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8/11/2019 Brief-Revisión Judicial: mecanismo innovador para garantizar los Derechos Humanos en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/brief-revision-judicial-mecanismo-innovador-para-garantizar-los-derechos 1/7ÁREA: GOBERNANZA | TEMA: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 1
Área: Gobernanza
Tema: Promoción de los Derechos Humanos
Debido a las persistentes y sistemáticas violaciones de los derechoshumanos se ha incrementado el número de demandas judiciales
interpuestas ante los tribunales en varios países de América Latina.En algunos casos, los tribunales han emitido fallos pioneros queordenan a los gobiernos a asignar presupuestos e implementarpolíticas públicas específicas para proteger y garantizar los derechoshumanos. Este documento describe tres casos de Argentina,Colombia y México, países en los cuales el Poder Judicial haemitido fallos innovadores para restaurar y aplicar el derecho a laeducación, a una adecuada política para desplazados internos y a lasalud, respectivamente. Este documento se enfoca en el tema de la
revisión judicial y cómo está transformando los procesos de justiciaen América Latina, el papel de los jueces como agentes de cambiosocial y la importancia de las coaliciones para brindar apoyo legal alas víctimas. Dada la significativa evolución de la revisión judicial enAmérica Latina durante los últimos años, esta información será útilpara los actores del sector de los derechos humanos de otras regiones.
RESUMEN
EL POTENCIAL DE LA REVISIÓN JUDICIAL PARA EL EJERCICIO DELOS DERECHOS HUMANOS
En las últimas décadas ha habido un enorme avance en el reconocimiento formalde los derechos humanos a nivel mundial. Dado que «todos los Estados han
ratificado al menos uno de los tratados de derechos humanos y el 80% ha ratificado
cuatro o más»,1 tienen la obligación de respetar, proteger y aplicar estos derechos.
Asimismo, los Estados han desarrollado iniciativas para armonizar sus marcos
legales con las normas internacionales de derechos humanos.
A pesar del reconocimiento formal de los derechos humanos en las constituciones y
los tratados regionales, persisten las violaciones y América Latina no es ajena a esta
realidad. Por ejemplo, en 2011, cerca del 29% de la población de América Latina (167
millones de personas) se encontraban en situación de pobreza 2 y sin poder gozar
de los derechos económicos, sociales y culturales más básicos. Los altos nivelesde violencia en países como Venezuela, El Salvador, Guatemala y México, entre
Resumen de Políticas
A través de fallos sin precedentes, los juecesde América Latina impulsan el cambio social
y exigen a los gobiernos que restauren y
hagan cumplir los derechos humanos.
REVISIÓN JUDICIAL: MECANISMOINNOVADOR PARA GARANTIZARLOS DERECHOS HUMANOS EN
AMÉRICA LATINA
1Sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. What are Human Rights. Fecha de acceso: julio 3, 2013.2Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2013. Panorama Social de América Latina 2012 . Cepal, Santiago de Chile.
Los fallos judiciales constituyen unaherramienta efectiva para la aplicación de losderechos humanos, sobre todo si establecenclaramente las acciones que el Estadodebe realizar y el plazo para su ejecución.
Los fallos se cumplirán si el Poder Judicia lmantiene su jurisdicción para monitorearel cumplimiento, implementando para ellomecanismos de monitoreo y participaciónpública. El seguimiento continuo presiona algobierno para que actúe y l os mecanismos
participativos facilitan el diálogo entre losdemandantes y las instituciones públicas.
