REVISTA MENSUAL

JUNIO DE 2006

AÑO V • Nº 72

2 PESOS

ISSN 1669- 9122

Situación Mundial El rol de la producción de gas

en los procesos de regionalización

América Latina

Bolivia: las repercusiones por la nacionalización de los hidrocarburos

Argentina

La plaza del 25: posicionamientos obligados,

demostración de fuerza y reconfiguración del “adentro”

REVISTA MENSUALREVISTA MENSUAL

JUNIO DE 2006JUNIO DE 2006AÑO V • Nº 72AÑO V • Nº 72

ISSN 1669- 9122ISSN 1669- 9122

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal,Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, FabiánUlmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal,Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, FabiánUlmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.Responsable de la publicación: Alejandro Viegas Responsable de la publicación: Alejandro Viegas

Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); WashingtonPost (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: TheEconomist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de ElMundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República(LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de SaoPaulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)

Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); WashingtonPost (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: TheEconomist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de ElMundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República(LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de SaoPaulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)Para contactarnos: informecon@yahoo.com.arPara contactarnos: informecon@yahoo.com.arPágina web: www.analisisdecoyuntura.com.arPágina web: www.analisisdecoyuntura.com.arNúmeros anteriores disponibles en www.geocities.com/informeconNúmeros anteriores disponibles en www.geocities.com/informecon

JUNIO DE 2006

En este número

Dedicamos nuestras dos primeras secciones a la des-cripción y análisis del proce-so de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. En AMÉRICA LATINA intenta-mos examinar el alcance de la medida y sus repercusio-nes. Pues los posicionamien-tos frente al hecho, –abundantes en tanto se han afectado intereses económi-cos, políticos e ideológicos de diferentes sectores–, nos permiten delinear campos de enfrentamiento en los nive-les global, regional y nacio-nal.

En SITUACIÓN MUNDIAL es-tudiamos la estructura de la rama productiva del gas en los niveles regional y mun-dial. Al poner en contexto la iniciativa del gobierno de Evo Morales, se determina, por un lado, que la creciente intervención de los estados no es una exclusividad boli-viana y, por otro, que dicha rama tiene un rol importante en los procesos de regionalización en marcha.

La sección ARGENTINA, por su parte, muestra cómo el grado de intervención del Estado en la economía sigue siendo un eje alrededor del cual se suman y se restan apoyos a la política económica del gobierno, desde diferentes fracciones de la burguesía y sectores del movi-miento obrero. Sin embargo, las sumas y restas son alterables, según el terreno al que afecte cada intervención. Así, por ejemplo, la política laboral fue unánimemente repudiada por re-presentantes del capital más concentrado, que en otros aspectos se manifiestan a favor del gobierno. Por otra parte, el acto convocado, a tres años del gobierno de Kirchner, forzó posi-cionamientos y significó una muestra de fuerza frente a los anticipados cuestionamientos que llegaron desde fuera de la alianza social que el gobierno representa. Esto es algo que poco sorprende. Sin embargo, también hubo mensajes fuertes dirigidos hacia adentro de dicha alianza: por un lado, para aquellos que movilizaron a sectores del movimiento obrero y el pueblo en general hacia la plaza, sin la subida de rigor al palco del orador; por otro, para los que conforman la parte de dicha alianza que no participó de la movilización.

Adelante……

En este númeroAmérica Latina

4 Nacionalización de hidrocarburos en BoliviaLa descripción del hecho

Posicionamientos en Bolivia

Posicionamientos en Brasil

Posicionamientos en el resto de Sudamérica

Posicionamientos en la Unión Europea

Posicionamientos en EE.UU.

Perú: la nacionalización se metió en la campaña

Ecuador: entre la expropiación y el TLC

Bolivia: y ahora... la reforma agraria va!

Situación Mundial12 El gas en los procesos de regionalización

Características de la sub-rama gasífera en Sudamérica

El gas a nivel mundial

La sub-rama petrolera

Argentina19 Pelea por las ganancias

Los posicionamientos generales del capital

El espiral ascendente de la lucha por la carne

La lucha entre el capital y el trabajo

24 Coyuntura políticaLa Plaza del 25, tres movimientos en uno

4

JUNIO DE 2006

América Latina El proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia –a esta altura un áspero debate con duras acusa-ciones entre los empresarios y el gobierno boliviano, y entre éste y el resto de los gobiernos de la región y el mundo– arranca con anterioridad al triunfo del MAS que llevó a Evo Morales a la presidencia.

Recordemos que, justamente, el tema de la nacionali-zación del gas fue (entre otras cosas) lo que llevó a la caída de Sánchez de Losada, al ser una de las reivindica-ciones del pueblo boliviano que las bases del MAS adoptaron como bandera ante el neoliberalismo y el im-perialismo.

Se puede decir que la cumbre entre Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales en La Habana, Cuba, fue el momento elegido para lanzar este proceso de nacio-

nalización de varias empresas. Este encuentro sirvió pa-ra afianzar la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA, en contraposición al ALCA impulsado por EE.UU.) y conformar el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP, en contraste al Tratado de Libre Comer-cio -TLC-), dando el puntapié necesario para el proceso de nacionalización.

Este avance generó un sinfín de posicionamientos: declaraciones a favor y en contra, tanto de las empresas afectadas, las corporaciones empresariales y obreras, así como también de los gobiernos latinoamericanos y de los principales países del mundo, cada cual expresando los intereses que se encuentran en juego en este proceso de nacionalización.

PPeelleeaa ppoorr llaass ggaannaanncciiaass:: nnaacciioonnaalliizzaacciióónn ddee hhiiddrrooccaarrbbuurrooss eenn BBoolliivviiaa

La descripción del hecho “Llego la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales” (LTC 2/05). Con estas palabras, Evo Morales, presidente de Bolivia, iniciaba el camino hacia la tercera nacionaliza-ción en la historia del país andino. (En 1937 el gobierno del militar de David Toro nacionalizó la empresa Stan-dard Oil de EE.UU. luego de acusarla de fraude fiscal; y en 1969, el Ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder histórico del Socialismo boliviano, nacionalizó la empre-sa Gulf Oil Company, del mismo origen). El lugar elegi-do fue el simbólico campo petrolero de San Alberto, departamento de Tarija, que, junto al campo de Sábalo, son administrados por Petrobras en sociedad con Rep-sol-YPF y la francesa Total, empresas extranjeras que producen el 70% de los 26 millones de metros cúbicos que Bolivia exporta a Brasil.

En 1996, en el transcurso del primer gobierno de Sán-chez de Lozada, se produjo el llamado proceso de “capi-talización”. Esto consistió, ni más ni menos, en la priva-tización de los activos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), impulsando la creación de las empresas Andina S.A y Chaco S.A, encargadas de la exploración y la explotación, así como también la de Transredes S.A., encargada del transporte.

Ahora, tal como lo expresa el Artículo 1 y 2 del De-creto Supremo 287011: “la decisión del gobierno boliviano es-tablece que, en ejercicio de la soberanía nacional, en obediencia del mandato popular nacionalizador y en aplicación de la Carta Magna, el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control absoluto de los hidrocarburos”.

De esta manera, la empresa estatal YPFB asume el ejercicio pleno de la propiedad de los hidrocarburos y determinará su comercialización interna y externa, en cuanto a condiciones, volúmenes y precios.

En Bolivia actúan, en orden de importancia, Repsol-YPF (Andina S.A) y Petrobrás (que no participó en el

1 De aquí en más, los extractos completos del Decreto publi-cado, en “Los Tiempos de Cochabamba”, del 2 de mayo.

proceso de privatización de YPFB en la década del ’90). Juntas controlan el 70% de las reservas de hidrocarbu-ros. El transporte lo monopoliza Shell (Transredes). También las compañías British Petroleum (Chaco S.A.), Total Final Elf (franco-belga), Exxon Movil (EE.UU.), Energy (canadiense), Pluspetrol (Argentina) y Don Wong (Corea) están operando en el país. El Decreto 28701 fija en su Artículo 3 que: “Sólo podrán seguir operan-do en el país las compañías que acaten las disposiciones del presen-te Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días, desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contra-tos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucio-nales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan fir-mado contratos no podrán seguir operando en el país”.

A cada una de las compañías se le efectuará una audi-toría con ayuda de profesionales internacionales, la ma-yoría técnicos e ingenieros de Noruega. El Ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, dijo que: “la creación de una Unidad especial para auditar los estados financieros, nos ayudará a negociar con más firmeza. Ahí se destaparan las cajas negras de las petroleras” (LTC, 5/05). Mientras tanto, “eleva tempo-ralmente de 50 a 82% los impuestos y regalías que el gobierno re-tiene en los dos mayores campos de gas del país” (WSJ 11/05). Hasta lograr que este relevamiento se traduzca en nue-vos contratos, el Gobierno del Estado de Bolivia deja claro hasta dónde quiere llegar con este impulso nacio-nalizador.

El Artículo 4 del Decreto Supremo nos ilustra lo refe-rente a la extracción de gas: “I. Durante el período de transi-ción, para los campos cuya producción es superior a los 100 millo-nes de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de opera-ción, amortización de inversiones y utilidades). II. Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, se man-tendrá la actual distribución del valor de la producción de hidro-carburos. III. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determi-

América Latina 5

JUNIO DE 2006

nará, caso por caso y mediante auditorias, las inversiones realiza-das por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de ope-ración y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorias servirán de base a YPFB para determinar la retri-bución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo”.

Con intenciones de lograr el control pleno del proceso de extracción de hidrocarburos (e impulsar la industria-lización y obtener: butano, etano, propano y diesel eco-lógico), el decreto supremo 28701 se refiere a la necesi-dad de nacionalizar un porcentaje de acciones. Éstas se encuentran, en gran parte, en manos de Aseguradoras de Fondos de Pensión que operan en Bolivia, fundamen-talmente de Previsión (filial del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -BBVA-) y de Futuro (filial de la sui-za Zurich Financial Service). Lo detectado por el nuevo Gobierno del Estado es que estas aseguradoras no tie-nen contrato para administrar lo que en el año 1996 les fue entregado como fideicomiso.

Entonces, en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se transfieren en propie-dad a YPFB, “a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colec-tiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco SA., Andina SA. y Transredes SA”, que se complementa en el Artículo 7: “II. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. III. YPFB nombrará a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las activi-dades hidrocarburíferas en el país”.

Ante estas medidas, surgieron posicionamientos desde los diversos sectores involucrados que veremos en los apartados siguientes organizados a partir del país o re-gión desde donde fueron lanzados.

Posicionamientos en Bolivia

Declaraciones en contra

Corporaciones Cámara de Hidrocarburos de Bolivia. Siendo los perju-dicados en forma directa, no podían más que manifestar sus críticas al proceso de nacionalización. A través de la cámara que los agrupa, los empresarios del sector mani-festaron su preocupación porque se “altera de manera uni-lateral, negativa y sustancial las condiciones de las empresas”(LTC 2/05).

Central Obrera Boliviana (COB). En función de que la central establece como objetivo de máxima la expro-piación total del capital, la COB calificó como insufi-ciente la medida. A lo que agregaron que están en contra de repartir las ganancias con empresas privadas. Por en-de, si bien no rechazaron la medida, tampoco la apoya-ron, privilegiando la crítica en función de las insuficien-cias que, desde su óptica, contiene el decreto.

Partidos Políticos Podemos. La oposición, nucleada fundamentalmente en la coalición Podemos, que salió segunda en las eleccio-nes presidenciales, pidió un tratamiento del tema en el Congreso y no su implementación a través de un Decre-to Supremo. El Senador Ortiz (de “Podemos”), afirmó, en nombre de la oposición de Bolivia, que: “esto aparta la confianza al país de Brasil y la Argentina” (LN 4/05).

Comité Cívico de Santa Cruz. Si bien este comité sur-ge como expresión de intereses en el plano económico, lo agrupamos en esta categoría porque ha virado hacia centrar su acción en el plano ideológico y político. Tan-to el Comité de Santa Cruz, como su homólogo de Tari-ja, buscan la autonomía en el control de sus recursos, pero ante el hecho se pronunciaron de forma dispar.

El primero de éstos recalcó que el decreto adolece de problemas legales que hacen inconstitucional su aplica-ción. El segundo, si bien está en contra del proceso polí-tico llevado adelante por el gobierno, moderó su postura luego de que el gobierno aclarara que no se modificaran el porcentaje sobre las regalías que le corresponden a cada Departamento. A través de la voz del Gobernador Cossió argumentó que: “la medida es acertada. No afecta los ingresos, los incrementa” (LTC 12/05). Así presentada, la segunda de las posturas parece no oponerse, en función de que no cambien las regalías que le corresponde a la región. Es decir, aún expresando cierta ambigüedad, se procura seguir sacando tajada de los beneficios econó-micos que permita este proceso de nacionalización. Ca-be aclarar, de todas formas, que se trata de regiones (Santa Cruz y Tarija) con importantes fracciones de la burguesía que buscan disponer de autonomía respecto del poder nacional y que por ello se encuentran en el centro del arco opositor al gobierno de Evo Morales.

Declaraciones a favor

Gobierno del Estado El primer mandatario explicó que la recuperación de los recursos y el camino hacia la industrialización produci-rán un beneficio en la vertebración de caminos y en la recuperación de los ferrocarriles, hoy en manos de la chilena Cruz Blanca. Acto seguido, reafirmó aún más la senda emprendida al firmar el Tratado de Comercio de los Pueblos con Venezuela y Cuba. Sobre la cual re-flexionó: “no solamente había sido importante ganar en Bolivia con nuestros principios de lucha antineoliberal y antiimperialista; tenemos que ganar en los cinco países (andinos). Compañeros, compañeras, para que la región andina se libere, para que la re-gión andina esté con su pueblo y no con el imperio, no con las transnacionales”. Para luego agregar que “estamos en la obli-gación de liberar a toda América”. Y aseguró que la recupe-ración de los recursos naturales es parte de este proceso. “Si no liberamos nuestros recursos naturales podemos equivocar-nos”, para luego convocar a los diferentes sectores socia-les a defender este proceso en Bolivia (LTC 8/05).

Con respecto a la implementación mencionó que la nueva norma pone una fecha límite para que YPFB asuma sus nuevas funciones en la cadena productiva. Establece que la petrolera estatal tiene un plazo de 60 días a partir del 1º de mayo de 2006. Así, en torno de los

6 Pelea por las ganancias: nacionalización de hidrocarburos en Bolivia

JUNIO DE 2006

beneficios que producirá la nueva ley, Andrés Soliz Ra-da, Ministro de Hidrocarburos, reconoció que en lo in-mediato “el principal aporte es el aumento fiscal de los Mega-campos” (LTC 3/05).

Desde el exterior se lanzaron opiniones sobre el pro-ceso aun en países en los cuales no hubo empresas afec-tadas. Realizaremos un inventario con aquellas más sig-nificativas, organizadas a partir del bloque regional y del grado de afectación que supone la medida para los dis-tintos países.

Posicionamientos en Brasil Como veremos más adelante, es el país que resulta más afectado por la medida. Aun así, existieron divergencias, de sentido y de tono, en las declaraciones. Lo que per-mite entrever la complejidad de la trama y las contradic-ciones que estallan en la prosecución de un proceso de integración regional.

Declaraciones en contra

Empresa petrolera mixta Petrobras Antes de pasar a los posicionamientos, es preciso esta-blecer la dimensión de los intereses de Petrobras en Bo-livia. Desde 1996 a la fecha la empresa invirtió en Boli-via 1.500 millones de dólares, y 2.000 millones en el trazado de los gasoductos y sus instalaciones comple-mentarias para llevar el gas a Brasil. Opera en los dos principales campos mineros de gas de Bolivia, mencio-nados anteriormente. Abastece la totalidad de la deman-da de nafta boliviana, del combustible para aviones y el 70% del gas oil que se consume en ese país. De lo que resulta ser la mayor empresa en Bolivia: aporta alrededor del 20% del PBI. Es decir, es una interesante fuente de negocios que ninguna empresa desea resignar, pero que en relación con la envergadura de esta empresa nos permite inferir que el eje de la cuestión se encuentra en otro lugar. De hecho, para “la petrolera estatal brasileña Pe-trobras sus activos en ese país representan apenas 3% de su pro-ducción total de crudo y gas, pero depende de su vecino para obte-ner la mitad del gas natural que consume Brasil, incluyendo 75% del suministro de San Pablo” (WSJ 3/05). Entonces, aquí aparece la primera distinción al analizar el impacto de la medida: si se trata de una fuente de negocios para una fracción particular de la burguesía (cristalizada en la em-presa objeto del decreto nacionalizador) o de una fuente de insumos, bienes estratégicos o materias primas para el conjunto de la burguesía con asiento en el país que constituye su mercado, en este caso, Brasil. De allí po-demos entender las opiniones de los entendidos: “‘para Petrobras perder activos es malo pero no fatal, pero para Brasil perder suministros es fatal’ dijo Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura, una consultora en temas de energía” (WSJ 3/05).

