REPUBLICA DE CHILE

CAMARADE DIPUTADOS

LEGISLATURA 325a., EXTRAORDINARIA

Sesión 61 ª, en miércoles 07 de abril de 1993.

(Ordinaria, de 10.30 a 13.21 horas)

Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio, y Hamuy Berr, don Mario.

Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.

Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.

VERSION OFICIAL

5504 CAMARA DE DIPUTADOS

INDICE

1.- ASISTENCIA

TI.- APERTURA DE LA SESION

ITI.- ACTAS

IV.- CUENTA

V.- FACIL DESPACHO

VI.- ORDEN DEL DIA

VII.- INCIDENTES

VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA

IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

SESION 61a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5505

INDICE GENERAL

Pág.

1.- Asistencia ...... ...................... ................. ......................................................... ......... 5508

ll.- Apertura de la sesión ........................................................................................... 5510

Ill.- Actas ........................................................................................................................ 5510

N.- Cuenta ..................................................................................................................... 5510

-0-0-

1.- Prórroga de mandato de Comisión Especial.......................................... 5510 2.- Fusión de iniciativas que modifican Ley Orgánica Constitucional,

sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Oficio ................................. 5511 3.- Acuerdo de los Comités sobre sesión ordinaria .................................... 5511 4.- Remisión de proyecto modificatorio de la ley NQ 18.168 a Comisión

de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ........................ 5511

V.- Fácil Despacho. 5.- Acuerdo sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus pre­

cursores y productos químicos específicos suscrito entre Chile y Jamaica. Primer trámite constitucional.................................................... 5512

VI.- Orden del Día 6.-. Modificación de la ley NQ 18.910, Orgánica del Instituto de Desarro-

llo Agropecuario. Veto ............................................................................... 5514 7.- Normas sobre la conciliación previa en juicios. Primer trámite cons-

titucional. (Continuación) .......................................................................... 5515 8.- Denominación de lugares e instituciones públicas. Primer trámite

constitucional. Preferencia para tratar proyecto .:.................................. 5527

VII .. - Incidentes. 9.- Administración de recursos de Digeder por coordinadoras regio-

nales. Proposición de Comisión Especial Investigadora ...................... 5534 10.- Pago de imposiciones a ex trabajadores del PEM y POJH. Oficio ..... 5537 11.- Pavimentación de camino a Villa Alhué (Región Metropolitana).

Oficio .......................... ........ .................... .................... ........ .................... ....... 5538 12.- Alcances sobre administración de recursos de Digeder por coordi-

nadoras regionales .. .... ....... .......................... .... ............. ........................ ...... 5539 13.- Cambio de nombre a establecimientos educacionales traspasados a

las municipalidades. Oficio ........................................................... :........... 5541 14.- Nivelación de asignación de zona entre funcionarios públicos. Ofi-

cio ................................................................................................................... 5542 15.- Metoqología utilizada en encuesta de Televisión Nacional de Chile

sobre uso y consumo de drogas. Oficio .................................................. 5543

5506 CAMARA DE DIPUTADOS

Pág.

16.- Conmemoración del Día Mundial de la Salud ...................................... 5544 17.- Alcance a intervención sobre nivelación de asignación de zona a

funcionarios públicos. Oficios .... ...... ........... ..... ...... ......... .... ..... .... ..•. ......... 5545 18.- Ejecución de obras públicas en Aisén. Oficio ......................................... 5545

VIII.- Documentos de la Cuenta. 1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace

presente la urgencia, calificada de. "simple", para el despacho del proyecto de ley que modifica el decreto ley N2 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y la ley N2 17.235, sobre Impuesto Territorial (boletín Nº 396-06) ....................................................................................... 5546

2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que retira y hace presente la "suma" urgencia para el despacho del proyecto que fija la planta de personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín N2 939-15)...................................................................................................... 5546

Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presentes las urgencias, calificadas de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos: 3.- Modifica la ley N2 18.340, sobre Arancel Consular (boletín

N2 842-10) ............................................................... :...................................... 5547 4.- Prorroga la vigencia de la Oficina Nacional· del Retomo y modi­

fica diversas disposiciones legales complementarias (boletín N2 891-07).......... ............. ....... ............... ............. ..... ........ ..... ...... ............. ....... 5547

5.- Estatuto de atención primaria de salud municipal (boletín N2 598-11) ...................................................................................................... 5548

6.- Modifica el decreto ley N2 258, de 1974, sobre Radio Nacional de Chile (boletín N2 139-07) ............................................................................ 5548

7.- Plantas de personal de las municipalidades (boletín N2 821-06) ........ 5549 8.- Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Adminis-

tración del Estado (boletín N2 696-06) ..................................................... 5549 9.- Fija la nueva planta de personal para la Dirección del Trabajo (bole-

tín N2 811-13)................................................................................................ 5550 10.- Reprime desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y

otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos (bole-tín N2 259-07) ...... ............. ....... ........ ........... ..... ...... ......... ......... ............. .... ..... 5550

11.- Dicta normas sobre adopción de menores, deroga la ley N2 18.703 Y modifica la ley N2 7.163 (boletín N2 899-07) ........................................... 5551

12.- Otorga beneficios a los profesionales que indica regidos por la ley N2 15.076 (boletín N2 926-11)..................................................................... 5551

13.- Modifica las normas sobre vejez anticipada y regula la rebaja de edad para pensionarse por vejez, considerando el desempeño de trabajos pesados (boletín N2 599-13) ........................................................ 5551

14.- Concesiones de energía geoténnica (boletín N2 571-08)....................... 5552 15.- Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi-

cas y sustituye la ley N2 18.403 (boletín N2 653-07) .............................. 5552 16.- Informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica

SESION 6P, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5507

Pág.

el artículo 505, del Código de Procedimiento Penal, en 10 relativo a la notificación de las sentencias judiciales (boletín ~ 624-07) .. ......... 5553

IX.- Otros documentos de la Cuenta. Comunicación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos In­terparlamentarios e Integración Latinoamericana, por la cual infor­ma haber creado el Grupo parlamentario chileno-neozelandés, e invita a los señores Diputados a integrarlo. Comunicación del presidente de la Comisión Especial para el Desa­rrollo de la Quinta Región, por la que solicita prorrogar su mandato por 240 días, a fin de dar cumplimiento a su cometido. Comunicación del presidente de la Comisión de Constitución, Le­gislación y Justicia, por la cual pide el acuerdo de la Corporación, en el sentido de solicitar a S.E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que refunda las diversas iniciativas legales que modifican la ley NQ 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios.

Oficios del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, median­te los cuales responde los que se le enviaran en nombre de los señores Diputados que indica y sobre las materias que señala:

- Del Diputado señor Antonio Horvath, cuotas de captura en zo~a sur austral y pesca artesanal en la Décima Región. I

- Del Diputado señor Ramón Elizalde, cobro de tarifas de consu­mo eléctrico en comunas de Conchalí y Huechuraba, Región Me­tropolitana.

Oficio del Ministerio de Educación, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Recondo, referido a aportes extraordinarios a la educación municipal, en el año 1992. Oficio del Ministerio de Planificación y Cooperación, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Julio Rojos, referente a proyectos del Fondo de Solidaridad e Inver­sión Social ''Fosis'' en la Quinta Región. Oficio del alcalde de la Municipalidad de Penco, por el que respon­de el que se le remitiera en nombre del Diputado señor Juan Martí­nez, sobre programa de regularización de títulos de dominio para campesinos pobres.

5508 CAMARA DE DIPUTADOS

1.- ASISTENCIA.

-Asistieron los siguientes señores Di­putados: (93)

Alamos Vázquez, Hugo

Alessandri Balmaceda, Gustavo

Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro

Arancibia Calderón, Armando

Aylwin Azócar, Andrés

Bartolucci Johnston, Francisco

Bayo Veloso, Francisco

Bombal Otaegui, Carlos

Bosselin Correa, Hernán

Caminondo Sáez, Carlos

Campos Quiroga, Jaime

Cantero Ojeda, Carlos

Cardemil Alfaro, Gustavo

Carrasco Muñoz, Baldemar

Coloma Correa, Juan Antonio

Cornejo González, Aldo

Correa De la Cerda, Sergio

Cristi Marfil, María Angélica

Chadwick Piñera, Andrés

Elgueta Barrientos, Sergio

Elizalde Hevia, Ramón

Espina Otero, Alberto

Fantuzzi Hernández, Angel

Faulbaum Mayorga, Dionisio

Gajardo Chacón, Rubén

Galilea Vidaurre, José Antonio

García Garda, René

Garda Ruminot, José

Guzmán Alvarez, Pedro

Hamuy Berr, Mario

Horvath Kiss, Antonio

Huenchumilla Jaramillo, Francisco

Huepe Garda, Claudio

Hurtado Ruiz-Tagle, José María

Jara Catalán, Sergio

Jara Wolff, Octavio

Kuschel Silva, Carlos Ignacio

Kuzmicic Calderón, Vladislav

Latorre Carmona, Juan Carlos

Leay Morán, Cristian

Leblanc Valenzuela, Luis

Letelier Morel, Juan Pablo

Longton Guerrero, Arturo

Longueira Montes, Pablo

Manterola Urzúa, Martín

Martínez Ocamica, Gutenberg

Masferrer Pellizzari, Juan

Matthei Fornet, Evelyn

Mekis Martínez, Federico

Melero Abaroa, Patricio

Montes Cisternas, Carlos

Morales Adriasola, Jorge

Muñoz Barra, Roberto

Muñoz D'Albora, Adriana

Naranjo Ortiz, Jaime

Navarrete Carvacho, Luis

Ojeda Uribe, Sergio

Orpis Bouchon, Jaime

Ortega Riquelme, Eugenio

Ortiz Novoa, José Miguel

Palestro Rojas, Mario

SESION 61-, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5509

Palma Irarrázaval, Andrés

Peña Meza, José

Pérez Muñoz, Juan Alberto

Pérez Opazo, Ramón

Pizarro Soto, Jorge

Prokuric;a Prokuric;a, Baldo

Recondo Lavanderos, Carlos

Reyes Alvarado, Víctor

Ribera Neumann, Teodoro

Ringeling Hunger, Federico

Rocha Manrique, Jaime

Rodríguez Cataldo, Claudio

Rodríguez Del Río, Alfonso

Rodríguez Guerrero, Hugo

Rojo Avendaño, Hemán

Rojos Astorga, Julio

Sabag Castillo, Hosain

~alas De la Fuente, Edmundo

Seguel Molina, Rodolfo

Smok Ubeda, Carlos

Sota Barros, Vicente

Sotomayor Mardones, Andrés

Tohá González, Isidoro

Ulloa Aguillón, Jorge

Urrutia Avila, Raúl

Valcarce Medina, Carlos

Valenzuela Herrera, Felipe

Velasco De la Cerda, Sergio

Viera-Gallo Quesney, José Antonio

Vilicic Kamincic, Milenko

Villouta Concha, Edmundo

Yunge Bustamante, Guillermo

- Asistió, además, el Ministro de Justi­cia, señor Francisco Cumplido Cereceda.

5510 CAMARA DE DIPUTADOS

11.- APERTURA DE LA SESION

- Se abrió la sesión a las 10.30.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

111.- ACTAS

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- El acta de la sesión 59ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 60ª queda a dispo­sición de los señores Diputados.

IV.- CUENTA

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- El señor Pro secretario va a dar lectu­ra a la Cuenta.

, - El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da

ledura a los documentos recibidos en la Se­cretaría.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Terminada la Cuenta.

-0-0-

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra por cinco minutos el Diputado señor Valcarce para replicar conforme al Reglamento.

El señor VALCARCE.- Señor Presi­dente, en el diario "La Tercera" del do­mingo último, en una entrevista titulada "Tres mujeres al acecho", un precandida­to al Senado por la Primera Región mani­fiesta en una de sus respuestas: ''Yo creo que la Primera Región tiene problemas limítrofes serios, pues llegó a ser chilena hace poco más de cien años. Si uno va a Arica, se da cuenta de que es una ciudad que está peruanizada y bolivianizada".

Esta afirmación del señor Julio Ditt-

bom sobre mi ciudad es inaceptable en cualquier parlamentario o precandidato a parlamentario de alguna tendencia políti­ca. Soy bien enfático en expresar que la encuentro grave, por cuanto los parla­mentarios de las distintas bancadas que han visitado Arica conocen nuestra reali­dad.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Permítame que lo interrumpa, señor Diputado, pero, independientemente de las aseveraciones del señor Dittbom, ¿él se ha referido a su persona o Su Señoría replica esas declaraciones sólo como ciu­dadano de Arica?

El señor V ALCARCE.- Replico como ciudadano y representante de Arica, se­ñor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Entonces, reglamentariamente no le corresponde a Su Señoría el uso de los cinco minutos. En -Incidentes puede refe­rirse al tema.

El señor V ALCARCE.- De todas ma­neras que quede constancia en la Cámara que no podemos aceptar, por ningún motivo, que se trate así a la ciudad de Arica.

Aplausos.

1.- PRORROGA DE MANDATO DE COMISION ESPECIAL.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar, en 240 días, el mandato de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Quinta Región.

Acordado.

SESION 61 a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5511

2.- FUSION DE INICIATIVAS QUE MODIFICAN LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE VO­T ACIONES POPULARES Y ES­CRUTINIOS. Oficio.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- El Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solici­ta que se enVÍe oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva refundir las diversas ini­ciativas legales que modifican la ley N2 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

3.- ACUERDO DE LOS COMITES SOBRE SESION ORDINARIA.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Informo a la Sala que los Comités parlamentarios en reunión celebrada el día de ayer, acordaron dejar sin efecto la sesión ordinaria de la Cámara de maña-na, jueves 8 de abril. '

4.- REMISION DE PROYECTO MO­DIFICATORIO DE LA LEY NI! 18.168 A COMISION DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPOR­TES Y TELECOMUNICACIONES.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- El señor Orpis desea plantear un problema reglamentario.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en el número 2) del Orden del Día figura el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N2 18.910, General de Telecomunicaciones.

Solicito que esta iniciativa de ley se

tramite a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en primer lugar, porque se trata de un pro­yecto ,enteramente nuevo; en segundo lugar, porque se refiere a materias que actualmente se estudian en un tercer pro­yecto también relacionado con telecomu­nicaciones y radicado en la misma Comi­sión. Es decir, nos enfrentarnos a la posi­bilidad de que se formulen modificacio­nes a todo el régimen de concesiones, no sólo al relativo a la radiodifusión.

Por lo tanto, mi petición consiste en que la iniciativa pase a la Comisión de Obras Públicas antes de que se trate en la Sala en tercer trámite, con el objeto de informarlo con más detalle.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presiden­te, si se compara el texto aprobado por la Cámara con el que nos acaba de devolver el Senado, se concluye que este proyecto debe estudiarse en Comisión. Sería abso­lutamente improcedente discutir en la Sala una iniciativa de ley que ha sido ob­jeto de modificaciones importantes tanto en su forma corno en su fondo, más aún si se considera que en la Comisión, en este trámite, podrían plantearse nuevos aspectos respecto de esta materia.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, coincido plenamente con 10 manifestado por los Diputados señores Orpís y Lato­rre. Prácticamente, es un proyecto nuevo, y requiere que la Comisión técnica 10 ana­lice y dé un informe cabal a la Corpora­ción.

El señor VIERA-GALLO (Presiden-

5512 CAMARA DE DIPUTADOS

te).- Si le parece a la Sala, se procederá como lo solicitan los tres señores Diputa­dos que han hecho uso de la palabra, tra­mitándose el proyecto de acuerdo con las urgencias que establezca el Gobierno.

. Acordado.

V.- FACTl DESPACHO

5.- ACUERDO SOBRE ESTUPEFA­CIENTES Y SUSTANCIAS SICO­TROPICAS y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESPE­CIFICOS SUSCRITO ENTRE CHI­LE Y JAMAICA. Primer trámite constitucional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).­En la Tabla de Fácil Despacho, correspon­de ocuparse, en primer trámite constitu­donal del proyecto de acuerdo aprobato­rio del acuerdo sobre prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y trá fico ilícito de estupefacien­tes y sustancias sicotrópicas y sus precur­sores y productos químicos específicos, suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Jamaica.

Diputado informante de la Comisión de Reladones Exteriores, Asuntos Inter­parlamentarios e Integración Latinoame­ricana, es el Diputado señor Leblanc.

