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DINÁMICAS COMUNALES Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A LA TIERRA: EXPERIENCIAS

DE COMUNERAS QUECHUAS Y AYMARAS PATRICIA QUIÑONES PAREJA

Las comunidades campesinas han sido tema de estudio de distintos investigadores e investigadoras debido a su importancia como instancias de organización social y política y a su rol vinculado al uso y gestión del territorio y recursos naturales en las zonas rurales. Sin embargo, no se han desarrollado muchos estudios que incorporen un enfoque de género como clave en el análisis de las dinámicas comunales en el Perú.

Tomando en cuenta esta situación la Asociación Servicios Educativos Rurales - SER, con el apoyo de Pan Para el Mundo - Servicio protestante para el desarrollo, estás desarrollando el proyecto Mujeres campesinas indígenas acceden a la gobernanza de la tierra en sus comunidades, en el marco del cual se ha realizado el presente estudio que aborda cómo en las dinámicas comunales se viven los distintos roles de género y se ejercen los derechos en el acceso y control de la tierra y los recursos.

Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias De comuneras quechuas y aymaras

Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: Experiencias de comuneras quechuas y aymaras.Patricia Quiñones Pareja

Asistenta de investigación AyacuchoClelia Rivero Reginaldo

Asistenta de investigación PunoGraciela Mamani Butrón

Revisión de contenidos:Eliza Pfl ucker HerreraRosa Montalvo Reinoso

Corrección de estilo:Luis Rodríguez Pastor

Diseño y diagramación:Soledad Hamann y Arturo José Valdés

Fotografías:Patricia Quiñones Pareja

Asociación Servicios Educativos Rurales - SERJr. Mayta Capac 1329, Lima 11, Perú(51-1) 4727937 / www.ser.org.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-03663

Impresión:Giacomotti Comunicación Gráfi ca S.A.C.Cl. Santa Eduviges N° 316 Urb. Pando - Lima

Primera Impresión, Lima, marzo 2015

Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias

De comuneras quechuas y aymaras

Patricia Quiñones Asociación Servicios Educativos Rurales

2014

3Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias De comuneras quechuas y aymaras

PresentaciónLa Asociación Servicios Educativos Rurales-SER es una institución con 35 años de trabajo en diferentes regiones del país promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, la construcción de un estado democrático y el desarrollo rural, especialmente con mujeres. En este marco de preocupación e interés institucional es que surge el proyecto Mujeres campesinas indígenas acceden a la gobernanza de la tierra en sus comunidades, que cuenta con el apoyo financiero de Pan Para el Mundo.

Una de las actividades del proyecto ha sido la realización del estudio Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: Experiencias de comuneras quechuas y aymaras, realizado por la antropóloga Patricia Quiñones Pareja, en el cual se recogen y analizan las experiencias de mujeres indígenas campesinas de cinco comunidades de la provincia de Huamanga (Ayacucho) y cuatro comunidades de El Collao (Puno) sobre los usos y acceso a la tenencia y decisiones sobre la tierra dentro de sus comunidades en la actualidad.

A través del texto se hace un recorrido por las diferencias y similitudes de las dinámicas comunales quechuas y aymaras, en el contexto actual, donde la inseguridad jurídica territorial acecha a las comunidades campesinas del Perú. El estudio presenta cómo las actividades económicas van dinamizando los flujos y frecuencias migratorias, principalmente masculina, repercutiendo en las dinámicas organizativas y políticas de las comunidades en cuanto a la gobernanza de la tierra.

Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias De comuneras quechuas y aymaras4

Esperamos que las conclusiones presentadas contribuyan a seguir reflexionando sobre las situaciones de las mujeres indígenas campesinas en el Perú, sobre todo en los momentos actuales en que se hace más evidente la necesidad de conocer y repensar el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas campesinas a la tierra y al territorio, así como la importancia de profundizar en el derecho de las mujeres a participar en las decisiones que se tomen sobre la tierra y sus territorios comunales en contextos en los cuales los retos de las comunidades son cada vez más difíciles y complejos.

Eliza Pflucker Herrera Coordinadora del proyecto


contenidoIntroducción ........................................................................................... 7

I. Estado de la cuestión y marco teórico ............................................. 12

1.1 Estudios sobre comunidades, acceso de la mujer a la tierra y de las comuneras ............................................................................14

1.2 Conceptos claves ...............................................................................22

II. Contexto del estudio ....................................................................... 28

2.1 La Región Ayacucho ..........................................................................342.1.1 Principales características regionales ................................................342.1.2 Provincia de Huamanga .......................................................................432.1.3 Distritos de Vinchos y Socos .............................................................. 46

2.2 La Región Puno ..................................................................................552.2.1 Principales características regionales .................................................552.2.2 Provincia de El Collao ..........................................................................662.2.3 Distritos de Ilave y Pilcuyo ...................................................................69

III. Comunidades campesinas: tendencias generales y particularidades locales .............................................................................................. 80

3.1 Documentos comunales ....................................................................82

3.2 Dinámicas, políticas internas y el lugar de las comuneras ...............................................................90

3.3 Trabajo y deberes comunales: la participación de las comuneras ..........97

3.4 Características de las familias comuneras: el aporte femenino .............104


IV. Sistemas de tenencia y acceso a la tierra y recursos naturales en las comunidades ....................................... 110

4.1 La tensión entre lo comunal y lo familiar .........................................112

4.2 Aspectos formales que rigen el acceso a la tierra y recursos para las comuneras ........................................................1164.2.1 Ley General de Comunidades Campesinas, Reglamento y Estatutos .1164.2.2 Política comunal y la participación femenina ...................................119

4.3 Más allá de lo formal: acceso concreto ...........................................1304.3.1 Derechos efectivos de las comuneras a la tierra ............................1304.3.2 Acceso a la tierra y recursos desde la experiencia de las comuneras 135

4.4 Características de la gobernanza de la tierra en comunidades ayacuchanas y puneñas y el rol de las comuneras en ella ...............139

V. Conclusiones .................................................................................. 146

5.1 Características actuales de las comunidades campesinas estudiadas ...................................................................148

5.2 Los roles y derechos efectivos de las comuneras en relación a la tierra ..........................................151

5.3 Sistemas de tenencia y gobernanza de la tierra ..............................154

Bibliografía ......................................................................................... 158


introducciónLas comunidades campesinas han llamado la atención de distintos investigadores e investigadoras debido a su importancia como instancias de organización social y política y a su rol vinculado al uso y gestión del territorio y recursos naturales en las zonas rurales. Si bien el estudio sistemático de las mismas se inicia desde la primera mitad del siglo XX, han existido distintos énfasis y periodos de mayor o menor producción académica vinculada a este tema. En general, los diversos estudios han buscado abordar una gama amplia de temas, como la comprensión de los procesos de creación, las lógicas de funcionamiento, las dinámicas sociales internas, entre otros.

En un inicio, muchos de estos trabajos —enmarcados en lo que se conoce como “estudios de comunidad”— tenían una visión un tanto idealizada de ellas. La organización comunal era vista como un todo armónico, como un conjunto que respondía a los mismos intereses. Además, se postulaba en algunos casos que seguían sus propios ritmos, aisladas de los macroprocesos que afectaban al país (Mossbrucker 1990).

Poco a poco, estas miradas fueron cambiando, identificando no solo que las comunidades están insertas en los procesos nacionales y se ven impactadas por ellos, sino que además no se les podía ver como un todo “corporado”, más bien como una asociación de familias donde existían tensiones constantes entre lo familiar versus lo comunal. También otros estudios empezaron a indagar en las diferencias dentro de las familias


comuneras; es decir, entre las personas que componen dichas familias y sus diversos roles. No obstante, este último grupo no ha sido el más frecuente (Urrutia 2011). Por ejemplo, son pocas las investigaciones que han buscado incorporar un enfoque de género para comprender los roles, visiones, expectativas de las mujeres en relación a la tierra, así como la importancia de las mujeres comuneras no solo en la vida o economía familiar sino en la comunal.

Pese a que en las últimas décadas hubo un decrecimiento de trabajos que buscaban abordar a las comunidades campesinas y a quienes las componen, algunos procesos recientes en el país han vuelto a llamar la atención en lo comunal-familiar. La presión por el territorio en zonas rurales por actores externos —ya sea por el desarrollo de la industria extractiva (formal e informal), la agroexportación, producción de biocombustibles, narcotráfico, entre otros— y el incremento de la conflictividad social, las discusiones sobre la etnicidad y la Consulta Previa son algunos de los factores.

En este contexto de procesos y cambios acelerados en las zonas rurales, el tema de la tenencia de la tierra y la gestión de los recursos naturales en los espacios rurales toma especial importancia. Considerando que existen alrededor de 6.069 comunidades campesinas en el país (Salazar 2012) y que, según datos del último Censo Agropecuario, la propiedad de las comunidades campesinas abarcaría alrededor de 23 millones 500 mil hectáreas del territorio nacional (128.5 millones) (Escobedo 2013) (es decir, aproximadamente el 20% del país), y considerando que existen aún comunidades campesinas que no han obtenido sus títulos de propiedad formal, parece apropiado considerar estos espacios y organizaciones como sujetos de análisis. Ahora bien, es necesario de igual forma identificar quiénes y de qué formas se viene accediendo a la tierra, a los recursos naturales dentro de ellas y comprender cómo se viene configurando la gobernanza de la tierra en los espacios locales.

Más allá de los estudios de comunidad o aquellos centrados en ellas, se han venido desarrollando otras investigaciones en los ámbitos rurales que


han buscado visibilizar el incremento de la participación de las mujeres en la producción agrícola. Incluso, se viene hablando de la “feminización de la agricultura” (Lastarria-Cornhiel 2008), la importancia de sus aportes para temas como la seguridad y soberanía alimentaria, sus aportes al cuidado y conservación de los territorios, entre otros.

Pese a estos importantes aportes, las mujeres no siempre han venido siendo reconocidas por ellos en los espacios microlocales; tampoco han supuesto siempre un reconocimiento efectivo de derechos para ellas. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) (2003), las brechas entre hombres y mujeres al contar con títulos de propiedad individual registrados es significativa, teniendo también cierto grado de responsabilidad los procesos de titulación rural desarrollados en los últimos años en el país.

En el caso de las comunidades campesinas, si bien la propiedad de la tierra se rige por un solo título, internamente la distribución de la misma se da por una serie de usos y costumbres que determinan el acceso (Burneo 2007). En estos casos también existe una brecha marcada entre el número de comuneros y comuneras a las que se les reconoce derechos de posesión o logran seguridad en la tenencia, como ha venido quedando evidenciado por algunos trabajos de corte etnográfico (Bórquez 2011, Diez 2010).

Entonces, se puede decir hasta aquí que en un contexto de presiones y reconfiguraciones las comunidades campesinas siguen cumpliendo un papel importante en la gobernanza de la tierra. Las mujeres han venido —y siguen— cumpliendo roles centrales en las dinámicas rurales y comunales, que no se ven traducidos, en la mayoría de casos, en derechos de acceso y control de la tierra y recursos. Además, es clara la ausencia de un cuerpo de investigaciones relacionadas a la comprensión de las comunidades campesinas que incorporen un enfoque de género.

Por todo esto, la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), con el apoyo de la organización Pan Para el Mundo, en el marco del


proyecto “Mujeres campesinas indígenas quechuas y aymaras acceden a la gobernanza de la tierra en sus comunidades”, consideró necesario realizar un estudio que abordara justamente estos temas en las regiones de Ayacucho y Puno, zonas de intervención del proyecto, considerando central acercarse a la realidad y experiencias de las mujeres campesinas comuneras.

Los objetivos principales de este trabajo son: 1) lograr un esbozo general de las características de las comunidades campesinas actuales en las regiones mencionadas; 2) comprender cómo se da el acceso de las mujeres y hombres a la tierra y recursos naturales según los sistemas de tenencia; 3) tener una mirada general de cómo se configura la gobernanza de la tierra en estas comunidades; 4) contribuir con algunas conclusiones que puedan ser de utilidad para llamar la atención sobre los derechos de las mujeres comuneras y posicionar el tema en la agenda pública y política.

Para cumplir el primer objetivo se elaboró una ficha de recojo de información que fue aplicada en veinte comunidades donde se ejecuta el proyecto antes mencionado. Estas están situadas en los distritos de Socos y Vinchos en Ayacucho, y Pilcuyo e Ilave en Puno. Se entrevistó a setenta personas, entre comuneros y comuneras, y la sistematización estuvo a cargo de la antropóloga Eliza Pflücker. Para cumplir con los otros objetivos se realizaron poco más de treinta entrevistas semiestructuradas, alrededor de tres grupos focales y se logró observar algunos espacios de reunión comunal. Cabe precisar que las entrevistas se realizaron en aymara, quechua o castellano, dependiendo de la elección del entrevistado o entrevistada, gracias al valioso aporte de las promotoras del proyecto en las regiones, Clelia Rivero y Graciela Mamani.

El presente documento está dividido en cuatro capítulos: en el primero, se realizará una breve revisión bibliográfica y se delimitará el marco teórico. En el segundo, se presentará el contexto regional y local donde se sitúan las comunidades campesinas analizadas, buscando resaltar sus principales características territoriales y los procesos que se considera han impactado de manera significativa en ellas. El tercero, se centrará en desarrollar


algunas tendencias generales y particularidades de las organizaciones comunales en las dos regiones seleccionadas y la participación de las mujeres en ellas. El cuarto, se centrará en desarrollar las características de los sistemas de tenencia, buscando explicar las formas de acceso a la tierra y recursos naturales por parte de las comuneras, principalmente, así como brindar algunas de las características que configuran la gobernanza de la tierra y recursos en las comunidades de estas regiones. Finalmente, se esbozarán algunas conclusiones y recomendaciones.


estado de La cuestión Y Marco teórico


1.1 Estudios sobre comunidades, acceso de la mujer a la tierra y de las comuneras

Esta sección tiene como fi n hacer un breve recuento de cómo los estudios de comunidad —los provenientes de la corriente feminista y de género, los vinculados al desarrollo rural y, en cierta medida, los marcos establecidos por los organismos y cooperación internacional— han venido desarrollándose y abordando de distintas maneras el análisis de las comunidades campesinas, la problemática de la tierra (tenencia, acceso, uso, etc.), y, sobre todo, interesa aquí las diferencias según género en torno a ella.

En relación a los estudios de comunidad, algunos balances sobre la producción académica vinculada a ellas (Diez 2012, Pajuelo 2000, Mossbrucker 1990) han mostrado que, luego de algunos picos entre los cincuenta, los sesenta y post Reforma Agraria, en los ochenta, el interés por el análisis de éstas disminuyó considerablemente. Si bien recientemente, como se mencionó, la presión por el territorio está despertando nuevamente el interés por acercarse a las mismas y comprender sus dinámicas, tampoco puede decirse que la producción sea muy vasta.

Hasta antes de los cuarenta o los cincuenta, el estudio de las comunidades estaba centrado en observarlas como colectivos que guardaban características de un pasado inca y que estaban más conectadas con éste que con el presente. Algunas investigaciones buscaron describirlas y observarlas como resultado de la evolución de los ayllus. Otras optaron por identifi car y resaltar las prácticas que mostraran su espíritu colectivista, omitiendo sus complejidades internas, para situarlas como símbolos de proyectos políticos, tal como lo hicieran Castro Pozo o Mariátegui (Mossbrucker 1990). En general, los diferentes trabajos sugerían una “esencia comunal” que daba equilibrio y que situaba a los comuneros y comuneras en determinadas posiciones sociales, asegurando una convivencia armónica.


Para las décadas de los cuarenta y cincuenta se replanteó la forma de ver a las comunidades, para algunos este periodo sería visto incluso como “la edad de oro de la antropología de la comunidad” (Pajuelo 2000: 132)1. En esta época, el trabajo etnográfico buscaba desmitificar algunos sentidos comunes establecidos; por ejemplo, trabajos como el de Bernard Mishkin o Richard Adams buscarían empezar a indagar en las familias que componen la comunidad y en las tensiones entre lo familiar y lo comunal-colectivo.

Por otro lado, un punto importante es que algunos proyectos llevados a cabo a inicios de los cincuenta —como los del Instituto de Etnología de San Marcos, a cargo de José Matos Mar, en la zona de Huarochirí-Yauyos— buscaron no solo estudiar las tensiones internas de la comunidad sino comprender su relación con lo externo. En esta misma línea, ya en los sesenta, según mostrara Mossbrucker (1990), investigaciones realizadas por Julio Cotler, Fernando Fuenzalida, José María Arguedas o François Bourricaud (justamente centrada en Puno) mostraron también que las comunidades estaban inscritas en procesos de cambio y que eran instancias bastante dinámicas, en tanto se reconfiguraban a medida que sus problemáticas iban cambiando.

Si bien ya para inicios de los setenta se buscaba analizar las comunidades campesinas en relación a los procesos externos a ellas y a otro nivel (es decir, el familiar; no había, tal como establece Urrutia [2007: 266], “casi ninguna referencia a la relación de género en su interior”), no obstante, más adelante empezaron a surgir estudios que buscaban describir las actividades y funciones diferenciadas de los hombres y de las mujeres dentro de las comunidades, pero desde una mirada complementaria entre ellas. Lo que se postulaba era que la cultura establecía ciertos roles a cada uno o una y que no había ninguna relación asimétrica. Por ejemplo, desde este enfoque, el hecho de que las mujeres no ocuparan

1 Según Pajuelo, hay que tener en cuenta que en 1946 se creó el Instituto Etnológico de San Marcos y en 1948 el Instituto Francés de Estudios Andinos, referentes importantes en la investigación académica.


cargos y no estuvieran presentes en los espacios públicos o de decisión no implicaba que fueran relegadas, puesto que en el espacio privado eran consultadas, generándose un balance entre ambos.

Este enfoque culturalista tuvo fuerza por varios años, pero a medida que el movimiento feminista empezó a fortalecerse en el país, durante los setenta, los ochenta y en adelante, empezaron a surgir duras críticas a esta postura. El punto principal era que una visión de este tipo no problematizaba la situación de subordinación de la mujer (Harris 1985, La Piedra 1985, entre otras) y su ausencia de la esfera pública y política. En adelante, algunas investigaciones analizarían las dinámicas comunales con un enfoque de género, dejando de lado la idealización y buscando dejar en manifiesto las estructuras de poder patriarcales (De la Cadena 1991).

Más allá de las críticas desde la corriente feminista y de lo limitado del enfoque culturalista para comprender la realidad de las mujeres en el espacio comunal, los estudios centrados en las dinámicas comunales y los roles y funciones de las mujeres y hombres contribuyeron en llamar la atención sobre las diferencias y la necesidad de observar a los sujetos dentro de las familias. Así mismo, estos estudios, en muchos casos, buscaron resaltar la importancia de la mujer para las actividades económicas y la reproducción social.

Es importante recordar también que a fines de los sesenta se dio inicio al proceso de Reforma Agraria2, el cual sin duda impactó en la investigación académica y llamó la atención sobre lo que ocurría en general en los espacios rurales. Estos cambios en los patrones de tenencia y derechos en torno a la tierra situaron el interés principalmente durante los ochenta, no solo en temas comunales sino también en la economía campesina en general (Mossbrucker 1990).

2 El 24 de junio de 1969, el gobierno presidido por el General Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley Nº 17716, Ley de Reforma Agraria.


Muchos de los trabajos relacionados a la economía campesina identificaban a las mujeres en el campo como importantes para las dinámicas económicas familiares y locales. Sin embargo, no siempre estos análisis consideraban la particularidad de la experiencia de las mujeres comuneras, quienes, si bien comparten características, no son (en sentido estricto) lo mismo, debido a que las primeras no son parte de una organización o institución. Muchas veces en dichos estudios se usaron estas categorías de manera indistinta, no siéndolo, o de manera poco clara (Urrutia 2007); y, de cierto modo, generando que no sea tan explícita la falta de información sobre las experiencias de las comuneras.

El estudio de la economía campesina estaba vinculado también a uno aún más amplio: el desarrollo rural. A través3 de la comprensión de su funcionamiento y de factores que la condicionaban, se buscaba aportar en procesos de cambio que impactaran en la población rural. Luego, ya más entrada la década de los noventa, en el contexto de cambios económicos y políticos que priorizaron la liberalización del mercado, los estudios vinculados al desarrollo rural buscarían abordar temas más específicos y se apostó más bien por la especialización (Trivelli, Escobal y Revesz 2009). Así mismo, poco a poco la comunidad dejó de ser vista como una instancia central para el desarrollo, y se pondría énfasis en otras organizaciones también más especializadas y en identificar actores claves al interior de ellas.

Retomando el punto sobre los estudios centrados en comunidades, para Diez (2012), luego de la “oleada” de trabajos post Reforma Agraria (periodo que abarcó hasta fines de los ochenta), hubo una disminución significativa de estudios que abordaran la realidad comunal. Así mismo, los procesos de democratización y descentralización, luego de la caída del régimen militar, influyeron en situar a los gobiernos locales como instancias de mayor interés. Ahora bien, otro grupo de estudios continuó con la investigación de la política en espacios rurales, pero considerando

3 Según Trivelli, Escobal y Revesz (2009: 20), “el desarrollo rural se puede entender como un proceso de transformación social, productiva e institucional cuyo objetivo es mejorar de manera sustancial y sostenible la calidad de vida de una población”.


ya a la comunidad campesina como un actor más e identificando los perfiles de las autoridades rurales y comunales (el cual era principalmente masculino), entre otros (Remy 2003, Diez 1999, Monge 1993).

Por otra parte, en los noventa, el tema de la igualdad de género se posicionó con mayor fuerza en las agendas de las agencias para el desarrollo, la cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales, asegurando que estuviera presente en distintos proyectos e intervenciones. Así mismo, se empezó a llamar la atención sobre el rol de las mujeres en el desarrollo rural y en la importancia del reconocimiento de sus derechos, siendo uno el acceso a la tierra y recursos.


Además, hay que considerar que en esta época el enfoque de la “nueva ruralidad” empieza a desarrollarse con más fuerza, el cual buscaba no solo un replanteamiento o superación de la dicotomía urbano-rural, sino también la observación de las reconfiguraciones y el replanteamiento de las relaciones en el espacio rural, donde el análisis de las relaciones de género también adquirían importancia.

Por otro lado, distintos organismos internacionales han buscado elaborar documentos que llamen la atención sobre las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres y la necesidad de incorporar un enfoque de género en la elaboración de medidas, políticas, actividades para abordar los temas de propiedad y tenencia de la tierra. Uno de los esfuerzos recientes han sido las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia”, elaboradas por la FAO (2012). En estas, se reconoce el “hecho de que las mujeres que ya sufren marginación social y económica son un grupo particularmente vulnerable en circunstancias en que la tenencia es objeto de una gobernanza débil” (FAO 2012: 7), y, por ello, es central el refuerzo de la igualdad de género en todas las instancias y acciones que se tomen en relación a la tenencia de la tierra.

Más allá de estos marcos, varias investigaciones en las últimas dos décadas han contribuido, por un lado, a visibilizar el trabajo de las mujeres campesinas en la producción agrícola y en identificar el incremento de su participación, hablándose incluso de un proceso de feminización de la agricultura (Lastarria Cornhiel 2008). Por otro lado, han buscado abordar los temas de propiedad, pero también del acceso efectivo y control de la tierra y recursos, con el objetivo de mostrar la situación de desigualdad y la necesidad de medidas para aminorar las brechas (Deere 2011). Igualmente, se ha buscado resaltar el vínculo de las mujeres con la tierra no solo desde un punto de vista económico sino cultural y social, y la trascendencia de él para su seguridad y la reproducción de modos de vida (Bórquez 2011).

Estas investigaciones han representado sin duda grandes aportes en lo que a posicionar la problemática de las mujeres rurales o campesinas


se refiere, pero no han profundizado en los casos de las mujeres que se ubican al interior de propiedades colectivas o comunidades. Ahora bien, en algunos trabajos, aunque no se haya ahondado en esto, sí se ha llamado la atención sobre la necesidad de abordar la realidad específica de estas mujeres (Bórquez 2011).

En el Perú, algunos estudios centrados en las comunidades también han hecho aportes significativos para comprender la importancia de las mujeres comuneras. El estudio realizado por Reynaga (1996), basado en el impacto del conflicto armado interno en las familias comuneras y la organización comunal, mostró la importancia y estrategias que las mujeres desarrollaron para mantener sus familias y dichas organizaciones a pesar de la crisis que este proceso originó. Además, mostró como, en muchos casos, esta crisis supuso un replanteamiento de su participación en el gobierno comunal y también sus derechos en torno a la tierra.

Otro de los estudios relativamente recientes que ha buscado abordar este tema es el de Diez (2010), que se centra en el análisis de los derechos y el acceso real de las mujeres comuneras en diferentes comunidades de Huancavelica. El punto central es no solo analizar las reglas de juego formales sino las prácticas cotidianas que regulan el acceso y rol de las mujeres. Este trabajo es uno de los pocos que ha buscado comprender las limitaciones y problemas en los sistemas de tenencia que afectan a las mujeres.

Este trabajo, si bien seguirá la línea planteada por Diez respecto a la identificación de las brechas entre lo formal y la práctica, buscará aportar no solo mostrando la realidad de las mujeres comuneras de otras regiones diferentes a las de Huancavelica, sino que buscará comprender cómo se configura la gobernanza de la tierra en las comunidades de estas dos regiones en particular y el rol particular de las comuneras en ella. Así mismo, son muy pocos los estudios que buscan problematizar la distribución de la tierra intracomunitaria y la disposición o acceso y derechos de uso y control de las mujeres en estas regiones.


1.2 Conceptos claves

A continuación, se explicará de manera breve el marco teórico que ha guiado el estudio, lo que permitirá tener una idea de cuál será el alcance y límites del análisis de la información y las conclusiones. El estudio parte del desafío de incorporar el análisis del enfoque de género, entendiendo por género el conjunto de características, roles, formas de ser y actuar, y los atributos que se asignan a los hombres y a las mujeres en las diversas sociedades y culturas a partir de la diferenciación biológica del sexo. A su vez, hablar de la interrelación que existe entre los géneros y las relaciones de poder da cuenta de las asimetrías y subordinaciones existentes entre ellos. Como señala Scott (1996: 284), “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones signifi cantes de poder”.

Tal como indica Bórquez (2011: 64), “estas construcciones mantienen, en el caso de las mujeres rurales, la invisibilidad de sus aportes a la producción agrícola y al bienestar de sus familias y comunidades, deslegitimando y subestimando su necesidad de acceso a la tierra y otros activos en tanto se la considera como sujeto dependiente y no-productivo y su trabajo es visto”.

El concepto de género se refi ere entonces a las relaciones entabladas entre hombres y mujeres y las relaciones de poder existentes entre ambos, las cuales no son fi jas sino que se modifi can y reconfi guran a través del tiempo. Por ello, la perspectiva de género como enfoque analítico busca analizar este tipo de relaciones, revisar categorías, llamar la atención sobre la necesidad de ver al género como una construcción sociocultural, histórica y simbólica (Scott 1996) y apuesta por “una visión crítica y explicativa de las relaciones de género” que además permita observar y entender los cambios sociales (Osorio 2011).


Se debe aclarar que en este trabajo “lo rural” no será entendido como el espacio contrapuesto a “lo urbano” o como punto inicial de un supuesto continuum que llevará indefectiblemente hacia lo último, implicando la desaparición de este espacio y sus dinámicas particulares. Más bien, será visto como un espacio complejo, donde coexisten múltiples actores, se desarrollan diversas actividades económicas, las cuales en muchos casos coexisten más allá de la agrícola, aunque esta ocupe un rol importante en los modos de vida de la población (por ejemplo, la minería, la extracción de recursos naturales, el turismo), y que tiene una interdependencia con “lo urbano” en diferentes términos: económicos, sociales, culturales, entre otros (Osorio 2011). Esta mirada del espacio rural como dinámico y diverso es catalogado como el enfoque de “la nueva ruralidad”, que estará presente a lo largo del documento.

El espacio donde se buscará analizar estas relaciones será la comunidad campesina, la cual será entendida no solo como una organización orientada al control y gestión de la tierra, recursos, defensa, sino también como una instancia que organiza y regula internamente a sus miembros, las tensiones y conflictos, y que cumple un rol de representación hacia el exterior (Diez 1999): es decir, la comunidad también cumple una función política. Además, cabe precisar que estas son “reconocidas por el Estado peruano, que les otorga existencia legal y personería jurídica” (Castillo 2007: 31). También es importante aclarar que se entiende que la organización comunal está conectada a los procesos y las transformaciones económicas, políticas y sociales que ocurren en el país.

En tanto en este caso se quiere comprender la situación de las comuneras en relación a la tierra, se deberá explicar primero qué se está entendiendo por ella. Este concepto se refiere, por un lado, al territorio físico, pero también a los recursos asociados a él. Así mismo, no se puede ver a la tierra solo como un recurso, medio de producción o subsistencia, sino que está relacionada con la identidad, historia y cultura de las personas (FAO 2009).


