“aÑo de la innovacion y la competitividad” · 2019. 2. 15. · “aÑo de la innovacion y la...

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

Página 1 de 20

Resolución Ref. RIC-5-2019

Tipo de acción: Solicitud de medida cautelar

presentada por la razón social TORCLOW,

S.R.L. tendente a suspender el procedimiento

de Licitación Pública Nacional No. MINERD-

CCC-LPN-2018-0015, llevado a cabo por el

Ministerio de Educación (MINERD) para la

“Adquisición mesas plegables rectangulares para

comedores escolares”, hasta tanto se conozca su

recurso jerárquico motivado en el silencio

administrativo en ocasión de su recurso de

impugnación.

La Dirección General de Contrataciones Públicas, órgano desconcentrado de la Administración

Central del Estado, instituida mediante el artículo 35 de la Ley No. 340-06, de fecha 18 de agosto

de 2006 modificada por la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006, actuando en su calidad

de Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones del Estado dominicano, debidamente representada por su

Directora General Dra. Yokasta Guzmán Santos, en el ejercicio de sus competencias legales,

específicamente de las previstas en el numeral 10 del artículo 36 y en el numeral 7 del artículo 67

de la Ley No. 340-06 y su modificación, en cuanto a la facultad de adoptar medidas cautelares

oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de su recurso jerárquico, dicta la

siguiente resolución:


Página 2 de 20

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES ................................................................................................................................ 3

A. Descripción de la solicitud de medida cautelar presentada………………………………...…3

B. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente…………………………………………..……...3

C. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido…………………………………………………..4

D. Hechos y argumentos jurídicos de los adjudicatarios………………………………………….5

E. Documentos del expediente administrativo y pruebas depositadas…………………………7

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CONTRATACIONES PÚBLICAS ......................................................................................................... 9

A. Competencia………………………………………………………………………………………..9

B. Marco legal general………………………………………………………………………………..10

C. Respecto a la solicitud de medida cautelar presentada por TORCLOW, S.R.L.…………….10

C1. Apariencia de buen derecho “Fumus Boni Iuris” ………………………………………………………………12

C2. Peligro en la demora “Periculum in mora” .............................................................................. 14

C3. Ponderación de daños posibles y la afectación del interés general .................................... 15

D. Consideraciones finales…………………………………………………………………………...18


Página 3 de 20

I. ANTECEDENTES

A. Descripción de la solicitud de medida cautelar presentada

1. La razón social TORCLOW, S.R.L., RNC No. 1-3128524-4, con su domicilio social ubicado en la

calle Dr. Betances No. 118, del sector Mejoramiento Social, Santo Domingo, D.N., representada

por su abogado, el Lic. Ruddy Palermo Gómez Fabián, cédula de identidad y/o electoral No. 001-

0945660-8, en fecha 12 de noviembre del 2018 presentó ante esta Dirección General la instancia de

medida cautelar tendente a suspender los efectos del procedimiento de Licitación Pública

Nacional No. MINERD-CCC-LPN-2018-0015, hasta tanto se conozca el recurso jerárquico

motivado en el silencio administrativo en ocasión de su recurso de impugnación de fecha 4 de

octubre de 2018, en el que solicitan una revisión exhaustiva de todas las muestras de los oferentes

que fueron habilitados a la presentación del sobre B, y se le hagan las pruebas que correspondan

para validar el informe pericial aportado por los peritos designados para esa tarea, del citado

procedimiento llevado a cabo por el MINERD, bajo la aplicación de la Ley No. 340-06 y su

modificación, en lo adelante la Ley o por su nombre, y su Reglamento, aprobado por Decreto No.

543-12, en adelante el Reglamento o por su nombre.

B. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente

2. En su instancia, la razón social TORCLOW, S.RL., solicitó a este Órgano Rector accesoriamente

a su recurso jerárquico, la imposición de una medida cautelar sobre la que concluye lo siguiente:

“Es que por todo lo expuesto solicitamos a esta Dirección General de Contrataciones Públicas la

INTERPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR a la LICITACION PUBLICA NACIONAL MINERD-

CCC-2018-00015, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES PARA

COMEDORES ESCOLARES, por carente de transparencia y actuar de acuerdo a lo que establece la


Página 4 de 20

Ley de Compras 340-2006 su reglamento de aplicación 543-2012; la ley de libre competencia 488-

2008”.

