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2009 NOVIEMBRE 15 ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN La política salarial en tiempos de crisis IgnacIo aLvarez PeraLta Investigador. Departamento de economía aplicada I. Universidad complutense de Madrid Area de Economía y Desarrollo Productivo Fundación 1º de Mayo | Centro Sindical de Estudios C/ Arenal, 11. 28013 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838 www.1mayo.ccoo.es | [email protected] Estudios de la Fundación. ISSN: 1989-4732

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2009NOVIEMBRE

15

ESTUDIOSDE LA FUNDACIÓN

La política salarial entiempos de crisis

IgnacIo aLvarez PeraLta

Investigador. Departamento de economía aplicada I.

Universidad complutense de Madrid

Area de Economía y Desarrollo Productivo

Fundación 1º de Mayo | Centro Sindical de EstudiosC/ Arenal, 11. 28013 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838www.1mayo.ccoo.es | [email protected]

Estudios de la Fundación. ISSN: 1989-4732

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Índice

1. Introducción

2. ¿Qué nos dice la teoría económica hegemónica?

3. Salarios, inflación y productividad: la pugna por el reparto de larenta.

4. La política salarial en el contexto actual

5. conclusiones

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1.- Introducción La situación de crisis económica que vivimos en la actualidad ha hecho aflorar un importante debate sobre cuál debe ser la política salarial de referencia para los distintos agentes económicos y sociales. Dedicaremos las siguientes líneas a abordar esta cuestión, es decir, a tratar de caracterizar cuál debiera ser en este momento la evolución de los salarios en la economía española, habida cuenta del contexto de crisis económica. Como es sabido, la crisis económica que vive la economía española desde principios del año 2008 se enmarca en una crisis económica mundial, cuyo desencadenante más inmediato fue el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria internacional. El colapso de los mercados internacionales de capitales, fruto de la crisis de las hipotecas subprime, determinó una fuerte desvalorización de los activos en manos de las entidades financieras y, con ello, una durísima contracción del crédito (Torres, 2009). Así, la crisis financiera internacional rápidamente se trasladó a la esfera productiva, cortocircuitando la financiación de la inversión y el consumo, reforzando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y precipitando el bloqueo del crecimiento económico (gráfico 1).

Gráfico 1: Evolución del PIB, España (% variación interanual)

Fuente: FUNCAS

Gráfico 2: Evolución de la tasa de desempleo, España (%)

Fuente: FUNCAS

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La fuerte caída del crecimiento económico se ha traducido, ya desde principios de 2008, en una paralela reducción del número de ocupados de la economía española y, con ello, en un rápido incremento de la tasa de desempleo (gráfico 2). Además, la reducción de los precios internacionales del petróleo, junto con la fuerte caída del consumo de las familias, ha precipitado desde finales de 2008 un notable proceso de desinflación1 (gráfico 3), tanto del índice general como, en menor medida, de la inflación subyacente.

Gráfico 3: Evolución del IPC, España (% variación anual)

Fuente: INE

Es en este contexto de crisis, fuerte desempleo y caída de precios en el que se plantea precisamente el debate sobre qué pauta debe seguir el crecimiento de los salarios en la economía española para facilitar la salida de la crisis y la creación de empleo. Las posiciones expresadas por los distintos agentes económicos y sociales a lo largo de la segunda mitad del año 2009 han sido diversas: mientras que la CEOE ha reiterado en numerosas ocasiones que el crecimiento salarial debería ajustarse el crecimiento de la inflación presente, exigiendo una congelación de los salarios, las principales centrales sindicales del país (CCOO y UGT) han manifestado públicamente su voluntad de que los salarios crezcan al menos un 2% a lo largo del año. La situación en el último trimestre de 2009 es que existen unos 1500 convenios colectivos bloqueados por la patronal (ésta está exigiendo subidas inferiores a las previamente pactadas), de cuya renovación dependen los salarios de algo más de cuatro millones de trabajadores. La posición del gobierno al respecto es confusa, cuando no abiertamente contradictoria. Más allá de las apelaciones al dialogo social y a la necesidad de impulsar la negociación colectiva, el gobierno se ha movido entre las declaraciones del propio José Luis Rodríguez Zapatero, planteando que “esta crisis no pueden pagarla los trabajadores”, y las del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Este último, firmante del conocido Manifiesto de los 100 que apoyaba la creación de un nuevo contrato indefinido con menos días de indemnización por despido, considera que para solucionar el problema del desempleo lo deseable es “una reforma del mercado laboral, pero esto lleva tiempo”, así que “más rápido aún

1 El término “desinflación” hace referencia a una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios (es decir, a una desaceleración de la inflación), mientras que el término “deflación” remite a una caída de los precios, es decir, a un crecimiento negativo de la inflación.

