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Año 4 - N°57 - Junio 2014

Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

Se conformó la comisión que encarará la iniciativa

Analizan reforma estructural del sistema contravencional chaqueño

Editorial Por: Rolando Toledo

Fructífero semestre para la justicia chaqueña

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El Poder Judicial estudia sus ventajas y falencias. Se integró el grupo de trabajo que cumplirá la función, encabezado por los integrantes del directorio del Centro de Estudios Judiciales y jueces de toda la provincia.

En toda la provincia

Fallo Sala Civil, Comercial y Laboral

Realizaron la primera reunión en la sede del CEJ.

Acompañamiento a la formación judicial

Impulsan Doctorado en Derecho y Posgrado Procesal, Civil y Comercial

Capacitaciones en diversas temáticas

Novedosa decisión: STJ confirmó medida anticautelar decretada en primera instancia

Año IVNúmero

Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del ChacoLópez y Planes 215Resistencia | Chaco

PresidenteRolando Ignacio Toledo MinistrosRamón Rubén Avalos María Luisa LucasAlberto Mario ModiIride Isabel María Grillo

Redacción, fotografía,diagramación y ediciónOficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia

Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación

Contacto Oficina de Prensa del Superior Tribunal de JusticiaTeléfono 0362-4452893prensa@justiciachaco.gov.ar57

Junio de 2014

Dirección editorial

www.justiciachaco.gov.ar

Superior Tribunal de Justicia

Editorial2PÁG. Resistencia,

Juniode 2014

Editorial

FRuCTíFeRO SeMeSTRe PARA LA JuSTICIA ChAqueñA

A medida que dejamos atrás la primera mitad del 2014, puedo decir que el Superior Tribunal de Justicia ha cumplido con varios de los objetivos planteados pormenorizadamente el 7 de abril en el acto de apertura del año judicial.

La agenda, plena de proyectos, iniciativas y actividades, se vio potenciada por la auspiciosa marcha del nuevo diseño organizacional (NDO) del ministerio público, junto a la modificación del sistema procesal penal. Además se produjeron numerosos avances en materia edilicia, nuevos juzgados y centros de mediación, digitalización de los procesos (como el pago electrónico); al tiempo que sigue desarrollándose la capacitación continua de empleados, funcionarios y magistra-dos.

Estos son solamente algunos de los aspectos a destacar, realizados gracias al esfuerzo de cada uno de los miembros del Poder Judicial para sor-tear las complicaciones propias de un presupues-to acotado.

Acciones institucionAlesTambién, en función de la aplicación de la

nueva ley orgánica de justicia de paz (Nº 7341), se están concretando capacitaciones para los in-tegrantes de los juzgados de paz y faltas en todas las circunscripciones.

Asimismo acabamos de conformar la comi-sión que se encargará de la redacción de un ante-proyecto para la modificación del código contra-vencional chaqueño.

El Centro de Estudios Judiciales, por su parte, tuvo un rol fundamental en el perfeccionamiento permanente en función de las problemáticas que resuelve cada fuero, así como de los roles que cumplen los jueces, secretarios y empleados, en función de sus líneas estratégicas.

Algunas de las actividades realizadas que más se destacaron fueron: la apertura del aula virtual, que dio comienzo al Programa de Educación a Distancia del Centro de Estudios Judiciales (PEAD-CEJ); la maestría en magistratura desa-rrollada en convenio con la Universidad Austral y los numerosos talleres dictados bajo la modalidad de videoconferencia.

Al mismo tiempo se desarrollaron actividades dedicadas a la perspectiva de género; la violencia de género, familiar y sexual; protección de meno-res; mejora de la gestión judicial del fuero laboral y del fuero penal, entre otras.

Para este año se prevé la implementación de la Policía Judicial, que actuará en el ámbito procesal penal y contravencional (según lo dispuesto por la ley 6977), como apoyo específico al Gabinete Científico del IMCIF, y de nexo entre investiga-dores y fiscales de investigación y jueces de ga-rantía así como camaristas del fuero penal.

Ha sido también muy importante la apro-bación dada por el STJ a la adenda al convenio del sistema especial de depósitos judiciales (para

depósitos y pagos electrónicos), suscripto con el Nuevo Banco del Chaco, que incorpora una serie de alternativas que permitirán brindar un servicio más ágil y eficiente a los profesionales del dere-cho.

Con ella se agrega un proceso de apertura de cuentas judiciales y un sistema informático de consulta de cuentas que permitirá a los juzgados realizar en forma directa consultas de saldos, mo-vimientos, clave bancaria uniforme, número y denominación de cuentas y un sistema de vincu-lación de causas.

PolíticA ediliciAUno de los pilares históricos del STJ ha sido

la política edilicia. En tal sentido está planeado que en agosto se inaugure el edificio del juzga-do Multifuero de Misión Nueva Pompeya. Dicha obra, emblemática por sus dimensiones y por es-

tar ubicada en el centro del impenetrable, deman-dó una inversión de $6.973.895 pesos. A partir de su puesta en funcionamiento se podrá dar una atención aún mejor a las necesidades de los pue-blos lindantes.

Por otra parte cabe recordar que se inició la primera etapa de la obra del edificio de tribunales III del fuero civil de Villa Ángela (que termina-rá de construirse en julio del año que viene, con un costo de $45.160.576); además de la remode-lación de los núcleos húmedos del actual edifi-cio de tribunales de esa ciudad, por un valor de $1.250.000.

Actualmente están a punto de finalizar las obras de reparación de los juzgados de paz de Fortín Frías ($180.000), Fuerte Esperanza ($180.000), Hermoso Campo ($305.000) y General Pinedo ($590.000).

Además tenemos previsto llamar a licitación e

iniciar las obras para el Centro Público de Media-ción, que estará ubicado en Brown 312 de Resis-tencia.

