CAPITULO 1

EL CONCEPTO DEL DERECHO DEL TRABAJO

1. El trabajo como objeto del derecho laboral. 2. La idea del trabajo en la historia.

3. El trabajo como base de relaciones sociales.

4. El trabajo y la economía. 5. El trabajo como objeto de regulación

Jurídica.

1. EL TRABAJO COMO OBJETO DEL DERECHO LABORAL

Los primeros pasos en toda disciplina jurídica han de dirigirse, necesariamente, a

la determinación de su concepto. En la medida en que el derecho es considerado

como objeto de una ciencia la ciencia del derecho, esa labor conceptual nos

permitirá después ubicar al derecho del trabajo, en el lugar que le corresponde en

la sistemática jurídica. Esto es, siendo científico el conocimiento jurídico, esa

condición se refleja, sobre todo, en la posibilidad de su clasificación.

Sin embargo, antes de intentar aprender el concepto jurídico, fuerza es mencionar

qué entendemos por trabajo y, además, a qué clase de trabajo nos referimos

cuando lo mencionamos como objeto de una rama del derecho.

Todos tenemos una idea aproximada de lo que es el trabajo. Lo consideramos

sinónimo de actividad provechosa, de esfuerzo dirigido a la consecución de un fin

valioso. El Diccionario de la Real Academia Española (edición 1992) en algunas

de sus acepciones lo define como el “esfuerzo humano aplicado a la producción

de la riqueza”.

De estos conceptos podemos obtener los siguientes datos importantes: el trabajo

supone una actividad humana no será por lo tanto trabajo el que realice una bestia

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o una máquina, que tiende a la obtención de un provecho. Su contrario será el

ocio el cual no necesariamente significa inactividad es difícil por otra parte,

suponer una total inactividad ya que también constituye ocio una diversión u

ocupación que sirva de descanso de otras tareas. En todo caso la diferencia entre

trabajo y actividad ociosa estará constituida por la finalidad: el trabajo tiende a la

producción de riqueza y el ocio no.

Cabe preguntar ahora si todo trabajo es objeto del derecho laboral. La respuesta

es, por supuesto, negativa. No todo trabajo interesa ahora al derecho laboral. Así

ocurre, por ejemplo, con el trabajo forzoso el cual será, en todo caso, materia que

interese al derecho penal. Pero tampoco todo trabajo libre es objeto de la

disciplina. En el estado actual de nuestra legislación sólo se regula el trabajo

subordinado, o sea, el que se presta por una persona, en favor de otra, mediante

el pago de un salario.

Este concepto de subordinación es uno de los fundamentales de la disciplina. Más

adelante volveremos sobre él. Por ahora será suficiente mencionar que la doctrina

hace referencia a una serie de actividades remuneradas, particularmente en el

campo de las llamadas profesiones liberales y de algunas artísticas, y. gr.: la

pintura, la música y la escultura, en las que por entender que no existe

subordinación, no se acepta la existencia de relaciones laborales. Nosotros no

compartimos esa tesis, según hemos afirmado en otro lugar (La expansión del

derecho laboral en la nueva Ley Federal del Trabajo, Boletín Mexicano de

Derecho Comparado, Año III, N 9, septiembre-diciembre 1970, p. 625 y ss.)

donde, con base en una idea personal de lo que debe entenderse por

subordinación, afirmamos que ésta también se produce en esas actividades hoy

formalmente excluidas del derecho laboral.

Hemos destacado como nota definitoria de la relación laboral, a la remuneración.

Cabe decir que si el trabajo no es remunerado, no habrá relación regida por el

derecho laboral, y cuando se presta un servicio por razones puramente altruistas.

Pero es claro que debe de entenderse que no hay remuneración porque no debe

de haberla, ya que en los casos en que el servicio se presta sin pago alguno, pero

debiéndose éste, no solamente hay una relación jurídica laboral sino que, a mayor

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abundamiento, la mora en el pago puede acarrear para el empleador gravísimas

responsabilidades.

Es importante insistir en que estamos haciendo referencia a una opinión actual.

Nada impide que el día de mañana el trabajo forzoso caiga de lleno dentro del

campo del derecho del trabajo. Inclusive en el artículo 5° constitucional. Al

mencionar la posibilidad de que el trabajo se imponga como pena por la autoridad

judicial; se exige que se ajuste a lo dispuesto en las fracciones 1 y II del artículo

123 constitucional relativas a la duración máxima de la jornada de trabajo y a la

prohibición de que los menores de 16 años realicen labores insalubres o

peligrosas. Es posible que después se extiendan al trabajo forzoso otras

disposiciones laborales. De la misma manera estimamos que las profesiones

liberales hoy en grave condición por la socialización de los servicios serán

incluidas el día de mañana en algún capítulo de las leyes laborales, sin perjuicio

de reconocer que se trata de relaciones sui-generis.

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2. LA IDEA DEL TRABAJO Y SU HISTORIA

La historia del trabajo es, sin duda alguna, la historia del hombre. No podemos

concebir que el hombre pueda haber vivido en algún momento sin trabajar. Lo

importante, sin embargo, es poner de manifiesto el valor tan diferente que se le ha

dado al trabajo a través de la historia. No es éste el lugar para hacer un examen

exhaustivo de ese problema, pero sí parece necesario poner de relieve algunos

ejemplos.

En el Antiguo Testamento (Génesis, III, 17 y 19) Dios condena a Adán a sacar de

la tierra el alimento “con grandes fatigas” y a comer el pan “mediante el sudor de

tu rostro”. El trabajo se entiende, entonces, en la Biblia, como castigo.

Para Aristóteles (Política, L. 1, cap. II) el trabajo es una actividad propia de los

esclavos. Los señores habrán de ocuparse de la filosofía y de la política. El señor

sólo debe saber cómo tiene que mandar lo que el esclavo debe saber cómo tiene

que obedecer.

En todo el régimen corporativo y las raíces que pasan a través de las guildas y

cofradías se incrustan en los colegios romanos, el hombre quedaba vinculado al

trabajo de por vida y aun transmitía a sus hijos la relación con la corporación,

haciéndose acreedor a enérgicas sanciones cuando intentaba romper ese vínculo.

Turgot, autor del famoso edicto que lleva su nombre, de 12 de marzo de 1776, con

el que se pone fin al sistema corporativo en Francia, predica, por el contrario, la

libertad de trabajo, como un derecho natural del hombre, aun cuando pocos años

después, en pleno auge de la burguesía triunfante en la Revolución industrial

inglesa y en la Revolución política de Francia, esa libertad sea el instrumento

odioso de la explotación de los trabajadores.

A su vez, Carlos Marc compara al trabajo con una mercancía al señalar que “la

fuerza de trabajo, es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar.

Aquélla se mide con el reloj, ésta con la balanza” (Trabajo asalariado y capital.

Carlos Marx y Federico Engels. “Obras escogidas”, t. 1, p. 68, Moscú, 1951.)

En el Tratado de Versalles que pone fin transitorio a la Primera Guerra Mundial

(1919), la “Declaración de Derechos Sociales” afirma que “El principio rector del

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derecho internacional del trabajo consiste en que el trabajo no debe ser

considerado como mercancía o artículo de comercio”. Esta declaración,

fundamental para el derecho laboral, a instancias de la delegación mexicana de la

que formaba parte el ilustre jurista Mario de la Cueva es recogida después en la

Carta de la Organización de los Estados Americanos, aprobada en la Novena

Conferencia Internacional Americana celebrada en un Bogotá sangriento, en 1948.

Por último, en la LFT vigente, el artículo 39 consagra el mismo principio al

establecer que “El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de

comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo preste y debe

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico

decoroso para el trabajador y su familia”.

No está por demás señalar que en razón de existir concepciones inadecuadas

acerca de lo que es el trabajo, éste no merecía ser regulado por el derecho en

forma especial y mucho menos protegido quien lo prestaba. La tendencia contraria

surge a fines del siglo XIX cuando el concepto liberal del trabajo mercancía, objeto

de una regulación puramente civil, como lo fue en los arts. 1779, 1780 y 1781 del

Código Napoleón (1804) empieza a ser superado. Volveremos después sobre este

problema histórico.

3. EL TRABAJO COMO BASE DE RELACIONES SOCIALES

Un distinguido jurista español, Manuel Alonso García, al intentar perfilar las

características del trabajo, como un objeto de regulación jurídica, destaca que el

trabajo es el eje de una serie de relaciones sociales (Curso de Derecho del

Trabajo, Barcelona, 1964, p. 16). Siguiendo la misma orientación, pero

contemplando en particular la realidad mexicana, podemos clasificar esas

relaciones de la siguiente manera:

a) Relaciones con ofra persona. Éstas se dan, fundamentalmente, entre el

empleador y el trabajador. Precisamente la relación de trabajo, el vínculo

sustancial de nuestra disciplina, se produce-Centre dos personas, una de ellas

necesariamente persona física: el trabajador y la otra, física o jurídico colectiva.

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Las relaciones entre dos personas también pueden producirse en el derecho

laboral, en otro plano: así ocurre cuando apreciamos una relación entre dos

trabajadores, a virtud de la cual, uno de ellos sustituye a otro, temporal o

permanentemente, o bien, cuando se reclama por uno la mejoría de sus

condiciones en razón de que otro trabajador percibe mejor salario, a pesar de que

hacen un trabajo igual. Otro tipo de relación interpersonal se aprecia en los casos

en que una persona física o jurídico colectiva o persona moral siguiendo la

denominación tradicional de nuestro derecho, sustituye a otra en la función de

patrón o empleador en una relación laboral. A esta figura se le llama “sustitución

de patrón” y se produce al aparecer un nuevo titular de la unidad económica

empresarial.

b) Relaciones entre un trabajador y la unidad económica empresarial. El derecho

laboral intenta superar los conceptos tradicionales del derecho, en la medida en

que éstos sirven de freno, muchas veces, para su desarrollo, o bien, constituyen

obstáculos que se anteponen a los intereses de los trabajadores. Así, en la ley

aparece el concepto de empresa como unidad económica de producción o

distribución de bienes o servicios (art. 16) lo que apoya la idea de que el

trabajador no necesariamente está vinculado a una persona física o moral, sino

que lo está con respecto a un patrimonio destinado a un fin económico, cuya

titularidad jurídica, simple o compleja, es irrelevante. En cierto modo esta situación

se explica, como una relación entre una persona y una cosa. Tradicionalmente se

ha negado que esto pueda ser una relación jurídica, pero no vemos razones

suficientes para rechazar la naturaleza jurídica de esa relación, que está motivada

por el hecho de que el derecho la regula (véase nuestro trabajo: El concepto d

empresa en la nueva Ley Federal del Trabajo Mexicana, 3 Congreso

Iberoamericano de Derecho del Trabajo. vol. II, Sevilla, 1970, p. 275 y ss. Además:

“El capital como parte integrante de la relación de trabajo”, de Carlos de Buen

Una. Tesis, UIA, 1981). Por otra parte, esta tendencia a patrimonializar las

relaciones jurídicas es también patente en el derecho fiscal, según hemos

expuesto en alguna otra ocasión (La orientación patrimonial en el derecho fiscal,

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Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Año IX, septiembre-

diciembre 1956, N. 27, p. 49 y ss.).

c) Relaciones con los grupos sociales. El derecho del trabajo suele estudiarse

desde dos aspectos: individual y colectivo. Al primero se refieren las relaciones

antes mencionadas. El segundo motiva, a su vez, un conjunto de relaciones que

es preciso destacar.

En primer término, debemos apuntar la relación entre el trabajador y el sindicato

de trabajadores. De ella nacen obligaciones y Derechos recíprocos.

En segundo lugar, la relación del trabajador con los demás miembros del grupo

social. Ésta puede ser una relación originaria, o sea, la necesaria para la

constitución legal del grupo, o bien, una relación derivada de su condici6n de

miembros del grupo.

Por último, las relaciones de los grupos sociales entre sí, que suelen manifestarse

en uniones transitorias y. gr.: el pacto entre varios sindicatos gremiales para

celebrar un contrato colectivo común (art. 88-11), o en uniones permanentes. Es el

caso de las federaciones y confederaciones sindicales.

La clasificación anterior atiende sólo a los trabajadores. Desde el punto de vista

patronal pueden producirse las mismas relaciones, desde el momento en que la

ley admite la existencia de sindicatos patronales, de acuerdo con la garantía social

que a los empleadores otorga la fracción XVI del inciso “A” del art. 123

constitucional.

Ahora bien, considerando la participación del grupo sindical, pueden producirse

relaciones entre el sindicato obrero y el empleador, para la firma de un contrato

colectivo de trabajo o de cualquier otro pacto colectivo y entre uno o varios

sindicatos obreros y uno o varios sindicatos patronales para la celebración de

contratos colectivos o de contratos-ley.

d) Relaciones con el Estado. Las relaciones laborales en que participa el Estado

son múltiples. Para los efectos que perseguimos, debemos señalar que de

acuerdo con el derecho mexicano, el Estado puede intervenir en esas relaciones

de la siguiente manera:

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a) Como empleador, cuando se trata de órganos centrales del Estado. Esta

relación, en México, tiene igualmente rango constitucional, a través del inciso “B”

del art. 123, y una reglamentación propia en la LFTSE. Nosotros no tocaremos,

sino sólo en forma indirecta, ese tipo de relación.

b) También como empleador, pero a través de organismos descentralizados, en

ocasiones de integración tripartita (IMSS, INFONAVIT), o sólo de participación

estatal (Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México), o bien, como

socio principal de empresas mercantiles si bien la tendencia es sustraer al Estado

de esas afinidades comerciales. Hoy se habla del adelgazamiento del Estado. La

mayor importancia de la intervención del Estado en este tipo de actividades y su

impacto sobre la estructura del derecho laboral será tratada posteriormente. En

todos estos casos se aplican el inciso “A” del art. 123 constitucional y la LFT.

c) Como órgano fiscalizador de las relaciones obrero-patronales, particularmente

en el campo de la previsión social y un poco fuera de los cauces legales pero con

una indiscutible eficacia, como órgano administrativo de conciliación en los

conflictos laborales individuales y colectivos.

d) Como árbitro, dotado de imperio y coacción, en los conflictos individuales y

colectivos, en la medida en que el Estado integra, junto con representantes

obreros y patronales, los tribunales de trabajo.

e) Por último y quizá es una de las funciones más delicadas corno órgano de

registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones.

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4. EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA

Destacar la importancia del trabajo en la economía resulta innecesario. Su

vinculación íntima se pone de relieve por sí misma. Ahora bien, para los efectos de

nuestra disciplina sí resulta importante advertir que el cambio de tendencias

económicas, o de estructuras económicas, tiene un impacto decisivo sobre el

trabajo y su regulación jurídica.

Pensemos, por un momento, en la economía gremial, o sea, la que rige al mundo

en una época que podría arrancar de los primeros años del siglo XII y culminaría,

por marcar una fecha precisa, con el Edicto de Turgot de 12 de marzo de 1776. Se

trata de una economía en que la producción está determinada por el consumo y se

funda sólo en la actividad manual. El maestro convive con oficiales y aprendices, y

se establece entre ellos, particularmente con respecto a los aprendices, una

relación semejante a la que resulta de la patria potestad o de la tutela. El Estado,

que intenta adquirir una fisonomía propia, empieza a construir la idea de soberanía

(Bocino). Apenas participa en la vida gremial y cuando lo hace, persigue fines

económicos de segundo orden (y. gr.: obtener el pago de los derechos a cambio

de la concesión de la maestría).

El Estado que surge como resultado del doble fenómeno de la Revolución

industrial y de la Revolución liberal (Inglaterra y Francia), se pone al servicio de la

burguesía, clase social que agrupa a quienes poseen los bienes de producción, y

participa ya en la relación laboral, pero como instrumento de opresión, en contra

de los trabajadores, para impedir que éstos puedan agruparse y defender mejor

sus derechos. Así en Francia, y. gr.: dicta la Ley Le Chapelier (1791) que prohíbe

a los trabajadores agruparse y establece en el Código penal el delito de coalición.

Es también la política tradicional del dejar hacer y dejar pasar (libertad de

producción y de tráfico) que atribuye al Estado sólo la función de mantenedor del

orden, pero sin participar en modo alguno en la vida económica.

La entrada al siglo xix, en medio de las convulsiones políticas que provoca el

nuevo imperialismo francés, dará lugar, sin embargo, a una nueva manera de ver

las cosas.

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Los movimientos sociales que se van produciendo en el siglo xix, particularmente

en Francia, Alemania e Inglaterra; la presencia de una preocupación teórica por el

problema social que se inicia con el socialismo llamado utópico por Marx y Engels,

sigue con el materialismo histórico, el anarquismo y la social democracia para

culminar, a partir de 1891, fecha de “Rerum Novarum” con la doctrina social de

la .Iglesia católica; la visión de Bismarck al dictar las primeras leyes sociales e

inaugurar la seguridad social; las revoluciones de este siglo en México y Rusia y

en general, la preocupación; pación por detener la explotación humana, producto

natural del liberalismo (aunque también la preocupación política por detener el

avance del socialismo), sientan las bases para el documento formidable del

Tratado de Versalles cuya Parte XIII compromete al Estado a participar

activamente en las relaciones laborales. Lo económico y lo social inician un

camino conjunto cuyo símbolo será el Estado de Bienestar, un invento capitalista

asumido positivamente por las corrientes socialistas que alcanza en la simbiosis

de la política (Roosevelt) y de la economía intervencionista (Keynes) su mejor

momento como solución a la crisis iniciada en el año de 1929. Años después, en

plena Segunda Guerra Mundial se dictan en Gran Bretaña los Planes de

Beveridge que le darán al mundo una nueva fisonomía de la seguridad social.

A lo largo del siglo XX, particularmente hasta la crisis de los años setenta, la

evolución de la seguridad social y del derecho del trabajo es positiva. El fenómeno

del pleno empleo que se produce al término en la Segunda Guerra Mundial facilita

enormemente las cosas. En la misma medida logra resultados análogos la política

de la Guerra Fría, instrumento eficaz para la alimentación artificial de las

economías. Sin embargo, al surgir en la Unión Soviética la figura de Mijail

Gorbachov, la Perestroika y la distensión y, al final del camino, el adiós a la Guerra

Fría, las economías entran en turbulencias irrefrenables que llevan a la peor de las

crisis a la URSS con la desaparición del sistema soviético; a la democratización de

los países llamados, con cierto optimismo, de “socialismo real” y a una seria

afectación de la economía norteamericana, incapaz de mantener la ficción del

techo nuclear y su multimillonaria inversión. La crisis de los años setenta,

recrudecida ahora en ios noventa, marcará el desarrollo de una campaña feroz en

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contra del Estado de Bienestar, culpable de todos los males económicos para

Milton Friedman; objeto de agresiones sin fin de los gobiernos conservadores,

inglés (Thatcher) y norteamericanos (Reagan y Bush) y seguida muy de cerca por

las soluciones entre monetaristas y neoliberales con las que el mundo intenta

poner en orden las economías aunque ponga en total desorden a lo que fue la

justicia social.

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Es la etapa de los pactos sociales, vehículos de la llamada “concertación social”,

en rigor mecanismos de control de los salarios a los que les ponen techo y de

tendencias flexibilizadoras, en realidad, formas enérgicas de disminuir los

derechos de los trabajadores, todo ello en un contexto deprimente de despidos

masivos; reconversiones industriales que sacrifican trabajadores y los sustituyen

por máquinas; crecimiento desmedido de las economías subterránea e informal y,

en general, el abandono de la política social que caracterizó a una buena parte del

siglo. En diversos países y por razones distintas, se inicia el camino de regreso de

los derechos laborales, particularmente el derecho a la estabilidad en el empleo y

a la no movilidad funcional lo que significaba en realidad, el derecho a condiciones

de trabajo intocables. Francia y España ponen de moda la multiplicación de

contratos a tiempo fijo, renovables o no sin responsabilidad y ese mismo camino lo

siguen, entre otros, Panamá, Chile, Perú y Colombia, acusando concepciones

políticas incompatibles con la justicia social. La seguridad social sufre los embates

de una concepción que le atribuye las grandes culpas del gasto excesivo del

Estado y de sus déficits y las corrientes privatizadoras se empiezan a sentir con

addel ministradoras de fondos de pensiones, modelo chileno seguido en Perú y en

México (el invento del Sistema de Ahorro para el Retiro que tiene cercano

parentesco con aquellas fórmulas). A ello se agrega el fenómeno del

adelgazamiento del Estado que se desprende de sus empresas y con ello aligera

la carga del gasto, generando una economía de particulares que imponen o

pretenden imponer nuevas reglas de juego. sindicalismo respuesta principal de los

trabajadores contra sus adversarios naturales (Estado y capitalistas), entra en una

seria decadencia, alimentada por el desempleo y porque las circunstancias de la

crisis hacen que su arma fundamental, la huelga, muchas veces sirva más a las

empresas en problemas de exceso de producción, que como instrumento de

presión. Los convenios colectivos

dejan de ser el conducto para la mejoría y se convierten en las correas de

transmisión de las consignas estatales y de los pactos sociales, dejando a las

organizaciones sindicales sin otra iniciativa que recibir instrucciones y cumplirlas.

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Una nueva visión de las cosas, aún sin experiencias positivas o negativas en el

orden laboral se da en los mecanismos de moda: La Unión Europea; el Tratado de

Libre Comercio de Norteamérica (México, Canadá y los Estados Unidos) y Japón y

los Tigres Asiáticos. Parecerían fórmulas generadoras de empleo y de mejoría

salarial. Esa es, al menos, la expectativa.

No son del todo optimistas, sin embargo, los presagios. Manuel Alonso Olea no

reconoce al Tratado de Maastricht demasiado entusiasmo por lo política social.

“Pero aquí el Tratado de la CEE es muy suave; aunque la lista o el revoltijo de

materias que están dentro de lo que denomina “el ámbito social” comprende todos

los imaginables (art. 118: empleo; el “derecho del trabajo y las condiciones de

trabajo”; formación profesional; accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, higiene del trabajo; sindicación y negociación colectiva), el Tratado

no quiere ir más allá de “promover una estrecha colaboración entre los estados

miembros”, en el ámbito citado, actuando en contacto también “estrecho” con ellos

“mediante estudios, dictámenes y organización de consultas”. Sólo en una cosa es

absolutamente terminante el Tratado agrega Alonso Olea, a saber la prohibición

de la discriminación salarial por razón del sexo. (“La Unión Europea y la política

social”, en “España y la Unión Europea. Las consecuencias del Tratado de

Maastricht”. Círculo de Lectores Plaza & Janés. Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas. Madrid, 1992, obra colectiva, p. 65).

El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, firmado entre México,

Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica el 14 de septiembre de 1993, como

un convenio paralelo al TLC es, tal vez, más expresivo. En el Preámbulo recuerda

la determinación de los tres países de “crear nuevas oportunidades de empleo y

de mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en sus respectivos

territorios” y de promover “niveles de vida más altos a medida que se incremente

la productividad” y al enunciar, en el Anexo 1 los “Principios laborales”, reconoce

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expresamente la libertad de asociación y protección del derecho a organizarse; el

derecho a la negociación colectiva; el derecho de huelga; la prohibición del trabajo

forzado; restricciones sobre el trabajo de los menores; salario mínimo y pago de

horas extras; eliminación de la discriminación en el empleo; salario igual para

hombres y mujeres; prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, con

las correspondientes indemnizaciones en los casos de lesiones de trabajo o

enfermedades ocupacionales y la protección de los trabajadores migratorios.

La economía, sin embargo, le juega una mala pasada a los derechos sociales. De

hecho se confirma la tesis marxista de que el derecho, en este caso el laboral y el

de la seguridad social, no pueden vivir sino como superestructuras de las reglas

económicas, El derrumbe del soia1ismo real que acabó en un proceso de

atentados permanentes en contra de las libertades y los derechos humanos, ha

favorecido el abandono de la política del Estado de Bienestar que ha dejado de

ser freno político para convertirse en incomodidad económica. Las perspectivas

son negativas. Pero corresponderá a los propios trabajadores y a sus

organizaciones decir la última palabra. Aunque, por ahora, parece que han perdido

la voz.

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5. EL TRABAJO COMO OBJETO DE REGULACIÓN JURÍDICA

Quien contemple la relación jurídica de trabajo con el espíritu del jurista tradicional

podrá incurrir en el error de ver sólo una relación de obligación a virtud de la cual

el trabajador, mediante una remuneración convenida se obliga a prestar un

servicio personal subordinado. La lectura del primer párrafo del art. 20 podría

llevar a esa conclusión. De ella derivaría la idea de que la función del derecho

laboral es, principalmente, la de construir una norma reguladora de esa relación y

que el trabajo sería, en rigor, el contenido de la obligación de quien debe de

prestar el servicio.

Aceptar un punto de vista como el que se indica, equivale a desvirtuar totalmente

la función del derecho laboral.