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es una reducción del salario real de los que trabajan, reducción que, a su vez, nos ayudaría a recuperar competitividad” (El Mundo, 8 de marzo de 2009). 2.-¿Qué nos dice la teoría económica hegemónica? El secretario de Estado de Economía no es el único economista que aboga por la moderación salarial en el contexto actual de crisis. De hecho, y pese a la tremenda impugnación que la actual crisis económica ha supuesto para la ortodoxia neoliberal, siguen siendo muchos los economistas que mantienen dicha orientación. Así, se sigue insistiendo en la necesidad de flexibilizar aún más el mercado de trabajo, abaratar el despido y contener los salarios, como si éstas fuesen medidas novedosas en nuestra economía cuya aplicación fuese a traducirse mecánicamente en crecimiento económico y creación de empleo. Estos postulados neoliberales surgen con fuerza durante la crisis de los años setenta, caracterizada por la llamada “estanflación” (convivencia simultánea de estancamiento, desempleo e inflación), que el paradigma económico keynesiano no era capaz de explicar. A partir de ese momento, la política económica pasó a estar dirigida en base a sus orientaciones, ampliamente compartidas además por los sectores empresariales. Las principales aportaciones de los economistas neoliberales para entender la crisis de los años setenta se centraron en dos cuestiones: en primer lugar, los mercados laborales europeos eran mercados que presentaban importantes “rigideces” (regulaciones como la existencia de un salario mínimo legal, la negociación colectiva, etc.), que impedían que los salarios se redujesen ante la crisis y actuasen como variable de ajuste. Pero además, esta corriente de pensamiento aportó la idea de que la inflación está determinada por la formación de las expectativas de los agentes, de modo que los incrementos salariales de hoy se traducirán en inflación futura y, por tanto, en menor crecimiento económico. Superar la crisis pasaba por atajar estas dos cuestiones, lo que, a su vez, permitiría la necesaria moderación salarial. Así, la obsesión antinflacionista de los economistas liberales llevó a que, desde comienzos de los años ochenta, se extendiesen en las distintas economías europeas diversas medidas de desreglamentación del mercado de trabajo y de moderación salarial. Esta moderación salarial, junto con el control del gasto público y de la oferta monetaria, ha resultado ser sin duda exitosa en el control de la inflación, tal y como podemos ver en el gráfico 4. No obstante, la segunda parte de la ecuación neoliberal, nunca llegó a cumplirse: supuestamente, el control de la inflación debiera haberse traducido en mayor estabilidad y competitividad y, con ello, en mayores tasas de inversión, crecimiento económico y creación de empleo. Como vemos en el gráfico 4, los datos para el conjunto de la zona euro no avalan precisamente esta argumentación: si bien es cierto que la política económica consiguió controlar eficientemente la inflación desde mediados de los años ochenta, esto no se ha traducido –en comparación con la dinámica económica de los años cincuenta y sesenta– en una recuperación sostenida del crecimiento económico ni en un descenso de las tasas de desempleo. Al contrario, durante estos años, el crecimiento se ha visto limitado por la débil demanda interna de muchas de estas economías, fruto del control del gasto público y del débil crecimiento salarial.

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Gráfico 4: Crecimiento, salarios, inflación y desempleo, Zona Euro-12 (tasa media del periodo, 1960-2008)

Fuente: AMECO y OCDE

3.- Salarios, inflación y productividad: la pugna por el reparto de la renta. Como anteriormente se mencionaba, la aplicación de la batería de medidas neoliberales en el mercado de trabajo no es novedosa. En el caso español, el recurso a la desreglamentación laboral, la ampliación de las figuras contractuales, el abaratamiento del despido, la descausalización de éste, o las prácticas de moderación salarial, ha sido constante durante estas últimas décadas, mediante una sucesión de reformas laborales promovidas tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE. La exigencia de una nueva vuelta de tuerca en este sentido, tal y como pide el Manifiesto de los 100 en relación al abaratamiento del despido o la patronal respecto a la política salarial, no es precisamente una novedad, sino una profundización en la orientación neoliberal de las reformas de las últimas décadas. Veamos a continuación las consecuencias que ha tenido la aplicación de estas medidas en la economía española. Desde los años ochenta, los salarios nominales han pasado a crecer igual o incluso menos que la inflación (como sucedió en buena parte de la década de los noventa), lo que ha supuesto un estancamiento de los salarios reales (gráfico 5).

