XXXI Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública "Mejora de la Confianza de la Ciudadanía en el Estado"

Caracas, 2018

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Causas estructurales de la desconfianza en regímenes democráticos: mejora de la confianza

de la ciudadanía en el Estado

José Alejandro Vargas Castro

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Tercer Premio

Introducción

¿Mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado, o hacer confiable el Estado para la ciudadanía?

La confianza es la piedra angular del Estado moderno: no podría explicarse el sometimiento de los

intereses particulares de los individuos a un conjunto de reglas de orden general, sin la expectativa

fundada de los beneficios directos que, en correspondencia, pueden esperar.

Esta perspectiva pragmática, contractual, resulta elemental pero ilustrativa, si se parte de que el ser

humano es en esencia, un individuo inteligente y racional, que encuentra en la vida en colectividad, con

sus reglas y estructuras jerárquicas establecidas, mayores beneficios que en el aislamiento o en la

tensión constante de la supervivencia en un mundo regido solamente por la ley del más fuerte.

Entendida como la esperanza fundamentada de que algo predeterminado suceda, la confianza es

elemental para el desarrollo de las sociedades. Tener la certeza de que ante un determinado estímulo se

obtendrá una respuesta prefigurada es lo que permite avanzar en cualquier campo de las relaciones

humanas. La repetición constante de los mismos hechos y la obtención razonable de los mismos

resultados va generando certezas, las cuales, con el tiempo, quedan instituidas como patrones de

comportamiento que, a su vez, establecen los parámetros de la normalidad en distintos ámbitos de las

relaciones sociales.

Esto es tan válido para las más triviales situaciones de la vida cotidiana, como puede ser el acto

anodino de saludar y esperar un saludo como respuesta, como para aquellas complejas relaciones

internacionales en las que la firma de un convenio entre los gobernantes de diferentes naciones

presupone la voluntad y la certidumbre de que se cumplirá lo pactado. La confianza es entonces un

elemento y una condición que agiliza las transacciones sociales y que hace posible, en el terreno de lo

colectivo, el establecimiento de compromisos de orden superior.

En este ensayo se aborda como tema central la necesidad urgente de mejorar los niveles de confianza

de la ciudadanía en el Estado, sin embargo, no se plantea como objetivo obtener una confianza

incondicional e irreflexiva en el gobierno y en los gobernantes, pues está probado que este tipo de

confianza degenera en abusos y arbitrariedades, sino una confianza de calidad, sustentada en hechos y

evidencias tangibles o verificables de la confiabilidad del Estado y de la ciudadanía, más que en

creencias o suposiciones coyunturales, y que sea resultado de la existencia de condiciones previas que

garanticen el cumplimiento de las expectativas institucional y socialmente establecidas.

Puede advertirse entonces que la premisa fundamental de esta propuesta es que, para que la confianza

de la ciudadanía en el Estado mejore, es condición previa e insoslayable hacer confiable al Estado y, de

manera igualmente necesaria e importante, hacer confiable también a la ciudadanía pues la confianza

es, en esencia, reciprocidad garantizada.

Este tema resulta pertinente porque, en varios países de Latinoamérica, y en especial en México,

asistimos a una crisis de gobernabilidad creciente que se desprende de la desconfianza de la sociedad

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hacia su gobierno. La falta de resultados satisfactorios, el deterioro de la calidad de vida de la

población y el estancamiento de sus expectativas de progreso, que han obligado a la sociedad a

explorar distintas alternativas para solucionar sus problemas y atender sus necesidades.

Algunas opciones pugnan por la autogestión y la conquista gradual de nuevos espacios en la toma de

decisiones y ejecución de acciones en el ámbito gubernamental; el reclamo de mayor transparencia en

el manejo de los recursos y el acceso pleno a información pública de calidad. Ésta es la vertiente

positiva de estos procesos, ha generado como respuesta, cambios importantes en las leyes y en las

estructuras gubernamentales y ha sentado las bases para una nueva relación entre sociedad y gobierno,

más ágil, horizontal, flexible, transparente y dinámica, es decir, para la gobernanza, aún en ciernes,

pero con visos de una presencia creciente.

Esta vertiente habla también, por supuesto, de la existencia de ciudadanía, de la presencia de personas

que, individualmente u organizadas, ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones públicas; que

participan en la resolución de temas de interés general, presionando, proponiendo y provocando con su

acción cambios en las estructuras y formas de gobierno. Se trata entonces de una ciudadanía real, activa

y confiable.

Sin embargo, existen otras opciones que son sumamente peligrosas, pues conllevan la normalización de

la corrupción, la impunidad y otras prácticas reprobables y hasta delictivas, con la consecuente

degradación moral de la sociedad y del gobierno. Esta vertiente reproduce y profundiza las causas de la

desconfianza, obstaculiza el avance de las nuevas formas de gobernar y, sin lugar a dudas, pone en

riesgo al Estado de Derecho. Se trata de un tema que, sin duda, debe ser considerado prioritario en los

foros de discusión académica y administrativa pertinentes.

La discusión pública de estas cuestiones aporta elementos para configurar estrategias de atención que

atiendan no sólo las manifestaciones de esta problemática, es decir, la falta de confianza en el Estado y

las consecuencias sociales que de ella se desprenden, sino también para avanzar en la identificación de

sus causas y la erradicación de las mismas.

Se trata de reconocer que el problema es más complejo de lo que parece; de entender que un cambio

positivo y permanente en las relaciones entre Estado y Ciudadanía requiere modificaciones sustanciales

en ambos actores y que, con toda seguridad, el primero de ellos sea garantizar la existencia de cada

uno:

Un Estado que cumpla plenamente con los fines que le dieron origen, que garantice efectivamente la

seguridad de las personas y sus bienes; que genera las condiciones para el progreso de la sociedad y

que tenga la fortaleza y autoridad moral para sancionar oportunamente las desviaciones de la misma.

Una ciudadanía que se muestre en los hechos, no sólo en las leyes y en sus concepciones morales.

Personas que interactúen con el Estado no solo para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en

lo individual, sino para hacer valer su voz y voto en la toma de decisiones del gobierno, para incidir en

la búsqueda de las mejores alternativas de progreso y para dar seguimiento, evaluar y retroalimentar su

ejecución. En suma, una ciudadanía informada, participativa y corresponsable en las acciones del

gobierno.

Evidentemente, la existencia de un mejor Estado pasa necesariamente por la existencia de una

verdadera ciudadanía, y esta consecuencia lógica brinda elementos suficientes para avanzar en la

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prefiguración de las estrategias necesarias para lograr su consolidación.

Esto implica cuestionar la base del funcionamiento de nuestras instituciones, revisar desde una

perspectiva crítica su razón de ser y la lógica de su reproducción: si las instituciones son los parámetros

y límites de la conducta individual y colectiva, y si actualmente observamos que estas conductas distan

de ser lo que idealmente se espera de ellas, es lógico pensar entonces que tales referencias deben ser

revisadas y que también debe hacerse lo mismo en relación con las motivaciones y fines de los

individuos.

Se ha escrito mucho sobre las causas y consecuencias de la desconfianza, así como sobre los efectos

nocivos que genera en los regímenes democráticos y los importantes esfuerzos e iniciativas que surgen

para contrarrestarlos en el campo de la administración pública, sin embargo, la raíz del problema

generalmente no se aborda, se mantiene intocable la reproducción del sistema y sus vicios.

En este sentido, las valiosas propuestas que se han generado para mejorar y hacer efectivas algunas

estrategias y enfoques como la transparencia, el gobierno abierto, el acceso a la información, la

innovación y las buenas prácticas gubernamentales, entre muchas otras, quedan registradas como

esfuerzos bienintencionados que atienden sólo algunos aspectos del problema central y que,

normalmente, tienden a enfrentar una serie de resistencias culturales y políticas para lograr su plena

implementación, derivadas de aspectos no considerados en su diseño.

En este ensayo se busca aportar al análisis del problema en tres vertientes: en la primera, al proponer

que el mejoramiento de la confianza de la ciudadanía en el Estado implica hacer confiables, tanto al

Estado como a la ciudadanía. En la segunda vertiente, se busca contribuir mediante el cuestionamiento

y análisis de las causas probables de la falta de confianza en el Estado en los regímenes democráticos,

planteando como idea central el hecho de que existen grandes asimetrías en la competencia por el poder

público que lógicamente tienden a pervertir el desempeño de los participantes, y en tercer lugar, con

base en las dos reflexiones anteriores, se esbozan algunas propuestas que contribuyan, en lo estructural,

funcional y operativo de nuestras relaciones sociales, a mejorar la confianza y confiabilidad de la

ciudadanía y del Estado.

Con base en estos propósitos, el presente ensayo se estructura en tres grandes apartados. En el primero

de ellos, denominado Confianza, Estado y ciudadanía. La reciprocidad necesaria, se plantea una

reflexión general sobre la premisa que guía sus planteamientos elementales: la idea central de que para

mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado es necesario, como condición insoslayable, hacer

que el Estado sea confiable al garantizar el cumplimiento de sus fines y que, en contraparte, la

ciudadanía sea confiable también al garantizar el ejercicio de sus derechos y el acatamiento de sus

obligaciones. En su desarrollo se establecen las definiciones básicas de los conceptos y términos a

utilizar, el estado del arte en cuanto los análisis y estudios que se han hecho recientemente sobre el

tema, así como las perspectivas teóricas y empíricas que sustentan sus conclusiones, incluyendo

algunas reflexiones sobre la desconfianza, como mecanismo de defensa que reduce la vulnerabilidad de

la sociedad en un entorno de cambios complejos y acelerados, entre algunas otras de sus virtudes.

El segundo apartado se denomina Causas estructurales de la desconfianza en regímenes democráticos,

en el cual se plantea inicialmente una descripción de la situación que impera en algunos países de

Latinoamérica en relación con la confianza entre las personas, entre la ciudadanía y el Estado y sus

efectos sobre la democracia, como forma de gobierno sustentada en la elección libre de los gobernantes

y el ejercicio consensuado del poder público; posteriormente se plantea el análisis general de las formas

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en que funciona la democracia en algunos de ellos y, finalmente, para el caso de México, se plantea una

reflexión más detallada de este tema.

El tercer apartado presenta una serie de Conclusiones y propuestas para mejorar la confianza de la

ciudadanía en el Estado, así como para hacer más confiables a ambos sujetos, ciudadanía y Estado, en

la búsqueda de mejores estadios de relación y complementariedad. La presentación de las mismas se

organiza, con base en su nivel de impacto, en tres categorías: estructurales, funcionales y operativas,

buscando incidir en la identificación de elementos a reformar, mejorar o suprimir en aras de una

democracia eficaz y eficiente. El apartado se denomina Democracia y reciprocidad: bases para un

Estado y una ciudadanía confiables.