3. Los fundamentos de la solicitud de medida cautelar son: i) TORCLOW, S.R.L., presentó sus

documentos técnicos, oferta económica y muestras según el cronograma de actividades

establecidas en el pliego de condiciones y subsanó los documentos que así lo ameritaron al

momento de ser solicitados; ii) el 1 de octubre TORCLOW recibe la notificación de inhabilitación

para pasar a la apertura de oferta económica sobre “B” y en respuesta a dicha comunicación

solicitaron, en fecha 2 de octubre, una revisión exhaustiva del informe pericial y al mismo tiempo

a todas las muestras presentadas por los demás oferentes participantes en el proceso, mas la

solicitud no obtuvo respuesta por parte del MINERD; iii) en fecha 17 de octubre la empresa

TORCLOW puso en conocimiento a la Dirección General de Contrataciones Públicas de su

reclamo, y depositó copia en el departamento de compras del MINERD, y el mismo día, el Comité

de Compras adjudicó a cuatro empresas los rubros objetos de la licitación.

C. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido

4. En fecha 21 de diciembre de 2018 el MINERD presentó su escrito de defensa, solicitado por este

Órgano Rector en fecha 26 de noviembre de 2018, mediante comunicación No. DGCP44-2018-

007412, y en el que concluye sobre la medida:

“PRIMERO: Que, en cuanto a forma, tengáis a bien ADMITIR el presente escrito de defensa

presentado por el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(MINERD), por haber sido realizado de conformidad con las disposiciones legales que rigen la

materia.

SEGUNDO: Que, en cuanto al fondo, tengáis a bien RECHAZAR la Solicitud de Medida Cautelar,

de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), interpuesto por la sociedad


Página 5 de 20

comercial TORCLOW, S.R.L., contra la LICITACION PUBLICA NACIONAL ME-CCC-LPN-2018-

15, ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES PARA COMEDORES ESCOLARES.

TERCERO: RESERVAR el derecho del MINERD, de depositar posteriormente, de ser necesario o

de interés, cualquier documento y/o solicitar cualquier medida de instrucción en apoyo de sus

pretensiones”.

5. El MINERD fundamenta su pretensión, en síntesis, en los siguientes argumentos: i) la solicitud

de medida cautelar no reúne los requisitos de una impugnación a un acto del proceso de

contratación; ii) el proceso de Licitación Pública Nacional MINERD-CCC-LPN-2018-015, se está

realizando por la entidad contratante en estricto apego al ordenamiento jurídico administrativo

que rige las contrataciones públicas en República Dominicana, incluyendo naturalmente, las

disposiciones del pliego de condiciones del referido proceso ; iii) no existe ninguna causa real de

ilegalidad imputada a la entidad contratante; iv) la sociedad TORCLOW solicita a la Dirección

General de Contrataciones Públicas, suspender el proceso basado en supuestos que bajo ninguna

circunstancia podrían ser evaluados sin referirse al fondo del proceso; v) la solicitud tiene una

vocación de recurso de impugnación, contraria a una solicitud de medida cautelar, y vi) la medida

cautelar solicitada no está motivada acorde con la naturaleza jurídico-normativa que rige la

contratación pública en la República Dominicana, razón por la cual debe ser rechazada.

D. Hechos y argumentos jurídicos de los adjudicatarios

6. En fecha 26 de noviembre de 2018, este Órgano Rector solicitó presentación de escrito de

defensa a las razones sociales AMESCO, S.R.L., Grupo Cristante, S.R.L., Chamartin Inversiones,

S.R.L. e Inversiones Koralia, S.R.L., en su calidad de adjudicatarios, mediante las comunicaciones

No. DGCP44-2018-007413, DGCP44-2018-007414, DGCP44-2018-007415 y DGCP44-2018-007416.