Por ello, apenas conocida la nacionalización, la em-presa mostró cierta cautela en su reacción. No obstante, no faltaron las palabras de su personal directivo ante una medida de tal magnitud. Uno de ellos, Ildo Saber, afirmó: “la medida está siendo objeto de exámenes más detalla-dos. Estamos todos preocupados en tener una posición lo más rá-pido posible, para asegurar los intereses de Petrobras y de sus ac-

cionistas” (FT 1/05). Horas más tarde, en un comunicado de prensa de la empresa, se calificó de “unilateral” la medida y se dejó bien en claro que “Petrobras está anali-zando las acciones del gobierno boliviano para adoptar las medi-das en todas las instancias, en el sentido de garantizar el abaste-cimiento del gas para el mercado brasileño y de resguardar los derechos de la compañía” (FT 1/05).

Días más tarde, la empresa anunció tres decisiones que revelaron un endurecimiento de su postura: a) desis-tir de realizar nuevas inversiones; b) no aceptar aumen-tos de precios del gas destinado a Brasil; y c) iniciar ac-ciones legales, a través de “un juicio al Estado boliviano, en tribunales de New York, para frenar la expropiación de sus acti-vos (en los campos gasíferos y en las refinerías) en el país trasandi-no” (C 4/05).

La justificación de la primera de estas medidas corrió por cuenta del presidente de la empresa, José Gabrielli, quien afirmó sin ruborizarse que la suspensión de las in-versiones “no son una represalia”. Al respecto, los directi-vos de la empresa precisaron que “queda en suspenso la participación de la compañía en la ampliación del gasoducto que une Brasil y Bolivia (valuado en unos 150 millones de dólares) que preveía aumentar la provisión de gas boliviano a territorio brasileño” (C 4/05). Poniendo en evidencia que a partir de ahora “sólo habrá recursos nuevos para mantener lo que ya está instalado".

Sobre el precio, dejaron en claro que “es probable que Bolivia solicite un cambio de precios, pero no lo vamos a admitir”.Pues “tenemos que partir del principio de que hay regulaciones y que éstas serán respetadas. Si no, ¿cuál sería la alternativa: pensar en armas de destrucción masiva?”.

Respecto de las acciones legales, conforman parte de la estrategia del directorio de la empresa. Si bien Petro-bras es mayoritariamente estatal, responde como una compañía de “mercado” (una parte sustancial de su ca-pital cotiza en bolsa), más allá de las decisiones que se tomen en el Palacio del Planalto (la casa de gobierno brasileña). Nuevamente fue su titular quien ratificó que, de no alcanzarse el consenso, “tenemos 15 días para redefi-nir los contratos y vamos a esperar otros 45 días para negociar la indemnización. Si no se resuelve, iremos a la Corte”. Desde el gobierno de Bolivia le respondieron sin prisa ni pausa: “las negociaciones van a ser largas y difíciles. Eso quiere decir que no habrá imposiciones inmediatas y que inclusive podrá reverse el plazo de los 45 días”.

Corporaciones El rol central que tienen los recursos obtenidos en Boli-via para el conjunto de la burguesía brasileña determinó que sean las corporaciones empresariales brasileñas las más activas en reclamar al gobierno de Lula una acción contundente contra Bolivia. El primero en hablar fue Rubens Barbosa (titular de la Federación Patronal de San Pablo), quién manifestó que “no hay duda de que ese populismo nacionalista de Bolivia está inspirado y está siendo auxiliado por el presidente de Venezuela” (P12 3/05).

Por su parte, la central más poderosa de la burguesía brasileña, la Federación Industrial de San Pablo (FIESP), a través del titular de su Departamento de Energía, destacó que “en el mediano y largo plazo habrá un

América Latina 7

JUNIO DE 2006

problema serio en el abastecimiento de gas, pues muchas industrias dependen del producto boliviano y no se sabe cómo terminarán las negociaciones”. Aquí se introduce de soslayo una dimen-sión nueva de los intereses que involucra el enfrenta-miento. A las dos que destacamos anteriormente (fuente de negocios para una fracción determinada de la bur-guesía, en este caso la empresa Petrobras, y fuente de abastecimiento para el conjunto de la burguesía, a través del peso del gas en la generación de electricidad para la totalidad del sistema productivo) se agrega la necesidad de determinadas ramas y sub-ramas de actividad depen-dientes del gas, como por ejemplo, la industria petro-química. Estos tres niveles de intereses alcanzan su ma-yor consistencia con un recorte regional: San Pablo. Así, vemos al líder de la FIESP, Paulo Skapf, salir en defensa de la petrolera estatal presentando esa confluencia de in-tereses como propias del conjunto de la sociedad: “Pe-trobras es patrimonio de 190 millones de habitantes de nuestro país. La empresa realizó inversiones dentro de los parámetros de la economía contemporánea” (FT 12/05). Encontrando eco en fracciones del movimiento obrero que reclamaron un castigo al país andino. La central sindical opositora, Fuerza Sindical, destacó que Lula “no puede permitir esa quiebra del contrato de forma abrupta” (P12 3/05).

Partidos políticos Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB). El partido del ex-presidente Fernando Enrique Cardozo, coalición política que aspira a impedir en las urnas la reelección de Lula, criticó las acciones del gobierno de Lula ante la crisis y calificó la actitud de Lula como “negligente” e “imprecisa” ante el problema del gas. El PSDB aprove-chó para cuestionar, ante empresarios de Fortaleza, sus alineamientos regionales. “La estrategia internacional ha sido errática. La administración de Lula tiene que defender los inter-eses internos”, declaró el ex gobernador de San Pablo y candidato a la presidencia, Geraldo Alckmin (FT 2/05).“En vez de colocar claramente la defensa de los intereses naciona-les y de la empresa Petrobras, fue a justificar una acción violenta de expropiación de los activos de Petrobras en Bolivia. La crisis podría afectar la confiabilidad de Brasil en el exterior para captar inversiones extranjeras” (FT 7/05).

El diputado del PSDB Arthur Virgilio apuntó en la misma dirección y ratificó que “el episodio muestra la clara pérdida de liderazgo de Brasil. Si el presidente Lula fuera líder, se habría reunido con Evo Morales y resuelto la cuestión” (LN 6/05). Pero se animó al ir más lejos, expresando el te-mor acerca de un nuevo eje político latinoamericano que no pase por Brasilia: “temo que nazca un nuevo eje de poder en América del Sur, ya no entre Brasil y Argentina, sino entre Ve-nezuela y Argentina” (LN 10/05).

Partido del Frente Liberal (PFL). El diputado por el PFL, líder por la minoría en la cámara baja, declaró en torno a la cumbre de Iguazú que mantuvieron los presi-dentes Lula, Chávez, Kirchner y Morales, que el presi-dente del Brasil estuvo en una ronda de amigos: “fue una conversación de amigos y los asuntos de diplomáticos no pueden ser tratados en ese nivel. Hubo un retroceso peligroso. El líder popu-lista Hugo Chávez debe haber presionado para retroceder en las posiciones” (FT 4/05). Por su parte, el senador de la mis-

ma fuerza, José Agripino, declaró en torno al encuentro que “Brasil debería haber mostrado sus armas diplomáticas más competentes. El episodio contribuyó a la disminución de Brasil como líder de la región latinoamericana” (FT 4/05).

El gobierno del Estado Con respecto al gobierno del estado, sus posicionamien-tos han oscilado entre el diálogo como mediación y la presión en defensa de negocios y recursos. La cuestión radica en que por el peso que tienen las decisiones del gobierno de un estado y los (diversos) intereses que ex-presa fuese casi obvio que no se haya manifestado a fa-vor. Pero por otro lado, tampoco se manifestó abierta-mente en contra. Esto se relaciona con el equilibrio regional y su importancia en los procesos de integración en curso, absolutamente prioritarios para la reproduc-ción del capital por la ampliación de la escala producti-va, pero que se topan en el camino con otros de esencia similar emprendidos por fracciones del capital global de mayor envergadura. Esa simultaneidad de conflicto de intereses llevó a reconocer la soberanía que tiene el es-tado boliviano para tomar ese tipo de decisiones. Por ello, se registraron momentos en los que el gobierno sa-lió a calmar las aguas, recurriendo al diálogo y otros en lo cuáles salió a defender los intereses de su propia em-presa y de las fracciones de la burguesía brasileña direc-tamente afectadas cuando éstas así lo exigieron. Por en-de, si bien las ubicamos dentro de los posicionamientos en contra, haciendo el balance en su conjunto, podemos considerar su comportamiento como digno de un equi-librista, intentando realizar simultáneamente dos inter-eses que se revelan contradictorios.

Al igual que la empresa petrolera, el gobierno de Brasil se manejó inicialmente con cautela. Las primeras expre-siones vinieron del senador Alizio Mercadante, jefe polí-tico del oficialismo en los recintos parlamentarios y ase-sor directo del presidente Lula, quién se mostró “seguro de que con la competencia de nuestra diplomacia y la buena rela-ción que hay entre nuestros dos países, llegaremos a buen término respetando los intereses bilaterales. Los brasileños tenemos un país con una inmensa responsabilidad en la región y con muchos contra-tos con Bolivia. Y desde luego, queremos que se respeten las inver-siones de Petrobras. Tenemos seis meses para negociar y la certeza de que el gobierno boliviano reconocerá el empeño que pusimos en invertir en el país trasandino como también el hecho de que Brasil es uno de los principales compradores de gas” (C 2/05).

Esa cautela que transmite simultáneamente enojo y temor por los efectos impredecibles que pudiera tener el enfrentamiento, continuó en el propio presidente. El gobierno brasileño reconoció que “la decisión de Bolivia de nacionalizar las riquezas de su subsuelo y controlar su industria-lización, transporte y comercialización, es reconocida por Brasil como un acto inherente a su soberanía. (También) Brasil, como manda su Constitución, ejerce pleno control sobre las riquezas de su propio subsuelo” (C 3/05). Al día siguiente, en la antesa-la de la cumbre de Puerto Iguazú2 entre los presidentes

2 El documento final del encuentro afirma que “los presidentes destacaron que la integración energética es un elemento esencial de la inte-gración regional en beneficio del pueblo”, “preservar y garantizar el abas-

8 Pelea por las ganancias: nacionalización de hidrocarburos en Bolivia

JUNIO DE 2006

de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, Lula siguió manteniendo un equilibrio entre la postura brasileña y la decisión de Bolivia, aunque manifestando la tensión ge-nerada: “lo que no puede hacer una nación es intentar imponer su soberanía a las otras sin tener en cuenta que el resultado final de la democracia es el equilibrio entre las partes” (C 4/05). La ne-gociación fue la herramienta elegida por Lula y principal objetivo de esa minicumbre. “(Las divergencias) se arre-glan en una mesa de negociación. No vamos a descubrir un arma cualquiera en Bolivia para justificar una pelea con ese país”, en alusión a la fraguada excusa que utilizó Bush para inva-dir Irak. “Aprendí a negociar mucho antes de ser político. Las divergencias se conversan” agregó el ex-líder sindical meta-lúrgico devenido presidente de Brasil.

Sin embargo, el fastidio no sólo se originó en las ac-ciones del gobierno de Bolivia sino también, y de alguna manera en mayor medida, en el comportamiento de Ve-nezuela. Lula, por intermedio de sus funcionarios más cercanos, acusó a Chávez de “doble juego”. Porque pro-pone, por un lado, el megagasoducto de integración re-gional, y, por el otro, estimula la nacionalización del gas boliviano trayendo perjuicios para el Brasil (FT 4/05). Finalmente se llegó a un acuerdo que asegura las garan-tías mínimas de abastecimiento e invita a discutir racio-nalmente los precios en el lapso acordado. Fue una sali-da decorosa -y con seguridad la única posible- que los jefes de estado de Bolivia y Brasil alcanzaron. Si bien el canciller brasileño, Celso Amorim, calificó al encuentro tripartito como “muy bueno”, debió responder a las pre-siones de las corporaciones, momento en el cual dejó el tono diplomático: “¿Qué querés que haga? ¿Qué invada Boli-via y los obligue a que le pongan al gas el precio que yo quiero? Creo que ese no es nuestro método. Las personas que piden dureza muchas veces fueron flexibles y hasta excesivamente flexibles con las demandas de las grandes potencias” (LN 6/05). Más que un cierre, la reunión fue la apertura formal del conflicto.

La tensión con Venezuela subió de tono días después. La influencia de Chávez en la decisión precipitó algunos cruces entre las cancillerías. Comenzó a circular el ru-mor de la intención de PDVSA de hacer negocios con el estado boliviano, desplazando en alguna medida a Pe-trobras. Fue Chávez quien se encargó de intentar suturar las heridas. “Esta es una idea (la de reemplazar a Petro-bras por PDVSA) nacida del imperio y comprada por la oligar-quía brasileña, que conspira y quiere ponerme a pelear con Lula”(C 12/05), afirmó el mandatario venezolano. Para luego descargar el golpe sobre el ámbito interno, afirmando que Lula le confió estar sufriendo “unas presiones enormes para que sea duro con Bolivia” (C 12/05).

Obviamente, la tensión continuó in crescendo. Para evi-tar la ruptura diplomática, utilizaron la Cumbre de Viena de presidentes para mostrarse como países aliados y de acuerdo en “dejar de lado los malentendidos” (C 14/05). “Somos grandes aliados como países, como presidentes, como go-bierno y en ese marco jamás van a poder hacernos enfrentar”,

tecimiento de gas favoreciendo un desarrollo equilibrado en los países pro-ductores y consumidores”, y sobre el precio señala que “debe darse en un marco racional y equitativo que viabilice los emprendimientos” (C 5/05).

comentó Evo Morales. Lula fue quien finalmente expre-só la complejidad de intereses y las necesidades subya-centes cuando luego de manifestarle “a Evo Morales que Brasil necesita del gas de Bolivia y que Bolivia necesita vender su gas a Brasil”, admitió estar pagando “un alto precio político interno” (C 15/05).

Declaraciones a favor

Corporaciones Central Única de Trabajadores (CUT). “La CUT declaró en el día de hoy que apoya el decreto del presidente Evo Morales que nacionaliza las reservas de petróleo y gas de Bolivia” (FT 3/05). Su máximo dirigente, José Felicio, declaró al res-pecto: “la decisión de renacionalizar las reservas de hidrocarbu-ros, es el deseo de la mayoría de la población y es una cuestión de soberanía nacional. Los países sudamericanos luchan por consoli-dar una política de desarrollo interno y establecer una relación ver-daderamente soberana con los demás países del planeta rompiendo con los numerosos siglos de sumisión de parte de las elites locales”(FT 3/05).

Sindicato Petrolero del Estado de San Pablo. Esta or-ganización sindical fue una de las pocas organizaciones que apoyaron la medida del gobierno boliviano (P 12 3/05).

Partidos políticos Partido de los Trabajadores (PT). Por el lado del (oficia-lista) PT, su Secretario de Relaciones Internacionales, Valter Pomar, respaldó la decisión de Evo Morales, de-clarando que “los precios que pagamos por el gas boliviano son bajos y deben subir” (C 7/05). A su vez, el senador Cristo-vam Buarque se mostró satisfecho con el hecho de que Itamaraty “no entró en pánico” ante la situación, y “no con-fundió empresa [los intereses de Petrobras] con nación [los intereses del Estado brasileño]” (FT 9/05). El líder del PT en el senado, Ideli Salvatti dió un espaldarazo a la posición de Lula, afirmando que “el comportamiento del pre-sidente Lula es de un jefe de estado que tiene una posición estraté-gica de las relaciones latinoamericanas. Es el posicionamiento de-bido, de los que entienden que es fundamental mantener respeto, soberanía y negociación. Principalmente mantener las relaciones cordiales entre los países latinoamericanos” (FT 4/05).

