BOLETIN Nº 661

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 16 al 22 de febrero 2013

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INDICE

01. RAJOY AVISA DE QUE SE SIENTE FUERTE PARA NO CAMBIAR SU POLÍTICA

02. RAJOY SOBRE BÁRCENAS: “NO LO CITÉ AYER Y NO LO HARÉ HOY”

03.LAS AYUDAS A LA BANCA ELEVAN EL DÉFICIT DE ESPAÑA SOBRE EL 10% EN 2012

04. EL PP DIO DE BAJA AL EXTESORERO EL DÍA QUE SE PUBLICARON SUS CUENTAS

05. BÁRCENAS DECLARÓ ANTE NOTARIO QUE LLEVABA UNA CUENTA DE DONATIVOS Y PAGOS EN EL PP

06.C.A BALEARES. UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DESTAPA QUE BAUZÁ OCULTÓ SUS NEGOCIOS AL PARLAMENT 06BIS. CASTILLA Y LEÓN. EL ALCALDE DE VALLADOLID CARGA CONTRA JAVIER BARDEM Y MARIBEL VERDÚ 07. COMUNIDAD DE MADRID. IGNACIO GONZÁLEZ DECLARÓ EN 2011 UNOS INGRESOS BRUTOS DE 112.725 EUROS 08. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL MADRID ARENA MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE SEGURIDAD

09. C. VALENCIANA. EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA A FONDO LA CAMPAÑA ELECTORAL DE CAMPS DE 2007

10. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ SE ENROCA Y NIEGA SU RELACIÓN CON LOS VALENCIA SUMMIT 11. C. VALENCIANA. UNA TESTIGO DECLARA QUE LLEVÓ A BARBERÁ BOLSOS DE LOEWE PAGADOS POR EMARSA

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01. RAJOY AVISA DE QUE SE SIENTE FUERTE PARA NO CAMBIAR SU POLÍTICA

La oposición fracasa en su intento de dar a Cataluña y País Vasco un sesgo diferenciado

Los grupos políticos preparan sus resoluciones para ser votadas el próximo martes

Ni un paso atrás. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, mantendrá la misma línea de actuación política que ha llevado a cabo en sus 14 meses de Gobierno, al sentirse “totalmente respaldado” por su grupo parlamentario, que le ofrece una holgada mayoría, de 186 diputados y, sobre todo, porque está seguro de que es lo que los españoles le demandan. “Este es un Gobierno fuerte que no va a desmayar hasta cumplir su objetivo de sacar a España de la crisis”. Esta ha sido la declaración firme y segura con la que Rajoy ha cerrado el debate del estado de la nación y que ha sido la actitud que ha mantenido en estos los dos días de pleno. Del debate ha salido un llamamiento etéreo a diferentes pactos, pero sin compromisos concretos. No saldrán adelante las peticiones de cambio constitucional para reajustar el modelo autonómico en general y otorgar a Cataluña y País Vasco unos rasgos más diferenciados.

En estos dos días han sido muchos los portavoces parlamentarios que le han reprochado al presidente, con más o menos acritud, algunos con buen tono, esa seguridad que ha exhibido respecto a lo que está haciendo, sin signo alguno de autocrítica en ninguna materia. Y así ha sido hasta el final. “Voy a seguir haciendo la misma política económica que hemos llevado a cabo durante este año”, ha sentenciado el presidente.

En la segunda jornada de debate, el acento territorial ha estado muy marcado al ser el turno de los partidos nacionalistas y regionales. Se han arrastrado los mismos asuntos que plantearon ayer los portavoces del PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD aunque los tonos fueron muchos más duros, algunos, quizá por eso, no han obtenido la respuesta del presidente del Gobierno. Una excepción ha sido el PNV, a cuyo portavoz, Aitor Esteban, el presidente del Gobierno dispensó un trato respetuoso aunque sin concesiones. “Aquí hay una circunstancia persistente y terca: la existencia de al menos dos comunidades que tienen un sentimiento nacional distinto al español. En cómo acomodar esta realidad radica la clave que marcará lo que suceda en la política española en los próximos años”, le ha dicho Esteban.

No hay visos de que España vaya a entrar en un proceso de cambio sobre su modelo territorial. Como prueba la declaración del presidente del Gobierno de que la Constitución española de 1978 ha permitido y permite que España, sus regiones, sus comunidades autónomas, tengan “el mayor grado de autogobierno” de toda su historia. Esto fue lo que ha dicho Mariano Rajoy, como declaración de principios, a la que se ha aferrado en sus respuestas a quienes piden un reajuste del modelo autonómico, en general, y en particular para que Cataluña y el País Vasco máxima tengan mayor “acomodo”. Los grupos que lo han solicitado salen del debate del estado de la nación persuadidos de que no se abordará en absoluto, a pesar del llamamiento un tanto ambiguo y etéreo para pactar “la política territorial”, y las de Exteriores, Defensa y Europa. No se ha negado el presidente a “abordar la reforma de la Constitución”, pero también añade que no es eso lo que necesita España para “crear puestos de trabajo”.

Nadie debe esperar, por tanto, que en las resoluciones que el Grupo Popular presente el próximo martes aparezca una propuesta de reforma constitucional. Para que no haya dudas el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ha marcado las señales con claridad respecto a las peticiones de reformar la Constitución para caminar hacia una senda federal – como propuso Rubalcaba – o para permitir el derecho de autodeterminación, como instó Josep Antoni Duran Lleida, de CiU. “Con seis millones de parados los ciudadanos no quieren que reinventemos España, sino que busquemos y encontremos soluciones cuanto antes”. Esa respuesta vale también para Rosa Díez, de UPyD que propuso abrir un proceso constituyente “para refundar el Estado“, y Joan Coscubiela de ICV. Un encaje más apropiado a las demandas de muchos catalanes y vascos también han estado en las propuestas de Alfred Bosch de ERC y Olalia Fernández Dávila del BNG.

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No ha dicho Rajoy nada que no quisiera en este debate. Y no ha querido entrar a debatir sobre el proceso soberanista que ha abierto el Gobierno de CiU y ERC, en parte para eludir el debate. No ha querido el presidente que Cataluña sea el foco de este debate, aunque no pasó por alto defender la presencia y el apoyo del Gobierno a esa comunidad autónoma. Se lo dijo ayer a Josep Antoni Duran Lleida de CiU y hoy a Alfred Bosch de ERC. “No ha habido nunca un Gobierno que haya ayudado tanto a Cataluña como este. A los mercados sale el Estado a buscar financiación, y lo hago porque no estoy dispuesto a que caiga ninguna comunidad autónoma”, ha dicho Rajoy para que les llegue a los ciudadanos de Cataluña. No ha sido agrio el tono empleado con el republicano, que ha pedido el derecho de autodeterminación y su esperanza de que Cataluña “sea libre” con las personas que allí viven, tengan los orígenes que tengan y hablen la lengua que hablen.

Una vez más al presidente no puede ocultar los sentimientos y sensaciones que le despiertan los distintos oradores y, precisamente, los representantes del Grupo Mixto no están entre sus preferidos. Desde luego no lo ha estado Iker Urbina de Amaiur, con quien ha tenido un intercambio áspero que se resume por parte del presidente en su petición a ese grupo político de que pida a ETA que se disuelva. Amaiur, por su parte, le ha pedido que solucione “el tema de los presos”. También se lo había solicitado Aitor Esteban del PNV. Pero no le contestó. Tampoco quería Rajoy que ETA fuera objeto relevante en este debate.

Las reivindicaciones territoriales de Ana Orama, de Coalición Canaria-Nueva Canaria, han molestado al presidente, al estimar que la portavoz nacionalista cargaba las tintas en exceso, como si Rajoy se hubiera propuesto castigar a las islas. “Pierde usted credibilidad con ese discurso”, le ha reprochado, tras leer políticas gubernamentales en las islas, que no convencieron a Oramas. Idéntica situación se ha producido con Olaia Fernández Dávila, del BNG, con quien comparte comunidad de nacimiento y origen. Rajoy ha vuelto a recitar las inversiones y actuaciones del Gobierno en Galicia. “No es usted la única representante de Galicia”, le ha espetado. Pero el trato a esta portavoz ha sido correcto, aunque le ha negado todo, incluida su petición de convocar elecciones, entre otras cosas, porque Rajoy “está bajo sospecha”, por la presunta financiación ilegal del PP. El discurso territorial, esta vez de Asturias, llegó con Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturiano, con reivindicaciones regionales a las que Rajoy respondió con la enumeración de sus políticas en la región.