Sin embargo, solo asintió a esta solicitud la empresa Inversiones Koralia, S.R.L.


Página 6 de 20

7. En fecha 30 de noviembre del 2018, la razón social Koralia, S.R.L., presentó su escrito de

defensa, en el que concluye:

“Primero: Declarar INADMISIBLE la solicitud de medida cautelar y recurso jerárquico

presentados por Torclow, SRL, en fecha 12 y 14 de noviembre de 2018 respectivamente,

en relación a la Licitación Pública Nacional No. MINERD-CCC-LPN-2018-0015 –

“Adquisición de mesas plegables para comedores escolares”, por las razones que fueron

expuestas en el cuerpo del presente escrito de defensa

Segundo: Ordenar la notificación de la decisión a las partes involucradas”.

8. El adjudicatario fundamentó su escrito de defensa en los siguientes puntos: i) el recurrente a

través de su documento está dando inicio al procedimiento de reclamo por la vía de la

impugnación de la adjudicación; el cual fue recibido en la Dirección General de Contrataciones

Públicas en fecha 14 de noviembre, 20 días después de notificada la adjudicación; razón por la

cual esta impugnación deviene en extemporánea; ii) en los anexos a la notificación a esa

Dirección, se encuentran varias comunicaciones dirigidas al MINERD por parte de TORCLOW,

S.R.L., la más antigua data el día 4 de octubre de 2018. Este documento no reviste el carácter de

una impugnación, más bien el de una manifestación de inquietudes, porque si bien solicita una

reevaluación, al mismo tiempo la propia razón social TORCLOW, S.R.L. en el mismo documento

reconoce que su muestra no cumple con las especificaciones técnicas de la licitación, en el sentido

de “que el peso de la muestra sobrepasa el límite de los 13kg (peso máximo permitido)”,

quedando en evidencia que no era necesario realizar tal evaluación; iii) la impugnación fue

dirigida a la Dirección General de Contrataciones Públicas en la persona de su directora,

omitiendo las reglas previstas para este tipo de controversias que exigen que sea agotada la vía

de la impugnación por ante la entidad contratante; por lo que la Dirección General de

Contrataciones Públicas no tiene competencia para conocer de la impugnación, esta deviene en


Página 7 de 20

inadmisible, y iv) el impetrante solicita medidas cautelares el día 12 de noviembre de 2018, es

decir 2 días antes de la interposición de la impugnación. Sobre las medidas cautelares, la Ley de

Compras establece en su artículo 67, numeral 7 que “el Órgano Rector podrá tomar medidas

precautorias oportunas, mientras de encuentre pendiente la resolución de una impugnación para

preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos,

incluyendo la suspensión de la adjudicación de un contrato o la ejecución de un contrato que ya

ha sido adjudicado”.

E. Documentos del expediente administrativo y pruebas depositadas

9. Los documentos depositados en el trámite de la presente solicitud de medida cautelar, son los

siguientes:

i. Comunicación, de fecha 24 de agosto del 2018, dirigida al Comité de Compras y

Contrataciones del Ministerio de Educación, por la razón social TORCLOW, S.R.L.

ii. Circular de notificación de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de

fecha 21 de septiembre del 2018, dirigida a la razón social TORCLOW, S.R.L., por el

Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación.

iii. Comunicación, de fecha 1 de octubre del 2018, dirigida a la razón social TORCLOW,

S.R.L., por el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación.

iv. Comunicación, de fecha 4 de octubre del 2018, dirigida al Comité de Compras y

Contrataciones del Ministerio de Educación por la razón social TORCLOW, S.R.L.


