,80 33,5 0,2 241,6 1,7

55 y más años 3 IV Trim. 2015 2.847,1 92,0 3,3 241,2 9,3

Paro EPA 16‑19 años de edad, miles 3 IV Trim. 2015 155,1 ‑30,8 ‑16,6 ‑13,1 ‑7,8

20‑24 años 3 IV Trim. 2015 532,5 ‑48,3 ‑8,3 ‑113,1 ‑17,5

25‑54 años 3 IV Trim. 2015 3.482,2 ‑6,0 ‑0,2 ‑547,8 ‑13,6

55 y más años 3 IV Trim. 2015 609,8 13,9 2,3 ‑4,2 ‑0,7

Tasa de paro 16‑24 años 3 IV Trim. 2015 46,2 ‑0,3 ‑0,7 ‑5,6 ‑10,7

25‑54 años 3 IV Trim. 2015 19,4 ‑0,1 ‑0,3 ‑2,7 ‑12,1

55 y más años 3 IV Trim. 2015 17,6 ‑0,1 ‑0,8 ‑1,4 ‑7,5

DATOS POR HOGARES

Total hogares, miles 3 IV Trim. 2015 18.395,1 17,0 0,1 33,1 0,2

Hogares con al menos un activo, miles 3 IV Trim. 2015 13.391,2 20,0 0,2 ‑49,5 ‑0,4

Todos están ocupados 3 IV Trim. 2015 9.530,4 64,4 0,7 420,3 4,6

Todos están parados 3 IV Trim. 2015 1.556,6 ‑16,3 ‑1,0 ‑209,7 ‑11,9

DATOS POR HOGARES

Ocupados por cuenta propia EPA, miles 3 IV Trim. 2015 3.101,2 6,9 0,2 23,3 1,4

Asalariados EPA, miles 3 IV Trim. 2015 14.988,8 39,9 0,3 505,7 3,5

Con contrato temporal 3 IV Trim. 2015 3.846,2 ‑63,6 ‑1,6 335,1 9,5

Ocupados a tiempo parcial EPA, miles 3 IV Trim. 2015 2.843,7 93,3 3,4 23,3 0,8

Mujeres 3 IV Trim. 2015 2.059,1 75,8 3,8 ‑31,1 ‑1,5



MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS DE EMPLEO


Fuen

te Periodo último dato Dato

Var. periodo anterior Var. año anterior

Diferencia % Diferencia %

AFILIACIÓN Y PARO REGISTRADO

Afiliados en alta laboral total (media mensual), miles 1 Febrero 2016 17.167,7 63,4 0,4 495,5 3,0

Sector agrario 1 Febrero 2016 1.117,9 ‑26,7 ‑2,3 22,7 2,1

Industria 1 Febrero 2016 2.090,3 15,1 0,7 59,0 2,9

Construcción 1 Febrero 2016 1.027,6 21,2 2,1 26,8 2,7

Servicios 1 Febrero 2016 12.931,9 53,8 0,4 387,0 3,1

Afiliados extranjeros (media mensual), miles 1 Febrero 2016 1.612,7 11,9 0,7 84,3 5,5

Paro registrado SEPE total (último día mes), miles 1 Febrero 2016 4.153,0 2,2 0,1 ‑359,2 ‑8,0

DATOS POR EDADES

Altas de puestos ofrecidos para gestion SSPPE, total 4 Febrero 2016 48.170,0 15.106,0 45,7 1.007,0 2,1

Bajas de puestos ofrecidos para gestión, total 4 Febrero 2016 106.648,0 ‑3.388,0 ‑3,1 62.431,0 141,2

Por colocación 4 Febrero 2016 28.987,0 2.344,0 8,8 ‑11.942,0 ‑29,2

Contratos de trabajo iniciales, total 4 Febrero 2016 2.688.852,0 1.332.219,0 98,2 170.005,0 6,7

Indefinido ordinario (con o sin bonificación) 4 Febrero 2016 177.863,0 93.221,0 110,1 14.418,0 22,6

Obra o servicio 4 Febrero 2016 1.064.820,0 516.510,0 94,2 32.113,0 3,1

Eventual 4 Febrero 2016 1.151.249,0 575.922,0 100,1 133.179,0 13,1

Interinidad 4 Febrero 2016 244.240,0 122.782,0 101,1 450,0 0,2

Prácticas 4 Febrero 2016 14.358,0 7.547,0 110,8 2.862,0 24,9

Formación 4 Febrero 2016 6.655,0 1.333,0 25,0 ‑17.544,0 ‑72,5

Conversiones en contratos indefinidos 4 Febrero 2016 85.557,0 45.261,0 112,3 9.659,0 12,7

Duración media en días de los contratos 4 Febrero 2016 54,6 ‑0,3 ‑0,6 ‑2,9 ‑5,0

Contratos a tiempo parcial 4 Febrero 2016 902.519,0 470.842,0 109,1 57.031,0 15,5

ALTAS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (SEPE)

Altas de prestaciones contributivas, total 1 Enero 2016 123.326,0 26.426,0 27,3 2.634,0 2,2

Por despidos 1 Enero 2016 72.847,0 18.165,0 33,2 ‑4.542,0 ‑5,9

Por fin contrato temporal 1 Enero 2016 71.332,0 20.307,0 39,8 8.525,0 13,6

Altas de subsidio, total 1 Enero 2016 70.717,0 11.342,0 19,1 ‑3.946,0 ‑5,3

Periodo cotizado insuficiente 1 Enero 2016 31.122,0 5.308,0 20,6 1.443,0 4,9

Mayores 55 años 1 Enero 2016 5.384,0 1.014,0 23,2 232,0 4,5

Agotamiento contributiva 1 Enero 2016 26.215,0 4.407,0 20,2 ‑4.819,0 ‑15,5

Fuentes:1: Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.3: Instituto Nacional de Estadística.4: Servicio Público de Empleo Estatal. Fecha de cierre: 28 de marzo de 2016.