En tanto que para octubre comenzará la cons-trucción el edificio del fuero penal en López y Planes 653. La misma requerirá una inversión de $62.994.000 y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. Allí, una vez sancionada y promulgada la nueva ley procesal laboral, se trasladarán la cáma-ra del trabajo y los cuatro juzgados de ese fuero.

Finalmente, en diciembre, empezará la edifica-ción de la tercera torre del fuero civil de Resisten-cia. Está previsto que concluya en un año y medio con un valor de $75.246.000.

tecnologíA Al servicio de lA investigAción

No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene el Instituto de Medicina y Ciencias Fo-rences (IMCiF) en la investigación de los delitos. Tanto es así que sus servicios son requeridos por otras provincias, en virtud de la calidad del trabajo de los profesionales de distintas ciencias con que cuenta.

Por tal motivo la institución fue seleccionada como sede nordeste del Programa de Laboratorios Regionales de Investigación Forense conformado por: Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, en el marco del convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

el vAlor de lA justiciA bArriAl

Otro de los aspectos relevantes fue la mejora sustantiva en el servicio de justicia ofrecido a los habitantes de Resistencia mediante el Juzgado de Paz y la Defensoría Barrial del barrio Güiraldes.

Éste permite a los ciudadanos consultar o re-solver sus controversias y conflictos, y posiciona al Poder Judicial provincial como referente regio-nal y nacional en materia de justicia comunitaria.

ProfundizAndo lA mediAción

Otro organismo de referencia, dado su carácter voluntario e interdisciplinario, es el Centro Públi-co de Mediación, pionero de su tipo en el país y fuente de consulta en congresos nacionales e in-ternacionales.

Desde el STJ estamos convencidos de la im-portancia que tiene esta forma de resolución de conflictos y es por tal motivo que la apoyamos de-cididamente. Tal es así que recientemente fueron inauguradas delegaciones en Castelli y Charata, las que dependen del CPM de Resistencia y la se-cretaría de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.

Por: Rolando Toledo

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Habrá diez cupos de estudio que se distribuirá en base a un concurso de antecedentes.

Para el dictado de Doctorado en Derecho

El STJ ratificó convenio con la Facultad de Derecho de la UNNE

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ra-tificó los términos del convenio firmado entre la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políti-cas de la Universidad Nacional del Nordeste y el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que tiene por objeto el dictado de un “Doctorado en Derecho” en esa ciudad.

El Consejo Superior de la Facultad de Dere-cho, Ciencias Sociales y Políticas de la Univer-sidad Nacional del Nordeste dispuso que el pos-grado se destine a jueces y funcionarios del Poder

Judicial de las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa y prevé la participación de hasta diez cursantes por cada una de ellas.

cuPo PArA el chAco El STJ del Chaco elaboró un reglamento que

dispone que el total de diez cupos de estudio se distribuirá en base a un concurso de anteceden-tes y de acuerdo a las siguientes categorías: una beca se otorgará entre los ministros del STJ in-teresados; tres becas, entre los funcionarios que

revisten en el Ministerio Público; dos becas, entre magistrados que revisten como jueces de órganos de segunda o única instancia; dos becas, entre magistrados que revisten como jueces de primera instancia o de Paz Letrado; y dos becas, entre fun-cionarios que revisten como secretarios técnicos, secretarios de superintendencia, secretarios de primera y segunda instancia.

Para el otorgamiento de la beca se tendrá en cuenta, preferentemente, dentro de cada catego-ría: el escalafón jerárquico del cargo de revista

del solicitante conforme Ley Nº 2.471, Anexo I; la función que ejerce; sus antecedentes académi-cos y científicos; sus actividades como capacita-dor del Centro de Estudios Judiciales; su partici-pación como jurado de tribunales examinadores en los concursos del Superior Tribunal de Justi-cia; y la antigüedad en el ejercicio de la función o magistratura en el Poder Judicial del Chaco, o en otros Poderes Judiciales o en la Administra-ción Pública.

Pcia. Roque Sáenz Peña

Gran convocatoria del Ateneo de Estudios ProcesalesAlrededor de cien profesionales del

derecho asistieron el 6 de junio a la sesión del Ateneo de Estudios Proce-sales del Chaco celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Juzgado de Paz y Faltas de Sáenz Peña.

La apertura del evento estuvo a cargo de Fernando Heñin, quien hizo un repaso de las diferentes activida-des realizadas por el Ateneo desde su creación en 2011 e invitó a sus cole-gas a asociarse. Además destacó que Resistencia será sede del IV Encuen-tro Nacional de Ateneos el 5 junio de 2015. Esta actividad es organizada por la Federación Argentina de Ateneos de Estudios Procesales (FAEP), tiene el auspicio del Superior Tribunal de Jus-ticia del Chaco (que también la declaró de interés judicial), Lotería Chaqueña y fue declaración de interés provincial por el Poder Ejecutivo.

lAs exPosicionesA continuación Natalia Facchin ex-

puso sobre el procedimiento estableci-do en la nueva ley 7388, de adopción, que regula los caminos legales para in-tervenir rápidamente ante situacio-nes de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes que ameriten eventual-mente el corte de los lazos jurídicos con la familia de origen y la creación de una filiación adoptiva, como coro-lario del derecho constitucional a vivir en familia.

Asimismo precisó que la norma se encuentra a la vanguardia de la legisla-ción nacional. Ya que sigue los criterios sentados por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General sobre el rechazo a la entrega directa de los ni-ños, abordando con datos estadísticos el funcionamiento actual del Registro Centralizado de Adoptantes como paso previo e ineludible para gozar de vín-culos adoptivos instituídos de manera transparente

Por su parte Silvina De Lucchi di-sertó (con el formato TEDx, en el que el orador desarrolla un tema utili-

zando o no diapositivas y siguiendo un estricto patrón de tiempo, am-pliamente empleado en los encuen-tros de fAeP) sobre la resposición in extremis, planteando la posibilidad de que en algunos casos la misma puede ser resuelta sin sustanciación previa.

