Universidad “Fermín Toro”

Vicerrectorado Académico

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Escuela de Derecho

Derecho Administrativo

Alumno:

Carlos Limardo

C.I.V-3.859.758

Sección: SAIA B

Barquisimeto, Mayo 2014

Introducción

Los autores precisan en el tiempo-épocas-décadas, las particularidades más

resaltantes que han identificado a los servicios públicos en Venezuela, los

cambios producidos en la definición de la prestación, las nuevas características

que desplazan anteriores determinaciones - definiciones y la manera como se

ha incrementado con el andar de los años.

Como sabemos los retos cotidianos a que nos enfrentan las condiciones de

crisis y subdesarrollo que proliferan en el quehacer habitual, el respeto por los

derechos humanos constituye la base mínima y necesaria para nuestra

sobrevivencia y expandir aquella instancia mínima hacia una dimensión más

amplia como marco referencial imprescindible para el logro de una vida digna,

parece más urgente que nunca, ya que no basta estar libre del peligro de

amenazas físicas directas, tener aseguradas las libertades cívicas formales o

simplemente las condiciones de supervivencia precaria ,de ahí el contorno

depende de una gama de valores, principios y procesos sociales, políticos y

culturales.

Estos límites a veces borrosos pueden ser definidos y ampliados por el

compromiso, la investigación y las conquistas democráticas de manera que

cada vez más ciudadanos y comunidades se encuentren efectivamente

protegidos por la sociedad y el Estado.

La lucha por la vida digna invita a desarrollar por medio de reflexiones, análisis,

experiencias de casos o estudios generales, una temática que debe ser, a la

vez, ejercicio de memoria histórica y de creatividad política hacia el futuro. La

esfera de los derechos humanos incluye diversas áreas de preocupaciones.

¿Cree usted que las empresas de servicios públicos en

Venezuela cumplen con dichos principios?

Principios los Servicios Públicos de la Continuidad, Regularidad, Generalidad,

Igualdad, Mutabilidad. Fundamento Constitucional

La importancia de esta actividad que desarrolló el Estado es tal ,que hubo

quienes propugnaron el reconocimiento de una nueva categoría que se

añadiría a la dinámica clásica (policía, fomento y servicio público) bajo el

nombre de gestión económica, marcada Importancia ,que la actividad de las

entidades estatales se ubique en alguna de las tres clásicas funciones del

Estado.

La actuación de entidades de propiedad del Estado o poseídas por él bajo

formas jurídicas privadas o públicas , no obstante las derogaciones o

excepciones al régimen ordinario que puedan estatuirse por normas públicas o

privadas, no conduce necesariamente a que la actuación de estas entidades

privadas se rija, en lo atinente al régimen de los actos que ellas celebran, por el

Derecho Administrativo, sin perjuicio de su aplicación extensiva por imperio de

la ley o del respectivo régimen jurídico.

Cuando tratamos de explicar, un concepto adecuado, preciso del significado

«servicio público». En efecto, se enuncian controversias sobre la verdadera

significación exacta, la cual estaría enmarcada en su propio origen.

Interpretaciones con muchas lagunas léxicas, en cuanto a la noción de servicio

público son hoy inaceptables. Ante todo, debemos distinguir de los servicios

públicos, las funciones jurídicas del Estado. Son éstas: la función legislativa,

que consiste en la elaboración de las reglas de derecho, generales e

impersonales; la función administrativa, que comprende la realización de actos

jurídicos, los unos de efectos individuales y los otros de efectos generales, y la

ejecución de operaciones materiales, todo ello con el objeto de dar

cumplimiento a las leyes, y de proveer a los requerimientos de la utilidad

general; y, en fin, la función jurisdiccional, que tiene por misión aplicar el

derecho en las situaciones controvertidas. El ejercicio de la función

administrativa impone a las autoridades respectivas, el deber de cumplir

conforme a las normas legislativas, un cúmulo de tareas o cometidos, esto es,

de objetivos o fines concretos, y entre éstos, los principales son los servicios

públicos.

Con relación a la pregunta debo ser analítico al vaciar aquí mi ponencia y

trato de fijar la explicación , con críticas interesadas a nivel de opinión pública,

que quizás no se adapten a la realidad sobre los servicios públicos en nuestro

país, los cuales se rigen por medio de los principios que rigen a la

administración pública, muchas veces con la impetuosidad del tiempo ,no, nos

detenemos ,a reconocer el valor que se desprenden de cada uno, por ejemplo

cuando el principio de obligatoriedad el cual ,una vez instalado una vez erigido,

creado e instituido el servicio público es una obligación, un deber de las

autoridades administrativa que funcione su gestión es exclusiva; de lo contrario

se va por vía de acción inmediata de los órganos del Estado, Explicación como

el caso de los Hospitales que están a la orden del día ,en lo que llamamos

concepción de la salud, lo observamos en oscilaciones entre una posición que

la visualiza como un problema frente a otra que la percibe como un recurso.

La concepción de la salud como un problema tiene relación con el gran déficit

resultante de los faltantes en servicios, cobertura y calidad que no fueron

resueltos en las décadas previas a estos años. Estos han sido agravados por

los crecientes déficits de inversión social que experimenta la región a partir de

finales de la última década y agudizado en el marco de una apertura que da

prelación a la inversión económica. Sin embargo, en el modelo de la apertura

que enfrentan la mayoría de servicios , la salud se convierte en un recurso

como factor de capital humano, que define a las personas como actores de la

producción y no como individuos integrales que tienen una razón de ser más

allá de ser trabajadores del mercado laboral. No puede desconocerse, sin

embargo, que si bien la apertura impone restricciones en la inversión social al

definir la salud como un requisito para el crecimiento humano, ésta se visualiza

de manera creciente como una inversión (que debe ser rentable) y no como un

gasto, por lo cual la investigación social en salud puede recibir un aliento

importante en su posibilidad de tener acceso a diferentes recursos.

