Cancún, Quintana Roo, a 19 de junio de 2017

BOLETÍN DE PRENSA

Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos ante la 47 Asamblea General de la OEA

Exigimos a nuestros Estados apoyo para la planificación familiar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en las Américas.

• América Latina y el Caribe es la única región en el mundo donde ha aumentado el número de partos

en niñas menores de 15 años. • Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile, República Dominicana, El Salvador y Guatemala ejercen violencia

institucional contra niñas y mujeres al negarles el acceso al aborto. Diecisiete organizaciones civiles de América Latina y El Caribe conforman la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos, que expondrá a la 47 Asamblea General de la OEA la grave situación en la materia, que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes, niñas indígenas y afrodescendientes, a las que viven en zonas rurales, en lugares donde el virus del Zika se ha instalado, o son de escasos recursos y no cuentan con estudios escolarizados. En la región, una tercera parte de los embarazos corresponden a menores de 18 años, y el 20% de éstos son de menores de 15 añosi, lo que refleja la omisión de los Estados parte de la OEA de proteger la salud integral de niñas y adolescentes. El 19 de junio, la Asamblea General de la OEA escuchará las demandas para lograr que niñas, adolescentes y mujeres ejerzan de manera plena sus DSyR acorde con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Entre las principales exigencias se encuentra que los Estados que penalizan totalmente el aborto, modifiquen sus legislaciones para que las mujeres tengan acceso legal y sanitario a la interrupción del embarazo al menos en casos de violación, cuando la salud y la vida de la mujer se encuentre en riesgo o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida. De los nueve países del mundo en los que se penaliza totalmente el aborto, siete están en nuestra región. El

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aborto inseguro, de hecho, es la causa del 21% de las muertes maternas en América Latina, la única región del mundo en la que los abortos van en aumentoii La violencia institucional así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el embarazo, el parto o después de éste, será otro de los temas, pues persisten leyes, políticas públicas y prácticas que limitan y obstaculizan la justicia social en esos momentos de la vida reproductiva de las mujeres. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidadiii, accesibilidadiv, aceptabilidad y calidadv de una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva, lo que incluye el acceso a atención pre y post natal, servicios obstétricos de emergencia, aborto legal y seguro, servicios de planificación familiar y, acceso a la información y educación. Las organizaciones que forman parte de la Coalición de DSyR ante la 47 Asamblea General de la OEA son: 1. Ipas (internacional) e Ipas México 2. International Planned Parenthood Federation 3. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 4. Enfermería en la Acción Profesional de Lucha y Prevención de VIHDA 5. Fundación Ecuatoriana Equidad 6. Advocates for Safe Parenthood: Improving Reproductive Equity (ASPIRE) 7. Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA 8. Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. 9. Center for Reproductive Rights (CRR) 10. PROMSEX 11. Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo, OGCD 12. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM) 13. Colectiva Ciudad y Género A.C. 14. Fundación Unidos por un México Vivo A.C. 15. Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología 16. Católicas por el Derecho a Decidir 17. ICW Latina Para mayor información o solicitar entrevistas, llamar al +5215536302690 con Paul Moheno o escribir a paul@mexicovivo.org

47 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA México, 2017

Discurso de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos

En las Américas estamos viviendo una gravísima crisis de derechos humanos que impacta en la democracia y el estado de derecho en las Américas. En este marco, los derechos de las mujeres son violentados sistemáticamente, en particular, el derecho a la salud en el marco de la reproducción. Las violaciones a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres se ven reflejadas en el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva y en la impunidad del estado, situaciones que limitan severamente a más de la mitad de la población a participar en la sociedad y la democracia. En América Latina y El Caribe, todos los días hay niñas, adolescentes y mujeres violadas a las que les son negados los servicios de aborto legal y seguro, tras lo cual son obligadas a ser madres o a morir por abortos inseguros. Además, las mujeres con embarazos deseados sufren de tratos crueles inhumanos y degradantes en la sala de parto. Pese al reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo, y a su incorporación en las normas nacionales e internacionales, la realidad para las mujeres de la región sigue siendo otra. Los Estados deben prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres erradicando leyes, políticas y prácticas que limitan y obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. De los 9 países en los que se penaliza totalmente el aborto, 7 están en la región de las Américas: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Chile, Honduras, Haití y Surinam. Somos el continente en el que existen más países con políticas restrictivas. Además, de acuerdo con la OMS, el 21% de las muertes maternas se atribuyen al aborto insegurovi y somos la única región en la que los abortos inseguros van en aumentovii.