A su turno Diego Sánchez de la Vega expuso acerca del proyecto de reformas al procedimiento laboral. Du-rante su alocución destacó sus aspectos centrales e indicó que tiene como fin

dar una mayor celeridad e inmediación en los trámites de este tipo. También relató sus experiencias en la comisión (integrada por legisladores, represen-tantes del Poder Judicial, abogados, gremios, magistrados y referentes del Ateneo) que redactó el citado antepro-yecto durante el año pasado.

Por último Diego Derewicki se explayó respecto a las “planillas judi-ciales”: problemática de la oportuni-dad para su presentación, la forma de liquidación de los diferentes conceptos

que deben incluirse y las prioridades legales para el cobro y el alcance que debe darse a la aprobación “en cuanto a lugar por derecho procediere”, que trae disímiles interpretaciones en la doctri-na y jurisprudencia. También se tuvo oportunidad de discutir el tema de los gastos en el proceso y los honorarios profesionales; con lo cual se generó un enriquecedor debate sobre la realidad de cada circunscripción.

El evento contó con el auspicio del Superior Tribunal de Justicia y con la

colaboración del Colegio de Abogados de la segunda circunscripción judicial.

reunión de fAeP en noviembre

El 7 de noviembre se celebrará el III Encuentro de la FAEP en la ciudad de San Nicolás donde expondrán, además de los representantes de cada Ateneo, juristas de la talla de Jorge Peyrano, Roland Arazi, Eduardo de Lázzari, Mabel de los Santos, Toribio Sosa y Carlos Carbone.

La presencia fue masiva en el encuentro del Ateneo.

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El Centro de Estudios Judiciales fue el ámbito en el que se desarrolló la reunión de conformación de la comisión que se encargará de redactar el anteproyecto de ley de reforma del Código de Faltas actual.

Sandra Saidam, integrante de la comisión que se encargará de trabajar en la redacción y reflexión en torno a la reforma estructural del sistema contravencional chaqueño, y jueza de Faltas de Barranqueras (también autora de un libro relativo al tema) dialogó con INFOJUS acerca de las implicancias de este proceso de cambio.

Se integró grupo de trabajo para redacción del anteproyecto

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo con las ministras María Luisa Lucas e Isabel Grillo y el Procurador General Jorge Canteros, miembros del Directorio del CEJ, dirigieron la convocatoria de la que también participaron jueces de paz y faltas de Resistencia y el inte-rior provincial –y de distintas categorías de juzgados-, representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial chaqueño y del Consejo de Abogados de Resistencia, además del coordinador del CEJ, Raúl Facchin.

La iniciativa de la reforma se inició “como una manera de tratar de solu-cionar algunas falencias del código de Faltas, sobre todo a la luz de las ex-periencias de algunos magistrados de la justicia de paz y faltas y de algunas tesis que surgieron de la maestría de la Universidad Austral, sobre la nece-sidad de reformar varias cuestiones”, introdujo al tema Toledo, quien luego mencionó la reforma del sistema procesal penal que está implementando el Poder Judicial en Resistencia, y la proyección de extender esa experiencia -el “sistema acusatorio puro”- al interior.

La convocatoria a los actores presentes se planteó, según les dijo Toledo,

como “un primer paso para llevar la comisión organizada al plenario de justi-cia de paz y faltas de Sáenz Peña, así ahí empezamos el debate”.

Se propuso constituir la comisión, establecer un plazo provisional que permita efectivizar un despacho este año, habilitar el debate para consensuar el mejor modelo, distribuir tareas, realizar estadísticas que permitan conocer la actuación de los juzgados de paz y faltas y crear una comisión redactora que tenga como base “los proyectos, las leyes que creemos que son las más convenientes, las más útiles (como la de la CABA, por ejemplo)”, propuso Toledo.

“Todos los cambios que se hacen para adentro del Poder Judicial tienen que ser necesariamente consensuados”, también afirmó el presidente del STJ

“En la provincia del Chaco todos están conscientes de que nuestro poder Judicial trata de sacar los proyectos mejor estudiados. Inclusive hasta ahora, incluyendo la ley orgánica de Justicia de Paz y el Código Procesal Penal, hemos tenido todo el apoyo de empleados, funcionarios, fiscales, jueces. Por-que se dieron cuenta de que (su implementación) realmente era una salida mucho mejor que lo que estaban haciendo”, concluyó.

Reformarán sistema contravencional chaqueño

Miembros del Directorio del CEJ junto a jueces de paz y faltas de Resis-tencia y el interior provincial en la conformación de la comisión.

-Qué es lo central que se debe discutir en la reforma estructural del sistema contravencional chaqueño?

- En principio debo señalar que el Poder Judicial del Chaco ha dado un paso trascendental propician-do una reforma imprescindible del fuero contraven-cional en nuestra provincia. La reforma de nuestro código de faltas es una de las grandes deudas que se tiene con la ciudadanía chaqueña.

No tengo dudas de que el trabajo de la comi-sión conformada para analizar y proponer la re-forma legislativa que será puesta a consideración de los legisladores será satisfactorio y colocará a nuestra provincia a la vanguardia de la legislación contravencional de nuestro país, lo que me llena de orgullo.