CLAVE
LECCIONES
8/11/2019 Brief-Revisión Judicial: mecanismo innovador para garantizar los Derechos Humanos en América Latina
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3 Malamud, C., Steinberg F. 2011.Latin America: Economic and Political Outlook for 2011 . Real Instituto El Cano.4 El Poder Legislativo aprueba el presupuesto y las leyes, mientras que el Poder Ejecutivo redacta las propuestas de ley y diseña e implementa las políticaspúblicas.5 Expertos entrevistados: Jimena Ávalos, abogada y consultora en derechos humanos; Sergio Chaparro, exmiembro de DeJusticia, Colombia; Horacio Corti, juez de la ciudad de Buenos Aires; Helena Hofbauer del International Budget Partnership; Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels);Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar; Martín Sigal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), Argentina; y César Rodríguez Garavito,director del Programa de Justicia Social y Derechos Humanos y miembro fundador de DeJusticia. Algunas de estas entrevistas se han incluido en el videoJudicial Control of Public Policies and Budget Allocations: Experiences from Argentina, Colombia and Mexico. El autor también desea agradecer a María
Sánchez de Tagle, investigadora de Fundar en el Departamento de Estrategias Legales, por sus valiosos comentarios a este resumen.6 Acuña, J. M. 2007. El caso Mini Numa . Nuevos rumbos para la protección de los derechos sociales a través del juicio de amparo en México. BibliotecaJurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.7 Gutiérrez, R., Rivera, A. 2009. El Caso Mini Numa: Un Litigio Estratégico para la Justiciabilidad de los Derechos Sociales y la No Discriminación en México. Revista de la Facultad de Derecho de México , edición 251, enero-junio.8 Acuña 2007, cita n.° 6.9 Ibid.
otros,3 afectan la protección de los derechos civiles, políticos
y ambientales. En este contexto de persistente violación de
los derechos humanos, los ciudadanos han recurrido al Poder
Judicial para obtener fallos favorables que restauren losderechos violados.
En la práctica legal y política, el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo han sido los principales actores encargados de
diseñar las políticas públicas y asignar el presupuesto.4 El
Poder Judicial no es visto como un actor legítimo que pueda
formular políticas públicas o asignar el gasto. Sin embargo,
en décadas recientes, los ciudadanos que consideraban que
sus derechos habían sido violados debido a la insuficiencia
o ineficiencia del gobierno recurrieron al Poder Judicial, que
emitió fallos innovadores que exigen la implementación de
políticas públicas específicas y la asignación de recursos
presupuestarios para el cumplimiento de los derechos
humanos.
Estos fallos judiciales son innovadores por dos razones.
En primer lugar, no solo reconocen las violaciones de los
derechos humanos sino también establecen un conjunto de
acciones que el gobierno debe implementar para restaurar
estos derechos. En segundo lugar, los fallos establecen que
el tribunal mantiene la jurisdicción sobre estos casos, lo cualsignifica que puede monitorear su cumplimiento. A través de
estos innovadores fallos, el Poder Judicial ha surgido como un
poderoso actor de cambio social, generando un mecanismo
práctico y efectivo para el ejercicio de los derechos humanos.
El propósito de este resumen es ilustrar el potencial de la
revisión judicial para el ejercicio de los derechos humanos
mediante el análisis de tres casos (Argentina, Colombia y
México), que se seleccionaron por su eficiencia, resultados
y carácter innovador. Este documento se elaboró a partir de
una amplia revisión bibliográfica y entrevistas con expertos
latinoamericanos que apoyaron los casos, los presentaron a
los tribunales o emitieron el fallo.5
LA REVISIÓN JUDICIAL Y EL DERECHO A LASALUD EN MINI NUMA, MÉXICO
Antecedentes
Mini Numa es una comunidad indígena mixteca de 371
habitantes ubicada en la región La Montaña, estado de
Guerrero, México.6 Pertenece al municipio Metlatónoc,
uno de los más pobres y marginados del país . Al igual
que la mayoría de las comunidades indígenas mexicanas,
Mini Numa no tenía acceso a agua potable, sistemas
de drenaje, transporte público y servicios de salud. La
