bosques caídos: deforestación y conflicto en colombia

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Preventing War. Shaping Peace.

Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia

Informe sobre América Latina N°91 | 4 de noviembre de 2021

Traducido del inglés

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo .................................................................................................................... i

I. Introducción ..................................................................................................................... 1

II. Tierra, medio ambiente y el conflicto colombiano ........................................................... 3

III. Deforestación: antes y después de las FARC .................................................................... 6

A. Defensa y explotación del medio ambiente ............................................................... 6

B. Datos sobre la pérdida de bosques y la violencia ...................................................... 7

C. Nuevos rivales violentos y deforestación ................................................................... 10 1. Grupos disidentes de las FARC ............................................................................ 11 2. El ELN .................................................................................................................. 12 3. Organizaciones criminales posparamilitares ....................................................... 13

D. El Acuerdo de Paz de 2016 y el medio ambiente ....................................................... 15

IV. Crimen, negocios y deforestación..................................................................................... 18

A. Cultivos de coca ......................................................................................................... 18

B. Ganadería ................................................................................................................... 20

C. Madera ....................................................................................................................... 22

D. Minería ilegal de oro .................................................................................................. 23

E. Especulación de tierras .............................................................................................. 25

V. Construyendo un medio ambiente pacífico ..................................................................... 26

A. Aplicación efectiva de la ley ....................................................................................... 26

B. Cumplimiento del Acuerdo de Paz ............................................................................ 28

C. Fortalecer la gobernanza de los recursos naturales .................................................. 31

VI. Conclusión ........................................................................................................................ 34

ANEXOS

A. Mapa de Colombia ............................................................................................................ 36

B. Nota metodológica ............................................................................................................ 37

C. Mapa de cultivos de coca .................................................................................................. 39

D. Mapa de zonas de pastoreo del ganado ............................................................................ 40

E. Acerca de International Crisis Group ............................................................................... 41

F. Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina y el Caribe desde 2018 ........................................................................................................................ 42

G. Consejo directivo de Crisis Group .................................................................................... 44

Conclusiones principales

¿Qué hay de nuevo? La deforestación se ha disparado en Colombia desde el desarme de la guerrilla de las FARC tras un alto al fuego en 2014 y el acuerdo de paz de 2016. Otros insurgentes y grupos criminales han intensificado sus activi-dades económicas (ganadería, tala, minería y cultivos de coca) y así acelerado la pérdida de bosques y selvas en áreas anteriormente controladas por la guerrilla.

¿Por qué importa? La deforestación propicia actividades económicas que generan ingresos a insurgentes y criminales, lo que facilita nuevos ciclos de vio-lencia rural, obstaculiza los esfuerzos del Estado por controlar el territorio e im-pide que Colombia cumpla con los objetivos básicos de protección ambiental.

¿Qué se debe hacer? Bogotá debe redirigir su campaña contra delitos ambien-tales hacia los actores económicos que impulsan la deforestación y no hacia los taladores más pobres. Debe implementar los compromisos del acuerdo de paz para las áreas rurales, especialmente en lo que respecta al registro y restitución de tierras, y crear un sistema de gestión de recursos naturales más robusto, aprovechando la participación de la comunidad y la asistencia técnica.


Informe sobre América Latina N°91 4 de noviembre de 2021

Resumen ejecutivo

En los cinco años después de la firma del histórico acuerdo de paz de 2016, Colombia ha sido testigo de una oleada de destrucción de bosques y praderización de tierras en medio de continuos disturbios en las zonas rurales. La tasa de pérdida de bosques hace poco probable que el país cumpla con su objetivo de deforestación cero para 2030 y se encuentra ligada al conflicto y la violencia. Estos lazos son complejos. El incremento en la deforestación comenzó poco después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operaban principalmente desde las zonas rurales del país, declararan un alto al fuego en diciembre de 2014. Posteriormente ganó fuerza tras la firma del acuerdo de paz en 2016. La salida de la guerrilla de sus bastiones constituyó una oportunidad para que otras insurgencias y el crimen orga-nizado afirmaran su control. Con una presencia estatal aún débil en el campo, esos grupos se han tomado el bosque para expandir actividades tales como el cultivo de coca, la ganadería, la minería ilegal de oro y la tala de árboles, en algunos casos de la mano con negocios legales. Para detener los daños, Bogotá debe corregir su enfoque para la judicialización de delitos ambientales, implementar los compromisos del acuerdo de paz con relación al medio ambiente y reforzar urgentemente sus sistemas de gestión de recursos naturales.

En muchos sentidos, las FARC atropellaron el medio ambiente durante sus cinco décadas de insurgencia. Pero hay una clara diferencia entre ellos y la generación actual de grupos violentos que operan en las zonas rurales de Colombia. Las FARC tendían a restringir la deforestación en las áreas donde operaban. Lo hacían en parte porque las tupidas copas de los árboles dificultaban que el Estado identificara sus campamentos desde el aire, lo que les permitía moverse con mayor libertad. Pero después de declarar el cese al fuego de 2014 y mientras se preparaban para firmar el acuerdo de 2016, la mayoría de la guerrilla también dejó de controlar la praderiza-ción de tierras. La deforestación aumentó drásticamente, encabezada o promovida por nuevos y viejos actores armados, a menudo en férrea competencia entre ellos. Estos actores incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia; disidentes de las FARC (es decir, exintegrantes que renunciaron al proceso de paz y retomaron las armas); y grupos criminales que heredaron mu-chas de las estructuras que pertenecieron a los paramilitares de derecha.

La deforestación, sin embargo, no ocurre exclusivamente a manos de las bandas ilegales. Decenas de miles de desplazados internos y otras víctimas del conflicto, muchos de ellos en situación de pobreza extrema, han sido arrastrados por el impul-so de talar los bosques de Colombia para sobrevivir. Tras perder sus tierras a manos de grupos violentos, muchos de estos campesinos se han visto obligados a encontrar formas de sobrevivir talando bosques y creando nuevos medios de subsistencia en lugares remotos. En la primera línea de la disminución del bosque del país, algunos de estos campesinos se ven obligados a acatar las órdenes de los grupos armados, mientras que otros reciben pequeñas remuneraciones por su labor.

La ganadería se destaca como la principal causa de deforestación. Al abastecer ca-denas de suministro legales, causa una mayor pérdida de bosques que la coca, la tala ilícita o la minería ilegal de oro. Al menos en papel, la ganadería es un negocio lícito,


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pero hay actores ilegales involucrados en este negocio, y el Estado no ha logrado controlar diversas prácticas corruptas y criminales en el seno de la ganadería. La tierra utilizada para el pastoreo a menudo se obtiene ilegalmente o se encuentra en zonas de protección ambiental. Las ganancias usualmente enriquecen a los grupos criminales que aterrorizan a la población local y perpetúan el conflicto.

Si bien el desenfrenado ritmo actual de tala de bosques en Colombia es impulsado por una combinación de grupos armados, actores lícitos, graves problemas estructu-rales (en especial la profunda desigualdad socioeconómica del país) y las debilidades crónicas del Estado, Bogotá está lejos de ser impotente para detenerlo. El gobierno tiene a su disposición herramientas y estrategias que le pueden ayudar a frenar la deforestación no regulada y mitigar sus consecuencias adversas. Una es la aplicación de la ley. La Operación Artemisa, la campaña de Colombia para combatir los delitos ambientales, se ha debilitado como resultado de sus altos costos y ha sido objeto de cierta indignación pública. Ha perdido respaldo en parte por tender a perseguir a campesinos, en lugar de ocuparse del trabajo más urgente y difícil de identificar y judicializar a los grandes patrones detrás de la deforestación. Pero la nueva ley inte-gral debería permitirle al gobierno remediar estos errores al aumentar las penas para quienes financien los delitos ambientales.

Otro potencial mecanismo para lograr cambios es el acuerdo de paz de 2016. Ma-terializar sus iniciativas ambientales ha sido difícil debido a las limitaciones finan-cieras, la pandemia de COVID-19 y la falta de respaldo político de alto nivel. Pero su implementación es de vital importancia. En el núcleo del acuerdo se establecieron una serie de medidas que podrían contribuir considerablemente para abordar las causas de la deforestación. Los pasos tomados hacia la creación de un nuevo registro de tierras podrían ayudar a esclarecer la propiedad y el uso de la tierra en todo el país, mientras que un fondo de tierras que impulse aún más los avances logrados desde la aprobación de la Ley de Víctimas de 2011 podría abrir un camino para que las fami-lias que fueron despojadas de sus tierras por parte de grupos armados puedan resta-blecer sus fincas. En combinación, estas dos medidas pueden ayudar a detener la ola de deforestación al formalizar la propiedad rural.

Adicionalmente, el acuerdo intentó fortalecer las Zonas de Reserva Campesina, en las cuales se distribuye la propiedad de las tierras baldías o utilizadas de manera ineficiente entre los campesinos; contempló mecanismos de participación para que las comunidades diseñen planes de desarrollo sostenible; se comprometió a crear un programa para fomentar la sustitución de cultivos de coca; y previó un plan de zoni-ficación para ayudar a administrar el uso de la tierra, entre muchos otros aspectos ambientales.

La praderización de tierras (en gran medida no regulada), le ofrece una vía a los grupos armados y criminales para enriquecerse y adentrarse aún más en territorios remotos, lo que implica una doble amenaza para Colombia. Por un lado, es un obs-táculo para las perspectivas de paz del país. Por otro lado, la pérdida acelerada de bosques, en Colombia y en otros lugares, es una amenaza para el medio ambiente y para quienes dependen de él. La deforestación incrementa la vulnerabilidad del país al cambio climático al exacerbar su exposición a los efectos de fenómenos meteoro-lógicos extremos, los cuales ya afectan de manera desproporcionada a la población más pobre y desprotegida del país. La degradación del suelo amplificará los efectos


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de las inundaciones y las sequías provocadas por el cambio climático, así como las catástrofes que estos desencadenan, como por ejemplo los deslizamientos de tierra.

La creciente deforestación, que se perfila como uno de los principales temas de la COP26, la cumbre climática de la ONU en curso actualmente en Glasgow, también afecta los ambiciosos compromisos climáticos de Colombia bajo el Acuerdo de París. Incumplir estos objetivos no solo perjudicará la reputación del país, sino que tam-bién afectará negativamente su acceso a la financiación de donantes. Una mejor ges-tión de los recursos naturales de Colombia requerirá la recolección de datos más confiables, el establecimiento de controles más efectivos y un diálogo fluido entre las autoridades estatales y las comunidades que habitan zonas de protección ambiental, en algunos casos durante varias generaciones, respecto a sus futuros medios de sub-sistencia y el uso del bosque.

Cruzarse de brazos mientras las zonas más alejadas de Colombia son arrasadas para obtener beneficios económicos ilícitos supone el riesgo de alimentar continuos ciclos de violencia. Evitar este resultado dependerá en gran medida de hacer frente a los múltiples intereses que extienden cada vez más la frontera agrícola.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 4 de noviembre de 2021


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I. Introducción

Para su tamaño, Colombia es el país con mayor biodiversidad del mundo1. Los recur-sos naturales del país son un pilar de su desarrollo económico, pero también le ofrecen a guerrilleros y delincuentes los medios para financiar sus actividades. La ganadería, el cultivo de coca y la extracción de oro, en particular, son grandes fuentes de ingresos para los grupos armados. Cuando son controladas por actores ilícitos, estas activida-des están completamente desreguladas; generan ingresos que alimentan los conflic-tos y al mismo tiempo contribuyen a empeorar la degradación ambiental y aumentar las tasas de deforestación. Más de la mitad del territorio colombiano está cubierto de bosques, pero los árboles están desapareciendo rápidamente. Durante el período 1990-2016 se eliminó la vegetación de más de 6 millones de hectáreas; tan solo en 2017 se destruyeron casi 225 000 hectáreas, aproximadamente el 2,6 por ciento del total de deforestación mundial para ese año. En 2020, el país perdió más de 170 000 hectáreas de bosque, mientras que la pandemia de COVID-19 le permitió a las insur-gencias y organizaciones criminales reforzar aún más su control en muchas áreas remotas del país2.

Las tasas de deforestación comenzaron a crecer de manera particularmente acele-rada a partir de 2015, luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaran un alto al fuego unilateral como parte de sus diálogos de paz con el Estado colombiano. Esas negociaciones culminaron con el acuerdo de paz de 2016. Si bien significó un gran logro para los esfuerzos por poner fin a más de 50 años de conflicto armado, el alto al fuego y, en última instancia, el acuerdo de paz también alteró el equilibrio de poder en gran parte del territorio colombiano, ya que otros grupos insurgentes y criminales comenzaron de inmediato a competir por el control de los antiguos bastiones de las FARC. Con las FARC fuera del escenario, también se fueron sus reglas y prohibiciones con respecto a la deforestación, que, aunque lejos de ser perfectas, mitigaron algunos de los daños habrían podido ocurrir.

La deforestación se disparó3. En alguna medida esto responde a actividades ne-tamente delictivas, pero gran parte de la praderización de tierras se lleva a cabo en una zona gris en la que intervienen empresas legítimas que operan de la mano con actores ilícitos. Ante un débil Estado de Derecho y una limitada presencia estatal, la deforestación en Colombia se ha escapado del control y la supervisión oficial. Sin 1 “A Look at the Natural World of Colombia”, World Wildlife Fund, 2017. 2 “Colombia deforestation increased 8% last year, environment minister says”, Reuters, 7 de julio de 2021. Sobre los efectos del COVID-19 en la seguridad rural, ver informe de Crisis Group sobre Amé-rica Latina N°82, Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia, 6 de octubre de 2020. 3 Mounu Prem, Santiago Saavedra y Juan Vargas, “End-of-Conflict Deforestation: Evidence from Colombia’s Peace Agreement”, World Development, vol. 129 (2020), pp. 1048-1052; Mounu Prem, Andrés Rivera, Darío Romero y Juan Vargas, “Selective Civilian Targeting: The Unintended Conse-quences of Partial Peace”, Quarterly Journal of Political Science, próximo a publicarse.


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una acción estatal más efectiva, Colombia no podrá cumplir su objetivo de deforesta-ción cero para 2030 ni cumplir su ambicioso compromiso del Acuerdo Climático de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 por ciento para 20304.

Mientras tanto, la pérdida de bosques tropicales contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y supone una amenaza especial para Colombia5. Los ecosistemas del país se han vuelto menos resilientes a eventos climáticos, tales como las sequías asociadas con las oscilaciones de El Niño o la sedimentación de los ríos6. Los territorios amazónicos han sido las principales víc-timas de la deforestación, pero los páramos y los bosques secos tropicales también se ven afectados. Estos ecosistemas desempeñan un papel clave en la regulación de los flujos del agua, lo que es un mal presagio para un país que desde ya enfrenta un alto riesgo por desbordamientos de ríos y habitualmente sufre sequías7.

Pero más allá de su impacto en el clima y la ecología, la deforestación también afecta la seguridad y la estabilidad de Colombia. Ese es el objeto de este informe. En particular, el informe examina cómo los grupos armados han impulsado la defores-tación durante la era del posconflicto en Colombia y cómo la degradación ambiental, causada por actores legales e ilegales desde el alto al fuego y la posterior desmovi-lización de las FARC, alimenta los nuevos patrones de violencia. La investigación combina un análisis cuantitativo de las tendencias de la deforestación con un exten-so trabajo de campo, basado en 110 entrevistas con taladores, ganaderos, mineros, campesinos, expertos ambientales, líderes sociales, personal de la fuerza pública, fun-cionarios gubernamentales y personas involucradas en las negociaciones que lleva-ron al acuerdo de paz de 2016. El trabajo de campo incluyó visitas entre enero y agosto de 2021 a los departamentos colombianos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare y Meta.

4 “‘Por cada año de paz, Colombia ahorraría $7,1 billones en degradación ambiental’: Simón Gaviria Muñoz”, comunicado de prensa, Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 10 de marzo de 2016. La meta de 2030 está establecida en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques y en el Desafío de Bonn, de los cuales Colombia es firmante. Ver también Daniel Henryk Rasolt, “De-forestation in Colombia”, Ecologist, 17 de agosto de 2020. El expresidente Juan Manuel Santos es miembro del consejo directivo de International Crisis Group. 5 Según la ONG Global Forest Watch, la pérdida de cobertura arbórea creció un 7 por ciento a nivel mundial entre 2019 y 2020, a pesar de la desaceleración causada por el COVID, y los bosques tropi-cales se redujeron en un 12 por ciento. Ver también “Global forest losses accelerated despite the pandemic, threatening world’s climate goals”, The Washington Post, 31 de marzo de 2021. “Tropi-cal deforestation now emits more CO2 than the EU”, Mongabay, 18 de octubre de 2018. 6 Brigitte Baptiste et al., “Greening Peace in Colombia”, Nature, Ecology & Evolution, vol. 1 (2017), pp. 1-3. 7 “Climate Risk Country Profile: Colombia”, Banco Mundial, 2021.