Las organizaciones de la sociedad civil llevamos más de 20 años visibilizando que las leyes de aborto altamente restrictivas no están asociadas con tasas de aborto más bajas; por el contrario, perpetúan patrones de estigma y discriminación; crean barreras de acceso a servicios de salud para las mujeres y de acceso a la justicia; ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres y afectan desproporcionadamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, de escasos recursos, a las mujeres que viven con VIH y las adolescentes. Sin embargo, los Estados han hecho caso omiso respecto a su obligación de proveer este servicio para las mujeres. El impacto es aún más grande frente a la crisis de zika, ya que estas mujeres son las que más sufren la falta de acceso a los anticonceptivos y a los servicios de salud sexual y reproductiva. En el caso de los países que cuentan con causales a través de las cuales las mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, la realidad no es muy diferente. La implementación es un reto constante ya que al querer abortar, las mujeres se enfrentan a autoridades que las revictimizan y les niegan el acceso a los servicios al exigirles requisitos y/o documentos no establecidos por ley. La violencia sexual es un grave problema en toda la región, un problema de salud pública y una violación de

los derechos humanosviii. Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir esta forma de violencia, y de responder de manera adecuada cuando las mujeres, adolescentes y niñas la experimentan, particularmente cuando quedan embarazadas como resultado de esta violencia. Somos la única región donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. Una tercera parte de los embarazos corresponden a menores de 18 años, siendo casi un 20% de estas menores de 15 añosix. En el caso de México, 4 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 15 añosx. Además, México es el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) muchos de ellos, derivados de violencia sexualxi. En Perú 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes. En Guatemala, diariamente se registran 5 embarazos de menores de 14 años. En Nicaragua, 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en niñas de 10 a 14 años han aumentado 78%xii. A pesar de estos escalofriantes datos, países como Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile, República Dominicana, El Salvador y Guatemala continúan ejerciendo violencia institucional en contra de niñas y mujeres al negarles el acceso al aborto. En la región, el discurso acerca de la supuesta “protección de la vida” que ha sido utilizado para limitar el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, paradójicamente, no se ha traducido en una exigencia respecto a la provisión de servicios de salud para las mujeres que tienen embarazos deseados. Para las mujeres en América Latina y el Caribe, las salas de parto siguen siendo una tumba, ya que ninguno de los países estuvo en condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de disminuir un 75% la mortalidad materna para 2015xiii. A pesar de que ha habido una reducción en la razón de muerte materna (RMM), ésta no ha sido homogénea, dejando de nuevo a las mujeres más vulnerables en mayor desprotección. Las mujeres que no mueren, sufren cotidianamente violencia obstétrica, que es una forma de violencia institucional en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados que el Estado no sólo no previene sino que ha normalizado. Esta violencia consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre. Lejos de tratarse de negligencias médicas aisladas, la violencia obstétrica es un patrón que se reproduce en toda la región. El marco discriminatorio frente a la salud reproductiva también se ve reflejado en el limitado acceso a métodos de planificación familiarxiv, incluyendo la pastilla de anticoncepción oral de emergencia (PAE)xv. La decisión de impedir la venta y/o acceso gratuito de la PAE, como ocurre en Perúxvi, Costa Ricaxvii y Hondurasxviii, viola los derechos de las mujeres a tomar decisiones libre y responsablemente con relación al número e intervalo entre sus hijos. La discriminación que sufren las mujeres con VIH es parte de la violencia ejercida por los Estados. El 33% de las personas latinoamericanas y el 50% de las personas en el Caribe diagnosticadas con VIH somos mujeres. Siendo la expresión más violenta la esterilización forzada.   Desde la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos consideramos que en la región los retos persisten y son muchos. Es por ello, que se requiere que los Estados miembros redoblen esfuerzos para adoptar legislación acorde a la protección de los derechos humanos, y que dicha legislación pueda ser implementada

con recursos y tener un verdadero impacto en la vida cotidiana de las niñas, adolescentes mujeres y de toda la población. Solicitamos a la OEA… Recomendaciones ● Asegurar la implementación de una educación integral en sexualidad en todos los espacios para

ampliar los horizontes, particularmente de las adolescentes y niñas, que las empodere en el conocimiento y manejo de sus derechos sexuales y reproductivos.  

● Recomendar a los Estados que cuentan con una prohibición total del aborto que despenalicen la interrupción del embarazo, al menos, en casos de violación, peligro de vida y salud para las mujeres y en los casos de malformaciones incompatibles con la vida.  