A excepción de la Ciudad Autónoma de Bs.As., a los largo y a lo ancho de nuestro país, la mate-ria contravencional es un espacio de no derecho. Existen provincias en que si bien existe ley contra-vencional, es la autoridad policial la que juzga las faltas, hasta el extremo de lo que sucede en Tierra del Fuego donde las contravenciones son estableci-das mediante edictos policiales; no existe ley dicta-da por el órgano constitucional competente. Tam-bién se advierte que los códigos contravencionales son verdaderos nichos de prácticas y conceptos de contenido discriminatorio relativos al género, la in-fancia, la salud mental, la pobreza, la libertad y la seguridad, que están lejos de ser adecuados a los desarrollos legislativos logrados en nuestro país y los consensos alcanzados en el orden internacional de los derechos humanos.

La Ley 4209 (Código de Faltas) debe ser revisa-

La provincia a la vanguardia de la legislación contravencional del país

El edificio de Multifuero de Misión Nueva Pompeya terminado en un 95%.

AVANzAN ObRAS deL POdeR JudICIAL

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Sandra Saidam, integrante de la comisión que se encargará de trabajar en la redacción y reflexión en torno a la reforma estructural del sistema contravencional chaqueño, y jueza de Faltas de Barranqueras (también autora de un libro relativo al tema) dialogó con INFOJUS acerca de las implicancias de este proceso de cambio.

da íntegramente. En su aspecto sustancial, los tipos contravencionales deben respetar los principios de culpabilidad, legalidad, lesividad y proporciona-lidad. Nuestro Código está plagado de figuras in-constitucionales que sancionan por ejemplo “la for-ma de ser” o “de vestirse” de las personas; existen tipos legales abiertos o que carecen de lesividad. Y también están incluidas entre sus normas conductas que constituyen delitos por así disponerlo la legis-lación penal de fondo. Cada una de las figuras con-travencionales deberá ser analizada y seguramente, muchas de ellas deberán ser derogadas, otras mejo-radas en su redacción o incorporados nuevos tipos.

Deberán revisarse las sanciones establecidas en nuestro código. La mayoría de ellas o son excesi-vas (el promedio es de 30 días de arresto) lo que claramente se contrapone con el fin del derecho contravencional que es preservar e instar la con-vivencia pacífica entre los ciudadanos. Existiendo también sanciones que se contraponen con normas de jerarquía superior; así entre las penas sustituti-vas (Art.20) se incluye el “cumplimiento del trata-miento terapéutico que se disponga previo informe médico”. Hoy, conforme la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657, un tratamiento terapéutico no puede ser impuesto y deben ser cumplimentados los requisitos dispuestos por esta ley.

Si bien, comparando las legislaciones contra-vencionales de otras provincias, la nuestra no se encuentra entre las más aflictivas, lo que creo, en mayor medida, debe atribuirse al control de consti-tucionalidad que realizan los operadores judiciales, contamos sí con una inflación legislativa. Los tipos contravencionales incluidos en el código alcanzan

a 99, a lo que debe adicionarse un sinnúmero de leyes complementarias.

-¿Por qué es importante la aplicación de un sistema acusatorio en el sistema contravencio-nal?

-Sencillamente porque el modelo impuesto por nuestra legislación es inconstitucional.

Es su aspecto formal. Es preciso señalar en este sentido que claramente se puede advertir que mientras el desenvolvimiento del derecho procesal penal propende día a día al respeto a las garantías constitucionales de los involucrados; en el derecho contravencional esas garantías son prácticamente nulas. Creo que esta característica responde a que nuestro derecho se desenvuelve en el sector de la población más vulnerable y que desde hace muy poco tiempo se comenzó a tomar real dimensión de su carácter aflictivo. Históricamente y como suce-de aún en muchas provincias argentinas, el derecho contravencional era manejado por la policía; hoy ya nadie discute que es derecho penal y que deben respetarse las mismas garantías constitucionales.

Hoy, los jueces estamos obligados a ejercer fun-ciones que no nos corresponden, especialmente las de investigar; el Código de Faltas chaqueño tiene diagramado un sistema inquisitivo lo que en defi-nitiva impacta en el principio de imparcialidad. Es indispensable garantizar la defensa de las personas involucradas en los procesos contravencionales y claro está, la separación del órgano acusatorio del juzgador. Se deberá implementar el modelo acu-satorio conforme lo dispone nuestra constitución.

Nuestra provincia, con el Código de Faltas vi-

gente, está incumpliendo con el bloque constitucio-nal de derechos, y con los instrumentos de dere-chos humanos que son leyes operativas en nuestro país, ya que más allá de las regulaciones que cada provincia pueda hacer -dictar el código contraven-cional en este caso- jamás podrán restringir estos derechos.

- ¿Qué beneficios aportaría a la ciudadanía la reforma estructural que se persigue?

-Hay que señalar que tras el argumento del fede-ralismo mal puede eximirse a las provincias de las obligaciones que surgen del bloque de constitucio-nalidad, ni tampoco permitiría al estado nacional deslindarse de responsabilidad por el incumpli-miento de un tratado internacional en un territorio provincial, el argumento de que su intervención avasallaría la autonomía provincial.

La responsabilidad de la Nación frente a los ór-ganos internacionales es incontestable (art. 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Nuestro código de Faltas debe adecuarse en consecuencia al mandato constitucional y los com-promisos internacionacionales asumidos por nues-tro país.

La provincia debe garantizar al ciudadano cha-queño el servicio de justicia que corresponde y está claro, el previsto por la ley 4209 no lo es. Y una modificación integral del Código, respetuosa de nuestra Constitución Nacional e Instrumentos In-ternacionales, vendría a otorgar a la ciudadanía, de una vez por todas, derechos y garantías que se le vienen negando.