No ha habido cortesía alguna con el representante de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que le ha recriminado su política social y económica, desde una perspectiva de izquierdas y con la utilización de alguna palabra malsonante que ha llevado al presidente del Congreso, Jesús Posada, a pedirle que prescindiera de ellas. Y lo ha hecho. Después, Baldoví le ha afeado su falta de respeto a los votantes de su formación porque Rajoy, como toda respuesta, ha ironizado sobre “la moderación” de su discurso.

Sí se ha explayado más el presidente con la portavoz de Geroa Bai, Uxúe Barkos, desde la absoluta discrepancia y con el también diputado navarro de UPN, Carlos Salvador. Rajoy ha hecho aspavientos con este diputado al ser el único “que ha reconocido algo bueno de la acción del Gobierno”.

Para elogios los del propio Rajoy y el de su portavoz parlamentario, seguros de que la senda elegida no debe cambiarse. En los pasillos se ha apreciado el malestar de todos los grupos de oposición, que trabajan ya en poner por escrito, sus propuestas y el martes ofrecérselas a la mayoría parlamentaria del PP. “Solo han propuesto que se cambie la Constitución”, ha exagerado el portavoz del Grupo Popular. En las resoluciones se verá.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/21/actualidad/1361432558_551598.html

02. RAJOY SOBRE BÁRCENAS: “NO LO CITÉ AYER Y NO LO HARÉ HOY”

El PP negocia con la oposición medidas anticorrupción

“Esas personas hace años que no tienen cargos del partido”

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Ahora toca traducir en textos concretos la panoplia de medidas contra la corrupción y de regeneración de la vida política que ofreció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el primer día del debate del estado de la nación. Los grupos de la oposición recibirán hoy un texto del Grupo Popular con las propuestas para el acuerdo, que abarcan cambios normativos de diferente rango. Esa será la base de una resolución que los diputados votarán el próximo martes, como culminación del debate. El intento de pacto llegará de la mano del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, quien reconoció ayer en la tribuna, y para cerrar los dos días de debate, lo que su jefe aún no ha hecho. Es decir, que evidentemente que Bárcenas estuvo años contratado en el PP, y que “faltaron y fallaron controles y se relajó la exigencia ética”.

La sorpresa la proporcionó de nuevo la reacción de Rajoy. El presidente había dado muestras durante el día anterior de que en el diario de sesiones no iba a aparecer con su voz pronunciando los nombres que con fruición repicaban los portavoces de la oposición. Pero al final lo hizo, aunque indirectamente: “No voy a citar a nadie; no lo hice ayer y no lo voy a hacer hoy. Pero las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido”.

Se refería al anterior tesorero del PP Luis Bárcenas y a Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo. No quería “mencionar a nadie en concreto”, pero lo cierto es que así se metió de lleno en un terreno pantanoso al hacer esa alusión, ya que ambos mencionados han tenido vinculación laboral con el PP hasta fechas recientes. Sepúlveda fue despedido del partido hace solo diez días y Bárcenas vio satisfechas sus cuotas de la Seguridad Social como empleado del partido, oficialmente, hasta el pasado diciembre.

Estas contradicciones y la petición de explicaciones sobre el caso Bárcenas irán en paralelo a un acuerdo o más bien acuerdos parciales, ya que la mayoría de los grupos son proclives a estudiar la oferta del Gobierno tema a tema. Así va a tener que ser porque las propuestas anticorrupción de Mariano Rajoy no se pueden traducir en una sola norma. Tampoco lo pretende el Gobierno, ya que algunas modificaciones afectan al Código Penal y otras a futuras leyes, es decir, a una legislación que aún no existe, como la Ley de Transparencia. Otras normas deben aprobarse por acuerdo de la Mesa del Congreso, ya que afectan a parlamentarios.

A últimas horas de la noche, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, había empezado sus conversaciones con los grupos sobre el contenido de la amplísima propuesta, que culminarán hoy antes de las 20.00 horas, cuando terminará el plazo de presentación de resoluciones. Todo está bastante pensado y estudiado en el Gobierno a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aunque será Alfonso Alonso, el portavoz parlamentario, quien mantendrá las conversaciones con los demás grupos.

La interlocución está asegurada porque nadie quiere aparecer en una posición remisa a un acuerdo de esa naturaleza. Pero el resquemor y el malestar son muy evidentes. Unos lo manifiestan en privado y otros con toda claridad en la tribuna de oradores, como hicieron el primer día del debate Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE; Josep Antoni Duran Lleida, de CiU; los portavoces de Izquierda Plural, Cayo Lara, Joan Coscubiela y Chesús Yuste; y Rosa Díez, de UPyD. Pero ayer hubo incluso más claridad y crudeza en la manifestación de cierto enojo. Toda la cámara se ve abocada a un pacto que propone el Gobierno “cuando aún no ha dado explicaciones”, como se quejó el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

El político peneuvista glosó, sin medias tintas, las peripecias del extesorero en relación al PP. “Un día el señor Bárcenas es historia en el PP y otro nos desayunamos con que dos años después tiene un despacho en la sede del partido y el siguiente nos enteramos de que además ha cobrado un sueldo y han sido ingresadas a su nombre las correspondientes cuotas a la Seguridad Social”. Y en medio de esta situación, Rajoy se lanza a “iniciativas legislativas, cuando no dice nada de lo que afecta a su partido”, se quejó Esteban.

Nada le respondió Rajoy, pero sí le agradó al presidente la parte del discurso de los portavoces, incluido Esteban, que reniega de la generalización de las acusaciones de

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corrupción. “Es verdad que han aflorado casos graves, inadmisibles, y eso afecta al Gobierno de España y a toda la clase política. Pero afirmo que la generalización injusta ayuda al desapego ciudadano”.

Todos los portavoces que intervinieron el segundo día del debate del estado de la nación le pidieron a Rajoy cuentas por el caso Bárcenas. Lo hizo Alfred Bosch, de ERC, que animó a todos los partidos a “eliminar cualquier atisbo de privilegio”. Muy rotunda fue la portavoz del BNG, Olaia Fernández Dávila, que se dirigió así al presidente: “La sospecha recae sobre usted y sobre su partido, por eso tiene que convocar elecciones”. Con moderación, pero sin ambages, también hizo la misma recriminación Uxúe Barkos, de Geroa Bai. Con más crudeza se expresaron Joan Baldoví de Compromís-Equo (que lo escenificó enseñando cuatro sobres), e Iker Urbina, de Amaiur.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/21/actualidad/1361476530_214530.html?rel=rosEP 03.LAS AYUDAS A LA BANCA ELEVAN EL DÉFICIT DE ESPAÑA SOBRE EL 10% EN 2012

Bruselas dará uno o incluso dos años más a España, con un sombrío cuadro de previsiones

El desfase sin contar con el dinero inyectado al sector rondará el 7% del PIB

El PIB caerá el 1,4% en 2013 y el paro se irá al 27%

Bruselas desmonta las previsiones económicas del Gobierno

La crisis más letal de las últimas ocho décadas sigue haciendo estragos a pesar de la maquinaria de propaganda del Gobierno, que ha funcionado como un ventilador esta semana en el debate del estado de la nación. Bruselas sembró dudas este viernes sobre el escenario que dibuja el Ejecutivo de salida paulatina de la crisis a partir de mediados de este año, y sobre la tracción de la política de austeridad y reformas para embridar las cuentas públicas.

A pesar de los signos de mejoría en los mercados, viene una recesión aún más profunda en 2013, un paro más y más elevado y sobre todo un déficit y una deuda pública que se resisten a caer desde las alturas a pesar de todos los esfuerzos. Pero las profecías más fiables son siempre las relativas al pasado: Bruselas explicó que, según sus estimaciones, el déficit público superó finalmente en 2012, el quinto año de la crisis, la peligrosa barrera del 10% del PIB, en gran parte por el efecto de las multimillonarias ayudas a la banca. Durante el año pasado, esa cifra no admite comparación en toda Europa. Ni siquiera en EE UU y Japón.