II. Tierra, medio ambiente y el conflicto colombiano

Históricamente, la competencia por la tierra y el acceso a recursos naturales ha con-tribuido a avivar el conflicto armado en Colombia. La lucha entre guerrillas y el crimen organizado por ingresos es uno de los principales motores de la deforestación en Co-lombia, aunque las actividades involucradas no son todas ilícitas. Cifras del gobierno muestran que para el período 2015-2020, las principales causas de deforestación fueron la ganadería, el crecimiento no planificado de infraestructura, los cultivos de coca, la minería (en su mayoría ilegal), la agricultura industrial, el despojo de tierras (es decir, obligar a los campesinos a vender sus tierras a bajo precio u ocupar sus tie-rras tras ser desplazados por la violencia) y la tala8. La experiencia colombiana coin-cide con las tendencias mundiales; al igual que en Colombia, la ganadería es, de lejos, la mayor fuente de deforestación en todo el mundo, y provoca casi el doble de defo-restación que todos los demás factores combinados9.

El acceso a la tierra, en particular, ha estado en el centro del conflicto colombiano. Cuando se crearon las FARC en 1964, la distribución desigual de la tierra fue uno de los principales reclamos de sus fundadores10. Sin embargo, la lucha armada no solo no logró remediar esta desigualdad, sino que empeoró la situación al provocar el desplazamiento de poblaciones rurales que huían del conflicto y la toma violenta de tierras. Entre 6,6 y 8 millones de hectáreas de tierra fueron robadas a sus propieta-rios por una multitud de actores armados a lo largo de casi seis décadas de conflicto, las cuales posteriormente fueron adquiridas por criminales, grandes terratenientes y corporaciones11.

Los episodios más dramáticos de despojos tuvieron lugar en la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando las fuerzas paramilitares de derecha, con el respaldo de sus aliados políticos, expulsaron (según algunos cálculos) a más de un millón de personas de sus propiedades12. Los paramilitares iniciaron protegiendo a grandes

8 Entrevista virtual de Crisis Group, funcionario del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-dios Ambientales (IDEAM), septiembre de 2021. 9 “Deforestation Linked to Agriculture”, World Resources Institute/Global Forest Review. 10 La guerrilla de las FARC consideraba su “programa agrario” como su manifiesto fundacional. El texto establece ocho puntos de acción para reformar la política agraria y devolver la tierra a los cam-pesinos desposeídos. “Programa Agrario de las FARC”, 20 de julio de 1964 (corregido y ampliado 2 de abril de 1993). 11 “Divide y comprarás”, Oxfam International, septiembre de 2013. 12 Los paramilitares surgieron por primera vez en Colombia a finales de la década de 1960, cuando la legislación permitió la formación de grupos cívico-militares privados. Los primeros grupos eran contrainsurgentes con una doctrina anticomunista, pero a principios de la década de 1980, promi-nentes familias terratenientes formaron sus propios grupos simplemente para la protección de sus propiedades. Estos grupos, que fueron declarados ilegales en 1989, desarrollaron rápidamente víncu-los con los cárteles del narcotráfico, trabajando de manera independiente, pero con frecuencia en estrecha coordinación con élites locales y las fuerzas armadas. Los paramilitares finalmente se organizaron bajo un grupo central, las Autodefensas Unidas de Colombia, que aterrorizó a los cam-pesinos. Aunque las Autodefensas se desmovilizaron formalmente tras las negociaciones de Santa Fé de Ralito en 2003, muchos miembros se unieron al crimen organizado, llevando consigo sus estructuras de mando y alianzas políticas. Para obtener más información sobre despojo de tierras, consulte Centro Nacional de Memoria Histórica, Justicia y paz. Tierras y territorios en las versio-nes de los paramilitares (Bogotá, 2012).



terratenientes, de ahí se dedicaron al narcotráfico, pero luego se diversificaron en negocios legales para evitar la atención de las autoridades estatales, particularmente luego de su intento de desmovilización en el período 2003-2006. Actualmente están involucrados en actividades que se entrelazan con la economía lícita, como la gana-dería y proyectos agroindustriales, pero también participan en la minería ilegal de oro y continúan interviniendo fuertemente en el cultivo de coca. Estas actividades degradan el suelo y, cuando no se supervisan adecuadamente, causan daños ambien-tales considerables y desplazan a las poblaciones locales13.

El Estado, con sus deficiencias en la gobernanza y la falta de control de las zonas rurales, incluida su incapacidad para llevar un registro de la propiedad y el uso de la tierra, tiene gran parte de la responsabilidad del despojo generalizado. Solo alrede-dor del 15 por ciento de la tierra en todo el país figura en el registro de propiedad o catastro, según las actualizaciones de principios de 2021. Pero en la práctica, la ma-yor parte de las tierras cultivables están ocupadas, a veces de manera ilegal14. Debido a los enormes vacíos en el catastro, determinar la propiedad legítima de un predio sigue siendo extremadamente difícil en muchas áreas rurales. La tierra robada durante el conflicto con frecuencia fue pasada o vendida a corporaciones o grandes terrate-nientes, quienes a su vez suelen afirmar haberla adquirido de buena fe sin conocer del despojo que fueron objeto. Las víctimas del desplazamiento forzado que ahora intentan reclamar sus tierras enfrentan hostigamientos, amenazas y violencia; muchos han sido asesinados15.

Dado que las tradicionales élites terratenientes de Colombia se han mostrado reacias a apoyar reformas que aborden la desigualdad en la tenencia de la tierra o que garanticen la protección de la propiedad legítima dentro de las zonas agrícolas establecidas, los campesinos desplazados y sin tierra han tenido que buscar su susten-to en otras partes. Históricamente, muchos buscaron nuevas parcelas para cultivar, a menudo en terrenos abruptos o inhóspitos, incluso recurriendo a la deforestación. El resultado ha sido un cambio a partir del siglo XIX hacia el asentamiento en zonas remotas del país, un proceso que se intensificó significativamente por el desplaza-miento masivo impulsado por el conflicto en las últimas décadas16.

Entre 1984 y 2011, la cantidad de tierra despejada para actividades agropecuarias aumentó de 36 a 40 millones de hectáreas, extendiendo la “frontera agrícola”17. En

13 “La Paz Ambiental”, DeJusticia, enero de 2017. 14 Para más información sobre el “Catastro multipropósito”, consulte la página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entrevista telefónica de Crisis Group, académico y experto en tierras, 29 de julio de 2021. Los grupos indígenas y afrocolombianos, así como los campesinos, han sido despojados de sus tierras en Colombia durante décadas. Entrevista telefónica de Crisis Group, aca-démico y experto en tierras, 29 de julio de 2021. 15 “Radiografía de la restitución de tierras”, Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por doce organizaciones colombianas de la sociedad civil por el incumpli-miento de reparación a las víctimas despojadas de tierras en Colombia. 9 de mayo de 2019. 16 Darío Fajardo, “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”, Espacio Crítico, 2014, p. 29. Para un rela-to intimo sobre los asentamientos en la frontera agrícola colombiana, ver William Ospina, Guaya-canal (Bogotá, 2019). 17 Fajardo, “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado…”, op. cit., p. 37. La frontera agrí-cola, según la define el Estado colombiano, es “el límite del suelo rural que separa las áreas donde



2018, el saliente gobierno de Juan Manuel Santos afirmó que esta área despejada representaba cerca del 33 por ciento del territorio colombiano (alrededor de 40 mi-llones de hectáreas), y que cualquier crecimiento adicional tendría que ser ambien-talmente sostenible18.

las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el reglamento”. “Identificación general de la frontera agrícola en Colombia”, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2018. 18 “Identificación general de la frontera agrícola en Colombia”, op. cit., p. 53.



III. Deforestación: antes y después de las FARC

Desde que las FARC declararon el cese al fuego en 2014, varios grupos armados han contribuido a impulsar crecientes tasas de deforestación y degradación ambiental, ya que los insurgentes activos y grupos criminales compiten por los ingresos ilícitos de regiones fértiles o ricas en recursos. Al mismo tiempo, decenas de miles de campe-sinos desplazados de sus fincas por el conflicto han buscado nuevas tierras y medios de subsistencia en territorios que estaban sin cultivar, a menudo llevándolos a estar cerca de grupos armados ilícitos.

A. Defensa y explotación del medio ambiente

Durante su tiempo como insurgencia, el enfoque de las FARC en defensa del medio ambiente fue errático. La guerrilla contribuyó conscientemente a la degradación am-biental a través de la minería ilegal, el cultivo de coca, los ataques a oleoductos y la construcción de campamentos en áreas protegidas como los parques nacionales. “Para la economía de guerra, … sea un ejército revolucionario, sea el mismo Estado, se re-quiere hacer uso de recursos naturales. El medio ambiente ha sido una víctima silen-ciosa en este sostenimiento de la guerra”, dijo un excombatiente de las FARC que ahora dirige una iniciativa de reforestación. “Tomamos el agua, la madera, todo lo que necesitábamos, el oro, carbón y petróleo, y pagamos nuestra guerra”19.

Sin embargo, en muchos lugares las FARC establecieron reglas claras, con sus correspondientes castigos, en un intento por limitar la deforestación y algunas otras prácticas nocivas. Las reglas ambientales diferían entre los diferentes frentes de la guerrilla y dependían de las condiciones locales. Reducir la deforestación no fue siempre fue una prioridad ni lo fue en todas partes, y la posición de las FARC al res-pecto no surgió de preocupaciones netamente ambientales. Una de las principales preocupaciones era la protección de la selva que les ayudaba a esconderse. “No se podía tumbar porque… la inteligencia aérea [iba a detectarnos]”, dijo un excoman-dante de las FARC, lo que refleja la necesidad de la guerrilla de contar con una cubier-ta en la selva para poder moverse y acampar sin ser descubiertos20.

Pero algunos comandantes locales de las FARC también consideraban que tenían la obligación de proteger el medio ambiente en beneficio de los campesinos, e impu-sieron multas por talar más de cierta cantidad de árboles o cazar algunas especies en particular21. También adoptaron lo que consideraban medidas de reparación, como sembrar una hectárea de cultivos de alimentos por cada hectárea de coca22.

Después de que las FARC declararon su alto al fuego unilateral en diciembre de 2014, la deforestación aumentó de manera mucho más rápida en las áreas donde la guerrilla había sido la autoridad de facto. En algunos departamentos, como el Guaviare, al sur de Bogotá, la guerrilla le informó a la población que a partir de ese momento se abstendrían de ejercer control ambiental y que las Juntas de Acción

19 Entrevista de Crisis Group, excombatiente de las FARC, Antioquia, febrero de 2021. 20 Entrevista de Crisis Group, excomandante de las FARC, Caquetá, abril de 2021. 21 Entrevistas de Crisis Group, expertos ambientales y líderes sociales, febrero-agosto de 2021. 22 Sebastián Gómez Zúñiga, “La Ecología Política de las FARC-EP”, tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana, 2018.



Comunal tendrían la última palabra sobre la deforestación23. En otros, como en Nor-te de Santander, a lo largo de la frontera con Venezuela, campesinos y delincuentes, empoderados por lo que percibieron como la retirada de la guerrilla, arrasaron de inmediato con grandes extensiones de tierra24. Como dijo un excomandante: “Des-pués de que entregamos nuestras armas, ni el ejército ni la policía fueron capaces de proteger el medio ambiente”25.

Testimonios de a lo largo y ancho del país coinciden en que hubo un cambio im-portante en la actitud hacia la deforestación:

Con las FARC, hubo un manual de convivencia [es decir, libros de reglas escritos y diseñados por las FARC y a veces distribuidos por las Juntas de Acción Comunal o las propias FARC] que trataba sobre medio ambiente. Dejaron que los campe-sinos tumbaran bosque por algunas aéreas, pero hubo limites en donde y cuanta coca se puede sembrar. Cuando salieron las FARC, a los nuevos grupos solo les interesan el negocio. No les importa la conservación. Que tumbes bosque y siem-bres, que te vas, o te matan. Las FARC no eran ángeles, pero en alguna forma te-nían una cultura de conservación. Ahora no hay control y la coca ha despegado26.

El aumento de la deforestación también apunta a la incapacidad del Estado colom-biano de afirmar su control sobre el territorio abandonado por la guerrilla. Las fuer-zas de seguridad e instituciones civiles pretendían tomar el lugar de las FARC luego de que se retiraran de sus bastiones27. Sin embargo, en ciertas áreas, otros insurgentes o grupos criminales fueron los primeros en remplazar a los rebeldes que se marcharon, y el Estado aún no los ha expulsado. A menudo toleran la deforestación incontrola-da. Según un líder social, “Tumbaron bosque para sembrar coca. Siembran palma, es una relación extraccionista con la tierra. Destruyen humedales, construyen minas, sacan madera para el comercio. La tierra está vacía y nadie le está poniendo control”28.

B. Datos sobre la pérdida de bosques y la violencia

El análisis de los datos sobre la pérdida de bosques confirma cambios dramáticos entre los períodos previos y posteriores a 2015, año en el que el alto al fuego de las FARC comenzó a implementarse con rigor29. Hay dos medidas diferentes pero com- 23 Las Juntas de Acción Comunal, son organizaciones sociales a nivel comunal y veredal con perso-nería jurídica. Sus representantes son de elección popular, administran recursos y, a menudo, actúan como interlocutores entre los residentes, por un lado, y el Estado y/o los grupos armados, por el otro. Entrevista telefónica de Crisis Group, experto ambiental, Guaviare, 9 de agosto de 2021. 24 Entrevista telefónica de Crisis Group, experto ambiental, Norte de Santander, 30 de julio de 2021. 25 Entrevista de Crisis Group, excombatiente de las FARC, Antioquia, 7 de febrero de 2021. 26 Entrevista de Crisis Group, líder social, Montelíbano, Córdoba, agosto de 2021. 27 Ver informe de Crisis Group sobre América Latina N°63, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, 19 de octubre de 2017, sección IV. 28 Entrevista telefónica de Crisis Group, líder social, Norte de Santander, junio de 2021. 29 Para medir el impacto del conflicto sobre la deforestación en Colombia y determinar los cambios provocados por el alto al fuego, Crisis Group calculó las tendencias de pérdida de bosques utilizan-do datos del proyecto Global Forest Change (GFC), que mide el cambio forestal en todo el mundo entre 2000 y 2019 utilizando imágenes satelitales de alta resolución. Los datos del IDEAM com-plementaron los del GFC. El GFC primero identifica la cobertura de árboles, que se define como toda la vegetación de más de 5 metros (16,4 pies) de altura, independientemente de la densidad del



plementarias de deforestación. La primera es la medida relativa: el porcentaje de co-bertura forestal perdida en cada municipio colombiano cada año comparado con una línea base establecida en 200030. La segunda es una medida absoluta: la cantidad de kilómetros cuadrados de cobertura forestal de línea base perdidos cada año, calculado sumando la deforestación dentro de cada municipio31. El Gráfico 1, al dividir la mues-tra entre el primer y el segundo quinquenio de la década 2010-2019, analiza las dos diferentes medidas de deforestación. El panel superior muestra la deforestación acu-mulada durante cada período de cinco años como la proporción de la cobertura fores-tal de referencia (medida relativa). El panel inferior muestra la pérdida total de área forestal en kilómetros cuadrados (medida absoluta). En ambos casos, la deforestación es sustancialmente mayor en el período 2015-2019 que en el período 2010-2014.

dosel. En segundo lugar, calcula la pérdida de cobertura arbórea (definición de deforestación del GFC) si la cobertura arbórea desaparece en los píxeles de una imagen en particular de un año a otro de medición. Ver nota metodológica en el Anexo B. 30 Para realizar los cálculos descritos en la nota anterior, para un año determinado, Crisis Group codificó cada píxel de 30m × 30m identificado como “perdido” ese año por el GFC como un 1 y to-dos los demás píxeles como un 0. Luego, cada píxel se multiplicó por el nivel de cobertura forestal del año base en ese mismo píxel, según lo registrado por el IDEAM, de manera que si un píxel defo-restado está completamente cubierto en el 2000 permanece en 1, si la mitad está cubierta se con-vierte en 0,5 y así sucesivamente. Por último, el porcentaje de la cobertura forestal municipal del año base que se perdió en determinado año se calculó sumando los píxeles deforestados en un munici-pio y año determinados y dividiéndolos por la cobertura forestal total de ese municipio en el año base (2000). 31 Crisis Group calculó los kilómetros cuadrados de cobertura forestal perdidos en cada municipio del año base simplemente sumando los píxeles deforestados en determinado año. Contar con una medida absoluta, en este caso en kilómetros cuadrados, es útil ya que los municipios grandes pue-den perder áreas de bosque muy grandes, pero la pérdida podría suponer cifras pequeñas de la me-dida de deforestación relativa cuando la cobertura forestal del año base también es muy grande.



Gráfico 1. Deforestación municipal en 2010-2014 y 2015-2019

Fuente: Cálculos de Crisis Group, utilizando datos del GCF e IDEAM.