Siguiendo a los otros principios Mutabilidad, Continuidad e Igualdad, en este

cumplimientos de de nociones, registramos que el régimen aplicable al servicio

son adaptables a las exigencias servicio público principio cambiantes de dicho

interés, porque el interés general es variante, con Continuidad que no son

interrumpidos, de manera que el colectivo pueda disfrutar de los servicios

públicos.

Y por supuesto la atención con igualdad: Todos los venezolanos tienen la

posibilidad de acceder a los servicios públicos sin distingo alguno.

Si se cumple estos principios en estado de la salud, a su significado como

factor componente del capital humano y a su acepción como gasto o como

inversión, dentro de ese espacio bastante complejo y muy heterogéneo, dada

las diferentes concepciones ideológicas, sociales y económicas de la salud

según el sector de población a que se haga referencia.

Y como se refleja mi posición al emitir estos conceptos de la aplicación de

estos principios sobre la protección que se le brinda la población femenina,

esta recibe fundamentalmente atención en salud en relación con su rol

materno, pero se descuida una visión integral para la mujer más allá de la sala

de parto, lo que la coloca en una posición secundaria, no sólo en los programas

de atención sino también en los de la investigación. Hasta muy recientemente

la investigación en salud ha hecho énfasis en la salud masculina,

desconociendo la problemática femenina. Además, muchos de los resultados

que se generalizan como válidos para todos tienen implicaciones negativas

últimas para las mujeres, porque se ha desconocido la inferencia en el

funcionamiento fisiológico femenino. Por los marcos conceptuales utilizados, la

subordinación de género no se presenta sólo en los servicios sino que se

extiende a los laboratorios y a la investigación biomédica, por lo cual es urgente

que las ciencias sociales superen este sesgo.

En otros servicio prestados a través del estado, con relación a la pregunta me

voy más allá de una simple respuesta, en cuanto al cumplimientos o

establecimientos de de los principios que rigen a los servicios público como

son Obligatoriedad, Mutabilidad, Continuidad e Igualdad; con la referencia del

fundamento Constitucional por disposiciones de la nuestra carta magna o por

previsiones de ley. Crear un servicio público significa que el Estado ha decidido

suministrar prestaciones directa o indirectamente a la colectividad, bien sea

que el Estado asuma la administración, la gerencia o el manejo de una

actividad para satisfacer de manera regular y continua cierta categoría de

necesidades de interés colectivo teniendo la iniciativa y el control sobre esta

prestación a cargo de las particulares, de aquí se desprende , que Si el Estado

ha de mantener el orden del derecho, tiene que atender primero á su propia

existencia, y para ello ha de crear una fuerza terrestre y marítima que la

preserve de los ataques de los demás Estados; y para el régimen interior

necesita también crear un cuerpo de policía que haga posible el mantenimiento

del orden. Ya esas dos necesidades hacen indispensable que surjan

obligaciones entre el Estado y los ciudadanos, para la creación y sostenimiento

de esos medios de defensa; y bien se vé que esas obligaciones no son de la

misma naturaleza de aquellas que ligan á los ciudadanos entre sí que son

objeto del Derecho Civil.

Esa acción del poder social para procurarse los medios de llenar su misión

primordial, que es mantener en la sociedad el orden del derecho, puede

considerarse como la manifestación esencial del poder administrativo, porque

ella emana inmediatamente de la naturaleza del Estado y éste no puede dejar

de ejercerla para llenar los fines de su existencia.

Pero hay muchos otros objetos de la actividad del Estado, que bien podrían

serlo de la actividad individual, pero que, bien por su importancia y

trascendencia, bien por razón de que ello provocaría, en detrimento del

bienestar y de los intereses de la comunidad, algunos choques entre intereses

privados, se ha encargado al Estado de dirigir estos servicios y de hacer

efectivas las obligaciones que de ellos tienen que nacer entre los individuos y la

sociedad.

Entre estos servicios conservación y vigilancia de las vías de comunicación, las

comunicaciones postales y telegráficas, la salubridad pública, la instrucción

pública, etc., de los cuales nacen ciertas relaciones entre el Estado y los

ciudadanos que es necesario no confundir con las que la naturaleza establece

entre estos y que garantiza el Derecho Civil y están bajo la salvaguardia del

poder judicial, ni con otras que nacen de la naturaleza y fines del Estado.

Entre el Estado y-los ciudadanos existen diversas relaciones, que vienen á

constituir otros tantos ramos de la ciencia del Derecho. El Estado considerado

como persona jurídica puede hallarse ligado con los ciudadanos por vínculos

civiles. Si un ciudadano contrata con el Estado la ejecución de una obra, bajo

ciertas condiciones, claro es que de ese contrato de arrendamiento de obras

nacen relaciones puramente civiles como si hubiese sido celebrado entre dos

ciudadanos; de suerte que así el Gobierno, representante del Estado, como el

ciudadano contratista deberían ocurrir á los funcionarios judiciales competentes

cuando quisiese hacer efectivo el cumplimiento de las condiciones de ese

contrato. Pero no siempre obra el Estado al realizar su misión, como persona

jurídica, sino que lo hace como representante de la comunidad pura servir y

promover los intereses de ésta. Así reprime los delitos, y he aquí la rama del

derecho público que se denomina derecho penal.

