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CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de
Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN
NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días
del mes de junio del año dos mil diez, por medio de LA SALA
PENAL, integrada por los Magistrados JACOBO CALIX HERNANDEZ
Coordinador Sala Penal, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL A.
HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de
CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, contra la sentencia
condenatoria de fecha treinta de abril de dos mil ocho,
dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa,
Departamento de F. Morazán, en contra del señor V. A. C. A.,
por el delito de Estafa, en perjuicio de ....- SON PARTES: El
Abogado J. F. Z. C., en su condición de Defensor Privado del
señor V. A. C. A. como recurrente, y como recurrida la Abogada
L. Y. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.
CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de ley,
se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte Primera de
Apelaciones de Tegucigalpa departamento de F. Morazán, en fecha
treinta de abril de dos mil ocho, la cual Falló: PRIMERO:
Declarando no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto.-
SEGUNDO: Reformando de oficio, la sentencia condenatoria
dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial
de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha
cinco de Junio del dos mil siete, en el único sentido de tener
como hechos probados los que aparecen redactados por este
Tribunal, en el penúltimo considerando.- TERCERO: Confirmando
en todos sus demás pronunciamientos, la sentencia de la cual se
hace mérito en el preámbulo”; Que el A quo en la parte
resolutiva de la sentencia Condenó penalmente al señor V. A. C.
A., a una pena concreta de Seis Años de reclusión, más una
multa de veintiocho mil novecientos dólares americanos
($.28,900.00), por el delito de Estafa Continuada, en perjuicio
de la Empresa ....- II.- CONSIDERANDO: Que en sentencia de
fecha treinta de abril de dos mil ocho, la Corte Primera de
Apelaciones de esta Sección Judicial, rechazó los hechos
estimados y declarados probados por el A-quo, y los redactó de
la manera siguiente: Primero: Que el Señor V. A. C. A.,
actuando como Gerente General de ... contrató verbalmente con
la Empresa ..., el suministro de municiones calibres 38 y 22,
haciéndole pagos a dicha Empresa en forma directa y anticipada,
violentando de manera grave, los procedimientos legales
establecidos para la adquisición de suministros.- Segundo: Que
al cesar en su cargo como Gerente General de ..., el Señor V.
A. C. A. pasó, casi en forma inmediata, a desempeñarse como el
representante de la Empresa ..., y en tal calidad, recibió
valores anticipados en concepto de pago de municiones calibres
38 y 22, posteriormente e hizo entrega de parte de las
municiones contratadas; las que luego fueron interrumpidas de
manera definitiva, sin que mediara justificación válida para
ello.- Tercero: Que como consecuencia de los pagos anticipados
que se le hicieron al Señor V. A. C. A., la Empresa ... ha
sufrido un daño en su patrimonio económico, el cual asciende a
la cantidad de doscientos ochenta y nueve mil dólares
($289,000.00), equivalentes, en las fechas en que los anticipos
fueron entregados, a tres millones trescientos veintisiete mil
setecientos lempiras (LPS.3,327,700.00).- III.- CONSIDERANDO:
Que en fecha veintitrés de junio de dos mil ocho, compareció
ante este Tribunal de Justicia, el Abogado J. F. Z. C.,
formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad
interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: EXPOSICION DE LOS
MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE LEY.-
“Infracción por aplicación indebida del articulo numero 240 del
Código Penal en relación con el articulo numero 90 en su
párrafo primero, de la Constitución de la Republica”.- PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra
comprendido en el articulo numero 412 numero 1º del Código de
Procedimientos Penales. EXPLICACION DEL MOTIVO: El concepto de
la infracción lo explico de la siguiente manera: El Articulo
numero 240 del Código Penal con vigencia a partir del día
veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cinco,
aplicable a la presente causa, citado como infringido por
violación directa, en relación con el articulo numero 90
Párrafo primero de la Constitución de la Republica textualmente
dicen: el articulo numero 240 del código penal: “Comete el
delito de estafa, quien con nombre supuesto, falsos títulos,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose
dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose
de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en
error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”, Concluye, y
el articulo numero 90 párrafo primero de la Constitución de la
Republica, establece que: “Nadie puede ser Juzgado, sino por
Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y
garantías. que la Ley establece”.- Es el caso, Honorable Corte
Suprema de Justicia, como consta da autos, que la Honorable
Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, al
emitir su fallo en el Recurso de Apelación, que interpuse
oportunamente, en contra de la Sentencia condenatoria, dictada
con fecha cinco (5) de junio del año dos mil siete (2007), por
el Juzgado instructor de la causa, en contra de mi
representado, desestimó varios hechos estimados y declarados
como probados, por el Juzgado de primera instancia, confirmando
en todos sus demás pronunciamientos, la Sentencia de merito,
pero reformando de oficio parcialmente la Sentencia
condenatoria de merito, en el único sentido de tener como
probados los hechos que aparecen redactados por dicho Tribunal,
en el considerando penúltimo de la Sentencia ahora recurrida
mediante el Recurso interpuesto.- De acuerdo a lo establecido
por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de esta Sección
Judicial, como hechos probados, debió, dicha Corte formar su
convicción, valorando en forma conjunta y armónica toda la
prueba producida y con arreglo a la sana crítica.- Este sistema
de valoración, le permite al Sentenciador cierta libertad en la
estimación de pruebas, que determine su convencimiento, pero
siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la
experiencia común.- Los hechos probados en una Sentencia Penal,
lo que constituye a ciencia cierta, la verdad inobjetable a la
que el Tribunal a arribado, estando sustentados en el acervo
probatorio, que se plasma en la fundamentación probatoria.- Las
reglas de la sana critica, entonces, constituye la especie
dentro del genero, conocido como fundamentación.- El Sistema de
la sana critica racional, que implementa nuestro sistema
Procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera
la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero
exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben, sean el
fruto razonado de las pruebas en que se apoye.- En este sistema
el Juzgador, no tiene reglas legales, que le establezcan la
forma de darle el valor que debe consignarse a cada prueba,
pero esa libertad tiene limites: Las normas que gobiernan la
corrección del pensamiento humano.- En la sana critica
racional, el Juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos
de la causa, valorando con eficacia condicional de cada prueba
con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios
de la recta razón, es decir, de las normas de la lógica, la
psicología y la experiencia común.- La Honorable Corte Primera
de Apelaciones, de esta Sección Judicial, para arribar a lo que
estimo como “hechos probados”, dicto con fecha catorce de marzo
del año en curso providencia para mejor proveer, ordenándose en
la misma, la practica de una Inspección Judicial, en las
oficinas correspondientes de ... o en el Instituto de Previsión
Militar, a efecto de constatar o comprobar, si la Empresa ...
..., cumplió con el compromiso de entregar de forma directa o
por medio de Representante en Honduras, la mercancía objeto de
la transacción comercial, (El subrayado es mió), tal como
consta a folio numero veinte (20) de la segunda pieza de
autos.- Constatando que efectivamente dicha Empresa no cumplió
con el compromiso de entrega de la mercadería debidamente
pactada, comprobando a la vez que la cantidad anticipada en
dicha transacción aun hasta la fecha en que se efectuó la
inspección Judicial, sigue pendiente en las cuentas de orden de
la contabilidad de ....- Es obvio Honorable Corte Suprema de
Justicia, que de acuerdo a la Providencia dictada para mejor
proveer, La Corte Primera de Apelaciones, estimo como un hecho
real probado, es decir inobjetable e indubitado, la existencia
del vinculo de una relación mercantil, entre ... y la empresa
..., al expresar en dicha Providencia, que se efectuaría a
efecto de constatar, si la empresa ... cumplió con el
compromiso de entrega de la mercadería debidamente pactada, a
..., corroborándose dicha extremo, es decir el de la relación
comercial, con la nota enviada a dicho Tribunal, por parte de
la Administración General de ..., con fecha once (11) de abril
del año en curso 2008, mediante la cual dicha Empresa
Mercantil, hizo del conocimiento que la transacción comercial
de merito, se encuentra pendiente en las cuentas de orden de la
contabilidad de dicha Empresa.- Efectivamente el extremo de la
existencia de la relación contractual, entre ... y ..., figura
mercantil que se estableció durante la secuela del proceso,
entre otros medios de pruebas, con la documentación que se
relaciona y con la declaración testifical del señor P. E. L.
M., brindadas ante el Juez Instructor, en la condición de
Presidente de la Empresa ..., en el sentido que el Señor V. A.
