asamblea legislativa informe de evaluaciÓn anual … · ley nº 9128, reforma del artículo 14 de...

ASAMBLEA LEGISLATIVA INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Dirección General de Presupuesto Nacional

Dirección: Edificio Noga, 100 metros este del Banco Nacional Paseo Colón, frente edificio Centro Colón. San José, Costa

Rica.Tel:(506)2539-6240 - www.hacienda.go.cr

1

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Por disposición constitucional, le compete a la Asamblea Legislativa (AL) ejercer el mandato

conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de leyes, normas

constitucionales, aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y

participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar

de los diferentes órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las

condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

Esta institución tiene la particularidad de que su actividad administrativa se rige por los acuerdos

tomados por el Directorio de la Asamblea de cada legislatura, que va del primero de mayo de un

año al 31 de abril del siguiente, lo cual difiere del periodo que se evalúa, así como con respecto a

los responsables de la ejecución del presupuesto, por cuanto en un año participan dos

directorios legislativos; por otra parte, en cuanto al cumplimiento de la razón de ser de la

institución, el proceso de formulación, discusión y aprobación de leyes se origina en propuestas

individuales o grupales que dependen del apoyo de mayoría en el Congreso o bien por la

injerencia del Poder Ejecutivo quien presenta iniciativas y define prioridades sobre proyectos de

interés. Aunado a lo anterior está la independencia de labores y votos que se da entre los

bloques de representantes de partidos políticos y de cada diputado en su accionar, así como del

proceso que sigue cada proyecto de ley en su deliberación, impide que en materia legislativa sea

factible la elaboración de un plan y la fijación de metas de gestión, por estas razones, de común

acuerdo entre el Directorio Legislativo y el Ministerio de Hacienda, se exceptúa a ése órgano de

la aplicación de la metodología establecida para la programación y evaluación presupuestaria.

El presente informe da cuenta de los resultados de la gestión legislativa en 2013 y contiene:

Los datos estadísticos de los proyectos o leyes aprobados, discutidos o desestimados

durante el período y las sesiones de control político.

Un resumen de los proyectos más relevantes tramitados durante el período.



2

Información relativa a los proyectos de ley que ingresaron a la corriente legislativa,

sesiones realizadas por el Plenario, cantidad de sesiones realizadas por las comisiones

y conclusiones, recomendaciones o sanciones producto del control político, entre otros.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro muestra en términos reales (colones constantes base 2012), los recursos

asignados y ejecutados en 2012 y 2013 provenientes de las fuentes de ingresos corrientes (001)

y de financiamiento (280 y 906).

Partida AUTORIZADO AUTORIZADO

(Ley No. 9019 y

Modif.)

(Ley No. 9103 y

Modif.)

0-Remuneraciones 22.326.540.700 21.545.046.072 96,5 23.184.828.414 22.893.547.466 98,7

1-Servicios 2.902.034.400 2.061.595.533 71,0 2.902.200.039 2.072.778.514 71,4

2-Materiales y Suministros 788.855.000 582.307.563 73,8 777.584.877 534.988.184 68,8

3-Intereses y Comisiones - - - - - -

4-Activos Financieros - - - - - -

5-Bienes Duraderos 3/ 1.222.617.000 656.369.062 53,7 1.475.694.444 979.917.520 66,4

6-Transferencias Corrientes 425.507.600 367.063.159 86,3 472.449.171 376.625.815 79,7

7-Transferencias de Capital - - - - - -

8-Amortización - - - - - -

9-Cuentas Especiales 2.245.000 1.878.667 83,7 5.787.037 5.787.037 100,0

SUB TOTAL 27.667.799.700 25.214.260.056 91,1 28.818.543.981 26.863.644.535 93,2

Transferencias no vinculadas 1/ 778.200.300 735.625.556 94,5 815.908.179 759.437.603 93,1

TOTAL GENERAL 28.446.000.000 25.949.885.612 91,2 29.634.452.160 27.623.082.138 93,2

Fuente: Módulo de Poderes.

Notas:

EJECUTADO ²/ EJECUTADO ²/%

EJECUCIÓN

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutados por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,

independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

3/ Incluye el superávit libre.