El derecho laboral no es eso. Por lo menos, no es solamente eso. Es en rigor,

mucho más que eso. Los valores que tiene en consideración no son sólo los

económicos. Mario de la Cueva dice que “la finalidad suprema de la justicia es el

hombre, con su exigencia de condiciones de trabajo que aseguren en el presente

y en el futuro un nivel decoroso para la familia, para su dignidad, para su igualdad

con todos los seres humanos y para su libertad real y no meramente formal” (E!

nuevo derecho mexicano del trabajo, México, 1972, p. X). A su vez Alberto Trueba’

Urbina, polemista apasionado y formidable, al definir al derecho social, del que el

derecho del trabajo es rama fundamental, sostiene que “el derecho social es el

conjunto de principios, instituciones y normas que en función de integración

protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los

económicamente débiles” (Nuevo derecho del trabajo, México, 1970, p. 155). Se

trata, entonces, de una disciplina que va más allá de la sola prestación del trabajo.

Le interesa el hombre, como merecedor de

protección; atiende a la especial condición de la mujer y prohíbe que los menores

participen en el campo del trabajo,, para proteger su salud y su derecho a la

instrucción. Procura la seguridad social, que intenta la protección integral al

trabajador, defendiéndolo de los riesgos y estableciendo una responsabilidad

también social para poner remedio, en lo posible, a sus nefastas consecuencias,

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cuando se producen. El derecho laboral establece, además, las normas que

permitirán proporcionar a los trabajadores casa cómodas e higiénicas, trasladando

esta obligación, de la esfera individual del patrón, a otra solución de

responsabilidad colectiva. En resumen el derecho laboral no es sólo un derecho

regulador sino también un derecho tutelar.

Hay quien afirma que es contra el interés o inclusive la dignidad de los

trabajadores sostener que el derecho laboral es tutelar de ellos. No participamos

de esa opinión, pero aclaramos que ese concepto no supone la tesis de que las

normas de derecho del trabajo ‘han sido concesión graciosa del Estado burgués

para los trabajadores. Creemos, por el contrario, que por regla general son el

resultado de las luchas sociales. Sin embargo, atendiendo a la realidad mexicana

y dadas las características particularísimas de nuestro “movimiento obrero”, cabe

pensar que entre nosotros, en muchas ocasiones sí ha habido esa concesión

graciosa a cambio del lealtades oportunas de los cuadros de dirección sindical.

Los sucesos de 1968 están en esa medida, estrechamente vinculados a la

promulgación de la Nueva Ley, en mayo de 1970.

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CAPITULO II

DENOMINACIÓN

1. El problema de la denominación. 2. Legi8lación o derecho, 3. Legislación

industrial. 4. Derecho obrero. 5. Derecho del trabajo. 6. Derecho laboral. 7.

Derecho social. 8. Otras denominaciones. 9. Consideración final.

1. EL PROBLEMA DE LA DENOMINACIÓN

Nuestra disciplina tiene, como una de sus características más acusadas, la de su

acentuada tendencia expansiva, es decir, la tendencia a abarcar un mayor número

de acontecimientos y de relaciones, arrancándolas de otras ramas del derecho,

que, hasta ahora, tenían a su cargo regularlas. De ello se deriva el problema de

encontrar una denominación adecuada a ese contenido variable, que tenga

posibilidades de ser permanente. La variedad del contenido resulta evidente con

sólo analizar los diferentes fenómenos sociales que fueron integrando al derecho

del trabajo. Puede recordarse que el primer intento serio para dictar una

legislación social corresponde a Bismarck por otra parte, feroz enemigo del

socialismo y se traduce en la regulación del seguro de enfermedades (1883); el de

accidentes (1884) y el de vejez e invalidez (1889), lo que pone de manifiesto lo

reducido que era entonces el campo de aplicación de la nueva disciplina.

En México ocurre algo parecido. El gobernador del Estado de México, José

Vicente Villada, el 30 de abril de 1904 y el de Nuevo León, general Bernardo

Reyes, el 9 de noviembre de 1906, dictan leyes sólo sobre accidentes de trabajo

en las que, según menciona Mario de la Cueva (Derecho Mexicano del Trabajo, t.

1, p. 95 y SS., México, 1961) se acepta la teoría del riesgo profesional, en lugar de

la teoría civilista de la culpa. Ya en el período revolucionario se ponen en vigor en

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México nuevas leyes (De la Cueva, ob. cit., t. 1, p. 97 y ss.), en Chihuahua,

Coahuila, Hidalgo y Zacatecas que, a semejanza de las anteriores, sólo se ocupan

de los accidentes de trabajo.

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El examen de las otras leyes laborales mexicanas pone de manifiesto lo mismo.

En el estado de Jalisco encontramos la ley de Manuel M. Diéguez (2 de

septiembre de 1914) que sólo consigna el dominical, el descanso obligatorio, las

vacaciones y la jornada de trabajo para las tiendas de abarrotes y los almacenes

de ropa. Posteriormente, Manuel Aguirre Berlanga, con fecha 7 de octubre de

1914, promulga una nueva ley, que es sustituida por otra de 28 diciembre de 1915,

y en ellas ya se encuentran la reglamentación de los aspectos principales del

contrato individual de trabajo así como determinadas disposiciones de seguridad

social y la creación de Juntas de Conciliación y Arbitraje (De la Cueva, ob. cit., t. 1,

p. y ss. De dicha obra tomamos, en general, los datos de este apartado). Es

preciso subrayar que las leyes de Aguirre Berlanga emplean, en casi todos sus

artículos, el término “obrero”, lo que acusa lo de su campo de aplicación.

La ley de Veracruz, promulgada por Cándido Aguilar el 9 de octubre de 1914,

constituye, a su vez, un evidente avance en la extensión del contenido de la

legislación de trabajo, extensión que se confirma en la ley de 6 de octubre de

1915, también promulgada en Veracruz, por Agustín Millán, relativa a las

“Asociaciones Profesionales”.

No es preciso agotar todas las etapas de la evolución del derecho del trabajo para

comprobar la constante expansión del contenido del derecho laboral. Baste

señalar que en la ley de 1? de mayo de 1970, se consideraron nuevas categorías

de trabajadores respecto de las que existían dudas acerca de que fueran sujetos

del derecho del trabajador (y. gr.: taxistas) y otras que sólo mediante resoluciones

dictadas por la Suprema Corte de Justicia se venían catalogando como tales (y.

gr.: agentes de comercio, trabajadores actores y músicos, deportistas

profesionales, etc.). A ello debe agregarse que los tripulantes de aeronaves no

estaban incluidos en el texto original de la ley de 1931, y que sólo fueron

contemplados de manera expresa a raíz de una adición a la ley promulgada en el

mes de diciembre de 1959. Aún es materia de debate, a nivel doctrinal, si debe

considerarse como trabajadores, a los profesionales (véase nuestro trabajo, ya

citado: La expansión del derecho laboral en la Nueva Ley Federal del Trabajo).

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Todo lo anterior explica que siga siendo tema de discusión el de la denominación

de nuestra disciplina. Bien cierto es que la tendencia es general en el sentido de

utilizar el nombre de “derecho del trabajo”, con la alternativa de “derecho laboral”,

pero no puede hablarse, ni mucho menos, de una opinión unánime. No debe

preocupar a los especialistas esta discusión, a veces apasionada. Suele olvidarse

que el derecho civil ha tardado muchos siglos en adquirir una denominación

propia. Precisamente Demófilo de Buen, al hacer la historia del concepto, señala

que el derecho civil también comprende relaciones de derecho público. En

España, menciona De Buen, a principios del siglo XIX se estudiaban en Alcalá dos

cátedras de “instituciones civiles”, cuyo contenido era el derecho romano. El

derecho patrio tenía una cátedra de “Leyes del Toro”. En el mismo siglo XIX el

derecho civil español era denominado “derecho real”, según se ve en la obra de

Sala: ilustración del derecho real de España, cuya segunda edición se publica en

1820 (Introducción al Estudio del Derecho Civil, Madrid, 1931, pp. 41 y 42).

Además, hoy en día existe una tendencia acusada para sustituir su nombre por el

de “derecho común”, tal como lo hacía el artículo 16 de la antigua LFT, lo que, en

rigor, es correcto, ya que la raíz latina de la palabra “civitas”, expresa un contenido

que no corresponde al actual del derecho civil, sobre todo por su acento publicista.

Por el contrario la condición de ser “común”, o sea, un derecho general, que ya no

regula relaciones jurídicas sino categorías (partiendo desde luego del supuesto de

que el derecho de familia llegue a separarse, como apunta A. Cicú), es lo que

distingue a esa rama del derecho.

Es importante, entonces, hacer un examen de las distintas expresiones utilizadas.

Pero antes vale la pena detenernos en una cuestión previa.

20

2. LEGISLACIÓN O DEFECHO

Aun cuando la doctrina reciente parece haberla puesto en desuso, era práctica

frecuente, en los primeros autores de derecho del trabajo, el hablar de “legislación”

con referencia a la disciplina laboral, en vez de utilizar la palabra “derecho”.

Podemos mencionar a Paul Pie, como uno de los ejemplos más notables (Traité

Eléméntaire de Législatión Industrielle. Les Lois Ouvrüres, París, 1912) y a

Aureliano Sánchez Arango (Legislación Obrera, La Habana, 1942). Guillermo

Cabanellas invoca muchísimos otros ejemplos (Introducción al derecho laboral, t.

1, pp. 437 y 438, notas 5, 6, 7, 8 y 9).

Desde luego participamos de la opinión del propio Cabanellas en el sentido de que

la expresión “legislación” es inconveniente por limitada, ya que sólo se refiere al

conjunto de disposiciones legales dictadas respecto de la disciplina. Por el

contrario, la palabra “derecho”, pese a ser terriblemente confusa acusa, sin

embargo, una proyección más amplia que comprende también a la jurisprudencia

y a la doctrina y, lo que es definitivamente importante respeto del derecho laboral,

a las normas creadas por los propios sujetos de la relación laboral, o sea, los

pactos colectivos. Por ello rechazamos la expresión “legislación” y de acuerdo a la

corriente dominante, emplearemos la expresión “derecho”.

3. LEGISLACIÓN INDUSTRIAL

Corresponde, fundamentalmente, al giro empleado en la etapa inicial, por algunos

juristas franceses (Paul Pic, Capitant y Cuche, entre otros) que abarcaba no sólo

lo que ellos mismos prefirieron llamar legislación obrera o legislación del trabajo

(Paul Pie, ob. cit., p. XIII y Capitant y Cuche, Précis de Legislation Industrielle,

París, 1939, p. 3), sino también materias ajenas al derecho laboral, como son

patentes y marcas, nombres comerciales, modelos industriales, etcétera, por lo

que los propios seguidores de esta denominación preferían limitarla, como de

hecho lo hacían, en sus obras. Para García Oviedo esta denominación resulta

muy restringida, si por tal se “quiere entender solamente la que se refiere a la

21

industria propiamente dicha, es decir, la manufacturera y no a la industria agrícola

o a la mercantil” (Tratado elemental de Derecho Social, Madrid, 1934, p. 4), crítica

con la que coincide, entre otros muchos, Pérez Botija (Curso de derecho del

trabajo, 60 edición, Madrid, 1960, p. 8).

22

4. DERECHO OBRERO

Esta acepción cuenta entre sus más persistentes defensores a J. Jesús Castorena

(Manual de derecho obrero. Derecho Sustantivo, 5 edición, México, 1971). Vale la

pena reproducir sus argumentos:

“Si la denominación de una cosa ha de contener en sí misma la reunión más

completa de los caracteres o cualidades de la cosa misma, seguimos pensando

que la de Derecho Obrero satisface esa exigencia.”

“Se logra, a nuestro entender, una visión más exacta de la rama refiriendo al

sujeto, que no a su actividad, la denominación. El sujeto es el hombre que trabaja

en forma subordinada. El obrero es una persona que trabaja dependientemente.

La legislación está dirigida a rodear a la persona que trabaja en esa forma, de las

garantías humanas elementales. Históricamente, fue el obrero de la industria de

transformación el que logró en una lucha heroica, las primeras normas de trabajo.”

“En cambio, el trabajo, lo mismo puede ser resultado de un fenómeno de

subordinación personal que de una espontánea y libre decisión, o efecto de un

contrato diverso. El Derecho Obrero regula el trabajo subordinado; las otras

formas jurídicas de la actividad humana, se reducen a simples obligaciones de

hacer y como tales las regulan otras normas del Derecho.”

“Las denominaciones Derecho del Trabajo, Derecho Social, Derecho Industrial,

Derecho Laboral son, o demasiado restringidas o demasiado amplias” (Ob. cit., p.

5).Desde luego no son aceptables estos argumentos, si bien despiertan respeto y

simpatía. Es cierto que el derecho del trabajo nace para el obrero de la industria

de transformación y tampoco puede olvidarse que el concepto de “obrero”, dentro

de la terminología marxista (y. gr.: El manifiesto del Partido Comunista, de K. Marx

y F. Engels) corresponde a la idea de proletario, o sea, al que vive de su trabajo,

sin que necesariamente sea un trabajador manual. Pero en buena técnica el

concepto de obrero se asocia a la idea de un trabajador manual y el derecho del

trabajo, según hemos señalado, tiene ahora un campo infinitamente más amplio.

En esa virtud la expresión “Derecho Obrero” resulta limitada y aun peligrosa, ya

23

que podría entenderse que no quedan sometidos a su protección los trabajadores

no manuales y los del campo.

Independientemente de ello, hay otra razón de peso: el proemio del artículo 123

constitucional señala que las leyes de trabajo regirán: “Entre los obreros,

jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo

contrato de trabajo”, lo que impide que pueda tener validez entre nosotros, una

expresión de tan cortos alcances.

24

5. DERECHO DEL TRABAJO

Sin duda alguna la denominación “derecho del trabajo” es la que mejor acogida

tiene en este momento. En rigor no e. una denominación plenamente satisfactoria,

al menos en el estado actual de la ley y de la doctrina, ya que sus disposiciones

no comprenden a todas las actividades en que puede manifestarse el trabajo. Ya

hemos visto la limitación, por más que para nosotros no sea aceptable, que resulta

de la distinción entre trabajo “libre” y trabajo “subordinado” o “dependiente”

A pesar de ello no cabe duda de que el concepto “derecho del trabajo” es el que

más se aproxima al contenido de la disciplina y si hoy se produce el fenómeno de

que sea mayor el continente que el contenido, no dudamos que, en fuerza de la

expansión del derecho laboral, la coincidencia entre ambos llegue a ser plena en

poco tiempo. Para Guillermo Cabanellas la expresión “derecho del

trabajo” .presenta un grave inconveniente que no atiende tanto a la disciplina, en

sí misma considerada, sino a sus cultivadores. “Decir de ellos que son

trabajadores afirma Cabanellas no resulta posible, por más que en la realidad

también lo sean; designarlo como trabajistas, tampoco parece admisible por

violencia idiomática” (Introducción, .p. 442).

En realidad, aun cuando Cabanellas tiene razón y hacemos nuestros sus

argumentos el problema no es tan serio. La doctrina lo ha resuelto mediante el uso

de la otra expresión dominante: “derecho laboral”, que permite crear un calificativo

más razonable, o sea, el de laboralista. Se ha cuidado, por otra parte, de no usar

la expresión laborista”, en primer término, debe de suponerse, por razones de

elegancia lingüística y en segundo lugar, porque esa expresión tiene un significado

especial, ya que identifica a los miembros del partido político inglés integrado,

principalmente, por trabajadores. Como ya se ha puesto de manifiesto en lo que

hasta ahora llevamos dicho en esta obra, nosotros creemos conveniente utilizar

tanto la expresión “derecho del trabajo” como la de “derecho laboral”, a la que

enseguida vamos a referirnos. Prácticamente tienen el carácter de sinónimos o al

menos lo son para el uso que se les da por los especialistas.

25

6. DERECHO LABORAL

Tiene, casi, la misma excelente acogida que la de “derecho del trabajo”. Ha sido,

no obstante, objeto de críticas. Antonio Hernández Gil, y. gr., señala que “la

designación Derecho laboral, sin representar ventajas sobre “Derecho del

Trabajo”, es una versión literal de la denominación italiana y constituye un

neologismo que no tiene por qué introducirse” (El concepto del Derecho Civil,

Madrid, 1943, p. ‘y’, en nota). A. Madrid, con referencia a una antigua opinión de

Castán Tobeñas que, en cierto modo apoya a la de Hernández Gil, replica que “el

neologismo en efecto vale, porque sólo es neologismo en parte, ya que la palabra

laboral es perfectamente castellana y de abolengo. Lo que ocurre es que, en

desuso, la palabra vuelve a tener su antigua prestancia y significación y buena

prueba de ello es que va siempre siendo adoptada por autores consagrados”

(Derecho laboral

Español, Madrid, 1936, p. 82. Citado por Cabanellas, Introducción, t.I, p.443).

Guillermo Cabanellas, a quien seguimos en este inciso y es un notable defensor

de la expresión que ahora nos ocupa, resalta que en el idioma castellano la

palabra labor” se utiliza como equivalente a “trabajo”. La significación del vocablo

“labor” es muy extensa dice Cabanellas, en el vocabulario jurídico y en el usual se

emplean, además de labor: “laborable”, día de trabajo o lectivo: “laborador”, del

latín laborator análogo a trabajador o labrador; laborante, del latín laborans,

laborantis, el que labora o trabaja; “laboral”, neologismo admitido hoy oficialmente,

y aplicado a lo perteneciente o relativo al trabajo” (Introducción, t. 1, p. 444).

Cabanellas, sin embargo, encuentra algunas diferencias entre trabajo y labor.

“Podría decirse que el trabajo constituye el género y la labor la especie; que el

primero comprende a la segunda, pero sin incluir dentro de esta disciplina jurídica

todos los trabajos, sino solamente a cierta clase de ellos: los que podemos

26

denominar “laborales”. (Ob. cit., t. 1, p. 445.) Nos parece que esta última diferencia

responde a una sutileza innecesaria. La palabra “labor”, recogida por el

Diccionario de la Real Academia Española y, por lo tanto, susceptible de ser

usada para quien sienta algún escrúpulo, significa “acción de trabajar y resultado

de esta acción” (edición, 1970). En consecuencia parece indiscutible su carácter

de sinónimo respecto de la palabra trabajo.

Puestos a elegir entre las dos expresiones, y aún ponderando el impecable

argumento de Cabanellas respecto de la posibilidad de derivar de “labor”, el

adjetivo que califique a los especialistas, nos inclinamos por usar,

preferentemente, “derecho del trabajo”. Además de las razones que se

encontrarían en el derecho positivo mexicano, ya que nuestra ley se denomina,

precisamente “Ley Federal del Trabajo”, nos parece que la palabra “trabajo” es

más expresiva, ello independientemente de su mayor utilización por los

especialistas mexicanos que sobre el particular son unánimes (Eugenio Guerrero,

Manual de derecho del trabajo, México, 1971; Baltasar Cavazos Flores, Mater et

Magistral y la Evolución del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 1964; Alfredo

Sánchez Alvarado, Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo (t. 1, vol. 1,

México, 1967); Roberto Muñoz Ramón, Derecho del Trabajo, Edit. Porrúa, S. A., T.

1, 1976, T. II, 1983); Armando Porras y López, Derecho Mexicano del Trabajo

(1975); José Dávalos, Derecho del trabajo (t. 1, 1985); Alberto Briceño Ruiz,

Derecho individual del trabajo (1985), además de las obras ya citadas, de De la

Cueva y Trueba ‘Urbina).

27

7. DERECHO SOCIAL

La expresión tiene cierto arraigo entre los juristas españoles. Ha sido utilizada,

entre otros, por Martín-Granizo y Gonzáles-Rothvoss (Derecho social, Madrid,

1935); Bernaldo de Quirós (Derecho sot’ial, Madrid, 1932) García Oviedo (Tratado

elemental de Dereho Social, Sevilla, 1946); Fernández Heras (Tratado Práctico de

legislación social, Zaragoza, 1946); Martín Álvarez (Derecho Social, Madrid, 1949)

y, de manera especial, por Juan Menéndez-Pidal, de quien tomamos estos datos

(Derecho social español, vol. 1, p. 27 y ss., Madrid, 1952).

Para Menéndez-Pidal “La frase «laboral» tiene cierto marcado sabor extranjero y

que algunos califican de neologismo”. El término “trabajo” cuyo constante empleo

en España pone de relieve, tiene, a su juicio, el grave inconveniente de “que no

podría comprender dentro del mismo a todas las normas referentes a viviendas,

ahorro. mutualidades, cooperativas y otras de tan marcado acento social” (ob. cit.,

p: 28.) Por ello, y a pesar de que acepta oue la expresión “derecho

social”“presenta dificultades para su denominación, resultando ésta imprecisa y

genérica y aun poco técnica para algunos”

(p. 28), se inclina hacia ella por las siguientes razones:

“a) Porque ha adquirido su uso arraigo o carta de naturaleza en la legislación y en

los tratadistas.”

«b) Porque siendo este Derecho el derecho de ‘la Justicia Social, parece lógico

que le alcance igual denominación.”

“c) Porque guarda una gran conexión con la llamada cuestión social, a la que se

encuentra ligado doctrinal e históricamente.”

“Porque aun cuando todo Derecho tenga, en cierto sentido, un significado social,

ésta lo tiene de un modo más especial, como reacción contra pretéritos sistemas

individualistas.”

28

“Por encerrar un contenido más amplio que las otras denominaciones, no en el

sentido de que justifique más su empleo el hecho de comprender mayor número

de materias, sino porque, dado el amplio campo de éstas y de personas a las que

alcanza, unas y otras se escapan de las otras denominaciones” (ob. cit., p. 28.)

A estos argumentos agrega Meléndez-Pidal otro de carácter formal, pero

igualmente interesante: por ley de 23 de diciembre de 1948. art. 2. en el Tribunal

Supremo Español hay una Sala de lo Social (ob. cit., vol. 1, p. 29, nota 25.)

Las consideraciones de Meléndez-Pidal, con excepción de la primera, son válidas,

pero insuficientes. De la primera podemos decir que la doctrina hispanoamericana

y una parte importante de la española se inclinan por la expresión “derecho del

trabajo” y no por la de derecho social. Por lo que hace a los demás argumentos y

haciendo reserva expresa de volver sobre el tema más adelante, baste señalar

que el concepto de derecho social es mucho más amplio que lo que refleja el

contenido de la disciplina. Por su jerarquía el derecho social se enlaza con la

división tradicional de la ciencia jurídica, para constituir, con el derecho público y el

derecho privado, la primera, importante, clasificación. Además el derecho social

comprende otras disciplinas perfectamente delineadas: el de 9) derecho agrario y

la seguridad social. De esta última cabe decir que es ya una-disciplina diferente

del derecho del trabajo. Por lo menos la seguridad social tiene una clara tendencia

a ser mucho más que una institución sustitutiva de la responsabilidad patronal por

riesgos profesionales y hoy protege también a quienes no son sujetos trabajadores

en una relación laboral.

El argumento que con mayor frecuencia se invoca en contra uso de la expresión

“derecho social” en el sentido de que constituye un pleonasmo (Bonnecase, La

notion du droit en France au XIXme siecle, París, 1919, p. 178, cit. por Cabanellas,

ob. cit., t. 1, p. 452), porque, en rigor, todo derecho es social, es fundado pero

choca con la indiscutible aceptación que la expresión «social” tiene en nuestro

tiempo, cuya trascendencia ha puesto tan de relieve José Castán Tobeñas, en sus

dos excelentes monografías: Lo social y sus perspectivas actuales (Madrid, 1965)

29

y La Idea de Justicia Social (Madrid, 1966), sin olvidar los trabajos de José

Campifio Sáinz, Los derechos sociales (Revista de la Facultad de Derecho de

México, enero-junio, 1951, México, D. F., pp. 189-213) y de Lucio Mendieta y

Núñez, derecho social (2 edición, México, 1967). El rechazo, pues, de la expresión

“derecho social” sólo debe entenderse referido al intento de sustituir con ella a la

de “derecho del trabajo” y ello, fundamentalmente, por las razones jerárquicas

antes expuestas.

8. OTRAS DENOMINACIONES

Además de las ya anotadas, suelen emplearse las siguientes de le nominaciones:

a) Nuevo derecho. Más que una denominación específica para la disciplina

laboral, la expresión “nuevo derecho” corresponde a una calificación. Cabanellas,

y. gr., la utiliza en su trabajo Lo fundamentos del - Nuevo Derecho (Buenos Aires,

1945). Pueden mencionarse.

También la obra ‘de Leroy: Le Code Civil et le Droit Nouveau (París, 1904); la obra

de Palacios: El Nuevo Derecho (Buenos Aires, 1928) y la de Rietti: La enseñanza

Universitaria del Nuevo Derecho (Córdoba, Argentina, 1928) (citados por

Cabanellas, Introducción, t. 1, p. 454).

En realidad esta denominación no intenta ser específica del derecho del trabajo,

aun cuando haya sido utilizada para identificarlo.

b) Derecho social del trabajo. La menciona como aceptable Daniel Antokoletz

(Derecho del Trabajo y Previsión Social, Buenos Aires, 1953, p. 18), y de ella

afirma que “nada se le puede objetar”.