Posicionamientos en el resto de Sudamérica

Declaraciones a favor

Empresa petrolera estatal PDVSA Si bien se mantuvo al margen en las declaraciones, con una serie de hechos dio un apoyo político y económico fundamental al proceso de nacionalización de hidrocar-buros. El día 5 de mayo, anunció inversiones en Bolivia por 40 millones de dólares en la construcción de una planta separadora de gases (C 5/05), extendida días más tarde a la construcción de una petroquímica para produ-cir plásticos, la donación de asfalto y el otorgamiento de créditos por 8 millones de dólares para potenciar una planta de refinado y almacenaje de hidrocarburos.

Gobierno del Estado Como ya anunciamos en la introducción, los gobiernos de Venezuela y Cuba jugaron un papel clave a la hora de apoyar en el ámbito internacional al presidente bolivia-

América Latina 9

JUNIO DE 2006

no. Inmediatamente conocido el proceso de nacionali-zación, Hugo Chávez felicitó al gobierno boliviano: “Nuestro saludo y por qué no también una felicitación por esa re-solución, en ejercicio sagrado de la soberanía boliviana, que ha to-mado el presidente Evo Morales” (LN 4/5).

Recordemos que a la medida del gobierno boliviano le antecedieron similares iniciativas en Venezuela. “17 com-pañías que operan en Venezuela firmaron un acuerdo con el go-bierno para cambiar los términos de sus contratos. Entre estas fi-guran Royal Dutch Shell, Chevron y Repsol YPF. Como parte de este acuerdo, Repsol devolvió al gobierno dos de sus cuatro campos, mientras que la japonesa Teikoku devolvió uno. Además de estas entregas voluntarias, el gobierno venezolano forzó a la francobelga TotalFinaElf y a la italiana Eni a hacer lo propio con los suyos. Otras optaron por vender sus participaciones a socios o a PDVSA. Entre ellas están la estadounidense ExxonMobil y la noruega Statoil” (WSJ 4/04). Las que a su vez se vieron incrementadas y complementadas por otras, anunciadas simultáneamente con la medida boliviana. Las mismas suponen la creación de un nuevo impuesto que le dará 1.000 millones de dólares extras a las arcas del estado. Según el mandatario venezolano: “Vamos a crear un nuevo impuesto petrolero, llamado impuesto a la extracción. Las empre-sas que están sacando petróleo en Venezuela, están ganando mu-cho dinero y algunas están pagando por debajo del impuesto”. Las regalías suben de un sexto a un tercio, mientras la tasa del impuesto subirá de 34% a 50%, según la renta. “‘Nos gustaría que todos los acuerdos del Orinoco se convirtieran en em-presas mixtas (el gobierno mantiene por lo menos un 51%)’, ase-guró Eulogio del Pino, un miembro de la junta de PDVSA y eje-cutivo responsable de las relaciones con el sector privado” (WSJ 24/04).

También salió en defensa de Lula, criticando dura-mente a la burguesía brasileña que ejerce una presión sobre el presidente de este país: “Algunos buscan que Lula le declare la guerra a Bolivia. Lula, en cambio, con gran coraje y preocupado me dijo por teléfono: ´Chávez, me presionan para que responda duro a Bolivia, pero no me sale del alma´” sentenció el primer mandatario venezolano (C 12/05). También se permitió responder a las críticas lanzadas desde la UE. En el marco de la Cumbre de Viena, Chávez destacó que “Europa debe entender mejor lo que está pasando en Améri-ca Latina; entender mejor que estamos cambiando” (LN 13/05).

Mientras tanto, el Gobierno de Argentina mostró una posición que no se aparta de las conclusiones del en-cuentro de presidentes: “respetamos y saludamos la decisión soberana de cada país, y en este caso, del pueblo boliviano” (P12 5/05).

Posicionamientos en la Unión Europea Las posiciones de empresas, corporaciones, partidos y gobiernos de la Unión Europea, ante el proceso de na-cionalización de los hidrocarburos por parte del gobier-no boliviano el 1º de mayo pasado, fueron unánime y contundentemente en contra. Principalmente observa-remos a los países directamente afectados como son España (Repsol YPF) y, en menor medida, Francia (To-talFinaElf), pero también las repercusiones a nivel de bloque y aquellas que representan la posición “del capi-tal” de forma global, es decir, las que ideológica y políti-

camente buscan asegurar el proceso de reproducción global.

Declaraciones en contra

Empresas petroleras privadas Repsol YPF y TotalFinaElf En la misma tesitura que Petrobras, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, advirtió que la petrolera acudirá a los tribunales internacionales de justicia para defender sus intereses, si no alcanza un acuerdo con el Gobierno de Bolivia respecto de la nacionalización de los hidrocarburos. “Espero que podamos alcanzar un buen acuerdo. Si no, iremos a los tribunales” (EM 11/05). En el mismo sentido, la petrolera francesa no decidió aún si se quedará en el país andino, como lo reconoce en una en-trevista al diario Les Echos, Thierry Desmarest, presi-dente de la compañía. “‘Total fue a ese país y creó riqueza realizando descubrimientos de gas relativamente importantes y con-sideramos que todavía tenemos mucho que aportar poniendo esos yacimientos en producción’, pero reconoce que no lo hará a 'cual-quier condición'” (Cinco Días 16/05). El presidente de To-tal también se refirió a la situación en Venezuela, abri-gando la esperanza de que las cosas “se aclaren” en el país presidido por Hugo Chávez, donde “las reglas del juego han cambiado en varias ocasiones de forma bastante brutal”.

Gobierno del estado El gobierno español fue uno de los más afectados por la medida. Tiempo atrás Morales había realizado una gira por Europa en la cual España fue presentado como aliado estratégico por parte del gobierno de La Paz. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, respondió con el compromiso de España de disponer una ayuda para paliar la delicada situación de Bolivia.

Este diálogo se enfrío de manera automática ante la nacionalización. El gobierno socialista de la península recibió las duras críticas por no ser consultado por su par boliviano al tomar la medida. De esta manera, el día posterior al anuncio, Zapatero, expresó su “más profunda preocupación” (C 2/05) y redobló su apuesta un día des-pués, enfatizando que el gobierno español responderá “con firmeza y diálogo” (LN 3/05).

En la misma tónica, el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León, aseguró que “lo que sabemos del decreto no indica un buen presagio, pero espera-mos que el proceso permita a las compañías permanecer en Bolivia bajo unas condiciones razonables” (LN 4/05). Fue el vicepre-sidente español y ministro de hacienda y economía, Pe-dro Solbes, quien puso negro sobre blanco alrededor de las concepciones que subyacen al conflicto de intereses, al subrayar que las decisiones de Bolivia implican “la rup-tura de unos acuerdos internacionales de inversión y de protección de inversiones equiparables en cierta medida a una expropiación. España tiene que defender, con otros inversores, sus derechos y sus puntos de vista, e intentar negociar un resultado aceptable para las empresas que han invertido en Bolivia” (C 5/05).

La Cumbre de Viena sirvió para reducir el voltaje del enfrentamiento. “‘Ha sido un encuentro positivo, sincero y cla-rificador’, dijo Zapatero tras la entrevista que se celebró después de que el presidente boliviano le hiciera llegar una carta explicando

10 Pelea por las ganancias: nacionalización de hidrocarburos en Bolivia

JUNIO DE 2006

que nunca acusó al Gobierno de España de incumplir sus com-promisos con Bolivia, sino que expresó la esperanza de que la ayuda al desarrollo y la condonación de la deuda sea ‘una pronta realidad’” (EFE 13/05).

La cantidad de opiniones de distintos gobiernos na-cionales que integran la UE que se volcaron en los me-dios, nos invita a considerar el valor didáctico que se le busca otorgar al ingrato hecho. De hecho, emitir opi-nión en nombre del gobierno del estado sin disponer de fracciones de la burguesía (empresas) directamente afec-tadas, da cuenta de la importancia de la cuestión en tér-minos políticos e ideológicos. El corifeo desplegado permitió dejar en claro la posición “del capital” con res-pecto al proceso iniciado por Bolivia, así como las rela-ciones de ese país con Venezuela y Cuba.

Escogimos aquéllas emitidas por el gobierno del blo-que regional para no extendernos sobre aquéllas de sus miembros que resultan sobreabundantes. El primero que salió al ruedo fue Javier Solana, Alto Comisionado en Relaciones Exteriores de la UE, quien afirmó que la medida produce “una gran intranquilidad y una gran insatis-facción” (LN 3/05). Por su parte, el presidente saliente de la UE, el portugués José Durao Barroso acusó a Morales de practicar “demagogia populista” que “es una amenaza a nuestros valores. Si entendemos populismo como una simplificación abusiva de los problemas complejos; si entendemos populismo como apelación a los sentimientos negativos y no a los valores democráti-cos y al estado de derecho, el populismo es una amenaza” (LN 13/05). Ese choque entre modelos fue sopesado por el canciller austríaco y nuevo presidente pro tempore de la UE, Wolfang Schuessel, para quien “siempre existen dos po-sibilidades en la vida. O se desea abrir los mercados o no. La elec-ción es de ustedes. Pero la realidad es que las sociedades con mer-cados libres tienen mejor desempeño que las estructuras cerradas, restringidas” (LN 13/05). La aguda reflexión de Tony Blair dejó entrever la relación de necesidad que los une. De alguna manera, también expresa que el desequilibrio entre las fuerzas en disputa que estamos acostumbrados a escuchar y, por la insistencia, finalmente creer: “Lo que los países hacen con su política energética cuando son productores de energía, como Bolivia y Venezuela, importa enormemente a to-dos nosotros. Mi ruego es que ejerzan el poder que tienen con res-ponsabilidad” (LN 13/05).

Partidos Políticos Por su contundencia, cabe destacar el posicionamiento y las declaraciones del Partido Popular (PP) español. Pro-fundizando la huella del sendero que esbozamos en el apartado anterior, la oposición española confirma cuáles son las preocupaciones del capital europeo. Aprove-chando el costo político que está pagando Zapatrero por el apoyo que le dió a Morales, Mariano Rajoy, presidente del PP, recalcó que la decisión de Bolivia no se arregla con “diálogo”. Para luego deslizar la posibilidad de que la situación latinoamericana empeore si otros países siguen el mismo camino, apuntando directamente a Argentina: “el siguiente puede ser Kirchner y eso sería peor todavía” (C 5/05).

Posicionamientos en EE.UU. Resulta difícil encontrar reflejados en los medios apoyos a una medida como la nacionalización de empresas. La arraigada tradición de empresa privada con que el capi-talismo se desarrolló en el espacio de acumulación nor-teamericano deja poco espacio para las posibilidades de desarrollar la producción y circulación de bienes y servi-cios (mercancías) desde el ámbito estatal. Esto se tradu-ce en un permanente rechazo a la expansión del rol del estado. De ello se desprende que en los medios no po-damos observar la existencia, el peso y las características de una perspectiva diferente a la de “libre empresa”. Por otra parte, ello permite que la capacidad creativa en ma-teria ideológica de la sociedad se vea potenciada por una opinión pública sumamente comprometida con el ideal “privado” y con un alto grado de desarrollo. El corola-rio de esta situación es que, en relación con esta con-frontación de modelos, las ideas y las posiciones emiti-das desde EE.UU. (y por extensión lógica e histórica, desde Inglaterra) se conviertan en referencia obligada para el conjunto de la burguesía, cual faro que ilumina el sendero de las huestes capitalistas.

Declaraciones en contra

Corporaciones Abandonando su habitual estilo refinado, el editorial de Financial Times calificó a Evo Morales como “un presi-dente crecientemente autoritario” (reproducido en Clarín el 3/5) que empieza a ser una amenaza para la región. Efectuar una referencia de esa naturaleza, que si bien depende de la fuerza del acusado, puede traer conse-cuencias para el grupo empresario dueño del periódico (por ejemplo, diplomáticas), y nos remite a una tenden-cia más general que el Financial Times (en su carácter de verdadera organización política de la burguesía) observa con preocupación. En ese sentido, el ejemplo de Bolivia no es más que la última de ellas, seguramente de un gra-do más alto del enfrentamiento. Sintéticamente (pues se-rá el tema abordado por Situación Mundial), se trataría de “un retorno al estilo nacionalista de los ’70 en materia de ma-nejo de recursos en simultaneidad con los altos precios. Durante las épocas de precios bajos, los gobiernos están proclives a la apertura. Pero cuando los precios están altos, tienen los ases en la manga”(NYT 6/05).

Gobierno del Estado El gobierno de George Bush, fiel a su rol de gendarme del hemisferio y del mundo, expresó su consternación por la medida y en general por la situación de América Latina.

Inmediatamente después de la nacionalización, el vo-cero del departamento de Estado norteamericano Sean McCormack afirmó que “ciertamente, vigilaremos muy de cer-ca cualquier impacto potencial sobre el clima de negocios en Bolivia y su respeto a obligaciones contractuales” (C 3/05), reafirman-do sus convicciones en materia de liberalización de mer-cados mercancías y capitales. Reiterando que “la idea de que la apertura de los mercados, el aumento del comercio, junto a la buena gobernabilidad, es una vía para mejorar la vida de la gente en el hemisferio, así como solucionar los problemas de justicia

América Latina 11

JUNIO DE 2006

social” (LN 3/05). De lo que se desprende cierta “preocu-pación por la erosión de la Democracia en Venezuela y Bolivia”(C 3/05). Como consecuencia de ello y realizando una pirueta explicativa, “EE.UU. prohibió la venta de armas a Venezuela porque el Departamento de Estado considera que el gobierno izquierdista de ese país no está contribuyendo a la lucha contra el terrorismo” (WP 14/05).

Por si fuera insuficiente, el presidente de México, Vi-cente Fox, creyó conveniente realizar su aporte y se so-lidarizó con la ofensiva norteamericana, sosteniendo que aunque “respeta las opiniones de otros presidentes y no desea in-terferir en sus decisiones, afirmó que si hay algo que no ha funcio-nado bien en América Latina es precisamente el populismo, la demagogia, que únicamente retrasa el proceso de desarrollo y em-pobrece aún más a la gente” (FT 13/05).

Veremos que existe riesgo de contagio y expansión de la enfermedad, que se revela inmune a las inoculaciones norteamericanas, según se desprende de los sucesos de otros dos países andinos.

Perú: la nacionalización se metió en la campaña En el marco de la campaña electoral para elegir presi-dente en segunda vuelta entre Alan García (APRA) y Ollanta Humala (UPP) –elección prevista para el 4 de junio- el tema de los hidrocarburos se transformó en central. El control de los recursos por parte del estado fue uno de los temas más álgidos de la misma junto al debate sobre el Tratado de Libre Comercio, con el que se encuentra íntimamente relacionado. En función de cuidar su caudal de votos, ambos candidatos decidieron no arriesgar demasiado, pero dejaron entrever diferen-cias.

Alan García admitió que era necesario “evaluar todos los contratos suscritos en nombre del estado, a fin de negociar aquellos que por falta de equidad y transparencia afecten los intereses de la nación” (LN 9/05). Días más tarde dio cuerpo a la idea, afirmando que “no expropiaremos empresas. Con las que ya existen en Perú negociaremos cambios en los contratos” aunque adelantó que “un contrato no puede ser válido si nos perjudica. Lo que vamos a hacer es negociar diciéndole a los que ganan mu-cho que dejen algo para el pueblo” (LN 23/05).

Por su parte, el partido Unión por el Perú de Ollanta Humala fue más lejos, además de la afinidad con Mora-les y Chávez, reafirmó la necesidad de nacionalizar los recursos naturales. En palabras de González García (candidato a la primer vicepresidencia de UPP): “Noso-tros vamos a tener una visión moderna de apertura y diálogo con los inversores nacionales y extranjeros. Es tiempo de construir nuevas reglas sobre la base de un principio de justicia distributiva”(LN 3/05). Días después agregó en un tono algo más conciliador, que “nosotros jamás hemos hablado de estatizar ni de expropiar. Hemos hablado de nacionalizar, y nacionalizar es poner al servicio de la nación un recurso. Y eso se pone al servicio con la participación del estado a través de las acciones, del fortale-cimiento de los organismos reguladores, de la tributación” (LN 9/05).

Ecuador: entre la expropiación y el TLC Ecuador no estuvo exento del cimbronazo ocurrido en Bolivia. Con un gobierno acorralado por las moviliza-ciones sociales (principalmente indígenas), y ante las presiones para la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., el gobierno arrancó el mes de mayo inten-tado renegociar los contratos petroleros, queriendo lle-var las regalías a un 50% (C 4/05).

Pero la noticia más importante se produjo días des-pués, cuando el gobierno de Ecuador decidió rescindir el contrato con la filial local de la empresa Occidental Petroleum (conocida como “la Oxy” que produce 100.000 barriles de petróleo por día). El gobierno dispu-so que Petroecuador se haga cargo de su patrimonio, sin indemnización, argumentando que la empresa realizó la venta de acciones sin autorización.