Para finalizar esta tarea hago énfasis , al afirmar de acuerdo a mi criterios que

las empresas de servicios públicos en Venezuela ,si cumplen con los principio

Del cumplimiento de esa función primordial del Estado se desprende la

necesidad de atender por parte de éste á la satisfacción de ciertas necesidades

del individuo mismo, a que difícilmente podría atender el interés privado, ya

porque los elementos que para ello serían necesarios no están al alcance de

las individualidades, ya porque la concurrencia de esas necesidades

engendraría choque entre intereses particulares que harían imposible la

satisfacción de aquellas.

De aquí la necesidad de establecer reglas á que deban someterse los

ciudadanos en sus relaciones con el Poder Público, cada vez que hayan de

reclamar la satisfacción de esas prácticas que se han considerado necesarias

para el desenvolvimiento racional del hombre y de la sociedad.

Con ejemplos explique la actividad de fomento que realizan los Poderes

Públicos en Venezuela.

Sin necesidad de recorrer el camino trillado del análisis de las diferentes

nociones doctrinarias que muchos autores transitan, es evidente que el

concepto de fomento reposa sobre la idea de la conveniencia de que el Estado

proteja o promueva determinadas actividades que realizan las personas físicas

o jurídicas con la finalidad mediata de procurar que, mediante la concreción de

dichas actividades, resulte un beneficio a la comunidad.

Difiere el fomento del servicio público en la naturaleza y en los fines y,

consecuentemente, en el régimen jurídico que acompaña a la realidad que

transmite este cometido estatal. En efecto, mientras el servicio público se

concibe objetivamente con una actividad prestación al interferente, donde surge

la necesidad, continuidad, etc., de la prestación, el fomento aparece como una

ayuda, un estímulo, tendiente a que los particulares puedan realizar sus

propias finalidades comerciales o industriales.

La utilización de la técnica de fomento, enunciada como tal implica la aplicación

adecuada del principio de la subsidiariedad, en cuanto el Estado, frente a una

situación de intervencionismo a los llamados "contratos económicos",

equivalente a nuestros contratos de promoción industrial., a veces al presentar

insuficiencia de la iniciativa particular o cuerpos intermedios, estimula la

realización de las actividades faltantes, en lugar de realizarlas por su propia

cuenta.

Diseñadas las líneas que distinguen las diferentes modalidades de las técnicas

de fomento y su diferenciación con las actividades delimitación y de prestación,

sus aplicaciones, en un orden jurídico determinado, muestran un fenómeno de

coexistencia e intercambiabilidad de las distintas técnicas que pueden aparecer

en forma promiscua, en la acción administrativa concreta del Estado.

EL ESTIMULO DEL MUNICIPIO--Ejemplo Valencia Zona industrial El proceso

de crecimiento y desarrollo industrial de Valencia, en su etapa moderna, pero

es preciso conocer a fondo todo lo que ocurrió antes, para saber exactamente

de qué manera se cumple el proceso transformador.

Es en la primera década del siglo cuando se inicia en firme lo que se podría

llamar la era industrial de Valencia, que bien puede ser, y esto no se discute, la

de la propia Venezuela.

El camino hacia el desarrollo industrial que Valencia presenta hoy fue una

realidad nacional, a pesar de que existieron muchas dificultades; no obstante

esos obstáculos fueron los que nos hicieron más fuertes y decididos para

convertirla ante el país en lo que es hoy, "la ciudad industrial de Venezuela".

Si bien es cierto cuando se complementan los estudios y se decide la creación

de la Zona Industrial Municipal por el Concejo Municipal surgido en esa

oportunidad y se inicia así un desarrollo técnico, organizado y continuado,

estamos conscientes de que por la acción municipal de los ayuntamientos de

años anteriores, Valencia pudo orientarse hasta concluir aquella importante

fase del desarrollo industrial. Aun cuando Valencia también ha tenido la visión

clara de su futuro compartido por toda la colectividad, sin distingos de ninguna

naturaleza, fueron las cámaras edilicias anteriores a 1959 las que diseñaron el

camino a seguir. Es así como Valencia fue la primera ciudad del país que a

través de los Concejos Municipales creó las siguientes instituciones. Primera

Comisión de Urbanismo Municipal de Venezuela. Esta Comisión de Urbanismo

procedió a establecer dentro del plano regulador de la ciudad la Zona Industrial

de Valencia, a solicitud y por insistencia del presidente del Concejo Municipal.

Esa comisión propuso, y el cuerpo edilicio aceptó, reservarse los ejidos de la

zona sur para comenzar el desarrollo de la zona industrial. También este

Concejo fue el primero en legislar, racionalmente, sobre incentivos y facilidades

para mejor establecimiento de las industrias a instalarse tanto nacionales como

internacionales. Decretaron la exoneración de impuestos para las industrias

que se instalaran en Valencia, además de realizar una política positiva en el

campo de las relaciones tendentes a atraer inversiones a la ciudad. Por otra

parte el concejo, dictó una resolución mediante la cual se ofrecían terrenos y

exoneraciones de la Patente de Industria y Comercio, por varios años, a las

industrias que se establecieran en la ciudad. Fue la primera acción de este tipo

que se produjo en el país. Se publicó la Ordenanza Municipal Reguladora de

Ventas de Terrenos en la Zona Industrial, sobre una extensión de ocho

millones de metros cuadrados, en la que se establecían las condiciones de

venta y exoneraciones de pago de patente por dos años, que luego se aumentó

a cinco.