C. A., es el representante legal, de su empresa en Honduras;
que la nota de fecha diez de junio de 1998, que corre agregada
a folio numero 9 de los autos, de la primera pieza, es falsa en
todo su contenido, por lo cual el de manera inmediata, en la
condición anteriormente indicada, redacto una nueva nota con
fecha veintitrés (23) de junio de 1998, la que corre agregada a
folio numero 72 de los autos de la primera pieza; Que los
anticipos que le fueron entregados por ... a su representante
en Honduras, el señor V. A. C., en diferentes fechas fueron
recibidos en su totalidad por la Empresa ... ; Que existe un
convenio firmado con fecha Primero de Enero de 1998 entre ...
y..., sumado a ello el adendum de fecha 16 de Enero de 1998:
que después de esa fecha. es decir del 16 de Enero de 1998,
existe cruce de correspondencia en relación a la obligación
contraída por..., de la entrega de Municiones a ...; Con fecha
8 de Junio de 1999, el señor J. M. A., actuando en la condición
de administrador general de ..., le envió una nota al Ingeniero
P. Leal, en la condición de Presidente de la Empresa l p y m
Mediante la cual le manifestó literalmente que: ... por este
medio le ratifica que para dar cumplimiento al convenio firmado
entre ambas partes (… y ...), ... hará los pagos de los dos
(2) millones iniciales de munición 38 enviada, cuando esta este
en el puerto de desembarque aquí en honduras.- Consta también
acreditado en autos, de la pieza principal, de manera plena, el
Registro Federal de … como Compañía activa y la actividad a la
cual se dedica, en los Estados Unidos de Norteamérica.-
Documentación que corre agregada a folios números del 104 al
106 de los autos de la primera pieza, la misma Honorable Corte
Primera de Apelaciones en el hecho segundo, de los hechos que
estimo y declaro como probados, establece de manera meridiana,
que mi representado posterior a vacar en el cargo de gerente de
... y constituirse en representante de la empresa..., en este
país, hizo entrega de parte de las municiones contratadas, las
que luego fueron interrumpidas de manera definitiva, sin que
mediara justificación valida para ello, de este hecho tenido
como probado sumado a ello la Inspección efectuada para mejor
proveer por el Tribunal Ad-quem, se determina sin lugar a duda
razonable alguna, A). - Por una parte la abierta y evidente
contradicción, en que entro dicha Corte en relación a los
hechos tenidos como probados y la Sentencia confirmatoria
proferida, y B).- Por otra parte se determino la inexistencia,
por no quedar lugar a duda alguna razonable, de que la
acusación criminal quedo desvirtuada por si sola, desde el
momento mismo de la suscripción de los documentos de
referencia, razón por la cual en estricto apego a derecho no
existe en el presente caso, el delito de Estafa Continuada, ni
ninguna otra clase de Fraudes, pues no se subsumen entre los
hechos realizados, por parte de mi representado como un
mandatario, la característica especial, para que ese tipo de
delito, como lo es el dolo o sea que mediante engaño mi
representado haya defraudado o hecho caer en error a ...,
Empresa que pago una cantidad de dinero, pero sin la intención
de mi representado de apropiarse indebidamente de ese dinero,
no, Honorable Corte Suprema de Justicia, tal como lo ratifico
en varias ocasiones durante el instructivo sumario, el
Representante de ..., que los anticipos de dinero que se le
otorgaron a mi representado, como su representante en este
País, de dicha Empresa, por parte de ..., a cuenta de compra-
venta de municiones, es decir de una transacción comercial, fue
ingresado a dicha Compañía en su totalidad, ya que mi
representado únicamente fue un mandatario que por sus servicios
recibió una pequeña comisión, de ello fácilmente se deduce que
mi representado, no cometió el delito que injustamente se le
imputa, por no haber tenido ninguna clase de lucro personal, ni
se valió de engaño en la transacción, efectuada con ..., que es
valida de acuerdo a las legislaciones civil y mercantil, no
existió ninguna clase de defraudación, ya que inicialmente como
se estableció, y estimo como un hecho probado, se cumplió con
lo pactado, al hacer entrega la empresa..., a ... parcialmente,
de la mercadería pactada, pero posteriormente se dio un
incumplimiento de dichas entregas, cuya obligación fue asumida
por dicha empresa (...), de manera directa, por lo cual le
quedaban y quedan expeditas las acciones Civiles y Mercantiles,
correspondientes a ..., para obtener su cumplimento,
estableciéndose a la vez que los hechos investigados durante
todo el proceso, Tal como puede comprobarse de autos,
corresponden a una transacción comercial, razón por la cual,
debió mas bien el Juzgado Instructor, en estricto apego a
derecho, mandar a deferir el conocimiento de esta causa a
materia civil, como es lo procedente.- todos los extremos
relacionados anteriormente, se acreditaron y constan plenamente
demostrados con los documentos de referencia que corren
agregados a folios del 104 al 116 vuelto de los autos de la
pieza principal, en consecuencia, todos absolutamente todos
estos hechos refiriéndonos a las transacciones comerciales
efectuadas entre ... ... y ..., así como los Arreglos
extrajudiciales concertados, fueron comprobados oportunamente
por el Juzgado instructor, tal como consta a folios del 129 al
235 inclusive de los autos de la pieza principal, y
corroborados a la vez, por el Tribunal Ad-quem.- En virtud de
la inexistencia del delito imputado a mi representado, y en
consonancia con la Garantía Constitucional invocada, que ha
sido violada, de manera flagrante por el Tribunal ad-quem, se
inobservo durante la tramitación del Recurso de Apelación, la
interpretación correcta de los hechos que constituyen el delito
de estafa así como Garantías constitucionales, cuya
inobservancia evidentemente han violentado de manera directa
“el debido proceso”, en virtud de que el Derecho Procesal
Penal, es un derecho Constitucional aplicado, que tiene como
propósito precisamente, la protección y desarrollo de las
Garantías, que otorga la Constitución de la Republica, las que
deben permanecer inalterables en las actuaciones del proceso,
cuya inobservancia acarrea por si sola nulidad absoluta de
actuaciones a partir e inclusive de la omisión misma, y porque
de acuerdo a la practica Forense en Materia Penal, y en base a
la Jurisprudencia Nacional, el principio del debido proceso,
contenido en el párrafo primero del articulo numero 90 de la
Constitución de al Republica, no es otra cosa que la
imperatividad directa e incondicional, que impone al operador
de la Justicia la obligatoriedad de desarrollar el proceso,
dentro del principio de legalidad, conforme al ordenamiento
Jurídico, impuesto en el Código de Procedimientos Penales, sin
que sea viable, en ningún momento, la aquiescencia o el
consentimiento de las partes para variar el formalismo o la
tolerancia, frente a actos realizados en menoscabo de tales
normas.- En consecuencia, tal lo expuesto en este primer motivo
de Casación, considero, que se ha violado por aplicación
indebida o errónea del articulo numero 240 del Código Penal de
1984, aplicable a este caso concreto, en relación con el
Articulo numero 90 párrafo primero de la Constitución de la
Republica.- SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE LEY.- II.-
Infracción por no haber efectuado aplicación del Articulo
numero 194 del Código de Procedimientos Civiles, interpretado
por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante auto
acordado en la sesión celebrada el día miércoles, veinte de
marzo de mil novecientos noventa y uno, contenida en la
Circular numero 05 de fecha 25 de marzo de 1991, Oficio No.