En respuesta, el gobierno de EE.UU. suspendió la firma del TLC. El ministro de gobierno ecuatoriano, Fe-lipe Vega, “consideró que el cierre de la negociación (del TLC) es unilateral, es una especie de sanción que EE.UU. nos hace por-que no hemos permitido que continúe un status lesivo para el país y lesivo a las normas de convivencia” (C 16/05).

Bolivia: y ahora... la reforma agraria va! En medio del convulsionado clima por el anuncio del decreto nacionalizador, el Movimiento al Socialismo a cargo del Poder Ejecutivo del Estado se pronunció con la clara intención de lanzar otras medidas, entre las que se destacan el estricto cumplimiento de la Ley 1715, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para atender el problema de la tierra y el territorio. El princi-pal objetivo de la Ley es acelerar los procesos de sanea-miento, titulación y distribución equitativa de la tierra.

De acuerdo con informes oficiales del INRA, en nue-ve años de gestión se logró sanear apenas 8,5 millones de hectáreas. Una magra cifra en relación con la superfi-cie total sujeta al proceso de saneamiento, que es de 59,5 millones. Con esto el Gobierno del Estado boliviano pretende llevar a la realidad la abolición del latifundio, establecida en la Reconducción Comunitaria de la Re-forma Agraria de 1953. El latifundio tiene aquí dos for-mas: por un lado, las grandes extensiones del Oriente boliviano, conseguidas en tiempos dictatoriales. Por otro lado, las legales denominadas “tierras de engorde”. Am-bas se utilizan con fines fundamentalmente especulati-vos, no cumpliendo objetivos económico-sociales.

El máximo dirigente del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, Martín Machicado, respaldó el impulso: “las tie-rras improductivas y que no cumplan función económica social de-ben ser revertidas para llevar adelante la segunda reforma agraria. Pedimos a los sectores del Beni, Pando, Santa Cruz, que entien-dan que es momento de redistribuir las tierras de manera más equitativa y ordenada” (LTC 23/05).

Teniendo en cuenta que muchas de las tierras están en manos de extranjeros (brasileños y argentinos, princi-palmente) se espera que este avance traiga nuevos en-frentamientos en el ámbito interno boliviano y en el plano internacional.

12

JUNIO DE 2006

Situación Mundial En la sección de América Latina abordamos el proce-

so de nacionalización de hidrocarburos en Bolivia. Des-cribimos sus características y las repercusiones que tuvo en los diferentes sectores involucrados. En esta sección

nos proponemos analizar cómo está conformada su producción y su consumo a nivel mundial. Posterior-mente, intentaremos analizar cuál es la importancia y cómo se imbrica en las tendencias productivas actuales.

EEll rrooll ddee llaa pprroodduucccciióónn ddee ggaass eenn llooss pprroocceessooss ddee rreeggiioonnaalliizzaacciióónn

Características de la sub-rama gasífera en Sudamérica

El mercado sudamericano de gas La agitación política que describimos en América La-

tina, provocada por la nacionalización de los hidrocar-buros en Bolivia, nos lleva a preguntarnos acerca de la importancia de la producción boliviana en las dimen-siones regional y mundial. Sin embargo, la causa central de tanto revuelo no reside en la producción y comercia-lización de hidrocarburos en general sino en uno de sus productos: el gas. Su conformación como sub-rama consolidada es relativamente reciente. Por esta razón, comenzaremos nuestro análisis con una descripción de la misma en la región, en función de observar cuáles son las condiciones particulares que se conjugan en la conformación definitiva del conflicto. Luego observa-remos la dimensión mundial y los factores estructurales que determinan el arco de posibilidades en que el con-flicto se desarrolla en lo político.

Observemos entonces las cifras del mercado gasífero sudamericano (datos de 2004, en billones de pies cúbi-cos):

Cabe realizar una aclaración importante antes de anali-zar las cifras: los datos referidos a Bolivia son proyec-ciones propias realizadas en base a las últimas cifras ac-cesibles y que corresponden al año 2002. Es posible que el grado de agitación interna y desorganización política haya permitido un relajamiento de los controles que de-rivó en la ausencia de estadísticas confiables. Este as-pecto es importante en función de la significación de la producción boliviana como fuente de negocios para las empresas que explotan el recurso. Esta dimensión del análisis no es necesaria constatarla aquí: podemos supo-ner que las ganancias extraídas por las filiales locales de las empresas multinacionales son apetecibles (caso con-

trario es factible que ya se hubieran desprendido de las mismas). Lo que sí nos interesa es observar las propor-ciones relativas de los tres indicadores partiendo de la circunstancia que se vio reflejada en los medios: la de-pendencia brasilera del gas boliviano. 75% del gas con-sumido en el Estado de San Pablo y 100% en los esta-dos del sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc.) dependen de esa fuente de abastecimiento.

Lo primero que salta a la vista es la irrelevancia de las exportaciones: únicamente Trinidad y Tobago, Argenti-na y Bolivia -en ese orden de importancia- destinan una parte de su producción a mercados externos. Por otra parte, la producción es realmente poco significativa en comparación con las reservas disponibles. Aquí la única excepción resulta ser Argentina. De hecho, el ritmo de producción de gas llevó el horizonte de reservas actual en Argentina de 28 a 10 años en poco más de una déca-da. No obstante ello, es claro que no reside en la obten-ción de divisas por ventas al exterior la base de esta li-quidación de reservas gasíferas: la parte que este país le vende a Chile (su único mercado externo) se ve com-pensada en parte por las compras que le realiza a Boli-via. La razón de esta triangulación es principalmente

política: las relaciones bilatera-les entre Chile y Bolivia están congeladas desde la guerra del Pacífico en el siglo XIX. El ac-tual deshielo que representan los encuentros entre Bachelet y Morales precisa de un largo re-corrido para convertirse en agua (y mayor aún en gas), ya que los proyectos de infraes-tructura para llevar gas a Chile fueron rechazados de plano

por la sociedad boliviana. Por ello, para paliar la caren-cia de reservas, Chile debió recurrir al único camino po-sible: la infraestructura argentina. Pero fue necesario que el gobierno de Kirchner deje claramente establecido que el gas boliviano no sería consumido por la industria chilena.

La otra salida para el gas boliviano es menos traumá-tica. Brasil y su avidez confluyeron con el exceso de gas (y de avaricia por parte de los políticos de turno durante los ’90) de Bolivia. La burguesía brasileña aportó com-placida los fondos para infraestructura y comenzó una relación de complementariedad, similar a la de Argenti-na con Chile pero aun de mayor envergadura relativa.

Reservas Producción Exportación País

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Venezuela 148,9 60,9 1,0 22,2 0,00 0,0

Bolivia 31,4 12,8 0,3 6,6 0,13 14,1

Argentina 21,4 8,7 1,7 37,7 0,25 29,1

Trinidad y Tobago 18,8 7,6 0,9 20,0 0,47 56,8

Brasil 11,5 4,7 0,4 8,8 0,00 0,0

Perú 8,7 3,5 0,0 0,0 0,00 0,0

Resto 4,4 1,8 0,2 4,7 0,00 0,0

Totales 245,1 100 4,5 100 0,85 100

Elaboración propia en base a “BP Statistical Review of World Energy” y “Oil & Gas Journal”

Situación Mundial 13

JUNIO DE 2006

Por ello, la medida tomada por Bolivia constituyó un verdadero problema para el conjunto de la burguesía brasileña; principalmente, por la falta de alternativas: Venezuela consume todo el gas que produce y Trinidad y Tobago lo destina a mercados más atractivos como EE.UU., Islas Vírgenes, Aruba o Costa Rica. Y aunque fuese posible cambiar de fuente de abastecimiento, la conformación de la infraestructura necesaria para trans-portar el gas supone plazos incalculables que no se con-dicen con el cortoplacismo de la necesidad. Aún menos posibilidades tiene Brasil de concretar operaciones con Trinidad y Tobago, país con el cual además de no tener lazos históricos comunes, tampoco posee acuerdos re-gionales que estimulen el intercambio y las inversiones.

Hidrocarburos e integración: ¿matrimonio por conveniencia?

Con este panorama se comprenden los procesos de integración energética regional que se desarrollan en el seno del MERCOSUR ampliado. La obligada conduc-ción de Venezuela, más por necesidad que por convic-ción por parte de Brasil y Argentina, cobra carácter ur-gente con el desenvolvimiento de la sub-rama del gas. Con el petróleo, en cambio, su centralidad reside en el largo plazo pues actualmente los países involucrados se autoabastecen, pero las perspectivas son poco promiso-rias para el futuro. En definitiva, el gas puede acelerar lo que el petróleo hace vital. Entonces, en la rama de hidrocarburos de Sudamérica conviven urgencia e im-portancia, aspectos que se combinan para otorgar una importante base para los procesos de integración regio-nal.

Sin dudas, la demanda de gas que poseen en común responden a diversas necesidades para cada uno de los países de Sudamérica. Algunas diferencias emergen de las distintas condiciones geográficas que presentan y del propio desarrollo histórico de cada uno. Así, tanto Ve-nezuela como Brasil prescinden del gas como insumo para la calefacción domiciliaria, hecho que los distingue de Argentina y Chile, por ejemplo. Por otra parte, Ar-gentina desarrolló una política de combustibles dirigida a otorgar al Gas Natural Comprimido (GNC) una im-portante participación del total del mercado. A tal punto de ser holgadamente el país donde el GNC tiene mayor proporción sobre el total del combustible utilizado, lo que permitió el desarrollo de una rama de la industria que en el resto de los países tiene un desarrollo limitado o inexistente.

Pero por sobre estas diferencias existen encadena-mientos esenciales comunes con la sub-rama del gas: petroquímica y energética. La posición esencial de am-bas industrias en el conjunto del sistema productivo las transforma en sectores estratégicos. Por ello, el gobier-no del estado de cada país se yergue como garante de la reproducción de los mismos porque con ello asegura la del conjunto de la burguesía. La continuidad del proce-so de reproducción de capital depende, entre otras co-

sas, de la suerte que corran dichas ramas. Lo que les permite presentar su interés particular como general del conjunto de la sociedad. Desarrollaremos en el próximo apartado las características principales de la sub-rama, comenzando con los encadenamientos mencionados, para luego abordar su conformación a nivel mundial. Lo que nos permitirá advertir si el panorama en Sudamérica es una excepción o parte de la regla general. Observa-remos también que el peso global de la sub-rama en Su-damérica es marginal puesto en relación con el contexto global.

El gas a nivel mundial

El carácter estratégico de los hidrocarburos La producción de gas y su comercialización son rela-

tivamente recientes. Por lo general, aunque no siempre, los yacimientos son adyacentes a los de petróleo, con lo cual ambas industrias tienen un origen común. Pero la utilidad económica y la posibilidad técnica de explotar el gas se alcanzaron en una fecha bastante posterior. Hasta no hace mucho, el gas que se extraía durante la explora-ción y producción del oro negro era quemado ante la falta de rentabilidad de su industrialización y transporte hasta los lugares de consumo. Eso significó una subor-dinación relativa de la sub-rama del gas a la sub-rama del petróleo, que era la que dictaba el ritmo del progre-so de la totalidad de la rama de hidrocarburos.

Los usos de los hidrocarburos están centrados en dos grandes sectores: energía y petroquímica. En la primera de ellas, los hidrocarburos comparten la generación de energía eléctrica con otras materias primas como el car-bón o el uranio (energía nuclear), y con otras fuentes como la hidroeléctrica, la eólica y la solar. Es decir, los países disponen de algunas opciones para escoger su es-trategia de desarrollo, en función de sus particularidades geográficas, topográficas y de la envergadura de su capi-tal, principalmente. En cuanto a los combustibles, los hidrocarburos ejercen todavía una enorme supremacía respecto de otras fuentes. Los proyectos que dan cuenta de la utilización de otras materias primas como los acei-tes vegetales, menos contaminantes, recién están en sus inicios y enfrentan una dura oposición.

Aún más pronunciado es el dominio en materia pe-troquímica. Esta industria madre, que provee a un vasto arco de ramas, no ha diversificado su abastecimiento salvo en producciones específicas, lo que la transforma en una industria cautiva de las petroleras. Aunque, en rigor, debemos observar detenidamente las relaciones entre ambos sectores ya que el sentido del dominio no es unidireccional y el análisis de esta cuestión puede de-pararnos alguna sorpresa, pero no lo haremos aquí.

¿Cómo se reparten este dominio los hidrocarburos? Más allá de todos los tipos de productos que devienen de ellos, la división esencial es a partir del estado en que se encuentran: líquido o gaseoso. Como anticipamos, el gas es un producto de reciente industrialización exten-

14 El rol de la producción de gas en los procesos de regionalización

JUNIO DE 2006

dida, lo que le significa una desventaja de varios años con respecto al petróleo. A ello se agregan las dificulta

des típicas de la comercialización de un producto vo-látil y de bajo peso específico, resultando en un alto co-sto de transporte en relación con el volumen de producto.

Sin embargo, al compás del incremento exponencial

del precio del barril de pe-tróleo, el gas comenzó a abrir

se paso de la mano de la innovación tecnológica. Pri-mero como fuente de pro-ducción de electricidad, lue-go como combustible, y aquellos países para quienes resultaba una carga demasia-do gravosa el consumo de petróleo comenzaron a hacer del gas un recurso inestima-ble. Lentamente se las inge-niaron para hacer llegar hasta la petroquímica la sustitu-ción de los hidrocarburos líquidos: “Con amplia utilización en América del Norte, el gas natural posee significativas ventajas en relación a la nafta particularmente en lo que se refiere a la pro-ducción de eteno, principal insumo utilizado en la fabricación de polietilenos. El uso de derivados del gas natural ofrece importantes ventajas para la industria petroquímica, centralmente eficiencia de costos y competitividad (el modelo de producción basado en uso de derivados del gas natural tiende a presentar una estructura de cos-tos más ventajosa que el modelo basado en la nafta en lo que dice respecto a la producción de eteno, exigiendo menores gastos por to-nelada producida, y posibilitando mayor escala y competitividad para los productos) y menor impacto ambiental” (obtenido de Suzano Petroquímica, página web oficial).

Obviamente, aún quedan numerosos nichos mejor resguardados, en parte por cuestiones políticas pero también por el diferencial de potencia que favorece a los combustibles líquidos, como es el caso, por ejemplo, del combustible para aviones. No obstante, los días del dominio del petróleo parecen estar contados, por lo menos en el plano productivo. Baste si no considerar que “cuando un F-16 enciende sus turbinas, consume cerca de 28 galones de combustible por minuto. Así, del total de combustible que consume el gobierno norteamericano por año, la fuerza aérea da cuenta de más de la mitad. Puede no estar en riesgo aún por escasez o encarecimiento del combustible, pero ha comenzado a buscar la manera de alimentar sus aviones con algo más que com-bustible convencional. La Fuerza Aérea efectuará una serie de pruebas con un combustible que mezcla el tradicional basado en petróleo y uno sintético basado en gas natural y, eventualmente, carbón, más barato y abundante” (NYT 14/05).

La conformación del mercado mundial de gas Las cifras referidas a los principales productores dan cuenta de la escasa significación global de Sudamérica: las reservas que detenta representan un magro 4%:

Aquí observamos que el panorama sudamericano co-incide con el mercado mundial: la mayor parte de lo producido por cada uno de los países se consume inter-namente, hecho que se explica por los encadenamientos mencionados anteriormente. Para aquellos países con menor grado de desarrollo -la absoluta mayoría- dispo-ner de una fuente de energía más barata y abundante, obtenida localmente, supone mayores probabilidades de sostener cierta producción industrial. Aunque cierta-mente, con cada optimización de procesos (en este ca-so, energéticos) se incrementan las posibilidades de ser codiciado por empresas de mayor envergadura (que lle-garon antes y de mejor forma al mercado) en el irrefre-nable proceso de concentración y centralización de ca-pitales. No obstante, para las fracciones involucradas en cada uno de los países que emprenden una mejora de su sistema productivo, las circunstancias se presentan, lisa y llanamente, como una reducción de costos que brinda las condiciones para la obtención de mayores ganancias o, cuando menos, para evitar que las mismas se reduz-can.