A pesar de los signos de mejoría en los mercados, viene una recesión aún más profunda en 2013

Eso sí: sin contar el rescate bancario, el déficit acabó en torno al 7% del PIB, tal como había avanzado el presidente Mariano Rajoy. Esa cifra es importante; es la que cuenta a efectos de Bruselas. Pero después de negarlo una y mil veces, cada vez está más claro que las inyecciones de dinero público en la banca son a fondo perdido: la mayoría ya son pérdidas que computan como deuda pública y también como déficit, a diferencia de lo que sostenía el equipo económico de Rajoy. El boquete en el ladrillo hizo primero un agujero en las cuentas del sector financiero, y ahora ese lastre hace mella en las arcas del Estado: las ayudas públicas, españolas y europeas, están destinadas a sufragar las pérdidas en la banca del increíble pinchazo de la superburbuja inmobiliaria de los últimos años. Se trata de medidas imprescindibles para salir de la crisis, para que el sector financiero vuelva a la normalidad. Pero dejan un jirón en las arcas del Estado.

Tanto la Comisión como el Gobierno insistieron en diferenciar ese déficit del 10,2% del PIB, que incluye el rescate bancario, y el 7% que a la postre es fundamental a efectos de Bruselas. La diferencia (pendiente de algún ajuste final) es el importe destinado el año pasado a reflotar los bancos, más de 30.000 millones, aunque en el caso español no es necesario que el Tesoro emita deuda con este fin, ya que estas ayudas se han financiado con el rescate europeo. Tras

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esos 30.000 millones, quedan por contabilizar unos 20.000 millones adicionales, que pueden seguir por el mismo camino y mantener el listón del déficit por las nubes.

Dos años más de crisis por lo menos

Más allá del agujero en las cuentas públicas, la fatiga de materiales que se detecta en la economía española es preocupante. España registrará una contracción del PIB del 1,4% este año, para salir de la crisis solo a partir de 2014, con tasas muy moderadas de crecimiento, tal como adelantó este diario. El paro rozará el 27% en 2013, cuando se destruirá un 2,7% del empleo (cerca de 500.000 puestos de trabajo) y prácticamente no bajará hasta finales del año próximo. La deuda pública podría irse por encima del 100% del PIB en 2014. Pero lo peor es la literatura comparada: España era ya el enfermo de Europa en términos de paro, de crecimiento —con las peores cifras entre los grandes países— y será la única economía que perderá población en la zona euro tanto este año como el próximo. Y, sobre todo, sus persistentes cifras de déficit público —que no bajarán del 7% en 2014— ya no tienen parangón, a pesar de que Bruselas tiene otras nubes oscuras en el horizonte, y de gran tamaño: Francia.

El vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn, dio en la presentación de esas cifras una relevante señal política, que afianza la idea de que España tendrá uno o incluso dos años más para rebajar el déficit hasta el 3% del PIB. Fuentes del Gobierno español explicaron que solo serán dos años si la recuperación de la eurozona se retrasa más de lo esperado. También Francia, y puede que Portugal y Holanda, disfrutarán de un año de gracia. En todos esos casos tienen que darse dos condiciones para que eso ocurra: que el Gobierno de turno cumpla con los ajustes a los que se ha comprometido (y eso supondrá recortes adicionales en 2014 en el caso español) y que se registre una contracción “inesperada” de la actividad económica.

Rehn explicó que en España suceden las dos cosas a la vez, por lo que Madrid es firme candidato a la flexibilización: “El Gobierno ha acometido el esfuerzo estructural para reducir e l déficit que se le pedía, pero España también ha experimentado inesperados problemas con el crecimiento”. Paradójicamente, tanto el FMI como la práctica totalidad de los analistas independientes llevan meses avisando de los efectos negativos de la política de austeridad a ultranza en toda Europa tanto sobre la economía española como sobre los otros países periféricos. No debería haber sorpresas por ese flanco. Porque ni siquiera el Norte de Europa está a salvo: la economía francesa lleva meses estancada, incluso Alemania experimentó caídas de PIB el último trimestre de 2012; y países como Holanda —que se cuenta entre los más ortodoxos en política económica y fiscal— se enfrentan a los estragos de una recesión que ya afecta a toda la zona euro. Por ahí van a seguir los tiros: el PIB de los Diecisiete caerá este año el 0,3%, en parte como consecuencia de las políticas de ajuste dictadas desde Berlín y Bruselas.

El Gobierno destaca que los mercados mejoran

El Gobierno insistía en ver la parte buena de las previsiones de la Comisión. La mejoría en los mercados financieros es notable (aunque también ahí febrero ha sido un mes más antipático que enero). La Comisión descata que España registrará superávit exterior en 2013 y 2014, por primera vez en muchos años. El perfil trimestral de la recesión es, a juicio de Moncloa, motivo de optimismo: la caída de la actividad va de más a menos, y al cabo Bruselas ha mantenido sus vaticinios sobre el PIB para 2013 y 2014, mientras que los ha empeorado para el resto de los socios. "Exiguo consuelo", reflexionaba anoche Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, "para un país en el que se ensancha la asimetría entre la economía real y la economía financiera, en el que la crisis va para largo y en el que todas esas cifras dejan un poso que va de la desesperanza al desasosiego".

La caída de actividad se suavizará trimestre a trimestre

Las exportaciones eran hasta hace poco el principal faro de la economía española en busca de

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su particular salida del túnel: pero es que incluso las ventas al exterior se están desacelerando por la recesión europea y la revalorización del euro, bendecida por un BCE complaciente. Alemania se ha mostrado también partidaria de una moneda común fuerte "aunque las reformas del Sur se derritan como la nieve en verano", ha dicho la canciller Angela Merkel en una de las declaraciones más duras de los últimos meses. La falta de crédito y la persistencia de altos niveles de endeudamiento en empresas, familias, bancos y en el sector público favorecen también un panorama de continuidad de la recesión, si nada cambia.

España registrará superávit exterior en este año y el próximo

Y nada cambia demasiado, pero al menos Rehn dio muestras de comprensión para con España y otros países. A las dos flexibilizaciones de los objetivos de déficit de los últimos años, Bruselas podría añadir algo más de margen adicional. En la hora larga de comparecencia de este viernes, el comisario insistió en la necesidad de seguir con las reformas y la consolidación, pero al menos citó la necesidad de que todas las cargas del ajuste no se concentren en el Sur: el Norte debería empezar a estimular sus economías, subir sueldos para que la demanda de países como Alemania ayude a tirar de la eurozona, dijo. "Pero ahí hay poco o muy poco margen: algo se ha torcido o está a punto de torcerse definitivamente en la actitud de Alemania con Europa", explicó Luis Garicano, de la London School of Economics.

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/22/actualidad/1361527969_612326.html

04. EL PP DIO DE BAJA AL EXTESORERO EL DÍA QUE SE PUBLICARON SUS CUENTAS

El partido recontrató a su ex tesorero el 16 de abril de 2010 y él cesó el 31 de enero de 2013

El 16 de abril de 2010 el PP dio de alta a Luis Bárcenas en la Seguridad Social como empleado suyo. Ocurría ocho días después de que el ex senador renunciara con “carácter definitivo” a ser tesorero por su implicación en el caso Gürtel. Y 1.022 días cotizados/trabajados después, el 31 de enero de 2013, le daba la baja, el mismo día que EL PAÍS publicaba los papeles de Bárcenas. Los datos de su vida laboral dejan claro que la relación entre 2010 y 2013 de Bárcenas con el PP es la de un contrato indefinido generado tras su renuncia, y que cesó por “baja voluntaria” del ex tesorero hace solo 22 días.

La baja ante la Seguridad Social debe comunicarse en un plazo máximo de seis días naturales desde el día siguiente a la fecha del despido fijada por la empresa, según expertos en derecho laboral consultados. Por tanto, el despido de Bárcenas el pasado 31 de enero no fue la respuesta al hallazgo de la fortuna opaca de Bárcenas (hasta 22 millones de euros en Suiza), difundido por un auto del juez Pablo Ruz el 15 de enero.