Gráfico 5: Evolución del salario real en España(variación %

anual) Fuente: INE y Eurostat.

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De hecho, España, según el informe anual Employment Outlook 2007 de la OCDE (OECD, 2007) es, de los 27 países que componen dicha organización, el único país que ha experimentado durante el período 1995-2005 un descenso del salario promedio: mientras que la media de crecimiento anual para los países de la OCDE era del 1,8% entre 1995 y 2005, el salario promedio descendió en España un -0,5% anual durante este periodo. Este descenso del salario promedio se debe, en parte, a que se han creado más puestos de trabajo de bajos salarios que de altos o medios y, también, al descenso mismo de la tasa de crecimiento de los salarios (Navarro, 2007). Además, se ha producido una creciente desconexión entre el incremento de los salarios reales, y la pauta de crecimiento de la productividad y de la renta nacional (Murillo, 2009). De este modo, los beneficios fruto del fuerte crecimiento económico vivido por la economía española durante los años noventa, apenas han revertido en mayores incrementos salariales (gráfico 6). Así, entre 1995 y 2007, periodo de fuerte crecimiento de la economía española, la dinámica de moderación salarial se tradujo en que mientras que los salarios reales experimentaron un crecimiento acumulado del 1,9% durante esos años, la productividad progresó en un 5,3% y el PIB per capita en un 44,7%. Resulta evidente que los beneficios derivados de un mayor crecimiento económico no han revertido en una mejora salarial.

Gráfico 6: Desconexión salario-productividad-crecimiento PIB (% crecimiento acumulado, España, 1995-2007)

Fuente: AMECO y OCDE

Esta pauta de moderación salarial y de desconexión de los salarios reales respecto del crecimiento económico general, se ha traducido en un importante retroceso de las rentas salariales sobre el conjunto de la renta nacional (grafico 7). Desde comienzos de los años ochenta hasta el año 2008, el peso de los salarios sobre el producto interior bruto español había descendido aproximadamente un 12%, siguiendo una tendencia de caída uniforme durante este periodo (salvo por la crisis de 1991-93).

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Gráfico 7: Remuneración asalariados / PIB (España,

%) Fuente: AMECO

Este proceso de congelación salarial y de pugna por el reparto de la renta generada en la economía española no ha respondido únicamente a las estrategias de moderación salarial. Otros factores han colaborado igualmente en dicho proceso. Así, por ejemplo, la progresiva desreglamentación del mercado de trabajo español ha terminado por dar lugar a un mercado de trabajo dual, con una bolsa de trabajadores temporales que ha llegado a situarse por encima del 30% del total de los ocupados durante los años 2003-2007. La fuerte desprotección de derechos de estos trabajadores ha sido un elemento central para entender la acrecentada capacidad de la parte empresarial para imponer salarios “mileuristas” a los trabajadores, al tiempo que se amenazaba con ello la propia capacidad de negociación salarial de quienes contaban con contratos indefinidos. Recordemos que los trabajadores con contrato temporal perciben, de media, un salario un 52% inferior al de los trabajadores con contrato indefinido, es decir, una diferencia media de 7.377 euros anuales (Estrada, 2009). Del mismo modo, la importante extensión de los procesos de subcontratación en nuestra economía, junto con la progresiva descentralización de la negociación colectiva, han contribuido a quebrar la capacidad de reivindicación de los asalariados y de sus organizaciones, debilitando su posición en los proceso de negociación y reforzando la congelación salarial. Es importante recordar también que la propia estrategia de moderación salarial fue asumida durante este periodo por las principales centrales sindicales del país, en aras de facilitar la creación de empleo y mantener la paz social. Las consecuencias económicas que esta pauta de moderación salarial ha tenido para la economía española, son relevantes. La aplicación de las medidas neoliberales –entre ellas, sin duda, la moderación salarial como elemento central de la estrategia de competitividad de la economía española– ha colaborado en dar forma a un modelo productivo entre 1990 y 2009 caracterizado, entre otros, por los siguientes elementos:

• Importante crecimiento económico y del empleo, cuyos motores han sido sectores tradicionales intensivos en mano de obra y caracterizados por bajos salarios (construcción, hostelería, comercio minorista, etc.). Del total del

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empleo creado entre 1996 y 2007, el 20% perteneció al sector de la construcción, el 9,3% al sector hostelero, y el 7,7% al comercio al por menor.