INdICAdORES ECONÓMICO‑SOCIALESCONdICIONESdE TRAbAJOY RELACIONESLAbORALES

82] CAuCES 31


CONDICIONES DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES


Fuen


Variación (en porcentaje)Sobre elperiodoanterior

Sobre igual periodo delaño anterior

Convenios colectivos registrados (ECC) Total 1 Enero‑febrero 1.004 21,0 103,7

De empresa 1 Enero‑febrero 714 21,0 119,0

Otro ámbito 1 Enero‑febrero 290 20,8 73,7

Revisados 1 Enero‑febrero 974 18,1 105,1

Firmados 1 Enero‑febrero 30 500,0 66,7

Trabajadores (miles) 1 Enero‑febrero 3.577,4 14,3 119,2

Empresas (miles) 1 Enero‑febrero 351,5 19,1 105,7

Aumento salarial pactado (%) Total 1 Enero‑febrero 1,1 4,6 68,7

Convenios de empresa 1 Enero‑febrero 0,7 ‑2,8 15,0

Convenios de otro ámbito 1 Enero‑febrero 1,2 4,5 69,1

Convenios revisados 1 Enero‑febrero 1,1 4,6 68,7

Convenios firmados 1 Enero‑febrero 1,2 ‑22,1 90,2

Jornada anual pactada Total 1 Enero‑febrero 1.756,9 0,0 0,0

Convenios de empresa 1 Enero‑febrero 1.715,2 ‑0,1 ‑0,2

Convenios de otro ámbito 1 Enero‑febrero 1.758,9 0,0 0,0

Remuneración media por asalariado (CN) 3 IV Trim. 8.797,5 1,0 0,9

Coste salarial por trabajador (ETCL) 3 III Trim. 1.809,9 ‑6,8 0,5

Horas mensuales efectivas (ETCL) Total 3 III Trim. 122 ‑7,5 0,7

A tiempo completo 3 III Trim. 134 ‑9,2 0,4

A tiempo parcial 3 III Trim. 79 0,4 3,1

Huelgas registradas Número 1 Enero‑nov. 558 8,1 ‑19,9

Motivadas negociación colectiva 1 Enero‑nov. 128 7,6 ‑33,7

No motivadas negociación colectiva 1 Enero‑nov. 408 8,5 ‑0,2

Plantillas convocadas (miles) 1 Enero‑nov. 475,2 7,1 ‑3,8

Participantes (miles) 1 Enero‑nov. 152,8 7,2 ‑21,0

Jornadas no trabajadas (miles) 1 Enero‑nov. 429,0 13,2 ‑20,7

Regulaciones de empleo con acuerdo (miles de trabajadores)

Total 1 Enero‑dic. 88,1 13,4 ‑36,3

Extinción contrato 1 Enero‑dic. 21,0 8,1 ‑26,4

Suspensión contrato 1 Enero‑dic. 54,0 17,1 ‑32,3

Reducción jornada 1 Enero‑dic. 13,1 8,2 ‑56,1

Regulaciones de empleo sin acuerdo (miles de trabajadores)

Total 1 Enero‑dic. 12,4 16,3 ‑41,8

Extinción contrato 1 Enero‑dic. 3,6 3,6 ‑51,2

Suspensión contrato 1 Enero‑dic. 8,3 22,9 ‑33,2

Reducción jornada 1 Enero‑dic. 0,5 14,9 ‑66,0

Expedientes FOGASA (miles) Total 1 Enero‑dic. 114,2 ‑ ‑58,7

Trabajadores afectados (miles) 1 Enero‑dic. 165,3 ‑ ‑57,6

Insolvencia empresarial 1 Enero‑dic. 57,0 ‑ ‑35,9

Concurso acreedores 1 Enero‑dic. 46,1 ‑ ‑30,0

Indemnizaciones resp. directa 1 Enero‑dic. 11,1 ‑ ‑90,9

Conflictos tramitados en el SIMA Número 2 Enero‑dic. 422 ‑ 9,0

De empresa 2 Enero‑dic. 384 ‑ 5,5

De sector 2 Enero‑dic. 38 ‑ 65,2

Trabajadores (miles) 2 Enero‑dic. 3.271 ‑ ‑1,9

De empresa 2 Enero‑dic. 910 ‑ 16,9

De sector 2 Enero‑dic. 2.361 ‑ ‑7,6



CONDICIONES DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES


Fuen


Variación (en porcentaje)Sobre elperiodoanterior

Sobre igual periodo delaño anterior

Conciliaciones colectivas (MAC) 1 Enero‑nov. 427 9,8 ‑29,4

Conciliaciones individuales MAC (miles de asuntos resueltos)

Total 1 Enero‑nov. 377,8 9,4 ‑11,4

Por despido 1 Enero‑nov. 187,6 9,5 ‑8,5

Reclamación de cantidad 1 Enero‑nov. 141,6 9,1 ‑16,1

Conflictos colectivos ante organos jurisdicción social 1 IV Trim. 2.934 36,4 ‑18,9

Conflictos individuales ante juzgados social (miles) Total 1 IV Trim. 267,8 35,9 ‑1,9

Por despido 1 IV Trim. 110,1 35,3 ‑6,9

Accidentes de trabajo (miles) Total 1 Enero‑dic. 1.233,9 8,1 3,8

Con baja 1 Enero‑dic. 519,0 8,2 5,7

Sin baja 1 Enero‑dic. 714,9 8,1 2,4

Índice de incidencia de accidentes de trabajo Total 1 Enero‑dic. 3.190,0 ‑ 4,3

Leves 1 Enero‑dic. 3.162,0 ‑ 4,3

Graves 1 Enero‑dic. 23,8 ‑ 0,4

Mortales 1 Enero‑dic. 3,6 ‑ 9,1

Enfermedades profesionales (número) Total 1 Enero‑dic. 19.266 ‑ 10,8

Con baja 1 Enero‑dic. 9.049 ‑ 10,2

Sin baja 1 Enero‑dic. 10.217 ‑ 11,4

Fuentes:1: Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.2: Fundación SIMA, www.fsima.es.3: Instituto Nacional de Estadística. Fecha de cierre: 17 de marzo de 2016.