Las comunidades campesinas y quienes las componen, así como las personas en general, logran obtener derechos a través de sistemas de tenencia, es decir, mediante sistemas que se componen tanto por una serie de disposiciones jurídicas o mecanismos formales (leyes, estatutos, entre otros) como por acuerdos informales (basados en usos y costumbres, prácticas no escritas) que definen y regulan la forma en que los actores accederán a ellos. En sencillo, estos definen “quiénes pueden usar qué recursos, por cuánto tiempo y en qué condiciones” (FAO 2009: 9).

Cabe agregar que estos sistemas, al ser construcciones sociales, no pueden ser entendidos al margen de sus contextos específicos, pues reflejan las características y relaciones de poder de una sociedad determinada (FAO 2009). Por otro lado, tal como indica Burneo (2007), es necesario considerar lo propuesto por autores como Kervin en relación a las características particulares del sistema de tenencia comunal (que este es heterogéneo y flexible) debido a que en algunos casos puede combinar distintos tipos de tenencia, o sea individual (familiar) y colectiva.

Como se dijo líneas arriba, estos sistemas establecen una serie de derechos relativos a la tierra, los cuales son de naturaleza distinta. Por ejemplo, el derecho de propiedad implica un reconocimiento legal que posibilita o da libertad a quien lo posee para usar, aprovechar y transferir la tierra. Ahora bien, en la práctica existen otros derechos que si bien no se sustentan en un título, permiten a las personas o grupos


tener algunas de las facultades antes mencionadas, y, en general, poder “reclamar cierto grado de derechos de exclusividad sobre un terreno” (Diez 2010: 6).

En este caso, se verá cómo los posesionarios o posesionarias dentro de las comunidades, aunque no cuenten con un título de propiedad (pues es otorgado a la organización comunal), a veces obtienen certificados de posesión, o aun sin ellos en la práctica se les reconoce una serie de derechos sobre parcelas o sectores de la comunidad. Así mismo, se debe indicar que, aunque desde el punto de vista legal solo usufructúan la tierra, “la concepción de propiedad está arraigada desde hace mucho tiempo entre las familias comuneras” (Urrutia 2007: 281), es decir, aunque no cuenten con el título se sienten propietarias.

Por otra parte, otro concepto clave es el “derecho efectivo a la tierra”. Luego de revisar la literatura vinculada a las mujeres rurales y comuneras, se ha confirmado la relevancia de seguir en el ahondamiento no solo en el “derecho” sino en el “derecho efectivo a la tierra” (Deere 2011). Esto significa entender que los derechos a la tierra trascienden a su enunciación o reconocimiento en los marcos legales o formales (leyes o estatutos, por ejemplo) sino que es central el reconocimiento social y observar si en lo concreto se da o no un “control efectivo” de la tierra por parte de las mujeres. Esto significa que tengan en la práctica capacidad de decisión en relación a ella y a los recursos vinculados (Deere 2011).

Otra categoría importante para este trabajo es el de “acceso” a la tierra. Esta hace alusión “a las condiciones que permiten alcanzar alguna disposición de las contempladas en la noción de propiedad” (Diez 2010: 6); por ejemplo, tener la capacidad para usar, usufructuar, disfrutar, alquilar, entre otros. Sin embargo, no implica tener necesariamente derechos, menos aún efectivos, sobre ella, ya que estos pueden responder a la familia, esposo/a, etc. (Deere 2011). La categoría de acceso permite observar quién efectivamente usa, aprovecha la tierra, pero no siempre quién tiene la capacidad para disponer de ella, controlarla o transferirla. Esta categoría, entonces, al remitirse principalmente al uso, permite observar


el “vínculo entre las mujeres y la tierra en términos de legitimidad de su aprovechamiento material” (Bórquez 2011). Por último, se considera que el acceso de las mujeres a la tierra, en el caso de las comunidades, está “condicionado por una doble mediación: su pertenencia a una familia y su pertenencia a una comunidad” (Diez 2010: 6).

Finalmente, otro concepto a ser empleado será el de “gobernanza de la tierra”. Para comprenderlo mejor, se desarrollará primero qué se entiende por “gobernanza”. Este concepto inicialmente surgió a fi nes de los ochenta para “replantear el rol del Estado en la gestión de los asuntos públicos, planteándose ir de un manejo vertical hacia uno horizontal que suponga la inclusión de actores antes excluidos” (Quiñones 2012: 183). La suposición básica es que el Estado o gobierno por sí solos no pueden ocuparse del desarrollo o interés social general. Si bien tienen un rol central y dirigencial, sus acciones y recursos son insufi cientes, por ello deben apoyarse también en otros actores —como la sociedad civil o instituciones privadas— para llegar a cumplir dichos objetivos.

Además, el término gobernanza ha sido usado también desde los organismos internacionales como marco para sugerir agendas de acción orientadas a los países “en vías de desarrollo”, suponiendo una serie de medidas y acciones a implementar para llegar a un modelo específi co o situación de bienestar, en un contexto de predominancia de la economía de mercado.


Si bien se coincide con que es necesario observar el rol de otros actores más allá del Estado, la gobernanza no será entendida aquí como un modelo único o ideal sino que esta se confi gura dependiendo las características sociales y culturales (Quiñones 2012), es dinámica. Esta más bien será vista como una categoría analítica que se refi ere a una confi guración de “interacciones de una multiplicidad de actores que gobiernan y se infl uyen” (Kooiman y Van Vlien 1993: 61). El gobierno no se refi ere únicamente a actores estatales sino a aquellos que cumplen un rol en los asuntos públicos de cierto espacio determinado (por ejemplo, las autoridades comunales o consuetudinarias, líderes sociales, etc.). El concepto busca también poner énfasis en procesos como los de toma de decisiones, negociaciones, solución de diferencias, entre otros, orientados a temas específi cos.

En general, la gobernanza de la tierra será vista como “las normas, procesos y estructuras a través de las cuales se adoptan decisiones relativas al acceso a la tierra y su uso, la manera en la que se ejecutan e imponen las decisiones, y la forma con la que se gestionan intereses contrapuestos relativos a la tierra” (FAO 2009: 11).

Lo importante es que este concepto permite observar las diferentes instituciones, actores que están relacionadas con las cuestiones relativas a la tierra, y sobre todo, considera no solo el marco jurídico y normativo sino las prácticas sociales y lo informal, lo que escapa de lo estipulado o expreso.


conteXto deL estudio


Antes de mostrar las principales características de las zonas y comunidades donde se desarrolló el estudio, se indicarán algunos de los macroprocesos considerados como más relevantes en relación a su impacto en las zonas rurales. Uno de ellos fue la migración del “campo a la ciudad”, iniciada en la década de los cuarenta del siglo XX. En ese momento, aproximadamente el 17% de la población peruana vivía en ciudades que superaban los 20.000 habitantes; sin embargo, para 1984 más del 65% se ubicaba en las zonas urbanas (Matos Mar 1984).

Entre las décadas de los cincuenta y los sesenta se dieron los flujos más significativos de personas hacia las ciudades. Esto tuvo que ver con varios factores, como el fortalecimiento de la economía, el crecimiento de la actividad industrial y la pérdida de peso de la actividad agropecuaria, las políticas modernizadoras planteadas desde el Estado, la ampliación de las redes viales1, entre otros. Otro factor que contribuyó a que grandes grupos de ciudadanos y ciudadanas dejaran sus hogares en el campo fue el proceso de violencia política que aquejó al país durante las últimas dos décadas del siglo XX. Todo esto produjo que la población rural fuera disminuyendo frente a la urbana, no implicando necesariamente que “lo rural” haya perdido relevancia.

Es importante indicar que la creciente conexión vial y el desarrollo de las telecomunicaciones en las últimas décadas han incrementado drásticamente los flujos e impactos entre las zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, ha contribuido al aumento de las migraciones temporales, aún más de varones que de mujeres, por motivos laborales a las ciudades y, también, en ciertos casos, en la diversificación de las estrategias económicas de las familias rurales, replanteando los roles de género vinculados a ciertas actividades. En el caso de la agricultura, se puede observar una reorganización que evidencia una tendencia a una “feminización” de la fuerza de trabajo (Osorio 2011), es decir, a mayor participación de las mujeres en esta actividad.

1 La construcción de la Panamericana Norte y Sur, construcción de rutas de penetración a la sierra y ceja de selva, entre otras.


De igual manera, la mejora de las vías de comunicación ha posibilitado que varias personas tengan domicilios múltiples, localizados en sus comunidades y las zonas urbanas, posibilitando que no haya un quiebre tan marcado con el espacio rural, como tal vez sí ocurría antes. Esto ha venido generando cambios en los valores e identidades, trasladándose patrones urbanos y rurales a ambos espacios, configurando nuevas características en la población rural.

Otro proceso significativo ha sido la masificación de la educación. A partir de la década de los cincuenta se dio un impulso sostenido por la ampliación de la infraestructura educativa y por el acceso a más sectores de la población. Ahora bien, en ese momento esto supuso contar principalmente con más ciudadanos (pero no ciudadanas) educados, pues persistía aún una fuerte discriminación de género. Así mismo, durante el gobierno militar de Velasco, ésta estuvo vinculada a la construcción y difusión de un planteamiento ideológico nacionalista (Matos Mar 1984), con un discurso de reconocimiento de la diversidad cultural y del campo.

Una de las medidas de mayor impacto en el ámbito rural fue también llevada a cabo durante este gobierno. La Reforma Agraria, cuya necesidad ya había sido discutida por las diversas fuerzas políticas años antes, fue aplicada desde fines de los sesenta y parte de los setenta, teniendo grandes repercusiones. Esta supuso la reconfiguración de la distribución de la tierra y los derechos en torno a ella, dejando atrás un paisaje caracterizado —en la mayor parte del país— por grandes haciendas o latifundios de propiedad de pocas familias o pocos propietarios.

Este cambio en los patrones de tenencia supuso también el replantamiento de las relaciones sociales, políticas e institucionales en el campo. El reconocimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades —hasta ese entonces conocidas como indígenas, pero luego denominadas campesinas y nativas por el gobierno militar— contribuyó a situarlas como actores políticos importantes en el escenario local. Luego de este periodo, también se pudo ver un incremento del número de comunidades reconocidas, especialmente entre los ochenta e inicios de los noventa,


debido a procesos de reconocimiento promovidos por los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, muchas veces más con fines populistas que por preocupación real por el desarrollo de la población rural.

Por otro lado, los procesos de democratización y descentralización retomados en los ochenta, luego de doce años de gobierno militar, empezaron a situar a las municipalidades como instituciones importantes en las dinámicas políticas locales, compartiendo en cierto modo el espacio de poder con las organizaciones comunales, pero también iniciándose una ola de procesos de “distritalización” en las zonas rurales como mecanismo de inclusión en la estructura formal del Estado.

De igual manera, el cambio del paradigma político y económico en los noventa, que significó la aplicación de una serie de reformas orientadas a la promoción de la inversión privada (implicando la reducción de la


participación estatal), provocó cambios importantes sobre todo en lo que a la protección de tierras rurales y comunales se refiere. Por ejemplo, las tierras comunales que hasta antes de la Constitución de 1993 eran inembargables, inalienables e imprescriptibles, quedaron únicamente con la última característica luego de esta, poniendo en peligro los derechos sobre sus propiedades. En este contexto, el interés por el desarrollo de las industrias extractivas creció drásticamente, originándose tensiones entre las formas de ocupación y uso tradicional de la tierra, principalmente uso agropecuario, y los posibles nuevos usos de la misma, por ejemplo, para el desarrollo de la actividad minera.

Se puede afirmar que los cambios normativos con el fin de promover la inversión y desarrollo de las industrias extractivas en los espacios rurales no han cesado. Recientemente, el Ejecutivo elaboró el Proyecto de Ley 3627, conocido como “paquetazo ambiental”, en donde se establecía una serie de medidas económicas orientadas, en teoría, a la promoción y dinamización de la inversión en el país. Este proyecto proponía establecer medidas tributarias particulares, simplificar procedimientos y permisos para la industria extractiva principalmente, entre otros, poniendo en una situación de vulnerabilidad la propiedad y espacios comunales. Si bien el Congreso aprobó finalmente un texto sustitutorio, denominado “Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, este era básicamente el proyecto propuesto por el Ejecutivo con ligeros cambios.

En resumen, todos estos cambios vinculados a los procesos de migración, infraestructura vial, telecomunicaciones, educación, derechos sobre la tenencia de la tierra, cambios político-institucionales, entre otros, han impactado de manera diferenciada en las zonas donde se ubican las comunidades que han sido estudiadas. A continuación, se ahondará en las principales características de las regiones, provincias y distritos donde estas comunidades están situadas con el fin de comprender la configuración de los sistemas de tenencia y la gobernanza de la tierra en ellos.


2.1 La región Ayacucho

2.1.1 Principales características regionales

La region de Ayacucho se ubica en la sierra sur central del país, limita al norte con Junín, por el noroeste con Huancavelica, por el oeste con Ica, al sur con Arequipa, por el este con Apurímac, y por último, por el noreste con el Cusco. Tiene una altitud promedio de 2.761 m.s.n.m. (zonas que van desde los 500 a los 3.500 m.s.n.m.) y tiene una superfi cie de 43.815 km2. Está dividido políticamente en 11 provincias, 101 distritos y 130 municipalidades de centros poblados, y el distrito capital se encuentra en la provincia de Huamanga y lleva el mismo nombre.

La región natural predominante es la sierra y un porcentaje menor de su territorio es considerado como selva alta. El territorio es bastante accidentado debido al cruce de dos cordilleras, Rasohuilca por el norte y Huanzo por el centro sur, las cuales lo dividen en cuatro zonas diferentes: una montañosa y selvática hacia el extremo norte, de abrupta serranía hacia el centro, de altiplanicies al sur y de quebradas al extremo sur. De esta manera se confi gura una geografía compleja con altas punas, zonas montañosas con vertientes pronunciadas y valles interandinos, los cuales están irrigados por ríos que alimentan fi nalmente tanto al Apurímac como al Mantaro.

Si bien se sabe que el indicador de lengua materna no es el único para defi nir a la población indígena, este da luces sobre la presencia de esta población. En ese sentido, en Ayacucho el pueblo indígena predominante es el quechua, y alrededor del 63,0% tiene al quechua como lengua materna.

Las actividades económicas que generan mayores aportes al Producto Bruto Interno en Ayacucho —tanto a nivel regional como nacional— son la minería, la manufactura y la agricultura. Ahora bien, aunque la minería ocupe un lugar central en términos económicos, más del 70% de la población ocupada


maPa 1: ayacucho y sus Provincias

Fuente: Directorio de Municipalidades 2013-INEI


mayor de catorce años se dedica a la agricultura, mostrando la importancia de esta actividad para un gran sector de la población ayacuchana (ALLPA 2009a). Los productos principales son maíz, papa, cebada, trigo y habas, y en las zonas bajas, frutales, cacao, café, entre otros.

El acceso a servicios básicos también es limitado: solo el 43,8% de la población cuenta con un paquete integrado de servicios, es decir, con acceso a agua, desagüe, luz y telefonía. Además, si bien las cifras en relación al porcentaje de población que accede a estos servicios se ha incrementado considerablemente en los últimos años, un tema que las cifras no registran es la calidad del mismo, ya que en muchos casos no se ofrece un servicio de calidad ni sostenido.

Por otro lado, Ayacucho se encuentra entre las regiones con mayores índices de pobreza, y además registra tasas significativas tanto de analfabetismo como de desnutrición infantil. Según el Índice de Pobreza Monetaria (2013), Ayacucho cuenta con un 51,9% de población en estado de pobreza, la segunda región con tasa más alta a nivel nacional, y con un 16,1% en situación de pobreza extrema, mostrando cómo persiste un importante sector de población en situación de vulnerabilidad.

Con relación al acceso a la educación, aunque actualmente se cuente con una cobertura de educación primaria del 94,1%, aún persiste un 13,4% de población analfabeta. Si se indaga más detalladamente en las cifras, se puede observar que el perfil principal de la persona analfabeta es el ser mujer y vivir en la zona rural. Alrededor del 21,95% de mujeres mayores de quince años en la región no saben leer ni escribir. Por último, en el caso de los niños y niñas menores de cinco años, el 28,0% sufre de desnutrición y el 42,7%, entre 6 y 59 meses, padece de anemia (Infomidis).

Estos indicadores sociales han llevado a que el Estado busque priorizar intervenciones en esta región, siendo una de las medidas principales el incremento de programas sociales. La Tabla 1 permite observar cuáles son los programas con mayor cobertura y dónde se sitúan las personas beneficiadas.


Tabla 1: Programas sociales en la región ayacucho

Programas sociales Provincias Distritos Cobertura

Cuna Más 11 72

Niños y niñas atendidos en

el Servicio de Cuidado Diurno3.122

Familias atendidas en el Servicio

de Acomp. a Familias5.788

Juntos 11 105

Hogares afiliados 48.799

Hogares abonados 41.815

Foncodes 10 28

Usuarios estimados 15.848

Proyectos concluidos 9

Proyectos en ejecución 40

Hogares Haku Wiñay 3.950

+ Pensión 65 11 112

Usuarios 28.077

Qali Warma 11 107

Niños y niñas atendidos 111.927

Instituciones educativas 2.504

Fuente y Elaboración: Infomidis


Como se puede observar, la presencia de programas como Qali Warma o Juntos es bastante fuerte, traduciéndose no solo en el acceso de más personas a determinados tipos de servicios brindados por el Estado sino también en el desarrollo de todo un aparato institucional en los espacios locales alrededor de ellos. Por ejemplo, suponen la creación de organizaciones en las localidades para coordinar temas logísticos, definir personas intermediarias que tratarán directamente con la burocracia del programa, entre otros. Además, las condiciones estipuladas por algunos de estos programas replantean las relaciones hasta entonces entabladas entre ciertos sectores de la población rural con espacios antes poco frecuentados, como las postas médicas u hospitales.

Por otra parte, líneas arriba se mencionó la importancia de la agricultura para un alto porcentaje de la población, por lo que es necesario identificar cuál es la situación de la tenencia de la tierra en esta región. Hasta los años sesenta, el régimen de hacienda era el que prevalecía; aunque existían algunas comunidades indígenas reconocidas desde épocas coloniales, estas eran muy pocas. En general, el campo ayacuchano se caracterizaba por una situación de marginación hacia la población indígena y por la reproducción de relaciones de subordinación entre las pocas personas que poseían la tierra y la mayoría de campesinos y campesinas quienes la trabajaban, existiendo incluso situaciones de trabajo forzoso (ALLPA 2009a).

Este sistema se mantuvo principalmente hasta el inicio del proceso de la Reforma Agraria en el país. Cabe precisar que, a diferencia de otras regiones, no se registraron hasta ese momento iniciativas fuertes o extendidas promovidas por organizaciones sociales que buscaran replantear drásticamente la situación de acceso desigual y asimétrico (Coronel 1990). Ahora bien, una iniciativa significativa fue del movimiento campesino Pomacocha, iniciado en 1940, el cual para fines de los sesenta logró apropiarse definitivamente de las tierras que pertenecían a un convento de monjas de Huamanga, constituyendo un referente de lucha campesina (pero, como se dijo, este caso fue bastante excepcional en la región). Entonces, se podría decir que fue luego de la Reforma donde se


dieron cambios importantes y se empezó a configurar nuevas formas de acceso a la tierra.

Una de estas fue el reconocimiento de derechos a través de la figura de las comunidades campesinas, la cual reconocía derechos colectivos sobre la tierra y también buscaba visibilizar de cierta manera las prácticas y costumbres de la población indígena. Estas están presentes en toda la región, pero se puede observar que, salvo en el caso de Lucanas, el mayor número se encuentra en la zona norte, en las provincias de Huamanga, Huanta, Vilcashuamán y Cangallo; mientras que el número es bastante reducido en provincias como Sucre, Páucar del Sara Sara o Huancasancos.

Más allá de las comunidades creadas como consecuencia de la Reforma, se puede observar que existe otro grupo que ha surgido a partir de procesos de “desmembramiento” de algunas comunidades “madre”. Esto significa que ciertos anexos buscaron independizarse de la comunidad de la que eran parte formalmente, llegando a ser tituladas por Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) o por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) (periodo 1992-2006). Es necesario indicar que esa tendencia al “desmembramiento” sigue presente en la región, pero los procesos de titulación comunal cada vez son menos frecuentes y toman mucho tiempo.

En relación al reconocimiento formal y a la titulación de las tierras comunales, si bien hubo procesos de reconocimiento (sobre todo desde los años cuarenta en delante) el incremento a partir de fines de los setenta hasta los noventa fue sostenido. Por otro lado, la mayoría de comunidades ha obtenido el reconocimiento de los derechos sobre las tierras que ocupan recién durante los noventa, en el marco de los proyectos de titulación antes mencionados.

Actualmente, existen alrededor de 682 comunidades campesinas reconocidas2 en Ayacucho, de las cuales el 70,5% están tituladas y el 30% aún

2 Información actualizada al 2014 según la Dirección Regional Agraria.


está pendiente. Aunque haya un alto porcentaje que cuenta con títulos, no significa que no existan tensiones en relación a los derechos sobre las tierras. Se pudo constatar en campo que en algunos casos los procedimientos o mecanismos para el recojo de información no fueron adecuados, no se realizó el amojonamiento en campo, entre otros, lo que hace que persistan o se intensifiquen diferencias por tema de linderos. Por otra parte, más del 90,0% de comunidades tituladas han inscrito su propiedad en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), logrando seguridad jurídica.

Más allá del tema de la tierra, no se puede comprender los procesos políticos y sociales ayacuchanos si no se entiende el impacto de la violencia política en esta región. Si bien esta afectó a todo el país, la situación en Ayacucho —al ser el foco principal— fue realmente dramática. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, alrededor del 80% de mujeres afectadas por este proceso vivía en zonas rurales, en comunidades campesinas, eran quechuahablantes y el 51% eran procedentes de Ayacucho (Urrutia 2007). A través del recojo de información se pudo constatar cómo este proceso afectó duramente las vidas de muchas mujeres comuneras y campesinas, ubicándolas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

A su vez, las comunidades campesinas se vieron impactadas de distintas maneras; sus autoridades fueron asesinadas, desaparecidas o desplazadas, generándose situaciones de crisis de liderazgo e institucionales. Así mismo, aproximadamente 52.582 personas3 fueron expulsadas de sus localidades, dejando muchas comunidades desoladas. A eso se le suma la destrucción material, traducida en importantes pérdidas de infraestructura comunal, productiva, servicios básicos, daños en propiedades familiares, etc. Por ende, la situación de las zonas rurales de la región —y especialmente de las comunidades— fue desgarradora y los pasivos de esa etapa se mantienen hasta la actualidad.

Esta situación de extrema violencia también trajo otras consecuencias en el ámbito social. Por ejemplo, llevó a que se replanteen los roles de las

3 Quinta Etapa del Censo por la Paz (2008).


comuneras en el ámbito familiar y comunal debido a la muerte o desaparición de sus esposos. En ese contexto crítico, se vieron en la necesidad de asumir roles antes ocupados por los hombres, con el fin de asegurar la subsistencia y protección de sus familias y comunidades (Reynaga 1996).

Durante el primer periodo de gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995) se inició el Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia (PAR), el cual buscaba dar incentivos para que las familias o personas desplazadas por el conflicto interno regresaran a sus pueblos o comunidades luego de años —a veces incluso más de una década— fuera de ellas. Este programa fue de interés para un sector de la población desplazada, quienes vieron una oportunidad de retornar a sus comunidades y recuperar sus vínculos con sus lugares de origen. Otras personas prefirieron quedarse en las ciudades, ya acostumbradas a las dinámicas urbanas pero manteniendo los vínculos de manera parcial con sus localidades.

El proceso de repoblamiento suponía la reinserción de personas, con experiencias y bagajes distintos tras su experiencia en las ciudades o pueblos, en espacios que ya habían adoptado sus propias estrategias y dinámicas para continuar luego de la violencia. Una de ellas, en algunos casos, fue el uso de las tierras abandonadas por las familias desplazadas, originándose tensiones a su regreso. Por otro lado, supuso también modificaciones en los roles o características esperadas en las autoridades, dado que algunas personas pudieron desarrollar estudios superiores o tener experiencias de trabajo en el ámbito urbano; estas eran vistas como valiosas. De esta manera se generaban también tensiones debido a las modificaciones en las relaciones de poder existentes.

Además del PAR, luego de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) se buscó desarrollar acciones con el fin de establecer reparaciones a las personas, familias y zonas afectadas. De esta manera se crearon Programas de Reparaciones Colectivas (PRC) o el Registro Único de Víctimas, pero en la práctica estos han sido cuestionados e insuficientes; además, permanece una lista de pendientes


hacia las víctimas. El terrorismo ya no tiene en Ayacucho el peso que hace unas décadas, lo que no quiere decir que haya desparecido del todo pues aún se mantienen ciertos rezagos.

Actualmente, la conflictividad social4 en la región —que ha causado pérdidas materiales e incluso cobrado vidas— está centrada en temas socioambientales. Alguno de los motivos principales están relacionados con las presiones de la industria extractiva (formal e informal) sobre los territorios comunales o zonas rurales en general y recursos como el agua, los temores o impactos ambientales que esta actividad puede traer, las demandas de mejores compensaciones o implementación de proyectos, entre otros. Otra actividad que genera presión sobre el territorio y viene impactando en las dinámicas de muchas familias campesinas es el narcotráfico, situado en las zonas bajas de la región. Por otro lado, también son frecuentes los conflictos comunales centrados en problemas por colindancias debido a que existen controversias sobre los derechos en relación a la tierra. Por último, son constantes las tensiones que tienen que ver con el gobierno y gestión de las autoridades locales.

4 Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 126, agosto 2014.


Lo presentado hasta ahora muestra que Ayacucho es una región compleja en términos geográficos, sociales y políticos. Cuenta con un importante porcentaje de población en situación de vulnerabilidad, la cual se ubica sobre todo en las zonas rurales y es parte, en la mayoría de los casos, de comunidades campesinas. Además, se puede observar que las familias comuneras han tenido que pasar por duros procesos, primero buscando asegurar sus derechos sobre la tierra y luego haciendo frente a la violencia política. Así mismo, lo narrado muestra cómo las mujeres se pueden encontrar en situaciones aún más desfavorables; por ejemplo, al ver las cifras de analfabetismo, viendo los procesos migratorios, cuando se piensa en los impactos del proceso de violencia política, etcétera.

Esta sección ha buscado brindar un panorama general de lo que supone ser parte de una comunidad campesina ayacuchana y alguno de los procesos que han afectado, en mayor o menor medida, sus historias particulares. Aunque el estudio busque observar algunos patrones comunes de lo que supone ser comunera (sobre todo en relación al derecho y acceso a la tierra y recursos en las comunidades ayacuchanas), lo descrito muestra que la realidad comunal aún dentro de una misma región es diversa en términos geográficos, diferentes procesos de creación, presiones distintas, etc. Por ello, se presentarán a continuación algunas de las características de la provincia y distritos en donde se sitúan las comunidades analizadas, consideradas como más relevantes, para también tener claros los límites del estudio.

2.1.2. Provincia de Huamanga

La provincia de Huamanga se ubica en la zona norte y es el centro más importante de la región debido a que en ella se encuentra la ciudad de Ayacucho, capital de la región. Tiene una superficie de 3.062 km2 y está dividida políticamente en dieciséis distritos y dieciocho municipalidades de centros poblados (MCP). Es la provincia con mayor número de distritos, muchos de ellos comunidades campesinas que se transformaron luego en distritos; encontramos dos periodos de creación: tras la independencia y desde 1950 en adelante, es decir, aquellos con una existencia reciente.


Igualmente, la creación5 de la mayoría de las MCP data de los últimos diez años, mostrando cómo el territorio de la provincia se ha ido dividiendo política y organizativamente en las últimas décadas. Por otro lado, esta provincia es una de las que alberga mayor número de comunidades campesinas: 173 comunidades reconocidas, de las cuales solo 139 cuentan con título de propiedad, siendo actores claves en la dinámica provincial y local.

Huamanga tiene una población estimada de 271.411 habitantes, de la cual alrededor del 51,8% son mujeres y 48,0% son varones, y la mayoría (aproximadamente el 72,6%) reside en zonas consideradas como urbanas (INEI 2009). Es necesario precisar que es en esta provincia donde se concentra la mayoría de la población, y además tiene el mayor porcentaje de población urbana; esta tendencia no se repite en otras provincias de la región, pues la población se asienta principalmente en las zonas rurales.

Aunque a veces existe una especie de sentido común que asocia lo “urbano” con mejores condiciones de vida para la población (dado que podría suponer mayores oportunidades laborales o un mejor acceso a servicios), no siempre es el caso y esta provincia es muestra de ello. Así, se puede observar que alrededor del 53,6% de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria y 23,3% en pobreza extrema, superando en ambos casos los promedios regionales.