Los apartados complementarios incluyen la bibliografía y fuentes de información consultadas; los

anexos gráficos y estadísticos que se utilizaron como soporte para la redacción de la versión final de

este ensayo y el resumen del ensayo.

Confianza, Estado y ciudadanía. La reciprocidad necesaria

Sobre la confianza

Se ha planteado en el apartado introductorio que la confianza existe cuando se tiene la certeza racional

del cumplimiento de expectativas sobre un hecho determinado. No es un acto de fe, pues, a diferencia

de éste, la confianza se basa en un cúmulo de experiencias, evidencias tangibles o verificables, que

permiten inferir con un alto grado de certidumbre la obtención de un resultado esperado, o bien, la

confirmación de un suceso previsto.

En términos personales y colectivos, la confianza permite relaciones estables y duraderas, hace posible

tomar decisiones, configurar opiniones, proyectar escenarios deseables, trazar estrategias para

conseguirlos y generar recursos para llevarlas a cabo. Al respecto, autores como Simmel (1977)

plantean que, si bien la confianza es una especie de hipótesis sobre la conducta futura del otro, ofrece la

suficiente seguridad para “fundar en ella una actividad práctica”; Luhman (1996) por su parte,

establece que “La creación de confianza es un bien tanto para la vida social como para los individuos”.

Muchos otros autores abundan sobre estas bases, sin embargo, lo relevante es el consenso que existe

sobre su consideración como un elemento deseable, que permite una interacción positiva entre dos a o

más actores, por la expectativa razonada de que habrá un resultado previsible de la misma.

Sin embargo, resulta más sencillo hablar de la existencia o ausencia de la confianza que definirla

claramente. Definiciones elementales como pueden ser las etimológicas o bien, las semánticas, nos

llevan a dos enfoques: el primero de ellos, a partir de las etimologías de la palabra, nos refieren a la

cualidad de un sujeto que tiene total seguridad respecto de algo o alguien. El significado que se le

asigna en términos semánticos (RAE, 2018) se refiere a la confianza como esperanza firme que se tiene

de alguien o algo, y a su vez, la esperanza se define como el estado de ánimo que surge cuando se

presenta como alcanzable lo que se desea.

Estamos entonces ante dos visiones claramente establecidas sobre un mismo término: la confianza

entendida como la cualidad que le permite a un sujeto creer firmemente en una situación probable y,

por otro lado, la confianza concebida como un estado anímico que se genera entre dos o más sujetos,

derivado de la seguridad de hechos o situaciones futuras.

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En el contexto en el que se ubica el presente ensayo, ambas acepciones son válidas y positivas: es

deseable una ciudadanía que tenga la cualidad de creer firmemente en el Estado y un Estado que crea

de igual manera en la ciudadanía; por otra parte, también se aspira a un estado de ánimo favorable entre

ambos sujetos para tener la certeza de que ante un estímulo determinado habrá una respuesta

prefigurada.

Con la finalidad de evitar ambigüedades en su uso, en el primer caso, se hará referencia a la

“confianza” sin adjetivos, como a la cualidad de los sujetos de creer firmemente en una situación

probable, y se utilizará el término “confianza social”, cuando se aluda al estado de ánimo que favorece

y agiliza las transacciones entre sujetos, individuales o colectivos, en un marco de certidumbre y

seguridad.

Sobre la importancia de la confianza en el desarrollo de las sociedades se han establecido varias

clasificaciones y enfoques de estudio: hay autores que abordan la confianza política (Herreros, 2004);

confianza social (Yáñez et al, 2006); confianza institucional (Beramendi et al, 2016) o confianza

ciudadana (Valdez y Huerta, 2018). Evidentemente no se trata de sinónimos, sino del análisis

particularizado de este concepto a partir de entornos específicos. Es de señalarse sin embargo, que la

ambigüedad del término, ya sea utilizado como cualidad o valor, o bien, como estado de ánimo

deseado, prevalece en varios de los estudios referidos.

No se trata solo de una cuestión semántica. Es importante establecer la diferencia del uso del término,

para aclarar también el enfoque del análisis y su relación con las posibles propuestas. Es pertinente

agregar al esquema analítico el concepto de confiabilidad, como contraparte de la confianza, entendida

en este caso como valor de un actor individual o colectivo. Si la confianza es la cualidad o capacidad de

un actor de tener seguridad respecto a algo o a alguien, la confiabilidad podemos entenderla como la

cualidad de ese algo o alguien de ser merecedor de la seguridad depositada en él.

De este modo, el esquema de relaciones se clarifica y evidencia la validez de la premisa establecida:

para mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado, se requiere hacer confiable al Estado, y como

la confianza entraña reciprocidad entre los actores involucrados, también se requiere hacer confiable a

la ciudadanía.

¿Cuál es la situación de la confianza en México? sobre este cuestionamiento existen diferentes fuentes

que proporcionan información estadística importante sobre las principales manifestaciones de este tema

y algunos tópicos relacionados. Entre las más representativas pueden señalarse Latinobarómetro; la

Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey) y Transparencia Internacional (Transparency

International), en cuyas páginas electrónicas se encuentra la actualización periódica de encuestas sobre

la democracia, la confianza, la percepción de la corrupción la situación económica y una serie de

percepciones de las poblaciones de distintos países sobre estos temas, y que, además de generar

reportes documentales con los resultados de las mismas, su análisis e interpretaciones, cuenta con una

herramienta muy valiosa que permite comparar en línea, la situación de diferentes países en diferentes

años.

Sin lugar a dudas representan un insumo fundamental para los análisis comparativos que se deseen

realizar para demostrar, con las cifras de diferentes periodos de tiempo para varios países, cómo ha

evolucionado la situación de la confianza y cómo se considera que es un valor que, estadísticamente va

a la baja, generando fuertes preocupaciones por su impacto en la descomposición de tejido social y la

calidad de vida de la población.

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Para dar respuesta a la interrogante planteada, en este ensayo se toma como base la Tercera Encuesta

Nacional de Cultura Constitucional en México, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de

la Universidad Nacional Autónoma de México en 2016 y publicada en 2017. Con motivo del

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En dicho documento se muestra que, en relación con la confianza interpersonal en general, 40.4 % de

los encuestados piensan que la mayor parte de la gente es honrada y se puede confiar en ella, y 35.8%

está en desacuerdo con dicha afirmación, es decir, es ligeramente mayor la cantidad de personas que

piensa que la gente, en general, es digna de confianza, sin embargo, también es importante destacar que

46.7% de los encuestados considera que a la gente sólo le interesa su propio bienestar, mientras que

29.4 % está en desacuerdo con esta afirmación. Tras hacer un cruce de variables entre las que se

consideran las condiciones socioeconómicas de los encuestados y su nivel de escolaridad, en el análisis

correspondiente se concluye que las desigualdades existentes entre la sociedad mexicana inciden de

manera directa en los niveles de confianza, generando una percepción de rivalidad y competencia entre

las personas (IIJ-UNAM: 2017).

La información completa sobre este tema se muestra en el Cuadro 1 de los anexos de este documento,

el cual es tomado integralmente del documento referido: Tercera Encuesta Nacional de Cultura

Constitucional en México y su interpretación puede apreciarse con mayor claridad mediante el Gráfico

1 que muestra cómo el índice de confianza interpersonal concentra sus mayores cifras en los niveles

mediano (37.7%) y bajo (35.9%), mientras que sólo 26.4 % se ubica en un nivel de confianza

interpersonal alto.

En cuanto a la confíanza en actores políticos y sociales, los resultados de la encuesta citada indican que

la familia es la que resulta mejor calificada en este sentido, seguida por las universidades, el ejército y

los maestros. En contraparte, los actores que presentan las calificaciones más bajas son, en orden

descendente, los diputados federales, el Presidente de la República y los partidos políticos. La

interpretación gráfica de estos resultados en el documento citado indica que el nivel de confianza en los

actores políticos y sociales es predominantemente mediano (51.3%), seguido del nivel considerado alto

(28.8%) y finalmente, 19.9 % es bajo. La información completa se muestra en el Cuadro 2 de los

anexos de este documento.

Finalmente, sobra la confianza en el gobierno, la encuesta referida indica, que 46.7 % de la población

encuestada no confía nada en el gobierno, es decir, casi la mitad de la población tiene nulas

expectativas de cumplimiento por parte del gobierno, mientras que 22.2% considera que poco; 16.9 %

algo y sólo 3.4% confía mucho.

Estos datos nos arrojan tres conclusiones preliminares sobre la confianza en México:

a) Hay bajos niveles de confianza interpersonal, lo que habla de una sociedad dividida, cuyos

integrantes se perciben se perciben como competidores. Una hipótesis plausible sobre el tema se

desprende de los altos grados de desigualdad que existen en el país.

b) Los actores políticos y sociales en general registran bajos niveles de confianza, la familia es

probablemente la excepción, sin embargo, aquellos que son percibidos directamente como instancias de

poder público, relacionados con la administración de justicia, la seguridad pública y el gobierno, son

los que menos niveles de confianza detentan.

c) La falta de confianza en el gobierno es absoluta para casi la mitad de la población encuestada. Los

niveles subsecuentes son también muestra clara de que la percepción de que el gobierno sea una

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instancia confiable es muy baja. El impacto social de esta situación puede reflejarse en la búsqueda de

mecanismos alternativos de solución a las demandas sociales, cuyas manifestaciones pueden apreciarse

en una serie de problemas sociales en materia de seguridad pública, economía informal, robo de

combustible, cierre de empresas y pequeños negocios, entre muchos otros, de las cuales los medios de

comunicación tradicionales y las redes sociales generan cotidianamente un sinfín de noticias.

La desconfianza

Como se ha expuesto, existe consenso en la referencia a la confianza (en las dos acepciones ya

explicadas) como un valioso recurso para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Su

existencia permite progresar de manera ágil, dado que las condiciones elementales de seguridad y

certidumbre sobre el comportamiento del otro (se hace referencia a la contraparte necesaria en

cualquier relación, por supuesto) se consideran previamente resueltas o atendidas, sin embargo, su

importancia es tan alta como su fragilidad. Cuando las expectativas sobre las que se basa no se

cumplen, y no existen causas justificadas para ello, la confianza se debilita; la reiteración de ese

incumplimiento la merma rápidamente y, una vez que se ha perdido resulta sumamente difícil su

recuperación y restablecimiento.

