antonio annino-ciudadania ruralizada

7/29/2019 Antonio Annino-ciudadania Ruralizada

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LA CIUDADANA RURALIZADAUna herencia de la crisis imperial

Antonio Annino

Universidad de Florencia CIDE Mxico

La ciudadana decimonnica fue un instrumento constitucional para definir quin poda

legtimamente actuar en la arena poltica. Su perfil fue siempre mvil, incluyendo o excluyendo a

ciertos grupos sociales, abrindose o cerrndose segn las coyunturas nacionales y los intereses de

las elites dirigentes de cada pas. La historiografa ya no considera que la historia de la ciudadana

se pueda hacer a partir de una supuesta presin de los grupos sociales subalternos para romper lasbarreras que les impeda gozar de los derechos polticos. Ms bien se considera que la evolucin del

espacio ciudadano dependi de la convergencia o no de las elites de cada pas alrededor de los

tantos proyectos de Nacin que se experimentaron a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, es

tambin cierto que la adquisicin de la ciudadana por parte de grupos sociales subalternos o de

qualquier modo nuevos puso retos a la gobernabilidad de muchos pases occidentales.

La ciudadana en la Amrica Latina del siglo XIX tuvo por lo menos tres caractersticas: no fue

evolucionista al estilo de los dems espacios occidentales, en el sentido que hacia el final del siglo

por lo menos tres pases -Per, Brasil y Guatemala- restringieron radicalmente los requisitos de

acceso con el propsito de excluir los indgenas y los dems grupos sociales bajos. Estas reformas

dependieron de la segunda caracterstica, la notableprecocidadde su instauracin en el continente:

cuando se dieron las primeras experiencias constitucionales en la dcada 1810-1820 gran parte del

Viejo Mundo estaba bajo regmenes antiliberales. Sin embargo, no slo la ciudadana apareci

precozmente en Amrica sino que su amplitud (casi universal), el tipo de sus requisitos, y los

actores que pudieron manejarlos, dibujaron la tercera caracterstica: su difcil gobernabilidad, por lo

menos durante las primeras siete dcadas del siglo, desencadenando a veces sindromes de

desencanto en parte de las elites. El caso del lema sarmientino Civilizacin o barbarie es el ms

conocido, y su gran xito internacional (ms all de las extraordinarias calidades literarias del libro)

se debi al hecho de que la ciudadana rural fue cada vez ms percibida cono ajena a la ciudadana

urbana. De manera que la civitas imaginada por los liberales no coincidi casi nunca con la

ciudadana legal (y constitucional), una condicin que muchas elites del Viejo Mundo y de gran

parte de los Estados Unidos evitaron manejando con suma precaucin los requisitos de acceso a losderechos polticos.

Una de las razones de este desequilibrio casi fisiolgico entre civitas liberal y ciudadana

constitucional se debi a las independencias, y a los procesos que dibujaron el perfil de la

ciudadana americana antes de las emancipaciones y de la mismas repblicas. La historiografa

clsica no ha considerado relevante medir el peso de ese antes porque su idea fue siempre que

el verdadero haba que buscarlo en la herencia colonial. Hoy, una parte de la historiografia est

convencida que la herencia ms importante, la que plante los retos ms difciles a la

gobernabilidad republicana, vino de la crisis de la colonia, o ms bien de la crisis de la Monarqua y

no de la poca anterior. Unas de las implicaciones cruciales de este cambio es que ya no se concibe

la historia del constitucionalismo como la de las primeras cartas de corte moderno. Aunque al

momento no hay muchos estudios acerca del constitucionalismo antiguo a lo largo de las dosdcadas que marcaron el eclipse del imperio, no cabe duda que es razonable preguntarse acerca de


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su interaccin con el constitucionalismo moderno, y no seguir pensando que a lo sumo fue un

factor de resistencia a los cambios que se intentaron.

