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Amnistía Internacional

GUATEMALA

Llamamientos contra la

impunidad: un año más

Mayo de 1998 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 34/18/98/s DISTR: SC/CO/GR (21/98)

En abril de 1997, Amnistía Internacional lanzó una campaña destinada a llamar la atención

internacional hacia la situación de los derechos humanos en Guatemala, en un momento en el que el país

emergía de un período de treinta años de conflicto armado interno. La organización examinó el legado

de violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el ejército y por sus fuerzas auxiliares

durante el período de conflicto e informó sobre los abusos documentados tras la firma, en 1994, del

Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Aunque durante este último período las violaciones de

derechos humanos disminuyeron tanto en escala como en frecuencia, el proceso de transición siguió

viéndose minado por la constante actitud de las autoridades guatemaltecas, que no parecían dispuestas a

hacer comparecer a los responsables de esas violaciones ante los tribunales.

Como parte de su campaña, Amnistía Internacional publicó 12 casos de llamamiento en el

documento Guatemala: Llamamientos contra la impunidad, Índice AI: AMR 34/03/97/s. Este

documento se centraba principalmente en las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1994 y

1996 y las utilizaba para ilustrar las constantes preocupaciones de la organización sobre Guatemala y la

amplia variedad de personas que se habían convertido en víctimas. Un rasgo común en todos los casos

abordados era la inmunidad procesal absoluta de la que disfrutaban los autores de violaciones graves de

derechos humanos. A pesar de que en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994 las

autoridades se comprometían a poner fin a la impunidad, y a pesar de que, en unas reuniones mantenidas

en 1997 con delegados de Amnistía Internacional, altos cargos del gobierno garantizaron que los

responsables de violaciones de derechos humanos comparecerían ante la justicia, los progresos llevados

a cabo en las investigaciones sobre la mayoría de los casos documentados en la circular Llamamientos

contra la impunidad en el año que ha transcurrido desde su publicación son insignificantes.

Este documento actualiza muchos de los casos expuestos en Llamamientos contra la impunidad,

e incluye tres casos adicionales. Dos de ellos —la matanza perpetrada por el ejército en 1982 en Las Dos

Erres y las violaciones de derechos humanos cometidas por un ex comisionado militar en la zona de la

comunidad de Tululché, El Quiché, en los años ochenta— incluyen un resumen de los últimos progresos

en las investigaciones judiciales y exponen los obstáculos a los que se enfrentan quienes buscan justicia.

El tercer nuevo caso analiza la pauta constante de intimidación contra los defensores de los derechos

humanos que tratan de esclarecer la verdad sobre las violaciones de dichos derechos cometidas en el

pasado.

En septiembre de 1997, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, creada como parte de los

acuerdos de paz, comenzó a recopilar información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas

durante el período de conflicto armado interno. La labor de la Comisión consiste en investigar las

violaciones de derechos humanos y los actos violentos relacionados con el conflicto armado, elaborar un

informe con los resultados de sus investigaciones y formular recomendaciones específicas para

promover la paz y la armonía nacional en Guatemala. Amnistía Internacional ha manifestado su

preocupación por el ámbito y los objetivos del mandato de la Comisión y porque el hecho de que ésta no

pueda determinar responsabilidades individuales y de que sus conclusiones no tengan carácter legal

limita seriamente su labor. Se esperaba que la Comisión publicara sus conclusiones a finales de 1998.

Amnistía Internacional considera que, para que el país avance hacia la reconciliación y hacia el

final de la violencia y de las violaciones de derechos humanos, las autoridades guatemaltecas deben

abordar el legado de violaciones de dichos derechos cometidas en el pasado. De acuerdo con los pactos

internacionales de derechos humanos, muchos de los cuales han sido ratificados por el gobierno de

Guatemala, las víctimas y sus familiares tienen derecho a la verdad y a la justicia. Eso incluye el derecho

a que se lleven a cabo investigaciones efectivas e imparciales que esclarezcan plenamente los hechos y

que den lugar a que las estructuras estatales y los individuos responsables de violaciones graves de

derechos humanos sean identificados y llevados ante los tribunales. Las autoridades guatemaltecas

tienen el deber de garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes

estatales o por individuos que actúan con el consentimiento del Estado tienen derecho a recibir una

reparación adecuada, incluida una indemnización económica, así como la asistencia médica necesaria

para que tanto las víctimas como sus familiares puedan superar las secuelas de las lesiones físicas o

psicológicas.

Este documento se ha publicado poco después del brutal asesinato, cometido el 26 de abril de

1998, de Monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala y coordinador de la Oficina de

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Su muerte se produjo tan sólo dos días

después de que presidiera la presentación del informe de un proyecto interdiocesano sobre la

Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), un estudio basado en más de 55.000 testimonios

relativos a decenas de miles de violaciones de derechos humanos sufridas por civiles no combatientes

durante el conflicto armado. Amnistía Internacional considera que el homicidio del obispo Gerardi

constituye una amenaza para el proceso de esclarecimiento histórico y para el propio proceso de paz, así

como para la labor de todos los defensores de los derechos humanos, quienes, mientras este asesinato no

se investigue exhaustivamente y los responsables tanto de ordenarlo como de cometerlo no comparezcan

ante los tribunales, no dejarán de sentirse en peligro.

Este informe resume el documento GUATEMALA: Llamamientos contra la impunidad: un año

más (Índice AI: AMR 34/18/98/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 1998. Quien desee

más información o emprender alguna acción al respecto deberá consultar el documento en su integridad.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

PALABRAS CLAVE: LLAMAMIENTOS DE AI1 / IMPUNIDAD / DEFENSORES DE LOS DERECHOS

HUMANOS1 / CAMPESINOS / ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / REFUGIADOS /

HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / PROBLEMAS DE TIERRAS /

DESAPARICIONES / NIÑOS DE LA CALLE / MATANZAS / HOSTIGAMIENTO / TESTIGOS / CLÉRIGOS -

CATÓLICOS / ESTUDIANTES / MUJERES / JUECES / POLICÍA / NIÑOS

Amnistía Internacional GUATEMALA

Llamamientos contra la impunidad:

un año más

Mayo de 1998

Índice AI: AMR 34/18/98/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1

El homicidio de los refugiados que regresan:la matanza de Xamán ................................................... 5

El homicidio de civiles a manos del ejército:el caso de «Las Majadas» ............................................. 9

La «desaparición» de Arnoldo Xi ...................................................................................................... 11

«Limpieza social» y niños de la calle:Erwin Américo Orantes Martínez y Nicolás Cruz Ruíz ......... 13

Las fosas comunes, archivos de la verdad:los cementerios clandestinos de Rabinal ........................ 15

Amenazas contra testigos, abogados y jueces:las investigaciones de Myrna Mack .......................... 17

Ataques contra los activistas rurales y de la iglesia:el caso de El Estor ............................................ 19

Muerte y malos tratos de estudiantes:Mario Alioto López Sánchez .................................................. 21

Esclarecer el pasado:amenazas contra defensores de los derechos humanos .................................... 23

La matanza de Las Dos Erres............................................................................................................. 27

La matanza de Tululché ..................................................................................................................... 29

Amnistía Internacional, mayo de 1998 Índice AI: AMR 34/18/98/s

GUATEMALA Llamamientos contra la impunidad: un año más

INTRODUCCIÓN

En abril de 1997, Amnistía Internacional lanzó una campaña destinada a llamar la atención

internacional hacia la situación de los derechos humanos en Guatemala, en un momento en el que el país

emergía de un período de treinta años de conflicto armado interno. En el informe titulado Guatemala:

¿Hasta cuándo la impunidad? (Índice AI: AMR 34/02/97/s), publicado al principio de la campaña, la

organización examinó el legado de violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el ejército y

por sus fuerzas auxiliares durante el período de conflicto e informó sobre los abusos documentados tras

la firma, en 1994, del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Aunque durante este último período las

violaciones de derechos humanos disminuyeron tanto en escala como en frecuencia, el proceso de

transición siguió viéndose minado por la constante actitud de las autoridades guatemaltecas, que no

parecían dispuestas a hacer comparecer a los responsables de esas violaciones ante los tribunales.

Como parte de su campaña, Amnistía Internacional publicó 12 casos de llamamiento en el

documento Guatemala: Llamamientos contra la impunidad, Índice AI: AMR 34/03/97/s. Este

documento se centraba principalmente en las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1994 y

1996 y las utilizaba para ilustrar las constantes preocupaciones de la organización sobre Guatemala y la

amplia variedad de personas que se habían convertido en víctimas. Un rasgo común en todos los casos

abordados era la inmunidad procesal absoluta de la que disfrutaban los autores de violaciones graves de

derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, «desapariciones», amenazas de

muerte e intimidaciones. En muchos de los casos descritos, hubo intentos reiterados de bloquear las

investigaciones ante los tribunales o de intimidar a los testigos. Ha habido casos en los que las

investigaciones judiciales han llegado a un punto muerto.

A pesar de que en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994 las autoridades se

comprometían a poner fin a la impunidad, y a pesar de que, en unas reuniones mantenidas en 1997 con

delegados de Amnistía Internacional, altos cargos del gobierno garantizaron que los responsables de

violaciones de derechos humanos comparecerían ante la justicia, los progresos llevados a cabo en las

investigaciones sobre la mayoría de los casos documentados en la circular Llamamientos contra la

impunidad en el año que ha transcurrido desde su publicación son insignificantes.

Este documento actualiza muchos de los casos expuestos en Llamamientos contra la impunidad,

e incluye tres casos adicionales. Dos de ellos —la matanza perpetrada por el ejército en 1982 en Las Dos

Erres y las violaciones de derechos humanos cometidas por un ex comisionado militar en la zona de la

comunidad de Tululché, El Quiché, en los años ochenta— incluyen un resumen de los últimos progresos

en las investigaciones judiciales y exponen los obstáculos a los que se enfrentan quienes buscan justicia.

El tercer nuevo caso analiza la pauta constante de intimidación contra los defensores de los derechos

humanos que tratan de esclarecer la verdad sobre las violaciones de dichos derechos cometidas en el

pasado.

En septiembre de 1997, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, creada como parte de los

acuerdos de paz, comenzó a recopilar información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas

durante el período de conflicto armado interno. La labor de la Comisión consiste en investigar las

violaciones de derechos humanos y los actos violentos relacionados con el conflicto armado, elaborar un

informe con los resultados de sus investigaciones y formular recomendaciones específicas para

2 Guatemala: Llamamientos contra la impunidad: un año más

Índice AI: AMR 34/18/98/s Amnistía Internacional, mayo de 1998

promover la paz y la armonía nacional en Guatemala. Amnistía Internacional ha manifestado su

preocupación por el ámbito y los objetivos del mandato de la Comisión y porque el hecho de que ésta no

pueda determinar responsabilidades individuales y de que sus conclusiones no tengan carácter legal

limita seriamente su labor. Se esperaba que la Comisión publicara sus conclusiones a finales de 1998.

Amnistía Internacional considera que, para que el país avance hacia la reconciliación y hacia el

final de la violencia y de las violaciones de derechos humanos, las autoridades guatemaltecas deben

abordar el legado de violaciones de dichos derechos cometidas en el pasado. De acuerdo con los pactos

internacionales de derechos humanos, muchos de los cuales han sido ratificados por el gobierno de

Guatemala, las víctimas y sus familiares tienen derecho a la verdad y a la justicia. Eso incluye el derecho

a que se lleven a cabo investigaciones efectivas e imparciales que esclarezcan plenamente los hechos y

que den lugar a que las estructuras estatales y los individuos responsables de violaciones graves de

derechos humanos sean identificados y llevados ante los tribunales. Las autoridades guatemaltecas

tienen el deber de garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes

estatales o por individuos que actúan con el consentimiento del Estado tienen derecho a recibir una

reparación adecuada, incluidas la rehabilitación y una indemnización económica, así como la asistencia

médica necesaria para que tanto las víctimas como sus familiares puedan superar las secuelas de las

lesiones físicas o psicológicas. Amnistía Internacional opina que el gobierno de Guatemala tiene el deber

de tomar medidas que garanticen que se pone fin a la impunidad y que se impide la repetición de

crímenes como los que se han cometido en Guatemala durante las últimas tres décadas y media.

Este documento se ha publicado poco después del brutal asesinato, cometido el 26 de abril de

1998, de Monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala y coordinador de la Oficina de

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Su muerte se produjo tan sólo dos días

después de que presidiera la presentación del informe de un proyecto interdiocesano sobre la

Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), un estudio basado en más de 55.000 testimonios

relativos a decenas de miles de violaciones de derechos humanos sufridas por civiles no combatientes

durante el conflicto armado. Amnistía Internacional considera que el homicidio del obispo Gerardi

constituye una amenaza para el proceso de esclarecimiento histórico y para el propio proceso de paz, así

como para la labor de todos los defensores de los derechos humanos, quienes, mientras este asesinato no

se investigue exhaustivamente y los responsables tanto de ordenarlo como de cometerlo no comparezcan

ante los tribunales, no dejarán de sentirse en peligro.

Guatemala: Llamamientos contra la impunidad: un año más 3




El homicidio de los refugiados que regresan:

la matanza de Xamán



Santiago Coc Pop, de 8 años

Paulo Coc Coc, de 40 años

Carlos Fernando Chop Chic, de 17 años

Abel Ramírez Pérez, de 38 años

Manuela Mateo Antonio Pascual, de 21 años

Maurilia Coc Max, de 7 años

Pedro Medina Sánchez, de 42 años

Juana Jacinto Felipe, de 39 años

Hilaria Morente de la Cruz, de 48 años

Pedro Diego Andrés, de 35 años

Andrés Miguel Mateo, de 56 años

El 5 de octubre de 1995, cuando los habitantes de Xamán, en la municipalidad de Chisec,

departamento de Alta Verapaz, se disponían a celebrar el primer aniversario de su regreso de México a

Guatemala, una patrulla del ejército del cuartel militar de «Rubelsanto» irrumpió en la comunidad y

abrió fuego indiscriminadamente contra los allí reunidos. Once personas, entre ellas dos niños, murieron

a consecuencia de los disparos, y otras treinta resultaron heridas, entre ellas tres soldados. Las

circunstancias de la muerte de varios de los refugiados retornados parecían indicar que habían sido

ejecutados extrajudicialmente. También parece ser que la incursión de las fuerzas armadas en la

comunidad era un acto de intimidación que terminó en tragedia.

Inicialmente, el caso se presentó ante un tribunal militar pero, en febrero de 1996, la Sala Quinta

de la Cámara de Apelaciones de Jalapa, en una decisión sin precedentes, ordenó la transferencia del caso

a la jurisdicción civil. En mayo de 1996, el juez encargado del caso ordenó que ocho miembros de la

patrulla, entre los que se encontraba el teniente que la mandaba, fueran liberados de la prisión y puestos

bajo arresto domiciliario o recluidos en cuarteles militares. La Corte Suprema de Justicia suspendió

temporalmente de su puesto al juez por irregularidades procesales (entre las que se incluía la decisión de

liberar a los miembros de la patrulla) y, en noviembre de 1996, los ocho soldados fueron encarcelados de

nuevo.

A lo largo de 1997 y en 1998, los procedimientos judiciales siguieron sufriendo constantes

demoras, principalmente a consecuencia de las reiteradas maniobras legales destinadas, aparentemente, a

prolongar indefinidamente el juicio, y a causa también de los intentos de los abogados de los soldados,

que trataban de sobornar a los testigos para que no declararan. En febrero de 1998, la Alianza contra la

Impunidad1 denunció una vez más los intentos del ejército de alterar el curso de la justicia. Dicha

denuncia tuvo lugar tras unos informes que indicaban que los abogados del ejército habían ofrecido

tierras a un grupo de ex habitantes de Xamán, ahora asentados en El Limón, Chisec, a cambio de que

testificaran en favor del ejército y contra quienes habían sido sus vecinos.2 Según los informes, a los

1 La Alianza contra la Impunidad fue creada en junio de 1996 por una serie de organizaciones de derechos

humanos, grupos religiosos, organizaciones de desarrollo y otras personas y grupos con el fin de impedir que se dictara

una amnistía general para los responsables de violaciones de derechos humanos.

2 Las familias que viven en El Limón pertenecen a un grupo de desplazados internos que se habían asentado

en la hacienda de Xamán antes de la llegada del grupo más numeroso de refugiados que regresaron desde México.

Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las autoridades locales y los miembros de las fuerzas de



jefes de las familias implicadas los obligaron a firmar un documento escrito en español que ellos, como

hablantes de queqchí, no pudieron comprender.

Los miembros de la comunidad de Xamán y los abogados que los defienden han seguido

sufriendo amenazas e intimidaciones. Según los informes, en 1997 las líneas telefónicas de la

comunidad se cortaron en varias ocasiones, lo cual aumentó el aislamiento y el temor de sus habitantes.

En septiembre, unos abogados de la Fundación Rigoberta Menchú que defendían a la comunidad de

Xamán recibieron amenazas anónimas en las que les advertían de que tuvieran cuidado. Al mes

siguiente, uno de los abogados recibió varias llamadas telefónicas anónimas y vio cómo su casa era

asaltada por unos individuos. En otra ocasión, alguien arrojó piedras contra el parabrisas de su

automóvil. En marzo de 1998, otro de los abogados denunció que, la noche del 21 de febrero, había sido

seguido al menos por cuatro hombres que viajaban en un automóvil blanco con cristales tintados y que,

al día siguiente, los frenos de su automóvil fallaron.

Las vistas orales contra los 24 soldados y un oficial dieron comienzo el 21 de abril de 1998.

Ese mismo día, la Fundación Rigoberta Menchú denunció diversas irregularidades en la manera en que

el tribunal de Cobán estaba manejando el caso. La Fundación declaró: «Si esas anomalías no se corrigen,

estamos convencidos que no habrá justicia en este caso, y será un ejemplo más de que en Guatemala aún

impera la impunidad ...».

seguridad están tratando de crear o avivar las divisiones entre las personas que no abandonaron sus lugares de origen

durante el conflicto o que se desplazaron dentro del país y las personas que se refugiaron en México y otros lugares y

que, al regresar, obtuvieron tierras en virtud de un acuerdo firmado en 1992 entre los representantes de los refugiados y

el gobierno de Guatemala.



QUÉ PUEDEN USTEDES HACER:

1. La publicidad sobre este caso es muy importante. Traten de despertar el interés de los medios de comunicación

locales o nacionales y distribuyan el caso ampliamente entre los grupos o individuos que, en su opinión, puedan estar

interesados en él (por ejemplo, grupos religiosos, celebridades, organizaciones de defensa del niño, etc.). Animen a sus

contactos a enviar mensajes de apoyo a la comunidad a través de la Fundación Rigoberta Menchú (véase la dirección

más adelante).

2. Escriban al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa Nacional y al comandante de la Zona Militar 21. Si ya

les han escrito anteriormente para hablar de la matanza de Xamán, expliquen que han estado siguiendo el caso muy de

cerca y hagan referencia a sus cartas anteriores. Manifiesten su preocupación porque, transcurridos más de dos años

desde la matanza, nadie ha comparecido aún ante los tribunales, y recuerden a las autoridades el compromiso expuesto

en la cláusula 3.1 del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994, según el cual «las partes coinciden en que

debe actuarse con firmeza contra la impunidad». Reiteren su preocupación por los constantes informes sobre el

hostigamiento y la intimidación de testigos, familiares y asesores legales de la comunidad y otras personas implicadas

en el caso, y sobre otros aparentes esfuerzos por alterar el curso de la justicia; pidan que esos informes sean

investigados exhaustivamente y que los responsables de los actos en cuestión sean llevados ante los tribunales. Pidan a

las autoridades que garanticen la seguridad de la comunidad de Xamán, y manifiesten su preocupación porque los

familiares de los fallecidos aún no han recibido ninguna indemnización; pidan además a las autoridades que se aseguren

de que todas las víctimas y sus familiares reciben una reparación adecuada e inmediata.

3. En sus contactos con el gobierno de su propio país y con sus representantes políticos, ínstenles a manifestar su más

profunda preocupación por las constantes demoras e irregularidades que, según los informes, están teniendo lugar en el

procedimiento judicial, así como por las constantes amenazas de muerte proferidas, según los informes, contra los

miembros de la comunidad de Xamán y los abogados de la acusación. Pídanles que, en sus reuniones con representantes

del gobierno de Guatemala, soliciten a las autoridades guatemaltecas que les mantengan informados sobre las medidas

tomadas por el gobierno para garantizar la seguridad de jueces, abogados, fiscales y testigos.

DIRECCIONES PARA LLAMAMIENTO:

Lic. Rodolfo Mendoza

Ministro de Gobernación

Ministerio de Gobernación

Despacho Ministerial, of. No. 8

Palacio Nacional, 6a Calle y 7a Avda, Zona 1

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

FAX: + 502 251 5386

Tratamiento: Sr. Ministro

Gral. Héctor Mario Barrios Zelada

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa Nacional

Avenida Reforma 2-43, Zona 10

Guatemala , GUATEMALA

FAX: +502 332 5118

Col. Edgar Justino Ovalle Maldonado

Comandante de la Zona Militar 21

Cobán, Alta Verapaz, GUATEMALA

FAX: + 502 952 1256

COPIAS A:

Sres., Fundación Rigoberta Menchú, 1a. Avenida 9-18, Zona 1, Ciudad de Guatemala

Sr. Juez, Edificio de Tribunales, Primera y Segunda Calle, Entre Primera y Segunda Avenida, Zona 1, Cobán, Alta

Verapaz, Guatemala



El homicidio de civiles a manos del ejército:

el caso de «Las Majadas»

Las investigaciones sobre el homicidio de cuatro campesinos de Las Majadas, Santa María de

Jesús, departamento de Quezaltenango, permanecen totalmente paralizadas.

El 19 de abril de 1995, Luis Orozco Cahuex, Atilio Santos Citalán, Tereso García Cotón y

Arcadio García Mazariegos salieron de su aldea de Las Majadas para cortar leña. La «desaparición» de

todos ellos ese mismo día coincidió con unas operaciones del ejército, que registraba la zona en busca de

miembros del grupo armado de oposición ahora disuelto Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

(URNG) después de una reunión política. Los testigos de la «desaparición» aseguraron haber visto a los

cuatro campesinos, custodiados por soldados, a bordo de una camioneta tipo pick-up de color rojo.

Al día siguiente, los cadáveres de Luis Orozco Cahuex y Atilio Santos Citalán fueron

encontrados en la carretera interamericana cerca de Nahualá, departamento de Sololá. Tenían las manos

atadas y, según los informes, los habían estrangulado. Los cadáveres de Tereso García Cotón y su hijo

Arcadio García Mazariegos aparecieron exactamente en las mismas condiciones, estrangulados y con las

manos atadas, en un barranco cerca la carretera interamericana, en el departamento vecino de

Quezaltenango.

La Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de

los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA) confirmó en agosto de

1995 que los campesinos habían sido detenidos en la zona controlada por el ejército. Un pick-up similar

al descrito por los testigos fue visto por unos miembros de MINUGUA en la base militar tan sólo unos

días después de los homicidios.

Las investigaciones de MINUGUA sobre los homicidios se vieron entorpecidas por la falta de

colaboración del ejército. MINUGUA no recibió autorización del Ministerio de Defensa Nacional para

entrevistar individualmente y en privado a los miembros de la patrulla militar que actuaba en la zona de

Las Majadas el 19 de abril de 1995. Las entrevistas que se concedieron tuvieron que llevarse a cabo en

presencia de un oficial de alta graduación. Además, todos los soldados entrevistados repitieron la misma

versión de los hechos, y afirmaron que los homicidios habían sido obra de delincuentes comunes. Según

los informes, los testigos del caso estaban demasiado asustados para declarar ante MINUGUA o ante las

autoridades judiciales: temían sufrir represalias si lo hacían.




1. Den publicidad al caso en los medios de comunicación locales y nacionales. Distribuyan el caso lo más ampliamente

posible e incluyan en la distribución a los individuos o grupos que recibieron la primera circular de llamamientos.

2. Escriban al ministro de Gobernación, al fiscal general de la Nación, al fiscal distrital de Quezaltenango y al

comandante de la Zona Militar 17-15. Si ya les han escrito anteriormente, expliquen que han estado siguiendo el caso

muy de cerca y hagan referencia a sus cartas anteriores. Manifiesten su preocupación porque, a pesar de los indicios que

señalan la implicación de miembros del ejército en el homicidio de [citar los nombres], nadie ha comparecido aún ante

los tribunales, y recuerden a las autoridades el compromiso expuesto en la cláusula 3.1 del Acuerdo Global sobre

Derechos Humanos de 1994, según el cual «las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la

impunidad». Pidan que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sin más demora, que se haga comparecer a los

responsables ante los tribunales y que se garantice la seguridad de testigos y familiares.


profunda preocupación porque no se ha llevado ante la justicia a los responsables del homicidio de los cuatro

campesinos de Las Majadas.








FAX: + 502 251 5386







FAX: +502 332 5118

Fiscal Distrital de Quezaltenango

3a Calle 6-51, Zona 2, Segundo Nivel

Quezaltenango, Quezaltenango

GUATEMALA

FAX: +502 761 6140

Sr. Comandante

Zona Militar Núm. 17-15

2a Avenida 1-25, Zona 3


GUATEMALA

FAX: +502 763 0226

COPIAS A:

Lic. Patricia Lainez

Procurador Auxiliar de Derechos Humanos de Quezaltenango

12 Avenida 1-05, Zona 3


GUATEMALA



La «desaparición» de Arnoldo Xi

Los presuntos responsables del secuestro y la «desaparición» de Arnoldo Xi, el 23 de marzo de

1995, no han sido detenidos, y las investigaciones permanecen paralizadas. El único testigo del secuestro

murió el año pasado.

El destacado activista rural y dirigente comunitario Arnoldo Xi «desapareció» el 23 de marzo de

1995. Fue secuestrados por unos hombres fuertemente armados que abrieron fuego contra él y contra

Prudencio Reyes Saquil cuando caminaban por una carretera cerca de la comunidad de Matucuy, Purula,

departamento de Baja Verapaz. Arnoldo Xi resultó herido y los agresores lo arrastraron a su vehículo

todoterreno y se marcharon. Su compañero logró escapar ileso.

Arnoldo Xi había participado en un disputa sobre la propiedad de la tierra entre miembros de la

comunidad de Tixila, en Purula, Baja Verapaz, y un terrateniente local que quería que los campesinos

abandonaran una tierra que reclamaba como suya. Los campesinos, que llevaban cultivando la tierra

varios años, habían cuestionado el título de propiedad del terrateniente. La víctima también era miembro

de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y vicepresidente del Comité de

Pro-Mejoramiento de Tixila.

Según un testigo, en el vehículo todoterreno conducido por los agresores viajaban dos

empleados de los ranchos «Siviljá y César Mejicanos» y «Violetas». Las organizaciones de derechos

humanos guatemaltecas afirman que el ataque con arma de fuego y el secuestro de Arnoldo Xi fueron

obra de guardias privados de seguridad armados empleados por el terrateniente. Los grupos de guardias

privados de seguridad3, compuestos a menudo por ex agentes de las fuerzas de seguridad empleados por

los terratenientes, actúan muchas veces con la colaboración y la aquiescencia de las fuerzas de seguridad

oficiales. Amnistía Internacional cree que suelen estar implicados en la intimidación, los malos tratos, las

«desapariciones» y los homicidios de los campesinos que luchan por mejorar las condiciones de trabajo

o por el derecho a la tierra. Las autoridades rara vez, por no decir ninguna, investigan adecuadamente

estos delitos.

Según los informes, a partir de los indicios hallados en la escena del crimen una persona fue

detenida en relación con la «desaparición» de Arnoldo Xi, pero fue liberada más tarde. Se dictaron

órdenes de detención contra dos empleados de los ranchos «Siviljá y César Mejicanos» y «Violetas»,

pero los sospechosos no llegaron a ser detenidos.

Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a las disputas por la propiedad de la

tierra o a cuestiones relativas a decisiones judiciales sobre la tenencia de la tierra. Sin embargo, la

organización cree que la «desaparición» de Arnoldo Xi el 23 de marzo de 1995 estuvo relacionada con

sus actividades legítimas como activista agrario y de derechos humanos.

3 Los guardias privados están «bajo el control del Ministerio de Gobernación por conducto de la Dirección

General de la Policía Nacional», artículo 8, Ley de Policías Particulares, Decreto 73-70, de octubre de 1970. Según el

artículo 14 de esa misma ley, «en los casos de aplicación de la Ley de Orden Público, las policías particulares

cooperarán directamente con Dirección General de la Policía Nacional».






2. Escriban al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa Nacional y al fiscal general de la Nación. Si ya les han

escrito anteriormente, expliquen que han estado siguiendo el caso muy de cerca y hagan referencia a sus cartas

anteriores. Manifiesten su preocupación por la «desaparición» de Arnoldo Xi y porque los responsables no han

comparecido ante los tribunales. Insten a las autoridades a llevar a cabo investigaciones de acuerdo con los Principios

de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o

sumarias y con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. Pidan a las

autoridades que garanticen que todas las fuerzas paramilitares, los ejércitos privados o los grupos criminales que actúen

fuera de la cadena de mando pero con algún tipo de respaldo o aquiescencia oficial son prohibidos y desmantelados, y

que los miembros de estos grupos que sean responsables de violaciones de derechos humanos son llevados ante los

tribunales.


profunda preocupación porque los responsables de la «desaparición» de Arnoldo Xi no han sido procesados.








FAX: + 502 251 5386







FAX: +502 332 5118

Lic. Héctor Hugo Pérez Aguilera

Fiscal General de la Nación

Ministerio Público

18 Calle 10-36, Zona 1, Cuidad de Guatemala

GUATEMALA

FAX: 502 231 7066

Sr. Fiscal Distrital de Baja Verapaz

10 Avda 3-96, Zona 1, Salamá

Baja Verapaz, GUATEMALA

FAX: +502 940 0277

Sr. Comandante

Zona Militar 4, Salamá

Baja Verapaz, Guatemala

COPIAS A:

Sres.

CONIC

8 Calle 3-18, 3er nivel, Oficina H

Zona 1, Cuidad de Guatemala

GUATEMALA



«Limpieza social» y niños de la calle:

Erwin Américo Orantes Martínez y Nicolás Cruz Ruíz

Erwin Américo Orantes Martínez murió el 23 de junio de 1995 a manos de un presunto miembro

del Departamento de Investigaciones Criminalistas (DIC) de la Policía Nacional. El hombre, que vestía

ropas de civil, se dirigió hacia Erwin Américo Orantes y otros niños que estaban robando billeteras en el

centro de Ciudad de Guatemala y disparó al aire. Los niños se dieron a la fuga, pero el hombre continuó

disparando hasta matar a Erwin Américo y herir a Nicolás Cruz Ruíz. Una de las niñas del grupo corrió

detrás del agresor, quien, según los informes, le dijo que era miembro del DIC. Los informes indican que

había varios agentes de policía presentes en el momento del incidente, pero no hicieron nada para

detener al sospechoso.

Se pidió a los testigos del incidente, incluidos varios niños de la calle, que acudieran al DIC para

identificar las fotos de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban de servicio la noche del

homicidio pero, según los informes, estaban demasiado asustados para hacerlo. Los informes indican

que este hecho se utilizó como excusa para no seguir investigando. En mayo de 1997, el caso se envió al

Ministerio Público para ser archivado y, en el momento de redactar este informe, se encontraba

archivado temporalmente. Según el Ministerio Público, el caso se archivó porque los testigos no habían

podido identificar al acusado.




2. Escriban al ministro de Gobernación y al fiscal general de la Nación. Si ya les han escrito anteriormente, expliquen

que han estado siguiendo el caso muy de cerca y hagan referencia a sus cartas anteriores. Manifiesten su preocupación

por los informes que indican que se han archivado las investigaciones sobre el incidente en el cual Erwin Orantes

Martínez fue ejecutado extrajudicialmente y Nicolás Cruz Ruíz resultó herido. Expresen también su preocupación

porque el archivo de las investigaciones parece haberse basado exclusivamente en la negativa de los niños a visitar las

oficinas del DIC y porque no parece haberse llevado a cabo ninguna investigación interna. Manifiesten su confianza en

que se reinicien las investigaciones y en que los responsables comparezcan ante los tribunales. Reiteren su petición a las

autoridades para que garanticen que se respeta el derecho de los niños a recibir toda la protección que les otorga la ley,

incluido su derecho a no ser sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes y su derecho a ser

considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad, de acuerdo con las salvaguardias establecidas para el

trato a los presuntos delincuentes juveniles, expuestas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del

Niño.


profunda preocupación porque no se ha llevado ante los tribunales a la persona responsable del homicidio de Erwin

Américo Orantes Martínez y las lesiones de Nicolás Cruz Ruíz. Pidan a su gobierno que los mantenga informados sobre

los esfuerzos que haga para asegurar que las autoridades guatemaltecas toman las medidas necesarias para garantizar la

seguridad de los niños de Guatemala.







Despacho Ministerial Of. No. 8

Palacio Nacional 6a Calle y 7a Avenida,

Zona 1


FAX: 502 251 5368



Ministerio Público


GUATEMALA

FAX: 502 231 7066

COPIAS A:

Sres.

Casa Alianza

Apartado Postal 2704

Cuidad de Guatemala, GUATEMALA



Las fosas comunes, archivos de la verdad:

los cementerios clandestinos de Rabinal

Entre 1994 y 1995, la Coordinadora de Maya Achi de Viudas, Huérfanos y Desplazados de Baja

Verapaz presentó ante el Ministerio Público más de 27 denuncias relativas a la existencia de cementerios

clandestinos en Rabinal. A principios de octubre de 1997, el grupo presentó ante la fiscalía de Salamá

otras 30 denuncias formales en las que exponía la existencia de otros 24 cementerios clandestinos en

Rabinal.

Se cree que los 24 cementerios clandestinos denunciados en octubre de 1997 contenían los

restos de al menos 175 personas muertas en las matanzas llevadas a cabo por miembros del ejército

guatemalteco y de sus fuerzas auxiliares entre 1981 y 1982. Según los informes, una de las fosas

contiene 67 cadáveres.

Las denuncias piden que se designe a fiscales especiales que inicien las investigaciones para

poder comenzar las exhumaciones sin más demora. Muy pocos de los cementerios clandestinos de

Rabinal denunciados por las organizaciones de derechos humanos desde 1994 han sido excavados y, en

los casos en los que sí lo han sido, ninguna de las exhumaciones ha dado lugar al procesamiento de los

responsables de planear, autorizar o cometer los homicidios; además, los esfuerzos judiciales realizados

para que se iniciaran o se continuaran las exhumaciones se han caracterizado por una falta total de

cooperación por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad.

El ejército y sus fuerzas auxiliares cometieron centenares de ejecuciones extrajudiciales en gran

escala, especialmente a finales de los setenta y principios de los ochenta. Muchas de las víctimas fueron

torturadas antes de morir, y miles de cadáveres no identificados fueron arrojados sin más a fosas sin

señalar. Las estimaciones actuales calculan que en Guatemala hay más de quinientos cementerios

clandestinos. Durante muchos años resultó imposible llevar a cabo exhumaciones por temor a represalias

contra los supervivientes o los familiares de los muertos o los «desaparecidos». A finales de los ochenta

y principios de los noventa se realizaron algunas exhumaciones, aunque muy escasas, en zonas

montañosas remotas. En su mayoría, estas exhumaciones se caracterizaron por lo inadecuado de sus

procedimientos, por las denuncias de que se estaban eliminando y destruyendo pruebas procedentes de

los enterramientos secretos y por las amenazas de muerte y los intentos de secuestro contra quienes

participaban en las exhumaciones.

Amnistía Internacional ha recibido información sobre la existencia de decenas de cementerios

clandestinos que aún no han sido denunciados ante las autoridades porque los familiares de las víctimas

temen sufrir represalias de los agentes de las fuerzas de seguridad responsables de las «desapariciones»

y los homicidios. En algunos casos, los presuntos responsables son ex miembros de patrullas civiles que

viven en las mismas comunidades o localidades que los familiares de las víctimas o en zonas vecinas.






2. Escriban al fiscal distrital de Baja Verapaz, al comandante de la Zona Militar 4, al ministro de Defensa Nacional y al

ministro de Gobernación. Si ya les han escrito anteriormente, expliquen que han estado siguiendo el caso muy de cerca

y hagan referencia a sus cartas anteriores. Insten a las autoridades a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e

imparciales sobre todos los informes relativos a cementerios clandestinos y a llevar a cabo las exhumaciones sin

demora, de acuerdo con el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las

Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. Hagan hincapié en la necesidad de que se lleven a cabo

investigaciones exhaustivas sobre la tortura y los homicidios cometidos por el ejército y sus fuerzas auxiliares en la

municipalidad de Rabinal, Baja Verapaz, a finales de los setenta y principios de los ochenta, y hagan constar que es

imprescindible que los responsables comparezcan ante los tribunales. Insten a las autoridades a garantizar que los

familiares de las víctimas reciben una indemnización, y pídanles que garanticen la integridad física de todos los que

participan en las exhumaciones y en las investigaciones sobre las matanzas. Insten a que se investigue cualquier

denuncia de intimidación.


profunda preocupación porque los responsables de las matanzas cometidas en Rabinal no han sido procesados. Pidan a

su gobierno que los mantenga informados sobre los esfuerzos que haga para asegurar que las autoridades guatemaltecas

toman todas las medidas necesarias para garantizar que los responsables de las matanzas no escapan a la acción de la

justicia, que se llevan a cabo las exhumaciones sin demora y de acuerdo con el Manual de las Naciones Unidas sobre la

Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y que los familiares de las

víctimas reciben una reparación.





Palacio Nacional, 6a calle y 7a Avda, Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala

FAX: +502 251 5368






FAX: +502 332 5118

Lic. Fredín Fernández

Fiscal Distrital de Baja Verapaz

10 Avda 3-96, Zona 1, Salamá

Baja Verapaz, GUATEMALA

FAX: +502 940 0277

Tratamiento: Sr. Fiscal Distrital

COPIAS A:

Coordinadora de Maya Achi de Viudas, Huérfanos y Desplazados de Baja Verapaz/3a Calle 3-77/Zona 4/Rabinal/Baja

Verapaz/Guatemala

Lic. Eliseo López Rodríguez/Juez de Primera Instancia/Edificio Tribunales Salamá/Baja Verapaz/Guatemala

Sr. Procurador Auxiliar de Derechos Humanos/7Ave 4-50/Zona 1/Salamá/Baja Verapaz/Guatemala



Amenazas contra testigos, abogados y jueces:

las investigaciones de Myrna Mack

El juicio contra los tres agentes de la policía militar acusados de ordenar el homicidio de Myrna

Mack Chang ha seguido sufriendo prolongadas demoras. Los agentes presentaron dos peticiones de

amnistía en virtud de la Ley de Reconciliación Nacional, pero las dos fueron rechazadas. En agosto de

1997, la Corte de Constitucionalidad anuló un fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual los tres

agentes debían ser juzgados en virtud del Código Procesal Penal anterior. Si el juicio se hubiera llevado

a cabo de acuerdo con ese código, los procedimientos habrían tenido lugar a puerta cerrada y las

posibilidades de presentar pruebas y testimonios habrían sido muy limitadas. Según el nuevo código, los

tres agentes pueden ser juzgados en público en una vista oral.

Myrna Mack murió apuñalada en Ciudad de Guatemala en septiembre de 1990. En aquel

momento estaba llevando a cabo unos estudios pioneros sobre los efectos del conflicto armado en el

desplazamiento de las poblaciones rurales. En febrero de 1993, un ex sargento fue declarado culpable de

su asesinato y condenado a veinticinco años de prisión. Un año después, los tribunales iniciaron

procedimientos judiciales contra tres oficiales militares de alta graduación que, al parecer, habían

ordenado el asesinato.

Los testigos, los abogados y los jueces implicados en el caso han recibido amenazas de muerte.

En febrero de 1997, Gustavo Adolfo Albizures Estrada, Clara Arenas y la hermana de Myrna Mack,

Helen Mack, todos ellos miembros de AVANCSO (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales

en Guatemala), sufrieron una serie de agresiones, amenazas de muerte e intimidaciones a manos de

presuntos miembros de las fuerzas de seguridad. Las personas que colaboran con AVANCSO llevan

sufriendo ataques de presuntos miembros de las fuerzas de seguridad desde principios de los años

noventa. Tanto las amenazas de muerte como las intimidaciones contra el personal de AVANCSO han

estado sistemáticamente ligadas a los procedimientos judiciales sobre el caso de Myrna Mack, una de las

fundadoras de AVANCSO.


1. Den publicidad al caso en los medios de comunicación locales y nacionales. Distribuyan el caso lo más

ampliamente posible e incluyan en la distribución a los individuos o grupos que recibieron la primera circular de

llamamientos.

2. Escriban al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa Nacional y al fiscal general de la Nación. Si ya les han

escrito anteriormente, expliquen que han estado siguiendo el caso muy de cerca y hagan referencia a sus cartas

anteriores. Reiteren su preocupación porque, transcurridos más de siete años desde la ejecución extrajudicial de Myrna

Mack, la mayoría de las personas implicadas en su homicidio no han comparecido ante los tribunales, y recuerden el

artículo 3.1 del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994, que dispone que «las partes coinciden en que debe

actuarse con firmeza contra la impunidad». Expresen su preocupación por las amenazas de muerte contra los testigos,

los abogados y los jueces que participan en la investigación sobre la muerte de Myrna Mack y pidan a las autoridades

que investiguen esas amenazas y lleven a los responsables ante los tribunales.


profunda preocupación porque los responsables del homicidio de Myrna Mack Chang no han sido procesados. Pidan a

su gobierno que los mantenga informados sobre los esfuerzos que haga para plantear el caso ante las autoridades

guatemaltecas. Pídanle también que, en sus reuniones con representantes del gobierno de Guatemala, soliciten que se



les mantenga informados sobre las medidas tomadas para garantizar la seguridad de los jueces, abogados, fiscales y

testigos, y que se aplique en su totalidad el Decreto 70-96, relativo a la protección de estas personas.







Palacio Nacional, 6a calle y 7a Avda,

Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

FAX: +502 251 5368






FAX: +502 332 5118



Ministerio Público


GUATEMALA

FAX: 502 231 7066

COPIAS A:

Fundación Myrna Mack

6a Calle 1-36

Zona 10

Edificio Valzari Of.504




Ataques contra los activistas rurales y de la iglesia:

el caso de El Estor

Los activistas rurales de la municipalidad de El Estor, en la zona este del departamento de Izabal,

han seguido sufriendo actos de intimidación y hostigamiento. El 24 de enero de 1997, Rosa Pec Chub,

de 57 años de edad, resultó muerta cuando decenas de individuos fuertemente armados —guardias de

seguridad privados y otros empleados de un terrateniente local— irrumpieron en la comunidad de El

Sauce disparando indiscriminadamente. El hijo de Rosa Pec, Juan Rax Chub, también resultó herido en

el incidente, en el que se destruyeron casas, cosechas y la capilla de la comunidad. Posteriormente se

dictaron órdenes de detención contra el terrateniente local, quien, según los informes, fue el autor de los

disparos que mataron a Rosa Pec e hirieron a su hijo; también se dictaron órdenes de detención contra

otros hombres implicados en el ataque.

Amnistía Internacional cree que el terrateniente actuó con la complicidad o la aquiescencia de

las autoridades locales, que no tomaron las medidas necesarias para impedir el ataque y garantizar la

seguridad de los campesinos a pesar de que, según los informes, sabían que el ataque podía tener lugar.

Las autoridades locales tampoco ejecutaron las órdenes de detención dictadas contra el terrateniente y

contra los demás hombres, y no impidieron que tanto el terrateniente como sus guardias de seguridad

privados siguieran hostigando a los campesinos. Durante 1997 circularon rumores de que se estaba

planeando otro incidente similar al que causó la muerte de Rosa Pec y, en enero de 1998, Amnistía

Internacional volvió a manifestar su preocupación por la seguridad de unas ochenta personas que vivían

en El Sauce, a raíz de los informes que indicaban que el terrateniente había visitado la comunidad

acompañado de secuaces armados y había intimidado a los habitantes.

El terrateniente en cuestión afirma que las tierras ocupadas por la comunidad le pertenecen y, en

diciembre de 1997, denunció oficialmente a la comunidad por apropiación de tierras. Aunque Amnistía

Internacional no adopta postura alguna respecto a los conflictos sobre la propiedad de la tierra ni

respecto a las decisiones judiciales relativas a esa cuestión, la organización considera que la constante

campaña de hostigamiento contra la comunidad de El Sauce constituye un intento deliberado de

intimidar a los campesinos para que abandonen las tierras y renuncien a su derecho legítimo de plantear

su demanda sobre la propiedad de esas tierras.

Los activistas rurales y los miembros de la iglesia que los ayudan a plantear sus casos para

conservar tierras que son reclamadas por intereses empresariales, autoridades locales o grandes

terratenientes han sido en muchas ocasiones víctimas de amenazas de muerte y hostigamientos por parte

de miembros de las fuerzas de seguridad y guardias de seguridad privados. En el caso de El Estor,

Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos sobre intimidaciones contra activistas rurales.

Durante una manifestación celebrada en junio de 1995 por los miembros de la comunidad de El Estor

para reclamar su derecho a la tierra, Carlos Lee Juc, activista comunitario de Rubelpec, El Estor, murió

acuchillado. Al parecer, un comisionado militar hirió a otro campesino que participaba en la protesta y

amenazó con matar a tres miembros del comité de derechos humanos de la comunidad. El padre Daniel

Joseph Vogt, que ayuda a la comunidad de El Estor en sus conflictos de tierras, ha sido víctima de

constantes amenazas de muerte anónimas, y las autoridades locales han intentado desacreditar su trabajo

presentando cargos falsos en su contra. Otros miembros de la parroquia han sido también amenazados y

acusados de ser «guerrilleros».




1. Den publicidad al caso en los medios de comunicación locales y nacionales. Distribuyan el caso lo más

ampliamente posible e incluyan en la distribución a los individuos o grupos que recibieron la primera circular de

llamamientos. Es posible que los grupos religiosos estén especialmente interesados en participar.

2. Escriban al ministro de Gobernación, al fiscal general de la Nación, al fiscal distrital de Izabal y al gobernador de

Izabal. Manifiesten honda preocupación por las demoras en la investigación sobre el ataque lanzado el año pasado

contra la comunidad de El Sauce, en el cual Rosa Pec resultó muerta y su hijo herido. Pidan a las autoridades que lleven

a los responsables ante los tribunales. Expresen también su preocupación porque en la comunidad de El Sauce, El Estor,

departamento de Izabal, los guardias de seguridad privados parecen actuar con impunidad, y pidan que se tomen

medidas para garantizar plenamente la vida y la integridad física de todos los habitantes de El Sauce y de los miembros

de la iglesia que los respaldan. Insten a las autoridades a tomar medidas para prohibir o desmantelar los grupos que

actúan fuera de la ley y para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.

3. Escriban a sus representantes políticos y pídanles que planteen las preocupaciones expuestas más arriba al gobierno

de su propio país. Escriban al ministro de Asuntos Exteriores de su país y pídanle que plantee el caso a los

representantes del gobierno de Guatemala.





Despacho Ministerial, Of. No. 8

Palacio Nacional, 6a Calle y 7a Avda, Zona 1, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Fax: + 502 251 5368



Ministerio Público

6a Avenida 3-11, Zona 4, Guatemala, GUATEMALA

Fax: +502 231 7066

Gobernador Departamental de Izabal

7 Calle y 1 Avenida, Puerto Barrios, Izabal Guatemala

Fax: + 502 948 0777 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)

Lic. Ramón García Stany

Fiscal Distrital

Ministerio Público

Puerto Barrios, Izabal, Guatemala

Tratamiento: Sr. Fiscal Distrital

COPIAS A:

Parroquia San Pedro, 18003 El Estor, Izabal, Guatemala



Muerte y malos tratos de estudiantes:

Mario Alioto López Sánchez

Pensábamos que la justicia iba a ser igual para todos, pero ahora no lo parece

Mario Alioto López, padre de Mario Alioto López Sánchez, noviembre de 1997

El estudiante Mario Alioto López Sánchez, de 18 años, murió el 12 de noviembre de 1994 en el

hospital Roosevelt, un día después de ser herido en la pierna por un disparo realizado por un miembro

de las fuerzas de seguridad. Había tenido un hijo dos semanas antes. El disparo en la pierna lo recibió

cuando un contingente de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), la policía antidisturbios, irrumpió en

el campus de la Universidad de San Carlos para disolver una manifestación estudiantil. Los testigos

declararon que los policías habían atacado con gas lacrimógeno a los estudiantes y habían abierto fuego

contra ellos con armas automáticas. Decenas de estudiantes resultaron heridos, algunos de ellos de bala y

otros a causa de las patadas y los golpes con largos palos de madera.

Los informes sobre la causa de la muerte de Mario Alioto eran contradictorios, pero el temor se

suscitó cuando el entonces procurador general de la Nación, Acisclo Valladares Molina, declaró que la

versión oficial de la muerte de este estudiante «no corresponde con la realidad».

El 30 de julio de 1997, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a dos agentes en relación

con el caso de Mario Alioto López: a uno lo condenó a treinta años de prisión por golpear al estudiante y

a otro a diez años de prisión por disparar contra él. El tribunal condenó además a tres ex altos cargos del

gobierno, un ex ministro de Gobernación, un ex viceministro de Gobernación y un ex jefe de policía, a

diez años de cárcel tras declararlos culpables de homicidio preterintencional4 por no tomar medidas que

podrían haber evitado la muerte del estudiante.

Posteriormente, se presentó un recurso contra las sentencias basado en una serie de motivos. El

alegato contra las declaraciones de culpabilidad incluía el argumento legal de que sólo podía acusarse de

homicidio preterintencional al agente de policía presente en la manifestación que dio la orden de abrir

fuego, y que no existían pruebas de que los oficiales de rango superior tuvieran intención de causar la

muerte de Mario Alioto cuando ordenaron la operación.

El 28 de octubre de 1997, los tres ex altos cargos gubernamentales fueron absueltos por una

corte de apelación y puestos en libertad sin condiciones. La corte también modificó los cargos contra el

policía responsable de golpear a Mario Alioto López, acusándolo de homicidio preterintencional, con lo

cual su sentencia se redujo de treinta años a diez. Este caso, el primero en el que altos cargos

gubernamentales eran juzgados por su responsabilidad, a través de la cadena de mando, en violaciones

graves de derechos humanos, suscitó una controversia sin precedentes en Guatemala. Todavía está

pendiente un recurso contra la decisión judicial.

4 Homicidio preterintencional: cuando, durante la comisión de un delito, se comete otro.

Los individuos que piden que se haga justicia en este caso han sufrido amenazas de muerte e

intimidaciones. Los funcionarios judiciales también han sido amenazados.





posible e incluyan en la distribución a los individuos o grupos que recibieron la primera circular de llamamientos. Es

posible que los estudiantes estén especialmente dispuestos a participar.

2. Escriban al ministro de Gobernación y al fiscal general de la Nación. Si ya les han escrito anteriormente, expliquen

que han estado siguiendo el caso muy de cerca y hagan referencia a sus cartas anteriores. Pidan a las autoridades que

continúen con sus esfuerzos para determinar la responsabilidad de la muerte de Mario Alioto López Sánchez. Ínstenlas

a investigar las denuncias que indican que los individuos que piden que se haga justicia por el homicidio, en 1994, de

Mario Alioto López Sánchez han recibido amenazas de muerte, y pídanles que garanticen que se tomarán todas las

medidas necesarias para proteger su seguridad. Pídanles que se haga comparecer ante la justicia a todos los

responsables de proferir amenazas de muerte o llevar a cabo otros actos de intimidación en este caso.

3. En sus contactos con el gobierno de su propio país y con sus representantes políticos, ínstenles a plantear a sus

homólogos guatemaltecos las preocupaciones descritas anteriormente. Pidan a su gobierno que los mantenga

informados sobre los esfuerzos que haga para plantear el caso.





Despacho Ministerial, Of. Nº 8

Palacio Nacional

6ª Calle y 7ª Avenida, Zona 1

Guatemala, GUATEMALA

FAX: +502 251 5368



Ministerio Público

18 Calle 10-36, Zona 1


FAX: 502 231 7066

Oficina de Derechos Humanos del

Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

6a Calle 7-70

Zona 1, Guatemala 01001

GUATEMALA



Esclarecer el pasado:

amenazas contra defensores de los derechos humanos

Los activistas de derechos humanos que trabajan para esclarecer las violaciones de dichos

derechos cometidas en el pasado han seguido siendo víctimas de amenazas y hostigamientos por parte de

ex miembros de las patrullas de defensa civil, ex comisionados militares y miembros del ejército. A

continuación exponemos algunos de los casos de los que Amnistía Internacional tuvo conocimiento

durante el año pasado.

El 26 de noviembre de 1997, María Francisca Ventura Sicán, viuda del pastor evangélico

asesinado Manuel Saquic Vásquez, y su hija de ocho años, Mildred Saquic, se encontraban

tranquilamente en su casa cuando alguien abrió fuego contra ellas desde el exterior. Uno de los disparos

alcanzó a Mildred Saquic en el brazo, y le causó una herida leve. Durante los días previos al ataque,

varios hombres no identificados se habían presentado en la casa del padre de Maria Francisca Ventura y

habían preguntado por ella. Este incidente tuvo lugar tras una serie de amenazas y actos de intimidación

llevados a cabo contra María Francisca y su familia en abril y mayo de 1997 por individuos que, según

se cree, pertenecían a las fuerzas de seguridad o actuaban en su nombre. Manuel Saquic Vásquez fue

secuestrado y muerto en 1995 por unos individuos que se cree que eran miembros de las fuerzas de

seguridad. María Francisca Ventura, sus familiares y otros defensores de los derechos humanos han

estado ejerciendo presión para que los responsables de la muerte de Manuel Saquic comparezcan ante

los tribunales.

Felipa Toj Gómez y Manuela Macaria Morales se vieron obligadas a abandonar sus casas en la

municipalidad de Chinique, El Quiché, cuando seis hombres armados, encapuchados y vestidos con

ropas de color verde oliva similares a las que viste el ejército rodearon sus casas el 26 de agosto de

1997. Las dos pertenecen al Consejo de Comunidades Étnicas «Runujel Junam» («Todos somos

iguales») (CERJ), creado en 1988 para proteger los derechos de los indígenas, y han organizado

seminarios sobre derechos humanos dirigidos específicamente a las mujeres indígenas. Ambas se

refugiaron en las oficinas del CERJ en la localidad de Santa Cruz del Quiché. Anteriormente habían sido

amenazadas por dos individuos que viven en su comunidad y que acusaron a Manuela Macaria Morales,

a Felipa Toj Gómez y a otras personas de pertenecer a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

(URNG), un grupo guerrillero ahora disuelto. El CERJ pidió al gobierno que llevara a cabo una

investigación inmediata sobre el incidente y que garantizara la seguridad de las dos mujeres.

El 6 de julio de 1997, varios hombres armados abrieron fuego contra la casa de Felipa Aju,

miembro del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (GAM).

Luego dejaron una nota en la que la advertían de que tenía un plazo de trece días para poner fin a su

trabajo con el GAM; si no lo hacía, los matarían a ella y a otros dos miembros del Grupo: Senayda Cana

Chanay y Emeterio Gómez. La nota estaba firmada por «Hombres Maleantes», un nombre desconocido

hasta entonces. Senayda Cana Chanay ya había resultado herida de gravedad en febrero de 1995 por los

disparos de un presunto miembro de las fuerzas de seguridad.

Felipa Aju, Senayda Cana Chanay y Emeterio Gómez se dedicaban a documentar casos de

violaciones de derechos humanos para presentarlos a la Comisión de Esclarecimiento Histórico de

Guatemala, y se cree que la amenaza estaba relacionada con su trabajo.

Amnistía Internacional recibió además informes sobre amenazas de muerte contra miembros del

Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala



(CONAVIGUA) que estaban recopilando información sobre un cementerio clandestino en San Andrés

Sajcabajá, departamento de El Quiché. Al parecer, las amenazas fueron proferidas por un ex

comisionado militar acusado de cometer violaciones de derechos humanos entre 1981 y 1982.


1. Den publicidad a las amenazas contra los defensores guatemaltecos de los derechos humanos en los medios de

comunicación locales y nacionales. Hagan llegar el caso a los individuos o grupos que recibieron la primera circular de

llamamientos.

2. Escriban al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa Nacional y al fiscal general de la Nación. Expresen

honda preocupación por la seguridad de los activistas de derechos humanos y hagan referencia a los ataques, los

hostigamientos y las intimidaciones contra los individuos cuyos casos se describen en este documento. Insten a las

autoridades de Guatemala a tomar todas las medidas que los propios activistas de derechos humanos consideren

necesarias para garantizar su seguridad. Expresen su preocupación porque las autoridades no han llevado ante los

tribunales a los responsables de estos actos e insten a que se tomen medidas inmediatas para garantizar que se llevan a

cabo investigaciones exhaustivas sobre estos casos y que los responsables comparecen ante la justicia.


profunda preocupación por las constantes amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos de

Guatemala. Pidan a su gobierno que los mantenga informados sobre los esfuerzos que haga para garantizar que las

autoridades guatemaltecas toman medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los activistas de derechos

humanos.






Palacio Nacional



FAX: + 502 251 5386







FAX: + 502 332 5118



Ministerio Público



FAX: +502 231 70



COPIAS A:

Sres.

Oficina de Derechos Humanos del

Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

6a Calle 7-70

Zona 1, Guatemala 01001 GUATEMALA

Sres.

CERJ

Edificio El Centro

Nivel 12, Oficina 12-12

7 Ave y 9 Calle

Zona 1, Guatemala

GUATEMALA

Sres.

Coordinadora Nacional de Viudas

de Guatemala (CONAVIGUA)

8a. Avenida 2-29

Zona 1, Guatemala

GUATEMALA

Sres.

Comité de Unidad Campesina (CUC)

Apartado Postal 1002-01901 Correo Central

31 Avenida A 14-46 Zona 7

Ciudad de Plata II

Guatemala, GUATEMALA

Sres.

Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (GAM)

8a. Calle 7-46, Zona 1

Pasaje Fénix

Apartamento 15, Ofic. 5

Ciudad de Guatemala

GUATEMALA



La matanza de Las Dos Erres

Yo los busqué en todas las montañas, pero no los pude encontrar

Cuatro de los hijos de este hombre, de entre 9 y 19 años de edad, murieron en la matanza de

Las Dos Erres

El 5 de diciembre de 1982, el ejército guatemalteco irrumpió en la aldea de Las Dos Erres, en La

Libertad, en el departamento septentrional de Petén. Cuando, al cabo de tres días, se marchó, había

masacrado, según se calcula, a más de 350 personas, sin hacer distinción entre hombres, mujeres y

niños. Al parecer, los soldados arrojaron muchos de los cadáveres al pozo de la aldea, y a otros los

abandonaron en los bosques cercanos. A continuación arrasaron por completo la aldea.

Casi doce años después, en julio de 1994, el Equipo Argentino de Antropología Forense fue

invitado por la Asociación de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

y por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) a llevar a cabo una

investigación preliminar en el emplazamiento de Las Dos Erres. Cuando, a mediados de julio de 1995,

concluyó su segunda visita, el equipo había recuperado al menos 156 esqueletos del pozo de la aldea y

los restos de al menos nueve personas de dos emplazamientos en los bosques cercanos. Los análisis de

laboratorio revelaron que los restos hallados pertenecían a 171 individuos diferentes, de los cuales 67

eran niños menores de 12 años. Muchos de los niños aún conservaban los dientes de leche que

testimoniaban su corta edad. En principio, el equipo forense pudo determinar la identidad de tres de las

víctimas. Una vista pública celebrada el 29 de julio de 1995 permitió a los familiares de las víctimas y a

otros supervivientes identificar a otras 16 personas cuya edad oscilaba entre los 6 y los 65 años.

Según FAMDEGUA, mientras se llevaban a cabo las exhumaciones, los familiares de las

personas cuyos restos habían sido identificados fueron amenazados de muerte por un comisionado

militar. Los miembros de FAMDEGUA y del equipo forense tuvieron que recibir protección policial

después de que alguien arrojara piedras contra el tejado de su alojamiento temporal y disparara ráfagas

de metralleta al aire.

A pesar de las reiteradas peticiones de FAMDEGUA a la Procuraduría General de la Nación para

que se designara un fiscal especial para el caso, no se tomó ninguna medida hasta julio de 1997, cuando

se nombró a Mynor Melgar, miembro del departamento jurídico de la Oficina de Derechos Humanos del

Arzobispado de Guatemala (ODHAG). En julio y agosto, Mynor Melgar pidió que comparecieran a

testificar altos mandos del ejército, incluidos el general Efraín Ríos Montt, ex dirigente militar que, entre

1982 y 1983, fue responsable de la campaña de contrainsurgencia del ejército conocida como «tierra

arrasada», en la que se cometieron centenares de matanzas, y el general Mejía Víctores, ministro de

Defensa Nacional en el momento de la matanza de Las Dos Erres y más tarde jefe del Estado. Ambos

militares, al igual que otros altos cargos llamados a declarar, negaron tener conocimiento alguno de la

matanza de Las Dos Erres o de cualquier otra, o afirmaron que habían sido obra de fuerzas de guerrilla.

Las investigaciones, suspendidas durante varios meses, se reanudaron a principios de 1998. Dos ex

oficiales del ejército prestaron testimonio en enero pero otros dos que, según FAMDEGUA, también

estaban implicados en operaciones de contrainsurgencia en la zona, no comparecieron. Durante los

próximos meses, el fiscal especial llamará a declarar a otros miembros del ejército y a supervivientes de

la matanza de Las Dos Erres.



El caso se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una

respuesta a la Comisión el 24 de octubre de 1997, el gobierno reconoció que resultaba imposible negar

lo sucedido en Las Dos Erres y manifestó que un «régimen de legalidad no puede tolerar ni apañar actos

reñidos con la justicia, por lo que la ley debe aplicarse sin distinción alguna a los que resulten

responsables».


1. Den publicidad al caso en los medios de comunicación locales y nacionales. Si desean más información sobre la

matanza, consulten el documento Guatemala: Exhumación de las víctimas de la matanza cometida por el ejército en

1982 en Las Dos Erres Índice AI: AMR 34/24/95/s.

2. Escriban al ministro de Defensa Nacional, al ministro de Gobernación y al fiscal general de la Nación. Expresen

honda preocupación por la matanza de más de 350 hombres, mujeres y niños en Las Dos Erres e insten a que los

responsables comparezcan ante los tribunales y a que los familiares y los supervivientes de la matanza reciban una

reparación. Pidan a las autoridades que garanticen la integridad física de todos los que participan en las investigaciones

sobre las matanzas; pídanles también que investiguen cualquier denuncia de intimidación.

3. En sus contactos con el gobierno de su propio país y con sus representantes políticos, ínstenles a plantear a sus

homólogos guatemaltecos las preocupaciones descritas anteriormente. Pidan a su gobierno que los mantenga

informados sobre los esfuerzos que haga para plantear el caso.






Palacio Nacional










Ministerio Público



COPIAS A:

Sres., Famdegua, 3a Av. 9-21

Zona 1, Guatemala, GUATEMALA



La matanza de Tululché

Se nos hizo tanto daño, tenemos que hacer algo Miembros de la comunidad de Tululché

El trato legal que se está dando a las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos

cometidas a principios de los años ochenta en los alrededores de la comunidad de Tululché,

municipalidad de Chiché, departamento de El Quiché, es otro notable ejemplo de las numerosas

dificultades a las que se enfrentan los familiares, testigos y abogados en su intento de lograr justicia para

las víctimas de violaciones de derechos humanos. En mayo de 1997, un tribunal de El Quiché provocó

un escándalo generalizado al absolver a un ex comisionado militar5 acusado de cometer más de 150

delitos, entre ellos 35 ejecuciones extrajudiciales y numerosos secuestros, torturas y violaciones

sexuales, en la zona de Tululché.

El incidente que más se ha difundido tuvo lugar durante las primeras horas del 22 de noviembre

de 1982, cuando un grupo compuesto por miembros de patrullas civiles y soldados y dirigido, según los

informes, por el comisionado militar que ahora está siendo sometido a juicio, llegó a la aldea de

Tululché. Los miembros del grupo ordenaron que todos los hombres salieran de sus casas y los

condujeron al campo de fútbol. A continuación leyeron los nombres de al menos diez de ellos y los

ejecutaron delante de los demás. Los cadáveres fueron enterrados allí mismo y no se exhumaron hasta

1992.

Poco después de la decisión del tribunal, anunciada en mayo de 1997, de absolver al

comisionado militar, la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del

cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA) hizo

pública una declaración en la que expresaba su preocupación por las graves irregularidades producidas

durante el juicio, incluidas las condiciones discriminatorias en las que los testigos de la acusación, en su

mayoría mujeres indígenas, se habían visto obligados a prestar su testimonio sin la presencia de

traductores, el rechazo injustificado de pruebas y el hecho de que uno de los jueces era el mismo que

había supervisado la investigación preliminar, lo cual se consideraba que ponía en duda su

imparcialidad. La declaración concluía diciendo: «el desarrollo del proceso y la sentencia de primera

instancia constituyen un ejemplo de las fallas y deficiencias que describe el Acuerdo sobre

Fortalecimiento del Poder Civil y que el proceso de paz de Guatemala se ha propuesto superar. En esa

perspectiva la Misión espera que, a través de las etapas del proceso aún pendientes, pueda quedar

demostrado que en la justicia se ha iniciado un proceso de cambio profundo, capaz de responder a la

exigencia de combatir eficazmente la impunidad y de responder a los desafíos del plurilingüismo y la

multiculturalidad».

Posteriormente, el Ministerio Público presentó un recurso contra la decisión del tribunal de

absolver al comisionado militar, pero sólo respecto a dos cargos de detención ilegal. El recurso fue

rechazado por la Novena Sala de la Cámara de Apelaciones de Antigua que, en julio, anuló también la

decisión anterior de absolver al comisionado.

5 Los comisionados militares eran auxiliares del ejército guatemalteco que participaron en numerosas

violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Fueron desmovilizados en septiembre de 1995.



Los testigos presenciales y los abogados se han visto sometidos a intimidaciones y

hostigamientos que incluyen amenazas de muerte. Las denuncias presentadas por los abogados de la

Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA) afirmaban que los letrados habían recibido

numerosas amenazas, incluidas llamadas telefónicas anónimas en las que les advertían de que, si no

abandonaban el caso, los matarían. Los testigos que prestaron declaración en las vistas de 1997 también

fueron amenazados por familiares del comisionado militar. La Comisión Interamericana solicitó al

gobierno que brindara protección a los testigos y abogados y, en agosto, los miembros de la Comisión

Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)

y la Policía Nacional declararon que iban a investigar los incidentes. Desde entonces, no ha habido

ninguna otra declaración oficial por parte del gobierno y sus instituciones, y los abogados han seguido

recibiendo llamadas telefónicas amenazadoras.

El caso sigue sufriendo demoras y siendo escenario de irregularidades judiciales. El 19 de

diciembre de 1997, el Tribunal de Sentencia de El Quiché ordenó que se remitiera de nuevo al juzgado

de primera instancia, alegando anomalías en el procedimiento judicial. Los abogados de la acusación

apelaron contra esta decisión, pues temían que el ex comisionado militar fuera excarcelado. El Tribunal

de Sentencia dictaminó también que el comisionado militar sólo debía ser juzgado por los cargos que

aún no habían prescrito. Los abogados manifestaron sus dudas sobre la imparcialidad de los jueces. El

caso está actualmente en espera de que la Corte Suprema de Justicia decida qué tribunal debe hacerse

cargo de él.


1. Den publicidad al caso en los medios de comunicación locales y nacionales.

2. Escriban al ministro de Defensa Nacional, al ministro de Gobernación y al fiscal general de la Nación. En sus cartas,

expresen honda preocupación porque al menos diez hombres fueron ejecutados extrajudicialmente en la comunidad de

Tululché el 22 de noviembre de 1982 y por los numerosos informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas

por el ex comisionado militar que está siendo sometido a juicio. Manifiesten preocupación por las graves

irregularidades que han caracterizado las investigaciones sobre este caso y por las prolongadas demoras del proceso

judicial. Insten a las autoridades a garantizar que todos los implicados en las violaciones de derechos humanos

cometidas a principios de los años ochenta en los alrededores de Tululché comparecen ante los tribunales. Expresen

honda preocupación porque los abogados y los testigos implicados en el caso han recibido amenazas de muerte, y pidan

a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Pidan que todos los responsables

de proferir amenazas de muerte o llevar a cabo otros actos de intimidación en este caso comparecen ante los tribunales,

e insten a las autoridades a garantizar que los familiares de las víctimas reciben una reparación.






Palacio Nacional



FAX: + 502 251 5386






FAX: + 502 332 5118



Ministerio Público



FAX: +502 231 70

COPIAS A:

Lic. Ángel Alfredo Figueroa

Presidente de la Corte Suprema de Justicia



FAX: + 502 232 6628/6

Tratamiento: Sr. Presidente de la Corte Suprema

Sres.

Confregua

10 Calle «A» 1-40, Zona 1


Tratamiento: Estimados señores

amnistía internacional€¦ · internacional hacia la situación de los derechos humanos en...

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