falta de servicios básicos y los altos niveles de pobreza
causaban enfermedades gastrointestinales recurrentes
y desnutrición en la población, que afectaban sobre todoa los niños. Los pacientes eran trasladados a la clínica
de Metlatónoc que se encuentra a una hora y media
a pie. En 2007, esta clínica atendió a más de 15.000
personas, pero no contaba con adecuados s ervicios
de agua y electricidad, solo atendía a medio tiempo y
la infraestructura era inadecuada (funcionaba en dos
remolques donados por una organización caritativa
privada). 7 Debido a esta situación, muchos de los
pacientes de Mini Numa, sobre todo niños, murieron
por enfermedades gastrointestinales que no suelen serfatales si se tratan adecuadamente. En 2007, uno de cada
cuatro niños de la comunidad fallecía a la edad de seis.8
La lucha de los pobladores de Mini Numa para garantizar
su derecho a la salud comenzó en el año 2003, cuando el
gobierno rechazó el pedido de la comunidad de contar con
un centro de salud argumentando la falta de espacio para
su construcción. En 2005 y utilizando sus propios fondos,
la comunidad construyó la estructura para la clínica y
solicitó al Ministerio Provincial de Salud que enviara un
médico para que se hiciera cargo. En 2006, el gobierno
informó a la comunidad —de manera extraoficial— que no
contaba con recursos financieros para enviar un médico.9
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10 Gutiérrez R., Salazar Ugarte, P. 2011. Igualdad, No Discriminación y Derechos Sociales: Una Vinculación Virtuosa . Consejo Nacional para Prevenir laDiscriminación, Ciudad de México.11 Centro de Derechos Humanos de La Montaña - Tlachinollan. 2008. Otorga juez federal amparo a la comunidad de Mini Numa que exige su derecho a la
salud . Publicación en línea. Fecha de acceso: julio 3, 2013.12 Gutiérrez y otros 2011, cita n.° 10.13 Centro de Derechos Humanos de La Montaña - Tlachinollan, 2008, cita n.° 11.14
Artículo 14 de la Constitución de Argentina. Las 24 provincias del país tienen la prerrogativa de redactar sus propias leyes siempre y cuando seancompatibles con la Constitución.15 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij). 2009. La Discriminación Educativa en la Ciudad de Buenos Aires . Acij, Buenos Aires.16 Basch, F. 2001. Children’s Right to Early Education in the City of Buenos Aires: A Case Study on ACIJ’s Class Action . International Budget Partnership, Washington, DC.17 El recojo y análisis de tal cantidad de información fue una labor ardua. Inicialmente, el gobierno no proporcionó la información solicitada, por lo cual Acij tuvo que recurrir alos tribunales para obtenerla.18 Basch 2001, cita n.° 16.
El caso llega al tribunal
Después de dos intentos fallidos por establecer una clínica
comunitaria, en mayo de 2007 la comunidad solicitó la
ayuda de la organización civil Centro de Derechos Humanos
de La Montaña - Tlachinollan. Con la asistencia legal de
esta organización, se hizo otra petición que también fue
denegada. El Ministerio Provincial de Salud argumentó que
las normas administrativas impedían al gobierno construir
una clínica en comunidades con menos de 2.500 habitantes.10
Ante esta respuesta, en noviembre de 2007 cinco miembros
de la comunidad presentaron una solicitud de amparo
ante el tribunal de la capital de Guerrero por la violación
de su derecho a la salud.11 Tlachinollan movilizó a otrasorganizaciones de derechos humanos y los medios de
comunicación para generar apoyo público para el caso.
Asimismo, solicitaron medidas cautelares a la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos. El pedido fue
otorgado y esto contribuyó a elevar el perfil del caso.
La decisión del juez
Cuando el caso Mini Numa llegó al tribunal existían pocos
fallos judiciales relacionados con la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales en México. Segúnla tradición legal mexicana, los tribunales no intervenían
en casos de derechos humanos con implicancias en las
políticas y los presupuestos. Es precisamente esto lo
que hace que el fallo del caso Mini Numa sea innovador.
Después de analizar el caso, el 11 de julio de 2008 el juez
resolvió que el Gobierno Provincial había violado el artículo
4 de la Constitución que protege el derecho a la salud de los
ciudadanos mexicanos y falló a favor de los demandantes.