%

EJECUCIÓN

2012 2013

Asamblea Legislativa

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2012-2013 (en colones constantes base 2012)

0-Remuneraciones.1-Servicios 6-Transferencias Corrientes2-Materiales y Suministros. 7-Transferencias de Capital3-Intereses y Comisiones. 8-Amortización.4-Activos Financieros. 9-Cuentas Especiales.5-Bienes Duraderos. O.D. Órganos Desconcentrados



3

La institución hizo una breve referencia al comportamiento de la ejecución del presupuesto del

2013, el cual no cumplió con los requerimientos establecidos en materia financiera, señalando

únicamente lo siguiente:

La institución, por su naturaleza es intensiva en el uso del recurso humano, rubro que representa

el 80,8% de los recursos que en definitiva se le asignaron para el año.

Conforme se indicó en el informe de seguimiento semestral, la ejecución de los ¢700,0 millones

dispuestos para la compra de terrenos estaba sujeta a lo que resolvieran los tribunales de justicia

como parte de los trámites legales propios del proceso de expropiación; al final del ejercicio 2013

se resolvió positivamente la gestión ante dichos tribunales, por tanto la ejecución resultante de

este rubro fue de un 77,5% (¢542,5 millones). Estos recursos provienen de un superávit, que se

presupuesto específicamente para finiquitar el pago de los terrenos en dónde se espera construir

la sede legislativa.

En relación con la ejecución presupuestaria en los rubros de gasto operativo, inversión y

mantenimiento, la institución indica que ha explicado ampliamente la problemática en este

sentido, señalando los problemas estructurales, principalmente el divorcio existente entre el

periodo presupuestario y el periodo de la legislatura.

La administración legislativa ha venido tomando acciones en el tema de lo que podría

interpretarse como una baja ejecución en el tema del gasto operativo, inversiones,

mantenimiento y gasto fijo.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Como se señaló con anterioridad, los resultados que se muestran en el presente informe

corresponden a la gestión legislativa realizada durante el año 2013. El reporte contiene los datos

estadísticos de los proyectos o leyes aprobadas, discutidos o desestimados durante el período y

las sesiones de control político. Se incluye además un resumen de los proyectos más relevantes

tramitados durante el período.



4

Conforme a la dinámica legislativa, en el año 2013 ingresaron a la corriente legislativa 321

proyectos de ley, se aprobaron 90 leyes y 215 proyectos de ley fueron desestimados.

Hubo un total de 770 sesiones realizadas en las diferentes comisiones, durante los períodos

extraordinarios y ordinarios, comprendidos en el año 2013.

En total la duración de estas 770 sesiones fue de 571 horas con 35 minutos, las cuales fueron

transcritas en forma literal en su totalidad y todas constan en el Sistema Integrado Legislativo

(SIL).

Basado en la información suministrada por la Asamblea Legislativa, con base en los registros del

SIL, se destaca lo siguiente:

Aprobación de leyes.

Ley Nº 9128, reforma del artículo 14 de la Ley Nº 6826, Ley de impuesto general sobre las ventas, de 8 de noviembre de 1982.

Expediente 18.573 tramitado por iniciativa el Poder Ejecutivo, aprobado el 12 de marzo de 2013.

La ley amplía el reconocimiento del crédito en otras etapas distintas a la de producción, y

complementa el concepto de “incorporación física” con el de “utilización” de mercancías y

servicios, lo anterior, para tratar de dar una solución a los dos graves problemas que enfrenta la

aplicación de este artículo en la actualidad: uno que tiene que ver con la afectación del derecho a

la salud y el segundo relacionado con el aumento en los costos de elaboración de los bienes, en

particular de la canasta básica.

Ley Nº 9149, adición a la Ley Nº 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Expediente 17.809 tramitado por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobado el 6 de junio de 2013.

La iniciativa adiciona dos artículos al artículo Nº 62 de la citada Ley y sus reformas, para

exceptuar del requerimiento de encaje mínimo legal las emisiones de los depósitos y captaciones

que se realicen por parte de las entidades financieras, con el fin de que los recursos captados

sean utilizados para el financiamiento de créditos para la adquisición de vivienda, construcción

de única vivienda en lote propio, compra de único lote y reparación, ampliación y mejora de

vivienda, cuando esta sea única. Los créditos otorgados con estos recursos tendrán un plazo de

vencimiento superior a ocho años y durante esos ocho años la tasa de interés deberá ser fija.