No sólo se ofrecía tierra barata, sino también servicios públicos y organización

adecuada, con métodos modernos que garantizaban la mejor utilización de los

capitales a invertir. Se le dijo a Valencia que inicialmente se prefería instalar

aquí industrias para que sus habitantes encontraran trabajo permanente. Se les

dijo que era preferible obtener primero un trabajo que una avenida, porque se

podían tener vías públicas y desempleo al mismo tiempo. La Zona Industrial de

Valencia fue iniciada sin el permiso del Ministerio de Obras Públicas. Se ubicó

al sureste de la ciudad y comprendió dos mil hectáreas totalmente planas, de

las cuales 800 eran propiedad municipal. El año de 1958 significó para

Venezuela el arranque del desarrollo industrial contando con las políticas

gubernamentales de asistencia financiera, protección arancelaria y programas

de promoción, pero es importante destacar lo ocurrido en el seno de aquel

Concejo Municipal que nació con el primer proceso electoral de la recuperada

democracia nacional. y se constituyó la Fundación para el Mejoramiento

Industrial y Sanitario de Valencia, que presidí y desde donde se desarrolló la

política de incentivos y ventas de las parcelas de la zona industrial.

La Ford Company por la suma de 840 mil bolívares, cancelando la compra de

42 hectáreas que compró en la zona industrial de Valencia y que adquirió a

razón de dos bolívares el metro cuadrado. Esa decisión de Ford definió el

futuro de la zona industrial, pues significó una demostración de confianza en un

ayuntamiento quebrado, que no tenía dinero ni siquiera para pagarles a sus

trabajadores, pero sí la fe de los 7 concejales a quienes no animaba otro

interés distinto al gran destino de la ciudad.

Al conocerse que Ford venía para Valencia, comenzó la lluvia de interesados

en comprar en la zona. Por ello se bautizó la avenida principal de la zona con el

nombre de Henry Ford. En aquel entonces los sectores comunistas se

opusieron, pero más tarde rectificaron y entendieron la justicia de la medida.

POLÍTICAS DE FOMENTO CULTURAL Ejemplo Ministerio del Poder

Popular para la Cultura.

El Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) acuerda subvenciones para

contribuir al sostenimiento de numerosas asociaciones culturales y artísticas

establecidas, tanto en la capital de la República, como en otros lugares del

país. Por otra parte, el otorgamiento de los premios nacionales de Literatura,

Música y Pintura, constituyen una manifestación de la actividad administrativa

de fomento de la cultura nacional. Gaceta Oficial 38.928, Decreto Nº 6.042 con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación., a través de una

disposición presidencial, en el marco de las atribuciones del primer mandatario

con respecto a la Ley Habilitante. “Con esto está culminando prácticamente el

proceso de refundación institucional, que comenzó con mucha fuerza en el año

2003”, , este organismo ha venido atravesando un proceso de transformación

de sus objetivos para adecuarse a las nuevas directrices que se desprenden,

tanto de la Carta Magna aprobada en 1999 como de la visión estratégica del

Gobierno actual, del Ministerio de la Cultura señala que esta última plataforma

se debe encargar del desarrollo regional, del apoyo docente, de las relaciones

internacionales y del soporte comunicacional, hay una frase que se viene

usando para señalar la que va a ser la principal labor del Conac: la

municipalización de la cultura” y desarrollar para el Fomento de la Economía

Cultural del MPPC. “Decreto con rango de ley.

Las actividades de fomento de la educación y de la cultura se realizan por

medio del Ministerio para la Educación, el Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Tecnológicas (Conicit ): El CONICIT desde el principio, asumió

como funciones principales la promoción de la actividad científica y la

formación de recursos humanos para su desarrollo, perfil que ha mantenido

invariablemente a lo largo de su historia, a pesar de diversos intentos por

desarrollar políticas que ampliaran el impacto económico y social de esta

actividad. En la evolución de este organismo han habido diversos intentos de

incorporar la promoción a la actividad tecnológica. Sin embargo, ha carecido de

un instrumental metodológico adecuado para su formulación.

Esta tendencia se evidencia al revisar la evolución de los montos destinados a

proyectos de investigación científica ,frente al financiamiento de proyectos de

desarrollo tecnológico desde 1990 a 1997 .Sin embargo, a partir de 1997 se ha

incrementado la base de recursos para la actividad tecnológica, posiblemente

por la instrumentación de la política de agendas industriales, fundamentada en

la incorporación de nuevos actores dentro del proceso de formulación de

proyectos que permite, eventualmente, nuevos agentes de financiamiento.

Otro ejemplo de la actividad de fomento que realizan los Poderes

Públicos en Venezuela. El turismo.

La doctrina se ha ocupado de clasificar los medios a que acude el Estado para

estimular la realización de actividades privadas por razones inherentes al

interés público. Se trata de actos propios de la justicia distributiva ya que la

concreta en la adjudicación o distribución de ventajas de índole honorífica o

económica que pertenecen a los llamados bienes comunes ; Aquí anoto un

ejemplo de la Industria del turismo .Realmente como caso ejemplificado

tenemos , a la actividad turística en el país ,la cual no había ha tenido la

trascendencia necesaria para convertirse en un factor de desarrollo económico

y social debido a que no se le consideró como una de las principales

actividades económicas generadoras de divisas, lo que la actividad de fomento

del Estado le permitió crear una plataforma de desarrollo para que pueda

convertirse en una de las primeras fuentes generadoras de empleo y, en

consecuencia, de armonía social; además de coadyuvar al conocimiento y a la

difusión de valores culturales, que debido a diversos factores no están al

alcance del venezolano; así establecer la oportunidad de conocer al país en

forma integral, dado que la demanda turística se está organizado de manera

tal que la mayor parte de la población pueda acceder al conocimiento de

Venezuela ocupando así, de forma positiva, sus vacaciones.