El PP podría haberlo despedido cualquier día desde entonces, pero le dio de baja el 31 de enero de 2013, el día que EL PAÍS difundió los apuntes manuscritos del extesorero con datos de presuntos pagos a dirigentes del PP y supuestas donaciones opacas de empresarios, caso que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción. Ese día el PP, a través de su secretaria general, Dolores de Cospedal, negó tal contabilidad. Algo que también hizo el propio Bárcenas.

Desde días antes, el PP sabía que EL PAÍS manejaba esa información manuscrita por su extesorero, ya que este periódico llamó a diversos dirigentes del partido para confirmar tales pagos, que uno tras otro negaron.

La vida laboral oficial de Bárcenas, la que que maneja el PP y el Gobierno, ofrece varias contradicciones con los sucesivos comunicados del partido sobre su expulsión laboral. Por ejemplo, el último, emitido el pasado 13 de febrero: en 2010 el PP acordó “no reintegrar al señor Bárcenas a su puesto de trabajo reconociendo en consecuencia a los efectos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de Trabajadores, una indemnización por la resolución del contrato de trabajo. Ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonara

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mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por la empresa de las cotizaciones sociales durante el periodo del citado finiquito”. Pero el PP le registró en abril 2010 y hasta 2013 como empleado bajo contrato indefinido.

Pero más allá de que el historial laboral desnude el argumentario de la dirección del PP, y las manifestaciones de la secretaria general, Dolores de Cospedal, sobre que se expulsó a Bárcenas en 2010, cuando en realidad se le fichó de nuevo, la situación del extesorero podría dar lugar a un posible fraude a la Seguridad Social, según explican inspectores de Trabajo. “Para que un empleo sea legal se tienen que dar dos requisitos: que haya ocupación real y cotización a la Seguridad Social. Si hay ocupación del trabajador pero no se cotiza es un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero si hay cotización y no hay trabajo real, es también fraude. Se está fingiendo un trabajo para engordar las cotizaciones y dar lugar a prestaciones como jubilación, desempleo, bajas, incapacidades. Por razones parecidas, inspeccionamos y sancionamos a empresarios que fingen empleos para extranjeros para que cobren ilegalmente el paro”, afirman esas fuentes.

Por otro lado, si lo que ha percibido en estos dos últimos años es un salario, como indica su alta en la Seguridad Social, todo apunta que el finiquito iría aparte. Desde que estalló el caso Gürtel, Bárcenas comentaba en privado que tenía dos razones para no soltar su artillería de secretos e irregularidades del partido: por un lado, su confianza en la lealtad de Rajoy hacia su persona, y, por otro, que estaba pendiente de perfilar la liquidación final a su trabajo de décadas en el partido.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/21/actualidad/1361479808_777473.html

05. BÁRCENAS DECLARÓ ANTE NOTARIO QUE LLEVABA UNA CUENTA DE DONATIVOS Y PAGOS EN EL PP

La confesión se produjo un mes antes de que se conociera la fortuna que tenía en Suiza

La "cuenta analítica" la mantenía con Álvaro Lapuerta

Reflejó "con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos" de 1994 a 2009

La descripción de esas anotaciones coincide con los cuadernos que publicó EL PAÍS

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas acudió el 14 de diciembre de 2012 al notario de Madrid Andrés Domínguez Nafria para realizar un “acta de manifestación de hechos” según la cual durante 15 años —entre 1994 y 2009— llevó una “cuenta analítica”, donde reflejó “exclusivamente” los “ingresos obtenidos por donativos” al PP y los correspondientes pagos a distintos perceptores, según detalla un informe policial de la UDEF que ha sido remitido al juez Pablo Ruz con fecha del 19 de febrero.

Esa descripción de la cuenta de donativos y pagos coincide con los cuadernos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero, donde anotaba retribuciones periódicas a toda la cúpula del PP, incluido el presidente Mariano Rajoy, e ingresos de donativos empresariales que superaban los límites fijados por la Ley de Financiación de Partidos. Bárcenas negó hace solo una semana que hubiera llevado una cuenta de donativos y pagos y que la letra que aparecía en los cuadernos publicados por EL PAÍS fuera suya.

Cuando Bárcenas hizo la declaración ante notario ya había llegado a la Audiencia Nacional el resultado de la comisión rogatoria a Suiza que descubrió una fortuna de hasta 22 millones de euros propiedad del ex tesorero del PP. La rogatoria llegó el 26 de noviembre al Ministerio de Justicia, que la trasladó el 29 de ese mes a la Audiencia Nacional. Aunque todavía no había

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trascendido a la opinión pública, fuentes del PP señalan que el extesorero ya conocía en diciembre que había llegado esa comisión rogatoria. De hecho, alrededor de las Navidades ya era algo que se sabía entre las personas mejor informadas del Gobierno y del PP, que llevaban tiempo hablando de lo que llamaban la “libretita” de Bárcenas, cuyo contenido ha sido desmentido rotundamente por el PP. Oficialmente, el PP no quiso hacer este jueves ningún comentario sobre el acta notarial de Bárcenas porque “la desconoce”, según un portavoz.

El informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica Financiera (UDEF), incorporado al sumario del caso Gürtel sobre Bárcenas y su fortuna depositada en un banco suizo, transcribe literalmente parte de la declaración que el ex tesorero del PP hizo ante notario el 14 de diciembre pasado: “Que ha sido responsable junto con Don Álvaro Lapuerta Quintero del control de los ingresos y gastos del epígrafe Donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009. Manifiesta asimismo que en esta cuenta analítica refleja exclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos, encontrándose visado el correspondiente soporte documental por ambos como responsables de la utilización de dichos fondos y reflejando con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos…”.

Los cuadernos de Bárcenas publicados por EL PAÍS registran decenas de donativos de empresas y empresarios por cantidades superiores a los límites fijados por la Ley de Financiación de Partidos Políticos (60.000 euros por año y donante). Todos los empresarios que figuran en la lista de Bárcenas han asegurado que no pagaron ninguna cantidad al PP.

Diversos dirigentes del PP llegaron a comentar que parte de la fortuna amasada por Bárcenas en Suiza podría tener su origen en los donativos que recibió este partido y que el extesorero pudo distraer para su bolsillo. La maniobra de Bárcenas de acudir a un notario para declarar a qué había dedicado el dinero recibido en concepto de donaciones podría responder a su interés en defenderse de esa posible acusación y de implicar a quien fue su jefe, Álvaro Lapuerta, en la gestión de esa “cuenta analítica” que gestionó durante 15 años.

En el PP, sin embargo, está instalada la idea de que Bárcenas está protagonizando un auténtico intento de chantaje a la cúpula del partido y al presidente del Gobierno. Según esta hipótesis, que dirigentes del más alto nivel manejan en privado, el extesorero lleva años haciendo llegar a diversos dirigentes todo tipo de amenazas de revelar informaciones delicadas. Bárcenas presumió ante varios de ellos de haberse llevado nueve cajas de documentación delicada del PP en julio de 2009. Y desde entonces en el partido muchos temían sus movimientos.

El trato al tesorero ha sido exquisito, hasta el punto de que le pagaron el abogado, durante mucho tiempo usó el coche oficial, hasta hace un mes su antigua secretaria seguía haciendo las llamadas en su nombre desde la sede de la calle Génova 13, donde conserva amigos e incluso familiares. También se le mantuvo una sala especial para sus documentos, se le permitió que entrara en la sede con mucha frecuencia, se le pagó al menos hasta diciembre de 2012 una cantidad fija todos los meses hasta alcanzar los 200.000 euros al año, su sueldo de siempre, y hasta se le pagó la seguridad social.

Sin embargo, pese a este buen trato, la desconfianza de la dirección hacia Bárcenas, en especial de Dolores de Cospedal, la secretaria general, era y es total. Diversos miembros de la cúpula, que niegan también en privado que esos pagos que Bárcenas reflejó en sus papeles se hayan producido, han señalado en los últimos días la hipótesis de que el extesorero, al sentir la amenaza de acabar en la cárcel —su único y verdadero temor— por culpa de las cuentas en Suiza, ha acelerado su estrategia de amenaza y chantaje para mejorar su situación procesal.