- El texto del prayecto está impreso en el boletín NrJ 865-10 Y figura en el número 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 58!, celebrada el 31 de marzo de 1993.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor LEBLANC.- Señor Presidente, paso a informar el proyecto de acuerdo suscrito entre los Gobiernos de la Repú­blica de Chile y el de Jamaica, sobre la

prevención, control, fiscalización y repre­sión del consumo indebido y tráfico de estupefadentes y sustancias sicotrópicas y sus precursores y productos químicos específicos.

El proyecto de acuerdo tiene por obje­to consolidar la cooperación bilateral a través de los organismos competentes de los dos Estados, con miras el mantener un intercambio permanente de asistencia téc­nico-científica y de informaciones relado­nadas con las materias del tratado, parti­cularmente en el campo del tratamiento y rehabilitadón de toxicómanos.

Este tratado está en el marco de la Convendón de las Nadones Unidas so­bre tráfico ilícito de estupefacientes y sus­tancias sicotrópicas, que propicia los acuerdos bilaterales, lo que refuerza el contenido del tratado en orden a dismi­nuir y erradicar el tráfico ilícito en nues­tro continente.

Hago notar que la Cámara ha conod­do tratados similares celebrados con Bra­sil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Esta­dos Unidos Mexicanos y Paraguay, entre otros. Por lo tanto, obedece básicamente a un modelQ tipo encaminado al objetivo descrito anteriormente.

Por otro lado, el informe reconoce que la cooperación internacional es una herra­mienta fundamental para luchar contra el narcotráfico, que debe ser solidaria, leal y con pleno respeto a la soberanía e integri­dad .de los países.

Se busca institucionalizar un mecanis­mo bilateral que permita, complementa­riamente, la cQoperación desarrollada en el ámbito de la Organización de las Na­ciones Unidas.

Ambos Gobiernos reconocen la impor­tancia de estos problemas cuando expre­san su convicción de que el cultivo, pro­ducción, extracción, fabricación, transfor­mación y comercio ilegal de estupefacien­tes y sustancias sicotrópicas, así como la organización, facilitación y financiamien­to de las actividades ilícitas relacionadas

SESION 61&, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5513

con estas sustancias y sus materias pri­mas tienden a socavar las economías y a poner en peligro la salud de sus pueblos en detrimento de su desarrollo socio eco­nómico.

Por otra parte, en su articulado, los Gobiernos definen, en primer lugar, los grandes lineamientos de la cooperación convenida.

En segundo lugar, constituyen una comisión mixta, con facultades para pro­poner a los Gobiernos más acciones espe­cíficas pertinentes y evaluar sus resulta­dos.

Su ejecución será plenamente concor­dante con nuestras normas constituciona­les, legales y reglamentarias vigentes.

Se trata de emprender esfuerzos con­juntos para implementar políticas comu­nes y realizar programas específicos para la prevención, control, fiscalización y re­presión del consumo indebido, del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias si­cotrópicas y de las materias primas utili­zadas en su elaboración, para contribuir a la erradicación de la producción ilícita.

Tales esfuerzos conjuntos también se enfocan en el campo del tratamiento y rehabilitación de toxicómanos.

Este tipo de acuerdo permite buscar soluciones para enfrentar mancomunada­mente esté problema, que sufren varios países del continente y que comienza a afectar a nuestro país, tal como se sefialó en el informe que emitió la Comisión Especial en sesiones pasadas respecto del proyecto que discutimos en esta Corpora­ción.

Se establecen modos de comunicación directa sobre el descubrimiento y deten­ción de los medios sospechosos de trans­portar ilícitamente estupefacientes y sus­tancias psicotrópicas.

Propone aprehender y decomisar los vehículos de transporte empleados en el tráfico ilícito; prestar asistencia técnica mutua para realizar pesquisas e investi­gaciones, a fin de localizar, decomisar y

asegurar aquellos bienes adquiridos con . el producto de este tráfico ilícito; propor­cionar a sus respectivos servicios nacio­nales competentes, entrenamiento espe­cial, permanente y actualizado, sobre in- . vestigación, pesquisa y decomiso, inclu­yendo el intercambio de expertos. Estas tareas se harán especialmente en los ser­vicios fronterizos y en las aduanas aéreas y marítimas.

Se establece que el intercambio de in­formación debe ser rápido, seguro y ela­borado oficialmente por los servicios na­cionales competentes.

Se propuso adoptar medidas para la rápida tramitación de cartas rogatorias relacionadas con procesos de tráfico ilíci­to, según los delitos tipificados en los ordenamientos jurídicos internos de cada parte contra'tante.

Se dispone el modus operandi de la composición, competencia y modalidades del i trabajo de la Comisión Mixta y se sugiere que ella elabore su propio regla­mento. Esta Comisión funcionará alterna­damente en Chile y en Jamaica, por 10 menos una vez al año, y podrá constituir subcomisiones mixtas para acciones y temas específicos.

Luego, se habla de la vigencia y dura­ción del Acuerdo. Esta será de dos años, prorrogables automáticamente por perío­dos iguales, a menos que una de las par­tes 10 denuncie.

Es cuanto puedo informar.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor V ALCARCE.- Señor Presi­dente, este Convenio reafirma los com­promisos que los Estados de Jamaica y de Chile han contraído en virtud de 10 dis­puesto en la Convención Unica de 1961, sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y la Convención sobre sustáncias sicotrópicas de 1971.

5514 CAMARA DE DIPUTADOS

A nuestro juicio cumple con lo estable­cido en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupe­facientes y sustancias sicotrópicas, de 1988, en la cual se propician los acuerdos bilaterales que promueven una mayor colaboración y entendimiento con otros países sobre esta materia, de manera de disminuir y erradicar el tráfico ilícito de estos elementos.

Este proyecto de acuerdo representa un adecuado modo de establecer vínculos más estrechos con Jamaica, especialmente en 10 que se refiere a prevención, control y repre­sión del consumo de estupefacientes. Pe­ro ello debe insertarse e integrarse de ma­nera eficiente a las políticas en esta área.

También resulta importante valorar las intenciones puestas de manifiesto en este acuerdo en cuanto a explorar la posibili­dad de suscribir un tratado de extradi­ción, que deberá estar adecuadamente diseñado para que su eficacia y eficiencia esté en concordancia con nuestra legisla­ción. Al respecto el artículo 14 establece: lilas partes contratantes tratarán de con­certar un tratado de extradición dentro de un plazo razonable.".

Lo anterior concuerda plenamente con lo expuesto por la Comisión de Drogas del Parlamento Latinoamericano, que en su última reunión de las conclusiones en el artículo 311, se trató el tema diciendo que, conocida la iniciativa de la delega­ción de Argentina sobre el proyecto de Tratado multilateral de extradición' de personas involucradas en actividades de narcocriminalidad, se estudiará en el Congreso que se realizará en Buenos Ai­res, en el mes de septiembre, la idea de suscribir un convenio multilateral entre los países de América Latina, a fin de te­ner una ley más o menos común y similar referente a las extradiciones de los narco­criminales.

Por lo expuesto, Renovación Nacional votará favorablemente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).­Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras del Diputado señor Valcarce al manifestar nuestro apoyo a este proyecto de acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Chile y de Jamaica, pues cualquier ini­ciativa que tienda a combatir el tráfico de drogas es buena. Esta 10 es, ya que permi­tirá tener mejores herramientas para com­batir con éxito el problema de las drogas en Chile. Me parece de gran importancia coordinar acciones con otros países" pues sabemos que la droga no reconoce fronte­ras ni límites. Hasta hace algunos años, estaba focalizada en algunas regiones de Sudamérica, y hoy día ha avanzado en forma inexorable a otras naciones, entre las cuales, lamentablemente, está incluido Chile.

Por tales razones, sumándome a 10 expresado por el Diputado "Señor Carlos Valcarce, daremos nuestro apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el Convenio.

Aprobado.

Despachado el proyecto de acuerdo.

VI.- ORDEN DEL DIA

6.- MODIFICACION DE LA LEY NI! 18.910, ORGANICA DEL INS­TITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Veto.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las observaciones de Su Ex­celencia el Presidente de la República al

SES ION 61", EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5515

proyecto que modifica la ley N2 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

- Las observaciones se encuentran impre­sas en el boletín NQ 574-01 Y figuran en el NQ 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 60ª, celebrada el 6 de abril de 1993.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).­Las observaciones tienen por objeto acla­rar el sentido de la definición "campesi­no". Hubo un error de transcripción de la Comisión respectiva de la Cámara, y la forma de remediarlo es la propuesta. Por eso, los Comités decidieron tratar el veto con el trámite de "discusión inmediata", sin necesidad de enviarlo a Comisión.

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se dará por apro­

bado.

Aprobado.

Despachado el veto.

7.- NORMAS SOBRE LA CONCILIA­CION PREVIA EN JUICIOS. Pri­mer trámite constitucional. (Conti­nuación).

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Corresponde seguir ocupándose del proyecto de ley que dicta normas para establecer la conciliación previa antes de iniciar cualquier proceso, salvo las excep­ciones legales.

- El texto del proyecto se encuentra impre­so en el boletín NQ 454-07 Y figura en el NQ 10 de los documentos de la Cuenta de la sesión 11 ª ,celebrada el 28 de octubre de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- En la sesión' anterior se entregó el

informe respectivo y estaba con el uso de la palabra el Diputado señor Elgueta.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en la sesión anterior, tuve la oportunidad de señalar algunos de los fundamentos del proyecto.

La Constitución moralista de Egaña, de 1823, preveía un Título XV, "De los jueces de conciliación", artículos 167 al 175, de los cuales interesan a este propó­sito los tres primeros.

El artículo 167 disponía: "Ninguno puede presentarse a los tribunales ordi­narios con demanda juicial, sin haber ocurrido a los de conciliación."

Artículo 168: "Debe llamarse a conci­liación toda demanda civil y las crimina­les que admitan transacción sin perjuicio de la causa pública. Pueden llamarse también las eclesiásticas sobre derechos personales y acciones civiles."

Artículo 169: "El ministerio de los con­ciliadores, es oír la solicitud de las partes con los justificativos que basten para dar alguna noción del asunto y excitar o pro­poner medios de conciliación, instruyén­dola de sus derechos."

El artículo 100, de la Constitución de 1828, también preveía "juzgados de paz para conciliar los pleitos en la forma que señale una ley especial".

No obstante, estas formulaciones cons­titucionales, tan tempranas en nuestra vida republicana, las Cartas Fundamenta­les posteriores no mencionan la concilia­ción, pues la entregan al dominio de la ley.

En nuestro derecho, la conciliación, cuyo término es el avenimiento, existe en varias leyes. El Código Civil, en el N2 3, del artículo 1.567, menciona la transac­ción como una de las maneras de extin­guir las obligaciones, y ésta es definida por el artículo 2446, como "un contrato en que las partes terminan extrajudicialmen­te un litigio pendiente, o precaven un liti-

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gio eventual". En este caso, son las partes, sin la intervención, de un tribunal, las que se someten a reglas contraídas volun­tariamente.

Por su parte, el Código de Procedi­miento Civil, en los artículos 262 a 268 del Título J, del Libro Segundo, permite la conciliación en cualquier estado de la causa, una vez producido el cuasi contra­to de litis contestatio. Es decir, se puede llamar por el juez a las partes a concilia­ción para proponerles bases de arreglo del pleito una vez establecida la vincula­ción judicial, salvo en determinados ca­sos, corno en el derecho legal de reten­ción, en la citación de evicción y en los juicios de hacienda. En consecuencia, no se prevé la conciliación previa. Asimis­JllO, el Código de Procedimiento Penal consagra en su artículo 574, el avenimien­to cuando se ejerce la acción penal priva­da que nace del crimen o simple delito, lo que tampoco es previo al juicio.

La ley NQ 18.287, sobre procedimientos en los juzgados de policía local, también determina, en su artículo 11, la concilia­ción respecto de las acciones civiles des­pués de la contestación de la demanda.

En cambio, deSde muy antiguo, las leyes laborales -corno el artículo 29 del decreto con fuerza de ley NI! 2, de 1967-, facultan a los funcionarios del Trabajo para "procurar solución a los asuntos que se sometan en el ejercicio de sus funcio­nes, o que deriven del cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, como asimismo, para prevenir posibles conflictos". Esta facultad ha evitado que miles de conflictos y de pleitos se traduz­can en demandas judiciales, lo cual justi­fica plenamente la conciliación previa. El procedimiento laboral, artículo 413 del Código del Trabajo, admite conciliación luego de oída la contestación de lq de­manda.

En consecuencia, la conciliación tiene una larga data en el procedimiento chile­no. Sin embargo, corno procedimiento

anterior al juicio sólo se contempla en las relaciones laborales, en el decreto con fuerza de ley NQ 2, de 1967, sobre organi­zación y funciones de la Dirección Gene­ral del Trabajo, corno ya he señalado.

Pues bien, el proyecto propone la con­ciliación previa en el Código de Procedi­miento Civil, salvo el caso de los juicios ejecutivos, del derecho legal de retención, de la citación de evicción y de los juicios de hacienda, o de los actos judiciales no contenciosos, siguiendo en este aspecto lo establecido en el Código Procesal Civil para Jberoamérica.

En las páginas 7 y 8 del informe se ci­tan los casos de Uruguay y España cuyas legislaciones establecen la conciliación previa, y l~ Recomendación N.R. 86/12 del Comité de Ministros de Estados miembros del Consejo de Europa, de 1986, que insta a los países respectivos a legislar sobre un arreglo amistoso con antelación al pleito.

Sin duda, el proyecto requiere de algu­nos perfeccionamientos, tales corno:

a) Determinar que la gestión de conci­liación legalmente notificada interrumpe la prescripción, a fin de evitar confusio­nes o que con dilaciones se cumpla el pla­zo de la misma.

b) Fijar un criterio respecto de la pro­cedencia de las medidas prejudiciales precautorias.

c) Corregir algunos términos, corno la "incomparecencia" por "no comparecen­cia", y que se tendrá como una "presun­ción judicial" contra el interés del remiso en el proceso ulterior, en vez de decir que se trata de una presunción simple.

La propuesta en examen es positiva, ya que toda sociedad tiene corno finalida­des la paz social y la justicia. El procedi­miento actual es beligerante. Ahora, noti­ficada la demanda, es decir, declarado el conflicto, se piensa en arreglarlo. En cam­bio, ahora se trata de dar lugar a un en­cuentro aproximatorio de las pretensio­nes de las partes antes del pleito, y de

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evitár la multiplicidad de juicios que ato­chan a los tribunales con procedimientos lentos, largos y caros. Aquí, como en tan­tas ocasiones, "más vale un mal arreglo que un buen pleito".

Por estas razones, votaré favorable­mente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Aywlin.

El señor A YLWIN (don Andrés).- Se­ñor Presidente, votaré en general a favor el proyecto, pero tengo dudas en algunos aspectos, razón por la cual he presentado indicación para que vuelva a Comisión y podamos estudiarlo con mayor profundi­dad.

Concretamente, estoy de acuerdo con la idea de que es preferible tratar de evi:... tar el conflicto. El acuerdo será siempre más conveniente para la sociedad y para las partes que la controversia; el juicio y el conflicto. Sin embargo, tengo algunas dudas importantes. La primera se relacio­na con el momento en que se realizaría la conciliación, cuando aún no exista de­manda ni contestación. Pienso que ese hecho significará pérdida de tiempo para el juez, quien no tendrá un conocimiento exacto de cuáles son los puntos sustancia­les controvertidos y, en tal sentido, le será muy difícil proponer una solución. La conciliación supone una participación ac­tiva del juez, y no advierte la posibilidad de que el juez participe activamente en tal cantidad de conflictos -como son la mayor parte de las demandas que se pre­sentan-, como tampoco durante el perío­do de conciliación, si ni siquiera está de­terminada la cuestión controvertida.

Además, debemos estudiar mejor lo referente a las medidas cautelares que siempre tiene derecho a tomar, en forma previa, la parte demandante, porque cuando la parte demandada tiene conoci-

miento de que habrá juicio, muy a menu­do enajena sus bienes y después se hace imposible el cumplimiento de cualquier resolución en su contra. Jurídicamente, una de las instituciones importantes de nuestro ordenamiento procesal es la co­nocida como medidas prejudiciales pre­cautorias.