Incentivos a través de Técnicas Jurídicas: Concesión de dispensas frente a

leyes y reglamentos prohibitivos. Concepto: Acción desarrollada por la

administración encaminada a estimular, ayudar y fomento proteger las

empresas y particulares cuyas tareas sean favorables al interés general dentro

de esas figuras aparece la actividad turística como factor de desarrollo

económico y social del país, mediante el establecimiento de normas que

garanticen la orientación, facilitación, el fomento, la coordinación y el control de

la actividad turística como factor de desarrollo económico y social del país,

estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores

público y privado en esta actividad. Así mismo, regular la organización y

funcionamiento del Sistema Turístico Nacional.

Asimismo establece que quedan sometidas las actividades de los sectores

públicos y privados que tengan explotación económica de cualquier índole en

aquellos lugares que por su belleza escénica, valor turístico o cultural tengan

significación turística y recreativa. El territorio de la Republica se considera

como una unidad turística.

Englobando a todos los divisiones a nivel nacional (Sector público (Ministerio

de Turismo, entes autónomos o descentralizados de carácter nacional, los

entes de los estados o municipios). Sector mixto (Instituto Autónomo Fondo

Nacional de Promoción y Capacitación para la Participación Turística y los

Fondos Mixtos Estadales de Promoción y Capacitación para la Participación

Turística y Sector privado (Consejo Superior de Turismo, los prestadores de

servicios turísticos y sus asociaciones). (Gaceta Oficial Nº 6.079 del 15 de junio

de 2012(Decreto Nº 9.044)

Presidente de la República en ejercicio de la atribución que le confiere el

numeral 8 el artículo 236, de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela y de conformidad con lo establecido en los numerales 5, literal a) y

en el 9 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para

dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se

Delegan, en Consejo de Ministros.

Reconocimientos de determinadas actividades (Técnicas Honoríficas) de los

particulares, mediante premios (literarios y científicos) condecoraciones civiles

y militares, reconocimientos académicos (laudes, premios especiales de

graduación).

Por ejemplo, en nuestro país la Orden del Libertador ocupa el puesto de mayor

importancia en el orden de precedencia, le siguen la Francisco de Miranda,

Andrés Bello etc., que son condecoraciones nacionales otorgadas por el

Presidente o por la Asamblea Nacional.

Luego le seguirían las ministeriales (por ejemplo Orden Juan Pablo Pérez

Alfonso del Ministerio de Energía) luego las Estatales (Orden Diego de Losada

de la Gobernación del Distrito Federal) seguidamente las municipales

(Condecoración Arturo Michelena de la Alcaldía de Valencia) y por último las

institucionales (Orden Honor al Mérito Augusto Pinaud de la Cruz Roja

venezolana)

La precedencia horizontal está dada por el grado de la condecoración, una 1°

Clase como es de suponer precederá a la 5° Clase, si estamos hablando de la

misma condecoración, pero por ejemplo si la 5° Clase es la Orden del

Libertador, esta precederá a la primera clase de la Orden Francisco de

Miranda, otra característica de la precedencia horizontal es que sirve de

herramienta para diferenciar condecoraciones que este ubicadas en un mismo

nivel, por ejemplo si un ciudadano posee la Orden Congreso de Angostura de

la Gobernación de Bolívar y la Orden Luis Beltrán Prieto Figueroa de la

Gobernación de Aragua, la precedencia entre ambas la dará su fecha de

creación, ya que están situadas al mismo nivel (Gobernaciones) en este caso la

de Aragua fue creada el 06/06/2002 y la Bolívar el 10/12/2002, así que de

acuerdo a su antigüedad la de Aragua precederá a la de Bolívar, sin embargo

hay que mencionar que es una práctica común obviar este factor "protocolar" si

el agraciado es natural de alguno de estos estados, otorgándole la precedencia

a la de su región.

COMPAÑÍA ANÖNIMA TELÉFONOS DE VENEZUELA.

Actividad de fomento a los trabajadores de algunas empresas del Estado; Si

bien las medidas de fomento se dictan para beneficio de un sector

determinado, sus efectos se extienden a la sociedad. O sea que el fin de

“interés público” debe satisfacerse en forma directa o indirecta, ya que el

Estado no sólo debe “promover el bienestar general” sino también “proveer lo

conducente a la prosperidad del país” “desarrollo humano mediante el progreso

económico con justicia social” entre esas empresas del las más emblemáticas

como son la Compañía nacional teléfonos de Venezuela, Trabajadoras y

trabajadores de Cantv se organizan para aplicar la ley en el ejercicio de los

derechos consagrados en la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los

Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), a fin de garantizar que se cumplan los

preceptos contemplados en la nueva legislación laboral. Cientos de

trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela

(Cantv) y sus filiales, se organizaron en mesas de trabajo para la difusión y

aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadoras y Trabajadores,

con el fin de velar por el cumplimiento del instrumento legal dentro de la

institución.

Tras el anuncio de la entrada en vigencia de la nueva Lottt, publicado en

Gaceta Oficial Nº 39.916, publicado este martes 8 de mayo de 2012,

autoridades de Cantv, servidoras y servidores públicos de las empresas filiales

realizaron este viernes una videoconferencia para difundir la instalación de las

mesas de trabajo que promoverán el ejercicio de los derechos consagrados en

la nueva legislación laboral promulgada recientemente.

Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, informó “las

trabajadoras y trabajadores de Cantv, que deben organizarse para garantizar

que se cumpla correctamente esta Ley Orgánica, que es justa y construida con

los criterios de justicia social”.