El Gráfico 2, en contraste, traza la evolución del área de bosque de línea base des-de 2000 que se perdió acumulativamente cada año desde 2010 hasta 2019, distin-guiendo entre municipios con y sin una presencia significativa de las FARC antes del alto al fuego32. El gráfico respalda la hipótesis de que cuando las FARC abandonaron sus baluartes, la deforestación se aceleró más rápidamente en aquellos lugares que

32 El Gráfico 2 categoriza a un municipio como con “presencia de FARC” si la Base de datos de con-flictos de la Universidad del Rosario registra algún acto de violencia relacionado con las FARC en esa zona entre 2010 y 2014.



en otros donde antes no tenían una presencia significativa33. Si bien la tasa de defo-restación aumentó después del alto al fuego en áreas con y sin una presencia signifi-cativa de las FARC, el Gráfico 2 evidencia que el aumento fue sustancialmente mayor en áreas donde las FARC habían estado activas.

Gráfico 2. Pérdida total de bosques 2010-2019 según la presencia de las FARC antes del alto al fuego

Fuente: Cálculos de Crisis Group utilizando GFW y la Base de datos de conflictos de la Universidad del Rosario.

C. Nuevos rivales violentos y deforestación

Varios grupos armados han luchado por el control de los territorios desalojados por las FARC y han participado en mayor o menor medida en la carrera por la defores-tación. Estos grupos incluyen a disidentes de las FARC (exguerrilleros de las FARC que se negaron a firmar el acuerdo de paz o que retomaron las armas después de su implementación), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos criminales que incluyen los vestigios de las disueltas fuerzas paramilitares de dere-cha. El Gráfico 3 muestra el registro anual de eventos violentos por tipo de grupo no estatal de 2015 a 2019 en toda Colombia. Aunque no coinciden perfectamente, estos mapas demuestran que hay coincidencias entre las áreas en las que estos grupos han estado involucrados en actos de violencia y las zonas en las que la deforestación ha sido mayor, como se ilustra en el Gráfico 1.

Tanto las FARC como sus disidentes (panel central) participaron activamente en los focos de deforestación identificados en el Gráfico 1, especialmente en departamen-tos del sur como Caquetá y Putumayo. El ELN (panel superior) también fue respon-

33 Prem y sus coautores lo señalaron en “End-of-Conflict Deforestation: Evidence from Colombia’s Peace Agreement”, op. cit.



sable de actos de violencia en áreas marcadas por una alta deforestación, especial-mente en los departamentos de Arauca, sur de Bolívar y Norte de Santander en el noreste de Colombia, así como Chocó en la costa del Pacífico. Los grupos posparami-litares (panel inferior) también han estado activos en áreas de alta deforestación, aunque en menor medida.

Gráfico 3. Evolución de la violencia guerrillera y paramilitar: 2015-2019

Fuente: Base de datos de conflictos de la Universidad del Rosario

1. Grupos disidentes de las FARC

A diferencia de las FARC antes del alto al fuego, algunos frentes disidentes no tienen suficiente poder para hacer cumplir las reglas ambientales, y muchos tampoco tie-nen la voluntad de hacerlo. La mayoría aún no son lo suficientemente grandes como para necesitar la protección de la selva que la antigua guerrilla requería para sus campamentos. Los disidentes, además, operan principalmente en pueblos y caseríos en zonas rurales34. El Frente Séptimo en el Guaviare presuntamente ha acogido a nuevas familias en la zona, instándolas a apoderarse de alrededor de 40 hectáreas de bosques por familia, con la condición de dedicar una o dos hectáreas para cultivar coca y posteriormente vendérsela exclusivamente a los disidentes35. Funcionarios estatales informan que los disidentes han llegado a pagarle a las familias para que arrasen con bosques. Un oficial de seguridad dijo que los disidentes les ofrecen a los campesinos entre $500 y $1300 dólares para que talen, limpien y preparen una hectá-rea de tierra en La Uribe, Meta36. Pero campesinos y expertos ambientales cuestio-nan esta versión: dicen que los campesinos no necesitan que se les pague para talar

34 Entrevistas de Crisis Group, agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021; campesino, Meta, 26 de mayo de 2021. 35 Entrevista de Crisis Group, representante de ONG e investigador, 9 de marzo de 2021 36 Entrevista de Crisis Group, agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021.



el bosque, ya que lo hacen por su propia voluntad. Las versiones encontradas evi-dencian que, mientras las autoridades tienden a tratar la deforestación como algo provocado por los disidentes, en muchos casos los campesinos parecen actuar por necesidad económica.

Los disidentes generalmente cobran a las familias locales un porcentaje de las ganancias que obtienen al usar esas tierras, pero por lo demás no son uniformes en sus prácticas37. Representantes de la sociedad civil y campesinos informan que, al menos en Caquetá, algunos frentes disidentes han intentado detener la deforestación en sus áreas de influencia38. Si los pobladores se exceden talando árboles, les impo-nen multas de entre $200 y $300 dólares o prohíben la tala el próximo año. Quienes reinciden son expulsados de la región. Es posible que los disidentes estén volviendo a un código de conducta más estricto, que recuerda al de las FARC, luego de haber relajado las reglas para establecer buenas relaciones con la comunidad. Al igual que cuando las FARC controlaban el territorio, las regulaciones ambientales se suelen comunicar a través de “manuales de convivencia”, emitidos por las Juntas de Acción Comunal bajo influencia de los disidentes39. Combatientes de la Segunda Marqueta-lia, una facción disidente liderada por el exjefe negociador de paz de las FARC, Iván Márquez, anunció que aplicará restricciones ambientales en partes del municipio de San Vicente del Caguán40.

2. El ELN

El ELN ha sido responsable de algunos de los daños ambientales más devastadores en Colombia a través del sabotaje a oleoductos de empresas multinacionales41. Si bien la guerrilla está descentralizada y los distintos frentes que la componen han adoptado diversas posturas ambientales, la política predominante del ELN ha sido atacar a las multinacionales y al gobierno nacional por destruir la riqueza natural del país, mientras también extorsiona a las empresas que amenaza. Estas tácticas milita-res han provocado un enorme daño ambiental42.

37 Entrevista de Crisis Group, representante de ONG e investigador, 9 de marzo de 2021; líder social, Caquetá, abril de 2021. 38 Según informes, los disidentes están dispuestos a limitar la deforestación en ciertas áreas rurales del Caquetá. Entrevistas de Crisis Group, representante e investigador de ONG; campesino y tala-dor, marzo de 2021. 39 Entrevista de Crisis Group, talador, Caquetá, 14 de abril de 2021. 40 Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Caquetá, agosto de 2021. 41 “Voladuras: una cruda arma de Guerra”, Semana Sostenible, febrero de 2019; “ELN y actores ile-gales siguen volando oleoductos”, Caracol Radio, 28 de enero de 2021. Para un análisis de la histo-ria y evolución del ELN, ver informe de Crisis Group sobre América Latina N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018. 42 Cuando periodistas les han preguntado por esta contradicción, los líderes del ELN han reconoci-do el impacto ambiental de sus acciones, diciendo que intentan minimizarlo utilizando menos di-namita para que los agujeros en los oleoductos sean más pequeños. También insisten en que las alianzas entre el Estado y las multinacionales extractivistas son la verdadera causa de los problemas ambientales. Antonio García, “Antonio García: el ELN quiere la paz para todos los colombianos”, Colombia Informa, 5 de febrero de 2018; “Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, habló sobre el futuro del proceso de paz, Venezuela y las voladuras de oleoductos”, Análisis Urbanos, 7 de marzo de 2019.



Las áreas históricamente expuestas a la influencia del ELN, como el sur de Bolí-var en el centro del país, Norte de Santander y Arauca a lo largo de la frontera con Venezuela, y Chocó en la costa oeste del Pacífico, han experimentado altas tasas de deforestación. Funcionarios locales y campesinos afirman que el ELN no es el único responsable, y señalan que ha prohibido o restringido algunas prácticas asociadas con la degradación ambiental, como el uso de retroexcavadoras en la extracción de oro43. Un militante del ELN insistió en que los rebeldes hacen una distinción entre la deforestación, que entienden como la “tala indiscriminada”, y la “extracción de madera” por parte de campesinos que necesitan tumbar árboles para subsistir. Prohí-ben lo primero y permiten lo segundo, dijo un militante44.

Los rebeldes del ELN hablan mucho de su preocupación por el medio ambiente, pero sus prácticas suelen discrepar de su retórica. “Alertamos a nuestras comunida-des del daño que se viene causando al medio ambiente; con la explotación irracional de los recursos naturales renovables y no renovables”, se lee en un panfleto del ELN del 2021 visto en la región noroeste de Antioquia. El folleto advierte a los pobladores que deben abstenerse de talar grandes extensiones de tierra y praderizar baldíos (tierras sin propietarios privados)45.

Sin embargo, un líder social de una zona rural de Antioquia explicó que los fren-tes del ELN permiten la deforestación y otras actividades perjudiciales para el medio ambiente si reciben algo a cambio46. Por ejemplo, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, donde la deforestación está desenfrenada, el ELN restringe la tala comer-cial, al igual que la caza de animales silvestres, pero llega a acuerdos con los campe-sinos sobre cuántas hectáreas se pueden deforestar a cambio de dinero o servicios. Según informes, grupos armados, incluido el ELN, en otras áreas de Norte de San-tander, como El Carmen y Teorama, promueven la deforestación con el objetivo de impulsar la economía local, para posteriormente gravarla47.

3. Organizaciones criminales posparamilitares

Históricamente, los grupos paramilitares de derecha han sido la mayor fuerza detrás del despojo de tierras en Colombia. Desde finales de la década de 1980 hasta mediados de la década de 2000, los grupos paramilitares, creados originalmente para combatir a las guerrillas de izquierda, se apropiaron de tierras mediante amenazas, masacres y cambios forzosos en el estatus legal de los predios48. De al menos 6,5 millones de hectáreas de tierra sustraída ilegalmente en Colombia desde 1990, se calcula que los

43 Entrevista de Crisis Group, funcionario estatal, Segovia, 10 de febrero de 2021. 44 Entrevista de Crisis Group, militante del ELN, 2021. 45 Panfleto, Frente Darío Ramírez Castro del ELN, enero de 2021. 46 Entrevistas de Crisis Group, líder social, noreste de Antioquia, 6 de febrero de 2021; operador de una mina, Segovia, 10 de febrero de 2021. 47 Entrevistas telefónicas de Crisis Group, experto ambiental, Norte de Santander; experto local en dinámica de conflictos, 30 de julio de 2021. 48 Francisco Leal Buitrago, La Inseguridad de la Seguridad (Bogotá, 2006), p. 233. “El Despojo de Tierras y Territorios: aproximación conceptual”, Comisión Nacional de Reparación y Reconcilia-ción, junio de 2009.



grupos paramilitares de derecha se apropiaron del 83 por ciento, de acuerdo con un análisis de casi 5800 sentencias judiciales en casos de despojo de tierras49.

Informes de la Defensoría del Pueblo y del Centro Nacional de Memoria Histórica (financiado con recursos públicos), escritos con base en confesiones de paramilita-res, entre otros estudios, muestran que gran parte de esta tierra fue deforestada y utilizada para cultivos comerciales, especialmente de palma de aceite africana, un sector de la agricultura colombiana que creció rápidamente a principios de la década de 200050. Algunas empresas colombianas y multinacionales están siendo investiga-das por financiar organizaciones paramilitares, con el fin de facilitar sus actividades devastadoras para el medio ambiente51.

Tras la desmovilización de los 37 grupos paramilitares que formaban parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003, se formaron varias redes crimi-nales bajo el liderazgo de excombatientes de las AUC de rango medio que no entre-garon sus armas52. Debido a que operan en áreas donde actuaban los paramilitares, cuentan con muchos de los mismos miembros y usan métodos similares (como el control social a través de la extorsión y mantener estrechos lazos con narcotrafican-tes), estos grupos son ampliamente considerados como herederos directos de los paramilitares53.

49 En un informe presentado a la Comisión de la Verdad en 2020, la Fundación Forjando Futuros examinó todos los casos de despojo de tierras que han llegado a los tribunales durante la última dé-cada y encontró que los jueces determinaron que la gran mayoría de los culpables estaban asociados con grupos paramilitares. “En el 83% de los casos de despojo de tierras los paramilitares fueron los autores: Gerardo Vega”, El Espectador, 31 de agosto de 2020. “Operación Colombia las tierras de la población desplazada”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados/ACNUR, 2012. 50 Yamile Salinas y Juan Manuel Zarama, “Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares”, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), septiembre de 2012; “Una nación desplazada: Informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia”, CNMH, septiembre de 2015; “Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó. Seguimiento de la Resolución Defensorial 39 del 2 de junio de 2005”, Defensoría del Pueblo, 2006; Juanita Goebertus, “Palma de aceite y desplazamiento forzado en Zona Bananera: ‘trayectorias’ entre recursos naturales y conflicto”, Colombia Internacional, junio de 2008, pp. 152-175; Mónica Hurtado, Catherine Pereira y Edgar Villa, “Oil Palm Development and Forced Displacement in Colombia: Causal or Spurious?”, Revista Cuadernos de Economía, vol. 37 (julio de 2017), pp. 441-468. Para un análisis del despojo de tierras por parte de paramilitares, ver Francisco Gutiérrez y Jenniffer Vargas, El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué (Bogotá, 2016). 51 Diez ejecutivos de la multinacional Chiquita Banana están siendo juzgados por apoyar a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Los abogados de la empresa han argumentado que se les ha viola-do el debido proceso y han cuestionado la legitimidad de las pruebas recogidas por la fiscalía, pero un juez decidió en octubre de 2021 que el caso tenía mérito para seguir adelante. “En firme juicio a empresarios de Chiquita Brands por posibles nexos con paras”, El Colombiano, 13 de octubre de 2021. Algunos empresarios colombianos con inversiones en palma africana han recibido condenas de diez años de cárcel por sus alianzas con paramilitares, y otras decenas de casos continúan pen-dientes. “Empresarios de palma condenados por vínculos con paramilitares”, Canal 1, 4 de agosto de 2013. 52 “Desmovilización y reintegración paramilitar panorama posacuerdos con las AUC”, CNMH, no-viembre de 2015. 53 Ver “Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia”, Human Rights Watch, febrero de 2010; e informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit.



Estos grupos posparamilitares continúan desplazando a familias rurales y las obligan a limpiar y colonizar tierras. Pobladores del departamento del Chocó en el Pacífico han informado que los Gaitanistas, un importante grupo criminal y de nar-cotráfico de origen paramilitar, han instado a los pobladores a despejar franjas de selva y plantar coca. Según un oficial local de la fuerza pública y un líder social del área, los Gaitanistas pagan $80 dólares por hectárea por limpiar la vegetación pequeña (la rocería) y más de $90 dólares por talar (la tumba), si los campesinos luego usan la tierra para cultivar coca54. En otras regiones, los precios son aún más altos: en el Bajo Cauca, fuentes locales informan que un grupo armado posparamilitar paga a los cam-pesinos $5300 dólares por deforestar cinco hectáreas, preparar la tierra y plantar coca, bajo la condición de que se comprometan a venderles las cosechas55.

D. El Acuerdo de Paz de 2016 y el medio ambiente

El acuerdo de paz de 2016 pareció marcar una etapa de gran importancia en la de-terminación de Colombia de proteger el medio ambiente. Junto a las preocupaciones de las FARC sobre la desigualdad en la tenencia de la tierra, el acuerdo pretendía abordar los efectos de décadas de conflicto sobre el medio ambiente y responder a las alarmas asociadas con el cambio climático. Según el gobierno, entre 1990 y 2013 alrededor del 58 por ciento de la deforestación total de Colombia, cerca de 3 millo-nes de hectáreas, tuvo lugar en áreas afectadas por el conflicto, a pesar de los imper-fectos esfuerzos de conservación de las FARC56. La creciente preocupación en el país por los fenómenos climáticos extremos provocados por El Niño y La Niña, así como la firma del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, enfatizaron la temá-tica ambiental al interior de las negociaciones de La Habana sobre el acuerdo de 201657. Noruega, uno de los facilitadores de las conversaciones, describió el acuerdo de paz como “el primero en la historia en poner un gran énfasis en el medio ambien-te y la sostenibilidad como parte del proceso de construcción de la paz”58.

