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ALEGATO DE LA ACUSACIÓN –
Jury de enjuiciamiento contra Néstor Montezanti
ACUSACIÓN (Piedecasas).- Conforme el plazo que hemos acordado con el
Jurado, el alegato se va a reacomodar en su estructura, han sido
muchos los temas y la prueba aportada y, por lo tanto, diez minutos
antes de que culmine el plazo, le pido que me lo hagan saber para
tener la chance de redondearlo.
PRESIDENTE.- Muy bien, cómo no.
ACUSACIÓN (Piedecasas).- Pero voy a permitirme en su caso y de
acuerdo con el tiempo que tenga, hacer un análisis como corresponde a
un alegato en lo conceptual jurídico y relacionado con las pruebas
que se han obtenido a lo largo de este proceso, de manera tal que
tengamos claramente el fundamento de la acusación. Lo primero que
deseo señalar, no debería hacerlo, pero como ha sido un elemento
controvertido, ha quedado la imagen en este recinto de que se trata
de una cuestión personal de algunas personas contra el Magistrado
involucrado y esto decididamente no es así.
Esta acusación la formula el Consejo de la Magistratura de la
Nación y no se obtuvo por una mayoría escasa ni mucho menos; en esta
acusación, el órgano constitucional, con la seriedad que ello
implica, ha considerado que existían elementos de cargo suficientes
para pedir la remoción del Magistrado. Y esto lo digo porque es un
elemento importante.
Ese órgano constitucional, al igual que ustedes, tiene una
conformación político institucional, porque es de naturaleza
política, fundamentalmente, cualquiera sea la interpretación que se
le quiera dar. Hay 12 o 13 causas, según como se cuenten, en el
historial reciente, desde 2007 al 2015, en el Consejo de la
Magistratura de la Nación respecto del Magistrado que nos ocupa.
No se trata de una decisión aislada, se trata de una decisión
que fue tomada en este órgano constitucional previo el cumplimiento
de los pasos procidementales que estable la ley y el reglamento. De
manera tal que hay que alejar la idea de que esta es una
confrontación con un grupo aislado que se ha mantenido a través de la
historia en la ciudad de Bahía Blanca entre algunos de los
involucrados –hoy testigos o denunciantes- y el Magistrado que se
encuentra en cuestión.
La segunda aproximación, y esto lo debo señalar, yo no comparto
muchos de los criterios que ha adoptado el Jurado respecto de la
aplicación supletoria del Código Procesal Penal y me vio obligado a
rescatar la naturaleza política de este juicio político.
No estamos en presencia de un juicio penal, no estamos en
presencia de un juicio penal y estamos tratando de determinar la
causal de mal desempeño. Entonces, lo que debe entenderse, porque
ustedes son la manifestación de esa conformación político
institucional. No es casualidad que allí sentados estén senadores,
diputados, mayoritariamente, jueces y abogados.
¿Qué estamos, entonces, señalando? Que aquí no se juzga un
delito ni se busca una sanción penal. Lo que estamos analizando, si
los funcionarios involucrados merecen o no la confianza pública, y
está basado este juicio de valor en la discrecionalidad política como
lo ha sostenido la doctrina y también la jurisprudencia y también la
jurisprudencia de los tribunales de enjuiciamiento anteriores a los
señores que hoy lo integran. }
Diría María Angélica Gelli, “el juicio de remoción o juicio
político difiere en su finalidad, estructura y funcionamiento de los
procesos ordinarios penales o civiles, en sentido riguroso. No
persigue una sanción al magistrado, sino preservar la función
jurisdiccional y cumplir con el deber estatal de proveer el servicio
de justicia mediante la actuación de jueces sabios y probos”. “Es de
carácter amplio y de apreciación discrecional”, agrega Alfonso
Santiago.
Entonces, es cierto que hay que respetar los principios básicos
del derecho de defensa, del debido proceso, la estructura del
principio de congruencia, pero no con el carácter estricto que tiene
que tiene un proceso penal, porque tiene naturaleza, estructura,
sentir, finalidad diferente.
La tercera de las aproximaciones que voy a realizar, porque
también aquí se habló de eufemismos, también aquí se habló de
apegarse estrictamente a determinada caracterización de los hechos o
circunstancias fácticas determinadas. Todo es posible y es libre la
interpretación, pero el mal desempeño, desde Joaquín V. González,
pasando por González Calderón, Sánchez Viamonte, Rafael Bielsa,
Bidart Campos, Bidegain, Luna, Egmegián y podría seguir con otros
tantos, han señalado claramente que la causal de mal desempeño, es
una causal amplia, de discrecionalidad política, decía allá en el
tiempo Joaquín V. González, “pueden los actos de un funcionario no
ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser
delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir
mal desempeño”.
Me permito esta lectura fragmentada simplemente, decirles que
Rafael Bielsa, la expresión “mal desempeño”, tiene una latitud
considerable y permite un juicio discrecional amplio, pues se trata
de la falta de idoneidad, no solo profesional o técnica, sino también
la moral como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo cual
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determina un daño a la función, o sea, a la gestión de los intereses
de la Nación.
Y dice muy bien el Tribunal de Enjuiciamiento en Garlan,
reiterado por Abundes en Brusa, en el enjuiciamiento de magistrados,
no puede invocarse el beneficio de la duda. Antes bien la duda se
vuelve contra el imputado, pues si bien es grave separar a un juez,
no es lo menos reintegrarlo a su ejercicio sin aventar totalmente las
sombras que en su conducta podrían recaer.
Yo lo que quiero decirles, y comparto nuevamente con Gelli, que
en este momento la causal de mal desempeño, además, tiene otra
caracterización, y esa caracterización está referida al respeto de
los derechos fundamentales de las personas, en esta etapa de la
historia Argentina, en esta joven democracia que hemos recuperado, el
paradigma es distinto en la causal de mal desempeño, el giro es hacia
la convencionalidad, el bloque de convencionalidad, la raíz
constitucional, pero fundamentalmente el asentamiento es en la
irrestricta defensa de los derechos fundamentales de las personas,
que son los derechos de la sociedad y que son los derechos humanos,
¿y por qué lo digo a esto? No porque esté imputando ningún delito de
estas características, porque las cuestiones que estamos
desentrañando en este proceso, que se vinculan directa o
indirectamente al magistrado involucrado han sido calificadas como
delitos de lesa humanidad. No es que se le esté imputando un delito
de lesa humanidad, la Triple A y el proceso militar calificado como
terrorismo de Estado, como un plan sistemático de exterminio, y esto
tiene que estar claro que son las figuras vinculadas a la actuación
de dos de los cargos que ha formulado el Consejo de la Magistratura,
y no voy a repetir las calificaciones. Entonces, dice bien, está
ligada, dice Gelli, a la garantía de los derechos humanos de los
habitantes de la república, la mala conducta y el mal desempeño se
corresponden con la característica no penal del proceso y por eso son
indeterminadas, y allí iban mis críticas técnicas a lo largo de este
proceso. Las conductas no están tipificadas ni en la Constitución ni
en la ley, dependen de las circunstancias de tiempo y lugar y de la
apreciación político-institucional de los órganos encargados de
caracterizarla, entonces, para mí es importante porque es motivo de
controversia, y por eso lo incluyo en el alegato. Ha sido motivo de
controversia, ha sido motivo de cuestionamiento en el alegato de
apertura, ha sido un posicionamiento de la defensa cuando hablo de
eufemismo, y, entonces, yo creo necesario tener claro estos conceptos
enraizados con los hechos que nos han ocupado.
Los hechos que se le imputan al magistrado que estuvo
estrechamente vinculado a los principales integrantes de la Triple A
de la ciudad de Bahía Blanca, que se desempeñó como personal civil de
Inteligencia del destacamento de inteligencia 181, que replicó la
matriz militar en el ámbito de su desempeño en la justicia y en la
universidad, que es un defensor de la pena de muerte, que utilizó
frases indecorosas y agravantes en procesos judiciales y también en
las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, y que por esto
el Consejo de la Magistratura le formula cargos solicitando su
remoción. Pero hay dos planteos que fueron también motivo de
controversia, y vuelvo a ese sentido, a ese marco, a esa apreciación
de discrecionalidad político-institucional. Los hechos previos al
2002 y la falta de jurisdicción fue uno de los planteos. En sus
argumentaciones, el magistrado interviniente o involucrado sostuvo
que esos hechos eran secretos, este es un argumento, pero yo me voy a
permitir señalar que a lo largo de la probanza en este proceso esta
argumentación se sostuvo a veces relativamente, porque en la
declaración espontánea del doctor Montezanti ayer por la tarde, él
señaló que este era un hecho conocido en la comunidad, que él
caminaba, cruzaba de su estudio e ingresaba al lugar donde se
desempeñaba como personal civil de inteligencia. Esta es una cuestión
interesante, fundamental, porque eran secretos para no revelarse ante
el Consejo de la Magistratura o el Senado, pero no eran secretos para
el conocimiento de la comunidad, para el conocimiento de la sociedad.