Según esta hipótesis que se maneja en la cúpula, Bárcenas habría elaborado estos documentos, cuyo contenido niegan en el PP, y se lo habría contado incluso a un notario para tener un mecanismo con el que presionar al Gobierno para que le ayudara a evitar las consecuencias procesales que se pudieran derivar de la llegada de la comisión rogatoria de Suiza.

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El ex tesorero ha mantenido vínculos estrechos con dirigentes del PP, a los que trasladaba su desesperación y los mecanismos con los que creía contar para lograr que le ayudaran. Bárcenas lleva años maniobrando en todas las instancias posibles, que en su caso y dados los contactos que ha trenzado en 20 años controlando el dinero del PP son muchas, para mejorar su situación procesal. De hecho presumía en su entorno de haber logrado que le levantaran la imputación. Sin embargo, desde que la Audiencia Nacional se hizo de nuevo cargo del caso, Bárcenas ha sido imputado de nuevo. Y él se quejaba de que de que desde que el PP está en el Gobierno las cosas le han ido peor.

Elena Valenciano, la número dos del PSOE, señaló tras conocer la noticia del acta notarial: “Si esto no se parece a un chantaje, ¿a qué se parece?”. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de la oposición, recuperó sus palabras ante Rajoy el día anterior, en el debate del estado de la nación, cuando le dijo: “¿Cree que puede gobernar durante tres años en plena crisis pendiente cada día de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad?”. Y este jueves las remató: “Parece que el primer ataque de sinceridad ya se había producido. Y ante notario”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/21/actualidad/1361466901_077000.html?rel=rosEP

06.C.A BALEARES. UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DESTAPA QUE BAUZÁ OCULTÓ SUS NEGOCIOS AL PARLAMENT El president cambió el miércoles su relación y añadió sus deudas, préstamos y sociedades, entre ellas Bauser y Divino El president del Govern y del PP balear, José Ramón Bauzá, ocultó información al Parlament sobre sus negocios privados y participación en diferentes empresas. La oposición lo sospechaba. Lo que no se podía imaginar es que Bauzá fuera a aprovechar el periodo que abrió el Parlament para hacer públicas las declaraciones de bienes patrimoniales y de actividades para añadir esos datos. En su declaración complementaria, presentada el pasado miércoles, Bauzá da cuenta de todos los detalles que omitió, incluida su participación, al cien por cien, en Bauser Internacional y en Guitart (es decir, Divino), así como su participación en otras sociedades: Unión farmacéutica Balear, Endesa, Telefónica, Fondos de inversión Mediolanum y Catamar. Igualmente consigna sus deudas, por préstamos, algo que también omitió en 2011. Colapso El Parlament hizo públicos los datos relativos a Bauzá junto al los del resto de diputados y diputadas. La web de la Cámara (www.Parlamentib.es) presentó dificultades de acceso durante toda la tarde, posiblemente se colapso por los intentos constantes de acceder. La oposición consideró ayer «muy grave» que Bauzá mantuviera oculto al tomar posesión de su cargo todas las actividades que, en su opinión resultan incompatibles para ocupar el cargo. De hecho, hay un procedimiento judicial abierto por ser titular de una farmacia, que Bauzá anotó como «bien patrimonial» en su primera declaración. «Bauzá no sólo ha ocultado información sino que ha mentido de forma intencionada y ha quedado inhabilitado para ejercer como presidente», comentó el portavoz adjunto del PSIB, Vicenç Thomás. El PP respondió antes incluso de que se produjeran las primeras críticas de la oposición y de que comenzaran circular por las redes sociales comentarios sobre los añadidos de Bauzá a su declaración inicial. El PP difundió un comunicado con declaraciones de su portavoz Mabel Cabrer en la que presentaba al president como «pionero en la lucha contra la corrupción» y la transparencia y comento que «como otros tantos diputados simplemente olvidó poner algunas cosas». El PP aludió a «olvidos» de los socialistas Cosme Bonet o Antoni Diéguez. Cabrer cargó expresamente contra Armengol. En estos términos: «La declaración de bienes de Armengol es

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cuando menos sospechosa ya que ha utilizado dos bolígrafos y dos tipos de letra diferentes. Llama mucho la atención». Thomás respondió desde el PSIB: «Lo que hizo Armengol fue quitar información personal o que afectaba a terceras personas, seguramente con otro bolígrafo diferente al que utilizó en 2011 pero lo que no hizo es presentar una nueva como ha hecho Bauzá». Bauzá siempre se había negado a que se difundiera su declaración de bienes y actividades. La ha entregado pero tras forzar un desnudo integral de la clase política. http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/baleares/declaracion-complementaria-destapa-bauza-oculto-negocios-parlament.html 06BIS. CASTILLA Y LEÓN. EL ALCALDE DE VALLADOLID CARGA CONTRA JAVIER BARDEM Y MARIBEL VERDÚ El edil ha criticado a algunos actores, cuyo nombre no ha precisado, de ser muy solidarios con los saharauis y muy propalestinos, pero que alquilan una planta de un hospital judío cuando tiene que parir su mujer El alcalde conservador de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha criticado con dureza a los actores Javier Bardem y Maribel Verdú. León de la Riva ha hecho referencia a las declaraciones que ambos actores hicieron durante la reciente ceremonia de los Goya que se celebró el pasado domingo. Sin mencionar en ningún momento su nombre, el alcalde ha aludido indirectamente a Maribel Verdú refiriéndose a"esos actores vestidos de Armani" que "durante años venden hipotecas" y "ahora se ponen del lado de los desahuciados". A Javier Bardem le ha acusado de defender los derechos de saharauis y palestinos, pero a la hora de que su mujer, la también actriz Penelope Cruz, dé a luz no duda en alquilar una planta entera de uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos, "que además es judío", ha apostillado el alcalde. Estas declaraciones se producen apenas dos días despues de que el ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, asegurara que "alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España", y añadiera que "nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu" porque "no nos ha hecho falta". http://www.publico.es/451031/el-alcalde-de-valladolid-carga-contra-javier-bardem-y-maribel-verdu 07. COMUNIDAD DE MADRID. IGNACIO GONZÁLEZ DECLARÓ EN 2011 UNOS INGRESOS BRUTOS DE 112.725 EUROS Del total, 104.000 son de su sueldo como vicepresidente y el resto, trienios como funcionario Tiene 36.361 euros en depósitos y acciones, dos créditos por 212.500 euros y dos coches Los políticos han entrado en una carrera desenfrenada por la transparencia. El último golpe de efecto lo ha dado el presidente de la Comunidad, Ignacio González. Justo el día antes de que se debatan en la Asamblea de Madrid dos iniciativas del Partido Popular para publicar en la web del Parlamento autonómico las declaraciones de bienes y remuneraciones de los 129 diputados regionales, así como de los altos cargos del Ejecutivo madrileño (consejeros y viceconsejeros), González ha publicado esta mañana en la web del Gobierno su declaración de la renta de 2011 y una copia notarial, fechada el 12 de febrero de 2013, de su declaración de bienes. "No he querido esperar a que salgan adelante", ha aseverado González durante un acto matutino. Los trámites asamblearios impiden que hasta abril o mayo se vayan a publicar en internet el patrimonio y salarios de sus señorías. "Voy a hacerlo público de acuerdo a los