30

En realidad se trata de una reiteración innecesaria ya que señala la condición

social del derecho del trabajo y ésta, le corresponde por naturaleza. Ahora bien,

silo que se pretende es precisar que el derecho. del trabajo es un derivado del

derecho social y en esto tampoco hay duda alguna la denominación choca con la

práctica de identificar a las disciplinas jurídicas en función de su contenido

particular, dejando a un lado su pertenencia a una de las tres grandes ramas en

que se divide el derecho, a saber: público, privado y social. En otras palabras,

sería tanto como hablar de un “derecho privado civil” o de un “derecho privado

mercantil”. La fórmula no satisface.

e) Derecho económico-social. Presentada, igualmente, sin mencionar su origen,

por Antokoletz. Corresponde al grupo que intenta imponer la denominación de

“derecho económico o derecho de la economía organizada”. Entre sus partidarios

se encuentra Geraldo W. Von Potobsky (Derecho Económico y Derecho del

Trabajo, en Revista Derecho del Trabajo, Buenos Aires, t. XIV, p. 325), quien

afirma que “cualquiera sea la tendencia a la que se afilie en cuanto al concepto del

derecho económico, es necesario reconocer que el derecho del trabajo forma

parte del mismo”. “En efecto agrega, las relaciones entre obreros y patrones y,

desde un punto de vista m.s amplio, el campo que abarca todo el derecho social,

participa de las características señaladas al describir el contenido del derecho

económico según las distintas escuelas.”

No es aceptable esta denominación, en nuestro concepto, porque el derecho del

trabajo es mas que un derecho económico, ello sin perjuicio de admitir que

muchas de sus características’ sean económicas. Basta invocar para probar lo

anterior, su contenido de previsión social.

d) Derecho de los trabajadores y derecho del contrato de trabajo. A ellas se refiere

Cabanellas (Introducción, t. 1, p. 456) afirmando que no son aceptables, la primera

por referirse sólo a uno de los sujetos de la relación laboral y la segunda porque el

contenido de la disciplina excede, con mucho, de la problemática del contrato de

trabajo.

31

9. CONSIDERACIÓN FINAL

La función del nombre en las materias que integran la Enciclopedia día jurídica es,

básicamente, la de identificación para efectos científicos, esto es, de clasificación,

pero no puede exigírsele nunca que englobe la totalidad de las relaciones jurídicas

pertenecientes a cada una de las ramas. No puede olvidarse que el derecho está

en constante transformación, sin que el fenómeno se haya reflejado en los

nombres utilizados para identificar sus diferentes expresiones. Por ello el problema

del nombre no es de los más graves y suele operarse en este terreno con

márgenes razonables de error. En el caso del derecho del trabajo se está

produciendo, además, un fenómeno curioso, que ya señalamos. Siendo cierto que

el nombre es más amplio que el contenido, ya que hay actividades de trabado aun

no incorporadas a la legislación laboral, la expansión misma de este derecho vino

llenando ese continente mayor. No obstante, lo que fue, hasta la década de los

sesenta y principio de los setenta, la tendencia expansiva del derecho del trabajo,

ahora está detenida y con un notable afán de retroceso. Hoy regresan las

concepciones privatistas que intentan quitarle clientela al deque derecho laboral.

Lo malo es que parecen tener éxito.

32

CAPITULO III

LA ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DEL DERECHO DEL TRABAJO

1. Consideraciones generales. 2. El plan dogmático y el plan exegético. 3. El

programa básico de Derecho del Trabajo 1 y 11 en la

Escuela Nacional de Estudios Profesionales “Acatián” (Universidad

Nacional Autónoma de México). 4. El plan de la Ley de 1931. 5.

El plan de la Ley de 1970. 6. El plan de exposición en la doctrina mexicana. 7.

Nuestro plan de exportación.

1. CONSIDERACIONES CENERALES

Es importante que el alumno, para quien preferentemente pero no exclusivamente

está destinada esta obra, tenga desde el principio una noción general del campo

de aplicación de la disciplina laboral. Decía Ortega y Gasset que los árboles

impedían ver el bosque. Nosotros queremos evitarlo. Es decir, en este capítulo

intentamos dar al lector un panorama, si se quiere superficial, de la materia para

que de esa manera, al ir estudiando individualmente cada institución, no sólo la

entienda en sí misma, sino en su vinculación con todas las demás. Uno de los

problemas más interesantes de la exposición jurídica es, precisamente, el de la

determinación del orden que debe seguirse para llevarla a cabo. Castán Tobeñas

menciona que esta preocupación es, relativamente, reciente. “La sistemática del

Derecho dice Castán sólo ha sido objeto de preocupación y exaltación en los

últimos siglos y especialmente a partir de la escuela histórica y del positivismo

jurídico. Pero ello no quiere decir advierte Castán que se desconocieran en lo

antiguo los métodos jurídicos y la ordenación sistemática del derecho” (La

ordenación sistematica del derecho civil, Madrid, 1954, p. 16.) Un adecuado

sistema de exposición de cualquier rama del derecho presenta indiscutibles

ventajas. Sauer señala las siguientes: visión clara de los elementos comunes,

33

evitación de repeticiones inútiles, abreviación, simplificación, examen rápido,

claridad y rigor (Cit. Por Castan, ob. cit., p. 18.) A ello agrega Castán que “desde el

punto de vista técnico y dogmático, el sistema proporciona seguridad y facilidad a

la aplicación del Derecho y da a éste la flexibilidad necesaria para adaptarse a las

complejidades y sinuosidades de la vida real. Merced al sistema se hace factible la

interpretación racional y sistemática de las normas y se facilita mucho la

elaboración integradora del Derecho” (Ob. cit., p. 18.)

Sin embargo, el sistema también puede traer consigo graves riesgos. Savigny ha

dicho que “cuando una exposición dogmática del Derecho destruye la unidad real•

de las instituciones, reúne elementos enteramente distintos, perturba la armonía

de las instituciones y altera, por esta confusión, su valor respectivo, es evidente

que se emplea un método vicioso que oscurece el asunto mismo y se convierte en

un obstáculo para su inteligencia” (Sistema de Derecho romano actual, t. 1,

Madrid, 1878, p. 269, cit. por Castán, ob. cit., pp. 18 y 19). El problema más grave,

sin embargo, radica en el abuso de las abstracciones que puede derivar en el

abuso de un formalismo lógico “que aleja de las realidades sociales y produce

consecuencias enteramente contrarias a la que el sistema debe perseguir”

(Castán, ob. cit., p. 19.)

2. ELPLAN DOGMÁTICO Y EL PLAN EXEGÉTICO

Tradicionalmente las instituciones jurídicas pueden exponerse de acuerdo con el

orden seguido por la ley, en cuyo caso se sigue el plan exegético o legal, o bien,

conforme al orden que aconseje tanto el buen criterio del autor como el estado de

la ciencia, en cuyo caso se denomina el plan, científico o 4ogmático.

Era frecuente en la exposición de las obras jurídicas en el siglo pasado, el hacer

“comentarios”, a virtud de los cuales los partidarios de la escuela exegética,

siguiendo el orden de la ley, intentaban explicarla. Esta fórmula parece hoy

superada. Sin embargo, aún cuenta con partidarios. Entre nosotros y a propósito

34

de la Nueva Ley Federal del Trabajo se han hecho diversas publicaciones de esta

clase. De manera especial podemos recordar la edición de la ley, con

comentarios, jurisprudencia y bibliografía, concordancias y prontuario, de Alberto

Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera (México; 1972, 16’ edición); La Ley Federal

del Trabajo de José 1. Herrasti (México, 1971); La Nueva Ley Federal del Trabajo

de Juan B. Climent (México, 1971); La Nueva Ley Federal del Trabajo, de A.

Porras y López (México, 1971); La Nueva Ley Federal del Trabajo, comentada y

Concordada, de Francisco Breña y Baltasar Cavazos Flores (México, 1970); el

Manual de Aplicación e Interpretación de la Nueva Ley Federal del Trabajo, de

Cavazos Flores (México, 1971) y la Ley Federal del Trabajo comentada de Carlos

de Buen (Themis, segunda mayo 1990) y también de Cavazos Flores El Derecho

del Trabajo en la Teorkz... y en la práctica (México, 1972). En todas ellas se sigue,

básicamente, el sistema tradicional de hacer anotaciones al pie de los artículos de

la ley.

El error del plan exegético es que parte del supuesto equivocado de que la ley es

la única fuente del derecho. Enfrenta, además, el problema de que la ley no suele

evolucionar y a veces resultan anticuada y, en ocasiones, aun cuando se conserve

su mismo texto, lo que cambia es la interpretación. “Sobre todo, el plan puramente

legal deja siempre grandes vacíos, pues no permite recoger los principios

fundamentales que dominan el Derecho privado y cada una de sus instituciones.”

(Castán, ob. cit., pp. 20 y 21.)

El plan científico o dogmático enfrenta, igualmente, serias dificultades, según

veíamos antes por las palabras de Savigny. El más grave, en nuestro concepto,

radica en el posible subjetivismo con que es resuelto, cuando el autor, olvidando el

aspecto científico, deja de seguir un orden lógico.

35

3. EL PROGRAMA BÁSICO DE DERECHO DEL TRABAJO 1 Y II EN LA

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES “ACATLÁN”

(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)

Fue aprobado alrededor de 1985 y hoy sirve también de modelo cuyo, en lo

sustancial, al Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se divide

en dos partes: la primera denominada “unidad temática” constituye, en rigor, la

que contiene los temas; la segunda: “objetivos específicos” señala los propósitos

del tema en un enunciado, no siempre con la elegancia debida.

El Programa comprende dos cursos clasificados, simplemente, como Derecho del

Trabajo 1 y Derecho del Trabajo II. Cada curso corresponde a un semestre. El

primer curso debe realizarse en seis horas a la semana y noventa horas

semestrales. El segundo también en seis horas semanales (cuatro teóricas y dos

prácticas) con el mismo gran total de noventa horas. Este Programa no es,

precisamente mente, un dechado de virtudes.

Primer curso.

1. Evolución histórica del derecho del trabajo en México. Durante la Colonia.

México independiente. Antes de la Revolución Mexicana. Las leyes de los

Estados. El Congreso Constituyente de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1931

y sus reformas.

II. Concepto de derecho del trabajo. Naturaleza jurídica del derecho del trabajo.

Diferentes denominaciones y definiciones. III. Concepto de derecho social

Definiciones y la naturaleza jurídica del derecho social y del derecho del trabajo.

IV. El artículo 123 constitucional. Analizar el Apartado “A” en sus diferentes

fracciones. Analizar el Apartado “B” en sus diferentes fracciones.

V. Derecho individual del trabajo. Relaciones individuales del trabajo. El derecho

individual y el derecho colectivo del trabajo. La relación individual del trabajo y el

contrato individual del trabajo. El nacimiento, suspensión, rescisión y terminación

de la relación individual del trabajo.

36

VI. Condiciones de trabajo. Jornada de trabajo, su concepto, duración y

clasificación. Días de descanso, vacaciones y prima de vacaciones. Salario, su

concepto. Diferentes clases de salario. Salario mínimo general y profesional.

Normas protectoras del salario.

VII. Las utilidades de las empresas. El reparto a los trabajadores. El procedimiento

para repartir utilidades.

VIII. Derecho de preferencia, antigüedad y ascenso. Diferentes casos de

preferencia en la contratación. El derecho de antigüedad y ascenso. Los

escalafones. Cuadro de antigüedades.

IX. Invenciones de los trabajadores. Diferentes teorías. Los derechos de los

trabajadores a sus invenciones.

X. Trabajo de las mujeres y de los menores. Condiciones de trabajo

proteccionistas de las mujeres y los menores.

XI. Capacitación y adiestramiento de los trabajadores. Las comisiones mixtas.

Derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores.

37

XII. Trabajos especiales. Su diferencia en cuanto a la relación y condiciones de

trabajo. Las causas especiales de la rescisión de la relación laboral.

XIII. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Los derechos de los

trabajadores. Las obligaciones y las prohibiciones (sic) de los trabajadores.

XIV. Derechos y obligaciones de los patrones. Los derechos de los patrones. Las

obligaciones y las prohibiciones (sic) de los patrones.

XV. Riesgos de trabajo. Su naturaleza, concepto y definición. Accidentes de

trabajo. Enfermedades de trabajo.

XVI. Derecho colectivo del trabajo. Coaliciones, sindicatos, federaciones y

confederaciones. Su concepto y definición. Su naturaleza jurídica. Las diferentes

cláusulas del contrato. Su celebración y depósito, revisión, suspensión y

terminación.

XVII. El contrato colectivo de trabajo. El contrato ley. Su concepto y definición. Su

aplicación por rama de industria. La convención, la celebración y la revisión,

suspensión y la terminación.

XVIII. El contrato ley. Su concepto y definición. Su aplicación por rama de

industria. La convención, la celebración y la revisión, suspensión y terminación.

XIX. El reglamento interior de trabajo. Su concepto y contén del do. Su aplicación

y vigencia dentro de la empresa. XX. Derecho de los trabajadores del Estado.

Relación entre los principios del art. 123 B y la Ley de los Trabajadores al Servicio

del Estado.

Segundo curso.

1. Autoridades del trabajo. Su formación histórica. Su naturaleza jurídica.

Antecedentes históricos. Las doce autoridades que establece la ley y su

organización y funciones. Las juntas de conciliación y arbitraje. El Tribunal de

Arbitraje.

II. Derecho procesal del trabajo. Concepto y naturaleza. Su concepto y definición.

La formalidad en el proceso laboral, las notificaciones, las reglas de competencia,

excusas y recusaciones y reglas sobre personalidad y los exhortos.

38

III. Teorías de la acción y prescripción. Caducidad y preclusión. Las diferentes

teorías de la acción en relación al proceso laboral, la prescripción y la caducidad,

sus diferencias entre sí. La presunusión de los términos.

IV. De las pruebas. De los diferentes medios de prueba establecidos en la ley,

normas para ofrecerlas, desahogarlas y su valoración en el derecho procesal del

trabajo.

V. El procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje. La

demanda y sus formalidades. La suplencia de la queja. La audiencia de

conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. El

desahogo de las pruebas. Los alegatos y el laudo.

VI. Procedimiento de ejecución y tercerías de preferencias y crédito. El

cumplimiento de los laudos. El procedimiento de embargo y remate. Las tercerías

excluyentes de dominio o de preferencia y su tramitación.

39

VII. Procedimientos especiales: Casos de tramitación en procedimiento especial.

La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, las

convocatorias de los dependientes económicos del trabajador.

VIII. Procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica. Su

concepto y definición. Su planteamiento. La pericial. Los alegatos, la resolución del

planteamiento del conflicto.

IX. La huelga. Conceptos fundamentales y su procedimiento. Su concepto y

definición. Clasificación de la huelga. El período de prehuelga. La suspensión de

labores. La terminación de la huelga.

X. Procedimiento para-procesal. Casos que proceden por esta vía. Procedimientos

aplicables en cada caso.

Se trata, sin la menor duda de un programa (o de dos programas, según se vea)

insuficientes y deficientes. Sería complicado decir aquí por qué, pero los muy

diferentes desarrollos de esta obra y de mi “Derecho procesal del trabajo” (Edit.

Porrúa, S. A., 3a. edic., 1994) explican por qué.

4. EL PLAN DE LA LEY DE 1931

La ley de 1931 se divide en once títulos y, teóricamente, en 685 artículos. En

realidad son bastantes más, en razón de habérsele incorporado los artículos

relativos al salario mínimo y a la participación de los trabajadores en las unidades

de las empresas (arts. 100-A a 100-U); los relativos al trabajo de las mujeres y de

los menores (artículos 110-A a 100-L) y los de las tripulaciones aeronáuticas (arts.

132-bis a 159-bis).

De estos títulos, el segundo resulta ser el más amplio. En él, con técnica poco

afortunada, se incluye todo el derecho individual del trabajo, salvo el contrato de

aprendizaje, pero además se regulan el contrato colectivo de trabajo y el

reglamento interior de trabajo. Por otra parte, queda incluida la participación de los

40

trabajadores en las utilidades de las empresas a la que, dados los términos en que

fue establecida, no se le puede reconocer carácter contractual.

41

5. EL PLAN DE LA LEY DE 1970

Se divide actualmente en Dieciséis Títulos, con 1010 artículos nominales y 13

artículos transitorios. En realidad el número de artículos es superior. Deben

agregarse los relativos a la capacitación y al adiestramiento (153-A a 153-X); los

que regulan el trabajo de los médicos residentes (353-A a 353-1); los relativos a

los trabajadores universitarios (353-J a 353-U) y otros relacionados con los riesgos

profesionales y la capacitación y el adiestramiento (539-A a 539-F). Por otra parte

se encuentran derogados los artículos 168 y 169 relativos al trabajo de las mujeres

y diecisiete artículos del capítulo de huelgas (452 al 458; 460 al 465; 467, 468, 470

y 471) que en realidad fueron, en términos generales, reubicados. Además debe

de tenerse en cuenta el impacto de la reforma procesal que cambió el sentido y la

clasificación del texto original de la Ley de 1970. El resultado, a la fecha, es de

cincuenta y dos artículos nuevos y diecinueve suprimidos, lo que produce una

diferencia de treinta y tres adicionales al texto inicial, para un gran total de 1043

artículos.

La distribución de materias es en la ley de 1970, mucho mas que en la ley anterior.

Sin embargo, cabe advertir que las disposiciones relativas a los riesgos

profesionales, independientemente de que como se señala en la “Exposición de

Motivos” de la propia ley, se encuentren en ella en forma provisional, deberían ser

incluidas antes del derecho colectivo, dado que por su naturaleza están

íntimamente vinculadas a las relaciones individuales. Además no existe, en rigor,

una problemática especial de los riesgos para el derecho colectivo.

42

6. EL PLAN DE EXPOSICIÓN EN LA DOCTRINA MEXICANA

Es incuestionable que habrán de examinarse las obras de los autores mexicanos,

relacionadas con el derecho sustantivo, tanto antes como después de la

promulgación de la ley vigente.

J. Jesús Castorena (Tratado de Derecho Obrero, primera edición, sin fecha) hace

en el capítulo primero, una introducción en la que trata de generalidades, sujetos

de derecho obrero, caracteres del derecho obrero, la teoría de los actos jurídicos

del derecho obrero y las fuentes del derecho.

En el capítulo segundo aborda la historia de la legislación del trabajo, y en el

tercero, la Organización Internacional del Trabajo.

El capítulo cuarto denominado “El principio” atiende al estudio del principio de la

libertad de trabajo.

En los capítulos quinto, sexto y séptimo, examina el contrato de trabajo, su

régimen ordinario y los regímenes particulares, respectivamente.

43

El reglamento interior de trabajo es objeto del capítulo octavo y La asociación

profesional del noveno.

En el capítulo décimo examina los conflictos de trabajo.

El contrato colectivo de trabajo es analizado en el capítulo décimo primero.

Por último, en el décimo segundo estudia los problemas de la aplicación de la ley,

en lo que viene a ser un derecho procesal del trabajo.

En su última obra (Manual de Derecho Obrero, México, 1971) el maestro divide su

programa en tres partes, denominadas, respectivamente “Generalidades”,

“Derecho Individual” y “Derecho Colectivo”. Suprime toda referencia al derecho

procesal.

La primera parte se integra con tres capítulos dedicados a “Prolegómenos”, o sea,

generalidades sobre la disciplina (plan de la obra, nombre, sujetos, naturaleza

jurídica, etc.); “Historia de la Legislación del Trabajo” y “Organización Internacional

del Trabajo”.

En la segunda parte, se ocupa “De la relación y del contrato de trabajo”, del

“régimen ordinario del contrato de trabajo”, de los “regímenes particulares” y de la

“Ley del Seguro Social”.

La tercera parte la destina al “Reglamento Interior de Trabajo”, a la “Asociación

Profesional”, al “Contrato Colectivo de Trabajo”, al “Contrato Ley” y a “la Huelga”.

Mario de la Cueva sigue, en su primera obra, un criterio científico, es decir, distinto

al que marca la ley. El primer tomo de su derecho Mexicano del Trabajo (6

ediciones, reimpresión, 1961) comprende tres partes: la introducción general, el

derecho individual del trabajo y el derecho protector de las mujeres y de los

menores.

El segundo tomo se divide en cuatro partes. La primera se refiere al problema de

la previsión social. La segunda, al derecho colectivo del trabajo (generalidades del

derecho colectivo, asociación profesional, contrato colectivo de trabajo y

reglamento interior de trabajo). La tercera parte analiza los conflictos de trabajo y

especialmente la huelga. En la última se hace referencia a las autoridades del

trabajo.

44

Las discrepancias notables entre el orden de la ley de 1931 y el que sigue Mario

de la Cueva, radican, fundamentalmente, en el derecho individual. Consisten en la

ubicación, al final, del estudio de las condiciones especiales de las mujeres y de

los menores que en la antigua ley se encontraban entre el salario mínimo y el

reglamento interior de trabajo. Desde luego, con toda razón, De la Cueva separa

al contrato colectivo de trabajo del individual. Los riesgos profesionales o previsión

social, también los menciona, antes del derecho colectivo a diferencia de la ley

que los trataba exactamente después. El problema de la prescripción, que en la

ley se colocaba inmediatamente después del capítulo relativo a los riesgos

profesionales, lo presenta como último capítulo del derecho individual del trabajo.

45

Su obra más reciente El nuevo derecho mexicano del trabajo (México, 1972, l4

edición, 1996, actualizada por Urbano Farías), se inicia con una introducción

general, en la que aborda tanto los aspectos históricos de la disciplina, con una

espacialísima referencia a la generación de la nueva ley, y continúa con los

conceptos generales de la disciplina: la nueva concepción, sus características, los

principios en que descansa, fuentes, etc. La primera parte, que se denomina “El

derecho individual del trabajo” incluye a diferencia de la obra anterior, el estudio

del trabajo de las mujeres y de los menores. La segunda parte se dedica al estudio

particular de los trabajos especiales cuyo último capítulo, aparentemente sin

razón, es el que dedica a la prescripción. El segundo tomo, aparecido en 1979,

trata tres grandes texs: la seguridad social (tratado con un contenido amplio que

incluye educación, empleo, habitaciones de los trabajadores, higiene y salubridad

y seguridad industrial, la reparación de los riesgos de trabajo y los seguros

sociales), el Derecho colectivo del trabajo (Introducción general, sindicación y

convenciones colectivas) y los conflictos de trabajo (los patronos ante la

administración de la justicia obrera y la huelga).

Alfredo Sánchez Alvarado, otro autor mexicano (instituciones Cte derecho

mexicano del trabajo, t. 1, vol. 1, México, 1967), empieza con una primera parte

que denomina «Generalidades”, que presenta, en el primer capítulo, los conceptos

iniciales de la disciplina (etimología, concepto económico, político, social y jurídico

del trabajo, concepto de derecho del trabajo, génesis, relaciones con otras

ciencias, etc.); sigue con aspectos históricos para luego atender al fundamento

doctrinal del derecho del trabajo, su esencia y fines; caracteres del derecho del

trabajo, naturaleza jurídica y la teoría de las fuentes.

La segunda parte, que intitula “Derecho individual del trabajo” y que comprende

dos capítulos, es solamente el principio de la exposición del tema, a lo que se

supone se destinaría el segundo volumen, aun no publicado. Estos dos capítulos

se dedican al estudio de los sujetos del derecho del trabajo y del contrato

individual de trabajo.

46

Eugenio Guerrero, en su Manual de derecho del Trabajo (primera edición, 1960 el

tomo primero, y 1962 el tomo segundo. Decimonovena edición, en un solo tomo,

1990) divide en tres partes el estudio del derecho laboral. La primera parte la

denomina “Derecho individual”; la segunda, “Derecho colectivo” y la tercera

“Derecho procesal del trabajo”. En forma de apéndice trata de la seguridad social.

La prescripción la estudia al final del derecho individual del trabajo e incluye el

análisis de los riesgos profesionales, como capítulo especial del derecho individual

del trabajo, antes de tocar los temas de suspensión, rescisión y terminación de las

relaciones de trabajo.

Alberto Trueba Urbina, cuya obra fundamental se ha dedicado al derecho procesal

del trabajo, a raíz de la publicación de la nueva ley, invadió también

afortunadamente el campo del derecho sustantivo laboral. Su obra, alegato

formidable en pro del constituyente de 1917, rompe con los moldes tradicionales

de la exposición del derecho laboral mexicano si es que se puede llamar tradición

a lo que deriva de tan escasa producción y sin perder de vista el estudio de las

nociones fundamentales de la disciplina, se lanza por los caminos apasionantes

de una defensa vigorosa de la ideología revolucionaria, inclusive marxista, que

encuentra escondida en los antecedentes y en el proemio mismo del artículo 123

constitucional. De ello deriva que la composición de su obra sea muy especial.

Divide Trueba Urbina su obra en cinco partes y un capítulo final. La primera, que

denomina “Introducción al derecho del trabajo,” es una reseña de la génesis del

artículo 123, un análisis de su naturaleza y fines, de acuerdo con el texto original,

el estudio de la influencia de nuestra Constitución de 1917 en el tratado de

Versalles, a través de Samuel Gompers, para terminar con lo que el autor

denomina “concepto moderno del derecho del trabajo’, del que incluye una

definición que llama integral.

En la segunda parte, intitulada ‘legislación Social del Trabajo”, hace Trueba Urbina

la reseña legislativa laboral de México, contemplando tanto la legislación ordinaria

como la dictada para los trabajadores al servicio del Estado. Examina, en forma

47

especial, la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, para cerrar esta parte con un

capítulo que denomina “El artículo 123 en el año 2017”, sarcástico comentario

político de la situación de México en los últimos treinta años y advertencia acerca

de la futura derrota del capitalismo.