Destacó que desde hace cinco años de la nacionalización de la Estatal

telefónica se ha venido haciendo justicia social desde todos los ámbitos “los

trabajadores en esta nueva Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y

Trabajadores; lo importante son las personas, es una ley colectiva donde hace

mención a la gente, donde el hecho social del trabajo es importantísimo, lo

hace la gente, reivindicando la condición de género, pero también pensando en

todas y todos, esto es lo que estamos celebrando hoy, discutiendo, debatiendo

y construyendo hacía el futuro, una ley que nos involucra a todos por igual, que

atiende y entiende a todas y todos en este maravilloso camino”.

Tomemos el caso de estimulo de los trabajadores CANTV (Desde su

nacionalización, la empresa se ha caracterizado por consolidar su visión

humanista, lo cual ha permitido ofrecer servicios de telefonía básica, fija,

alámbrica e inalámbrica, móvil, Internet y el Plan Internet Equipado (PIE), a las

poblaciones más remotas del país.

Además, ha puesto a disposición de los venezolanos de menores recursos una

tarifa social y ha reinvertido las ganancias, en función de las necesidades de

telecomunicaciones del pueblo y estos dividendos, de acuerdo a información

publicada en el portal electrónico de la empresa, han llegado a la cifra histórica

de 4 mil 161 millones de bolívares en los últimos cuatro años.

Con ello, se ha promovido la instalación de nuevas líneas telefónicas, la

constitución de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, y se ha impulsado

los servicios de Internet y la conexión a través del satélite Simón Bolívar.

De ese modo, mediante la técnica distributiva, se conectan regulaciones

públicas en actividades regidas por el Derecho Privado, dando origen a una

serie de relaciones jurídicas donde el poder público del Estado queda

circunscripto al aspecto administrativo de la relación emergente del fomento

que no puede interferir en el status jurídico del particular ni en sus derechos de

propiedad sobre el bien o la empresa que constituyen el objeto del fomento.

Este límite hace que ciertos poderes que el ordenamiento atribuye a la

Administración en el marco de la contratación pública (ej.: sustitución del

cocontratante) carezcan de sentido y, por tanto, de vigencia, en esta clase de

relaciones donde se actúa a través de una técnica de inducción y el beneficio

para la comunidad se logra en forma indirecta.

Entre los medios que tienden a estimular la actuación de los particulares en un

determinado sentido se encuentran los denominados honoríficos cuyo sentido

acaso más trascendente consiste en generar el perfeccionamiento individual de

quien alcanzó la distinción, el premio, la condecoración o la más alta

calificación en un examen, cuyo fundamento radica en el beneficio social que

ello reporta.

El empleo de estos medios honoríficos ha sido objeto de críticas por parte de

las corrientes que postulan el igualitarismo social que, en forma dogmática,

pretenden borrar las naturales desigualdades que existen entre las personas y

diluir la sociedad en el Estado, pues al desaparecer aquéllos los únicos

desiguales serán los detentadores del poder político de turno. Al sostener esta

tesis no se repara en que el principio de igualdad no se altera cuando se trata

en forma igual a los iguales (por ejemplo, a quienes se encuentran en una

misma condición jurídica) sino cuando el ordenamiento incide igualitariamente

sobre quienes se encuentran entre sí en un plano de desigualdad.

Pero, además, la concepción igualitaria no advierte la trascendencia—ni la

aptitud— que tienen los medios honoríficos para provocar una alta dosis de

ejemplaridad en el seno de la sociedad respecto de las conductas que resultan

premiadas con una distinción de esa naturaleza.

Los particulares a través de sus inversiones su empresas privadas, los medios

de fomento también pueden revestir naturaleza económica ya sea que

consistan en prestaciones in natura o materiales, o en ventajas financieras o

dinerarias. Estos últimos, pueden ser directos como los anticipos o préstamos,

primas, subsidios, subvenciones y reintegros o reembolsos aduaneros, o bien,

indirectos como las exenciones y desgravaciones impositivas o la admisión

temporal de mercaderías exentas de derechos de importación para su

elaboración con destino a la exportación, donde no se opera ningún

desplazamiento patrimonial por parte de la Administración.

Protección a las Empresas: La técnica de estimulación que traduce el fomento

comprende tanto medidas orientadas a proteger determinadas actividades

como a aquellas encaminadas a promoverlas.

De este modo, el fomento de las industrias puede abarcar tanto medidas de

promoción (ej.: beneficios fiscales para la formación del capital social de la

entidad promovida) como aquellas ventajas que encuadran en el concepto de

protección industrial (v.g., fijación de aranceles o derechos de importación

tendientes a proteger la industria instalada o la que se instale en el país).

De ese modo, el concepto de actividad industrial se convierte en el presupuesto

básico objetivo para el acceso a los beneficios de fomento.

En tal sentido, la idea de transformación en su forma o esencia (ya sea física,

química o físico-química) de materias primas o materiales, en nuevos

productos, por medio de un proceso inducido, mediante la aplicación de

técnicas de producción uniformes, configura el eje de lo que se entiende por

actividad industrial.

Uno de los temas, quizá, de mayor trascendencia en los regímenes de fomento

industrial, es el referente a la estructura de la relación jurídica que se crea entre

el Estado y la entidad que recibe los beneficios de fomento industrial.

La cuestión presenta matices peculiares que se reflejan tanto en la posibilidad

de extender o excluir las reglas sobre responsabilidad contractual y

prescripción de las respectivas acciones, como en la aplicabilidad o no de las

normas que rigen la invalidez de las cláusulas accidentales, que, en principio,

no parecerían tener cabida en el ámbito contractual, donde es difícil escindir

una porción del conjunto de cláusulas que ha sido querida y aceptada en su

totalidad.