El problema de la ruralizacin de la ciudadana se ubica en este marco. La experiencia de

Cdiz en Amrica constituye en ese sentido un ejemplo casi tipolgico. Ms all del hecho de que

quien escribe se ha dedicado al tema, hay que considerar un dato: la carta gaditana estuvo vigente

en los virreynatos de Per y Nueva Espaa, en la capitana de Guatemala (la entera centroamricade hoy), y en el territorio de la Audiencia de Quito. Es decir que ms del 60% de la poblacin de la

Amrica hispana tuvo su primera experiencia ciudadana con Cdiz. Otro dato significativo es que la

experiencia fue imperial, abarc Espaa y gran parte de Amrica, lo cual de entrada nos pone la

cuestin, cada vez ms difundida entre los historiadores, de cmo estudiar las relacciones entre la

dimensin regional y la general, y as detectar no slo las diferencias sino tambin lo comn que

llev al colapso del imperio. La perspectiva imperial surgi de un notable cambio an no

aceptado por toda la historiografa, es decir que la emancipacin no fue la causa sino el efecto de la

crisis monrquica de 1808. La tesis fue planteada con eficacia por F.X. Guerra en 1992, pero hay

que recordar que ya en 1975 Halpern Donghi la propuso sin mucho xito, quizs por ser demasiado

atrevida para la poca1. Cdiz es un buen ejemplo porque tuvo dos historias paralelas: la de la

asamblea, donde los americanos fueron la minora que se opuso a gran parte de la carta, y la de losterritorios coloniales, donde los americanos fueron la mayora que la socializ siguiendo un poder

de la costumbre desconocido a los constituyentes2. La pregunta es entonces si la ruralizacin de

la ciudadana se dio como parte de una ms amplia articulacin entre el constitucionalismo antiguo

y el moderno, en otras palabras si el desface a la Sarmiento, percibido tambin por las elites de

Mxico, Per, etc., sin olvidar el desencanto bolivariano, no tiene que ver con este proceso an no

muy estudiado.

Claro es que esta lnea de investigacin supone que el poder de la costumbre no sea algo

esttico, meramente conservativo, sino que su fuerza estriba precisamente en la capacidad de no

actuar siempre y slo como mera resistencia a lo nuevo, y hasta de inventarse tradiciones para

que los cambios no sean rupturas. Lo que pas en 1808 no es ajeno a esta temtica. Hay que

recordar que la gravedad de la vacatio regis fue tan abismal que la opinin pblica la evalu

mucho ms en trminos polticos (Napolen, el cautiverio, etc.) que constitucionales. La segunda

opcin hubiera llevado a poner en tela de juicio la voluntad del rey y a una inevitable acusacin de

traicin. La tradicin regalista europea tena mil aos, sus doctrinas haban sido diferentes y a veces

en conflicto, mxime despus de la Reforma, pero nunca nadie puso en duda el principio bsico: un

rey no poda renunciar voluntariamente a la corona sin el consenso del reino (o de los reinos).

Carlos V pas dos aos viajando en los reinos del imperio para negociar su abdicacin. Para la

tradicin contractualista hispana, Bayona fue algo sencillamente inimaginable y sin precedentes. El

nico caso parecido fue la noche de Varennes de 1791, cuando Luis XVI intent escapar de

Versailles en ropa de sirviente. La repblica (y la guillotina) fueron unas de las consecuencias de

esta catastrfica quiebra de la ya dbil soberana de la corona

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. Sin embargo, en el acfalo orbehispnico de 1808 no haba ninguna asamblea que pudiera recoger legtimamente la soberana

perdida por el monarca. El problema de la representacin nacional-imperial se puso despus,

demasiado tarde, cuando la soberana se haba ya federalizado en forma casi republicana en la parte

libre (de las tropas francesas) de la pennsula y en el cono sur de Amrica. Lo crucial despus de

1810 fue quitarles la soberana a estos reinosrepublicanos (en el sentido clsico) y no a la Corona,

algo muy poco comparable con las revoluciones constitucionales del siglo XVIII y del siglo XIX