INdICAdORES ECONÓMICO‑SOCIALESPROTECCIÓNSOCIALY CONdICIONES dE vIdA


PObLACIÓN, ENvEJECIMIENTO Y ALCANCEdE LA PROTECCIÓN SOCIAL

La evolución reciente de los principales indicadores so‑ciales continúa dando cuenta de la fuerte interacción entre las dinámicas demográficas, el empleo y la situa‑ción del sistema de protección social. Según los últimos datos disponibles (INE Cifras de población, publicadas en diciembre de 2015), a mediados de 2015 la población residente en España alcanzaba los 46,4 millones de ha‑bitantes. Ello reflejaba una continuación del descenso que lleva experimentando desde 2012, si bien a un rit‑mo menos intenso.

PObLACIÓN RESIdENTE EN ESPAÑA

MEdIAdOS 2015

46,4millones

Uno de los cambios en los flujos migratorios más llamativos durante la fase más álgida de la crisis, el aumento de las migraciones hacia el exterior, se ha ido atenuando considera‑blemente en paralelo a la mejora de la situa‑ción económica. Así, en el primer semestre de

2015 dejaron España con destino al extranjero 164.606 personas, mientras que 157.221 perso‑nas procedentes del exterior fijaron su residen‑cia en nuestro país. En consecuencia, aunque el saldo migratorio continuó siendo nega‑tivo, la pérdida de población por esa vía fue

86] CAuCES 31

considerablemente menor (‑78 por 100) que en períodos anteriores.

En cambio, el envejecimiento de la población que refleja el aumento de la población de 65 y más años (1,4 por 100 sobre el mismo periodo del año anterior) y el nuevo descenso (‑0,4 por 100) de la población en edades entre 15 y 64 años, grupo que concentra a la mayoría de las personas potencialmente activas, continúan avanzando, con el consiguiente reflejo en el mer‑cado laboral y el sistema de protección social.

Junto a la positiva evolución del mercado de trabajo, como ya se ha referido en el comentario a los indicadores de empleo, la pérdida de pobla‑ción activa en 2015 siguió contribuyendo al des‑censo del paro. El envejecimiento avanza asimis‑mo en la estructura por edades de la población afiliada en alta a la Seguridad Social, de modo que si en 2006 los mayores de 45 años represen‑taban el 31,9 por 100 del total, en 2015 suponían ya el 42,6 por 100. En el caso de los mayores de 50 años, en esos diez años su peso en el volumen to‑tal de afiliados en alta ha pasado del 20,4 por 100 al 28,4 por 100. En cuanto a las personas percep‑toras de prestaciones por desempleo, el creciente peso de los mayores se hace patente al observar cómo el porcentaje de mayores de 45 años pasó del 44 por 100 en 2006 al 54 por 100 en enero de 2016. Dentro de este grupo y en ese mismo perio‑do, las personas mayores de 50 años pasaron de representar el 35 por 100 de los perceptores en 2006 al 41 por 100.

Paralelamente, continúa el progresivo au‑mento del volumen de pensionistas, aunque algo más contenido en el crecimiento del número de nuevas altas, en lo que puede ser atribuible en parte al retraso en la edad de jubilación. En con‑junto, en febrero de 2016, el sistema de Seguridad Social satisfacía casi diez millones de pensiones (9,4 millones de pensiones del nivel contributivo y 453.000 del nivel no contributivas). Por su parte, conviene recordar la importancia del despliegue del sistema de atención a la dependencia que, junto al sistema de pensiones desempeña un

papel fundamental en la cobertura de necesi‑dades de protección social en la vejez. Pese a las dificultades que ha atravesado su implantación, como viene refiriendo la Memoria del CES en los últimos años, en enero de 2016 casi 800.000 per‑sonas percibían algún tipo de ayuda del SAAD, en sus distintas modalidades y muy diferente grado de intensidad.

El sistema de protección por desempleo, que contaba con una media de 2,2 millones de perceptores en enero de 2016, experimentó en ese mes una disminución del 7,3 por 100 del vo‑lumen de solicitudes de prestaciones con res‑pecto al mismo mes del año anterior. Al mismo tiempo, volvió a acusar un nuevo descenso en su nivel de cobertura, de modo que del total de personas en paro registradas en el SISPE, perci‑bían prestaciones el 55,7 por 100. Ello refleja una nueva disminución del alcance protector del sistema respecto al mismo mes del año anterior (56,5 por 100), en lo que viene siendo una ten‑dencia constante desde 2010. Como resultado del descenso del paro registrado, del número de solicitudes, de la cuantía media de las prestacio‑nes y de la tasa de cobertura continúa aligeran‑do el gasto total en prestaciones por desempleo, que en enero ascendió a 1.753 millones de euros, cantidad un 10,7 por 100 inferior a la del mismo mes de 2015.

A comienzos de 2016, las pensiones y las pres‑taciones por desempleo constituyen las principa‑les prestaciones económicas del sistema de pro‑tección social en España, proporcionando la que suele ser su principal fuente de rentas a más de once millones de personas (gráfico 1). Ello equi‑valdría aproximadamente al 28 por 100 de la po‑blación mayor de 15 años en nuestro país.

En cuanto a la evolución de las situacio‑nes más carenciales, ya sea por alejamiento del mercado laboral o por insuficiencia de los dis‑positivos de sustitución de rentas, los datos so‑bre ingresos de los hogares que ofrece la última Encuesta sobre Condiciones de Vida 2014 (INE), a partir de los que se elabora el indicador de riesgo


de pobreza se refieren al año 2013. Conforme a esta fuente, hasta esa fecha habría seguido au‑mentando hasta el 22,2 por 100 la población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza monetaria, al igual que la población en riesgo de pobreza severa, que representaría el 6,8 por 100 en 2013.

Como indicador más actualizado que puede servir de aproximación a la realidad de los hoga‑res a los que no alcanza el empleo ni la protección social, baste recordar la existencia en el cuarto trimestre de 2015 de 712,3 miles de hogares en que ninguno de sus miembros trabajaba ni per‑cibía prestaciones, subsidios u otros ingresos. Se

trata de una cifra inferior en un 2,6 por 100 a la registrada en al año anterior, si bien todavía do‑blaba con creces el volumen de este tipo de ho‑gares registrado con anterioridad al estallido de la crisis (gráfico 2).