La tercera parte se denomina “Teoría integral del derecho del trabajo” y allí

expone, con mayor amplitud, la tesis acerca del carácter reivindicatorio del artículo

123 constitucional, su naturaleza proteccionista, y especialmente su pensamiento

acerca de la permanente expansión de la disciplina.

En la cuarta parte examina “el derecho del trabajo en la nueva legislación” y allí,

de manera breve, atiende a la problemática ‘

fundamental de las relaciones tanto individuales como colectivas, riesgos de

trabajo, prescripciones y autoridades de trabajo, siguiendo al hacerlo el orden de

la ley.

La quinta parte es un nuevo alegato revolucionario, denominado “La teoría integral

es fuerza dialéctica de la revolución proletaria” culminando el libro con un capítulo

que intitula “Nuestra tesis fundamental sobre el derecho del trabajo”.

Roberto Muñoz Ramón (“Derecho del Trabajo”, Edit. Porrúa, S. A., ler. Tomo,

1976), expone lo que él denomina “Teoría fundamental” (concepto, naturaleza

jurídica, principios, fines, caracteres, autonomía y relaciones, fuentes,

interpretación, integración y ámbitos de validez). En el segundo tomo (1983), hace

un amplio análisis de la problemática del derecho individual del trabajo.

José Dávalos (“Derecho del trabajo”, Edit. Porrúa, S. A., t. 1, 1985), en líneas de

distribución de temas muy aproximadas a las de esta misma obra, con enunciados

también sustancialmente coincidentes, estudia en cincuenta y un capítulos los

problemas de introducción, generalidades de la relación de trabajo, condiciones de

trabajo, obligaciones de los trabajadores y de los patronos y los trabajos

esenciales. Al final trata los temas de “responsabilidad”. “riesgos de

trabajo”“derecho sucesorio laboral y derecho de los beneficiarios” y “prescripción”

que cualquier lector curioso y mal intencionado creerá haber leído antes aquí

mismo.

48

La parte final del primer tomo se destina a los trabajadores burocráticos, bancarios

y al servicio de los Estados y Municipios.

Alberto Briceño Ruiz (“Derecho individual del trabajo”, Colección Textos Jurídicos

Universitarios, 1985), en una línea muy próxima a los comentaristas de la ley,

divide su obra en ocho partes: a saber: generalidades, antecedentes históricos,

relación individual de trabajo, sujetos de la relación de trabajo, la relación de

trabajo en el tiempo, obligaciones y derechos, prestaciones económicas y trabajos

especiales.

Llama la atención que Bricefio haga caso omiso de la doctrina mexicana (sólo cita

a De la Cueva, en su primera obra) y que ignore, no sé si conscientemente, la

amplísima obra iberoamericana, española, italiana y francesa publicada después

de 1960.

7. NUESTRO PLAN DE EXPOSICIÓN

Parece innecesario decir, después de lo que ya se ha expuesto, que nos

inclinamos por el plan científico o dogmático, en lugar de seguir la fórmula,

aparentemente más práctica, de los comentarios, o sea, la fórmula exegética. Sin

embargo consideramos necesario aclarar que, particularmente a raíz de la puesta

en vigor de la Ley vigente, también ésta sigue un orden más lógico, dado la

influencia personal de Mario de la Cueva en su redacción, aun cuando no

necesariamente exista una correlación estrecha entre la obra de De la Cueva y la

ley.

Con el orden que proponemos intentamos por otra parte, alcanzar una finalidad

didáctica, o sea, queremos que el alumno vaya asimilando paulatinamente los

conocimientos de tal manera que partiendo de los hechos se alcancen las

conclusiones a manera de resultado lógico y no que se arranque de los principios

y de las definiciones, que pueden ser, de momento, extrañas al alumno, para

después explicar su contenido.

49

Hemos incluido, en la primera parte, lo que denominamos “La teoría general del

derecho del trabajo”. En ella se hace el estudio de la norma; de los sujetos de la

relación laboral; del acto jurídico laboral, así como de las nulidades de éste y de la

relación en sí. Incluimos en esa sección el estudio de la responsabilidad y, por

último, de la prescripción, ya que nos parece mejor, por razones científicas

considerarla dentro de esta “teoría general”, que en el lugar que le atribuye la ley

mexicana, y a su imagen y semejanza, la doctrina.

Esta “teoría general” puede resultar un tanto extraño y de antemano anticipamos

la posibilidad de que se nos acuse, como ya ha ocurrido antes, de tener un criterio

civilista al estudiar el derecho del trabajo. Advertimos que nuestra intención es,

precisamente, la contraria. Consideramos necesario que se haga ya un examen

cuidadoso de la teoría del acto jurídico laboral, que incluya el examen de los

sujetos y de su objeto, y como consecuencia, las nulidades de estos actos, para

evitar las terribles confusiones en que incurren en esta materia tanto los

profesores como los litigantes y autoridades de trabajo, precisamente, por utilizar

para la resolución de estos problemas, un criterio ajeno al derecho del trabajo.

50

En la segunda parte, que ya no se incluye en este volumen, exponemos el

derecho de las relaciones individuales de trabajo. A su vez, el derecho colectivo

forma, en su totalidad, la tercera parte. Creemos que su integración es clara y no

deja lugar a dudas. Ambas constituyen el contenido del segundo tomo. Los

grandes ausentes serán el derecho procesal del trabajo, el derecho administrativo

del trabajo y los temas de la seguridad social.

De ellos afirmamos que tienen el carácter de disciplinas autónomas y estamos

convencidos por la misma razón de la necesidad de su estudio por separado.

51

CAPITULO IV

LAS CARACTERISTICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO

1. Generalidades. 2. El derecho del trabajo es un derecho de la clase trabajadora.

3. El derecho del trabajo como un derecho protector de la clase trabajadora.

4. El derecho del trabajo como un derecho en expansión. 5. El derecho del

trabajo coma mínimo de garantías sociales para los trabajadores. 6. El

derecho del trabajo:

Derecho irrenunciable e imperativo. 7. La teoría de que el derecho del trabajo es

derecho reivindicatorio del proletariado. 8. El derecho del trabajo como un

instrumento de coordinación y conjugación de los intereses que se dan en

las empresas, consideradas como unidades económico-sociales. 9. Sin

embargo... 10. A manera de conclusión.

1. GENERALIDADES

En esta investigación preliminar que realizamos con el objeto de que el alumno

vaya sensibilizándose ante las cuestiones fundamentales del derecho del trabajo,

de tal manera que adquiera, paulatinamente, los conocimientos básicos, que le

permitirán después llegar por sí mismo a la determinación esencial de la disciplina,

una de las cuestiones más importantes es la de señalar las características de este

nuevo derecho.

Tropezamos aquí con un problema importante: la fijación de esas características

del derecho del trabajo nos lleva, necesariamente, un terreno ambiguo, esto es, a

un terreno en el que las circunstancias de cada legislación laboral, las condiciones

de los diferentes países en que se dictan las normas de trabajo e inclusive, el

punto de vista ideológico que tenga cada expositor, podrán llevar a una conclusión

distinta. Este fenómeno se plantea, no sólo en el ámbito especial o personal, sino

también de acuerdo con cada uno de los momentos de desarrollo del derecho del

52

trabajo. En otras palabras: características del derecho del trabajo serán diferentes

si se analiza la situación de un país específico y por lo tanto del sistema jurídico

vigente en ese país en etapas diferentes de su evolución social, económica y

política.

Precisamente por ello, esto es, porque las transformaciones económicas han

alterado la marcha del mundo, que antes se inclinaba por la decisiva intervención

del Estado en la economía, un poco al ritmo de Keynes y que hoy levanta la

bandera del neoliberalismo, el derecho del trabajo empieza a abandonar sus viejas

posiciones de justicia social y no faltan intentos de regresarlo a. la estructura

antigua de simple derecho industrial, quiere decir, con abandono de sus tesis

sociales lo que, en rigor, es la negación misma del derecho laboral.

53

La evolución mexicana del derecho laboral es expresiva de esa transformación.

Hoy, en pleno liberalismo social, como lo denomina el régimen de Carlos Salinas

de Gortari, en una especie de separación verbal de las conductas neoliberales que

no se compagina con las estrictas medidas de ajuste ya que éstas corresponden,

plenamente, a la concepción más tradicional del liberalismo, el derecho del trabajo

pasa por un mal momento. Pero vale la pena hacer un poco de historia.

En los primeros años de la revolución, cuando se dictan las normas de trabajo

iniciales, la estructura económica corresponde a un país eminentemente agrícola,

en condición de crisis lógicamente motivada por el movimiento armado, con una

economía minera en decadencia, un comercio interno escaso y una industria

apenas incipiente. Ése es el ambiente en el que nacen el artículo 123

constitucional y la Ley Federal del Trabajo de 1931.

En aquella época, el Estado mexicano contemplaba al fenómeno económico como

un problema ajeno a sus atribuciones. En realidad desempeñaba,

fundamentalmente, sólo el papel de árbitro, quizá interesado y parcial en favor de

los trabajadores, en las relaciones obrero patronales.

Al principio de la década de los años cuarenta, el juego de los instrumentos

jurídicos que el genio del presidente Calles creó y las enérgicas medidas del

presidente Cárdenas al rescatar de manos extranjeras algunas de las industrias

fundamentales el petróleo, de manera particular establecen las bases para un

nuevo sistema. Presenciamos entonces una disminución, sensible en la tendencia

social proteccionista, y el inicio de una etapa de consolidación económica, de corte

esencialmente capitalista. No olvidamos, sin embargo, porque sería injusto, la

creación de la seguridad social , por el presidente Ávila Camacho.

México advierte en esos años fundamentales de su desarrollo, como el Estado,

consciente de que su papel no puede reducirse al de simple mantenedor del orden

social, asume una actitud interesada en el problema económico. En los primeros

tiempos de esa etapa toma medidas de dirección de la economía, para impedir

que el libre juego de los particulares en ese terreno, pueda acarrear gravísimos

perjuicios al interés nacional y después, en un proceso natural, sin olvidar su papel

54

de director, da otro paso fundamental mediante su intervención directa, en la

economía. El Estado asume el control de los ferrocarriles; crea instrumentos de

participación decisiva en la industria eléctrica, a través de la Comisión Federal de

Electricidad, y culmina esa tarea con la nacionalización, por vía de compra, de los

recursos eléctricos bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, que se hace

posible por la adición al art. 27 constitucional (“Corresponde exclusivamente a la

nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, que

tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán

concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos

naturales que se requieran para dichos fines”). Mediante su intervención decisiva

en la Banca (Nacional Financiera, S. A., como instrumento regulador de crédito;

bancos nacionales de crédito agrícola y ejidal, de fomento cooperativo,

hipotecarios, de obras y servicios públicos, etc.); por medio de la creación de

organismos paraestatales como son, y. g., el Instituto Nacional de la Vivienda,

después Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la

Vivienda Popular; con su participación decisiva en empresas aeronáuticas

(Aeronaves de México, S. A.), de fertilizantes (Guanos y Fertilizantes de México,

S. A.), de petroquímica, siderurgia, construcción de carros de ferrocarril,

automóviles, teléfonos y otras muchas, el Estado mexicano se convierte en una

parte importante e interesada, y ya no solamente en árbitro, de las relaciones

laborales. La nacionalización de la Banca, en septiembre de 1982, constituiría el

último y definitivo paso en esa línea intervencionista.

Al mismo tiempo, el México que surge de la revolución asiste al proceso de

integración del movimiento sindical. La Confederación Regional Obrera Mexicana

(CROM) nace el primero de mayo de 1918, por acuerdo del III Congreso Nacional

Obrero, bajo la dirección de Luis N. Morones y es después apoyada por el

presidente Calles, en reciprocidad al apoyo que la CROM le presta. Con Cárdenas

se crea la Confederación de Trabajadores de México (febrero de 1936), que

desplaza a la CROM como organismo dominante en el panorama sindical, hasta

nuestros días. Otras centrales obreras participan en el mismo juego. Y a pesar de

55

los defectos gravísimos que el movimiento sindical ha tenido y tiene en México,

consistentes, tanto en su adhesión absoluta al régimen político, con menoscabo

de los intereses que habría de defender, como en las prácticas deplorables a que

se refiere Eugenio Guerrero (“surgió una nueva casta, desleal y despreciable que

hizo mucho daño al país: la de los líderes venales que se arreglaban con los

patrones mediante el pago de igualas para asegurar la tranquilidad de un régimen

orgánico dentro de la empresa”) (Manual de Relaciones Industriales, México,

1965, p. 6), lo cierto es que el sindicalismo, mediante el ejercicio del derecho de

huelga y la obtención y revisión de los contratos colectivos de trabajo, vino a

constituir un factor de equilibrio entre los factores de la producción, permitiendo

que desapareciese, en parte, la idea de que el trabajador necesita de tutela

estatal.

Lamentablemente la fuerza del sindicalismo mexicano es escasa en comparación

a la masa total de los trabajadores. La falta de confianza en los dirigentes,

generalmente justificada, la incultura, el desconocimiento de sus derechos, el

temor por las represalias, aunado todo ello a una actitud patronal, por regla

general, radicalmente contraria a la idea del sindicalismo que no para en medidas

de cualquiera índole para desifrar en su origen cualquier movimiento colectivo, o

para transformarlo en un instrumento de explotación, han impedido que los

sindicatos tengan la fuerza que deberían de tener, de acuerdo con los

instrumentos jurídicos a su alcance.

Es justo precisar que este fenómeno de rechazo al sindicalismo y de oposición a

la celebración de contratos colectivos no se ha producido, con la misma

intensidad, en las empresas estatales o en las privadas de mayor importancia, que

en las medianas y pequeñas empresas. Uno de los factores que tuvo que tomar

en cuenta el legislador, al redactar la ley de 1970 fue, precisamente, la necesidad

de disminuir el diferencial angustioso entre los trabajadores debidamente

sindicalizados y amparados por contratos colectivos justos y aquellos

trabajadores, lamentablemente mayoritarios, que no se encuentran en esa

56

situación. En la “Exposición de Motivos de la Iniciativa para la Nueva Ley Federal

del Trabajo” se dice, precisamente, lo siguiente:

‘Por otra parte, ahí donde los trabajadores han logrado formar sindicatos fuertes,

particularmente nacionales, y donde se ha logrado su unión n federaciones y

confederaciones, los contratos colectivos han consignado en sus cláusulas

beneficios y prestaciones para los trabajadores muy superiores a los que se

encuentran contenidos en la Ley Federal del Trabajo, pero estos contratos

colectivos, que generalmente se aplican en la gran industria, han creado una

situación de desigualdad con los trabajadores de la mediana y de la pequeña

industria, la mayoría de los cuales que representa un porcentaje mayoritario en la

República, estén colocados en condiciones de inferioridad respecto de los

trabajadores de la gran industria.”

La situación actual del derecho del trabajo es seria y no sería imposible su

cancelación, tal vez no tan expresa como producida mediante mecanismos sutiles

de alteración legislativa de sus características principales. No obstante, las líneas

de conducta de los sistemas de economía globalizada: la Unión Europea y el TLC

norteamericano, parecerían jugar con un cierto respeto a los derechos

tradicionales de los trabajadores. No obstante, no es tolerable adentrarse en el

estudio de nuestra disciplina sin recorrer las corrientes de pensamiento que la

hicieron posible. Hay que recordar lo que le dio origen y lo que, a lo largo de los

años, antes de la crisis, se fue gestando en un claro proceso dinámico que hizo

más ancho el campo de aplicación de sus normas con sacrificio de instituciones

civiles y mercantiles. Un poco en el doble juego de la obligación académica y de la

esperanza social, vale la pena repetir lo que los clásicos han dicho del derecho del

trabajo antes de que los modernos logren acabar él.

57

2. EL DERECHO DEL TRABAJO ES UN DERECHO DE LA CLASE

TRABAJADORA

La afirmación que contiene el enunciado de este inicio envuelve uno de los

motivos de polémica más interesantes, a propósito de las características del

derecho del trabajo. ¿Qué quiere decirse cuando se afirma que el derecho del

trabajo es un derecho de la clase trabajadora? Simplemente que sus disposiciones

tienen sólo por objeto establecer beneficios para los trabajadores. Es la idea que

expresa De la Cueva al señalar que se trata de “un derecho de una clase social

frente a otra” (El Nuevo Derecho, p. 87). Trueba Urbina, con mayor énfasis,

puntualiza a su vez que “el derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora

de relación siguiente: no son laborales, sino estatuto protector de los trabajadores:

instrumento de lucha de clase en manos de todo aquel que presta un servicio

personal a otro” (Nuevo Derecho del Trabajo, p. 229). Esta tesis se apoya,

además, en la idea de que la burguesía tiene reconocidos sus derechos

económicos a través de otros cuerpos jurídicos, el CC, en cuanto tiene como uno

de sus objetos la protección del derecho de propiedad; o las leyes mercantiles,

típico instrumento jurídico de un sistema capitalista. En esa virtud el derecho del

trabajo nace como una legislación clasista, en favor de los trabajadores, cuya nota

predominante es la de ser un derecho económico sino, por el contrario, un

derecho que piensa en el hombre como tal, en su salud y en su dignidad, como

objetos fundamentales de protección.

Vale la pena transcribir las palabras con que Mario de la Cueva trata de justificar

esta característica clasista que encuentra en el derecho mexicano del trabajo:

“Ninguna legis1ción en el mundo ha marcado con el mismo esplendor de la

nuestra, la naturaleza del derecho del trabajo como un derecho de clase. Fue

indispensable, por respeto a la tradición democrática, reconocer el derecho de los

patrones a formar sindicatos; pero en dos aspectos fundamentales de las

relaciones colectivas, nuestra legislación estableció claramente que el derecho del

trabajo es derecho de la clase trabajadora: en primer término, la iniciativa para la

58

negociación y contratación colectivas, por declaración ‘expresa de la ley de 1931,

reproducida en la de 1970, pertenece exclusivamente a los sindicatos de los

trabajadores; y en segundo lugar, y con esto regresamos a un terna ya esbozado,

la huelga no tiene equivalente al lado de los empresarios, pues el paro que les

reconoce la fracción XIX del art. 123, no es un instrumento de lucha, sino un

procedimiento contencioso ante las juntas de Conciliación y Arbitraje para que

éstas determinen si las condiciones económicas de los mercados imponen la

suspensión temporal de las actividades de las empresas” (Ob. cit., p. 87.)

Baltasar Cavazos, en términos menos precisos, ya que parece referirse a una

situación anterior, sin mencionar si actualmente se produce el mismo fenómeno,

afirma, a su vez, que “el derecho del trabajo surgió entonces como un derecho

protector de la clase trabajadora, como un derecho de clase, como un derecho de

facción. Su propósito agrega Cavazos consistía en reivindicar para el hombre que

trabaja los derechos mínimos inherentes a la persona humana” (El Derecho del

Trabajo en la teoría... y en la Práctica, México, 1972, p. 11).

En contra de estas ideas otros autores rechazan la naturaleza clasista de la

legislación laboral. Ernesto Krotoschin afirma, categóricamente, que “el derecho

del trabajo no puede ni debe considerarse un derecho de clase, por lo menos no

en el sentido que se oponga, como derecho de una clase, al derecho de otra o de

otras clases, siendo, por consecuencia, un elemento de lucha de clases”. Más

adelante, precisando sus conceptos, agrega que “en la medida en que se da a los

trabajadores acceso a la propiedad de los medios de producción, pero también en

cuanto mediante el desarrollo de métodos de colaboración se les hace participar

en la administración y utilización de aquéllos, el derecho del trabajo deja de ser un

derecho de clase, inclusive desde el punto de vista de la teoría marxista de las

clases, y se convierte en un derecho de superestructura, que tiende a la

superación de las diferencias señaladas .y a atribuir su lugar a cada uno de los

grupos sociales” (Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 1968, pp. 9-

59

10). Guifiermo Cabanellas, en sentido semejante, sostiene que “... la legislación

laboral no constituye tal cosa (un derecho de clase) sino el conjunto de leyes

dictadas para restablecer el equilibrio roto entre las partes que intervienen en la

producción, situando en un plano de igualdad a patronos y trabajadores;

(Introducción, t. II, p. 50). De lo expuesto podemos desprender un valioso

elemento de juicio. Si nuestro derecho laboral y vale la pena que la conclusión se

refiera al derecho mexicano contiene disposiciones que favorecen, a los patrones,

habrá que llegar a la conclusión de que no es un derecho sólo en favor de los

trabajadores, y que, por lo tanto, no es un derecho de’ clase.

En el art. 123 constitucional, siguiendo los ejemplos de De la Cueva, encontramos

el derecho patronal para organizar sindicatos (inciso “A”, fracción XVI) y el derecho

patronal al paro (inciso “A”, fracción XVII). Pero además, por reformas introducidas

en diciembre de 1962, en la fracción IX del mismo inciso “A”, en el párrafo b) se

precisa que para fijar el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los

trabajadores “la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los

estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de 1a

economía nacional. Tomará, asimismo, en consideración la necesidad de fomentar

el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y

la necesaria reinversión de capitales”. No parece que pueda dudarse de que en

este precepto se establece un dique al derecho de los trabajadores y que por

encima de su interés se antepone la condición de la economía nacional y la

retribución al capital invertido. Tanto la ley de 1931 (art. 100-H), como la de 1970

(art. 118), recogieron esta misma tendencia. (Véase nuestro trabajo La

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el contrato

colectivo de trabajo y el derecho a la huelga, Revista de la Facultad de Derecho de

México, núm. 53, t. XIV, enero-marzo de 1964, pp. 1-32.)

A nivel de ley reglamentaria encontramos una serie de disposiciones que pueden

entenderse como favorecedoras de la clase empresarial. Desde luego deben

mencionarse las que determinan las obligaciones a cargo de los ‘trabajadores y

las que señalan las responsabilidades en que éstos pueden incurrir que podrán

60

llevar, a su despido. No podemos olvidar que el reglamento interior de trabajo, a

que se refieren los arts. 422 al 425 de la ley debe de con tener “las disposiciones

obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una

empresa o establecimiento”, y que las empresas pueden, porque así lo establece

la ley, formular unilateralmente las normas de orden técnico y administrativo para

la ejecución de los trabajos.

Existen, además, otras razones para no aceptar, sin más, la tesis de que el

derecho del trabajo es un derecho de clase. Digámoslo dé una vez: a pesar de las

tendencias marxistas que Trueba Urbina encuentra en “el lado invisible del art.

123” (ob. cit., pp. 235 y ss.), básicamente en las palabras del ilustre constituyente

José Natividad Macías; a pesar de que los juristas “iuscapitalistas”, como los suele

llamar el mismo Trueba Urbina, invoquen el carácter radical de nuestro derecho

del trabajo, lo único cierto, lo único indiscutible es que la nuestra es una legislación

laboral burguesa, producto de una revolución burguesa, aunque se haya revestido

de social. Todo nuestro sistema jurídico laboral, partiendo del art. 123, y siguiendo

a través de las leyes locales, la de 1931 y la actual, responde a un sistema

económico capitalista y, consecuentemente, burgués. Presume la propiedad

privada de los medios de producción, como situación de hecho, y protege esa

situación de todas las maneras posibles. ¿Cómo puede entenderse, si no, esa

aberración que ha hecho nugatorio el derecho de los trabajadores a participar en

las utilidades de las empresas, contenida, precisamente, en el párrafo f) del

apartado IX del art. 123 constitucional, inciso “A” que prohíbe a los trabajadores

intervenir en la dirección o administración de las empresas?

En su segundo informe presidencial, en septiembre de 1972, el Presidente

Echeverría hizo especialísimo énfasis, inclusive ampliando el texto escrito del

mensaje, en la experiencia del grupo industrial gubernamental de Ciudad

Sahagún, que dirigía Emilio Krieger, al crear y poner en funcionamiento, un comité

de empresa, integrado por representantes de los trabajadores y de la empresa,

61

donde se discutían, al más alto nivel, los problemas de producción y de

condiciones de trabajo. Ése es el camino, aun dentro de nuestro sistema

capitalista, para hacer al derecho laboral mexicano un derecho menos burgués y,

por lo tanto, más eficaz.

La conclusión está en las palabras anteriores. Pero cabe agregar, para reforzarla,

una última consideración. La función del derecho es mantener la paz social. Para

ello debe de poner en movimiento una serie de derechos y deberes de las partes

que conjuguen sus respectivos intereses. No sería concebible como norma

jurídica, aquella que concediera a una sola parte y obligara sólo a la otra. El

derecho del trabajo no puede ser una excepción. Aun dentro de un sistema

socialista, las normas reguladoras del trabajo imponen a los trabajadores

obligaciones correlativas de derechos del Estado o de los sindicatos, cuya

violación podrá implicar graves sanciones. El derecho no puede ser norma sólo en

favor de una de las partes. De esa manera, entender al derecho laboral como un

derecho de clase resulta, en nuestro concepto y especialmente en México,

injustificado.

3. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO UN DERECHO PROTECTOR DE LA

CLASE TRABAJADORA

Suelen los autores mencionar el carácter tuitivo de las normas del derecho laboral

como una de sus características esenciales. En España, y. gr., así lo afirma

Manuel Alonso García (Curso, p. 80) y entre nosotros, Trueba Urbina (Nuevo

Derecho del Trabajo, pp. 118 y ss.), quien señala que “en general todas las

disposiciones sociales del art. 123 son proteccionistas de los trabajadores y de la

clase obrera. La aplicación de las mismas tiene por objeto alcanzar el

mejoramiento de sus condiciones económicas y por consiguiente alcanzar cierto

bienestar social, en función niveladora”.

62

En contra de esta tendencia han surgido últimamente algunas veces que

entienden que aceptar la tesis proteccionista es negar la fuerza de los

trabajadores y que es tanto como admitir que las normas del derecho laboral han

sido dación graciosa del Estado. Mario de la Cueva ha hecho suya esta opinión

modificando, según él mismo lo admite, su anterior punto de vista. Ahora sostiene

que desde el Congreso Constituyente de Querétaro cambió la perspectiva e,

inclusive, se produjo el fenómeno de la supremacía del trabajo. De manera

especial, afirma que el derecho colectivo del trabajo no fue una concesión de la

burguesía y del Estado burgués, sino un derecho impuesto por el trabajo al capital.

Aceptar la tesis “proteger, leccionista” significa para De la Cueva, que se intenta

imponer una tutela a los trabajadores, que no necesitan, ya que la clase

trabajando dora posee la fuerza suficiente para enfrentarse a igual con el capital.

Es el capital quien requiere de la ayuda del Estado burgués, según afirma De la

Cueva, siguiendo a Marx (El Nuevo Derecho, pp. 102-103.)

Nos parece que en esta discrepancia de ideas hay, más que opiniones diversas,

puntos de vista diferentes lo que, lógicamente, determina que se alcancen

resultados distintos. Mientras Alonso García y Trueba Urbina contemplan só’o el

hecho objetivo de las normas, De la Cueva va más allá y pretende probar que

esas normas no fueron dación graciosa, sino el resultado de exigencias

inaplazables de la clase obrera. Es importante, sin embargo, precisar que poco

más las cosas. ¿Qué entendemos por norma protectora? En realidad, partiendo

del supuesto de una determinada relación jurídica, la norma protectora será

aquella que suponiendo la desigualdad entre los sujetos de la relación, concede al

que está en situación de inferioridad, ciertas prerrogativas que no alcanzaría si el

derecho contemplara la relación imparcialmente.

Pese al desarrollo del sindicalismo mexicano, tan precario en algunos aspectos,

no cabe duda de que en la mayor parte de los casos, el trabajador enfrenta sus

menguadas fuerzas de individuo y su estado de necesidad, a la condición siempre

63

infinitamente superior del patrón, quien dieta unilateralmente las condiciones de

trabajo. Si las leyes no contuvieran esas normas protectoras, los trabajadores

laborarían más allá del límite de su capacidad física, con salarios aún más bajos

que los salarios mínimos, sin descansos semanales, ni vacaciones. ni atención

médica, ni nada.

En estas condiciones es evidente que las normas de trabajo, partiendo del

supuesto indiscutible de esa diferencia entre las partes, crean todo un sistema de

mínimos y máximos, siempre en favor de los trabajadores y llevan su espíritu

protector al grado de que, amparando al trabajador contra su permanente estado

de necesidad, multiplican de pleno derecho las renuncias que éste haga valer

(fracción XXVII del inciso “A” del art. 123 constitucional y art. 50, fracción XIII de la

LFT).

64

El proteccionismo laboral nace particularmente, respecto del derecho individual.

La síntesis de las disposiciones de fondo con las orgánicas que desarrollan las

figuras estatales que tienen a su cargo la tutela (inspección de trabajo,

procuradurías de la defensa del trabajo, Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos, etc.), íntegra el marco proteccionista.

En el derecho colectivo las cosas no son de la misma manera ya que se parte del

supuesto de que la organización de los trabajadores y sus medios de acción

(negociación colectiva, huelga, paros, etc.) les conceden el beneficio de la

igualdad de fuerzas respecto del patrón. Sobre la idea de tutela surge la cTe

equilibrio en el que el Estado debería ejercer de árbitro. Sin embargo, en las

etapas, muy prolongadas por cierto, que lo convirtieron en protagonista de la

economía y aún ahora, en pleno adelgazamiento, pero con una preocupación

ostensible por los servicios públicos y empresas estratégicas (petróleo,

electricidad, seguridad social, ciertos transportes, etc.), lo cierto es que el Estado

ejerce una función inversa y ahora es tutor de sus empresas o de las prestadoras

de servicios públicos en perjuicio de las organizaciones sindicales independientes

y de los trabajadores.

La idea tutelar parecería llevar de la mano a la tesis de que el Estado, por actitud

generosa, ha creado ese sistema que ahora en México, desde la reforma a la LFT

cTe 1980, también incluye a las disposiciones procesales.

En términos generales no es ni debe ser así. No obstante, es difícil aceptar en

México que nuestro derecho laboral haya sido conquistado por los trabajadores. El

Pacto de la Casa del Obrero Mundial no fue tanto la expresión de un apoyo al

constitucionalismo carrancista (contradictorio, sin la menor duda, con el carácter

anarquista de los dirigentes que lo firmaron) como una petición de apoyo de los

sindicatos al gobierno de Venustiano Carranza. La historia mexicana repite hasta

la saciedad ese modelo. Hay una cierta alianza, de resultados muy pobres para el

derecho laboral, que hoy se resiste a un cambio indispensable para mejorar la

condición de los trabajadores porque el Movimiento Obrero tiene miedo de perder

en el intento en lugar de ganar. De esa manera la tutela, que subsiste

formalmente, cada vez tiene menos eficacia y los trabajadores van sufriendo,

65

desde hace años, las consecuencias derivadas de una política conservadora y

monetarista que más allá de las protestas formales de los dirigentes mediatizados,

los de la CTM a la cabeza, en realidad cuenta con su asentimiento evidente.

4. EL DERECHO DEL TRABAJ O COMO UN DERECHO EN EXPANSIÓN

En ediciones anteriores de esta obra hacíamos referencia, con cierto optimismo, al

sentido ascendente del derecho del trabajo, inconforme con su limitado origen de

derecho obrero y que, en lucha abierta con instituciones del derecho privado: civil

y mercantil, las convertía en laborales, en primer término por obra y gracia de una

jurisprudencia atrevida y justa y a partir de 1970, con la influencia notable de Mario

de la Cueva, responsable mayor de su Anteproyecto, con la Ley que entró en vigor

el lo. de mayo de 1970. De esa dinámica nos ocupamos en un trabajo ya

mencionado aquí. “La expansión del derecho laboral en la Nueva Ley Federal del

Trabajo” en el que subrayábamos la tendencia expansiva. Los efectos eran

notables. En el Título VI de “Trabajos especia ora les” se había incorporado como

sujetos del derecho del trabajo a los taxistas, agentes de comercio y otros

semejantes: a los deportistas, actores y músicos. Se ratificaba además la

condición de trabajadores de base de los pilotos aviadores, una conquista heroica

de ASPA de México y de sus asesores jurídicos Arsenio Fareli Cubi en Has, Arturo

Hernández Padilla y Luis F. Martínez Mezquida. Decíamos en anteriores

ediciones: “Nosotros creemos que en un futuro próximo, toda prestación de

servicios, cualquiera que sea su naturaleza, incluyendo las accidentales que

puedan prestar los profesionales en su consultorio, despacho o bufete, quedará

amparada por el derecho laborar’. Hacíamos también referencia a la teoría integral

de Alberto Trueba Urbina como una comprobación de la misma tendencia y a su

rechazo por Mario de la Cueva para quien la ruptura por la clase trabajadora del

trabajo subordinado no le representa ventaja alguna (ob. cit. pp. 90-91), con lo que

no coincidimos porque en aquellos tiempos en que redactamos el texto original

66

(1974) aún creíamos en la eficacia de la Asociación Nacional de Actores, Sindicato

creado por trabajadores libres y eventuales, Hoy vemos las cosas de manera

diferente. No tanto porque haya cambiado nuestra perspectiva acerca de que toda

prestación de servicios deba de ser laboral, como aparece de lo trascrito más

arriba sino porque la política social imperante no parece propicia a expansiones

sino a retrocesos. Hay ya algún antecedente en la reforma al Código sustantivo de

trabajo de Colombia (1990) que ‘ha roto la presunción de laboralidad con sólo

atender a la forma de los actos jurídicos y no a su realidad. Como quiera quesea,

al menos en México no ha habido retrocesos legales. Esperemos que no los haya.

5. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO MÍNIMO DE GARANTÍAS SOCIALES

PARA LOS TRABAJADOBES

No está expresado en términos claros este principio, ni en el art. 123, ni en la ley

de 1931. Sin embargo, parece que no ha habido duda de que el derecho del

trabajo, como señalamos antes, constituye un mínimo de garantías para los

trabajadores. Esto significa que las prestaciones señaladas tanto en el art. 123

como en la ley reglamentaria son el punto de partida. Arriba de ellas, todo. Por

abajo de esas prestaciones, nada.

Esta tesis, acogida unánimemente por la doctrina y por la jurisprudencia, según

menciona De la Cueva, con referencia al amparo directo 5974137/2,a (Sindicato

de trabajadores de molinos de’ nixtamal, resuelto el 19 de enero de 1938, ob. cit.,

p. 96), ha merecido ser expresamente consignada en la Ley, cuyo art. 56, en su

primera parte menciona que “Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán

ser inferiores a las fijadas en esta Ley. El problema se plantea, en realidad,

alrededor de dos cuestiones colaterales. Éstas son las siguientes: ¿Todas las

ventajas que la ley otorga a los trabajadores pueden ser objeto de mejora por la

vía de la exigencia individual o de la contratación colectiva? ¿Los patrones gozan

también de ciertas protecciones de la ley laboral

67

Creemos que la respuesta a la primera pregunta, es negativa. Existen beneficios

en favor de los trabajadores que no podrán ser objeto de mejora, ni de exigencia

por la vía de la firma o revisión del contrato colectivo de trabajo. Es el caso de la

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y de la

aportación para la vivienda. En el primero, la Comisión Nacional, de acuerdo con

lo dispuesto en el inciso a) del párrafo IX del apartado “A” dçl art. 123

constitucional y en el art. 118 de la ley, es la que fija el porcentaje de participación,

a cuyo efecto tendrá en cuenta las condiciones generales de la economía

nacional, la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del

capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. En el

caso del fondo de vivienda, el art. 136 de la ley, señala categóricamente que las

empresas deberán aportar el cinco por ciento sobre los salarios ordinarios de los

trabajadores a su servicio. Los argumentos en favor de este punto de vista los

expresamos, a propósito de la participación en las utilidades, en otro trabajo

nuestro ya citado, al que nos remitimos (“La participación de los trabajadores en

las utilidades de las empresas. . .“). Ello no implica, en materia de vivienda, que no

se pueda pactar, por la vía del contrato efectivo, cualquier prestación

complementaria. Lo que no se podría es aumentar, contractualmente, el

porcentaje legal.

La segunda pregunta puede ser contestada, bien considerando la realidad, o bien,

considerando lo que, a juicio de algunos autores, debería de ser. Mario de la

Cueva sostiene, y. gr., que el capital merece respeto a la propiedad privada y tiene

derecho a percibir una utilidad razonable (Derecho Mexicano del Trabajo, México,

1961, t. 1, p. 255), lo que lleva a afirmar a Trueba Urbina que aceptar tal cosa es

sustentar la teoría contrarrevolucionaria de reconocer derechos mínimos al capital,

aunque admite que ello es consecuencia de la reforma constitucional de 21 de

noviembre de 1962 al establecer en la fracción IX del art. 123 el derecho del

capital a obtener un interés razonable ‘lo cual consideramos como un injerto

capitalista en dicho precepto...” (ob. cit., p. 118).

68

En realidad, desde su texto original, en el art. 123 constitucional se encuentran

consignadas garantías al capital de menor fuerza que las que se consagran en

favor de los trabajadores, pero que tienen que ser necesariamente tomadas en

cuenta en esta caracterización del derecho laboral. Nos referimos a los derechos

patronales para constituir sindicatos y asociaciones profesionales y para realizar

paros, consignados en las fracciones XVI y XVII del Apartado “A” La conclusión

es, pues, que el derecho del trabajo no siempre consagra mínimos en favor de los

trabajadores.

69

6. EL DERECHO DEL TRABAJO: DERECHO IRRENUNCIABLE E IMPERATIVO

De lo antes dicho deriva, como una conclusión necesaria, el carácter irrenunciable

e imperativo, del derecho laboral.

A propósito de la irrenunciabilidad, ya expresamos que es el medio de que se vale

el legislador para proteger al trabajador, en su estado de necesidad, contra sí

mismo. El carácter imperativo de las normas de trabajo (ius cogens) responde a la

misma idea, o sea, que no puede dejarse al arbitrio de los destinatarios de la

norma, su observancia. Ésta se impone, coactivamente, si es preciso. No podría

entenderse, de otra manera, la función tutelar a que antes hicimos referencia.

7. LA TEORÍA DE QUE EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO

REIVINDICATORIO DEL PROLETARIADO

Tiene, entre nosotros, como principal defensor, a Alberto Trueba Urbina, quien

señala que el art. 123 constitucional persigue dos finalidades: la primera se

expresa en su mensaje y en su texto y consiste en la protección a los

trabajadores, en general y al trabajo como factor de producción. Es la tesis que ya

antes expusimos, de la función tutelar del derecho del trabajo.

“La segunda finalidad del art. 123 es más trascendental, pues no se conforma con

la protección y tutela de los trabajadores, sino que se encamina con los propios

derechos que integran dicho precepto a conseguir la reivindicación de la clase

trabajadora en el campo de la producción económica, a efecto de que recuperen la

plusvalía con los mismos bienes de la producíos que fueron originados por la

explotación del trabajo humano. Así recupera el proletariado los derechos al

producto íntegro de sus actividades laborales, que sólo puede alcanzarse

socializando el capital” (Ob. cit., pp. 121-122.)

Para Trueba Urbina la condición reivindicatoria del derecho del trabajo mexicano

se pone de manifiesto en la participación de los trabajadores en las utilidades de

70

las empresas, en el derecho a formar sindicatos y en el derecho de huelga

(fracciones IX, XVI y XVIII del inciso “A” del art. 123 constitucional). Pero además

se consiga en lo que Trueba Urbina denomina “mensaje laboral y social” que

atribuye a José Natividad Macías y que es, en realidad, una especie de exposición

de motivos formulada por los diputados constituyentes reunidos en la casa del

ingeniero Pastor Rouaix, que prepararon el texto de lo que vendría a ser el art.

123. En una parte de este mensaje se dice: “Nos satisface cumplir con un elevado

deber como éste aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque

esperamos que la ilustración de esta honorable Asamblea perfeccionará

magistralmente el proyecto y consignará atinadamente en la Constitución Política

de la República las bases para la legislación de trabajo, que de reivindicar los

derechos del proletariado y asegurar el porvenir de nuestra patria (Ob. clt., p. 235

y El Art. 123, México, 1943, pp. 271-278.)

71

Coincidimos con Trueba Urbina en que, en efecto, a la participación de los

trabajadores en las utilidades hay que reconocerle el carácter de plusvalía. Tal

criterio sustentamos en el trabajo ya citado (La participación de los trabajadores en

las utilidades...) en el cual, dicho sea de paso, mencionamos que para Trueba

Urbina, esa tesis era inaplicable en el México de hoy (El Nuevo art. 123, México,

1967, p. 237: “Pero haciendo a un lado la teoría de Marx, inaplicable en nuestro

medio de hoy. . .“). No tenemos inconveniente en admitir con él que los

instrumentos para alcanzar esa plusvalía serán el sindicalismo y la huelga. Quede

aclarado, sin embargo, que respecto a la participación en las utilidades, Gilberto

Loyo, ilustre economista mexicano, en alguna ocasión nos dijo en conversación

particular que, en su concepto, la participación no era plusvalía.

Es extremadamente interesante hallar el sentido socialista del art. 123, puesto de

manifiesto en la cuidadosa investigación de Trueba Urbina. Lamentablemente,

nuestro derecho del trabajo, lejos de reforzar esa tendencia reivindicatoria, se ha

confirmado como un derecho burgués. En ocasión de conferirse al ilustre maestro

Jesús Silva Herzog la medalla “Eduardo Neri” por la Cámara de Diputados, en su

intervención afirmó la necesidad de rectificar la vía capitalista “que hemos

seguido” y de lanzarse por la solución “de una mayor intervención del Estado en la

economía”, y a través del capitalismo de estado, entrar a una democracia

socialista que “no fuera imitación de éste o de aquel socialismo”, sino con matices

distintos (Excélsior, martes 10 de octubre de 1972, primera sección, pp. 1 “A” y 11

“A”.)

Las palabras de Silva Herzog, cuando puntualiza la evidente tendencia capitalista

de México, apoyan nuestro dicho. También en sus palabras, al proponer la vía del

socialismo, puede sustentarse la tesis de Trueba Urbina que, sin duda, en el art.

123 Constitucional, podría tener apoyo

72

8. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO UN INSTRUMENTO DE

COORDINACIÓN

Y CONJUGACIÓN DE LOS INTERESES QUE SE DAN EN LAS EMPRESAS,

CONSIDERADAS COMO UNIDADES ECONÓMICO-SOCIALES

Al referirse a los fines que persigue el derecho del trabajo, Baltasar Cavazos, a

quien evidentemente debe encuadrarse entre los especialistas de orientación

patronal, sostiene que son varios: un fin sustancial y primario, que es la protección

del hombre que trabaja; un fin sustancial de carácter individual, consistente en la

regulación de las condiciones de trabajo, acorde con las necesidades y

aspiraciones de los trabajadores y un fin sustancial de carácter colectivo:

“la coordinación armónica de los intereses que convergen en cada empresa

individualmente considerada” (El derecho del trabajo en la teoría..., p. 12). Esta

coordinación de intereses habría de alcanzar- se a través de los contratos

colectivos. “Su finalidad en este caso es hacer del caos un cosmos; de la

desorganización, una empresa organizada; del descontento de las partes, un

programa coordinado” (ob. oit., p. 13). Por último, apunta Cavazos que “la finalidad

sustancial individual debe subordinarse, en última instancia, a la finalidad

sustancial colectiva, de conseguir la paz social a través del entendimiento

armónico de los factores de la producción” (pp. 13-14).

Los antecedentes de esta tesis hay que encontrarlos en la encíclica Materialista

de Juan XXIII. Allí se afirma que “en el desarrollo de las formas organizativas de la

sociedad contemporánea, el orden se realiza cada vez más con el equilibrio

renovado entre una exigencia de colaboración autónoma y activa de todos,

individuos y grupos, y una acción oportuna de coordinación y de dirección por

parte del poder público” (Encíclicas, Populibros “La Prensa”, México, 1962, p.

179).

73

Es fácil dejarse llevar por una tesis que se funda en el fin supremo del derecho: el

establecimiento de un equilibrio y de una relación armónica, que hagan posible la

convivencia humana. No podemos entender que el derecho tenga otro fin distinto.

Los fines que suelen señalársele: la realización de la justicia, el bien común y la

seguridad jurídica (Gustavo Radbruch, Introducción a la Filosofía del Derecho,

Breviario del Fondo de Cultura Económica, México, Buenos -Aires, 1951, PP. 31 y

ss.) son, en rigor, medios para alcanzar ese otro fin, anterior y superior a ellos.

Ahora bien: ante los fenómenos sociales el derecho no vino a coordinar intereses

sino a imponerse imperativa y coactivamente, a a clase detentadora de los medios

de producción, esto es, a la burguesía, para impedirle siguiera explotando

inmiseramente a los trabajadores. No se trataba de un intento de crear un

equilibrio mediante el juego de los intereses y el sacrificio mutuo: se trataba de

arrancar de la burguesía aquello que los trabajadores y sus familias necesitan

desesperadamente para vivir, o sea, llegar al equilibrio, no mediante cesiones

mutuas, sino imponiendo obligaciones sólo al capital. Claro está que en el proceso

de desarrollo social, el capital, con los poderosísimos instrumentos con que

cuenta, y su fenomenal capacidad de asimilación y de adaptación a las nuevas

circunstancias y, lo que es más importante, con su aún mayor capacidad de que

las nuevas circunstancias se adapten a sus necesidades, ha logrado participar en

la creación de las normas de trabajo e incrustar en ellas esa función equilibradora

y armónica a que se refiere Cavazos Flores. Tal es el caso, y. gr., de las

disposiciones ya comentadas a propósito de los factores que han de tenerse en

cuenta para determinar la participación obrera en las utilidades (art. 118). Pero

éstas son situaciones impropias, que han permitido a juristas, como Trueba

Urbina, afirmar su carácter contrarrevolucionario y por ende, contrario al espíritu

de la legislación laboral (Nuevo derecho..., pp. 185 y ss.), aun cuando la realidad

de su existencia nos lleva a negar el carácter clasista del derecho laboral

mexicano.

Es cierto, por otra parte, que la función de la huelga, que habrá de conseguirse a

través del contrato colectivo de trabajo, es “conseguir el equilibrio entre los

74

diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los

del capital” (art. 450-1) y que a ello se refiere principalmente Cavazos. Sin

embargo debe interpretarse adecuadamente esa función equilibradora, insistiendo

sobre lo ya dicho antes en el sentido d que no se trata de un limitar derechos

mutuos, sino de obtener del patrón mejores prestaciones de trabajo. El equilibrio

se rompe cuando, transcurrido el término de un año, el patrón ha alcanzado

etapas más altas de desarrollo y se restablece cuando, con sacrifico económico, y

como resultado de la presión de los trabajadores a través de la huelga, concede

mejores prestaciones a los trabajadores que, de esa manera, se presume

obtendrán ingresos razonables considerando la situación de la empresa. Esa

“racionalidad” de los ingresos de los trabajadores, función de la condición

económica de la empresa, es el equilibrio a que se refiere la ley.

Aun cuando, en teoría, el patrón tiene igualmente derecho a pedir la revisión del

contrato colectivo de trabajo, cualquier exigencia en ese sentido carecería de

eficacia, porque no podría acompañarse de una acción directa, y con el paro, el

cual sólo puede decretarse bajo muy estrictas condiciones legales, calificables por

los tribunales de trabajo en cualquier circunstancia, a diferencia de la huelga en

que no hay, en perjuicio de los trabajadores, ni arbitraje previo ni obligatorio.

75

9. SIN EMBARGO

Es oportuno insistir en que, en los tiempos actuales, el derecho del trabajo está

sufriendo serios embates que hacen dudar, inclusive, de su supervivencia.

Hay, sin duda alguna, una tendencia a suprimir algunas de las características que

fueron esenciales. La estabilidad en el empleo cede, cada vez de manera más

clara, a las necesidades de ampliación de las oportunidades de contratación

temporal. Los modelos franceses y español son, sobre ese tema, impactantes. No

se trata de suprimir la estabilidad ideal, como la proponía en ‘su texto original la

frac. XXII del art. 123 constitucional sino de ampliar las excepciones que se

introdujeron formalmente en México con las reformas de 1962. De la misma

manera, el derecho al puesto, a las condiciones específicas de puesto, hoy se

quiebra ante las exigencias de la movilidad funcional. A la justicia social se

pretende sustituirla con la solidaridad, que no es pago de lo debido sino de lo que

se regala, por regla general, en nuestro caso, a cambio de un precio político. Y en

el orden colectivo, los sindicatos se debilitan ante las imposiciones de arriba, a

veces verdaderos y en otros sólo aparentes pactos de concertación social. Y por la

misma razón, los convenios colectivos de trabajo pierden fuerza y se convierten en

simples canales de aplicación de decisiones superiores. La huelga se limita, legal

o ilegalmente, pero el resultado es evidente.( ver supra. Cap. VI N° 4)

76

10. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Podemos ya formular algunas conclusiones. Serían las siguientes:

a) El derecho del trabajo debe de ser contemplado en relación a cada sistema

jurídico determinado.

b) En México el derecho del trabajo no puede ser considerado, en rigór, como Un

derecho de clase, en la medida en que, arrompía o impropiamente,, contiene

disposiciones, tanto a nivel constitucional como reglamentario, protectoras de

intereses patronales.

c) El derecho del trabajo es, en México, un derecho tutelar de los trabajadores, a

nivel individual, administrativo y procesal. No se le puede reconocer ese carácter

protector a las normas de derecho colectivo.

d) El derecho mexicano del trabajo funciona sobre la base de que constituye un

mínimo de garantías sociales en favor de los trabajadores, susceptibles de ser

mejoradas en los contratos individuales y colectivos. Sin embargo, hay beneficios

limitados en su máximo, como son, y. gr.: la participación en las utilidades y la

aportación patronal al fondo de la vivienda. Por otra parte, las leyes reconocen

también garantías en favor de la clase patronal.

e) El derecho del trabajo es un derecho irrenunciable, por lo que se refiere a los

beneficios que otorga a los trabajadores, e imperativo, por cuanto sus

disposiciones deben de ser obedecidas.

f) Puede aceptarse la tesis reivindicatoria que sustenta Trueba Urbina, pero

poniendo de manifiesto que sólo en algunos aspectos nuestro derecho laboral

tiene tales características. Por lo demás es un derecho burgués, que presume un

ambiente capitalista para su aplicación. g) A pesar de que en la actual estado de la

legislación mexicana, existan disposiciones protectoras del interés patronal, y de

que puede pensarse que hay una tendencia definida en ese sentido, no debe

reconocerse al derecho mexicano del trabajo una función de coordinación y

conjugación de intereses, sino por el contrario, debe de afirmarse que su función

es disminuir el diferencial entre la condición económica de los patrones y de los

trabajadores, mediante el impulso a los instrumentos colectivos de lucha social. A

77

la vista de lo dicho en el inciso 9, estas conclusiones tendrían un cierto sabor de

provisionalidad. Porque hoy las tutelas se van de viaje para encontrarse con los

patrones como sujetos del beneficio y la expansión se ha detenido, con riesgos de

regresión. En todo caso, el tiempo dirá la última palabra.