1Me refiero a F.X.GUERRA, Modernidad e Independencia, Madrid, 1992, y a T.HALPERIN DONGHI,Reformas y

disolucion de los imperios ibericos, 1750-1850, Madrid, 1975.2 La expresin es tomada de V.TAU ANZOATEGUI, El poder de las costumbres. Estudios sobre el Derecho

Consuetudinario en Amrica hispana hasta la Emancipacin, Buenos Aires, 2001.3

Un testigo de la talla de Restif de la Bretone, el brillante clrigo-philosophe de la revolucin, anot en su diario: pude

ver el regresso del rey la maana siguiente, y desde entonces lo consider detronizado, R.DE LA BRETONNE, Lesnuits de Paris, ou le Spectatuer nocturne, trad. it.Le notti rivoluzionarie, Milano, 1989, pp.54.


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europeo continental. An ms crucial para entender la ruralizacin de la ciudadana fue que la

acefala de 1808 se reprodujo en los aos siguientes, y segn una lgica incontenibile, en todos los

territorios americanos, gaditanos y no, cuando las antiguas cabeceras intentaron consolidar su

centralismo.

La primera caracterstica que permite identificar la continuidad de la crisis imperial ms all del

bienio 1808-1810 es esta doble, y a primera vista excesiva, retroversin de la soberana, y elhecho ms notable fue el consenso masivo, y hasta se podra decir la legitimidad, que la impuls.

Como explicar este dato? El drama constitucional fue que la vacatio regis desencaden una

vacatio legis, es decir una crisis de aquel gobierno de los jueces (desde las Audiencias hasta los

alcaldes) que por tres siglos asegur cohesin a la composita monarqua hispnica. La

documentacin de las juntas, pensinsulares y americanas, no deja dudas: la ilegtima abdicacin

haba dejado los reinos sin aquella garanta de justicia redistributiva que por siglos haba mantenido

las lealtades hacia el poder moderador del Rey. La ilegtima ausencia del Rey quit legitimidad a

sus representantes. Tanto fue as que el conflicto con las Audiencias no se di slo en Amrica sino

tambin en Espaa, y desde el primer momento. El conflicto generalizado en las dos partes del

Atlntico entre las juntas y los jueces de la Corona nos muestra que fue la justicia a reubicar la

soberana y no la representacin moderna, una notable diferencia entre las revolucioneshispnicas y las dems. El monopolio territorial y urbano de la justicia cre una situacin de facto

republicana clsica: gobiernos oligrquicos de notables y de facciones, y por esta misma razn

populares, una representacin virtual del territorio en base a las antiguas jurisdicciones, ahora

absolutas y por lo tanto soberanas, y un vnculo contractualista con una Corona acfala que se

poda renegociar o quebrar definitivamente. Por supuesto, las argumentaciones de las juntas no

fueron solamente tradicionales, la misma idea de retroversin tuvo muchas novedades, como

qualquier apelacin al poder de la costumbre. Lo que cuenta es que el fenomeno no fue nico ni

tan original, ms bien se inscribe en otro captulo de las historias revolucionarias: la idea de que el

antiguo pactismo tomista (y metafsico) podra dar lugar a una concreta (y poltica) retroversin

fue tratada ampliamente por el jusnaturalismo protestante del siglo XVII, desde Grotio hasta

Puffendorf (autor que los Borbones introdujeron en las universidades), y la revolucin de las

ciudades holandesas fue el referente. En fin de cuenta, la holandesa fue la primera revolucin de

independencia en contra de la Monarqua Catlica, y la primera que transform el pactismo antiguo

en contractualismo moderno.