Por otro lado, los distritos que la componen se encuentran entre los 2.700 y los 3.500 m.s.n.m., su territorio es accidentado y se caracteriza por contar con valles interandinos con suelos y temperaturas apropiadas para la agricultura. Así mismo, existen ciertos sectores que tienen acceso a riego parcial, sobre todo en la zona de valles, lo que hace aún más apropiado el desarrollo de esta actividad. También se desarrolla la actividad pecuaria, aunque no de manera extensiva.

5 La creación de MCP se da a través de ordenanza, resolución u otra norma de la municipalidad provincial u otras normas promulgadas por ellas.


maPa 2: Provincia de huamanga y sus disTriTos

Fuente: infogob

El área agrícola no es muy amplia en la provincia, por ello, la densidad es de apenas 0.32 hectáreas por habitante, sin duda un número bastante reducido que sugiere una fuerte presión sobre esta área. Esta situación es más grave en el caso de las comunidades campesinas, dado que el porcentaje de tierras con dicha aptitud es aún más reducido (ALLPA 2009a).


Por otra parte, en la provincia existen tensiones con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP S.A.), debido a daños ocasionados a la propiedad comunal de Vinchos durante la construcción del gaseoducto del proyecto Camisea. Además, existen problemas con la empresa, ya a que se le está demandando la renegociación de contratos de servidumbres, demandando mejoras debido a la afectación de sus terrenos.

En general, se pueden observar presiones internas y externas sobre la tierra y también la presencia de varios actores —a escalas diferentes— que tienen que ver con la gestión del territorio. De esta manera, coexisten las municipalidades distritales, centros poblados, comunidades campesinas, empresas, entre otros.

2.1.3 Distritos de Vinchos y Socos

Los distritos de Vinchos y Socos son dos de los dieciséis que forman parte de la provincia de Huamanga (Ver Mapa 2), encontrándose aproximadamente a una hora y media y media hora, respectivamente, de la ciudad de Ayacucho. Vinchos es uno de los distritos más antiguos de la provincia, ya que su creación data de 1857, aproximadamente. Por el contrario, Socos fue parte de él hasta que se independizó, creándose mediante ley el distrito en 19686. Esto explica, en cierta manera, la gran diferencia en su extensión territorial: el distrito de Vinchos tiene una superficie de 955,13 km2, mientras que Socos una de apenas 81,75 km2.Así mismo, existen diferencias en su tamaño poblacional: Vinchos tiene aproximadamente 16.612 habitantes (52,1% son mujeres) y una densidad poblacional de 16,5 hab/km2 (INEI 2009). En el caso de Socos, habitan 7.099 personas (51,5% son mujeres) y tiene una densidad poblacional de 84,4 hab/km². Además, se debe resaltar que en ambos distritos el porcentaje de habitantes mujeres, aunque ligeramente, es mayor que el de varones.

6 Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2013. Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.


En los dos distritos la población es mayoritariamente rural, y aunque se podría pensar que por el tiempo de creación, extensión y población, el distrito de Vinchos tendría mayor tendencia a concentrar un mayor porcentaje de población urbana, ocurre lo contrario: la población rural en este caso es de 94,99%. En Socos, el porcentaje de población urbana llega casi al 20%, que, aunque alto en comparación a Vinchos, muestra también la predominancia de lo rural. De igual manera, ambos distritos concentran un alto porcentaje de población indígena, en ambos casos más del 95,0% de habitantes tiene el quechua como lengua materna.

Usualmente, en el país las altas tasas de población rural e indígena están asociadas a indicadores de pobreza preocupantes. Estos casos son muestra de ello: en ambos distritos se registran hombres y mujeres en condiciones de pobreza extrema. Los índices de pobreza monetaria extrema muestran que en Socos el 60,0% se encuentra en esa situación y en Vinchos el 54,0%. Otros indicadores, que permiten tener un mejor panorama de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que habitan estos distritos son las tasas de desnutrición crónica: en los dos casos están alrededor del 41,0%7, no menos del 45,0% de familias se abastece de agua en la vivienda aún a través de ríos, acequias o manantiales, los servicios higiénicos más usados por las familias en las viviendas son los pozos ciegos (Vinchos 72,0% y Socos 64,06%) o no tiene ninguno (Vinchos 15,88% y Socos 27,69%).

Por otra parte, aunque los índices de acceso a educación y salud han mejorado drásticamente, en términos generales, se mantienen brechas entre distritos como estos y las ciudades. En ambos distritos, más del 50,0% de la población logra acabar la primaria; no obstante, los porcentajes van disminuyendo a medida que se aumenta el nivel de instrucción. No más del 19,0% en cada distrito logra finalizar la secundaria, las personas que logran tener algún grado de educación superior no superan el 1,0% de la

7 Desnutrición Crónica Infantil (Patrón OMS) a nivel Departamental: endes 2012-2013-INEI.


población de cada distrito; y, por último, el porcentaje de población que afirma no haber aprobado ningún nivel en los dos lados bordea el 20,0%.

Pese a que estas cifras son preocupantes, lo es más ver la información considerando la variable sexo. Aunque se haya avanzado en la asistencia escolar y la reducción del analfabetismo de las mujeres rurales, si se ve la data detallada en estos distritos, se puede ver que persisten brechas importantes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si bien el acceso a la educación primaria es casi parejo —la diferencia es menos de 3,0%—, la situación cambia drásticamente en el nivel secundario. En este caso, en ambos distritos el porcentaje de mujeres que acaba la secundaria es casi la mitad que el de varones, y las mujeres que afirman no tener ningún nivel de estudio aprobado son el doble que los hombres. Entonces, estas cifras muestran que no solo es difícil en el ámbito rural lograr estudios secundarios o superiores sino que es aún más difícil, por diversos motivos, para las mujeres rurales, situándolas en desventaja de oportunidades.

Por el contrario, las cifras sobre el acceso a los servicios de salud no muestran tantas brechas. Tanto en Vinchos como en Socos, el 79,01% y el 76,60% de la población, respectivamente, está asegurada al Sistema Integral de Salud (SIS), e incluso el porcentaje de mujeres aseguradas supera en cierto porcentaje al de los hombres. Así mismo, los hombres no asegurados superan ligeramente en porcentaje a las mujeres.

Respecto a los programas sociales, estos distritos siguen la tendencia ya descrita anteriormente; es decir, tienen una presencia significativa del Programa Juntos y Qali Warma, siendo el número de hogares en Vinchos más alto debido a su población total (ver Tabla 2).

La principal actividad económica en los dos distritos es la agropecuaria. En Vinchos, el 63,9% de la población se dedica a esta actividad y en Socos el 75,7%; luego se sitúan, con una gran diferencia porcentual, los rubros de construcción y el comercio menor, que no superan en cada caso al 5,0%. Considerando que la actividad agropecuaria es central, se desarrollarán algunas características vinculadas al territorio de estos distritos.


Tabla 2: Programas sociales en los disTriTos de socos y vinchos

Programas socialesCobertura

SOCOS VINCHOS

Cuna Más


el Servicio de Cuidado Diurno80 181


de Acompañamiento a Familias64 299

Juntos

Hogares afiliados 979 2881

Hogares abonados 901 2517

Foncodes

Usuarios estimados 0 289

Proyectos concluidos 0 1

Proyectos en ejecución 0 0

Hogares Haku Wiñay 0 530

+ Pensión 65

Usuarios 609 903

Qali Warma

Niños y niñas atendidos 1220 3468

Instituciones educativas 39 91



Vinchos y Socos se encuentran a una altitud por encima de los 3.100 metros y no superan los 3.394 m.s.n.m., sugiriendo terrenos accidentados y climas propicios para la producción de cereales, tubérculos, leguminosas, pastos, forrajes, entre los principales productos. El distrito de Socos tiene mayor acceso a tierras irrigadas: se puede observar que el 56,68% de su producción agrícola se da en tierras irrigadas y el 43,3% son productos de secano (IV Censo Agropecuario). En contraste, en Vinchos el 68,9% de la producción es de secano y solo el 31,9% bajo riego. De todas formas, cuentan con un porcentaje significativo de tierras irrigadas, el cual permite una producción más sostenida a lo largo del año. En general, la zona norte y centro de la región se caracterizan por una mayor producción agrícola que otras partes de la región, dirigida principalmente al mercado local y regional.

También es importante indicar que según el IV Censo Nacional Agropecuario (2012), el perfil de la persona dedicada a la actividad agropecuaria es principalmente masculino (en ambos casos alrededor del 72,0%) y adulto (mayoritariamente entre los 30 y 50 años). Esta información debe ser tomada con cuidado en tanto muchas veces el recojo de información podría ocultar datos importante, como por ejemplo una mayor participación de las mujeres.

Con relación a los derechos sobre la tierra, estos distritos se caracterizaban por la presencia de haciendas. En general, la provincia de Huamanga concentró el mayor número en toda la región hasta fines de los sesenta, existiendo unas 120 (CVR 2003: Tomo IV). Si bien existían comunidades campesinas en ese momento, estás no controlaban la mayor parte de la tierra. En algunos casos, antes que se diera efectivamente el proceso de Reforma Agraria, quienes poseían las haciendas cedieron algunas de sus tierras a estas comunidades. Sin embargo, en otros casos fue recién hasta la Reforma que los derechos sobre la tierra pasaron a ellas o personas naturales.

Actualmente, en el distrito de Vinchos existen veintiocho comunidades campesinas y en Socos veinte, siendo su extensión territorial variada. En el caso del primer distrito, la más pequeña dentro de su jurisdicción


comprende 323,4300 hectáreas y la más grande 11.788,5600 hectáreas; mientras que en el caso de Socos, la más pequeña abarca 101,5282 hectáreas y la más grande 2.288,9989 hectáreas. Una vez más aparecen diferencias entre los dos distritos: las comunidades de Socos son más pequeñas en relación al distrito “madre”, Vinchos. También se puede observar que en ambos coinciden territorialmente con las comunidades campesinas más extensas, y por ende, coexisten directamente autoridades comunales y distritales. Por otra parte, viendo el número de hectáreas que comprenden estas comunidades, se puede decir que son grandes en comparación a otras zonas del país (ver Tabla 3).

Los procesos de reconocimiento formal de la mayoría de las comunidades de estos distritos se dio durante los ochenta —en cada caso más de la mitad del número de total de comunidades de cada distrito fueron reconocidas en este periodo— y casi todas han sido tituladas en los noventa. Ahora bien, en este caso se eligió analizar comunidades que responden a diferentes periodos de creación. A continuación, se podrá observar un cuadro que contiene información de las comunidades en donde se basó el estudio (ver Tabla 3).

La data muestra que la vida formal de muchas de las comunidades es reciente, es decir, han sido reconocidas por el Estado hace solo unas décadas. En algunos casos se puede observar que no llegan ni a los treinta años de reconocimiento pese a que en la práctica existían como comunidades efectivamente. Así mismo, en la mayoría de los casos el reconocimiento de los derechos sobre el territorio se ha dado hace no más de dos décadas y finalizando una etapa bastante dura para Ayacucho —y en general, para el país—: la violencia política.

Es importante recordar que en las provincias del norte, donde está incluida Huamanga, fue donde se concentró la mayor cantidad de personas fallecidas y desaparecidas. Además, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), tanto en Vinchos como en Socos hubo episodios de violencia críticos. En Socos, la aparición de Sendero se dio desde 1981, en ese momento la agrupación buscaba presentar al


partido y pedir su apoyo, las visitas al pueblo se hicieron seguidas e incluso llegaron a asesinar al director de la escuela. Lamentablemente, no solo las columnas senderistas cometieron abusos contra la población sino que los efectivos policiales también lo hicieron, apropiándose de sus animales, interviniendo sin razón aparente sus hogares, entre otros.

Tabla 3: comunidades ayacuchanas seleccionadas: exTensión, reconocimienTo y TiTulación

LUGAR TIERRAS (HAS)FECHA DE RECONOCIMIENTO

FECHA DE TITULACIÓN

Distrito de Socos

Pacuri 115,4000 Mayo de 1988 Setiembre de 1992

Socos 2.258,9989 Abril de 1926 Noviembre de 2003

Luyanta 515,4500 Octubre de 1988 Enero de 1990

Maucallacta 392,1700 Mayo de 1997 Abril de 1991

Distrito de Vinchos

Paccha 27.887,8800 Abril de 1957 Febrero de 1995

Vinchos 11.788,5600 Junio de 1955 Enero de 1996

Rosaspata 3.419,9100 Junio de 1975 Mayo de 1994

Anchachuasi 3.499,3100 Abril de 1961 Mayo de 1994

Sallali 323,4300 Agosto de 1981 Abril de 1995

Fuente: Las Comunidades Campesinas en la Región Ayacucho-allpa 2009 Elaboración propia

Sin duda, la población de ambos lados se vio afectada, aunque uno de los hechos más trágicos ocurrió en Socos, en noviembre de 1983. En aquella ocasión, treinta y dos personas fueron ejecutadas de manera arbitraria por miembros de la ex Guardia Civil, quienes se encontraban en la zona destacados en el puesto policial del distrito. Aunque la mayoría


de personas ejecutadas fueron hombres, las mujeres pasaron por hechos traumáticos como abuso sexual y maltrato, y tuvieron que ser testigos de actos de violencia contra sus familiares.

En Vinchos, Sendero empezó a hacerse presente también ese año, específicamente en la comunidad de Paccha. En este caso, interrumpieron una asamblea comunal, buscaron interferir en las elecciones comunales y también presentar sus ideas con el fin de convocar a charlas para el adoctrinamiento de los comuneros y comuneras. Desde entonces, la presencia de Sendero fue constante y atentaron diversas veces contra la población. Aunque en este caso los comuneros y comuneras buscaron organizarse a través de comités de autodefensa, del tipo ronda campesina, fue poco lo que pudieron hacer para evitar lo que pasaría en diciembre de 1989.

Según la CVR, el 11 de diciembre ingresaron alrededor de 200 senderistas a la comunidad de Paccha y buscaron entrar en los hogares de las familias comuneras con el fin de sacar a las principales autoridades y hombres de la comunidad hacia la plaza. Ahí les realizaron diversas torturas y finalmente acabaron matando a por lo menos veinte personas frente a mujeres, niños y niñas. A su vez, destruyeron los archivos de la comunidad y realizaron saqueos.

Como se puede ver, los dos distritos pasaron por hechos realmente violentos. Los testimonios recogidos por la CVR fueron principalmente de mujeres, quienes sufrieron la pérdida de sus familiares y siguen padeciendo las secuelas de la violencia en sus familias. También hubo impactos en las dinámicas comunales debido a la muerte de los principales líderes y por la huida de varias familias, quedando comunidades acéfalas y en crisis.

Finalmente, otro tema a considerar en estos distritos es la presencia de la religión evangélica, religión que profesora alrededor del 30,0% de la población. Este dato es importante pues, como se verá más adelante, esta sugiere una serie de replanteamientos de las prácticas sociales y culturales en la comunidad y familia.


2.2 La región Puno

2.2.1 Principales características regionales

La región Puno está ubicada en la sierra sureste del país y tiene como límites: por el sur, la región de Tacna; por el norte, Madre de Dios; en el este, Bolivia; y por el oeste, las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua. Se divide en 13 provincias, 96 distritos y 281 centros poblados, siendo la región que cuenta con mayor número de estas municipalidades, convirtiéndose en actores centrales en las dinámicas rurales. La capital de la región es la ciudad de Puno, ubicada a orillas del lago Titicaca.

La superfi cie puneña es de 71.999 km2 y está compuesta por una zona altiplánica, entre los 3.812 y 5.500 m.s.n.m., y otra más bien selvática (ceja de selva y selva alta), entre los 4.200 y 500 m.s.n.m. La zona altiplánica ocupa alrededor del 76,9% de la superfi cie total de la región (once de las trece provincias), y más bien la otra se centra en las provincias de Sandía y Carabaya. La zona altiplánica, a su vez, se puede clasifi car en tres subzonas o unidades: la circunlacustre (3.810 a 3.900 m.s.n.m.), la intermedia (3.900 a 4.200 m.s.n.m.) y la cordillerana (4.200 m.s.n.m. a más) (Polar y Arias 1991).

La primera, debido al lago Titicaca, tiene un clima cálido y es la zona más favorable para la producción agrícola. Así mismo, es aquí donde se concentra la mayor parte de la población, habiendo una fuerte presión sobre la tierra debido al crecimiento demográfi co y a la escasez de los recursos. La subzona intermedia presenta más bien un clima frígido principalmente, una topografía semiaccidentada, repercutiendo en que sea una zona limitada para la producción agrícola, pero a su vez dotándola de abundantes cantidades de pastos que favorecen la producción pecuaria en especial de auquénidos, ovinos y vacunos. Debido a estas condiciones, la densidad de la población es más baja y la población está más dispersa. Por último, la cordillerana tiene un clima


también frígido y seco, la topografía abrupta e irregular y en ella existen numerosos bofedales que permiten el pastoreo y crianza de camélidos sudamericanos. Aquí la población es extremadamente dispersa y es usual, además del pastoreo, la actividad minera. Estas tres subzonas están presentes en las comunidades analizadas y se verá más adelante cómo impacta esto en la gestión y gobierno del territorio.

Por otro lado, a diferencia de Ayacucho, Puno se caracteriza por la presencia de dos pueblos indígenas predominantes: el aymara y el quechua. Si se usa el criterio de lengua materna, aproximadamente el 38,1% de la población tiene el quechua como tal y el 26,93% el aymara. Cada uno de estos pueblos se ha consolidado siguiendo sus propios procesos históricos y presenta sus propias características sociales y culturales, manifestadas en su cosmovisión y formas de vida.

En este caso, el estudio se ha centrado en comunidades campesinas pertenecientes a la zona aymara. Es necesario precisar que la población aymara8 puneña se encuentra asentada principalmente en las provincias que rodean el lago Titicaca, es decir, en seis de las trece que tiene la región: Moho, Huancané, Puno9, Chucuito, El Collao y Yunguyo.

La población general estimada al 2014 es de 1’402.496 personas (INEI 2009), donde el 50,1% son mujeres y el 49,9% hombres. La región, hasta hace unas décadas, era predominantemente rural, pero esta situación ha cambiado drásticamente. Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la diferencia entre población rural (50,3%) y urbana (49,7%) es menor del 1,0%. La densidad poblacional es bastante desigual entre las provincias puneñas, siendo más alta en las provincias predominantemente aymaras, lo que sugiere comunidades campesinas con mayor presión por la tierra también.

8 Se puede identificar población aymara en otras regiones, además de Puno, como en Tacna, Lima, Arequipa y Moquegua.

9 Específicamente, en los distritos de Chucuito, Acora, Platería y Pichacani.


maPa 3: Puno y sus Provincias

Fuente: Directorio de Municipalidades 2013- INEI

58 Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias De comuneras quechuas y aymaras

En lo referente al acceso a servicios básicos, también como en Ayacucho, ha mejorado notablemente, sobre todo en zonas rurales. Ahora bien, aún solo el 35,8% de la población cuenta con un paquete integrado de servicios, es decir, el porcentaje es aún menor que en el caso ayacuchano. Se puede observar que el servicio más extendido en la vivienda es el de alumbrado eléctrico —aproximadamente el 57,4% cuenta con él—, pero aún las cifras en relación al acceso de agua en la vivienda, por ejemplo, son bajas. Las principales fuentes de abastecimiento de agua siguen siendo pozos, ríos, acequias, sumando un 54,3%. Así mismo, el acceso a servicios higiénicos sigue siendo mínimo, solo un bajo porcentaje cuenta con ellos.


Los índices de pobreza también muestran zonas bastante vulnerables en toda la región. Existen provincias que registran población en situación de pobreza extrema; en el caso de las provincias aymaras, solo en el caso de Moho y Huancané se encuentra población en ese estado. Si se observa el índice de pobreza monetaria, alrededor del 32,5% de las personas en la región se encuentra en esa situación, mientras que el 6,6% en una condición extrema10. Si se observa esta última cifra, se verá que es mucho más baja que en el caso ayacuchano, donde supera el 16,0%.

En términos de cobertura neta a la educación, el 91,3% puede acceder a este servicio en nivel primario, pero se sabe que hay diversos factores que terminan afectando la asistencia escolar. Si se observan los porcentajes de analfabetismo en Puno desde el Censo de 1993, ha habido mejoras, existiendo actualmente un 10,0% de población analfabeta. No obstante, al igual que en Ayacucho, se puede observar que las mujeres han sido y siguen siendo las más afectadas. Hace veinte años, la tasa de mujeres analfabetas era —pese a la mejoría de la cifra— aproximadamente del 32,95%; ya que actualmente el 16,9% de mujeres son analfabetas en la región, la tasa sigue siendo dispar en relación a los hombres, que tienen un 6,0%.

Otras cifras que muestran la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población (por ejemplo, la niñez) son las de desnutrición crónica y prevalencia de anemia. La primera se sitúa aproximadamente en 19,0% y la segunda en 65,9%; esta última supera en poco más del 20,0% a la cifra para Ayacucho, pero allá la desnutrición es más alta.

En Puno también se ejecutan varios programas sociales, pero el número de personas afiliadas o beneficiadas, considerando la población total de la región, no es tan alto, como sí ocurre con Ayacucho. Los programas que tienen mayor presencia son Qali Warma, Juntos y Pensión 65 (ver Tabla 4). Así mismo, hay que considerar que si bien los programas se despliegan en casi todas las provincias, al parecer es más alto su impacto en la zona norte (donde predomina la población quechua) que en la

10 Infomidis: http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/


zona sur. Como ya se dijo, estos programas generan impacto no solo en relación a los beneficios puntuales otorgados a la población sino que también replantean de algún modo las dinámicas organizativas y sociales en los espacios rurales.

Por otra parte, entre las principales actividades económicas figuran la agricultura, ganadería, comercio y minería. La agricultura, pese a que en términos monetarios no genera muchos ingresos, es relevante para muchas familias, no solo porque la mayoría de sus miembros se dedica a ella, sino en términos de seguridad alimentaria, de apoyo a la canasta y economía familiar. Los principales productos en la zona altoandina son la papa, cebada, habas, oca, los cereales andinos como la quinua, cañihua, entre otros.

La ganadería, en términos generales, es una actividad más rentable, sobre todo en provincias como Melgar, San Román, Lampa, es decir, en el norte de la región y no tanto en el sur. Ahí hay una tradición ganadera centrada en el ganado vacuno y en la producción de productos derivados. Esto se debe a las características geográficas (mayores extensiones de pastos), tamaño de la propiedad, mayor inversión, entre otros. En la zona sur, la producción pecuaria es básicamente para el autoconsumo, aunque también el ganado es visto como una fuente de ahorro para situaciones especiales.

El comercio también es importante para un sector de la población, pero se da sobre todo a menor escala; se debe considerar además que al ser Puno una zona fronteriza, gana aún más relevancia debido al flujo con Bolivia (legal e ilegal). Además, Puno cuenta con corredores viales que lo conectan con ciudades importantes como Arequipa, Tacna, Madre de Dios e incluso con importantes vías como la carretera Interoceánica.

Otra actividad económica que ha venido cobrando importancia en las últimas décadas, debido a los aportes económicos que viene generando para la región, es la minería. La producción se centra principalmente en minerales como el estaño, oro, plata, plomo, cobre y zinc. Así mismo, esta se desarrolla sobre todo en las provincias de Lampa, Melgar,


Carabaya, San Antonio de Putina y Sandia. Se puede afirmar que en ellas esta actividad a pequeña/mediana escala (e incluso de manera informal) tiene larga data. Si bien a veces genera ingresos para varias familias de manera permanente, también en otros casos la población solo se inserta temporalmente en esta actividad, de manera legal e ilegal.

Tabla 4: Programas sociales en Puno

Programas sociales Provincias Distritos Cobertura

Cuna Más 12 31


el Servicio de Cuidado Diurno3.373


de Acomp. a Familias2.027

Juntos 13 104

Hogares afiliados 60.450

Hogares abonados 50.088

Foncodes 8 9

Usuarios estimados 6.578

Proyectos concluidos 3

Proyectos en ejecución 24

Hogares Haku Wiñay 1.136

+ Pensión 65 13 109

Usuarios 52.762

Qali Warma 13 109

Niños y niñas atendidos 149.102

Instituciones educativas 3.888



La zona norte es la que ha venido concentrando el mayor número de derechos mineros; sin embargo, desde inicios de 2000 el interés por solicitar estos y realizar exploraciones aumentó significativamente en las provincias sureñas, hasta que como resultado de un conflicto social, en 2011, se estableciera una moratoria a la solicitud de concesiones.

Sin duda, el desarrollo de la actividad minera ha venido también de la mano con el incremento de la conflictividad social debido a varias razones. Una de ellas, por la tensión entre quienes poseen o tienen en propiedad los terrenos superficiales y quienes tienen los derechos de los recursos en el subsuelo. En este sentido, las comunidades campesinas en la región ocupan gran parte del territorio puneño, por ello toman especial relevancia en este contexto. Actualmente, según la Dirección Regional Agraria, existen 1.271 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales 1.063 tienen sus tierras debidamente tituladas y registradas.

Para comprender los derechos en relación a la tierra y el rol de las comunidades en la gestión de la misma, se debe comprender primero cómo estas han logrado obtenerlos. Hasta antes de la Reforma Agraria, las haciendas tenían la propiedad y control de la mayoría de las tierras en la región. Si bien existían algunas comunidades —entonces denominadas indígenas u originarias, a las que se les reconocía sus derechos—, estas no eran tantas como en la actualidad. Además, este sistema se extendió principalmente en la zona norte, donde había las mayores presiones por las tierras indígenas debido al “boom lanero” y a las demandas internacionales, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.

La Reforma Agraria impactó en el sistema de hacienda, y aunque implicó una reorganización de los derechos en torno a la tierra, estas fueron adjudicadas principalmente a empresas asociativas —las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) o las posteriores Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS)— que estaban conformadas por excolonos de haciendas o por un grupo de burócratas que buscaron gerenciarlas: aproximadamente, el 92,2% del total de tierras expropiadas fueron dadas a estas organizaciones y solo el 2,71% a las comunidades campesinas


(ALLPA 2009b). Entonces, en Puno la Reforma no supuso al inicio que la mayor parte de comunidades campesinas o parcialidades se vieran beneficiadas. La demanda por el reconocimiento de sus derechos continuó hasta la década de los ochenta, época donde se dieron grandes cambios en cuanto a propiedad de la tierra se refiere.

Durante los ochenta se dieron diversas manifestaciones por buscar un cambio con relación a los derechos sobre la tierra. La Iglesia católica, el Partido Unificado Mariateguista (PUM) y la Federación Departamental de Campesinos (FDCP) establecieron alianzas para abordar este tema. De esta manera, se organizaron procesos de recuperación de tierras comunales o también llamadas “tomas de tierras”, y además se promovieron procesos de formación y capacitación de líderes y algunas lideresas (Rénique 2004). Se debe decir que las mujeres también participaron de las tomas, aunque no siempre se visibilice su rol en estos procesos. Estas “tomas” se desarrollaron en las provincias del norte, donde, como se dijo, prevalecían las haciendas y la presión de ellas por la tierra. En la zona aymara, el discurso principal de las organizaciones en torno a la tierra no logró tener llegada, y por ende, no lograron establecer exitosamente bases en dichas provincias.

Teniendo como contexto estas tomas y en general las tensiones sobre el territorio, entre 1985 y 1986, durante el primer gobierno de Alan García, se inició la reestructuración de las empresas asociativas y se posibilitó la redefinición de la situación de la propiedad de la tierra. En este proceso se creó todo un aparato con el fin de adjudicar la tierra que eran de las empresas a las comunidades campesinas. Se estima que alrededor de un millón de hectáreas fueron otorgadas a las comunidades, alrededor de 640 fueron beneficiadas, pero también se benefició a grupos de personas centrados en la actividad agrícola que no tenían tierras, cooperativas agrarias y a entidades públicas (ALLPA 2009b).

Si bien este proceso logró que varias comunidades y campesinos en general pudieran acceder a sus derechos, no necesariamente implicó que lo hagan las mujeres campesinas. Además, el proceso de reestructuración fue bastante apresurado y la situación de la propiedad


rural no fue saneada adecuadamente. Se debe observar también que es en este periodo donde el número de comunidades reconocidas crece drásticamente, convirtiéndose en la región con el mayor número a nivel nacional. Además, las situó formalmente como actores relevantes en el ámbito regional y continúo reforzándolas como instancias de interlocución de diversos campesinos y campesinas.