Conocida también como actividad incentivadora, es la acción administrativa

destinada a estimular la actuación de los agentes económicos privados para

que orienten su actividad al cumplimiento de los fines más oportunos para el

interés público. Esta modalidad de intervención administrativa, que puede

equipararse a un mecenazgo público, intenta influir en la actividad de los

particulares otorgándoles determinados beneficios o ventajas. Así, se habla de

medidas honoríficas para referirse al otorgamiento de condecoraciones, títulos

nobiliarios, etc.; medidas económicas, como las subvenciones, desgravaciones,

etc.; y medidas jurídicas, como las concesiones de derechos a los que

descubren minas o aguas subterráneas.

El Estado debe orientar las actividades económicas con el objeto que estén al

servicio del hombre y satisfagan sus necesidades espirituales y materiales.

Prohibitivos como el trabajo realizado en el Financiamiento Administrativo a

través de la ley que Regula el Subsistema de Vivienda y de Política

Habitacional

Art. 34 y 80 Ejusdem. “Se establece el subsidio familiar de vivienda en dinero

otorgado una sola vez sin la obligación de restitución, siempre y cuando el

beneficiario cumpla con las condiciones que prevé la presente Ley.

Instrumentando planes, en los que promueve la participación de los sectores

económicos y sociales interesados, destinados al desarrollo regional y a la

integración de la economía nacional, provincial o municipal. Es por esa razón

que dicta distintas medidas para estimular la eficiencia, la productividad y el

desarrollo de ciertas actividades que, directa o indirectamente, deben redundar

en beneficio de la comunidad.

La formación del talento humano

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Artículo 42 ejusdem.) Debe

también controlar y, en su caso, encauzar la actividad para la realización del

bien común y crear condiciones favorables supliendo no sólo lo que los

particulares, quienes no pueden no pueden hacer por sí solos, sino también

promoviendo aquellas actividades que por resultar poco lucrativas, no resultan

atractivas para ellos. En otros términos: el Estado debe permitir a los individuo

estimular la formación del talento humano especializado a través del

financiamiento total o parcial de sus estudios e investigaciones y de incentivos,

tales como: premios, becas, subvenciones, o cualquier otro reconocimiento que

sirva para impulsar la producción científica, tecnológica y de innovación,

alcanzando por sí mismos sus objetivos, pero si esos fines también benefician

a la colectividad y los individuos o las corporaciones son impotentes para

alcanzarlos por sí mismos, debe aparecer el Estado para ayudarlos.

Cooperativas

Al referirme a las cooperativas, es imperante mencionar que Venezuela

siendo un estado democrático que establece normas participación y

protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, estimula al mismo a

llevar a cabo actividades en las cuales sea este quien lleva las riendas de las

relaciones sociales y económicas de producción, y a partir de allí es que

mencionamos a las cooperativas como otro de los mecanismos de participación

ciudadana, en el cual al pueblo se le brinda la posibilidad de crear asociaciones

abiertas y flexibles, de hecho y de derecho tal cual como se definen las

asociaciones cooperativas en la Ley.

Una sociedad es mucho más que una suma. Es, antes que nada, ese conjunto

de personas unidas por relaciones. Por relaciones sociales, económicas y

políticas. De modo que el mismo número de personas, incluso, las mismas

exactas personas, unidas por relaciones diferentes, da por resultado

sociedades diferentes de cooperación organizadas en la esfera de una

economía, alternativa, de pueblo y solidaria. LEY ESPECIAL DE

ASOCIACIONES COOPERATIVAS Gaceta Oficial N° 37.285 de fecha 18 de

septiembre de 2001--Decreto N° 1.440.

Consejos Comunales

La presente Ley (Gaceta Oficial No 39.335, 28 de diciembre de 2009) tiene por

objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de

los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio

directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder

Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas

públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario.

Al comenzar un estudio concreto de la base de fundamental de la ley de

consejos comunales o los consejos comunales como organización en sí, su

importancia debe de enfocarse primordialmente en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela como carta magna, comenzando desde el

preámbulo de la constitución, la misma menciona que “el fin supremo de la

misma es crear una sociedad democrática, participativa y protagónica”. De esta

manera se configura el primer basamento constitucional expresado en valores

de la participación ciudadana, a su vez en su art. 184 la misma establece: “La

ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los

Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales

organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su

capacidad para prestarlos” de modo que la carta magna ordena que la Ley cree

mecanismos en el cual participen las comunidades y grupos vecinales para que

estos gestionen servicios como aquellos que se mencionan en los numerales

del mismo art., y en respuesta a lo establecido en la constitución, la Ley

Orgánica de Consejos comunales define a estos como: “instancias de

participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las

diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que

permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión

directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las

necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades” siendo estos

los preceptos que le dan cabida a los consejos comunales como mecanismos

abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y

transfieran el poder y lo dirijan a las comunidades y grupos vecinales.

¿Cree usted que en la publificación de todos los servicios públicos, el

Estado se transformaría en empresario?

Mirando a la situación mundial ,nos tropezamos con una figura llamada

globalización y de los procesos de liberalización de la economía los que

estamos presenciando y nos unimos a quienes se dan a la tarea ,en llamar

nueva economía–, bien puede decirse que uno de los aspectos jurídicos más

sobresalientes es la marcada tendencia a abandonar formalmente la

calificación de servicio público en los principales sectores serviciales,

fundamentalmente en los servicios que se prestan en red (gas y electricidad,

telecomunicaciones). Este abandono de la calificación de servicio público se

enmarca, en efecto, en una amplia reordenación de la economía iniciada en la

última década. Un proceso que, entre otras consecuencias, ha supuesto la

despublificación de las más importantes actividades serviciales reservadas al

sector público, aunque –conviene ya resaltarlo– no haya determinado –todo lo

contrario– un menor intervencionismo público. Se trata, pues, de articular

nuevas formas de intervención, más de ordenación que de gestión pública, lo

que, a su vez, da cuenta del fenómeno añadido de la privatización del sector

público empresarial –un fenómeno calificable como auténtica Justicia

Administrativa.