La indicación que presenté se relacio­na, justamente, con esas medidas prejudi­ciales precautorias, pero, en el fondo, tie­ne por objeto provocar que este proyecto vuelva a Comisión, de manera que tenga­mos la oportunidad de reflexionar un poco más sobre algunos puntos que, al menos a mí, me inquietan en relación con esta iniciativa que, en lo demás, estimo muy loable.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado don Hemán Rojo.

El señor ROJO.- Señor Presidente, en la actualidad nuestro Código de Procedi­miento Civil reglamenta en forma minu­ciosa todo un procedimiento para lograr la conciliación una vez presentada la demanda por el actor.

Hoy, con este proyecto se pretende es­tablecer la conciliación previa antes de deducirse las acciones judiciales. En el hecho, no existe ninguna clase de juicio o de conflicto de interés en que, con ante­rioridad a deducirse las acciones, las par­tes interesadas, los afectados, o sus abo­gados, no puedan conversar para lograr una solución. Sólo cuando han fracasado las gestiones extrajudiciales, las partes se ven en la obligación de accionar, civil o penalmente.

En el hecho, todo nuestra. procedi­miento así lo ha ido reglamentando. Por ejemplo, en materia laboral, las gestiones que se realizan ante las inspecciones del trabajo tienen como objetivo buscar una conciliación, y cuando ello no da 'resulta-

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do se notifica a las partes que deben recu­rrir a los juzgados del trabajo.

Pareciera que establecer este procedi­miento significa crear un nuevo trámite dilatorio, y no se compadece, incluso, con un proyecto que está actualmente en dis­cusión y cuyo objetivo es establecer el ar­bitraje obligatorio en materias civiles, si­tuación que permitirá que los juicios de esta naturaleza no sean conocidos por la judicatura ordinaria, sino por jueces árbi­tros, lo que le da mayor celeridad y otor­ga mayores posibilidades a las partes, en conflicto.

Si uno analiza el artículo primero llega a la conclusión de que el proyecto, de aprobarse, comprenderá a una parte mí­nima de las acciones que hoy día se dedu­cen, porque habla de cualquier proceso, con excepción de los juicios ejecutivos en las obligaciones de dar, hacer o no hacer, de los procedimientos especiales relativos a los efectos del derecho legal de reten­ción, de la citación de evicción, de los jui­cios de hacienda y de los actos judiciales no contenciosos. En el fondo, queda cir""" cunscrito exclusivamente a un número muy bajo de acciones.

Basta visitar cualquier tribunal civil de nuestro país para darse cuenta de que la mayor cantidad de juicios son aquellos relativos a acciones ejecutivas, y en éstas los titulares generalmente son los bancos o las financieras. Yo creo que esa clase de juicios, de aprobarse este proyecto, no deben ser excepcionados. Aquí se requie­re una conciliación previa. Hay una serie de casos de deudores hipotecarios, de obligaciones corrientes que podrían dis­cutirse antes de deducirse las acciones para llegar a una solución con los acree­dores.

Por eso, presentaré indicación para excluir de la excepción a los juicios ejecu­tivos. No existe razón para que ellos no puedan ser objeto de una conciliación, si se va a establecer, como procedimiento, este tipo de conciliación obligatoria.

Finalmente, estimo que dentro del pro­cedimiento mismo -como lo señalaba el Diputado señor Aylwin- es necesario de­jar muy en claro cuáles son los efectos de las medidas cautelares en relación con esta clase de conciliación.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.

El señor ROCHA.- Señor Presidente, estamos en presencia de una moción de gran importancia, que, sin duda, contri­buirá a dar mayor fluidez a nuestros pro­cedimientos judiciales. Apoyo la idea, sin perjuicio de apoyar también la posición del Diputado señor Aylwin, en el sentido de que este proyecto debe volver a la Comisión para que se estudie con mayor profundidad, porque adolece de vacíos innegables que necesariamente deben ser corregidos en el trámite correspondiente.

Quiero, señalar, muy someramente, algunas objeciones que advierto prima fa­cie, como dicen los abogados.

Por ejemplo, en el inciso cuarto del ar­tículo 252 bis, se establece que la audien­cia de conciliación deberá ser presidida por el juez, lo cual no parece concordante con nuestro procedimiento, ya que existe un secretario letrado, funcionario que in­terviene activamente en los juicios me­diante la dictación de normas destinadas a su prosecución. No creo necesario exigir que sólo al juez sea el funcionario prepa­rado para recibir esta conciliación.

Me llama la atención que en el inciso segundo del artículo 252 bis, tercero, se establezca que, en el supuesto de que la conciliación sea rechazada, el demandan­te deba necesariamente proseguir el jui­cio. La forma verbal "debiendo" natural­mente le da un carácter imperativo a la disposición. Creo que ella debe ser elimi­nada, de tal manera que quien rechaza la

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conciliación pueda, facultativamente, op­tar por seguir o no el juicio.

Aunque es un detalle menor, asimis­mo coincido con el Diputado señor El­gueta en cuanto a la poca propiedad del vocablo "incomparecencia", utilizado en el inciso cuarto del artículo 252 bis, el cual no es propio de nuestro Código, que normalmente se refiere a la "no compare­cencia."

De todos modos, señor Presidente, apoyando esta idea, estimo que el proyec­to debe volver, a Comisión para un estu­dio más profundo y acucioso.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado señor Gajar­do.

El señor GAJARDO.- Señor Presiden­te, varios colegas han planteado objecio­nes que comparto. Muchas de las dudas planteadas pueden ser resueltas _ en la Comisión mediante indicaciones. Así, no está claro en el proyecto si la conciliación que se establece es un trámite fuera, an­tes, o dentro del juicio. Si nos atenernos al texto del artículo 252 bis propuesto, esta­ríamos frente a un trámite anterior al jui­cio; pero si leemos el artículo 253 pro­puesto, que dice "Todo juicio ordinario comenzará por demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título XXI del Libro Primero ... ", se entiende que se ha iniciado a través de las gestiones de conciliación. Esto es de fundamental importancia para precisar cuándo se interrumpe la pres­cripción: si con la demanda o mediante la notificación de esta citación especial a la conciliación.

El problema de fondo, a mi juicio, es que con este proyecto no se logrará el propósito que todos compartimos y que tuvieron en cuenta los autores de la mo­ción. Según ellos, es evidente que el pro­yecto está concebido corno un mecanismo para dar mayor rapidez a la tramitación

de las causas. Se parte del supuesto de que, al establecerse la conciliación como una actuación previa y obligatoria, habrá una oportunidad solemne, donde las par­tes, podrán llegar a acuerdos que eviten la prosecución del juicio, ganando con ello las partes por la rapidez de la solu­ción de la controversia, y los tribunales por el menor recargo de causas en trami­tación, propósitos, absolutamente loables.

Es posible que en teoría el argumento favorable al proyecto sea razonable; pero en los hechos, de acuerdo con la realidad del funcionamiento forense, este nuevo trámite, tendrá efectos contrarios a los esperados y, adicionalmente, encarecerá los gastos procesales que deban solventar los litigantes. Este es un trámite nuevo que se agrega a aquellos que gravan en la actualidad el procedimiento ordinario. También es evidente que si aumentamos los trámites alargaremos y no acortare­mos el proceso, excepto, si se alcanzara efectivamente la conciliación en la au­diencia respectiva.

Aquí es donde el tema nos lleva a apostar por la actitud de los litigantes. Quienes piensan que es fácil poner de acuerdo a las partes entienden que la modificación propuesta es un avance. Quienes, como yo, somos escépticos y es­timarnos que los casos de conciliación exitosa serán escasos, pensamos que esta reforma no significa otra cosa que dificul­tar la marcha ya' engorrosa del juicio ordi­nario, consagrando una nueva exigencia o condición previa para litigar, porque como muy bien lo señalaba el Honorable colega señor Rojo, cuando se llega al jui­cio es porque se han agotado todas las instancias para resolver extrajudicialmen­te la cuestión. Es el último camino que toma una persona con el objeto de que le sea reconocido su derecho, después de haber agotado todos los mecanismos pre­vios de negociación.

Por otra parte, la experiencia de la ju­risdicción laboral es ilustrativa respecto

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de la significación que realmente tienen estas audiencias obligatorias de concilia­ción. El antiguo Código del Trabajo esta­blecía una audiencia única que era, a la vez, de contestación de la demanda, de avenimiento y de prueba. La reforma la­boral impulsada por el gobierno anterior separó estas actuaciones y dispuso una audiencia para la conciliación y otra dis­tinta para la prueba. Las modificaciones aprobadas por la Cámara al procedirnien-

_ to laboral, que actualmente conoce el Se­nado en segundo trámite constitucional, vuelven a la audiencia única de aveni­miento y prueba, porque la experiencia demostró que la doble audiencia no hacía sino prolongar la duración del juicio.

¿Cuál fue el fundamento del cambio que nosotros aprobarnos para volver a la audiencia única en lugar de la doble au­diencia? La .nula eficacia de la audiencia de conciliación para poner de acuerdo a las partes, criterio ratificado por numero­sos jueces del trabajo a quienes el Minis­terio del ramo solicitó su opinión sobre las reformas procesales laborales. Si bien es cierto que los avenimientos son fre­cuentes en las causas del trabajo, ellos no se producen en la audiencia especial de avenimiento, sino en actuaciones distin­tas.

He dicho que un aspecto negativo de este proyecto es encarecer el costo de liti­gar en los tribunales, porque es evidente que la citación de que habla el proyecto para asistir a esta audiencia de concilia­ción tendrá que hacerse a través de una notificación personal. No está claro si habiéndose hecho la notificación personal para esta citación, una vez entablada for­malmente la demanda, también habrá que notificar personalmente. Supongo que sí. Me inclino por creer que, en defi­nitiva, ésa será la solución, una vez que se aclare debidamente el texto del proyec­to. En todo caso, es evidente que esta si­tuación obliga a un trámite de notifica­ción que, obviamente, será de cargo del

litigante y estará encareciéndole el costo de recurrir a los tribunales.

Estas razones me llevan a votar negati­vamente este proyecto.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado señor Espi­na.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los fundamentos expuestos por el Diputado señor Elgueta. En primer lugar, felicito el constante interés que él demuestra, corno el Diputado Bosselin, por perfeccionar deficiencias existentes en nuestra legisla­ción, sobre todo porque esa peocupación proviene -en el caso del Diputado señor Elgueta- de su propia experiencia prácti­ca. y eso tiene un real valor porque se supone que nuestra legislación procedi­mental incluso la penal pretenden resol­ver integralmente las deficiencias y los vacíos que presentan. Pero esa tarea es compleja y difícil.

Sin embargo, respecto de este proyecto me surgen numerosas dudas, las cuales pediría que se aclararan antes de proce­der a su votación, porque no tengo duda alguna del buen propósito que anima esta moción. Lo expuesto por los Diputados señores Andr~s Aylwin, Hemán Rojo y Rubén Gajardo, en general amerita que los patrocinantes de esta moción se hagan cargo de sus observaciones y de otras que surjan del análisis del proyecto.

En nuestra legislación, el trámite de la conciliación está regulado en el artículo 262 y siguientes del Código de Procedi­miento Civil, en los cuales se establece que en todo juicio civil, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que tratan determinados títulos del Códi­go, el juez podrá, en cualquier estado de la causa -es decir, se requiere que haya causa-, llamar a las partes a conciliación y proponer bases de arreglo. En definitiva,

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nuestro ordenamiento jurídico procesal otorga facultad al juez para que en cual­quier momento del proceso, si él estima que es posible poner término al juicio, pueda llamar a las partes para proponer­les determinadas bases, con el objeto de que pongan término al proceso. El pro­yecto, en síntesis, modifica esta norma, en el sentido de establecer que la concilia­ción ya no es un trámite facultativo del juez, sino que pasa a ser una medida pre­via al inicio del juicio, de carácter obliga­torio, y que siempre debe llevarse a efecto en los juicios ordinarios, los de mayor ocurrencia, cuando una de las partes lo solicita.

Quiero dilucidar si esa decisión de transformar en obligatorio el trámite de la conciliación ayuda a resolver el conflicto, o si finalmente termina transformándose en un trámite que perjudica a quien legí­timamente recurre a los tribunales de­mandando el reestablecimiento del impe­rio de la ley, por tener una petición que formular, con el propósito de que sea un juez de la República el que resuelva el conflicto.

N O me quedan claros los argumentos de que esta conciliación obligatoria antici­pada surta el efecto positivo de terminar con una serie de juicios que podrían re­solverse "amistosamente", previo acuer­do de las partes, evitando que se produz­ca el enorme recargo de procesos que existe hoy en los tribunales, donde hay causas que perfectamente podrían resol­verse, pero que terminan tramitándose por años y, finalmente, ni la propia parte que demanda obtiene a tiempo el resarci­miento que exige a través del proceso.

¿Por qué digo que no tengo claro que pueda favorecer a las partes? Primero, por un planteamiento de fondo del Dipu­tado señor Aylwin, don Andrés. AqUÍ hay un problema gravísimo con las medi­das cautelares, establecidas porque la ley estima que una parte puede querer ase­gurar el resultado de su acción y, para

que sea así, dispone de una serie de me­canismos que le permiten adoptar deter­minadas medidas, incluso sin conoci­miento de la contraparte. Me refiero a las medidas prejudiciales precautorias, para evitar que el demandado pueda eludir el resultado del proceso enajenando su pa­trimonio o ejecutando otras acciones que entorpezcan el legítimo d.erecho de quien está actuando como demandante en un juicio civiL Obviamente, las medidas cau­telares no tendrían sentido si la parte obligada a reunirse con su contraparte, delante del juez, dijera cuáles son los ar­gumentos que tiene para demandarlo. Entonces, no tendrían ningún sentido y prácticamente quedarían eliminadas q.e raíz las medidas cautelares establecidas en el Código, cuyo gran efecto es que se adopten antes de que la parte demanda­da tome conocimiento de ellas.

En segundo lugar, se plantea otro pro­blema de fondo. Si hay algo que caracteri­za al juicio ordinario en nuestro país es su lentitud. Por algo se le denomina "juicio de lato conocimiento". Es declarativo, y el legislador chileno ha optado por un pro­cedimiento de larga extensión. Obvia­mente, no se extiende al extremo que ocurre hoy a causa de las normas del Código, sino por el recargo de los tribu­nales, su mal funcionamiento u otras cau­sas. Pensemos que el juicio ordinario tie­ne un trámite de presentación de la de­manda, providencia del tribunal, notifica­ción del demandado, plazo de éste para contestar la demanda, que es de 15 días, más la tabla de emplazamiento. A todo esto se agrega el trámite de contestación de la demanda, la réplica, la dúplica; des­pués, se recibe la causa a prueba; luego, hay acciones que se pueden interponer, como apelación de la resolución que reci­be la causa a prueba o reposición de esa resolución apelando en subsidio. A conti­nuación, existe un término aprobatorio ordinario y otro extraordinario, aparte del plazo para oír sentencia. Finalmente,

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se dicta la sentencia, se apela, y luego está el derecho de recurrir de queja y de casa­ción.

Como dije, es un procedimiento de lar­go conocimiento, y aquí le estamos agre­gando un trámite adicional de 15 días, como plazo máximo, para que el juez cite a las partes a una conciliación.

¿Qué pasa cuando va a prescribir una acción y tiene que interponerse la deman­da, lo cual, de acuerdo con el Código Ci­vil, es la manera de interrumpir la pres­cripción? Deberá realizar el trámite de la conciliación previa, obligatoria, lo que significará _arriesgar el plazo de prescrip­ción. Aunque son normas que podrían modificarse en su conjunto adecuarse, sigo sin ver su utilidad práctica.

Resulta difícil comprender que a la parte que no asista a la conciliación -trá­mite voluntario- se le castigue haciendo recaer sobre ella el peso adicional de la prueba. Ello ocurre cuando se establece: "En caso de no comparecer el citado, a pedido de la parte solicitante, el juez po­drá convocar a una nueva audiencia bajo apercibimiento de que la incomparecen­cia de aquél se tendrá como presunción simple en contra de su interés en el proce­so ulterior.". Imaginemos que una perso­na demanda a otra sin fundamento algu­no, por 10 cual ésta decide no presentarse a los tribunales de justicia. En ese caso, la parte solicitante 10 puede requerir nueva­mente. Si no concurre por segunda vez, al apercibimiento que se le ha hecho efecti­vo se le está otorgando un valor probato­rio por anticipado, alterando el peso de la prueba de acuerdo con las normas comu­nes del Código de Procedimiento Civil. Me parece una norma excesiva y sin fun­damento alguno, porque la conciliación es un acto voluntario. El acuerdo de las partes no puede transformarse en la im­posición obligatoria de un juez a dos per­sonas que tienen legítimos intereses dis­tintos y estiman que en una sociedad democrática y en un estado de derecho,

esos intereses deben ser .resueltos por los tribunales de justicia.