• La estructura del empleo de la economía española refleja el creciente peso

que tienen los bajos salarios en nuestro país (Muñoz de Bustillo, 2007; Recio, 2001). Como se puede apreciar en el gráfico 8, más del 60% de los salarios de 2007 estaban por debajo de los 18.500 euros al año.

Gráfico 8: Estructura del empleo, según salarios, España, 2007 (% sobre el empleo total).

Fuente: “Crisis económica y empleo”, Informes de la Fundación, 01 marzo-2009, Fundación 1º de Mayo, Madrid.

• El modelo productivo español se ha caracterizado por un débil crecimiento de la productividad empresarial, notablemente inferior al de la UE. Esto es consecuencia de la abundante oferta de trabajo de bajos salarios, la escasa reinversión de los beneficios empresariales en la actividad productiva, y los reducidos niveles de inversión en I+D de las empresas.

• El exceso de liquidez de los mercados internacionales y nacionales de

capitales, junto con la creciente burbuja inmobiliaria y el proceso de congelación de las rentas salariales, ha impulsado un fuerte endeudamiento de las familias. El porcentaje de la deuda sobre la renta bruta disponible de las familias ha pasado del 80% en el año 2000, a casi el 130% en el año 2008.

• A pesar de que el crecimiento de la productividad en la economía española

durante las últimas décadas ha sido limitado en comparación con la UE, su desconexión respecto del crecimiento de los salarios se ha traducido en una fuerte reducción de los costes laborales unitarios reales en las empresas, convirtiéndose esta reducción en el elemento central de la estrategia de competitividad española (gráfico 9).

Gráfico 9: Evolución de los costes laborales unitarios reales

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(España, números índice, año 2000=100) Fuente: AMECO

Gráfico 10: Comparación de la calidad exportadora y las cuotas de mercado* (España, 1995-2006)

* La calidad exportadora se mide aquí mediante los denominados “valores unitarios”. El marcador correspondiente a cada industria denota la dirección del vector que relaciona la evolución de ambas variables. Fuente: Luengo y Álvarez (2009)

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• El modelo productivo español ha hecho descansar su estrategia de competitividad sobre elementos defensivos: básicamente una contención de los costes laborales. Sin embargo, esta estrategia de competitividad defensiva no ha servido para mejorar significativamente la posición de las industrias españolas en los mercados internacionales (Luengo y Álvarez, 2009). Tal y como vemos en el gráfico 10, la mejora de las cuotas de mercado ha sido muy limitada, en particular en las industrias de medio y alto valor añadido (mecánica, maquinaria, automoción, farmacia, química, material óptico). Además, en casi todos los sectores se ha experimentado una pérdida de calidad (medida ésta en términos de valores unitarios).

• El modelo productivo español se ha caracterizado además por un

incremento muy notable de los beneficios empresariales, que han crecido durante esta última década a un ritmo muy superior al de los salarios (gráfico 11). Hay que tener en cuenta además que, según datos de Eurostat, la tasa bruta de explotación de las empresas españolas (el excedente empresarial bruto dividido por la facturación), ha sido notablemente superior a la de las empresas de las principales economías de la UE, como por ejemplo Francia y Alemania (gráfico 12). Es decir, de cada 100 euros de ventas, las empresas españolas, de media, han venido obteniendo desde 1995 unos beneficios brutos de algo más de 10 euros, mientras que las empresas francesas o alemanas se situaban en torno a los 6-7 euros (Gutiérrez, 2009).

Gráfico 11: Beneficios empresariales, España, 2000-2008. (variación % anual, nominal)

Fuente: AMECO

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Gráfico 12: Tasa bruta de explotación (Excedente empresarial bruto/Facturación, %)

Fuente: Eurostat.