La desconfianza aparece entonces como un valor o estado de ánimo que se califica como negativo o no

deseado para el desarrollo de las sociedades, sin embargo, esta valoración amerita ser revisada. Sin

pretender una discusión ontológica, es conveniente plantear algunos elementos en torno a su

consideración en cuanto a los efectos o impactos que tienen en las relaciones sociales y en la

conformación de instituciones.

Si bien la confianza agiliza el establecimiento de relaciones entre sujetos y facilita la realización de

varios tipos de transacciones, la desconfianza, que podría definirse como la falta de certeza sobre el

cumplimiento pleno de lo esperado, obliga al establecimiento de mecanismos que protejan y aseguren

que estas transacciones se lleven a cabo conforme a lo previsto y que los resultados obtenidos sean,

razonablemente, los esperados. Podría pensarse que, paradójicamente, la desconfianza obliga a la

creación de elementos que hagan posible o fortalezcan la confianza, sin embargo, esto sólo es válido en

un contexto determinado, pues efectivamente, una sociedad crearía aquellos elementos que le

permitieran reproducirse fortaleciendo la confianza, si existen condiciones para ello. Un grado extremo

de desconfianza podría paralizar o inhibir cualquier intento de establecer tales mecanismos.

Al respecto, Luhmann (1996) plantea dos ideas fundamentales, la primera al referir que tanto la

confianza como la desconfianza son mecanismos que permiten reducir la incertidumbre en las

relaciones sociales, y la segunda, al introducir un elemento de gradación en ambos casos, es decir, al

plantear la necesidad de tener una actitud prudente sin caer en la desconfianza plena.

Si bien es cierto que la desconfianza entorpece el avance de algunos procesos políticos, sociales y

económicos por la necesidad de generar mecanismos de control y contención de conductas no

deseadas, también lo es que constituye un mecanismo de defensa que reduce la vulnerabilidad de la

sociedad ante hechos que dependen de la voluntad de actores, a veces impredecibles, que tienen sus

propios intereses y objetivos, los cuales no necesariamente coinciden siempre con los de la sociedad, y

que, en suma, obligan ésta a ser más selectiva y prudente en el establecimiento de relaciones sobre

temas de interés público.

En su ensayo denominado La confianza política en la tradición republicana, desde Cicerón Hasta

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Madison, Francisco Herreros (2004) introduce un elemento sumamente importante en cuanto a las

posibles causas de la desconfianza: la asimetría en cuanto a la información disponible entre

gobernantes y gobernados. Si bien es importante contar con información completa y de calidad para

evaluar el desempeño de los gobernantes y, en su caso, participar en la toma de decisiones, o bien, para

decidir el sentido del voto en un proceso electoral, es importante considerar que esta diferencia en

cuanto a la posesión y manejo de la información pública es un mecanismo que desvirtúa las

condiciones de competencia electoral y que, sin lugar a dudas impacta en sus resultados. Es uno delos

problemas estructurales que se analizará con mayor detalle en el segundo apartado de este documento.

La desconfianza, al permitir tomar medidas preventivas o correctivas, no es entonces necesariamente

negativa para el desarrollo de las sociedades. Es importante establecer que, en buena medida, la

desconfianza ha sido, junto con el miedo, la causa del surgimiento de las instituciones más importantes

incluyendo, por supuesto, al Estado mismo. Al respecto, Aravena y Baeza (2015) hacen una revisión de

las causas que lo originan, desde la perspectiva contractualista de los grandes representantes de la

filosofía política occidental de los siglos XVII y XVII, y señalan con claridad que, en el caso de

Hobbes, en El Leviatán, es la necesidad de moderar o atemperar la naturaleza negativa de los seres

humanos la que hace necesaria la existencia de una instancia superior, con capacidad de ejercer

plenamente el poder público para contenerla, o en el caso de Rousseau, en El Contrato Social, como la

necesidad de establecer un acuerdo que, cediendo parte de las libertades individuales, se haga posible el

disfrute pleno de las mismas.

La creación de instituciones es entonces, la respuesta de las sociedades a la desconfianza que genera la

posibilidad de conductas no deseadas y, por otra parte, la confianza hace que dichas instituciones

funcionen, pues al someterse a ellas, los individuos confían en la protección de sus derechos en toda la

amplitud de la palabra. Al respecto, Margaret Levi, citada por Herreros (2004), plantea que la

desconfianza puede ser buena para la democracia si lleva a la creación de buenas instituciones para

controlar el comportamiento de los demás.

Sobre este tema, Yáñez Gallardo, Ahumada Figueroa y Cova Solar (2006) plantean que más que pensar

en la confianza y desconfianza como elementos mutuamente excluyentes, es importante identificar los

factores que explican a cada una de ellas, y con base en eso, procurar una confianza tal que, con un

cierto nivel de precaución y control, mantenga la posibilidad de generar habilidades sociales y

promueva la participación social en asuntos de interés público, es decir, la búsqueda de una confianza

óptima.

Desde esta perspectiva, para los fines de este ensayo el eje de la reflexión estriba en la definición del

tipo de confianza deseada, más que en la existencia de la misma en una calidad ideal absoluta,

considerando que, en el contexto social prevaleciente, lo deseable es una confianza basada en el

ejercicio racional de análisis y crítica sobre la confiabilidad de potenciales interlocutores. En

consecuencia, la desconfianza no se considera aquí como condición excluyente de la confianza, sino

como referente de las posibles variaciones que en ella se pueden observar.

Es importante tener en cuenta que, en este caso, la confianza no se considera necesariamente como una

cuestión absoluta, es decir, no se trata de una categoría definitivamente condicional, pues en lo

individual y en lo colectivo, constantemente nos enfrentamos a la necesidad de ponderar nuestra

confianza en sujetos u objetos y, con base en las evaluaciones realizadas, tomamos decisiones. Éstas no

son siempre absolutas, sino, frecuentemente, relativas y relacionales. El grado de confianza que

otorgamos es directamente proporcional a la confiabilidad que percibimos en nuestro interlocutor.

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¿Cuál es la situación de la desconfianza en México? La Tercera Encuesta Nacional de Cultura

Constitucional en México nos brinda insumos muy valiosos sobre las razones para la desconfianza en

el Gobierno y en los Actores Políticos. En el primer caso, a la pregunta ¿Por qué no confía en el

Gobierno? Destacan los siguientes porcentajes: por corruptos, 45.6%; porque NO CUMPLEN LO QUE

PROMETEN (el énfasis es propio y es intencional, pues muestra la correspondencia con la pérdida de

confianza al no cumplirse las expectativas generadas), 38.5 %; porque roban, 32.9 % y porque sólo ven

por su beneficio, 18.7 %.

A la pregunta ¿Usted qué tanto confía en los políticos? Las principales respuestas muestran los

siguientes resultados: nada, 59.7 %; poco, 14.2%; algo, 11.8 % y mucho, 1.9% solamente.

De estas cifras se desprenden dos conclusiones importantes:

a) Las cifras presentadas indican que la población encuestada percibe como causas mayores de la

desconfianza el deficiente desempeño de las funciones de los representantes del gobierno y, en segundo

lugar, pero con un porcentaje también relevante, la falta del cumplimiento de las expectativas creadas

por los políticos.

b) El porcentaje de personas que no confían para nada en el gobierno es sumamente alto. Refleja una

proporción de personas que, potencialmente, busca alternativas que sería pertinente documentar, para

atender sus necesidades.

Confiabilidad

Se ha planteado ya que la confianza puede ser un valor o cualidad deseable en un sujeto, ya sea

individual o colectivo, porque le proporciona la capacidad de actuar con base en expectativas

racionalmente establecidas, de tomar riesgos y de definir estrategias para conseguir mejores estadios de

bienestar o evitar situaciones indeseables. La reciprocidad entre sujetos hace posible el desarrollo de

relaciones sociales más complejas. También se definió a la confianza social como el estado de ánimo

que permite una relación más ágil entre sujetos, que genera menor fricción social por requerir

mecanismos de control menos invasivos y que proporciona un entorno favorable para establecer y

avanzar rápidamente en la consecución de objetivos y metas comunes.

Por otra parte, se precisó que la desconfianza no tiene necesariamente una connotación negativa, sino

que funciona como mecanismo de prevención para evitar excesos y abusos que dañen

irremediablemente la confianza plena.

El concepto complementario de este esquema es el de confiabilidad. Hemos planteado ya que este

término se refiere a la cualidad de un sujeto u objeto de ser merecedor de la confianza que en él

deposita su interlocutor. Esta cualidad, la confiabilidad, se origina a partir de la capacidad que tiene

dicho sujeto u objeto de generar siempre la misma respuesta ante el mismo estímulo recibido.

La confiabilidad en términos sociales, implica necesariamente un componente de orden moral, que es el

de la reciprocidad. En el ensayo denominado Lo inevaluable en una sociedad de desconfianza,

Claudine Haroche (2015) incluye un epígrafe en el cual cita a Simmel. El epígrafe dice:

“Cuando alguien confía en nosotros, nos vemos prácticamente comprometidos por un juicio sobre

nuestra persona por adelantado. La confianza se da; no se puede exigir que se nos la conceda, así como

exigimos que no se nos decepcione una vez que ha sido acordada”.

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Estas frases resumen claramente la obligación que impone, en términos casi deontológicos, ser

depositario de la confianza ajena. La confiabilidad conlleva entonces una respuesta prefigurada por el

sujeto activo. Su cumplimiento ratifica la expectativa que la genera y así sucede mientras no haya

variaciones en el resultado obtenido o en el estímulo proporcionado.

Si existiera algún cambio en dicho estímulo, la respuesta obtenida podría, o debería, variar

proporcionalmente, lo cual obligaría a la calibración de los parámetros de referencia por parte de ambos

sujetos, sin embargo, como ya se ha planteado, si ante un mismo estímulo se generan respuestas

diferenciadas, la confiabilidad del depositario varía y la confianza del sujeto activo disminuye. En el

esquema de relaciones de confianza entre la ciudadanía y el Estado es menester definir los posibles

estímulos y respuestas que pueden generarse durante su interacción. Para tal efecto, es necesario

precisar las características de cada uno.

La confiabilidad del Estado

El Estado se ha definido generalmente, aunque con diferentes matices, como una forma de

organización de los seres humanos basada en un conjunto de normas que son establecidas y aceptadas

por los individuos que lo integran, y cuya observancia permite la reproducción indefinida de la vida en

colectividad. Por supuesto, en el pensamiento de los grandes filósofos de la Grecia clásica y el

pensamiento libertario de los principales exponentes de la filosofía política de los siglos XVII y XVIII

pueden encontrarse los fundamentos ontológicos de su origen.