909-SCSJ-91 en relación con los artículos números 29 y 30 del
Código de Procedimientos Penales, por vulneración directa del
Articulo numero 90 párrafo primero, de la Constitución de la
Republica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
Casación, se encuentra comprendido en el articulo numero 412
numero 1º del Código de Procedimientos Penales, que de manera
taxativa establece: cuando dados los hechos que se declaren
probados en las resoluciones enumeradas en dicho artículo, se
hubiere infringido un precepto penal, de carácter sustantivo u
otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada
en la aplicación de la ley penal. (lo subrayado es mió)
explicación del motivo: El concepto de la infracción lo explico
de la siguiente manera: El Articulo numero 194 del Código de
Procedimientos Civiles, aplicable a la presente causa, citado
como infringido por violación directa, por falta de su
aplicación, interpretado por esta Honorable Corte Suprema de
Justicia, mediante auto acordado en la sesión celebrada el día
miércoles, veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno,
contenida en la Circular numero 05 de fecha 25 de marzo de
1991, Oficio No. 909-SCSJ-91 en relación con los artículos
números 29 y 30 del Código de Procedimientos Penales, por
vulneración directa del Articulo numero 90 párrafo primero, de
la Constitución de la Republica, textualmente dicen: articulo
numero 194 del código de procedimientos civiles: que los
jueces y tribunales, de lo civil, cuando hubieren de fundar
exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de
un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la terminación
del procedimiento criminal, si oído el fiscal, estimaren
procedente la formación de causa penal.- Articulo que fue
interpretado, por esta Honorable Corte Suprema de Justicia,
contenido y como consta en la circular No. 05 contenida en el
oficio numero 909-SCSJ-91 de fecha 25 de Marzo de 1991,
mediante el cual se estableció de manera meridiana, que ninguna
persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones
que no provengan de delito o falta, norma infringida
frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden
de arresto o detención contra personas participes en actos y
contratos puramente civiles, mercantiles o Administrativos, de
los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no
configura un hecho delictuosa o falta.- Articulo numero 29 del
código de procedimientos penales: por regla general, los
tribunales encargados de la justicia penal, tendrán competencia
para resolver, al solo efecto de la represión, las cuestiones
civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo
de los hechos perseguidos, cuando aparezcan tan íntimamente
ligados al hecho punible, que sea racionalmente imposible su
separación.- Articulo numero 30 del mismo cuerpo legal sin
embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la
culpabilidad o de la inocencia, el tribunal de lo criminal,
suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquella, por
quien corresponda; pero puede fijar un plazo que no exceda de
dos meses, para que las partes acudan al juez o tribunal civil
o contencioso administrativo competente, y articulo numero 90
párrafo primero de la Constitución de la Republica: “nadie
puede ser juzgado, sino por juez o tribunal competente, con las
formalidades, derechos y garantías. que la ley establece”.- En
el caso de autos, se actuó definitivamente al revés, es decir
al contrario, ya que primero, debió interponerse la demanda
ordinaria por el incumplimiento de la entrega de municiones
para armas de fuego, derivado de un contrato mercantil, y el
Juez de Letras de lo Civil competente, en base a dicha
reclamación y a las pruebas allegadas al Juicio Civil, seria el
que determinaría la existencia o no de un delito, por lo cual
consideramos que la denuncia criminal, presentada en contra de
mi representado, fue desde todo punto de vista, ilegal e
improcedente y sumado a ello, la Fiscalia del Ministerio
Publico, no esta facultada de acuerdo a su Ley constitutiva,
para personarse en una acción privada, que no afecta en
absoluto los intereses de la Sociedad, que es lo que tutela y
su función principal, ya que ... es una Empresa Mercantil, que
no le pertenece al Estado de Honduras.- En la acción incoada de
manera concreta, se estableció Honorables Señores Magistrados,
que mi representado, nunca fue funcionario ni empleado publico,
sino que fungió en el cargo de gerente general de ..., una
Empresa Mercantil, que forma parte del grupo de Empresas de
propiedad, del instituto de previsión militar, el que a su vez,
tiene personalidad, autonomía funcional y patrimonio propio, es
decir no le pertenece al Estado de Honduras, por depender
directamente de las fuerzas armadas de honduras, la que también
tiene su propia Ley Constitutiva, no pudiendo en consecuencia,
considerarse como Empleado y Funcionario Publico a mi
representado, ya que al tomar posesión de su cargo, no presto
ninguna promesa de ley, situación a la que si están obligados y
devienen obligados a efectuar todos los funcionarios y
empleados públicos, al tenor de lo previsto en el Articulo
numero 322 de la Constitución de la Republica, razón sobrada
para que no pueda considerarse a mi representado como un
funcionario o empleado publico, en virtud de que el instituto
de previsión militar, fue creado mediante Decreto Ley No. 905,
emitido por la Junta Militar de Gobierno en Consejo de
Ministros, con fecha 27 de marzo de 1980, publicado en la
Gaceta No. 23,089 como Diario Oficial de la Republica de
Honduras, siendo un organismo de las Fuerzas Armadas de
Honduras, con personalidad, autonomía funcional y patrimonio
propio, según lo establece el Articulo No 2 de su Ley
Constitutiva, de lo que fácilmente y sin mayores esfuerzos se
colige, que no es una Institución del Estado de Honduras,
Centralizada ni descentralizada, ni de ninguna otra índole.- En
la fecha en que presento la denuncia de referencia, el Abogado
I. I. R., en la condición de Apoderado legal de ..., acompaño
abundante documentación, Relativa de manera exclusiva a una
relación comercial efectuada entre la Empresa ... y ..., y
entre estas, el informe de fecha 15 de Julio de 1998, enviado
por el Señor L. A. G., en su condición de auditor interno de
..., al señor Presidente de la Junta de Vigilancia de la misma
Empresa, mediante el cual estableció un análisis en la parte
denominada mercaderías en transito, recomendando, que se
obligara a la Empresa ..., para cumplir su relación comercial,
observe que el mismo Auditor Interno, recomendó tácitamente,
que se efectuaran las Diligencias Civiles correspondientes, a
efecto de hacer cumplir el contrato verbal estableciendo a
renglón seguido el saldo pendiente de pago, lo que se determino
en virtud de la falta de entrega de municiones del calibre 38 y
22 a ..., concluyendo, que era necesario pedir consulta a la
asesoria legal del i. p. m o cualquier otro profesional del
derecho, con especialidad en derecho mercantil.- constan dichas
recomendaciones a folios del 15 al 19 inclusive del Informe
respectivo que corre agregado a los autos de la primera pieza.-
Estos extremos Honorables Señores Magistrados, fueron
confirmados por los propios testigos de cargo que presento en
su oportunidad la parte acusadora, señores L. A. G. y R. A. A.
O., las que constan a folios del 63 al 64 parte frontal y
vuelto inclusive de los autos, de la pieza principal, cuando
expresaron que todo lo que se dio, en relación a la presente
denuncia, fue por una relación comercial, la que se incumplió
de manera parcial, al no haber entregado el proveedor las
mercaderías convenidas y establecidas en el contrato verbal, el
que se perfecciono precisamente por los anticipos recibidos por
...; por medio de su mandatario, debidamente facultado para
ello, que precisamente era mi representado, y en base a ello,
la entrega parcial del producto vendido, esta circunstancia
confirma la tesis de que en realidad lo que procedía legalmente
en vez de la injusta acusación presentada, era una reclamación
mercantil por incumplimiento del contrato referido, ya que se
elaboro una acta de consolidación de saldos en donde la Empresa
..., se obligo a entregar a ..., dentro de un plazo razonable,
la mercadería que restaba del contrato, pero no lo hizo dentro
de un termino prudencial, de lo que deduce su incumplimiento,
pero de tal forma que la consolidación de saldos, es una simple
operación aritmética que efectuaron y es valida entre las
partes contratantes, es decir determinante de una relación
mercantil.- Esta clase de conciliaciones entre Empresas
Mercantiles, se efectuaron como un acto contable normal, no
siendo necesaria ninguna clase de formalidad, ya que mediante
las conciliaciones, se concertó un arreglo extrajudicial, entre
las partes contratantes, estableciéndose con ello que existía
entre ambas una relación mediante una transacción comercial, en
la cual mi representado fue un simple mandatario debidamente
facultado, en virtud de contar con autorización expresa para
ello, reconociendo la Sociedad proveedora, que mi representado
era representante de la misma, en esta Republica, aceptando,
ratificando y avalando, que las transacciones efectuadas por el
mismo, surtían efectos legales frente a terceros, en
consecuencia era total y absolutamente valida dicha transacción
comercial, por constar en documentos privados, mediante los
cuales ratificaron su decisión las partes, de solventar dicho
problema con la entrega por parte de la proveedora, de la
munición que hacia falta, pero determinándose en definitiva que
la relación existente entre ... y mi representado como
mandatario de..., fue literalmente Mercantil.- En base a la
inobservancia de los artículos y auto acordado transcritos y
relacionados anteriormente, Honorable Corte Suprema de
Justicia, es evidente que en la presente causa, se vulnero el
derecho que tiene mi representado a la Garantía que establece
la Constitución de la República, a favor de mi representado del
debido proceso, establecida en el párrafo primero del articulo
numero 90.- En consecuencia, considero violación por falta de
aplicación los dispuesto en el Articulo numero 194 del Código
de Procedimientos Civiles, aplicable a la presente causa,
citado como infringido por violación directa, por falta de su
aplicación, interpretado por esta Honorable Corte Suprema de
Justicia, mediante auto acordado en la sesión celebrada el día
miércoles, veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno,
contenida en la Circular numero 05 de fecha 25 de marzo de
1991, Oficio No. 909-SCSJ-91 en relación con los artículos
números 29 y 30 del Código de Procedimientos Penales, por