78

CAPITULO V

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MEXICANO DEL

TRABAJO

1. El juego de los principios generales del derecho del trabajo. 2. El equilibrio en

las relaciones entre patrones y trabajadores, como fin de las normas de trabajo.

3.El concepto de justicia social. 4. El trabajo como derecho y deber sociales. 5. La

libertad, la igualdad, la dignidad y la salud de los trabajadores como fines del

derecho laboral.

1. EL JUEGO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DEL

TRABAJO

En el artículo 17 de la ley se menciona que a falta de disposición expresa en la

Constitución, en la ley o en sus reglamentos o en los tratados internacionales

aplicables que hubiere suscrito México, se aplicarán, entre otras disposiciones

supletorias, los principios que deriven de dichos ordenamientos, los principios

generales del derecho y los principios generales de justicia social que derivan del

art. 123 constitucional. A reserva de analizar después el problema, desde el punto

de vista de la teoría de las fuentes del derecho (ver nuestro trabajo: La teoría de

las fuentes formales del derecho laboral en la Iniciativa de Nueva Ley Federal del

Trabajo en México, Estudios de Derecho Civil en honor del profesor Castán,

Pamplona, España, 1969; vol. VI, pp. 57-94), nos toca ahora localizar esos

principios con el objeto de que, al captarlos y examinar sus alcances, podamos

advertir mejor las cualidades del derecho del trabajo en México y conocer su

esencia.

¿Qué debe de entenderse por “principios generales del derecho”? Es esta una

pregunta difícil de contestar, ya que pueden encontrarse múltiples versiones.

Demo filo de Buen sostiene que son “los inspiradores de un Derecho positivo, en

79

virtud de los cuales el juez podrá dar la solución que el mismo legislador daría si

estuviera presente, o habría establecido de prever el caso (Introducción al estudio

del Derecho civil, Madrid, 1932, pp. 321-322). Mario de la Cueva advierte que le

“parece que esas nociones forman parte de las fuentes materiales o sustanciales,

de tal suerte que cuando una Junta de Conciliación y Arbitraje las usa para decidir

una controversia, imaginamos que actúa como si dispusiera del artículo primero

del Código Federal Suizo de las obligaciones, esto es, dicta la sentencia “en

concordancia con la norma que establecería si tuviera que realizar un acto

legislativo”. Agrega De la Cueva que los principios generales representan, en

realidad, a la idea de justicia social (El Nuevo derecho..., p. 134).

Federico de Castro, a propósito de estas cuestiones, apunta que “con la frase

principios generales del Derecho se alude directamente a un tipo de

exteriorización del Derecho, a criterios de valoración no formulados, con fuerza de

evidencia jurídica” (Derecho Civil de España, Madrid, 1955, t. 1, p. 459) y Lino

Rodríguez-Arias Bustamante; en frase feliz los define como “las ideas

fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación” (Ciencia y

Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1961, p. 599).

En los términos expresados por el artículo 17, parece que no hay duda de que los

principios a que se refiere son los que señala Rodríguez-Arias Bustamante, aun

cuando podría pensarse que los inspiradores del derecho social no

necesariamente sean los mismos, y. gr., que los principios generales del derecho.

Claro está que todo sistema jurídico nacional mantiene una unidad sustancial, y

ésta se manifiesta a pesar de que cada ramo en especial tenga, por su propia

naturaleza, un determinado sentido. A reserva de tratar de nuevo el problema al

hablar de las fuentes del derecho y, particularmente, del derecho civil, queremos

recordar que la tendencia social de nuestro CC vigente fue advertida por José

Castán Tobeñas (El Nuevo Código Civil Mexicano. Un ensayo de Código Privado

Social. Rey, de

80

D. Privado, año XVI, N9 189, reproducido en México por la Revista general de

legislación y jurisprudencia, t. 1, año 1930, pp. 47- 49), y en esa tendencia social

indiscutible de nuestra legislación civil nos hemos apoyado para criticar la

exclusión de los principios generales del derecho común, como norma supletoria

de la ley laboral (La teoría de las Fuentes.

La LFT se funda en múltiples principios algunos de ellos ya expresados en el

propio artículo 123 constitucional. De estos principios los más importantes quedan

incluidos dentro del primer capítulo de la ley. A ellos vamos a referirnos.

81

2. EL EQUIURRIO EN LAS RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y

PATRONES, COMO FIN DE LAS NORMAS DE TRABAJO

Una de las normas inquietantes en la Ley ha sido, sin duda, la contenida en el

artículo 2 que señala a las normas de trabajo como función, el conseguir el

equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. De

esta disposición, seriamente alarmado, ha dicho Trueba Urbina que con ella, “la

ley le da la espalda al artículo 123 constitucional, cuya función es revolucionaria,

para imponer el equilibrio burgués del siglo pasado entre trabajadores y patrones”

(Nuevo Derecho..., p. 257). Nosotros mismos tuvimos antes un punto de vista

parecido (La teoría de las Fuentes. . .).

Creemos ahora que no es para tanto, aunque sí nos parece que el precepto de

referencia es el resultado de una descuidada redacción que permitirá a quien

tenga otra intención, marcar nuevos rumbos al derecho del trabajo.

Concretamente pensamos en la tesis de Baltasar Cavazos a que hicimos

referencia en el capítulo anterior.

No tocaremos en este inciso el problema de la justicia social. Preferimos dedicarle

el siguiente apartado. Pero sí nos parece necesario dar su verdadero alcance a

este equilibrio” del artículo 22, el cual reaparece, con un sentido particular, en la

fracción 1 del artículo 450, que atribuye a la huelga la función de conseguir el

equilibrio entre los diversos factores de la producción.

¿Qué se entiende, gramaticalmente, por equilibrio?

En alguna de sus acepciones el Diccionario de la Lengua Española de la Real

Academia (1970) lo define como “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas

diversas”, o bien, como “ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios”.

Referido al derecho del trabajo y, en particular, el principio general de derecho

consignado en el artículo 29 ¿podernos llegar a la conclusión de que su texto

intenta expresar un renacimiento de la tesis de que el Estado sólo debe funcionar

como árbitro, sin partidismos, en la relación de trabajo?

82

No nos parece que la conclusión deba de ser la que envuelve la pregunta. A pesár

de que el texto en cuestión, insistimos, está redactado en términos que dejan lugar

a dudas, el concepto de equilil rio no responde a esa idea.

En realidad la palabra “equilibrio” ha tenido un significado propio en nuestro

derecho laboral. Hay algo de tradición que no puede ser ignorado. Es cierto que

equilibrio puede equivaler a armonía y a mesura, como señala el diccionario, pero

lo importante es la manera como debe de alcanzarse. Para ello no podemos

limitarnos a una simple y gramatical interpretación, sino que debemos atender al

sentido general de nuestra legislación laboral. En otras palabras: la declaración

programática del artículo 2, en el sentido de que las normas de trabajo tienden a

conseguir ese equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales,

deberá ser analizada contemplando cómo funcionan esas normas. Y quien lo haga

advertirá cómo nuestra legislación laboral, con todas las limitaciones que

apuntábamos en el capítulo anterior, es protectora de la clase trabajadora y pone

a su disposición los instrumentos adecuados para obtener del patrón más

prestaciones que, en un análisis objetivo de costos y sin olvidar la plusvalía,

procuren a los trabajadores unos ingresos proporcionales a la riqueza que ellos

generan con su trabajo. Equilibrio significa, entonces, proporcionalidad y mesura,

pero no actitud imparcial ni arbitraje del Estado ante dos contendientes de fuerzas

niveladas.

El principio general del derecho del trabajo implícito en el artículo 22 será el de

que la función de las normas de trabajo y debe entenderse que quedan incluidos

los pactos individuales y colectivos, los reglamentos, etc. es lograr que disminuya

el diferencial que en perjuicio del trabajador, resulta de que no se reconozca la

plusvalía que deriva de su trabajo. En rigor, ya debidamente analizado el precepto,

podría encontrársele, a través de esta interpretación y pese a su redacción

inadecuada, una connotación una idea revolucionaria, de transformación violenta

de la sociedad, sino en relación a la tesis económica de la plusvalía que construyó

Carlos Marx.

83

3. EL CONCEPTO DE JUSTICIA SOCIAL

El concepto de justicia social, sobre el cual tendremos que volver en otras

ocasiones en esta obra es, sin duda, un concepto difícil de manejar. En nuestros

tiempos suele estar en boca de políticos que hacen uso abusivo de él. Ahora la ley

que intenta reafirmar una autonomía del derecho laboral que, por evidente, no

necesita de mayores apoyos, recoge la idea y la plasma fundamentalmente en dos

preceptos: el ya referido artículo 22, y el artículo 17, relativo a las fuentes del

derecho del trabajo, tratando de presentarlo pomo el modo especial de ser de la

justicia del trabajo. ¿Qué se entiende por justicia social? Son muchos los

documentos en que podemos encontrar una respuesta, que no siempre será

satisfactoria y muchas veces contradictoria con otras versiones. Vale la pena, sin

embargo, poner algunos ejemplos.

La Iglesia Católica gusta de hacer referencia a la justicia social. Pío X, en

Cuadragésimo Año afirma que “esta ley de justicia social prohíbe que una clase

excluya a la otra de la participación de los beneficios’ y Juan XXIII, en puntualiza

que “en cambio se consideran Criterios Supremos de estas actividades y de estas

instituciones la justicia y la caridad social.

En el artículo 160 del Código Social de Malinas se determina que “al lado de la

justicia conmutativa, que regula las cargas y las ventajas sociales, conviene tener

en cuenta la justicia social o legal, que es la que procura el bien común, del que la

autoridad es gerente, que todo Individuo miembro del cuerpo social está obligado

a servir y a acrecentar. Beneficiario del bien común, el individuo lo tiene cierta

medida a su cargo, por más que los gobernantes sean en esta materia los

primeros responsables”.

“La justicia social debe penetrar en las instituciones y en la vida entera de los

pueblos. Su eficacia debe manifestarse sobre todo en la creación de un orden

jurídico y social que informe toda la vida económica” (Montevideo, 1937)

84

Lustosa, también dentro de una línea cristiana nos dice que, “la justicia social se

nos presenta como la virtud que tiene por fin realizar el bienestar de la

organización social, como una tendencia a repartir equitativamente los bienes

naturales. Regula y dirige sobre todo el orden económico equilibrando las clases

sociales y suprimiendo eventualmente las deficiencias del contrato de trabajo” (Cit.

por Absalón D. Casas. Voz: Justicia Social. Enciclopedia ‘Jurídica Omeba, t. XVII,

p. 715)

Casas, por su parte, precisa que la “justicia social busca afanosamente un

equilibrio y justa armonización entre el capital y el trabajo, estando íntimamente

vinculada al bien común” (Ob. cit., p. 718) Arnoid Toynbee, el conocido

economista inglés, señala que el concepto de justicia social varía de acuerdo con

el tiempo que se tenga para hacer la revolución social. “Si hay poco tiempo, si la

crisis es inminente, justicia social puede equivaler a alimentos, vivienda y ropa. Si

la situación no es tan grav, la justicia social significa la reforma de la estructura

económica y educación para todos” (Cit. por Casas, ob. cit., p. 716).

Para Jacques Maritáin, en versión de Luis Recaséns Siches, “se trata ante todo

del derecho a un salario justo, pues el trabajo del hombre no es una mercancía

sometida a la simple ley de la oferta y la demanda. El salario debe suministrar los

medios para la vida del trabajador y de su familia, a un nivel de existencia

suficientemente humano, en relación con las condiciones normales ‘de una

determinada sociedad” (Luis Recaséns Siches, Panorama del pensamiento

jurídico en el siglo XX, México, 1963, pp. 841-842).

Por último, en el preámbulo del “Fuero del Trabajo” de España, promulgado por

decreto de 9 de marzo de 1938 y declarado Ley Fundamental de la Nación por ley

de 26 de julio de 1947 encontramos lo siguiente: “Renovando la tradición católica,

de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio

el Estado nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad

patria y sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal

85

y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar —con aire militar,

constructivo y gravemente religioso— la revolución que España tiene pendiente y

que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la

Justicia.”

Nuestros juristas también han hecho aportaciones a esta materia. Trueba Urbina

indica que “la idea de justicia social no sólo tiene por finalidad nivelar a los

factores en las relaciones de producción o laborales, protegiendo y tutelando a los

trabajadores, sino que persigue la reivindicación de los derechos del proletariado,

tendientes a la socialización de los bienes de producción” (Nuevo derecho..., p.

258) y De la Cueva, sin intentar una definición, precisa, sin embargo, el concepto

al afirmar que “la idea de la justicia social es una luz que brota especialmente del

artículo 123, una categoría que regula las relaciones de trabajo en forma diversa a

como lo hace la concepción tradicional de la justicia conmutativa” (El Nuevo

Derecho..., p. 135).

No es éste el lugar para hacer un estudio a fondo sobre el concepto de justicia

social. Baste lo ya expuesto, en la medida en que nos permite alcanzar algunas

conclusiones. La primera será la de la variedad del concepto de justicia social. Lo

mismo juega dentro de una tesis social de la Iglesia Católica; en una concepción

socialista como puede ser la de Toynbee; como fundamento social de un Estado

fascista o por último, como ideario de una tendencia socializante, en una

estructura burguesa: México.

La segunda conclusión es que este concepto de justicia parte del supuesto de la

desigualdad económica y traza caminos para superarla. Con ello cambia la

orientación de las formas tradicionales de justicia: la conmutativa intenta la

igualdad absoluta; la distributiva, la proporcionalidad de cargas en función a la

capacidad económica de cada quien. La justicia social procura la elevación d1

nivel de vida de los trabajadores (cuando del derecho del trabajo se trata),

imponiendo a los patrones determinadas responsabilidades, en favor de un

acreedor individual o de la sociedad con” acreedora, y puede llegar, inclusive, en

86

un sistema socialista, a terminar con la propiedad privada de los medios de

producción. Es decir, la justicia social impone deberes a los particulares frente a

otros particulares, sólo por su pertenencia a determinada clase social y lleva,

inclusive, al Estado a asumir responsabilidades sociales, para cuya atención

(seguro social, vivienda) el Estado recoge las aportaciones de los particulares,

patrones y trabajadores y, eventualmente, hace su propia aportación.

El problema radica, volviendo al punto de partida, en la amplitud del concepto. Si

la justicia social es bandera de tan diferentes sistemas políticos, económicos, de

credo religioso, ¿dónde encontrar una fórmula que satisfaga el requerimiento de

certeza, seguridad jurídica, que es un fin del derecho?

La conclusión que se alcanza es la siguiente: la propia ley determinará, con sus

disposiciones, cuál es la idea de justicia social. Esto es, en el artículo 22, tanto al

hacer referencia al equilibrio como a la justicia social, se está expresando sólo una

forma cuyo contenido lo darán las normas particulares del sistema. De todas

maneras, no cabe duda de que estas declaraciones generales son peligrosas si,

como lo creemos haber demostrado, una misma expresión: equilibrio, justicia

social, puede tener tantas y tan encontradas connotaciones.

4. EL TRABAJO COMO DERECHO Y DEBER SOCIALES

Dentro de la misma línea programática del artículo 22, en el artículo 30 se recoge

un viejo anhelo del derecho del trabajo, y aun cuando parece discutible, en la

situación actual de nuestra sociedad que el derecho al trabajo sea una realidad, al

menos se empieza a dar forma a esa que es, sin duda, una meta: garantizar a

todos los hombres que mediante tina ocupación razonable puedan adquirir los

medios necesarios para vivir con salud y decorosamente. Inclusive se elevó a la

categoría de rango constitucional ese derecho al incorporarlo nada menos que al

87

proemio del art. 123 (Decreto de 8 de diciembre de 1978 publicado en el DO de 19

de diciembre de 1978).

Es interesante intentar descubrir los antecedentes del art. 30 que los tiene,

directos, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, aprobada en

Bogotá, Colombia, en condiciones dramáticas y que México firmó el 30 de abril de

1948. De la Cueva, miembro de la delegación mexicana fue quien propuso el texto

del artículo 29 b) en el que se señala: “El trabajo es un derecho y un deber social;

no será considerado como un artículo de comercio; reclama respeto para la

libertad de asociación y la dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, tanto

en los años de trabajo, como en la’ vejez o cuando cualquier circunstancia prive al

hombre de la posibilidad de trabajar.” Este pacto fue ratificado por nuestro país el

23 de noviembre de 1948, por decreto publicado en el DO de 13 de enero de

1949.

88

La idea del derecho al trabajo está asociada, históricamente, a todas las luchas

sociales. Podríamos encontrar antecedentes remotos en la lucha de Espartaco, al

frente de los esclavos y en Tomás Moro (1478-1535), Lord Canciller de Enrique

VIII, cuya “Utopía” presenta un cuadro de vida democrática en el que. se perfila

como punto de partida la destrucción de la propiedad privada. “La Ciudad del Sor,

de Tomás Campanella (1568-1639), puede reflejar, a su vez, un principio de

socialismo utópico. Sin embargo, en orden a encontrar antecedentes más

concretos, habremos de mencionar el “Proyecto de Declaración de Derechos del

Hombre, y del Ciudadano”, que Maximiliano de Robespierre expone ante la

Sociedad de los jacobinos el 21 de abril de 1793, en cuyo artículo 11 se declara

que “la sociedad está obligada a subvenir a la subsistencia de todos sus

miembros, ya procurándoles trabajo, ya asegurándoles medidas de existencia a

quienes no estén en condiciones de trabajar”.

Las ideas de Robespierre se incrustan después en la “Declaración Constitucional

de Derechos” de 24 de junio de 1793. En el artículo 8° se determina que “los

socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los

ciudadanos desgraciados, sea procurándoles trabajo o sea asegurándoles los

medios de existir a los que no estén en aptitud de trabajar”.

También en Francia, en 1848, se dieta la Constitución social republicana, obra de

la Asamblea Nacional Constituyente, que aceptando el principio de los socorros

públicos, intenta, tímidamente, dar forma a los derechos sociales, al favorecer el

desenvolvimiento del trabajo por “la enseñanza primaria gratuita, la educación

profesional, la igualdad de utilidades entre el patrón y el obrero, las instituciones

de previsión y de crédito, los organismos agrícolas, las asociaciones voluntarias y

los establecimientos públicos propios para emplear brazos desocupados”. Es el

mismo año del “Manifiesto comunista” y del primer movimiento social francés.

Carlos Marx siempre sarcástico en sus comentarios, a propósito de esta

Constitución, afirma de ella que desbautiza el calendario cristiano y lo bautiza de

republicano y troca a San Bartolomé en San Robespierre, pero sin “cambiar el

89

viento ni el tiempo más de lo que esta Constitución modificó o debía modificar la

sociedad burguesa” (Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas en dos

tomos, Moscú, 1951, t. 1, p. 152). Enseguida agrega: “En el primer proyecto de

Constitución redactado antes de las jornadas de junio, figuraba todavía el derecho

civil, el derecho al trabajo, esta primera fórmula, torpemente enunciada, en que se

resumen las reivindicaciones revolucionarias del proletariado. Ahora, se habría

convertido en el derecho a la asistencia pública, y ¿qué Estado moderno no

alimenta, en una forma u otra, a sus pobres? El derecho al trabajo es, en el

sentido burgués, un contrasentido, un deseo piadoso y desdichado, pero detrás

del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el

capital la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase obrera

asociada, y por consiguiente, la abolición tanto del trabajo asalariado como del

capital de sus relaciones mutuas” (Ob. cit., t. 1, p. 153).

90

Afirma en contrario Lucio Mendieta y Núñez que la Constitución de 1848 sí aceptó

establecer el derecho al trabajo (El derecho social, México, 1967, p. 101),

siguiendo el Proyecto de Manet que en su artículo 2 declaraba que “la

Constitución garantiza a todos los ciudadanos: la libertad, la igualdad, la

seguridad, el trabajo, la propiedad, la asistencia”, puntualizando en el artículo 7?

que “el derecho al trabajo es el que tiene todo hombre de vivir trabajando. La

sociedad debe, por medios productivos y generosos de que disponga, y que serán

organizados ulteriormente, proporcionar trabajo a los hombres válidos que no

puedan procurárselo de otro modo” (Cit. por Mendieta, ob. cit., p. 101).

Podemos encontrar otro antecedente en lo siguiente: en junio de 1860, el Canciller

Bismarck presenta ante el Reichstag un proyecto de ley, aprobado nueve años

más tarde, de acuerdo con el cual “el Estado debe cuidar de la subsistencia y del

sostenimiento de los ciudadanos que no puedan procurarse a sí mismos medios

de existencia, ni obtenerlos de otras personas privadas, obligadas a ello por leyes

especiales. A aquellos a quienes no faltan más que los medios y la ocasión de

ganar por sí su propia subsistencia y la de su familia, debe proporcionárseles

trabajo conforme a sus fuerzas y a su capacidad” (Mendieta, ob. cit., pp. 101-102.

Señala Mendieta haber tomado, a su vez, estos datos de la tesis de José Martínez

Delgado, Proyección Histórica de las Declaraciones de Derechos Sociales,

México, 1948).

La presión que, a través de todo el siglo xxx, van levantando los movimientos

sociales, que empujan hacia una legislación más humana y adecuada a las

necesidades del proletariado, deftrmina, en marzo de 1871 el movimiento

conocido como “La Comuna de París”, primer intento de gobierno popular, que

tuvo efímera duración y una trascendencia social considerable. Pese al fracaso en

que concluye, con la matanza inmisericorde de 28 de mayo de 1871, la Comuna

de París triunfa en la medida en que se convierte en una dramática llamada de

atención a los gobiernos. Inglaterra vota el 29 de junio del mismo año, la primera

ley en favor de las Trade-Unions y Francia misma, pese al triunfo de la reacción,

establece la libertad de asociación y en 1884 vota el Parlamento la ley que

91

reconoce el derecho de asociación profesional. Guillermo II, en Alemania, provoca

la renuncia de Bismarck, el 20 de marzo de 1890, al dictar una resolución

favorable a los trabajadores en la huelga minera de 1889.

La Primera Guerra Mundial, de 1914-1918 marca, probablemente, el punto álgido

en la evolución de los derechos sociales. Paralelo a ello, el movimiento

revolucionario en México produce, de igual manera, su transformación radical.

Querétaro en 1916 y 1917 y Versalles en 1919, son las ciudades en que nace el

nuevo derecho. Trueba Urbina ha demostrado con razones convincentes, que en

Versalles se conocía nuestra Constitución social, a través del líder obrero

norteamericano Samuel Gompers (Nuevo Derecho..., p. 125), por lo que puede

afirmarse que inspiró a los autores del Tratado que puso fin a la Primera Guerra

Mundial, aun cuando deban ser también considerados como antecedentes, según

menciona De la Cueva, la Conferencia de Leeds, reunida el 5 de julio de 1916, las

de Londres de 1917 y 1918 y la de las Uniones Cristianas, celebrada en El Havre,

en 1918; la iniciativa presentada al Parlamento, también en 1918, por Justin

Godard, miembro del gabinete francés, para que su comisión de trabajo redactara

una Carta Internacional del Trabajo y, fundamentalmente, la Carta de Berna,

aprobada en la Conferencia de Berna celebrada después del armisticio, a

propuesta de la Federación Sindical Internacional (Derecho Mexicano del Trabajo,

t. 1, p. 311).

A partir de ese momento, proliferan las constituciones y leyes en que se reconoce

el derecho al trabajo. El artículo 163 de la Constitución de Weimar, el artículo 46

de la Constitución de la República española de 9 de diciembre de 1931 y los

artículos 12 y 118 de la Constitución de la U. R. S . S. de 5 de diciembre de 1936,

por mencionar sólo algunas, afirman el derecho al trabajo e inclusive, el deber de

trabajar.

La Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1945 detiene dramáticamente, el progreso

social, en una hecatombe inconcebible. Pero de ella surgen nuevos documentos

en los que el derecho al trabajo se re- afirma como una de las más importantes

92

granadas sociales. Así podemos invocar la Declaración de Filadelfia, dictada con

motivo de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el año de 1944,

que pugna por “la conservación plena del empleo y la elevación del nivel de vida”;

el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco,

California, el 26 de junio de 1945, cuyo inciso a) intenta promover el “trabajo

permanente para todos”; la Constitución francesa, aprobada en el referéndum de

13 de octubre de 1946, en cuyo preámbulo se afirma que “toda persona tiene el

deber de trabajar y el derecho a obtener un empleo”.