De este modo, para Aristóteles (1997) la Polis, o ciudad – Estado, que es la interpretación que

convencionalmente se ha hecho de este término, es resultado de la asociación que los hombres generan

por considerarla benéfica. El hombre, un ser social por naturaleza, encuentra en la vida en comunidad

el espacio ideal para su desarrollo y establece para ello una organización en la cual, el orden social se

establece en función de las facultades inherentes a los individuos. La finalidad del Estado desde esta

concepción, trasciende la atención de las necesidades biológicas y de las actividades económicas; la

búsqueda del conocimiento y un orden moral superior es la que prevalece.

Maquiavelo, en 1532 establece el concepto de Estado, más allá de la Polis, la República y la Civitas,

estableciendo entonces su acepción como aquel ordenamiento político cuya estructura y

funcionamiento daban estabilidad y paz, de manera relativamente estables en una nación. Hace

evidente la división entre sociedad y gobierno, estableciendo la distinción de los asuntos de orden

público y los de orden privado.

Por su parte, para Hobbes (1994), el Estado, República o Leviatán, tiene una concepción de carácter

orgánico; lo asemeja a un hombre de mayores dimensiones, creado para proteger y defender al hombre

mismo, equiparando su soberanía al alma, a los componentes de un poder judicial con un sistema

nervioso; la economía y la riqueza que genera, con su salud y la equidad y las leyes como la razón.

Plantea un poder absoluto del Estado sobre sus miembros y plantea, entre las causas de su disolución,

la falta de poder absoluto, pues cualquier signo de debilidad impulsa, desde su perspectiva, a la

rebeldía.

Locke (1991) y Rousseau (2014), también desde una visión iusnaturalista, plantean que el Estado es el

resultado de la organización que los seres humanos logran como acuerdo de voluntades, cediendo parte

de su libertad para disfrutar de ésta plenamente, aunque con claras diferencias en su enfoque y fines:

Mientras que para Locke cumple la función de evitar la corrupción, proteger los derechos de propiedad

y el orden público, para Rousseau busca evitar las injusticias y evitar los excesos de la concentración

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del poder absoluto en una sola persona o instancia, haciendo necesaria la existencia de pesos y

contrapesos para garantizar el adecuado desempeño del poder público.

Sin duda la Teoría del Estado es y será un tema apasionante, cuyo estudio siempre nos proporcionará

nuevos enfoques y perspectivas de análisis para interpretar la forma en que actualmente nos

organizamos y para vislumbrar su posible evolución y los derroteros que puede seguir, según las

variables consideradas.

Para los fines del presente ensayo, es importante plantear que, en general el Estado se concibe como el

constructo social instituido como resultado del acuerdo de voluntades individuales que, con la finalidad

de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como para crear las condiciones necesarias

que permitan el desarrollo económico, establece un sistema de normas y ordenamientos que rige las

relaciones entre los individuos y entre éstos y su gobierno, entendido como el órgano depositario de los

poderes públicos, y para cuyo cumplimiento y defensa, posee el uso exclusivo y legítimo de la fuerza

pública. Es entonces válido precisar que cuando se nombra al Estado en este ensayo, se alude al

gobierno como órgano depositario de los poderes públicos referidos.

La confiabilidad del Estado estriba en el cumplimiento de sus fines. Al ser el resultado de un acuerdo

de voluntades que se establece por parte de los individuos, con la finalidad de sujetar su

comportamiento e intereses a un conjunto de normas y reglas de observancia general, encuentra en ellas

límites, pero también garantías, que le brindan protección y seguridad. Estas condiciones generan un

ambiente estable, propicio para realizar actividades que brinden mejores niveles de vida a las personas

mediante el uso y aprovechamiento de sus bienes, en síntesis, para el desarrollo económico.

Este estadio es posible cuando las reglas están claramente establecidas y cuando se cuenta con

mecanismos específicos para garantizar su cumplimiento, corrigiendo ejemplarmente las faltas o fallas

que pudieran surgir. Es así que, en términos generales, un Estado es confiable cuando cumple sus

objetivos fundamentales:

a) Garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.

b) Generar las condiciones para el desarrollo económico y una convivencia social armónica.

c) Establecer un marco institucional (derechos y obligaciones claramente establecidos e instrumentos

que garanticen su cumplimiento) que permita, en igualdad de circunstancias, que sus integrantes

puedan aspirar a mejores estadios de bienestar.

d) Ejercer los poderes públicos de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente.

El Estado cumple con sus objetivos fundamentales cuando, quienes lo representan, desempeñan sus

funciones adecuadamente. Esto se logra cuando tales individuos tienen la capacidad y el interés de

hacerlo. La capacidad de realizar de manera idónea las funciones inherentes al Estado existe cuando

quienes son responsables de las mismas están preparados formalmente y tienen la experiencia necesaria

para hacerlo. Por otra parte, puede establecerse que los individuos que representan al Estado tienen el

interés para desempeñar sus funciones adecuadamente cuando su expectativa es cumplir sus funciones

sin obtener beneficios extraordinarios por ello.

Por lo tanto, puede establecerse que el cumplimiento de los fines del Estado depende de la selección

adecuada de quienes habrán de desempeñar las funciones correspondientes para su logro y de eliminar

los incentivos que pudieran derivar en un manejo inadecuado de los recursos públicos, entendiendo que

éstos no son solamente financieros, sino que deben incluirse en esta categoría también las facultades

que el poder público tiene para regular las actividades de los individuos.

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Es pertinente enfatizar el uso del término selección y no de elección en lo concerniente a la

determinación de quienes habrán de personificar al Estado. El término “selección” implica un proceso

de evaluación de cualidades y aptitudes con base en fines previamente establecidos. En este caso, la

capacidad de decisión corresponde a quien selecciona y es tarea de quien aspira a ser seleccionado,

cumplir los requisitos establecidos para ocupar una posición de poder determinada, así como satisfacer

las expectativas de quien tiene el poder de seleccionar.

Lo anterior tiene implicaciones profundas en cuanto a los procesos de elección que prevalecen. En este

caso, las opciones están predefinidas y quien tiene la capacidad de elegir acota o ajusta sus

requerimientos a las capacidades de quienes se postulan. Los criterios de evaluación cambian, pues en

este caso, más que aspirar a los más altos niveles de capacidad deseables por parte de quienes habrán

de ocupar un cargo público, se sujeta dicha elección a los atributos disponibles de quienes contienden

por el cargo en cuestión. La diferencia no es sólo semántica. Entre selección y elección hay grandes y

trascendentales diferencias cualitativas y procedimentales.

¿Cuál es la situación de la confiabilidad del Estado en México? Si bien la Tercera Encuesta Nacional

de Cultura Constitucional en México no plantea este rubro específicamente, las respuestas obtenidas en

otros reactivos pueden utilizarse para ilustrar este punto. En la encuesta citada, se dirigió una pregunta

específica a quienes contestaron que confiaban mucho o algo en el gobierno. Los porcentajes

correspondientes son 3.4 % y 16.9% respectivamente. Es importante recordar que 46.7 % no confiaba

nada y que 22.2% confiaba poco. La pregunta referida era ¿Y por qué confía en el gobierno? Las

respuestas más significativas fueron: porque hacen bien su trabajo, 30.4 %; porque ayudan a mejorar

las cosas, 19.9 % y porque cumplen sus promesas, 15.7 %.

Con el mismo criterio, a quienes confiaban mucho en los políticos (1.9 %) o algo (11.8%), se les hizo

una pregunta similar ¿Y por qué confía en los políticos? Obteniéndose las siguientes respuestas: porque

cumplen con su trabajo, 24.8%; no todos son deshonestos, 15.9% y porque ayudan y mejoran las cosas,

15.8%.

Estas cifras no son representativas de la confiabilidad del Estado, puesto que sólo muestran las razones

por las cuales el bajo porcentaje de encuestados que consideran que el gobierno y los políticos son

sujetos de confianza justifican su opinión.

Con base en las características que se han planteado para considera que un estado es confiable, se

consideran otros reactivos de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México. Así,

en relación con la capacidad de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, se considera como

un indicador relevante dentro de los reactivos de la encuesta referida el concerniente a la justicia por

propia mano. Este concepto implica que existen ciudadanos que consideran que el papel del Estado en

cuanto a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes es deficiente y buscan otras alternativas,

mostrando así que no confían en las instituciones correspondientes. Al respecto los resultados

obtenidos por la fuente citada a la pregunta sobre si ante la falta de acción de la autoridad frente a un

hecho que afecte a los miembros de una comunidad ¿Tienen o no tienen el derecho de tomar en sus

manos el castigo? Son los siguientes: sí tienen el derecho, 31.8 %; en parte sí tienen el derecho, 14.8%

y no tienen el derecho, 48.3%.

En relación con la generar de condiciones para el desarrollo económico y una convivencia social

armónica, se tomaron como referentes los reactivos correspondientes a la libertad de trabajar en lo que

se desee, así como en lo referente a la libertad de culto y de estudiar lo que se prefiera. Los resultados

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indican lo siguiente; 47.3 % de la población encuestada piensa que se puede trabajar en lo que se desee,

28.9% considera que a veces y 16.5 % que nunca. En este rubro es importante valorar la disminución

del primer porcentaje referido, ya que en 2011 el porcentaje era de 63 %.

Sobre la libertad de culto, 74.8 % de la población encuestada cree que siempre hay libertad; 12.3 %

considera que a veces y 9,7% que nunca. En este caso se observa una tendencia decreciente en relación

con el primer porcentaje, en cual fue de 90 % en 2003.

En relación con la posibilidad de estudiar lo que se desee, es importante precisar que la connotación de

la pregunta no se refiere a la libertad de elegir, sino a la capacidad de acceder a la educación como un

derecho. En este sentido los resultados arrojan lo siguiente: 55.6% piensa que siempre se puede

estudiar lo que se desee; 25.3 % considera que algunas veces y 12.2% piensa que nunca es posible.

Nuevamente en este caso, la disminución del primer porcentaje es muy indicativo, pasó de 72.8% en

2003 a 69 % en 2011, y baja hasta 55.6% en 2016.

En relación con la capacidad de establecer un marco institucional (derechos y obligaciones claramente

establecidos e instrumentos que garanticen su cumplimiento) que permita, en igualdad de

circunstancias, que sus integrantes puedan aspirar a mejores estadios de bienestar, se consideraron las

siguientes preguntas de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México:

¿Cuál fue la aportación de la Constitución de 1917 para el mundo? Y descontando el porcentaje de

47.9% que no supo, las respuestas más relevantes fueron: derechos políticos, 7.8%, orden y respeto,

6.3%; leyes 6.0 % y garantías individuales 4.5 %.