vulneración directa del Articulo numero 90 párrafo primero, de
la Constitución de la Republica.- IV.- CONSIDERANDO: Que este
Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veinticuatro de
junio de dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizado en
tiempo la demanda de casación por parte del Abogado J. F. Z. C.,
ordenando asimismo dar en traslado los antecedentes, al señor
Fiscal del Despacho para que dentro del término de diez días
procediera a emitir el respectivo dictamen sobre la procedencia
o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo
la Abogada L. Y. C., en su condición de Fiscal del Ministerio
Público, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil
ocho, dictaminando desfavorable a la admisión del recurso de
Casación en sus dos motivos.- V.- CONSIDERANDO: Que en su
oportunidad se cito a las partes para resolver sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de mérito.- SOBRE LA
ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION POR
INFRACCION DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA
DEFENSA.- I.- El recurrente alega en este motivo, la
Infracción por aplicación indebida del artículo número 240 del
Código Penal en relación con el artículo número 90, en su
párrafo primero de la Constitución de la República; luego
desarrolla dicho motivo de forma confusa y ambigua, al
argumentar que el Ad-quem, no observó las reglas de la sana
crítica racional, cuestionando el medio de prueba inspección
ordenado en un auto para mejor proveer, por la Corte de
Apelaciones, en las oficinas correspondientes de ... o en el
Instituto de Previsión Militar, también alega que no concurre
en el presente caso, la característica especial como lo es el
dolo, o sea que mediante engaño su representado haya defraudado
o hecho caer en error a ..., Empresa que pagó una cantidad de
dinero, pero sin la intención del acusado de apropiarse
indebidamente de ese dinero, ya que únicamente fue un
mandatario que por sus servicios recibió una pequeña comisión,
por lo que no cometió el delito que injustamente se le imputa,
por no haber tenido ninguna clase de lucro personal, ni se
valió de engaño en la transacción, efectuada con ..., que es
válida de acuerdo a las legislaciones civil y mercantil, no
existió ninguna clase de defraudación, ya que inicialmente como
se estableció y estimó como un hecho probado, se cumplió con lo
pactado, al hacer entrega la Empresa... a ... parcialmente de
la mercadería pactada, lo que corresponde a una transacción
comercial; razón por la cual, debió más bien el Juzgado
Instructor, en estricto apego a derecho, mandar el conocimiento
de esta causa a materia civil, como es lo procedente, ya que se
inobservó durante la tramitación del Recurso de Apelación, la
interpretación correcta de los hechos que constituyen el delito
de estafa, así como garantías constitucionales, cuya
inobservancia evidentemente han violentado de manera directa
“El Debido Proceso”.- II.- Según el Código de Procedimientos
Penales, en su artículo 412, el Recurso de Casación por
Infracción de Ley, se analiza a partir de “ cuando dados los
hechos que se declaren probados en las resoluciones enumeradas
en dicho artículo, se hubiere infringido un precepto penal de
carácter sustantivo, u otra norma jurídica del mismo carácter
que deba ser observada en la aplicación de la ley penal.……”;
esto significa que para la demostración de una infracción de un
precepto penal sustantivo debe partirse de la base fáctica
estimada por Tribunal de Instancia, por lo que no es permitido
fundamentar el Recurso en otros hechos que no sean los
declarados probados en la sentencia.- III.- En el presente caso
como ya se dijo, el censor funda el recurso por aplicación
indebida del artículo número 240 del Código Penal en relación
con el artículo número 90, en su párrafo primero de la
Constitución de la República, pero al desarrollar el motivo no
expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal
de Instancia en la sentencia, existe la infracción al precepto
penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea
fundamentación jurídica, y más bien cuestiona la valoración de
las pruebas hechas por los Juzgadores, cuestionamientos propios
de la instancia, mencionando la inobservancia de las reglas de
la sana crítica, lo que es propio de la interposición de
casación por vicios “in procedendo”, siendo el motivo que debió
desarrollar la de casación por el fondo como “vicio in
iudicando in facti”, dentro del cual tenía que exponer el por
qué consideraba el precepto penal establecido en el artículo
240 del Código Penal fue aplicado indebidamente en relación al
factum del fallo, o por qué el Tribunal Sentenciador se
fundamentó en una norma legal extraña a los hechos probados,
lo que no ocurre en la exposición del presente recurso; también
se limita a cuestionar la prueba denominada inspección ordenada
en un auto para mejor proveer, sin que esto guarde relación con
el vicio por infracción de ley mencionado que fue invocado;
asimismo, argumenta que debió deferirse la acción penal a lo
civil, no teniendo este fundamento concordancia con algún
cuestionamiento a los hechos declarados probados en la
sentencia.- Para finalizar su exposición el recurrente, plantea
que se interpretó erróneamente garantías constitucionales cuya
inobservancia evidentemente han violentado de manera directa el
debido proceso, pero dicho argumento carece de motivación y
explicación suficiente, limitándose a enunciar de manera
general el debido proceso, sin especificar cuales de las
garantías comprendidas en el mismo son las que se han
interpretado erróneamente, lo que hace imposible poder
verificar la posible vulneración alegada vía casación, siendo
evidente además que el relato fáctico de la sentencia es claro
y terminante, no resultando contradicción entre lo establecido
en aquel con la parte dispositiva del fallo. En consecuencia de
lo anterior, se declara INADMISIBLE el Recurso de Casación por
Infracción de Ley en su primer motivo, invocado por el
recurrente.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DEL
RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU SEGUNDO MOTIVO
INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente, en el segundo
motivo expone que hay Infracción por no haber efectuado
aplicación del Artículo número 194 del Código de Procedimientos
Civiles, y del auto acordado contenido en la Circular número
05, de fecha 25 de marzo de 1991, Oficio No. 909-SCSJ-91 en
relación con los artículos números 29 y 30 del Código de
Procedimientos Penales, por vulneración directa del Artículo
número 90, párrafo primero, de la Constitución de la
República.- II.- Como ya se ha explicado supra, para la
demostración de una infracción de un precepto penal sustantivo
debe partirse de la base fáctica estimada por el Tribunal de
Instancia, en el presente caso el censor vuelve a errar en sus
planteamientos al proponer un vicio por la falta de aplicación
e interpretación errónea de normas de carácter adjetivo, y no
de carácter sustantivo como lo ordena el artículo 412 del
Código de Procedimientos Penales, careciendo de total precisión
y claridad en sus argumentos; siendo totalmente incoherente con
los propósitos de la casación por infracción de ley, tal es el
caso del alegato de que la causa debió seguirse por la vía
civil, lo que es contrario al carácter sustantivo del vicio que
debe contener este tipo de recurso; igualmente carece de
validez el argumento que la Fiscalía del Ministerio Público, no
estaba facultada para promover la acción, pues el delito por el
cual fue enjuiciado el acusado es el delito de estafa, que es
de acción pública conforme al procedimiento penal por el que
fue tramitada la presente causa.- En cuanto a que el acusado no
ostentaba el carácter de funcionario o empleado público, es de
total irrelevancia si el acusado tenía dicha condición, ya que
el hecho de ser funcionario público o no carece de importancia
en lo que respecta a la imputación del delito de estafa que es
por el cual se ha seguido la causa, pues el delito de estafa no
requiere de calificación especial en el sujeto activo,
volviendo nuevamente de manera equivoca el recurrente en la
interposición del recurso en cuestionar la prueba evacuada y la
garantía del debido proceso de manera genérica, que como ya se
apuntó, por un lado la valoración de la prueba corresponde
sólo a la primera instancia y, en el segundo caso, se debe ser
claro y puntual en cuanto a la especificación de alguno de los
derechos que se insertan en la garantía de debido proceso que
se considera no aplicado, o en que radica su vulneración,
para poder controlar vía casación el fallo impugnado.- En
consecuencia de lo anterior, se declara INADMISIBLE el Recurso
de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo,
invocado por el recurrente.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación
de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados
de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley
de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 412,
413, 414, 415 del Código de Procedimientos Penales; 902, 903,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, del Código de Procedimientos
Civiles; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;.-
FALLA: 1).- Declara NO HABER LUGAR a la Admisión del Recurso
de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, invocados
por el abogado J. F. Z. C., en su condición de defensor
privado del señor V. A. C. A..- Y MANDA Que una vez notificado
el presente Fallo a las partes y con certificación del mismo,
se remitan los antecedentes al Tribunal de origen para los
efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX
HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO A. CALIX
HERNANDEZ.-COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL
A. HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ
MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil
diez, certificación de la sentencia de fecha diez de junio de dos
mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No.160=2008.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
“CERTIFICACIÓN. La Infrascrita Secretaria General de la Corte
Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente
dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los
diez días del mes de junio del año dos mil diez, por medio de
LA SALA PENAL, integrada por los Magistrados JACOBO CALIX
HERNANDEZ Coordinador Sala Penal, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO
y RAUL A. HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del
Recurso de CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, contra la sentencia