Podemos observar por tanto cómo el modelo productivo español ha descansado durante estas últimas décadas sobre un proceso de fuerte contención del crecimiento salarial. Este ajuste de las rentas salariales –con la excusa de tener que competir con otras economías– y su desconexión con el crecimiento y reparto de la productividad, se han traducido en una importante reducción de los costes laborales unitarios reales, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, esta reducción de los costes laborales unitarios no parece haberse trasladado tanto a una mejora de las cuotas de exportación de las industrias españolas, cuanto a una significativa mejora de las cuentas de resultados empresariales. Con ello, la política de moderación salarial predominante en la economía española entre 1980 y 2009, no sólo se ha traducido en un verdadero tornado de redistribución regresiva de la renta, sino que además ha apuntalado un modelo productivo caracterizado por la reducida productividad, los bajos salarios, el elevado endeudamiento, la temporalidad en el empleo y la fuerte dependencia de sectores como la construcción y la hostelería. 4.- La política salarial en el contexto actual La dura crisis económica que vive actualmente la economía española está teniendo su principal variable de ajuste en el empleo, lo que se ha traducido en un intenso ritmo de destrucción de éste (gráfico 2). Además, la patronal, como ya se mencionó anteriormente, está dificultando la renovación de más de mil convenios colectivos a nivel estatal, lo que supone congelaciones salariales de facto para más de cuatro millones de trabajadores. Estos factores –unido al alto endeudamiento de los hogares españoles– conllevan una fuerte incertidumbre en los planes económicos de las familias, lo que se ha traducido tanto en un significativo incremento del ahorro familiar (gráfico 13), como en una fuerte caída del consumo privado (gráfico 14).

Gráfico 13: Ahorro familiar, España, 1999-2009

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(% renta bruta disponible)

Fuente: FUNCAS

Gráfico 14: Consumo de los hogares, España , 2005-2009 (% variación interanual)

Fuente: Eurostat.

El rápido incremento del desempleo y del ahorro, así como el paralelo hundimiento del consumo, han determinado una fuerte desaceleración de los precios que, como veíamos en el gráfico 3, comenzaron a ser negativos ya en marzo de 2009. Ha surgido con ello el debate sobre si nos acercamos o no a un escenario de deflación. A pesar del que el Fondo Monetario Internacional define la deflación como “dos trimestres consecutivos de caída sostenida y generalizada de un índice agregado de precios, como el IPC o el deflactor del PIB” (y, técnicamente, la economía española ya se encuentra en ese punto), son muchos los especialistas que descartan ese escenario. El propio Secretario de Estado de Economía declaraba recientemente que “excluimos ese escenario por completo”. Sin embargo, el New York Times (21 de Abril de 2009) alertaba recientemente del riesgo de deflación en el que se

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encuentra la economía española. Y tanto la Fundación de Cajas de Ahorros FUNCAS como el Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III han revisado a la baja sus previsiones de inflación para finales de 2009, considerando esta última institución que existe un 50% de probabilidad de que ésta siga siendo negativa a comienzos de 2010. Muchos especialistas consideran que no hay motivos para la preocupación, debido a que el motor que empuja el proceso de desinflación es la reducción de la demanda internacional de crudo, lo que a su vez habría hecho caer los precios internacionales de esta materia prima. Este supuesto explicaría que –como se puede ver en el gráfico 3–, la inflación subyacente haya experimentado un menor ritmo de reducción. Sin embargo, actualmente asistimos a una situación en la que también la inflación subyacente está alcanzando números rojos: como muestra la desagregación de las 126 partidas que componen la cesta de bienes del IPC, son ya más de 40 las que experimentan crecimientos negativos de los precios (entre las que se encuentran no sólo productos relacionados con la energía, sino también productos manufacturados como el calzado, la ropa, los automóviles, electrodomésticos, juguetes, medicamentos, electrónica, etc.). Es por tanto en este contexto de fuerte contracción del consumo y de caídas de precios en donde debe situarse el debate sobre qué política salarial seguir. Y éste es un contexto que, como es sabido, se caracteriza por una fuerte espiral que traduce el cortocircuito productivo en incremento del desempleo y éste, a su vez, en una drástica reducción del consumo, las ventas y la inversión empresarial, retroalimentándose con ello la propia crisis. Están sentadas las bases por tanto para una situación de prolongado estancamiento.

Figura 1: Crisis, desempleo y deflación.

Es por ello que en este contexto carecen de fundamento nuevas apelaciones a la congelación salarial. En primer lugar, carecen de fundamento en términos de justicia social: sería profundamente injusto que la crisis la terminen pagando quienes no la han producido –los asalariados–, y no sólo por la vía del empleo, sino también por la vía de los salarios. Los salarios en España, como ya se ha visto, llevan años perdiendo capacidad adquisitiva y peso sobre la renta agregada; no puede ser que recaiga sobre ellos de nuevo el ajuste ante esta crisis.