Estos argumentos me hacen pensar que esta conciliación, previa y obligato­ria, en lugar de favorecer la a.gilización de los procedimientos -propósito que inspira a los autores de la moción-, por el contra­rio, puede terminar siendo una medida dilatoria que perjudique el legítimo dere­cho y la pretensión del demandante.

Estas razones me inducen a solicitar al señor Elgueta que, si 10 tiene a bien, me dé algunos argumentos que desvirtúen las aprensiones señaladas en la Sala por distintos parlamentarios. Sobre esas bases será posible formarse un juicio respecto de la conveniencia o inconveniencia de una norma de esta naturaleza.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.- Señor Presidente, como estamos en la etapa de la discusión general, quiero comenzar mi intervención reiterando lo ya manifestado por otro co­lega de mi bancada, en el sentido de que los Diputados radicales y socialdemócra­tas vamos a votar favorablemente la idea de legislar sobre esta materia. Considera­rnos sinceramente que dentro de las di­versas reformas nuestros códigos de pro­cedimiento que hemos tenido la oportu­nidad de conocer durante estos tres años de legislatura, el proyecto que hoy nos preocupa es uno de los más interesantes y desde el punto de vista práctico, está llamado a producir efectos de mayor con­sideración.

Señalo 10 anterior por cuanto quienes hemos tenido alguna experiencia en los tribunales de justicia con motivo del ejer­cicio de la profesión de abogado, bien sabemos que todo el sistema procedimen­tal chileno, fundamentalmente en 10 vin­culado con los juicios ordinarios, es de tal

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dilación que entraba, dificulta e impide que las controversias se solucionen con la celeridad y prontitud que exigen las cir­cunstancias. También hemos advertido, por experiencia personal y profesional, que, muchas veces, la imposibilidad de alcanzar acuerdos no se debe tanto a la falta de interés de las partes, sino a que no existen las instancias procesales que faciliten su logro.

Consideramos que el proyecto patroci­nado por el Diputado señor Elgueta, que plantea como norma imperativa el trámi­te de la conciliación previa en los proce­sos enumerados en él, es una idea extra­ordinariamente positiva, que debió estar incorporada recogida en nuestro código de enjuiciamiento hace bastante tiempo. Por lo tanto, le entregamos nuestra más amplia y completa aprobación. Sin em­bargo, independientemente de reiterar nuestra adhesión creemos que la iniciati­va puede ser perfeccionada por la vía de la indicación.

He escuchado con mucha atención las reservas planteadas hace unos instantes por el Diputado señor Espina. En el fon­do, manifestó que si no reparamos ciertos vacíos aparentes que presenta el articula­do, esta buena intención de instar a la aceleración de los juicios y de promover un pronto arreglo entre las partes, puede transformarse, a la larga, en una triqui­ñuela, resquicio o procedimiento que pueden emplear abogados dilatorios, con el propósito de demorarlos más allá de lo aconsejable. La prevención del Diputado señor Espina es plenamente válida; pero se puede corregir perfectamente por la vía de la indicación en la discusión parti­cular.

Una última duda, que también debe discutirse en el análisis particular del pro­yecto, se refiere a los tipos de procedi­mientos en los que el trámite de la conci­liación previa tendrá carácter obligatorio. Tengo mis reservas en cuanto a las excu­siones planteadas, pero, reitero, como es-

tamos en la discusión general, no es del caso entrar a puntualizarlas, y nos reser­vamos el derecho de formular las obser­vaciones correspondientes en la discusión particular.

En consecuencia, votaremos favorable­mente esta iniciativa para que se transfor­me en ley a la brevedad posible, puesto, desde el punto de vista práctico, permiti­rá crear las instancias para que los proce­sos se terminen sin mayor dilación. De otra forma, como ha ocurrido durante tantos años, se postergan más allá de lo debido, impidiendo que la justicia sea una realidad para las partes que la recla­man.

Es todo cuanto deseo señalar.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.- Señor Presiden­te, en primer lugar, me referiré a las ob­servaciones relativas a las medidas caute­lares.

Algunos señores Diputados han visto una' supuesta incompatibilidad o contra­dicción entre el trámite previo de la con­ciliación y las medidas cautelares. Ello no es así. El artículo 2º del proyecto, que sus­tituye el artículo 253 del Código de Proce­dimiento Civil, contempla en esta situa­ción un conflicto mental, síquico entre las partes. Después que se presenta la de­manda, que se contesta, que se efectúa la réplica y la dúplica y que se acompañan los documentos, es muy difícil lograr la conciliación, porque en ese momento ha estallado la guerra entre las partes. Eso es lo que acontece en los tribunales: estalla la guerra procesal, y cuando ello ocurre, no hay posiblidad de acuerdo. Son escasí­simas las situaciones en que se aplica la conciliación establecida en el actual Códi­go de Procedimiento Civil; prácticamente no se aplica; los tribunales no se juegan por lograrla, no buscan fórmulas de en-

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cuentro. ¿ Cuándo se pretende llegar a la conciliación? Cuando el proceso ha pasa­do por la Corte de Apelaciones o ya está en la Corte Suprema; es decir, después de haber consumido energías, cuando ha transcurrido bastante tiempo y se ha gas-tado mucho dinero. .

Por eso, este proyecto implica un cam­bio de mt!ntalidad, de orienlilción, que, entiendo, debe ser muy difícil de aceptar en un primer momento por los colegas, incluso por nosotros mismos, que fuimos formados en una determinada escuela, porque está alterando nuestro marco de referencia.

Este cambio sustancial no ha sido crea­ción de los Diputados señores Elgueta, Bosselin, Gutenberg Martínez, Jorge Mo­lina, y otros que hemos patrocinado esta idea, sino que lo hemos tomado del Códi­go Procesal Civil modelo para Iberoamé­rica, trabajado muy intensamente por los procesa listas de nuestro continente y de España. Por lo tanto, la institucionaliza­ción del trámite de la conciliación previa, lejos de constituir una dilación, acercará a las partes y acortará la tramitación.

Se dice que habrá mayores gastos por­que se notificará dos veces. Eso no es así, porque la norma ya está contemplada en el artículo 253. Por lo tanto, no debe exis­tir ese temor.

En otros países de nuestro continente se le ha dado tanta importancia a esta materia, que se ha establecido nada me­nos que en sus propias constituciones. En Uruguay, el artículo 255, de su Carta Fun­damental dice: liNo se podrá iniciar nin­gún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha tentado la conci­liación," etcétera. Es p.na norma de rango constitucional. En España, la conciliación también se presenta como un acto previo al proceso, que no es obligatorio. Esta observación es muy atendible y debemos meditar si la dejamos como obligatoria o facultativa; pero en España está conside­rado este trámite.

La Recomendación del Comité de Mi­nistros a los Estados Miembros del Con­sejo de Europa, de 16 de septiembre de 1985, alienta, en los casos adecuados, el arreglo amistoso de los litigios y estimula para que se tomen en consideración me­didas tales como, prever, con ventajas apropiadas, procedimientos de avenencia que, previamente al procedimiento judi­cial o al margen de éste, tendrían como objetivo resolver el litigio, o el de confiar al juez, entre sus tareas principales,la búsqueda de un arreglo amistoso del con­flicto entre las partes, en todos los asun­tos que se presten a ello, al inicio del pro­cedimiento o en todas las fases apro­piadas de éste. Es decir, en el continente europeo se ha visto que ésta también es una materia relevante y se ha estado in­corporando a todas las legislaciones.

Escuchamos que los honorables Dipu­tados se quejan de que este proyecto pro­vocará determinadas alteraciones, que será inútil, que en la práctica será más engorroso. Ello no es efectivo, puesto que se trata de una instancia para buscar el acuerdo, el encuentro. Es más fácil lograr concesiones recíprocas entre las partes antes de la presentación de la demanda; después es muy difícil que se logre la conciliación.

El Diputado señor Rojo dijo que en la práctica se intenta la conciliación. Puedo afirmar que en algunos casos se hace, pero en la mayoría de ellos, no. ¿Por qué no se intenta? Porque los propios aboga­dos no tienen la preparación o el esque­ma sicológico para recurrir a esta instan­cia previa, pues cuando hay procesos lar­gos los honorarios suben más. A mayor contienda, mayores honorarios; a más recursos, mayores honorarios. En conse­cuencia, esta iniciativa pretende cambiar nuestra conducta.

Se argumenta que no sería convenien­te establecer la conciliación para los jui­cios ejecutivos, que serían los más nume­rosos. También deberíamos rever este

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tema, porque el Diputado señor Rojo ha dado buenas razones para ello.

Asimismo, quiero expresar que este prQyecto tiene el infonne favorable de la Corte Suprema. Es decir, el organismo más conservador en materia judicial de nuestro país les lleva la delantera a los señores Diputados, quienes en este mo­mento pasan a ser, no diría conservado­res, sino ultra conservadores, porque es­tán en contra de los avances.

Por tanto, pido reconsiderar su resolu­ción a los colegas que van a votar en con­tra, porque éste es un avance, como lo ha precisado el Diputado don Jaime Cam­pos, de mucha trascendencia e importan­cia, que está llamado, por primera vez en la historia de nuestro país, a cambiar el rumbo de nuestros códigos. Estos nunca han: sido objetos de innovaciones porque en Chile existe una mentalidad conserva­dora la cual ya ha sido modificada nada menos que en la Corte Suprema. Hago votos para que en la Cámara de Diputa­dos también se produzca este cambio de orientación.

Concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor VIERA-CALLO (Presiden­te).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Elgueta.

El señor ELcUET A.- Señor Presidente, siempre que se pretende modificar un código, en este caso el de Procedimiento Civil, se fonnulan una serie de críticas. Es difícil configurar nuevas instituciones cuando respetables predecesores en el campo del derecho han escrito leyes tan notables que han perdurado por más de cien años. Lo propio es resistirse al cam­bio.

En este debate se han hecho observa­ciones que yo ya he fonnulado antes. Se­ñalé, por ejemplo, la conveniencia de fijar un criterio respecto de las medidas preju­diciales precautorias. El hecho de que

existan esas medidas en nuestra legisla­ción indica que ya hay procedimientos antes del pleito. ¿Y por qué necesaria­mente deben ser prejudiciales precauto­rias y no de conciliación? No hay ninguna razón para señalar que los trámites que se gestionan antes del pleito deben ser de conflicto y no de paz. Si admitimos que antes del pleito hay medidas de tipo beli­gerantes, también debemos concluir que puede haber medidas de paz.

Durante largo tiempo, por instruccio­nes de la Corte Suprema, los tribunales abrieron un espacio a las personas para que plantearan sus problemas e inquietu­des, lo que fue conocido con el nombre de "audiencias populares", que muchas ve­ces eran atendidas por el secretario del tribunal, una persona letrada que resolvía numerosos pleitos evitando la interposi­ción de las demandas. Se levantaban ac­tas -como le consta al señor Presidente, que en ese tiempo era Subsecretario de Justicia-, en las cuales se estampaban las pretensiones y soluciones acordadas en­tre las partes. De esa manera, se institu­cionalizaba la transacción que ya existía en el Código Civil.

En esencia, el proyecto propone que cambiemos nuestra mentalidad bélica, beligerante y conflictiva por la finalidad que es propia de la justicia: traer la paz a los conciudadanos, traer la paz a la comu­nidad humana. Los pleitos pueden ser muy buenos, pero como muy bien ha di­cho el Diputado señor Bosselin, las pala­bras traen palabras, y al fijar una posición escrita en una demanda, muchas veces sin conocer a la contraparte, se cae en conceptos que provocan las pasiones y miserias, tan naturales en el hombre, que lo lleva a menoscabar en su conciencia el respeto que le merece su potencial rival.

En consecuencia, la filosofía del pro­yecto es traer la paz. Prefiero los gastos de una mediación a una guerra. ¡Caram­ba que lo sabemos en nuestro país cuan­do sé trata de las relaciones internaciona-

5526 CAMARA DE DIPUTADOS

les! Si eso mismo lo trasladamos al campo de los particulares, veremos que es prefe­rible la mediación o conciliación previa al conflicto jurídico al pleito.

También señalé que la prescripción no era problema, porque en virtud de una indicación ya presentada, la conciliación debería interrumpir el plazo. De manera que esa gestión no sería una maniobra dilatoria para distraer a la otra parte y hacerla olvidar que se está cumpliendo el plazo que extingue su derecho.

Se sostiene, asimismo, que se agrega un trámite adicionaL Ello es efectivo, pero puede obviarse el resto del pleito si se llega a un arreglo.

Por la práctica que uno tiene en los tri­bunales, estoy convencido de que el juez, una autoridad en el Poder Judicial y en nuestra sociedad, puede, a veces, con una sola palabra, terminar un pleito que si dura largos años empobrecerá a las par­tes. Eso lo saben los jueces de policía lo­cal, del trabajo, e incluso, los inspectores del trabajo. Si estos últimos pueden pro­ducir una conciliación previa -incluso la ley otorga a estas actas el carácter de títu­lo ejecutivo-, ¿por qué negar esta posibili­dad a los jueces, que supuesta y poten­cialmente tienen una mayor preparación, cultura y experiencia respecto de los jui­cio? Si tienen esta facultad ciertos funcio­narios públicos, con mayor razón debe­mos reconocer esta habilidad, capacidad, idoneidad o competencia a los jueces de la República;

No he oído razones de fondo que im­pugnen este proyecto. Por lo demás, mis expresiones en cuanto a su filosofía se basan en artículos e intervenciones del señor Ministro de la Corte de Apelacio­nes, don Enrique Paillás, quien conoce mucho la legislación de Francia y de otros países europeos, difundidos en medios de comunicación. El ha sido uno de quie­nes ha preconizado que se lleve a efecto la conciliación previa a los juicios en Chi­le.

Agradezco la interrupción concedida por el Diputado señor Bosselin.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- En votación general el proyecto.

- Efectuada la votación en forma económi­ca, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Aprobado.

En consecuencia, el proyecto pasa a segundo informe.

- El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo 1º 1. De los señores Rojo, Rojos y Velasco

para suprimir en el artículo 252 bis, que se agrega al Código de Procedimiento Civil mediante este artículo, la oración "de los juicios o procedimientos especia­les de que tratan los Títulos 1, 11, 111, V Y XVI del Libro Tercero, y".

Al artículo 2º 2. De los señores Rojo, Rojos y Velasco,

para suprimirlo Artículos nuevos. 3. Del señor Elgueta para consultar el

siguiente artículo 32:

11 Artículo 32.- La gestión de concilia­ción legalmente notificada interrumpe la prescripción." .

4. Del señor Aylwin para agregar el siguiente artículo:

11 Artículo ... - La diligencia previa esta­blecida en el artículo 252 bis, no será obs­táculo para la concesión de medidas pre­judiciales preventivas.".

SESION 61 a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5527

8.- DENOMINACION DE LUGARES E INSTITUCIONES PUBLICAS. Primer trámite constitucional. Pre­ferencia para tratar proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para tratar, a continuación, el pro­yecto de ley que regula la denominación de lugares públicos e instituciones de igual carácter, que figura en el sexto lugar de la Tabla.

Acordado.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el señor Leay, quien se encuentra ausente de la Sala.

- El texto del proyecto está impreso en el boletín Nº 144-06 Y figura en el número 41 de los documentos de la Cuenta de la sesión 20!!, celebrada el 28 de julio de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Ofrezco la palabra a algún miembro de la Comisión de Gobierno Interior que esté en condiciones de informar esta ini­ciativa.

El señor ELGUET A.- Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.- Señor Presidente, este proyecto, de iniciativa de los Diputa­dos señores Palma, don Andrés, y Palma, don Joaquín, tiende a regular la denomi­nación de los lugares públicos que indica.