condenatoria de fecha treinta de abril de dos mil ocho,
dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa,
Departamento de F. Morazán, en contra del señor V. A. C. A.,
por el delito de Estafa, en perjuicio de ....- SON PARTES: El
Abogado J. F. Z. C., en su condición de Defensor Privado del
señor V. A. C. A. como recurrente, y como recurrida la Abogada
L. Y. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.
CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de ley,
se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte Primera de
Apelaciones de Tegucigalpa departamento de F. Morazán, en fecha
treinta de abril de dos mil ocho, la cual Falló: PRIMERO:
Declarando no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto.-
SEGUNDO: Reformando de oficio, la sentencia condenatoria
dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial
de Tegucigalpa, Departamento de F. Morazán, en fecha cinco de
Junio del dos mil siete, en el único sentido de tener como
hechos probados los que aparecen redactados por este Tribunal,
en el penúltimo considerando.- TERCERO: Confirmando en todos
sus demás pronunciamientos, la sentencia de la cual se hace
mérito en el preámbulo”; Que el A quo en la parte resolutiva de
la sentencia Condenó penalmente al señor V. A. C. A., a una
pena concreta de Seis Años de reclusión, más una multa de
veintiocho mil novecientos dólares americanos ($.28,900.00),
por el delito de Estafa Continuada, en perjuicio de la Empresa
....- II.- CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha treinta de
abril de dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de esta
Sección Judicial, rechazó los hechos estimados y declarados
probados por el A-quo, y los redactó de la manera siguiente:
Primero: Que el Señor V. A. C. A., actuando como Gerente
General de ... contrató verbalmente con la Empresa ..., el
suministro de municiones calibres 38 y 22, haciéndole pagos a
dicha Empresa en forma directa y anticipada, violentando de
manera grave, los procedimientos legales establecidos para la
adquisición de suministros.- Segundo: Que al cesar en su cargo
como Gerente General de ..., el Señor V. A. C. A. pasó, casi en
forma inmediata, a desempeñarse como el representante de la
Empresa ..., y en tal calidad, recibió valores anticipados en
concepto de pago de municiones calibres 38 y 22, posteriormente
e hizo entrega de parte de las municiones contratadas; las que
luego fueron interrumpidas de manera definitiva, sin que
mediara justificación válida para ello.- Tercero: Que como
consecuencia de los pagos anticipados que se le hicieron al
Señor V. A. C. A., la Empresa ... ha sufrido un daño en su
patrimonio económico, el cual asciende a la cantidad de
doscientos ochenta y nueve mil dólares ($289,000.00),
equivalentes, en las fechas en que los anticipos fueron
entregados, a tres millones trescientos veintisiete mil
setecientos lempiras (LPS.3,327,700.00).- III.- CONSIDERANDO:
Que en fecha veintitrés de junio de dos mil ocho, compareció
ante este Tribunal de Justicia, el Abogado J. F. Z. C.,
formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad
interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: EXPOSICION DE LOS
MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE LEY.-
“Infracción por aplicación indebida del articulo numero 240 del
Código Penal en relación con el articulo numero 90 en su
párrafo primero, de la Constitución de la Republica”.- PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra
comprendido en el articulo numero 412 numero 1º del Código de
Procedimientos Penales. EXPLICACION DEL MOTIVO: El concepto de
la infracción lo explico de la siguiente manera: El Articulo
numero 240 del Código Penal con vigencia a partir del día
veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cinco,
aplicable a la presente causa, citado como infringido por
violación directa, en relación con el articulo numero 90
Párrafo primero de la Constitución de la Republica textualmente
dicen: el articulo numero 240 del código penal: “Comete el
delito de estafa, quien con nombre supuesto, falsos títulos,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose
dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose
de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en
error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”, Concluye, y
el articulo numero 90 párrafo primero de la Constitución de la
Republica, establece que: “Nadie puede ser Juzgado, sino por
Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y
garantías. que la Ley establece”.- Es el caso, Honorable Corte
Suprema de Justicia, como consta da autos, que la Honorable
Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, al
emitir su fallo en el Recurso de Apelación, que interpuse
oportunamente, en contra de la Sentencia condenatoria, dictada
con fecha cinco (5) de junio del año dos mil siete (2007), por
el Juzgado instructor de la causa, en contra de mi
representado, desestimó varios hechos estimados y declarados
como probados, por el Juzgado de primera instancia, confirmando
en todos sus demás pronunciamientos, la Sentencia de merito,
pero reformando de oficio parcialmente la Sentencia
condenatoria de merito, en el único sentido de tener como
probados los hechos que aparecen redactados por dicho Tribunal,
en el considerando penúltimo de la Sentencia ahora recurrida
mediante el Recurso interpuesto.- De acuerdo a lo establecido
por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de esta Sección
Judicial, como hechos probados, debió, dicha Corte formar su
convicción, valorando en forma conjunta y armónica toda la
prueba producida y con arreglo a la sana crítica.- Este sistema
de valoración, le permite al Sentenciador cierta libertad en la
estimación de pruebas, que determine su convencimiento, pero
siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la
experiencia común.- Los hechos probados en una Sentencia Penal,
lo que constituye a ciencia cierta, la verdad inobjetable a la
que el Tribunal a arribado, estando sustentados en el acervo
probatorio, que se plasma en la fundamentación probatoria.- Las
reglas de la sana critica, entonces, constituye la especie
dentro del genero, conocido como fundamentación.- El Sistema de
la sana critica racional, que implementa nuestro sistema
Procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera
la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero
exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben, sean el
fruto razonado de las pruebas en que se apoye.- En este sistema
el Juzgador, no tiene reglas legales, que le establezcan la
forma de darle el valor que debe consignarse a cada prueba,
pero esa libertad tiene limites: Las normas que gobiernan la
corrección del pensamiento humano.- En la sana critica
racional, el Juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos
de la causa, valorando con eficacia condicional de cada prueba
con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios
de la recta razón, es decir, de las normas de la lógica, la
psicología y la experiencia común.- La Honorable Corte Primera
de Apelaciones, de esta Sección Judicial, para arribar a lo que
estimo como “hechos probados”, dicto con fecha catorce de marzo
del año en curso providencia para mejor proveer, ordenándose en
la misma, la practica de una Inspección Judicial, en las
oficinas correspondientes de ... o en el Instituto de Previsión
Militar, a efecto de constatar o comprobar, si la Empresa ...
..., cumplió con el compromiso de entregar de forma directa o
por medio de Representante en Honduras, la mercancía objeto de
la transacción comercial, (El subrayado es mió), tal como
consta a folio numero veinte (20) de la segunda pieza de
autos.- Constatando que efectivamente dicha Empresa no cumplió
con el compromiso de entrega de la mercadería debidamente
pactada, comprobando a la vez que la cantidad anticipada en
dicha transacción aun hasta la fecha en que se efectuó la
inspección Judicial, sigue pendiente en las cuentas de orden de
la contabilidad de ....- Es obvio Honorable Corte Suprema de
Justicia, que de acuerdo a la Providencia dictada para mejor
proveer, La Corte Primera de Apelaciones, estimo como un hecho
real probado, es decir inobjetable e indubitado, la existencia
del vinculo de una relación mercantil, entre ... y la empresa
..., ..., al expresar en dicha Providencia, que se efectuaría
a efecto de constatar, si la empresa ... cumplió con el
compromiso de entrega de la mercadería debidamente pactada, a
..., corroborándose dicha extremo, es decir el de la relación
comercial, con la nota enviada a dicho Tribunal, por parte de
la Administración General de ..., con fecha once (11) de abril
del año en curso 2008, mediante la cual dicha Empresa
Mercantil, hizo del conocimiento que la transacción comercial
de merito, se encuentra pendiente en las cuentas de orden de la
contabilidad de dicha Empresa.- Efectivamente el extremo de la
existencia de la relación contractual, entre ... y ... ...,
figura mercantil que se estableció durante la secuela del
proceso, entre otros medios de pruebas, con la documentación
que se relaciona y con la declaración testifical del señor P.
E. L. M., brindadas ante el Juez Instructor, en la condición de
Presidente de la Empresa..., en el sentido que el Señor V. A.