También durante los ochenta, en medio de este contexto de cambios con relación a la tierra, Puno se vio afectado por la violencia política. Sendero Luminoso logró ingresar sobre todo a la zona norte de la región (no así en la zona sur). Esto en parte a que en la primera su discurso de cambio social —considerando la situación de la tierra e historia de control sobre los recursos— tenía mayor acogida; en cambio, en el caso aymara había una tradición de mayor control sobre su territorio. A esto se suma que, según el Informe final de la CVR, para las columnas senderistas algunas de las características de la población aymara complicó captar adeptos o adeptas. Una de ellas era su alta movilidad, el carácter “nómada” de este grupo y su conexión estacional con los valles de Arequipa, Moquegua y Tacna, adonde recurrían permanentemente para participar de la


cosecha de productos agrícolas. Durante los noventa, la convulsión social disminuyó y fue el periodo de titulación de muchas de las comunidades ya reconocidas en las décadas anteriores a través de los programas de titulación promocionados desde el Estado.

Para inicios de los noventa, la creación o reconocimiento de comunidades disminuyó drásticamente, iniciándose un periodo de búsqueda por la creación de distritos, y, sobre todo, de municipalidades de centros poblados (MCP)11 en la región. Esto ha estado relacionado a los procesos de democratización y descentralización promovidos luego de la dictadura militar, y por medidas puntuales, como la facultad de los distritos para poder recibir directamente los ingresos por Fondo de Compensación Municipal (FONOCOMÚN).

Actualmente, Puno no solo concentra el mayor número de comunidades campesinas a nivel nacional sino también el de MCP (281 en total). De esta manera, ambas instituciones han ido superponiéndose, pero se diferencian en puntos clave como el que estas últimas son parte de la estructura estatal y dependiente de los gobiernos locales.

Por último, muchos de los conflictos de las últimas dos décadas han estado vinculados a las gestiones de los gobiernos locales y a las demandas de la población. Según los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo, del periodo 2004-2010, los principales conflictos se dieron por temas de gobernabilidad local, y de 2010 en adelante el tema del territorio y gestión de recursos naturales ha venido ganando mayor peso, centrándose la mayoría de conflictos en estos temas. En este contexto, una figura que ha ganado relevancia es la de los frentes de defensa, los cuales, más que organizaciones sólidas responden a coyunturas puntuales y a agendas específicas. Estos se sustentan principalmente de los comuneros, comuneras, pobladores o pobladoras rurales, y no suponen la eliminación de la importancia de la organización comunal.

11 Según ley, son instancias de concentración de servicios dependientes de los gobiernos locales.


2.2.2 Provincia El Collao

El Collao es una de las provincias aymaras, ubicada al sur de la región, limita al norte con el Lago Titicaca, al este con la provincia de Chucuito y Bolivia, al sur con Tacna y al oeste con Moquegua y la provincia de Puno. Tiene una superficie de 5.601 km2, se encuentra en la zona altiplánica y cuenta con las tres subzonas geográficas descritas anteriormente; es decir, la circunlacustre, la intermedia y la cordillerana. Además, está dividida políticamente en 5 distritos y 44 MCP, y según la Dirección Regional Agraria, dentro de ella se registran 129 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales 121 están debidamente tituladas y registradas.

Esta provincia fue creada formalmente en 1991 como resultado de un proceso de fragmentación en la provincia de Chucuito, desarrollado entre los ochenta y los noventa, donde se crearon diferentes distritos y centros poblados que posibilitaron su independencia (Torres 2008). Los distritos que la componen se ubican entre los 3.860 y 4.390 m.s.n.m., es decir, a una mayor altitud que en el caso ayacuchano; por lo tanto, su aptitud agrícola es menor. Además, el porcentaje de tierras irrigadas es bastante bajo. En este caso, la mayor parte del territorio está compuesta por pastos naturales,12 lo que hace que esta provincia sea más propicia para la actividad pecuaria.

Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2007), el 75,9% de la población tiene como actividad principal la agricultura, ganadería, caza o silvicultura, y en segundo lugar, con una gran diferencia porcentual, el comercio al por menor. Es necesario indicar que aunque en la última década el interés por el desarrollo de la actividad minera ha crecido sostenidamente, aún esta no es significativa. En esta provincia existen empresas que poseen concesiones o han buscado realizar actividades de exploración, pero ninguna se encuentra en estado de explotación. En la zona sur, la única mina que se encuentra en esta fase es Aruntani, situada en el distrito de Acora.

12 Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021. Municipalidad Provincial de El Collao.


maPa 4: Provincia de el collao

Fuente: Infogob

Tiene una población estimada de 85.011 personas, de los cuales aproximadamente 49,2% son mujeres y 50,8% hombres, así mismo, la mayor parte de la población se encuentra en las zonas rurales (68,7%). Cabe destacar que es la provincia aymara más extensa, excluyendo a Puno, y es la tercera donde se concentra el mayor número de personas que tienen como lengua materna el aymara (76,5%).


En lo referente a los indicadores sociales, se ha observado que se registra personas en estado de pobreza. En el caso del índice de pobreza monetaria, el 68,0% se encuentra en esta situación y el 35,5% en una condición extrema, superando ampliamente los promedios regionales y nacionales. Además, estos porcentajes muestran un contexto aún más dramático que en el de la provincia ayacuchana de Huamanga. Con respecto al acceso a servicios básicos en las viviendas, estos aún son limitados. Por ejemplo, el acceso al agua no solo es difícil para el desarrollo de la actividad agropecuaria sino también para el consumo familiar, siendo las principales fuentes de abastecimiento pozos o fuentes naturales (río, manantial, entre otros). Por el contrario, el servicio de alumbrado eléctrico es el más difundido.

El Collao es sin duda una de las provincias puneñas más presentes en el imaginario nacional debido a los conflictos sociales suscitados en 2004. Ese año, luego de semanas de tensión y una fuerte crisis, se dio el ajusticiamiento del alcalde Cirilo Robles a manos de la población, marcando un hito en la conflictividad reciente en el altiplano peruano. Las principales causas estaban relacionadas a la gestión de los recursos municipales y al rompimiento de una serie de acuerdos institucionalizados con los centros poblados y comunidades (Pajuelo 2009). El conflicto generó una crisis de gobernabilidad y finalizó con la celebración de un nuevo proceso electoral y la elección de un nuevo alcalde.

Dicho conflicto produjo una serie de consecuencias importantes tales como el empoderamiento de los actores locales, el posicionamiento de un discurso que sitúa a la población aymara como violenta y capaz de “poner en jaque” al gobierno regional y central, y la atribución de factores étnicos al desarrollo del conflicto. Más allá de esto, el hecho evidenció una serie de lógicas políticas y territoriales subyacentes en la población de El Collao. Por ejemplo, la importancia de los tenientes y tenientas gobernadoras para la gestión del espacio y la importancia de los acuerdos entre autoridades políticas de distinta naturaleza para que se mantenga la gobernabilidad local.


Los conflictos más significativos en los últimos años ya no han tenido que ver tanto con la gestión de las autoridades locales sino con la presión sobre el territorio, debido al posible desarrollo de la actividad minera y por la gestión de los recursos naturales. Esto está relacionado también a que su territorio es campo de acción o influencia de dos proyectos o empresas mineras: Aruntani y Ayllu.

Por último, debe decirse que pese a que esta provincia tiene una vida formal reciente, ha pasado por procesos complejos. El primero ha sido lograr su constitución tras reacomodos y negociaciones; luego, las tensiones con autoridades locales, que desencadenaron en situaciones de ingobernabilidad sin precedentes; por último, viene siendo una zona que está despertando el interés por desarrollar una actividad que podría, desde la visión de la población, comprometer su medio y modos de vida.

2.2.3 Distritos de Ilave y Pilcuyo

Los distritos de Ilave y Pilcuyo son dos de los cinco que componen la provincia de El Collao (ver Mapa 4). Estos se encuentran en la zona norte y son los únicos que tienen acceso directo al lago Titicaca; por ende, cuentan con zonas de una temperatura más templada que el resto. Ilave es el distrito capital y fue creado desde la época de la independencia; sin embargo, hasta inicios de los noventa formó parte de la provincia de Chucuito. Este distrito buscó su independencia debido a su crecimiento poblacional y económico, y actualmente es una de las ciudades con mayor crecimiento en la región. Por el contrario, el distrito de Pilcuyo recién fue creado en 1961 y no tiene este dinamismo.

Ilave es el distrito más grande de la provincia, contando con una superficie de 874,57 km2 y una densidad poblacional de 65,81 habitantes por km2. Pilcuyo solo cuenta con una superficie de 157,00 km2, pero una densidad de 84,90 hab/km2. Pese a las diferencias en su extensión, ambos comparten características territoriales (zona lago, media y alta) y se ubican a una altitud promedio de los 3.800 m.s.n.m.


Al ser una de las ciudades puneñas más importantes, Ilave se ubica entre las más pobladas, contando con una población de 57.730 personas, de la cual el 49,2% son mujeres. Se observa que el porcentaje de personas que viven en la zona urbana es bastante alto (aproximadamente el 41,0%) en comparación de lo que ocurre en el resto de la provincia. Claramente existen diferencias significativas con el distrito de Pilcuyo, pues este cuenta solo con 13.089 habitantes, donde las mujeres representan el 50,3% del total, y la población rural representa el 90,3%. Estos datos muestran realidades bastante diferentes dentro de la provincia y sugieren los diferentes tipos de actores y presiones sobre las tierras comunales.

Aunque Ilave cuenta con una población urbana significativa y es una de las más dinámicas de la región, aún posee indicadores preocupantes vinculados a la calidad de vida de sus habitantes. Por ejemplo, en términos monetarios aproximadamente el 66,3% de personas se encuentran en estado de pobreza y el 34,2% en situación extrema. Esta situación empeora aún más en el caso del distrito de Pilcuyo, donde la tasa de ruralidad es mayor, llegándose a registrar hasta un 46,1% de personas en situación de pobreza extrema. Si bien los indicadores monetarios no son suficientes, sugieren algunas de las limitaciones que estas personas padecen.

A esto se suma que todavía se mantienen inequidades con relación al acceso a los servicios básicos, para la mayoría de familias de ambos distritos es bastante difícil lograr contar con ellos dentro de sus viviendas. Por ejemplo, solo el 21,0% de personas en Ilave logra contar con agua potable en sus casas mediante red pública, mientras que en Pilcuyo esta situación es más dramática, pues solo el aproximadamente 2,0% cuenta con él. En ambos casos, las principales fuentes de abastecimiento siguen siendo los pozos o acequias. Del mismo modo, las cifras que reflejan el acceso a servicios higiénicos son todavía peores.

Por el contrario, al igual que en el caso ayacuchano, el servicio de alumbrado eléctrico es mucho más amplio. En ambos distritos puneños no menos del 63% de la población cuenta con este servicio; ahora bien, esto no implica que sea necesariamente un servicio adecuado o sostenible:


casi siempre el servicio implementado en las zonas rurales del país es monofásico y no trifásico, por lo que a veces trae consecuencias como el corte del servicio debido a la sobrecarga. Este sistema no permite el uso de energía para industria.

Si bien ya se ha indicado que las cifras puneñas sobre acceso a la educación han mejorado enormemente en los últimos años, el análisis de la información distrital del Censo de Población y Vivienda 2007 muestra que aún hay brechas significativas según la zona de residencia y dependiendo del sexo. Se ha podido observar que en estos distritos no más del 40,0%, en cada caso, logra culminar sus estudios hasta el nivel secundario. De igual manera, se puede identificar que en la ciudad de Ilave el número de personas que logran continuar sus estudios -ya sea una carrera técnica o universitaria- es más alto que en el caso de Pilcuyo.

De esta manera, la información muestra que pese a que las cifras referidas a la culminación del nivel primario y secundario se mantienen relativamente cercanas en ambos distritos (más allá de ser zona urbana o rural), se distancian en el nivel superior. La información sugiere que existen mayores opciones para la población urbana ilaveña en continuar este tipo de estudios. Ahora bien, las diferencias entre los niveles de educación que alcanzan los hombres y mujeres sí son bastante significativas.

En el caso de personas que finalizan únicamente la primaria, el número de mujeres que acaba este nivel es igual o mayor al de hombres en estos distritos; en el nivel secundario, la distancia empieza a marcarse y también se ven diferencias en cuanto al acceso (dependiendo la zonas de residencia), es decir, las mujeres que radican en las zonas urbanas tienen más posibilidades de concluir la secundaria que las mujeres rurales. La situación es aún más desigual en cuanto al acceso de estudios superiores, donde se ve que los porcentajes de hombres que pueden acceder o concretar este nivel son el doble que el de las mujeres.

Esta es la misma tendencia que los distritos ayacuchanos analizados, lo que muestra que más allá de las diferencias regionales, las mujeres rurales


siguen presentando diferentes dificultades para lograr mayores niveles de educación. Un tema vinculado a esta brecha, tanto en Ayacucho como en Puno (y que fue mencionado en las diferentes entrevistas), es sin duda el embarazo juvenil. Esto impacta en la vida de las adolescentes y reduce las probabilidades de continuar con sus estudios.

Otra cifra que demuestra la situación de vulnerabilidad de la población es la referente al acceso a algún tipo de seguro de salud. En ambos distritos el porcentaje de personas que no cuenta con ningún tipo de seguro es bastante alto: en Ilave el 77,7% y en Pilcuyo el 74,57%. Además, en ninguno de los distritos más del 20% de la población cuenta con el tipo de aseguramiento más extendido, el SIS. En este tema sí se ven contrastes con los distritos ayacuchanos, donde las cifras de asegurados y aseguradas son bastante altas.

Se puede decir que, en ambas regiones, el servicio de salud es más usado por las comuneras que por los comuneros. Esto no tiene que ver necesariamente con una valoración de la medicina occidental frente a la tradicional sino por factores como la presencia de los programas sociales y sus condicionalidades. Las impresiones de muchos de los comuneros sobre el servicio no es tan positiva y más bien manifiestan su preferencia por no asistir a las postas u hospitales, incluso llegando a manifestar que de asistir una persona es más propensa a enfermedades.

La presencia de programas sociales en estos distritos no es tan fuerte como en otras de la región. Además, se puede observar (ver Tabla 5) que, en comparación del caso ayacuchano, el programa Juntos no tiene tanto peso. En ese caso, considerando el total de población de los distritos ayacuchanos y el número de personas o familias afiliadas, se podía observar que su presencia era significativa. En cambio, teniendo Ilave una población de más de cincuenta mil personas, las cifras de afiliados y afiliadas no son altas. Por otra parte, Juntos en El Collao se concentra principalmente en la capital del distrito, es decir, Ilave. Los programas sociales que tienen mayor presencia son, en primer lugar, Qali Warma, luego Pensión 65 y por último Juntos.


Tabla 5: Programas sociales en los disTriTos de ilave y Pilcuyo

Programas socialesCobertura

ILAVE PILCUYO

Cuna Más


el Servicio de Cuidado Diurno181 114


de Acompañamiento a Familias0 0

Juntos

Hogares afiliados 2.475 2881

Hogares abonados 1.883 305

Foncodes

Usuarios estimados 0 0

Proyectos concluidos 0 0

Proyectos en ejecución 0 0

Hogares Haku Wiñay 0 0

+ Pensión 65

Usuarios 2.862 1.568

Qali Warma

Niños y niñas atendidos 7.667 1.107

Instituciones educativas 180 71

Fuente y elaboración: Infomidis


Siguiendo la tendencia de la provincia, la actividad principal en los distritos es la agropecuaria. En esta zona, la agricultura se caracteriza por el policultivo y la rotación de los mismos, el sistema denominado “aynocas”. La producción es principalmente familiar y presenta bajos índices de producción, orientada principalmente al autoconsumo. Hay diferentes motivos que condicionan esto: la alta fragmentación de los terrenos, la falta de infraestructura para riego, poco capital para inversión, insumos, costos, dificultad de acceso a créditos, entre otros. El tema del acceso al riego sin duda condiciona la producción; en estos distritos, la mayoría de productos son de secano (aproximadamente el 99,0% del total, en ambos distritos), en contraste al caso ayacuchano, donde se contaba con cierta infraestructura que permitía contar con productos bajo riego (IV Censo Agropecuario). Por otro lado, la ganadería tampoco es


extensiva, pero puede generar mayores ingresos que la actividad agrícola y casi siempre se orienta al ganado ovino o animales pequeños.

Es importante indicar que, según el último Censo Agropecuario, el perfil de quien realiza la actividad agropecuaria en estos distritos es también principalmente masculino. En ambos distritos, el número de productores está entre el 60,0% y 70,0%, mientras que el número de productoras es mucho menor. Ahora bien, aunque esta estadística sea oficial, la información de campo muestra que las mujeres parecen tener mucha más participación en esta actividad de lo que las cifras registran y muestran su rol central. No obstante, como se dijo, se puede acabar invisibilizando su rol, su importancia y los cambios que se vienen dando en las zonas rurales. Además, la información permite observar que los rangos de edades de los productores y productoras agropecuarias son bastante variados, la frecuencia de personas entre los 30 hasta los 69 años de edad es bastante similar.

Más allá de esta actividad, dependiendo de las comunidades, existen otras que las complementan, tales como el comercio menor, la artesanía, etc. Así mismo, es usual que algunos miembros de las familias se inserten en trabajos temporales dependiendo del calendario agrícola. La zona aymara es conocida por la movilidad de sus habitantes. Usualmente, son empleados como mano de obra no calificada en centros urbanos, trabajo en la industria agroexportadora, etc. Lo importante es comprender que los miembros de las familias hacen uso de múltiples estrategias para su subsistencia.

Con relación a los derechos sobre la tierra, tanto en Ilave como en Pilcuyo las comunidades campesinas tienen un rol central. Se debe recordar que en esta zona el sistema de hacienda no logró desarrollarse como en el norte. Actualmente, según la Dirección Regional Agraria de Puno, existen en Ilave 89 comunidades reconocidas, de las cuales 83 están tituladas; mientras que en Pilcuyo se encuentran 31 comunidades debidamente reconocidas y tituladas.

La extensión de las comunidades puneñas es, en comparación de las ayacuchanas, bastante reducida. El alto número de comunidades


reconocidas en las que se ha dividido el territorio influye en esto; por ejemplo, en Ilave la comunidad más pequeña comprende 59,65 hectáreas y en Pilcuyo 71,40. En el primer caso, la más extensa comprende aproximadamente 9.784,27 hectáreas; y en el segundo, 907,57 hectáreas. De igual manera, en este caso no hay una superposición tan marcada entre las comunidades más extensas y los distritos, como sí se pudo observar en el caso de Ayacucho. Sin embargo, sí existe una mayor superposición entre comunidades y municipalidades de centros poblados.

Los procesos de reconocimiento de las comunidades en estos distritos se dieron principalmente en dos momentos: el primero, hacia la segunda mitad de los setenta, y el segundo, hacia fines de los ochenta. En estos periodos, los procesos de reconocimiento se incrementaron considerablemente, al igual que en otras partes de Puno. Para este estudio se eligió analizar comunidades que justamente respondían a estos periodos de reconocimiento (en la Tabla 6 se podrá observar información sobre ellas). Igualmente, la mayoría de estas comunidades recibió sus títulos de propiedad recién en los noventa. Entonces, tal como ocurrió en Ayacucho, la mayoría de las comunidades puneñas tiene una vida institucional formal reciente y el reconocimiento de derechos sobre su territorio se ha concretado recién hace unas décadas, en medio de procesos a veces apresurados y no tan rigurosos.

Ya se dijo que las MCP tienen en Puno una importancia especial, esto por motivos económicos, vínculos con los gobiernos locales, pero también porque muchas veces son vistos como el inicio de procesos de más largo aliento rumbo a la distritalización. En el distrito de Ilave, existen actualmente treinta y seis MCP y en Pilcuyo ocho MCP; en ambos, son instituciones significativas en términos políticos y simbólicos.

Por otro lado, es importante llamar la atención sobre otra forma de organización presente en el distrito de Ilave. Como se mencionó, en 2004 se desarrolló uno de los conflictos sociales más críticos de los últimos años, relacionado a la gestión municipal de entonces. Una de las cosas que mostró este conflicto fue el grado de organización de los tenientes


y tenientas gobernadoras, comunidades campesinas y MCP de las zonas rurales, el cual permitió que las acciones de protesta se mantuvieran por muchas semanas y prácticamente paralizara la zona sur.

Tabla 6: comunidades Puneñas seleccionadas: exTensión, reconocimienTo y TiTulación

Distrito de Ilave

Lugar Tierras (has)Fecha de reconocimiento

Fecha de titulación

Ancasaya 446,67 Junio de 1978 Junio de 1995

Conchaca 596,16 Junio de 1987 Diciembre de 1996

Huancarani 448,44 Octubre de 1985 Marzo de 1995

Huaracco 947,60 Abril de 1977 Junio de 1994

Mañazo 244,85 Marzo de 1987 Marzo de 1995

Distrito de Pilcuyo

Sarapi Arroyo 773,12 Octubre de 1975 Junio de 1994

Marcuyo 806,37 Octubre de 1975 Junio de 1994

MullacaniI 907,57 Junio de 1987 Diciembre de 1995

Jilamaco 835,40 Marzzo de 1969 Diciembre de 1995

Sucano 481,50 Agosto de 1986 Enero de 1995

Fuente: Las comunidades campesinas en la región Puno-ALLPA 2009 Elaboración propia


Luego de este confl icto se formó una organización que buscaba seguir articulando a esos actores y ser reconocida por las autoridades municipales. Esta se basó en las tres subzonas geográfi cas que caracterizan la provincia, denominadas por la población como zona alta, media y lago; además, se identifi có a la zona urbana como independiente. De esta manera, se creó una organización dividida en zonas que a su vez se componen por subzonas; por ejemplo, la zona alta está dividida en cuatro subzonas, la media en seis y la circunlacustre o lago en tres. Un ejemplo para tener una idea de la composición de actores dentro de las subzonas: la subzona tres de la zona media está compuesta por diez comunidades y tres centros poblados. Esto muestra cómo esta organización busca articular a actores de distinta naturaleza más allá de los espacios de participación formal, dándole mayor legitimidad desde el punto de vista de la población.

Cada subzona tiene una dirigencia, un grupo de autoridades que responden a las autoridades de cada una de las tres zonas. Estas últimas, según se indicó, son reconocidas por la municipalidad provincial mediante una resolución municipal, pero las autoridades de las subzonas son reconocidas mediante actas internas de la organización zonal. Cada uno de estos niveles se reúne, por separado, por lo menos una vez al mes y las reuniones de dirigencias interzonales se dan dependiendo el contexto o urgencia. Además, es pertinente añadir que existen dentro de esta organización dos ejes temáticos de trabajo que van más allá de la división zonal y articulan a las diferentes autoridades: el económico y el social.

La idea de esta organización es participar en los asuntos públicos y tener un rol activo en el desarrollo de su territorio, buscando


representar a los diferentes actores políticos del área rural. Por lo que se ha podido observar, esta es una organización que tiene una relevancia particular en las dinámicas políticas locales, al punto de ser reconocida formalmente. Entonces, siendo un espacio tan relevante surge la pregunta: ¿La participación de mujeres y hombres es similar en estos espacios? Aunque algunas autoridades afi rmaron que se buscaba equidad de género, eran conscientes que el machismo aún permanecía y que la participación femenina en general era mucho más baja que la masculina.

Hasta el momento, ninguna mujer ha asumido algún cargo presidencial, pero sí algunos cargos de menor trascendencia en las subzonas. Así mismo, según estimados de uno de los presidentes zonales, la asistencia de mujeres a las reuniones mensuales o de coordinación representa entre el 20,0% y el 30,0%, siendo mujeres viudas y madres solteras las que asisten principalmente, pues de otra manera asiste el varón en representación de la familia.

Por último, hay un tema que en estos distritos no tiene tanta relevancia —a diferencia del caso ayacuchano—, que es el porcentaje de población evangelista. En ambos distritos, la población que profesa la religión evangélica no supera el 13,0%, siendo bastante diferente a la realidad ayacuchana.

Lo descrito en esta sección ha permitido tener una idea de los diferentes contextos donde se insertan las comunidades analizadas, siendo central para comprender las dinámicas comunales. A continuación, en el siguiente capítulo se buscará abordar algunos temas centrales para las comunidades y observar la participación de las mujeres en ellos.


coMunidades caMPesinas: tendencias GeneraLes Y ParticuLaridades LocaLes

III


En este capítulo se buscará abordar algunos de los temas que se consideran

claves para conocer más de cerca los marcos institucionales de las comunidades campesinas, sus características políticas y organizacionales, pero también dar luces

sobre las características de las familias comuneras, tratando de reconocer en

todo momento el rol diferenciado de comuneros y comuneras.

Esta información brindará una aproximación general sobre la realidad

comunal más allá de las diferencias regionales, pero también buscará

resaltar algunas particularidades.

sobre las características de las familias comuneras, tratando de reconocer en

todo momento el rol diferenciado

aproximación general sobre la realidad comunal más allá de las diferencias

regionales, pero también buscará resaltar algunas particularidades.

regionales, pero también buscará resaltar algunas particularidades.


3.1 Documentos comunales

Las comunidades cuentan con una serie de documentos que forman parte de su vida institucional y validan su existencia formal, entre los principales se encuentran los que otorgan su reconocimiento, estatutos, padrones comunales, títulos de propiedad e inscripción de las directivas en la SUNARP. Se ha podido observar que todas las comunidades analizadas están debidamente reconocidas. Ahora bien, aunque casi el total de las comunidades campesinas en ambas regiones haya logrado efectivamente su reconocimiento —sobre todo durante la década de los ochenta, como se pudo ver secciones atrás—, se ha podido identifi car que aún unas pocas esperan por él.

Usualmente, estas últimas han surgido tras procesos relativamente recientes, de “desmembramiento” o separación, es decir, son anexos o sectores que forman parte de una comunidad mayor que buscan constituirse como independiente. Esto muestra que aún persiste esa tendencia en los dos casos más allá de sus características territoriales. Entre los principales motivos para esta separación, se encuentran la búsqueda por el reconocimiento formal, una comunicación más directa (no solo con los agentes estatales sino también privados, dependiendo el caso), por el centralismo percibido por la población de los anexos, entre otros. Además, en el caso puneño este reconocimiento se ve relacionado, en muchos casos, a una expectativa mayor de lograr convertirse en una MCP, lo que no ocurre en Ayacucho.

Todas las comunidades campesinas reconocidas cuentan con estatutos dado que son requisitos indispensables para su reconocimiento formal. Según la Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24656, el estatuto es el documento que “regirá su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades”. Por ello, se esperaría que estos hubieran buscado recoger justamente las características del contexto comunal y responder a las dinámicas comunales; no obstante, en la mayoría de casos no es así. Estos resultan ser el producto de la unión de


diferentes fragmentos de la Ley Nº 24656 o de su reglamento, copiados sin modificación alguna.

Ahora bien, hay que considerar que los procesos de reconocimiento de los derechos de la población indígena y/o campesina vinculados a la tierra han supuesto el cumplimiento de una serie de requisitos y acciones que no necesariamente son parte de sus dinámicas y prácticas. Por ejemplo, las normas que regían (o rigen) sus prácticas cotidianas pasaban más por ser acuerdos hablados o tácitos, reforzados por la acción y costumbre. Sin embargo, los procesos de reconocimiento e institucionalización de las comunidades campesinas plantearon la existencia de documentos —como los estatutos— con el fin de que los derechos y deberes al interior de estas quedaran más claros. Entonces, legalmente se le otorgó a los estatutos un peso central, pero en la práctica muchas veces los comuneros y comuneras desconocen su importancia para la vida comunal, para hacer efectivo sus derechos, y menos aún, tienen noción del contenido de los mismos.

De igual manera, la elaboración de un estatuto requiere de conocimientos específicos, hasta se podría decir especializados, con los que no necesariamente cuentan los comuneros o comuneras. Es necesario recordar que pese a que las cifras de acceso a la educación y analfabetismo han venido mejorando considerablemente en las últimas décadas, aún se observan desigualdades y limitaciones persistentes para un gran sector de la población rural. Estos indicadores sugieren las posibles dificultades que pueden tener las comunidades para la elaboración de estos documentos.

Además, tomando en cuenta las características de los procesos de reconocimiento —es decir, considerando que han sido procesos que no han sido sostenidos en el tiempo sino que han respondido a gobiernos específicos o voluntad política puntual—, estas optaron en muchos casos por aprovechar el escenario y cumplir con lo solicitado, encargando la elaboración de los estatutos a terceros (externos) que tuvieran el conocimiento para ello, aunque no necesariamente conocieran la realidad comunal. Más allá de que varias comunidades buscaran responder a la


coyuntura, estas han tenido la posibilidad, de así decidirlo, de modificarlos posteriormente. No obstante, en general esto no ha ocurrido.

Usualmente, los estatutos comunales analizados son los mismos desde que las comunidades fueron reconocidas; entonces, en la mayoría de los casos tienen más de treinta años. Estos no han sido modificados, a pesar que los contextos comunales han venido cambiando debido a que, como se ha visto, se han dado significativos procesos de migración, pero también de retorno, surgimiento de municipalidades distritales o de centros poblados, presión por los recursos naturales, entre otros. Ahora bien, en el caso de las comunidades seleccionadas se pudo encontrar que un par en Ayacucho sí los habían modificado recientemente, pero en Puno esto era aún menos frecuente.