Página 8 de 20

v. Acta de adjudicación No. 93/2018, del Comité de Compras y Contrataciones del

Ministerio de Educación para la adjudicación de la Licitación Pública Nacional para la

adquisición de mesas plegables rectangulares para comedores escolares, MINERD-

CCC-LPN-2018-0015, de fecha 16 de octubre del 2018.

vi. Comunicación, de fecha 18 de octubre del 2018, dirigida a la Dirección General de

Contrataciones Públicas por la razón social TORCLOW, S.R.L.

vii. Comunicación, de fecha 23 de octubre del 2018, dirigida a la Dirección General de


viii. Solicitud de medida cautelar, de fecha 12 de noviembre del 2018, dirigida a la

Dirección General de Contrataciones Públicas por la razón social TORCLOW, S.R.L.

ix. Comunicación, de fecha 14 de noviembre del 2018, dirigida a la Dirección General de


x. Notificación de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional,

MINERD-CCC-LPC-2018-0015, de fecha 17 de octubre de 2018.

xi. Escrito de defensa, de fecha 30 de noviembre del 2018, presentado por la razón social

Inversiones Koralia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

xii. Escrito de defensa, de fecha 21 de diciembre del 2018, presentado por el Ministerio de

Educación ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.


Página 9 de 20

xiii. Copia del pliego de condiciones específicas, de fecha agosto del 2018, para la

“Adquisición de mesas plegables para comedores escolares” del procedimiento

MINERD-CCC-LPN-015-2018.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CONTRATACIONES PÚBLICAS

A. Competencia

10. Esta Dirección General de Contrataciones Públicas, conforme a lo establecido en el numeral

10) del artículo 36 y el numeral 7) del artículo 67 de la Ley No. 340-06 y su modificación contenida

en la Ley No. 449-06, como Órgano Rector tiene la atribución de tomar medidas cautelares de

oficio o a solicitud de parte, mientras se encuentre pendiente la resolución de un recurso

impugnación, jerárquico o solicitud de investigación para preservar la oportunidad de corregir

un incumplimiento potencial de la Ley No. 340-06 y su modificación junto con su Reglamento de

Aplicación No. 543-12, incluyendo la suspensión de la adjudicación de un contrato o la ejecución

de un contrato que ya ha sido adjudicado.

11. Asimismo, la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la

Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha 6 de agosto de 2013, faculta a la

Administración en su párrafo ll del articulo 25 a que “(…) en los casos establecidos por las leyes

a adoptar, razonada y motivadamente, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales

que estime pertinentes para asegurar la eficacia de la resolución que, en caso, ponga fin al

procedimiento”.


Página 10 de 20

B. Marco legal general

12. De conformidad con el al artículo 9 de la Ley No. 340-06 y su modificación, las compras y

contrataciones se rigen por las siguientes disposiciones:

i. Ley No. 340-06 y su modificación;

ii. Su Reglamento de Aplicación, Decreto No. 543-12;

iii. Las normas que se dicten en el marco de las mismas;

iv. Los pliegos de condiciones respectivos y;

v. El contrato o la orden de compra o de servicios según corresponda.

13. Respecto a las normas que se dicten en el marco de las mismas, también rigen las políticas,

planes, programas y metodologías de compras y contrataciones que haya dictado la Dirección

General de Contrataciones Públicas, como Órgano Rector del sistema, entre ellos, los Manuales

de Procedimientos comunes para cada tipo de compra y contratación de bienes, servicios, obras

y concesiones, aprobado mediante Resolución No. 20/2010 de fecha 16 de noviembre de 2010

actualizado por la Dirección General en fecha 27 de septiembre de 2012, y declarado de uso

obligatorio para todas las instituciones sujetas a la Ley No. 340-06 y su modificación.

14. Asimismo, son aplicables la Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública y la Ley

No. 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de

Procedimiento Administrativo por ser normas que regulan el debido proceso de la actuación

administrativa.

C. Respecto a la solicitud de medida cautelar presentada por TORCLOW, S.R.L.

15. De acuerdo a la competencia y marco legal referidos, este Órgano Rector tiene la facultad de

imponer medidas cautelares, de oficio o a petición de parte, que permitan garantizar la


Página 11 de 20

efectividad y el cumplimiento de las resoluciones que se dicten respecto de un recurso de

impugnación, jerárquico o investigación contra un proceso de compra y contratación en el marco

de la Ley No. 340-06 y su modificación, y con ello garantizar la tutela judicial efectiva y el debido

proceso al que se debe la Administración Pública.