La provincia a la vanguardia de la legislación contravencional del país

La reforma estructural del sistema contravencional chaqueño requiere un programa de gobierno judicial basa-do en la planificación estratégica que involucra modificaciones del Código Contravencional; de la Ley Orgánica de Justicia Nº 3; de la Orgánica de Justicia de Paz Nº7341 y de la Ley de Ministerio Público Nº4396. Además de la reestructuración de la Justicia de Paz y Contravencional que incorpore el sistema acusatorio, incluyendo el funcionamiento de fiscales y defenso-res, así como una Cámara que atienda las apelaciones de los jueces de prime-ra instancia (podría ser en Resistencia la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional y, en las circunscripcio-nes del interior, las cámaras del Cri-men). También es necesario realizar una capacitación de todos los emplea-dos, secretarios y jueces, especialmen-te para aplicar los nuevos criterios de gestión provenientes de las ciencias de la administración. Todo debe ser acompañado con las remodelaciones o nuevas construcciones edilicias e ins-talaciones de los TICS (computadoras portátiles y celulares para el juzga-miento de las faltas y contravenciones flagrantes).

RequeRIMIeNTOS

El edificio de Multifuero de Misión Nueva Pompeya terminado en un 95%.

La construcción del edificio de tribunales de Villa Ángela avanza con rapidez.

AVANzAN ObRAS deL POdeR JudICIAL

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Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral

Novedosa decisión: STJ confirmó medida anticautelar decretada en primera instancia

Es una de las primeras sentencias de su tipo en el país. También se admitió la participación de organizaciones en carácter de amicus curiae del tribunal. La sentencia hace hincapié en que no se fijaron límites al acceso a la jurisdicción ni a la libertad de expresión.

En una decisión que resulta novedosa para su jurisprudencia, el Superior Tribunal de Justicia ejerció jurisdicción positiva y confir-mó el fallo de primera instancia que decretó la medida cautelar de no innovar promovida por la firma CESHMA que contra la Funda-ción Encuentro por la Vida, Cultura y Demo-cracia. De ésta manera la ONG deberá abs-tenerse “de realizar cualquier acto u omisión que implique la perturbación de la ejecución del proyecto edilicio y urbanístico”conocido como Resistencia Mall.

La decisión, plasmada en la sentencia 120/14 de la Sala Civil, Comercial y Laboral del STJ, pretende evitar que exista un abuso cautelar; al tiempo que establece límites al reclamo. De esta manera el Alto Cuerpo pro-vincial dictó uno de los primeros fallos en el país dentro de lo que se conoce como “anti-cautelares”.

Otro punto destacado del fallo en cuestión fue la participación de la “Fundación Am-biente y Recursos Naturales” y “Poder Ciuda-dano”, en calidad de amicus curiae del STJ; quienes tuvieron la oportunidad de explicitar su postura y fundamentos sobre el tema.

Historia del casoVale recordar que el Juzgado Civil y Co-

mercial 21 de Resistencia decretó la citada medida. Ésta decisión fue apelada por la parte demandada alegando que se afectaba el “ejer-cicio de la libertad de expresión y el derecho de peticionar ante las autoridades”.

Ante ello la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial revocó la sen-tencia de grado y en consecuencia desestimó a pretensión. Lo cual motivó que CESHMA presentara su apelación ante el Alto Cuerpo.

Fundamentos de la decisión

Los jueces Ramón Rubén Ávalos y Alber-to Mario Modi señalaron dos falencias cen-trales en el fallo de la Cámara: un inadecuado encuadre jurídico del caso y que se sustenta en el razonamiento de priorización de los de-rechos.

Respecto a la primera crítica explican que la causal de otorgamiento de una medida anti-cautelar, no es un posible hecho ilícito -como en las tutelas inhibitorias-, sino un “grave perjuicio para el cautelado”, no obstante so-bre el punto nada expresaron los magistrados, máxime que no especificaron porqué razones no resulta aplicable dicha doctrina en relación al caso concreto, pese a que la existencia de un latente y probable perjuicio fue precisa-mente el argumento esencial de la medida incoada por la parte actora.

Respecto a la priorización de derechos cuestionaron que “se confrontó genéricamen-te los derechos de peticionar ante las autori-dades, acceso a la jurisdicción y defensa de los derechos ambientales por sobre los de propiedad y a trabajar (entre otros), todos, de raigambre constitucional”. Pero que “sin embargo ello no hace más que evidenciar que la utilización de tal método en el pronuncia-

miento de Cámara aparece inconducente a los fines de resolver la medida de naturaleza cautelar”.

En tal sentado consideraron: “en todo caso, será a instancias del proceso principal (acción de amparo) donde se definirá el legí-timo alcance de los derechos en juego confor-me las pruebas rendidas, en base a lo cual se determinará la justicia del caso”.

Vulnerabilidad cautelarPara fundar su decisión de confirmar la

concesión de la medida anticautelar (cabe señalar que ésta es de carácter provisorio y mutable, porque está delimitada a lo que se conoce “aquí y ahora”) la Sala recordó lo dicho por Peyrano respecto a que quien la solicitare “deberá demostrar prima facie que se encuentra incurso en una situación de vul-nerabilidad cautelar (SVC); es decir que el destinatario está en condiciones ya mismo de postular en su contra una cautelar que lo perjudicaría grandemente”; y que “la traba de una medida cautelar en particular le resultaría especialmente gravosa o la de que la afecta-ción cautelar de determinados bienes le sería especialmente perjudicial”. Es decir que tal SVC no tiene que ver con otra cosa que el riesgo de que se dicte una medida abusiva que pudiera causar graves perjuicios.

En ese sentido señalaron que el juez de primera instancia “lo encontró verificado en las propias constancias de la causa, dadas las manifestaciones públicas realizadas por el de-mandado que traducían su intención de accio-nar legalmente en contra de la aludida obra”.