La publificación ;explicar ,se hace dentro de una conceptualización , a través

en la consideración expresa que hace el ordenamiento jurídico al estado de

una actividad o de la titularidad de ciertos bienes, se da cuando por ejemplo el

Estado asume la propiedad de una empresa privada, bien sea por

expropiación o nacionalización.

La conversión de un problema en social toma la consideración de que a través

de su publificación esse te trate como si de un asunto público hablásemos,

entonces tendrá publicidad e interesará al público o a la sociedad en general, lo

cual puede ser objeto de reclamación de los poderes públicos y los cuerpos

profesionales.

La trascendencia social de prácticamente todas las actividades modernas ha

generado una tendencia hacia la publificación del Derecho.

En realidad no es el objetivo del Estado Venezolano de convertirse en

Empresario, siempre que los integrantes de ese proceso productivo, resuelvan

esa calificación de convertirse en gerentes, con la finalidad de personalizar al

Estado, el cual se ha convertido en un imposible de alimentar. Además de

improductivo y de ser el mayor productor de absentismo laboral, es la cueva

donde pagar favores liberando sindicalistas por decenas de miles, creando

empresas públicas, entes para colocar amigotes y demás artificios inservibles

que atacan todos al unísono al bolsillo del ciudadano. El Estado representa una

carga donde los parásitos pululan a sus anchas. Los funcionarios y los miles de

cargos que en él pacen gozan de unos privilegios que el resto de los

ciudadanos no podemos seguir pagando, pero, además, y esto es lo más

importante, gran parte de los políticos responsables de todo esto han sido unos

pésimos gestores y unos buenísimos delincuentes. No olvidemos que para

saquear, expoliar, desplumar y dejar las arcas vacías sin que haya ni un solo

ministro en la cárcel hay que ser un lince

Pero ¿como lo han hecho? Lo primero que hicieron los gobiernos que llegaban

al poder e, incluso, sin llegar al poder, pues ya se votaba en el parlamento este

tipo de medidas para allanar el camino al robo, fue la desaparición de leyes que

tipificaban como delito la malversación y todo aquello que tuviera que ver con la

corrupción política. Además también votaron a favor de que se modificara el

texto del Código Civil que hacía referencia a la responsabilidad de políticos y

sindicalistas, a los que eximieron de dichas responsabilidades, dejando así el

camino perfecto para el saqueo. Quedaron inmunizados e impunes contra el

delito, eliminaron a los interventores municipales y utilizaron todas las

artimañanas legales y no legales para utilizar el dinero en su beneficio. Daba lo

mismo hacer una urbanización de lujo donde nadie iba a comprar un piso que

donde iba un colegio. Recalificaban hasta los cementerios. Llegaron a hacer

del Estado su cortijo particular y su fuente de financiación, adjudicaban sin

ningún rigor, a cambio del tanto por ciento correspondiente. Sus sueldos no

eran proporcionales a sus cargos y seguían saqueando empresas públicas

creadas ad hoc para ser saqueadas.

Conclusiones

El término servicio público se configura como especialmente polisémico y

problemático en el ámbito de la ciencia jurídica, donde trasciende con mucho la

significación literal de los dos vocablos que lo componen. En el campo del

Derecho Administrativo la expresión ha terminado por adquirir perfiles propios

no exentos de un apasionado debate doctrinal. La noción de servicio público

adquirió importancia para el estado gendarme, que distinguía la actividad de los

particulares, dentro del derecho privado, de aquélla que realizaba o dirigía el

estado, para satisfacer intereses de la colectividad. La actividad privada de los

particulares, cuando excepcionalmente era sustituida por el estado, se

transformaba entonces en un servicio público.

El Estado debe orientar las actividades económicas con el objeto que estén al

servicio del hombre y satisfagan sus necesidades espirituales y materiales.

Para ello, elabora planes, en los que promueve la participación de los sectores

económicos y sociales interesados, destinados al desarrollo regional y a la

integración de la economía nacional, provincial o municipal. Es por esa razón

que dicta distintas medidas para estimular la eficiencia, la productividad y el

desarrollo de ciertas actividades que, directa o indirectamente, deben redundar

en beneficio de la comunidad.

En todos estos supuestos, nos estamos refiriendo a la “promoción”, pero hay

otros en que se los realiza teniendo en cuenta la “protección” cuando se trata

de resguardar una determinada actividad económica o empresa a través de la

adopción de medidas restrictivas o limitativas que afectarían derecho de

terceros. Podemos citar como ejemplo: El Compre Nacional o la prohibición de

importar ciertos bienes que se fabrican en el país, o autorizar la importación

abonando importantes impuestos. Esta última decisión ha sido criticada porque

se protege un producto que por su calidad no puede competir con un

extranjero, distinto es cuando la competencia está en el precio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros:

Autor: José Peña Solís (abogado suma cum laude, doctor en derecho y

profesor titular de la universidad central de Venezuela.

Titulo: manual de derecho administrativo, adaptado a la constitución de 1999

Volumen I Colección de estudios jurídicos

Tribunal supremo de justicia Venezuela 2001

Autor: Eloy lares Martínez

Titulo: manual de derecho administrativo décima segunda edición actualizada a

la constitución de 1999

Brewer, A. Comentarios sobre la noción del servicio público como

Universidad “Fermín Toro”. Material Mimeografiado del Aula Virtual

Derecho Administrativo. Barquisimeto Venezuela