16. Con la aplicación de las medidas cautelares este Órgano Rector tiene como finalidad evitar

que durante el plazo que demore la resolución que dé respuesta a un recurso jerárquico contra

algún acto emitido en el marco de un procedimiento de contratación, el derecho reclamado sufra

un daño de tales características que resulte imposible o muy difícil repararlo, en caso de que se

emita una decisión a favor del recurrente.

17. De conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley No. 107-13, los actos

administrativos válidamente adoptados tienen una presunción -iuris tantum- de validez que los

hace ejecutorios ante su emisión y notificación a los particulares. Así, dicha presunción legal

presupone que recaiga sobre el solicitante la carga de señalar argumentos y aportar evidencias y

elementos probatorios tendentes a destruir la presunción.

18. Debido a la presunción de validez de los actos administrativos, su ejecutoriedad solo puede

ser suspendida mediante otro acto administrativo válidamente dictado por una autoridad

competente, como en el caso de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en materia de

compras y contrataciones públicas o mediante decisión judicial rendida al efecto por el órgano

jurisdiccional correspondiente.

19. En tal sentido, para adoptar una medida cautelar tendente a suspender los efectos de un acto

emitido en el marco de un procedimiento de contratación, sin importar la fase en que se

encuentre, este Órgano Rector ha sido de criterio constante que debe ponderar la existencia de

una serie de elementos, que se abordarán siguiendo los puntos que se enuncian a continuación:


Página 12 de 20

C.1 Apariencia de buen derecho “Fumus Boni Iuris”; C.2 Peligro en la demora “Periculum in mora”;

y, C.3 Ponderación de daños posibles y la afectación del interés general.

C1. Apariencia de buen derecho “Fumus Boni Iuris”

20. La apariencia de buen derecho, también conocida como el Fumus Boni Iuris, hace referencia a

la probabilidad o fundada posibilidad de que el derecho que se reclama exista o tenga apariencia

de verdadero, el cual debe surgir de manera manifiesta de los elementos expuestos en la solicitud

de medida cautelar. Por lo tanto, esta ponderación debe ser superficial, es decir, que valore la

verosimilitud de los argumentos de la parte accionante sin tocar aspectos de fondo de los actos

controvertidos.

21. Sobre la apariencia, el magistrado Argenis García del Rosario ha establecido que: “(…) en

estos casos el juez actúa en un plano de expectativa de que el derecho de la parte peticionante

realmente existe, no como un aspecto de que se trate de un derecho incontestable, lo cual solo se

puede lograr bajo el beneficio de la autoridad de la cosa juzgada con el fallo de fondo”1.

22. En ese sentido, la apariencia de buen derecho se constituye ante la apreciación más o menos

manifiesta de ilegalidad de una decisión administrativa o su contradicción con los principios

generales de derecho, sin que esta apariencia se encuentre necesariamente atada a la idea de

certeza, ya que para validar la certeza es necesario que esta Dirección General conozca el fondo

del recurso jerárquico.

23. En cuanto a este elemento, la razón social TORCLOW, S.R.L., en su instancia solicita que como

medida cautelar se suspenda la ejecución del procedimiento de Licitación Pública Nacional No.

1 García del Rosario, Argenis. Derecho Procesal Administrativo. Primera Edición. Santo Domingo, Poder Judicial, 2016, p. 202.


Página 13 de 20

MINERD-CCC-LPN-2018-0015, bajo los fundamentos descritos en el párrafo 3), y se advierte que

argumenta que se incumplieron los criterios establecidos en el pliego de condiciones, toda vez

que: i) el Ministerio de Educación no contesto al reclamo que le fue dirigido, procediendo a llevar

a cabo la adjudicación del procedimiento; ii) el MINERD adjudicó bienes que no se corresponden

con lo que establece los pliegos y fichas técnicas, y iii) fueron vulnerados el derecho a ser

escuchado, guardando un silencio administrativo, por falta de transparencia, equidad, y falta de

libre competencia entre las empresas.