Yo tengo una definición que es la definición de la acusación, hay un
deber moral, legal, constitucional y convencional de poner en
conocimiento del Consejo de la Magistratura y del Senado de la Nación
una circunstancia de tamaña relevancia, porque uno podrá decir yo no
estuve vinculado con la Triple A ni con personas que integraban la
Triple A, pero uno no puede desconocer lo que fue, y si ese era un
hecho que era irrelevante, que era un hecho pacífico, que no le
causaba mal a nadie, que no tenía efectos nocivos ni negativos para
la sociedad, ¿por qué no manifestarlo? Porque es un hecho de notable
importancia para la definición de quien va a ser juez de la Nación
Argentina.
Quiero decir, antes de continuar, que mi forma de expresarme es
efusiva, no es ni agraviante ni para el magistrado ni para el jurado,
digo porque si alguien considera que tomo un tono es el tono de
expresarme, nada más. El “nada más” no es porque terminó el alegato,
sino que estoy señalando una característica personal que veo por la
cara de los jurados adónde voy a terminar.
Los testigos mayormente manifestaron que no sabían de la
existencia de esos hechos previos a la designación, no hemos visto a
ningún testigo que avale la argumentación del doctor Montezanti de
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que era un hecho pacífico que cruzaba la plaza e ingresaba como
personal civil de inteligencia; la sensación probatoria y lo que ha
quedado acreditado y no desvirtuado es claramente que no sabían,
salvo la declaración de su ex esposa y Gaztañaga, que se refiere, ya
me voy a ocupar del testimonio particular de cada uno de ellos, estoy
tratando solamente la falta de jurisdicción. Salvo Gaztañaga, que
decía que el doctor Montezanti le había referido que hacía trabajos
para el ejército en el período prebélico con Chile, o sea, 1978,
antes de 1978, después de 1978, pero ubicado en ese período prebélico
cuando toma conocimiento con una conversa de esos comentarios.
Ahora bien, nunca el doctor Montezanti puso en conocimiento del
Consejo de la Magistratura estos antecedentes ni tampoco del Senado,
y esto quiero señalarlo, ¿cuál es la posición de la acusación? Que
debió haberlo hecho, que debió haberlo hecho, que no tiene más valor
una ley, menos si fuere del proceso militar, frente al bloque de
convencionalidad, frente a la Constitución Nacional y frente a la
necesidad de quien lo está habilitando para ser juez federal de una
cámara federal, conozca verdaderamente si esa persona tiene los
antecedentes, la trayectoria que garantice esa independencia, esa
imparcialidad. Cualquier sospecha de que esta imparcialidad o
independencia estuviera perturbada por prejuicios, como lo dicen las
normas éticas internacionales en la magistratura, hubiera impedido
por lo menos, hubiera motivado una argumentación para justificar por
qué se le daba el acuerdo o por qué se lo proponía en la terna.
También, puede ser que esté bien, que esté mal la excusación, ya me
voy a referir a la excusación en sí misma en las cuestiones
vinculadas con la asamblea permanente de derechos humanos o algunos
integrantes de ella, porque no tenemos claro, yo sí lo tengo claro y
yo digo que la controversia era con algunos, algunas personas que
estuvieron vinculados o que están vinculadas con la asamblea
permanente y no si fuere con la asamblea permanente, por lo tanto, la
excusación no está justificada, porque una cuestión es que sea
querellante quien la representa y otra cuestión es que el elemento
negativo que lleva la excusación es respecto de una persona
determinada. Pero nunca se excusó con fundamento en estos motivos de
que era personal civil de inteligencia, rompiendo, desde mi punto de
vista de la acusación la imparcialidad como derecho a conocer todos
los antecedentes del juez, el derecho de las partes a conocer todos
los antecedentes del juez, y este es un derecho constitucional, y
este es un derecho de las partes y es un derecho que no se lo puede
negar el juez, el derecho de las partes a conocer todos los
antecedentes del juez, ¿para qué?, para recusarlo, para hacer los
planteos que corresponden. Ni en las causas de lesa humanidad donde
invocó otros motivos ni en las demás que involucran al ejército. En
este sentido, entiendo que el tribunal de enjuiciamiento puede
resolver sobre hechos que no fueron comunicados al Consejo ni al
Senado al momento de la postulación y del acuerdo.
Aquí, para mí, no hay falta de jurisdicción. Reivindico la
potestad, la jurisdicción y la facultad del Tribunal de
Enjuiciamiento para resolver sobre eso. No hay falta de jurisdicción,
y así lo han sostenido diversos precedentes: Caro, Miret y Romano; y
Santi, en otro ámbito, que se ha tratado de la misma temática. Y como
son sentencias, no tengo necesidad de que sean ofrecidas como
pruebas, sino que es, simplemente, un precedente que estoy citando,
cuyo criterio creo que es el que se debe aplicar en esta causa.
Ahora bien, la desclasificación de los documentos que lo
identifican al doctor Montezanti como personal civil de Inteligencia
y las investigaciones a Aceituno, que lo vinculan a la Triple A, o
pretenden vincularlo a la Triple A o lo relacionan con la Triple A,
son posteriores a su postulación y acuerdo; son posteriores a su
postulación y acuerdo. Entonces, esa falta de jurisdicción que se
estructura sobre la base de que el Consejo y el Senado no tenían
conocimiento... Ahora, el conocimiento de esas causas son posteriores
al acuerdo, son posteriores a la elevación de la terna. Que el hecho
haya existido, pero no haya sido conocido ni menos manifestado por
quien está directamente involucrado, habilita la consideración por el
Consejo de la Magistratura y por el Tribunal de Enjuiciamiento. Pero
también quiero decir que hay otros cargos. Hay otros cargos que se
han mantenido en el tiempo. Cuando uno habla de las frases
indecorosas o agraviantes, cualquiera sea la interpretación del
magistrado sobre el motivo subjetivo que lo llevó a formularlas,
cuando están plasmadas en el papel se constituyen en un elemento
objetivo. De manera tal que se han mantenido a lo largo del tiempo. O
sea que la falta de jurisdicción, en el peor de los casos, está
referida a situaciones muy particulares y no a todos los cargos.
Ahora, una de las cuestiones centrales está vinculada al deber, al
deber que tiene un aspirante a magistrado de la Nación, que es el
cargo tal vez más honorífico, más importante, al que los ciudadanos
argentinos pueden aspirar, al deber de manifestar, con grandeza, con
honestidad: yo he pertenecido al personal civil de Inteligencia del
Ejército en el período militar. Ustedes tienen que saberlo para
juzgar si tengo la idoneidad, si no merezco alguna tacha respecto de
mi independencia de criterio, de mi imparcialidad. Esa sinceridad le
hubiera permitido al órgano constitucional, al Consejo, al Senado, al
Poder Ejecutivo, a quien sea, formular o no sus observaciones. No
estaríamos en este cargo en este Tribunal de Enjuiciamiento; no lo
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estaríamos. El juicio de valor, desde de mi punto de vista de la
Acusación, realizado por el Consejo y por el Senado y el propio Poder
Ejecutivo, están viciados por causas imputables al magistrado, quien
tiene y tenía la obligación legal, ética y moral de poner en
conocimiento de estos órganos de la Constitución todos los elementos
necesarios para la evaluación de su designación en la etapa que
corresponda. ¿Por qué? Porque está en juego la confianza de la
sociedad; la confianza de la sociedad y de las instituciones de la
República, en esta ocasión. Nosotros hacemos una fenomenal
transferencia de confianza hacia un magistrado de la Nación; la
confianza de la sociedad, pero también de las instituciones, hacia la
persona que va a llevar adelante la magistratura. Entonces, yo no
entiendo la falta de jurisdicción, y digo: ¿la falta de jurisdicción,
cuando ya ha llegado, cuando el Consejo ha formulado la acusación, es
un elemento que ante este Jurado de naturaleza política, con
discrecionalidad política, puede ser un elemento que perturbe la
posibilidad de emitir una sentencia de valor definitiva sobre estas
cuestiones respecto del magistrado?