Por tanto, la constatable mejora del empleo coexiste con las consecuencias de un nivel de paro todavía demasiado elevado y con una pér‑dida de alcance de la acción protectora del sis‑tema de protección social en situaciones de des‑empleo, a lo que será necesario prestar atención mientras se consolide la recuperación económi‑ca y comience a sentirse en mayor número de hogares.

gRáfICO 1 PENSIONES Y PROTECCIÓN POR dESEMPLEO

Nota: los datos se refieren al total de pensiones en vigor, contributivas y no contributivas, así como al total de prestaciones por desempleo, tanto del nivel contributivo como asistencial, excluida la renta activa de inserción.Los datos de 2016 corresponden a enero, en el caso de las pensiones, y a febrero, en el caso de los perceptores de prestaciones por desempleo.Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

1.747.065

Perceptores de prestacionespor desempleo

1.935.487

8.855.524

Pensiones de laSeguridad Social 9.811.030

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

gRáfICO 2 HOgARES SIN INgRESOS dEL TRAbAJO, PRESTACIONES NI SubSIdIOS

Nota: se consideran no perceptores de ingresos quienes hayan declarado no tener trabajo, no recibir una pensión de jubilación o de otro tipo o no percibir subsidio de desempleo.Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

323,3

712,3

0100200300400500600700800900

2005

TI20

05TI

I20

05TI

II20

05TI

V20

06TI

2006

TII

2006

TIII

2006

TIV

2007

TI20

07TI

I20

07TI

II20

07TI

V20

08TI

2008

TII

2008

TIII

2008

TIV

2009

TI20

09TI

I20

09TI

II20

09TI

V20

10TI

2010

TII

2010

TIII

2010

TIV

2011

TI20

11TI

I20

11TI

II20

11TI

V20

12TI

2012

TII

2012

TIII

2012

TIV

2013

TI20

13TI

I20

13TI

II20

13TI

V20

14TI

2014

TII

2014

TIII

2014

TIV

2015

TI20

15TI

I20

15TI

II20

15TI

V

88] CAuCES 31


PROTECCIÓN SOCIAL Y CONDICIONES DE VIDA


Fuen


Sobre elperiodo

anterior (%)

Sobre igual periodo del

año anterior (%)

POBLACIÓNPoblación total (miles de personas) 3 01/07/2015(prov) 46.423,1 ‑0,1 ‑0,1Distribución por edades 3

0‑14 años 3 2015 (prov.) 7.031,3 ‑0,3 ‑0,315‑64 años 3 2015 (prov.) 30.758,1 ‑0,2 ‑0,465 y más años 3 2015 (prov.) 8.633,6 0,5 1,4

No nacionales 3 2015 (prov.) 4.426,8 ‑0,6 ‑2,1Indicador coyuntural de fecundidad (núm. hijos/mujer) 3 2014 1,3 0,0 0,0Esperanza de vida al nacimiento (años) 3 2014 82,9 (0,1) (0,1)

Hombres 3 2014 80,1 (0,2) (0,2)Mujeres 3 2014 85,6 (0,1) (0,1)

Saldo migratorio exterior acumulado (personas) 3 I Sem. 2015 (prov.) ‑7.385,0 ‑78,1 ‑87,9

PROTECCIÓN SOCIALAfiliados en alta en Seguridad Social (miles de personas, último día de mes)Total 1 Febrero 2016 17.167,7 0,4 3,0Régimen general 1 Febrero 2016 13.950,6 0,4 3,4

Sistema especial agrario 1 Febrero 2016 762,8 ‑3,7 2,8Sistema especial empleados de hogar 1 Febrero 2016 492,6 15,4 0,1

RETA 1 Febrero 2016 3.153,1 0,1 1,2Régimen especial de la minería del carbón 1 Febrero 2016 3,6 0,1 ‑10,5Régimen especial de trabajadores del mar 1 Febrero 2016 60,5 2,7 3,9Protección por desempleoParados inscritos en el SPE 1 Febrero 2016 4.153,0 0,1 ‑8,0Perceptores de prestaciones por desempleo (miles) 1 Enero 2016 2.191,0 2,7 ‑9,3Nivel contributivo 1 Enero 2016 847,0 3,4 ‑12,6Nivel asistencial 1 Enero 2016 1.088,5 3,0 ‑8,6

Subsidio 1 Enero 2016 899,5 3,9 ‑9,8Subsidio mayores 52 (55) años 1 Enero 2016 330,3 0,6 ‑6,2

Renta agraria 1 Enero 2016 70,9 0,4 1,4Trabajadores eventuales agrarios 1 Enero 2016 118,0 ‑1,8 ‑4,4

Renta activa de inserción 1 Enero 2016 231,1 ‑1,2 ‑10,1Viviendas familiares sin ocupados y sin perceptores de ingresos/subsidios/prestaciones

3 IV. Trim. 2015 712,3 ‑1,3 ‑2,6

Pensiones de la Seguridad SocialPensiones contributivas de la Seguridad Social(Perceptores primer día mes)

Total 1 Febrero 2016 9.360,5 0,1 1,0Jubilación 1 Febrero 2016 5.694,0 0,1 1,4Viudedad 1 Febrero 2016 2.354,8 0,0 0,2Incapacidad permanente

1 Febrero 2016 933,5 ‑0,1 0,7

Orfandad 1 Febrero 2016 339,1 0,3 0,7Favor familiares 1 Febrero 2016 39,2 ‑0,3 1,7

Prestaciones no contributivas(Perceptores primer día mes)

Total 1 Enero 2016 453,6 0,0 0,3Jubilación 1 Enero 2016 253,8 ‑0,3 0,2Invalidez 1 Enero 2016 199,9 0,2 0,6

Sistema de atención a la dependenciaBeneficiarios del sistema Total 18 Enero 2016 798,3 0,3 7,7

Sobre el número de dictámenes

18 Enero 2016 78,4 ‑0,1 33,9

Prestaciones concedidas Total 18 Enero 2016 978,7 ‑1,9 7,7Económicas 18 Enero 2016 351,4 ‑2,5 ‑2,8Servicios 18 Enero 2016 627,3 ‑1,6 14,6