24. El MINERD replica que:

“(…) los motivos o medios en los que se basa la revisión citada, no se corresponden realmente con

medios de derecho o que sirvan para un control de legalidad, sino con cuestiones que, en primer

orden, conciernen a disposiciones contenidas en el Pliego de Condiciones, y, en segundo lugar,

abarcan aspectos puramente de discrecionalidad administrativa. Esto es: no existe ninguna causa

real de ilegalidad imputada a la entidad contratante. De lo que se trata, más bien, es de un reclamo

infundado, basado simplemente en apreciaciones injustificadas del solicitante, que no guardan

ninguna relación con aspectos de ilegalidad, por lo que, no procede bajo ningún concepto la

solicitud de medida cautelar de la sociedad TORCLOW, S.R.L.”

25. En ese tenor, este Órgano Rector ha podido verificar a partir de los argumentos esgrimidos

por el solicitante y replicados por la institución contratante, sin abocarse al fondo del mismo, que

existen elementos que permiten a prima facie apreciar apariencia de buen derecho, por lo menos

relativo a la irregularidad que reclama la solicitante, en cuanto a la vulneración de su derecho a

ser escuchado y guardar un silencio administrativo a sus solicitudes a partir de la comunicación

de “no calificación” para la apertura del “Sobre B”; siendo esto una falta al “derecho a la buena

administración”, reconocido en el principio de eficacia en el marco de la actuación


Página 14 de 20

administrativa2. Hecho que el MINERD ha omitido en responder, y quien muy por el contrario

alega -con base a una interpretación muy particular de la normativa-, que los motivos de la

impugnación de la solicitante carecen de legalidad, por tratarse de cuestiones contenidas en el

pliego y que abarcan aspectos de presunta discrecionalidad administrativa.

C2. Peligro en la demora “Periculum in mora”

26. Respecto a este elemento, como se refirió anteriormente, la imposición de una medida cautelar

requiere que exista la probabilidad de producirse un daño irreversible ocasionado por la demora

de obtener una respuesta sobre la resolución ante la denuncia, es decir, que exista un peligro en

la demora “periculum in mora”.

27. En ese sentido, el peligro en la demora, en el contexto cautelar, y con carácter instrumental, se

vincula al peligro de sufrir un perjuicio prevenible, inminente e irreparable en los bienes,

derechos, situación jurídica o intereses del accionante, que hagan de la medida cautelar un

remedio urgente en cuanto a la prevención de que la demora en la decisión sobre el fondo,

transforme el daño temido, en daño efectivo.

28. El Derecho Administrativo ha reconocido que, si no existe o no ha sido probado el peligro de

sufrir un daño invariable, que cautelarmente hay que evitar para que el objeto del procedimiento

se mantenga íntegro durante el tiempo que dure en dar respuesta el órgano apoderado de la

acción principal - sea un recurso de impugnación o un jerárquico-, o una investigación, no hay

lugar a medidas cautelares. El peligro en la demora ha sido definido como: “(…) la urgencia para

evitar que la demora en la resolución del pleito principal cause perjuicios apreciables”3.

2 Principio consagrado en el artículo 3, numeral 6, de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013. 3 García De Enterría Eduardo y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. T.II, Madrid, Civitas, 1998, p. 628.


Página 15 de 20

29. En este tenor, la razón social TORCLOW, S.R.L. argumenta sobre la falta de respuesta

oportuna por parte del MINERD y la posterior adjudicación a cuatro empresas los rubros objetos

de la licitación; mas no se refirió al peligro que podría producirse durante la duración del proceso,

que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en la decisión de

fondo.

30. El MINERD argumenta que la solicitante basa la solicitud de medida cautelar en supuestos

irracionales a la luz de la normativa jurídica- administrativa dominicana, no sustentando el daño

irreversible que mediante la medida cautelar se pretende evitar, tampoco establece por que no

puede esperar la resolución que al efecto pronunciará la Dirección General de Contrataciones

Públicas, ni establece argumentos concretos de ninguna violación a la norma, por lo cual resulta

improcedente su solicitud de Medida Cautelar.

31. Visto todo lo anterior, esta Dirección General considera que no ha sido demostrado el peligro

en la demora, toda vez que no ha sido argumentado ni probado por la recurrente.

C3. Ponderación de daños posibles y la afectación del interés general

32. Tal y como ha establecido la Dirección General de Contrataciones Públicas con anterioridad4,

la Administración con cada una de sus actuaciones está llamada a satisfacer el interés general,

por lo que es pertinente que para adoptar una medida cautelar que suspenda alguna de sus

disposiciones válidamente adoptadas, se ponderen los intereses en juego.

4 Véase la Resolución No. 58/2017 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.


Página 16 de 20

33. Asimismo, esa ponderación debe estar llamada a evitar que al momento de garantizar un

derecho o interés particular, se ocasione un perjuicio de igual o peor magnitud al interés general.

Es decir, procede que se ponderen si otros intereses distintos a los del recurrente puedan sufrir,

como consecuencia de la adopción de la medida, un daño de las mismas o peores características

del que con la medida se trata de evitar, es decir, de difícil o imposible reparación.

34. Respecto al interés público el magistrado Del Rosario explica que “(...) supone que con la

medida a adoptar no se lesione sensiblemente la tranquilidad social ni se le cause un mal mayor

a la sociedad que se trata de proteger”5. En adición, el jurista Ramiro Simón Padrós ha indicado:

“(...) el criterio del interés público no puede admitirse sin más, debiendo por el contrario

indagarse –en cada caso- la efectiva presencia de las razones de interés general que imponen la

ejecución inmediata del acto administrativo”.

35. En ese sentido, si bien es cierto que TORCLOW, S.R.L. al realizar su petición de que este

Órgano Rector suspenda el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. ME-CCC-LPN-

2018-15, hasta tanto se conozca el recurso jerárquico, señalando la afectación al Estado

dominicano y al presupuesto nacional en más de RD$10 millones de pesos, no menos cierto es

que no se refirió en su instancia a la perturbación grave al interés público o de terceros que sean

parte en el proceso que supondría la ejecución del procedimiento o que solo se garantizaría si se

suspendiera.

36. En cuanto a esto, el MINERD afirma que la sociedad comercial TORCLOW, S.R.L., se limitó a

enunciar sus consideraciones en la solicitud de medida cautelar, pretendiendo con ese accionar

que el Órgano suspenda el proceso de contratación, afectando alumnos y alumnas de las escuelas

de la República Dominicana, que hoy no cuentan con un lugar donde almorzar dignamente,

5 García del Rosario, Argenis. Derecho Procesal Administrativo. Primera Edición. Santo Domingo, Poder Judicial, 2016, p. 205.


Página 17 de 20

ignorando la importancia que representa el programa de jornada escolar extendida para el país,

lo que produciría un impacto negativo en la educación, con lo cual el interés general se estaría

afectando de manera significativa.

37. Conforme a la doctrina administrativista más aceptada: “(…) al órgano jurisdiccional le

corresponde realizar una ponderación de los intereses en presencia, con el objeto de evitar que al

tutelar un interés individual, no se ocasione un perjuicio al interés general, es por ello, que tal

valoración no puede establecerse apriorísticamente, sino analizando cada caso en concreto”6.

38. Respecto al interés público el magistrado Del Rosario explica que “(...) supone que con la

medida a adoptar no se lesione sensiblemente la tranquilidad social ni se le cause un mal mayor

a la sociedad que se trata de proteger”. Por su parte, el Honorable juez Presidente del Tribunal

Superior Administrativo, Rafael Vázquez Goico, consideró que:

“Por otra parte, y de manera inversamente proporcional, resulta que mientras mayor sea el peso del

interés general que va a favor de la ejecución del acto administrativo en cuestión, menor serán las

probabilidades de que sea acogida la medida solicitada. No obstante, aquí hay que decir que este

interés general no se identifica con la voluntad de los funcionarios que integran la administración

pública, sino que el mismo debe ser identificado objetivamente como beneficioso para la comunidad

en términos colectivos (no individuales)”7. (Subrayado nuestro)

39. Es por esto que, este Órgano Rector concluye que no se constituye este último elemento, toda

vez que la suspensión provocaría un impacto negativo para el interés colectivo.