5

Ley Nº 9157, creación del fondo para el financiamiento de vivienda para clase media.

Expediente 17.928 tramitado por iniciativa del diputado Hernández Cerdas (PAC), aprobado el 2

de julio de 2013, en la sesión Nº33 del Plenario Legislativo. Tiene como objetivo la constitución

del Fondo para el Financiamiento de Vivienda para Clase Media (Fofivi), en cada una de las

entidades públicas bancarias, mutuales, bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito

supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con el fin de

brindar crédito para primera solución de vivienda a la clase media. Las entidades participantes,

en los alcances de esta ley deberán ser, sin excepción, entes autorizados en el Sistema

Financiero para la Vivienda, según la legislación vigente.

Ley Nº 9164, aprobación del tratado sobre el comercio de armas.

Expediente 18.800 tramitado por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada el 3 de setiembre de

2013. Su objetivo es establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para

regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales; prevenir y

eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío; contribuir a la paz, la

seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional; reducir el sufrimiento humano;

promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en el

comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza; entre otros.

Ley Nº 9169, aprobación del convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos (convenio 189).

Expediente 18.335 tramitado por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada el 17 de octubre de

2013. La ley aprueba el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los

Trabajadores Domésticos (Convenio 189), con el fin de incluirse entre la lista de naciones

firmantes y declarantes de garantizar el respeto, reconocimiento y compromiso con los derechos

de las personas que trabajan en asuntos domésticos.

Ley Nº 9170, aprobación del protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.


2013. La ley aprueba, en cada una de sus partes, el Protocolo Facultativo de la Convención



6

sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, firmado por la

República de Costa Rica el 28 de febrero de 2012. Este convenio tiene la finalidad de reforzar y

complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la

violación de sus derechos.

Ley Nº 9177, reforma de los artículos 173, 173 bis y 174 y adición de un artículo 174 bis al Código Penal, Ley Nº 4573, y reforma del inciso 3) y del párrafo final del artículo 61 de la Ley Nº 8764, Ley General de Migración y Extranjería.


2013. Esta ley aumenta las sanciones en los casos en que se utilicen personas menores de edad

en material pornográfico.

Ley Nº 9204, creación del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Expediente 18.273 tramitado por iniciativa de diputadas y diputados de varias fracciones

políticas, aprobado el 12 de diciembre de 2013. La ley crea el Mecanismo Nacional de

Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, según

lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, con la finalidad de

proteger los derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentren sometidas

a cualquier forma de privación de libertad y prevenir cualquier acto de tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos y degradantes, mediante la ejecución de inspecciones regulares a los

centros de aprehensión, detención y privación de libertad.

Control Político.

El control político es una facultad que tiene el Parlamento por mandato constitucional, pueden

ejercerlo en el Plenario Legislativo o desde cualquier órgano legislativo, en cualquier momento

procesal parlamentario o en el cumplimiento de la representación popular de la Asamblea

Legislativa, pues su investidura lo acredita ampliamente para este tipo de acciones.



7

Muchas veces el control político se ejerce sobre temas que no están relacionados con ningún

expediente en discusión, razón por la cual no es posible integrarlo en un registro por ser parte

intrínseca del ser y hacer del legislador.

Sin embargo, una de las formas de ejercer y contabilizar estadísticamente el control político es a

través del trabajo que realizan las comisiones especiales investigadoras de temas específicos.

En el inciso 23), del artículo 121 de la Constitución Política se establece como una de las

atribuciones de la Asamblea Legislativa la de nombrar comisiones investigadoras para que

rindan el informe correspondiente sobre los temas indagados.