Un elemento clave de este fallo fue que el juez dispuso lasacciones específicas que el gobierno debía implementar para
reparar la falta, lo cual contrasta con fallos anteriores en los
cuales el juez dictaminaba la violación de un derecho mas no
señalaba las medidas que el Estado debía tomar para restaurar
o proteger ese derecho. En este caso, el juez ordenó al gobierno
proveer de manera inmediata personal y equipos médicos para
la clínica de la comunidad. Además, ordenó construir y equipar
un centro de salud en Metlatónoc.12 Este es quizá el aspectomás relevante de este caso, ya que el juez extendió los efectos
y beneficios del fallo a todos los habitantes de Metlatónoc y Mini
Numa, no solo a los demandantes. Esto es importante porque
antes de 2012 —salvo casos relacionados con temas laborales
o agrícolas— los juicios de amparo debían ser interpuestos
por individuos y el efecto de los fallos se aplicaba solo a dichos
individuos. Otro elemento significativo de este fallo es que el juez
advirtió a las autoridades no utilizar como excusa las limitaciones
presupuestarias para justificar el incumplimiento de un
mandato constitucional, sentando un precedente importantepara futuros casos de derechos humanos en México.13
LA REVISIÓN JUDICIAL Y EL DERECHO A LAEDUCACIÓN EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
Antecedentes
La Constitución de Argentina establece que se debe
garantizar el acceso universal a la educación a través de
un sistema educativo justo y gratuito.14 A pesar de este
reconocimiento legal, en el periodo 2002-2007 hubo unescaso número de vacantes en las escuelas de educación
preescolar y en las guarderías de Buenos Aires. Por ejemplo,
en 2006, más de 6.000 niños se quedaron sin vacante escolar
y en 2008 la cifra se incrementó a 8.000.15 Más del 50% de
estos niños provenían de distritos pobres y marginales. 16
En 2009, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(Acij), una organización civil argentina, analizó la situación
del derecho a la educación en Buenos Aires. 17 Además
de confirmar la escasez de vacantes escolares, la
investigación de Acij reveló que durante años el gobiernono había utilizado todo el presupuesto asignado a la
educación preescolar. Por ejemplo, entre 2002 y 2005,
32% de los fondos públicos asignados a la construcción
y el mantenimiento de infraestructura no se utilizaron.18
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19 Gherardi N., Zibecchi C. 2011 El Derecho al Cuidado: ¿Una Nueva Cuestión Social Ante los Tribunales de Justicia de Argentina? Revista Política 49(1): 107-138.20 Basch 2001, cita n.° 16.21Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio Público, Asesoría General Titular. 2009. Dictamen autos: expte. n.° 6529/09 Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA) . Asesoría General Titular, Buenos Aires.22 Videla, E. 2011. Un Acuerdo para no Perder el Juicio. Diario Página 12. Publicación en línea. Fecha de acceso: julio 3, 2013.23 Blanck, E. 2012. Niñez, Adolescencia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires. Informe Anual de Gestión del Ministerio Público Tutelar 2011. Ministerio Público Titular,Buenos Aires.24 Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM). 2010. Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2009 . IDMC, Ginebra.25Uprimny Yepes, R., Camilo Sánchez N. 2010. Juzgar y Medir: El Uso de Indicadores de Derechos Humanos por la Corte Constitucional Colombiana. En: Abramovich V., PautassiL. (eds). La Medición de Derechos en las Políticas Sociales. Editores, Buenos Aires.26 República de Colombia. 1997. Ley 387 de 1997 . República de Colombia, Bogotá. Vea: artículos 2 y 3.
El caso y el fallo
Ante estos hallazgos, Acij entabló una demanda en contra
de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2006. Elargumento de la demanda señalaba que durante muchos
años se había violado el derecho a la educación, la igualdad
y la autonomía personal y que urgían acciones inmediatas
para detener y revertir esta situación.19 Asimismo, Acij
lanzó una campaña de comunicación para difundir los
argumentos de la demanda entre la población, el sector
académico, las redes de derechos humanos y otras OSC. El
objetivo era presionar al gobierno y al Poder Judicial, colocar
el tema en la agenda pública y obtener un fallo favorable.