6 Hernández-Mendible, Víctor Rafael. El desarrollo de las Medidas Cautelares en el proceso administrativo en Venezuela. Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Ciudad de Panamá, septiembre, 2009, p23. 7 Vázquez, Rafael. Nuevas tendencias en materia cautelar en el contencioso administrativo dominicano. Gaceta Judicial. Número 373, abril, 2018, p27.


Página 18 de 20

D. Consideraciones finales

40. Luego del análisis realizado por esta Dirección General de Contrataciones Públicas a los

documentos que integran la solicitud de medida cautelar y los escritos de defensa de las partes

involucradas, constató la existencia de la apariencia de buen derecho “funnus boni iuris” en la

solicitud de que se trata, no obstante, no ha sido probado el peligro en la demora “periculum in

mora”, ni el daño que ocasionaría al interés general si se verificara que su muestra cumplía con

los requisitos y no se suspendiera el procedimiento, o que solo se garantizaría de así hacerlo.

41. Partiendo de las motivaciones expuestas, al no comprobarse la existencia de los elementos

imprescindibles a estos fines, esta Dirección General procede a rechazar la solicitud de medida

cautelar tendente a suspender el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. ME-CCC-

LPN-2018-15, no obstante, si este Órgano Rector en la resolución de fondo verifica alguna

violación a la Ley No. 340-06 y su modificación, y confirma uno de los alegatos hechos por el

solicitante en su recurso jerárquico, se emitirá la decisión que corresponda conforme a derecho.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras

y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 con su modificación contenida en la Ley No. 449-

06 de fecha 6 de diciembre del año 2006.

VISTA: La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la

Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha 6 de agosto del año 2013.

VISTO: El Decreto No. 543-12 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y

Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 6 de septiembre del

año 2012.


Página 19 de 20

En tal sentido, y en atención a los hechos presentados, y en cumplimiento de lo establecido el

artículo 69 de la Constitución Dominicana, el numeral 10) del artículo 36 y el numeral 7) del

artículo 67 de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y

concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, y su modificación contenida en la Ley No. 449-06 de

fecha 6 de diciembre de 2006 y el párrafo II del artículo 25 de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos

de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de

fecha 6 de agosto de 2013, esta Dirección General de Contrataciones Públicas, dicta la siguiente

Resolución:

R E S U E L V E :

PRIMERO: ACOGER en cuanto a la forma la solicitud de medida cautelar presentada por la

razón social TORCLOW, S.R.L., por haber sido realizada de acuerdo a las formalidades

requeridas por la normativa.

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo la solicitud de medida cautelar presentada por la

razón social TORCLOW, S.R.L., tendente a suspender el procedimiento de Licitación Pública

Nacional No. ME-CCC-LPN-2018-15 para la “Adquisición de mesas plegables para comedores

escolares”, toda vez que no ha sido probado el peligro en la demora “periculum in mora”, ni el daño

que ocasionaría al interés general el no suspender el procedimiento o que solo se garantizaría si

se suspendieran sus efectos.

TERCERO: ORDENAR la remisión formal de la presente Resolución a las partes envueltas en el

proceso de que se trata, al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y a

las razones sociales TORCLOW, S.R.L., AMESCO, S.R.L., Grupo Cristante, S.R.L., Chamartin

Inversiones, S.R.L., e Inversiones Koralia, S.R.L., para su conocimiento y fines de lugar.


Página 20 de 20

CUARTO: ORDENAR la remisión formal de la presente resolución a la Contraloría General de

la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para su conocimiento y fines

de lugar.

QUINTO: ORDENAR que esta Resolución sea publicada en los portales electrónicos

administrados por este Órgano Rector.

Esta resolución no es definitiva en sede administrativa y contra la misma cabe interponer 1)

solicitud de variación de medida cautelar ante esta misma Dirección General de Contrataciones

Públicas; o 2) recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo,

dentro del plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley No. 13-07 y artículo 1 de la Ley No.

1494.

Dada en la ciudad de ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

YGS/ycc/rcb

“aÑo de la innovacion y la competitividad” · 2019. 2. 15. · “aÑo de la innovacion y la...

Documents