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modelos establecidos: una certificación de la Agencia Tributaria de sus ingresos y el documento notarial", ha especificado González. Según los documentos, González declaró un total 112.725,54 euros, tiene 36.361 euros en depósitos y acciones, dos coches -un Toyota Land Cruiser y un Smart-, un seguro de vida de 120.000 euros y dos créditos hipotecarios de 212.500 euros. La semana pasada -en la que se trataron dos propuestas, del PSOE y de UPyD, para aportar claridad a las cuentas de los parlamentarios regionales- González anunció que facilitaría estos datos, como ya hizo Mariano Rajoy, en respuesta al caso Bárcenas. Antes de que estallara este escándalo de presunta corrupción, González era cuestionado por la compra de un ático de lujo que investiga una juez de Estepona (Málaga). Precisamente esta es una de las dos hipotecas que tiene. Del total declarado, 104.000 correspondieron a su sueldo como entonces vicepresidente regional —el pasado 27 de septiembre fue nombrado presidente tras la dimisión de Esperanza Aguirre 10 días antes— y el resto, 7.797 euros, a trienios que recibe como funcionario del Ayuntamiento de Madrid. González accedió en 1984 por oposición a una plaza del Cuerpo Técnico Superior del Consistorio. "Los trienios los cobra porque el Estatuto de la Función Pública así lo permite, aunque no ocupe esa plaza de funcionario. No cobra lógicamente el sueldo ni los complementos, pero sí los trienios, porque en su caso se trata de una excedencia forzosa, y la antigüedad se sigue computando", explican desde la Comunidad. En cuanto a los 36.361 euros en depósitos, 11.761 están en cuatro sociedades que cotizan en Bolsa (Fadesa Inmobiliaria, Iberdrola S.A, Repsol YPF y Bankia) y otros 24.600 en depósitos bancarios en Caja Madrid, Bankinter y Barclays. Además, participa en dos empresas que no cotizan en Bolsa, una de ellas, Subastas Segre, con 391 acciones, de la que su esposa, Lourdes Cavero -también es vicepresidenta de la patronal madrileña- es una de las propietarias. De los créditos, el primero es por 77.500 euros, fue concedido por Bankinter y corresponde a su vivienda del barrio de Aravaca, que donó a su familia en julio de 2009. El segundo fue firmado con La Caixa por 135.000 euros y a 20 años. Con este crédito, adquirió el 20% del ático de lujo que, según asegura González, alquilaba en Málaga hasta que pasó a ser de su propiedad el 18 de diciembre de 2012. El 80% restante de la vivienda, que costó 770.000 euros, pertenece a su esposa, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, con la que tiene régimen de separación de bienes. Cavero, que cobra un salario de la CEIM, recibió una indemnización por despido de 700.000 euros tras haber trabajado 26 años en Unesa, la patronal del sector eléctrico, en julio de 2011, según fuentes cercanas al matrimonio. Poco antes del anuncio de la compra se supo que la vivienda de Guadalmina, cercana a Marbella, estaba siendo investigada por María Peregrina, juez de Estepona. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó a la Agencia Tributaria que averiguara quién era el propietario del inmueble. Se trata de un dúplex de lujo de casi 500 metros cuadrados que cuenta con piscina propia, spa y jacuzzi en la planta superior. Está en la urbanización Alhambra del Golf de Guadalmina, cerca de Marbella. Hasta la compra por parte de González, figuraba como propietaria la empresa Coast Investor LLC, una sociedad de Delaware (Estados Unidos). El destape de González se produce un día antes del último pleno de mes de la Asamblea de Madrid. Este jueves los cuatro partidos del hemiciclo votarán a favor de la toma en consideración de las dos proposiciones de ley registradas por el PP para la publicación de las declaraciones de bienes y sueldos de los altos cargos del Gobierno madrileño y de los diputados regionales. Los socialistas madrileños han apuntado que, aunque respaldarán la iniciativa -la vienen reclamando desde hace años-, también creen necesaria una comisión en la que se recojan los 59 puntos que reclamaron en el pleno de la semana pasada para alcanzar un "acuerdo marco". "Pedimos que se constituya una ponencia de trabajo el seno de la Comisión de Estatuto y Reglamento de la Asamblea de Madrid que reflexione y que trabaje seriamente sobre todo el conjunto de las propuestas para mejorar la democracia. Pongamos a prueba de verdad nuestra voluntad de acordar constituyendo en el seno de esa Comisión una ponencia de trabajo y, por lo menos, vamos a darnos a nosotros mismos la oportunidad de llegar a acuerdos o

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entendimientos que garanticen además la estabilidad del funcionamiento democrático de esta casa, sea cual sea la relación de fuerzas que se puedan producir en las futuras elecciones venideras", planteó Juan Barranco. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/madrid/1361359299_351507.html 08. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL MADRID ARENA MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE SEGURIDAD

Eduardo López Palop tumba el recurso del Ayuntamiento contra la imputación de De Guindos

Afirma en un auto que "se produjo un fallo clamoroso en las medidas de seguridad"

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El juez que instruye el caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, ha rechazado hoy en un auto el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid y ha decidido mantener la imputación de la cúpula municipal Seguridad y Emergencias el día en que se produjo la tragedia. Son el exdelegado de Seguridad, Antonio de Guindos; de la exconcejal de Seguridad y actual concejal del distrito de Carabanchel, Fátima Núñez; del inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteaguado; y del director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Alamo.

El juez tumba los argumentos del Consistorio y le recuerda que, ante lo que parece "un fallo clamoroso" en la seguridad, "algo tendrán que decir los máximos responsables municipales". Ese algo lo marca el propio juez en el auto, que pregunta a los cuatro por qué se permitió un macrobotellón ilegal, si los efectivos policiales eran o no "notoriamente insuficientes" y por qué se permitió a 2.000 jóvenes que participaban en este irrumpir "confusa y tumultuariamente" en el recinto. No conforme con el resultado, la defensa del Ayuntamiento ha anunciado recurrirá el auto.

De Guindos —que dimitió al ser llamado por el juez—, Núñez —que fue desplazada a los distritos cuando salió del Ayuntamiento Miguel Ángel Villanueva—, Del Alamo y Monteagudo —que siguen en sus puestos—, fueron imputados por el juez junto a otras 11 personas el día 4 de febrero. El pasado viernes, el Ayuntamiento recurrió esta medida y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aseguró en un informe sobre el recurso que veía "precipitadas e improcedentes" las imputaciones porque antes debían declarar las personas que ejercieron directamente funciones de seguridad en la fiesta en la que fallecieron cinco jóvenes.

"Por ahora no está demostrado que exista una relación directa causa-efecto entre la conducta de esas cuatro personas imputadas y la muerte de las cinco víctimas", dijo Moix, para matizar que, una vez que avance la investigación, "habrá que ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades". Moix también consideraba, en todo caso, que no había lugar al recurso porque el Ayuntamiento está personado en la causa como responsable civil subsidiario —en una providencia el 21 de enero, el juez le negó la posibilidad de ser acusación particular—.

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 entiende, contra el criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento sí está legitimado para interpuesto recurso, pero desestima el fondo de la cuestión. En un duro auto de cinco puntos, subraya que "en un evento en el que aparentemente se produce un fallo clamoroso en las medidas de seguridad más elementales, parece razonable que algo tendrán que decir los máximos responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, siendo este titular del recinto". "Y si estas personas tienen algo que decir que lo digan, y si lo dicen es una garantía para ellos hacerlo en situación procesal de imputados", remacha el juez, que recuerda que no están obligados a declarar contra sí mismos y que les asiste un letrado.

Sobre las alegaciones del recurrente, el Ayuntamiento, el juez desestima el argumento de falta de motivación porque no la requiere en este caso. También rechaza que tenga relevancia alguna el hecho de que hayan sido imputados antes que otros que también podrían serlo —"no implica vulneración alguna de derechos" y "en nada perjudica a los ahora imputados"—, al tiempo que recuerda, "con independencia de la repercusión mediática" que tiene, qué implica ser citado a declarar, o más bien, lo que no implica: "Que tales personas vayan a ser posteriormente acusadas y mucho menos condenadas". "Solo significa que pueden existir indicios racionales de un ilícito penal por acción u omisión".

Tampoco comparte el juez que estar imputado sea "lesivo para la fama y el honor" y culpa a los medios de "asimilar la condición de imputado a la de condenado", cuando "obviamente no es así". En todo caso, continúa el juez, las que han sufrido un "daño irreparable" son las fallecidas y sus familias. Sobre la alegación de que algunos mandos se vieron obligados a dimitir como consecuencia de las imputaciones, el magistrado entiende que las dimisiones responden a que así lo dicta la "conciencia" de la persona afectada, porque "nadie ha puesto en duda la honorabilidad de las personas". "Lo

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que es seguro es que este juzgado no ha obligado a dimitir a nadie", añade.