Así mismo, se ha podido identificar que los estatutos (antiguos o recientes) carecen de un lenguaje inclusivo. En ninguna parte de los textos se hace referencia a las comuneras, por lo que es usual encontrar frases como “para tener la condición de comunero”, “son los derechos de los comuneros”, “para ejercer, los comuneros”, etc. Estos no visibilizan a las comuneras y sus derechos. Varias de las autoridades entrevistadas manifestaron que estaban de acuerdo en que esto debía replantearse y que queden explicitados los derechos de hombres y mujeres. Pero tampoco han habido acciones claras para fomentar esos cambios.

Por otro lado, según el Artículo 24 del reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas, el padrón comunal es el registro de comuneros que tiene como fin registrar por lo menos la siguiente información: nombres, fechas de admisión, domicilio, actividad e información si ocupa algún cargo en la comunidad. Se dice también que son comuneros “cualquiera sea su lugar de residencia, los nacidos en la Comunidad, los hijos de comuneros y las personas integradas a la Comunidad”. Además, el padrón debería ser actualizado cada dos años y ser parte él es uno de los requisitos para poder tener la capacidad de elegir y ser elegido o elegida al interior de la comunidad.

Si bien el marco normativo establece que el padrón será compuesto por “los comuneros” en general (es decir, por las personas que son parte de la comunidad), lo que se observó en la práctica es que no en todos los casos ocurre. En las dos regiones se ha podido identificar dos escenarios: aquellas comunidades donde el padrón está compuesto por todas las personas, hombres y mujeres mayores de edad (incluso niños y niñas) de la comunidad; y otros casos donde únicamente la persona considerada como jefe de familia figura en los padrones. Usualmente, son los hombres, pero también en otros casos aquellas mujeres que son madres solteras o viudas. En este sentido, las mujeres jóvenes que no estén casadas dependerán de sus padres y las casadas de sus esposos.

Esta última lógica está vinculada a los procesos de reconocimiento inicial de las comunidades campesinas, antes denominadas indígenas, en los


años veinte o treinta, donde la participación o adscripción a la comunidad era pensada como familiar y así era estipulada. Por ello, los padrones se componían por quienes encabezaban las familias, ofreciendo esto —desde el punto de vista de algunas familias comuneras— beneficios como el compartir las responsabilidades comunales (ser autoridad, hacer las faenas, pasar cargos en las fiestas, etc.). Esto ha generado que en muchos casos se opte por mantener esta práctica. Aunque esto puede verse como algo positivo en términos funcionales, se verá más adelante cómo esto puede terminar afectando a las comuneras en relación a sus derechos políticos y acceso a la tierra.

También se debe tener en cuenta que recién hace unas décadas se empieza a introducir en el país el tema de la ciudadanía y la búsqueda por la igualdad de género. Por ello, recién algunas comunidades creadas en este contexto empezaron a apostar por un empadronamiento individual, donde aparecen hombres y mujeres; este es un proceso aún en marcha. Además, se debe tener claro que tener padrones de este tipo —como se verá— no supone que en lo concreto existan los mismos derechos para hombres y mujeres en la comunidad. Se puede tener un padrón individualizado, pero aún se mantienen nudos que excluyen a las mujeres de sus derechos.

De igual modo, hay casos donde se mezclan ambas lógicas. Según los estatutos de algunas comunidades puneñas, los padrones tienen dos secciones: la primera, donde están inscritas todas las personas de la comunidad; y la segunda, donde aparecen únicamente los comuneros o comuneras calificados.

Los padrones analizados también muestran que la información mínima requerida por los marcos normativos no está siendo recogida sino más bien estos recogen los nombres, fechas de nacimiento, números de documento de identidad y firmas. Del mismo modo, algunos estatutos en el caso de Ayacucho establecían que los padrones debían registrar la extensión de tierras que usufructúan con riego y secano los comuneros y comuneras, información que sería de mucha ayuda para visualizar


la distribución de la tierra al interior de las comunidades, pero esta información no es finalmente recogida.

Tampoco los padrones vienen siendo verdaderamente actualizados cada dos años. Se dice que este se actualiza, pero en la práctica muchas veces las modificaciones son mínimas o inexistentes, por lo que no siempre se tiene información actualizada de las personas que componen efectivamente la comunidad y que habitan o no la comunidad.

Por otro lado, los títulos de propiedad de las comunidades campesinas son los documentos más importantes para estas, en tanto suponen el reconocimiento frente al Estado de sus derechos sobre la tierra. Si bien todas las comunidades de la muestra contaban con ellos, aún en ambas regiones se mantienen porcentajes significativos de comunidades que carecen de ellos. Por ejemplo, en el caso de Puno aún aproximadamente el 16,0% del total de la región está en espera de su titulación, mientras que en Ayacucho esta cifra es el doble1. En los últimos años, en ambas regiones, los avances en materia de titulación comunal han sido mínimos. Esto está relacionado a las pocas capacidades institucionales de las direcciones regionales agrarias, pero también a la falta de un acompañamiento efectivo y sostenido del Ministerio de Agricultura y Riego.

Ahora bien, otro tema que pudo identificarse es que el título de propiedad comunal no supone que las comunidades tengan claridad total sobre la extensión de las mismas. Muchas veces, pese a contar con este reconocimiento, estos documentos no son claros sobre sus linderos o límites con otras comunidades. De esta manera, se han observado tensiones y conflictos constantes entre comunidades colindantes en ambas regiones. Es preciso recordar que las comunidades estudiadas no se encuentran precisamente en zonas caracterizadas por una fuerte presencia de actividades extractivas o empresas en operación; se dice esto pues muchas veces se asume que los conflictos entre comunidades

1 Según información proporcionada por las Direcciones Regionales Agrarias a junio de 2014.


tienen que ver principalmente con el interés económico originado por los ingresos que genera esta industria, pero no es el caso. Las tensiones más bien tienen que ver con el reconocimiento de sus derechos, la escasez de tierras para las familias comuneras, procesos de distritalización en curso, entre otros.

La falta de claridad y precisión sobre los límites tiene que ver con distintos factores, entre ellos la forma de recojo de información de campo, la tecnología empleada, la falta de los procesos de “amojonamiento” o deslinde en el campo, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, como se describió antes, el proceso de violencia política afectó duramente la región, por ende también se vieron afectados los procesos de titulación, pues muchas veces se tituló sin contar con toda la información de campo necesaria o sin realizar todos los pasos estipulados, dado que el contexto no lo permitía, resultando ser más un trabajo de escritorio.


Por último, ninguna de las comunidades estudiadas contaba con títulos de propiedad georreferenciados, es decir, la localización y extensión de sus tierras no está en ningún Sistema de Información Georreferenciado (SIG). Se estima que del universo de comunidades tituladas en el país, alrededor del 61,5% no están georreferenciadas; si a eso se le suman las comunidades no tituladas, el universo es aún mayor (CEPES 2013).

Por otra parte, si bien la mayoría de directivas comunales se encuentran registradas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), en tanto es central para poder ser reconocidas formalmente y ejercer cualquier función de representación frente a los gobiernos locales u otras instituciones, otras no logran realizar el trámite, teniendo entre los principales motivos el desinterés de las autoridades, distancias para realizar el trámite o porque, como ocurre en el caso de algunas comunidades puneñas, se toma la decisión de que las directivas se cambien en la práctica una vez al año debido a que el ejercicio del cargo por dos años ocupa mucho tiempo y responsabilidad.

Esto significa que, considerando el gasto de inscripción que se tendría que hacer cada año, se opta por validar ese cambio solo internamente. La siguiente cita de una presidenta comunal puneña muestra la percepción sobre el ejercicio del cargo por dos años:

Cuando es un presidente o presidenta dos años, es largo y esa persona tiene que trabajar; tener cargo en la comunidad es dar tiempo completo, hay reuniones de emergencia, hay problemas, entonces dos años es mucho, internamente hacemos eso cada año, pero estatutariamente es cada dos años.

Entonces, formalmente mantienen una directiva por dos años pero internamente esta cambia. Esto muestra que hay, en algunos casos, cuestionamiento por asumir y ejercer los cargos comunales en tanto demandan mucho tiempo para cumplir con las obligaciones.


3.2 Dinámicas, políticas internas y el lugar de las comuneras

Además de los documentos, se ha creído pertinente dar una mirada general a la situación de las comuneras en los procesos y espacios formales que según la normativa vigente cumplen un rol importante en la vida política comunal. Si bien se sabe que no son los únicos espacios donde se visibilizan y concretan las relaciones de poder, siguen siendo simbólicamente importantes. A continuación, se analizará los procesos de elección de autoridades y las asambleas comunales, más adelante se entrará en detalle sobre las posibilidades de las comuneras al acceso a los cargos comunales, en tanto este tema se vincula a sus posibilidades de tener un rol efectivo en la gestión de la tierra y control de la tierra y recursos de las comunidades.

Tanto en la Ley General de Comunidades como en su reglamento se establece que los miembros de la comunidad que estén califi cados o califi cadas son quienes podrán ejercer plenamente sus derechos políticos al interior de las comunidades. Uno de los requisitos para esto, como ya se dijo, es ser parte del padrón comunal, pero según lo analizado existen dos tipos de padrones. Por un lado, aquellas comunidades donde los padrones están compuestos por quienes representan a las familias, en este caso ya se sabe que quienes tendrán sus derechos reconocidos serán principalmente los hombres casados o un número reducido de mujeres viudas o madres solteras. Por otro, padrones donde aparecen todos los miembros de la comunidad. En ambos casos se sabe que el estado civil infl uye en el grado de ejercicio de sus derechos, es decir, las mujeres son conscientes de que si son madres solteras o viudas podrán tener mayor probabilidad de ser parte de estos procesos sin problema. Por ejemplo, una comunera viuda de la comunidad ayacuchana de Pacurí establece:

Las mujeres viudas y madres solteras somos comuneros activos y participamos igual que el varón en las elecciones.


En el caso de las comunidades con padrones conformados por individuos, votarán tanto hombres como mujeres, obligatoriamente, mayores de dieciocho años, siendo esta una práctica que empieza a expandirse, y según lo observado es más común en el caso ayacuchano. Lo paradójico es que, a diferencia de Puno, ahí no se encontró mujeres que ejercieran cargos principales dentro de las comunidades. Esto quiere decir que pueden tener tal vez la posibilidad de ejercer su derecho de voto, pero no significa que tengan aún la totalidad de sus derechos como para ejercer la participación política como autoridades debido a diversas costumbres o prejuicios.

En Ayacucho se identificaron algunos casos donde además de estos dos escenarios existían una especie de escenarios híbridos donde todas las personas de la comunidad votaban pese a no estar en el padrón, pero solo se les reconocía ese derecho; es decir, solo contar con la capacidad de elegir, pero no de ser elegidos o elegidas. Esto está relacionado con los procesos de democratización en los espacios rurales, aún incompletos, y la coexistencia de diferentes lógicas políticas, cuyos resultados dan situaciones híbridas como esta.

Se han podido observar tres formas de elección: a mano alzada, voto secreto o por rotación. La primera es una de las más antiguas, es el voto público hecho en asamblea, siendo cada vez menos común (aunque según la normativa el voto debería ser secreto). La segunda se encuentra vinculada a la idea de sufragio secreto y los procesos de elección municipal, pero debe quedar claro que este modo no supone que todos o todas voten sino que en algunos casos solo lo hacen quienes tienen la jefatura de familia. Por último, la rotación, más que una forma de elección participativa es un sistema de sucesión de cargos entre las familias que son parte de la comunidad y poseen parcelas.

Esto significa que todas las familias deben asumir cargos en las juntas directivas siguiendo un rol establecido. No hay una postulación o elección entre candidatos o candidatas, salvo excepciones, sino que se sabe a “quién le toca” o quién debe asumir el cargo debido a acuerdos


sociales tácitos. El cargo usualmente lo ocupa quien tiene la jefatura de la familia, pero en la práctica suele ocurrir que otra persona de la familia puede ejercer el cargo si es que el titular no se encuentra en la comunidad permanentemente, incluso mujeres y a pesar que no se encuentren necesariamente en el padrón, pues es visto como un cargo de representación de quién tiene efectivamente el cargo.

La última es una práctica muy común en Puno: a diferencia de Ayacucho, en todos los casos estudiados en esta región se comprobó que la elección de las autoridades comunales era por esta vía. También se afirmó que cada vez aumentan los problemas para que las familias asuman los cargos debido a que implican una gran responsabilidad y permanencia en la comunidad.


Los diferentes procesos y formas de elección identificados en las comunidades de Ayacucho y Puno muestran los diversos escenarios comunales y los diferentes grados de reconocimiento de la participación de las mujeres en la política comunal, dependiendo el caso.

En cuanto a las asambleas comunales, éstas siguen cumpliendo un rol en tanto ahí se discuten y toman decisiones vinculadas a las tierras comunales y familiares, las responsabilidades o deberes de las familias comuneras, la gestión de recursos dentro del espacio comunal, etc. No obstante, los cambios antes señalados en los espacios rurales en las últimas décadas —tales como la mayor presencia de las municipalidades, la presencia de los programas sociales, etc.— han generado que otros espacios sean considerados también como centrales para la población rural comunera y han replanteado las dinámicas políticas. Más allá de esto, en esta sección se verá la participación de las mujeres en los espacios de poder tradicionalmente relevantes y establecidos como los órganos máximos de gobierno comunal.

Se puede decir que según el marco normativo todos los comuneros y comuneras tienen el derecho de asistir a las asambleas y derecho de voz, de expresar sus opiniones, pero usualmente aquellas personas que figuran como comuneros o comuneras calificados son las que tendrán derecho de votar sobre los asuntos discutidos en ellas. En otros casos, como se pudo observar en ciertos estatutos de comunidades en Ayacucho, no solo se debía contar con ese status sino además con el de ser comunera o comunero “hábil”. Esto implica que para contar con el derecho de participar en las asambleas con voz y voto se tenía que cumplir con algunas obligaciones tales como asistir a las reuniones y asambleas, trabajar las parcelas, ir a las faenas comunales, realizar aportes cuando la comunidad lo estipulaba, entre otros.

Entonces, en primera instancia, la participación de las mujeres en las asambleas no está limitada, pero se establecen ciertos códigos, más allá de los marcos normativos, que impiden el acceso de las mujeres a estos espacios. Por ejemplo, en Ayacucho se pudo recoger en ciertas comunidades


que por acuerdos —no necesariamente escritos— a los que se llegó en asamblea, la participación en estos espacios era principalmente para los hombres. También en esta región se observó que en otras comunidades la participación de las mujeres dependía del tipo de asamblea que se llevará a cabo. Por ejemplo, si la asamblea era ordinaria era principalmente para los hombres, en tanto estos son usualmente los jefes de familia, pero si eran extraordinarias podían participar hombres y mujeres2.

Esto tal vez tenga que ver con que las asambleas ordinarias son convocadas con semanas de anticipación y permite que quienes tienen la jefatura familiar, pese a que estén fuera de la comunidad ya sea por motivos laborales u otros, retornen para ellas. En cambio, en el caso de las extraordinarias, pueden surgir en cualquier momento, y dado que se necesita abordar una problemática de manera rápida, se necesita que asista alguien de la familia.

Lo particular en el caso ayacuchano es que, tal como se vio, estas zonas han sido afectadas por la violencia política y considerando las características de este periodo; muchas veces el porcentaje de población femenina en estas comunidades es mayor que la masculina, y pese a esto, está excluida siquiera de participar en estos espacios. Además, debido también al proceso de violencia política, varias de estas mujeres se vieron obligadas a dejar sus comunidades para asentarse en las zonas urbanas, adquiriendo conocimientos y experiencias en organizaciones barriales o de afectados y afectadas por el proceso de violencia que podrían ser de suma utilidad para las organizaciones comunales.

En Puno no se identificaron situaciones donde se hiciera explícito que la participación en las asambleas —de cualquier tipo— sean primordialmente para hombres. En las entrevistas realizadas se indicó que lo que importaba era que siempre asista por lo menos un representante por familia, sea hombre o mujer. La decisión pasa, entonces, por la familia, aunque

2 Según la Ley General de Comunidad Campesinas, las asambleas ordinarias son las que deben llevarse por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen.


claro, internamente se sigue considerando que la jefatura del hogar y la representación son ejercidas principalmente por el hombre (esposo o padre), salvo en aquellos casos donde las mujeres son madres solteras o viudas. Ahora bien, el hecho de que los hombres asistan no supone que las mujeres no puedan asistir. Una presidenta comunal puneña cuenta:

Cuando no está el esposo, las señoras asisten y cuando están los esposos también ellos… nosotras también participamos, tenemos todos los derechos.

Debe considerarse que la zona aymara se caracteriza, como se dijo, por contar con una población con una alta movilidad y, dependiendo del momento del año, los jefes de familia, sobre todo, salen de las comunidades en búsqueda de trabajos temporales. De esta manera, quienes permanecen más en las comunidades son las mujeres, y por ende, muchas veces acaban asistiendo más veces a estas reuniones. No obstante, esto no supone tampoco que tengan una participación activa. Por lo que pudo observarse, es usual que aunque asistan pocos hombres (en relación al número de mujeres), estos tiendan a concentrar las intervenciones. Aunque en el caso de Puno, en algunas comunidades, varios comuneros establecieron que han habido cambios en los últimos años, pues las mujeres participan más, ya no son tan tímidas ni se ponen nerviosas y han venido ganado experiencia.

Más allá de los cambios positivos en estos casos y pese a que se reconozca a un grupo de mujeres comuneras su participación formal (pero teniendo como filtro su estado civil), en general, las mujeres en las asambleas no tienen la posibilidad de una participación igualitaria, siendo aún espacios principalmente masculinos. Esto no tanto por el número de hombres asistentes —porque, sin duda, los procesos de migración permanente y temporal han venido influyendo y produciendo que las mujeres permanezcan más tiempo en las comunidades y sean quienes asistan muchas veces más a estas reuniones— sino por la participación desigual, los prejuicios persistentes a la participación de las mujeres y por el peso que siguen teniendo los varones en las tomas de decisiones. Las siguientes citas de algunas comuneras ayacuchanas son ilustrativas al respecto:


La participación de la mujer es muy poca dentro de la asamblea, nos ven que nuestras opiniones no valen.

En las asambleas participan los varones, cuando las mujeres participamos nos ven diferente, no nos toman en cuenta. Por eso ya no vamos, como viuda voy, pero no opino, van también las casadas, las madres solteras, en cambio si nos reunimos entre mujeres sí hablamos, opinamos, eso sí es diferente.

Pocas mujeres opinamos, dos a tres mujeres, siempre nos tratan que somos problemáticas pero entre mujeres, como en Juntos, sí participamos, opinamos. Yo también tenía miedo pero poco a poco supe opinar.

Las citas no solo muestran cómo la participación de las mujeres es aún descalificada sino también cómo vienen encontrando otros espacios u organizaciones donde pueden opinar, participar, proponer, sintiéndose cómodas y escuchadas. En Ayacucho, sobre todo, se mencionó las organizaciones relacionadas a los programas sociales, con especial énfasis en Juntos, y también a otras del tipo mesas de concertación, que buscaban aglutinar diferentes actores.

Más allá de la participación, un tema importante es el del derecho al voto en las asambleas. Tal como se indicó, la normativa no establece necesariamente ninguna prohibición para que las mujeres puedan lograr este derecho, pero tampoco es claro sobre el mismo. Como se ha visto, aún es difícil de conseguir para la mayoría de comuneras que no son madres o que no están viudas.

Es necesario agregar que se sabe que la participación efectiva en las asambleas comunales o el voto en ellas no son la única manera de medir el rol o la importancia de las mujeres en las dinámicas comunales (sino daría la impresión que estas no cumplen ninguno), pero era necesario observar su participación en estos espacios formales. Más adelante se irá viendo otros ámbitos donde se podrán hacer visibles sus aportes.


3.3 Trabajo y deberes comunales: la participación de las comuneras

La vida comunal implica, entre otras cosas, ser parte de una propiedad colectiva reconocida por el Estado (Diez 1999), compartiendo una serie de derechos y deberes al interior de ella. Usualmente, las comunidades campesinas se caracterizan por contar con sistemas de tenencia que combinan la posesión familiar y comunal de tierras, pero no contar con estas últimas no defi ne, como se verá, su existencia. Las tierras comunales son responsabilidad de la organización comunal y sus autoridades quienes estipulan cuál será su uso y las responsabilidades de los comuneros o comuneras en relación a ellas. Al mismo tiempo, más allá de los deberes relacionados a estas tierras, la comunidad establece habitualmente la realización de actividades o acciones en favor del colectivo de manera gratuita. El tipo de actividad o tareas dependerán sin duda del contexto y las características particulares del territorio de cada comunidad.

Desde hace años, diferentes estudios han manifestado que hay una crisis en el cumplimiento de estos deberes o faenas comunales, como son denominadas. Las personas más jovenes —o también aquellas con mayor movilidad entre el espacio rural y urbano— las cuestionan y ya no quieren continuar con ellas; esto se pudo recoger en diferentes comunidades tanto en Ayacucho como en Puno. La siguiente cita de un comunero puneño muestra estos cambios:

Los jóvenes de hoy peor… no quieren ayudar porque estudian, tienen otra idea, no piensan comunalmente, son más individualistas. Los que vienen de la ciudad ya no quieren trabajar en las faenas, ni actividades de la comunidad.

Aunque son evidentes las transformaciones y diferencias entre generaciones, tampoco se puede negar que hasta el momento las faenas y otras actividades comunales siguen siendo parte de las dinámicas de muchas comunidades (ver Tabla 7). La Ley General de Comunidades,


Artículo 22, establece que este trabajo o actividades se efectuarán voluntariamente a cambio de los beneficios que señale el estatuto de cada comunidad. En los diversos estatutos analizados se pudo observar que el cumplimiento de estas faenas o deberes son requisito para que


los comuneros o comuneras puedan muchas veces ejercer sus derechos. Las directivas siguen buscando diversos mecanismos para que las familias comuneras cumplan con ellas. Entonces, el trabajo o aporte de cada familia no es tan voluntario, pues de no hacerlo existen sanciones que pasan no solo por restringir derechos de los comuneros o comuneras sino también por otro tipo de sanciones, como las monetarias.

Teniendo en cuenta estos factores, se buscará explicar en general la situación de los deberes sobre las tierras comunales, las faenas comunales y otras actividades de este tipo consideradas importantes por estas organizaciones, y el rol de las mujeres en relación a ellas.

Como se dijo, no necesariamente todas las comunidades cuentan con tierras comunales. El crecimiento demográfico de las comunidades y su extensión ha llevado en algunos casos a tomar decisiones sobre estas, optando por repartirlas entre quienes no contaban con ellas. La Tabla 7 muestra cómo, de la muestra analizada, tres comunidades ya no cuentan con terrenos comunales: dos en Puno y una en Ayacucho. En el caso puneño, se debe tener en cuenta que la extensión de las comunidades aymaras es pequeña en comparación a las ayacuchanas; y por ende, la presión sobre las tierras es mayor. También puede observarse que el hecho de que no cuenten con tierras para uso comunal no ha supuesto el fin de las faenas u otras tareas encomendadas por la organización comunal.

En los casos de aquellas comunidades que cuentan con tierras comunales, el uso depende de las características del territorio. Por ejemplo, si se observa la Tabla 7, en Ayacucho el uso es principalmente agrario, y es además la actividad económica principal en estas comunidades, debido a su altitud, acceso al riego, entre otros. Las tierras comunales son usadas para sembrar diversos productos que pueden repartir entre las familias, aumentando la producción y reservas de las familias, o vender en los mercados locales con el fin de generar pequeños fondos para la organización comunal o para dividir entre las familias.


En la mayoría de comunidades ayacuchanas se dijo que estas tierras eran trabajadas por hombres y mujeres. No obstante, entrando más a detalle casi siempre se referían a las personas que estaban calificadas, por tanto, no a todas las mujeres. Si bien algunas tareas vinculadas al trabajo de estas chacras pueden ser físicamente demandantes, las mujeres buscan participar en ellas del mismo modo que los varones. La siguiente cita de una comunera lo muestra:

En las tierras comunales también participamos las viudas, a nosotras sí nos reciben porque somos socias titulares, pero no igualamos con las fuerzas del varón, trabajan como retarnos y nosotros los seguimos.

Aunque las comuneras busquen realizar todas las actividades, se establecen en muchos casos tareas específicas para cada persona, dependiendo del sexo. Ahora bien, más allá de estas, hay situaciones donde las tareas se vienen replanteando debido a las migraciones a las zonas urbanas u otros factores. Cabe precisar que de no estar presentes los comuneros o comuneras calificados también hay mecanismos que permiten, muchas veces, ser reemplazados por sus parejas o el pago de multas, pero en general la tendencia es buscar que el o la jefa de familia cumpla con su deber.

En el caso de las tierras de las comunidades puneñas analizadas, estas son más bien empleadas para otros fines, no necesariamente agrícolas. Esto no quiere decir que en la zona aymara eso no ocurra, se sabe que esta se caracteriza también por ser una actividad importante y por contar con sistemas de aynocas o rotación de cultivos. La actividad principal, como puede verse en la Tabla 7, es la ganadería, debido a las condiciones geográficas, acceso a riego, altitud, entre otros. La extensión de pastos naturales en estas comunidades es más grande que la zona agrícola, la cual está principalmente bajo posesión de las familias.

En este sentido, las tierras comunales son usadas esencialmente para el pastoreo de animales, pero esto no significa que las comunidades tengan necesariamente ganado o animales. Los pastos son para uso de las familias y el acceso a ellos es regulado de manera general por la comunidad.


Entonces, aquí se establecen otras actividades en conjunto tales como la limpieza de terrenos, lavado de ganado, entre otros, habiendo una participación más equitativa. Sin embargo, se verá la importancia de las comuneras en el cuidado del ganado y pastoreo al interior de las familias en la siguiente sección. También se identificó que las tierras comunales eran usadas como espacio para reuniones y recreación comunal (campeonatos deportivos, celebración de fiestas locales, etc.).

Entonces, se puede establecer diferencias: en el caso de Ayacucho, las faenas comunales están relacionadas primordialmente con la agricultura y todo lo relacionado a ella (siembra, cosecha, limpieza de acequias, etc.); y, en segundo lugar, con actividades para el mejoramiento de infraestructura o bienes comunales (arreglo de caminos, puentes, construcción de locales comunales, etc.). Mientras que en Puno, las faenas o tareas están vinculadas más bien con el ganado y su cuidado, y en segundo plano, con el mejoramiento de infraestructura o espacios comunales. En el primer grupo resaltan las acciones de vigilancia implementadas por las comunidades, conformando una especie de sistema de vigilancia. Este está compuesto por un grupo de personas (el número depende de la extensión de la comunidad) que representan a familias y cumplen con un cargo semanal que consta en el cuidado de los terrenos y el ganado.

El deber de estas personas es recorrer toda la comunidad, observar la situación de las tierras y pastos, viendo si hay problemas con el ganado (abigeato, transgresión de posesiones familiares, etc.). Lo particular de esto es que en estas comunidades puneñas, quienes cumplen con esta labor comunal son mayormente las mujeres, debido a su mayor permanencia en la comunidad y también a su vínculo con el cuidado del ganado.

Más allá de estos casos, se podría decir que en general la participación de las mujeres en las faenas comunales sigue estando formalmente destinada a las mujeres que son jefas de familia. Así mismo, si bien en algunos casos se vienen diversificando las tareas asignadas a ellas, se pudo recoger que muchas veces se les sigue asignando labores vinculadas a la elaboración de alimentos o provisión de ellos para quienes realizan estos trabajos comunales.