Llegamos así a la Carta de la OEA, cuyo texto, en lo conducente decíamos, es

obra de Mario de la Cueva, para culminar el proceso con la Declaración Universal

de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el día 10 de diciembre de 1948, en cuyo artículo 23, inciso 1 se determina

que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el

desempleo”.

Las raíces de nuestro artículo 30 son, entonces, obvias. El derecho al trabajo ha

sido la aspiración constante de todos los movimientos sociales. Nuestro derecho

vigente lo consagra, ya, desde el 1? de mayo de 1970. Pero cabe preguntar:

¿cuáles son sus alcances y sus límites? A responder esas preguntas,

dedicaremos los párrafos siguientes.

El derecho al trabajo presenta, sin duda alguna, varias formas de manifestarse.

Podríamos hablar, en primer término, del derecho a adquirir un empleo. En

segundo lugar, del derecho a conservar un empleo.

93

La primera manifestación, aun cuando se exprese programáticamente en forma

absoluta es, siempre, relativa. En todo caso dependerá de la condición de cada

país y del equilibrio económico y demográfico que pueda lograrse. Puede tener

diferentes expresiones: el Estado asume por sí mismo la obligación de dar

empleo, o bien, el Estado obliga a los particulares para que éstos lo hagan. Tiene,

en ocasiones, una institución complementaria que sólo puede operar en países

con una situación económica privilegiada, y un adecuado sistema de seguridad

social: el seguro de desempleo. La realidad de las cosas es que el derecho a

adquirir un empleo, por éstas y otras muchas consideraciones, tiene mucho de

utópico.

La segunda manifestación del derecho al trabajo suele presentar mejores

perspectivas. Se traduce en una fórmula que podría ser la siguiente: todo

trabajador tiene derecho a conservar el empleo, salvo que hubiere una causa justa

para privarle de él. Este principio se identifica como el de la estabilidad en el

empleo.

La estabilidad puede ser, igualmente, absoluta y relativa. Es absoluta en el caso

previsto en el concepto: el trabajador no podrá ser separado, sin motivo. Es

relativa cuando, en determinados casos, el patrón puede separar al trabajador, sin

que éste tenga la posibilidad de ser reinstalado, aunque la ley le otorgue esa

acción, en virtud de que el patrón quede facultado para optar por el pago de una

indemnización.

Después volveremos sobre estos problemas. Sin embargo, debemos señalar que

en México, según Trueba Urbina, el texto original de la fracción XXII del artículo

123 constitucional consagraba la estabilidad absoluta al disponer que el patrón

“estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo

con el importe de tres meses de salario”. Posteriormente SCJN, mediante

ejecutoría dictada el 25 de febrero de 1941 (Oscar Cué) estableció que la

reinstalación forzosa era imposible por tratarse de una obligación de hacer y

sustituyó en todos los casos la obligación, por el pago de una indemnización. La

reforma constitucional de 1962 vino a reducir al alcance de la interpretación

94

jurisprudencial pero, considerando el texto original, limitó el derecho de los

trabajadores para conservar su empleo, al establecer una estabilidad relativa (El

Nuevo artículo 123, pp. 245 y ss.).

El derecho al trabajo, en su primera manifestación: derecho a exigir un empleo,

tenía sólo una expresión relativa y ambigua en la ley de 1931, en cuyo artículo

111, fracción 1, se establecía, sin reglamentarlo debidamente, un derecho de

preferencia en favor tanto de los mexicanos, como de quienes hubiesen servido

satisfactoriamente con anterioridad y, por último, en favor de los sindicalizados.

La Ley de 1970, en una línea paralela, vino a precisar este derecho en sus

artículos del 154 al 157 en los que, además de consagrar la misma preferencia de

su predecesor, establece una acción ante los tribunales de trabajo que podría

desembocar en un laudo que constituya la relación laboral en contra de la

voluntad del patrón, tal como se precisa en el artículo 157

95

El deber de trabajar, según se configura en el artículo 30, tiene más el carácter de

una declaración programática, y no expresa una obligación jurídica concreta.

Parece seguir una línea semejante a la del artículo 12 de la Constitución de la

URSS en el que se señalaba que “el trabajo en la URSS es, para todo ciudadano

apto para el mismo, un deber y una honra, de acuerdo con el principio: El que no

trabaja, no come»”. Entre nosotros se precisa en el artículo 134 de la propia ley,

fracciones III y IV, que indican que los trabajadores deberán desempeñar el

servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad

estarán subordinados en todo Lo concerniente al trabajo, y que los trabajadores

deberán ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la

forma, tiempo y lugar convenidos. El incumplimiento de este deber de trabajar

deberá entenderse como una falta de probidad susceptible fundar un despido,

según se dispone en el artículo 47, fracción. II. En realidad estos derechos y

deberes sociales de trabajar constituyen más declaraciones de principios que

normas, es decir, no, por sí mismos, derechos y obligaciones. 1robablemente

podría ponerse en tela de juicio su inclusión en el art. 123 constitucional y la ley.

En todo caso la amarga realidad social de nuestros días hace latente por el

derecho al trabajo no es más que una utopía.

5. LA LIBERTAD, LA IGUALDAD, LA DIGNIDAD Y LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES COMO FINES DEL DERECHO LABORAL

El artículo 30 de la ley, al que Mario de la Cueva su autor califica de “insaciable”

(El Nuevo Derecho..., p. 108), es rico en sugestiones y principios. En su segundo

párrafo señala que el trabajo: “no es artículo de comercio, exige respeto para las

libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su

familia”. ¿A qué se refiere la frase “el trabajo no es artículo de comercio?

96

En realidad, es preciso asomarse a las explicaciones que sobre la naturaleza de

la relación de trabajo, se han dado, para poder entender esta idea. Para los

romanos y esa tesis siguió dominando hasta el Código Napoleón el contrato de

prestación de servicios personales era considerado como un arrendamiento de

servicios. Precisamente, la “Sección Primera”, del libro III, título VIII, capítulo III del

Código Napoleón trata: “Del arrendamiento de domésticos y obreros”, y a ellos

dedica sólo los artículos 1780 y 1781.

Carnelutti, comprendiendo la insuficiencia de la tesis del arrendamiento, ya que no

es posible devolver la energía prestada por el trabajador (y ello contradice la

esencia del arrendamiento: devolver la cosa arrendada), lanzó la tesis de que el

trabajador vendía su energía de trabajo. Se trataba, entonces, de un contrato de

compra venta, ya que Carnelutti, en una conclusión que él mismo calificó de

audaz, admitió que “la energía humana, en cuanto es objeto de contrato, es una

cosa” (Studio suite Energice come Oggeto di Energice Eléctrica, cit. por De la

Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, t. 1, p. 449). Estas explicaciones sobre la

naturaleza del trabajo y otras más, y. gr., la que sostiene que el de trabajo es un

contrato de sociedad, pierden de vista que el derecho del trabajo no es un derecho

económico sino, básicamente, un instrumento jurídico que contempla al hombre

como tal e intenta protegerlo en su vida, en su dignidad, en su salud. De esa

manera no puede admitirse que se apliquen sin más, a la energía de trabajo, los

calificativos aplicables a las cosas. Por ello ha surgido el principio de que el

trabajo no es un artículo de comercio, concepto que está íntimamente vinculado al

rechazo de la esclavitud.

El principio de la libertad de trabajo que se apunta también en el artículo 3°, tiene

su más clara expresión en el artículo 40 de la ley que dispone que “No se podrá

impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o

comercio que le acomode, siendo lícitos”, el cual, transcribe, palabras más o

menos, el primer párrafo del artículo 52 constitucional. No es necesario buscar

todos los antecedentes de este precepto. Su origen está, sin duda, en el Edicto

97

Turgot, que puso fin al sistema corporativo, en el cual se dice, precisamente, lo

siguiente: “Perseverando en la resolución que siempre hemos sostenido de

terminar los abusos que existían en las corporaciones y comunidades... hemos

juzgado necesario establecer para el porvenir reglas a favor de las cuales la

disciplina interior y la autoridad doméstica de los maestros sobre los obreros se

mantengan, sin que el comercio y la industria sean privados de los beneficios

atingentes a la libertad” (tomado de Cabanellas, Derecho Sindical y Corporativo,

Buenos Aires, 1959, p. 72).

Este principio de libertad alcanza una expresión más concreta el artículo 40 de la

ley el cual señala, a propósito de la duración de los contratos de trabajo que “Los

trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de

un año”, y se matiza por lo dispuesto en el artículo 134, fracción III, de acuerdo

con el cual los trabajadores tienen la obligación de “desempeñar el servicio bajo la

dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad están subordinados

en todo lo concerniente al trabajo”. De ello se entiende que fuera de sus

obligaciones especificas, no habrá tal subordinación.

La igualdad es una de las metas principales del derecho del trabajo, si bien, por

una razón que no se explica, suele referirse sólo al problema del salario. Así, en el

artículo 123 constitucional, inciso “A”, párrafo VII, se dice que “Para trabajo igual

debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad”. El

artículo 86 de la ley recoge el mismo principio al asentar que “a trabajo igual,

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales,

debe corresponder salario igual”.

El problema de la desigualdad en el trabajo ha sido uno de los factores

determinantes de mayores y más graves conflictos. Históricamente se asocia a las

luchas por obtener igual salario para las mujeres y niños que para los hombres,

que lo tenían diferente sólo en razón del sexo o de la edad. La diferencia de

salario sólo motivada por la nacionalidad, fue una de las causantes de la trágica

huelga de Cananea. Por ello la ley, en el último párrafo del artículo 32 precisa que

98

“no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza,

sexo, credo religioso, doctrina política o condición social”.

99

Este hermoso principio tiene, sin embargo, un límite serio, que se acentúa a

niveles constitucionales, en nuestro país: la diferencia, al menos en orden a la

preferencia e inclusive, a la posibilidad de realizar determinado tipo de actividades,

en razón de la nacionalidad y aún de la manera como ésta se adquiere. En el

artículo 32 constitucional se limita, en favor de los mexicanos por nacimiento, el

derecho de pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea, o para

ser capitán, piloto, patrón, maquinista, mecánico o, en general, tripulante de barco

o aeronave mexicana; para ser capitán o práctico de puerto, comandante de

aeródromo o agente aduanal. La preferencia en favor de los mexicanos respecto

de los extranjeros para ocupar vacantes o puestos de nueva creación, queda

consagrada en el artículo 154 de la ley y en el artículo 72 se determina que sólo

podrá haber hasta un diez por ciento de trabajadores extranjeros en las empresas,

y ninguno en las categorías de técnicos y profesionales.

Esta discriminación suele explicarse como una medida de defensa migratoria. En

nuestro concepto no se justifica. En el caso del rechazo a los mexicanos por

naturalización, no sólo no se justifica, ni se explica, sino que resulta abominable.

Con razón se ha dicho que nuestro país, que consagra todo tipo de libertades e

igualdades, respecto de sus propios nacionales establece, por el contrario y por lo

menos, tres categorías: mexicanos de primera, que son los mexicanos por

nacimiento, residentes en el país por más de veinte años, hijos de padre o madre

mexicanos y para, quienes, en exclusiva, se reserva el honor de la Presidencia de

la República (artículo 82-1, de la Constitución); mexicanos de segunda, que lo son

por nacimiento, pero hijos de padre y madre extranjeros y mexicanos de tercera,

que lo son por naturalización. Dentro de esta clase aún podría encontrarse otra

clasificación, si bien ésta sólo atiende al trámite de su naturalización, que puede

ser ordinaria o privilegiada.

El nacionalismo a ultranza o chauvinismo no juega con las modernas corrientes

del pensamiento. Las alianzas comerciales internacionales; la supresión de

visados para internarse y aún trabajar en otro país, son, entre otros, signos de un

tiempo nuevo. Ojala que algún día lo comprenda el legislador mexicano y que se

eliminen éstas y otras discriminaciones, en nuestro sistema Jurídico.

100

La garantía de la salud y la vida y la obtención de un nivel decoroso para el

trabajador y su familia, son principios que también iluminan nuestro derecho. La

previsión y la seguridad sociales han tomado a su cargo las das primeras metas.

La última intenta resol- verse mediante la institución de los salarios mínimos

generales y profesionales. En el segundo párrafo del artículo 90 se dice, a

propósito de ello, que “el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las

necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural,

y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

¿Se ha resuelto, acaso, el problema, de esta manera?

Lamentablemente no es así. Una permanente alza de precios que invoca, como

pretexto, precisamente el alza anual de los salarios mínimos, ha convertido a

éstos, siempre, en un salario de hambre. Mario de la Cueva ha dicho, que “la

fijación de los salarios mínimos muestra la pobreza de alma de los miembros de

las comisiones respectivas y de los dirigentes del movimiento sindical, que no son

capaces de hacer valer los derechos del trabajo” (El Nuevo Derecho..., p. 111). En

nuestro concepto la razón fundamental de la insuficiencia de los salarios mínimos

tiene raíces más profundas. La economía no puede quedar regida sólo por la

buena o mala voluntad de los que fijan precios y salarios. Somos un país en

desarrollo, lo que quiere decir: un país subdesarrollado, con ganas de - dejar de

serlo. El empuje económico queda a cargo de una minoría que arrastra las

carencias de una población en constante aumento, sin que aumenten los

satisfactores en la misma proporción. Las familias obreras y campesinas

mexicanas son muy prolíficas y el salario de los jefes de familia, totalmente

insuficiente. Si en una solución que parece fácil, se aumentan los salarios,

aumentarán de inmediato los precios y el resultado será una moneda que se

devalúa hacia dentro, hacia su poder adquisitivo independientemente de sus

devaluaciones externas.

Claro está que la fórmula contraria, tan de moda en el México neo-liberal de hoy,

de congelar los salarios y permitir, con mayor liberalidad, el movimiento de los

101

precios, particularmente de los que corresponden a los servicios estatales:

gasolina, electricidad, agua, etc., sólo conduce a la de pauperización de la clase

obrera, a la aparición intensa de la economía informal y al desquiciamiento total de

la economía.

102

CAPITULO VI

LA NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO

1. Planteamiento del problema. 2. La relación entre derecha público y derecho

privado. 3. El derecho social. 4. Las nuevas corrientes.

5. La ubicación del derecho del trabajo.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la tarea de establecer los conocimientos preliminares sobre una determinada

disciplina, el jurista no puede menos que abordar el problema por lo demás muy

grato de ubicar a la materia jurídica que lo inquieta, en el lugar que le

corresponde, dentro de la clasificación del derecho. A esto se le llama determiair

su naturaleza jurídica. Es, en suma, un problema de clasificación y, por lo tanto,

de ciencia del derecho, ya que el derecho es objeto de una ciencia, precisamente

porque puede ser clasificado. Alberto de Ezcurdia, al destacar los atributos del

conocimiento científico ha señalado, que le corresponde la “organización

sistemática de las ideas o de los hechos, considerados más bien en su aspecto

relacional” (Lecciones de Filosofía de la Ciencia, Textos Universitarios, México,

1970, p. 19).

La preocupación por clasificar al derecho es, ciertamente, antigua. En el Digesto

aparece ya la clásica distinción de Ulpiano, a virtud de lo cual el derecho público

tendría por objeto el gobierno de la República romana y el privado pertenecería al

provecho de cada individuo en particular (L. 1, t. 1, 2). A partir de entonces son

múltiples los intentos por encontrar una fórmula adecuada para esa que es, en

realidad, la primera, importantísima, subclasificación del derecho. Federico de

Castro menciona que a principios de siglo se podían concitar unas diecisiete

teorías y que hoy se podría llegar sin dificultad al medio centenar (Derecho civil de

103

España, Madrid, 1955, t. 1, p. 86). Es posible que el intento derive en un resultado

negativo; sin embargo creemos indispensable atender este problema cuya

solución, de alcanzarse, nos permitirá una mejor definición del derecho del trabajo.

104

2. LA RELACIÓN ENTRE DERECHO PÚBLICO Y DERECIO PRIVADO

A pesar de que intentamos distinguir a ambas ramas del derecho, en el enunciado

preferimos utilizar la expresión “relación”. Esto obedece a una razón importante:

para algunos autores que después reseñaremos (Kelsen,.Duguit), no cabe

diferenciarlos. Esto pone de manifiesto un problema que consiste en que la

doctrina, frente a la relación derecho público y derecho privado, ha adoptado

múltiples posturas, pero todas ellas pueden incluirse en tres grupos, según señala

De Castro: teorías dualistas, teorías pluralistas y teorías negativas (ob. cit., t. 1,

pp. 86 y ss.). Es importante que señalemos las características de cada una de

ellas y formulemos, en cada caso, la crítica o comentario que corresponda.

a) Teorías dualistas.

Podemos mencionar las siguientes:

Teoría del interés en juego. Se debe a Ulpiano, a quien ya nos referimos. De

acuerdo a la traducción de Demófio de Buen “derecho público es el que mira al

estado de la cosa romana y el derecho privado, el que se refiere al interés de los

particulares” (Introducción al Estudio del derecho civil, Madrid, 1932, p. 18). Esta

distinción está contenida en las Instituciones de Justiniano (L. 1, t. II, 4) y en el

Digesto,’ en el que aparece con una interpolación que, al decir de De Buen,

parece contradecir el texto original (ob. cit., p. 19) y tiene aún un fuerte arraigo, en

cuanto es muy expresiva, si bien no resiste, indudablemente, un análisis detenido.

Crítica. Podríamos encontrar múltiples críticas a esta tesis. Nos parece oportuno,

sin embargo, hacer referencia sólo a la de Kelsen para quien, el criterio del interés

obedece a razones meta jurídicas. “Querer calificar jurídicamente las normas de

Derecho con arreglo al fin que aspiran a realizar, equivaldría a pretender clasificar

los cuadros de un museo por su precio; y uno y otro criterio son igualmente

inservibles. La división de las proposiciones jurídicas sólo puede referirse al

contenido o a la articulación de los hechos que constituyen la condición o la

consecuencia; por tanto a objetos inmanentes, no trascendentes al Derecho. Por

lo demás agrega Kelsen es sencillamente imposible determinar de cualquier

norma jurídica si sirve al interés público o al interés privado. Toda norma sirve

105

siempre a uno y otro” (Teoría general del Estado, traducción de Luis Legaz

Lacambra, Madrid, 1934, p. 106).

Teoría del Sujeto. Con mayor pretensión de rigor técnico las teorías del su jeto

estiman que será derecho público el que regule las relaciones en las que el

Estado actúa; serán de derecho privado las relaciones en las que intervienen,

únicamente, los particulares. Es innegable que en esta corriente se acusa una

notable influencia de la tesis de Ulpiano De Castro atribuye a Carlos de Secondat,

Barón de la Bréde y de Montesquiev, mejor conocido por la última parte de su

título, ser partidario de esta teoría. (Ob. oit., t. 1, p. 90, nota 2.)

Crítica. No es admisible esta distinción, porque no siempre los sujetos de una

relación jurídica, actúan del mismo modo. El Estado participa en relaciones de

coordinación cuando realiza actos en los que no ejerce su soberanía, al celebrar,

con un particular, un contrato de arrendamiento o de compra-venta. A su vez los

particulares intervienen en relaciones de derecho público cuando hacen valer sus

derechos políticos, y el de votar.

Teoría de la distinta naturaleza de la norma protectora. De acuerdo con Thon (oit.

por De Buen, Introducción, pp. 21-22), serán de derecho público las nonnas

protegidas por acción pública y de derecho privado las normas protegidas por

acción privada.

Crítica. Dos son los puntos sobresalientes de la crítica a esta tesis. En primer

término, que hay derechos privados protegidos por acción pública y derechos

públicos protegidos por acción privada. En segundo lugar, que se atiende a una

situación ajena a la norma, lo que deja en pie el problema de determinar cuáles

son los derechos que deban ser protegidos por una y otra acción. Ferrara (cit. por

De Buen, Introducción, p. 22) señala, a propósito de ello, que la forma de la acción

es la consecuencia y no la causa de la naturaleza de la norma.

Por otra parte Francisco Bonet Ramón ha precisado que hay derechos privados

protegidos por una acción pública y derechos públicos que requieren del ejercicio

de una acción privada. Esto ocurre con frecuencia en el derecho penal. El Estado,

y. gr., persigue de oficio algunos delitos cometidos en perjuicio de los particulares

106

y hay, a cambio de ello, situaciones delictivas que son perseguidas a instancias

del ofendido (Introducción al Derecho Civil, Barcelona, 1956, p. 120)

Teoría de la patrimonialidad. Para algunos autores el derecho privado constituye

el derecho patrimonial. El derecho público, por el contrario, no tiene ese contenido.

Apoyan esta tesis, entre otros, Wach y Endemann (cits. por De Buen,

Introducción, p. 22).

Crítica. Este punto de vista resulta inaceptable en virtud de que dentro del derecho

privado existen multitud de instituciones que no tienen, per se, un contenido

económico, v.gr.: el derecho al nombre, los derechos de familia, etc. Por el

contrario las normas de derecho fiscal, de indiscutible carácter público son

eminentemente patrimoniales.

Tesis que establece la distinción en función de la distinta naturaleza, pública o

privada, de la institución a que pertenece cada relación jurídica. Se funda esta

tesis, en cuanto a los antecedentes doctrinales que la inspiran, en el pensamiento

de Gierke y de Donati. Ha sido expuesta por Démófio de Buen y desarrollada

excelentemente entre nosotros por Gabino Fraga (De Donati, véase Fondazione

della Scienza del Diritto, Modena, 1929, pp. 159-183; de De Buen, Introducción al

Estudio del Derecho Civil, Madrid, 1932, pp. 26-29 y de Gabino Fraga, Derecho

Administrativo, México, 1939, pp. 95-102),

Donati parte del supuesto de la unidad real del derecho. Sin embargo es posible

hablar de una división, de una distinción entre derecho público y derecho privado.

El problema que ha hecho tan difícil encontrar una distinción razonable, radica en

que se ha intentado establecer la diferencia en función de la norma o de los

conjuntos de normas. Así se habla, y. gr., de que el derecho civil es derecho

privado. Con ello se quiere significar que las normas que constituyen el derecho

civil, son de derecho privado. Pero la solución, según Donati, estará en desplazar

la atención, de la norma hacia la relación jurídica. De esa manera se establecerá

la diferencia entre relaciones de derecho privado y relaciones de derecho público.

107

¿En qué cabe hacer la distinción? Para Donati hay que distinguir en toda relación

jurídica, la materia y el contenido. Si se pretende hacer una distinción en las

relaciones jurídicas, habrá siempre que atender a la materia, ya que el contenido,

o sea, el fin de la norma, siempre lo constituye un interés colectivo. Es

precisamente esa nota permanente de la norma lo que determina la unidad real

del derecho.

Las relaciones jurídicas públicas tienen por materia, desde el punto de vista del

sujeto, un órgano dotado del poder de soberanía (supremacía) y desde el punto

de vista de los intereses, “un interés colectivo directo” (p. 170).

Las relaciones jurídicas privadas tienen, a su vez, por materia, desde el punto de

vista de los sujetos “en todo caso, dos (sujetos) privados, considerando como

tales tanto al Estado, en cuanto realiza actos de gestión con miras particulares,

como a las personas jurídicas privadas”. Desde el punto de vista de los intereses,

la materia puede consistir en un interés colectivo, del que son portadoras las

personas jurídicas privadas, o bien en un interés estrictamente privado, pero que

tiene reflejos de intereses colectivos: “en uno y en otro caso, un interés colectivo

indirecto” (pp. 170-171). Para De Buen la tesis de Donati es útil en cuanto subraya

que toda relación jurídica descansa sobre un interés colectivo y, además, en

cuanto acentúa que ese interés puede realizarse directa o indirectamente. Sin

embargo, en su concepto, esa dualidad debe de ser sustituida por otra, fundada

en la distinta manera de perseguir el interés social, que estima inseparable de

toda relación jurídica.

Considera De Buen que la distinción entre derecho público y derecho privado es

fundamental en el derecho moderno. Esa distinción no debe buscarse, sin

embargo, en preceptos determinados, sino, a la manera de Donati, en las

relaciones jurídicas “y aún mejor (afecta) a conjuntos de relaciones jurídicas

constituidas en unidad como ms102), instituciones”. De esa suerte señala De

Buen puede decirse que la propiedad y la familia son de derecho privado y que la

organización política es de derecho público; en cambio, preceptos aislados

108

reguladoras de una y otra instituciones no son, por sí solos, ni de derecho privado

ni de derecho público; lo son en cuanto están subordinados al pensamiento

cardinal de las instituciones a que se refieren” (p. 26). En los términos anteriores

para De Buen puede definirse al derecho público afirmando que es “el regulador

del conjunto de instituciones donde se manifiesta la organización de la vida social,

encuadracion dada en la organización jerárquica del Estado. Derecho privado

agrega es el regulador del conjunto de instituciones en que se manifiesta la

organización de la vida social que el Estado no incurre para su estructura” (p. 26).

109

La cualidad fundamental del derecho público es la de ser un derecho de mando y

jerarquía. En cambio, “el derecho privado (es) un derecho de igualdad y libertad”.