La geografía ha tenido un providencial criterio demo-crático en el reparto de las reservas a nivel mundial (que el desarrollo histórico equiparó aún más, pues los luga-res más intensamente explotados fueron aquéllos que se desarrollaron antes), a diferencia de lo que sucede con el petróleo, como veremos más adelante. Esta circunstan-cia fue la condición de posibilidad de que el gas se con-vierta en vehículo de desarrollo interno y regionaliza-ción acotada para las fracciones de capital (con sus diversos grados de productividad) con asiento en aque-llos espacios de acumulación con menor desarrollo de conjunto. El mayor peso relativo de los países con me-nores reservas y menor producción, sobre el total de las exportaciones, parece dar cuenta de que quizás exista mayor cantidad de exportadores desperdigados por to-

Estadísticas mundiales de gas (2004 en billones de pies cúbicos)

País Reservas Producción Exportación

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Rusia 1.680,0 27,6 21,7 21,7 6,6 24,6

Irán 940,0 15,4 3,1 3,1 0,1 0,5

Qatar 910,0 14,9 1,2 1,2 0,7 2,6

Arabia Saudita 231,1 3,8 2,3 2,3 0,0 0,0

Emiratos Árabes 212,1 3,5 1,7 1,7 0,2 1,0

EE.UU. 189,0 3,1 19,9 19,9 0,4 1,6

Argelia 160,0 2,6 3,2 3,2 2,2 8,3

Nigeria 159,0 2,6 0,7 0,7 0,3 1,1

Venezuela 148,0 2,4 1,0 1,0 0,0 0,0

Irak 110,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto 1.339,4 22,3 45,2 45,2 16,2 60,3

Totales 6.078,6 100 100,0 100 26,7 100

Elaboración propia en base a “BP Statistical Review of World Energy”, “Oil & Gas Journal” y

Agencia Internacional de Energía.

Situación Mundial 15

JUNIO DE 2006

do el globo que individualmente comercializan una pe-queña pero significativa cantidad de gas. Es decir, el al-cance de la distribución del gas está actualmente acota-do principalmente por los reparos en términos de la rentabilidad del capital, los cuales impiden que el desa-rrollo tecnológico despliegue su capacidad para hacerlo fluir. Si bien los precios han aumentado significativa-mente (el precio de referencia del gas natural en boca de pozo en EE.UU. pasó de 1,96 dólares en 1998 a 4 en 2001 y 7,51 en 2005), aún no han superado el umbral para hacer rentable la inversión (principalmente porque no existe una brecha significativa entre producción y consumo en los principales mercados).

Las excepciones nuevamente confirman la regla. Las mismas se verifican en regiones donde la necesidad ha llegado a un punto en que vulnera cualquier considera-ción de rentabilidad del capital en lo inmediato. Es el caso de Qatar, donde Japón recientemente se aseguró una parte importante de su provisión futura mediante inmensas inversiones en la industrialización del gas. La Unión Europea, un formidable consumidor, también hizo lo propio desde ambos flancos: por un lado, desde Argelia y, por el otro, desde Rusia. De hecho, en este úl-timo país, la “Arabia Saudita del Gas” como gustan de-cir los medios, el enfrentamiento interno alcanzó recien-temente un alto grado: “Gazprom confirmó que tomó el control de la principal unidad de Yukos, un paso importante en su transformación de la empresa en un gigante de gas y petróleo a nivel mundial bajo el férreo control del Kremlin. Las reservas combinadas de Gazprom representan más de 6 veces las de

ExxonMobil, la nueva empresa producirá 1,45 millones de ba-rriles diarios, casi tanto como Libia. Gazprom, que dispone de un quinto de las reservas de gas mundiales, controla el 27% del mer-cado europeo y busca incrementar dicha participación” (WSJ 24/12/04).

Pese a su ritmo de explotación del recurso, EE.UU. no tiene la necesidad de recurrir a la provisión externa en gran medida: sólo importa una pequeña cantidad desde Canadá, en función de equilibrar su consumo por las exportaciones que realiza a México, país que no pue-de autoabastecerse, a la usanza de lo que sucede con Bolivia-Argentina-Chile. De hecho, las perspectivas del NAFTA en materia de gas confirman la imposibilidad de trascender por el momento la dimensión regional restringida. Como se desprende de las actuales iniciati-vas: “las tres mayores petroleras del mundo, ExxonMobil, Bri-tish Petroleum y Royal Dutch Shell, han intensificado su búsque-da de gas natural en un lugar que han ignorado en los últimos años: EE.UU. continental. Las grandes petroleras están revir-tiendo la estrategia que por años las llevó a desprenderse de los campos estadounidenses en vías de agotarse para centrarse en la explotación de enormes depósitos de gas y petróleo en el resto del mundo” (WSJ 30/11/05). En contraste, los proyectos de instalación de plantas de licuación de gas (durante el año pasado se generó un entredicho diplomático entre Bolivia y Chile por una iniciativa de este tipo por parte de este último, supuestamente para proveer gas a EE.UU.) se postergan permanentemente en la agenda de las principales petroleras.

La sub-rama petrolera

Principales características de la producción de petróleo

Estadísticas mundiales de petróleo (2005 en millones de barriles)Reservas Producción1 Exportación1 Consumo1

PaísCantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Venezuela2 349.700 22,3 2,86 3,5 2,36 4,9 0,50 0,6

Arabia Saudita3 266.800 17,1 10,37 12,9 8,73 18,0 1,64 2,0

Canadá4 178.800 11,4 3,14 3,9 0,95 2,0 2,19 2,7

Irán 132.500 8,6 4,09 5,1 2,55 5,3 1,54 1,9

Irak 115.000 7,4 2,03 2,5 1,48 3,0 0,55 0,7

Kuwait3 104.000 6,6 2,51 3,1 2,20 4,5 0,31 0,4

Emiratos Árabes Unidos 97.800 6,2 2,76 3,4 2,33 4,8 0,43 0,5

Rusia 60.000 3,9 9,27 11,5 6,67 13,8 2,60 3,2

México 47.800 3,1 3,83 4,9 1,80 3,7 2,03 2,5

Libia 39.100 2,5 1,67 2,0 1,25 2,6 0,42 0,5

Nigeria 35.900 2,3 2,51 3,2 2,19 4,5 0,32 0,4

China 24.000 1,5 3,62 4,4 0,00 0,0 5,55 6,9

EE.UU. 21.000 1,3 8,69 10,8 0,00 0,0 20,03 25,0

Noruega 10.900 0,7 3,18 4,0 2,91 6,0 0,27 0,3

Brasil 7.100 0,4 1,90 2,3 0,31 0,6 2,10 2,6

Reino Unido 5.200 0,3 2,08 2,5 0,00 0,0 2,08 2,6

Resto Unión Europea 6.000 0,4 0,62 0,1 0,00 0,0 13,21 16,5

Argentina 2.600 0,1 0,80 0,9 0,25 0,5 0,55 0,7

Japón 100 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 5,58 6,9

Resto 60.000 3,9 15,27 18,9 12,42 25,8 18,20 23,1

Totales 1.564.300 100 81,20 100 48,40 100 80,10 100

1-Millones de barriles diarios. 2-Incluye 270.000 estimados de crudo superpesado. 3-Incluye la mitad de las re-servas en la Zona Neutral para cada país. 4-Incluye 174.000 en arenas petroleras. En negrita los países pertenecientes a la OPEP. Elaboración propia en base a “Oil & Gas Journal”, Administración de Información de Energía de EE.UU. y Agencia Internacional de Energía.

16 El rol de la producción de gas en los procesos de regionalización

JUNIO DE 2006

Rápidamente salta a la vista la divergencia entre consu-midores y productores. De alguna manera se da cierta complementariedad: aquellos que producen consumen poco y los que producen poco consumen mucho. Entre los países desarrollados, muy pocos son los que se au-toabastecen (Rusia, Reino Unido, Canadá y Noruega), y aquellos con producción importante, como EE.UU. y China, lo hacen de manera desmedida, poniendo en se-rio riesgo el abastecimiento futuro (su horizonte de re-servas al actual ritmo de consumo, que a su vez aumen-ta cada año, es de 3 y 12 años, respectivamente). Los principales flujos en la comercialización son: desde Me-dio Oriente hacia EE.UU., la UE y Asia; seguidos de Latinoamérica (México y Venezuela) hacia EE.UU.; Á-frica hacia EE.UU. y la UE; y Rusia hacia la UE. Esto da cuenta de un flujo que supera el marco regional y se transforma en global. Transformando a la sub-rama en un caso excepcional para el capitalismo: aquí no se veri-fica el “salto mortal de la mercancía” descripto por Marx. El salto carece de incertidumbre pues la oferta no busca la demanda sino todo lo contrario, la demanda es la que absorbe una oferta acotada.

Por dicha razón, cualquier posibilidad de hallar fuen-tes de abastecimiento es altamente considerada, pese a los riesgos que comporten los proyectos. “El aumento del interés por las arenas petrolíferas de Canadá es la prueba de que el mundo no está a punto de quedarse sin petróleo. Las que sí se están agotando son las fuentes más accesibles de crudo dulce y lige-ro, el tipo de petróleo que fluye como agua, tiene pocas impurezas y puede ser fácilmente transformado en gasolina. El petróleo pesa-do presenta grandes inconvenientes ambientales y económicos. Es más caro de producir y requiere más energía para convertirlo en gasolina que el crudo ligero convencional. El cambio ha catapul-tado a Venezuela y Canadá al primer y tercer lugar, respectiva-mente, del ranking mundial. Excluyendo las arenas petrolíferas, Canadá caería al puesto 22 y Venezuela al 7. Lideradas por Total, las grandes petroleras occidentales planean invertir más de 70.000 millones de dólares en la próxima década para extraer petróleo de las arenas canadienses” (WSJ 27/03).

Esa resignificación de las reservas para incluir ciertos tipos que anteriormente eran descartados (que conflu-yen con las efectuadas por Shell y Repsol YPF, y que culminó en una reducción de las mismas en sus infor-mes económico-financieros del orden del 25% durante el año pasado) es indicativa del comportamiento de la sub-rama y de su personal político. Se intenta con ello controlar los vaivenes que presenta su desarrollo y evo-lución: regular las dosis de calma y agitación. En sí mis-ma esa es su forma de operar. Ante el problema de que con el actual ritmo de consumo y de crecimiento del mismo “la Agencia Internacional de Energía calcula que es necesario invertir unos 3 billones de dólares en los próximos 25 años en nueva infraestructura petrolera para proteger el mundo de las crisis de escasez” (WSJ 10/04), la respuesta es a la vez mediática pero también productiva, mediante una res-tricción calculada de las inversiones.

La base de cálculo se extrae de la esfera política, cen-tral en la rama de hidrocarburos (y por extensión de aquéllos bienes escasos y distribuidos “inconveniente-mente” para el capital). Recordemos que se calcula que entre el 77% y el 84% del total de las reservas mundia-les se encuentran fuera del alcance de las principales pe-troleras, centralmente en manos de empresas estatales. Esto genera un intercambio de golpes permanentes con los distintos gobiernos. Inclusive con aquellos cuyo pe-saje es medio bajo en el concierto de las naciones. Tal el caso de Argentina, donde “el gobierno decidió intimar a las petroleras cuyo nivel de reservas es declinante para que lo recupe-ren en un plazo determinado. La amenaza es que se les quitará la concesión de los pozos afectados por esa caída, si no cumplen con la exigencia oficial. La embestida planeada por el ministro De Vido tiene como sujetos [a] Repsol YPF, Petrobras y Chev-ron, entre otras compañías cuyas áreas en los últimos años sufrie-ron una merma de alrededor de un 20% de sus reservas. Es justo el mismo período en que otras petroleras las habrían incrementado en más de un 50%. Total, Pan American Energy, Wintershall y Occidental Petroleum conforman el bando de las que honraron la obligación” (P12 9/04). Ante este panorama, las proyec-ciones apuntan a lo más delgado del hilo, donde las condiciones de resistencia y de desarrollo permiten un ingreso más fácil aunque nunca exento de convulsiones: “África es responsable por poco más del 10% de la producción mundial de petróleo y la consultora IHS prevé que para 2010 proveerá un tercio del crudo consumido en el mundo” (WSJ 10/04).

El enfrentamiento en la esfera política “En Bolivia y Rusia, los gobiernos han tomado el control de

los yacimientos de gas y petróleo, en Venezuela y el Reino Unido, incrementaron los impuestos y regalías, y en Nigeria y Kazakhs-tan le otorgaron preferencias a las compañías estatales” (NYT 6/05). Queda perfectamente claro que el episodio en Bolivia se inscribe en una tendencia mundial, sólo que el contexto latinoamericano (y el resto de las medidas anunciadas por el gobierno de Evo Morales) le otorgó dimensiones catastróficas. Las grandes empresas obser-varon la tendencia tiempo atrás, como deslizó “en un dis-curso en abril (de 2005), el jefe ejecutivo de Shell, Jeroen van der Veer, al indicar que ‘prácticamente todas las semanas’ las empre-sas estatales cancelan acuerdos de adquisición de inversiones pro-ductivas” (WP 3/08/05). Esto condujo a cierta restric-ción de las inversiones, lo que redundó en mayor presión sobre los precios y al establecimiento de un cír-culo vicioso alcista. Ante este panorama, los gobiernos se involucraron en el problema energético para poder corregir sus efectos.

Los que disponen de una renta petrolera intentaron usufructuar el proceso para acelerar el ritmo de la acu-mulación de capital. El caso paradigmático es Irán. Al-fredo Jalife-Rahme, experto en geopolítica, afirmó que “la comercialización de títulos de compra-venta a futuro de petró-leo se realiza principalmente en dos bolsas privadas. Una es el New York Mercantil Exchange (NYMEX) y el otro es el In-

Situación Mundial 17

JUNIO DE 2006

ternational Petroleum Exchange (IPE) que está en Londres. Al-gunos dueños de la IPE londinense son bancos de inversión como el J.P. Morgan y Morgan Stanley, y la petrolera British Petro-leum, es decir, la dupla anglosajona de bancos y petróleo. Irán quiere crear una bolsa petrolera para competir con el NYMEX y el IPE, que podría quitarles la tercera parte del mercado. Podría atraer transacciones de Rusia, India, China y Japón” (C 23/10/05).

Aquellos que no disponen de dicho recurso buscaron defender al conjunto de la burguesía con asiento pro-ductivo en su territorio de los efectos del encarecimien-to del vital insumo. Tanto por el incremento del costo de reproducción de la mano de obra como por el de los insumos productivos, los gobiernos apelaron a reasig-nar el valor producido socialmente acotando la parte alícuota correspondiente a la sub-rama petrolera. Tam-bién estaba en juego la estabilidad macroeconómica por la posibilidad de desatar un proceso inflacionario. Con la intervención se intentaba disolver el incremento de precios entre las diferentes fases de la totalidad del pro-ceso productivo. La estrategia fue medianamente exito-sa en muchos países. En el caso argentino trabajosa-mente se logró poner coto a las expectativas de las petroleras. “El ministro De Vido aseguró que el costo de pro-ducción en el país en raros yacimientos supera los 12 ó 13 dólares el barril, las petroleras están vendiendo a las destilerías a 32 dó-lares. En la Argentina trabajamos con costos argentinos y no se va a dejar de tenerlos mientras siga nuestra gestión” (P12 28/04).

La subordinación en la esfera política Sólo dos países nadaron en contra de la corriente. El

primero de ellos Kuwait, que “luego de 30 años de haber si-do expulsadas del país, se encuentra a punto de abrir la industria del petróleo a las empresas de capital extranjero” (NYT 23/12/05). El segundo, si bien pudo sorprender a más de un trasnochado, es un resultado esperado. Se trata de Libia, que luego de realizar cierta apertura del sector hace dos años, consiguió que “la administración Bush anuncie el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Libia ante el abandono de su programa nuclear y otros progra-mas de armamento y por su ayuda en la lucha contra el terroris-mo, dando por terminados 25 años de hostilidad” (NYT 16/05). En ambos casos la decisión de EE.UU. resulta imprescindible, sea por el carácter de aliado incondicio-nal (Kuwait) o por el deseo de ver levantadas las san-ciones que impiden cosechar la ingente renta petrolera que puede deparar el actual nivel de precios (Libia). Con lo cual nos trasladamos a la tierra del Tio Sam para observar qué sucede allí.