La Comisión rechazó la idea general del proyecto, porque cuando se ,modificó la Ley Orgánica Constitucional de Muni­cipalidades quedó establecido que era facultad de las corporaciones edilicias asignar y cambiar nombres a los bienes nacionales de uso público y a aquellos de carácter municipal, como igualmente a

los barrrios, poblaciones y conjuntos ha­bitacionales.

Esta iniciativa se presentó con mucha anterioridad, por lo cual sus autores des­conocían la enmienda que con posteriori­dad se introdujo a esa ley. Fundamental­mente, por la razón antes expuesta, esta iniciativa, de origen en una moción, fue rechazada por la unanimidad de los seño­res Diputados presentes en la Comisión, con la sola excepción del Diputado que habla.

El tenor del proyecto tendía a regla­mentar algunas situacion~ que origina­ron abusos en la denominación de luga­res, plazas u otros bienes nacionales de uso público.

La iniciativa expresa textualmente: "Artículo lQ.- Ningún lugar público ni

institución podrá llevar el nombre de una persona que esté viva.

"Artículo 2Q.- Se prohíbe que lugares

públicos o instituciones de igual carácter, lleven el nombre de alguna fecha que re­cuerde sucesos históricos relevantes, sal­vo transcurridos a lo menos 25 años de ocurridos.

11 Artículo 3Q.- Si a la fecha de entrada

en vigencia de esta ley, hubiese algún lugar o institución que no cumpla lo se­ñalado en los artículos precedentes, ten­drán un plazo no superior a 90 días para su modificación, hecho, que debe ser debi­damente informado a la opinión públi­ca."

Por las razones expuestas y luego del debate habido en la Comisión, ésta reco­mendó rechazar la ~,lea de legislar.

Es todo cuantoedo informar, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don René Ma­nuel).- Señor Presidente, este proyecto no se justifica porque sobre esta materia ya

5528 CAMARA DE DIPUTADOS

se ha legislado en otras leyes. Lo votare­mos en contra por cuanto viola la autono­mía municipal, puesto que los alcaldes y concejales tienen facultades para poner nombres a los lugares que estimen conve-nientes. .

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Bomba!'

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, sólo para anunciar que mantendremos el mismo criterio sustentado en la Comi­sión, dadas las razones que .aquí dio a conocer el Diputado informante, cual es que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega a los municipios la facultad de dar nombres a lugares e instituciones públicas. Por ello, rechaza­mos el proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, por su intermedio, consulto al señor Di­putado informante si en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que se está modificando se consagran disposi­ciones de carácter general de la naturale­za de las planteadas en el proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUET A.- Señor Presidente, no existe en la Ley Orgánica Municipal ni en otro texto una legislación de carácter general, como la que se ha planteado.

Iba a pedir la palabra para apoyar este proyecto, ya que no tiene vincul~ción con la normativa municipaL

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la -palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, a mi juicio, en ningún caso esta iniciativa viola la autonomía municipal, porque no impone nombres, sino que establece una norma general. De acuerdo con la ley orgánica, la facultad privativa de colocar nombres sigue perteneciendo a las muni­cipalidades. Esta es una disposición gené­rica que establece ciertas limitaciones.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor René Garda.

El señor GARCIA (don René Ma­nuel).- Señor Presidente, no impone, pero ordena. Para el caso de que alguna calle tenga el nombre de persona viva, dispone que se cambie. Por lo tanto, viola la auto­nomía municipal, porque, en, la actuali­dad, los concejales y el alcalde pueden acordar, libremente, denominar una calle con el nombre de una persona viva.

Al respecto, un ejemplo concreto de lo que señalo es lo que ocurre en Temuco. Toda la comunidad está de acuerdo en que el estadio se llame "Germán Becker". Incluso, eso ha sido propuesto por el al­calde. Si aprobamos este proyecto, ello no será posible, porque el señor Becker, fe­lizmente, está vivo.

Esta iniciativa afecta la autonomía municipal, porque prescribe que deben reemplazarse los' nombres de personas vivas con los cuales hayan sido denomi­nados lugares públicos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, no hay que olvidar que sólo estamos en el

SESION 61·, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5529

primer trámite, en el que se vota la idea de legislar. La aprensión del Diputado señor René Manuel García puede subsa­narse en el segundo informe. Pero me parece sano que la denominación de cier­tos lugares públicos, en virtud de algunos hechos históricos relevantes, se medite con profundidad.

En segundo lugar, se puede modificar el artículo 3º, para fijar que rija en el futu­ro y respete todo lo obrado hasta la fecha.

Las ideas del proyecto son sanas y ab­solutamente perfeccionables.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUT A.- Señor Presiden­te, estoy de acuerdo con lo expresado por los colegas Elgueta y Orpis, en el sentido de que el proyecto podría perfeccionarse en un segundo trámite. En esta materia, hay que tener presente que, en algunas ocasiones, se ignoran las proposiciones de nombres de juntas de vecinos o de las uniones comunales o, simplemente, no se les consulta. Muchas veces, estos cambios de nombres crean problemas.

Por lo señalado, votaremos favorable­mente el proyecto para que vuelva a Comisión y su articulado se perfeccione.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.- Señor Presiden­te, la colocación de nombres a plazas, avenidas o calles, incluso la erección de monumentos a personas relevantes de la vida nacional, han tenido una serie de dificultades, como en el caso de dos pro­yectos presentados en la Cámara para dar el nombre del siempre recordado Presi­dente, compañero Salvador Allende, a

dos calles importantes de Santiago: Santa Rosa, en toda su extensión, y avenida Departamental, cuyos nombres no dicen absolutamente nada. En cambio al deno­minarlas en la forma indicada se estaría rindiendo homenaje a ese gran Presiden­te, uno de los últimos elegidos democráti­camente en Chile, derrocado por el señor Pinochet y los militares de este país.

Eso hay que solucionarlo a través de una ley. No se trata de atropellar la auto­nomía municipal, sino de que el Parla­mento no se desprenda de antiguas atri­buciones constitucionales. Aun cuando respetamos a los municipios democráti­cos actuales, creemos que, el Congreso puede imponer su criterio en determina­dos aspectos.

En el barrio alto, por ejemplo, hay va­rias calles con nombres puestos en forma atrabiliaria. El Congreso no participó en la denominación, manu militari de una avenida como "11 de Septiembre". Eso, a mi juicio, hecho a la "brutanteque" por los municipios del barrio alto. Hay mu­chos otros nombres que no fueron consul­tados ni a la municipalidad ni a los parla­mentarios.

Votaré a favor de este proyecto porque le hace honor a la idiosincrasia, a la etnia. Es mejor, por ejemplo, Rapa-Nui y no Isla de Pascua, nombre este último que no le dice nada a los habitantes originarios de esa isla.

Por otra parte, no cejaré en el empeño de que el nombre del compañero Salva­dor Allende sea colocado, mediante una disposición legal o por resolución de las municipalidades a la calle Santa Rosa y a la avenida Departamental. Esta última cruza prácticamente todo Santiago, desde la cordillera a Maipú. Es una avenida importante y lo será aún más.

Por esa razón, pido que se envíen ofi­cios a los municipios que tengan compe­tencia sobre las calles que se llamarían "Salvador Allende", todo ello en relación con los dos proyectos de ley presentados:

5530 CAMARA DE DIPUTADOS

uno por los Diputados señores Estévez y Montes, y el otro por el Diputado que habla.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.- Señor Presidente, cualquiera que sea la intención de este proyecto, las normas contenidas en los artículos 12 y 22, son totalmente proce­dentes. Nadie puede discutir que el nom­bre de una persona viva sea colocado en un lugar público, institución o calle. Lo mismo sucede respecto de los sucesos y fechas. Hay que analizar, en todo caso, que, dada la situación actual, es conve­niente que ello rija a futuro.

Junto con considerar que dichos ar­tículos son procedentes lo cual, en mi opi­nión, no admite discusión, debería apro­vecharse este proyecto para agregar una disposición que obligara al Ministerio de Obras Públicas ya las respectivas munici­palidades a señalar junto al nombre de rutas, vías o calles, el origen y significado de los nombres autóctonos, con una fina­lidad turística y de información. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Llay Llay, nadie sabe por qué se llama así. Debería explicitarse que ese nombre significa "lugar de los vientos".

Por estas razones, votaré a favor de la idea de legislar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.- Señor Presidente, desde ya, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa. En primer lugar, porque se puede establecer un mecanismo que per­mitirá normar diversos aspectos para la nominación y denominación de lugares

públicos. En segundo lugar, porque esti­mo pertinente el criterio contenido en el proyecto, en el sentido de que plazas, ca­lles y otros lugares no sean denominados con el nombre de personas vivas. Esta fue una práctica de triste memoria para nues­tro país en el pasado, más bien propias de culturas faraónicas, la cual, afortunada­mente, está absolutamente superada.

En esta oportunidad, sobre esta mate­ria quiero dar a conocer un ejemplo muy personal. Una junta de vecinos de la co­muna de La Pintana, de la villa Santo T 0-

más, propuso al concejo de esa municipa­lidad cambiar la denominación de una plaza de esa población por la de "Diputa­do Guillermo Yunge".

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor YUNGE.- Enterado de tal si­tuación, me dirigí formalmente a esa jun­ta de vecinos para agradecer ese honor y declinarlo, porque no he aceptado jamás que una organización deportiva, un co­mité de allegados o una organización femenina lleve mi nombre, porque me parece absolutamente desproporcionado.

Por otra parte, en estos temas, muy simbólicos, hemos debido soportar gran­des injusticias y afrentas para la memoria histórica de nuestro pueblo. En este senti­do, desde el punto de vista de una efecti­va reconciliación nacional de corazón, de cultura, hay una gran tarea pendiente. Esta Cámara aprobó hace poco el proyec­to de ley que autoriza erigir un monu­mento en memoria del ex Senador Jaime Guzmán Errázuriz, ...

El señor PALESTRO.- ¡Dos monumen­tos!

El señor YUNGE.- Dos monumentos, como bien me acota el Diputado señor Palestro. Con ello demostramos una am­plitud de criterio y de espíritu que, por

SESION 61·, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5531

desgracia, la Oposición no ha exhibido en el caso del proyecto de ley para erigir monumentos en memoria del Presidente Salvador Allende. En el Senado duerme' el sueño de los justos, porque no hay vo­luntad política para aprobarlo por los sec­tores más recalcitrantes y duros de la Derecha, que se ofuscan y mantienen una posición, obcecada al respecto. En este aspecto, todavía tenemos mucho que aprender para abrir nuestros espíritus y voluntades desde el punto de vista de lo que implica la responsabilidad de recono­cer que una historia, a pesar de los erro­res, de los aciertos y de las distintas inter­pretaciones que puedan hacerse, nos per­tenece a todos.

Espero que este proyecto sea aprobado con el objeto de que en esta materia siga adelante el proceso iniciado en los últi­mos años, que tanto bien ha significado para todos los chilenos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra la Diputada señora Cristi. .

La señora CRISTI.- Señor Presidente,· me alegro de que la Comisión haya teni­do la sensatez de rechazar esta moción. Francamente, frente a tantos problemas pendientes en el país, es insólito que la Cámara de Diputados dedique parte im­portante de su trabajo a tratar un proyec­to ya rechazado, que además está dedica­do, porque lo que se pretende es que nin­guna calle lleve el nombre de "Augusto Pinochet U garte" y que se elimine la de­nominación "11 de Septiembre". Es un absurdo que no tiene sentido, más si se considera el mismo espíritu a que se refi­rió el Diputado señor Yunge, que se in­serta en un momento de reconciliación, de apacigl1amiento de los ánimos, objeti­vidad, de grandes avances.

Por eso, de nuevo vamos a rechazar el proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.- Señor Presidente, el debate se ha apartado del contenido del proyecto y concuerdo, en alguna medida, con lo señalado por la Diputada señora Cristi.

Es importante tener las cosas claras. Querámoslo o no, ciertos nombres sig­

nifican una agresión y no contribuyen a pacificar los espíritus. Si la Diputada se­ñora Cristi viviera al lado de una calle denominada "Salvador Allende" o frente a una plaza llamada "Unidad Popular", no estaría grata. Por esta razón, el tema no es tan baladí y debe ocupar parte de nuestro tiempo.

Podrían adoptarse algunas soluciones. El Diputado señor Orpis, que también ha intervenido en el debate, debe recordar que en Hungría, adonde viajamos hace algún tiempo, observamos un sistema bastante original, que no vimos en nin­gún otro lugar que visitamos. El nombre del líder o el emblema que recordaba el período comunista estaba eliminado, pero con la colocación sobre él de una cruz al lado figuraba el que correspondía a la nueva época. De esta manera, se re­cordaba el período que quería olvidars~ y se exhibía el nombre que la institucionali­dad exigía.

Insisto, el tema tiene alguna importan­cia. Por ejemplo, tengo amigos, que son de Izquierda, que viven en la antes calles Diagonal Oriente, que luego fue Battle y Ordóñez y que de pronto amaneció como "Jaime Guzmán". Para ellos no es grato y hay que decirlo. Pero este caso no lo re­suelve el proyecto de ley; va a quedar su nombre puesto ahí.

En representación de mi bancada, re­conocí el derecho del sector de erigir monumento a Jaime Guzmán, en respeto

5532 CAMARA DE DIPUTADOS

de quienes lo apoyaron, sobre todo por­que tuvo la legitimidad que da la vota­ción popular.

La Cámara debe estudiar el tema con altura de mira, sin miopía, a fin de dar una solución real e impedir, por ejemplo -en esto tiene razón la Diputada señora Cristi-, que mañana una calle se llame "Augusto Pinochet", nombre que a mu­chos nos produce desagrado.

La señora CRISTI.- ¡A mí no!

El señor ROCHA.- A usted no, pero piense por la mayoría del país. También es una agresión que en la capital de Chile exista la avenida "11 de Septiembre", fe­cha que muchos quisiéramos olvidar.

Por lo tanto, la materia es importante y debe ser analizada con tranquilidad. La Cámara debe dedicarle tiempo, porque de continuar la situación actual se provo­cará molestia, incomodidad y agresión a muchos conciudadanos.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEA Y.- Señor Presidente, no corresponde llevar la disdlsión a nombre de personas. Respeto la opción del Dipu­tado señor Palestro de querer el día de mañana una calle con la denominación de un Presidente que apoyó y también res­peto la opción de la Diputada señora Cri­ti. Pero eso no está en discusión.

Dos puntos del proyecto ameritan un análisis serio de parte de los señores Di­putados. El primero dice relación con la atribución para dar nombres a las calles, fundamentalmente lo que se ha discuti­do. La ley Orgánica Municipal establece -como señaló el Diputado señor René García- que tal atribución corresponae al concejo municipal, el cual, a su vez, debe consultar al consejo económico y social, que representa a las bases de la comuni-

dad, según se desprende del texto que aprobó el Congreso. Por lo tanto, el punto está resuelto.

El segundo punto es más delicado, porque el proyecto no sólo habla de luga­res públicos, sino que también de institu­ciones, y no veo por qué el día de mañana una persona viva podría estar impedida de formar una fundación en contra del Sida o del cáncer o en favor de los inváli­dos, o cualquier institución en beneficio de la comunidad.

El señor RQCHA.- Dice instituciones públicas.

EL señor LEA Y.- No, señor Diputado. No dice instituciones públicas; habla sólo de instituciones.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Señores Diputados, ruego evitar el diálogo y dirigirse a la Mesa.

El señor LEA Y.- Lo importante es res­petar las facultades y autonomía de las comunas. La que corresponda sabrá si a Departamental le coloca "Salvador Allen­de". El problema lo resolverá el concejo municipal. Lo mismo para la avenida 1/11 de Septiembre" y cualquiera otra. Siem­pre habrán disputas y se dirá que un nombre no es representativo; pero la comunidad tiene que tomar la decisión .

. Es un absurdo limitar las opciones a las instituciones e impedir que el día de mañana, incluso las públicas, como dice el Diputado señor Rocha, puedan desta­car una figura en el país mientras viva, sin necesidad de esperar 25 años.

Estas limitaciones van a la pequeñez. Impiden que se use el nombre de perso­nas que se hayan destacado en cualquier actividad y beneficiado a la comunidad en general. Se está viendo 10 puntual y el pasado reciente; pero la legislación es a futuro. Por ello, es indispensable la am­plitud de criterio y no mirar sólo 10 nega-

SESION 61 il, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5533

tivo ocurrido en los últimos años; no ocu­parse en las cosas que nos separan, sino en las que nos unen, y en definitiva posi­bilitar que gente que se destaque en nues­tro país, de cualquier condición, pueda tener su nombre en una calle, en una pla­za o bien en alguna institución.