C. A., es el representante legal, de su empresa en Honduras;
que la nota de fecha diez de junio de 1998, que corre agregada
a folio numero 9 de los autos, de la primera pieza, es falsa en
todo su contenido, por lo cual el de manera inmediata, en la
condición anteriormente indicada, redacto una nueva nota con
fecha veintitrés (23) de junio de 1998, la que corre agregada a
folio numero 72 de los autos de la primera pieza; Que los
anticipos que le fueron entregados por ... a su representante
en Honduras, el señor V. A. C., en diferentes fechas fueron
recibidos en su totalidad por la Empresa ... ...; Que existe
un convenio firmado con fecha Primero de Enero de 1998 entre
... y ... ..., sumado a ello el adendum de fecha 16 de Enero
de 1998: que después de esa fecha. es decir del 16 de Enero de
1998, existe cruce de correspondencia en relación a la
obligación contraída por..., de la entrega de Municiones a ...;
Con fecha 8 de Junio de 1999, el señor J. M. A., actuando en la
condición de administrador general de ..., le envió una nota al
Ingeniero P. Leal, en la condición de Presidente de la Empresa
l p y m Mediante la cual le manifestó literalmente que: ...
por este medio le ratifica que para dar cumplimiento al
convenio firmado entre ambas partes (l p y m y ...), ... hará
los pagos de los dos (2) millones iniciales de munición 38
enviada, cuando esta este en el puerto de desembarque aquí en
honduras.- Consta también acreditado en autos, de la pieza
principal, de manera plena, el Registro Federal de Como
Compañía activa y la actividad a la cual se dedica, en los
Estados Unidos de Norteamérica.- Documentación que corre
agregada a folios números del 104 al 106 de los autos de la
primera pieza, la misma Honorable Corte Primera de Apelaciones
en el hecho segundo, de los hechos que estimo y declaro como
probados, establece de manera meridiana, que mi representado
posterior a vacar en el cargo de gerente de ... y constituirse
en representante de la empresa ... ..., en este país, hizo
entrega de parte de las municiones contratadas, las que luego
fueron interrumpidas de manera definitiva, sin que mediara
justificación valida para ello, de este hecho tenido como
probado sumado a ello la Inspección efectuada para mejor
proveer por el Tribunal Ad-quem, se determina sin lugar a duda
razonable alguna, A). - Por una parte la abierta y evidente
contradicción, en que entro dicha Corte en relación a los
hechos tenidos como probados y la Sentencia confirmatoria
proferida, y B).- Por otra parte se determino la inexistencia,
por no quedar lugar a duda alguna razonable, de que la
acusación criminal quedo desvirtuada por si sola, desde el
momento mismo de la suscripción de los documentos de
referencia, razón por la cual en estricto apego a derecho no
existe en el presente caso, el delito de Estafa Continuada, ni
ninguna otra clase de Fraudes, pues no se subsumen entre los
hechos realizados, por parte de mi representado como un
mandatario, la característica especial, para que ese tipo de
delito, como lo es el dolo o sea que mediante engaño mi
representado haya defraudado o hecho caer en error a ...,
Empresa que pago una cantidad de dinero, pero sin la intención
de mi representado de apropiarse indebidamente de ese dinero,
no, Honorable Corte Suprema de Justicia, tal como lo ratifico
en varias ocasiones durante el instructivo sumario, el
Representante de ..., que los anticipos de dinero que se le
otorgaron a mi representado, como su representante en este
País, de dicha Empresa, por parte de ..., a cuenta de compra-
venta de municiones, es decir de una transacción comercial, fue
ingresado a dicha Compañía en su totalidad, ya que mi
representado únicamente fue un mandatario que por sus servicios
recibió una pequeña comisión, de ello fácilmente se deduce que
mi representado, no cometió el delito que injustamente se le
imputa, por no haber tenido ninguna clase de lucro personal, ni
se valió de engaño en la transacción, efectuada con ..., que es
valida de acuerdo a las legislaciones civil y mercantil, no
existió ninguna clase de defraudación, ya que inicialmente como
se estableció, y estimo como un hecho probado, se cumplió con
lo pactado, al hacer entrega la empresa ... ..., a ...
parcialmente, de la mercadería pactada, pero posteriormente se
dio un incumplimiento de dichas entregas, cuya obligación fue
asumida por dicha empresa (...), de manera directa, por lo cual
le quedaban y quedan expeditas las acciones Civiles y
Mercantiles, correspondientes a ..., para obtener su
cumplimento, estableciéndose a la vez que los hechos
investigados durante todo el proceso, Tal como puede
comprobarse de autos, corresponden a una transacción comercial,
razón por la cual, debió mas bien el Juzgado Instructor, en
estricto apego a derecho, mandar a deferir el conocimiento de
esta causa a materia civil, como es lo procedente.- todos los
extremos relacionados anteriormente, se acreditaron y constan
plenamente demostrados con los documentos de referencia que
corren agregados a folios del 104 al 116 vuelto de los autos de
la pieza principal, en consecuencia, todos absolutamente todos
estos hechos refiriéndonos a las transacciones comerciales
efectuadas entre... y ..., así como los Arreglos
extrajudiciales concertados, fueron comprobados oportunamente
por el Juzgado instructor, tal como consta a folios del 129 al
235 inclusive de los autos de la pieza principal, y
corroborados a la vez, por el Tribunal Ad-quem.- En virtud de
la inexistencia del delito imputado a mi representado, y en
consonancia con la Garantía Constitucional invocada, que ha
sido violada, de manera flagrante por el Tribunal ad-quem, se
inobservo durante la tramitación del Recurso de Apelación, la
interpretación correcta de los hechos que constituyen el delito
de estafa así como Garantías constitucionales, cuya
inobservancia evidentemente han violentado de manera directa
“el debido proceso”, en virtud de que el Derecho Procesal
Penal, es un derecho Constitucional aplicado, que tiene como
propósito precisamente, la protección y desarrollo de las
Garantías, que otorga la Constitución de la Republica, las que
deben permanecer inalterables en las actuaciones del proceso,
cuya inobservancia acarrea por si sola nulidad absoluta de
actuaciones a partir e inclusive de la omisión misma, y porque
de acuerdo a la practica Forense en Materia Penal, y en base a
la Jurisprudencia Nacional, el principio del debido proceso,
contenido en el párrafo primero del articulo numero 90 de la
Constitución de al Republica, no es otra cosa que la
imperatividad directa e incondicional, que impone al operador
de la Justicia la obligatoriedad de desarrollar el proceso,
dentro del principio de legalidad, conforme al ordenamiento
Jurídico, impuesto en el Código de Procedimientos Penales, sin
que sea viable, en ningún momento, la aquiescencia o el
consentimiento de las partes para variar el formalismo o la
tolerancia, frente a actos realizados en menoscabo de tales
normas.- En consecuencia, tal lo expuesto en este primer motivo
de Casación, considero, que se ha violado por aplicación
indebida o errónea del articulo numero 240 del Código Penal de
1984, aplicable a este caso concreto, en relación con el
Articulo numero 90 párrafo primero de la Constitución de la
Republica.- SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE LEY.- II.-
Infracción por no haber efectuado aplicación del Articulo
numero 194 del Código de Procedimientos Civiles, interpretado
por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante auto
acordado en la sesión celebrada el día miércoles, veinte de
marzo de mil novecientos noventa y uno, contenida en la
Circular numero 05 de fecha 25 de marzo de 1991, Oficio No.