Crisis Pinchazo burbuja

financiera e inmobiliaria

↓ Inversión

↓ Consumo

↑ Desempleo

↓ Precios

↓ Salarios

↓ Expectativas de beneficio

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Pero además, y en segundo lugar, desde el punto de vista económico la moderación salarial no haría sino reforzar la espiral recesiva, deprimiendo aún más la demanda agregada. De este modo, esta situación de crisis requiere una política salarial que rompa con la lógica instrumentada en estas últimas décadas. Dos deberían ser las prioridades sobre las que apoyar esta nueva orientación en política salarial:

a) Los salarios deben actuar en este momento como muro de contención ante la deflación, fomentándose acuerdos salariales que impidan que los salarios carguen con los costes de la crisis. Una profundización en la espiral de deflación no haría sino destruir aún más empleo2.

b) La crisis debe ser aprovechada por la economía española para promover un

cambio en el modelo productivo anteriormente descrito, que ponga fin a las debilidades e injusticias sociales actualmente existentes. Es clave en este sentido romper con el modelo de distribución de la renta de los últimos años, para lo que es necesario, en primer lugar, recuperar la capacidad adquisitiva perdida (es decir, que los salarios nominales crezcan por encima de la inflación). Pero además, y más allá de la recuperación de la capacidad adquisitiva, una nueva política salarial debería garantizar que el crecimiento de los salarios recupere el vínculo con la evolución de la productividad y con el crecimiento económico, impulsándose con ello una mayor participación de los asalariados en la distribución de la riqueza creada.

Recientes análisis del mercado laboral español destacan el hecho de que el nuestro es un mercado laboral que se ajusta por la vía del empleo, y no por la de los salarios3, tal y como podemos observar en el gráfico 2 (donde se observa una fuerte reducción de los ocupados). Según estos análisis, la dualidad que vive el mercado laboral español entre trabajadores con contratos indefinidos y trabajadores temporales permite supuestamente que los primeros, más seguros en su empleo y con un nivel de afiliación sindical más elevado, presionen fuertemente para aumentar sus salarios, mientras que los segundos, inseguros en su empleo y con poca afiliación, salgan perdiendo al no poder ejercer una presión similar. Esto explicaría que sean los trabajadores temporales los que fundamentalmente estén pagando la crisis (gráfico 15), dado que el mercado de trabajo se ajusta vía cantidades. Según esta concepción –heredera de los modelos neoliberales “insider-outsider”–, es necesario desactivar el crecimiento salarial de los trabajadores indefinidos, lo que supuestamente permitiría que el mercado no se ajuste vía despidos, sino vía reducciones salariales. Para ello, la solución que ofrecen quienes plantean estos análisis no es otra que la de promover nuevas reformas laborales que abaraten el despido de los contratos indefinidos (en la línea de la propuesta contenida en el Manifiesto de los 100).

2 En este sentido resulta interesante el estudio del IRES (2005): Les mutations de l’emploi en France, que contrasta empíricamente cómo, para la UE-12, el efecto depresivo que tiene la moderación salarial sobre el crecimiento del PIB es superior al posible efecto positivo que puede tener dicha moderación como resultado de la contención de los costes laborales y de la mejora de la competitividad-coste de la economía (pag: 50-54). 3 Véase en este sentido el artículo de Guillermo de la Dehesa, “Problemas del mercado laboral español”, en el suplemento Negocios de El País, 18-octubre-2009.

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Gráfico 15: Total de asalariados, España, 2000-2009. (datos expresados en miles)

Fuente: elaboración propia a partir de EPA.