Con la venia de Su Señoría, concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.- Señor Presidente, en diversas intervenciones se ha señalado que el proyecto atenta contra la autono­mía municipal, en circunstancias de que, en ningún caso, quita la atribución al con­cejo municipal para la designación de ca­lles.

En los artículos 12 y 22 , el proyecto contempla dos nonnas que deben ser res­petadas, nadie puede discutir su proce­dencia. Podemos. discutir incluso la su­presión del artículo 3~ pero los dos ante­riores son precisamente para que los municipios los cumplan.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Puede continuar el Diputado señor Leay.

El señor LEA Y.- Señor Presidente, está bien lo que menciona el Diputado señor Rojo; pero lo importante es que se está limitando una atribución.

El' concejo tiene la atribucióri de asig­nar el nombre de un ser vivo o no a una plaza o calle. Su decisión está respaldada, además, por la comunidad. Así se esta­blece hoy en la ley orgánica y esto se se­guiría respetando. No impediría que el día de mañana la comunidad pudiera co­locar el nombre de un ser vivo a una pla­za o calle. Si para ella es significativo, lo

decidirá ¿ Por qué la va a limitar el Parla­mento? Es decisión de la comunidad.

,El Diputado señor Orpis me solicita una interrupción. Por su intermedio, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señür ORPIS.- Señor Presidente, he solicitado la interrupción para contrade­cir al Dip-:.ttado señor Leay, no para apo­yarlo, tal como se lo he señalado.

BásicaMente, la idea contenida en el proyecto no restringe al tema contingente y perfeccionándola podemos ir mucho más allá, al valor que tiene. Por eso, me gustaría rescatar este ámbito.

He presentado dos indicaciones: una al artículo 12, y otra al artículo 32, para eli­minarlo.

Por rawnes distintas el artículo 32,

atenta contra la autonomía municipal, porque el cambio de denominación co­rresponde a los concejos municipales, de acuerdo c:m las nonnas que aquí se han indicado, y no me parece correcto que se estén modificando estos criterios. Si el concejo quiere cambiar una denomina­ción el día de mañana, tiene plena facul­tad para hacerlo hoy.

En segilndo ténnino, la indicación al artículo P, es para eliminar la palabra "institucién". Aquí quiero respaldar lo expresado por el Diputado señor Leay, porque los lugares públicos, desde mi punto de vista, no deberían llevar nom­bres de personas vivas. En este sentido, no se dice instituciones públicas, sino simplemente "institución", y el alcance podría ser muy extenso.

. En general, los lugares públicos debe­rían llevar el nombre de personas falleci­das, porque por mucho respeto que tenga la comunidad hacia una persona viva, ésta siempre estará sujeta a la contingen­cia. Podrá recibir mucho apoyo en un

5534 CAMARA DE DIPUTADOS

momento determinado y en otros no. En definitiva, constantemente habrá que cambiar el nombre de los lugares públi­cos. Cuando una personas ha fallecido, la comunidad tiene mesura y madurez para aquilatar su nombre en lugares públicos, y esto asegura la permanencia.

El señor PALESTRO.- ¡Y algunas pue­den ser demasiado vivas!

, El señor ORPIS.- No deseo caer en lo contingente, Diputado Palestro. Hay que dar altura de miras al debate.

Esa es mi opinión respecto del artículo 1Q

•

Quiero rescatar esos criterios. Lo mis­mo ocurre con los hechos históricos, que el tiempo los va aquilatando.

Ya que estamos comenzando una nue­va etapa, estimo que al eliminar el artícu­lo 3Q

, dejar esa facultad a los propios con­cejos y, por otra parte, rescatar los mo­mentos históricos que deben tener mayor preponderancia en el tiempo, se puede dar mayor estabilidad y reconocimiento para no cambiar permanentemente el nombre a estos lugares.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- ¿Me permite señor Diputado?

Terminó el Orden del Día. Si le parece a la Sala, se procederá a

votar el proyecto.

El señor SABAG.- ¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- No hay acuerdo.

VII.- INCIDENTES.

9.- ADMINISTRACION DE RECUR­SOS DE DIGEDER POR COORDI­NADORAS REGIONALES. PRO­POSICION DE COMISION ESPE­CIAL INVESTIGADORA.

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- A las 12.30 se inaugurará en el edifi­cio de la Corporación una escultura de la destacada artista chilena Marta Colvin. Corno no hay proyectos de acuerdo y para que pueda asistir a este acto la ma­yor cantidad de parlamentarios, propon­go suprimir Incidentes de esta sesión.

El señor CHADWICK.- ¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presiden­te).- No hay acuerdo.

En primer tumo corresponde al Comi-té del Partidos Socialista.

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En .el tumo del Comité de la Unión

Demócrata Independiente, tiene la pala­bra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presi-' dente, quiero referirme a una situación de especial seriedad y gravedad que me ha correspondido conocer en los últimos días.

Durante este último tiempo, los Dipu­tados de la UDI hemos recibido diversas denuncias acerca de presuntas irrgulari­dades que se estarían cometiendo en la administración de los recursos que Dige­der entrega a las denominadas coordina­doras regionales.

En razón de los antecedentes conteni­dos en las denuncias respectivas, por ofi­cio de esta Cámara solicitamos a la Con­traloría General de la República que nos enviara los informes sobre las auditorías efectuadas en las coordinadoras regiona­les de la Digeder.

SES ION 61 l1, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5535

Esos informes, que hemos recibido en los últimos días, permiten detectar graví­simas irregularidades en la administra­ción de los recursos, específicamente en la denominada coordinadora de la zona sur de la Región Metropolitana.

Estos antecedentes, que pondremos a disposición de la Sala, permiten precisar, hasta la fecha, tres graves irregularidades en los siguientes ámbitos:

Primero, las adquisiciones de imple­mentos deportivos se han realizado sin perdir cotizaciones ni emitir órdenes de compra.

Segundo, en la mayoría de los casos, se trata de proveedores que, antes de abastecer a la Coordinadora Sur, no rea­lizaban actividades en ese rubro. No son fabricantes ni importadores de los productos que comercializan y, algunos de ellos, son proveedores exclusivos de las coordinadoras de la Digeder. Las compras efectuadas en estas condiciones por la Coordinadora mencionada alcan­zan a la suma de 101 millones 320.637 pesos.

El informe de la Contraloría también hace mención, en cuanto a esta forma de adquirir los implementos deportivos, a una serie de ~jemplos ilustrativos de las irregularidades cometidas que revelan la gravedad de la situación.

Asimismo, hace referencia a una em­presa que se denomina Benson Chile S.A., cuyo giro comercial son las consul­torías profesionales. La Coordinadora de la zona sur de Santiago le compró, en el mes de enero de 1992, 100 equipos mul­tiuso para adultos por un valor de 4 mi­llones 500.000 pesos.

Don Hemán Ayala Gómez, cuyo rubro comercial es de frutas, botillería y verdu­lería, amplió su giro en el mes de mayo de 1991 a la confección de prendas de vestir deportivas. La Coordinadora de la zona sur le hizo compras por valor de 25 millones 276.337 pesos. Cabe señalar, además, que don Hernán A yala es coor-

dinador comunal de una de las depen­dencias de la Digeder.

Doña María Angélica Roldán Ca­macho, cuyo giro comercial es de con­tratista y construcción, también aparece ampliando su giro, en marzo de 1991, al de fabricación y comercialización de artículos deportivos y sus implemen­tos.

El informe dice que durante 1991, esta señora no registró ninguna operación comercial. Pero en 1992, vendió artículos deportivos, exclusivamente a la Digeder, por un monto de 168 millones 615.235 pesos. Por consiguiente, el informe de la Contraloría sobre la Coordinadora Sur de la Digeder establece que, en materia de adquisición de implementos deportivos, existen gravísimas irregularidades que ascienden a sumas superiores a los 200 millones de pesos.

Un segundo aspecto, también relacio­nado con estas irregularidades, que seña­la el informe de la Contraloría, dice rela­ción con el control de los implementos deportivos que las coordinadoras distri­buyen en clubes y asociaciones deporti­vas.

El informe expresa que no existen pro­cedimientos adecuados para el control de las entregas de los elementos deportivos, afirmando que, de esta forma, resulta imposible efectuar una efectiva fiscaliza­ción acerca del destino de los implemen­tos deportivos que entregan las coordina­doras de la Digeder de la Región Metro­politana. Por ejemplo, en una inspección realizada a las bodegas de la zona sur de Santiago, se pudo detectar, entre otras irregularidades, que compras de artículos deportivos no se encontraban registrados en los inventarios de Digeder y, aún más, que entre ellas se señalan las siguientes: 980 equipos de multiuso, 2.198 balones de fútbol y más de 100 mesas de pinpón. Es decir, se trata de implementos deportivos comprados por la Cordinadora Sur de Digeder que no figuran en sus inventa-

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rios. Por consiguiente, se desconoce a qué lugar han sido destinados.

En tercer lugar, el informe de la Con­traloría hace una referencia específicá a la forma como las coordinadoras metropoli­tanas han desarrollado los programas y actividades de la Digeder.

Existe una empresa denomina Evenchi S.A., cuyo representante legal es el señor Juan Claudio Reyes Saldías, conocido di­rigente del Partido de la Democracia Cristiana. Esta empresa ha celebrado con­tratos con las Coordinadoras de Digeder de la Región Metropolitana por la suma de 260 millones 908.110 pesos, cantidad que recibió en forma anticipada, sin dar garantía alguna respecto de esos recursos.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Ha terminado el tumo del Comité de la UD!. Puede continuar su intervención en el del Comité de Renovación Nacional, que le ha cedido su tiempo.

El señor CHADWICK.- Termino en seguida.

Además, se desconoce cómo fueron adjudicados dichos contratos.

Pero esto ,no es lo más grave. La Con­traloría sólo ha logrado acreditar hasta el momento ventas de esa empresa por la cifra de 63 millones de pesos. Es decir, de 260 millones de pesos, Evenchi ha logra­do rendir cuenta con facturas propias, de 63 millones de pesos, todos estos docu­mentos emitidos con considerable poste­rioridad, como lo especifica el citado in­forme, a la realización eventual de dichos programas.

En un acá pite especial de ese informe se destaca que, debido a que se represen­tó esta situación, hace cinco días llegó un informe de la Digeder con facturas de Evenchi, emitidas en febrero y marzo de este año, que rinden cuenta de diñeros entregados hace más de dos años. Es de­cir, con facturas posteriores a dos años y con otras proporcionadas por don Juan

Claudio Reyes, en forma personal, se pre­tende rendir cuenta de esos 260 millones, con lo cual se produce una duplicidad de facturas sobre el mismo servicio.

Esta situación es considerada en los informes de Contraloría como extraordi­nariamente irregular y seria. Por esta ra­zón, he querido entregar en esta oportu­nidad tales antecedentes, de manera que esos hechos puedan ser esclarecidos hasta lograr la verdad. Con ello se está contri­buyendo a obtener la mayor transparen­cia en estas materias, sobre todo cuando se trata de la administración de recursos fiscales destinados al deporte y a la ju­ventud de nuestro país.

No queremos hacer un juicio a la acti­vidad deportiva en Chile; no queremos que esto enlode a una institución como la Digeder, ni a personas, sin que previa­mente se puedan establecer sus responsa­bilidades.

Deseamos agradecer al Director de la Digeder, don Iván Navarro, que nos haya proporcionado los antecedentes requeri-dos. .

Para dar garantías al país, es indispen­sable dar cumplimiento a nuestra función fiscalizadora y actuar con la mayor trans­parencia en la administración de estos recursos fiscales.

Señor Presidente, con su venia conce­do una interrupción al Diputado señor Coloma.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado señor Colo­ma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, junto con el Diputado señor Chadwick hemos presentado el siguiente proyecto de acuerdo, para ser votado en la próxi­ma sesión.

"En ejercicio de la función fiscalizado­ra que la Constitución Política de la Re­pública entrega a esta Honorable Corpo­ración, nos hemos informado de una serie

SESION 61 a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5537

de irregularidades en la administración de los recursos que Digeder entrega a sus coordinadoras zonales.

"Las denuncias que sobre la materia hemos recibido dicen relación con el fun­cionamiento administrativo y financiero de las coordinadoras de la Región Metro­politana de Digeder, especialmente de la zona sur.

"Frente a este cúmulo de denuncias, enviarnos oficios a la Contraloría General de la República, para que nos informara acerca de auditorías y fiscalizaciones que dicha repartición hubiera efectuado a es­tos organismos.

"El análisis de los informes que la Contraloría nos ha hecho llegar eviden­cian, a juicios del propio organismo con­tralor, notorias irregularidades en la ad­ministración de los recursos que Digeder entrega a sus coordinadoras, específica­mente de la zona sur, en relación con la adquisición de artículos deportivos, con­trol de implementos deportivos y realiza­ción de actividades y programas. Esos informes son concluyentes en establecer la existencia de graves irregularidades en la administración de los recursos para el deporte de las coordinadoras zonales de Digeder.

"Por tanto, en cumplimiento de las funciones que la Constitución nos entrega en forma exclusiva, consideramos nues­tro deber exigir el total esclarecimiento de estas presuntas irregularidades, más aún cuando pueden estar comprometidos los recursos que todos los chilenos destina­mos a una actividad tan importante como el deporte.

"Por las razones anteriores, los Dipu­tados que suscriben venimos en presentar el siguiente

"Proyecto de Acuerdo: "Constitúyase la Comisión Especial

Investigad"ora de Digeder, cuyo objeto será esclarecer toda presunta irregulari­dad administrativa, contable, jurídica y financiera de dicho organismo desde

marzo de 1990 hasta la fecha. Además, deberá aclarar todas las observaciones, reproches e irregularidades que haya de­tectado o detecte la Contraloría General de la República, en ejercicio de su rol contralor.

"La Comisión se conformará según lo dispuesto en el artículo 213, del Regla­mento de la Cámara de Diputados, y ten­drá un plazo de 60 días para evacuar su informe." .

He dicho.

10.- PAGO DE IMPOSICIONES A EX TRA BAJADORES DEL PEM Y POJH. Oficio.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- El turno sig'.liente corresponde al Comité del Partid) por la Democracia.

Tiene Ia palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señ·)r MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, todos sabemos que el actual sistema previsional chileno determina que los tféi bajadores hombres deben dete­ner sus faenas a los 65 años, y las muje­res, a los 60 años, cuando están adscritas a un plan de previsión. También existe lo que llamo "el gran volador de luces": la posibilidad de la jubilación anticipada, que consEtuye una utopía para quienes tienen un:l renta baja, pues les impide acceder a los beneficios del sistema del ahorro.

Solicito que se oficie al señor Ministro del Trabajo respecto del siguiente proble­ma. En el gobierno autoritario pasado, se creó un sistema que fue una verdadera explotación de los trabajadores chilenos, conocido como el PEM y el POJH. A los trabajadores del PEM, se les pagaba 3.000 pesos, 1.500 pesos cada quince días; y a los del POJH, 8.000 pesos. Ello significó que incluso profesionales, como médicos, ante la cesantía existente en ese período,

5538 CAMARA DE DIPUTADOS

debieron trabajar en ese plan que consti­tuyó una verdadera explotación de los trabajadores. No olvidemos que las muni­cipalidades que contrataban a estos per­sonales, los ponían a disposición de em­presas privadas.

El problema que en ese entonces no se visualizaba, hoy se observa en forma muy descarnada cuando decenas de mi­les de trabajadores chilenos han querido presentar sus papeles de jubilación al Ins­tituto de Normalización Previsional o a las AFP: se han encontrado con sorpresa de que en los sistemas del PEM y del POJH, no se efectuaban las imposiciones correspondientes. De manera· que hoy se percatan de que les faltan 5 ó 6 años de imposiciones, 10 que les imposibilita aco­gerse a jubilación por haber cumplido los 65 años.

El informe Rettig señaló en sus conclu­siones que el Estado tenía responsabilida­des cuando se violaban los derechos de las personas y que debía asumir la obliga­ción ineludible de otorgar la compensa­ción respectiva. Así se ha procedido en muchos casos y el Estado ha debido in­demnizar por diferentes vías.