102 Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias De comuneras quechuas y aymaras

Tabla 7: dinámicas comunales y acTividades económicas

Región / distrito

Nombre de la comunidad

Existen tierras comunales

Por qué no hay Cómo se utilizan Realización de faenas comunales Principal actividad económica de la

comunidad

Ayacucho / Socos

Luyanta No Ya no quedan Arreglo de caminos y puentes, limpieza de acequia Agricultura y ganadería

Maucallacta Sí Agricultura Siembra, cosecha, limpieza de acequias Agricultura y ganadería

Pacuri Sí Agricultura Siembra, limpieza de acequias Agricultura

Socos Sí Agricultura y pastoreo Limpieza de acequias Agricultura

Ayacucho / Vinchos

Pacha Sí Agricultura y forestación Arreglo de caminos y puentes, limpieza de acequias Agricultura y ganadería

Vinchos Sí Agricultura y rotación entre comuneros Limpieza de acequias Agricultura, comercio y construcción

Rosaspata Sí Agricultura Siembra y cosecha, limpieza de acequias Agricultura y ganadería

Anchachuasi Sí Agricultura Limpieza de caminos y acequias Agricultura y ganadería

Sallali Sí Agricultura Siembra, limpieza de acequias Agricultura

Puno / Ilave

Ancasaya Sí Pastoreo Arreglo de caminos Ganadería

Conchacca No Ya no quedan No Ganadería

Huancarani Sí Arreglo de caminos Ganadería

Huaracco Sí Reuniones y recreación comunal No Ganadería

Mañazo Sí Agricultura No Agricultura y ganadería

Puno / Pilcuyo

Sarapi Arroyo Sí Pastoreo Vigilancia Ganadería

Marcuyo Sí Pastoreo Obras Ganadería

Mullacani No Ya no quedan No Ganadería

Jilamaco Sí Reuniones y recreación comunal Vigilancia Agricultura y ganadería

Sucano Sí Reuniones y recreación comunal Obras Ganadería

Fuente: Línea de Base

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Tabla 7: dinámicas comunales y acTividades económicas

Región / distrito

Nombre de la comunidad

Existen tierras comunales

Por qué no hay Cómo se utilizan Realización de faenas comunales Principal actividad económica de la

comunidad

Ayacucho / Socos

Luyanta No Ya no quedan Arreglo de caminos y puentes, limpieza de acequia Agricultura y ganadería

Maucallacta Sí Agricultura Siembra, cosecha, limpieza de acequias Agricultura y ganadería

Pacuri Sí Agricultura Siembra, limpieza de acequias Agricultura

Socos Sí Agricultura y pastoreo Limpieza de acequias Agricultura

Ayacucho / Vinchos

Pacha Sí Agricultura y forestación Arreglo de caminos y puentes, limpieza de acequias Agricultura y ganadería

Vinchos Sí Agricultura y rotación entre comuneros Limpieza de acequias Agricultura, comercio y construcción

Rosaspata Sí Agricultura Siembra y cosecha, limpieza de acequias Agricultura y ganadería

Anchachuasi Sí Agricultura Limpieza de caminos y acequias Agricultura y ganadería

Sallali Sí Agricultura Siembra, limpieza de acequias Agricultura

Puno / Ilave

Ancasaya Sí Pastoreo Arreglo de caminos Ganadería

Conchacca No Ya no quedan No Ganadería

Huancarani Sí Arreglo de caminos Ganadería

Huaracco Sí Reuniones y recreación comunal No Ganadería

Mañazo Sí Agricultura No Agricultura y ganadería

Puno / Pilcuyo

Sarapi Arroyo Sí Pastoreo Vigilancia Ganadería

Marcuyo Sí Pastoreo Obras Ganadería

Mullacani No Ya no quedan No Ganadería

Jilamaco Sí Reuniones y recreación comunal Vigilancia Agricultura y ganadería

Sucano Sí Reuniones y recreación comunal Obras Ganadería


Dinámicas comunales y los Derechos De las mujeres a la tierra: experiencias De comuneras quechuas y aymaras


3.4 Características de las familias comuneras: el aporte femenino

Para comprender cómo se desarrollan las relaciones de género dentro de las comunidades, es necesario observar también las características de las familias comuneras. En esta sección se buscará dar una mirada a las percepciones y formas en las que se vienen estableciendo los roles y dividiendo las tareas vinculadas a la reproducción de la familia. De esta manera se abordará temas vinculados tanto al trabajo no remunerado como remunerado de los comuneros y comuneras.

Sin duda, lo primero que se puede decir es que la división de las labores en el hogar sigue estando marcada por una división de roles de género. De este modo, en las comunidades de ambas regiones existe una fuerte división entre actividades realizadas principalmente por mujeres y por hombres, lo que no signifi ca que el hombre o la mujer no puedan apoyar según la actividad.

En cuanto a las labores no remuneradas, las comuneras son principalmente las responsables de realizar las labores de cuidado de la familia y el hogar, entre ellas la preparación de alimentos, el lavado de ropa, el cuidado de los niños y niñas, así como de ancianas y ancianos, también la limpieza de la vivienda, el cuidado de la salud en la familia, etc. No obstante, en las comunidades ayacuchanas se pudo identifi car, al menos discursivamente, cambios importantes.

Tal como se ha visto en secciones anteriores, los porcentajes de población evangélica son altos en los distritos donde se ubican las comunidades estudiadas. En ese sentido, según las entrevistas, dicha religión establece y refuerza constantemente en sus liturgias el respeto entre hombre y mujeres, la cooperación constante en las labores domésticas, condena la violencia familiar, etc. Por ejemplo, una comunera ayacuchana que profesa esta religión manifi esta sobre el trabajo en el hogar:


Ahora todos tienen que trabajar igual… así no sepa cocinar, ambos, Dios ha dicho que tienen que ayudarse.

Aunque en Puno también se pudo recoger opiniones de este tipo, fueron pocas en comparación de Ayacucho, esto tal vez relacionado a los porcentajes más altos de población católica y a dinámicas diferenciadas entre sistemas religiosos. Lo cierto es que la religión evangélica no solo está impactando en las dinámicas familiares sino también en las comunales en tanto critican las celebraciones, consumo de alcohol, pagos a la tierra, entre otros.

Los aportes de las mujeres y comuneras en tanto cuidadoras del hogar siempre han sido más visibilizados que los que hacen a las actividades productivas y, en general, a la subsistencia y economía familiar. No obstante, su participación en estas últimas es de suma importancia.

Los comuneros y comuneras en ambas regiones consideran como actividades principales la agricultura y ganadería, pero, tal como se observó, hay sin duda distintos énfasis entre ellas dependiendo de las características territoriales y otras variables ya descritas (ver Tabla 7). En relación a la actividad agrícola, se establecen frecuentemente una serie de actividades más propensas a ser realizadas por hombre y mujeres. Por ejemplo, se espera que los hombres se dediquen a la preparación del terreno, barbecho, aporque, cultivo, mientras que las mujeres con la selección de semillas, la siembra, abonamiento, deshierbo, entre otros.

En las entrevistas realizadas en las comunidades ayacuchanas muchas veces se estableció que tanto hombres como mujeres contribuían en las labores agrícolas de la misma manera e incluso se sugirió que quienes más trabajaban las chacras eran los hombres. Sin embargo, cuando se analizaban los distintos casos y las dinámicas de los miembros de las familias se pudo comprobar que en promedio las mujeres pasaban más tiempo cuidando las parcelas y la producción.


Esto está relacionado, en ambas regiones, a la búsqueda de muchos varones por trabajos temporales fuera de la comunidad con el objetivo de conseguir mayores ingresos económicos dado que la actividad agrícola es principalmente para el autoconsumo, y de existir algún excedente (casi siempre reducido) se busca venderlo en las ferias locales. Si bien esto es una práctica común en ambas regiones, existen algunas diferencias.

En las comunidades ayacuchanas se vio que se solía migrar principalmente a Huamanga para ser empleados en construcción, comercio u otros trabajos como mano de obra no calificada, pudiendo a veces retornar semanalmente a la comunidad, dado que las comunidades analizadas no se encuentran a gran distancia. En otros casos, la búsqueda de empleo puede extenderse sobre todo hacia las regiones de Ica y Lima. Sin embargo, en el caso de las migraciones temporales puneñas estas son bastante más amplias, llegando no solo a la ciudad de Puno regiones vecinas como Arequipa o Moquegua sino también a Bolivia y Chile.

Es necesario acotar que si bien se planteó en primera instancia que esto es posible para ambos sexos, en la práctica no lo es. Como se ha visto, hay diferencias según sexo, pero también según edad. En el caso de los y las jóvenes, las probabilidades son más cercanas, pero en el caso de comuneras y comuneros en edad adulta hay una brecha significativa entre ambos. Por ejemplo, la siguiente cita muestra la percepción de un sector de mujeres:

Mi esposo ara, cultiva y también sale a trabajar fuera de la comunidad, en construcción. Yo no pude salir de mi comunidad, trabajo con artesanía y necesitamos mercado así, no más salgo a vender cuando nos invitan.

Considerando que el perfil de los productores y productoras agropecuarias es sobre todo el de personas en edad adulta, y en teoría masculino, el impacto de estas migraciones en las dinámicas vinculadas a la actividad agrícola es directo. A partir de estas modificaciones, las mujeres vienen asumiendo tareas y estrategias que les permiten continuar y mantener la actividad agrícola. Las siguientes citas de un comunero y comunera, respectivamente, son ilustrativas al respecto:


En el caso de que los esposos se vayan fuera de la comunidad, son las mujeres que se encargan de todo en la chacra, la casa, los hijos, los ganados.

Para sembrar en mi chacra busco peón para abrir la tierra y el resto trabajo junto a mis hijos en toda siembra, hasta la cosecha hago yo misma, tengo mis animales: toros, cerdos, gallinas cuyes, y todo esto pasteo yo misma.

Por otra parte, en el caso de la actividad pecuaria se dijo igualmente al inicio que ambos contribuían en ella. Sin embargo, luego pudo observarse que las comuneras estaban más vinculadas al cuidado y pastoreo del ganado. La mayoría de mujeres entrevistadas afi rmó de que los hombres no tenían paciencia sufi ciente y que eran ellas mayormente las que cumplían esa función. Además, se indicó el impacto de las migraciones y que, salvo en aquellos casos donde los hombres se encontraran sin trabajo (haciendo alusión a algún empleo temporal fuera de la vivienda), estos también se dedicaban a estas actividades. La siguiente cita muestra la importancia de las mujeres en esta actividad:

En el pastoreo también somos nosotras, más la casa, los hijos, es como una carga más, los trabajos son doblemente porque tengo que ser como varón y como mujer para sacar adelante a mis hijos.

Esta cita también es importante porque ejemplifi ca la carga de trabajo de las comuneras, sin considerar si son parte o no de alguna organización o instancia política donde también deberán cumplir con otras actividades.

Aunque, en términos económicos, muchas veces la actividad agrícola y pecuaria no son rentables, siguen siendo centrales en los modos de vida de la población comunera, contribuyendo en temas tan importantes como la seguridad alimentaria, por ejemplo.

Otra actividad económica que viene generando aportes a las familias comuneras, tanto en Puno como en Ayacucho, es la artesanía (bordados en el caso ayacuchano y pompones para trenzas en el puneño), la cual es hecha primordialmente por mujeres. En el caso de Ayacucho, se llegó a afi rmar que algunas veces los hombres también han aprendido a bordar y apoyan a sus esposas, pero esto no es común. Además, esta actividad permite a las mujeres desarrollar simultáneamente otras actividades, como el cuidado del ganado o pastoreo, que les permite obtener ingresos monetarios y desplazarse hacia otros lugares con el fi n de venderlas.

Igualmente, otra actividad a considerar es la extracción de recursos de las comunidades. Por ejemplo, en una comunidad de Ayacucho se observó la extracción de madera para el uso como leña. En estos casos, el acceso era regulado por la directiva comunal, pero el usufructo es familiar, el corte está destinado al hombre y el traslado a la mujer, y está orientado a la venta, representando un ingreso considerable, según lo resaltaron tanto comuneros como comuneras.

En general, se puede ver que la participación de las mujeres en las actividades económicas es directa y que son piezas claves para continuar con actividades vinculadas a la tierra. Además, se suman las tareas vinculadas al hogar y familia; es decir, actualmente, en muchos casos, su carga de trabajo es mayor, pues actividades que antes eran compartidas ahora las realizan ellas (o en mayor proporción que los hombres, dependiendo de la permanencia o no de ellos). Lo cierto es que a pesar de realizar diversas actividades, estas son de un bajo reconocimiento remunerativo. Por tanto, en términos económicos, sus aportes son bajos en comparación de los que aportan los hombres en base al desarrollo de otras actividades donde reciben salarios por su trabajo, aún siendo menos actividades y menos horas de trabajo.



IVsisteMas de tenencia Y acceso a La tierra Y recursos naturaLes en Las coMunidades


sisteMas de tenencia Y acceso a La tierra Y recursos naturaLes en Las coMunidades

Luego de conocer las principales características de las zonas donde se ubican las comunidades campesinas analizadas, algunos de los procesos sociopolíticos que marcaron sus historias comunales y haber observado algunas de las tendencias y particularidades en relación a su vida organizacional y dinámicas internas, se entrará a analizar más detalladamente los sistemas de tenencia de la tierra al interior de estas comunidades campesinas con el fi n de identifi car los derechos efectivos, acceso y control a ella por parte de las comuneras.


4.1 La tensión entre lo comunal y lo familiar

Las comunidades campesinas tituladas cuentan con el reconocimiento formal del Estado peruano sobre sus tierras (mas no del subsuelo y recursos en él). En este sentido, la organización comunal tiene todos los derechos para usar, usufructuar, controlar, transferir bajo ciertas normas, etc. No obstante, esta tiene la potestad de ceder derechos para el acceso y control de las partes que crea conveniente. El Artículo 11 de la Ley General de Comunidades Campesinas establece que cada comunidad determina el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar o mixta.

En la mayoría de ellas coexisten, en la práctica, dos sistemas que tal vez a primera impresión podrían parecer contradictorios: la propiedad comunal o colectiva y la posesión individual o familiar. Esto quiere decir que si bien se cuenta con un solo título de propiedad formalmente, al interior de ellas, las familias tienen asignadas en posesión tierras, que son de uso y usufructo privado; pareciendo a veces que gozaran del derecho de propiedad formal. En algunos casos, se realizan traspasos de tierras intracomunales, validados por las directivas, pero usualmente se hacen más acuerdos o “encargos” donde una familia cede el uso y usufructo de las tierras a otra por un periodo determinado. Lo cierto es que hay diversas formas en cada comunidad para que el uso y usufructo de la tierra sea cedido, autorizado, compartido, etc.

En el caso de los espacios de uso colectivo, la organización comunal es la encargada de establecer las reglas y deberes de los comuneros y comuneras para su uso. Aunque siguen persistiendo estos en la mayoría de las comunidades, se han podido recoger casos donde han acabado cediendo estos terrenos a las familias comuneras debido a la presión demográfi ca. También se debe considerar que estos espacios colectivos en muchos casos han venido reduciéndose no solo por el crecimiento


de la población sino también debido a los procesos de urbanización, distritalización o creación de centros poblados iniciados en los espacios rurales.

Por ejemplo, en Ayacucho las comunidades más extensas estudiadas —también comunidades “madre”— eran la base territorial de los distritos. Por ello, estas habían tenido que ceder terrenos para diversos fines como la demarcación de calles, ubicación de infraestructura distrital, etc. En Puno se pudo observar procesos similares pero vinculados más bien a la creación de centros poblados que, como se ha visto, es un fenómeno bastante común en esa región. Estos procesos no están exentos de tensiones, pues implican la decisión sobre el uso de los bienes comunales. Además, estas no giran solo alrededor de las tierras comunales sino también sobre las familiares. Hay casos en los que la comunidad solicita que cedan sus terrenos en el marco de estos procesos de urbanización, habiendo choques de intereses y visiones.

Los debates y tensiones referidos al territorio comunal son constantes en ambas regiones, pudiéndose identificar la discusión sobre la titulación individual de las parcelas familiares al interior de ellas. Esta es llamativa, sobre todo como forma de asegurar la herencia a la familia, la seguridad jurídica de la tierra es importante en estos términos más que por un deseo de poder contar con la capacidad de controlar para la venta, el traspaso o para ser parte del mercado. Se podría decir que aunque el tema de la herencia preocupa tanto a mujeres como a hombres, fue enfatizado sobre todo por las primeras.

En relación a los factores que influyen en la búsqueda de estos títulos, se debe considerar la ubicación de las comunidades seleccionadas, los procesos de creación de las comunidades, los estatutos y códigos no formales, los procesos de migración y movilidad de los comuneros y comuneras, entre otros. Sobre esto último, se ha podido observar, sobre todo en el caso de las comunidades ayacuchanas, el precedente de problemas entre retornantes y comuneros o comuneras que permanecieron en las comunidades, ya que, ante la ausencia se empezó a usufructuar las


tierras, y en tanto las comunidades son propietarias, podían desconocer sus derechos de posesión. Entonces, desde la perspectiva de un sector, contar con títulos individuales evitaría este tipo de problemas en el futuro, pues estarían claros sus derechos.

No se puede afirmar que todas las comunidades o todas las familias dentro de ellas están buscando contar con estos títulos; por ello, se dice que son


varios los factores que deben considerarse en cada caso, pero sí se puede decir que es una tendencia presente en muchas comunidades, no siendo un debate nuevo. Este tema también ha sugerido que diversas personas afirmen que, de llevarse a cabo este tipo de titulaciones, supondría el fin de la organización comunal; pero la información recogida indicaría que este tema es mucho más complejo. Si bien se coincide en que estos procesos podrían debilitar la institucionalidad y vulnerar el territorio comunal, desde el punto de vista de algunas autoridades comunales contar con estos títulos no supondría el fin de esta organización, pues se mantienen los vínculos sociales y culturales. Por ejemplo, la siguiente cita dicha por una expresidenta comunal puneña es significativa al respecto:

Queremos título individual, pero queremos seguir siendo comunidad.

En todo caso, es un tema bastante complejo y problemático que evidencia los distintos intereses y visiones de quienes componen las comunidades, siendo necesario observar más detalladamente también las diferencias según género.

Por otra parte, se ha podido observar en ambas regiones que la mayor cantidad de superficie agrícola se encuentra bajo la tenencia familiar o individual, mientras que la mayor parte de pastos naturales se encuentran bajo tenencia comunal. Además, sobre las características de las parcelas familiares en las comunidades, es evidente la alta fragmentación en el caso puneño. En esta región, la mayoría de parcelas se encuentran por debajo de las cinco hectáreas, a diferencia de Ayacucho, donde las extensiones son mayores.

Hasta aquí se ha visto de qué manera el sistema de tenencia en las comunidades ayacuchanas y puneñas presenta esta dicotomía comunal-familiar, viendo cómo la comunidad cede derechos efectivos y usos principalmente a las familias. Esto manifiesta la manera en que el acceso a la tierra para las mujeres dentro de las comunidades pasa por dos niveles: el comunal y el familiar.


4.2 Aspectos formales que rigen el acceso a la tierra y recursos para las comuneras

Uno de los componentes centrales que confi guran todo sistema de tenencia es el conjunto de normas que establecen los derechos de los diferentes actores, condiciones de acceso y control de la tierra en cada contexto particular. En el caso de las comunidades campesinas y lo relacionado a la organización y distribución interna de la tierra, las principales normas son la Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24656, el Reglamento Ley General de Comunidades Campesinas Decreto Supremo Nº 008-91-TR y los estatutos de las comunidades. A continuación, se buscará ver cómo dentro de ellas se plantean o no los derechos que pueden ejercer las comuneras en relación a la tierra.

4.2.1 Ley General de Comunidades Campesinas, reglamento y estatutos

Desde hace unas décadas, el Estado peruano ha venido haciendo esfuerzos por promover la igualdad y equidad de género mediante una serie de acciones tales como la suscripción de acuerdos internacionales, la creación del ahora Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), el Plan Nacional de Igualdad de Género (2012-2017), entre otros. Si bien algunas leyes vinculadas al ámbito agrario y políticas públicas orientadas al desarrollo de las zonas rurales han tratado de incluir estos temas paulatinamente, aún se pueden observar ciertos vacíos o imprecisiones en relación a los derechos de las mujeres rurales, sobre todo en lo que se refi ere a su acceso a la tierra y recursos.

La Ley General de Comunidades Campesinas fue promulgada en 1987, es decir, en un contexto donde los esfuerzos en el ámbito formal por


introducir la problemática de género y las acciones para enmendar las desigualdades no eran aún tan claros y sostenidos como en los últimos años. No obstante, uno de los principios básicos postulados en la ley y reglamento es la igualdad de derechos y obligaciones para quienes componen la comunidad, sugiriendo que debe haber el mismo reconocimiento para hombres y mujeres. Más allá de esto, se puede decir que ambos instrumentos normativos carecen de un lenguaje inclusivo. Solo se habla de “los comuneros” como un todo uniforme, y solo se menciona una distinción por sexo en algunos casos puntuales. Por ejemplo, para indicar el estado de quienes se les puede considerar como miembros integrados o integradas en la comunidad1.

La ley es central en tanto reconoce los derechos de propiedad sobre la tierras a las comunidades campesinas y además porque establece que estas son las responsables de “regular el acceso y uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros” (Artículo 4), establece quiénes son sus miembros, sus derechos y obligaciones, sus dinámicas políticas, etc. En este sentido, esta postula y delimita quiénes podrán acceder a la tierra y recursos al interior de ellas.

Luego de la revisión de estos documentos queda claro que si bien todas las personas que han nacido en la comunidad o se vinculan a ella por ser descendencia o haberse integrado pueden ser consideradas como comuneros o comuneras, los derechos políticos —en el sentido amplio del término— y el acceso a la tierra y recursos están orientados para aquellas personas que tengan el estatutos de “calificado” o “calificada”. Para ello, se debe cumplir con una serie de requisitos, en teoría, tales como ser mayor de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable no menor de cinco años en la comunidad, no pertenecer a otra comunidad, inscripción en el padrón comunal, y otras especificaciones que pueda establecer el estatuto de la comunidad. Además, contar con

1 En el Artículo 5 se establece que se le considera integrado o integrada a “el varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad o al varón o mujer mayor de edad que solicite ser admitido y sea aceptado por la Comunidad”.


ese estado queda supeditado a la decisión (por mayoría simple) de la Asamblea General, es decir, esta mediante votación decidirá aceptar o no darle ese estatutos a la persona que lo solicita.

En cuanto al acceso a la tierra, se especifica que, ya sea en las parcelas familiares o comunales, serán las personas calificadas quienes tendrán los derechos para trabajarlas, según los límites establecidos por la Asamblea General de cada Comunidad. Además, cada comunidad establece mediante su estatuto aquellos deberes y obligaciones extras que estos tendrán que cumplir para mantener ese acceso.

En ninguno de estos documentos se estipula que solo los hombres, o principalmente ellos, serán los que podrán ser calificados o tendrán la prioridad para llegar a serlo, dejando la posibilidad abierta tanto para hombres y mujeres; y es ahí donde la brecha entra la regla y la práctica es una vez más visualizada. Tal como lo han mostrado las diferentes comunidades estudiadas en ambas regiones, es usual que solo exista una persona que represente formalmente a cada familia, que tendrá derechos efectivos y que son legitimados socialmente por toda la comunidad.

La costumbre tiende a que esta persona sea un varón, salvo casos particulares que han sido establecidos informalmente, es decir, que no es expreso en ninguna norma pero sí reconocido y legitimado por todas las personas de la comunidad. De esta manera, en aquellos casos donde en el hogar no hay ningún varón que pueda cumplir con este deber debido a situaciones particulares (como cuando fallece el esposo o padre o cuando una madre es soltera), es posible que una mujer asuma este rol.

Las comunidades no se rigen solo por el marco normativo nacional sino también por normas comunales, es decir, por los estatutos, los cuales deben estar en términos generales en concordancia con él. En el caso de los estatutos analizados, tampoco se registra ninguna mención específica a que las mujeres podrán o no ser consideradas como comuneras calificadas ni tampoco que existe alguna condición especial dependiendo su estado civil o si tienen hijos o hijas. Así mismo, en estos también se reafirma la


importancia de contar con el estado de “calificado” o “calificada” para acceder a los derechos sobre la tierra y al usufructo de la misma. No obstante, en lo concreto, como ya se ha visto, algunos requisitos para que las mujeres lleguen a serlo son algo difíciles, como ser reconocidas en el padrón o aparecer en él pero no tener capacidad frente al varón de ser reconocidas como calificadas, pues solo se reconoce a una persona por familia.

En algunas comunidades ayacuchanas se pudo identificar que los estatutos indicaban que, más allá que hubiera una persona titular o calificado o calificada, se tenía que registrar quiénes en efecto eran las personas que usufructuaban las parcelas familiares, registrándose en un padrón de uso de tierras, dando al menos la posibilidad de visibilizar el uso de los diferentes actores, sean hombres o mujeres. Sin embargo, en la práctica es poco usual que estos padrones de tierras efectivamente existan.

Por otra parte, la posesión de las familias en algunos casos es reconocida mediante certificados emitidos por las directivas comunales que, según se dijo, son emitidos a título del esposo y esposa, que aunque legítimos internamente no tienen validez legal. De igual modo, se pudo observar una diferencia entre regiones, siendo más frecuente que estos hayan sido otorgados en Ayacucho, donde ha habido una presencia fuerte de COFOPRI. Estos certificados han servido para procesos de titulación individual dentro de las comunidades en zonas consideradas como “urbanas”. Por ejemplo, en un estatuto de esta región se establecía que “los lotes de terreno y las construcciones de viviendas de la zona urbana de la comunidad son de propiedad privada de los pobladores de la comunidad otorgado por COFOPRI”, lo que muestra cómo en algunos casos se viene fragmentando el territorio comunal.

4.2.2 Política comunal y la participación femenina

El marco normativo establece que la Directiva Comunal es el órgano responsable de la administración de la comunidad; por tanto, sus autoridades tienen el rol de gobernar, gestionar, representar, entre otros, por dos años,


con la posibilidad de reelegirse por el mismo tiempo. Así, durante ese periodo de tiempo las autoridades comunales tienen la capacidad de tomar acciones o decisiones que pueden ser importantes en relación al acceso y control de la tierra. Por ello, todas las personas que forman parte de la comunidad, hombres y mujeres, deberían tener igualdad de derechos efectivos para poder acceder a estos espacios de poder.

Se dijo líneas arriba que los derechos políticos dentro de la comunidad están centrados en los comuneros o comuneras calificados. Esto significa que estas personas son quienes tienen el reconocimiento formal y social para elegir y ser elegidos o elegidas como autoridades, participar con voz y voto en las asambleas generales o pedir rendiciones de cuentas e información a las autoridades comunales, mientras que las personas que no cuenten con este estado principalmente tienen derecho a asistir a las asambleas, pero sin voz ni voto.

Ya se ha ido viendo algunos de los nudos o trabas que vienen dificultando el acceso de las mujeres para ejercer efectivamente sus derechos en el ámbito formal, entre los principales: ser reconocidas en el padrón o contar con el estado de calificada. A continuación, se buscará recoger algunos de los principales testimonios de las comuneras ayacuchanas y puneñas relacionados a los problemas que encuentran para participar en las dinámicas políticas comunales y así conocer más de su experiencia. Es necesario enfatizar que no se quiere sugerir que el escenario político formal es totalmente excluyente para las mujeres, pues actualmente hay comuneras que vienen ejerciendo cargos. No obstante, es necesario analizar qué cargos ocupan dentro de las directivas, sus responsabilidades, las percepciones sobre su participación, sus capacidades, etc.

Las comuneras son conscientes que influye directamente en sus posibilidades de participar en la política comunal su estado civil y si son madres o no. Esto es aún más evidente en el caso ayacuchano que en el puneño, pues ahí su acceso a cargos directivos de importancia es casi negado. Entonces, esta categorización acordada en la práctica entre mujeres que pueden acceder a cargos y las que no ha venido impactado


en la participación de las mujeres en la política comunal. La siguiente cita muestra la percepción de una comunera ayacuchana sobre este tema:

La comunidad nos trata diferente a las solteras, solo las viudas las considera como socias activas. No hay mujeres solteras sin hijos, siempre tienen hijos las que participan.

Si bien en los espacios rurales la condición de estar casado o casada es importante socialmente en tanto sugiere una serie de características de la persona (responsabilidad, cuidado, etc.), parece ser más más determinante en el caso de las comuneras para poder acceder a la política comunal.

También algunas comuneras ayacuchanas sugirieron que aunque cotidianamente no se use el estatuto o se remita al marco formal para regular otros temas relacionados a la comunidad, en el caso de la participación de las comuneras este sí es usado e incluso su aplicación es estricta. Además, parece ser que el discurso de igualdad de derechos vinculado a la religión evangélica que profesa la mayor parte de la población de estos distritos y que rige en teoría el accionar de ellas no se traslada a este espacio o temas. Retomando el tema de la calificación, la siguiente cita de una comunera de esta región muestra cómo esto impidió que una mujer llegue a ser autoridad:

Nunca tuvimos una presidenta comunal, se presentó este año una candidata, sin embargo no la aceptaron porque no estaba empadronada, solo el esposo estaba como jefe de familia, como calificado.

No obstante, en el caso puneño no se observó tanta rigidez, y se verá más adelante cómo las mujeres vienen accediendo a cargos principales al interior de las directivas y en qué circunstancias. Más allá de los impedimentos referidos a los requisitos formales, existen otros factores identificados que afectan su participación. Por ejemplo, un tema central es las capacidades o nivel educativo de las mujeres para acceder a los cargos. Si bien el perfil de autoridad ha venido cambiando en las zonas rurales, el nivel educativo o acceso a educación superior sigue siendo


importante y un símbolo de prestigio, así como también lo pueden ser la experiencia o residencia en zonas urbanas, experiencia laboral u organizacional, etc.