Anteriormente afirmamos que cualquier empresa pe-trolera del mundo no tiene la preocupación de obtener mercados para su producto: la capacidad de extracción que permanece ociosa es prácticamente nula. La única posibilidad de incrementar la oferta es por medio de nuevas inversiones y aun así es factible que esa nueva producción encuentre colocación en el mercado. Este

aspecto otorga un rol primordial a EE.UU. por ser el principal consumidor mundial (un cuarto del total). A eso se suma el ejercicio (compartido con el resto de los miembros de la OCDE) de un monopolio tecnológico tanto en materia de pericia y conocimiento como por la envergadura de los capitales requeridos. Por esta razón, a la vez que es perjudicado por un incremento de pre-cios del petróleo, gran parte del beneficio del mismo es embolsado por fracciones de la burguesía norteameri-cana. Tal es el caso de ExxonMobil, que el año pasado alcanzó el récord mundial absoluto de utilidades: 36.130 millones de dólares. Gracias a lo cual “Lee Raymond, su presidente y jefe ejecutivo por 13 años, quien se retiró en diciem-bre, recibió durante su gestión 686 millones de dólares, es decir, 144.573 dólares diarios” (NYT 15/04).

Mientras todo eso ocurría, el galón de gasolina (3,9 li-tros) se situaba a más de 3 dólares, lo que provocó al-guna reacción. “Consciente de que su popularidad desciende tan rápido como aumenta el precio de la nafta, Bush anunció ayer un plan de cuatro puntos para detener la escalada. Primero, lan-zó una investigación sobre el abuso de precios, que será realizada por la Comisión Federal de Comercio. Segundo, suspendió nuevos agregados a la Reserva Estratégica nacional de petróleo. Tercero, volvió a referirse a la adicción de los norteamericanos al petróleo y la necesidad de premiar el uso de energías alternativas. Por últi-mo, decidió reducir las exigencias ambientales que deben cumplir las empresas petroleras, lo que serviría para reducir los costos y bajar los precios de los combustibles” (C 26/04). En rigor, las medidas son puramente simbólicas excepto la última de ellas, que beneficia directamente a la sub-rama, y la se-gunda, que justamente limita una de las pocas herra-mientas de control (la otra es la regulación), ya que res-tringe la posibilidad de influir en el mercado mediante la utilización de la “Reserva Estratégica de Petróleo, los cerca de 700 millones de barriles de emergencia almacenados en caver-nas de sal en Louisiana y Texas. Suficiente para satisfacer la demanda de petróleo de un mes” (WP 3/08/05).

La posibilidad de que los acontecimientos transcurran de esta manera está directamente relacionada con el ejercicio del poder político. Es harto sabido que la alianza que gobierna hoy EE.UU. es conducida por los intereses de las empresas petroleras, asentadas funda-mentalmente en el Estado de Texas. Eso permite que mientras “el año pasado las regalías en gas natural y petróleo asciendan a 5.150 y 3.500 millones respectivamente. Aunque aumentaron desde 2003, aún son similares a los montos recau-dados en 2001, cuando los precios de mercado eran mucho meno-res” (NYT 10/02), los republicanos “quiten de una ley im-positiva en tratamiento una sección que forzaría a las empresas petroleras a abonar millones de dólares extras por sus ganancias”(WP 26/04). ¿Es posible tamaña subordinación o nos perdimos algo en el razonamiento? Observemos algu-nos aspectos de lo que sucede en el conjunto del siste-ma productivo que pueden contribuir a salir de nuestro asombro.

18 El rol de la producción de gas en los procesos de regionalización

JUNIO DE 2006

La apropiación de valor encuentra su vehículo “El petróleo de Basora, en el sur del Iraq chiíta, está a flor de suelo: el costo de extracción es de medio dólar el barril” (C 23/10). Consideremos que ese mismo barril emprende un largo viaje hasta Dubai y se vende rápidamente a 68 dólares o hace uno más largo y llega a Houston y se li-quida de inmediato en 72. Si bien son condiciones ex-cepcionales para la industria, no deja de ser llamativa la diferencia entre ambos valores. Y aún falta que el pro-ducto entre en el proceso de refinación, lo que alarga aún más el margen.

El control de la mayor parte de esa cadena es lo que permite asegurar la apropiación de valor del conjunto de las ramas a nivel mundial. Pero en el espacio de acumulación propio las ramas que no disfrutan de esta bonanza en forma directa deben reorganizarse como parte de su estrategia de supervivencia (pues de lo con-trario la absorción del costo incrementado les erosiona sus propias ganancias). Si bien no todas sufren el im-pacto por igual, ciertas características del sistema pro-ductivo amortiguan el momento actual, que algunas de ellas propiciaron en defensa de los intereses del conjun-to (y particulares, naturalmente), en función de sostener por otros medios la declinante productividad del con-junto de la economía. Entre ellas, resulta fundamental disponer de un sistema de generación de energía en EE.UU. que utilize como insumo principal el carbón, sumamente barato y disponible (posee las mayores re-servas mundiales, cerca del 27% del total). Justamente es un punto de coincidencia con China, quien oficia de pivote para el proceso de revitalización de la economía por el lado del abaratamiento del costo de la mano de obra. Con esto, EE.UU. mantiene a raya el costo de generación de energía (a la vez que dispara el ajeno) y mediante la deslocalización productiva a China reduce al máximo la proporción de capital variable incorpora-do a las mercancías.

En ese proceso de traslado de unidades productivas al exterior el transporte cumple una función vital y se transforma en una de las formas como se apropia del valor contenido en su principal insumo, el combustible. El fenómeno de concentración de las flotas mercantes y las aerolíneas en manos de los países desarrollados es un fenómeno que se ha profundizado. Aunque existan fracciones del capital individuales como ciertas aerolí-neas que deban fundirse con otros capitales para seguir funcionando, eso no hace más que acentuar el proceso de división internacional del trabajo: sólo determinadas economías disponen del volumen para poder sostener ciertas ramas. De alguna manera, aquellas fracciones re-zagadas usufructúan la existencia de esa actividad y en ocasiones obtienen parte de sus ganancias gracias a ella. Pero el grueso de aquellas sólo contribuye a la repro-ducción de las mismas en su lucha por sobrevivir como capital independiente.

La otra opción que les queda es ceder la gestión a cambio de una renta, que en definitiva constituye otra de las formas en que se realimenta el proceso antes des-crito: el uso (y abuso) de los instrumentos financieros. En rigor, se trata de los mecanismos que encuentra en su discurrir el capital financiero como forma de gestión. De alguna manera, aquellas empresas que pueden em-prender estas estrategias disponen de un gran volumen de capital o tiene acceso a los mercados financieros (es-trategia muy frecuente que realza el rol del capital fi-nanciero en su forma bancaria).

Obviamente existen ramas que no pueden implemen-tar estrategias que le permitan sostener su posición en el mercado mundial y sólo atinan a pedir la escupidera: “esta semana, un alto ejecutivo de la división de asuntos públicos de la unidad estadounidense de DaimlerChrysler AG arremetió contra la industria del petróleo en un lenguaje inusualmente direc-to: las automotrices han gastado miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías más limpias y eficientes, mientras que las gigantes petroleras prefieren llenar los bolsillos de sus ejecutivos y accionistas en vez de invertir dinero en reducir el costo del combus-tible, y durante tiempos económicos difíciles dejan que los consu-midores paguen la cuenta. Fue en parte una respuesta a un re-ciente aviso de ExxonMobil, publicado en varios periódicos estadounidenses, en el que descargaba la responsabilidad en las automotrices, resaltando que la eficiencia promedio de los autos de EE.UU. no ha mejorado en dos décadas” (WSJ 14/04).

A modo de profecía autocumplida, “ExxonMobil cree que el petróleo, el gas natural y el carbón continuarán proveyendo más del 80% de la energía del mundo hasta 2030” (WSJ 8/03). Con lo cual podemos intuir qué será del sueño de Ford: sus empleados quizás puedan comprar sus au-tomóviles, pero antes deberán calcular si pueden afron-tar el precio de la nafta.

19

JUNIO DE 2006

Argentina Mayo resultó un mes de posicionamientos claros en torno a la gestión presidencial de Néstor Kirchner, al cumplirse tres años de su mandato. Así, observaremos primero cómo un gran arco de entidades empresarias, junto a la conducción de la principal central obrera na-cional, hicieron explícito su lugar de sostén de la políti-ca económica “heterodoxa” de intervención en la economía, a partir del control de lugares clave en el gobierno del Estado.

Frente a esto, veremos a la banca privada de capital extranjero, junto a las principales entidades agrarias y los representantes políticos de centro-derecha, expre-sarse contrarios a dicha intervención, exigiendo mayor “libertad de mercado” (libertad de movimiento del ca-pital).

En este clima –y con la discusión al interior de la alianza social en el gobierno sobre la distribución del in-greso y las condiciones laborales entre los representan-tes del capital y del trabajo– observaremos los posicio-namientos ante la convocatoria a una movilización masiva el día 25 de mayo por parte del presidente Kirchner y analizaremos el triple movimiento de de-mostración de fuerza realizado, el cual consolida la alianza social en el gobierno frente a los alineamientos opuestos, al tiempo que agudiza sus contradicciones in-ternas, dándole un protagonismo al movimiento obrero organizado y al pueblo en general que hacía tiempo no tenían.

PPeelleeaa ppoorr llaass ggaannaanncciiaass

Los posicionamientos generales del capital en la Argentina

“A tres años de gobierno”: el suelo mínimo de la alianza socialEl 25 de mayo, a tres años de iniciada su gestión, el Gobierno se disponía a realizar una contundente demostración de fuerza, movilizando y llamando a movilizar a la Plaza de Mayo a las bases del PJ, a una fracción del movimiento obrero organizado y a las organizaciones sociales que, en mayor o menor grado, adhieren al kirchnerismo. En referencia a dicho llamamiento, varias corporaciones del capital y la Confederación General del Trabajo (CGT) publicaron en conjunto una significativa solicitada de apoyo al gobierno. Firmado por la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Bs.As., la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Ar-gentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la CGT, el documento delineaba los puntos básicos de la alianza entre las fracciones del capital y del movimiento obrero: “superávit fiscal y comercial, creci-miento con inclusión social y un tipo de cambio competitivo”. Pa-ra los nucleamientos firmantes, el “gran objetivo que debe convocarnos (...) es el de concretar los consensos básicos imprescin-dibles para consolidar un desarrollo económico equilibrado en un marco de paz y justicia social” (C 21/5).

Este suelo mínimo, en donde “tropiezan” las entidades del capital citadas y el movimiento obrero organizado, configura la base desde la que ha podido gobernar Nés-tor Kirchner en un determinado contexto latinoameri-cano y mundial. Tras el estallido abrupto de la insurrec-ción espontánea de 2001/2002, la necesidad de garantizar la paz social se tradujo en la realización de una serie de ítems que bien pueden calificarse como de justi-

cia social: suspensión de quiebras, implementación de un sistema de subsidios a desocupados, disminución del desempleo, suba salarial –aunque fragmentaria y par-cial–, control de precios internos, etc.).

Quienes firmaron conjuntamente la solicitada reco-nocen la fragilidad de la alianza social que constituyen y por eso llaman a concretar los consensos básicos imprescindi-bles. Como veremos más adelante, la alianza social, cuya dirección permanece en manos de la burguesía, estrecha sus propios límites a medida que se profundiza la lucha entre el capital y el trabajo por la distribución de la ri-queza socialmente producida.

En rigor, las fracciones de clase que componen dicha alianza manifestaron así su acuerdo con la política eco-nómica “heterodoxa” de intervención del Estado en la eco-nomía, frente al alineamiento que observaremos a con-tinuación, conducido por la banca privada de capital más concentrado (banca extranjera) y las corporaciones agrarias locales más concentradas.

Ambos sectores –banca extranjera y agro– se mostra-ron ausentes en la rúbrica del documento antes men-cionado, protagonizando además el mes pasado claros posicionamientos de oposición al gobierno del Estado. La banca extranjera lo hizo desde sus organizaciones in-ternacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo), mientras que los propietarios y arrendatarios de la tierra actuaron fuertemente, aunque no sin fisuras internas, desde sus representaciones na-cionales y fundamentalmente locales, donde se pudo expresar la radicalización de las bases agropecuarias.

“Más mercado”. Sobre la libertad de movimiento del capital (los ausentes y no tanto del apoyo al gobierno) La defensa por una mayor libertad de movimiento y accióndel capital fue dirigida, por un lado, desde los centros internacionales del capital financiero. La banca extranje-

20 Pelea por las ganancias

JUNIO DE 2006

ra –fuertemente desprestigiada en el país tras la crisis financiera de 2001/2002– ha venido interviniendo en oposición al gobierno de Kirchner desde sus poderosas, pero más lejanas, organizaciones internacionales. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó en Buenos Aires su Informe 2006 sobre “Progreso Económico y Social en América Latina”, donde evalúa la implementación de políticas públicas –Estabilidad, Eficiencia, Ejecución y cum-plimiento– en los distintos países latinoamericanos. En dicho Informe, la Argentina fue calificada con el deno-minador Bajo, la peor nota dentro de la siguiente esca-la: Muy Alto (aplicada a Chile), Alto (a Brasil y Colom-bia), Medio (a Bolivia) (C 17/5).

Un documento similar, titulado “Perspectivas para la economía mundial”, fue publicado por el Banco Mundial (BM). Esencialmente, el organismo criticó la política de “control” de precios desplegada por el gobierno de Kirchner, concluyendo –alineado con el campo– que es “improbable que tenga éxito a largo plazo y seguramente perjudi-cará al sector agroindustrial, que hasta el momento ha desempe-ñado un papel importante en la recuperación del país” (LN 1/6).

Por su parte, desde la Unión Europea (UE), el encar-gado de negocios de la embajada de la UE en Buenos Aires, Matthias Jorgensen, afirmó: “Los inversores buscan estabilidad y previsibilidad. Es importante que la Argentina ase-gure estas inversiones” (LN 14/5).

Al mismo tiempo, fronteras adentro del país, el pre-sidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA),Luis Pagani, dijo en una reunión con la ministra de Economía Felisa Miceli que “la profundización de una ver-dadera economía de mercado, en la que prevalezca la competencia y se respeten las reglas de juego, representa sin duda un requisito esencial para que se lleven adelante más inversiones por parte del sector privado” (C 5/5).

Otro que se expresó en términos similares fue Mauri-cio Macri. En un artículo publicado en la columna de opinión del diario Clarín, el empresario y dirigente polí-tico, haciendo referencia a la cuestión energética pero posicionándose a favor de la recuperación de una ma-yor libertad de movimiento del capital, sostuvo: “La condición necesaria para atraer inversiones es la previsibilidad y estabilidad de las reglas de juego. ¿Por qué una empresa va a in-vertir en exploración petrolera hoy si no sabe cuánto le va a rete-ner el Estado dentro de diez años, ni si la van a dejar exportar o no?”. Como significativa vindicación de la política eco-nómica de los noventa, el autor calificó críticamente a la actual situación, afirmando: “Increíblemente hemos vuelto a 1989” (C 8/5).

Finalmente, en esta misma línea, cabe citar la exten-dida defensa que realizó el editorial de La Nación de la ley de desregulación económica, impuesta en 1991 por el gobierno de Menem, al tiempo que condenaba todo vi-so de intervención estatal sobre la economía. “Ha sido motivo de alarma y preocupación la insistente e interesada men-

ción de la ley de abastecimiento por funcionarios del gobierno na-cional, como fundamento de las medidas adoptadas en relación con los controles de precios y con medidas vinculadas con las prohibiciones de exportaciones de carne vacuna. Sin embargo, la tristemente recordada ley, autoritario instrumento destinado a im-plantar un escenario de inflación cero durante la gestión económica del ministro José Gelbard, en el principio del último mandato del presidente Juan Domingo Perón, no está hoy vigente. En efecto, su derogación adquirió principio en 1991, mediante el decreto 2284, conocido como de desregulación económica, perfeccionado para su vigencia por la ley 24.307 (...) Esta suspendida norma estaba destinada a reglar todas las actividades de bienes y servicios que satisfagan necesidades de la población. En virtud de ello, la autoridad podía establecer precios máximos, márgenes comerciales, congelación de precios, precios mínimos, de sostén o de fomento. También podía obligar a las empresas a continuar la producción, industrialización o comercialización, así como fabricar determina-dos productos según lo que estableciera la autoridad competente (...) Cualquier parentesco con aquella insidiosa leyimplicaría graves consecuencias para las instituciones, la economía y el bienestar general.” (LN 20/5).