PROTECCIÓN SOCIAL Y CONDICIONES DE VIDA


Fuen


Sobre elperiodo

anterior (%)

Sobre igual periodo del

año anterior (%)

Sistema sanitarioFrecuentación en atención primaria por tarjetas asignadas/año 18 2014 5,2 ‑ ‑Frecuentación en atención especializada (consultas externas por 1.000 hab. /año) 18 2013 1.978,2 3,0 ‑Ratio de médicos de atención especializada por 1.000 tarjetas sanitarias 18 2013 1,8 ‑1,7 ‑Ratio de camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 habitantes 18 2013 3,3 ‑2,4 ‑Número recetas facturadas del SNS (miles) 18 Enero 2016 73.477,3 ‑4,6 ‑4,6Gasto medio por receta (euros/receta) 18 Enero 2016 10,8 3,7 3,7

CONDICIONES DE VIDAAcceso a la viviendaPorcentaje de la población con sobrecarga debida a los costes de alojamiento 5 2014 10,9 ‑ ‑Ventas de vivienda protegida nueva 13 IV Trim. 2015 (prov.) 2.245,0 99,4 ‑6,2Porcentaje de hogares que viven en alquiler 3 2014 14,9 ‑ ‑Índice general precio vivienda (IPV). Base 2007 3 IV Trim. 2015 67,7 ‑0,1 4,2Compraventas de viviendas libres (miles) 3 Enero 2016 29.093,0 16,6 ‑2,0Educación y sociedad del conocimientoTasa neta de escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0‑2 años) 19 2013‑2014 32,8 ‑ ‑Participación de los adultos (25‑64 años) en el aprendizaje permanente (%) 5 2015 (prov.) 9,7 ‑ ‑Jóvenes (16‑24 años) parados no universitarios (miles) 3 IV Trim. 2015 569,2 ‑10,4 ‑17,4Jóvenes (16‑24 años) parados con estudios universitarios (miles) 3 IV Trim. 2015 118,4 ‑9,7 ‑4,8Jóvenes (16‑34 años) subempleados con estudios universitarios (miles) 3 IV Trim. 2015 288,3 9,7 ‑14,8Jóvenes inactivos (16‑24 años) que no cursan estudios (miles) 3 IV Trim. 2015 191,5 ‑43,8 2,8Abandono escolar temprano de los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 24 años (%)

5 2015 (prov.) 20,3 ‑ ‑

Sostenibilidad ambientalEmisiones gases efecto invernadero (miles tm CO2 eq) 20 2013 335.313,0 ‑7,5 ‑7,5Tasa de energía renovable sobre consumo bruto final de energía (%) 5 2014 16,2 5,9 5,9Generación de residuos municipales (kg/pc) 5 2014 435,0 ‑4,2 ‑4,2Desigualdad, riesgo de pobreza y exclusión socialRenta media por unidad de consumo 3 2013 15.405,0 ‑1,5 ‑1,5Umbral de riesgo de pobreza por unidad de consumo (60% mediana de ingresos) 3 2013 7.961,0 ‑1,9 ‑1,9Indicador europeo de desigualdad: ratio 80/20 3 2014 6,8 ‑ ‑Porcentaje de población en riesgo de pobreza monetaria 3 2014 22,2 ‑ ‑Porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social 3 2014 29,2 ‑ ‑Porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza y exclusión 3 2014 35,4 ‑ ‑Porcentaje de población >65 años en riesgo de pobreza y exclusión 3 2014 12,9 ‑ ‑Porcentaje de hogares monoparentales en riesgo de pobreza y exclusión 3 2014 53,3 ‑ ‑Porcentaje de ocupados en riesgo de pobreza y exclusión social (working poor) 3 2014 17,6 ‑ ‑

Fuentes:1: Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.3: Instituto Nacional de Estadística. 5: Eurostat y Agencia Europea de Medio Ambiente.13: Ministerio de Fomento.18: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.19: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.20: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fecha de cierre: 18 de marzo de 2016.

INdICAdORES ECONÓMICO‑SOCIALESCOMENTAdOS


MEJORíA dEL INdICAdOR dE CLIMA INduSTRIAL

El Indicador de Clima Industrial (ICI), que repre‑senta el mayor o menor optimismo de los em‑presarios del sector respecto a la situación actual de su actividad y sus perspectivas de evolución futura, acabó 2015 en ‑1,0, frente al ‑7,7 de 2014. Cabe recordar que este indicador llegó a situarse en ‑29,4 en 2009, su peor registro desde el inicio de la crisis.

Todos los componentes contribuyeron a esa mejora, sobre todo las expectativas de produc‑ción, aunque no lo suficiente como para com‑pensar las expectativas aún negativas sobre la cartera de pedidos y sobre el nivel de existencias.

Atendiendo al ICI por destino económico de los bienes, cabe subrayar que el de bienes de inversión cerró el año en positivo, un 3,9,

principalmente por las favorables expectativas sobre la producción, siendo la primera vez que este indicador registra un valor positivo desde el inicio de la crisis.

En los primeros meses de 2016 el indicador suavizó su tendencia al alza por un deterioro de las expectativas de producción y por el descenso del ICI de la producción de bienes intermedios.

gRáfICO 1 INdICAdOR dEL CLIMA INduSTRIAL 2008‑2015(media móvil 12 meses)

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Encuesta de coyuntura industrial.