Como datos "objetivos" que condujeron a la imputación de los cuatro responsables municipales, Palop cita el botellón "perfectamente ilegal" celebrado esa noche en un espacio público de titularidad municipal y que después unos "2.000 jóvenes, en avanzado estado de embriaguez la mayoría de ellos", irrumpieron en el pabellón, lo que "fue determinante en la tragedia" que aconteció posteriormente. lo dicho por el juez se parece en parte a la versión de los hechos declarada ante el juez por el empresario Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa que organizó la fiesta, que, cubrirse las espaldas, dijo que la avalancha se produjo cuando se colaron sin entrada unos 3.000 jóvenes que hacían botellón a la entrada del Madrid Arena.

El empresario mantuvo frente al magistrado que había vendido tan solo las 9.650 entradas que permitía el aforo del recinto municipal y que el Ayuntamiento era responsable de la "seguridad interior" del recinto, a través de la empresa Seguriber, y del exterior y en especial del botellón, a través Policía Municipal. Sin embargo, el recuento de los tiques reveló que se vendieron 16.791, lo que superaba con creces el aforo máximo del Madrid Arena (10.600 asistentes).

En su auto, el juez recuerda que todos los que han declarado hasta el momento han manifestado unánimemente que los efectivos de la Policía Municipal eran "notoriamente insuficientes" y no estaban situados en los puntos adecuados para controlar la situación. En este sentido, el juez cree que estos imputados "estarán sin duda deseosos de explicar la situación" y si era cierta o no la "exigua" cantidad de policías desplegados y si esa "escasez" estaba relacionada con que el suceso se produce "al comienzo de un largo puente" —se envió más del doble de policías municipales a los estudios donde se graba el programa El Hormiguero que al Madrid Arena—. También podrán explicar porqué se permitió un multitudinario botellón y la irrupción "confusa y tumultuaria" de los jóvenes en el Madrid Arena. Según el juez, algunos de ellos llegaron a "romper las alambradas".

Tras conocer el auto, fuentes de la defensa letrada del Ayuntamiento han señalado a Europa Press que, desde el respeto que merece cualquier resolución judicial, se presentará el recurso en apelación en el plazo de tres días ante el mismo juzgado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/22/madrid/1361537120_835728.html

09. C. VALENCIANA. EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA A FONDO LA CAMPAÑA ELECTORAL DE CAMPS DE 2007

El magistrado requiere el libro mayor, balances y extractos de la formación

Ceres quiere saber cuántas vallas se instalaron, dónde y quién las contrató

El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado una batería de diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007, en las que Francisco Camps fue reelegido presidente de la Generalitat. El magistrado mantiene imputada a la mayor parte de la dirección regional del partido en aquella época, entre ellos Ricardo Costa, así como al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera autores de un delito electoral (el nombre técnico de la financiación ilegal) por haber recibido importantes sumas de dinero de constructoras.

El magistrado ha reclamado a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana toda la documentación sobre la contabilidad del PP valenciano. Entre ella, el libro mayor, los balances, el diario y los extractos. El juez ha tenido que reclamar a lo largo de la instrucción de forma repetida documentación al Partido Popular, tanto a la dirección regional como a la nacional. Entre los imputados en la conocida como causa de financiación ilegal del PP valenciano se encuentra el extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas.

El juez ha requerido, en paralelo, información exhaustiva a 10 empresas de publicidad que hicieron trabajos para la campaña popular. La organización de los actos electorales corrió a cargo de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.

El magistrado solicita a nueve de las empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información al detalle sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007, que dieron a Camps su segunda mayoría absoluta.

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El juez las requiere para que detallen si las vallas contratadas lo fueron para las elecciones autonómicas y locales (que se celebran el mismo día). Así como los contratos, órdenes de publicidad, y otros documentos que regulasen la relación comercial mantenida. Y también: cuántas vallas se les contrataron; dónde; cuántos días estuvieron colgadas; el importe unitario de cada una de ellas (por día, catorcena o quincena); la fecha y el modo en que se pagó el servicio, y también la identificación completa de la persona física o jurídica que les remitió los carteles para proceder a insertarlo.

El instructor solicita información similar, pero en este caso a una empresa de publicidad con sede en Madrid y dedicada también a insertar anuncios en otros soportes. El juez requiere a la empresa para que aporte las facturas que le emitió a Orange Market en 2007, así como los contratos, órdenes de publicidad y otros documentos que fijaran las condiciones de la relación comercial. E igualmente: cuánto y cómo les fueron pagados los servicios; copias de las imágenes publicadas; su número; el tiempo que duró su inserción; la localización de los soportes donde se realizó la publicidad y también la persona física o jurídica que les remitió las imágenes que debían anunciarse.

El magistrado citó ayer para declarar como testigos, dentro de la misma línea de investigación, a tres trabajadoras de una empresa de publicidad con sede en Paterna a las que Orange Market subcontrató parte de los trabajos de la campaña de 2007. La sociedad que dirigía Álvaro Pérez percibió, según la policía, 3,3 millones de euros en 2007 por los actos electorales del PP valenciano. De ellos, solo 870.000 euros habrían sido declarados a Hacienda, mientras que los 2,5 millones restantes fueron en dinero b, e incluidos en la cuenta que la red corrupta denominaba Barcelona.

El juez también interrogó como testigos a dos empleadas públicas, una de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Sociedad Anónima (Cacsa) y la otra de la dirección general de Promoción Institucional, adscrita a presidencia de la Generalitat. En este caso, Ceres profundizaba en la investigación de los 76 contratos que el Gobierno valenciano adjudicó a dedo a la trama fraccionando para ello supuestamente su importe de forma que no superasen el límite legal de los 12.000 euros, que hubiera requerido una modalidad contractual mucho más exigente.

Una de las testigos citadas envió un correo electrónico a Cándido Herrero, número dos de Orange Market, en el que le indicaba que el importe de la facturación, cuando la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, lo hubiera decidido, se repartiría entre Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (dos tercios de la factura) y la empresa privada Parques Reunidos Valencia SA (el tercio restante). http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/22/valencia/1361564820_363474.html 10. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ SE ENROCA Y NIEGA SU RELACIÓN CON LOS VALENCIA SUMMIT La alcaldesa de Valencia comparece públicamente después de la declaración al juez de Torres El exsocio de Urdangarin dijo que negoció con ella y Camps los Valencia Summit en Zarzuela Rita Barberá comparecía por primera vez en público desde que Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, declarase el sábado al juez que instruye el caso Nóos que negoció con ella y el expresidente Francisco Camps el Valencia Summit durante una comida celebrada en la Zarzuela en 2004. “No voy a entrar en estrategias premeditadas de defensa o acusación de casos que ya están en los juzgados. Porque responden a intereses de parte”, dijo este miércoles sin aclarar si estuvo o no en la residencia real con el duque de Palma y su entonces socio. No negó la regidora el honor “de que los Reyes me hayan invitado a la Zarzuela. Un honor que espero que siga”, agregó sin ocultar su excelente relación con la Casa Real. Y añadió que a lo largo de sus más de 20 años de vida pública ha conocido a muchas personalidades del mundo de la política, de la judicatura o de los empresarios y algunas de ellas se han visto apartadas de su carrera, y puso de ejemplo al juez Baltasar Garzón o al socialista José Blanco.