En agosto de 2007, el tribunal falló a favor de Acij luego deque el juez reconociera que se había violado el derecho
a la educación amparado en la Constitución. El tribunal
ordenó al gobierno «presentar información detallada de
todas las obras públicas en ejecución y por ejecutarse para
satisfacer la demanda de espacio, y dispuso que ninguno
de estos proyectos debía completarse después del 2010».20
Esta orden para implementar acciones de corto plazo
ciertamente fue una medida progresiva por parte del
tribunal. El gobierno apeló el fallo alegando, entreotras cosas, que el Poder Judicial estaba interfiriendo
en áreas que no eran de su competencia. En marzo
de 2008, el tribunal de apelación confirmó el fallo. 21
Cuando la querella finalmente llegó a la Corte Suprema
de Justicia, el gobierno y Acij, alentados por el tribunal,
decidieron redactar un acuerdo en el cual el gobierno
reconocía el problema y se comprometía a construir nuevas
instalaciones y a priorizar los distritos con mayor demanda.
Asimismo, el acuerdo contempla la asignación de suficientes
recursos para implementar estas acciones, prevenir la faltade espacio22 y realizar una reunión cada dos meses para
monitorear los avances.23 A inicios del 2011, se realizó una
audiencia pública para discutir el acuerdo y para que las
partes interesadas pudieran expresar sus puntos de vista.
La Corte Suprema de Justicia asumió la responsabilidad de
monitorear el acuerdo y se reservó el derecho de intervenir
si alguna de las partes lo incumplía. Este es un elemento
clave e innovador del caso ya que, por lo general, los jueces
en América Latina no establecen sistemas de monitoreo
para hacer un seguimiento al cumplimiento de sus fallos.
REVISIÓN JUDICIAL, DESPLAZAMIENTO FORZADOY DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Antecedentes
Durante décadas, Colombia experimentó un conflicto armadoque forzó a muchas personas a abandonar a sus familias,
sus comunidades y sus tierras. Debido a esta situación,
Colombia es el segundo país a nivel mundial con el mayor
número de desplazados internos.24 Se estima que al menos
8% de la población del país fue desplazada durante las
últimas dos décadas y 11% de las tierras cultivables fueron
arrebatadas a sus dueños legítimos por grupos paramilitares
y guerrillas.25 Al convertirse en desplazados, estas personas
enfrentan exclusión, pobreza y marginación, así como la falta
de acceso a salud, educación y otros servicios sociales. ElPoder Legislativo y el Poder Ejecutivo trataron de ayudar a
los desplazados a través de leyes, programas y políticas. Sin
embargo, con el paso de los años se hizo evidente que estas
acciones no eran efectivas y que no llegaban a la mayoría de
las víctimas.
El caso y el fallo
En diversas ocasiones los desplazados internos han
recurrido a los tribunales alegando que las políticas del
gobierno no garantizan los derechos establecidos en laLey 387 sobre desplazamiento forzado: no discriminación,
reunificación familiar, retorno al lugar de origen, estabilidad
socioeconómica, entre otros. 26 En 2004, 1.150 familias de 22
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27 Rodríguez Garavito, C. 2011. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America . Texas Law Review 89(7): 1669-1698.28 Rodríguez Garavito, C., Rodríguez Franco, D. 2010. Cortes y Cambio Social. Cómo la Corte Constitucional Transformó el Desplazamiento Forzado en Colombia . Colección
Dejusticia, Bogotá.29 Ibid.30 Uprimny y otros. 2010, cita n.° 25.31Entrevista con Sergio Chaparro, exmiembro de DeJusticia, Colombia, febrero 20, 201332Rodríguez Garavito y otros 2010, cita n.° 2833Uprimny Yepes y otros 2010, cita n.° 25.34Rodríguez-Garavito 2011, cita n.° 27.35Ibid.
ciudades del país habían interpuesto 108 demandas judiciales
por desplazamiento forzado. Ese mismo año, tomando en
cuenta que el desplazamiento forzado era un tema crítico y
recurrente en los tribunales, la Corte Constitucional dio una
solución efectiva al problema mediante la sentencia T-025
haciendo uso del mecanismo legal denominado estado
de cosas inconstitucional que faculta a la corte a declarar
«la existencia de una masiva y persistente violación de los
derechos humanos debido a fallas sistémicas en las acciones
del Estado».27
La corte declaró que la política pública implementada era
incoherente, insuficiente y que carecía de una sólida base
centrada en los derechos humanos. Con esta sentencia, lacorte puso de manifiesto varios problemas críticos, entre
estos, que el 57% de los desplazados internos registrados
no recibían ayuda humanitaria, y la falta de datos públicos
confiables sobre el número de personas desplazadas.28
La corte ordenó al gobierno implementar una serie de
medidas para solucionar los problemas estructurales
centrales que afectaban a los desplazados a fin de
garantizar su acceso a alim entación, salud, vivienda,
educación y tierras.29 La corte subrayó que la política
pública debía formularse de manera transparente y
participativa. Asimismo, el fallo ordenó a las instituciones
estatales hacer una proyección del costo de estas acciones
y asignar los fondos públicos necesarios.
Por último, para garantizar el cumplimiento del fallo por parte
del gobierno, la corte implementó un sistema de monitoreo30
para evaluar las políticas públicas en función de un conjunto de
indicadores de derechos humanos desarrollados por la corte.31
De 2004 a 2010, la corte realizó 84 evaluaciones de seguimiento
al fallo y organizó 14 audiencias públicas para informar,discutir y evaluar los resultados de las acciones del gobierno.32
Las audiencias contaron con la participación de las partes
interesadas facilitando un espacio de diálogo y participación.
REFLEXIÓN SOBRE LOS CASOS: LA TRANSFORMACIÓNDEL PODER JUDICIAL
El análisis de estos casos permite hacer las siguientesreflexiones sobre el papel del Poder Judicial en la aplicación
de los derechos humanos:
• El Poder Judicial asumió un rol innovador y de liderazgo
haciendo cumplir los derechos humanos. En años
anteriores, los tribunales reconocieron las violaciones de
los derechos pero no ordenaron al gobierno implementar
acciones específicas. Los casos de Argentina, Colombia
y México demuestran una transformación radical en el
comportamiento de los jueces, que están impulsando
el cambio social en áreas en las que históricamente nohabían intervenido.
• En los tres casos, el Poder Judicial sentenció que las
limitaciones presupuestarias o administrativas no
constituían una justificación válida para que el gobierno
dejara de garantizar los derechos humanos y ordenó
al gobierno conseguir los recursos necesarios para
implementar acciones a fin de restaurar estos derechos.
• Los fallos judiciales establecen las acciones específicas
que el Estado debe realizar y el plazo para su ejecución.
En Argentina y Colombia, la corte mantuvo su jurisdicciónpara monitorear el avance en el cumplimiento del fallo
a través de sistemas de monitoreo creados para este
fin.33 Apoyados por estos sistemas, los fallos judiciales
contribuyen a lograr un cambio real en las políticas y
en las vidas de los latinoamericanos.34 Esta tendencia
es más visible en los casos que abordan aspectos
estructurales como la violación generalizada de los
derechos socioeconómicos.35
• En los tres casos, el Poder Judicial creó mecanismos para
garantizar la participación de las víctimas y las partesinteresadas, por ejemplo, las audiencias públicas realizadas
en Argentina y Colombia. Por último, los jueces ordenaron
acciones que beneficiaban a todos los afectados no solo a
los demandantes. En el caso de Colombia, la corte utilizó una
figura legal para hallar una solución estructural al problema.