Por otra parte “sopesó la envergadura eco-nómica y social del proyecto de edificación a llevarse a cabo, el carácter de propietaria de la actora respecto del inmueble en donde se encuentra prevista desarrollar la obra, la acreditación prima facie del cumplimiento de las exigencias normativas y reglamentarias… todo lo cual persuadió respecto a los visos de legalidad propios del proyecto urbanístico en cuestión”.

cautelar Vs FondoÁvalos y Modi remarcaron las diferencias

que existen entre una pretensión cautelar y una de fondo. Al respecto indicaron que la causa de la primera “reside en o supone la acreditación de hechos que demuestren sim-plemente un grado aceptable de verosimilitud o apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora a partir de un conocimiento pe-riférico o ‘superficial’... y aspiran a una anti-cipación, en términos generales, que autorice a obtener una tutela provisional de los bienes o respecto de las personas involucradas en el proceso”.

Mientras que la pretensión de fondo “apunta más bien a la demostración de la cer-teza plena de la existencia del derecho debati-do, sea que para ello se comprenda o aprehen-da exhaustivamente a toda la relación jurídi-ca, como en los procesos de conocimiento, o, por el contrario, a un fragmento o parcela de la misma, tal cual sucede en el proceso de

ejecución, y al reconocimiento definitivo del derecho”.

límitesEn otro fragmento de su sentencia los jue-

ces (citando un reciente fallo de la Corte bo-naerense con voto del procesalista Eduardo de Lazzari, donde se estableció una prohibición de demandar), refutaron el argumento con-sistente en la afectación de garantías consti-tucionales, destacando que cualquier medida cautelar enfrenta garantías de este tipo (desde la traba de un embargo –que restringe el de-recho de propiedad- hasta la prohibición de contratar –que entorpece el ámbito de libertad de quien la padece-), por lo que hay razones y fundamentos que autorizan transitoriamente el desconocimiento, y son las mismas razo-nes y fundamentos que han dado origen a la propia institución precautoria. Sobre esto ase-veraron que el juez de grado “no practicó una valoración abstracta de los derechos enfren-tados, sino que los consideró en el contexto y con las particularidades propias de la causa a fin de arribar a la solución dispuesta”.

Al mismo tiempo destacaron que el ma-gistrado tuvo en cuenta el plexo jurídico en su conjunto. Puesto que consideró los hechos “bajo la mirada de los encomiables principios de prevención y precautorio que rigen en ma-teria de derecho ambiental, en el marco de las demás circunstancias que rodean a la contro-versia (grado de verosimilitud del derecho invocado, provisionalidad de la medida, entre otras) a fin de no descuidar la proporciona-lidad que debe expresar la decisión judicial concreta en relación con el riesgo posible)”.

Por otro lado señalaron que no se produjo un cercenamiento a la libertad de expresión, toda vez que tener en cuenta “manifestacio-nes de una parte para tener por configurados los recaudos de las medidas precautorias no significa de ningún modo un impedimento a manifestar su opinión, sino únicamente valo-rar tal conducta a los fines de determinar si la cautelar procede o no”.

También hicieron expresa referencia los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Federal de nuestro país, en materia de medi-das cautelares prohibitivas (temporarias) de otras acciones.

Finalmente rechazaron los cuestionamien-tos referidos a la falta de límites claros de la medida, destacando que la misma está limi-tada a abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique la perturbación o im-pedimento en la ejecución del proyecto del Shopping (aprobados por la administración pública provincial y municipal), y hasta tanto se resuelva la acción de amparo que se pro-mueve simultáneamente.

Concluyeron los magistrados señalando que lo resuelto significa determinar que “…en este estadio no están dadas las condiciones para que un justiciable pueda lograr la para-lización de la obra en cuestión; es decir que la ‘anticautelar’ decretada es, en definitiva, el rechazo de que se innove ante una construc-ción en ejecución”.

El doctor Carlos Carbone, es Profesor Titular de gra-do y posgrado de la Univ. De Rosario, juez de Cámara y principal discípulo de Jorge Peyrano.

El nuevo instituto así fabricado se nutre de sendos pos-tulados caros al autor y la moderna ciencia procesal que hace jugar la ideología del activismo procesal para que los jueces eviten el abuso del proceso y así prevenir los futuros males que pueda causar a una de las partes.

Veamos: el avance del activismo procesal proporcio-nado innumerables herramientas para combatir exitosa-mente el abuso procesal en general y el abuso procesal. En lo que atañe a este último, hoy se cuenta con las llama-das medidas anticautelares que procuran prevenir – y así evitar de cuajo – las maniobras abusivas, gozando del aval de normas como el artículo 34, inciso 5, del C.P.N. que pone en cabeza de los jueces las atribuciones necesarias para impedir que se concreten abusos cautelares en cierne.

¿Pero cuál es la herramienta tan parecida capaza de neutralizar el uso antifuncional de las medidas cautelares? Precisamente la ya nacida hace tiempo medida autosatis-factiva, ni más ni menos.

Esta medida autosatisfactiva con contenido anticaute-lar se materializa con una orden judicial que morigera la libre elección cautelar que cuenta su destinatario, cuando una medida precautoria específica generaría graves per-juicios al requirente y que admite ser reemplazada idó-neamente por otra.

Según este verdadero Jacques Cousteau del procesalis-mo argentino la medida autosatisfactiva anticautelar tan sólo se propone impedir que se concrete una medida cau-telar en particular (una inhibición, por ejemplo) o la traba de una precautoria en relación con determinados bienes (embargos sobre las cuentas corrientes de una entidad ase-guradora, una empresa de otro ramo, etc., cuando la reali-zación de lo vedado importaría un grave perjuicio para el cautelado por afectar el giro de sus negocios y poder ser reemplazado idóneamente por otra cautelar.