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Con sutilidad, la regidora desacreditó la declaración de Torres —el próximo sábado comparecerá ante el juez Urdangarin—. “Yo no soy abogada, pero puede que una persona que está imputada, mienta, pueda decir lo que quiera. Yo no entro en esa estrategia, aunque se me compare con un avestruz o con una paloma mensajera”, reiteró. Sobre las informaciones que la sitúan como parte activa y supervisora del convenio suscrito en 2004 entre el Instituto Nóos, CACSA y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Barberá echó mano del argumentario mil veces repetido. “No he firmado ni un solo convenio ni he votado nada en ningún punto ni en ningún lugar. La fundación es de naturaleza privada, lo dicen los servicios de la Intervención General del Estado. Y, por tanto, esta casa [en alusión al Ayuntamiento de Valencia] no ha tomado ninguna decisión al respecto. Les guste o no”. Una vez más, la regidora acusó a la izquierda de intentar desgastarla políticamente con casos como este. “La izquierda está prácticamente derrotada y tiene una impotencia importante. Lo único que quieren es apartarme de aquí [de la alcaldía]“, arremetió. Los grupos de la oposición piden desde hace meses al Gobierno local que explique su papel es escándalos como Emarsa o Nóos sin ningún éxito. El PP ha aplastado con su mayoría absoluta cualquier iniciativa del PSPV, Compromís o EU. A diferencia de la Generalitat Valenciana, que se ha personado en el caso Nóos, la Fundación Turismo Valencia no lo ha hecho y esperará a una condena en firme para pedir, si procede, responsabilidades civiles a los condenados. Y se despidió con su expresión de siempre: “Las cosas son como son y no como les gustaría a algunos. Las dudas que tengan [sobre el Valencia Summit] se las preguntan a la fundación Turismo Valencia”. El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas solicitó una comisión de investigación sobre el caso Urdangarin. La propuesta justifica la petición en que la existencia de representantes públicos valencianos implicados en la trama corrupta perjudica gravemente la imagen de la Comunidad Valenciana y causa alarma social. Esquerra Unida también es partidaria de investigar en el Parlamento las posibles responsabilidades políticas de la Generalitat en el caso Nóos. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/valencia/1361386977_479864.html 11. C. VALENCIANA. UNA TESTIGO DECLARA QUE LLEVÓ A BARBERÁ BOLSOS DE LOEWE PAGADOS POR EMARSA La ex secretaria afirma que el exgerente presumía de sus negocios con la hermana de Camps La secretaria del gerente de Emarsa durante siete años, Marisol Gálvez, declaró este miércoles como testigo que en dos ocasiones llevó regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pagados por la depuradora metropolitana, que fue liquidada en 2010 con un agujero de 11 millones de euros tras sufrir un colosal saqueo. En concreto, Gálvez aseguró que le llevó dos bolsos de la marca de lujo Loewe, cuyos modelos le eran indicados previamente. Gálvez señaló que se encargó de comprar los bolsos y llevarlos al Ayuntamiento, “pero los dejaba a la atención de la alcaldesa en el arquito de la policía y ni siquiera pasaba”, afirmó. La exsecretaria declaró que lo hizo dos años y al siguiente el entonces gerente de Emarsa e imputado en la causa, Esteban Cuesta, le dijo que a partir de entonces se encargaría Ignacio Martínez. Este era jefe de compras de la empresa pública y sigue siendo secretario general del PP en el distrito de Trànsits de la ciudad de Valencia. Gálvez aseguró que el exgerente de Emarsa, imputado por malversación, delitos societarios y estafa, entre otros delitos, le aseguró que tenía negocios en el sector del mármol con Estrella Camps, hermana del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Y que el desembarco en Emarsa de uno de los personajes más turbios de la trama que saqueó la depuradora, Sebastián García Martínez, Chanín, fue gracias al actual concejal de Hacienda de Rita

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Barberá, Silvestre Senent. Este fue a su vez, antes de 2004 (cuando empieza el periodo que está investigando el juez), presidente de Emarsa. La testigo afirmó que, según su información, la sociedad pública también regaló “ordenadores” a la asesora de Senent, María Dolores Cubells. La exsecretaria, que en línea con las extraordinarias circunstancias que envuelven Emarsa, ganaba 60.000 euros al año pese a haber estudiado hasta segundo de BUP, afirmó que en tres ocasiones una compañera de la depuradora le contó, en presencia de otros empleados, el reparto de 1.000 euros de sobresueldos “sin justificar” a varios responsables, aparentemente de forma regular. Entre ellos: Ignacio Martínez, Santos Peral, jefe de contabilidad y también secretario general del PP en el distrito de Patraix de Valencia y Enrique Arnal, jefe financiero. La testigo aseguró que poco antes de ser liquidada, Cuesta, Chanín, Arnal y Peral, sacaron montones de carpetas de Emarsa y los cargaron en el maletero de un coche. Drogas, prostitutas y procesiones Frecuentes desapariciones del gerente adicto a las drogas. Gran afición de su sucesor por cargar viajes con prostitutas a la sociedad. Sobresueldos en dinero negro, yates, coches de lujo, lingotes de oro caballos, salarios de 60.000 euros para secretarias que no habían pasado de segundo de BUP y sustracciones masivas de documentos contables. La declaración de la testigo Marisol Gálvez, secretaria durante siete años de los gerentes de Emarsa, la depuradora de Valencia quebrada tras sufrir un vaciado de al menos 25 millones de euros, ha confirmado el total descontrol en la empresa. La testigo ha asegurado que llevó al Ayuntamiento de Valencia bolsos de Loewe pagados por la sociedad pública para la alcaldesa, Rita Barberá. Y ha dejado en una difícil situación a su actual concejal de Hacienda, el también expresidente de Emarsa, Silvestre Senent, señalado por Gálvez como receptor de regalos y padrino de uno de los principales autores presuntamente del saqueo, Sebastián García Martínez, alias Chanín. Senent dejó la presidencia del PP de Valencia ciudad, sobre cuyos cargos se sitúa la autoridad de Barberá, hace unas semanas, aunque fue nombrado presidente de honor y presidente del comité electoral. En ese congreso fueron confirmados otros dos cargos del partido en la ciudad a los que ahora Gálvez ha implicado ante el juez en graves irregularidades: Ignacio Martínez y Santos Peral, jefes de compras y contabildad respectivamente en Emarsa y secretarios generales del PP en los distritos de Trànists y Patraix. Ambos se suman a Chanín, que ocupaba un cargo menor del partido en la ciudad y que era, por extraño que parezca, a la vez responsable de informática de Emarsa y proveedor de productos y servicios para la misma. Ello le permitió presuntamente pagar precios descabellados por material informático (entre ellos, 149 ratones en apenas seis meses, en un centro de trabajo que solo contaba con 30 ordenadores), además de facturar por trabajos de construcción falsos. La nueva testigo ha revelado que Chanín entró en la sociedad pública de la mano de Senent. Aunque quien realmente tenía "mucho vínculo" con el hombre encargado del dinero de Rita Barberá, ha añadido la exsecretaria, era su mujer, era Asunción Pestíñez, esposa de Chanín y también empleada de Emarsa. La testigo aseguró que el matrimonio participó en la desaparición de cajas de documentos de la sociedad pública supuestamente relacionados con el saqueo. La última y esencial pieza que une el escándalo con el PP de Valencia es Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, a quien a pesar de haber admitido ante el juez numerosas fechorías, Barberá mantuvo como presidente del PP en el distrito de Poblados del Oeste de Valencia, lo que obligó a la dirección regional del partido a puentearla para suspenderlo de militancia. Contra Cuesta, enfermero sin ninguna experiencia para dirigir una de las mayores depuradoras de España, se acumulan evidencias de que aceptó comisiones por adjudicar obras y servicios y que cargó todo tipo de gastos impropios a la depuradora (como viajes y escapadas a hoteles de lujo con prostitutas a las que él presentó ante el juez como traductoras rumanas). La testigo,

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ella misma afiliada al PP, aseguró este miércoles que, además, destinó dinero y recursos personales de la sociedad pública a engrandecer las fiestas (y de paso su influencia social) en el principal barrio de Valencia que integraba su distrito, Benimàmet, organizando desde los castillos de fuegos artificiales a procesiones religiosas. Barberá aún no ha explicado su apoyo a Cuesta, ni nada más que tenga que ver con Emarsa. Tampoco lo ha hecho su concejal de Hacienda, que presidió la sociedad pública en una etapa que cada vez resulta más parecida a la del saqueo, y durante la que nunca auditó a la sociedad pública. La testigo ha declarado que el gerente en la época de Senent, Miguel García Besó, concejal popular en el Ayuntamiento de Alaquàs ya fallecido, que decidió contratarla como secretaria tras conocerla en un bar de Valencia, tenía graves problemas de adicción a las drogas, pasaba semanas sin aparecer por la depuradora y era por tanto incapaz de gestionar la sociedad pública, que tenía un presupuesto anual superior a los 10 millones de euros, provenientes de la tasa que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan regularmente con la factura del agua. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/valencia/1361391252_260890.html