Respecto al tema en análisis se informa que, en la agenda del Plenario Legislativo existen al

menos 27 temas de investigación sobre los que se rindieron diversos informes desde las

comisiones legislativas y que trascienden al período en estudio. Respecto de éstos informes,

emitidos en comisiones y enviados al plenario legislativo durante el ejercicio 2013, que cuentan

con conclusiones, recomendaciones o sanciones, se incluye un resumen de algunos de éstos.

a) Informe de investigación del "proceso de concesión de la carretera San José - Caldera" de la

Comisión Especial que investigó y analizó todos los procesos de concesión que ha otorgado el

Estado Costarricense, o esté por otorgar, al amparo de la Ley Nº 7762 y su modificación parcial

contenida en la Ley Nº 8643, expediente Nº 17.835. Un Informe de Mayoría que establece:

Conclusiones: Comprobación de una serie de inconsistencias, omisiones, debilidades e inercia

de parte de la administración concedente, en una obra tan compleja.

Recomendaciones al Poder Ejecutivo: No suscribir ningún contrato nuevo de concesión hasta

tanto no tenga la seguridad absoluta de haber fortalecido la organización del Consejo Nacional

de Concesiones de manera que garantice la defensa del interés financiero para el Estado y la

adecuada fiscalización y supervisión de la ejecución del contrato. No se nombre a Karla

González en ningún cargo público al menos durante 10 años, ni se le otorguen consultorías de

ningún tipo por parte del estado.

b) Informe de investigación de la “concesión a APM Terminals Central America (moín)” de la

Comisión Especial citada en el punto a). Un Informe Afirmativo de Minoría que establece:



8

Conclusiones: La Comisión fue creada para investigar los procesos llevados a cabo, y verificar si

se han cometido actos contrarios a la ley. El proceso si cuenta con una viabilidad ambiental

potencial otorgada por Setena. El proceso si cumplió con los estudios técnicos y financieros a los

que obliga la ley, el Gobierno contrató y luego puso en marcha un Plan Maestro para el puerto de

Moín. JAPDEVA si tiene contemplado un plan estructurado para mitigar los impactos sociales de

este proyecto en la región de Limón; entre otros.

Recomendaciones a las autoridades estatales relacionadas: Que el proceso de la licitación y su

contrato continúe adelante como ha sido planeado por la Administración Pública, sujeto a una

estricta fiscalización. Generar mecanismos apropiados que canalicen la información clara y

confiable a la población limonense, sobre alcances, beneficios y oportunidades del desarrollo de

actividad portuaria eficiente. El gobierno debe garantizar el apego a toda normativa técnica,

económica, jurídica, ambiental y garantizándose la debida fiscalización; entre otras.

c) Informe de investigación de la participación de funcionarios y ex funcionarios públicos y

autoridades del Poder Judicial en relación con la investigación judicial desarrollada en contra del

señor Rodrigo Arias Sánchez por presuntos delitos contra la hacienda pública en lo relativo al

uso de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Un Informe de

Mayoría que establece:

Conclusiones: La comisión determinó severas contradicciones entre las versiones bajo juramento

de los señores Rodrigo Arias y José María Tijerino. A su vez incongruencias entre la señora

Lilliam Gómez y el señor Jorge Chavarría. Estas inconsistencias dejan vacíos que no pudieron

ser llenados con la información obtenida por la Comisión. La Comisión advierte que situaciones

como la que se ha investigado ponen en enorme riesgo la credibilidad de instituciones

estratégicas como el Poder Judicial y la división de poderes. La causa en el Ministerio Público

tiene como fundamento que los recursos donados por el BCIE no ingresaron al erario público por

una decisión de los Señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez, a quienes la normativa pertinente

no facultaba para hacerlo.

Recomendaciones al Poder Ejecutivo: Excitativa para solicitar en forma directa a los jerarcas del

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la información completa y necesaria



9

de la ejecución del Convenio de Cooperación Financiera No Reembolsable entre el Banco

Centroamericano de Integración Económica y la República de Costa Rica, suscrito el 23 de

octubre del 2006 y correspondiente a la Resoluciones DI-163/2006 y DI-3/2008. Recibida la

información completa, exacta y veraz remitida por el BCIE a la Presidencia de la República, la