El espiral ascendente de la lucha por el precio de la carne

Los acuerdos de precios con el gobierno Durante el mes pasado, el gobierno, desde la activa Se-cretaría de Comercio Interior conducida por Guillermo Moreno, retomó la práctica de forjar compromisos para mantener congelados los precios internos con empresas y cámaras vinculadas a la circulación de las mercancías. Acuerdos de este tipo se realizaron con los autoservi-cios “chinos” y con las principales cadenas de venta de electrodomésticos, contando este último caso con el “paraguas” de la Confederación Argentina de la Media-na Empresa (CAME).

Complementariamente, desde la misma Secretaría, se impuso una medida de control de precios consistente en el siguiente mecanismo: toda compañía que pretenda aumentar los precios de sus productos tendrá que justi-ficar previamente un aumento en los costos a la Se-cretaría de Comercio con tres semanas de antelación. Así, sólo recibiendo el permiso oficial podrá trasladar la suba de costos a los precios finales de sus productos. La dureza de la medida se comprende en el contexto de la suspensión de las exportaciones de las carnes vacu-nas, sancionada por el gobierno en marzo último.

En relación con esto, la Federación Agraria Argentina (FAA) defendió, en contra de la numerosa oposición de las entidades del agro, la política oficial en torno a la distribución de los permisos para exportar cortes de alta calidad a Europa (la denominada cuota Hilton). El pre-sidente de la entidad, Eduardo Buzzi, declaró que el se-cretario de Agricultura, Miguel Campos, “ha democratiza-do la cuota Hilton y por eso cierta derecha le termina pegando”.Al mismo tiempo, destacaba que “en el tema ganadero no

Argentina 21

JUNIO DE 2006

está perdiéndose plata. Los niveles de valor de la hacienda no son invariables, son rentables. En todo caso, en lo que hay que ir más a fondo es en ver cuál es la política ganadera” (LN 7/5).

Finalmente –y adelantándonos en la descripción de la lucha por el precio de las carnes que sigue a este apar-tado– el gobierno firmó un acuerdo junto a Hugo Mo-yano (titular de la CGT) y la conducción de la Federa-ción de la Carne (sindicato que agrupa a los trabajadores de dicha rama), donde se establece el pago de un subsidio de hasta 1.000 pesos por mes para los trabajadores suspendidos por algunas empresas vincu-ladas al negocio de la carne (C 4/5).

En contra del control de la producción y comercialización de las carnes. La “férrea oposición” del campo Tal vez el último capítulo de la lucha entre el gobierno y los propietarios y arrendatarios de la tierra por el con-trol de la producción y distribución de los productos cárnicos –lucha que suele presentarse por la expresión monetaria del valor de los productos: el precio– sea la suspensión de las exportaciones de carne. A la aplica-ción y suba de las retenciones a los productos agrope-cuarios, se sumaron, desde el año pasado, la imposición de mecanismos que pretenden fijar precios máximos (“de referencia”). Como parte de esta política de con-tención de la inflación, el gobierno estableció, en un principio, un sistema que buscaba “trabar” la creciente tendencia a exportar carne, explicada por el fortísimo aumento de la demanda extranjera. Dicho sistema se basó en la asignación de permisos para vender al exte-rior, un trámite formal que, aunque consolidaba la opo-sición de la gran mayoría del capital vinculado al nego-cio agropecuario, no lograba contener la salida de las carnes y su correlato en el aumento de los precios in-ternos. Así, en marzo pasado el gobierno dio otro paso: suspendió directamente las exportaciones de carne, eximiendo solamente una mínima porción de las ventas externas –la vinculada a la cuota Hilton y a los acuerdos comerciales bilaterales con determinados países.

Esta última medida, en medio de una escalada de ata-ques verbales, provocó la agitación de las “bases” rura-les, las cuales encabezaron desde sus organizaciones lo-cales una inagotable serie de asambleas y movilizaciones, cuyo eje central fue la discusión sobre la realización de un lock out nacional. En este sentido, la presión sobre las conducciones nacionales ha sido cre-ciente.

Con todo esto, observemos los posicionamientos en la oposición a la política oficial sobre el control de la producción y la distribución de las carnes.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Bs.As. y La Pampa (Carbap) –la entidad de mayor peso que integra la poderosa Confederaciones Rurales Ar-gentinas (CRA)–, su prosecretario, Jorge Srodek, acusó

al gobierno, subrayando su disposición al diálogo: “Hace rato que venimos hablando con el Gobierno: hay conversaciones con distintos funcionarios y todavía no se ha destrabado nada. La cosa es cada vez más preocupante” (P12 2/5).

Como hecho significativo en esta disputa, la empresa alimenticia Quickfood suspendió por 15 días a más de 350 trabajadores en su planta de Villa Mercedes (C 3/5), al tiempo que Swift hacía lo propio con 760 ope-rarios. También otras compañías operaron en el mismo sentido: los frigoríficos de Rosario Euro y Mattievichdesafectaron a 110 trabajadores el primero y a 260 el segundo (C 10/5).

En el profundo Bs.As., La Sociedad Rural de 9 de Ju-lio organizó una movilización de propietarios y arrenda-tarios bajo la consigna: “Frente a las políticas abusivas del Gobierno, el interior protesta. Para que todos podamos comer carne hoy, mañana y siempre” (C 3/5). Reclamaba a la enti-dad nacional que integra (CRA) “la realización de una mo-vilización y paro agropecuario nacional en fecha a determinar” (C 4/5).

El mismo día, desde la Confederación Rural de la Tercera Zona (CARTEZ), que nuclea a los propietarios y arrendatarios de Córdoba, sostuvo Ricardo Osella: “Resolvimos enfrentar esta agresión. No queremos ser tratados de Patria Ganadera. Somos los ganaderos de la Patria” (C 4/5).

También en el contexto de la movilización de 9 de Julio, el vice de CRA criticó: “Pensábamos que empezaba un diálogo. Pero a la semana nos cambiaron todo y aplicaron precios de referencia que, en realidad, son máximos” (C 4/5).

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Lu-ciano Miguens, se separó de la tendencia a radicalizar el enfrentamiento por parte de las entidades rurales pre-viamente citadas, aclarando públicamente que la SRA “no ha sido afecta a las medidas de fuerza, ya que siempre prio-rizó el diálogo y el cambio de ideas” (C 4/5).

Por otro lado, la Confederación de Asociaciones Ru-rales de Santa Fe (Carsfe) –provincia que participa de casi el 60% del total de carnes que se exportan– criticó el “populismo irresponsable” de “un gobierno con fuertes condi-cionamientos ideológicos y una clara conducta antiagropecuaria”(LN 7/5).

Contr++++++aria a la táctica desplegada –y recién citada– por la SRA, la CRA expresaba la escalada del enfrentamiento, al formular una verdadera advertencia pública al gobierno: “El ruralismo seguirá consultando a sus bases, realizando asambleas en el marco de una inquietud genera-lizada de los productores, en pos de expresarse en forma directa en un gran movimiento nacional de protesta” (C 11/5). Al decir esto, la CRA confirmaba la realización de nuevas movi-lizaciones de propietarios en el “campo” entrerriano y bonaerense.

Así, en Villa Elisa (Entre Ríos), la Sociedad Rural de Colón –integrada en la Federación de Entidades Rura-les de Entre Ríos (Farer), que a su vez forma parte de la CRA– organizó una asamblea en la que participaron las

22 Pelea por las ganancias

JUNIO DE 2006

filiales locales de las otras entidades agropecuarias na-cionales (SRA, Coninagro y FAA), además del Centro de Consignatarios de Entre Ríos, donde se votaron cua-tro mandatos a las representaciones nacionales:

• no sentarse a dialogar con el gobierno hasta que le-vanten las restricciones a las exportaciones

• reclamar a las autoridades provinciales que se definanen torno al problema de las carnes

• realizar una campaña de concientización sobre la si-tuación del campo

• organizar un paro nacional del campo a consensuar (C 12/5)

Un día después, los propietarios de la cuenca del Salado organizaron en Rauch (Bs.As) otro acto en donde se redactó un documento firmado por CRA, Carbap y 42 sociedades rurales, que declaraba contundentemente “la más férrea oposición a la política anticampo ejercida por el Go-bierno” (C 13/5).

En este contexto, la respuesta del gobierno consistió en remover a una de sus diputadas del Frente Para la Victoria (FPV) de la presidencia de la Comisión de Agricultura de dicha Cámara. Fue Agustín Rossi, titular del bloque de diputados del FPV quien pidió la renun-cia de María del Carmen Alarcón a la Comisión men-cionada, por trabar –a decir de las voces del gobierno– la expedición de varios proyectos que forman parte de la política oficial hacia el campo.

El desplazamiento de Alarcón tomó inmediatamente notoriedad y se convirtió en otro de los “territorios” de la disputa por las carnes. Tanto fue así que los titulares de la SRA, Luciano Miguens, de CRA, Mario Llambías, y de Coninagro, Valentín Levisman, se movilizaron hacia el Congreso para participar, en apoyo de Alarcón, de la reunión de la Comisión de Agricultura en donde la diputada hizo su descargo.

En relación con esto, Aapresid publicó una solicitada en la prensa escrita, firmada por su presidente, Jorge Romagnoli, rechazando la maniobra oficial en el parla-mento, como expresión del autoritarismo oficial: “Pare-ciera no importar la imagen de las instituciones (principalmente el principio constitucional de división de poderes), ni la construcción de la institucionalidad. Estamos, así, en el camino del debilita-miento de la República, del alineamiento vertical, la exterioriza-ción de un manejo de poder demoledor que asegure «una tropa sumisa» y la continuidad de la discreción sin límites como postu-lado básico del momento político actual”.

Pero si el documento de Aapresid tomaba como punto da partida el “asunto Alarcón”, inmediatamente se despachaba con una serie de críticas dirigidas al co-razón de la política económica oficial hacia el campo: “El aporte al Fisco del sector agroalimentario y agroindustrial se ha constituido en los últimos años en uno de los sostenes principa-les de las cuentas públicas, a partir de la absorción de una presión impositiva sin precedentes (...) En los países prósperos, a los sec-tores estratégicos se los promueve con medidas acorde a los reque-

rimientos de su crecimiento y la sustentabilidad del mismo, y no se los elige como enemigos. Paradójicamente, en los últimos meses el ataque a la tecnología o a determinadas actividades, vía acciones normativas de dudosa legitimidad implementadas por el Gobier-no, generaron un clima de hostilidad que es incompatible con un país democrático y transparente. El fin (reducir la infla-ción) justifica los medios (atacar al sector productor de alimentos)”(C 16/5).

Más tarde, la ya citada Carsfe, encargada de realizar una asamblea de propietarios en San Justo (Santa Fe), reclamó a su representación nacional, CRA, la realiza-ción de un lock out ganadero: “No comprar ni vender” entre 15 y 21 días (LN 19/5).

Lo propio hicieron, un día después, las sociedades ru-rales de Coronel Suárez (Bs.As.) y de El Zapallar (Cha-co); en ambos lugares, asambleas críticas al gobierno discutieron la posibilidad de realizar un lock out nacional (LN 20/5).

A esta altura, la FAA, hasta el momento alineada con el gobierno, reprobó la política oficial, diciendo que “no hay razones para mantener la veda a la exportación de carnes que afecta a los pequeños y medianos productores, a las pymes in-dustriales y a los trabajadores de la carne”. Sin embargo, se mantuvo crítica respecto del accionar de las otras enti-dades agropecuarias, afirmando que el grado de enfren-tamiento con el gobierno y la suspensión de las expor-taciones derivada de ello no hubiera acontecido “si hubiesen mantenido su firma” en el acuerdo de precios sos-tenido sólo por FAA en el mes de enero (LN 23/5).

La apertura parcial de las exportaciones de la carne Luego de un ejercicio sistemático de presión, el gobier-no estableció el permiso para vender al exterior hasta un 40% del volumen físico exportado el año pasado. Esta apertura parcial, que –dicho de otra manera– su-pone el mantenimiento de un cupo a la exportación,fue criticada por la mayor parte de las corporaciones agropecuarias, aunque algunas hicieron énfasis en la po-sibilidad de profundizar los acuerdos con el gobierno sin que “la sangre llegue al río”.

Desde la SRA, Miguens dijo que “hay margen para no asustarse de que los precios de la carne se vuelvan a disparar; hay margen para liberar más las exportaciones".

Llambías, de CRA, estimó que “este mecanismo es positi-vo para encontrar soluciones”. Sin embargo, el vice de la en-tidad, Néstor Roulet, precisó que “nos gustaría que se ins-trumentara una política ganadera que posibilite aumentar la producción de carne. Es necesario seguir trabajando para que el productor tenga rentabilidad”.

En esta línea se posicionó el Frente Agropecuario Nacional (FAN). Su presidente, Horacio Delguy, dijo: “Reiniciar las exportaciones es positivo, pero para el sector esta medida no implica ningún beneficio. Sin otros cambios, es funcio-nal sólo a los frigoríficos”.

Argentina 23

JUNIO DE 2006

La regional cordobesa CARTEZ, en la voz de su pre-sidente Osella, manifestó, respecto de las exportacio-nes, que “el sector necesita que se liberen totalmente. Con eso podemos hablar de otras cosas. Primero hay que liberar todo, no un poco. Aunque valoramos que el Presidente nos haya recibido, con esto no estamos dispuestos a levantar los planes de lucha;vamos a seguir insistiendo con el paro y las movilizaciones”.

En un sentido similar se expresó Manuel Cabanellas, presidente de Carsfe, la regional santafesina de CRA: “No estoy en contra, pero no alcanza, ya que se debe desembocar en un plan ganadero. Quiero hablar con mi gente para ver si da-mos o no marcha atrás con las medidas de protesta”.

A su vez, en Carbap se puntualizó que “la flexibiliza-ción de las exportaciones alivió la situación de los productores, pe-ro continúan el enojo y el clima de conflicto” (LN 1/6).

Por otro lado, aceptando la composición del nuevo escenario abierto, la FAA reivindicó nuevamente el acuerdo de precios firmado entre esta entidad y el go-bierno: “Es un acto de racionalidad del Presidente. Esto ayuda a recomponer los precios de la vaca. Es un avance cercano a lo que se firmó el 6 de abril”.

En similares términos se expresó Coninagro, en pa-labras de su economista Daniel Asseff: “Vemos concretado parte de lo que habíamos propuesto: la liberación de las exporta-ciones sin desatender el mercado interno. Nos alegró que el Presi-dente dijera que el plan ganadero debía ser elaborado entre las partes” (todas las citas en LN 27/5).

La lucha entre el capital y el trabajo. La definición constante de la alianza en el gobierno

Recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales Como hemos venido observando en anteriores edicio-nes, tras la “salida” de la crisis de 2001/2002 se fue consolidando, crecimiento económico mediante, un es-quema de distribución cada vez más desigual. A esto le correspondió la formación de una capa privilegiada de trabajadores –menos del 20% de los trabajadores tota-les– cuyo salario real aumentó por encima del índice in-flacionario.

No obstante esta configuración social desigual, varias han sido las medidas del gobierno que expresaron la presión de la movilización de masas, que irrumpió terrorí-ficamente –para el capital en su conjunto– en las jorna-das de diciembre de 2001 hasta julio de 2002, haciéndo-se lugar en la brecha que la lucha interburgesa dejaba abierta.

Como expresión de una alianza social que integra a una fracción del movimiento obrero organizado y al pueblo en ge-neral, el gobierno ha dado cauce a varias de las deman-das por éstos exigidas, en un contexto de aumento de la productividad del trabajo sostenida, aunque sin poder superar el esquema de desigualdad mencionado recién.

De todas maneras, el mes pasado se establecieron al-gunas medidas mínimas a favor de la fracción obrera de la alianza social.

Por un lado, el gobierno aumentó nuevamente el ni-vel de las jubilaciones, siendo la más significativa la suba del haber mínimo, que pasó de 390 a 470 pesos. Para el resto, el ajuste hacia arriba alcanzó un 11%.

Por el otro, sentando jurisprudencia al respecto, la Corte Suprema falló por vez primera a favor de una tra-bajadora despedida cuatro años atrás por activismo gremial, exigiendo a la empresa multinacional Pepsico Snacks la reincorporación inmediata de la operaria.

Por último –siguiendo la tendencia de subas salariales acordadas entre los sindicatos de las distintas ramas y las empresas o corporaciones respectivas, en donde el gobierno ha operado en general como evidente media-dor–, en la industria alimenticia se estipuló un aumento para los trabajadores del orden del 19%. Negociaciones similares quedaron aún en proceso de discusión en al-gunas ramas de la producción, por ejemplo en la meta-lurgia, la industria del neumático y en el transporte aé-reo.