El acuerdo propone varias iniciativas clave. El capítulo sobre reforma rural tiene como objetivo detener el avance de la frontera agrícola a través de un nuevo “Plan de Zonificación Ambiental”. El acuerdo prevé la expansión de las Zonas de Reserva Campesina existentes, un mecanismo creado en la década de 1990 que reserva tie-rras del Estado para que los campesinos las cultiven. También propone establecer un Fondo de Tierras para víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras,

54 Entrevistas de Crisis Group, agente de la fuerza pública, Chocó, marzo de 2021; líder social, Chocó, marzo de 2021. 55 Entrevista de Crisis Group, minero de oro y excultivador de coca, 13 de junio de 2021. 56 Departamento Nacional de Planeación de Colombia, “Conpes 3850. Fondo Colombia en Paz”, 2015. 57 El gobierno de Santos estimó que el acuerdo de paz, si se implementa en su totalidad, podría pre-venir daños ambientales que le cuestan a Colombia $1,8 mil millones de dólares anuales. “‘Por cada año de paz, Colombia ahorraría $7,1 billones en degradación ambiental’: Simón Gaviria Muñoz”, op. cit. Ver también Ivan Briscoe, Santiago Villaveces, Xander van Tilburg y Louise van Schaik, “Green or Grey Growth for Colombia: Challenging Fossil Fuel Economy Security”, Clingendael In-stitute, octubre de 2016. 58 Noruega y Cuba fueron los países garantes durante las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, de 2012 a 2016.



especialmente en las regiones afectadas por conflictos59. Este Fondo redistribuiría las tierras adquiridas ilegalmente o en desuso entre los campesinos sin tierra y otras personas sin recursos afectadas por el conflicto60.

El acuerdo propuso abordar la crónica deficiencia de la administración de tierras en Colombia a través de un nuevo registro que inscribiera la titularidad y el uso de to-das las tierras, la ubicación de baldíos y las áreas de especial protección ambiental61. Un nuevo Plan de Zonificación Ambiental gestionaría el uso de la tierra en áreas con características ambientales específicas y designaría áreas de protección y uso soste-nible, como parques nacionales, reservas forestales, áreas con altos niveles de bio-diversidad y ecosistemas en peligro de extinción62.

Otras partes del acuerdo de paz pretendían explícitamente fomentar un creci-miento sostenible, lícito y favorable al medio ambiente. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son planes de desarrollo local liderados por la comu-nidad y dirigidos a alrededor de 170 regiones históricamente afectadas por la violen-cia, con el objetivo de ayudar a la población a resistir el atractivo de las actividades que llenan los bolsillos de la guerrilla y los criminales63. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito busca persuadir a los cultivadores de coca para que cultiven otros productos y ayudarles a conseguir medios de subsistencia legales64. “Reducir la deforestación y restaurar los suelos degradados, apoyando

59 “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, noviembre de 2016, pp. 20, 21, 204. Las zonas de reserva campesina fueron creadas a mediados de la década de los noventa mediante el Decreto 1777 de 1996, con la idea de entregar a los campesinos tierras del Estado que no estaban siendo utilizadas de forma eficiente para promover el desarrollo rural. En el acuerdo de paz de 2016 son descritas como: “iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del campesinado, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y las colombianas” y son consideradas esenciales para mantener la frontera agríco-la y preservar la naturaleza. Hay seis zonas activas: Cimitarra (en la frontera entre los estados de Antioquia y Bolívar), Cabrera (Cundinamarca), el río Pato (Caquetá), Morales y Arenal (Bolívar), San José (Guaviare) y Puerto Asís (Putumayo). 60 “El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz”, Verdad Abierta, 5 de marzo de 2015. 61 Expertos señalan que la designación de áreas protegidas y la identificación de apropiaciones ile-gales de tierras no resolverán los problemas de ocupación ilegal y economías ilícitas si el Estado no puede controlar su territorio. Entrevista telefónica de Crisis Group, académico y experto en tierras, 29 de julio de 2021. 62 “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, op. cit., p. 20. El acuerdo también tiene en cuenta el papel que las minorías étnicas, los excomba-tientes y las comunidades vulnerables pueden desempeñar en la deforestación y cómo satisfacer sus necesidades de manera que se conserve el medio ambiente. El Capítulo 1.1.10 establece que las comunidades que viven en inmediaciones o dentro de áreas que requieren un manejo ambiental especial deben recibir apoyo para planes de desarrollo, reasentamiento y “recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental”. El Capítulo 3.2.2.6 subraya que los programas de rein-corporación para excombatientes de las FARC, incluida la protección ambiental, merecen especial atención. 63 Tatiana Pardo Ibarra, “Cualquier proceso de paz debe resolver cómo habitar los territorios”, El Tiempo, 17 de noviembre de 2020. 64 Informe de Crisis Group sobre América Latina N°87, Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia, 26 de febrero de 2021.



alternativas de producción ambientalmente sostenibles para los campesinos, es la clave para garantizar una paz estable y duradera”, declaró Luis Gilberto Murillo, mi-nistro de Ambiente de Colombia al momento de la firma del acuerdo de paz65. Pero, algunas de estas iniciativas han quedado estancadas debido a la falta de financiación, obstáculos en su aplicación y al escaso respaldo gubernamental (ver más en la sec-ción V).

Otra institución creada por el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), parte del aparato de justicia transicional de Colombia, también reconoció al medio ambiente como una “víctima silenciosa” del conflicto66. Una comisión especial de la JEP está investigando la relación entre el conflicto y el medio ambiente. Sin em-bargo, sigue sin contar con los fondos y el personal necesario, a la vez que su trabajo se complica por la falta de datos sobre el daño ambiental causado por los crímenes de guerra y actos de guerra, que suelen quedar fuera del ámbito de la justicia ordina-ria67. A pesar de estas dificultades, la JEP está investigando casos en los que se alega que grupos armados han causado significativos daños ambientales, incluidos los generados por derrames de petróleo por ataques a oleoductos y los derivados de acti-vidades económicas ilícitas, como el cultivo de coca y la minería ilegal.

Una de las conductas del Estado durante el período de conflicto que también es ambientalmente relevante es la erradicación de coca. Entre 1994 y 2015, como parte de la guerra contra las drogas patrocinada por EE. UU., Colombia fumigó alrededor de 1,8 millones de hectáreas de cultivos de coca con el herbicida glifosato. Por cada hectá-rea de coca cultivada, entre 13 y 32 hectáreas de tierra rural fueron fumigadas con es-te herbicida68. El gobierno de Santos suspendió esta práctica en 2015, principalmen-te por motivos de salud pública, pero el daño ambiental ya estaba hecho69. La actual administración del presidente Iván Duque ha prometido retomar las fumigaciones70.

65 “Colombia to build environment-friendly peace”, comunicado de prensa, Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega, 13 de diciembre de 2016. 66 “Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, ‘reconoce como víctima silenciosa el medio am-biente’”, comunicado de prensa, JEP, 5 de junio de 2019. “Cuando usted ataca al medio ambiente, ataca a toda la humanidad”, dijo Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 19 de mayo de 2021. 67 Debido a que el Estado no consideró como delitos diversos tipos de daños ambientales hasta julio de 2021, la fiscalía no investigó dichas conductas. Tampoco calculó las consecuencias para el medio ambiente de otras conductas delictivas o de guerra. Entrevista de Crisis Group, Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Bogotá, 19 de mayo de 2021. 68 “Plan antidrogas de Estados Unidos y Colombia promueve la fallida política de fumigación aérea”, Washington Office on Latin America, 6 de marzo de 2020. 69 En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para humanos”. Ver informe de Crisis Group, Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia, op. cit.; y Kathryn Guyton et al., “Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon and glyphosate”, The Lancet, vol. 16, no. 5 (2015), pp. 490-491. 70 “Colombia prepara el regreso de las cuestionadas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca”, El País, 13 de abril de 2021.



IV. Crimen, negocios y deforestación

Cuando las FARC renunciaron a su control territorial tras el alto al fuego de 2014 y el acuerdo de paz de 2016, varios grupos armados, en lugar del Estado, se apresuraron a ocupar su lugar. Pero un Estado débil o ausente no fue el único factor en el poste-rior aumento de la deforestación. También fue impulsado por la expansión de em-presas comerciales altamente rentables. Algunos negocios prosperaron gracias al respaldo criminal o la deficiente aplicación de la ley; entre ellos se destacan el cultivo de coca y la minería ilegal, así como actividades legales como la ganadería, que a menudo se encuentran ligadas a actores ilegales y violentos71. Pero incluso empresas que no tienen acusaciones de ilegalidad y los bancos que las financian también tie-nen su cuota de responsabilidad por la deforestación en la que participaron y sus consecuencias ambientales72.

A. Cultivos de coca

La praderización de tierras para cultivos de coca es una de las causas de deforesta-ción, aunque estudios han encontrado que la praderización para este tipo de cultivos es menor que para la creación de nuevos pastizales y la agricultura tradicional73. Colombia tenía 143 000 hectáreas de cultivos de coca en 2020, la mayor superficie dedicada a esta planta a nivel mundial; entre 1998 y 2012, se talaron alrededor de 608 000 hectáreas de bosque para plantaciones de coca74. Imágenes satelitales per-miten evidenciar que muchas de las mismas áreas que aparecen en el Gráfico 1 con un aumento en la deforestación como consecuencia del cese al fuego de las FARC, tam-bién experimentaron un aumento en los cultivos de coca (ver también el Anexo C). Un líder local del municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, explicó que antes del acuerdo de paz la guerrilla prefería mantener baja la producción de coca para no atraer la atención de la fuerza pública a un importante corredor del narcotráfico hacia Panamá75. Cuando las FARC salieron del área, agregó, el cultivo de coca aumen-tó drásticamente a medida que los Gaitanistas expandieron su control territorial.

Funcionarios colombianos han identificado múltiples formas en las que los cul-tivos de coca contribuyen a la deforestación. Los bosques son talados y quemados 71 Oliver Griffin, “Road to ruin: informal byways sow seeds of destruction in Colombia’s Amazon”, Reuters, 14 de abril de 2021. “Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional 2005-2015”, IDEAM, 2018. 72 Aunque los inversionistas han reducido sus inversiones en combustibles fósiles, no se puede de-cir lo mismo de las cadenas de suministro de materias primas con riesgo para los bosques. Según Andrew Mitchell, fundador y asesor principal de la ONG Global Canopy, “Si no cambiamos el flujo del dinero, nos financiaremos hasta la extinción”. “Major financial institutions, corporates and gov-ernments endorse launch of Taskforce on Nature-related Financial Disclosures”, Global Canopy, 4 de junio de 2021. 73 “Coca y deforestación: mensajes de acción para la planeación del desarrollo”, Deutsche Gesell-schaft für Internationale Zusammenarbeit, marzo de 2017. 74 “Datos y tendencias del monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia (2020)”, comunicado de prensa, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 9 de junio de 2021; “Coca: Deforestación, contaminación y pobreza”, Policía Nacional Dirección de Anti-narcóticos, 2014. 75 Entrevista de Crisis Group, líder social, Riosucio, Chocó, 25 de marzo de 2021.



para despejar la tierra para cultivos, lo cual altera las condiciones químicas y físicas del suelo y (como se analiza más adelante) los ríos y otras fuentes hídricas a menudo resultan contaminadas76. Sumado a esto, los cultivos de coca suelen ser el precursor de otros cambios de mayor impacto, como la construcción de carreteras o la ganade-ría, que usualmente los siguen de cerca77. Un estudio sobre los efectos ambientales de la coca en Colombia describe a la planta como “un factor que desencadena” muchos otros tipos de deforestación78.

La relación de la coca con la deforestación es evidente en las regiones del Caquetá, el sur del Meta y el Guaviare, que encabezan las actividades de praderización de tie-rras en Colombia. La fumigación aérea en el período previo a 2015 llevó a los culti-vadores de coca a internarse cada vez más en los bosques y áreas protegidas79. Según un campesino del Guaviare, gran parte del suelo en el que anteriormente se cultivaba coca ha sido arruinado por la fumigación con glifosato, lo que lleva a los campesinos a deforestar nuevas parcelas de tierra para cultivar80.

La coca también ha jugado un papel en la deforestación en Tibú, en el departamen-to de Norte de Santander. Los pobladores afirman que tanto los disidentes de las FARC del Frente 33 como el ELN les ordenan a los campesinos cultivar la planta. Sin embargo, ocasionalmente, son los campesinos que desean plantar coca los que les piden a los grupos armados que intercedan a su favor ante las Juntas de Acción Co-munal que han prohibido la tala81. La mano de obra asequible abunda para los culti-vadores de coca de Tibú ya que el área limita con Venezuela y muchas personas están huyendo de la crisis económica venezolana82. (A pesar del impacto ambiental de la

76 J. González, A. Cubillos, M. Chadid, A. Cubillos, M. Arias, E. Zúñiga, F. Joubert, I. Pérez y V. Berrío, “Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015”, IDEAM, 2015. 77 La construcción de carreteras y caminos de acceso informales es un claro indicador de deforesta-ción. En la Amazonia colombiana se construyen cada año más de 800 km de caminos informales para que taladores, ganaderos y cocaleros lleguen al interior de la selva. La falta de cooperación en-tre las instituciones estatales dificulta el cierre de carreteras ilegales. El Ministerio de Transporte ha aprobado carreteras dentro de parques nacionales, por ejemplo, a pesar de que las autoridades am-bientales no las querían. Jueces han ordenado el cierre de carreteras ilegales en la Amazonia y han acusado a alcaldes de facilitar su construcción. Griffin, “Road to ruin: informal byways sow seeds of destruction in Colombia’s Amazon”, op. cit. Ver también “Fiscalía imputa a alcaldes en Guaviare por deforestación en la Amazonía”, comunicado de prensa, Fiscalía General de la Nación, 5 de diciem-bre de 2019; y Tatiana Pardo Ibarra, “Juez ordena cerrar vía en Guaviare para frenar deforesta-ción”, 3 de marzo de 2021. Entrevistas de Crisis Group, expertos ambientales, 16 de febrero y 13 de mayo de 2021. 78 “Coca y deforestación: mensajes de acción para la planeación del desarrollo”, op. cit. 79 Camilo Erazo y María Alejandra Vélez, “¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colom-bia?”, Universidad de los Andes, 2020. 80 Entrevista de Crisis Group, campesino, Meta, 26 de mayo de 2021. 81 Entrevista telefónica de Crisis Group, líder social, Catatumbo, 30 de junio de 2021. 82 Entrevista telefónica de Crisis Group, académico, 4 de junio de 2021. La fuente explicó que la productividad depende de la disponibilidad de mano de obra. Desde el inicio de la crisis económica y humanitaria en Venezuela, más de 5 millones de venezolanos han salido del país. Colombia acoge a cerca de 2 millones de refugiados venezolanos, la mayoría de los cuales depende de la economía informal.



coca, la principal causa de praderización en Tibú durante el último año ha sido la ganadería, como se explica a continuación83).

La tala de bosques para cultivar coca no es el único daño ambiental causado por la producción de cocaína. Los productos químicos utilizados para procesar la hoja de coca y convertirla en cocaína en los laboratorios de la selva se vierten con frecuencia en las cercanías, contaminando el suelo y las fuentes de agua. Para producir 1 kg de cocaína, según el Ministerio de Defensa de Colombia, los laboratorios vierten 700 litros de productos químicos84. Como se mencionó anteriormente, la erradicación por fumigación que ha realizado el gobierno también provoca graves daños ambientales.

B. Ganadería

La transformación de los bosques en pastos para el ganado es una de las principales causas de deforestación en Colombia: al menos 28,2 millones de reses pastan en alrededor de 39,2 millones de hectáreas de tierra85. Incluso antes del alto al fuego de las FARC, las conexiones entre la deforestación y la ganadería ya eran evidentes, en especial en la región andina, a lo largo de la costa del caribe y en partes de los depar-tamentos de Arauca y Meta, así como en el departamento de Casanare al este de Bo-gotá. Desde el alto al fuego, en muchas zonas, especialmente en las que la frontera agrícola limita con el Amazonas, se ha producido un aumento de la deforestación junto con un incremento en la ganadería. El mapa en el Anexo D muestra que mu-chas de las áreas con deforestación desde 2015 que aparecen en el Gráfico 1 también registraron aumentos en el número de cabezas de ganado en el censo de 2021.

Aunque la ganadería es una industria legal, a menudo se asocia con intereses in-surgentes y criminales, y muchas reses pastan en áreas que se supone están protegi-das. Las ganancias del tráfico de cocaína se lavan fácilmente a través de la ganade-ría86. “Del ganado se lucra la guerra”, dijo un campesino del noreste de Antioquia, sentado frente a un edificio pintado con grafitis del ELN87. Grupos armados, como los disidentes de las FARC en Caquetá y los grupos posparamilitares, les cobran un impuesto a las fincas con más de 50 cabezas de ganado en varias regiones88. Otros grupos, como los Gaitanistas, extorsionan a los campesinos que disponen de más de 100 hectáreas89.