909-SCSJ-91 en relación con los artículos números 29 y 30 del
Código de Procedimientos Penales, por vulneración directa del
Articulo numero 90 párrafo primero, de la Constitución de la
Republica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
Casación, se encuentra comprendido en el articulo numero 412
numero 1º del Código de Procedimientos Penales, que de manera
taxativa establece: cuando dados los hechos que se declaren
probados en las resoluciones enumeradas en dicho artículo, se
hubiere infringido un precepto penal, de carácter sustantivo u
otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada
en la aplicación de la ley penal. (lo subrayado es mió)
explicación del motivo: El concepto de la infracción lo explico
de la siguiente manera: El Articulo numero 194 del Código de
Procedimientos Civiles, aplicable a la presente causa, citado
como infringido por violación directa, por falta de su
aplicación, interpretado por esta Honorable Corte Suprema de
Justicia, mediante auto acordado en la sesión celebrada el día
miércoles, veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno,
contenida en la Circular numero 05 de fecha 25 de marzo de
1991, Oficio No. 909-SCSJ-91 en relación con los artículos
números 29 y 30 del Código de Procedimientos Penales, por
vulneración directa del Articulo numero 90 párrafo primero, de
la Constitución de la Republica, textualmente dicen: articulo
numero 194 del código de procedimientos civiles: que los
jueces y tribunales, de lo civil, cuando hubieren de fundar
exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de
un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la terminación
del procedimiento criminal, si oído el fiscal, estimaren
procedente la formación de causa penal.- Articulo que fue
interpretado, por esta Honorable Corte Suprema de Justicia,
contenido y como consta en la circular No. 05 contenida en el
oficio numero 909-SCSJ-91 de fecha 25 de Marzo de 1991,
mediante el cual se estableció de manera meridiana, que ninguna
persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones
que no provengan de delito o falta, norma infringida
frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden
de arresto o detención contra personas participes en actos y
contratos puramente civiles, mercantiles o Administrativos, de
los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no
configura un hecho delictuosa o falta.- Articulo numero 29 del
código de procedimientos penales: por regla general, los
tribunales encargados de la justicia penal, tendrán competencia
para resolver, al solo efecto de la represión, las cuestiones
civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo
de los hechos perseguidos, cuando aparezcan tan íntimamente
ligados al hecho punible, que sea racionalmente imposible su
separación.- Articulo numero 30 del mismo cuerpo legal sin
embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la
culpabilidad o de la inocencia, el tribunal de lo criminal,
suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquella, por
quien corresponda; pero puede fijar un plazo que no exceda de
dos meses, para que las partes acudan al juez o tribunal civil
o contencioso administrativo competente, y articulo numero 90
párrafo primero de la Constitución de la Republica: “nadie
puede ser juzgado, sino por juez o tribunal competente, con las
formalidades, derechos y garantías. que la ley establece”.- En
el caso de autos, se actuó definitivamente al revés, es decir
al contrario, ya que primero, debió interponerse la demanda
ordinaria por el incumplimiento de la entrega de municiones
para armas de fuego, derivado de un contrato mercantil, y el
Juez de Letras de lo Civil competente, en base a dicha
reclamación y a las pruebas allegadas al Juicio Civil, seria el
que determinaría la existencia o no de un delito, por lo cual
consideramos que la denuncia criminal, presentada en contra de
mi representado, fue desde todo punto de vista, ilegal e
improcedente y sumado a ello, la Fiscalia del Ministerio
Publico, no esta facultada de acuerdo a su Ley constitutiva,
para personarse en una acción privada, que no afecta en
absoluto los intereses de la Sociedad, que es lo que tutela y
su función principal, ya que ... es una Empresa Mercantil, que
no le pertenece al Estado de Honduras.- En la acción incoada de
manera concreta, se estableció Honorables Señores Magistrados,
que mi representado, nunca fue funcionario ni empleado publico,
sino que fungió en el cargo de gerente general de ..., una
Empresa Mercantil, que forma parte del grupo de Empresas de
propiedad, del instituto de previsión militar, el que a su vez,
tiene personalidad, autonomía funcional y patrimonio propio, es
decir no le pertenece al Estado de Honduras, por depender
directamente de las fuerzas armadas de honduras, la que también
tiene su propia Ley Constitutiva, no pudiendo en consecuencia,
considerarse como Empleado y Funcionario Publico a mi
representado, ya que al tomar posesión de su cargo, no presto
ninguna promesa de ley, situación a la que si están obligados y
devienen obligados a efectuar todos los funcionarios y
empleados públicos, al tenor de lo previsto en el Articulo
numero 322 de la Constitución de la Republica, razón sobrada
para que no pueda considerarse a mi representado como un
funcionario o empleado publico, en virtud de que el instituto
de previsión militar, fue creado mediante Decreto Ley No. 905,
emitido por la Junta Militar de Gobierno en Consejo de
Ministros, con fecha 27 de marzo de 1980, publicado en la
Gaceta No. 23,089 como Diario Oficial de la Republica de
Honduras, siendo un organismo de las Fuerzas Armadas de
Honduras, con personalidad, autonomía funcional y patrimonio
propio, según lo establece el Articulo No 2 de su Ley
Constitutiva, de lo que fácilmente y sin mayores esfuerzos se
colige, que no es una Institución del Estado de Honduras,
Centralizada ni descentralizada, ni de ninguna otra índole.- En
la fecha en que presento la denuncia de referencia, el Abogado
I. I. R., en la condición de Apoderado legal de ..., acompaño
abundante documentación, Relativa de manera exclusiva a una
relación comercial efectuada entre la Empresa ... y ..., y
entre estas, el informe de fecha 15 de Julio de 1998, enviado
por el Señor L. A. G., en su condición de auditor interno de
..., al señor Presidente de la Junta de Vigilancia de la misma
Empresa, mediante el cual estableció un análisis en la parte
denominada mercaderías en transito, recomendando, que se
obligara a la Empresa ... para cumplir su relación comercial,
observe que el mismo Auditor Interno, recomendó tácitamente,
que se efectuaran las Diligencias Civiles correspondientes, a
efecto de hacer cumplir el contrato verbal estableciendo a
renglón seguido el saldo pendiente de pago, lo que se determino
en virtud de la falta de entrega de municiones del calibre 38 y
22 a ..., concluyendo, que era necesario pedir consulta a la
asesoria legal del i. p. m o cualquier otro profesional del
derecho, con especialidad en derecho mercantil.- constan dichas
recomendaciones a folios del 15 al 19 inclusive del Informe
respectivo que corre agregado a los autos de la primera pieza.-
Estos extremos Honorables Señores Magistrados, fueron
confirmados por los propios testigos de cargo que presento en
su oportunidad la parte acusadora, señores L. A. G. y R. A. A.
O., las que constan a folios del 63 al 64 parte frontal y
vuelto inclusive de los autos, de la pieza principal, cuando
expresaron que todo lo que se dio, en relación a la presente
denuncia, fue por una relación comercial, la que se incumplió
de manera parcial, al no haber entregado el proveedor las
mercaderías convenidas y establecidas en el contrato verbal, el
que se perfecciono precisamente por los anticipos recibidos por
... ; por medio de su mandatario, debidamente facultado para
ello, que precisamente era mi representado, y en base a ello,
la entrega parcial del producto vendido, esta circunstancia
confirma la tesis de que en realidad lo que procedía legalmente
en vez de la injusta acusación presentada, era una reclamación
mercantil por incumplimiento del contrato referido, ya que se
elaboro una acta de consolidación de saldos en donde la Empresa
..., se obligo a entregar a ..., dentro de un plazo razonable,
la mercadería que restaba del contrato, pero no lo hizo dentro
de un termino prudencial, de lo que deduce su incumplimiento,
pero de tal forma que la consolidación de saldos, es una simple
operación aritmética que efectuaron y es valida entre las
partes contratantes, es decir determinante de una relación
mercantil.- Esta clase de conciliaciones entre Empresas
Mercantiles, se efectuaron como un acto contable normal, no
siendo necesaria ninguna clase de formalidad, ya que mediante
las conciliaciones, se concertó un arreglo extrajudicial, entre
las partes contratantes, estableciéndose con ello que existía
entre ambas una relación mediante una transacción comercial, en
la cual mi representado fue un simple mandatario debidamente
facultado, en virtud de contar con autorización expresa para
ello, reconociendo la Sociedad proveedora, que mi representado
era representante de la misma, en esta Republica, aceptando,
ratificando y avalando, que las transacciones efectuadas por el
mismo, surtían efectos legales frente a terceros, en
consecuencia era total y absolutamente valida dicha transacción
comercial, por constar en documentos privados, mediante los
cuales ratificaron su decisión las partes, de solventar dicho
problema con la entrega por parte de la proveedora, de la
munición que hacia falta, pero determinándose en definitiva que
la relación existente entre ... y mi representado como
mandatario de ... ..., fue literalmente Mercantil.- En base a
la inobservancia de los artículos y auto acordado transcritos y
relacionados anteriormente, Honorable Corte Suprema de
Justicia, es evidente que en la presente causa, se vulnero el
derecho que tiene mi representado a la Garantía que establece
la Constitución de la República, a favor de mi representado del
debido proceso, establecida en el párrafo primero del articulo
numero 90.- En consecuencia, considero violación por falta de
aplicación los dispuesto en el Articulo numero 194 del Código
de Procedimientos Civiles, aplicable a la presente causa,
citado como infringido por violación directa, por falta de su
aplicación, interpretado por esta Honorable Corte Suprema de
Justicia, mediante auto acordado en la sesión celebrada el día
miércoles, veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno,
contenida en la Circular numero 05 de fecha 25 de marzo de
1991, Oficio No. 909-SCSJ-91 en relación con los artículos
números 29 y 30 del Código de Procedimientos Penales, por
vulneración directa del Articulo numero 90 párrafo primero, de
la Constitución de la Republica.- IV.- CONSIDERANDO: Que este
Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veinticuatro de
junio de dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizado en
tiempo la demanda de casación por parte del Abogado J. F. Z. C.,
ordenando asimismo dar en traslado los antecedentes, al señor
Fiscal del Despacho para que dentro del término de diez días
procediera a emitir el respectivo dictamen sobre la procedencia
o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo
la Abogada L. Y. C., en su condición de Fiscal del Ministerio
Público, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil
ocho, dictaminando desfavorable a la admisión del recurso de
Casación en sus dos motivos.- V.- CONSIDERANDO: Que en su
oportunidad se cito a las partes para resolver sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de mérito.- SOBRE LA
ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION POR
INFRACCION DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA
DEFENSA.- I.- El recurrente alega en este motivo, la
Infracción por aplicación indebida del artículo número 240 del
Código Penal en relación con el artículo número 90, en su
párrafo primero de la Constitución de la República; luego
desarrolla dicho motivo de forma confusa y ambigua, al
argumentar que el Ad-quem, no observó las reglas de la sana
crítica racional, cuestionando el medio de prueba inspección
ordenado en un auto para mejor proveer, por la Corte de
Apelaciones, en las oficinas correspondientes de ... o en el
Instituto de Previsión Militar, también alega que no concurre
en el presente caso, la característica especial como lo es el
dolo, o sea que mediante engaño su representado haya defraudado
o hecho caer en error a ..., Empresa que pagó una cantidad de
dinero, pero sin la intención del acusado de apropiarse
indebidamente de ese dinero, ya que únicamente fue un
mandatario que por sus servicios recibió una pequeña comisión,
por lo que no cometió el delito que injustamente se le imputa,
por no haber tenido ninguna clase de lucro personal, ni se
valió de engaño en la transacción, efectuada con ..., que es
válida de acuerdo a las legislaciones civil y mercantil, no
existió ninguna clase de defraudación, ya que inicialmente como
se estableció y estimó como un hecho probado, se cumplió con lo
pactado, al hacer entrega la Empresa ... ... a ...