No obstante, resulta evidente que esta dualización del mercado de trabajo es precisamente fruto de anteriores reformas laborales –promovidas desde las mismas coordenadas ideológicas–, cuyo objetivo no era otro que flexibilizar y desreglamentar el mercado de trabajo español. Aquellas reformas fueron precisamente las que han permitido la existencia de una gran bolsa de trabajadores temporales en nuestra economía, con una elevada desprotección en términos de derechos. Y la existencia de esta fuerte bolsa de trabajadores precarios no sólo ha redundado en la congelación salarial vivida por el conjunto de los asalariados (al minar la capacidad de negociación del conjunto), sino que además ha permitido que, una vez llegada la crisis, los empresarios pudiesen disminuir rápidamente sus plantillas (ajustándose el mercado vía despidos). Así, el fuerte diferencial de empleo temporal que existe en nuestra economía en relación a las del resto de Europa, y los nulos costes de despido asociados a este tipo de contratación (de hecho, en este caso el despido es literalmente gratuito, al consistir éste en la no renovación de los contratos), explicarían en parte el recurso de los empresarios a la no renovación de contratos una vez llegada la fase de crisis, dadas las facilidades legales para hacerlo. Abaratar los costes del despido en un contexto de crisis como el actual sería un profundo error desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, dado que no sólo permitiría un mayor recurso a los despidos como instrumento de ajuste frente a la crisis, sino que además reforzaría la dinámica de moderación salarial sin asegurar en ningún caso la creación de empleo de calidad. De hecho, tanto el crecimiento de las rentas salariales, como el sostenimiento de los niveles de empleo, la mejora de la productividad y la creación de puestos de trabajo de calidad, exigirían precisamente una medida en la dirección opuesta: una igualación de los derechos laborales, pero no a la baja, sino al alza. Frente a la propuesta de abaratamiento del despido de los contratos indefinidos (igualación a la baja por medio del recorte de derechos), debería impulsarse una regulación más estricta del empleo temporal que impida la existencia de una bolsa de trabajadores precarios como la que existe en la economía española, que no disfruta de

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prácticamente ninguna garantía frente al “despido gratuito” (es decir, frente a la no renovación de sus contratos). Resulta además plenamente justificado el abandono de la moderación salarial como instrumento para conjurar en el corto plazo el ciclo depresivo de la demanda interna (causa principal de los problemas de muchas empresas, y de la mayoría de las PYMES). En este sentido, resulta evidente que las decisiones de contratación de las empresas en una situación como la actual no dependen tanto de sus costes, como de sus expectativas de expansión y negocio, es decir, de la demanda. 5.- Conclusiones Hemos visto cómo la estrategia de moderación salarial que ha presidido la economía española durante estas últimas décadas se ha traducido en la formación de un modelo productivo caracterizado por un fuerte incremento del empleo precario, así como de sectores intensivos en fuerza de trabajo de bajos salarios. La congelación de los salarios reales y la desconexión de sus incrementos con respecto a la productividad y al crecimiento económico, ha llevado finalmente a una fuerte caída –pese a la intensa creación de empleo durante estos últimos años– del peso de los salarios sobre la renta nacional. Sin embargo, esta reducción de los costes laborales unitarios reales no ha conducido a una mejor inserción de los sectores exportadores españoles en los mercados internacionales, si bien sí se ha traducido en un importante incremento de los beneficios empresariales. La profunda crisis económica que vive actualmente la economía española perfila un nuevo contexto económico, político y social en el que abordar el debate sobre la política salarial a seguir en los próximos años. En este sentido, resulta trascendental –desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores– entender que resulta importante no sólo salir de la crisis, sino “cómo” salir de ella. Empujar hacia una salida en clave de justicia y equidad social, asentada sobre un nuevo modelo de distribución de la renta, es condición necesaria –aunque no suficiente– para recuperar la centralidad del trabajo y los derechos a él asociados. En este sentido, diversos instrumentos concretos podrían servir para orientar un cambio de la política salarial en la dirección propuesta: fijación de un límite legal al extremo inferior de los salarios mediante una subida notable del salario mínimo interprofesional; adopción progresiva de la jornada laboral de 35 horas semanales, sin reducción salarial; re-regulación del mercado de trabajo (legislándose una disminución de las figuras contractuales, un mayor control de la subcontratación o una recuperación de derechos laborales perdidos); reforzamiento de la negociación colectiva (mediante la extensión de los convenios, o el apoyo a una afiliación sindical más amplia). Igualmente, también resultaría de ayuda una reorientación de la mentalidad con la que las direcciones sindicales han afrontado los procesos de negociación durante estos últimos años, debiendo dejarse atrás la cultura defensiva que ha caracterizado el último decenio a favor de una posición marcadamente más proactiva y reivindicativa. Serán muchos los economistas que planteen además que no hay margen económico para una política salarial basada en estas orientaciones generales. Sin embargo, la discusión sobre si existe margen o no para una política salarial como la aquí propuesta no remite ni se resuelve fundamentalmente en el terreno del debate técnico, sino que se debe abordar y resolver en el campo de lo político y en la movilización de las distintas alternativas de construcción social.

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