ICI por componentes ICI por destino económico de los bienes

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

-40,00

-50,00

40,00

30,00

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

Ene-

08Ju

n-08

Nov-

08Ab

r-09

Sep-

09Fe

b-10

Jul-1

0Di

c-10

May

-11

Oct-

11M

ar-1

2Ag

o-12

Ene-

13Ju

n-13

Nov-

13Ab

r-14

Sep-

14Fe

b-15

Jul-1

5Di

c-15

Ene-

08Ju

n-08

Nov-

08Ab

r-09

Sep-

09Fe

b-10

Jul-1

0Di

c-10

May

-11

Oct-

11M

ar-1

2Ag

o-12

Ene-

13Ju

n-13

Nov-

13Ab

r-14

Sep-

14Fe

b-15

Jul-1

5Di

c-15

1 Total 1 Pedidos2 Stocks 2 Previsión producción

1 Total 1 B. inversión2 B. consumo 2 B. intermedios

92] CAuCES 31

EvOLuCIÓN dE LA RENTA AgRARIA, 1990‑2015

La evolución de la renta agraria a lo largo de los últimos 25 años ha venido marcada fundamen‑talmente por la trayectoria seguida por los costes de producción. Desde 1990 hasta 2003 la renta agraria en términos corrientes aumentó año tras año, mientras que entre 2003 y 2015 cayó un 16,0 por 100. El descenso de los últimos años respon‑de al aumento en el valor de los consumos inter‑medios necesarios para la producción, un 46,1 por 100, frente a un avance más moderado de la producción agraria. Las tres partidas que repre‑sentan las dos terceras partes de los consumos intermedios —piensos, fertilizantes y enmiendas y energía y lubricantes— fueron además las que mayores crecimientos registraron durante el pe‑riodo 2003‑2015, con subidas del 60,4, 62,2 y 69,3 por 100 respectivamente.

A pesar de los descensos en el precio del pe‑tróleo, que determina una parte importante de los precios de los insumos para la rama agraria, en 2015 los consumos intermedios volvieron a

alcanzar el máximo histórico marcado en 2013; de manera que para obtener 1 euro de produc‑ción se han tenido que gastar 50 céntimos en in‑sumos productivos, cuando en 2003 solo se nece‑sitaban 35 céntimos. El balance de esta situación ha sido que la renta agraria en términos reales ha descendido un 30,1 por 100 desde 2003.

50.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1990 1992 1994 1996 1998 20142012201020082006200420022000

Q B: consumos intermedios 1 A: producción rama agraria1 C=(A–B) Valor añadido bruto 1 Renta agraria

1990 1995 20152000 2005 2010

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Q Otros consumos intermediosQ Energía y lubricantesQ Productos fitosanitariosQ Piensos

Q Semillas y plantonesQ Fertilizantes y enmiendasQ Gastos veterinarios

Consumos intermedios

gRáfICO 1 EvOLuCIÓN MACROMAgNITudES AgRARIAS 1990 ‑ 2015

Fuente: Elaborado a partir de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

NOTICIASdE ESPAÑA


EL bANCO dE ESPAÑA APRuEbA LA CIRCuLAR 2/2016 SObRE SuPERvISIÓN Y SOLvENCIA dE LAS ENTIdAdES dE CRédITO

El pasado 9 de febrero el Banco de España apro‑bó la Circular 2/2016 sobre supervisión y sol‑vencia de las entidades de crédito con la que se completa la aplicación en España de las normas comunitarias derivadas del Acuerdo de Basilea III —el Reglamento 575/2013, sobre los requisi‑tos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión y la Directiva 2013/36/UE sobre el acceso a la actividad de las entidades de crédito y la supervisión prudencial de las enti‑dades de crédito y empresas de inversión— que constituían el marco global de regulación finan‑ciera para reforzar los sistemas bancarios y las entidades de crédito como respuesta a la crisis financiera internacional.

La Circular 2/2016 es la quinta iniciativa que se aprueba para asegurar la aplicación de dichas normas comunitarias. Esta adaptación se inició en 2014 con dos Circulares del Banco de España

y determinó la aprobación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, supervisión y solven‑cia de las entidades de crédito y su desarrollo a través del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

En esta ocasión, la Circular 2/2016, entre otros aspectos, regula el tratamiento específico para las sucursales y la prestación de servicios de enti‑dades de crédito con sede fuera de la UE; estable‑ce la posibilidad de que determinados entes pú‑blicos reciban la misma ponderación de riesgos que la Administración de la que dependen; desa‑rrolla los requerimientos de colchones de capital, introduce disposiciones sobre la organización interna y políticas retributivas de las entidades; regula determinados aspectos sobre autoevalua‑ción del capital que deben realizar las entidades; y establece determinadas normas de transparen‑cia para las entidades de crédito.

LA fuNdACIÓN SIMA CONMEMORA, EN LA SEdE dEL CES, LOS vEINTE AÑOS dE LA fIRMA dEL PRIMER ACuERdO SObRE SOLuCIÓN AuTÓNOMA dE CONfLICTOS (ASAC) 1996‑2016

En 2016 se han cumplido veinte años de la sus‑cripción del i del Acuerdo sobre Solución Extra‑judicial de Conflictos laborales (ASEC), acuerdo que fue firmado, el 25 de enero de 1996, por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Por ello, la Fundación Servicio Interconfederal de Me‑diación y Arbitraje (SIMA) organizó el día 23 de fe‑brero de 2016, en la sede del Consejo Económico

y Social de España (CES), un acto conmemorativo del xx Aniversario de la firma del Acuerdo so‑bre Solución Autónoma de Conflictos laborales (ASAC). En dicho acto, participaron los presiden‑tes de CEOE y CEPYME y los secretarios generales de CCOO y UGT.

El acto dio comienzo con unas palabras de bienvenida pronunciadas por el presidente del CES, Marcos Peña, mediante las cuales puso

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fundamentalmente en valor la autonomía de los interlocutores sociales a la hora de solucionar los conflictos laborales, hecho que ponía de relieve el poder decisorio de los mismos en un ámbito tan relevante como el referido.

Posteriormente, tomaron la palabra —sucesi‑vamente— Antonio Garamendi y Juan Rosell, pre‑sidentes de CEPYME y CEOE, y Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales de UGT y CCOO, los cuales expusieron su visión sobre los sistemas extrajudiciales de conflictos. En líneas generales, todos ellos coincidieron en destacar el gran logro que supuso, para el diálogo social en España, la firma del ASEC y la contribución del CES de cara a la suscripción del mismo, mediante su Informe 2/1994 en el que se perfilaban los princi‑pios y las líneas maestras del modelo consagrado por dicho Acuerdo. Asimismo, los participantes es‑tuvieron de acuerdo en afirmar que el balance del modelo de solución autónoma de conflictos labo‑rales en nuestro país, materializado en los distintos acuerdos suscritos sobre esta materia en los últi‑mos veinte años, había sido, por lo general, positivo.