83 Entrevista telefónica de Crisis Group, experto local en dinámica de conflictos, 30 de julio de 2021. 84 “Más de 248 hectáreas recuperadas tras sexta fase de la campaña Artemisa en La Macarena”, comunicado de prensa, Ministerio de Defensa de Colombia, 4 de septiembre de 2020. 85 “Conpes 4021. Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques”, Departamento Nacional de Planeación de Colombia, diciembre de 2020. 86 Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Caquetá, abril de 2021; entrevistas telefónicas de Crisis Group, oficiales de la fuerza pública, 2021. 87 Entrevista de Crisis Group, líder social, noreste de Antioquia, 6 de febrero de 2021. 88 Las disidencias de las FARC cobran $2,70 dólares por vaca anualmente, mientras que los grupos posparamilitares cobran mensualmente por vaca, aunque los arreglos específicos varían según las regiones y los frentes. Entrevistas de Crisis Group, líder social, Florencia, 12 de abril de 2021; ex-perto local, Caquetá, 16 de abril de 2021. Entrevistas de Crisis Group, líder social, noreste de Antio-quia, 6 de febrero de 2021; agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021. 89 Entrevista de Crisis Group, investigador, Urabá, 28 de marzo de 2021.



Gran parte de la tierra utilizada para la ganadería ha sido obtenida ilegalmente. En varios focos de deforestación, grupos posparamilitares y disidentes de las FARC ocuparon tierras cuando la guerrilla entregó sus armas y salió del lugar. Familias desplazadas de otras partes del país comenzaron a talar los bosques para el pastoreo de ganado, a menudo con el respaldo de inversionistas. A los taladores que tienen sus propias motosierras en Caquetá, por ejemplo, se les paga $80 dólares por hectárea; una sola persona puede talar tres hectáreas por día. Quienes no tienen su propio equi-po reciben alrededor de $27 dólares por día90. “Cambiamos bosques por carne”, dijo un funcionario estatal en Segovia, Antioquia. “Se tumba, se quema, se ponen una cerca y ponen pasto para el ganado”.

Un funcionario estatal en Caquetá estimó que los grandes ganaderos causan más deforestación que todos los pequeños propietarios de ganado juntos debido a su superior organización y capacidad económica91. Por ejemplo, en 2021, taladores con motosierras aparecieron acompañados de personas armadas para deforestar tierras en Vista Hermosa, Meta; dos semanas después, camiones con ganado llegaron a la misma área92. Expertos, agentes de la fuerza pública y campesinos afirman que los inversores, quienes a menudo permanecen en el anonimato (incluso para sus em-pleados), les pagan a los campesinos de la zona para que talen y se hagan cargo del ganado en su ausencia; los campesinos también reciben una parte de las ganancias cuando los animales son vendidos93. Mientras tanto, las economías de escala de la cría de ganado hacen que las grandes explotaciones de propietarios ausentes puedan ser sumamente rentables. “Producen tanto que no saben cuánto tienen”, dijo un agente de la fuerza pública94. Si bien es conocido que grupos criminales como los Gaitanis-tas han invertido en ganado, oficiales de seguridad informaron que políticos y em-presarios que viven en las grandes ciudades del país también financian el sector95.

Los críticos de la ganadería argumentan que el Estado históricamente ha per-mitido que el sector opere en áreas de protección ambiental, y los datos disponibles los respaldan. En los parques nacionales, donde el pastoreo de ganado está prohibi-do, las reses son una imagen común. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad estatal, vacuna y censa a estas reses, y sabe a quién pertenecen. El ICA también autoriza el transporte de ganado desde los parques nacionales hasta los mataderos o mercados. Otra entidad estatal, el Banco Agrario, anunció tan solo en el año 2021 que dejaría de prestar dinero para la cría de ganado en áreas de protección ambiental96.

La falta de transparencia de la cadena de suministro bovino facilita el “lavado” de ganado criado ilegalmente. Dado que los animales criados en los parques nacionales

90 Entrevista de Crisis Group, campesinos, Caquetá, 14 de abril de 2021. 91 Entrevista de Crisis Group, funcionario estatal, Caquetá, abril de 2021. 92 Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de ONG, Meta, 26 de mayo de 2021. 93 Entrevistas de Crisis Group, líder social, noreste de Antioquia, 6 de febrero de 2021; líder social, Caquetá, 14 de abril de 2021; agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, agentes de la fuerza pública, 21 de abril de 2021. 94 Entrevista de Crisis Group, agente de la fuerza pública, Chocó, 26 de marzo de 2021. 95 Entrevistas telefónicas de Crisis Group, agentes de la fuerza pública, 21 de abril de 2021. Entre-vista de Crisis Group, agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021. 96 “Banco Agrario dejará de entregar créditos en áreas protegidas”, El Tiempo, 26 de febrero de 2021; “Amazonia: una selva que arde”, El Tiempo, 6 de abril de 2021.



no pueden obtener el certificado del ICA requerido para la venta, el ganado que se mantiene allí se pasa a la cadena de suministro legal. Las reses van y vienen entre áreas protegidas y no protegidas para que puedan ser “marcadas” o certificadas en ranchos legales97. La falta de trazabilidad contribuye a la generación de ingresos para grupos armados. Agentes de la fuerza pública incluso afirman que se trafica con ga-nado desde Venezuela, donde los terneros son mucho más baratos, y se llevan a par-ques nacionales y reservas forestales de Colombia. Grandes cantidades presunta-mente son trasladadas por el río Guaviare a los departamentos de Meta y Guaviare98.

La deforestación para la ganadería también es consecuencia del incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz de 2016. En el municipio con mayores tasas de deforestación, Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, algunos cam-pesinos se inscribieron en un programa gubernamental que incentiva la sustitución voluntaria de cultivos de coca. Pero según un líder social local, luego de no recibir los pagos prometidos, vieron que “la economía que podría reemplazar la coca era la gana-dería”99. El ganado resultó ser más rentable que cualquier alternativa, incluso cuando la única ruta al mercado es por río: “Echa una vaca aquí en un bote, claro llega flaca”, debido al tiempo que dura el viaje, agregó el líder social, “pero al menos … puede venderla y la vende”100.

C. Madera

Aunque solo el 10 por ciento de la deforestación en Colombia está relacionada con el comercio de madera, el comercio ilegal de ésta asciende a unos $750 millones de dólares anuales, y el Ministerio de Ambiente estima que el 47 por ciento de la cadena de suministro de madera proviene de árboles talados ilegalmente101. Antes del acuerdo de paz, las FARC impusieron restricciones a la tala comercial, pero les permitían a los pobladores talar una pequeña cantidad de árboles, por ejemplo, para construir viviendas. Su desmovilización supuso la eliminación de esta barrera para la defores-tación a gran escala.

Aunque parte de la madera ilegal se traslada sin documentación, el tráfico a menu-do se lleva a cabo con permisos de transporte que, aunque emitidos por las autori-dades ambientales locales, se adquieren en el mercado negro. Por ejemplo, en Puerto Asís, Putumayo, cerca de la frontera sur de Colombia, se han encontrado documen-tos que permiten el trasporte de madera desde Perú102. Fuentes involucradas en la industria de la madera alegan que las autoridades ambientales regionales reciben

97 Entrevista de Crisis Group, abogado, noreste de Antioquia, 7 de febrero de 2021. Entrevistas tele-fónicas de Crisis Group, agentes de la fuerza pública, 21 de abril de 2021. 98 Entrevista de Crisis Group, agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021. 99 Cartagena del Chairá también forma parte de las zonas de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) derivados de los acuerdos de paz de 2016. Entrevista de Crisis Group, líder social, Florencia, 12 de abril de 2021. 100 Ibid. 101 Helena Calle y Jaime Flórez, “Así funciona el tráfico de madera en Colombia”, Mongabay, 1 de octubre de 2018. La Policía Nacional de Colombia incautó 41 944 metros cúbicos de madera ilegal en 2019, 42 847 en 2020 y 73 071 hasta septiembre de 2021. Entrevista de Crisis Group, oficial de la Policía Nacional de Colombia, septiembre de 2021. 102 “Condenando el bosque”, Environmental Investigation Agency, junio de 2019.



cuantiosos sobornos por trámites para el lavado de madera en la cadena de suminis-tro legal103. Algunas veces, la intimidación en lugar del dinero es lo que convence a las autoridades locales para que colaboren. Los guardaparques en el noroeste de Colombia, por ejemplo, han sido amenazados por organizaciones criminales si inten-tan intervenir para detener el trasporte de madera ilegal104. Las autoridades tienden a evitar trabajar de noche, cuando se transporta gran parte de la madera105.

Los grupos armados a menudo cobran impuestos al comercio de madera y otras actividades relacionadas. Un pequeño aserrío de madera en la zona rural de Caquetá procesa aproximadamente 600-700 unidades de madera cada dos o tres meses, y di-sidentes de las FARC les cobran $2,70 dólares por unidad106. Los Gaitanistas gravan la madera en el Urabá y el norte del Chocó, tanto en el lugar donde se tala como en la ruta al mercado, además de mediar en la asignación de permisos de tala107. Los gru-pos armados también comercian con madera, conectando a los productores regiona-les con exportadores. “Ellos no están ahí solo por la vacuna [cobros de extorsión]”, dijo un agente de la fuerza pública108.

D. Minería ilegal de oro

Las FARC, junto con otras organizaciones insurgentes y criminales, estuvieron direc-tamente involucradas en la minería ilegal de oro. Tras el alto al fuego del grupo y su posterior desmovilización el terreno quedó libre para que otros grupos armados extendieran sus operaciones de minería ilegal. El aumento de los precios del oro en 2019 y 2020 se sumó al atractivo de las minas109. La extracción de oro de aluvión se lleva a cabo en unas 100 000 hectáreas del territorio colombiano; en 69 000 hectá-reas, las operaciones son ilegales110.

Aunque la extracción ilegal de oro no es una de las principales causas de defores-tación en Colombia, esta degrada gravemente el medio ambiente. La minería de alu-

103 Entrevistas de Crisis Group, líder social, Chocó, marzo de 2021; campesino, Caquetá, abril de 2021. Los líderes comunitarios argumentan que las autoridades ambientales son fácilmente sobor-nadas para permitir que se lleve a cabo el transporte ilegal de madera. 104 Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionarios estatales, abril de 2021. 105 Entrevistas de Crisis Group, funcionarios estatales, Chocó, 25 de marzo de 2021; soldados, Cho-có, 26 de marzo de 2021; funcionario estatal, Caquetá, 16 de abril de 2021. 106 Entrevista de Crisis Group, empleado de un aserradero, Caquetá, 13 de abril de 2021. 107 Entrevista de Crisis Group, funcionario estatal, Chocó, 25 de marzo de 2021. 108 Entrevistas de Crisis Group, líder social, Chocó, marzo de 2021; agente de la fuerza pública, Meta, 25 de mayo de 2021. 109 Algunos observadores afirman que la minería ilegal de oro genera más ingresos que la cocaína en Colombia. De hecho, los dos sectores son complementarios, ya que la extracción y el comercio de oro ofrecen oportunidades para lavar las ganancias de la cocaína. Frédéric Massé y Philippe Le Bil-lon, “Gold Mining in Colombia, Post-war Crime and the Peace Agreement with the FARC”, Third World Thematics, vol. 3 (2018), pp. 116-134; Jim Wyss y Kyra Gurney, “Dirty gold is the new co-caine in Colombia – and it’s just as bloody”, Miami Herald, 23 de enero de 2018; “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America”, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, abril de 2016. En el 43 por ciento de las áreas donde se lleva a cabo la extracción de oro de aluvión, los campesinos cultivan coca. Ver “Colombia: Explotación de oro de aluvión”, UNODC, octubre de 2020. 110 “Colombia: Explotación de oro de aluvión”, op. cit.



vión es la principal culpable, ya que requiere la remoción de grandes cantidades de tierra con motobombas, botes de dragado y retroexcavadoras. En contraste, la mine-ría subterránea de roca dura no requiere que los operadores remuevan mucha vege-tación, aunque el vertimiento de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro afecta gravemente los ecosistemas circundantes111. Colombia tiene las emisiones de mercurio más altas de toda América Latina, con alrededor de 60 toneladas métricas por año, debido a la minería de oro ilegal e informal112.

Las FARC extorsionaban por dinero en efectivo y oro a los mineros en los territo-rios que controlaban y, al mismo tiempo, intentaban contener el daño ambiental que la minería causaba: en Putumayo, el grupo obligaba a los mineros, después de extraer el oro, a enterrar los sedimentos contaminados con mercurio a 50 metros del río113. Actualmente, grupos armados como el ELN, los Gaitanistas y los Caparros que se dedican a la extracción ilegal de oro o a extorsionar a las empresas mineras formales e informales demuestran menos interés en reducir los daños ambientales. Los mine-ros de subsistencia que trabajan con métodos de extracción tradicionales a menudo han sido absorbidos o desplazados por operaciones altamente mecanizadas respal-dadas por el dinero de grupos criminales. En el Bajo Cauca, por ejemplo, grupos criminales compraron botes de dragado, conocidos como dragones, y retroexcavado-ras, lo que dejó a los mineros artesanales fuera del negocio114. Los dragones, como se ve en el río Nechí, dragan los lechos de los ríos más prometedores en busca de mine-ral de oro y, con la ayuda de retroexcavadoras, han convertido partes del Bajo Cauca en un paisaje lunar. En 2019, más de 200 unidades de maquinaria pesada estaban operando en 177 minas ilegales en la región115.

111 En áreas como Remedios, Antioquia, la minería ilegal se lleva a cabo a través de la explotación de túneles de roca dura y rara vez contribuye a la deforestación de manera directa. En cambio, el ga-nado y la comercialización de madera provocan deforestación. Si hay un vínculo entre la minería y la deforestación es que los mineros necesitan vigas de madera para sostener sus túneles. Entrevistas de Crisis Group, funcionario estatal, Remedios, 8 de febrero de 2021; operador de mina, Segovia, 10 de febrero de 2021. 112 “The Amazon Biome in the Face of Mercury Contamination”, World Wildlife Fund, 2019. Para detener el comercio de mercurio y su uso en la minería, Colombia ratificó la convención de Mina-mata de la ONU en 2019, diseñada para vetar el uso de mercurio, pero la prohibición llevó a un aumento de las ventas ilegales a la vez que aumentó sus ganancias. Los precios del mercurio en el mercado negro estuvieron cerca de cuadriplicarse después de la prohibición. Entrevistas de Crisis Group, líder social, noreste de Antioquia, 6 de febrero de 2021, operador de mina, Segovia, 10 de febrero de 2021; representante de ONG, Bajo Cauca, junio de 2021. 113 Bram Ebus, “Crackdowns on illegal mining in the Colombian Amazon not enough”, Mongabay, 25 de octubre de 2017. 114 Muchas de las personas desplazadas en el Bajo Cauca que se dedicaban a la minería para subsis-tir terminaron siendo cocaleros. Entrevista telefónica de Crisis Group, representante senior de ONG, 10 de mayo de 2021. 115 Documento interno del Estado colombiano visto por Crisis Group, 2019. La deforestación y otros daños ambientales también han sido vinculados a la minería legal en varias zonas del país. Entre-vistas de Crisis Group, mineros y líderes sociales, nordeste de Antioquia y Bajo Cauca, 2019-2021.



E. Especulación de tierras

Gran parte de las tierras deforestadas en Colombia desde el alto al fuego se encuen-tran en zonas de propiedad pública y protección ambiental, como los parques nacio-nales de Tinigua, la Macarena o Chiribiquete116. Expertos ambientales sostienen que autoridades y notarías locales han propiciado un mercado negro de bienes raíces al suministrar ilegalmente a los colonos documentación para respaldar la propiedad que reclaman117.

Los terrenos que han sido despejados de vegetación tienen mayor valor, lo que los convierte en un blanco ideal para los especuladores. La diferencia de precio es significativa: una hectárea de bosque en el noreste de Antioquia cuesta un poco más de $200 dólares, mientras que una hectárea praderizada puede costar hasta $800 dólares118. En Caquetá, una hectárea ubicada dentro de una reserva forestal vendida en el mercado negro tiene un valor de $300 a $400 dólares, mientras que fuera de las áreas de protección ambiental cada hectárea puede costar hasta $1400 dólares119. Los especuladores algunas veces se valen de influencias políticas para reclasificar la tierra de áreas de protección ambiental y revenderla a empresas mineras, de hidro-carburos o agroindustriales120.

Los grupos criminales a menudo se dedican a cultivar coca, a la ganadería y tala ilegal y a la especulación de tierras simultáneamente. En las zonas de Colombia más afectadas por el conflicto, como el Bajo Cauca, en Antioquia, normalmente se desa-rrollan varias actividades económicas ilícitas a la vez, lo que magnifica el daño am-biental121. De las más de 848 000 hectáreas de tierras de propiedad privada en el Bajo Cauca, 360 000 han sido adquiridas para la extracción de oro o tienen solicitudes pen-dientes para iniciar dichas operaciones; 441 000 son utilizadas para la ganadería; y unas 5000 hectáreas para cultivos ilícitos122. De esta manera, la mayor parte de las tierras privadas de la región son utilizadas para actividades que, de una forma u otra, contribuyen tanto al conflicto como al daño ambiental, incluida la deforestación123.