parcialmente de la mercadería pactada, lo que corresponde a una
transacción comercial; razón por la cual, debió más bien el
Juzgado Instructor, en estricto apego a derecho, mandar el
conocimiento de esta causa a materia civil, como es lo
procedente, ya que se inobservó durante la tramitación del
Recurso de Apelación, la interpretación correcta de los hechos
que constituyen el delito de estafa, así como garantías
constitucionales, cuya inobservancia evidentemente han
violentado de manera directa “El Debido Proceso”.- II.- Según
el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 412, el
Recurso de Casación por Infracción de Ley, se analiza a partir
de “ cuando dados los hechos que se declaren probados en las
resoluciones enumeradas en dicho artículo, se hubiere
infringido un precepto penal de carácter sustantivo, u otra
norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la
aplicación de la ley penal.……”; esto significa que para la
demostración de una infracción de un precepto penal sustantivo
debe partirse de la base fáctica estimada por Tribunal de
Instancia, por lo que no es permitido fundamentar el Recurso en
otros hechos que no sean los declarados probados en la
sentencia.- III.- En el presente caso como ya se dijo, el
censor funda el recurso por aplicación indebida del artículo
número 240 del Código Penal en relación con el artículo número
90, en su párrafo primero de la Constitución de la República,
pero al desarrollar el motivo no expone en que parte del
cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la
sentencia, existe la infracción al precepto penal que debió ser
observado y que ha provocado una errónea fundamentación
jurídica, y más bien cuestiona la valoración de las pruebas
hechas por los Juzgadores, cuestionamientos propios de la
instancia, mencionando la inobservancia de las reglas de la
sana crítica, lo que es propio de la interposición de casación
por vicios “in procedendo”, siendo el motivo que debió
desarrollar la de casación por el fondo como “vicio in
iudicando in facti”, dentro del cual tenía que exponer el por
qué consideraba el precepto penal establecido en el artículo
240 del Código Penal fue aplicado indebidamente en relación al
factum del fallo, o por qué el Tribunal Sentenciador se
fundamentó en una norma legal extraña a los hechos probados,
lo que no ocurre en la exposición del presente recurso; también
se limita a cuestionar la prueba denominada inspección ordenada
en un auto para mejor proveer, sin que esto guarde relación con
el vicio por infracción de ley mencionado que fue invocado;
asimismo, argumenta que debió deferirse la acción penal a lo
civil, no teniendo este fundamento concordancia con algún
cuestionamiento a los hechos declarados probados en la
sentencia.- Para finalizar su exposición el recurrente, plantea
que se interpretó erróneamente garantías constitucionales cuya
inobservancia evidentemente han violentado de manera directa el
debido proceso, pero dicho argumento carece de motivación y
explicación suficiente, limitándose a enunciar de manera
general el debido proceso, sin especificar cuales de las
garantías comprendidas en el mismo son las que se han
interpretado erróneamente, lo que hace imposible poder
verificar la posible vulneración alegada vía casación, siendo
evidente además que el relato fáctico de la sentencia es claro
y terminante, no resultando contradicción entre lo establecido
en aquel con la parte dispositiva del fallo. En consecuencia de
lo anterior, se declara INADMISIBLE el Recurso de Casación por
Infracción de Ley en su primer motivo, invocado por el
recurrente.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DEL
RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU SEGUNDO MOTIVO
INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente, en el segundo
motivo expone que hay Infracción por no haber efectuado
aplicación del Artículo número 194 del Código de Procedimientos
Civiles, y del auto acordado contenido en la Circular número
05, de fecha 25 de marzo de 1991, Oficio No. 909-SCSJ-91 en
relación con los artículos números 29 y 30 del Código de
Procedimientos Penales, por vulneración directa del Artículo
número 90, párrafo primero, de la Constitución de la
República.- II.- Como ya se ha explicado supra, para la
demostración de una infracción de un precepto penal sustantivo
debe partirse de la base fáctica estimada por el Tribunal de
Instancia, en el presente caso el censor vuelve a errar en sus
planteamientos al proponer un vicio por la falta de aplicación
e interpretación errónea de normas de carácter adjetivo, y no
de carácter sustantivo como lo ordena el artículo 412 del
Código de Procedimientos Penales, careciendo de total precisión
y claridad en sus argumentos; siendo totalmente incoherente con
los propósitos de la casación por infracción de ley, tal es el
caso del alegato de que la causa debió seguirse por la vía
civil, lo que es contrario al carácter sustantivo del vicio que
debe contener este tipo de recurso; igualmente carece de
validez el argumento que la Fiscalía del Ministerio Público, no
estaba facultada para promover la acción, pues el delito por el
cual fue enjuiciado el acusado es el delito de estafa, que es
de acción pública conforme al procedimiento penal por el que
fue tramitada la presente causa.- En cuanto a que el acusado no
ostentaba el carácter de funcionario o empleado público, es de
total irrelevancia si el acusado tenía dicha condición, ya que
el hecho de ser funcionario público o no carece de importancia
en lo que respecta a la imputación del delito de estafa que es
por el cual se ha seguido la causa, pues el delito de estafa no
requiere de calificación especial en el sujeto activo,
volviendo nuevamente de manera equivoca el recurrente en la
interposición del recurso en cuestionar la prueba evacuada y la
garantía del debido proceso de manera genérica, que como ya se
apuntó, por un lado la valoración de la prueba corresponde
sólo a la primera instancia y, en el segundo caso, se debe ser
claro y puntual en cuanto a la especificación de alguno de los
derechos que se insertan en la garantía de debido proceso que
se considera no aplicado, o en que radica su vulneración,
para poder controlar vía casación el fallo impugnado.- En
consecuencia de lo anterior, se declara INADMISIBLE el Recurso
de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo,
invocado por el recurrente.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación
de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados
de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley
de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 412,
413, 414, 415 del Código de Procedimientos Penales; 902, 903,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, del Código de Procedimientos
Civiles; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;.-
FALLA: 1).- Declara NO HABER LUGAR a la Admisión del Recurso
de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, invocados
por el abogado J. F. Z. C., en su condición de defensor
privado del señor V. A. C. A..- Y MANDA Que una vez notificado
el presente Fallo a las partes y con certificación del mismo,
se remitan los antecedentes al Tribunal de origen para los
efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX
HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO A. CALIX
HERNANDEZ.-COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL
A. HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ
MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.” Extendida en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete
días del mes de agosto del año dos mil diez, certificación de
la sentencia de fecha diez de junio de dos mil diez, recaída en
el Recurso de Casación Penal No.160=2008. LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL.”