También se ha planteado la doble persecución, el nos bis in
idem, el doble juzgamiento. No ha existido de ninguna manera doble
juzgamiento. Y aquí tiene la motivación de la introducción. Ni aun
trasladando los parámetros del Código Procesal Penal, que no prevé la
caducidad como medio de extinción de la acción penal; ni aun
planteando la aplicabilidad, que desde mi punto de vista es
incorrecta, lisa y llana, literal, del Código Procesal Penal, se
puede aplicar esta figura. No es aplicable a los juicios políticos
porque esa etapa ha precluido, porque la acusación se ha formulado,
porque el doble juzgamiento en base a una no consideración, o el
archivo o el transcurso del tiempo, no es un elemento de juzgamiento,
no hay juicio. Lo dijo el propio magistrado involucrado. No entiendo
por qué el Consejo de la Magistratura no motivó ese archivo, haciendo
lugar o no a los cargos que le formulaban, porque no pudo desarrollar
lo que sí pudo desarrollar aquí, en el Tribunal de Enjuiciamiento,
que es toda su estrategia defensiva, el proceso plenamente, la
prueba, la valoración, la argumentación, la contradicción; derecho de
la Acusación y derecho de la Defensa. Si así fuera, solo podría
invocarse ante un mismo proceso, ante otro o el mismo Jurado de
Enjuiciamiento. Y aquí no tuvimos dos juzgamientos ante dos jurados
de enjuiciamiento. No hay doble proceso; no hay doble persecución. No
existe identidad objetiva, ya que los hechos que se imputan son
diferentes y nunca merecieron pronunciamiento por parte del Consejo
ni del Tribunal. En mi postura, el doble juzgamiento es ante este
Tribunal, y ante los mismos hechos ante este mismo Tribunal. Lo otro,
todo es relativo. Y lo estoy argumentando porque se ha planteado en
cada uno de los escritos postulatorios. El archivo de las actuaciones
por hechos que pueden guardar relación no implican doble juzgamiento,
ya que el mismo supone un proceso completo y una sentencia que se
pronuncie efectivamente sobre los cargos planteados. Y esto no ha
existido; esto no ha existido. No ha existido un proceso completo ni
ha existido un pronunciamiento. Ha existido en algunos cargos,
directa o indirectamente, que pudieran estar relacionados; que
pudieren estar relacionados con los que estamos señalando. Y están
allí ofrecidos como prueba un archivo de las actuaciones por el
transcurso del tiempo. Pero, además, al vincularse con hechos que
están relacionados, o pueden estar relacionados, con situaciones que
han sido calificadas como delitos de lesa humanidad, la Triple A, o
también la pertenencia a esa estructura, a ese aparato, que así se lo
ha denominado, de exterminio, de persecución, de muerte. No es
tolerable, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos y la
Corte Suprema de Justicia, la impunidad y no hay restricciones
formales ni temporales para su investigación. Esto no significa que
se le esté imputando un delito de lesa humanidad, sino que este
paradigma, convencional y constitucional, se proyecta al juicio
político en aquellos casos donde la causal de mal desempeño pueda
estar vinculada a alguna situación calificada de lesa humanidad.
También hay un valladar constitucional insalvable que es el
artículo 36 de la Constitución Nacional, la llamada "cláusula
democrática". Allí, lo que el 36 pretende, en definitiva, que quien
haya participado, de una manera o de otra, en esta estructura que fue
iniciada a través del golpe militar de 1976 esté inhabilitado para
ocupar cargos públicos y que las causas sean imprescriptibles, que no
haya obstáculos formales. Esto es el bloque de convencionalidad; esto
es la cláusula democrática. Es una cláusula constitucional
democrática, no es un tipo penal. Desde mi punto de vista, la doble
persecución no se configura de ninguna manera, ni técnica, ni
constitucional, ni, mucho menos, de acuerdo a los principios
convencionales.
Respecto de la imputación de que el doctor Montezanti estuvo
estrechamente vinculado a los principales integrantes de la Triple A
de la ciudad de Bahía Blancca, quiero partir diciendo que en la causa
"ESMA" muchos de los hechos investigados aquí fueron atribuidos a la
Triple A, entre ellos, la muerte de ese estudiante David "Watu"
Cilleruelo. Y quiero decirles que estos hechos, esta actuación de esa
banda criminal organizada que tanto ha sido expuesta; no necesito
detenerme ahora, aunque sí voy a hacer algunas referencias que para
mí tienen notable importancia en la prueba de los hechos en esta
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causa. Lo que quiero decir es lo siguiente: que es un hecho probado
por las causas, por las sentencias judiciales de la actuación de la
Triple A en la República Argentina. Que estuviera involucrado el
ministro de Bienestar Social, que estuvieran involucrados distintos
representantes a nivel nacional, gremialistas, que estuvieron
involucrados distintas personas en la estructuración de esa
organización armada en un período determinado de la historia
argentina no me parece que sea un motivo para el cual me detenga, lo
considero probado.
Ahora, en esta causa, el homicidio cometido en la Universidad
Nacional del Sur L 863 - E.3 se describe con un contexto temporal que
no es este, y acá está la importancia de la prueba. Y estos
testimonios no fueron vertidos la semana pasada ni en el mes de
diciembre, estos testimonios fueron vertidos en 1975 y de ahí en
adelante con una secuencia temporal de suma importancia. En esta
causa se prueba que Argibay, Aceituno, Chisu y otros tantos más
formaban parte de esos grupos armados, porque ellos mismos lo
declaran, ellos mismos lo declaran, no sólo declaran que eran un
grupo, servicio de seguridad, no sólo declaran que casualmente muchos
de ellos estaban vinculados o eran empleados de la Junta nacional de
Granos y también de la Universidad Nacional del Sur. No sólo lo
declaran, dicen qué armas usaban, qué rol le cupo a Remus Tetu, pero
porque lo dice el propio Remus Tetu, porque lo dice el chofer de
Remus Tetu, porque lo dice la banda que lo acompañaba que llevaban
metralletas, perdón, pistolas, metralletas y otro armamento. Pero lo
dicen todos, no lo dijeron en diciembre y en febrero de este año. Y
allí aparece y a mí me ha llamado poderosamente la atención que en un
testimonio concreto –Lusky- una estudiante que estaba detenida dice
que vio cómo Argibay lo mató, no es que se dio vuelta, corrió,
volvió, que lo vio incidentalmente, que regresó: lo vio. Testimonio
que no se ha señalado. Pero todos son coincidentes: Jorge Argibay,
Pablo Argibay, Aceituno, Chisu y otros tantos más formaban parte de
un grupo armado que se desempeñaba con una formalidad de licitud en
el ámbito de la ciudad de Bahía Blanca vinculado a la Universidad
Nacional del Sur, vinculados también muchos de ellos a la Junta
Nacional de Granos, se reconocen también las vinculaciones que
tenían. Algunos de ellos no lo han mencionado, sino otras personas
con Emilio Garófoli que tenía a cargo otro instituto de enseñanza y
que también lo había autorizado a portar armas.
Pero entonces yo digo: este esquema que podría leerlo,
repetirlo, porque hay frases realmente estructurales para lo que es
el desarrollo de nuestra argumentación. Aquí está probado el hecho de
la actuación de esta banda armada, se llame como se llame. Pero
resulta que en la causa judicial que he señalado, en la causa ESMA,
se dice que este delito, este asesinato es un asesinato de la Triple
A. Entonces estoy suficientemente autorizado para sostener lo que ha
sostenido una sentencia judicial.
Ahora bien, ¿cuál es la vinculación que la acusación le
atribuye a Montezanti respecto de estos hechos? Se lo sindica -y no
ha habido testimonios en contrario-, ubicado en la toma de la UTN en
un momento determinado junto a este grupo armado particularmente
encabezado, y en eso coinciden todos, por un hombre violento, Jorge
Argibay, que casualmente es dejado en libertad por un juez federal,
que ha sido mencionado aquí, y luego se le pide la captura porque
existían elementos suficientes para suponer que era el autor del
asesinato, y nunca más se lo encuentra hasta que llega una partida de
defunción ya más allá de comenzada la década del 80. Es interesante
observar este elemento probatorio que tiene un valor histórico
contextual determinante.