● Adoptar la recomendación emitida en el MESEVIC de eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo.”xix  

● Prestar una atención de salud integral a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual que debe incluir acceso a la profilaxis post exposición para VIH, anticoncepción oral de emergencia e interrupción legal del embarazo, acceso temprano a los servicios de atención prenatal para detectar tempranas complicaciones y orientación sobre planificación familiar durante la atención prenatal y el postparto.  

● Deben realizarse esfuerzos especiales para garantizar estos servicios a las poblaciones más expuestas y afectadas por Zika, así como los servicios sociales estatales para apoyar a las mujeres y familias que deciden criar un hijo con síndrome congénito de Zika.  

● Garantizar la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas y    

                                                                                                                         iUNICEF, Plan Internacional, Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes, 2014 iiGuttmacherInstitute, Aborto inducido a nivel mundial, Hoja Informativa, 2016. Disponible en: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fs-aww-es.pdf iii  La disponibilidad implica que “cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud”. Observación general sobre el derecho a la salud, Observación General No. 14. Comité DESC. Agosto 11, 2000. E/C.12/2000/. Disponible en: http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/PDF/Biblioteca/biblioteca_2010/ONU_docs/Observaciones_Comite_DESC/14_salud.pdf  iv  La accesibilidad se refiere a que los servicios, bienes y establecimientos deben ser accesibles de hecho y de derecho a los grupos más marginados de la población, sin discriminación y teniendo en cuanta el alcance geográfico y económico de todos los sectores de la población. Id.  v   En cuanto a la aceptabilidad y calidad, el Comité establece que estos deberán ser “respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidad , a la par que sensibles a los requisitos del genero y el ciclo de vida”. De igual manera, se requiere “personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”. Id.  vi En ese orden de ideas, diferentes órganos de protección de derechos humanos han manifestado su preocupación porque en la región el aborto inseguro continúa siendo una de las principales causas de mortalidad materna y por la interpretación restringida que se hace sobre el aborto legal, recomendando revisar la ley “para establecer excepciones a la prohibición y sanción del aborto” [La Plataforma de Acción de Beijing recomendó a los gobiernos el considerar la posibilidad de revisar las leyes que establecen medidas punitivas contra las mujeres que hubieran tenido abortos ilegales. Plataforma de Acción de Beijing, para. 106 (k)]. Asimismo, de manera específica, la Plataforma de Acción de Beijing, así como el Programa de Acción de Cairo, instaron “a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a incrementar su compromiso con la salud de la mujer y a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública… En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos." [Programa de Acción de la CIPD, para. 8.25. Ver también Plataforma de Acción e Beijing, para. 106 (b) (k)]. vii   Guttmacher Institute, Aborto inducido a nivel mundial, Hoja Informativa, 2016. Disponible en: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fs-aww-es.pdf viii OEA (2010). Violencia Sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de Datos Secundarios ix UNICEF, Plan Internacional, Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes, 2014 x www.cladem.org/america-y-el-caribe/73-cladem-mexico | www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/#gs.65u5ajo | www.ceav.gob.mx/ xi Save the Children México. Las y los adolescentes que México ha olvidado. Una aproximación integral a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. 2016 xii GIRE, CLACAI, Amnistía Internacional, Planned Parenthood Global, Campaña Niñas, no madres, 2017. Disponible en: http://ninasnomadres.org/ xiii OMS, UNICEF, UNFPA, WB, Estimaciones de las tendencias de la mortalidad materna, 1990 a 2013, 2014. Disponible en: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/# xiv El derecho a planificar la propia familia está definido en la CEDAW como el derecho de las mujeres “…a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. CEDAW, art. 16 xv La anticoncepción oral de emergencia, también llamada Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) es un método anticonceptivo hormonal. Su principal especificidad radica en que es el único método que puede prevenir un embarazo después de una relación sexual desprotegida y por ello es de especial necesidad allí donde persiste la violencia sexual contra la mujer, ya que puede evitar un embarazo fruto de violación. Hoy en día la mayoría de productos de anticoncepción oral de emergencia son a base de levonorgestrel (un componente hormonal sintético). xvi El 22 de octubre, 2009, el Tribunal Constitucional de Perú prohibió la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia. xvii Hevia, Martín, El Status Jurídico de la Anticoncepción de Emergencia en América Latina, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), 2012. Disponible en: https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/SP29_Anticoncepcion_de_Emergencia.pdf xviii A través del decreto ministerial 2744 de 2009, firmado por el presidente de facto Roberto Micheletti y publicado en el diario oficial de Honduras el 24 de octubre, 2010 se prohibió el uso y comercialización de la Anticoncepción Oral de Emergencia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     xix MESEVIC, (2016). Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados Parte de la Convención de Belem do Para. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf