año 3 | número 51 | del 26 de octubre el 8 de noviembre de...

Año 3 | Número 51 | Del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2016 | Precio: $15

QUE SE APRUEBE LA LEY

EMERGENCIASOCIAL

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Colectivo Editorial: Federico Araya, Ulises Bosia, María Paula García, Manuel Martínez, Ignacio Gelso, Cecilia Pato, Sebastián Tafuro, Pablo Wahren. Corrección: Micaela Difalcis Diseño y diagramación: Ignacio Fernández Casas

Manuel Mendizábal. Cambio es una publicación de PATRIA GRANDE. Se realiza bajo licencia de Uso Creativo Compartido. Está permitida la copia y utilización de la obra siempre y cuando se mencione la fuente y

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Así decía una nota del diario Pá-gina/12 y luego resonó como con-signa de un hecho histórico que vivió nuestro país el pasado 19 de

octubre. #NosotrasParamos dijeron las mu-jeres, convirtiéndose, luego de las moviliza-ciones del Ni Una Menos, en una muestra contundente de lo que significa organizar la bronca. De que nos maten, de que nos vulne-ren, de que sigan reproduciéndose las bre-chas entre las vidas de ellos y las nuestras. Dijeron basta, otra vez. En forma de paro, ruidazo, vestidas de negro, de luto, de la mano junto a otras, más jóvenes, más viejas, o más tortas, más disidentes. Todas. Un grito que unió y une a muchas y sigue mostrando que las mujeres organizadas por nuestros derechos, el derecho a la vida, logramos un gran poder de articulación.

Unidad es la vocación que sigue en alto en todos aquellos que no transamos con el

macrismo. De quienes estamos convencidos que lo logrado hasta acá no alcanza. Porque el segundo semestre está cerca de terminar y los laburantes, especialmente los más vulne-rados, organizados en la economía popular, son los que vienen dando muestras de que acá no se rinde nadie. “Emergencia social” el nombre del proyecto de ley que está dis-cutiendo el Congreso, ¡vaya si no es signifi-cativo de lo que estamos diciendo! Mientras la CGT y amigos echan por tierra la amenaza del paro, para los bolsillos de un enorme sector de nuestro pueblo, las propuestas del gobierno lejos están de ser “bonitas”. Tam-poco es bonito el abandono estatal que su-pone el recorte presupuestario al desarrollo de la ciencia y la tecnología. La certeza de que en las calles estarán estas demandas. Los reveses, las traiciones, los pactos no tienen que opacar la voluntad de luchar y organizar la resistencia.

EDITORIAL

“La CGT toma el té,

las mujeres tomamos

las calles”

3Cambio Publicación quincenal de izquierda popular Año 3 Número 51 Del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2016

¡Juntas más que nunca!Dicen que Rosario es un

punto de inflexión en la historia de los ENM. Y su tercera edición no fue

la excepción: una marea de mujeres abrazó la costa del Paraná durante tres días. Provenientes del norte hasta el sur de nuestro país, de todas las edades y colores, muchas con el mango justo. Y nos encon-tramos para discutir en los talleres nuestras realidades y experiencias, sabiéndonos juntas contra la vio-lencia machista y anudándonos los pañuelos verdes por el aborto legal que salieron a la calle en el ENM, también en Rosario, trece años atrás. También marchamos llegando a ser 100 mil con un largo de más de 40 cuadras, poniéndole rostro a la feminización de la pobreza y visibi-lizando nuestros cuerpos disidentes de la hetero-norma.

La edición número 31° fue la más masiva y no fue casual. El cre-cimiento exponencial de los ENM es producto de largas décadas de lucha, creatividad y grandes es-fuerzos por caminar la unidad de nuestro movimiento de mujeres, feminista y de diversidad. Y, a pesar de los diagnósticos, es po-sible que la radicalidad propia del feminismo pueda expresarse en un sentido masivo y popular.

Sin embargo, todo avance de nuestro movimiento tiene su con-tracara, esa reacción patriarcal que se resiste a ceder. Las dos últimas movilizaciones de los encuentros fueron reprimidas y una campaña mediática contra nuestras expresio-nes dan cuenta de que, cada vez que queramos movernos de los márge-nes establecidos y de las zonas de confort, va a haber resistencia. Esto cobra una particular significación en un contexto de ajuste que nos afecta de manera diferencial a las mujeres y en el que la criminaliza-ción de la protesta nos tiene a no-sotras como terreno de ensayo de nuevos dispositivos represivos.

Hicimos el Encuentro y vamos por más feminismo popular

Contra todo pronóstico, y a pura prepotencia de trabajo, una vez más las de abajo les hicimos el Encuentro. Y fue inolvidable. Todavía nos resuenan los gritos por “Ni una menos” y por aborto legal en los cuerpos. Más de 2500 compañeras de Mala Junta de todo el país aprendimos que nuestra

mejor escuela son los encuentros, esos en los que la horizontalidad y un pueblo de mujeres soberano no son chamuyo sino una realidad. Es ahí donde hace tiempo que apren-dimos que no estamos solas y que juntas somos tan poderosas que podemos parar ese mundo que mo-vemos cotidianamente.

En este encuentro, frente a la ofensiva conservadora que pre-tende aplastar a nuestro conti-nente, nos abrazamos en un solo grito las feministas latinoameri-canas. Una vez más, reafirmamos el espacio de articulación política más amplio de nuestro país que es la Campaña Nacional por el Dere-cho al Aborto Legal Seguro y Gra-tuito. Y dimos un nuevo paso hacia adelante, dando nacimiento a la Red Federal “Ni una menos”.

Son estos aprendizajes, es esta lenta pero firme incubación de nuestras luchas lo que explica la histórica jornada del paro de mu-jeres del 19 de octubre, apenas re-gresadas del ENM. Fue la rabia y el dolor por el femicidio de Lucía, por las 19 menos en 19 días, lo que hizo que tomáramos nuevamente las ca-

lles, mostrando que estamos más vivas y organizadas que nunca.

Federalismo, horizontalidad, consenso y autogestión son los pilares que nos sostiene a las en-cuentreras. Por eso, en el cierre de este 31° ENM las rosarinas les pasamos la posta a las chaqueñas. Luchadoras incansables del no-reste de nuestro país, donde se es invisible y se sufre por ser mujer, pobre, originaria y campesina, donde se lucha por el derecho al aborto y contra los femicidios al mismo tiempo que se lucha contra el desmonte, las fumigaciones tó-xicas y la tierra que nos pertenece.

Un nuevo octubre feminista nos espera y esas miles ya estamos contagiando a otras miles más para seguir siendo protagonistas, sin pedirle permiso a nadie, rea-firmando lo que es para nosotras construir feminismo popular. Hay momentos donde no hay lugar para dioses, patrones, ni maridos. Y es momento de que esos tres días de empoderamiento rompan los moldes de la excepcionalidad y se vuelvan ese cotidiano de mu-jeres libres, lindas y locas.

31 Encuentro Nacional de Mujeres – Rosario 2016

“Frente a la ofensiva conservadora que

pretende aplastar a nuestro continente,

nos abrazamos en un solo grito

las feministas latinoamericanas.

Una vez más, reafirmamos el

espacio de articulación política más amplio

de nuestro país que es la Campaña Nacional

por el Derecho al Aborto Legal Seguro

y Gratuito. Y dimos un nuevo paso hacia

adelante, dando nacimiento a la

Red Federal “Ni una menos”.

FEMINISMO POPULAR

Por Majo Gerez Integrante de la Comisión Organizadora

El 8, 9 y 10 de octubre, las argentinas escribimos un nuevo capítulo de la historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM). En esta oportunidad, fuimos alrededor de 70 mil las que nos dimos cita en nuestra asamblea anual, ese lugar donde las protagonistas somos todas y donde ninguna es dueña.

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“El 75% del trabajo doméstico no remunerado lo realizan mujeres”

El día después del paro, tuvi-mos la oportunidad de en-contrarnos a conversar con Mercedes D’Alessandro,

economista y editora de Economía Femini(s)ta, una plataforma digital orientada a difundir información sobre economía con perspectiva de género. Charlando con ella se hace evidente que la lucha para terminar con la violencia de género se en-marca en una pelea más grande, que tiene que ver con terminar con las desigualdades de género en nuestra sociedad.

Cambio: ¿Qué es la economía feminista?

Mercedes D’Alessandro: La econo-mía feminista nació en los noventa y ya tiene bastante desarrollo teó-rico, pero está apareciendo como una necesidad más grande ahora, no solo en Argentina sino también en España, Estados Unidos y, en general, en los países donde hubo algún tipo de crisis. Y surge, princi-palmente, como una manera de ex-plicar problemas económicos que no están contenidos en las teorías económicas. Hay una economía fe-minista marxista, otra neoclásica, una heterodoxa, que reproducen, de algún modo, las miradas ideológicas que hay en disputa en el terreno de la teoría económica. Pero si tuviéramos que precisar de qué se trata, diría que pretende plantear la relevancia del trabajo reproductivo en la sociedad, que consiste desde dar a luz –que es algo biológico– hasta generar las condiciones para que un trabajador pueda vender su fuerza de trabajo. Es decir, dar de comer, limpiar el hogar, hacer la cama, etc. La cuestión es que pareciera que el trabajo repro-ductivo está circunscripto a la mujer. Pero una cosa es el trabajo de parir y dar a luz y otra cosa es algo a lo que no estamos biológicamente predis-puestas las mujeres, como limpiar, cocinar, cuidar. Eso no es biológico, es una construcción social.

C: ¿Y cómo se pueden recono-cer o “medir” estas funciones reproductivas de las mujeres?

MD: Desde ahí hay un camino en el que distintas fórmulas, por ejem-

plo la economía feminista marxista o la ligada a las políticas públicas, encuentran en el terreno del tra-bajo doméstico no remunerado –que es la forma en la que se mide esta función– el impacto que tiene la distribución asimétrica de tareas sobre las mujeres. En Argentina, por ejemplo, el 75% del trabajo do-méstico no remunerado lo realizan las mujeres. Si pensamos que una mujer, después de una jornada la-boral de ocho horas, llega a su casa y tiene que cuidar a los hijos, co-cinar, limpiar, llevarlos al médico, se convierte en una doble jornada de trabajo. Y esta doble jornada atenta contra la calidad de vida y también contra las condiciones de reproducción de las mujeres. Por-que, para hacerse cargo de todas esas tareas, la mujer deja de tener espacios de esparcimiento, tiempo libre y, muchas veces, también afecta sus condiciones de trabajo porque elige aquellos más preca-rizados, de menos horas. Ello re-percute en su salario, en su carrera laboral o profesional, en la posibi-lidad de educarse. Como dice Silvia Federici, esto que comúnmente se llama “amor de la mujer entregada a su familia” nosotras le llama-mos "trabajo no pago". Esto es lo que hay que visibilizar porque esa asimetría sigue perjudicando a las mujeres. Este es uno de los puntos fundamentales de la economía fe-minista: mostrar el problema que la desigualdad genera a las muje-res y, en base a este diagnóstico, buscar políticas que la reduzcan cada vez más: redistribución en las

tareas del hogar, políticas públi-cas en materia de cuidado –como tiene Uruguay–, jardines materna-les, equiparación de las licencias maternales y paternales. Hay un conjunto de opciones a desarrollar en materia de políticas públicas. A partir de ahí aparecen todas las cuestiones derivadas, como la bre-cha salarial, las brechas de partici-pación en el mercado; el “techo de cristal”, que es la capacidad de as-cender en jerarquías laborales; las “paredes de cristal”, que es la posi-bilidad de moverse de un trabajo a otro; los “pisos pegajosos”, que son todos los elementos que hacen que las mujeres no podamos crecer en el trabajo y siempre permanezca-mos en los mismos puestos de bajo rango, etc.

C: ¿Cuál es la realidad de nuestro país en lo que hace al mundo del trabajo y las mujeres?

MD: Lo que dicen los datos es que, cuando hay una crisis o caída de la producción, lo pagan las mujeres. Todos los recortes en los progra-mas sociales recaen en las mujeres. En nuestro país, el desempleo en las mujeres menores de 29 años es de aproximadamente el 22%, o sea, casi un cuarto de las mujeres de esa edad está sin trabajo hoy. El desempleo femenino siempre es mayor al masculino. A su vez, por ejemplo, el desmantelamiento del Plan Progresar también develó la situación de las jóvenes, que no tienen educación sexual para in-formarse sobre anticonceptivos,

que no pueden acceder al aborto porque no es legal, o que dejan de estudiar y eso las condiciona a acce-der a futuro a cualquier programa de estudio o trabajo. Si se desarman estos programas o no se elaboran nuevos con perspectiva de género, que incluyan todas estas problemá-ticas, se está discriminando a todas las mujeres que lo necesitan.

C: Y hablando de desigual-dades, pensando en la media sanción de la reforma elec-toral que incluye la paridad en los cargos electivos, ¿qué opinás al respecto?

MD: Es un avance fundamental, siempre y cuando esa paridad exprese realmente todos los pro-blemas que están por detrás. Es decir, las mujeres, aun moviéndose en la gran política, cargamos con una mirada social. A María Eu-genia Vidal, a cada lugar que va, le preguntan cómo hizo con sus hijos en la campaña, o cómo se organiza para viajar. A Mauricio Macri no le preguntan qué hace con sus hijos. A ningún hombre le preguntan cómo compatibiliza su vida personal con su vida de polí-tico. A las mujeres, sí. Estas cues-tiones también pesan a la hora de plantear un ascenso, en el que la maternidad, por ejemplo, aparece como una barrera. En los gremios y espacios sindicales también su-cede, ni hablar en las cúpulas lide-radas por varones. Por otro lado, las mujeres representan más del 40% de los trabajadores totales; sin embargo, la nueva CGT tiene solo dos mujeres en 37 secretarías. Cuando son todos varones en las conducciones, ¿dónde aparecen las reivindicaciones de las trabaja-doras? Las licencias por violencia de género, guarderías, las deman-das por sistema de cuidado, etc. Esto no tiene que plantearlo una mujer, lo puede plantear también un varón.Entonces, si no se asume la perspectiva de que todo esto es un problema de desigualdades, es difícil avanzar. Si pudiéramos dejar de lado el problema cultu-ral, aunque sean cada vez más las mujeres participando en política, siempre van a estar estos temas por resolver. Por eso, la paridad tiene que ser también discutir el

FEMINISMO POPULAR

“Mostrar el problema que la desigualdad

genera a las mujeres y, en base a este

diagnóstico, buscar políticas que la

reduzcan cada vez más: redistribución en

las tareas del hogar, políticas públicas en

materia de cuidado –como tiene Uruguay–,

jardines maternales, equiparación de las

licencias maternales y paternales. Hay un

conjunto de opciones a desarrollar en

materia de políticas públicas.

Entrevista a Mercedes D’Alessandro tras el Paro de Mujeres

Por Cecilia Pato El #NosotrasParamos resonó y escribió una página nueva del movimiento de mujeres en la historia de nuestro país. Del paro, ruidazo y movilización en numerosos puntos de la Argentina se hicieron eco mujeres de distintos países de América Latina, uniendo las voces por #NiUnaMenos: Chile, México, Bolivia, Perú, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, El Salvador; e incluso también en otros continentes: Francia, España y Estados Unidos. Ya es innegable que el movimiento de mujeres es un actor dinámico, diverso, con inmensa capacidad de movilización y con un desafiante poder de articulación. Un movimiento que, sin dudarlo y poniendo en jaque a todas las cúpulas dirigentes, toma las calles para exigir dignidad, lo que es justo: respeten nuestras decisiones y nuestros derechos, dejen de matarnos.


trabajo doméstico no remunerado, los salarios, la jubilación de la ama de casa, incluyendo un sistema de cuidado, etc. La paridad tiene que estar expresada en todas las si-tuaciones de la vida porque, de lo contrario, se sigue reproduciendo la desigualdad.

C: En este contexto, ¿qué opinión te merece el paro?

MD: Yo venía pensando en hacer una iniciativa como la del paro cuando leí el que protagonizaron las mujeres en Islandia, en 1965, en el que lograron parar el 90% de las mujeres del país; dos años después llegó la primera mujer a la presidencia. Yo insistía y todas mis amigas me decían que todavía faltaba mucho o que había que prepararlo con tiempo. Cuando

se armó la cadena de mails con la convocatoria, les pasamos todos los datos nuestros del blog, y el re-sultado fue impresionante. Desde ya, no tuvo la envergadura de Is-landia pero sí fue el primer paso después del "Ni una menos" y, junto al problema de la violencia de género que hay que combatir, tiene que ayudar a pensar el lugar que tenemos las mujeres en el sis-tema productivo. Servir de dispa-rador para discutir todas las otras cosas que decíamos antes no están en agenda, como la brecha sala-rial, la paridad. Abrió una puerta y tenemos que aprovechar: luchar contra la violencia de género pero también mirar los problemas que están detrás, qué hacer con las mujeres que no pueden dejar a sus parejas violentas porque no

tienen laburo, qué alternativas encontrar en ese sentido.

C: Por último, uno de los es-pacios por excelencia en los que se reproduce este tipo de lógicas es el académico. ¿Hay posibilidades de per-mear esta perspectiva de la economía dentro de los pro-gramas de estudio?

MD: No muchas. En Económicas de la UBA hace unos años se abrió la cátedra Economía y Género, que es optativa y se da una vez por cua-trimestre. Es la única del país y de América Latina. O sea que, en la aca-demia, no se jerarquiza esta mirada. A nivel internacional sí hay algunos cursos que empezaron a aparecer y funcionan como parches porque no están en los programas académicos.

Entonces, estamos en esa batalla, dando la discusión, porque uno de los problemas de la teoría eco-nómica es la desigualdad; y lo que encontramos es que eso, en gran parte, se explica por desigualdades de género. Es decir, en las familias de bajos recursos, las más pobres son las mujeres; entre las ricas, los más ricos son los varones. Y si hay un problema de partida en cómo se distribuye el ingreso, la brecha es mucho mayor todavía cuando mi-ramos qué nos toca a las mujeres y qué les toca a los varones. Es un problema que a la economía y a la teoría económica tiene que impor-tarle. Por eso, es importante mirar en profundidad, incorporar herra-mientas, porque estamos en una sociedad machista y cada paso sig-nifica sacarse barreras de encima. “la paridad tiene que

ser también discutir el trabajo doméstico no remunerado, los salarios, la jubilación de la ama de casa, incluyendo un sistema de cuidado, etc. La paridad tiene que estar expresada en todas las situaciones de la vida porque, de lo contrario, se sigue reproduciendo la desigualdad.

Distribución de los trabajos domésticos no remunerados

Fuente: Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo. Año 2013. Argentina

Varones: Mujeres:

San Juan. El #NosotrasParamos resonó en todo el país.

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La negociación de un tra-tado de libre comercio es un proceso largo que puede demorar varios

años. De hecho, los países de la Unión Europea y MERCOSUR llevan ya más de veinte años nego-ciando un Acuerdo de Asociación (ADA), en la práctica un tratado de libre comercio, sin llegar a un acuerdo definitivo que culmine con la firma del tratado.

Las aspiraciones de Mauricio Macri de firmar un tratado de libre comercio se enfrentan a dos obstá-culos fundamentales: el primero es la situación del MERCOSUR y el se-gundo es la disposición de los futuros socios comerciales a efectivamente firmar un tratado con Argentina.

La situación del MERCOSUR parece cada vez más cerca de re-solverse a favor de los intereses de Paraguay, Brasil y Argentina, con los intentos sostenidos de Macri y Temer para expulsar a Venezuela del bloque comercial. Esto les abriría la posibilidad de negociar tratados de libre comercio como bloque sin romper con la unidad del MERCOSUR. En septiembre, los cancilleres de Uruguay, Brasil y Argentina firmaron una declara-ción conjunta instando a la Unión Europea a concluir con las negocia-ciones del TLC entre la UE-MER-COSUR. Pero mientras Venezuela siga siendo parte del bloque y mientras la UE se encuentre parali-zada por el Brexit, las opciones de

que este acuerdo salga rápidamente siguen siendo escasas.

Estados Unidos, por su parte, aún no ratificó el TPP, por lo que es difícil que Argentina (o el MER-COSUR, para el caso) puedan in-corporarse en un futuro cercano. Esto complica la situación de la Argentina de Mauricio Macri, que quiere firmar pero no encuentra con quién. Sin ir más lejos, Uruguay ha avanzado mucho más rápido en estos últimos meses en la liberaliza-ción comercial a través de la firma de un acuerdo con Chile (aún sin ra-tificar), que Argentina. Hasta ahora, Argentina solo tiene un compro-miso de un acuerdo marco de ne-gociación con los Estados Unidos, firmado durante la visita de Obama en marzo, y su ingreso a la Alianza del Pacífico como observador. Pero esto no son más que promesas.

Sin embargo, una mirada más general sobre la situación legis-lativa hoy nos permite evaluar la estrategia que ha elegido el go-bierno argentino para avanzar en la liberalización comercial. Una de las principales exigencias de los tratados de libre comercio es que, una vez firmados, los países firmantes deben adecuar su legis-lación interna para cumplir con los pisos regulatorios mínimos que exigen los tratados.

Adecuando la legislación

A falta de interesados, el ca-mino que está siguiendo entonces el gobierno de Mauricio Macri es el inverso: como el proceso de ne-

gociación y firma de los tratados puede tomar una cierta cantidad de años, la vía más fácil y expeditiva es modificar la legislación interna de manera previa a que los tratados incluso se negocien y se rubriquen. Algunas áreas específicas donde po-demos observar esta estrategia son:• Una modificación de la ley de

semillas, con la prohibición del intercambio de semillas para es-tudio y recolección y acopio de semillas para una segunda cose-cha y procesos de fitomejorado;

• Cambios drásticos en la orien-tación general del Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), donde el director es ahora Dá-maso Pardo y el presidente de marcas y patentes José Martínez de Hoz (h). Ambos fueron abo-gados de importantes estudios jurídicos que defendieron casos de las multinacionales, y están buscando ahora ratificar el PCT (Patent Cooperation Treaty) y mo-dificar la forma en que el INPI está realizando la evaluación de las solicitudes de patentes, incluyendo prácticas de “re-verdecimiento” para patentes medicinales, lo que dificulta el ingreso de ciertas fórmulas al dominio público para que pue-dan ser fabricadas por empre-sas de medicamentos genéricos;

• Una reforma de la ley de dere-cho de autor que se está llevando a cabo con un escaso escrutinio público y a puertas cerradas entre algunos sectores interesa-dos, que busca adecuar el país a lo exigido por los convenios WCT

y WPPT, conocidos como los Tra-tados de Internet de la OMPI, que Argentina tiene firmados pero que nunca implementó.

A esto se le suma el proyecto de modificación del mercado de las telecomunicaciones, bajo la excusa de la "convergencia", el es-tablecimiento de un régimen de responsabilidad de intermediarios para Internet consecuente con las exigencias del TPP y otros proyec-tos como el proyecto de inversiones público-privadas. Este último pro-yecto sigue los lineamientos gene-rales del capítulo de inversiones del Tratado Trans Pacífico, incluye la prórroga de jurisdicción (es decir, la posibilidad de que un inversor privado demande al Estado argen-tino en un tribunal internacional) e incluye cláusulas tan concesivas para las multinacionales como la cancelación inmediata y sin que el Estado argentino apele de todos los reclamos que se hagan en tribuna-les internacionales, como el CIADI.

Una vez que la legislación in-terna haya sido adecuada a estos es-tándares, firmar los tratados de libre comercio será sólo una cuestión de mera formalidad. Con un agravante: la firma de estos tratados de libre comercio genera compromisos inter-nacionales que una vez asumidos son excesivamente difíciles de revertir. Esto limita la soberanía de los países y su capacidad de modificar su legis-lación interna o diseñar políticas pú-blicas destinadas a mejorar el empleo, incentivar la economía o cumplir con garantías fundamentales para el ejer-cicio de los derechos humanos.

“A falta de interesados, el camino que está siguiendo entonces el gobierno de Mauricio Macri es el inverso: como el proceso de negociación y firma de los tratados puede tomar una cierta cantidad de años, la vía más fácil y expeditiva es modificar la legislación interna de manera previa a que los tratados incluso se negocien y se rubriquen.

ESCENA NACIONAL

Por Evelin Heidel

Desde que asumió Macri dejó en claro que uno de los principales objetivos de su gestión era "reinsertar a Argentina en el mundo". En concreto, esto significaba tramitar el ingreso de Argentina a la Alianza para el Pacífico (AP) con vistas a firmar en un futuro el TPP, el Trans-Pacific Partnership, negociar el ingreso de Argentina al TISA, un ambicioso tratado internacional que liberaliza el sector servicios, terminar las negociaciones con la Unión Europea para firmar el Acuerdo de Asociación Unión Europea-MERCOSUR y negociar otros tratados de libre comercio con diferentes países, entre ellos México y Estados Unidos.

La estrategia para avanzar

en los TLC

Realineamiento. A partir de este año, Argentina ya es miembro observador de la Alianza del Pafícico.


No es posible entender los avances y retrocesos del sistema científico argen-tino sin analizar el de-

sarrollo histórico de nuestro país y los proyectos político-económi-cos que lo caracterizaron en cada etapa. Así se entiende, por ejem-plo, el cierre de proyectos de inves-tigación y la fuga de cerebros que significó la dictadura de Onganía con la Noche de los Bastones Lar-gos. A su vez, podemos entender así el profundo desfinanciamiento del sistema científico durante la aplicación de recetas neoliberales en la década del noventa. Y tam-bién podemos analizar el contraste de estas políticas con el fortaleci-miento en el financiamiento y la repatriación de científicos que, más allá de nuestras críticas a la orientación de su proyecto cientí-fico, fueron impulsados durante el anterior gobierno.

Por eso, así como la llegada de Macri al gobierno nacional con-vulsionó la militancia popular en nuestro país, también convulsionó amplios sectores del área de Cien-cia y Tecnología. Desde el 10 de di-ciembre pasado, somos muchos los que, con mucha preocupación, nos preguntamos cuál será el rol de la

ciencia en el proyecto político-eco-nómico del PRO.

Hasta hace unos meses, solo podíamos esbozar algunas hipó-tesis: en un modelo de país ávido por inversiones extranjeras, de apertura indiscriminada de las importaciones, de liberalización del comercio, en el que se quiere reducir el gasto fiscal y disminuir el consumo interno, el desarrollo científico no parece tener ninguna prioridad. Hace unas semanas, estas hipótesis se volvieron cer-tezas cuando el PRO presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2017, su primera propuesta pre-supuestaria nacional desde que asumió la presidencia.

El presupuesto de Ciencia en números

En estos días, el presupuesto nacional para 2017 es tema de con-versación en las mesas, oficinas y laboratorios de todo instituto, uni-versidad y organismo estatal que desarrolle investigación. Al analizar las partidas destinadas a Ciencia y Técnica (CyT), se observan graves recortes. Mientras el aumento total del presupuesto nacional es de un 50,54%, y la inflación interanual fue de alrededor de 40%, los aumentos en el área de CyT están muy por de-bajo de estos índices, lo que demues-tra que no se lo considera un sector prioritario. Por ejemplo, el aumento de presupuesto asignado a todas las entidades del área del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva es de un 18,38%. El Mi-nisterio en particular recibiría solo 2.053,53 millones de pesos en 2017 cuando el presupuesto de este año es de 3.043,55 millones, lo que im-plica un recorte nominal del 32,5%. Y reducciones similares ocurren con otros organismos del sistema cien-tífico. Todo esto significa que pro-yectos que se desarrollan hoy en día deberán suspenderse. Significa una menor cantidad de nuevos be-carios e investigadores trabajando en el CONICET y otros organismos del Estado. Significa que muchos de los que todavía estamos estudiando nuestra carrera, posiblemente, no encontremos trabajo en el sistema científico argentino. Que perdamos la oportunidad de que cientos de jóvenes formados en nuestras uni-versidades nacionales aportemos al desarrollo de nuestro país. En definitiva, para los que estudiamos carreras de ciencia, significa un re-corte para nuestro futuro.

Significa, también, que cada vez esté más lejos la posibilidad de un país soberano. Un país que pueda desarrollar su independen-cia a través de la generación de co-nocimiento propio, fomentando la industria y la producción en áreas estratégicas para el desarrollo. Significa perder la oportunidad de aportar a construir herramientas para la solución de los problemas de nuestro pueblo. Es decir, para quienes militamos todos los días por un proyecto de país soberano, sin opresores ni oprimidos, en el

que se garanticen los derechos para las mayorías populares, este recorte también significa un retro-ceso en las posibilidades de avan-zar hacia el país que soñamos.

Unidad para resistirNo podemos quedarnos de bra-

zos cruzados ante el brutal recorte de nuestro futuro. La experiencia de este año demuestra que, ante el avance del PRO sobre nuestros derechos, el camino es la lucha en amplios marcos de unidad en las calles. Como lo hicimos el 12 de mayo para enfrentar el recorte presupuestario que se imponía a las universidades nacionales y de-fender la educación pública, ahora volvemos a poner el cuerpo para defender el desarrollo científico. Desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros gremios estudian-tiles y desde nuestros gremios do-centes, venimos organizando un gran movimiento que pueda poner freno a estas políticas.