En los territorios mesoamericanos y andinos esta primera etapa de la reubicacin de la soberana

en los espacios urbanos a partir de la justicia no se di con excepcin de Quito. Pero el famoso y

fracasado proyecto del Cabildo de Ciudad de Mxico, defendido brillantemente por fray Servando

Teresa de Mier4, desarroll las mismas argumentaciones de las juntas de la pennsula y del cono

Sur. De manera que el desarrollo costitucional de la crisis imperial sent la base para una

articulacin diferente de los principios constitucionales modernos: fue la justicia y no el voto a

legitimar el poder revolucionario. La fuerza de este vnculo no slo se mantuvo sino que seconsolid an ms cuando se empezaron a experimentar las primeras elecciones para construir unas

representaciones nacionales. La pregunta pendiente es si lo nacional se identific ms en lo

justo que en lo representado, y qu consecuencias tuvo en la difcil consolidacin de la

obligacin poltica moderna en Amrica.

La ruralizacin de la ciudadana se inscribe en este largo proceso dominado por la continuidad

de la justicia antigua y por sus articulaciones con la soberana y el voto, un proceso bien

ejemplificado por el momento gaditano. Obviamente no es fcil definir la justicia como poder de

la costrumbre en el antiguo rgimen hispnico, pero se podra decir que el principio del

consentimento cobr mucha fuerza y legitimidad en Amrica5, y que por esta va el otro

4SERVANDO TERESA DE MIER,Historia de la revolucin de N ueva Espaa, antiguamente Anhuac o verdaderoorigen y casusa de ella con la relaccin de sus progresos hasta el presente ao de 1813, ed.Critica, Pars, 1990.5 Para una sntesis de este gran tema vease J.H.ELLIOTT, Empire and State in British and Spanish America, in

S.GRUZINSKI, N.WACHTEL , Pars, 1996, pp.365-383.


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principio, el del reconocimiento por parte de la Corona, legaliz un mundo de derechos-

privilegios percibidos como tal, y legitimado a partir de prcticas materiales e inmateriales

negociadas con los jueces del Rey6. Sin duda, todo esto fue mucho ms complejo, pero lo que

cuenta para evaluar qu pas con el poder de las costumbres es que la doble vacatio, la del Rey y

las de las Leyes, dej al imperio sin la garanta del reconocimiento de los derechos y de las

libertades, dejando a los reinos y a sus cabeceras en plena autonoma para redefinir, no tocar, oromper, los vnculos con el gobierno de los jueces.

La aparente paradoja del caso gaditano es que al aplicarse la carta en Amrica el voto sigui

legitimndose a partir de la justicia, pero ahora el proceso se extendi a los pueblos rurales,

destruyendo as las jerarquas territoriales coloniales. Lo ms interesante para nuestro tema es que la

continuidad de la justicia tradicional fue una decisin poltica de la asamblea para moderar el

impacto de la carta sobre la opinin pblica, como dijo rotundamente el lder de los liberales,

Argelles, en su famoso discurso de presentacin del nuevo texto7. Sin embargo, la moderacin de

los constituyentes no salv el imperio ni pudo lograr que la nueva civitas liberal ilustrada se

identificara con la nueva ciudadana. Por supuesto las guerras, las insurgencias, el marco

internacional, y la crisis (esta vez s poltica) de la Corona entre la restauracin fernandina y el

Triennio liberal, constituyeron otros tantos factores que llevaron a la quiebra del imperio. Sinembargo, las coyunturas, an decisivas, no explican en forma adecuada cmo se form la

herencia de la crisis ni su alcance a lo largo del siglo XIX. La fractura entre civitas liberal y

ciudadana constitucional no fue coyuntural, se consum en silencio, lejos de los teatros de las

luchas politicas y de la guerras, fue profunda y percibida como tal desde el primer momento por no

pocos testigos. La socializacin de la carta fue masiva, ms que la desencadenada por las guerras,

porque involucr a todas las poblaciones de los territorios que la recibieron. No slo esto, sino que

al difundirse, la carta gaditana no encontr ninguna resistencia en los mundos comunitarios y

tradicionales de los pueblos rurales, inclusive de los indgenas.