Los testigos podrán ser buenos o malos, yo respeto que la
defensa los cuestione, es su derecho. Yo respeto que el magistrado
personalmente también los cuestione, está en su derecho, pero no ha
habido testigos que digan lo contrario. Los testigos que se han
ofrecido y que han pasado por este recinto, claramente lo
identificaron a Montezanti junto a Argibay y al resto de la banda,
algunos precisando con nombres y otros no, pero tenemos el mismo
conjunto de nombres que estoy señalando que surgen de este expediente
y que surgen también de la causa Aceituno que está en su etapa de
inicio, pero que está ofrecida como prueba y a la cual en unos
minutos también me voy a referir.
Entonces, en este sentido lo que quiero señalar es que el hecho
de estar vinculado no era una vinculación ocasional como se la
pretendió mostrar, no hubo explicación suficiente: que se daba clases
en esa unidad, que ocasionalmente pudiere o no haber pasado. Pero lo
que los testigos dicen es otra cosa: los testigos han dicho aquí que
participaba activamente con acciones de provocación, con
participación real en ese grupo. Y lo que se está tratando de probar
es la vinculación con este grupo.
Ahora bien, nosotros entendemos que luego en esta causa Jorge
Argibay lo designa como defensor al doctor Montezanti, situación que
ha sido controvertida y respondida. Se ha dicho: no tengo la culpa de
que me designen defensor, no he aceptado el cargo, no he promovido
acción útil alguna. Lo que estamos buscando son los vínculos. Ese
hombre con el cual Montezanti estaba compartiendo su participación,
cualquiera sea la entidad que se le dé, es el mismo que lo designa
como abogado defensor. Pero luego, Pablo Argibay en esa causa
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Argibay-Lodero lo designa abogado defensor, acepta el cargo y lleva
adelante el ejercicio profesional. Y les digo que aquí está probado
que Pablo Argibay forma parte de ese grupo armado. Y allí hubo una
participación activa. Ahora usted me dice: bueno, pero en definitiva
estas son cuestiones indiciarias, ¿qué tiene que ver si yo he
asistido o no profesionalmente a un integrante de un grupo armado?
Ahora también, la vinculación que surge en Aceituno de que
supuestamente Montezanti también habría sido alguien que había
prestado asesoramiento jurídico aunque es sólo un informe de
inteligencia, es cierto ello, que está citado en la imputación,
también es un elemento que nosotros debemos señalar.
La vinculación con Ponce, la vinculación con Garófoli, la
vinculación con Ponce no la tenía, pero Ponce era quien estaba
vinculado a estos grupos armados. Pero Garófoli también pertenecía a
un pensamiento que podría haber sido calificado, como decían los
testigos, de derecha y nacionalista. Entonces, son elementos
importantes, son elementos importantes.
Ahora me voy a detener puntualmente en algunas de esas
cuestiones. Quiero que ustedes reserven para sí que los delitos de la
Triple A son delitos, han sido calificados como delitos de lesa
humanidad, porque esto para mí es importante, la calificación. No
importa si después lo que estamos buscando es a un integrante de la
Triple A o a alguien que haya tenido vinculación con la Triple A,
porque estos elementos tienen vinculación con los principios que
antes señalaba y que impiden que aquellos obstáculos formales que
obstaculizan, dicho sea de paso, la investigación para llegar a la
verdad en el contexto del juicio que se trate.
También tengo que hacer una mención en este tema al doctor
Montezanti, su relación con José Osvaldo Ribeiro, porque Ribeiro ha
sido considerado en diversos testimonios, pero también en diversas
causas como integrante relevante de la Triple A, como integrante
relevante de la Triple A. Y también debo hacer referencia, y no me
voy a extender, porque fue motivo de controversia y de explicación,
pero el testigo no está invalidado, Juan Pedro Tunessi observó un
diploma de la Liga Anticomunista Argentina en el despacho del doctor
Montezanti, firmado por el general Suárez Maison. Suárez Maison con
otra vinculación probable con la Triple A. Se probó que Remus Tetu y
Ponce estaban vinculados con estas bandas armadas, aquí está la
prueba, eran los empleadores quienes les daban las instrucciones. Se
probó que Argibay estaba vinculado a Remus Tetu y Ponce junto a los
demás integrantes de la banda armada.
También hay un elemento trascendente, porque se probó que esa
banda armada constituía una manifestación de la Triple A y que se
movilizaban con autos de los sindicatos y de la universidad, el
Falcon verde, que realizaban proclamas en publicaciones como "El
Caudillo", reivindicando el uso de las armas y la propiedad de la UTN
y contrarios a toda posición de izquierda. Y contrarios a toda
posición de izquierda.
Desde nuestro punto de vista se han probado diversas
vinculaciones del magistrado Montezanti con el grupo que lideraba
Argibay, que integraba su hijo, Aceituno, Chisu, Forcelli y otros
tantos, y que en un contexto también estaban relacionados con
Garófoli, Ponce y Remus Tetu.
Puede resultar anecdótico o no, pero se ha probado la relación
que existió entre el secretario del juzgado federal de Madueño que
era el doctor Hugo Sierra al cual uno de los testigos, Rodríguez, le
imputa haberlo sometido a un careo sin asistencia letrada con el
autor o posible autor del homicidio Jorge Argibay. Es el mismo
abogado que patrocina al doctor Montezanti en la causa que por
calumnias le realiza al testigo Rodríguez. Esa causa, quiero decir,
ha terminado por prescripción de la acción penal y cuando se
interpone la vía recursiva, y ya me voy a dedicar también a esa
causa, cuando se interpone la vía recursiva, en la vía recursiva
solamente se le reprocha la imputación de haber pertenecido a la
misión Ivanissevich, no los otros cargos, y luego culmina con una
intervención de los superiores tribunales de la república, con la
prescripción de la acción penal, por lo menos en la constancia
documental que tenemos aquí y que está formulada, sobre cuya base
está formulada la argumentación de la acusación.
En diversos textos o escritos el magistrado se refiere con
desprecio hacia las posiciones de izquierda y los mismos, entre otras
fechas, están ubicados en el período de actuación de la Triple A,
hordas izquierdistas, bandas de izquierda, combatientes marxistas.
Entonces, esta vinculación, que la acusación, que digo de nuevo, no
surge de la persona del doctor Miguel Piedecasas, sino que esto surge
de la Comisión de Disciplina y Acusación, que no integro, y luego del
Pleno del Consejo.
También es un dato interesante argumental, pero con prueba
documental y que suele ser un argumento que a lo mejor se lo deja de
lado, pero en la causa Aceituno que está en plena etapa de
investigación, se ha probado que muchos de los que pertenecían a la
Triple A luego fueron incorporados a la fila de los servicios de
Inteligencia como Chisu.
Desde nuestra perspectiva, porque esta es la perspectiva, y
vuelvo al inicio, y ustedes dirán: ¿por qué vuelve al inicio? Es el
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contexto político, estamos analizando la conducta del magistrado, los
antecedentes del magistrado. No deben quedar sospechas de ninguna
clase de vinculación que pongan o puedan poner en tela de juicio,
justamente en su juicio de valor sobre las contiendas de las que se
ocupe.
Respecto de su calidad como personal civil de inteligencia: el
doctor Montezanti se desempeñó como personal civil de inteligencia
del destacamento de inteligencia 181 entre el 1º de enero de 1981 y
el 1º de junio de 1982. Se habló mucho de este tema, el magistrado en
sus palabras le dedicó el apartado final, dio sus argumentaciones, no
las compartimos. No hay ningún elemento agregado a esta causa que
desvirtúe que el personal civil de inteligencia, que fue el doctor
Montezanti, haya realizado las tareas que él dice haber realizado. La
ley y los reglamentos establecen las tareas que realiza el personal
civil de inteligencia. Estas son las tareas. Si se realizaron otras
tareas debió haber estado probado documentalmente aquí, en este
recinto y en este expediente, cuáles fueron aquellos dictámenes sobre
divorcios, cuestiones, embargo, que se señalaron que era la tarea que
se cumplía todas las tardes durante el período señalado. Esto es
determinante, es la ley y la prueba. La ley y los reglamentos dicen
cuál es el objeto y función de un personal civil de Inteligencia.
Ahora bien, si se quiere que se ha realizado otra tarea que la que
surge de la ley y los reglamentos debió haberse acreditado
fehacientemente por la trascendencia del cargo, del cargo que se
imputa.
También quiero decir que es cierto que el legajo ofrece
cuestiones importantes. Se señaló que en el legajo surgía la vocación
democrática. También el proceso llamado de reorganización nacional en
sus manifestaciones documentales invocaba que lo hacían para
restaurar el orden en la sociedad y establecía o manifestaba
principios abiertos que podrían compadecerse con la búsqueda del
restablecimiento de una ordenada democracia. ¿Qué tiene que ver? Y
además, si ustedes observan con detenimiento este legajo, pruebas de
ambas partes, así que no hay animosidad en esto, no hay animosidad.
Los trámites comenzaron en 1980, no comenzaron en 1981 cuando ingresa
efectivamente, como dice, a partir del 1º de enero, comenzaron a
mediados de 1980, y Ribeiro señala que lo conocía desde 1975 y
casualmente Ribeiro estuvo en Bahía Blanca en períodos vinculados con
el 76 y 83. Pero además el doctor Montezanti claramente señaló cuál
era su relación con Ribeiro. Explicó que tenía trato. ¿Pero quién es
Ribeiro, por qué es importante Ribeiro? Porque Ribeiro ha sido
sindicado como un genocida, ha sido condenado en ausencia en Francia.
Deben existir las órdenes de captura, no es un personaje inocuo en la
historia política argentina.
No son cuestiones sencillas las que estamos tratando. Tienen un
alto impacto en la persona del magistrado, en la sociedad, en el
tribunal, en las instituciones. Lo sé, y lo trato de hacer ver con la
mayor objetividad posible. pero es importante saber de qué estamos
hablando cuando hablamos de inteligencia en ese momento. Porque no
nos olvidemos de qué estamos hablando, de qué momento estamos
hablando. Han sido caracterizados por los testigos, el mismo
magistrado, años de plomo, la peor época de nuestra historia moderna,
de muerte, de persecuciones, de terrorismo. El terrorismo: algunos de
los testigos tenían sus opiniones de un lado y del otro, pero el
terrorismo de Estado es el que ha ocupado y preocupado -y sigue
ocupando y preocupando a los tribunales nacionales, a los tribunales
federales-, está claramente adjudicado.
Y allí existe una sentencia que no está firme: Bayón, de Bahía
Blanca, del tribunal oral Federal de Bahía Blanca, que caracteriza
cuál era la importancia, el funcionamiento, el sentido y efectos que
tenía el trabajo de los servicios de inteligencia en Bahía Blanca. Es
una referencia jurisprudencial, la puedo hacer libremente, pero,
casualidad, trata sobre un punto central de esta caracterización y ya
no la realizan los testigos. Todos coincidieron de la importancia
fundamental, porque en Bahía Blanca no había una fuerza, había varias
fuerzas y todas tenían su servicio de inteligencia, como lo han
señalado los testigos. Que el testigo Cañón se explayó desde su
perspectiva, se explayó desde su perspectiva y fue muy ilustrativa,
más allá de los datos que pueden ser anecdóticos o no, pero lo
central en el funcionamiento de los servicios de inteligencia es
estructural: fue el fiscal, el fiscal general reconocido por su
actuación en esta materia. El ejército tenía la directiva 1/75 por la
cual se adjudicaba la conducción de la represión y de la comunidad
informativa; y allí aparece el rol clave de la inteligencia.
Pero trataré de ser lo más objetivo posible, ni siquiera
testimonios voy a utilizar, aunque si me queda tiempo yo quisiera
analizar cada uno de los testimonios, pero es una hora y media nada
más y debo llevar consumida media hora. El reglamento de operaciones
contra elementos subversivos, si me autorizan, RC-9-1.6.006 señalaba
que la actividad de inteligencia constituye la base fundamental en
que se apoya la lucha contra la subversión. Su importancia es tal que
puede ser destacada como la única acción militar posible y su
ejecución eficiente puede ayudar al gobierno y conducción superior de
las fuerzas armadas a producir medidas tendientes a eliminar la
agitación social y controlar a los activistas con los que podría
resultar neutralizada la subversión en sus primeras manifestaciones.
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El reglamento RC-8-3 de operaciones contra la subversión urbana
señala que una inteligencia precisa, detallada, oportuna y
permanente, concretada en el análisis de las características de la
zona urbana y de la situación del enemigo, será esencial para el
éxito de las operaciones urbanas. En el mismo sentido, el reglamento
para las operaciones psicológicas del ejército argentino RC5-1, en
igual sentido el reglamento RE-51. Pero es importante la directiva
secreta 604/79 suscripta por el general Nicolaides cuando en el Anexo
5 referido al ámbito educativo se ordenaba mantener y acrecentar las
acciones de depuración marxistas o de connotaciones marxistas. 604/79
suscripta por el general Nicolaides referida al ámbito educativo.
Obviamente Larrea describe la actuación de estas comunidades
informativas, también lo hace Cañón, pero yo me estoy refiriendo a
esta premisa. Si el reglamento nos dice qué es lo que se hace con el
personal de inteligencia, con los servicios de inteligencia, todo lo
que los testigos aportan terminan de corroborar el sentido de estas
reglamentaciones. Yo no voy a entrar en la discusión sobre los 30000
desaparecidos o muertos en el país y los 245 en Bahía Blanca en esa
época, porque son hechos notables, notorios, están los informes que
han quedado ofrecidos como prueba del Nunca Más. O sea, no se puede
desligar ese contexto socio histórico político de la historia
argentina para saber la trascendencia, importancia, función, sentido
y efecto que era pertenecer al personal civil de Inteligencia.
La referencia a Ribeiro surge del legajo personal. Dice conocer
desde 1975 al magistrado y avalar sus condiciones morales, familiares
e ideológicas. El magistrado encuentra que esta aseveración hacia
1975 lo era porque se necesitaban 5 años de antigüedad, pero bueno,
son sus aseveraciones, no hay ninguna prueba concreta que acredite
que ese era el modo de justificar el conocimiento. Lo que acá existe
y no fue desconocido es la firma del coronel Ribeiro, que es un
personaje para mí negativo de la historia política argentina,
imputado en causas criminales en la nación y en el extranjero que lo
avalan ideológicamente.
Montezanti declaró bajo juramento haber tomado conocimiento del
estatuto para el personal civil de Inteligencia y de las fuerzas
armadas y se comprometió a su cumplimiento. Él mismo ha señalado aquí
que tenía la obligación de guardar secreto, pero también el
reglamento del personal civil de Inteligencia contenía innumerables
cargas, deberes y obligaciones como las que he señalado y se
comprometió a su cumplimiento. Es el mismo compromiso que luego
invoca para señalar que no tenía la obligación de manifestar su
condición ante el Consejo o ante el Senado.
También debo decir que no hay que perder el foco de que la
universidad era un ámbito en el que se ejerció más ferozmente la
represión. Decía Actel Vilas: vuelvo a colocar la “c” porque así lo
tengo yo en mi lectura, jefe también en Bahía Blanca: es necesario
destruir las fuentes que alimentan, forman y adoctrinan al
delincuente subversivo. Y esas fuentes están en las universidades y
en las escuelas secundarias. Revista Cabildo, 1976.
Los PCI, como bien lo ha informado Cañón, parte del testimonio
que no se ha cuestionado, podían ser empleados bancarios. Dio el
ejemplo del empleado bancario que atendía, que trabajaba en el banco,
pero que era un personal civil de Inteligencia, porque justamente el
elemento que se necesita en esa función es que no se conozca que es
personal civil de Inteligencia, porque para eso se prestan los
informes. Entonces aquí queda claro esta cuestión: se infiltraron en
diversos espacios sociales, empresas, sindicatos, universidades,
colegios secundarios, redacciones, oficinas públicas y marcaron los
blancos del accionar represivo. Esto constituye un aspecto clave en
el desarrollo de las relaciones capilares entre civiles y militares.
Informe del CELS.
Yo entiendo clara la relación entre Ribeiro y Suárez Mason, y
ambos estuvieron en Bahía Blanca, también Vilas. Ribeiro fue el jefe
de Inteligencia del destacamento de Inteligencia 181 desde 1979, y
acredita conocerlo al doctor Montezanti desde 1975. Y eso es una
prueba documental que ha tratado de ser enervada por la sola
declaración del magistrado interviniente. Vuelvo a señalar que
Ribeiro dijo respecto de Montezanti conocerlo con profundidad y
asiduidad de trato suficiente desde 1975, avalando sus antecedentes
morales, ideológicos y familiares. La calificación que tenía el
doctor Montezanti era cuadro A1, que conforme la ley 19373 artículo 6
su cometido eran funciones o tareas para la realización de la misión
específica de Inteligencia. Es el mismo... la misma ley, el mismo
reglamento para el cual tomó el compromiso de cumplimentar.
Y Cañón dice que era un rango superior al de teniente coronel,
aunque el doctor Montezanti ha señalado ayer que no cree que sea así.
Pero esto está claro, la misión específica era la misión de
Inteligencia.
Cuando formalmente en ese legajo que ayer ocupó parte
importante de nuestro tiempo, cuando formalmente se desvincula, se lo
inhibe para realizar tareas de inteligencia. O sea que si cuando se
lo desvincula se lo inhibe para realizar tareas de inteligencia, ergo
cuando estaba vinculado, estaba vinculado a las tareas de
Inteligencia.
Invoca el magistrado interviniente, el magistrado aquí
involucrado, que se lo convocó para asesoramiento en materia de
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Malvinas, pero no existe ninguna constancia documental en el
currículum agregado en este legajo para acceder al cargo, ningún
elemento que acredite este conocimiento, no hay ningún artículo, no
hay ninguna referencia al conflicto con Malvinas. Yo creo que si uno
se postula y es la especialidad y es esta consulta, este
asesoramiento sobre una materia tan específica como ayer lo describió
en su argumento defensivo el magistrado, el elemento determinante era
el antecedente para ingresar como personal civil de inteligencia,
porque se estaba aspirando a ese cargo. Entonces, en ningún lado de
ese currículum que se agrega al legajo existe este antecedente.
Pero además, en la causa sobre la revelación de secretos
militares, el ejército informa a fojas 16 de esta causa sobre
violación de secretos... Pero en la causa que aquí tenemos, si
ustedes quieren tomo la lectura, a fojas 16 la información revelada,
esa que se reveló, no estaba dentro de las reservadas del decreto 4
del 2010. O sea, su actuación no se podía referir a Malvinas ni al
conflicto limítrofe y es la palabra del propio ejército. Entonces yo
creo que está desvirtuada la argumentación defensiva que se ha
intentado.
Tampoco es cierto que no existiera actividad de Inteligencia en
esos años, ya que en la causa Aceituno, foja 856, 856 vuelta, 857
vuelta, 859, 861 y siguientes se da cuenta de diversos informes de
actividad y filiaciones de personas en esa época y además Hidalgo
refirió que seguían yendo a su domicilio para realizar preguntas,
etcétera. Cañón lo reafirma. También el coronel Ribeiro señala que
Montezanti no posee antecedentes desfavorables de la comunidad de
inteligencia, comunidad de Inteligencia que evidentemente existía y
donde solicitó a esa comunidad de Inteligencia si tenía o no tenía
esos antecedentes desfavorables.
Castañaga reseña una circunstancia que es importante
temporalmente hablando: reseñó que Montezanti en una conversa le
había comentado que hacía algunos trabajos para el ejército. Pero en
el período prebélico, 1978, se le preguntó, se le repreguntó, le
preguntó el Jurado, le preguntó la Acusación, le preguntó la Defensa,
que esa vinculación era anterior al comienzo del trámite para el
ingreso que fue a mediados de 1980, concretado en 1981.
Entonces, está probada esta vinculación. Desde nuestra
perspectiva, ese compromiso que se asumió es un compromiso ideológico
con el Proceso de Reorganización Nacional que afecta su idoneidad y
su vocación democrática y viola, desde nuestra perspectiva, la
cláusula de compromiso democrático del artículo 36 de la Constitución
Nacional.
Como señalé antes, la causa Aceituno es importante, está en su
primer tramo. El doctor resulta imputado, fue citado a prestar
declaración indagatoria. No sé si ha comparecido o no ha comparecido,
pero esa causa de la que estamos hablando, que permite mostrar la
proyección de algunos elementos involucrados, personas involucradas
en la Triple A o en esas bandas organizadas que luego siguen o
continúan en los Servicios de Inteligencia del Ejército.
Yo cuestiono la excusación que se ha tratado aquí del doctor
Montezanti en las causas de lesa humanidad. Allí, en algunos de los
documentos que tratan sobre la conducta de los jueces, los principios
que rigen la conducta de los jueces, uno dice las abstenciones
infundadas. No es una excusación por haber sido personal civil de
Inteligencia, es una excusación fundada en la enemistad personal con
algunas de las personas, no con la APDH, que ayer mismo el doctor
Montezanti dijo que no es que la querellante que es la APDH, no con
las personas con las cuales mantiene enemistad, no la institución.
Esta abstención infundada le permite apartarse de las causas de
lesa humanidad, pero no se ha reseñado en esa excusación esta
pertenencia. ¿Debía hacerlo o no? Desde la Acusación debía haberlo
hecho, debería haberse excusado por haber pertenecido al personal
civil de Inteligencia del Ejército en el período justamente donde se
configuran estos delitos de lesa humanidad, por este principio de
independencia, de imparcialidad, de que las partes sepan la
caracterización, los prejuicios o no del juez que va a juzgar o no.
Y digo, no se ha excusado en las causas donde el Ejército
Argentino sea parte, ¿debía hacerlo o no por haber sido personal
civil de Inteligencia del Ejército motivo de la desclasificación
luego por parte del decreto mencionado?
Desde mi perspectiva, la perspectiva de la Acusación, esta
pertenencia es contraria a la idoneidad, artículo 16 de la
Constitución Nacional, y al espíritu y letra misma del artículo 36 de
la Constitución Nacional y provoca una inhabilidad absoluta para ser
magistrado de la Nación y violenta los principios de la Ley de Ética
Pública, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
distintos principios, porque se afecta su imparcialidad, se afecta su
independencia.
No lo dijo ni al Consejo ni al Senado ni tampoco lo pudieron
saber las partes ni la sociedad, lo que le hace perder toda
imparcialidad y pone en duda la confianza de la sociedad en su
persona.
Hemos visto aquí el grado de confrontación que existe en la
sociedad de Bahía Blanca sobre este tema. Podría serlo respecto de
cualquier persona, pero cuando lo es respecto de un magistrado,
opiniones a favor, el propio doctor Montezanti ha señalado la
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cantidad de adhesiones, que tiene una página respectiva, los grupos,
la comunidad, un juicio académico, juicio académico cuestionado por
las vías jurisdiccionales pero existente al fin, la Asamblea
Universitaria lo había aprobado o los órganos de la Universidad lo
habían aprobado, luego fue cuestionado. Este tema está instalado y
afecta la confianza de la sociedad en el magistrado que hoy estamos
analizando su conducta en este Jurado.
No se puede invocar, entonces, ignorancia en esta materia, no
solo porque era abogado, sino porque se ha observado una repulsión al
pensamiento de izquierda, cualquiera sea este, y una clara adhesión a
las bases, principios y objetivos del proceso militar
inconstitucional de notable violación de los derechos humanos en la
República Argentina y en Bahía Blanca.
No es un hecho inocuo, como lo dije ayer y se lo pregunté al
Magistrado. No es un hecho inocuo que quien pretenda ser magistrado
de la Nación se haya incorporado en uno de los períodos más oscuros
de la historia argentina como personal civil de Inteligencia, que
haya sido ocultado al Consejo, que haya sido o no divulgado al
Consejo, comunicado ni tampoco al Senado para su acuerdo. No es un
hecho inocuo para la sociedad, para las instituciones.
La réplica de la matriz militar en su ámbito de desempeño
judicial y universitario. Hemos sido suficientemente ilustrados.
El Magistrado tiene su interpretación y tiene todo el derecho a
tenerla. No es nuestra visión. El ámbito universitario y el ámbito de
la comunidad laboral en la estructura judicial, tiene también sus
principios y basamentos democráticos, no es un recinto que pueda
manejarse de una manera contraria a los principios de los bloques de
convencionalidad, la Constitución Nacional, las leyes, con ese
sentido de espíritu solidario, fraterno, de respeto absoluto por los
derechos de los trabajadores, de los representantes gremiales. Allí
está la forma diferente de actuar.
Esto es si nosotros observamos en la conducta del Magistrado en
su actuación universitaria o en su actuación en el ámbito que le toca
desempeñarse en la Cámara Federal, conductas, actos o situaciones que
atenten contra estos principios, este marco democrático laboral y
universitario.
La terminología típica de ámbitos castrenses, “inútil para todo
servicio”. Aquí hay magistrados y pueden reflexionar si ustedes
alguna vez, en algún escrito judicial, en algún descargo, en alguna
orden, en alguna resolución han utilizado la calificación de “inútil
para todo servicio”. O también para la calificación de los empleados
una conducta combativa o discreta y funcionalmente leal o que
cuestionan sistemáticamente las órdenes y se niega a colaborar o como
ha dicho algún testigo, se han mencionado la listas negras o comenzar
los tiros y terminar a los tiros o en propias palabras en una
resolución firmada por el Magistrado “dejar pasar la insolencia
conduciría a la anarquía, la perturbación del orden jerárquico no es
tolerable y debe ser sancionada”. O pedir el arrepentimiento para no
aplicar o revocar una sanción, las disculpas. Esto de plano,
sanciones de plano, sanciones sin traslado, sanciones sin descargo,
sin el derecho de defensa que todos tenemos que tener. De hecho el
Magistrado lo está ejerciendo plenamente en este Tribunal.
Ustedes, miembros del Jurado o los que son jueces, ¿alguna vez,
cuando aplicaron una sanción, han pedido una disculpa para que esta
sanción no se haga efectiva o se pueda revocar?
Después explicó de un lado o del otro las prohibiciones de
circulación por sectores de la Cámara. Pero quiero decir, cualquiera
sea la versión, así se circulaba y cambió por iniciativa de la Cámara
pero, particularmente, del magistrado interviniente. Él mismo dijo
“fui yo, personalmente, quien se ocupó, junto con los empleados,
ordenanzas de ese traslado, desalojo”, como quiera que fuere de dos
calabozos que nunca se utilizaron para el sentido que algunos decían
que se iba a utilizar. Mire si había un preso y otros decían que era
para un depósito de otros elementos. No voy a entrar en esas
cuestiones que ustedes podrán leer.
Pero queda claro que quien llevó adelante la iniciativa de
estas modificaciones de años de relación entre la Cámara y el
Ministerio Público, aunque sea por las cuestiones que se han invocado
del cambio de situación legal, en virtud de la reforma constitucional
de 1994.
Esto no ocurrió en 1994 y en los años inmediatos posteriores se
mantuvo igual la situación. El orden de monitoreo del uso del
material bibliográfico, si han dado una interpretación u otra, pero
existió un cambio, ¿y para quién era el cambio? Para el personal de
la Fiscalía. El trato inadecuado y desde la perspectiva de la
acusación, autoritario, respecto de los empleados de la Cámara y
también respecto de los estudiantes, pero de los estudiantes ya me
voy a referir.
Ayer avanzamos y conoce el Tribunal mi perspectiva y también la
conoce el magistrado, la intolerancia y desconocimiento de los
derechos de los representantes gremiales, y no voy a cambiar de
perspectiva, y no las voy a cambiar pese a las explicaciones. Porque
yo creo que dirigirse en cualquier escrito al jefe, al representante
más importante en la República Argentina, los empleados judiciales en
cualquier acepción como “emplumado”, como “buchón”, o como cualquiera
de las acepciones que se les pueda dar, o al otro representante
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segundo o tercero de la representación gremial como “el hombre del
apellido de las papas fritas”, y así podría referirme a innumerables
escritos, yo creo que es un destrato, es peyorativo, no se compadece
con el decoro. Porque a lo mejor es cierto que esos representantes
gremiales o esas personas hayan tenido expresiones que no se
correspondían. Ahora, el magistrado tiene una obligación mayor. El
magistrado... y lo digo claramente, el magistrado es una persona que
su decoro, que su honestidad, que su trayectoria, que su forma de
actuar trasciende el medio de la población porque en ello depositamos
todo, los derechos, los principios, las garantías, las últimas
definiciones. Hasta la posibilidad de que esos magistrados suspendan
las resoluciones de la Cámara de Diputados, o suspendan las
resoluciones del presidente, o suspendan los actos de los órganos
constitucionales. Esa confianza, por eso el decoro. Por eso la
actuación en todos los actos, hablan... los tratadistas hablan de la
vida pública y privada de los magistrados. Ustedes lo saben, entonces
no es inocuo, no es inocuo. Desplazar sin derecho a defensa y debida
sustanciación a personal que tenía funciones gremiales, Sandra Nair
Martínez Borda. Y ha quedado claro eh, no es que lo haya negado, ha
quedado claro, se dispuso su traslado. Pero para disponer el traslado
hay que fundarlo, hay que fundarlo y hay que provocar la posibilidad
de ser escuchada la persona que va a ser trasladada. Esta falta de
razón y fundamento jurídico fue demostrada con una sentencia de
cámara laboral que ordenó la reinstalación. Acompañar esta situación
de la calificación que había que hacerla desaparecer de la Cámara
como surge de algunos testimonios directos o indirectos, referida
entiendo yo al traslado. Pero digo, la Cámara Laboral lo que ha
dejado en claro más allá de ese acompañamiento o no respecto del
reclamo del daño moral, lo que ha dejado en claro es que la medida
era improcedente, que la medida era infundada y que debía ser dejada
sin efecto.
Raspelinin*, conforme surge de la causa 254 a fojas 168, señaló
que el doctor Montezanti no quería saber nada del gremio. También se
ha controvertido aquí la aplicación o no de sanciones de plano, o sea
sin derecho a defensa o a ser oído. Algunos testigos la afirman,
otros la niegan. Establecer un sistema de información desde los
empleados. Bueno, pero en el contexto que corresponde... y escuchamos
el testimonio de un testigo de la defensa, Cavalaro, la persona que
fue a buscar dos representantes del Consejo de la Magistratura de la
Nación, más un secretario letrado. Y luego le comentó, dice que le
transmitió la información que había escuchado en ese auto al doctor
Montezanti. No quiero tampoco referirme a las expresiones de miedo,
temor, terror o las controvertidas, campo de concentración y todas
esas cuestiones que han sido expresadas por los testigos. Están allí
en las declaraciones testimoniales y me va a llevar horas. ¿Cómo voy
con el tiempo, doctor?
PRESIDENTE.- Ya lleva un poquito más de una hora, doctor. Le quedan
todavía 20 minutos.
ACUSACIÓN (Piedecasas).- Estoy muy bien.
También se ha tratado aquí la designación, un concurso por
primera vez justo cuando le tocaba a Diez Paz que era la
representante gremial. Acceder como se lo ha reconocido al cargo por
su antigüedad, pero justo para ese caso un concurso que después no se
presentó, tuvo la posibilidad de presentarse. Y le preguntamos a uno
y otro testigo, ¿y usted cómo fue designada? “Yo pertenezco a la
cátedra”, “yo he sido designada sin concurso”. No hubo concursos en
las personas que nosotros le preguntamos y que atestiguaron aquí. Es
más, alguna de ellas se animó a decir a dedo. Y justo para la
representante gremial Diez Paz que el jurado le preguntó a la
testigo, a una de las testigos, cuál era el contenido de esa función,
y entonces allí se señaló cuál era el sentido y contenido. Le
correspondía por antigüedad y solo por ser representante gremial
entendemos nosotros, se implanta un concurso.
Respecto del anécdota del fax, impedir el uso del fax
obviamente de pertenencia de la Cámara Federal que evidentemente lo
acostumbra hacerlo. Lo que nos enteramos ayer es que ese impedimento
surgió porque el fax tenía un comunicado gremial que refería
justamente a la persona del doctor Montezanti, y que se le habían
sacado no sé cuántas copias usando el papel del Estado para
distribuir ese comunicado gremial. Esto está bien o está mal, se
venía haciendo. Y bueno, se venía haciendo y se dejó de hacer, pero
engarza en el conjunto de conductas que estoy señalando. Más allá de
toda duda, más allá de toda duda quedó absolutamente probado por el
expediente respectivo que el magistrado fue denunciado por el
presidente de un Centro de Estudiantes, algunos dicen con valor o sin
valor de Centro de Estudiantes, con Defelice por cerrar las aulas con
los alumnos adentro, no cumplir con el dictado de las clases,
abandonar la clase y el aula porque sonaban los celulares, y que
recibió por ello el llamado de atención del director del departamento
Lovato. Y además se puso en evidencia que varios de los testigos dela
defensa, decían desconocer abiertamente lo que está absolutamente
documentado. Porque esto también es importante, acá también hubo
controversia y muchos de los testigos vinculado a la Universidad con
intervención en muchos de estos expedientes, en estos trámites de
reclamo. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver con esto o qué no tiene
que ver? Tiene que ver por un lado con la credibilidad de los
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testigos, y tiene que ver por lo otro, por los patrones de conducta
que estamos tratando de identificar.
También es un tema interesante que seguramente merecerá la
réplica que corresponda de la defensa. Ayer se generó una explicación
sobre la bibliografía que se utilizaba y se señalaron innumerables
obras, pero se omitió a Carl Schmitt, claramente militante del
nazismo, jurista y funcionario del régimen nazi en 1933-1936. Entre
otros textos, “La Dictadura”, que además en uno de los
acontecimientos que lo involucraban al doctor Montezanti, relatado no
recuerdo ahora si por la esposa o por algún otro testigo, era
supuestamente uno de los libros que tenía en su poder, donde se
afirma la legalidad de órdenes emanadas del Reich que se debían
cumplir o que consistieren en cubrir de gases venenosos en un caso...
No quiero entrar al contenido, quiero decir, en ese manejo de la
bibliografía que estaba, la que se omite sustancialmente es la de un
autor de reconocida afiliación nacional socialista, nazi.
Se ha cuestionado si Montezanti resistía o no resistía la
actividad política estudiantil. Es más, ayer el magistrado explicó
respecto de una de las estudiantes de aquel tiempo. Para nosotros ha
quedado probado con el testimonio de los testigos que justamente
había una resistencia a ese desempeño de la actividad política
estudiantil.
Respecto de las sanciones de plano o el trato que se ha dado a
alguno de los empleados, también podríamos enfocarnos en casos
particulares, Castelli, que ayer se señaló la explicación del
magistrado. Pero no dejan de ser esas expresiones, desde nuestro
punto de vista, que desacreditan la persona misma de la involucrada y
que no eran adecuadas formularlas. La junta médica no corroboró esas
especiales circunstancias que podía padecer la mencionada Castelli.
También se ha mencionado por alguno de los testigos sobre
sanciones de plano por cuestiones que no eran vinculadas con la
Cámara. Se ha mencionado a Ernestina Cabezas. Hay un relato, van a
observar ustedes, sobre cuál fue la circunstancia que motiva la
sanción de Ernestina Cabezas. Pero también entiendo, desde mi punto
de vista de la Acusación, un tema que se ha controvertido aquí,
incorporado por la Defensa, que ha sido este fallo referido a la
trata. Pero yo digo: ¿era necesario colocar en una sentencia estas
palabras respecto de las mujeres que se pudieren encontrar afectadas
por esta clase de delitos, que no son decorosas, que son agraviantes
en relación a la condición de mujer, violatorias de la Convención de
Belén do Pará y de la ley interna correspondiente, violatorias de las
bases no sexistas y no discriminatorias respecto de la mujer, y del
lenguaje en materia de género que deben observar los jueces en sus
sentencias?
El doctor Montezanti sostiene la justificación de la pena de
muerte. En este tema, la Acusación ha dicho lo que ha dicho.
Sostiene: hemos referenciado estos artículos publicados en La Ley,
1979, y luego en 1981. Pero luego el testigo Sáez, un testigo que
declara con claridad sobre este punto que exhibía un artículo en su
despacho, publicado en La Nueva Provincia, sobre la pena de muerte. O
sea, no es que lo ha publicado, lo exhibía como un artículo
importante, con trascendencia, y expuesto en el ámbito de su
actividad profesional. El testigo Sáez manifestó que tenía un
artículo sobre la pena de muerte y que defendía esa postura; y que
ese artículo había sido publicado en La Nueva Provincia. O sea, no
era uno de los artículos anteriores a los que se ha pretendido
limitar el debate. Pero, a su vez, del legajo presentado ante el
Ejército Argentino surge otro artículo vinculado a esta temática. Es
cierto que las referencias al delincuente como un posible enfermo o
monstruo sea por referencia directa o por cita de terceros. Pero que
la terminología está contenida dentro de los artículos primeramente
citados... Al artículo me remito. Y también se observa un rechazo a
posiciones humanitarias en esos artículos, que considera falsas y
huecas y con podredumbre que las corroe. También hay otra afirmación:
que la pena de muerte no se implanta ni se deroga por ley, sino que
existe por sí en la organización social, nos guste o no. Vuelvo a la
lectura, porque esto es importante en virtud de la calidad de
magistrado -está bien, son artículos anteriores-: no se implanta ni
se deroga por ley, sino que existe por sí en la organización social,
nos guste o no. Si se la elimina de los códigos, reaparecerá en otros
campos y bajo otras formas.
Esta posición, para nosotros, es contraria al derecho a la vida
como valor fundamental de una sociedad democrática, más allá de los
instrumentos legales internacionales a los cuales la Argentina se
encuentra adherida. Y quiero decirle que el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
data de 1950. Pero, cuando recibimos la prueba, que he podido leer
casi toda -no toda-, en la causa "Montezanti por calumnias e injurias
c/Rodríguez, Alberto Manuel", Cuerpo I, Anexo XVIII, fojas 6, el
doctor Montezanti señala: en cuanto a la cuestión de la pena de
muerte, sabido es que desde el punto de vista doctrinario milito
entre quienes defienden su aplicación en forma legal, y solamente
para delitos de suma gravedad. En tal sentido, he publicado artículos
en revistas jurídicas -cita los dos artículos mencionados- y he
participado en debates sobre el particular. En cuanto a la cuestión
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de la pena de muerte, sabido es que desde el punto de vista
doctrinario milito entre quienes defienden su aplicación.
El escrito es del año 2004; ya había sido designado magistrado.
PRESIDENTE.- Estamos dentro de los diez minutos.
ACUSACIÓN (Piedecasas).- Aquí también hay textos importantes que se
refieren a Ivanissevich, a la Triple A... Están aquí; el Tribunal los
puede leer, porque de acuerdo al compromiso que honraré hemos tomado
estrictamente una hora y media. Pero nunca después del desempeño
escribió artículos en contra de sus posiciones anteriores. Y en este
escrito de 2004 está claro que dice "milito". Entonces, no se puede
hablar de esos antecedentes tan lejanos..., el cambio de posición de
las personas...
Yo respeto la argumentación de la Defensa. No es mi
argumentación; yo señalo hechos concretos, concretos: frases no
decorosas y agraviantes. Obviamente, he ido reseñando, pero hay
innumerables. Me he tomado el trabajo, que no podré convalidar en
estos diez minutos, de ir reseñando en diversos artículos. Pero no se
trata de un momento, porque en esto discrepo con la explicación que
se me dio ayer. No se trata de un momento; algunas están expresadas
como las hordas izquierdistas, en 1974, en 1975. Pero las otras están
expresadas a lo largo de muchísimos años. También se podría haber
cambiado estas calificaciones, por lo menos cuando uno se incorpora
como magistrado, porque tiene esta necesidad, obligación legal, del
decoro, en cualquier escrito, en cualquier escrito. Y más ante el
órgano constitucional como lo es el Consejo de la Magistratura de la
Nación. Entonces, yo considero, no lo voy a detener, pero: inepto
resentido; patotero barato; cagatinta; emplumado; equivalente a
alcahuete; ladrones y adúlteras. Esto respecto de Piumato, Pringles;
es el nombre de una conocida marca de papas fritas. Empezaron a los
tiros y terminó a los tiros; la castigatio doméstica; la inquisitio;
Congreso genuflexo o perezoso; tovarich; hordas izquierdistas; la
referencia a la mujer, que no voy a volver, por una cuestión de tino,
que me parece inadecuada, desacertada, inconveniente, por todos los
motivos que he señalado.
Señores: se le han formulado los cargos correspondientes
conforme lo establecido en el artículo 53 de la Constitución
Nacional, en concordancia con el 36; con el 29; el 16; el 75, inciso
22; 114; 115; el artículo 25, inciso 2, inciso 4; inciso 5 de la ley
24.937; haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la
vigencia de los derechos humanos, evidenciando falta de idoneidad
moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables
para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la
Nación; haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios
y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de
justicia, alumnos, denunciantes y consejeros.
Yo entiendo que la acusación ha logrado probar los cargos que se
le han imputado, los hechos que la han fundado, las circunstancias, y
vuelvo al principio, lo que está en juego aquí es la confianza que se
depositado, que se ha transferido. Yo creo que esta inhabilidad que
surge del artículo 36 se proyecta como un paradigma que nosotros
debemos respetar. Es suficientemente trascendente e importante la
vinculación que se ha probado con estas bandas armadas organizadas
que actuaron en Bahía Blanca en la época señalada, pero también ha
sido absolutamente probado, porque hasta este momento, hasta este
juicio, como bien lo dijo el doctor Montezanti, no habíamos
discutido, nunca discutido, probado, alegado, argumentado respecto a
la pertenencia del magistrado Montezanti como personal civil de
inteligencia en el proceso militar de 1976/1983. Nosotros creemos que
esto afecta fuertemente la independencia, la imparcialidad, la
confianza de la sociedad depositada en el magistrado, sostiene la
acusación y solicita un veredicto condenatorio por parte del
tribunal. Muchas gracias.