Sobre lo adecuado que resulta la Constitución para el país, los resultados indican que 20.5% de la

población encuestada considera que es adecuada (en 2003 el porcentaje era de 45.6%) y 60 % piensa

que ya no responde a las necesidades del país.

Sobre la capacidad de ejercer los poderes públicos de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente

se consideraron tres preguntas cuyos resultados son sumamente indicativos de la valoración que hace la

población sobre estos aspectos.

En primer lugar, se consideró la pregunta ¿Siente que el país va por el camino correcto? Y las

respuestas indican que 73.4 % consideran que el país va por el camino equivocado y sólo 14.1%

considera que va por el camino correcto.

La segunda pregunta considerada fue ¿El gobierno responde o no responde a las necesidades de la

gente? Los resultados, son los siguientes: 65.3% considera que no responde; y 7.5 % considera que sí lo

hace.

La tercera pregunta fue la siguiente, por lo que Usted ha visto ¿En qué gasta más el gobierno? Y los

resultados indican que 77.4% consideran que el gobierno gasta más en corrupción y beneficios para los

gobernantes; 25.9% para servicios y obras públicas y 24% para proselitismo y procesos electorales.

Tomando como base los indicadores considerados en relación con las características de un Estado

confiable planteadas en este inciso, puede concluirse lo siguiente:

Que de acuerdo con la percepción de la población encuestada, el Estado es considerado como capaz de

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garantizar la seguridad de las personas y sus bienes; que existen condiciones que permiten el desarrollo

económico y la convivencia armónica, aunque éstas están decreciendo de manera importante en

relación con las mediciones de 12011 y 2003; que el marco jurídico vigente ya no es adecuado a las

condiciones del país y que el desempeño del gobierno no satisface las necesidades ni expectativas de la

ciudadanía.

La confiabilidad de la ciudadanía

En buena parte de la literatura sobre la confianza y las relaciones entre sociedad y Estado se asume el

papel de la ciudadanía como algo dado, es decir, algo preestablecido, una categoría social con una serie

de atributos predefinidos que se asumen como constantes, reales y efectivos. Sin embargo, es

importante hacer una revisión de este concepto a la luz de las nuevas tendencias y enfoques analíticos

que abordan temas como la estabilidad y permanencia de las relaciones sociales en un contexto cada

vez más dinámico, complejo y cambiante.

En principio, es menester definir el término que nos ocupa. La ciudadanía, de acuerdo con la Real

Academia Española, se puede entender bajo tres acepciones: como la cualidad y derecho de un

ciudadano; como el conjunto de ciudadanos de un pueblo o nación, o bien, como el comportamiento

propio de un buen ciudadano. La misma fuente define al ciudadano como natural o vecino de una

ciudad; como un adjetivo perteneciente a la ciudad y, de manera especialmente importante para los

fines de este ensayo, como persona considerada como miembro ACTIVO (el énfasis es intencional) de

un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.

En la antigua Grecia la connotación de ciudadano implicaba la posesión de derechos y obligaciones de

carácter público por parte de algunos individuos, quedando excluidos de los mismos los esclavos, los

extranjeros y las mujeres. Ser ciudadano, implicaba tener y ejercer el derecho de asistir a las asambleas,

participar en la discusión sobre asuntos de interés general y ocupar cargos públicos por sorteo o por

votación. A quienes teniendo estos derechos no los ejercían, y se concentraban únicamente en los

asuntos de su interés particular, se les denominaba idiotas (Bárcena, 2015) y eran sujetos de atimia, o

privación de los derechos que, como ciudadanos, les correspondía.

En la Constitución de Atenas (Aristóteles, 2102) quedaba ampliamente definida la calidad de

ciudadano, sus derechos y obligaciones, la especificación de la forma en que se asignarían los cargos de

gobierno, estableciendo que la mayoría de ellos se integraría por sorteo entre los miembros del

Consejo, destacando el hecho de que ninguno de sus miembros podría ocupar dos veces un cargo de

magistrado, mientras no hubiera tocado el turno a todos para desarrollarlo. Este principio es

fundamental, como se argumentará en el inciso relacionado con las causas estructurales de la

desconfianza en los regímenes democráticos.

Es destacable también, para los mismos fines, el procedimiento mediante el cual se seleccionaba a

quienes podrían participar en el gobierno, el cual consistía en la presentación de los candidatos a

formar parte de dicha élite, siempre y cuando fueran hijos de padre y madre ciudadanos y hubieran

cumplido 18 años de edad. Si a juicio de los miembros del Consejo, quienes tenían la libertad de

cuestionar y vetar a los candidatos si no cumplían con los requisitos establecidos, resultaban aceptados,

iniciaban un periodo de formación y capacitación en diversas artes, bajo la tutela de instructores

seleccionados por el mismo órgano y bajo la supervisión de un censor. Este periodo duraba dos años.

Al concluirlo, estos jóvenes adquirían la categoría de ciudadanos.

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Para los filósofos de la Ilustración, la ciudadanía y el ciudadano eran también categorías que

implicaban, con sus respectivas diferencias, la existencia de sujetos poseedores de derechos y

obligaciones, con un papel activo en cuanto a los temas de interés público. Ser ciudadano implica

entonces, asumir una responsabilidad específica ante la sociedad en su conjunto, sobre los temas de

carácter público. La ciudadanía se refiere entonces al conjunto de ciudadanos que ejerce sus derechos y

cumple sus obligaciones, participando activamente en los asuntos de interés general.

Lo anterior presupone tres condiciones para que los individuos puedan ser considerados ciudadanos: la

primera es que conocen sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del Estado; en segundo lugar,

que tienen interés en los asuntos públicos y están conscientes de que su participación en ellos es

importante y necesaria y, finalmente, que cumplen con los requisitos necesarios para obtener esta

categoría: la mayoría de edad conforme a los estándares de sus respectivos países, por una parte, la

acreditación de otros requisitos de orden legal y administrativo, como pueden ser la residencia efectiva

y la nacionalidad por señalar algunos, y de manera especial, que están capacitados para ejercer cargos

públicos si así se les requiriese.

¿Cuál es situación de la confiabilidad de la ciudadanía en México? Se considera importante dividir el

análisis de este tema en dos vertientes. En la primera se hará referencia a la confiabilidad de la

ciudadanía conforma a su desempeño y su posicionamiento ante los lineamientos legales y normativos

que rigen las relaciones sociales, es decir, de su potencial desempeño ciudadano. La segunda vertiente

se refiere a la valoración de la calidad de la ciudadanía con base en las tres características deseables ya

planteadas. En este sentido, como se puede apreciar en el apartado subsecuente, se trata de distinguir

entre los ciudadanos como sujetos activos de sus derechos y obligaciones en su relación con el Estado,

o bien, los ciudadanos limitados a ser espectadores del desarrollo de la vida pública y emisores del

voto.

Retomando la pregunta anterior ¿Cuál es la situación de la confiabilidad de la ciudadanía en México?

retomaremos las siguientes preguntas y resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura

Constitucional en México, ubicándonos en la primera vertiente de análisis ya planteada.

Al respecto, las preguntas consideradas son las siguientes:

Del 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es respeta mucho, ¿Qué tanto cree que las personas respetan la ley? El

resultado fue de 5.6 como promedio, es decir, que los encuestados consideran que la proporción de las

personas que respetan la ley y las que no lo hacen es muy similar, como se puede ver en el Cuadro 3.

La segunda pregunta considerada retoma el mismo tema, pero lo hace en relación con la persona que

contesta. De este modo la pregunta fue ¿Qué tanto respeta usted la ley? Y el promedio de las respuestas

fue de 7.7, como se observa en el Cuadro 4.

La tercera pregunta considerada fue la siguiente ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente frase:

“un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas”? y las respuestas más

destacadas fueron: 34.8% en desacuerdo, 18.9 % de acuerdo y 8.4% muy de acuerdo.

La cuarta pregunta considerada en este rubro fue ¿Por qué respeta y obedece las leyes? Obteniendo los

siguientes resultados: porque cumplir la ley nos beneficia a todos, 49.5 %; para no ser criticado, 8.5% y

porque es un deber moral, 22.9%.

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En este sentido, la confiabilidad de la ciudadanía, según su propia percepción es relativamente

aceptable en cuanto a su posicionamiento frente a indicadores de legalidad, es decir, de la capacidad

que puede tener para corresponder a las expectativas que hipotéticamente podrían tener los

representantes del Estado en ella, sin embargo, su tolerancia a la corrupción es alta, indicando la

predisposición a cometer o aceptar prácticas de ese tipo.

¿Ciudadanos o solo votantes?

Si consideramos las tres condiciones referidas en el apartado anterior como las características deseables

en los ciudadanos, podemos inferir que adquirir la ciudadanía implica asumir responsabilidades y tener

conocimiento y conciencia de ellas, es decir, implica asumirse como corresponsable del manejo de los

asuntos públicos y no sólo como beneficiario o testigo de los mismos. Sin lugar a dudas, una

ciudadanía cuyos miembros poseyeran estas cualidades sería en muchos sentidos, ejemplar, y su

relación con el Estado estaría determinada por el conocimiento e interés de los mismos en los asuntos

de interés público, constituyéndose así en un interlocutor informado, crítico y propositivo, con la

capacidad de incidir positivamente en el ejercicio del gobierno.

Sin embargo, la adquisición de la ciudadanía en algunos países latinoamericanos, como México, dista

mucho de requerir tales cualidades por parte de los individuos. En nuestro país la ciudadanía se otorga,

o reconoce, cuando se tiene la calidad de mexicano, por nacimiento o por naturalización; cuando se han

cumplido 18 años de edad y se tiene “un modo honesto de vivir”, según se establece en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34.

El primer requisito corresponde a una casualidad geográfica, si se nace en México ya se es mexicano y

dicho requerimiento está cubierto; la mayoría de edad es un hecho biológico acreditable con un acta de

nacimiento. La honestidad del modo de vivir queda solo enunciada y no se exige comprobante alguno

sobre el mismo cuando se tramita el comprobante de identidad que es, al mismo tiempo, credencial

para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Las circunstancias cambian cuando se es mexicano por naturalización. Existen dos modalidades

reconocidas por la misma Constitución: por residencia o por matrimonio. En ambos casos se solicitan

varios requisitos que incluyen la comprobación de la identidad de los individuos interesados, el tiempo

de estancia legal en el país, el pago de derechos y la entrega de una serie de documentos diversos, sin

embargo, destaca en estos casos el requerimiento de “Acreditar que sabe hablar español, que conoce la

historia del país y que está integrado a la cultura nacional”, como se establece en la página electrónica

de la Dirección General de Asuntos jurídicos de la Secretaría de Relaciones exteriores entre los

requisitos para obtener una carta de naturalización, en cualquiera de las dos modalidades referidas.