Por eso, la ciencia se pone de pie para enfrentar este ataque. Ya son más de treinta mil las ad-hesiones que recogió el petitorio #DefendamosLaCiencia impul-sado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y el jueves seremos miles frente al Congreso Nacional para mostrar que los científicos, los universitarios y los estudiantes vamos a salir a la calle a defender la ciencia cada vez que esté en peligro.

Por Agustín Eloy Martínez Suñé (presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA)

Presupuesto 2017: la ciencia en alerta

“Mientras el aumento total del presupuesto nacional es de un 50,54%, y la inflación interanual fue de alrededor de 40%, los aumentos en el área de CyT están muy por debajo de estos índices, lo que demuestra que no se lo considera un sector prioritario.

El jueves 27 de octubre se está organizando una gran convocatoria en el Congreso de la Nación, con réplicas en distintos puntos del país. Investigadores, científicos, docentes y estudiantes convocamos, en conjunto, a una concentración de la que participará un variado arco de organizaciones, gremios docentes, facultades, federaciones y centros de estudiantes mostrando en unidad que queremos defender la actividad científica, tecnológica y universitaria frente al ajuste presupuestario.

#DefendamosLaCiencia. Estudiantes, docentes y científicos unidos en defensa de la ciencia.

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Cuando a dos semanas de la multitudinaria Mar-cha Federal se montó el circo empresario del

Mini Davos, una cosa estaba clara: más allá de las inversiones que pudieran llegar en lo inmediato, el gobierno apostaba a un triunfo político para retomar la inicia-tiva. Al final de la misma semana se concretó la Audiencia Pública por el tarifazo del gas. Era un nu-barrón espeso que amenazaba la algarabía de una semana “CEO-friendly”, pero también era la po-sibilidad de dejar en el pasado el trago más amargo que bebió Cam-biemos desde su asunción. Con un piso módico de escándalo y movi-lización, el gobierno salió airoso.

Es posible ubicar por esas fe-chas un punto de inflexión. La des-aceleración de la inflación durante agosto y septiembre fue una buena nueva para el gobierno. Recesión y retracción del consumo popular mediante, una de las principales promesas de Cambiemos comenzó a hacerse realidad. El dato no es menor, porque pocos fenómenos alteran de manera más decisiva el humor social, y porque el cambio de tendencia permitió argumen-tar por qué no era necesario rea-brir las paritarias, como reclaman muchos gremios. En el sinfín de estudios de opinión que circulan semana tras semana, la inflación volvió a perder terreno contra la inseguridad.

La ayuda de la CGTEn este marco, la pulseada

con la CGT por el bono de fin de año era uno de los últimos gran-des problemas a resolver. El go-bierno ya había conseguido que, tempranamente, la moderada cú-pula sindical abandonara el pe-dido de una reapertura general de las paritarias. Luego, una vez que el gobierno se sintió sobre te-rreno más firme, logró desgastar la amenaza de paro, al punto de

convertir a la siempre postergada medida de fuerza y al triunvirato en hit satírico para las redes so-ciales. Por eso, cuando a cambio de concesiones con sabor a muy poco, la CGT finalmente estampó la firma, casi nadie pudo sorpren-derse. Más allá de la incidencia de Massa o las supuestas sugerencias vaticanas, la decisión de pactar no necesitaba de demasiadas presio-nes externas. Está inscripta en la lógica de una dirigencia sindical extraordinariamente pragmática, que además enfrenta a un go-bierno que mantiene niveles im-portantes de consenso social.

La ayudita cegetista trasciende lo sectorial. Es un empujón polí-tico de magnitud del cual tomó nota el conjunto del mapa político y otros protagonistas del reclamo social, que deberán modular sus acciones de lucha a un escenario sin paro general a la vista y con más oxígeno para el poder.

Ahora vendrá la aprobación del presupuesto. Otra vez a un precio aceptable, la alianza Cambiemos conseguirá los votos justicialis-tas y del Frente Renovador para dar curso a la propuesta oficial con escasas modificaciones. Este proyecto es una buena vidriera del objetivo de corto plazo que se puso el macrismo: ganar las elec-ciones de 2017. Repitiendo parte de la fórmula que tanto ha vilipen-diado, mantendrá el déficit fiscal y buscará que la economía repunte en base a obra pública y consumo. Claro, es difícil ganar elecciones sólo en base a malas noticias.

La fenomenal toma de deuda, que ronda los 40 mil millones de dólares en lo que va del año, y que el presupuesto anuncia que con-tinuará en 2017, es la llave maes-tra con la que cuenta el gobierno para avanzar en sus objetivos. Esto supone una tremenda hipoteca social, cuya denuncia es responsa-bilidad de todo el campo popular, pero también la postergación de enfrentamientos más decisivos que el gran capital y las finanzas pro-nostican (y reclaman) para 2018.

#NosotrasParamosNo todo fue respiro para el

gobierno en las últimas semanas. La agachada gremial no logró aca-parar todos los flashes, sino que fue opacada por un hecho de re-levancia histórica: el primer paro nacional de mujeres en Argentina. Disparado por dos nuevos y atro-ces femicidios, pero encaramado en un movimiento feminista en rotundo ascenso, el #NosotrasPa-ramos retumbó con la fuerza de la rabia y la esperanza en cada calle y plaza del país. Junto al reclamo contra la violencia de género en todas sus formas –el aglutinador central de las movilizaciones–, se hicieron oír reivindicaciones his-tóricas como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y la denun-cia de las múltiples explotaciones y opresiones que laceran cuerpos y autonomías.

Aunque poco visibilizado en los grandes medios, miles de mujeres denunciaron la doble explotación a la que son diariamente someti-das, merced al trabajo doméstico no remunerado, las enormes bre-chas salariales con los varones y el lugar particularmente sensible que ocupan a la hora de enfrentar las consecuencias de un plan de ajuste como el que aplica Cambiemos.

El paro del 19 y sus consecuen-cias desbordan ampliamente la coyuntura y sus conflictos. Expre-san un proceso de reivindicación y lucha que tiende a asumir contor-nos continentales y que, en Argen-tina, tuvo masivas expresiones con las movilizaciones del #NiUna-Menos y el último Encuentro Na-cional de Mujeres. El movimiento feminista tiene, en general, una ac-titud francamente opositora frente a un gobierno que ha hecho de la misoginia casi una bandera y en el cual concentra gran parte de sus reclamos históricos y de coyun-tura. Sin embargo, la masividad de la convocatoria cortó transversal-mente simpatías políticas y votos. El gobierno intentará utilizar esta heterogeneidad, y el carácter es-tructural y cultural de las violen-

cias denunciadas, para deslindar responsabilidades y evitar con-vertirse en contendiente de un re-clamo demasiado poderoso. Desde la derecha se intentarán colonizar reclamos, dividir y morigerar la lucha del movimiento de mujeres y la disidencia sexual. Incluso, habrá intentos de vincular la lucha contra la violencia de género al reclamo punitivista y la “lucha contra la in-seguridad”. El feminismo popular lucha denodadamente contra estos intentos y por la unidad popular en las calles con las mujeres como protagonistas centrales.

La lucha por la emergencia social

El panorama de resistencias y luchas populares no se extinguió por la claudicación del triunvi-rato. Junto con el #NiUnaMenos, aunque con menor masividad y con cierta dispersión, se siguen desarrollando una serie de luchas de vital importancia para nuestro pueblo. Dentro de ellas, destaca la agenda de los trabajadores y tra-bajadoras de la economía popular nucleados en la CTEP que tiene por delante una pelea trascendente. El proyecto de Ley de Emergencia Social, que cuenta con respaldo de todos los bloques de diputa-dos y senadores del Congreso con excepción del PRO, orientará en buena medida las últimas sema-nas del año, con el protagonismo de un sector que ya demostró su capacidad de acción en la histórica movilización del 7 de agosto, desde Liniers a Plaza de Mayo.

Al cierre de esta edición, se estaba terminando de definir la fecha concreta de una nueva mo-vilización nacional en Buenos Aires, convocada por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie para exigir la aprobación de la emergencia social. Todo indica que, además, otros sectores gremiales, políticos y sociales serán parte de la movili-zación. El reclamo está muy lejos de ser un capricho.

Desde un comienzo, venimos manifestando que la política eco-

ESCENA NACIONAL

Por Martín Ogando y Ulises Bosia

Ahora más que nunca: unidad

El acuerdo con la CGT supuso un fuerte espaldarazo para Mauricio Macri. El tercer trimestre aparecía decisivo para el gobierno, tanto para comenzar a enderezar algunos indicadores económicos, como para demostrar su capacidad de contener el conflicto social. Luego del traspié del tarifazo, la Marcha Federal

y la puja por reabrir la paritarias, el gobierno parece salir fortalecido. ¿Qué hacer hacia fin de año?

“La ayudita cegetista trasciende lo sectorial. Es un empujón político de magnitud del cual tomó nota el conjunto del mapa político y otros protagonistas del reclamo social, que deberán modular sus acciones de lucha a un escenario sin paro general a la vista y con más oxígeno para el poder.


nómica del macrismo apunta al debilitamiento de la clase traba-jadora, con el argumento empre-sarial de que es necesario reducir los “costos” de la economía para hacerla más “competitiva”. La devaluación, los tarifazos, la dis-minución de retenciones y el consiguiente salto en la inflación que determinaron generaron la pérdida de poder adquisitivo del salario –que alcanzará 10% o 12% a fin de año–, los despidos –que ya superan los 180 mil– y el aumento sensible de la pobreza –entre un millón y medio a dos millones de personas más.

Si el año que estamos termi-nando golpeó las condiciones de vida del conjunto del pueblo tra-bajador, los trabajadores y traba-jadoras de la economía popular –muchas veces excluidos hasta de las estadísticas oficiales– son las principales víctimas por la falta de derechos laborales y gremiales, la escasez de changas en los barrios, la disminución del consumo en fe-rias y mercados populares, etc.

Al mismo tiempo que se desa-rrollan las negociaciones con el gobierno para buscar paliativos im-prescindibles ante esta situación, es fundamental la claridad polí-tica planteada por la propia CTEP, como quedó planteada en el comu-nicado de prensa posterior a los anuncios oficiales de las negocia-ciones entre la CGT y el gobierno.

“Nos resulta ofensivo que el ob-jetivo explícito de las medidas sea

‘contener’ cuando lo que necesita la Argentina, y en particular nues-tros compañeros, es un desarrollo humano integral que contemple las problemáticas de los humildes del campo y la ciudad para construir un país con tierra, techo y trabajo para todos. Ninguna ‘política so-cial’ que no contemple la integra-ción urbana, la reforma agraria y la dignificación de la economía po-pular puede traer Justicia Social.”

En efecto, la tensión entre la negociación de respuestas parcia-les con el gobierno –por más insu-ficientes que sean– y la oposición a un proyecto de país excluyente y pro empresarial como el del presi-dente Macri atraviesa a todos los sectores del movimiento popular.

Los reclamos en juegoLa declaración de la emergen-

cia social, principalmente incluye, por un lado, la sanción de un Sa-lario Social Complementario que permita que todos los trabajadores y trabajadoras de la economía po-pular obtengan un complemento a los ingresos con los que cuentan. No hay ninguna justificación por la que una persona que trabaja todos los días cobre un monto menor al salario mínimo, vital y móvil. Y, por otro lado, la creación de un millón de puestos de trabajo en pequeñas obras de infraestructura y trabajos comunitarios para paliar la ola de despidos.

Además, en distintas nego-ciaciones con los ministerios de

Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación está en juego la recom-posición de los montos de los mal llamados “programas sociales” que, nombrados de esa forma, en-cubren que quienes los reciben son trabajadores y trabajadoras de los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Programa de Trabajo Auto-gestionado, programas de cons-trucción de vivienda, reciclado, infraestructura social, limpieza de arroyos, etc.; el reconocimiento del aguinaldo para todos los tra-bajadores de estos programas, de la misma manera que fue pagado el año pasado por esta misma ad-ministración nacional; el pago del bono anunciado para fin de año para los niños y niñas que reciben la AUH a través de sus padres, no por familia como se anunció sino por cada hijo como corresponde; la creación del Consejo de la Econo-mía Popular y del Registro de Tra-bajadores de la Economía Popular; y, finalmente, el otorgamiento inmediato de la obra social de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, tal como surge de la resolución 32/16 del Ministe-rio de Trabajo de la Nación y los acuerdos alcanzados en dicha re-partición durante el año en curso.

Un polo de reagrupamiento

Tras el acuerdo entre la CGT y el gobierno, que impuso el aplazo sin fecha de un paro nacional con-tra la política económica del go-

bierno, los diferentes sectores se replegaron hacia sus propias rei-vindicaciones, lo que representa un triunfo importante del gobierno.

Como PATRIA GRANDE soste-nemos la necesidad de articular a las expresiones políticas, sindica-les y populares que no pactamos con el gobierno para realizar una gran movilización nacional antes de fin de año. Sin embargo, todo indica que reagrupar en el corto plazo a los diferentes sectores que a lo largo del año apostaron a que el movimiento obrero y popular adoptara una política de confron-tación con el gobierno será una tarea muy dificultosa. Pareciera que nos dirigimos a un cierre del año caracterizado por la fragmen-tación de nuestras luchas.

En ese contexto, mientras crece la necesidad de trabajar desde todos los sectores para construir a mediano plazo una medida de fuerza amplia y contundente, como podría ser una segunda Marcha Federal o una movilización de si-milares características, la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular aparece como la principal posibilidad de lograr conquistas para los sectores más castigados de nuestro pueblo.

La movilización de mediados de noviembre será, entonces, una cita obligada para construir en las diferentes ciudades del país en las que la CTEP está presente, reagru-pando la mayor cantidad posible de fuerzas.

“Mientras crece la necesidad de trabajar

desde todos los sectores para construir

a mediano plazo una medida de fuerza amplia

y contundente, como podría ser una segunda

Marcha Federal o una movilización de similares

características, la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la

economía popular aparece como la

principal posibilidad de lograr conquistas

para los sectores más castigados de nuestro

pueblo. La movilización de mediados de noviembre será,

entonces, una cita obligada

Emergencia social. La CTEP prepara una importante movilización para mediados de noviembre para reclamar la aprobación de la Ley de Emergencia Social.

10 SINDICAL

Los y las estatales hemos sido duramente golpeados desde el minuto uno de la gestión de

Cambiemos. Se nos acusó de "ño-quis" o "grasa militante" (entre otros epítetos), una condición necesaria para, a partir de ese discurso, avan-zar sobre nuestros derechos. Los más de 11 mil despidos en la Admi-nistración Pública Nacional y los casi 40 mil, si nos extendemos al resto de niveles de gobierno, son la muestra más cruda de lo que hemos tenido que atravesar. Si a eso le sumamos que siguen arraigados altos niveles de precarización laboral, que la pa-ritaria firmada fue insuficiente para compensar la caída de nuestro sala-rio a lo largo de los últimos años y que la erradicación de determinadas políticas públicas de tinte progresivo comenzó a configurar un Estado bas-tante alejado de las necesidades del pueblo, el combo resulta demoledor.

En ese marco es que las calles y los organismos de trabajo fueron escenarios de conflictividad y resis-tencia frente a este ajuste, con un capítulo histórico el 24 de febrero en el que la Asociación de Trabaja-dores del Estado (ATE) construyó la primera gran jornada de protesta contra las políticas del macrismo, acompañada por un serie de actores sociales, sindicales y políticos que hicieron aún más potente esa movi-lización. Precisamente, es para des-tacar que fue ATE el sindicato que, aun con sus limitaciones y debates internos, se plantó en distintos ám-bitos para ponerle límites al embate

de esta derecha prepotente y enva-lentonada. Es en ATE que hemos decidido, ya desde hace un tiempo, nuclearnos con el afán de fortalecer esa herramienta gremial, desde cada sector de laburo hasta los espacios más amplios que forman parte de la vida del sindicato.

Pero este año el cambio de etapa política nos obligó a repensar nues-tras formas de inserción, siempre con el horizonte de organizar a cada vez más trabajadores y trabajado-ras del Estado. Así como estuvimos presentes en diferentes conflictos en distintas partes del país –en una de-mostración palpable del crecimiento de nuestra mirada gremial– reflexio-namos sobre la necesidad de poner todo ese acumulado en la construc-ción de una herramienta nueva que nos potencie y nos permita, con las banderas del trabajo de base, la de-mocracia sindical y la visión de un sindicalismo con perspectiva de gé-nero, ser un actor de peso al interior de los y las estatales.

Por todos los motivos preceden-tes, decidimos lanzar hace unas se-manas Estatales de Pie: una corriente nacional presente en diferentes pro-vincias que se plantea desplegar la bandera de la unidad entre los dis-tintos sectores del sindicato siendo conscientes que, en soledad, poco será lo que podamos hacer para fre-nar la magnitud del ataque al que nos han sometido (y nos quieren se-guir sometiendo). Ante una reforma regresiva del Estado –que ya avanza con su impronta modernizadora en algunos organismos– no nos pode-mos quedar de brazos cruzados. Es la hora de ponerse de pie.

El 18 de octubre se realizó el “Aprender 2016”. Este opera-tivo tuvo como fin explícito hacer una evaluación estan-

darizada de la educación y consistió en una serie de tests que se tomaron en los terceros años de la educación primaria y en los quintos y sextos años de la educación secundaria. A su vez, fueron evaluados algunos docentes, mientras que el resto tuvo que asistir a jornadas institucionales en las que se pretendió se hiciera una auto evaluación institucional de los diferentes establecimientos. En el úl-timo número de Cambio, publicamos una nota explicando qué significa el operativo Aprender 2016 y cómo se convirtió en la punta de lanza de las políticas educativas que pretenden llevar a cabo los organismos de cré-dito internacionales.

Con el Aprender recién termi-nado, todavía es temprano para hacer un balance fino. Pero pode-mos afirmar algunos puntos.

En primer lugar, la evalua-ción pasó y no pudimos frenarla. Quedará analizar el papel de las distintas centrales educativas: qué hicieron, qué no y qué pudieron haber hecho. Pero lo cierto es que el Aprender se implementó entre gallos y medianoche, por lo que el tiempo que demanda la preparación de una lucha escaseó y hubo que or-ganizarse para recibir una balacera con lo que teníamos a mano.

En segundo lugar, debemos evaluar la respuesta de la comu-nidad educativa: muchos docentes pararon, otros tantos renunciaron a ser aplicadores y varios centros de estudiantes convocaron a sen-tadas o a tomas de escuelas para oponerse a la evaluación. La falta de información fue clave para el éxito del operativo pero, a medida que se sabía lo que el Aprender verdaderamente significa, eran

más y más los que se sumaban al rechazo.

Otro punto para el análisis debe ser el rol que jugaron los medios, que hicieron lobby al preparar el terreno para la eva-luación pero que, ante la res-puesta popular, tuvieron que salir a matizar y, en muchos casos, ter-minaron preguntándose pública-mente sobre los motivos reales de este operativo.

Por último, vale balancear el envalentonamiento con el que Bu-llrich propuso la medida y cómo, después de recibir un fuerte cues-tionamiento, el Aprender quedó re-ducido –desde lo discursivo– a una mera prueba para medir el estado de la educación.

Claro que no podemos con-fiarnos ni podemos dar por ce-rrado este capítulo. Argentina se encuentra en una nueva bicicleta de endeudamiento y, como sabe-mos, los créditos internacionales siempre tienen costo en materia política, fundamentalmente en ma-teria de políticas educativas. Por-que es desde la educación que estos organismos tuercen el rumbo de los modelos productivos. Por eso, habrá que seguir luchando contra las evaluaciones estandarizadas, contra los rankings y el sistema de premio-castigo que busca instalarse en nuestra escuela. En los tiempos oscuros que se vienen, tocará sacar los guardapolvos blancos a la calle y resistir, porque nuestra educación no se vende, se defiende.

Una nueva herramienta

para afrontar la nueva etapa

Lo que el operativo Aprender nos dejó

Por Sebastián Tafuro

Por Ignacio Gelso


1. Un colectivo muy heterogé-neo frente al Congreso Na-cional dicta la consigna “Que

no te pase”. Son víctimas de algún delito, desde accidentes de tránsito hasta homicidios múltiples o trage-dias originadas por la corrupción. Sus enunciados son difusos, pero logran incorporarse al genérico “más segu-ridad y menos impunidad”, replicado por los medios tradicionales bajo la cautelosa indicación de que “no es una marcha contra el gobierno”.

2. Dos jóvenes secuestrados y torturados por prefectos en un ba-rrio pobre. Pertenecen a un medio de difusión alternativo nacido de las entrañas de ese barrio y eso per-mite visibilizar lo que con frecuen-cia es acallado. Los diarios de gran tirada lo ignoran por completo. Logran que un grupo de diputados elabore pautas de trabajo para el control institucional y comunitario de las fuerzas de seguridad.

3. Se entabla un curioso diá-logo entre estos dos episodios con-temporáneos. Se interpelan. Los referentes con un perfil más social del primer relato publican lo que, de no mediar discursos en disputa, sería evidente: los chicos de los ba-rrios periféricos también son víc-timas de delitos; los delincuentes también pueden llevar uniforme.

La seguridad y el eterno retorno

El Estado moderno lleva la se-milla de una violenta contradicción. Allí pugnan por encontrar su preca-rio punto de equilibrio dos fuerzas

opuestas: el ideal del Estado de de-recho, nunca realizado ni realizable, esa utopía en donde todos somos iguales ante la ley; y la distopía del Estado de policía, esa extensión vertical del poder de castigar que todo devora a su paso bajo la qui-mera negra de la obediencia y el aniquilamiento. Estado de derecho y Estado de policía son entelequias. Dos espadachines que se acorralan y parecieran alternadamente vencer la contienda. Pero la victoria, que pa-rece sólida, con un tris se desvanece en el aire. El árbitro de la contienda: el mercado. Una sofisticada trama económica y financiera cuyo límite entre la legalidad e ilegalidad nunca es claro y se desdibuja a medida que asciende el estatus social. Entre esos dos espadachines, uno juega de local y es amigo del referí; cuando se le da una ventaja, la sabe aprovechar muy bien por su naturaleza estructural-mente expansiva. Ese sinfín trágico tiene en escena a sus actores: algu-nos legítimos, buscando a ciegas en la nebulosa de conceptos que otros ponen sobre la mesa; algunos imper-donablemente mezquinos o cínicos, corriendo detrás del último vaivén electoral o de un jugoso negociado; y otros “haciendo lo que pueden”, en un esquema pensado para no tener solución. Porque cualquier programa punitivo resulta excesivo a la capaci-dad de acción de las burocracias en-cargadas de llevarlo a cabo que, sin intervención de la comunidad, ter-minan abandonando sus objetivos primeros para reemplazarlos por la reiteración ritual. Hay que “cabalgar contradicciones” y analizar qué po-nemos sobre esa mesa de demandas, desde una perspectiva política eman-

cipatoria decidida a ponerle el casca-bel al gato y a disputarle el programa punitivo a la peor derecha.

Razones éticas y estratégicas obligan a hacerse cargo de la discu-sión sobre el mejor y más eficiente funcionamiento de las instituciones democráticas entre las cuales se en-cuentran las que administran la po-lítica criminal. Parece asomarse una primera intuición: el abandono del Estado siempre castiga con mayor fuerza a los más vulnerables. Los más beneficiados, al menos, pueden acudir al mercado. En este caso, el próspero mercado de la seguridad.

Paradigmas y desafíos

Puede verse este enfoque en los documentos elaborados por el Acuerdo de Seguridad Democrática dentro del paradigma de la gestión de la conflictividad. El riesgo es caer en las trampas de osos de quienes ya se adelantaron –otra vez, la nueva derecha– y logran disimular el viejo relato ficcional y un poco desacre-ditado de “mano dura-más poder a la policía” pero que no llegan al hueso del conflicto para tratar de desarticularlo. Proponen la profe-sionalización de las policías, sí; pero también su autogobierno. Propician esquemas procesales con mayor in-tervención de las víctimas pero no forman a las agencias judiciales que replican los esquemas burocráticos ineficientes. Hablan de combatir el narcotráfico con radares en las fron-teras y castigan el autocultivo. Algu-nas líneas pensadas desde ahí:

1. "Para que no te pase" hay que hacer algo mucho antes de lle-gar a una denuncia. Diagnóstico,

pronóstico y medidas específicas e inespecíficas para gestionar la con-flictividad, como sucedería con la administración de cualquier otra política. Si se advierte que los he-chos que mayor impacto social cau-san están ligados a algún mercado ilegal (narcotráfico, robo automotor, entradera, trata de personas), es im-prescindible tomar medidas sobre los mecanismos que lo garantizan: acuerdos del poder territorial (las policías), lavadores de activos, etc.

2. El derecho de acceso a la justicia o a la tutela judicial efec-tiva está garantizado internacio-nalmente por los instrumentos de derechos humanos. Esta jerarquía normativa y cultural obliga no sólo a su reconocimiento interno, sino a su concepción como un mismo blo-que con las garantías del imputado, que no pueden ser elastizadas. No es posible hablar del derecho a las víctimas propiciando un discurso peyorativo sobre el garantismo o contraponiéndolo a las premisas constitucionales.

3. Estas aporías institucionales obligan a trabajar “desde y contra el Estado”. Ni el mejor sistema procesal ni la mejor política secto-rial pueden absorber la violencia sistémica de la desigualdad social. Por caso, vemos en el sistema nor-teamericano que su celeridad y su proceso desformalizado no puede evitar resultados profundamente injustos, clasistas y racistas. Es el país con mayor cantidad de pre-sos y, sin embargo, el único en el mundo que registra como fenó-meno criminal la matanza indiscri-minada en instituciones educativas. No es un dato menor.

Por Paula Casal

Entre la emergencia y la nueva mano dura

“Hay que “cabalgar contradicciones” y analizar qué ponemos sobre esa mesa de demandas, desde una perspectiva política emancipatoria decidida a ponerle el cascabel al gato y a disputarle el programa punitivo a la peor derecha.

En los últimos meses, asistimos a una nueva oleada de discusiones en torno a la seguridad e inseguridad. Aquí algunas reflexiones para analizar un tema por demás complejo que demanda soluciones urgentes.

DDHH

12

sobre su gestión sino, fundamen-talmente, en la oposición al go-bierno nacional anterior. Cuando ese elemento se corrió de la es-cena, el macrismo dejó al desnudo toda su debilidad. Sería un golpe enorme para las aspiraciones del proyecto macrista conformar una alternativa potente en la Ciudad que permita poner el eje en la ges-tión porteña.

El desafío, entonces, es descifrar qué debemos construir para lograr ese objetivo. Por eso, decidimos apostar hoy a la construcción de una nueva Plataforma Ciudadana de y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio de nuevo tipo integrado por organizaciones sociales, políticas y culturales, así como por numerosos referentes de diversas experiencias sociales y gente de a pie que en cada barrio se suma a esta propuesta.

Queremos construir un espa-cio local pero no vecinalista, un

espacio que sea mucho más que la suma de agrupamientos polí-ticos. Un espacio que pueda reu-nir a todos aquellos dispuestos a aportar su granito de arena para cambiar esta ciudad, que invite a acercarse. Que piense más en cómo ganarle a la derecha y trans-formar radicalmente la ciudad que en cómo conquistar un cargo o mantener una cuota de poder.

Cuatro causasContamos con cuatro causas

que dan nacimiento a este espacio, a ser profundizadas y dotadas de mayor sentido en el andar de una nueva política:

1) Una nueva democracia para el siglo XXI: porque votar cada cuatro años y delegar en políticos profesionales nuestra democracia no es garantía de un gobierno para las mayorías (menos que menos en tiempos de CEO-cracia), sino que es con participación, protago-

CABA

En la CABA hay una oportunidad

política para construir una

alternativa popular potente.

El lanzamiento de AHORA Buenos Aires se inscribe en esa lectura y

en los errores, déficits y tareas

pendientes del campo popular en

la Ciudad.

Vivimos tiempos difíciles. La victoria de Cambie-mos constituyó un giro profundo en la política

argentina, un verdadero cambio de etapa. Representantes directos del poder económico concentrado finalmente lograron hacerse con el poder político en nuestro país, con la decisión ya en curso de impulsar una agenda de transformaciones de corte neoliberal que barra con las conquistas y derechos alcanzados por las mayorías de nuestro país, ge-nerando al mismo tiempo condicio-nes beneficiosas para los negocios de un puñado de mega-empresas.

El objetivo es manifiesto: reini-ciar el ciclo de acumulación capita-lista bajo un nuevo “contrato” entre el capital y el trabajo: empeorar las condiciones de vida de las ma-yorías, “mal acostumbradas” a un consumo “excesivo” en los 12 años de “populismo” en nuestro país, re-orientando ese excedente hacia el gran capital. La brutal devaluación, el ajuste de tarifas, la reducción/eliminación de las retenciones, el arreglo con los buitres y el nuevo endeudamiento, la suba de las tasas de interés, las paritarias por debajo de la inflación anual, entre otras me-didas, dan cuenta de este proceso.

Poco le importaría al gobierno la situación de las clases populares si no fuese por la amenaza latente de un clima social todavía inestable y por el destacado poder de movi-lización que estas han demostrado

tener. Una mirada de más corto al-cance nos dice que Cambiemos logró recuperar la iniciativa y contener los principales reclamos (ayudado por la cúpula de la CGT), lo cual le da un margen para intentar un diciembre tranquilo. Veremos cuánto dura.

Pero la avanzada conservadora no es sólo de corte económico: esta nueva derecha entiende perfecta-mente la centralidad de la “batalla de ideas”: hay en marcha una ofen-siva cultural que busca reinstalar el discurso hegemónico neoliberal. Quieren convencernos de que el Estado sólo puede ser un factor de entorpecimiento, que la política y la militancia son “para robar”, que la soberanía nos aleja del “mundo”, que la salida es individual y merito-crática, que los derechos humanos son algo del pasado y que divide. Quieren convencernos de que no hay más alternativa que adaptarse, dialogar, conciliar. En síntesis, quieren convencernos de que no vale la pena pelear por un mundo que sea diferente.

Es frente a este contexto que, allá por abril, en el II Plenario Na-cional de Delegados de PATRIA GRANDE, sintetizamos en la frase “resistir en unidad, construir la al-ternativa” los principales ejes de ac-ción que asumimos en todo el país de cara a esta nueva etapa política. Además, en el Bicentenario de nues-tra independencia realizamos un lla-mamiento público a la construcción de una nueva “plataforma política”.

Esta propuesta lanzada pú-blicamente pretende enfrentar la pretensión del establishment de ir construyendo tendencialmente un sistema político bipartidista conservador, que cierre definiti-vamente el ciclo político anterior, que no permita cambios progresi-vos e incluso logre canalizar el des-contento social (si apareciese) sin alterar en nada el consenso de la nueva etapa.

Es esta política la que nos proponemos ensayar en la CABA a partir de la conformación de AHORA, junto a referentes socia-les (Natalia Vinelli, Jacquie Flores del MTE, Eli Gómez Alcorta, entre otros) y organizaciones del campo popular (Seamos Libres, Cienfue-gos, La Vallese, Barricada, USINA). Es un primer paso que esperamos logre ir aglutinando más fuerza a medida que vaya consolidándose. El 21 de octubre realizamos la pri-mera actividad pública del espacio con una urna gigante en el Obelisco y el lanzamiento de una “Consulta Ciudadana”.

Una hipótesis de trabajo

Partimos de una hipótesis de trabajo fundamental, quizás disrup-tiva, que enunciamos con humildad y conscientes de la dimensión de la tarea: el campo popular puede dis-putarle el gobierno de la CABA a las fuerzas neoliberales en 2019 si empezamos la tarea hoy.

A pesar de que hace más de ocho años gobierna el PRO y que ha costado, desde el campo popu-lar, encontrar una vía exitosa para construir una opción competitiva, hoy ya no reúne el consenso que tuvo en otro momento: la mitad de la ciudadanía porteña no lo votó en el último balotaje. ¿No es llamativo que, en el mejor momento político de Macri, casi pierda la Ciudad de Buenos Aires?

La explicación que ensayamos es la siguiente: la supuesta mayoría del macrismo en la CABA no está basada en una valoración positiva

Por Guido Saccal

Lanzamos AHORA Buenos Aires Una plataforma política para la Ciudad de Buenos Aires

“La supuesta mayoría del macrismo

en la CABA no está basada en una valoración positiva sobre

su gestión sino, fundamentalmente,

en la oposición al gobierno nacional anterior. Cuando ese elemento se

corrió de la escena, el macrismo dejó

al desnudo toda su debilidad. Sería un

golpe enorme para las aspiraciones del

proyecto macrista conformar una

alternativa potente en la Ciudad que permita poner el eje en la gestión

porteña.


Lanzamos AHORA Buenos Aires

nismo popular y mecanismos de participación directa que vamos a construir una democracia plena, particularmente en la CABA, for-taleciendo los mecanismos de de-cisión comunal, dando lugar a las experiencias sociales en la gestión de los problemas urbanos, empo-derando a la comunidad educativa, entre otros.

2) La defensa de todos los de-rechos sociales: porque no estamos dispuestos a retroceder en ninguna de las conquistas alcanzadas y vamos a ir por lo mucho que falta: derechos laborales, acceso a la vi-vienda, derechos de las mujeres y disidencias, el derecho a la salud y la educación, entre otros.

3) El financiamiento transpa-rente: porque queremos construir una nueva política y discutir cómo y quiénes financian las campañas y cuánto se gasta en ellas, en tiempos en que muy pocos pueden expli-car cómo se financian (porque los

financian empresarios interesados y/o utilizan dinero público del Estado).

4) La defensa de la soberanía y autonomía nacional: porque ne-cesitamos tomar nuestras propias decisiones sin condicionamientos y enfrentar la pretensión del ma-crismo de entregar nuestros recur-sos naturales, nuestro patrimonio, nuestras empresas públicas y hasta nuestro territorio (Malvinas) en pos de contar con el beneplácito de las potencias mundiales.

Apostamos por un espacio que se proponga disputar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde una óptica transformadora para hacerla justa, inclusiva, “vivible” y accesible para todos. Que pro-voque una revolución de calidad en la escuela pública, tan bastar-deada por el macrismo. Que de una buena vez invierta en la salud pública. Que se haga cargo urgen-temente de crear políticas públi-

cas para terminar con la violencia hacia las mujeres. Que enfrente el problema de la vivienda. Que de-sarrolle la cultura en los barrios.

Un espacio transformador no se puede construir si se privilegian las carreras personales o se tienen consensos básicos para cogobernar con el PRO en pos de una ciudad excluyente. Es lo que expresa Mar-tín Lousteau, que se presentó como opositor en la Ciudad, y casi se la arrebata al PRO, pero que decidió ser funcionario de primera línea de Cambiemos, agarrando la emba-jada en EEUU, mientras su bloque en la legislatura cogobierna con el PRO.

Un espacio potente no se puede construir encerrándonos en nuestras identidades, siempre parciales, siempre insuficientes, resignándonos a lo posible, o ha-ciendo de la política en la Ciudad simplemente una consecuencia de la política nacional. Esta ha sido la

política del FPV en la CABA, más preocupada por mantener su nicho y su identidad nacional que por co-laborar a conformar algo amplio que permita disputar la ciudad desde una perspectiva transforma-dora. No se puede disputar la Ciu-dad sin lo que este espacio logró aglutinar, pero únicamente con esto no alcanza.

Sabemos de nuestras limitacio-nes, pero nos proponemos supe-rarlas a partir de una herramienta que sea más difícil de marginar. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ser un objetivo en sí mismo y para eso debemos repen-sar lo que hemos hecho. Es hora de empezar este recorrido de debate desde toda la diversidad existente y contrastar ideas para avanzar desde hoy. Necesitamos más unidad.

Hoy damos solo un puntapié inicial. Esta tarea será de construc-ción permanente, nunca acabada. La Plataforma Ciudadana debe ser

una herramienta de todos aquellos y aquellas que no han encontrado ex-presión política en el último tiempo o que creen que lo hecho hasta acá fue insuficiente. Que exprese a los que todos los días resisten políticas injustas y también construyen una ciudad distinta en los barrios, los laburos, los establecimientos edu-cativos, los espacios culturales, el movimiento de mujeres. Es hora de tomar el futuro en nuestras manos.

Pretenden que nos resignemos. Les vamos a contestar con nuestro máximo optimismo y voluntad, vamos a salir a construir una voz que aspire a integrar a diversos sectores y tradiciones, y se atreva a disputar el sentido común dominante. En esa tarea estamos embarcados los com-pañeros y compañeras de PATRIA GRANDE y esperamos aportar nuestro granito de arena en esta di-fícil tarea colectiva de pensar cómo construir alternativa política en esta nueva etapa. Hacia allá vamos.

AHORA Buenos Aires. de izquierda a derecha, Sonia Lombardo, Natalia Vinelli, Itai Hagman, Eli Gómez Alcorta, Jonathan Thea, Victoria Freire y Leo Bilanski, algunos referentes de la nueva plataforma.

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recuerda el derecho del pueblo “de alterar o modificar la forma de su gobierno” y ordena a sus fuerzas el avance hacia la capital del país para deponer al gobierno neoliberal, en ese entonces en manos de Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, con la imposibi-lidad de avanzar ante el cerco mili-tar de las fuerzas federales, el EZLN fue variando progresivamente sus planteos hasta rechazar cualquier tipo de intervención en el sistema político. Esta posición le granjeó la admiración y simpatía de núcleos intelectuales y políticos ligados al au-tonomismo en todo el mundo. Tam-bién generó fricciones con quienes veían con expectativa la posibilidad de desalojar del gobierno a la dere-cha, expresada por el PRI o el PAN.

El episodio más recordado en este sentido fue la crítica pública del entonces Subcomandante Marcos (hoy Galeano) hacia el candidato Andrés Manuel López Obrador, previo a las elecciones de 2006. Esto fue interpretado como un llamado del EZLN a no votar. Finalmente, por muy pocos votos fue procla-mado ganador el liberal Felipe Calderón, en medio de graves de-nuncias de fraude electoral. Ahora, ante el anuncio de su participación electoral, López Obrador reaccionó diciendo que se trata de “una ma-

niobra para dividir a la izquierda”, aunque consideró que el EZLN “tiene todo el derecho de participar en la vida política del país”.

Debates sobre el poderLas definiciones anunciadas por

el EZLN para esta etapa, además del efecto político que puedan tener en México, implican reactivar una serie de debates en torno a la rela-ción de los movimientos populares y el poder.

En las últimas dos décadas, la organización zapatista ha dado muestras de una heroica dignidad en la construcción de organización popular. A partir de sus acciones y sus textos han logrado construir una referencia de carácter mundial, ha-ciendo su aporte al debate mundial de los problemas que tiene México, gobernado por una élite corrupta, asociada al imperialismo en sus ne-gocios más redituables: tráfico de personas, armas y narcóticos. Sin embargo, la comparación con otros procesos políticos contemporáneos de la región obliga a plantear dudas en torno a la efectividad del camino elegido, con fuerte tendencia a la au-torreferencia y enormes dificultades para construir unidad en un bloque político capaz de alterar la correla-ción de fuerzas que sufre cotidiana-mente el pueblo mexicano.

Prácticamente, en los mismos años de construcción, el pueblo ve-nezolano y el boliviano han elegido caminos diferentes entre sí pero atravesados por la decisión de parti-cipar en las elecciones democrático burguesas. Y pese a sus problemas, parece difícil afirmar que hoy estos pueblos están peor. Se ha logrado avanzar en un proceso de reivindi-cación que es enfrentado por las oligarquías locales, las empresas trasnacionales y sus agente políti-cos, agrupadas en un solo bloque.

En cambio, en estos 20 años y más desde la insurrección, el Es-tado mexicano se ha fortalecido en su rol de control social y garantía para el saqueo de su territorio. No es extraño que, a esta altura, surja la pregunta sobre qué hacer con las instituciones en un sistema en el que las elecciones, con las limitacio-nes propias del modelo “represen-tativo”, aparecen como uno de los pocos momentos en que el pueblo evalúa su relación con la política. El desafío, como en tantas otras partes, será que, a su modo y en sus condiciones específicas, las organi-zaciones puedan avanzar en la cons-trucción de herramientas de unidad que movilicen a amplios sectores del pueblo en un proyecto de liberación que pueda asumir todos los terrenos de lucha que se presenten.

NUESTRAMÉRICA

"Que retiemble en sus centros la tierra” es el título del comunicado emitido por el EZLN y por el Congreso

Nacional Indígena (CNI), organiza-ción formada en 1996 que agrupa a los zapatistas –con desarrollo en el estado de Chiapas, al sureste mexi-cano– junto a pueblos originarios de otras regiones del país.

El texto denuncia minuciosa-mente las agresiones contra las co-munidades indígenas en diferentes estados del país. Entre ellas, la inva-sión de tierras para destinarlas a pro-yectos turísticos, mineros, gasíferos, de extracción de petróleo no conven-cional (fracking), de saqueo de bos-ques para madera y de monocultivo de soja transgénica y palma africana que afectan los ríos y despojan a las familias de su fuente de subsistencia.

En lo que va del siglo XXI, la de-nominada “guerra contra el narco” y la represión a la población han de-jado un saldo de 100 mil personas asesinadas y 30 mil desaparecidas, de las cuales los 43 estudiantes de Ayotzinapa son apenas el eslabón más conocido. Sin embargo, México es un país subordinado a la política de EEUU y, en consecuencia, la co-bertura mediática nacional e inter-nacional está dirigida a presentar la situación como de normalidad ins-titucional. La OEA, siempre activa contra proyectos emancipadores, en este caso se llama a silencio, al igual que la mayoría de las ONG.

Desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen

“Considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará (…) es que este Quinto Congreso Nacional Indígena determinó ini-ciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen”, señala el EZLN.

Tras más de dos décadas de un discurso basado en la crítica a la par-ticipación institucional e, incluso, en general, a la idea de lucha por el poder, la declaración implica un cambio trascendental en el rumbo político. Porque a pesar de que el EZLN y el CNI ratifican que “nuestra lucha no es por el poder, no lo busca-mos”, inmediatamente después rea-firman el intento de construcción de un bloque político de alcance nacio-nal, al sostener que llamarán “a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías (…). Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anti-capitalista, de que paguen los culpa-bles por el dolor de los pueblos de este México multicolor”.

El planteo retoma el espíritu de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, difundida pocas horas antes del 1º de enero de 1994, en la que el EZLN apela a la Constitución,

Por Fernando Vicente Prieto

A casi 23 años de la insurrección, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) conmovió nuevamente el escenario político mexicano al informar, el 12 de octubre pasado, que lanzará una candidata indígena para las elecciones presidenciales de 2018.

México

EZLN anuncia consulta para presentarse a elecciones

“Tras más de dos décadas de un

discurso basado en la crítica a

la participación institucional e,

incluso, en general, a la idea de lucha

por el poder, la declaración

implica un cambio trascendental en el

rumbo político.


Cuando el gobierno na-cional se hizo cargo del Estado, implementó un reparto de los partidos

de Primera División entre los ca-nales privados, dejando los parti-dos de mayor rating para Telefé (Grupo Prisa) y Canal 13 (Grupo Clarín). Esto hizo que muchos hogares, en especial en varias provincias del interior del país, se perdieran de los partidos más im-portantes. Además, el reparto des-igual hizo que el Grupo América, posible aliado de la alianza de go-bierno, pusiera el grito en el cielo porque estaba quedando fuera del negocio. Pero, rápidamente, se lo incluyó en la nómina y el silencio mediático fue de ultratumba. Para ver los partidos en vivo, en HD y sin costo hay que vivir en la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires y/o tener cable.

De esta forma, el gobierno regaló sus recursos, dejándole el negocio redondo a los grandes monopolios de medios privados. Por si fuera poco, Mauricio Macri ya ratificó que, desde enero de 2017, el presupuesto no contem-plará nada para el fútbol de Pri-mera División y los canales ya aseguraron que sin la plata del Es-tado se iniciaría una nueva etapa de fútbol codificado para los ser-vicios de HD. Los hinchas debe-rán abonar un servicio adicional para seguir a sus equipos.

Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de los dirigentes del fútbol, socios del poder de turno. Con sus clubes endeudados hasta la manija, con la AFA sumida en escándalos de corrupción y renun-cias constantes y algunos dirigen-tes que son militantes activos del Pro, es bastante fácil para el go-bierno hacerse de aliados dentro de cada club.

Nadie duda que es un deporte que, al día de hoy, se ha conver-

tido en un negocio multimillona-rio grosero. Sin embargo, hasta este momento, ese negocio re-dondo tiene un límite concreto que hoy parece tener los días contados: clubes y asociaciones civiles.

Los clubes de barrio, las socie-dades de fomento y las mutuales fueron un actor fundamental en la construcción social de nuestro pueblo y nuestra nación. Hace más de 100 años que vienen traba-jando en la integración, la socia-lización y la cultura argentina. El fútbol fue creciendo y el negocio parecía no tener techo, siempre y cuando sigan existiendo los clien-tes perfectos: “los hinchas”. ¿Qué es un club sin el hincha?, se pre-guntaba Santos Discépolo en una película del año 1951. ¿Qué sería del negocio del fútbol sin el hin-cha?, podríamos decir hoy.

A pesar de los números obs-cenos, la organización de los tor-neos de la AFA sigue teniendo como cláusula fundamental que, para participar, hay que ser una organización sin fines de lucro. Los hinchas garantizaban que la rueda de la fortuna siguiera gi-rando pero no dejaba de ser un obstáculo para la inversión finan-ciera. Por eso, la década infame de los noventa y la llegada de Macri a Boca empezaron a proponer una “solución final”.

Tomando ejemplos como los de la Liga Española, la Liga In-glesa y algunos equipos de Chile o Colombia, Macri avanzó con su proyecto privatizador en el club que le abrió las puertas en 1995 y que hoy solo sigue siendo un club en los papeles. Clubes mal administrados, la “violencia” que alejaba al pueblo de las tribunas, quiebras inexplicables y un Es-tado ausente fueron el caldo de cultivo ideal para avanzar en un negocio sin “hinchas”.

Pero los gerenciamientos par-ciales y totales de la década del noventa fueron fracasos tan rotun-

dos que no pudieron instalarse. Racing, Ferro y Deportivo Espa-ñol fueron ejemplos paradigmá-ticos de la gravedad que significa privatizar un club social. El em-presario invierte y, si el negocio no funciona, se va y el club tiende a desaparecer dejando un vacío imposible de llenar.

Con el macrismo en el go-bierno, lamentablemente las So-ciedades Anónimas Deportivas ya no son un sueño lejano de los grandes empresarios, sino una posible y triste realidad. Sin el financiamiento que deja la tele-visión, los clubes van derecho a la deuda, la violencia, la quiebra y, finalmente, a justificar el único camino posible: la privatización.

Lo que hay detrás del pay per view es la quiebra de los clubes, la necesidad de los dirigentes de ven-der y de transformar a los socios en clientes. Las Sociedades Anónimas Deportivas, la Superliga y los gran-des monopolios televisivos tienen un mismo objetivo: que el fútbol sea solo para el que lo pueda pagar.

Es así como el gobierno de Cam-biemos, la AFA, los dirigentes de algu-nos clubes, las empresas multimedios de comunicación y sus periodistas más “olfas” ya firmaron el acta de de-función de nuestras asociaciones sin fines de lucro. Todos tienen razones para apoyar y escudar la privatización de la pasión que empieza por la televi-sión pero que no frena hasta que cada club sea una empresa multinacional.

¿De qué manera los hinchas po-demos organizarnos para defender nuestro derecho? ¿Nos merecemos los argentinos ver fútbol por la te-levisión abierta o, como dijo Niem-bro alguna vez, “el que quiera fútbol gratis tiene que irse a vivir a Cuba”?

Los hinchas tenemos que unirnos a pesar de la rivalidad y coordinar acciones para que los goles sigan siendo para todos y todas, para que los clubes sigan siendo de socios y socias y para que nuestro hermoso fútbol siga siendo de los y las hinchas.

DEPORTES

Por Hernán AisenbergSi había una medida antipopular que

le faltaba encarar al gobierno de

Cambiemos, esa tenía que

ver con volver a secuestrarnos los

goles en vivo, en directo y sin costo

adicional. Sin dudas que, al lado de

políticas privatistas y excluyentes en

salud, educación, trabajo o vivienda, esta regresión en

materia de derechos dentro del fútbol

parece ser menor o poco prioritaria.

Sin embargo, ¿cuán importante para los argentinos y

argentinas es lo que pase alrededor de la

redonda?

Vuelve el secuestro de los goles

“Lo que hay detrás del pay per view es la quiebra de los clubes, la necesidad de los dirigentes de vender y de transformar a los socios en clientes. Las Sociedades Anónimas Deportivas, la Superliga y los grandes monopolios televisivos tienen un mismo objetivo: que el fútbol sea solo para el que lo pueda pagar.

año 3 | número 51 | del 26 de octubre el 8 de noviembre de...

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