Por 10 tanto, solicito que el señor Mi­nistro del Trabajo envíe al Congreso Na­cional un proyecto, a fin de que el Estado pague las imposiciones de los trabajado­res que prestaron servicios en el PEM y el POJH durante ese período, ya que hoy no es posible hacerlo por no existir una ley de continuidad de la previsión.

He dicho.

- Aplausos en las tribunas.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Advierto a las personas que se encuen­tran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.

Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y de los Comités del PPD y del Partido Socialista.

11.- PA VIMENTACION DE CAMINO A VILLA ALHUE (Región Metro­politana). Oficio.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­En el turno correspondiente al Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota.

El señor SOT A.- Agradezco al Comité Radical Social Demócrata el tiempo que me ha cedido.

Señor Presidente quiero insistir en esta Cámara, una vez más, sobre el abandono en que se encuentra un pueblo que, por su tradición histórica, debiera interesar a todos los parlamentarios. Me refiero a Alhué.

Alhué fue una encomienda de doña Inés de Suárez, y, según cuenta la leyen­da, allí se plantó la primera parra en Chi­le. En la Colonia, el gobernador don José Antonio Manso de Velasco, en vista de la importancia de la explotación de minera­les de oro en aquella zona, fundó en 1743, la ciudad de Santa Cruz de triana, hoy Rancagua, para servir de centro a la po­blación minera situada originalmente en Alhué. Sin embargo, en la actualidad, la denominada Villa Alhué está absoluta­mente abandonada.

Quiero leer parte de una desolada cró­nica publicada en un importante diario capitalino en que se relata un completo operativo cívico que, utilizando helicóp­teros, realizó hace poco Carabineros de Chile en ese abandonado pueblo. Dice el periodista: liLa ayuda llegó del cielo. ¿Y de dónde más, si el consultorio más cer­cano está en Melipilla, a dos horas de via­je? ¿Si los caminos deben buscar el hueco entre los cerros y son intransitables en in­vierno?".

Esta pobreza del enclave alhuino, de 5.000 habitantes, situado a 140 kilómetros de Santiago, ha rayado a veces en la indi­gencia. Recién dispone de un médico, después de dos años y medio de ausen-

SESION 61-, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5539

cia; existe un sólo teléfono en toda la comuna; la televisión se recibe en forma defectuosa; no hay una sola calle pavi­mentada; después del terremoto de 1985, que asoló la zona, los organismos del Es­tado han construido 20 viviendas. En fin, la incomunicación que sufre esta conmni­dad rural ha influido en la obtención de deficientes resultados educacionales. Así lo demuestran los índices del Simce que colocan a Alhué en los más bajos lugares de esa encuesta.

Es urgente que el Ministerio de Obras Públicas acuerde la pavimentación del camino que une Villa Alhué con Melipilla y se decida sobre el proyecto de rea~ pertura de la antigua ruta colonial hacia Rancagua. Ello, unido a la conexión de teléfonos y televisión, servirá para sacar de su injusto aislamiento a ese noble lu­gar.

Pido que se oficie una vez más, en mi nombre y en el de mi Comité, al señor Ministro de Obras Públicas para que se realicen las obras que he señalado.

Aprovecho para rechazar la respuesta de la Dirección de Vialidad a un oficio mío, por la cual comunica que recién se iniciarán los estudios pertinentes. No me parece aceptable esa contestación, por cuanto, desde hace tres años, el Diputado que habla ha estado insistiendo en la eje­cución de esas obras.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Ha terminado el t~ del Comité del Partido por la Democracia.

El señor SOT A.- Finalmente, por res­peto a la tradición histórica de Alhué y te­niendo presentes consideraciones de ver­dadera justicia, pido que el Ministerio del ramo responda concretamente sobre las peticiones que he formulado.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el de los Comités del

Partido por la Democracia y de Renova­ción Nacional.

12.- ALCANCES SOBRE ADMINIS­TRACION DE RECURSOS DE DIGEDER POR COORDINADO­RAS REGIONALES.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- El tumo siguiente corresponde al comité del Partido Demócrata Cristiano.

Tiene la palabra el Diputado don Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero manifestar mi complacencia por la serie­dad y la forma en que el Diputado señor Chadwick dio a conocer a esta Honorable Cámara las graves irregularidades produ­cidas en el Consejo Provincial de Depor­tes Maipo. Y digo que me parece bien la manera en que lo ha planteado, porque, de acuerdo con el informe de la Contralo­ría, es efectivo que habrían existido una serie de irregularidades y de hechos que ameritan una investigación por parte de los tribunales de justicia.

Quiero aclarar más algunos de los an­tecedentes entregados por el colega Chadwick.

En primer lugar, el informe de la Con­traloría surgió en virtud de un oficio que se enviara a ese organismo a petición del Di putado señor Bosselin, a mediados del año pasado. Ese informe se elaboró desde septiembre de 1992 en adelante y ha sido entregado sólo el 6 de abril.

En segundo lugar, debo aclarar que estamos hablando del Consejo Provincial de Deportes Maipo, que corresponde a una corporación privada, autónoma res­pecto de la Digeder, cuyos dirigentes y funcionarios administrativos se generan por elección de los propios consejos loca­les. Pienso que ésa es la manera de proce­der, porque no podemos confundir la res-

5540 CAMARA DE DIPUTADOS

ponsabilidad de la Dirección de Deportes del Estado con el funcionamiento irregu­lar de una corporación privada

Esto es lo primero que debemos tener presente. De lo contrario, se puede pres­tar para malos entendidos, como lo seña­ló el señor Diputado al final de su inter­vención.

El informe de Contraloría detecta irre­gularidades respecto de adquisiciones, registros contables, fondos a readir cuen­ta, e incluso de la forma en que se llevaba el control de existencia por parte de la corporación privada Coordyr ~;ur (Coor­dinación de Deportes y Recreación).

Me llama la atención que exi:5ta contra­dicción entre lo que manifestó el Diputa­do señor Chadwick y lo que planteó en el proyecto de acuerdo el Diputado señor Coloma, porque en él se pide ql1e efectue­mos la fiscalización a través de una Co­misión Especial, sin que teng,amos, la­mentablemente, facultades para hacerlo en este caso específico.

Creemos que, en cuanto a la transpa­rencia en el manejo de los recursos públi­cos, debe quedar en claro ante el país la administración de los mismos. En este caso, para los efectos de proporcionar los recursos, la Dirección de Deportes opera contra proyectos presentados por las cor­poraciones. Sobre esa base, entrega los recursos del Estado, y ese aspecto es con­veniente que lo podamos fiscalizar y acla­rar. Me alegra que el Diputado señor Chadwick haya dicho que encontró la in­formación y colaboración adecuada y oportuna por part~ del señor Director Ge­neral de Deportes, porque así es como se debe proceder en estos casos. .

En tercer lugar, la Digeder, efectúa auditorías internas que permiten contro­lar que efectivamente los fondos sean bien asignados y gastados en los proyec­tos que correspondan y, si hay .~rregulari­dades, que ellas se corrijan.

En este caso específico, la auditoría in­terna había detectado algunas irregulari-

dades en este sector. Por ello, de todas maneras el señor Director de Deportes adoptó medidas en este asunto. Con fe­cha 112 de marzo de este año, a pesar de no contar con el informe de la Contralo­ría, porque se demoró mucho, se exigió que el coordinador de deportes de la Re­gión Metropolitana, área sur, de este con­sejo provincial, hiciera dejación de su car­go. También se le ha pedido la renuncia al jefe del departamento técnico y al jefe administrativo de dicha coordinación re­gional, por la causal de significativo de­sorden administrativo en el manejo de los recursos girados por Digeder al Consejo Provincial de Deportes Maipo, elIde marzo de 1993, es decir, hace un mes y medio.

De manera que, en nuestra opinión, frente a este caso, procede que el propio señor Director de Deportes sea quien en­tregue a la justicia ordinaria los antece­dentes establecidos en el informe de la Contraloría General, para que quienes re­sulten culpables de malos manejos, de . dolo, de falsificación de documentos, et­cétera, reciban el castigo que corresponde de acuerdo con 10 resuelto por los tribu­nales.

Nosotros somos los primeros interesa­dos en investigar todos y cada uno de los actos ejecutados por quienes administran los recursos del Estado. Siempre hemos exigido transparencia en el cumplimiento de estas funciones. Nos gustaría poder investigar este caso, y muchos otros, si tuviéramos la facultad de fiscalizar. De­searíamos tener esa facultad no sólo des­de el 31 de marzo de 1990, para indagar todo lo ocurrido durante la administra­ción anterior en estas materias, porque también hubo irregularidades manifiestas de Generales de la República que dirigie­ron la Dirección de Deportes, las cuales, hasta hoy, no han sido sancionadas por nadie.

SESION 61 a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5541

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).- Nos gustaría tener facultad para fiscalizar, como corresponde, todos los actos del régimen militar. Sin embargo, la Consti­tución de 1980, aprobada y sustentada por ustedes, hasta ahora no nos pennite ejercer nuestra función parlamentaria en esa materia. Entonces, si aquí hablamos de fiscalizar, hagámoslo en serio; si plan­teamos que se debe actuar con transpa­rencia, seamos consecuentes. No se opon­gan a las refonnas necesarias para penni­tir que el Parlamento tenga más faculta­des, ni a refonnar la Constitución en' to­das aquellas materias que instituyen un verdadero mecanismo de veto por parte del poder militar, el cual establece garan­tías para que ustedes puedan estar tran­quilos de que no serán investigados hacia atrás, frente al país.

Señor Presidente, quiero recoger el tra­tamiento serio con que el colega Chad­wick abordó el tema, porque él sabe que no tenemos facultades para fiscalizar esta corporación privada.

Deseo que estos antecedentes pasen efectivamente a la justicia ordinaria, por- ' que eso es lo que corresponde, a fin de que respondan quienes resulten culpa­bles, sean del partido que fuere.

Por último, el tema de la fiscalización merece un debate mucho más profundo, poque muchas veces se la confunde o uti­liz~ como causal e~al, con el objeto de realizar actividades demagógicas o emitir opiniones o juicios que, en muchos casos, a la larga, enlodan la honorabili­dad de las personas, se transforman en voladores de luces y, a la postre, quedan reducidos a la nada. Si vamos a fiscalizar, tratemos el tema en serio.

En la próxima sesión, los Comités po­drían destinar una hora o una hora y me­dia para la discusión de este proyecto de acuerdo en la Sala, a fin de acotar el pro­blema de fondo: cómo fiscaliza la Cáma-

ra, a quiénes podemos fiscalizar, y que la Constitución actual no nos cercene la po­sibilidad de investigar todo lo que debe­ríamos fiscalizar en el país.

He dicho.

13.- CAMBIO DE NOMBRE A ESTA­BLECIMIENTOS EDUCACIONA­LES TRASPASADOS A LAS MU­NICIPALIDADES. Oficio.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.- Señor Presidente, tiempo atrás, la Honorable Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó un proyecto de acuerdo por el que solicitaba al Minis­terio de Educación dictar el decreto co­rrespondiente para que los establecimien­tos educacionales traspasados a las muni­cipalidades o creados por ellas y aquéllos entregados en administración, según el decreto ley NQ 3.166, de 1980, sean conocidos por un nombre, dejando de utilizar la individualización con letras y números.

En virtud de ese proyecto de acuerdo, el Ministerio de Educación dictó el decre­to Nº 406, publicado en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1992, por el cual ordenó estos cambios de denominacio­nes. Establece que las municipalidades y las corporaciones mencionadas, de las cuales dependan los establecimientos educaciones que no tengan más indivi­dualización que la letra y el número, de­berán proponer, al Secretario Regional de Educación que corresponda, antes del 15 de diciembre de 1992, un nombre que los identifique y que cuente con la confonni­dad de la comunidad escolar.

Para los efectos administrativos, el Ministerio de Educación podrá asignar a

5542 CAMARA DE DIPUTADOS

cada establecimiento educaciona( un dígi­to verificador.

El caso es que, habiendo vencido el plazo señalado en el decreto correspon­diente, aún no se ha dado cumplimiento a este cuerpo legal, motivo por el cual los liceos y escuelas continúan denominán­dose por números y letras.

Señor Presidente, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Educación, con el objeto de que informe sobre el cumpli­miento del decreto NI! 406, ya enunciado, y pedirle, al mismo, que procure agilizar el procedimiento de cambio de denomi­nación.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

14.- NIVELACION DE ASIGNACION DE ZONA ENTRE FUNCIONA­RIOS PUBLICOS. Oficio.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Dipuado señor Balde­mar Carrasco.

El señor CARRASCO.- Señor Presi­dente, nuestra Constitución Política con­sagra la igualdad ante la ley. Dice que en Chile no hay persona ni grupo privilegia­dos, y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias ..

En abril se publicó la ley NI! 19.133, la cual, entre otros aumentos de remunera­ciones, incrementa, en un ciento por cien­to la base de cálculo de la asignación de zona para el Poder Judicial. Al reconocer­se esa necesidad de cálculo, se crea un grave problema en relación con todos los demás funcionarios de la Administración Pública que perciben asignación de zona. Si se concedió este aumento al Poder Ju­dicial, 10 lógico es que este beneficio se haga extensivo a todos los funcionarios

públicos que perciben esa asignaclOn. En efecto, por el artículo '?-, del decreto

ley NI! 249, de 1973, junto con rebajarse la asignación de zona y, posteriormente, aumentarla al estado actual, se modificó la modalidad de cálculo del pago. A los regidos por la Escala Unica les mantiene el sueldo base, y a los demás, el total de las remuneraciones.

Cuando se consagró dicha disposición legal, estas dos fórmulas de cálculo pro­ducían el mismo efecto, por cuanto los funcionarios afectos a la Escala Unica te­nían como remuneración total lo que per­cibían, y la asignadón de zona era, sim­plemente, el doble de lo que ganaban. Sin embargo, ahora el sueldo base es sólo una pequeña parte del total de las remunera­ciones, ya que, a lo largo de algunos años mediante leyes o decretos se establecie­ron remuneraciones adicionales para los funcionarios del sector público, tales corno la asignación profesional, la asigna­ción de fiscalización, etcétera, las que en conformidad con las disposiciones corres­pondientes, fueron declaradas no afectas a la asignación de zona. Entonces ante la realidad de que la asignación de zona que perciben los funcionarios públicos de nuestras regiones no dice relación con el total de sus remuneraciones, sino con una base muy pequeña del mismo, lógica­mente esa asignación disminuye en for­ma grave. Así, quienes tienen una asigna­ción de zona del ciento cinco por ciento, terminan percibiendo, dentro del total de sus remuneraciones, una asignación no superior al 25 ó 30 por ciento. Este es un hecho grave porque en la actualidad la carestía de la vida en los lugares donde se entrega esa asignación es muy superior a lo que se percibe. Esta situación está im­pidiendo que funcionarios, especialmente profesionales, tengan. un aliciente para irse a trabajar a las zonas extremas del país.

Por eso, es fundamental que se aplique el artículo 19, NI! 2, de la Constitución

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Política, que prohíbe establecer diferen­cias arbitrarias.

Solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se aumente el sueldo base de los funcionarios públicos sobre el cual se calcula la asignación de zona. De esa manera, percibirán una asig­nación de zona igual a la del Poder Judi­cial. Estimamos justo que ella correspon­da a la realidad que se quiso imponer cuando se determinó el cálculo sobre el sueldo base, 'por lo cual en ese momento esa asignación .era el dohle de lo que per­cibían.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

15.- METODOLOGIA UTILIZADA EN ENCUESTA DE TELEVISION NACIONAL DE CHILE SOBRE USO Y CONSUMO DE DROGAS. Oficio.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- El tumo siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).­Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por una encuesta efectuada por Televisión Na<j9nal, en relación con el uso y consumo de drogas.

Hace algunos días, ese Canal realizó una encuesta pidiendo a los televidentes pronunciarse a favor o en contra de la idea de legalizar el uso de las drogas en nuestro país. El sistema utilizado consis­tió en invitar a participar, en la citada encuesta, en forma abierta a todas las personas que quisieran hacerlo, para lo cual bastaba con llamar al Canal para opi­nar en un sentido u otro. Dada la meto­dología empleada, el resultado fue el úni-

co que se podía esperar: desastroso. De­mostró que prácticamente el 70 por ciento de las personas encuestadas estaban a favor de la legalización del uso yconsu­mo de drogas.