En relación al tema educativo, las comuneras y comuneros en las dos regiones manifestaron que son muy pocos los padres o madres que no envían por igual a niños y niñas a la escuela. Antes, efectivamente, la desigualdad era marcada. Una comunera puneña indicó sobre este tema:

Yo he visto antes, antes, de pequeña, que los varones no más tienen que estudiar y las mujeres en la casa pasteando ovejas, haciendo chacra... los varones tienen que ser algo en la vida, decían los papás.

En la actualidad, esto es cada vez menos frecuente, al menos a nivel primario, hay un acceso más equitativo a ese nivel, pero la situación —como se ha visto en secciones anteriores— cambia a medida que se incrementa el nivel educativo. El acceso al nivel secundario y superior se reduce para las mujeres drásticamente, en ambas regiones, por el embarazo adolescente. Es un tema recurrente en las zonas rurales y es una causa común por la que las jóvenes truncan sus estudios, ya que optan por dedicarse al hogar, trabajar, etc. Esto no ocurre con los jóvenes que van a ser padres, quienes tienen muchas más posibilidades de continuar con su educación.

El hecho de que algunas mujeres aún no puedan estudiar o no puedan acabar sus estudios, o el no tener las mismas condiciones que los hombres, impacta en la percepción sobre sus capacidades, y por ende, en si sería visto como ideal que sean o no autoridades. Las citas que siguen muestran cómo este tema les afecta:

Yo he recibido todos los documentos cuando he asumido el cargo, pero como no domino la lectura no he leído.

Opinan que a las mujeres se nos hace difícil de leer documentos, no sabemos escribir y eso sirve para conocer, para hacer las gestiones, hacer seguimiento.

Las mujeres son más instruidas ahora que décadas anteriores, pero las brechas son significativas aún frente a los hombres y estas se trasladan a distintos ámbitos, como la política. Pese a estos problemas, vienen


buscando superarlos logrando participar efectivamente tanto en el espacio comunal como en otras organizaciones. Actualmente, existen diferencias en la participación política comunal de las comuneras en Ayacucho y en Puno (ver Tabla 8). Por un lado, en el primer caso, nunca una mujer ha ejercido el cargo de presidenta o vicepresidenta en las comunidades estudiadas, la presencia de mujeres en las directivas es bastante baja, y cuando hay acceso, ocupan principalmente los cargos de tesorera o vocal.

Tabla 8: ParTiciPación de las comuneras en las direcTivas comunales

Región / distrito Nombre de la comunidad

Mujeres en la directiva comunal Qué cargos

Ayacucho / Socos

Luyanta No

Maucallacta Sí Vocal

Pacuri No

Socos No

Ayacucho / Vinchos

Pacha No

Vinchos Sí Tesorera

Rosaspata No

Anchachuasi No

Sallali No

Puno / Ilave

Ancasaya Sí

Conchacca Sí Tesorera

Huancarani Sí

Huaracco No

Mañazo Sí Tesorera

Puno / Pilcuyo

Sarapi Arroyo No

Marcuyo No

Mullacani No

Jilamaco Sí Tesorera

Sucano No



Es preciso acotar que la percepción generalizada en las dos regiones es que las mujeres poseen características centrales para administrar dinero o recursos pues son honradas, saben poner límites e invierten de manera adecuada. Fue usual escuchar asociaciones negativas (despilfarrador, deshonesto, etc.) sobre la posibilidad de que los hombres ocuparan este tipo de cargos. Al respecto, una comunera puneña dijo:

Las mujeres somos tesoreras porque a veces los hombres se toman el dinero que recaudan, se lo gastan. La mujer no gasta, por eso asumimos las mujeres.

En el caso de Puno, se encontró a mujeres ocupando presidencias comunales, aunque se debe precisar que no es la tendencia mayoritaria en la región. Ahí se dijo que desde hace unos años las mujeres ya han podido ejercer cargos de este tipo, pues ha habido cambios significativos. Una expresidenta comunal afirmó:

Antes humillaban, los varones no más tenían voz y voto, en todo tenía derecho, la mujer no, antes las mujeres no hacían cargo, no tenían derecho, puro varones hacían.

Estos cambios, se dijo, estaban vinculados tanto a los procesos de migración, que se han venido intensificando, y a la mayor permanencia de las mujeres en las comunidades, pero también debido al empoderamiento de ellas gracias a organizaciones relacionadas a programas como el Vaso de Leche. Además, estos procesos no solo han impactado en el aumento de la participación de las comuneras en las directivas comunales, sino también en la posibilidad de ejercer otros cargos de importancia en el espacio aymara puneño, como son llegar a ser tenientas gobernadoras en las comunidades:

Yo me recuerdo que en 1993 en ese tiempo en todo el distrito solo habían diez tenientas gobernadoras. Ahora puras señoras son tenientas, incluso las mujeres han llegado a ser primeras tenientas.


Para cada vez más comuneras puneñas aymaras la importancia de la participación de las mujeres en las directivas es más contundente y sugieren que, pese al rechazo de algunas personas, frente a los procesos de cambio, su importancia será más y más importante.

Podemos asumir, pero a veces los hombres asumen porque a veces dicen que las mujeres opinan mal, “no saben, no pueden dirigir”, “¿Acaso no hay varones para que las mujeres asuman la presidencia?”, dicen… pero no va a haber ya varones, así que quieran o no quieran las mujeres vamos a asumir y ser presidentas.

Ahora bien, viendo en general la participación de las mujeres en Puno surge la pregunta: ¿Esta participación de las mujeres puneñas en las directivas comunales implica entonces que a ellas sí se les reconozcan sus derechos, logran ser comuneras calificadas y no importa si son viudas o madres solteras? La respuesta es no necesariamente. Algunas comuneras manifestaron que si bien las mujeres acceden a estos cargos, también lo pueden hacer en representación de sus esposos:

Por ejemplo, cuando el esposo no está, la mujer tiene que asumir el cargo, ¿no?, si hay madres solteras, viudas, pero si tiene hijos mayores ya el hijo mayor asume.

En muchos casos, las comuneras pueden estar asumiendo el cargo en “representación de”, no significa que formalmente haya un reconocimiento en el padrón de estas comuneras o que sean calificadas. De la misma manera, se tiene que recordar que en esta zona la forma de elección más extendida es la de rotación. Cada familia que tenga parcelas en la comunidad debe pasar el cargo, la elección no es tanto por una persona sino por una familia, y aunque se preferiría que el hombre ocupara el cargo, muchas veces los procesos de migración temporal o permanente hacen que las mujeres lo cumplan en la práctica. Esto no quiere decir que haya algunos casos en donde efectivamente se estén registrando cambios en el ejercicio de los cargos y se esté valorando contar con autoridades mujeres, solo que se debe tener cuidado con asumir que el ejercicio del cargo representa un reconocimiento formal de las comuneras y más aún se estén


reconociendo todos sus derechos. Lo particular sobre estos casos es que en este sentido no se estaría cumpliendo con el marco formal que afirma que los cargos de las directivas comunales son personales e indelegables.

Más allá de si los cargos se asumen en representación de la familia o el esposo, el hecho de llegar a ejercer el cargo trae cosas positivas, como tener un rol mayor en los procesos de toma de decisiones, vinculados a la gobernanza de la tierra y recursos.

Por cierto, también surge otra pregunta en relación a la participación de las mujeres puneñas en las directivas comunales en ese tipo de cargos: ¿Esta es valorada positivamente por los comuneros? Según lo recogido, no por todos. Aunque varios resaltaron como positivo el incremento de la participación de la mujer en las directivas en relación a la época de sus padres o abuelos, no todos consideran que estén aptas para desarrollar tales cargos. La siguiente cita de un comunero muestra este punto:

Hay diferencias, un poco en la organización, además para participar en alguna actividad pésimo es… para bajar a las instituciones, para conversar con el señor alcalde o con la región. Depende, hay que prepararse, falta preparación.

Más allá de las dudas de los comuneros sobre las capacidades o aptitudes de las comuneras para ejercer los cargos, algunas mujeres también manifiestan dudas. En estos casos no tanto por las capacidades sino por las tareas que deben cumplir en sus hogares, ya que ellas son las encargadas del cuidado del hogar y de los hijos e hijas, además de la disposición de tiempo que implica un cargo. Dada la carga laboral que tienen las comuneras, muchas prefieren optar por mantenerse al margen de ocupar los cargos en la comunidad. Abajo, dos citas de comuneras ayacuchanas que pueden ser ilustrativas al respecto:

Nunca hubo presidenta comunal, solo los varones se eligen. Sí podemos elegir una mujer, pero no creo que haga igual las gestiones porque la mayoría de las mujeres tenemos hijos y es difícil con los hijos de trabajar, nos tenemos que dedicar a ellos.


La mujer tiene más capacidad en ideas que el varón, pero algunas mujeres no aceptamos fácilmente cuando nos eligen porque es difícil dejar a los hijos, casa, chacra.

Otro tema que fue identificado como perjudicial para el ejercicio de los cargos en el caso de las mujeres fue la capacidad para la toma de decisiones relacionadas a las gestiones que deben realizar y lo que estas implican. Muchas personas identificaron que las mujeres no tenían la libertad para tomar decisiones sin antes consultar con su familia o su pareja. Las propias autoridades comunales mujeres en las dos regiones manifestaron:

La mujer o los hombres trabajan de igual cuando son autoridades, pero los varones tienen la facilidad de tomar las decisiones y se van hacer sus gestiones, pero las mujeres siempre estamos pidiendo todavía permiso para hacer nuestras gestiones. Si ellos nos dicen está bien nos vamos tranquilas, pero si no quiere a veces nos quedamos y no cumplimos con nuestras gestiones.

Trabajo del dirigente varón y la dirigente mujer hay dificultades porque el varón toma sus decisión propia para realizar sus gestiones, en cambio la mujer siempre la decisión lo toma el esposo, no hay facilidad de salir hacer sus gestiones en caso de ideas, la mujer tiene más capacidad en ideas que el varón, pero algunas mujeres no aceptamos fácilmente cuando nos eligen porque es difícil dejar a los hijos, casa, chacra.

Aunque en la práctica los hombres también consulten a sus parejas o familias sobre las decisiones a tomar, estos tienen más capacidad de acción en la esfera pública y también de movilidad. Esto muestra las percepciones de jerarquía dentro de la familia y cómo la mujer no solo debe lidiar con la comunidad para poder participar sino también en la familia, no contando muchas veces con el apoyo de sus familiares.

Dado que la participación en las directivas comunales es compleja, las comuneras han ido apropiándose de otros espacios u organizaciones. Por ejemplo, los relacionados con los programas sociales, siendo más evidente su importancia en el caso de Ayacucho. Las presidencias de estas organizaciones están a cargo de mujeres y han permitido generar capacidades de liderazgo


en las mujeres y propiciar un rol más activo en sus comunidades. Las comuneras prefieren participar en este tipo de organizaciones, entre algunas de las principales razones, por sentir mayor libertad para expresarse o sentirse verdaderamente escuchadas, porque pueden compartir intereses afines vinculados tanto a la familia como a la comunidad y sus derechos, entre otros. Para una comunera, estos espacios son claramente más propicios para su participación que las asambleas o reuniones comunales.

La participación de las mujeres es más en los programas sociales, ahí sí hablamos, nos bromeamos, pero en la reunión comunal sentimos miedo al rechazo de los varones.

Así como a estas organizaciones, las mujeres van buscando ingresar a otros espacios de poder, como las municipalidades distritales o los centros poblados, entre otros. En ese sentido, las trayectorias políticas de las comuneras no pasan solo por su participación en la organización comunal, más aún en un contexto de una multiplicidad de organizaciones.

Por otra parte, en relación a las organizaciones vinculadas a los programas sociales, el hecho que deban cumplir con ciertas condicionalidades del programa y otras iniciativas de quienes lo implementan, impacta en su disponibilidad de tiempo e interés por participar en las reuniones comunales. También han generado críticas en relación al impacto de estas en la organización comunal. Para algunas lideresas, este programa es, por un lado, positivo por los beneficios concretos, pero por otro, no tanto, pues debilita la organización:

Hoy en día el liderazgo de las mujeres ya está muy débil, ahora solo se reúnen por programas, y no como organización autónoma, con hijos, sin hijos, todas las mujeres en general, los hombres siempre nos criticaban, pero ahora ya no es mucho, nos llaman para ya participar dentro de la comunidad, son la mismas mujeres que se desvaloran, menosprecian.

Además, estos programas refuerzan estereotipos y roles tradicionales de las mujeres vinculados a la maternidad, la alimentación, situándolas como las principales responsables del desarrollo de los hijos e hijas y de lo doméstico.


4.3 Más allá de lo formal: acceso concreto

En esta sección no se buscará ver solo las formas establecidas en la ley o estatutos para que las comuneras puedan acceder a la tierra sino a los derechos efectivos y cómo se da el acceso concreto en las comunidades campesinas de Ayacucho y Puno. Esto es central para observar y comprender la situación de las comuneras en estos espacios.

4.3.1 Derechos efectivos de las comuneras a la tierra

Como se ha podido observar, no hay impedimentos directos que establezcan que las mujeres no puedan contar con derechos en relación a la tierra al interior de las comunidades. Sin embargo, ha venido quedando claro que el reconocimiento formal de derechos dentro de ella queda principalmente dirigido a los hombres. Por lo general, estos podrán contar con el derecho, pese a no ser propietarios, de heredar la posesión. Ahora, esta no se da solo a la muerte de la persona sino también en adelanto, dependiendo, por ejemplo, si los hijos o hijas tienen familia o si los padres ya son muy mayores como para trabajar la tierra, entre otros. En general, se puede decir que las formas mediante las cuales estas son fi jadas varían dependiendo de la familia y no se puede establecer un tipo por región, pero en general se puede afi rmar que la tendencia actualmente es repartir equitativamente entre hijos e hijas.

No obstante el crecimiento de la familia y al ser la tierra un recurso limitado, algunas veces se plantean otras formas de herencia, por ejemplo, el que solo se hereda a quien trabaje la tierra, permanezca en la comunidad, etc. Esto cobra aún más sentido en la zona aymara puneña, donde las comunidades no son tan extensas. En ambas regiones se reconoció que hay cambios en estos patrones, los cuales se caracterizaban, hasta hace unas décadas, por marcadas diferencias en la extensión y tipo de las parcelas heredadas a hombres y mujeres, pues se decía que las mujeres


se irían a otra comunidad con sus esposos, con el hombre prevalecía el apellido, entre otras razones.

Actualmente, la mayoría de las personas entrevistadas identificó que la forma principal de reconocer derechos efectivos a una mujer sobre la tierra dentro de la familia es justamente la herencia. Otra de las posibles formas de contar con este reconocimiento es si las mujeres se casaban. La siguiente cita de una comunera ayacuchana muestra estas distintas formas:

La mujer es posesionaria de un pedazo de terreno en el momento que se casan, pero algunas quedan posesionarias recién cuando ya son muy ancianas y ya no pueden sembrar. Entonces les entregan a sus hijos para producirlo, o recién lo son cuando mueren los padres por herencia.

Esta cita también muestra cómo las mujeres solteras o aquellas que no siguen este modelo ven limitado su acceso. La posibilidad de que una mujer soltera y sin hijos pueda acceder a la posesión de tierras dentro de la comunidad fue sugerida en el caso puneño, pero se advirtió que ocurre con muy poca frecuencia. En todo caso, muestra al menos esa posibilidad, a diferencia de Ayacucho, donde no fue mencionada para nada.


A pesar de que se reconozcan principalmente estas vías para que la mujer cuente con derechos efectivos sobre la tierra, también existen otros mecanismos por los cuales llegan a ellos, pero que tal vez son menos evidentes. Aunque las posesiones familiares y comunales estén delimitadas y reconocidas por la comunidad, existen diversas maneras en que las familias realizan acuerdos o transferencias (no necesariamente monetarias) de derechos de uso y usufructo de sus posesiones por un periodo de tiempo, siendo la comunidad una especie de garante de estos acuerdos.

Para comprender las particularidades e importancia de estos arreglos, se debe recordar algunas de las características del territorio y comunidades en cada región. Por un lado, la zona estudiada de Ayacucho es de valles interandinos, con clima y una altitud favorable para la agricultura, cuenta con terrenos irrigados, pocas zonas de pastos, comunidades más extensas, por ende cada familia tiene en promedio más de hectáreas y la principal actividad económica es la agricultura.

Por otro lado, la zona aymara puneña donde se ubican las comunidades estudiadas se caracteriza por ser una zona semiaccidentada, con clima frígido, no muy apta para la producción agrícola, pero con una cantidad significativa de pastos, por lo que aquí la actividad principal es la pecuaria. Así mismo, las comunidades no son tan extensas, la parcelación es alta y el promedio por familia muy pequeño. Además, en muchos casos la mayor cantidad de pastos está bajo régimen comunal.

Entonces, en el primer caso las transacciones o acuerdos para ceder derechos sobre la tierra estarán centrados en obtener o acceder a tierras agrícolas, mientras que en el segundo caso a tierras aptas para la actividad pecuaria. De esta manera, se entablan distintos tipos de arreglos entre familias al interior de las comunidades. Por ejemplo, en el primer caso se habla de alquileres de terrenos (se debe recordar que estos pueden ser pagados no solo con dinero sino también con jornadas de trabajo), donde la producción es enteramente para quien alquila y trabaja la tierra. También se entablan acuerdos de cuidado de terrenos debido a migraciones familiares; es decir, la familia que se va cede sus derechos


de usufructo a otra para que la trabaje y cuide, y así evitar que terceros se apropien de sus tierras. Otro arreglo familiar se denomina “al partir”, que es cuando alguien cede los derechos para uso de la tierra a cambio se le envíe parte de la producción para consumo. También existe la figura de “cambio”, cuando una familia le otorga derechos a otra de tierras que se encuentran más cerca de su hogar y a la inversa, entre otros. En los casos vinculados al uso de pastos se habla también de alquileres y acuerdos, pero estos tienen que ver con el ganado. Se pueden observar casos donde una persona con mucho ganado puede entregar un ganado hembra a otra para que pueda producir y la primera producción es para ella y con la segunda producción se le entrega a quien se lo cedió.

Entonces, tanto para el caso de tierras aptas para la actividad agrícola como para los pastos, los acuerdos en relación a ellos pueden ser varios y tener diferentes motivos, tales como el aumento de la producción, la protección de los derechos sobre el territorio, la generación de ingresos para las familias y comunidad, etc. Además, son establecidos por un periodo de tiempo definido y suponen deberes y compromisos por parte de quienes ceden y de quienes usan. Las siguientes citas, de un comunero ayacuchano y uno puneño, muestran los diversos acuerdos y motivos:

Alquilamos por dinero, pero también alquilamos al partir, o sea, la cosecha es por iguales: el dueño del terreno y la persona que siembra. Pero también ocurre de las personas que se van a la ciudad por trabajo o porque ya radican dejan encargado a sus familias, o a los vecinos para que se siembren y cuiden sus terrenos.

Porque la parcela cuando no está en uso se lo pasan las colindas y es por esos casos que se da la tierra, para que esté en uso.

Si bien se ha podido observar la variedad de arreglos y la importancia dentro de las comunidades, ¿cómo son las comuneras parte de ellos? ¿Por qué se dice que estos también son mecanismos por los cuales las mujeres pueden acceder a la tierra? ¿Acaso ellas toman las decisiones de entablar estos acuerdos? En Ayacucho se dijo que las mujeres no tenían que ver con las negociaciones o procesos para llegar a estos acuerdos


sobre el uso/usufructo de la tierra, salvo en los casos de ser viudas o madres solteras, ya que, como se ha visto, ahí tienen todos los derechos reconocidos. Muchas comuneras casadas o solteras sin hijos afirmaron que aún predominaba el machismo debido a que estas no podían tomar decisiones al respecto o en todo caso sus opiniones no eran parte central de estos acuerdos. De esta manera algunas indicaron:

Los que toman decisiones son los varones porque todavía mantienen el machismo los hombres en mi comunidad, claro que las mujeres también saben y tiene que estar de acuerdo y coordinan.

Los que negocian son los varones, en la comunidad también toman la decisión. Las mujeres no tomamos decisión y si somos solo nueras peor, nos dicen que yo no soy del lugar y no puedo tomar decisiones y siempre nos recalcan que somos de otro sitio y no podemos tomar decisión.

Las mujeres solteras, si es que estamos con nuestros padres juntos, solo ayudamos a ellos, no alquilamos ni tampoco no recibimos encargos de la chacra, porque nos ven que todavía no tenemos responsabilidades.

Por otro lado, se indicó que hay diferencias sobre quién toma el rol principal en estos acuerdos entre las familias que residen dentro de las comunidades y fuera de ellas, ya que en estos casos las mujeres sí tienen un rol central. Ellas son las encargadas de ir a la comunidad, realizar los acuerdos (alquiler, cuidado, etc.), ver la situación de las tierras, pues sus esposos muchas veces trabajan y no pueden acercarse a las comunidades. En estos casos se les reconoce sus derechos sobre las parcelas y como las personas con las que se tratará para acceder a ellas.

En el caso de las comuneras que no son viudas o madres solteras, aunque en teoría no sean parte central de la toma de decisiones (como se vio en las citas), las entrevistas indicaron también cómo finalmente son centrales para el cumplimiento de los acuerdos y cómo se les acaba reconociendo el acceso a la tierra. Pese a que inicialmente en el caso de las comunidades ayacuchanas se dijo que las chacras eran trabajadas principalmente por comuneros o trabajadas por igual, luego se fue resaltando que en realidad


las mujeres eran las que acababan trabajando más la tierra debido a que los comuneros salían en busca de trabajo. Ellas accedían a la tierra más allá de que los comuneros hayan tomado las decisiones iniciales, y finalmente, se les acaba reconociendo socialmente el uso/usufructo de la tierra.

En el caso de Puno, la situación es algo diferente, pues allí se resaltó que las decisiones o acuerdos en relación a la tierra de las familias eran discutidos y decididos en pareja. También, al igual que en el caso ayacuchano, se indicó que las mujeres viudas y madres solteras tenían los mismos derechos para decidir sobre sus tierras, pues eran madres y padres a la vez. Sin embargo, también se registró otra diferencia y es que si bien la situación de las mujeres solteras también era mostrada como compleja para acceder a la tierra, en algunas entrevistas se indicó que se empezaban a registrar casos de mujeres solteras sin hijos que empezaban a hacerse cargo solas de las parcelas debido a que sus familiares migraban o no tenían ya interés en relacionarse al trabajo vinculado a la tierra. Si bien no son muchos los casos, es importante registrar esos cambios. Por último, en esta región también se resaltó los derechos efectivos de las comuneras sobre la tierra debido al tiempo dedicado al acceso concreto en comparación a los comuneros, que también salen de las comunidades en mayor porcentaje que las mujeres en busca de trabajo.

En general, se puede observar que si bien se reconoce principalmente que dentro de las familias las mujeres pueden acceder a la tierra mediante herencia o de acuerdo a su situación civil, hay contextos y mecanismos por los cuales se va reconociendo también su acceso concreto, su toma de decisiones y se va visibilizando la estrecha relación que tienen con la tierra.

4.3.2 Acceso a la tierra y recursos desde la experiencia de las comuneras

El uso de la tierra está destinado a servir como espacio de vivienda, medio de producción, pero también de reproducción de prácticas sociales, por ello su importancia. La siguiente cita de una tesorera


comunal refleja lo que ocurre en la mayoría de comunidades analizadas en relación al uso de la tierra:

En caso que los esposos se van fuera de la comunidad, son las mujeres que se encargan de todo en la chacra: la casa, los hijos, los ganados.

En las visitas realizadas a las comunidades, la presencia de hombres era bastante baja debido a que ya había finalizado la época de cosecha y muchos habían salido de las comunidades en busca de trabajos temporales. En promedio, las mujeres pasan más tiempo en las parcelas y acceden también en muchos casos con mayor frecuencia a recursos como el agua, pastos, entre otros, siendo su relación con ellos más directa. Pese a esto, se ha visto cómo las mujeres no necesariamente logran tener el control de estos, siguen quedando en manos de las directivas, compuestas mayoritariamente por hombres o por los hombres en sus familias.

Con relación al uso como espacio de vivienda, las mujeres son las que permanecen más tiempo en las comunidades y en el hogar, pues a diferencia de la mayoría de hombres, estas se quedan cuidando del hogar y los hijos e hijas. Estas se encargan del cuidado del espacio y de esa manera cuidan a su familia, buscando asegurar su reproducción.

Además, con relación al uso de la tierra como medio de producción, ya se ha visto que las comuneras pasan más tiempo en el cuidado de la chacra, cuidando el ganado o en contacto con otros recursos dentro de las comunidades dependiendo de las características del territorio en cada región. Pese a que muchas veces no se les reconozca formalmente su acceso a la tierra, en la práctica el uso y usufructo es cotidiano y directo. Las mujeres, más allá que no logren el control efectivo de las tierras, son las que principalmente la trabajan y cuidan con el fin de generan sustento para sus familias, pero también contribuyen en la conservación y aporte a la seguridad alimentaria en tanto aportan a los mercados locales. Si no se contara con el trabajo de las mujeres en la actividad agropecuaria, la producción sería mucho menor y menos sostenida.


Es necesario señalar que en el caso de las mujeres viudas, al no contar muchas veces con el apoyo puntual de sus parejas o familiares para el trabajo de sus chacras, optan por ceder sus derechos sobre sus parcelas, ya sea dándolas en alquiler o mediante alguno de los sistemas antes señalados, mostrando cómo se replantea el acceso en estas situaciones y la dificultad de las mujeres de asumir por sí solas todo el trabajo de la tierra. Esta situación es más evidente y crítica en las comunidades ayacuchanas debido a los impactos del proceso de violencia política en estas zonas. Las siguientes citas de comuneras ayacuchanas muestran esta situación:

Las mujeres viudas, si alquilan (porque no pueden sembrar en todo sus parcelas por falta de peón), entonces alquilan a los vecinos o familias a quien puede solicitarle. Pero si consiguen peón o tienen hijos mayorcitos, sí siembran en todas sus chacras.

Las mujeres viudas y solteras que tienen sus parcelas y no pueden sembrar en todas alquilan o comparten con la familia en sembrar ese terreno. Alquilan también para mantener a sus hijos y educarles.

Por otro lado, se puede observar cómo las comuneras se vinculan también con la protección de las tierras. En el caso puneño, se vio la existencia de un grupo de personas encargadas en las comunidades orientado a vigilar las tierras. En este caso, también en la práctica acaban siendo mayormente conformados por mujeres. Ellas son las que cumplen con ese rol cuidador, pues son las que más permanecen en las comunidades.

Con relación al acceso a recursos como el agua, debe recordarse que en estas zonas no se cuenta usualmente con un servicio de agua en la vivienda. En Ayacucho se accede principalmente a agua entubada en las casas a través de un caño principal, mientras que en las comunidades puneñas el agua era colectada en pozos distribuidos en diferentes puntos de las comunidades. Esto es uno de los puntos que marca una diferencia sobre las condiciones para el acceso y control de este recurso. En el caso de Ayacucho, se encontró que las mujeres jóvenes y adultas eran las responsables de conseguir el agua para cocinar, así como para el lavado de


ropa, pero por otro lado los responsables de conseguir el agua para el riego en la actividad agropecuaria eran los hombres adultos o jefes de familia. En el caso de Puno, la división de roles y responsabilidades no es tan diferente, pero sí se presentan cuatro comunidades en donde los hombres jóvenes también son responsables de conseguir el agua para cocinar, así como para el lavado de ropa, y en el caso del riego para las actividades agropecuarias, se marca con mayor frecuencia la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. En todo caso, el acceso y vínculos a un recurso central como el agua es también para las mujeres directo y cotidiano.

Por otra parte, en relación al acceso a otros recursos, dentro de algunas de las comunidades ayacuchanas analizadas se identificó la importancia de bosques como recursos centrales para el sustento de las familias. En este sentido, el acceso es compartido, pero a las mujeres se les delega principalmente el traslado de la madera y también tienen un conocimiento clave de la situación de los bosques, más allá de solo pensar en la extracción.

Finalmente, las mujeres también cumplen un rol clave en el cuidado de la tierra y conservación de la misma, pues no solo es vista como un medio de producción o uso sino que es parte central de su vida. Además, se debe considerar el rol de la tierra en la cosmovisión indígena y el vínculo especial de esta con ella. La siguiente cita de una comunera ayacuchana muestra cómo la tierra es importante por diferentes razones para ellas y sus familias:

La tierra es importante para sembrar, para alimentarme, para hacer mi casa, es parte de mi vida... sin ella no comería, no tomaría ni agua, ni viviría.

Se puede ver entonces cómo el uso de la tierra por parte de las mujeres pasa por diferentes aristas que van desde el vínculo como hogar y vivienda, como su medio o principal sustento económico, como fuente de alimento, como espacio que permite en general la reproducción de sus modos de vida, y por lo tanto su preocupación también por la conservación y cuidado, a veces mucho más evidente que en el caso de los hombres, quienes en muchos casos pasan cada vez menos tiempo en las comunidades.