Como parte de esta disputa por la distribución del ingreso, dos meses atrás el gobierno comenzó a revisaralgunos ítems básicos de las leyes de flexibilización laboral.Éstas habían sido aplicadas durante el gobierno de Car-los Menem y fueron finalmente sancionadas –pago de coimas mediante– en el gobierno radical de De la Rúa.

Básicamente, la revisión de las leyes de flexibilización,impulsada por el actual presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y hombre de la CGT, Héctor Recalde, garantizaría la es-tabilidad en ciertas condiciones laborales: habilita al trabajador a enjuiciar a la empresa ante la imposición de un cambio en la actividad cumplida, garantiza un nivel mínimo de indemnización y da la posibilidad de enjui-ciar a la empresa si la ART no cumple satisfactoriamen-te con las necesidades del trabajador.

Con todo esto, las expresiones del capital en su con-junto se posicionaron abiertamente en contra de cual-quier cambio en el aparato legal laboral.

Primero, una coalición formada por la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), la AEA, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comer-cio, la Coordinadora de Industrias de Productos Ali-menticios (Copal), la Federación de Entidades Empre-sariales del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argen-tina, emitió un comunicado denunciando que los cam-bios propuestos en la legislación laboral “afectan seria-mente la actividad económica general, el poder de organización y dirección de las empresas, como asimismo los costos y la certeza jurídica y afectan el desenvolvimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país”. El documento presagió,

24

JUNIO DE 2006

además, la extensión de “la industria del juicio” por parte de los trabajadores y advirtió sobre “el impacto en los costos empresarios que tienen las fórmulas de encarecimiento del régimen indemnizatorio por despido que se proyecta” (LN y C 18/5).

Simultáneamente, la AEA y la UIA difundieron un documento cuyo sólo título hacía manifiesta la toma de posición: “Unánime preocupación empresaria por los cambios en la legislación laboral” (LN 18/5).

Desde la entidad que nuclea a las industrias de capital más concentrado en el país, el asesor Daniel Funes de Rioja denostó las negociaciones en materia laboral a es-cala nacional, exigiendo el mantenimiento de una de las normas centrales de la flexibilización laboral: “Las relaciones laborales deben ser regidas por los convenios colectivos de trabajo que suscriben la empresa y el gremio” (C18/5).

El mismo Funes de Rioja amplió un día después sus argumentos, agregando que “en varias plantas de Arcor y en Kraff hubo piquetes y se dañó la propiedad privada” (C 19/5).

También, el titular de la Cámara de Comercio Carlos de la Vega alertó que “no ayudan las iniciativas de modifica-ción de las condiciones laborales. Lo cual provoca imprevisibilidad en los costos de las empresas. El proyecto desalienta la generación de nuevos puestos de trabajo en las pymes” (C 22/5).

Por otro lado, la entidad que nuclea a los pequeños capitales, Confederación Argentina de la Mediana Em-presa (CAME), alineada con el gobierno de Kirchner en lo que a control de precios y a distribución de las rique-zas respecta –por lo menos hasta el momento–, se po-sicionó junto con las entidades del capital, advirtiendo que “algunos fallos judiciales y ciertas iniciativas están coartando la propensión de ampliar los planteles de personal en una econo-mía en expansión” (C y LN 19/5).

Finalmente, cabe observar la coincidencia de las lí-neas editoriales de los periódicos más importantes del país.

El Grupo Clarín, haciéndose eco del reclamo firmado por las entidades del capital y presentó la siguiente (y paradójica) tesis: “En el caso de la legislación laboral, debe te-nerse en cuenta que las conquistas laborales de derecho pueden transformarse en pérdida de empleos” (C 19/5).

Mientras el editorialista de La Nación vaticinó trági-camente que la reforma de las leyes laborales “no harían más que desalentar la inversión y el empleo, además de elevar los costos laborales”. En relación con la posibilidad de resistir todo cambio en las condiciones laborales –cambios en la función realizada–, “lo que aparece como grave en el manejo de las relaciones humanas dentro de la empresa es que la decisión del empleador sea susceptible de ser cuestionada por el empleado y de hecho legalmente desobedecida, judicializándose un conflicto en muchos casos de pequeña envergadura, que antes tenía una solu-ción que respetaba el principio de autoridad en la empresa (...) Tanto la norma sancionada y promulgada como los proyectos en danza generan la sensación de cambios constantes en las reglas de juego cuando la Argentina necesita afianzar su seguridad jurídica y estimular la inversión” (LN 10/5).

Con todo esto, asistimos a la redefinición constantede la alianza social, cuya dirección burguesa se aliena jun-to a todo el capital coligado, enfrentándose “hacia dentro” de la alianza con la fracción proletaria.

La profundización de la lucha irresoluble entre el capi-tal y el trabajo establece los límites de la alianza social en cuestión, redefiniendo a ésta (fundándola y refundándo-la) constantemente.

CCooyyuunnttuurraa ppoollííttiiccaa

La Plaza del 25, tres movimientos en unoBajo el clima descrito más arriba –con la alianza social en el gobierno mostrando, por un lado, su fuerza, al enfren-tar básicamente a quienes se alinean junto a la banca in-ternacional y los sectores más concentrados del agro lo-cal y, por otro, sus límites internos en la disputa entre capital y trabajo–, el presidente Kirchner convocó a una masiva movilización popular que generó adhesiones y rechazos por doquier.

Observaremos, en primer lugar, la descripción de los posicionamientos en torno al acto, para luego pasar al análisis de la triple demostración de fuerza que realizó el gobierno: hacia fuera de la alianza social, una impre-sionante movilización popular como hacía décadas no se lograba, en apoyo a una gestión; hacia el interior de esta misma alianza, la capacidad de convocar al movi-miento obrero organizado y el pueblo en general, dán-doles a estos sectores un protagonismo que constituye una nueva configuración de fuerzas en la relación capi-tal-trabajo; por último, una definición, simbólica y dis-

cursiva, en cuanto a los espacios políticos que se dispu-tan la conducción del movimiento obrero y el pueblo en general.

Los posicionamientos en torno a la Plaza del 25 de Mayo3

Expresaron su adhesión al acto: Organizaciones políticas: • Frente Grande:“Estamos frente a un momento histórico

porque es la primera vez que el Gobierno ha generado un consenso amplio en la sociedad argentina”, Eduardo Sigal (P12 8/5)

• Gobernación de Chubut (solicitada Chubut presen-te, C 23/5)

• Gobernación de la Provincia de Buenos Aires • Frente para la Victoria

3 Cabe aclarar que sobre la totalidad de organizaciones rele-vadas y mencionadas, sólo citaremos las palabras más signifi-cativas.

Argentina 25

JUNIO DE 2006

• Compromiso K: Campaña “El 25 en la plaza cele-bramos la patria” (C 19/5)

• UCR, provincia de Corrientes: “Hoy tenemos más de 40 municipalidades radicales en Corrientes, por lo que no es la plaza del peronismo, sino una plaza de la alegría que apoya al proyecto de gobierno del presidente Kirchner”, Roberto Porcado (P12 9/5).

Organizaciones sociales:• Abuelas de Plaza de Mayo: “Voy a apoyar a una

gestión que me parece que está produciendo hechos muy buenos en corto plazo, en beneficio del país”, Estela de Carlotto (C 19/5)

• Asociación Madres de Plaza de Mayo: “Vamos a participar del acto, que es un hecho político, porque se cumplen tres años del mandato de nuestro Presidente”, Hebe de Bonafini (C 19/5)

• Federación de Tierra y Vivienda (FTV) • Movimiento Evita • Barrios de Pie • Frente Transversal Nacional y Popular. Organizaciones gremiales:• CGT, Camioneros, Gastronómicos, Uatre,

UPCN, Uocra, Plásticos, Peones de Taxis, UOM, Municipales porteños, Bancarios, Empleados de Comercio, Sanidad, La Fraternidad, Unión Fe-rroviaria, Luz y Fuerza, Alimentación, Movimien-to de Trabajadores para la Victoria (CGT y CTA), Judiciales, Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (SA-DOP/FATUN/ADUBA /FE-DUN/AMET/SAEyOEP/SOEME/ UDOCBA), Sindicato Petrolero de Córdoba, Fe-deración Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), Sindicato del Seguro.

Organizaciones empresarias:• Cámara Argentina de la Vivienda y Equipamien-

to Urbano de la Rep. Arg. (CAVERA, solicitada C 25/5).

Expresaron su rechazo al acto. Organizaciones políticas:• Compromiso para el Cambio: “Estamos en presencia

de una posible fractura de la sociedad por la excesiva obse-sión de la hegemonía de poder”, Horacio Rodríguez La-rreta (P12 16/5)

• ARI: “Es para dividir a la Nación y van a utilizar a la Iglesia para partidizar a un lugar de todos los argenti-nos”, Elisa Carrió (C18/5)

• Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST): campaña “No vayas a la plaza” (C y LN 18/5)

• Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS): “La plaza del 25 es una estafa política”, Christian Cas-tillo (LN 18/5)

• Polo Obrero (PO): “Es un intento de recuperar una plaza que hoy es propiedad de la protesta y la oposición política”, Néstor Pitrola (LN 18/5)

• PJ, San Luis: “El Gobierno no puede mostrar ninguna gestión, ninguna política que le permita alcanzar la reelec-ción”, Alberto Rodríguez Saá (C 19/5)

• PJ bonaerense: “Está imperando el miedo. El federa-lismo ha desaparecido en la Argentina”, Hilda González de Duhalde (LN 21/5)

• Recrear: “Lo mejor en estas fechas es hacer actos patrió-ticos para todos los argentinos, no para una parcialidad. Éste tiene las características de un acto partidario”, Ri-cardo López Murphy (LN 21/5)

• Partido Comunista: “El acto del 25 apuesta ‘a la con-tinuación y consolidación del modelo noventista’” (LN 23/5)

• Ucedé: “Es buscar un efecto mediático, llenar la plaza con una movilización partidaria, utilizando los dineros públicos y el aparato del gobierno”, Carlos Castellani (LN 23/5)

• UCR, bloque de Diputados: “El acto del 25 ‘es par-tidario y personalista, impulsado por Kirchner, que tiende a plebiscitar su gestión y lograr una muestra de adhesión al estilo de antaño, cuando la plaza se llenaba en las grandes manifestaciones de la Argentina’”, Fernando Chironi (LN 23/5)

• Iglesia católica: “No hay que buscar el aplauso de las masas ni quedarse con el relativo juicio de las encuestas”, monseñor Jorge Bergoglio (LN 26/5)

Organizaciones gremiales:• CTA: “Vivo con profunda consternación que un gobierno

que hace dos años hizo un festival abierto al pueblo en un contexto de transformación, llegue hoy a una plaza domi-nada por la estructura tradicional del justicialismo y el sindicalismo, comprometidos con la decadencia del país”, Claudio Lozano (LN 21/5)

• Ctera. Medios masivos de comunicación:• La Nación: “Celebrar el aniversario de nuestra Revolu-

ción de Mayo es atribución y derecho de todo argentino. No lo es, en cambio, aprovecharse de ese aniversario para darles rienda suelta a reconocidas intenciones partidarias, poniendo a disposición de ellas las estructuras estatales y los servicios públicos”, editorial “La movilización del 25 de mayo” (19/5).

Cabe destacar que la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su presidente, Héctor Méndez, se manifestó ambiguamente: “No sé quién querrá venir a la Plaza de Ma-yo. Es libertad de los empresarios decidir” (LN 23/5).

Primer movimiento: demostración de fuerza hacia “afuera” Tras estos posicionamientos anticipatorios, el día 25 de mayo se movilizaron –según estimaciones oficiales– al-rededor de 300 mil personas, lo que significó una de las

26 Coyuntura política

JUNIO DE 2006

mayores demostraciones de capacidad de convoca-toria realizadas en décadas. Demostración, en primer lugar, de cara a la disputa que observamos más arriba contra quienes se alinean con el capital financiero inter-nacional y las entidades agrarias de capital más concen-trado. En su discurso, Kirchner los identificaba borro-samente de la siguiente manera: “La lucha cotidiana contra los intereses es muy difícil y los intereses se pueden agazapar, pero quieren retomar la iniciativa”. Al mismo tiempo, la impo-nente movilización permitía legitimar un gobierno que, tal como dijo el propio Kirchner, fue el menos votado de la historia.

Tenemos que destacar también que –en contraposi-ción a la alianza social en el gobierno y como clara con-trapartida del acto del 25– el día anterior, en la plaza San Martín, un sector de la corporación militar, con or-ganizaciones internas que nuclean a oficiales en activi-dad y retirados, realizó un acto en memoria de sus ca-maradas muertos por “la subversión”, al que concurrieron alrededor de 3000 personas (LN 25/5). El acto tuvo un claro tinte opositor, al ser denominado “Plaza del No”, frente a la “Plaza del Sí” o “De la espe-ranza”, como denominaron sectores afines al gobierno a la movilización del día 25. Si bien en esta edición no analizaremos en detalle la interna militar, cabe señalar que la respuesta presidencial llegó el 29 de mayo, día del Ejército, en el que el discurso de Kirchner contuvo las siguientes afirmaciones: “Se ha incurrido en conductas, accio-nes y palabras a las que no sería temerario calificar de rayanas con la apología del delito, al reivindicar al terrorismo de Estado, tal como ocurrió el 24 de mayo en la plaza San Martín. Como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Queremos al Ejército de San Martín, Belgrano, Savio y Mosconi, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron el Ejército de Videla, Galtieri, Viola y Bignone” (LN 30/5). Ante estas palabras, varios oficiales decidie-ron dar la espalda al palco presidencial, permitiéndose además la entrada al predio del Colegio Militar de una manifestación de familiares de militares que rechazan las modificaciones impulsadas desde el Ministerio de Defensa, conducido actualmente por Nilda Garré.

Segundo movimiento: demostración de fuerza hacia “adentro” Una segunda lectura de los posicionamientos previos y de la amplia movilización nos permite observar al mo-vimiento obrero organizado y al pueblo en general co-mo principales protagonistas del hecho. Por lo tanto, hacia el interior de la alianza social que se expresa en el gobierno del Estado, esto resulta en sí mismo una re-composición de la relación de fuerzas. La misma posi-blemente tenga su expresión, en los próximos meses, en disputas tales como la reforma de las leyes laborales, hecho que venimos siguiendo detenidamente. Es explí-cita, en este sentido, la oposición que generan, en los

sectores del capital que conforman la alianza social en el gobierno, las medidas impulsadas por el actual presi-dente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, quien además es hombre de la CGT.

Tercer movimiento: la disputa por la conducción política del movimiento obrero y el pueblo en general A pesar de la crisis de representatividad que partidos y sindicatos llevan a cuestas desde hace años, el 25 de-mostró la imponente capacidad de movilización del aparato del PJ bonaerense y de otras provincias, así como de los sindicatos afines a dicho partido. Ante es-to, cobran especial significado dos hechos.

Por un lado, la presencia exclusiva en el escenario principal –como figuras centrales del acto junto al pre-sidente y su esposa– de las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo y Asociación Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, respectivamen-te.

En segundo lugar, la reivindicación histórica que con-tienen las siguientes palabras: “Hace 33 años yo estaba allá abajo, como hoy, creyendo y jugándome por mis convicciones de que un nuevo país comenzaba”, en referencia a la asunción a la presidencia de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973. “Y al final un día volvimos a la gloriosa Plaza de Ma-yo”, en clara alusión reivindicativa de aquellos sectores de la “izquierda peronista” que debieron marcharse “expulsados” por la palabra de Juan Domingo Perón el 1º de mayo de 1974 y que en el transcurso de la década del ’70 resultarían derrotados, frente a los sectores par-tidarios y sindicales vinculados a Isabel Perón, López Rega y la Triple A. Finalmente, la reivindicación de quienes dejaron su vida en la militancia de los años ’70: “En estos miles de rostros veo los rostros de los 30 mil compañe-ros desaparecidos” (LN 26/5). Estas palabras cobran un alto sentido confrontativo, esbozadas frente a la estruc-tura partidaria y sindical del PJ.

El contenido simbólico de los dos hechos menciona-dos –junto a la importante capacidad de movilización de las organizaciones sociales en las que Kirchner se apoya, y que también dijeron presente en la plaza del 25– pareciera ser puesto en juego a la hora de la disputa por la conducción política del movimiento obrero y del pueblo en general, a partir de la construcción de un movimiento social, que tendría su expresión política en la recurrente convocatoria presidencial auto-denominada “transversalidad”.