Señora Presidenta Laura Chinchilla Miranda debe remitirla formalmente a la Contraloría General

de la República para que ésta realice una auditoría exhaustiva del uso de estos fondos no

reembolsables, acorde con la Ley Orgánica del ente contralor y establezca las responsabilidades

del caso. Además, debe remitir la información al Ministerio Público para que continúe la

investigación que efectúa actualmente sobre el caso del manejo de los fondos no reembolsables

donados por el BCIE al Gobierno de la República; entre otras.

d) Informe sobre evaluación e investigación de las causas, responsabilidades y responsables de

los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que propondrá las soluciones

y los correctivos necesarios para que ésta cumpla los objetivos constitucionales asignados,

Expediente 18.201. Un Informe de Minoría que establece:

Conclusiones: Esta Comisión tiene la doble función dictaminadora e investigadora. Se

presentaron 2 Informes de Investigación, uno de minoría y otro de mayoría.

Recomendaciones a la Presidencia, Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes, CONARE

y CCSS: Instalar una Mesa Nacional de Diálogo y Acuerdos bajo la coordinación de la

Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), quienes deberán

convocar a todos los sectores involucrados para abordar y definir acciones sobre lo siguiente:

Nombramiento de los puestos de toma de decisión de la CCSS. (Ley Nº 17).

Rectoría del Sistema Nacional de Salud por parte del Ministerio de Salud (Leyes 5412, 5395, 7374 y 7852).

Rendición de cuentas en la institución: hacia adentro y hacia afuera. (Ley Nº 17, Constitución Política).

Proceso de desconcentración (EBAIS) (Ley Nº 7852 y Decreto Ejecutivo N° 30698-S, del 23 de agosto de 2002).

Las Juntas de Salud como órganos de control: deben estar adscritos a la CCSS o al Ministerio de Salud. (Ley Nº 7852).



10

Investigación. Iniciar una investigación en torno a la relación entre el debilitamiento de la CCSS y

el fortalecimiento de la medicina privada en el país, para aclarar los vínculos político-

empresariales. Con ese propósito se presentó la siguiente moción:

“Para que se solicite a la Defensoría de los Habitantes una investigación en torno a la relación entre el debilitamiento de la CCSS y el fortalecimiento de la medicina privada y se aclaren los vínculos político-empresariales que han ido creando desde el año 1986 y hasta la fecha”.

Reformas Legales. La Ley Nº 3019 del 9 de agosto de 1962, Ley Orgánica del Colegio de Médicos que regula

las sanciones de multa que pueden imponer los miembros de la Junta Directiva a sus agremiados por irregularidades en el ejercicio de la profesión deben ser actualizadas.

Crear los perfiles adecuados para las personas que vayan a ocupar los cargos en la Junta Directiva y Gerencias; entre otras.

e) Informe de la investigación sobre los posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos

de la Administración Central y Descentralizada del país así como de la empresa privada, en

relación con el proceso de desarrollo, implementación y ejecución de la Ruta 1856. Un Informe

de Minoría que establece:

Conclusiones: Luis Liberman Ginsburg, Segundo Vicepresidente de la República; es la figura

política de mayor rango después de la Presidenta de la República en la cual recae la

responsabilidad política estratégica en la toma de decisiones de la ejecución de la Trocha, queda

demostrado a lo largo de todas las comparecencias que es en esta figura política en la cual la

señora Presidenta delega representatividad y funciones para supervisar y llevar de primera mano

todo lo concerniente a la planificación de la obra; es este funcionario el que asiste al CONAVI a

solicitar apoyo para la obra, asume compromiso de conseguir fondos para la obra, le exige

compromiso a los miembros del CONAVI para la misma, e incluso habla de reducir proyectos y

obras ya planificadas y presupuestas por esta institución, para realizar la ruta 1856. La debilidad

e ingenuidad del excanciller René Castro al permitir el dragado del Río San Juan, originó la

invasión a Calero, los problemas con el Gobierno de Nicaragua, las demandas en La Haya y las

acciones posteriores que tomó nuestro Gobierno, incluyendo la falta de controles en “La Trocha”.

La decisión de decretar el Estado de Emergencia (Guerra) por la invasión del ejército



11

nicaragüense en Isla Calero no fue complementada con la previsión de acciones posteriores

debidamente coordinadas. Imperó la precipitación que llevó incluso a generar una exagerada

psicosis ante eventuales hechos bélicos; entre otras.