Como puede apreciarse, el rigor de los requisitos para ser ciudadano es mayor para el caso de quienes

voluntariamente buscan asumir la nacionalidad mexicana, que para quienes han nacido en este país.

La acreditación de la ciudadanía se realiza en México, de manera convencional, mediante la Credencial

para Votar. Al tramitarla, los interesados quedan automáticamente inscritos en el Padrón Electoral, que

es el registro de los ciudadanos que cuentan con dicho documento y que, por lo tanto, pueden ejercer su

derecho al voto.

Para obtenerla se requiere un documento que acredite la nacionalidad, como puede ser un acta de

nacimiento o pasaporte; un comprobante de domicilio, que normalmente es el recibo de pago de algún

servicio público, como el teléfono, la electricidad o el agua, y alguna identificación con fotografía, para

lo cual alguna credencial escolar o una constancia expedida por el gobierno municipal correspondiente

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al interesado. De esta manera se cumplen los requisitos para obtener en México la categoría de

ciudadano, y de votante.

En este punto es pertinente dar respuesta a la pregunta que da nombre a este inciso ¿ciudadanos o

votantes? Si, como lo hemos propuesto en los párrafos anteriores, las características deseables de los

ciudadanos implican conocer y ejercer sus derechos y obligaciones, conocer el funcionamiento del

Estado; estar informado de los asuntos de interés público y participar activamente en la discusión y

toma de decisiones sobre asuntos de interés público, la Tercera Encuesta Nacional de Cultura

Constitucional realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional

Autónoma de México nos muestra la siguiente información conforme a las preguntas seleccionadas.

La primera pregunta es ¿Qué tanto considera Usted que conoce la Constitución? Las respuestas reflejan

que 56 % de la población entrevistada la conoce poco; 34.4 % nada y 4.9% mucho.

La segunda pregunta en este sentido fue ¿podría decirme Usted alguna obligación que esté en la

Constitución? El porcentaje mayoritario fue el de quienes dijeron no saber, 23.9%.

La tercera pregunta reviste especial importancia para los fines de este ensayo ¿Qué tanto se interesa

Usted en los asuntos públicos? Las respuestas tuvieron los siguientes porcentajes: mucho, 9%; algo,

25.5%, poco, 32% y nada, 31.3 %.

La cuarta pregunta se refiere a ¿Con qué frecuencia acostumbra leer, ver o escuchar noticias o

programas sobre política o asuntos públicos? Las respuestas indican que 35.9% de la población

encuestada nunca lo hace; 28.4 % a veces y 22.2% siempre.

La quinta pregunta nos muestra el conocimiento que la población encuestada tiene sobre la función

pública. El Cuadro 4 nos muestra porcentajes importantes de funciones que son atribuidas por los

encuestados a instancias ajenas al cumplimiento de las mismas, y es evidente la sobrevaloración y

desconocimiento que se tiene sobre la figura del Presidente de la República.

La sexta pregunta es sobre ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Congreso? Las

respuestas indican que a 44.8% de la población no le interesan, y a 30.1% sí le interesan.

De igual modo, la séptima pregunta es sobre ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en la

Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y al respecto los resultados muestran que a 47.1% de los

encuestados no le interesan y a 29.2% sí lo hacen.

En relación con la calidad de la ciudadanía, distinguiendo entre quienes conocen y ejercen sus derechos

y obligaciones cívicas, se interesan en los asuntos de orden público y conocen el funcionamiento del

Estado, y quienes sólo ejercen el derecho de emitir su voto, puede observarse en los indicadores

anteriores que en ningún caso se observan condiciones satisfactorias que nos permitan considerar una

ciudadanía de calidad, es decir, una ciudadanía de Facto, y no solo de Jure, como lo plantea Bauman

(2003) en su libro Modernidad líquida.

Es importante en este punto retomar las apreciaciones del este sociólogo polaco que logra discernir los

procesos de cambio en nuestras sociedades. Especialmente, al identificar como la corriente

“emancipadora” que pugnaba por la libertad del individuo y el afianzamiento de su protagonismo,

características de, por lo menos la segunda mitad del Siglo XX, hoy nos muestran su lado perverso, al

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presentar a individuos absortos en sus asuntos e intereses particulares, sin mayor atención a los asuntos

de interés común o general, salvo cuando éstos les afectan directamente. La sociedad de individuos y

no de ciudadanos.

Algunos autores consideran que más que tratarse de la disolución de la ciudadanía, se trata del

surgimiento de una nueva forma de ella, en la cual los dogmas y la ideología son reemplazados por el

interés cortoplacista y efímero de los nuevos ciudadanos, lo cual, en esencia, no resuelve el hecho de

que esa falta de atención e involucramiento en los asuntos de interés público y el desempeño del

gobierno, perpetúa las posibles causas de la indiferencia y apatía que, hipotéticamente se ubican como

resultado de la desconfianza de la sociedad en el gobierno.

Confianza y democracia.

En la época que vivimos se percibe un malestar generalizado por parte de la sociedad con sus

gobiernos. Se ha documentado de diferentes formas, en varios países y en distintos continentes una

creciente inconformidad por parte de la población hacia sus instituciones en general, y de manera

particular, hacia sus gobernantes y las políticas que han ejecutado.

En esta etapa de la historia, en la que la democracia parecía haberse afianzado como régimen político

en varias naciones, la falta de resultados satisfactorios, el deterioro de la calidad de vida de la población

y el estancamiento de sus expectativas de progreso, han generado reacciones inesperadas por parte de

algunas sociedades en las que, de manera sorprendente, el retorno de regímenes autoritarios, o por lo

menos de prácticas que se creían erradicadas como el racismo, la homofobia o el nacionalismo a

ultranza, han sido el resultado de diversos procesos electorales o de consultas públicas en las cuales,

mediante el voto, se expresa inconformidad y desconfianza hacia los gobiernos y quienes los

representan.

Este descontento tiene su origen en el incumplimiento de algunas expectativas de las sociedades sobre

sus gobiernos, en la obtención de respuestas insatisfactorias o contrarias a lo esperado y, por lo tanto,

devienen en desconfianza, como se ha precisado en los apartados anteriores.

Cuando en un régimen democrático las personas perciben el incumplimiento de los compromisos y

promesas que motivaron su decisión en un proceso electoral, y además se ven afectadas negativamente

por el desempeño deficiente de las funciones y atribuciones de las autoridades y servidores públicos,

así como por el ejercicio poco claro de los recursos financieros, es lógico el debilitamiento de su

confianza en las instituciones.

Cuando además de lo anterior el uso de los recursos públicos, incluyendo en esta categoría a los

recursos financieros, por supuesto, y también las facultades y atribuciones que son inherentes al

gobierno como árbitro o regulador de las actividades de los particulares y la información pública se

utilizan para incidir en la permanencia de un individuo o grupo político en el poder público, se

pervierten y distorsionan los procesos democráticos elementales, creando severos problemas de

legitimidad y legalidad en relación con los gobernantes electos.

Uno de los estudios que resulta especialmente revelador para entender las relaciones entre confianza y

democracia, especialmente, en el caso de la democracia representativa es el de Herreros Vázquez

(2004) en su ensayo sobre la confianza política en la tradición republicana. En el ensayo

correspondiente, explica cómo, desde de una visión republicana la confianza puede considerarse como

un recurso de los ciudadanos para suplir la falta de información sobre los asuntos públicos como base

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para tomar decisiones, específicamente, para el caso de elegir gobernantes.

Al respecto establece que, en una democracia representativa, los gobernantes, que son designados

mediante el voto popular, poseen información privilegiada sobre los asuntos de interés público, la cual

utilizan de acuerdo con sus intereses para mantenerse en el poder. En este sistema, el único mecanismo

de control que los ciudadanos tienen sobre sus gobernantes es la posibilidad de sustituirlos mediante un

proceso electoral periódico. Como la información sobre los asuntos públicos de la que disponen los

ciudadanos es incompleta e imperfecta, plantea que la opción que tienen los ciudadanos estriba en el

conocimiento de las cualidades personales de quienes aspiran a gobernarlos, y es sobre esta base que

toman sus decisiones, bajo el supuesto de que, eligiendo a los mejores gobernantes se elegirá, en

consecuencia, el mejor gobierno.

Esta perspectiva institucionalista explica el funcionamiento de un modelo de democracia

representativa, muy similar a lo que observamos en varias naciones latinoamericanas, sin embargo, es

importante destacar que basa la expectativa de su funcionamiento en la mejor elección que pueden

hacer los ciudadanos de sus gobernantes con base en la información disponible de su persona y deja de

lado la posibilidad de mejorar y ampliar los criterios de elección mediante una mayor cualificación del

electorado y de la generación de información completa y de calidad disponible para ser tomada en

cuenta en los procesos electorales, con base en los postulados de los incisos anteriores de este

documento.

En todo caso, la falta de resultados satisfactorios para la ciudadanía por parte de gobiernos emanados

de procesos electorales democráticos, es decir, en regímenes democráticos, genera una situación

propicia para el retorno de prácticas y tendencias autoritarias, con el consecuente menoscabo de las

libertades y derechos de los ciudadanos. Aquí radica la importancia de fortalecer la confianza entre

gobierno y ciudadanía, en abrir y transparentar las estructuras y prácticas de gobierno, incluir de

manera activa y permanente a la ciudadanía, y hacer de la transparencia y rendición de cuentas una

práctica común, proactiva y permanente.

¿Cuál es la situación de la relación entre confianza y democracia en México? Nuevamente, apoyaremos

la argumentación de este tema con los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura

Constitucional en México.

Al respecto, uno de los reactivos considerados es el relacionado con el apego a la democracia por parte

de la ciudadanía. Al respecto se pudieron observar las siguientes respuestas a la pregunta

correspondiente: 44.2% de la población encuestada considera que la democracia es preferible a

cualquier otra forma de gobierno; 25.1% consideró que un gobierno no democrático puede ser mejor y

a 20.7% de los encuestados les da igual el régimen de gobierno.

La segunda pregunta considerada sobre este tema fue: para que se fortalezca la democracia en México

¿Qué es más importante? Y las respuestas indicaron que 21.1 % de la población encuestada cree que es

que el Presidente y los legisladores tengan buena relación, 29.4% que se apliquen y respeten las leyes;

20.2% que los ciudadanos exijan cuentas al gobierno y 26.8% que el gobierno sea honesto.