Después de este resultado, ¿qué duda puede caber de que quiénes llamaron al Canal son consumidores de drogas o bien decididos partidarios de su legalizaciórt? ¿Cómo se controló que la misma persona que llamó telefónicamente al Canal no lo hubiera hecho en varias ocasiones? ¿Cómo se verificó -la objetividad de la muestra de la encuesta y el resultado de su medición?

Creo que nada de eso se cauteló y, lo que es peor, su resultado inducirá a error a importantes sectores de nuestra socie­dad, que sentirán plenamente justificado su accionar en ese sentido.

Resulta difícil aceptar que en un canal de televisión que es de todos los chilenos se cometa este tipo de equivocaciones que influyen erradamente en el comporta­miento de muchas personas. Y ello no es todo, pues acciones como ésta afectan en forma negativa la motivación de muchas personas e instituciones que trabajan dia­riamente y con gran esfuerzo en la reha­bilitación de drogadictos, como igual­mente en tareas de prevención.

Por último, estos hechos provocan una gran contradicción con los esfuerzos que realiza el Gobierno sobre esta materia, como asimismo el Congreso Nacional.

Señor Presidente, la circunstancia y las razones expuestas, me llevan a solicitar de esta Corporación el envío de un oficio, en nombre de Renovación Nacional, al señor Director de Televisión Nacional, para manifestarle nuestra preocupación por la desafortunada intervención de su Canal en los hechos señalados.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

5544 CAMARA DE DIPUTADOS

El señor BAYO.- Señor Presidente, res­paldo y hago mías las expresiones del Diputado señor Claudio Rodríguez. De­seo que no sólo se exprese nuestra preo­cupación a ese Canal, sino que se enfati­ce, además, la necesidad de no repetir ac­tuaciones como las comentadas e, incluso, hacerle notar los riesgos que se corren dado el grado de desinformacié,n existen­te en la población.

16.- CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUi::>.

El señor BAYO.- Señor Presidente, hoy me voy a referir a un hecho que se con­memora en todo el mundo, cual, es el "Día Mundial de la Salud", d~ acuerdo con 10 establecido hac,e varios. decenios por la Organización Mundial de la Salud.

Como es tradicional, esta fecha se con­memora llamando la atención acerca de un tema prevaleciente, de alta significa­ción para la salud del planeta, tratando de orientar a la comunidad toda hacia la realización de acciones,inclu~'endo las educativas, que ayuden a tener una mejor calidad de vida. Este llamado s~ materia­liza a través de un lema cancterístico para cada año, que ahora es: "La vida es frágil, rechacemos la violencia :r la negli­gencia".

Es preciso meditar sobre este lema. Es necesario que la ciudadanía sepa que en Chile fallecen, por accidentes, alrededor de 8 mil personas al año, esto e5, propor­cionalmente, seis veces más qu-~ en Esta­dos Unidos o en Australia, en relación con el número de automóviles, él 10 que se debe agregar un alto número e.e heridos o lesionados graves con secuehs de por vida para ellos y sus familias. Esto redun­da en un costo de más de 200 millones de dólares al año, a pesar del gran esfuerzo que significa, entre otras acciof:es, la im­portante labor desarrollada por Carabine­ros de Chile, a través de la Brigada del

Tránsito y a nivel de las escuelas. Es preo­cupante, por decir 10 menos, que hoy se vuelva a plantear en el mundo un lema similar al ya formulado por la misma Organización Mundial de la Salud hace más de 25 años, pues en un día como hoy, con el lema "Los accidentes no son accidentales", se quiso llamar la atención sobre 10 mismo que hoy nos inquieta. Han pasado los años y la situación no sólo no ha mejorado sino que ha empeo­rado.

En esa oportunidad, se trataba de orientar hacia la prevención de accidentes y de los traumatismos, de mejorar la vida. En realidad, los esfuerzos no han sido suficientes. Al papel del Estado y de la comunidad organizada debe incorporarse activamente el individuo como tal, res­ponsable primario y fundamental de su propia salud, actor indispensable en todo programa que desea trascendencia y éxi­to, 10 mismo que auguramos al programa que desde Valdivia -ciudad saludable­hoy se inicia en Chile.

Con la participación de la Oficina Sa­nitaria Panamericana y del Banco Intera­mericano de Desarrollo, el Ministerio de Salud trata de incorporar a la comunidad en acciones de prevención y promoción de la salud orientadas por este lema que, por 10 menos durante un año, no debe­mos olvidar.

Sé que ahora todos los parlamentarios tienen inquietudes de índole política. No debemos olvidar que este es un año elec­toral y que cuando se acercan las eleccio­nes todos se empiezan a preocupar de la salud. En especial, debemos recordar que nuestros hijos y los hijos de-nuestros hijos serán los principales beneficiados si ac­tuamos con la responsabilidad que nos pide y exige este Día Mundial de la Sa­lud.

He dicho.

SES ION 6tA, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5545

17.- ALCANCE A INTERVENCION SOBRE NIVELACION DE ASIG­NACION DE ZONA A FUNCIO­NARIOS PUBLlCOS. Oficios.

El señor HAMUY (Vicepresidente).­Tiene la palabra el Diputado señor Hor­vath.

El señor HORV ATH.- Señor Presiden­te, una vez más me sumo a las palabras del Diputado señor Baldemar Carrasco respecto del problema de la asignación de zona.

Sin embargo, quisiera ser más específi­co, en el sentido de pedir que se oficie a los Ministerios de Hacienda, de Salud, de Obras Públicas y, sobre todo, del Interior, a fin de que revise las horas extraordina­rias que son obligados a trabajar los fun­cionarios y operarios públicos, las cuales no se les paga con la asignación de zona. A partir de ahí podríamos empezar a re­solver el problema.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

18.- EJECUCION DE OBRAS PUBLI­CAS EN AISEN. Oficio.

El señor HORV ATH.- Señor Presiden-

te, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de apurar el cumplimiento de compromisos de obras públicas en el sector de Aisén, relativos a la realización del camino entre Las Juntas y Raúl Marín Balmaceda, transversal Nº 1 de la zona, y al que une Puerto Tranquilo con Exploradores, proyectos iniciados y que se encuentran paralizados por cam­bio de prioridades y compromisos no re­sueltos en la zona.

Igualmente, en cuanto a la ejecución del puente sobre el río Rosselot, en el desagüe del lago del mismo nombre, con motivo de la inauguración de puentes de la Carretera Austral, se tomó un compro­miso presidencial que tampoco se ha cumplido.

Tenemos antecedentes de que los pro­yectos y los fondos se podrían actualizar este año para que las obras sean llevadas a cabo.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.

- Se levantó a las 13.21.

JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.

5546 CAMARA DE DIPUTADOS

VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 2 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitu­cionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado- respecto del proyecto de ley que modifica la Ley NQ 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y la Ley N2 17.235, sobre impuesto territorial.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley NQ 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico la referida urgencia de "sim­ple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao­na, Ministro del Interior Subrogante".

2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que fija la Planta de Personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín N2 939-15).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en lo~ artículos 26 y siguientes 'de la Ley NQ 18.918, califico de "suma".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Germán Molina Valdi­vieso, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones".

SESION 61-, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5547

3.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley NQ 18.340, Arancel Consular de Chile (boletín NQ 842-10).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Edmundo Vargas Carre­ño, Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante".

4.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retomo y modifica diversas disposiciones legales complementa­rias (boletín Nº 891-07).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.B.,

(Fdo,): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia".

5548 CAMARA DE DIPUTADOS

5.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre estatuto de la atención pri­maria de salud (boletín NQ 598-11).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Julio Montt Momberg, Ministro de Salud".

6.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el d.espacho del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley Nº 258, de 1974, sobre Radio Nacional de Chile (boletín NQ 139-07).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Enrique Correa Ríos, Ministro Secretario General de Gobierno".

SESION 61 i, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5549

7.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento deV.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre Plantas de Personal de las Municipalidades (boletín NQ 821-06).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwiri Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao­na, Ministro del Interior Subrogante".

8.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre asociaciones de funciona­rios del Estado (boletín NQ 696-06).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao­na, Ministro del Interior Subrogante".

5550 CAMARA DE DIPUTADOS

9.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que fija la planta de personal para la Dirección del Trabajo (boletín N° 811-13).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; René Cortázar Sanz, Ministro del Trabajo y Previsión Social".

10.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

,Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que reprime desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y otros centros deportivos con ocasión de espec­táculos públicos (boletín NO 259-07).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Na 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E.,

(Pdo.): Patricio Aylwin Azócat, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao~ na, Ministro del Interior Subrogan te" .

SESION 61&, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5551

11.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que dicta normas sobre adopción de menores, deroga la Ley N218.703 y modifica la Ley NI! 7.163 (boletín N2 899-07).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despachoJ en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NI! 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Francisco Cumplido

Cereceda, Ministro de Justicia".

12.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que otorga beneficios a los fun­cionarios que indica, regidos por la Ley NI! 15.076 (boletín N2 926-11).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NI! 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Julio Montt Momberg,

Ministro de Salud".

13.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica las normas sobre

5552 CAMARA DE DIPUTADOS

pensión de vejez y regula la rebaja de edad para pensionarse por vejez en los regíme­nes administrativos por el Instituto de Normalización Previsional (boletín NQ 599-13).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; René Cortázar Sanz,

Ministro del Trabajo y Previsión Social".

14.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento deV.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica (boletín NQ 571-08).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cup1plir. en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".

Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Alejandro Hales Jamar­

ne, Ministro de Minería".

15.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

Santiago, abril 5 de 1993.

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la Ley ~ 18.403 (boletín NQ 653-07).

Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple". .

SESION 611, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5553

Dios guarde a V.E., (pdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao­

na, Ministro del Interior Subrogan te" .

16.- Informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 505, del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales (boletín NI! 624-07).

"Honorable Cámara de Diputados Honorable Senado:

La Comisión Mixta que designásteis para proponer :a forma y modo de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el artículo 505, del Código de Procedimiento Penal, en 10 relativo a la notificación de las sentencias judiciales, tiene el honor de elevaros su informe.

De conformidad con 10 que dispone el artículo 68, de la Constitución Política de la República, el H. Senado designó a los integrantes de su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Regla~ento, los HH. Senadores Hemán Vodanovic Schnake, Sergio Diez Urzúa, Sergio Fernández Fernández, Carlos Letelier Bobadilla y Máximo Pacheco Gómez, para concurrir a formar esta Comisión Mixta.

La H. Cámara de Diputados hizo otro tanto y designó para ese efecto a los HH. Diputados señores Andrés Aylwin Azócar, Mario Devaud Ojeda, Jorge Molina Valdi­vieso, Víctor Pérez Varela y Raúl Urrutia Avila.

Convocados por el señor Presidente del Senado, ero cumplimiento de 10 dispuesto por los artículos 20, de la ley NQ 18.918, Orgánica Con:;titucional del Congreso Nacio­nal, y 36 del reglamento del Senado, los mencionados señores parlamentarios se reu­nieron el día de hoy en la Sala de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, procedieron a constituirse y a elegir Presidente, por acuerdo unánime, al H. Senador señor Hemán Vodanovic Schnake.

Se deja constancia que la Excma. Corte Suprema manifestó parecer favorable a la iniciativa en el primer y segundo trámites constitucionales.

Acto seguido, la Comisión Mixta se abocó a su tarea, de cuyo resultado da cuenta el presente informe.

A la sesión que se dedicó a este asunto asistió también el señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda.

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Durante la tramitación del proyecto de la referenCia :,e suscitó entre ambas Cámaras una diferencia que se procura zanjar mediante la gestión de la Comisión Mixta.

La controversia se ha originado en el rechazo por parte del H. Senado a la idea de legislar en el proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional.

La iniciativa de ley aprobada por la H. Cámara de Diputados, como se sabe, modifi­ca el artíclllo 505, del Código de Procedimiento Penal, que manda notificar la resolu­ción que ordena cumplir la sentencia de segunda instancia -"el cúmplase" - sólo al con­denado. La modificacion que se pretendía introducir permitiría que esa resolución fue­ra notificada al condenado o a su representante, indistintamente.

5554 CAMARA DE DIPUTADOS

De esta forma, sostienen los autores de la moción, se busca evitar que los condena­dos a pena privativa de libertad a quienes aún falta tiempo por cumplir la sanción su­fran las nefastas consecuencias del encarcelamiento, aun cuando cumplan los demás requisitos para obtener el beneficio del indulto.

El proyecto constaba de dos artículos, uno permanente y otro transitorio. Por el primero se entregaba al juez de la causa la falcultad para disponer en la gene­

ralidad de los procesos que el cúmplase fuera notificado al condenado o a su abogado, en forma indistinta.

El artículo transitorio ordenaba al juez, en términos imperativos, notificar la referida resolución a los denominados procesados políticos o a sus abogados, indistintamente.

En el segundo trámite constitucional, el Senado introdujo dos sustanciales modifica­.ciones al proyecto. Por una parte, hizo imperativa la norma del artículo l Q -que se pro- . ponía facultativa por la Cámara de Diputados- y, por otra, eliminó la distinción que se hacía en el proyecto entre procesados de distinto' carácter.

De esta forma, el Senado acordó agregar un inciso final al artículo 503, del Código de Procedimiento Penal que manda notificar la referida resolución al procesado o su representante, indistintamente y decidió, a~imismo, rechazar el artículo transitorio.

En el transcurso de la sesión de la Comisión Mixta el H. Diputado señor Aylwin enfatizó los aspectos sociales que presenta el problema que pretende resolver este pro­yecto de ley. Señaló que el procesado normalmente se ve obligado a sufrir situaciones crueles e inhumanas durante el lapso -de entre uno y dos meses- que transcurre desde que la sentencia definitiva le es notificada hasta cuando obtiene el indulto.

Sostuvo que, practicada la notificación, el condenado, de acuerdo a la normativa vigente, debe ser recluido nuevamente para recién entonces iniciar la tramitación del indulto. De esta forma se interrumpe su proceso de rehabilitación, se altera. severamen­te su situación familiar y se ve afectado gravemente en la esfera laboral. En el caso de los procesados por delitos políticos, ocurre frecuentemente que han dejado de delin­quir y se han reinsertado a la vida social normal.

En este sentido el proyecto se inscribe en el proceso global de reconciliación que vive el país; aunque, advirtió, la moción busca beneficiar tanto a los delincuentes co­munes como a los políticos.

Con el objeto de superar la controversia surgida, el Presidente de la Comisión Mix­ta, H. Senador señor Vodanovic, propuso a ésta aprobar el texto que fuera despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado que se consigna en su informe de 15 de diciembre de 1992.

Este texto, de un solo artículo, agrega un inciso final al artículo 50S, del Código de Procedimiento Penal y recoge el propósito fundamental del proyecto. En efecto, dispo­ne en términos imperativos y sin distinguir entre tipos de deliricuentes, que el cúmpla­se de la sentencia de segunda instancia se notificará al condenado o a su representante, indistintamente.

Puesta en votación, la proposición fue aprobada por 5 votos a favor y 3 en contra. Se pronunciaron a favor los HH. Senadores señores Letelier, Pacheco y Vodanovic y los HH. Diputados señores Aylwin y Devaud. Lo rechazaron los HH. Senadores Diez y Fernández y el H. Diputado señor Urrutia.

Como consecuencia del acuerdo anterior la Comisión Mixta tiene el honor de reco­mendaros que aprobéis, en una sola votación, corno prescribe la ley NQ 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente

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SESION 611, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5555

PROYECTO DE LEY:

11 Artículo único.- Agrégase al artículo 505, del Código de Procedimiento Penal el siguiente inciso final:

liNo obstante lo establecido en los incisos anteriores, el cúmplase de la sentencia de segunda instancia se notificará al condenado o a su representante, indistintamente.".".

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Acordado en sesión celebrada con esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Hemán Vodanovic Schnake (Presidente), Sergio Diez Urzúa, Sergio Femández Fernández, Carlos Letelier Bobadilla y Máximo Pacheco Gómez y de los HH. Diputa­dos señores Andrés Aylwin Azócar, Mario Devaud Ojeda y Raúl Urrutia Avila.

Sala de la Comisión Mixta, a 30 de marzo de 1993.

(Pdo.): Fernando Soffia Contreras, Secretario".

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