4.4 Características de la gobernanza de la tierra en comunidades ayacuchanas y puneñas y el rol de las comuneras en ella

El concepto de gobernanza de la tierra permite tener una mirada no solo del sistema de tenencia al interior de las comunidades campesinas sino del lugar que estas ocupan en el entramado de organizaciones o actores, formales e informales, que tienen que ver con las decisiones y acciones en relación a la tierra. Así mismo, permite observar el rol de las comuneras en la gobernanza de la tierra, a partir de sus formas de participación tanto en las organizaciones comunales como en otras.

Se debe considerar que la gobernanza de la tierra está relacionada directamente con los procesos políticos y sociales de cada región. Por ejemplo, en la zona aymara puneña no hubo un sistema de hacienda fuerte ni tampoco mayor presencia de la organización subversiva-terrorista Sendero Luminoso (PCP-SL). Por el contrario, en las zonas estudiadas de Ayacucho ocurrió todo lo opuesto. En este caso, la población indígena sufrió los impactos directos de estos procesos y se originaron debilitamientos en la estructura de las organizaciones comunales que permanecen hasta el día de hoy.

Así mismo, en esta zona se han dado venido desarrollando con mayor fuerza procesos de titulación individual al interior del territorio comunal, que han venido impactado en las relaciones de poder entre la organización comunal y las familias comuneras. Todo esto acaba infl uyendo en el peso de las organizaciones comunales y en los mecanismos que tiene para gestionar y ejercer control sobre la tierra.

Por otra parte, la gobernanza de la tierra también se ve directamente infl uenciada por las características territoriales de cada zona. Por


ejemplo, las comunidades ayacuchanas analizadas se encuentra a una altitud entre los 3.100 y 3.394 m.s.n.m, se caracterizan por sus terrenos accidentados, clima propicio para la agricultura y cuentan con zonas irrigadas. En cambio, las comunidades puneñas se encuentran en el altiplano, a altitudes superiores a los 3.900 m.s.n.m. (subzona intermedia y alta), climas fríos, con terrenos aptos para la ganadería y sin acceso a riego.

Además, el acceso diferenciado a recursos como el agua o los minerales también acaba delimitando el tipo de organizaciones presentes en cada caso y el peso que tendrán estas. Por ejemplo, en Ayacucho el acceso al agua para riego y para consumo es más alto, por lo que existen más organizaciones que respondan a esos fines.

Los espacios comunales se caracterizan por la coexistencia de una serie de organizaciones y autoridades de diferente orden, que cogobiernan el espacio comunal y que tienen que ver con la gestión de la tierra y recursos. En ese sentido, también es clara la tendencia de las últimas décadas hacia la especialización, es decir, al surgimiento de organizaciones que respondan a fines específicos, a diferencia de las comunidades campesinas.

En ambas regiones la creación de municipalidades ha implicado el ingreso de nuevas formas de hacer política, de gestionar el territorio, y se han convertido en espacios de poder centrales. No obstante, en cada una se han desarrollado procesos diferentes de distritalización y creación de MCP. Así, en el caso puneño la creación de MCP ha sido bastante alta, a diferencia de Ayacucho, siendo centrales en las dinámicas locales.

Todos estos factores acaban influyendo directamente en la gobernanza de la tierra de las comunidades analizadas. En el caso de Ayacucho, se identificó entre las organizaciones e instituciones más importantes, además de las comunidades y municipalidades, aquellas vinculadas al programa Juntos, clubes de madres, Vaso de Leche, comités JASS,


juntas de regantes, asociaciones de productores y productoras agrícolas, comités de autodefensa, entre otros (ver Tabla 8). En este caso, se puede ver que el tipo de organizaciones que han sido mencionadas como centrales tienen que ver con programas sociales, gestión de recursos como el agua o las vinculadas a la actividad agrícola. Por otra parte, se reconoció como autoridades importantes, más allá de las comunales, a las distritales (alcaldes, sobre todo), tenientes gobernadores, jueces de paz y agentes municipales.

Se podría decir que, en el caso ayacuchano, aunque las municipalidades sean claves para el desarrollo local y que tengan atribuidas formalmente diferentes competencias que tienen que ver con la tierra y recursos (y además existan una multiplicidad de organizaciones especializadas), las comunidades campesinas siguen teniendo un rol importante en tanto toman decisiones relacionadas a la tierra, considerando que la actividad principal es la agrícola y que las extensiones de terrenos y condiciones para depender más de esta actividad son mejores en relación a otras zonas. Por ello, la ausencia de mujeres en cargos dirigenciales en las comunidades es importante.

Además, la débil presencia de las mujeres en la organización comunal acaba afectando también su representación como comuneras frente a otras instancias como las municipalidades, pues quienes transmiten, representa, lidian y deciden con ellas son principalmente los hombres.

La presencia y participación en general de las comuneras en ciertos espacios o que ejerzan cargos formales en Ayacucho aún es limitada. Por ejemplo, es difícil que logren ser tenientas gobernadoras o juezas de paz. En regiones su participación en las municipalidades también es baja, aunque viene aumentando a comparación de años anteriores, y no es igual a la de los hombres. Las mujeres que acceden a estos espacios lo hacen como regidoras y es casi imposible que lo hagan como alcaldesas.


Tabla 8: auToridades y organizaciones relevanTes más allá de la comunidad según la PercePción de los comuneros y comuneras

REGIÓN

/ DISTRITO

NOMBRE

DE LA

COMUNIDAD

OTRAS AUTORIDADES COMUNALES OTRAS ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD

Ayacucho

/ Socos

Luyanta Teniente Gob. - Juez de Paz Municipalidad-APAFA - Asoc. Artesanos - Club de Madres - Hermandad - Igl. Evangelica

Maucallacta Teniente Gob.-Agent. Munc Jass - Rondas Camp. - Lider Jóvenes - Prog. Juntos - Club Madres - PVL

Pacuri Teniente Gob. - Agente Mun. - Juez de Paz Org. De Mujeres - Prog. Juntos - JASS - Pronoei - Vaso de Leche

Socos Teniente Gob. - Juez de Paz – Alcalde Com. Vigilancia - Org. Jóvenes - Club De Madres - Prog. Juntos – JASS-Municipalidad

Ayacucho

/ Vinchos

Pacha Alcalde - Juez de Paz - Teniente Gob. - Agente MunicipalComedor, Club de Madres, Juntos, Asoc de Productores Cuyes, Gallinas, Cerdos y Vacunos-

Municipalidad

Vinchos Agente Mun. – Juez de Paz – Teniente Gob - Policia Org. Micaela Bastidas, Mujeres, Vaso de Leche, Club de Madres, Org. Jóvenes-Municipalidad

RosaspataAlcalde - Teniente Alcalde - Teniente Gobernador - Juez

de PazPVL, Comedor, Juntos, Chacra Emprendedora, APAFA

Anchachuasi Alcalde - Juez de Paz - Agente Municipal - Teniente Gob. Juntos; APAFA, Asoc. Trucheros, Club DE Madres, Artesanos

Sallali Agente Municipal - Tenientes Gob. Comité Autodefensa, JASS, Regantes, APAFA, Juntos, PVL, Club Deportivos

Puno

/ Ilave

Ancasaya Teniente Gob. Comedor Pop.-Vaso de Leche

Conchacca Teniente Gob - Asamblea General Vaso de Leche - Vigilancia de Chacras

Huancarani Alcalde Cp. Regidores - Juez de Paz - Vigilantes - Vaso de Leche - Comedor Pop-MCP

Huaracco Teniente Gob - Rematista de Cementerios APAFA - Vaso de Leche

Mañazo Vaso De Leche - Asoc. Artesano - Comité de Vigilancia

Puno

/ Pilcuyo

Sarapia Arroyo Alcalde Cp - Tenientes Gob - Sargentos Vaso de Leche - Comedor Pop-MCP

MarcuyoTeniente Gob. - Presidente Comunidad Central –

Presidentes de 5 Barrios - Alcalde. Centro Pob. Vaso de Leche - Comité de Vigilancia-MCP

Mullacani Teniente Gob. - Prs. Sectores Vaso de Leche - Comité Vigilancia

Jilamaco Vaso de Leche - Com. Deporte - Com. Educación - Com. Agricultura - Com. Disciplina

Sucano Teniente Gob. - Sargentos Vaso de Leche


Más allá de la ausencia en los espacios formales tradicionales, se ha visto que las mujeres vienen consolidando aprendizajes y buscando organizarse en espacios como los programas sociales, pero la naturaleza de estas organizaciones no responde directamente al abordaje de la gestión y problemas vinculados al acceso y derechos sobre la tierra. Así mismo, en la práctica van desempeñando una serie de funciones vinculadas a la tierra y recursos que son claves para las dinámicas locales.

En el caso de Puno, las principales organizaciones e instituciones identificadas fueron las comunidades, municipalidades de centros poblados, los comités de vigilancia, las organizaciones relacionadas a los programas como el Vaso de Leche o comedores populares; mientras que las principales autoridades identificadas fueron los alcaldes de centros poblados, tenientes y tenientas gobernadoras, jueces de paz y quienes se encargan de la vigilancia relacionada a los pastos y el ganado. Como se puede observar en este contexto, a diferencia del caso ayacuchano, aparecen como centrales aquellas organizaciones y personas que tienen que ver con la actividad pecuaria y no con la agrícola debido a las características de su territorio.

En la zona aymara puneña, las comunidades también siguen teniendo un rol importante en tanto regulan el acceso a áreas claves para el desarrollo de la actividad pecuaria, es decir, a los pastos. Además, se suma que aquí las MCP son espacios que tienen relevancia política —vinculadas también a la gestión del territorio y con injerencia en el desarrollo del espacio comunal— y que según lo observado recaen organizativamente en las comunidades y en la organización de tenientes o tenientas gobernadoras.


La participación de las comuneras en las organizaciones comunales, a diferencia de Ayacucho, es mayor. Sin embargo, existe la percepción marcada que esta participación se está empezando a dar no solo por sus capacidades y trayectorias sino por los procesos de migración que se vienen registrando y por cumplir con los deberes como familia frente a la comunidad. En otras palabras, se podría decir que los cargos se van haciendo disponibles porque los hombres van saliendo de las comunidades y el trabajo vinculado a la tierra no es el principal sustento, por tanto va perdiendo también relevancia.

Más allá de esta percepción, lo cierto es que las comuneras puneñas vienen ejerciendo diferentes cargos comunales, siendo tenientas gobernadoras, vigilantes y no únicamente en organizaciones relativas a programas sociales. En ese sentido, se podría decir que la visión e intereses de las mujeres se ven representados en mayor medida. Ahora bien, al igual que en Ayacucho, su participación en espacios municipales es también desigual con respecto a los hombres, participando sobre todo como regidoras, pero difícilmente como alcaldesas.

En general, se puede decir que, pese a las diferencias entre regiones y a los distintos grados en los que las mujeres vienen siendo parte de los espacios y procesos vinculados a las tomas de decisiones sobre la tierra, aún existen diferencias según género, por lo que la gobernanza de la tierra no necesariamente se configura considerando las visiones y necesidades de todas las personas presentes en las comunidades por igual.


V concLusiones


5.1 Características actuales de las comunidades campesinas estudiadas

Los espacios rurales en la actualidad están mejor conectados con los espacios urbanos que hace unas décadas. La mejora de las vías de comunicación es evidente en ambas regiones y ha posibilitado que varias familias comuneras tengan domicilios múltiples, localizados tanto en las comunidades como las zonas urbanas, haciendo que los fl ujos entre ambos espacios sean aún más continuos. Esto ha venido generando cambios a nivel de los valores e identidades, trasladándose tanto patrones urbanos como rurales a cada espacio de la población rural.

Las tierras de las comunidades campesinas, y en general en donde se ubica la población indígena, sigue despertando el interés de actores externos; no obstante, los motivos de este han cambiado. Esto signifi ca que si bien antes había interés de los grandes terratenientes por ocupar estas tierras con el fi n de desarrollar actividades agrícolas o ganaderas, como en el caso ayacuchano, ahora más bien se busca acceder a recursos minerales o naturales mediante la obtención de concesiones que superponen a los derechos del suelo que tienen las comunidades, como se puede observar en el caso puneño. El interés por las tierras comunales también se ha venido evidenciando en la modifi cación o aparición de diversos mecanismos formales que podrían posibilitar su apropiación. Un ejemplo de ello es el reciente “paquetazo ambiental” aprobado por el Congreso.

Más allá de las diversas medidas relacionadas a posibilitar el acceso de actores externos a las tierras comunales, no se puede decir que existen acciones claras que muestren el interés desde el Estado por contribuir a fortalecer estas organizaciones o su población, más bien existen medidas desarticuladas, poca inversión y monitoreo, mostrando que no son una prioridad en la agenda estatal.

Las comunidades campesinas concentran un alto porcentaje de población en situación de vulnerabilidad, económica y social, teniendo una mayor


incidencia en las condiciones de vida de las mujeres comuneras. En estas se encuentran porcentajes significativos de población en situación de pobreza o pobreza extrema que carecen además de un acceso adecuado a servicios básicos y sociales, siendo una de las principales un mejor acceso al recurso hídrico tanto para consumo familiar como para la producción.

Las organizaciones comunales en estos casos están compuestas principalmente por población indígena (los indicadores de lengua materna dan luces al respecto). En el caso de los distritos en Ayacucho, donde se sitúan las comunidades analizadas, el porcentaje de población que tiene el quechua como lengua materna bordea el 90,0%, mientras que en Puno en promedio el 80,0% de la población tiene el aymara como su primera lengua. Esto significa que además esta población comparte características culturales, formas de entender el mundo y relacionarse con el medio.

En relación a este punto, la presencia de la religión evangélica ha venido aumentando significativamente en los espacios comunales de las dos regiones, pero siendo más evidente en Ayacucho. Esta ha originado diversos impactos justamente en las prácticas y dinámicas de la población indígena y campesina. Por ejemplo, diversos rituales vinculados a los ciclos agrarios o acciones que buscaban evidenciar los vínculos de agradecimiento hacia la tierra o agua se han dejado de lado en tanto chocan con los principios de esta religión. Entonces, se vienen dando procesos de reconfiguración en su cosmovisión e impidiendo la reproducción de prácticas culturales que eran parte de la historia e identidad de estos pueblos.

Aunque han sido declaradas diversas veces en crisis, las organizaciones comunales siguen activas y vigentes en las dinámicas políticas locales. Se debe considerar que existen diferentes tipos de comunidad, dependiendo su origen y creación. En este trabajo se ha observado comunidades que han sido creadas y reconocidas principalmente en la década de los ochenta y que recién en los noventa han recibido sus títulos. Por ende, son instituciones con una vida relativamente corta y en ella han tenido que pasar por procesos complejos como los de la violencia política, cambios drásticos en los modelos de desarrollo en el país, la apertura al mercado y el interés continuo por sus


tierras (que se mantiene hasta ahora), entre otros. Estas parecen haberse ido adaptando, en la medida de sus posibilidades, a los cambios en el entorno con el fin de asegurar su vida institucional. No obstante, para otros temas parecen no ser tan dinámicas, como para el reconocimiento formal de las mujeres en los espacios comunales y sus derechos a la tierra.

Por otro lado, las realidades comunales analizadas muestran que existe una brecha entre la importancia puesta a los estatutos en la Ley y la que tienen en la práctica para el gobierno comunal. Se ha podido comprobar que en muchos casos la población desconoce por qué estos documentos son importantes, en tanto podrían ser instrumentos claves para asegurar sus derechos al interior de las comunidades, y también cuál es su contenido. Entonces, muchas comunidades permanecen con los estatutos elaborados para el proceso de reconocimiento formal y están lejos de considerar las particularidades de las mismas. En otros casos más bien se ha venido identificando la importancia de estos documentos para el gobierno comunal, pero no han podido modificarlos, pues es un proceso que implica costos difíciles de afrontar, tales como contratar a alguien para su elaboración y validarlo formalmente.

En general, no contar con estatutos y padrones actualizados o no contar con directivas inscritas debidamente en la SUNARP acaba afectando a las comunidades tanto es su fortalecimiento como organizaciones negociadoras como en sus capacidades de negociación.


5.2 Los roles y derechos efectivos de las comuneras con relación a la tierra

En el país se han ido dando avances en busca de la equidad de género e igualdad de oportunidades. Tal como se ha visto, se han realizado una serie de acciones a nivel macro, sin embargo, estos esfuerzos aún no se traducen directamente al interior de las comunidades campesinas. Por el contrario, aún persisten inequidades y discriminación hacia las mujeres, afectando sus derechos sobre la tierra y recursos. Esto es posible dado que la normativa comunal (leyes, estatutos) no es lo sufi cientemente clara respecto a los derechos al interior de las comunidades, y menos aún de las mujeres.

El marco actual no asegura que se respeten los derechos a la participación política ni al acceso a la tierra y recursos de las mujeres. Si bien no se habla que estos sean derechos exclusivos de los comuneros, su imprecisión las perjudica. Además, estas son consideradas como organizaciones autónomas y no existen mecanismos internos que velen por la igualdad de derechos entre comuneros y comuneras. Lo que acaba determinando el acceso de las mujeres a la tierra son los códigos y costumbres. Así, serán centrales el estado civil de las comuneras, su condición de madres, las prácticas de herencia o mecanismos de cesión de derechos entre las familias.

Así mismo, infl uye en que las comuneras puedan lograr el reconocimiento de ciertos derechos la presencia o ausencia del “jefe de familia” en tanto se da por sentado que este debe ser preferentemente una fi gura masculina, adulta, que es capaz de tutelar y tomar las mejores decisiones para su entorno familiar. Entonces, el acceso y control de las mujeres a la tierra también puede estar mediado por las características de las estrategias económicas familiares, la conexión de los espacios comunales a los centros urbanos o los patrones de residencia de la población comunera.


En el caso de Ayacucho, la actividad principal es la agricultura, pero usualmente los varones buscan trabajos temporales en la capital de provincia. Ahora bien, debido a la cercanía de las comunidades con ella, los comuneros buscan regresar los fines de semana, por lo que hay una mayor presencia de ellos en las dinámicas políticas comunales y muchas veces una mayor resistencia a que las mujeres se les reconozcan sus derechos. En el caso de Puno, los patrones de migración temporal son más marcados, extensos y las mujeres afirmaban que cada vez habían menos hombres en las comunidades, por lo que su participación política y acceso a la tierra también iban siendo mayores. Entonces, estos avances no se dan necesariamente como resultado de una búsqueda por equidad o igualdad de derechos sino como una salida a los cambios en las dinámicas económicas familiares, quedando claro que el reconocimiento de los aportes y derechos de las mujeres pasa no solo por el nivel comunal sino también dentro de la familia. Esto también muestra cómo los discursos o estructuras que legitiman los derechos diferenciados para los varones se pueden replantear o quebrar en la práctica.

Si bien se han venido dando ciertos avances en relación a la visibilización de los roles y tareas de las comuneras en los espacios comunales, aún no se les asegura sus derechos políticos o se les da derechos efectivos y control sobre la tierra. Así, se pueden observar situaciones, como en Ayacucho, donde las comuneras acceden a la tierra, trabajándola, cuidándola, entablando acuerdos en relación a ella, pero sin que formalmente tengan el estatus de “comuneras calificadas” y los derechos derivados del mismo, no pareciendo que eso sea un problema. En estos casos, no se aplica tan rígidamente el marco normativo, como sí ocurre cuando una comunera busca participar en la política comunal en cargos principales.

En Ayacucho y Puno se pudo, entre las diferentes autoridades comunales, observar un discurso que identificaba la importancia de la participación de las mujeres y la necesidad de contar con más autoridades mujeres. También, en el caso ayacuchano, primordialmente, estaba bastante presente el discurso ligado a la religión evangélica que clamaba la necesidad de lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así


como replantear las relaciones entre hombres y mujeres dentro del núcleo familiar. No obstante, más allá de los discursos iniciales políticamente correctos, cuando se indagaba en cuáles creían que eran las limitaciones que impedían el acceso de las mujeres a la participación política, se hacía referencia a visiones de género bien marcadas que “naturalmente” la impedían, tales como ser ellas las que tenían que cuidar a los hijos e hijas, dedicarse al ganado, entre otros, no habiendo entonces tiempo para ella.

Por otro lado, si bien en Puno la existencia de presidentas o vicepresidentas comunales podía sugerir un reconocimiento social generalizado de las capacidades de las mujeres, se pudo observar que había mucha desconfianza sobre sus capacidades y muchas veces una especie de resignación porque ellas ocuparan los cargos. Así mismo, se ha podido identificar que las mujeres que ocupan cargos, tanto en la comunidad como en otras organizaciones, son dura y constantemente criticadas, no solo por parte de los comuneros sino también de las propias comuneras. Además, son más vigiladas y se les exige más que a los varones que ejercen cargos.

Las comuneras deben lidiar con diferentes responsabilidades y temas a nivel familiar y organizacional. En el caso de la familia, debe afrontar la doble carga laboral (cuidado del hogar y actividad agropecuaria) o los cuestionamientos de la pareja y familiares, mientras que a niveles organizacionales deben cumplir con agendas complejas de reuniones y gestiones. De esta manera, las comuneras tienen una sobrecarga de responsabilidades, por lo que algunas prefieren no asumir ningún cargo, no ejerciendo su derecho a la participación política.

Por último, aunque la participación de las comuneras en la política comunal y en las organizaciones vinculadas a la tierra aún es baja en comparación a la de los comuneros, se deben valorar los casos donde pese a todos los contextos adversos logran ejercerlos. Esta participación va mostrando procesos, aunque lentos, de cambio y va mostrando las oportunidades para la incorporación de mujeres en estos espacios, pudiéndose volver un referente para siguientes generaciones.


5.3 Sistemas de tenencia y gobernanza de la tierra

Si bien hay avances en las últimas décadas en el reconocimiento de las tierras comunales, en los últimos años ha habido un decrecimiento y estancamiento de esos esfuerzos, pese a que aún porcentajes signifi cativos de estas no cuentan con títulos. Así mismo, el hecho de que la mayoría de las comunidades tituladas no estén georreferenciadas y no tengan cómo acreditar sus derechos mediante planos catastrales georreferenciados las deja con derechos de propiedad inseguros. Esto posibilita que diferentes actores interesados en sus tierras puedan llegar a vulnerarlas.

Uno de los puntos que sustenta todo sistema de tenencia es el marco formal, el cual delimita una serie de derechos y formas de acceso y control de la tierra. Según lo observado, uno de los pilares de ese marco normativo en el país es la Ley de Comunidades. Ahora bien, esta fue elaborada en la segunda mitad de los ochenta (1987), por lo que se encuentra desfasada, no está en concordancia con la Constitución de 1993 y no permite abordar la diversidad comunal existente. Diferentes organizaciones de sociedad civil o no gubernamentales han buscado motivar debates, elaborar propuestas y realizar acciones de incidencia en el Congreso con el objetivo de modifi carla, pero no han logrado el interés ni la voluntad política de las autoridades nacionales para ello.

Así mismo, los sistemas de tenencia se confi guran mediante las prácticas informales, acuerdos tácitos no estipulados que delimitan quién accede a la tierra y en qué condiciones. En ambas regiones se puede afi rmar que las prácticas y acuerdos informales acaban teniendo más peso para regular el acceso y control de la tierra para comuneros y comuneras. Esto genera la existencia de una serie de restricciones en la práctica para que las comuneras puedan tener derechos efectivos a diferencia de los comuneros.

La gobernanza de la tierra en las comunidades de Ayacucho y Puno se caracteriza por la presencia de diferentes instituciones y organizaciones, así como la presencia de distintas autoridades, más allá de las comunales,


con pesos diferenciados relacionados a la gestión de la tierra y recursos. Cada región ha seguido su propia trayectoria en relación a los procesos de reconocimiento de derechos de la población indígena y campesina, brindado diferentes características para la configuración de la gobernanza de la tierra en cada caso. Por ejemplo, en Puno actualmente existen alrededor de 1.271 comunidades campesinas y 281 MCP, mientras que en Ayacucho 683 comunidades campesinas y 130 MCP, lo que genera que las dinámicas y relaciones de poder establecidas entre las organizaciones sean diferentes.

Las comunidades campesinas, si bien entran en tensión en ciertos contextos con las municipalidades (ya sea distritales o de centros poblados) o con nuevos actores u organizaciones presentes en el espacio rural (pues pueden tener funciones o competencias que se superponen), han venido reacomodándose y replanteado sus roles. Pese a que en varios casos se puede ver un debilitamiento en su capacidad de acción e injerencia, se puede decir que siguen siendo parte importante para la configuración de la gobernanza de la tierra. Además, se podría sugerir que en contextos de presión por la tierra y recursos, como en el caso de la provincia de El Collao (Puno), se da un refortalecimiento de su rol en la protección de la comunidad.

La gobernanza de la tierra se sustenta habitualmente en actores no formales. Esto es aún más evidente en el caso puneño, donde se puede ver la creación de estructuras o institucionalidades paralelas vinculadas al gobierno y gestión del espacio público, que tratan también temas vinculados al uso y derechos sobre de la tierra. La creación en Ilave de una organización basada en zonas geográficas postconflicto social y su legitimidad en el espacio local muestran esto. De esta manera, esas organizaciones buscan ser espacios de articulación, mostrando de cierta manera que los espacios o formas de participación formales como los Consejos de Coordinación Local (CCL) o los espacios de presupuesto participativos (PP) no cumplen sus expectativas.

Otra figura clave en la gobernanza de la tierra en los espacios comunales de ambas regiones es la de los tenientes o tenientas gobernadoras. Muchas veces estas autoridades en la práctica van más allá de sus


funciones formales, es decir, la de ser representantes del gobierno central en sus espacios territoriales, y adoptan un serie de funciones y cargas simbólicas vinculadas a lógicas políticas y prácticas locales. En el caso de las comunidades aymaras, los tenientes o tenientas cumplen una serie de funciones vinculadas a la vigilancia de la tierra o realizan una serie de acciones para congraciarse con ella.

Más allá de las comunidades campesinas, las demás organizaciones o instituciones que confi guran la gobernanza de la tierra no se caracterizan por ser espacios donde la situación de la equidad e igualdad de género sea mucho mayor, es decir, la búsqueda por resolver estas brechas no es un tema que atañe únicamente a las organizaciones comunales. Si bien en las municipalidades u otras organizaciones se puede observar mayor participación y menos trabas para ella, se debe analizar en qué medida esta acaba infl uyendo o impactando en la toma de decisiones vinculadas a la tierra. En general, se puede afi rmar que la gobernanza de la tierra en estas zonas aún no presenta de la misma manera las preocupaciones e intereses de las comuneras y comuneros.

Por otro lado, se puede decir que aunque en los procesos de discusión o toma de decisiones públicas relacionadas a la tierra y recursos no se visibiliza a las comuneras y sus preocupaciones, queda evidenciado que sus experiencias y opiniones son urgentes y necesarias tanto por un tema de igualdad de derechos como por los aportes que podrían dar a partir de sus experiencias, dado que son las que ocupan, usan y preservan principalmente estos en los espacios comunales, tal como se ha visto.

Los vínculos de las comuneras con la tierra y recursos en ellas son complejos y pasan por diferentes aspectos, pues la tierra no es solo lo que les permite el sustento sino la reproducción de modos de vida y la construcción de identidades. El uso de la tierra y recursos es para las mujeres cotidiano y próximo en ambas regiones. Las comuneras, en estos usos cotidianos, no solo contribuyen a la reproducción de sus familias sino también al de las comunidades, contribuyen a la seguridad alimentaria y al uso sostenible de los recursos, aportando a una sostenibilidad de la vida desde su individualidad hacia la colectividad, siendo centrales entonces para la gobernanza de la tierra.



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DINÁMICAS COMUNALES Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A LA TIERRA: EXPERIENCIAS

DE COMUNERAS QUECHUAS Y AYMARAS PATRICIA QUIÑONES PAREJA

Las comunidades campesinas han sido tema de estudio de distintos investigadores e investigadoras debido a su importancia como instancias de organización social y política y a su rol vinculado al uso y gestión del territorio y recursos naturales en las zonas rurales. Sin embargo, no se han desarrollado muchos estudios que incorporen un enfoque de género como clave en el análisis de las dinámicas comunales en el Perú.

Tomando en cuenta esta situación la Asociación Servicios Educativos Rurales - SER, con el apoyo de Pan Para el Mundo - Servicio protestante para el desarrollo, estás desarrollando el proyecto Mujeres campesinas indígenas acceden a la gobernanza de la tierra en sus comunidades, en el marco del cual se ha realizado el presente estudio que aborda cómo en las dinámicas comunales se viven los distintos roles de género y se ejercen los derechos en el acceso y control de la tierra y los recursos.

aymaras y comuneras - ser.org.pe · huamanga (ayacucho) y cuatro comunidades de el collao (puno)...

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