116 Entrevistas de Crisis Group, expertos ambientales, campesinos y representantes del Estado, febrero-agosto de 2021. 117 Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Caquetá, abril de 2021. Entrevista telefónica de Cri-sis Group, experto ambiental, 13 de mayo de 2021. 118 Entrevista de Crisis Group, líder social, Antioquia, 6 de febrero de 2021. 119 Entrevista de Crisis Group, funcionario estatal, Caquetá, 16 de abril de 2021. 120 Entrevistas telefónicas de Crisis Group, experto ambiental, 13 de mayo de 2021; experto en tie-rras, 17 de mayo de 2021. 121 Más del 80 por ciento de los residentes del Bajo Cauca se encuentran registrados como víctimas del conflicto y más de 42 000 personas han sido desplazadas en los últimos tres años. Juan Camilo Gallego Castro, “‘La única reparación es que el Estado entre al Bajo Cauca’: líder social”, El Espec-tador, 14 de junio de 2021. 122 ‘La única reparación es que el Estado entre al Bajo Cauca’: líder social”, op. cit.; “Segregación y Vaciamiento”, Instituto Popular de Capacitación, 30 de marzo de 2021. 123 “Segregación y Vaciamiento”, op. cit.



V. Construyendo un medio ambiente pacífico

Si la riqueza natural no se administra y protege adecuadamente, la deforestación y la explotación de los recursos naturales de Colombia en general continuarán alimen-tando la violencia, incluida la violencia dirigida hacia los colombianos que trabajan por una mejor gestión ambiental124. Por el contrario, unas políticas ambientales bien diseñadas, especialmente si generan oportunidades económicas para los excomba-tientes y la población rural, podrían ser una herramienta tanto para fomentar la paz como para fortalecer la capacidad de los habitantes de zonas rurales y afectadas por el conflicto colombiano para resistir eventos climáticos extremos125.

A. Aplicación efectiva de la ley

La aplicación efectiva de la ley es un componente indispensable de la reforma ambien-tal, y Colombia ha tomado algunas medidas para fortalecer su capacidad. Algunas organizaciones internacionales han criticado al Estado y a los tribunales colombia-nos por permitir que se cometan delitos ambientales con impunidad126. En respuesta, varios ministerios (incluidos el de Defensa y Ambiente), junto con la Fiscalía Gene-ral, dieron a conocer en 2019 la Operación Artemisa, que desplegó a más de 22 000 agentes de seguridad con el fin de llevar a cabo misiones de protección ambiental127.

Artemisa ha conducido hasta el momento a 94 detenciones y ha ayudado a proteger más de 20 000 hectáreas de bosque en parques nacionales, según fuentes policiales, pero también ha sido objeto de significantes críticas128. En particular, sus detractores se quejan, con cierta justificación, de que la operación se ha centrado en los rangos inferiores de las empresas ilícitas y los campesinos locales, evitando enfrentar a los niveles superiores.

Hay reportes que la corrupción ha plagado a Artemisa desde el principio. Miem-bros senior de la fuerza pública afirman que políticos involucrados en actividades como la ganadería han sobornado a los oficiales o manipulado las investigaciones judiciales129. Personajes destacados han eludido su responsabilidad incluso en los casos en que las autoridades los han identificado como financiadores de la praderi-

124 Los líderes sociales que defienden el medio ambiente han sido atacados sistemáticamente por grupos criminales. Informe de Crisis Group, Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia, op. cit. Ver también “A Dangerous Climate. Deforestation, climate change and violence against en-vironmental defenders in the Colombian Amazon”, World Wildlife Fund, Adelphi, Fundación Ideas para la Paz y Frankfurt Zoological Society, 2021. En 2020, 65 activistas ambientales fueron asesi-nados en Colombia, la cifra más alta a nivel mundial por segundo año consecutivo. “Last Line of Defence”, Global Witness, 13 de septiembre de 2021. 125 Elisa Castrillón Palacio, “Prepararse para lo inevitable: la nueva prioridad de Colombia frente al cambio climático”, La Silla Vacía, 12 de agosto de 2021. 126 “Evaluaciones del desempeño ambiental”, OCDE, 2014 127 “Fuerzas Militares y la protección del ambiente: Roles, riesgos y oportunidades”, Fundación Ideas Para la Paz, septiembre de 2020. 128 Entrevistas telefónicas de Crisis Group, agentes de la Policía Nacional de Colombia, septiembre de 2021. 129 Entrevistas de Crisis Group, oficiales de la fuerza pública, líderes sociales y expertos ambienta-les, 2021.



zación ilegal de tierras130. Se ha filtrado información sobre el trabajo del gobierno en casos específicos a los grupos armados, que luego intentan sobornar o amenazar a los funcionarios correspondientes131.

Muchos campesinos, por su parte, se oponen a Artemisa al considerar que se encuentra dirigida principalmente en su contra. Durante las manifestaciones que paralizaron a Colombia en mayo y junio de 2021, los habitantes rurales exigieron el desmonte de la operación como condición para levantar los bloqueos de las carrete-ras132. Un campesino se quejó de que los grandes taladores sobornan a la autoridad ambiental departamental, presuntamente ofreciendo hasta $55 000 dólares para ob-tener una licencia que les permita extraer madera de áreas protegidas a la cadena de suministro legal133. Los campesinos dicen que tal nivel de corrupción refleja las des-ventajas sistémicas que enfrentan los pobladores rurales pobres: “Porque nosotros no tenemos para comprar la licencia nos tratan de delincuentes, de bandidos”134.

Además, Artemisa carece de fondos suficientes. “No hay aviones, no hay carros, no hay combustible, ni hay para quedarnos, no hay nada”, dijo un agente de la fuerza pública. En mayo, Artemisa tenía planeadas más de doce operaciones, pero no con-taba con fondos suficientes para ejecutarlas. La operación recurre a recursos y equi-pos prestados de otras oficinas estatales cuando están disponibles135.

Ante estas limitaciones, los activistas acogieron con satisfacción una nueva ley de delitos ambientales, promulgada por el Congreso colombiano en julio de 2021, la cual crea un marco penal integral y define de manera concreta delitos ambientales como la deforestación, el tráfico de flora y fauna silvestre y la contaminación. Hasta el momento, la mayoría de los delitos ambientales habían sido clasificados como aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Incluso cuando los infractores eran capturados, rara vez eran condenados, y para los pocos que resultaban condenados las penas de prisión y las multas eran mínimas136. La nueva ley, en cambio, establece que quienes financien a las empresas que cometen delitos ambientales enfrentarán condenas de prisión y multas más severas que los trabajadores rasos.

Si bien la mayor precisión y equidad de la nueva ley son bienvenidas, su aplicación seguirá dependiendo de la cooperación entre la policía y otros órganos gubernamen-tales, así como de la asignación de los recursos necesarios. Las agencias ambientales, agrícolas y de aplicación de la ley deben mejorar su capacidad para intercambiar in-

130 Entrevistas de Crisis Group, oficiales de la fuerza pública, líderes sociales y expertos ambienta-les, 2021. 131. Entrevistas de Crisis Group, oficiales de la fuerza pública, líderes sociales y expertos ambienta-les, 2021. 132 Informe de Crisis Group sobre América Latina N°90, Paro y pandemia: las respuestas a las protestas masivas en Colombia, 2 de julio de 2021. 133 Entrevista de Crisis Group, talador, Caquetá, abril de 2021. 134 Entrevista de Crisis Group, talador, Caquetá, abril de 2021. 135 Entrevistas de Crisis Group, agentes de la fuerza pública, abril, mayo y agosto de 2021. 136 Una fuente de la fuerza pública admitió que para justificar el costo de las investigaciones y las redadas conexas (que pueden llegar hasta los $54 000 dólares cada una), los agentes de seguridad exploran la posibilidad de acusar a los sospechosos de delitos adicionales (no ambientales). Dos helicópteros Black Hawk (a un costo de $4000 dólares por hora) y un helicóptero Huey ($1600 dó-lares por hora) hacen parte de una típica operación de Artemisa. Algunas operaciones toman de dos a cuatro días. Entrevista de Crisis Group, agente de la fuerza pública, mayo de 2021.



formación y operar con trasparencia si pretenden judicializar a los responsables de la deforestación.

Por otra parte, la indignación expresada durante las protestas de mediados de 2021 en Colombia puso de manifiesto que el Estado debe evitar centrar sus esfuerzos de persecución contra la población rural vulnerable si quiere que la ciudadanía conside-re la aplicación de la ley ambiental como legítima y efectiva137. Pero el Estado debe ir más allá. Es esencial que haya alternativas legales para la subsistencia de los cam-pesinos que han estado viviendo y trabajando ilegalmente en las áreas protegidas, muchos de ellos por generaciones. Organismos estatales como la Unidad de Parques Nacionales deben trabajar de la mano con estos campesinos para diseñar alternati-vas viables para que los habitantes de estas comunidades se ganen la vida mientras preservan los bosques138.

Por último, es fundamental hacer más para garantizar la seguridad física de los investigadores y demás funcionarios encargados de la aplicación de la nueva ley. Teniendo en cuenta los beneficios económicos en juego y la inclinación de los grupos armados hacia la violencia retributiva, los riesgos son altos. Las amenazas de grupos armados han llegado a intimidar de tal manera a las autoridades ambientales y a los guardaparques que estos han optado por restringir sus propios movimientos139. Colombia tiene tan solo un guardaparques por cada 25 000 hectáreas, mucho menos que el estándar de uno por cada 1000 hectáreas considerado como una buena prácti-ca140. Los socios de Colombia deben incrementar los recursos y la asistencia técnica para ayudar al gobierno a obtener el personal y la capacitación necesaria.

B. Cumplimiento del Acuerdo de Paz

A pesar de algunos avances, en lo que respecta a la implementación, la mayor parte de los aspectos “verdes” del acuerdo de paz de 2016 permanecen estancados. Elemen-tos esenciales del paquete de reformas rurales previsto carecen de financiación sufi-

137 Además de las denuncias de la operación Artemisa, miles de campesinos y pobladores rurales que se concentraron entre finales de abril y junio en las capitales departamentales y Bogotá también protestaron por el incumplimiento de los acuerdos de paz, por ejemplo, en lo que respecta a los programas de sustitución de la coca y la falta de inversión en el campo. Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Meta, mayo de 2020. Estas protestas se llevaron a cabo junto con prolongadas ma-nifestaciones masivas en áreas urbanas enfocadas en la desigualdad, los abusos de autoridad de la policía y la percepción de indiferencia del gobierno frente a los reclamos públicos. Ver informe de Crisis Group, Paro y pandemia: las respuestas a las protestas masivas en Colombia, op. cit. 138 Entrevista telefónica de Crisis Group, representante de ONG, 29 de agosto de 2021. 139 Entrevista de Crisis Group, funcionario estatal, 16 de abril de 2021. Durante la pandemia, em-pleados de la Unidad de Parques Nacionales abandonaron diez parques debido a amenazas de gru-pos armados. Ver Dimitri Selibas, “Double blow to Colombian Amazon and Indigenous groups from armed militants, COVID-19”, Mongabay, 31 de julio de 2020. 140 Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el número ideal de guarda-parques es uno por cada 1000 hectáreas. “Understaffed and under threat: Paraguay’s park rangers pay the ultimate price”, Mongabay, 5 de agosto de 2020. “Guardaparques amenazados y parques nacionales en jaque por las disidencias”, Semana, 1 de marzo de 2020; y “Fuerzas Militares y la protección del ambiente: Roles, riesgos y oportunidades”, Fundación Ideas para la Paz, septiembre de 2020.



ciente al menos en un 50 por ciento141. El gasto ineficiente y la falta de voluntad polí-tica agravan el problema142. Según el Instituto Kroc, que ha evaluado el progreso del acuerdo, para noviembre de 2020 solo se había cumplido alrededor del 4 por ciento de las disposiciones de reforma rural del acuerdo, mientras que en el 18 por ciento aún no se había comenzado a trabajar143. Algunas son de especial importancia. En particular, para detener la expansión de la frontera agrícola, el Estado debe subsanar las deficiencias en la regulación de la tenencia de la tierra; restituir la tierra a los des-plazados; producir títulos formales para propietarios en todo el país; y adjudicar tie-rras productivas no utilizadas a las víctimas que no pueden regresar a sus lugares de origen.

El Estado colombiano inició el proceso de redistribución de tierras baldías o des-pojadas entre los campesinos sin tierra y las víctimas del conflicto cuando aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, años antes de que se firmara el acuerdo de paz, pero sus esfuerzos desde entonces se han estancado144. Muchas de las víctimas no pudieron regresar a sus hogares debido a que las áreas aún estaban bajo el control de grupos posparamilitares o guerrillas145. Adicionalmente, se detecta-ron minas antipersona en alrededor del 70 por ciento de las regiones cuyos habitantes eran elegibles para recibir restitución146. Muchas personas desplazadas también han enfrentado condiciones extremadamente hostiles a su regreso: el 43 por ciento de las personas que regresaron a la región del Urabá Antioqueño sufrieron daños materia-les o intimidación, mientras que en el Cesar el 45 por ciento fueron amenazadas147. Demostrar la propiedad legítima de un predio sigue siendo un desafío, ya que en muchos lugares los grupos armados que se apoderaron de propiedades rurales las han vendido, y es posible que los propietarios actuales desconozcan, o nieguen conocer, que el predio que adquirieron fue originalmente objeto de despojo. La implemen-tación de las medidas incluidas en las secciones del acuerdo sobre reforma rural y reparación de víctimas contribuiría en gran medida a resolver estos temas.

Ciertos aspectos centrales del acuerdo de paz que pueden ayudar a fortalecer o complementar las iniciativas de restitución parecen estar avanzando, aunque a dis-tintos ritmos. El presidente Duque afirma estar dando grandes pasos en la creación del nuevo catastro, que será esencial para evitar disputas sobre la propiedad o el uso indebido de la tierra148. El gobierno de Duque insiste en que habrá registrado el 60 por ciento de las tierras de Colombia cuando entregue el cargo en 2022, un gran avance

141 “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la Paz del Plan Plurianual de Inversiones”, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 2020. 142 Ibid. 143 “The Colombian Final Agreement in the Era of COVID-19”, Kroc Institute for International Peace Studies, 2021. 144 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, Ley 1448 de 2011, 10 de junio de 2011. 145 “Radiografía de la Restitución de Tierras en Colombia”, Comisión Colombiana de Juristas, 9 de mayo de 2019. 146 Alejandro Reyes Posada, Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia (Bogotá, 2016), p. 288. 147 “Campesinos despojados de sus tierras sí están retornando pero sin vivienda”, Fundación For-jando Futuros, 28 de mayo de 2016. Reyes, Guerreros y campesinos, op. cit., pp. 287-288. 148 Presidente Iván Duque, “Humanity in Motion and Colombia”, presentación en el Wilson Center, Washington, 20 de septiembre de 2021.



con respecto al 2,25 por ciento del catastro de 2020, aunque algunos expertos consi-deran que esa meta es inalcanzable en el tiempo previsto149.

El fondo de tierras del acuerdo para las víctimas también ha avanzado en la bús-queda de tierras que podrían ser adecuadas para la restitución, aunque lentamente. Debido a retrasos, incluso para averiguar si el millón de hectáreas del fondo ya se encuentran ocupadas, los administradores sólo han distribuido hasta el momento unas 233 000 hectáreas. (El acuerdo de paz tenía como objetivo tener tres millones disponibles para su distribución para 2028150). Informes recientes acusan al gobierno de inflar las cifras, sugiriendo que la cantidad real de tierra redistribuida podría ser mucho menor151.

Otros aspectos del acuerdo de paz que podrían ayudar a frenar las tasas de defo-restación y al mismo tiempo impulsar las perspectivas económicas para los poblado-res rurales se han hundido o se han topado con obstáculos. El Plan de Zonificación Ambiental mencionado previamente debería haber estado operando desde 2018, den-tro de los dos años siguientes a la firma del acuerdo, pero aún se encuentra en la fase de planificación152. Los planes de desarrollo local o PDET, mencionados anterior-mente, han avanzado más, con los primeros planes aprobados en 2020153. Sin em-bargo, el destino de estas iniciativas está en la cuerda floja. Su financiación está lejos de estar garantizada, las exigencias burocráticas a las autoridades locales son engo-rrosas y muchas de las comunidades rurales sienten que han tenido poca influencia en su implementación154.

Mientras tanto, el giro de la administración del presidente Duque hacia una polí-tica antinarcóticos más represiva ha debilitado el plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca, que ya venía en declive por sus altos costos y lento despliegue155. Se

149 “El catastro avanza, pero ¿qué tan multipropósito es?”, El Espectador, 8 de febrero de 2021. Al-rededor del 15 por ciento había sido registrada en marzo de 2021. Ver “El Catastro Multipropósito Avanza: 17,56 millones de hectáreas ya están actualizadas”, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 4 de marzo de 2021. Sin embargo, un experto en gestión de tierras dijo que el objetivo del 60 por ciento del gobierno “roza lo imposible”. Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en tierras, 21 de septiembre de 2021. 150 “Informe de Resultados de Paz con Legalidad”, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 26 de agosto de 2021. “Ya hay 1,2 millones de hectáreas en el fondo de tierras para la paz”, El Tiempo, 26 de enero de 2021. “The Colombian Final Agreement in the Era of COVID-19”, op. cit. “¿En qué va el acuerdo de paz a un año del Gobierno de Duque?”, Seguimiento multi-partidista a la implementación del Acuerdo de Paz, agosto de 2019. 151 “La agencia de tierras infla las cifras de predios que ha entregado a campesinos sin tierra”, La Silla Vacía, 29 de agosto de 2021. 152 “El llamado a Minambiente a rendir cuentas sobre el plan de zonificación ambiental”, Las Dos Orillas, 12 de noviembre de 2019. El Plan de Zonificación Ambiental consiste en gestionar el uso del suelo en áreas con determinadas características ambientales. “The Colombian Final Agreement in the Era of COVID-19”, op. cit. 153 Se han incluido más de 11 000 propuestas con la aprobación de la comunidad en los planes de desarrollo local para el periodo 2020-2024. “The Colombian Final Agreement in the Era of COVID-19”, op. cit. “El nuevo escándalo de corrupción con los dineros de la Paz”, El País de Cali, 7 de febre-ro de 2020. 154 “Participación de las comunidades, el reto para implementar los PDET”, El Espectador, 13 de julio de 2020. 155 Para un análisis detallado del plan de sustitución y da las razones por las que está fallando, ver el informe de Crisis Group, Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia, op. cit.



ha avanzado aún menos en la creación de más Zonas de Reserva Campesina, que, como se señaló, están diseñadas para redistribuir la tierra sin uso o utilizada de ma-nera ineficiente entre los campesinos. Estas han estado ausentes de los planes nacio-nales de desarrollo y en gran medida han sido ignoradas por el gobierno de Duque156.

En el ámbito judicial, el sistema de justicia transicional creado en virtud del acuer-do de 2016 necesita apoyo financiero e institucional para fortalecer las investiga-ciones sobre los daños ambientales causados por el conflicto, incluso mediante la evaluación de los daños causados por derrames de petróleo, la contaminación de ríos y la tala ilegal. Cuando corresponda, organismos externos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, podrían estar en condición de ayudar a reforzar las investigaciones con evaluaciones independientes sobre los recursos naturales y daños ambientales.

Entre otros beneficios, la implementación de estos elementos del acuerdo de 2016 podría, al ayudar a detener la deforestación, también desbloquear fondos de donan-tes, especialmente europeos, que hasta ahora no han podido liberar la mayoría de los fondos comprometidos bajo esquemas de cooperación con Bogotá para la reducción de emisiones. Al no implementar estas y otras medidas para combatir la deforesta-ción, Colombia corre el riesgo de perder varios cientos de millones de dólares que podría destinar al desarrollo sostenible y la protección ambiental157.

C. Fortalecer la gobernanza de los recursos naturales

Fortalecer la gestión de los recursos naturales es vital para protegerlos de las activi-dades legales e ilegales y de los planes de los grupos armados.

Las autoridades locales, en particular, necesitan apoyo para que puedan ocuparse de los ecosistemas adecuadamente. Un desafío que requiere atención es la corrupción, la cual ha plagado a las autoridades ambientales locales, llamadas Corporaciones Autónomas Regionales, debilitando su capacidad para detener la deforestación158. Tan solo en 2018, la Procuraduría General aplicó 398 sanciones a miembros de las corporaciones159. En muchos lugares, los políticos locales son acusados de ejercer una influencia excesiva sobre estos organismos, lo cual ha resultado en demandas para que haya reformas para que se aumente la transparencia operativa y se investi-gue mejor a sus directivos. Cerca de veinte iniciativas para reformar estas corpora-

156 Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Meta, mayo de 2021. “Las zonas de reserva campe-sina retos y experiencias significativas en su implementación” Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2019, pág. 109. 157 Taran Volckhausen, “Despite foreign aid, Colombia struggles to rein in Amazon deforestation”, Mongabay, 29 de enero de 2020. Entrevista telefónica de Crisis Group, experto ambiental, 11 de agosto de 2021. 158 Entrevistas de Crisis Group, expertos ambientales y funcionarios estatales, febrero-septiembre de 2021. Un funcionario de la asociación que representa a las Corporaciones informó que se han establecido varios mecanismos para frenar la corrupción y las irregularidades. Entrevista en línea de Crisis Group, 29 de septiembre de 2021. 159 “Procuraduría adelanta 398 acciones que involucran a las Corporaciones Autónomas Regiona-les”, comunicado de prensa, Procuraduría General de la Nación, 23 de julio de 2018.



ciones han fracasado debido a la resistencia política160. La próxima administración debe priorizar la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que aborde las debilidades de las autoridades ambientales.

Un segundo desafío consiste en lograr que las comunidades locales se involucren más en la gestión de los recursos naturales, y específicamente en ayudar a que los campesinos a trabajen con las empresas y el Estado para reducir las emisiones de ga-ses de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación ambiental, mientras producen para su sustento161. Una forma de enfrentar este desafío podría ser a través de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, que fue-ron creados en 1998 pero perdieron fuerza por falta de apoyo hasta que fueron revi-talizados como parte del acuerdo de paz de 2016. En principio, los Consejos podrían ayudar a los campesinos a desarrollar mercados para productos locales sostenibles estableciendo contactos con actores externos, como gobiernos extranjeros intere-sados en la conservación, organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU. Estos mercados podrían aliviar las presiones económicas que llevan a los campesi-nos a participar en la deforestación.

Al abordar la gestión de los recursos naturales, las autoridades colombianas podrían beneficiarse de una mayor asistencia técnica de la UE y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las cuales han pres-tado cierto apoyo técnico para programas silviculturales comunitarios en algunas regiones, pero podrían hacer más. Mediante la cooperación con estos y otros socios internacionales, el Estado colombiano podría establecer programas a través de todo el país en lugares donde actualmente no existen162. La comunidad internacional po-dría, por ejemplo, encabezar iniciativas silviculturales que resultan esenciales en los casos en los que zonas de parques naturales se encuentran habitadas por campesinos, al igual que para satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas y tribales, quie-nes, según un estudio de la ONU, son los mejores guardianes de los bosques en Amé-rica Latina, pero tienen dificultades para satisfacer sus necesidades económicas básicas a través de la agricultura163.

También hay programas que vinculan la gestión ambiental y la buena gobernanza de los recursos naturales con las oportunidades de financiación. Uno de estos pro-gramas se conoce como el pago por servicios ambientales, el cual ha tenido éxito en países como Costa Rica y se ha puesto en práctica ocasionalmente en Colombia164. A través de estos programas, los propietarios o administradores de tierras reciben un pago de los socios internacionales por proporcionar lo que se denominan “servicios

160 Entrevista telefónica de Crisis Group, experto ambiental, 9 de septiembre de 2021. Natalia Arbe-láez Jaramillo y Steffy Lorens Riquett Bolaño, “En pleno cambio climático las Corporaciones Autó-nomas Regionales no son autoridad ambiental”, La Silla Vacía, 30 de agosto de 2021. 161 “El rol de los Consejos Territoriales de Paz en la construcción de paz”, El Espectador, 1 de mayo de 2021. 162 “Community Forest Management and Its Contribution to ODS in Colombia”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 2018. 163 “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques”, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2021. 164 En el sitio web del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, FONAFIFO, se pueden encontrar ejemplos de cómo funcionan las iniciativas de Pagos por Servicios Ambientales en Costa Rica.



ecosistémicos” que benefician a las partes externas interesadas, y pueden variar des-de resultados específicos (como la conservación de un umbral mínimo de cobertura forestal) hasta una participación general en la conservación. La corrupción y el mal manejo, incluyendo reclamaciones por pagos indebidos, han empañado este pro-grama en varios casos, por lo que es crucial que Colombia proceda con prudencia y con fuertes controles si lleva a cabo cualquier iniciativa en este sentido165.

Mejorar la trazabilidad de los productos cultivados o extraídos de zonas defores-tadas, como minerales, carne o ganado y madera, también podría ayudar a fortalecer la gestión de los recursos naturales en Colombia. Una mejor trazabilidad le permiti-ría a empresas nacionales y extranjeras llevar a cabo la debida diligencia e informar sobre el impacto de la praderización en sus cadenas de suministro. El Congreso colombiano y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podrían establecer directrices internacionales más estrictas para redoblar estos esfuerzos. De igual manera, se pueden sumar las acciones de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, el Plan de Protección de la Amazonía propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden contempla vetos a la importación de pro-ductos procedentes de zonas deforestadas ilegalmente166. El plan también propone alivios para las deudas de los países a cambio de medidas para la protección del clima y los bosques167.

Estas estrategias son prometedoras, pero dependen del tipo de capacidad de se-guimiento que actualmente no existe en Colombia. Grupos de la sociedad civil, em-presas privadas y organismos internacionales con experiencia en el seguimiento a las cadenas de suministro como la ONU y la OCDE podrían ayudar a introducir meca-nismos de seguimiento robustos.

165 Entrevistas telefónicas de Crisis Group, experto ambiental, representante de ONG, septiembre de 2021. En la Amazonia colombiana, por ejemplo, los pagos que deberían haber llegado a las co-munidades indígenas terminaron en manos de empresarios, mientras que el cálculo de los bonos de carbono no fue acertado. Ver Andrés Bermúdez Liévano, “El mayor proyecto de bonos de carbono de Colombia podría estar vendiendo aire caliente”, Mongabay, 30 de junio de 2021; “En Colombia empresas estarían comprando “bonos de carbono” que exageran resultados”, El Espectador, 30 de junio de 2021. 166 “The Amazon Protection Plan”, Climate Principals, 2021. 167 Belice se encuentra en una fase avanzada de las negociaciones para reestructurar su deuda con la ayuda de garantías para la conservación de sus arrecifes de coral. Ver “Belize leans on coral reefs to drive bargain with bondholders”, Financial Times, 17 de septiembre de 2021.



VI. Conclusión

Mucho ha cambiado en Colombia desde que los insurgentes de las FARC depusieron sus armas. El aumento de la deforestación y otras catástrofes ambientales son conse-cuencias no deseadas del acuerdo de paz que causan un daño innegable. La defores-tación hace que la población rural sea más vulnerable a desastres naturales como inundaciones y sequías extremas, cada vez más frecuentes y graves debido al cambio climático, además de acelerar la degradación del suelo y reducir la biodiversidad. La deforestación también fomenta actividades económicas que generan dinero para el crimen organizado y la guerrilla. No obstante, en algunos casos estas actividades son la única forma en la que campesinos pobres pueden obtener ingresos en áreas don-de, tras el acuerdo de paz ha surgido una nueva generación de grupos armados que compiten entre sí.

El gobierno colombiano debe seguir dos rutas principales para enfrentar las ame-nazas entrelazadas del conflicto y la deforestación. En primer lugar, debe enfrentar y responsabilizar de manera más efectiva a los criminales y grupos armados que están arrasando el bosque para obtener beneficios económicos. En segundo lugar, debe atender mejor a las familias desplazadas y otras víctimas del conflicto que se ven obligadas a ampliar la frontera agrícola del país para poder sobrevivir. Una nueva ley contra delitos ambientales le ofrece a Colombia la oportunidad de repensar su debi-litada campaña contra la deforestación y desarrollar una nueva estrategia dirigida a la judicialización de los delincuentes en las altas esferas de poder de las empresas lícitas e ilícitas implicadas en la deforestación en lugar de los taladores. Entre tanto, los esfuerzos renovados para cumplir con las iniciativas ambientales del acuerdo de paz de 2016 serán cruciales.

Construir un Estado que cuente con autoridad en todo el territorio nacional no será fácil ni rápido. Pero la creación de un catastro integral y la entrega de tierras a cam-pesinos ayudaría a disminuir la deforestación por parte de los campesinos sin tierra y las familias desplazadas que se ven obligadas a colonizar las selvas y bosques de Co-lombia para sobrevivir. Si estas víctimas de la violencia pueden regresar a sus hogares, o se les adjudican otras tierras aptas para ser cultivadas, Colombia avanzará hacia una sólida defensa judicial del medio ambiente y una mayor seguridad integral.

La protección de los bosques beneficiará sobre todo al pueblo colombiano. Pero la agenda ambiental del país puede servir de ejemplo más allá de sus fronteras. La contribución de Colombia a la deforestación global puede que sea poca, pero las emisiones de carbono causadas por la deforestación a nivel global contribuyen sus-tancialmente al cambio climático.

Los funcionarios del Estado colombiano, por su parte, tienen razones de peso para cumplir sus promesas. Aunque el gobierno no se encuentra directamente en la primera línea de la deforestación, es inevitable que se preocupe por la manera en la que la deforestación impulsa el crecimiento de los grupos armados de Colombia, su diversificación en nuevas y lucrativas empresas y sus cambiantes alianzas con las élites políticas y del comercio lícito del país. La conservación de los bosques también podría generar beneficios tangibles. Si puede demostrar que tiene los medios y la voluntad para proteger los bosques, Colombia podría lograr atraer fondos de las nuevas corrientes globales destinadas a fortalecer la conservación. Más allá del bene-ficio ambiental que representa en sí misma, la protección de los bosques le ayudaría



al país a atraer nuevos fondos de donantes, mitigar las fuentes de los conflictos rura-les y reforzar la defensa de la paz. Es una agenda que Bogotá debe emprender de todo corazón.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 4 de noviembre de 2021



Anexo A: Mapa de Colombia



Anexo B: Nota metodológica

Cálculo de tasas anuales de deforestación. Crisis Group ha calculado las tenden-cias anuales de deforestación por municipio con base en dos conjuntos de datos. El primero está a cargo del proyecto Global Forest Change (GFC), que mide los cambios forestales en todo el mundo entre 2000 y 2019 utilizando imágenes satelitales de alta resolución168. El segundo es del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).

El GFC primero identifica la cobertura de árboles, que se define como toda la vegetación de más de 5 metros (16,4 pies) de altura, independientemente de la den-sidad del dosel. Es probable que algunos cultivos comerciales, con una altura y den-sidad de dosel similares, confundan las mediciones de cobertura forestal del GFC169. Siguiendo una metodología aplicada recientemente para Colombia, este informe uti-lizó datos del IDEAM para reducir el potencial sesgo que supone esta característica del GFC al calcular la cobertura forestal170. En particular, el IDEAM utiliza los mis-mos datos satelitales que el GFC, pero incluye un protocolo de validación de campo llevado a cabo por expertos. Esta validación le permite al IDEAM excluir de las me-diciones de cobertura forestal las áreas dedicadas a cultivos comerciales. Sin embar-go, la ventaja del GFC es que calcula las mediciones de cobertura forestal y pérdida de bosques todos los años desde 2000. En cambio, el IDEAM solo dispone de datos transversales dispersos hasta 2010 (1990, 2000, 2005 y 2010) y solo recientemente ha recopilado mediciones anuales.

En consecuencia, este informe tomó el área de cobertura forestal calculada por el IDEAM (y, en consecuencia, neta de cultivos comerciales) en el primer año de dispo-nibilidad de los datos (2000), denominándolo año “base”. A continuación, se utili-zaron los datos del GFC para calcular una medida de pérdida de bosque (es decir, si la cobertura arbórea desaparece en determinados píxeles de la imagen de un año de medición a otro) para cada año del período de muestra (2010 a 2019).

A partir de esa información, Crisis Group calculó dos medidas de deforestación diferentes pero complementarias. La primera es la tasa anual de pérdida de bosques en relación con la cobertura forestal “original” (calculada por el IDEAM para el año de referencia). Se trata entonces de una estimación de la deforestación relativa. Es-pecíficamente, para cada año del período de la muestra, Crisis Group codificó cada píxel de 30m × 30m del país con una variable simulada que toma el valor de 1 si el píxel perdió su cobertura forestal en relación con el año anterior y 0 si la mantuvo171. En segundo lugar, Crisis Group multiplicó esta cifra simulada por la cantidad de cobertura forestal del año base en ese mismo píxel, calculada para el año base por el IDEAM. Por lo tanto, si el píxel estaba completamente cubierto por bosque en 2000, 168 M.C. Hansen et al., “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”, Science, 15 de noviembre de 2013. 169 Este punto se planteó originalmente en R. Tropek et al., “Comment on ‘high-resolution global maps of 21st-century forest cover change’”, Science, 30 de mayo de 2014. Además, para el caso de Colombia, se ha demostrado que el GFC incluye cultivos de palma de aceite en su medida de cober-tura forestal. Ver L. Fergusson, S. Saavedra y J.F. Vargas, “The perils of misusing remote sensing data: The case of forest cover”, Documento CEDE, 13 de mayo de 2020. 170 Ibid. 171 30m × 30m es la resolución de las imágenes de satélite utilizadas por el GFC.



la variable simulada permanece en el valor 1; si solo la mitad estaba cubierta por bosque, se convierte en 0,5 y así sucesivamente. En tercer lugar, esta fracción fue sumada en todos los píxeles de un determinado municipio y el resultado se dividió por el área cubierta por bosque en el año base para obtener un estimado de la pro-porción de la cobertura forestal base de ese municipio que fue deforestada cada año.

Esta medida relativa tiene claras ventajas. Un municipio relativamente urbano, con poca cobertura forestal en el año base, puede asumir un alto valor de deforesta-ción relativa si la mayor parte del bosque restante se pierde durante un año determi-nado. Además, dado que los más de 1000 municipios de Colombia tienen áreas muy diferentes, una medida relativa hace que la pérdida de bosques sea independiente del tamaño del municipio.

Pero también tiene desventajas. Específicamente, un municipio grande en la Ama-zonía que pierde miles de hectáreas de bosque durante un año determinado puede resultar con valores de deforestación relativa mínimos si la cobertura forestal en el año base es muy grande. Por lo tanto, la medida relativa podría subestimar la grave-dad de los grandes parches de deforestación.

Por esta razón, la segunda medida empleada en este informe es una medida abso-luta de deforestación. Se trata simplemente del número de kilómetros cuadrados de bosque (medidos en el año base) que se perdieron durante cada año del período de la muestra.



Anexo C: Mapa de cultivos de coca

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI de la oficina en Colombia de UNODC.



Anexo D: Mapa de zonas de pastoreo del ganado

Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.



Anexo E: Acerca de International Crisis Group

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 120 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el te-rreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de con-flictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analí-ticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica CrisisWatch, un boletín mensual de alerta temprana, que ac-tualiza sucintamente y con regularidad la coyuntura en más de 80 situaciones de conflicto o conflicto po-tencial alrededor del mundo.

Los informes y los informes breves de Crisis Group son ampliamente distribuidos por correo electrónico y se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group traba-ja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en materia de políticas.

El Consejo directivo de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma directa en la pro-moción de los informes y las recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es codirigido por Frank Giustra, presidente y di-rector ejecutivo de Fiore Group y fundador de Radcliffe Foundation, y por Susana Malcorra, exministra de Relaciones Exteriores de Argentina y jefe de gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas.

Luego que el presidente y director ejecutivo Robert Malley dejara el cargo en enero de 2021, para pose-sionarse como enviado especial de los Estados Unidos para Irán, dos antiguos empleados de Crisis Group asumieron el liderazgo de la organización hasta que se designe un reemplazo. Richard Atwood, jefe de políticas de Crisis Group, es el actual presidente interino y Comfort Ero, directora del Programa para África, es la vicepresidenta interina.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organización cuenta con oficinas en siete localidades: Bogotá, Dakar, Estambul, Nairobi, Londres, Nueva York, y Washington, DC. También tiene representación de personal en las siguientes ciudades: Abuja, Adís Abeba, Baréin, Bakú, Bangkok, Beirut, Caracas, Ciudad de Gaza, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Jerusalén, Johannesburgo, Juba, Kabul, Kiev, Manila, Moscú, Seúl, Rangún, Tiflis, Toronto, Trípoli y Túnez.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones y fuentes priva-das. En la actualidad Crisis Group tiene relaciones con los siguientes departamentos y organismos guberna-mentales: Agencia Austriaca para el Desarrollo, Agencia Francesa para el Desarrollo, Agencia de Coope-ración Internacional del Japón, Banco Mundial, Departamento Australiano para los Asuntos Internaciona-les y el Comercio, Departamento de Relaciones Exteriores de Irlanda, Emiratos Árabes Unidos (Ministe-rio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y Academia Diplomática Anwar Gargash), Fondo de Emergencia de la Unión Europea para África, Instrumento para la Estabilidad y la Paz de la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Ministerio de Defensa Nacional de Canadá, Minis-terio de Relaciones Exteriores de Catar, Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Ministerio para Europa y las Relaciones Exteriores de Francia, Minis-terio de Relaciones Exteriores de Holanda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de Luxemburgo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores del Principado de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Rela-ciones Exteriores de Suiza, Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Crisis Group mantiene relaciones con las siguientes fundaciones: Carnegie Corporation of New York, Ford Foundation, Global Challenges Foundation, Henry Luce Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Foundations, Ploughshares Fund, Robert Bosch Stiftung, Rock-efeller Brothers Fund, Stiftung Mercator y Wellspring Philanthropic Fund.

Además de nuestros donantes principales, Crisis Group agradece a la Iniciativa de Diplomacia Climática del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, por su apoyo en esta investigación.

Noviembre de 2021



Anexo F: Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina y el Caribe desde 2018

Informes e informes breves especiales

Council of Despair? The Fragmentation of UN Diplomacy, Informe breve especial N°1, 30 de abril de 2019.

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020, Informe breve especial N°2, 12 de septiembre de 2019.

Seven Priorities for the New EU High Repre-sentative, Informe breve especial N°3, 12 de diciembre de 2019.

COVID-19 y conflicto: siete tendencias para vigilar, Informe breve especial N°4, 24 de marzo de 2020.

A Course Correction for the Women, Peace and Security Agenda, Informe breve especial N°5, 9 de diciembre de 2020.

Ten Challenges for the UN in 2021-2022, Infor-me breve especial N°6, 13 de septiembre de 2021.

Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, Informe sobre América Latina N°65, 21 de marzo de 2018.

La frontera sur de México: seguridad, violencia y migración en la era Trump, Informe sobre América Latina N°66, 9 de mayo de 2018.

Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, Informe sobre América Latina N°67, 21 de junio de 2018.

La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°68, 12 de julio de 2018.

Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, Informe sobre América Latina N°69, 11 de octubre de 2018.

Rescatando la lucha de Guatemala contra el crimen y la impunidad, Informe sobre América Latina N°70, 24 de octubre de 2018.

Fuego amigo: el caos de la oposición venezolana, Informe sobre América Latina N°71, 23 de noviembre de 2018.

Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, Informe sobre América Latina N°72, 19 de diciembre de 2018.

El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, Informe sobre América Latina N°73, 28 de febrero de 2019.

Una salida al impasse de América Latina en torno a Venezuela. Informe breve sobre América Latina N°38, mayo 15 de 2019.

Las claves para desbloquear el diálogo en Nicaragua, Informe sobre América Latina N°74, 13 de junio de 2019.

Un rayo de luz en la ensombrecida Venezuela, Informe sobre América Latina N°75, 15 de julio de 2019.

Tranquilizar el Pacífico tormentoso: violencia y gobernanza en la costa de Colombia, Informe sobre América Latina N°76, 8 de agosto de 2019.

El enigma militar de Venezuela, Informe breve sobre América Latina N°39, 16 de septiembre de 2019.

Reducir las secuelas de la nueva facción guerri-llera en la frontera de Colombia, Informe bre-ve sobre América Latina N°40, 20 de sep-tiembre de 2019.

Lucha y huida: abordar las raíces de la emer-gencia de Honduras, Informe sobre América Latina N°77, 25 de octubre de 2019.

Venezuela: ¿Hay esperanza después de las negociaciones de Barbados?, Informe breve sobre América Latina N°41, 11 de diciembre de 2019.

Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela, Informe sobre América Latina N°78, 20 de febrero de 2020.

Imaginando una resolución a la crisis venezola-na, Informe sobre América Latina N°79, 11 de marzo de 2020.

Lazos rotos, fronteras cerradas: Colombia y Venezuela se enfrentan al COVID-19, Informe breve sobre América Latina N°42, 16 de abril de 2020.

La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, Informe sobre América Latina N°80, 4 de mayo de 2020.

¿Milagro o espejismo? Pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador, Informe sobre América Latina N°81, 8 de julio de 2020.

Bolivia se prepara para nuevas elecciones bajo la sombra del fraude, Informe breve sobre América Latina N°43, 31 de julio de 2020.

Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Co-lombia, Informe sobre América Latina N°82, 6 de octubre de 2020.

Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México y el Triángulo Norte, Informe sobre América Latina N°83, 13 de noviembre de 2020.

Desorden en el borde: mantener la paz entre Colombia y Venezuela, Informe sobre Améri-ca Latina N°84, 14 de diciembre de 2020.



Elecciones en Venezuela: ¿Qué viene después de la barrida de Maduro?, Informe sobre América Latina N°85, 21 de diciembre de 2020.

El efecto exilio: la oposición venezolana en el extranjero y las redes sociales, Informe sobre América Latina N°86, 24 de febrero de 2021.

Raíces profundas: coca, erradicación y violen-cia en Colombia, Informe sobre América Lati-na N°87, 26 de febrero de 2021.

Los riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua, Informe sobre América Latina N°88, 20 de mayo de 2021.

Violencia electoral e influencia ilícita en Tierra Caliente, Informe sobre América Latina N°89, 2 de junio de 2021.

Paro y pandemia: las respuestas a las protestas masivas en Colombia, Informe sobre América Latina N°90, 2 de julio de 2021

Haití: un camino hacia la estabilidad para una nación en shock, Informe breve sobre Améri-ca Latina y el Caribe N° 44, 30 de septiembre de 2021



Anexo G: Consejo directivo de Crisis Group

PRESIDENTE INTERINO

Richard Atwood Jefe de políticas de Crisis Group

VICEPRESIDENTE INTERINA

Comfort Ero Directora del Programa para África de Crisis Group

CO-PRESIDENTES DEL CONSEJO

Frank Giustra Presidente y director ejecutivo, Fiore Financial Corporation; fundador, Radcliffe Foundation

Susana Malcorra Exministra de Relaciones Exteriores de Argentina

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO

Fola Adeola Fundador y presidente, FATE Foundation

Hushang Ansary Presidente, Parman Capital Group LLC; exembajador de Irán en EE. UU. y ministro de Finanzas y Asuntos Económicos

Gérard Araud Exembajador de Francia en EE. UU.

Carl Bildt Ex primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Suecia

Emma Bonino Exministra de Relaciones Exteriores de Italia; excomisionada Europea para la Ayuda Humanitaria

Cheryl Carolus Ex alta comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; exsecretaria General del Congreso Nacional Africano (ANC)

Maria Livanos Cattaui Exsecretaria General de la Cámara Internacional de Comercio

Ahmed Charai Presidente y director ejecutivo de Global Media Holding y editor del semanario marroquí L’Observateur

Nathalie Delapalme Directora ejecutiva y miembro de la Junta Directiva de Mo Ibrahim Foundation

Alexander Downer Exministro de Asuntos Exteriores y alto comisionado ante el Reino Unido de Australia

Sigmar Gabriel Exministro de Asuntos Exteriores y vice canciller de Alemania

Hu Shuli Editor en jefe de Caixin Media; profesor en Sun Yat-sen University

Mo Ibrahim Fundador y presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel Internationall

Wadah Khanfar Cofundador, Al Sharq Forum; exdirector General, Al Jazeera Network

Nasser al-Kidwa Presidente de Yasser Arafat Foundation; exmediador adjunto de la ONU sobre Siria

Bert Koenders Exministro de Relaciones Exteriores de Holanda y subsecretario general de Naciones Unidas

Andrey Kortunov Director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales

Ivan Krastev Presidente del Centro para Estrategias Liberales (Sofía); miembro fundador de la junta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

Tzipi Livni Excanciller y vice primer ministro de Israel

Helge Lund Exdirector ejecutivo de BG Group Limited (GB) y Statoil (Noruega)

Lord (Mark) Malloch-Brown Exsecretario general adjunto de las Naciones Unidas y administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

William H. McRaven Almirante retirado de la Marina de EE. UU., que sirve como 9° comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU.

Shivshankar Menon Exsecretario de Exteriores de India; exasesor nacional de Seguridad

Naz Modirzadeh Director del programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Escuela de Derecho de Harvard

Federica Mogherini Ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Saad Mohseni Presidente y director ejecutivo de MOBY Group

Marty Natalegawa Exministro de Asuntos Exteriores de Indonesia; representante permanente ante la ONU; exembajador en Reino Unido

Ayo Obe Presidente de la junta de Gorée Institute (Senegal); abogada (Nigeria)

Meghan O’Sullivan Ex vice asesora de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre Irak y Afganistán

Thomas R. Pickering Exembajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria

Kerry Propper Socio director de Partner of ATW Partners; fundador y presidente del consejo de Chardan Capital

Ahmed Rashid Escritor y periodista de política exterior, Pakistán

Ghassan Salamé Ex representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia; ex ministro de Cultura de Líbano; Decano fundador de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, Universidad Sciences Po

Juan Manuel Santos Calderón Expresidente de Colombia, premio Nobel de Paz 2016

Ellen Johnson Sirleaf Expresidente de Liberia

Alexander Soros Fundador, Fundación Alexander Soros

George Soros Fundador, Open Society Foundations y presidente, Soros Fund Management

Lawrence H. Summers Exdirector del Consejo Económico Nacional de los EE. UU. y exsecretario del Tesoro de EEUU; presidente emérito de la Universidad de Harvard

Darian Swig Fundadora y presidenta, Article 3 Advisors; cofundadora y presidenta del consejo; Article3.org

Helle Thorning-Schmidt Director ejecutivo de Save the Children International; ex primer ministro de Dinamarca

Wang Jisi Miembro, Comité Asesor en Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; presidente, Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos, Peking University



CONSEJOS CORPORATIVOS Es un distinguido grupo de empresas que comparten la visión y valores de Crisis Group, ofrecen apoyo y comparten su experticia para fortalecer nuestros esfuerzos de prevención de conflictos graves

Consejo del presidente CORPORATIVO

BP

Shearman & Sterling LLP

White & Case LLP

INDIVIDUAL

(2) Anónimos

David Brown & Erika Franke

The Edelman Family Foundation

Stephen Robert

Alexander Soros

Ian R. Taylor

Consejo asesor internacional CORPORATIVO

(1) Anónimo

APCO Worldwide Inc.

Chevron

Edelman UK & Ireland

Eni

Equinor

Ninety One

Tullow Oil plc

Warburg Pincus

INDIVIDUAL

(3) Anónimos

Mark Bergman

Stanley Bergman & Edward

Bergman

Peder Bratt

Lara Dauphinee

Herman De Bode

Ryan Dunfield

Tanaz Eshaghian

Seth & Jane Ginns

Ronald Glickman

Geoffrey R. Hoguet &

Ana Luisa Ponti

Geoffrey Hsu

David Jannetti

Faisel Khan

Cleopatra Kitti

Samantha Lasry

Jean Manas & Rebecca Haile

Dror Moreh

Lise Strickler & Mark Gallogly

Charitable Fund

The Nommontu Foundation

Brian Paes-Braga

Kerry Propper

Duco Sickinghe

Nina K. Solarz

Raffi Vartanian

Consejo embajador Jóvenes talentos de diversos campos que contribuyen con sus habilidades y experticia para apoyar la misión de Crisis Group Christina Bache

Alieu Bah

Amy Benziger

James Blake

Thomas Cunningham

Matthew Devlin

Sabrina Edelman

Sabina Frizell

Sarah Covill

Lynda Hammes

Joe Hill

Lauren Hurst

Reid Jacoby

Tina Kaiser

Jennifer Kanyamibwa

Gillian Lawie

David Litwak

Madison Malloch-Brown

Megan McGill

Hamesh Mehta

Clara Morain Nabity

Gillian Morris

Duncan Pickard

Lorenzo Piras

Betsy (Colleen) Popken

Sofie Roehrig

Perfecto Sanchez

Rahul Sen Sharma

Chloe Squires

Leeanne Su

AJ Twombly

Theodore Waddelow

Zachary Watling

Grant Webster

Sherman Williams

Yasin Yaqubie

ASESORES SENIOR Antiguos miembros del Consejo directivo que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sea coherente con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari Chairman Emeritus

George Mitchell Chairman Emeritus

Gareth Evans President Emeritus

Kenneth Adelman

Adnan Abu-Odeh

HRH Prince Turki al-Faisal

Celso Amorim

Óscar Arias

Richard Armitage

Diego Arria

Zainab Bangura

Nahum Barnea

Kim Beazley

Shlomo Ben-Ami

Christoph Bertram

Lakhdar Brahimi

Kim Campbell

Jorge Castañeda

Joaquim Alberto Chissano

Victor Chu

Mong Joon Chung

Sheila Coronel

Pat Cox

Gianfranco Dell’Alba

Jacques Delors

Alain Destexhe

Mou-Shih Ding

Uffe Ellemann-Jensen

Stanley Fischer

Carla Hills

Swanee Hunt

Wolfgang Ischinger

Aleksander Kwasniewski

Ricardo Lagos

Joanne Leedom-Ackerman

Todung Mulya Lubis

Graça Machel

Jessica T. Mathews

Miklós Németh

Christine Ockrent

Timothy Ong

Roza Otunbayeva

Olara Otunnu

Lord (Christopher) Patten

Surin Pitsuwan

Fidel V. Ramos

Olympia Snowe

Javier Solana

Pär Stenbäck

bosques caídos: deforestación y conflicto en colombia

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