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36 Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Amparos Colectivos para la Provisión de Medicamentos del VIH/SIDA - Casos A.V. y C. M. y IOMA. Cels,Buenos Aires.37Fallo de la Corte Suprema de Argentina. 2008. Mendoza y otros vs. el Estado Nacional: Daños Derivados de la Contaminación del Río Matanza-Riachuelo .
Corte Suprema de Argentina, Buenos Aires. Staveland-Sæter, K. 2012. Can Litigation Clean Rivers? Assessing the Policy Impact of “the Mendoza Case” In Argentina . Chr. Michelsen Institute, Bergen.38 Rodríguez-Garavito 2011, cita n.° 27; y Sepúlveda, M., Rodríguez-Garavito, C. 2008. Colombia: La Corte Const itucional y su Contribución a la JusticiaSocial. En: Langford, M. (ed). 2008. Teoría y Jurisprudencia de los Derechos Sociales: Tendencias Emergentes en el Derecho Internacional y Comparado.Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, Bogotá.39 González, E. 2008. Venezuela: Un Camino Distinto Hacia la Justicia Social. En: Langford 2008, cita n.° 38.
OTRAS CASOS DE REVISIÓN JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA
Otros fallos judiciales emitidos en la región también incluyen uno o dos elementos innovadores de los procesos analizados
en este documento: un conjunto de acciones claras para remediar la situación, implementación de un sistema de monitoreo ycreación de espacios participativos. La siguiente tabla resume estos casos:
País Año Derecho Caso Sentencia
Argentina36 2002 Salud
Con el apoyo de Cels, dos pacientesinterpusieron un juicio de amparopara exigir al Estado que proporcionemedicamentos a los pacientes de VIH/SIDA ya que el Ministerio de Salud había
dejado de suministrarlos.
• Entrega inmediata de medicamentos a lospacientes
• Un plazo de dos días para adoptar las medi-das necesarias a fin de garantizar la entregade los medicamentos a los pacientes
• Creación de un mecanismo de control para
monitorear el cumplimiento del fallo
Argentina37 2008 Medio
ambiente
El argumento de la demanda era quela contaminación y degradación de lacuenca Matanza-Riachuelo amenazabala sostenibilidad ambiental y la vida delos pobladores.
• El Estado en todos sus niveles es responsa-ble de la contaminación de la cuenca
• Las autoridades federales, provinciales ylocales deben formular e implementar unplan de descontaminación
• Creación de una autoridad de la cuenca parala ejecución del plan
Colombia38 1998
Derechos
carcelarios
La Corte Constitucional de Colombiaconsideró que el hacinamiento de lascárceles violaba los derechos básicosde los prisioneros y declaró el «estadode cosas inconstitucional».
• Un plazo de tres meses para formular unplan integral de renovación de las cárceles,
así como la construcción de nuevas cárceles• El plan debe ejecutarse en un plazo de
cuatro años• En cuatro años, el gobierno debe garantizar
que los detenidos procesados no estén juntoa los sentenciados
Venezuela39
2002 Vivienda
Un grupo de personas presentó una
demanda para reclamar por las excesivastasas de interés de los préstamosprivados para adquirir viviendas.
• Las excesivas tasas de interés violaban elderecho a la vivienda
• El fallo prohibió este tipo de crédito,suspendió el pago de los intereses y anulólas cláusulas contractuales relacionadas con
el cálculo de las tasas de interés• Se sugirió un procedimiento específico para
reestructurar los préstamos• El Banco Central de Venezuela debe
establecer una tasa justa para calcular lasdeudas pendientes
Para más información sobre la revisión judicial como mecanismo para garantizar los derechos humanos en América Latina, vea el video Judicial Control of PublicPolicies and Budget Allocations: Experiences from Argentina, Colombia and Mexico.
Tabla 1 : Casos de revisión judicial en América Latina
8/11/2019 Brief-Revisión Judicial: mecanismo innovador para garantizar los Derechos Humanos en América Latina
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las leyes nacionales e internacionales y ayudaron a las víctimas
a presentar sólidos argumentos legales en juicios de amparo
y medidas cautelares. En los tres casos presentados en este
resumen, las OSC movilizaron a los medios de comunicación, el
sector académico y otras organizaciones civiles para generar
apoyo público y político. Cabe resaltar el conocimiento técnico
que aportan estas organizaciones para el recojo y análisis de
grandes cantidades de información a fin de estudiar los casos
de violación.
El mecanismo que permite a los ciudadanos llevar un caso de
violación de derechos humanos ante un tribunal fue clave. En
2012, se reformó la ley del amparo en México, por lo cual este
recurso puede ser interpuesto por grupos de ciudadanos y el fallo
se aplica de manera colectiva. Los jueces también desempeñaron
un papel fundamental. En Argentina, Brasil, Colombia, México y
Venezuela, los jueces han comenzado a verse a sí mismos como
actores de cambio social y refutan la visión legal tradicional al
emitir fallos que ordenan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo
implementar ciertas acciones.
7
QUE FACILITAN LATRANSFORMACIÓN DE LAREVISIÓN JUDICIAL
Un elemento clave de la transición de la dictadura hacia la
democracia fue la reforma constitucional. Estas reformas buscan
profundizar la democracia para ir más allá de elecciones libres y
justas hacia el logro de la justicia social a través de la protección de
los derechos humanos. La mayoría de los países de América Latina
han firmado y ratificado tratados internacionales de derechos
humanos que se enmarcan en las constituciones y las leyes. Este
reconocimiento formal fue la base para los casos de denuncias de
violaciones ya que demostró que los gobiernos están legalmente
comprometidos a proteger los derechos humanos. Asimismo, las
reformas constitucionales otorgaron mayor autonomía al Poder
Judicial, lo cual permitió crear nuevos mecanismos legales
40
parael cumplimiento de los fallos.41 Todo esto ha generado cambios
estructurales que mejoran la protección y el cumplimiento de los
derechos de los ciudadanos.
Los grupos de la sociedad civil desempeñaron un papel
fundamental en los casos presentados ante los tribunales
apoyando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Las OSC de América Latina tienen un amplio conocimiento sobre
FACTORESCONTEXTUALES
Los fallos judiciales constituyenuna herramienta efectiva para elcumplimiento de los derechos humanos,sobre todo si establecen claramente lasacciones que el Estado debe realizar y elplazo para su ejecución.
Los fallos se cumplirán si el Poder Judicial
mantiene su jurisdicción para monitorearel cumplimiento a través de mecanismos
1
2
4
3 L E C
C I O N E S
A P R E N D I D A S
de monitoreo y participación públicacreados para este fn. El seguimiento
continuo presiona al gobiernopara que actúe y los mecanismosparticipativos facilitan el diálogoentre los demandantes y lasinstituciones públicas.
El juicio de amparo y las medidascautelares serán convincentes si se
PROGRAMA ELLAPara más información sobre derechos humanos en América Latina,consulte la Guía ELLA, que contiene una lista de los materialesdisponibles en este tema. Para más información sobre otros temas dedesarrollo, consulte otros Temas ELLA.
CONTÁCTESE CON FUNDARPara más información sobre el rol del P oder Judicial en la promociónde los derechos humanos en América Latina, contáctese con la autora, Jan et Oropeza, invest igado ra y coord ina dora del pro yect o ELLA en:[email protected]
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basan en argumentos legales sólidos yevidencias frmes sobre la naturaleza y
el impacto de estas violaciones.
La movilización social puede ejercerpresión sobre el Poder Judicial paraque los derechos humanos se inclu-yan en la agenda pública, lo cual au-
menta las posibilidades de obtenerun fallo positivo.
40 “El «estado de cosas inconstitucional» en Colombia es un ejemplo de estos mecanismos.41 Uprimny, R. 2001. The Recent Transformation of Constitutional Law In Latin America: Trends And Challenges. Texas Law Review 89(7): 1587-1609; and Meili, S. 2009. Staying Alive: Public Interest Law in Contemporary Latin America . University of Minnesota, Minneapolis.