Sobre este punto los liberales de Cdiz tuvieron razn: asegurando la continuidad de la justicia, y

por lo tanto de las diferentes costumbres territoriales, la llegada de la constitucin no fue

percibida como una amenaza al orden existente. Lo que los liberales no podan imaginar fue la

medida en que la constitucin misma pudo ser legalizada por el poder de las costumbres hasta

casi instaurar un nuevo orden, bien diferente a la vez del antiguo y del planeado. Quizs sea ste el

punto fundamental: la carta gaditana era prolija (348 articulos!), a veces maniacal, de difcil

lectura, a primera vista muy rgida, y sin embargo reconoci a las comunidades locales el derecho

de decidir acerca de la ciudadana. Es muy dificil encontrar en el constitucionalismo de la poca una

idea de ciudadana tan abierta y descentralizada, aunque ni universal ni democrtica a la

jacobina, una perspectiva sencillamente inimaginable por los liberales gaditanos. Creo que tenemos

que mirar a la naturalezza profundamente catlica de la carta para entender su originalidad, y no me

refiero a la intolerancia religiosa sino a la visin de la sociedad y de la politica que los liberales

tenan en cuanto herederos legtimos de la ilustracin hispnica. Para un liberal hispnico (yamericano) hubo siempre, a lo largo de todo el siglo XIX, una diferencia tajante entre cuerpos y

privilegios: los primeros se siguieron pensando como parte de un orden jerrquico natural, pre-

6En el originario derecho castellano (exportado a Amrica) el juez tena prohibido publicar lassentencias, as que la

nica manera para apelarse fue siempre atacar su moralidad, una prctica cuyos expedientes llenan los archivos. Los

idiomas de esta documentacin, muestran como se construy una legalidad americana en base a los conflictos de

intereses, y el papel que tuvo la tradicin del ius comune en fortalecer un poder de las costumbres fuertemente

socializado. Vase entre otros el estudio de F.MARTINEZ PEREZ, Entre confianza y responsabilidad. La justicia delprimer constitucionalismo espaol (1810-1823), Madrid, 1999.7 encargada por V.M. [la Asamblea] de arreglar el proyecto de constitucin para restablecer y mejorar la Antigua ley

fundamental de la Monarqua, se ha abstenido [la Comisin] de introducir una alteracin substancial en el modo de

administrar la justicia, convencida que reformas de esta trascendencia han de ser el fruto de la meditacin, del examenms prolijo y detenido, nico remedio de preparar la opinin pblica para que reciba sin violencia las grandes

inovaciones,Discurso preliminar ledo en las Cortes al presentar la Comisin de Constitucin el proyecto de ella,

ed.facsimilar, Sevilla, 2000.


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mundano y por lo tanto pre-poltico creado por Dios, mientras que los segundos hacan parte del

orden mundano, y podan ser reformados o suprimidos. La civitas de Cdiz tiene sus races en este

tronco irrenunciable del imaginario catlico (todava existente), como justamente ha subrayado B.

Clavero8. El ciudadano gaditano tena que ser en primer lugar un alma, es decir un individuo

bautizado, miembro reconocible del cuerpo comunitario de la Iglesia de Roma, y el requisito para

acceder a los nuevos derechos era el estado de vecindad, algo bien diferente de los requisitosfiscales o proprietarios que manejaban los dems liberalismos de la poca. El vecino exista slo si

la comunidad parroquial lo reconoca como tal en base al principio de notoriedad, es decir que el

control de los requisitos no se quedaba en manos de las autoridades sino de la comunidad9. A su

vez, los requisitos de vecindadse mantuvieron como antes: tener modo honesto de vivir, y ser un

pater familiae, y por lo tanto casado legalmente segn el derecho cannico. Los hijos de familia, es

decir los no casados, sea cual fuera su edad, no tuvieron ningn derecho poltico en la nueva civitas.

En pocas palabras, Cdiz incluy en la ciudadana a la sociedad comunitaria organizada en cuerpos

naturales (familia y parroquia) y a sus representantes legales. A los indgenas de los pueblos se

los incluy tambin, no as a los afro-americanos y a las castas10

. Hay que recordar tambin que

Cdiz no invent ninguna fiesta revolucionaria, las que hubo en los pueblos para la publicacin y el

juramento a la constitucion fue una reproduccin integral de las fiestas de los santos patronos, lasmismas que desde tiempo inmemorial garantizaban la cohesin de las comunidades.