Recomendaciones:

A la Asamblea Legislativa: Emitir una sanción moral al segundo Vicepresidente de la República

señor Luis Liberman Ginsburg como figura política de mayor rango, que tuvo participación directa

en la toma de decisiones de “La Trocha”.

Al Consejo de Gobierno: Exhortar al Consejo de Gobierno la destitución inmediata de René

Castro Salazar como Ministro y por consiguiente como representante de Costa Rica ante todos

los Organismos Internacionales en materia ambiental.

Al Consejo de Gobierno y Ministerio Público: Exhortar al Consejo de Gobierno la destitución

inmediata del Viceministro Mauricio Boraschi, y hacerle un llamado al Ministerio Publico a que

inicie las investigaciones respectivas contra este funcionario, esto por su participación directa en

la toma de decisiones en la construcción de “La Trocha”; entre otras.



12

Programa evaluado Asamblea Legislativa.

Propósito del programa

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el

proceso de formación de la ley, de normas constitucionales,

aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la

discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad

civil, así como la fiscalización del accionar a los diferentes órganos

que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer

las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con

justicia social.

Presupuesto del programa 1/ ₡29.879.066.400

Porcentaje ejecutado del presupuesto 93,2

Período evaluado Enero a diciembre de 2013.

Efectividad en el cumplimiento de los

indicadores asociados a producto (gestión)-

Efectividad en el cumplimiento de los

indicadores asociados a objetivos

estratégicos (resultados)

-

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.

Fuente de InformaciónInforme de autoevaluación realizado por la institución y análisis

realizado por la DGPN.

Nota:

1/ No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recurso externo.

Ficha resumen

Información general del Programa

Asamblea Legislativa

Al 31 de diciembre de 2013

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En atención a la información suministrada y contenida en el presente informe, se hace necesario

plantear las siguientes recomendaciones:

4.1 Plantear los cambios que se consideren necesarios en el registro de los datos financieros,

que faciliten y permitan el desarrollar una metodología para el cálculo de los costos asociado a la

gestión del control político y formación de leyes; así como del trabajo desarrollado por las



13

comisiones legislativas que rinden informes finales en el periodo, considerando el principio de

programación, a que se refiere el inciso e) del artículo 5 de la Ley de la Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Lo anterior, por cuanto para el presente

informe no se remitió información al respecto. Así las cosas, se deben establecer y dictar

medidas de orden procedimental o de modificaciones a los sistemas que corrijan la situación en

el mediano plazo y permitan dar información de costos sobre los servicios que ofrece el Ente

Legislativo a la ciudadanía.

4.2 Ofrecer un mayor nivel de detalle en la información financiera reportada, de manera que se

explique clara y suficientemente el nivel de ejecución del gasto alcanzado por la institución;

señalando en los casos que corresponda, los inconvenientes presentados durante el ejercicio,

así como las medidas correctivas que implementará la institución para mejorar la ejecución y

eliminar o minimizar las situaciones que afectan negativamente la ejecución. Lo anterior por

cuanto, en el Aparte Financiero se omitió la información correspondiente al cuadro No.2

denominado “Razones que incidieron en los porcentajes de ejecución financiera de los años

2010-2011-2012-2013”; asimismo no se aportó información respecto al análisis de la ejecución

por partida, programa o subprograma y las principales razones positivas y/o negativas que

incidieron en la misma.

4.3 Adecuarse a los lineamientos establecidos para rendir los informes, pues aunque se exime

del uso de la metodología de programación presupuestaria y de su evaluación, la entidad debe

circunscribirse en lo que corresponda a lo solicitado mediante el instrumento diseñado por el

ente rector para rendir los informes. Además, el citado acuerdo, no limita la facultad del ente

evaluador para solicitar cualquier otra información que le permita pronunciarse sobre la gestión

de la institución; por cuanto se presentaron limitaciones para informar, en razón de que no se

aportaron los datos sobre la gestión financiera indicados en el punto anterior.

asamblea legislativa informe de evaluaciÓn anual … · ley nº 9128, reforma del artículo 14 de...

Documents