Para tamaño cometido le exige al solicitante com-probar sumariamente que se encuentra en situación de mora debitorís, que ha acontecido un siniestro del cual es civilmente responsable sin mayores aditamentos, que se encuentra en situación de vulnerabilidad cautelar que apremia y no admite demoras frente a la posibilidad de que el requiriente pueda ser víctima de un abuso cautelar, demostrando que la traba de una medida cautelar en par-ticular le resultaría especialmente gravosa o la de que la afectación cautelar de determinados bienes le sería espe-cialmente perjudicial.

El Dr. Carlos Carbone analizó las medidas anticautelares.

Especialista resaltó el fallo

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Juniode 2014

Pertenecen al último año de la carrera

En Sáenz Peña

En diversas temáticas

Charata y Villa Ángela

La actividad, que se realizó en el SUM del Juzgado de Paz y Faltas de Sáenz Peña, estuvo a cargo de Carlos Manzo, dirigente de la Asocia-ción Judicial Bonaerense y miembro fundador del centro de estudios de investigación de la FJA.

Al respecto, Manzo explicó todo el proceso que involucra la violencia en el ámbito de trabajo y señaló que “la violencia laboral es una proble-mática de la que es necesario conocer cómo se estructura y organiza, cuáles son y cómo se mani-fiestan las conductas de las personas involucradas en la situación, cómo es la relación entre ellas y qué acciones se pueden llevar a cabo para preve-nir o intervenir en ese proceso”.

En tal sentido, agregó que “la violencia laboral no solo afecta a la víctima individualmente, sino a todo el grupo, reduciendo así su capacidad de trabajo y, por ende, todo el grupo debe compro-meterse en enfrentar la situación”.

Por su parte, Pablo Maciel, responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Po-der Judicial del Chaco, analizó y expuso el marco

normativo de creación de la oficina y el procedi-miento que se implementa en el Poder Judicial, único organismo del sector público en abordar esta situación y que le valió recientemente el re-conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al respecto, Maciel señaló “es una situación que debe enfocarse integralmente de tal forma que puedan analizarse aspectos que van desde el proceso de gestión de grupos de trabajo hasta las particularidades de quienes los componen; ello posibilita definir la estrategia para una adecuada toma de decisiones tendientes a revertir el marco de conflictividad existente y generar el escenario propicio para un mejor clima de trabajo, soporte esencial para evitar situaciones de violencia labo-ral”. La jornada se efectuó ante un auditorio de alrededor de 150 personas, compuesto mayorita-riamente por empleados, funcionarios y magis-trados del Poder Judicial, además de empleados públicos de otros organismos, docentes y público interesado en general.

El ciclo de videoconferencias de la Ofici-na de la Mujer de la Corte Suprema de Justi-cia de la Nación fue trasmitido en el Centro de Estudios Judiciales donde se realizaron capacitaciones que tuvieron como eje las si-guientes temáticas: Desarrollos contemporá-neos sobre perspectiva de género en los orga-

nismos convencionales de derechos humanos de la ONU a cargo de Fabián Salvioli; ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género?, bajo el acompañamiento de Adriana Ortega; y Violencia de género y la protección en el sistema interamericano cuya disertante fue Susana Chiarotti.

Se realizó en Charata y Villa Ángela el 26 y 27 de junio la segunda parte del curso sobre elementos de negociación y mediación para la conducción de audiencias, a cargo de las juezas Wilma Martínez y Silvia Suárez. Par-ticiparon jueces Civiles, Comerciales y Labo-rales, para la realización de las audiencias pre-liminares, establecidas en las normas procesa-les pertinentes; así como jueces de Familia y Menores para las audiencias de vista de causa

y jueces de Paz y Faltas para el cumplimiento de su rol de amigable componedor. El curso estuvo destinado a alcanzar una aproximación al conocimiento de los fundamentos y proce-dimientos de técnicas eficaces de negociación generales y particulares, para ser usadas por los jueces en la conducción de sus audiencias utilizando las técnicas para la consecución de los objetivos particulares de cada tipo de au-diencia, y de las personas que intervienen.

Se realizó Jornada de esclarecimiento sobre violencia laboral

Capacitación por videoconferencia en el CEJ

Curso de elementos de negociación y mediación para la conducción de audiencias

La segunda etapa del curso fue en Charata y Villa Ángela el 26 y 27 de junio.

Se realizó en el SUM del Juzgado de Paz y Faltas de Sáenz Peña, la jornada de esclarecimiento sobre violencia laboral.

Entre abril y junio llevaron a cabo varias videoconferencias.

Alumnos de bioquímica visitaron el IMCiFRecorrieron los laboratorios de toxicología

forense, química legal y microscopía electrónica. Desde la UNNE agradecieron la oportunidad y se mostraron confiados en que permitirá consolidar los vínculos interinstitucionales con el Poder Ju-dicial. Alumnos de la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agri-mensura de la UNNE, que cursan la cátedra de toxicología y química legal, correspondiente al quinto año, recorrieron las instalaciones del Ins-tituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial del Chaco.

La visita fue solicitada por la decana de Fa-CENA, Lidia Ferraro; y por la adjunta a cargo de

la mencionada cátedra, Ana María Torres. Los 20 estudiantes que participaron fueron guiados en la recorrida por dos profesionales que se desempe-ñan en el IMCiF (y a su vez son docentes de aque-lla casa de estudios): Francisco Camargo y Nadia Filippis, quienes les mostraron el funcionamiento del equipamiento con que cuentan los laboratorios y la dinámica de la tarea forense. En particular, tomaron conocimiento sobre los sectores vincu-lados con el área de toxicología, realizando una visita con fines educativos e ilustrativos a los la-boratorios de toxicología forense, química legal y microscopía electrónica. Allí pudieron conocer el microscopio de barrido electrónico del cual hay

pocos en el país. El objetivo de la visita fue con-tribuir a completar y profundizar la formación y capacitación en lo referido al conocimiento y ám-bito de aplicación de técnicas de avanzada para la investigación de tóxicos desde el punto de vista forense. Además se buscó promover el afianza-miento de las relaciones interinstitucionales entre el Poder Judicial y la UNNE, establecidos me-diante un convenio marco firmado en 2009.

conVenio entre stJ y unneEs importante recordar que la visita se dio a

través de un convenio marco de cooperación aca-démica, científica, cultural y comunitaria, firmado entre la UNNE y el STJ.

A partir del mismo, ambas instituciones acor-daron impulsar el desarrollo de la cooperación, promover la realización de acciones directas en las áreas de docencia, investigación, práctica pro-fesional, extensión universitaria y comunitaria.

Los alumnos cursan el quinto año de Bioquímica.

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, Lidia Ferraro, agradeció a los mi-nistros del Superior Tribunal de Justicia haber permitido a los alumnos de la carrera de bioquímica visitar las instalaciones del área de toxicología del Instituto de Medici-na y Ciencias Forenses (IMCiF). Asimismo destacó “la importancia e interés que estas visitas han despertado en los alumnos, lo cual ha contribuido a completar y profundi-zar la formación y capacitación de los mis-mos”. Por otro lado solicitó hacer extensi-vo el agradecimiento a las autoridades del IMCiF: Gabriela Lamparelli (directora) y Liliana Douthat (subresponsable) “quienes

han permitido la recepción de los alumnos y docen-tes de la asigna-tura toxicología y química legal con gran cordialidad e interés.

Agradecimientos del decanato

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Juniode 2014

OTORGARáN 25 beCAS

Comienza el 8 de agosto en el CEJ

El Superior Tribunal de Justicia auspicia curso de Derecho procesal Civil y Comercial

cuyo Consejo Superior resolvió otor-gar 9 créditos académicos a quienes culminen esta capacitación.

Marcelo Santalucía, coordinador del curso y representante de la comi-sión de jóvenes del Consejo de Abo-gados, informó que el Poder Judicial contará con veinte cupos de estudiantes de abogacía o nuevos abogados, que

realizarán sin costo esta ca-pacitación.

Los empleados aboga-dos del Poder Judicial tam-bién podrán cursar sin abo-nar matrícula completa.

Las clases se dictarán viernes por medio, de 16 a 21, y sábados de 8 a 13, du-rante siete meses. El curso

está destinado a egresados de universi-dades nacionales y privadas argentinas con título legalizado de la carrera u otra vinculada a las ciencias jurídicas, nota-riales, etc., cuyo plan de estudio sea de cuatro años o más.

Los contenidos académicos del curso contemplan temas como: el debido proceso civil y comercial; ho-norarios profesionales, pautas para regulación; procesos especiales, el procedimiento tributario, actualidad y reformas; los recursos extraordinarios, su funcionamiento en el fuero civil y comercial, laboral y de familia en el Chaco; procesos constitucionales, el amparo federal, nuevas reformas en materia cautelar.

Para informes e inscripción, los in-

teresados deberán dirigirse a la librería Contexto y al Consejo Profesional de Abogados de Resistencia. marcelosan-talucia@hotmail.com ; info@libreria-contexto.com.ar

talleresDurante el encuentro con Toledo y,

en relación con el dictado del curso, los organizadores se comprometieron a agregar a su dictado talleres sobre au-diencia preliminar, conciliación y me-diación, además de talleres con visitas guiadas al IMCIF y a la Cámara Gesell, del Poder Judicial.

También se proyectó que, en el mar-co del curso, se exponga y presente el trabajo que realiza el equipo de nego-ciadores del Poder Judicial.

Para acceder ingresar a www.justiciachaco.gov.ar. “Consulta de sen-tencias”, ubicado en el margen derecho del sitio web.

Rolando Toledo, presidente del STJ, se reunió con representantes del Consejo de abogados de Resistencia y de la librería Contexto.

SISTeMA eN LíNeA PARA CONSuLTA de JuRISPRudeNCIA

En materia de contenidos en línea el Superior Tri-bunal de Justicia habilitó recientemente un sistema para consulta de jurisprudencia. Para acceder se debe ingresar a al link �Consulta de sentencias�, ubicado en el margen derecho del sitio web www.justicia-chaco.gov.ar.

La búsqueda de fallos puede realizarse utilizando diversos criterios, como por ejemplo: año, tribunal, voces, número de sentencia y texto. Una vez ingre-sado alguno o varios de ellos el sistema devuelve un sumario de los fallos con coincidencia y permite

visualizar la resolución completa en formato digital. Por el momento se pueden consultar y examinar

las dictadas por la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral de los años 2011 y 2012; mientras que las correspondientes al 2013 se encuentran en proceso de carga.

Próximamente también será posible acceder a los pronunciamientos de la Sala de Asuntos Constitucio-nales, las Secretarías Contencioso Administrativas y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia.

Por convenio con el Superior Tribunal de Justicia: se otorgarán 25 becas para empleados, funcionarios del Poder Judicial, no AbogAdos para cursar el Posgrado, con certificación del CEJ.

informes e inscripción: Centro de Estudios Judi-ciales del STJ Chaco Juan B. Justo 42, 1º piso o al Tel.: 0364 - 443083 - E mail: centrodeestudios@jus-ticiachaco.gov.ar

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo se reunió con representantes del Consejo de abo-gados de Resistencia y Rubén Duk, propietario de la librería Contexto, para abordar las cuestiones del convenio fir-mado entre esa entidad y el Poder Ju-dicial, en relación con el curso de “De-

recho Procesal Civil y Comercial” que dará comienzo el próximo 8 de agosto en el SUM del Centro de Estudios Ju-diciales – Juan B. Justo 42- y en Villa Ángela a partir del 1º de agosto.

La capacitación tendrá un año de duración, y cuenta con el aval de la Universidad Nacional del Nordeste,