Finalmente, tanto los presidentes de CEOE y CEPYME como los secretarios generales de CCOO y UGT coincidieron en afirmar que había que continuar fomentando y potenciando la media‑ción y el arbitraje, en atención a su carácter de vías para la solución extrajudicial de conflictos laborales, como están haciendo varios países de nuestro entorno.

Cabe recordar, que el SIMA, fundación creada y gestionada por las organizaciones empresa‑riales y sindicales firmantes del ASEC en el año 1996, es la institución a la que el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (sis‑tema extrajudicial) —ASAC— ha encomendado la gestión de los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en el mismo. Hay que señalar igualmente que el ASEC ha sido renovado desde entonces (1996) encontrándose vigente en la ac‑tualidad el ASAC V que fue suscrito el 7 de febrero de 2012 y que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.

En líneas generales, todos coincidieron en destacar el gran logro que supuso, para el diálogo social en España, la firma del ASEC y la contribución del CES de cara a la suscripción del mismo, mediante su Informe 2/1994 en el que se perfilaban los principios y las líneas maestras del modelo consagrado por dicho Acuerdo.

INfORMES

COMPETENCIAS PROfESIONALES Y EMPLEAbILIdAd

ANáLISIS dE LA gObERNANzA ECONÓMICA

dE LA uNIÓN EuROPEA

EL PAPEL dEL SECTOR dE LA CONSTRuCCIÓN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO:

COMPETITIvIdAd, COHESIÓN Y CALIdAd dE vIdA


dOCuMENTOS dEL CES

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INfORME

competencias profesionales y empleabilidad

El CES aprueba este informe proponiendo medi‑das para el empleo basadas en la mejora de las cualificaciones y de la adecuación entre ofertas y demandas de empleo.

El CES estima que los cambios en las ocupaciones que producen las transformaciones en la econo‑mía hacen necesarias medidas para evitar que el desempleo de larga duración se haga estructu‑ral y evitar desajustes entre la oferta de trabajo y las demandas de las empresas, que obstaculizan la creación de empleo.


Asimismo considera necesario indagar en el comportamiento y en las posibles tendencias, a corto y medio plazo, de los empleos y de las cua‑lificaciones demandadas. Partiendo siempre de una evidencia que se mantiene en el tiempo: la correlación positiva entre niveles adecuados de educación y formación y la empleabilidad.

El informe consta de cuatro capítulos: las competencias requeridas (perspectiva de demanda); la adquisición de cualificaciones y competencias (perspectiva de oferta); el ajuste entre la demanda y la oferta; y por último, las conclusiones y propuestas del CES.

El informe consta de cuatro capítulos:El primer capítulo titulado las competencias requeridas (perspectiva de demanda) estudia, por un

lado, el empleo y la cualificación en España y, por otro, realiza un análisis prospectivo del empleo: hacia dónde nos dirigimos, en el que se analizan tanto las tendencias en el medio y largo plazo en la deman‑da de competencias y cualificaciones, como las tendencias recientes en España: las características del empleo creado y los perfiles de las ofertas de empleo.

El segundo capítulo sobre la adquisición de cualificaciones y competencias (perspectiva de oferta) realiza, en primer lugar, un análisis de los distintos ámbitos de formación: la formación profesional ini‑cial, la formación profesional dual y la formación profesional para el empleo, incluyendo la formación de las personas ocupadas y la de las personas desempleadas, así como las enseñanzas universitarias y, a continuación, expone las consideraciones de conjunto de la configuración de la oferta.

El tercer capítulo se ocupa del ajuste entre la demanda y la oferta, llevando a cabo un análisis de los desajustes en España y abordando el reto del ajuste: políticas y estrategias, analizando los principales marcos estratégicos de ámbito internacional y las políticas y medidas recientes en España.

Y, por último, un cuarto capítulo, en el que el CES expone sus conclusiones y propuestas, en relación con los grandes apartados en que se estructura el Informe: sobre la demanda y la oferta de competen‑cias y sobre el ajuste entre las mismas y, finalmente, el reto del ajuste: políticas y estrategias.

En este último apartado se tratan las medidas en el ámbito educativo no universitario; las medidas en el ámbito universitario y la necesidad de mejorar la colaboración universidad‑empresa; la necesidad de reforzar el sistema nacional de cualificaciones profesionales; la reforma de la formación profesional para el empleo; la intermediación laboral como mecanismo de ajuste y atención a colectivos específicos; el emprendimiento como opción de inserción laboral; la adquisición de competencias a través de la prác‑tica o los instrumentos en el terreno del aprendizaje permanente.

Texto completo en www.ces.es

INfORME

Análisis de la gobernanza económica de la unión europea

Este informe es el tercero de los elaborados por el CES sobre esta materia en los últimos años, (el primer Informe 3/2012, Nueva gobernanza económica en la Unión Europea y crecimiento, fue aprobado el 21 de noviembre de 2012 y pos‑teriormente, el Informe CES 1/2014, Evolución de la gobernanza económica de la Unión Europea: actualización del Informe CES 3/2012) y pretende, tomando como referencia la batería de propues‑tas formuladas en el primer informe y el segui‑miento de las mismas de las que se dio cuenta en el segundo informe, ser una segunda revisión de las actuaciones desarrolladas desde entonces con el fin de valorar el grado de avance, en rela‑ción con la gestión de la crisis económica euro‑pea y con el rediseño del sistema de gobernanza económica de la UEM, señalando los retos que aún persisten.


Los tres informes incluyen conclusiones valorati‑vas de la situación y propuestas para su mejora, de manera que cada informe va tomando como referencia de su contenido estas conclusiones y propuestas formuladas con anterioridad.