Sobre este tema se puede concluir lo siguiente: en primer lugar, a pesar del desencanto que hay con los

resultados generados por los gobiernos en un régimen democrático, la democracia sigue siendo el

sistema político más valorado por la ciudadanía. En segundo lugar, se desprende de las respuestas a la

segunda pregunta que el rendimiento de cuentas, la aplicación efectiva de la ley y un desempeño

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adecuado del gobierno son necesarios para fortalecer la democracia.

Causas estructurales de la desconfianza en regímenes democráticos

En el apartado anterior se presentaron varios argumentos y definiciones sobre la confianza, la

ciudadanía y el Estado. De manera especial se abordó el impacto que la confianza y la desconfianza de

la ciudadanía tienen en su relación con el Estado y se planteó la necesidad de hacer confiables tanto al

estado como a la ciudadanía, aspirando al cumplimiento pleno de sus fines y la generación de

cualidades que les permitan acercarse a estadios ideales en un esquema democrático.

Por otra parte, se abordó desde una perspectiva empírica las características que muestran actualmente

ambos sujetos en el contexto actual, lo cual hizo evidente el hecho de que hay una creciente

desconfianza de la ciudadanía en el Estado, por la falta de resultados adecuados a sus expectativas, por

la desigualdad social creciente y por una percepción de abandono y vulnerabilidad ante el deterioro y

disfuncionalidad de las instituciones.

Este malestar con el Estado tiene un impacto directo en la valoración de la democracia. Hay un claro

desencanto hacia ella. Sucesos recientes como el Brexit en Reino Unido; el triunfo del No, en

Colombia respecto del plebiscito sobre los Acuerdos de Paz con la guerrilla; el triunfo de Trump en

Estados Unidos; la reelección de Putin en Rusia, de Maduro en Venezuela, son solo algunos ejemplos

que ilustran esta percepción a nivel internacional.

La falta de confianza en el Estado debilita la democracia y reaviva la amenaza de una vuelta al pasado

irracional, visceral, autoritario, discriminatorio y segregacionista, como se observa cada vez más

frecuentemente y con mayor fuerza en el ámbito internacional, y con características muy específicas en

el nacional.

Las manifestaciones del problema de la desconfianza de la ciudadanía en el Estado son muy claras:

a) Obliga a los individuos a buscar formas “alternas” para solucionar sus problemas y atender sus

necesidades: entre ellos el robo de bienes y servicios públicos; privatización de calles; aplicación de la

justicia por su propia mano; linchamientos, surgimiento de autodefensas, por señalar algunos.

b) El funcionamiento inadecuado de las dependencias de gobierno propicia la corrupción, pues la gente

“paga” para agilizar un servicio, para evitar o disminuir una multa o sanción, para omitir trámites, y

desafía cada vez con más frecuencia y fuerza a la autoridad y a sus representantes, elude el

cumplimiento de sus obligaciones al no encontrar la reciprocidad deseada, como puede ser la evasión

de impuestos y el pago de contribuciones.

c) Lo más peligroso, en el contexto de nuestro país, es el hecho de que en varios territorios se reconoce

y adopta la tutela de nuevas figuras de autoridad y nuevos parámetros de comportamiento al margen de

la ley. Los medios de comunicación y las redes sociales son proclives a documentar este tipo de hechos

y así, nos enteramos cotidianamente de comunidades que aceptan el “cobro” que les impone la

delincuencia organizada, por concepto de “seguridad”; poblaciones que ocultan y defienden a

narcotraficantes; el reconocimiento del poder e influencia de delincuentes en asuntos gubernamentales

o electorales y la proliferación y expansión de actividades como la “piratería”, el “huachicoléo”, robos

y asaltos, prostitución, narcomenudeo y extorsión que en algunos ámbitos tienden a considerarse

modos de vida “normales” en diferentes estratos de la sociedad.

Puede valorarse entonces, cómo la restitución de la confianza de la ciudadanía en el Estado adquiere un

carácter estratégico, tanto para fortalecer el régimen democrático, como para evitar la degradación

extrema de la sociedad.

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Estas manifestaciones de la desconfianza hacia el Estado se desprenden de una serie de causas que

podríamos denominar estructurales y que son inherentes al diseño e instrumentación de la democracia

en nuestro país.

1. La primera causa estructural de la desconfianza de la ciudadanía hacia el Estado en un régimen

democrático como el mexicano estriba en un diseño deficiente del sistema electoral. Los principales

indicadores de esta situación son las siguientes:

El sistema político genera incentivos para pervertir los procesos electorales al permitir que las personas

que ocupan algún cargo de elección popular puedan contender de manera inmediata por otro diferente.

La disposición de recursos públicos y el desempeño de sus funciones y atribuciones se orientan a este

fin más que a la atención y solución de las necesidades y demandas ciudadanas.

De igual modo, quienes ocupan un cargo de relevancia dentro de la administración pública y tienen

aspiraciones políticas, desvirtúan el ejercicio de sus funciones y los recursos a su cargo para crear

clientelas electorales cautivas, sujetas a las dádivas y placebos sociales que se promueven bajo el

eufemismo de los denominados “programas de desarrollo social”.

En el caso de los gobiernos municipales agrava esta situación pues al permitirse la reelección inmediata

de quienes presiden un ayuntamiento, genera como consecuencia lógica el uso clientelar de los recursos

públicos (dinero, funciones e información) para asegurar la permanencia en el poder público,

generando asimetrías inmediatas en la competencia electoral.

La atomización del voto a través del multipartidismo genera, durante el proceso electoral, la posibilidad

de incrustar o imponer a personajes políticos de los partidos predominantes, bajo la simulación de

candidaturas consensadas. En el ejercicio de sus funciones, la existencia de legisladores con este origen

facilita la posibilidad de generar acuerdos para lograr mayorías en las cámaras de diputados y

senadores.

2. La segunda causa estructural identificada estriba en los claros desequilibrios que existen entre los

Poderes del Estado, advirtiéndose un claro sometimiento de los Poderes Legislativo y Judicial al

Ejecutivo en turno.

Este desequilibrio genera graves fallas del sistema de pesos y contrapesos, generando una deficiente

fiscalización de los recursos públicos, la falta de sanciones a fallas, omisiones y desviaciones del

ejercicio del poder público y la perpetuación de las prácticas que agudizan las asimetrías en la

competencia electoral.

La concentración excesiva del poder en el Ejecutivo lleva a un uso faccioso de las instituciones,

utilizándolas como elemento de contención ante los avances de fuerzas opositoras al partido

gobernante.

La cooptación de órganos e instituciones autónomos mediante la incidencia en el nombramiento de sus

titulares vulnera su credibilidad y la eficacia en el ejercicio de sus funciones. La concentración excesiva

de poder en el Ejecutivo y la falta de contrapesos por parte del Legislativo hacen cada vez más

frecuente y pernicioso el desmantelamiento moral de las instituciones.

La selección y reclutamiento de funcionarios y servidores públicos con altos niveles de responsabilidad

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se realiza bajo criterios de afinidad ideológica, parentesco o compadrazgo, con un enfoque

patrimonialista en el uso de las estructuras administrativas, con las consecuentes desviaciones y atrasos

en el cumplimiento de sus fines institucionales. Si bien se ha pugnado por la instauración de un servicio

profesional de carrera, también se han dejado “cláusulas de escape” que permiten situaciones de

excepción para el nombramiento discrecional de servidores públicos. La falta de controles externos

efectivos impide la revisión seria de estas situaciones.

Si bien se ha avanzado en el establecimiento de un conjunto de leyes consolidado en materia de

transparencia y acceso a la información, en la práctica la operación de los sistemas correspondientes

adolece de varias fallas: información desactualizada, incompleta, errónea o sesgada; páginas

electrónicas en constante “mantenimiento”; sitios oficiales que proporcionan información insustancial o

propaganda gubernamental en lugar de información de calidad. El caso paradigmático de esta situación

es la plataforma denominada “gob.mx” a través de la cual se desvían las búsquedas de información

específica hacia sitios de noticias sobre actos oficiales y campañas publicitarias.

La sujeción de procesos legislativos y judiciales a condiciones de carácter político electoral, en

detrimento de los derechos de la sociedad. Destaca en este caso la demora inexplicable e injustificable

en los nombramientos necesarios para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La improvisación y la simulación como reglas no escritas en el ejercicio del poder público. Ante la falta

de mecanismos externos efectivos que fiscalicen y ejecuten sanciones por el incumplimiento de las

funciones públicas, por el deficiente ejercicio de las mismas y por el abuso sistemático del erario

público, el cumplimiento superficial de objetivos y metas permite engrosar las estadísticas con cifras

que no reflejan la efectividad e impacto de las acciones gubernamentales en la sociedad.

3. La tercera causa estructural de la desconfianza de la ciudadanía en el Estado radica,

paradójicamente, en la baja calidad de la ciudadanía, cuya precaria formación e información sobre sus

derechos y obligaciones, sobre las funciones del Estado y el manejo de los recursos públicos, así como

el desinterés en los temas de interés público y el desempeño de los gobiernos, genera un amplio margen

para el manejo discrecional de los recursos, facultades y atribuciones, sin que éstos queden claros para

los ciudadanos, cerrando así un círculo vicioso. Entre los indicadores de esta causa pueden señalarse

los siguientes:

La ciudadanía se otorga con un mínimo de requisitos a los individuos que, nacidos en el país cumplen

los 18 años. No hay una formación cívica formal que les permita conocer y ejercer sus derechos y

cumplir con sus obligaciones; se desconoce por la mayor parte de estos individuos la estructura y

funcionamiento del Estado; existe una apatía y desinterés documentados sobre los asuntos de interés

público. Su calidad de ciudadanos se restringe en la mayoría de los casos, a emitir un voto para elegir

gobernantes, sin tener mayores criterios e información para hacerlo razonablemente.

De manera igualmente laxa, los requisitos para aspirar a un cargo de elección popular, incluyen la

acreditación de la mayoría de edad, la categoría de ciudadanos mediante la credencial para votar y

algún comprobante domiciliario, sin que se haga una valoración precisa de las capacidades, aptitudes y

habilidades para el desempeño de las más altas responsabilidades políticas y administrativas.

El papel de las instituciones a cargo de los procesos electorales en relación con el fortalecimiento de la

democracia se ha restringido a la entrega del documento que acredita la mayoría de edad y la

posibilidad de votar, así como a la organización de los procesos electorales correspondientes. La

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Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en

México se agotó en el diagnóstico y las acciones que pudieran desprenderse de ella no han tenido un

impacto perceptible.

A manera de síntesis, podría plantearse que las causas estructurales de la desconfianza de la ciudadanía

en el Estado en regímenes democráticos son la debilidad y deficiencia en el diseño de sus instituciones;

el desequilibrio de poderes que anula la existencia de contrapesos y pervierte el funcionamiento de las

instituciones y, finalmente, la existencia de una ciudadanía de baja calidad, integrada por individuos

votantes más que por ciudadanos informados, responsables y participativos.

Conclusiones y propuestas para mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado

Conclusiones

Del análisis de la información presentada y de la reflexión de los conceptos y relaciones existentes en

el objeto de estudio, se desprenden las siguientes conclusiones:

Más que pensar en confianza o desconfianza en términos absolutos o mutuamente excluyentes, es

necesario pensar en un tipo de confianza adecuado al entorno en que nos encontramos, que permita

establecer relaciones constructivas de manera ágil y funcional, sin caer en excesos que conduzcan o

motiven la desviación en el desempeño de los gobiernos.

Si bien la confianza es una condición deseable, tanto como cualidad de los ciudadanos, como en su

consideración de ambiente favorable para el desarrollo de relaciones sociales, políticas y económicas,

es importante tener en cuenta que su consecución pasa necesariamente por hacer confiable al Estado y a

la Ciudadanía.

La confiabilidad del Estado se logra cuando éste cumple con los fines que motivan su creación:

Garantizar la seguridad de las personas y sus bienes; Generar las condiciones para el desarrollo

económico y una convivencia social armónica y, Establecer un marco institucional (derechos y

obligaciones claramente establecidos e instrumentos que garanticen su cumplimiento) que permita, en

igualdad de circunstancias, que sus integrantes puedan aspirar a mejores estadios de bienestar.

Ejercer los poderes públicos de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente.

Por su parte, la ciudadanía es confiable cuando sus integrantes son ciudadanos en la plena acepción de

la palabra, lo cual implica, además de cumplir los escasos requisitos legales establecidos para ello:

a) Conocer sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del Estado;

b) Tener interés en los asuntos públicos y estar suficientemente informados acerca de ellos.

c) Participar activamente en los procesos de consulta pública, toma de decisiones y realización de

acciones que los gobiernos promuevan, así como dar seguimiento y evaluar objetivamente su

desempeño y resultados.

De análisis de las estadísticas de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México se

desprende el siguiente diagnóstico:

a) Hay bajos niveles de confianza interpersonal, lo que habla de una sociedad dividida, cuyos

integrantes se perciben se perciben como competidores. Una hipótesis plausible sobre el tema se

desprende de los altos grados de desigualdad que existen en el país.

b) Los actores políticos y sociales en general registran bajos niveles de confianza, la familia es

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probablemente la excepción, sin embargo, aquellos que son percibidos directamente como instancias de

poder público, relacionados con la administración de justicia, la seguridad pública y el gobierno, son

los que menos niveles de confianza detentan.

c) La falta de confianza en el gobierno es absoluta para casi la mitad de la población encuestada. Los

niveles subsecuentes son también muestra clara de que la percepción de que el gobierno sea una

instancia confiable son muy bajas. El impacto social de esta situación puede reflejarse en la búsqueda

de mecanismos alternativos de solución a las demandas sociales, cuyas manifestaciones pueden

apreciarse en una serie de problemas sociales en materia de seguridad pública, economía informal, robo

de combustible, cierre de empresas y pequeños negocios, entre muchos otros, de las cuales los medios

de comunicación tradicionales y las redes sociales generan cotidianamente un sinfín de noticias.

d) Las cifras presentadas indican que la población encuestada percibe como causas mayores de la

desconfianza el deficiente desempeño de las funciones de los representantes del gobierno y, en segundo

lugar, pero con un porcentaje también relevante, la falta del cumplimiento de las expectativas creadas

por los políticos.

e) El porcentaje de personas que no confían para nada en el gobierno es sumamente alto. Refleja una

proporción de personas que, potencialmente, busca alternativas que sería pertinente documentar, para

atender sus necesidades.

f) El Estado es considerado como capaz de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes; que

existen condiciones que permiten el desarrollo económico y la convivencia armónica, aunque éstas

están decreciendo de manera importante en relación con las mediciones de 12011 y 2003; que el marco

jurídico vigente ya no es adecuado a las condiciones del país y que el desempeño del gobierno no

satisface las necesidades ni expectativas de la ciudadanía.

g) La confiabilidad de la ciudadanía, según su propia percepción es relativamente aceptable en cuanto a

su posicionamiento frente a indicadores de legalidad, es decir, de la capacidad que puede tener para

corresponder a las expectativas que hipotéticamente podrían tener los representantes del Estado en ella,

sin embargo, su tolerancia a la corrupción es alta, indicando la predisposición a cometer o aceptar

prácticas de ese tipo.

h) En relación con la calidad de la ciudadanía, distinguiendo entre quienes conocen y ejercen sus

derechos y obligaciones cívicas, se interesan en los asuntos de orden público y conocen el

funcionamiento del Estado, y quienes sólo ejercen el derecho de emitir su voto, puede observarse en los

indicadores anteriores que en ningún caso se observan condiciones satisfactorias que nos permitan

considerar una ciudadanía de calidad, es decir, una ciudadanía de Facto, y no solo de Jure.

i) A pesar del desencanto que hay con los resultados generados por los gobiernos en un régimen

democrático, la democracia sigue siendo el sistema político más valorado por la ciudadanía. En

segundo lugar, se desprende de las respuestas a la segunda pregunta que el rendimiento de cuentas, la

aplicación efectiva de la ley y un desempeño adecuado del gobierno son necesarios para fortalecer la

democracia.

A manera de síntesis, podría plantearse que las causas estructurales de la desconfianza de la ciudadanía

en el Estado en regímenes democráticos son la debilidad y deficiencia en el diseño de sus instituciones;

el desequilibrio de poderes que anula la existencia de contrapesos y pervierte el funcionamiento de las

instituciones y, finalmente, la existencia de una ciudadanía de baja calidad, integrada por individuos

votantes más que por ciudadanos informados, responsables y participativos.

Propuestas

Las propuestas que se desprenden del análisis y las reflexiones realizadas se plantean a partir de las

causas estructurales de la desconfianza de la ciudadanía en el Estado ya identificadas. En este sentido

los planteamientos propositivos son los siguientes:

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Es menester la revisión de la legislación electoral de modo que, para evitar las asimetrías en las

condiciones de competitividad electoral se valoren los siguientes puntos:

En relación con el fortalecimiento del sistema electoral:

Restringir la participación inmediata en cualquier proceso electoral, por parte de quienes ocupen un

cargo de elección popular, y no hayan concluido su periodo, hasta en un plazo similar a la duración de

su actual encargo.

Valorar la posibilidad de que quienes desempeñen algún cargo administrativo, tengan la obligación de

separarse del mismo con un año de antelación al inicio del proceso electoral en el cual pretenda

participar.

Valorar la posibilidad de eliminar la reelección inmediata en los gobiernos municipales y ampliar el

periodo de gobierno a cinco años.

Valorar la posibilidad de ajustar los criterios para la creación y permanencia de partidos políticos,

adecuándolas a su representatividad real y reglamentando con mayor detalle la formación de alianzas y

coaliciones.

En relación con la restitución del equilibrio entre los Poderes del Estado:

Valorar la posibilidad de establecer criterios que garanticen la independencia de cada poder, mediante

la revisión exhaustiva de los calendarios electorales y las condiciones de participación de los partidos

políticos de acuerdo con su relación con el ejecutivo.

Establecer sistemas autónomos de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real, que permitan la

fiscalización ciudadana oportuna y constante, como referencia y apoyo comparativo para los órganos

de fiscalización institucionales.

Valora la posibilidad de establecer una instancia ciudadana que elabores y establezca los planes y

programas de desarrollo para el largo plazo, instituyéndolos de forma tal que se conviertan en la

directriz obligada del desempeño gubernamental, para evitar ocurrencias, improvisaciones y programas

emblemáticos de los gobiernos en turno, que soslayen los avances logrados y distraigan los recursos

públicos en prioridades coyunturales.

Establecer programas de denuncia ciudadana y administrativa de atención inmediata, garantizando la

protección del denunciante y, en el caso de procesos resarcitorios, que devuelvan al erario público los

recursos sustraídos, una recompensa proporcional.

Establecer la selección y reclutamiento de servidores públicos bajo criterios y procedimientos

escrupulosamente transparentes y efectivos, eliminando las excepciones que desvirtúan su aplicación.

Someter a concurso nacional público, ejecutado por instancias independientes, la selección de los

titulares y funcionarios de los organismos autónomos del estado.

Eliminar las reservas y excepciones de los rubros de información clasificada, con fines de fiscalización

inmediata, con la excepción de aquellos que verdaderamente incidan en la seguridad nacional.

En relación con la formación de una ciudadanía de calidad:

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Valorar la posibilidad de vincular la formación ciudadana con los programas de estudio de nivel medio

superior, de modo que la instrucción cívica correspondiente se garantice y sea rigurosamente evaluada

por las instancias académicas y ciudadanas pertinentes.

Instituir un programa de Formación Ciudadana obligatorio para quienes, si son ajenos al sistema

educativo de nivel medio superior, tengan la oportunidad de recibir y, en su momento, acreditar la

calidad de ciudadano ante las instancias correspondientes.

Considerar el historial de participación ciudadana efectiva como un elemento a valorar en los procesos

de selección y reclutamiento de servidores públicos.

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Cuadros

Cuadro 1

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Cuadro 2

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Cuadro 3

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Cuadro 4

Resumen

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En este ensayo se aborda como tema central la necesidad urgente de mejorar los niveles de confianza

de la ciudadanía en el Estado, sin embargo, no se plantea como objetivo obtener una confianza

incondicional e irreflexiva en el gobierno y en los gobernantes, sino una confianza de calidad,

sustentada en hechos y evidencias tangibles o verificables de la confiabilidad del Estado y de la

ciudadanía.

La premisa fundamental estriba en considerar que, para que la confianza de la ciudadanía en el Estado

mejore, es condición previa e insoslayable hacer confiable al Estado y, de manera igualmente necesaria

e importante, hacer confiable también a la ciudadanía pues la confianza es, en esencia, reciprocidad

garantizada.

El ensayo se estructura en tres grandes apartados: en el primero se plantean las definiciones y

reflexiones pertinentes sobre la ciudadanía, el Estado y la confianza, incluyendo también categorías

como la desconfianza, la confiabilidad y la necesidad de una reciprocidad garantizad. Se concluye cada

apartado con la descripción de la situación que prevalece en nuestro país. El segundo apartado presenta

las causas estructurales de la desconfianza de la ciudadanía en el Estado en regímenes democráticos y

en el tercero se plantean las conclusiones y propuestas correspondientes.