Otros puntos, como la publicacin, juramento, misas y Te Deum para cada acto pblico

empezando por las elecciones, confirman la naturaleza catlica profunda (y no slo formal) de la

ciudadana gaditana. La continuidad de la justicia hizo de puente entre las costumbres comunitarias

de los pueblos y esta ciudadana en manos de las comunidades. Los alcaldes electivos de los

nuevos municipios constitucionales se quedaron con el estatus de empleados pblicos, el mismo

que haba definido en el antiguo rgimen el gobierno de los jueces, pero en Amrica su nmero

aument en forma impresionante respeto de la pennsula. Se multiplicaron as las jurisdiccciones

territoriales de unos nuevos jueces electivos (los alcaldes), que a pesar de los lmites impuestos por

la constitucin se apoderaron de las funciones de los antiguos jueces de la Corona, que siempre

tuvieron la jurisdiccin constitucional sobre las leyes del mismo Rey (el famoso se acate y no se

cumpla). Dos circunstancias favorecieron este proceso de expropriacin de la justicia: el voto para

los municipios, que hizo de los alcaldes unos jueces electos por la comunidad, y las guerras, que

otorgaron a los pueblos un rol crucial en el abastecimiento de los ejrcitos. No slo las guerras

fueron sociales sino tambin altamente socializadas, en el sentido de movilizar a mucha ms gente

de la que apareci en los campos de batallas.

En el contexto de la revolucin poltica que rompi los lazos con Espaa hubo as una revolucin

territorial de los pueblos, que gracias al voto para sus municipios transformaron el antiguo

derecho al reconocimiento por los jueces en derecho a reconocerse como jueces, algo obviamente

no previsto por los constituyentes de la lejana Cdiz ni por las elites criollas que (entre otras cosas)

no lideraron la difusin de la carta. As que al instaurarse la repblica el reto para los nuevosgobernantes no fue cmo implementar la nueva ciudadana sino cmo controlarla, cmo expropiar

a los pueblos-municipios de sus pequeas soberanas para asegurar la gobernabilidad de los

nuevos espacios nacionales. Quizs, la revolucin de los pueblos nos ayude a aclarar el por qu

8Vase B.CLAVERO, Constitucin y Pueblos entre Cadiz y Mxico, Europa y Amrica, en B.CLAVERO,

J.M.PORTILLO VALDES, M.LORENTE, Pueblos, Nacion, Constitucin, (en torno a 1812), Madrid, 2004.9 Art.50 de la carta : si se suscitasen dudas sobre si en algunos de los presentes concurran las calidades para poder

votar, la misma junta [de vecinos] decidir en el acto lo que le parezca; y lo que decidere se executar sin recurso

alcuno por esta vez y para este solo efecto.10 La inclusin de los indgenas y la discriminacin de los africanos y castas tuvo su fundamento en el debate teolgico

del siglo XVI, que reconoci al indio la racionalidad pero no el correcto uso del intelecto especulativo (el que segnAristteles permita lograr el bien), mientras que los africanos se quedaron sin racionalidad. La fisiocracia de la poca

de Carlos III consider a los indigenas ya no miserables moralmente sino slo econmicamente. El precedente ilustrado

explica por qu en Cdiz la inclusin del indgena encontr un consenso casi unnime y se aprob rpidamente.


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del trnsito de la monarqua a la repblica, tras tres siglos de indiscutibile lealtad al Rey, se haya

dado sin resistencia de ningn tipo, menos an a nivel popular.

La crisis imperial no fue la crisis de las estructuras sociales pero s de la correlacin de fuerzas en

que se haban regido por tres siglos, y la civitas liberal percibi el fenmeno precisamente como

una cada en la barbarie. En fin de cuenta el gran Libertador Bolvar, despus de haber ledo a

Gibbon (como hicieron todos los liberales del siglo XIX), escribi en 1829, un ao antes demorirse, un largo ensayo comparando la situacin de Amrica tras la cada del imperio espaol con

la Europa tras la cada del imperio romano, un evento que haba trado seg`n Gibbon (Y Bolivar) la

anarqua poltica y la disolucin social. Sin duda, el lema sarmientino se revel muy eficaz para

describir el cambio que se consum a lo largo de la crisis imperial, pero atribuy al espacio rural y

al urbano roles ficticios y opuestos, como si fueran dos mundos lejanos uno del otro e inconciliables

constitucionalmente, mientras que la escisin se dio al interior de un solo marco constitucional y de

una sola ciudadana. Por supuesto, lo que pas en los territorios gaditanos no pudo darse en los

dems, y al momento no s qu pas en estos ltimos, aunque me parece indiscutibile que hubo una

ruralizacin, y que por lo tanto es razonable plantearse el problema.

Cmo se podra entonces definir la ruralizacin de la poltica, o quizs mejor, de la ciudadana,

por lo menos en los espacios gaditanos? Decir que el fenmeno se dio porque de entrada laciudadana estuvo demasiado abierta a los pueblos, donde viva el 90% de la poblacin, sera

decir una verdad a medias, de naturaleza cuantitativa y nada ms. Lo que transform un dato

demogrfico en un problema cualitativo para la civitas liberal fue la correlacin no prevista que se

dio entre justicia, soberana y representacin a lo largo de la crisis imperial. Su herencia consisti

en un dualismo entre la soberana como justicia de los pueblos y la soberana como representacin

nacional de la elites. La naturaleza demasiado incluyente (y catlico-comunitaria) de la

ciudadana legitim esta situacin. Creo entoneces que la ruralizacin se podra al momento

definir tentativamente como un desplazamiento del eje jurisdicional de la ciudad al campo. La

ciudadana incluyente legaliz en el nuevo orden constitucional la cara ms importante de la justicia

casustica y consuetudinaria de la tradicin hispano-americana, que fue siempre una gran

productora de idiomas identitarios (un ejemplo es el patriotismo criollo estudiado por David

Brading). Y no cabe duda que estos idiomas no fueron nunca monopolizados por el gobierno de

los jueces y se quedaron como patrimonio de las comunidades. Este tipo de justicia necesit, y

continu necesitando, de un poder moderador y garante de los diferentes poderes de la costumbre

(inclusive de las indgenas) que el Rey, con su gobierno de los jueces, logr ejercer a lo largo de

tres siglos. Los liberales gaditanos pensaron que la moderacin antigua poda conciliarse con la

ciudadana liberal. Fue una ilusin, pero tuvo un fundamento en el proyecto de monarqua

constitucional. Pero en una repblica? Dnde resida el poder moderador? Las nuevas naciones

heredaron nada menos que el dilema ms antiguo del republicanismo.

En todas las constituciones republicanas mesoamericanas y andina permaneci la formulacin

gaditana sobre la ciudadana, el voto, los municipios y la justicia. La justicia por supuesto nomantuvo los mismos jueces, ni la misma organizacin, ni los sentidos de lealtades hacia la suprema

autoridad del Rey, pero s mantuvo su vocacin contractualista, sus procedimientos, el tipo de

sociabilidad, el poder de las costumbres, y las mismas Leyes de Indias. La repblica no pudo

garantizar un poder moderador conforme al tipo de justicia heredada del pasado, de manera que la

autonoma jurisdiccional de la ciudadana rural se mantuvo, transformndose en un reto para la

gobernabilidad. El tema se queda todava por estudiar, lo nico que al momento se puede decir es

que ni el sin nmero de leyes municipales, ni los cdigos, aprobados muy tardamente (en los aos

80!) pudieron acabar con la herencia de la crisis imperial.

antonio annino-ciudadania ruralizada

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