El Informe 1/2016, se estructura en cuatro capítulos:En el capítulo primero se realiza un análisis del contexto económico en la unión europeaEl capítulo segundo se dedica a la consideración de las medidas de estabilización a corto plazo, los

avances y retos pendientes, tanto las medidas en el ámbito de la política monetaria como las medidas en el ámbito de la política fiscal

El capítulo tercero analiza la estrategia de integración política y económica a largo plazo, sus avances y los retos pendientes. Se estudia, en primer lugar, el marco financiero integrado, la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales; a continuación, el marco presupuestario integrado; más adelante, el marco integrado de la política económica y social, analizando el refuerzo del procedimiento de desequili‑brios macroeconómicos y la coordinación de las políticas económicas; el sistema de autoridades de com‑petitividad para la zona del euro; el mercado interior europeo; la armonización tributaria y la lucha contra el fraude y la elusión fiscal transfronteriza; el empleo y la política social europea y, finalmente, se abre un apartado sobre legitimidad democrática y consolidación institucional, que expone la renovación en las principales instituciones comunitarias, las deficiencias institucionales de la Unión Europea, las crisis recientes, los retos y perspectivas de futuro de la Unión Europea, la reducción del papel de los interlocu‑tores sociales europeos en la configuración de la nueva gobernanza económica de la Unión Europea y en relación con las propuestas del CES sobre “Legitimidad democrática y rendición de cuentas” contenidas en su Informe 3 /2012, se consideran las medidas o propuestas recientes de las instituciones comunitarias en el ámbito de la “Legitimidad democrática y rendición de cuentas”.

Finalmente, el capítulo cuarto, ofrece las conclusiones y propuestas del Consejo Económico y Social.


El Informe 1/2016, se estructura en cuatro capítulos: Análisis del contexto económico en la Unión Europea; Medidas de estabilización a corto plazo; Estrategia de integración política y económica a largo plazo; y las conclusiones y propuestas del CES.

INfORME

el papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida

El propósito de este informe del CES es estudiar los ámbitos donde podría configurarse la reac‑tivación de la construcción, basándose en dos premisas que tienen claro apoyo en los datos. La primera es su importancia cuantitativa, di‑recta e indirecta, en la economía y en el empleo, así como también su aporte en el desarrollo de redes, infraestructuras y equipamientos para la mejora de la calidad de vida y la cohesión terri‑torial y social. La segunda es la situación actual de este sector, cuyos indicadores de actividad y empleo arrojan en 2015 valores muy bajos, sig‑nificativamente inferiores a los que se estiman como normales. Pero no se trata de proponer, sin más, líneas de actuación para recobrar una ma‑yor dinámica de actividad en este sector.


Por el contrario, el CES pretende apoyar esa recu‑peración del sector de manera que este contribuya en el futuro de manera satisfactoria y sostenible al crecimiento económico, a la competitividad del te‑jido productivo, a la cohesión social y territorial, y a la calidad de vida en España.

Se trata de un enfoque de retos y oportuni‑dades para la sociedad española basado en las conclusiones que muestran distintos datos y es‑tudios en torno a tres grandes cuestiones: los ob‑jetivos en materia de cambio climático y eficiencia

energética; las necesidades de despliegue y me‑jora de las infraestructuras industriales, de trans‑porte y ambientales; y la necesidad de superar los déficit existentes en equipamientos sociales.

En estas tres cuestiones se trata de un momen‑to interesante, con la oportunidad de orientar pro‑gramas inversores al aprovechamiento del denomi‑nado Plan Juncker en la Unión Europea, que aplicará 21.000 millones de euros de fondos europeos como palanca para inversiones privadas en infraestructu‑ras estratégicas, transporte, educación e I+D.

El Informe consta de tres capítulos:Un capítulo dedicado a la situación actual del sector de la construcción en españa, en el que se anali‑

za la evolución reciente del sector de la construcción, sus principales magnitudes y se realiza un análisis comparado de la Unión Europea. A continuación se consideran los principales subsectores, tales como la edificación y obra civil y la caracterización del tejido empresarial. También se tienen en cuenta las acti‑vidades relacionadas, como los materiales de construcción, para terminar considerando los principales rasgos de la internacionalización del sector de la construcción y de las actividades relacionadas.

El siguiente capítulo se dedica a las oportunidades y retos para el sector de la construcción. Opor‑tunidades de expandir los ámbitos de actividad, la internacionalización económica o la innovación de procesos y productos como claves para la competitividad permanente del sector. Y en relación con los factores institucionales, financieros y regulatorios como retos para el sector, se ponen de manifiesto las limitaciones derivadas de los déficits públicos y las deudas soberanas, las limitaciones financieras a la actividad, Plan Juncker y las limitaciones regulatorias.

Finalmente un capítulo de conclusiones y propuestas para el desarrollo de políticas públicas, en el que se consideran las fortalezas y debilidades del sector, las oportunidades de expandir los ámbitos de actividad y los retos para el futuro.

Como conclusión, el CES manifiesta que los diagnósticos sobre la crisis en España han asociado indefectiblemente esta al sector de la construcción. No obstante, si bien era necesario un reajuste del sector, los datos sobre su situación actual evidencian que su dimensión está ahora por debajo de lo que podrían considerarse niveles normales, tanto por su evolución a largo plazo como en comparación con las principales economías del entorno europeo. Esto permite sostener, dado sus elevados efectos de em‑puje y arrastre sobre el total de la economía, que si no se reactiva la construcción será difícil recuperar los niveles de empleo anteriores en la economía española.

La cuestión es determinar cuáles serían las vías más eficientes para lograrlo. A ello se ha dedicado este informe, que señala los principales ámbitos de oportunidad para esa reactivación y que analiza los factores institucionales, financieros y regulatorios que más condicionan el aprovechamiento de esas oportunidades, sobre algunos de los cuales es necesario plantear actuaciones y reformas para convertirlos de límites en palancas.

A lo largo del informe el CES ha evitado proponer, sin más, líneas de actuación para recobrar una mayor dinámica de actividad en la industria de la construcción. Por el contrario, todas las recomenda‑ciones y propuestas han partido de apoyar la recuperación de la construcción de forma que contribuya satisfactoria y sosteniblemente al crecimiento económico, a la competitividad del tejido productivo, a la cohesión social y territorial, y a la calidad de vida en España.


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