Estas notas no son exclusivas, afirma De Buen, ya que el derecho público suele

dejar un cierto margen a la libertad otorgando libertades políticas y autonomía

administrativa y acepta también, en algunos aspectos, el principio de igualdad (en

los derechos políticos). A su vez “en derecho privado se señalan a la libertad

límites muy estrechos en determinados terrenos (ms cogens) y se sancionan

desigualdades resultantes del derecho de mandar y la obligación de obedecer

(patria potestad) “. “Lo que determina la distinción entre el derecho público y el

derecho privado es, pues, la forma de las relaciones jurídicas, el que se las encaje

o no en la organización estatal”, concluye De Buen. Para este autor, en el derecho

público actúa como sujeto una corporación pública. Sin embargo, no todas las

relaciones en que el Estado o las corporaciones intervienen, son de derecho

público. Sólo tendrán ese carácter las relaciones resultantes del engranaje de una

persona social y colectiva con sus miembros integrantes para el cumplimiento de

los fines sociales (relaciones corporativas) y las relaciones de igualdad,

superioridad o sometimiento del Estado o de las corporaciones públicas con sus

organismos análogos, subordinados o superiores (relaciones jerárquicas) (p. 27).

Gabino Fraga acepta, en principio, la tesis de De Buen. Sin embargo prefiere

sustituir lo que éste toma de Gierke y por ello menciona a las atribuciones del

Estado, en lugar de utilizar la expresión “relaciones corporativas y jerárquicas”.

Para Fraga, entonces, son de derecho público las relaciones derivadas de todos

los actos encaminados a la organización adecuada para el ejercicio de la función

estatal; las que tengan por objeto proveer al Estado de los medios adecuados

para su sostenimiento y, en tercer lugar, aquellas que resulten del ejercicio mismo

de las atribuciones, en los casos en que el Estado actúe por vía de regulación o

de control de las actividades privadas (de indiscutible carácter público) y las que

resulten en los casos en que el Estado intervenga prestando a los particulares un

servicio, cuando con él se satisface una necesidad colectiva. Éste sería el caso

señala Fraga del aprovechamiento individual de bienes del dominio público.

110

Lo anterior no excluye admite Fraga que, en ocasiones y particularmente cuando

por el ejercicio de las atribuciones del Estado se causen daños a particulares,

dando nacimiento a la responsabilidad del Estado, se apliquen normas ni sólo de

derecho público, ni sólo de derecho privado. A éstas Fraga las califica de “normas

de carácter especial”.

Establecidos los anteriores supuestos, Fraga define al derecho público como “el

consunto de normas que rigen la organización del Estado y la actividad de éste

directamente encaminada al cumplimiento de las actividades que a él mismo

corresponden” y al derecho privado “como el conjunto de normas que rigen las

relaciones entre los particulares y. es aplicable a aquellas en que el Estado

interviene, cuando la actividad de éste no afecta inmediatamente a la satisfacción

que le está encomendada, de las necesidades generales” (p. 102. En la undécima

edición, México, 1966, ver p. 79 y ss.).

b) Teorías pluralistas.

Según advierte De Castro, hay autores que partiendo de la base de que sólo cabe

hacer la distinción en función del interés o del sujeto, encuentran que hay ramas

del derecho (especialidades), que no pueden encajar plenamente en uno o en otro

grupo. Consecuentemente se ven en la necesidad de hablar de otros grupos

diferentes, así distinguen entre derecho privado, derecho de asociaciones y

derecho internacional público (Jung); entre derecho privado en sentido estricto,

derecho público y derecho de las comunidades sociales y de sus partes, sin

considerar en esta clasificación al derecho de la Iglesia y al derecho internacional

público (Lehmann); entre derecho de coordinación, derecho de subordinación y

derecho de incoordinación (Walz). Podemos también considerar en este grupo a

los partidarios del derecho social); entre derecho estatal, derecho de los estados y

derecho común (Huber y Sauer, entre otros).

Estas tesis, como atinadamente observa De Castro, al parte de un supuesto falso:

el de que puede hacerse la distinción en función del interés o del sujeto llegan,

111

lógicamente, a una conclusión errónea. Admiten, por consiguiente, las mismas

críticas de las teorías en que se apoyan (De Castro, ob. oit., t. 1, pp. 94 y ss.).

c) Teorías negativas.

Afirman que el derecho es único y sostienen que “si el derecho se divide en dos

esferas, cada una con propios y distintos caracteres, formando dos sistemas

cerrados, la conclusión aunque en apariencia inesperada, es inevitable: sólo uno

de los dos sistemas deberá llamar- se Derecho, y el otro deberá separarse como

extra jurídico” (De Castro, ob. oit., t. 1, p. 96).

Desde el punto de vista de Hamaker, sólo es derecho el privado:

El derecho público será el mandato de la autoridad en forma de ley. Esta tesis,

según De Castro, tiene raíces kantianas (p. 96, nota 2).

Para Kelsen no cabe establecer diferencias ya que toda norma jurídica es estatal

y el sistema jurídico es un sistema unitario (Teoría general del Estado, p. 105 y

ss.).

De acuerdo con León Duguit el derecho es indivisible en cuanto todas sus normas

responden, como fin último, a la solidaridad social (cit. por De Castro, ob. cit., t. 1,

p. 97).

Estas teorías negativas llevan de la mano a una consideración complementaria. Si

se estima que la cohercibilidad es atributo específico de la norma jurídica, habrá

que determinar si esa nota característica se encuentra tanto en el derecho público

como en el privado. Puede suponerse que en las llamadas relaciones de

coordinación entre particulares y en las de subordinación que se establecen entre

aquellos y el Estado, la cohercibilidad será nota constante. Donde puede existir

alguna duda es en las relaciones en las que el Estado, actuando sin los atributos

de plena soberanía, pero siempre sujeto a un régimen de privilegio, constituye el

sujeto obligado en la relación jurídica. Sin embargo, si se piensa en el sistema de

la división de poderes y en una forma de control fundada en el establecimiento de

responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, se puede llegar a la

conclusión de que, sin el rigor que presenta en las otras relaciones, también en

éstas se da la característica de la cohercibilidad.

112

Las teorías negativas no pueden .ser criticadas en orden a errores internos, sino

en cuanto a que su idea del derecho resulta inaceptable —según expresa De

Castro— ya que no conciben que puedan existir, sin perder el atributo de la

juridicidad, dos órdenes distintos. En definitiva estas teorías responden a

planteamientos políticos que reaccionan contra las ideas individualistas de las

tesis dualistas, pero llevan implícito el peligro de poner el derecho al servicio del

poder (ob. cit., t. 1, p. 98).

3. EL DERECHO SOCIAL

Los más de los autores de derecho del trabajo, se inclinan por ubicar a éste dentro

del grupo de los derechos sociales. Según lo antes expuesto, tal postura implica

una tesis pluralista, que admitiría, en vez de la clásica distinción bipartita: derecho

público y derecho privado, una tercera categoría que estaría representada,

precisamente, por el derecho social.

El concepto de “derecho social” es, pese a su reiterada utilización doctrinal y del

lenguaje común, un concepto difícil. Ya Castutn Tobeñas ha señalado lo

convencional de la expresión “socialización del derecho” en función de que todo

derecho es social por excelencia (La socialización del derecho y su actual

panorámica, Madrid, 1965, p. 10) y recuerda la frase de Pascual Marín quien dice

que “hablar del fenómeno de la socialización del Derecho en sentido cualitativo

constituye una -.gran redundancia: el Derecho no se puede concebir más que

como fenómeno y ciencia eminentemente social. Lo que hoy se llama

socialización del Derecho solamente se puede entender en sentido meramente

cuantitativo, a causa de que el problema social era en otros tiempos infinitamente

menos acusado que en los nuestros” (Manual de Introducción a la ciencia del

Derecho, Barcelona.

113

El Derecho Público, aunado no sobre una abstracción, el Estado, sino sobre una

realidad viva, la sociedad, y, sobre todo, reformar el Derecho privado, basándolo

no en la noción del individuo aislado, sino en la del individuo unido a los demás

por lazos de solidaridad familiar, corporativa y humana” (pp. 10-11).

¿En qué consiste este derecho social? ¿Cuáles son sus características, sus

estructuras formales, sus destinatarios? Estas preguntas han sido contestadas por

muchos y muy ilustres autores. De todos ellos, sin embargo, preferimos referirnos

sólo a dos. El primero, Gustavo Radbmch, en virtud de que es universalmente

conocida su aportación para estas cuestiones. El segundo, José Campillo Sainz,

en razón de que su estudio sobre el derecho social, también excepcional, atiende

a la realidad mexicana. De ambos intentaremos presentar su pensamiento en una

apretada síntesis.

114

Tesis de Gustavo Radbruch. Para entender mejor la tesis de Radbruch sobre el

derecho social, es conveniente asomarse antes a su concepción sobre los fines

del derecho. (Véase, sobre ambos _temas, su Introducción a la Filosofía del

derecho, México, 1955, y especialmente los capítulos “La idea del derecho”, pp.

31-45 y “Algunos problemas actuales de Filosofía del derecho”, pp. 157-165. A

ellos nos referiremos en este inciso. El derecho, según Radbruch, se justifica en la

medida en que las normas que lo integran están destinadas a la realización de un

fin. Los fines del derecho son diversos: la justicia,. la seguridad jurídica y el bien

común. La norma es justa en la medida en que se dirige a una generalidad de

personas. Por el contrario, será injusta aquella norma que establezca excepciones

a una regla general En la medida en que la justicia se realiza en la generalidad de

la norma, de acuerdo con Radbruch, la justicia se convierte en un valor formal.

Sólo de manera excepcional, cuando se trata de reglas de procedimiento, la

norma es justa no sólo en su forma, sino también por su contenido.

El derecho, para poder servir al fin supremo de la convivencia social, requiere que

exista una situación de estabilidad, de certeza. En suma: saber a qué atenerse.

No puede funcionar el derecho en un mundo en que haya la permanente

posibilidad de cambio. De ahí que existan normas cuyo objeto sea, precisamente,

lograr la estabilidad. Si una persona debe, su deuda no existirá indefinidamente, a

capricho del acreedor. Si alguien tiene en su poder una cosa, o ejerce por

determinado tiempo un derecho, el simple transcurso del tiempo generará en su

favor un derecho definido. Cuando se agotan las diferentes instancias de un

proceso judicial, el último de los tribunales de alzada dictará una resolución que ya

no podrá ser modificada. Se trata de las figuras de la prescripción y de la cosa

juzgada que tienden a- satisfacer el fin de la seguridad jurídica.

¿Qué determina, entonces, el contenido de las normas jurídicas, la política

legislativa? Radbruch afirma que ese contenido se funda en uña idea moral: el

bien común. La moral, entonces, le presta al derecho sus preceptos y éstos

integran el contenido de la norma.

115

La orientación moral varía de acuerdo con las circunstancias de tiempo y de lugar.

La historia es generosa en ejemplos. Cada tesis moral tendrá, a su vez, un

exponente.

Hay una moral liberal o individualista, cuyo exponente será la persona. Hay,

además, una moral social, cuyo exponente será el grupo. Hay, por último, una

moral transpersonalista, cuyo exponente será la obra del hombre, la cultura.

La moral individual, al ser recogida por el derecho, provocará un sistema jurídico

de corte liberal, y. gr.: Francia, en 1804 y los códigos civiles mexicanos de 1870 y

1884.

La moral colectiva, a su vez, colocará en un lugar de privilegio al grupo, a la clase

social. Sus nÓrmas tenderán a la protección de las personas en su condición de

miembros de una determinada clase social. Radbruch pone como ejemplo al

derecho económico y al derecho del trabajo.

116

La moral que descansa en la obra cultural creará un derecho transpersonalista. Ni

el hombre, ni la clase social preocuparán al legislador. Su meta será la realización

de la idea, de la obra. Quizá hay pocos ejemplos de un sistema jurídico de esta

naturaleza. Sin embargo, podría ser un ejemplo claro el nacional socialismo de la

Alemania nazi. Allí sobre el hombre y el grupo predomina el interés de la raza aria.

Auschwitz, Dachau y Welsen, son los nombres trágicos que la historia asociará a

esa ideología.

El derecho social será, evidentemente, producto de una moral colectivizada.

Corresponde a un distinto tipo de hombre: “la imagen del hombre sujeto a vínculos

sociales, del hombre colectivo como base del Derecho Social” (p. 161).

“La idea central en que el Derecho social se inspira, dice Radbruch, no es la idea

de la igualdad de las personas, sino la de la nivelación de las desigualdades que

entre ellas existen, la igualdad deja de ser, así, punto de partida del Derecho, para

convertirse en aspiración del orden jurídico” (p. 162).

La economía no puede entregarse al libre juego de las fuerzas en pugna. “Detrás

de cada relación jurídica privada asoma un tercer

Interesado: la colectividad” (p. 162). Al mismo tiempo se produce una orientación

publicística del derecho privado, que consiste en la injerencia del derecho público

en relaciones reservadas, hasta ahora, al derecho privado, estos son: la

legislación protectora de los inquilinos, las que regulan la explotación de las

superficies habitables o los controles de precios (Sobre este tema puede

consultarse. El régimen democrático y el derecho civil moderno, de Georges

Ripert, Puebla, 1951 y especialmente el capítulo cuarto denominado “La lucha

contra los fuertes”, pp. 169 y ss. y nuestro trabajo. La decadencia del contrato,

México, 1965, y en particular el cap. VI de la primera parte intitulado “La

socialización del contrato”, pp. 101 y ss.).

El derecho subjetivo deja de ser el supremo reconocimiento del egoísmo, para

convertirse en un deber social. (En el mismo sentido, ver León Duguit, Las

transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoleón,

117

Madrid, sin fecha, pero publicado alrededor de 1912 y especialmente la primera

conferencia, El derecho subjetivo y la función social, pp. 17-38.) “La patria

potestad es concebida cada vez más como un poder educativo de carácter social”

(pp. 162-163). El cumplimiento de estos deberes se garantiza a través del empleo

intensivo de la coacción jurídica y “con medidas como las de la socialización, la

expropiación forzosa y la asistencia social educativa” (p. 163).

Respecto del derecho del trabajo, exponente principal del derecho social, señala

Radbruch, en frases que no resistimos la tentación de reproducir, lo siguiente:

“El Derecho del trabajo surgió al adquirir significación jurídica ciertos hechos que

hasta entonces sólo habrían tenido un carácter psicológico. En éste como en

tantos otros casos, fue también “la naturaleza de las cosas” lo que determinó la

nueva forma jurídica.”

“Detrás del concepto abstracto de la igualdad de la persona, fueron dibujándose

en el Derecho del Trabajo las figuras concretas del patrono y el trabajador, del

obrero y el empleado, con sus rasgos sociales específicos, es decir, como sujetos

ya socializados en sus sindicatos y asociaciones patronales, en sus industrias en

sus equipos.”

“Detrás de los contratos individuales entre patronos y obreros, fue apareciendo,

como base de ellos y con fisonomía jurídica propia, el contrato colectivo de

trabajo, concertado entre el sindicato de una parte, y de otra la entidad

representativa de los intereses patronales. El contrato colectivo va convirtiéndose,

poco a poco, en pauta de los contratos individuales.”

Según el Derecho individualista, la empresa era, simplemente, una suma de

contratos individuales concertados entre el empresario o patrono y una serie de

obreros desligados entre sí y que se entendían uno a uno con aquél. En el

derecho del trabajo, por el contrario, la empresa y el conjunto de los obreros se

enfrentan como entidades colectivas, reconocidas como tales por el Derecho, por

ejemplo bajo la forma de delegados patronales y obreros.”

118

“Otro rasgo característico del Derecho del Trabajo es, por ultimo, la nueva forma

de participación de elementos profanos en la administración de justicia” (pp. 163-

164).

Para terminar Radbruch puntualiza que el campo del derecho social se delimita,

sin embargo, con determinados derechos, “que aparecen a la cabeza de todos los

que se refieren a la colectividad: los derechos humanos cuya esencia se cifra

precisamente en garantizar la libertad exterior del hombre haciendo posible con

ello la libertad interior de su conducta moral” (pp. 164-165). Entre ellos se

encuentra el derecho de propiedad, reconocido inclusive en los países socialistas,

donde sólo se prohíbe la propiedad capitalista de los medios de producción.

Tesis de José Campillo Sainz. La expone el maestro mexicano en su trabajo Los

derechos sociales (“Revista de la Facultad de Derecho”, t. 1, 1-2, enero-junio,

1951, pp. 189-213). Constituye, como ya dijimos antes, un trabajo de excepcional

valor.

Los derechos sociales, señala Campillo, constituyen “un conjunto de exigencias

que la persona puede hacer valer ante la sociedad, para que ésta le proporcione

los medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines, y le

asegure un mínimo de bienestar que le permita conducir una existencia decorosa

y digna de su calidad de hombre” (p. 189). No se trata de una categoría cerrada,

que excluya al concepto de derecho individual, ya que ambos se complementan

mutuamente. “Los dos tienen al hombre como común destinatario, aunque cada

uno de ellos lo contemple desde un ángulo diverso en sus relaciones con la

sociedad” (p. 189).

“El contenido y la significación de los derechos sociales estarán condicionados, en

gran parte, por la dogmática que inspire a los distintos tipos de regímenes

políticos” (p. 198). Por ello habrá un diferente régimen de derechos sociales en los

sistemas totalitarios que en los que sigan una tendencia democrática. En éstos,

los derechos sociales tendrían las siguientes características:

a) Los derechos sociales se erigen como derechos fundamentales y ello se

manifiesta en la idea de que “la sociedad debe poner sus recursos y su actividad

119

al servicio de las personas y éstas tienen derecho a exigir que la colectividad les

asista en caso de necesidad; les proporcione un nivel de vida adecuado y ponga a

su disposición los medios necesarios para alcanzar sus fines” (p. 199). A su vez,

la aparición de los derechos sociales va aparejada al nacimiento de los conceptos

de “función social”, “deber de trabajar”, etc.

b) En los derechos sociales se produce una interpenetración entre las esferas

pública y privada, en un doble sentido. “Primero, de arriba a abajo, mediante la

intervención del Estado en la actividad de los particulares y, segundo, en forma

ascendente a través de la inserción dentro de la organización política de los

grupos sociales” (p. 200). En todo caso la intervención del Estado no podrá llegar

nunca “al extremo de eliminar el ejercicio de las libertades o de aniquilar el

impulso creador de la iniciativa privada” (p. 201).

e) Los derechos sociales serán irrenunciables y las normas que ellos se refieren

tendrán el carácter imperativo y de orden público. De ello deriva una limitación de

la autonomía de la voluntad “que ha trascendido también al ámbito del Derecho

Común” (p. 201).

d) Los derechos sociales tienden a “ser derechos particularizados o especiales

que otorgan un tratamiento diferencia1 en atención a la categoría económico-

social de los individuos a los cuales se aplican” (p. 202), aun cuando no podrán

ser “una maraña inconexa de disposiciones privatísticas que vendrían a romper

los principios de abstracción y generalidad de la ley” (p. 203). Esta especialización

de los derechos sociales deriva de que el “derecho no puede desconocer que, por

encima de la identidad esencial entre los humanos, existen diferencias

accidentales que una correcta ordenación de la sociedad debe tener en cuenta. El

orden jurídico —señala Campillo— no es un puro sistema matemático al que sea

lícito trabajar sobre abstracciones y seres ideales. Está llamado a regir la realidad

y nada más lógico que establezca reglas diversas según la diversidad de las

situaciones sobre las cuales ellas vayan a operr” (p. 203).

En cuanto a su contenido, Campillo, siguiendo a Paolo Biscaretti cli Ruffia, señala

que se desarrolla particularmente en tres sectores esenciales: la educación, la

asistencia y la economía.

120

La educación constituye uno de los primeros derechos de prestación reconocidos

por el Estado moderno. Este derecho se ha ampliado desde los grados posteriores

a la educación primaria para alcanzar la formación profesional y técnica.

La asistencia social, a su vez, evoluciona en nuestros días hacia la seguridad

social e, inclusive, excede ya del campo del derecho del trabajo e intenta abarcar

a todo el económicamente débil o aún a toda la población.

121

El derecho económico se manifiesta mediante el establecimiento de un orden que

regule las relaciones entre los hombres conforme a lçs dictados de la justicia

social. Su forma más representativa es el derecho individual del trabajo con sus

postulados básicos “dignidad del trabajo humano al que no puede considerarse

como una mercancía o artículo de comercio; limitación de jornadas y

establecimiento de descansos y vacaciones; pago de una retribución adecuada y

normas protectoras del salario; disposiciones sobre higiene y seguridad;

protección a la estabilidad en el empleo; principio de que para un trabajo igual

debe corresponder salario igual; normas protectoras para el trabajo de mujeres y

niños, etc. . .“ (pp. 208-207). En otro orden, el derecho económico se manifestará

otorgando a los hombres la posesión y el dominio de bienes materiales,

“procurando y alentando el acceso de mayor número a los beneficios de la

propiedad privada. Podrá presentarse de manera distinta, según que el Estado

siga una política planificada o intervenida, o de aliento a la iniciativa y la propiedad

privadas. Para Campillo “la política puede y debe regular la economía; pero sólo

para encauzarla al mejor logro del bien común y es seguro que éste padecerá

cuando no se respeten las funciones que por naturaleza corresponden

específicamente a cada uno de los miembros que integran el cuerpo social” (p.

207).

Los derechos sociales también se manifiestan en el derecho de asociación,

otorgado en favor de quienes pertenecen a determinada categoría social y no se

dan sólo frente al Estado, sino también como un derecho de una clase frente a la

otra. Este derecho de asociación, sostiene Campillo, es sólo un instrumento

puesto al servicio de las personas individualmente determinadas. (En contra de

este punto de vista, véase de Humberto Ricord. La cláusula de exclusión en sus

relaciones con el derecho de sindicalización y la libertad de afiliación sindical,

México, 1970, pp. 79 y ss. Compartimos la opinión del maestro panameño, en el

sentido de que el derecho de sindicalización es de carácter colectivo y tiene, como

fin último, el fortalecimiento del sindicato, por que quien, en caso de conflicto de

intereses, habrá de prevalecer el del grupo sobre el individual). El último Campillo,

122

para dibujar mejor los perfiles de los derechos sociales, destaca, como notas que

los distinguen de los individuales o políticos, las siguientes: a) Los derechos

individuales y los derechos políticos están estructurados, esencialmente, en torno

a la idea de libertad. Los derechos sociales intentan realizar, preferentemente, la

justicia social.

123

b) Los derechos individuales y políticos pertenecen a todo hombre por el hecho de

serlo; los sociales se otorgan por la pertenencia a una determinada categoría

social, independientemente de la ciudadanía.

c) Los derechos individuales son derechos absolutos, erga omnes. Los derechos

sociales son derechos relativos, con sujeto pasivo determinado, que puede ser el

Estado, el empresario u otra persona privada.

d) Los derechos individuales o de libertad constituyen, prevalentemente, un deber

de no intervención a cargo del Estado, en la esfera de la autonomía del individuo.

Los derechos sociales exigen, en cambio, una con4ucta activa por parte del

Estado, bien mediante el otorgamiento de determinadas prestaciones o bien

mediante la intervención estatal para regular y disciplinar la conducta de los

particulares.

e) Los derechos individuales, por regla general, están previstos en normas

reglamentarias, mientras que, también por regla general, los derechos sociales

están expresados en normas constitucionales “que las leyes ordinarias o las

restantes fuentes del derecho sólo pueden mejorar; pero nunca disminuir en

perjuicio de los sujetos a cuya protección están dirigidos” (p. 212).

Estas diferencias no implican, insiste Campillo, que ambos derechos no puedan

coexistir y armonizarse “para realizar una síntesis que asegure al hombre el pleno

desenvolvimiento de su personalidad en las más amplias condiciones de dignidad

y libertad” (p. 212).

4. LAS NUEVAS CORRIENTES

No puede dejarse a un lado, en esta investigación sobre la naturaleza jurídica del

derecho del trabajo, el problema de sus nuevas tendencias, tan coincidentes con

el pensamiento liberal que provocó, precisamente, el nacimiento de la disciplina

como una reacción frente a la explotación.

Hay un hecho evidente que se desprende de la crisis de los últimos años (a partir

de 1973): la idea del Estado de bienestar, que fue la fórmula rooseveltiana para

124

salir de la crisis iniciada en 1929, apoyada en las ideas de Keynes en el orden

económico, con la intervención decisiva del Estado y en las de Beveridge alguilos

años después, para instituir un nuevo modelo de seguros sociales, hoy se

considera incompatible con el desarrollo.

Por otra parte, los acontecimientos políticos que han derrumbado a lo que fue

llamado “socialismo real”, nacido de las ocupaciones soviéticas al término de la

segunda guerra mundial y la crisis interna, de enorme magnitud, de la propia

URSS, y hoy de la Unión de Estados Independientes si bien han acabado con la

guerra fría, también han dado pie para que los Estados Unidos de Norteamérica

desaten una política agresiva, más imperialista que nunca, que en el orden interno

se apoya en la congelación de cualquier precio social. La Unión Europea juega en

una linea semejante, haciendo mucho más conservadoras las reglas laborales,

con flexibilización y movilidades funcionales antes inconcebibles y derechos

colectivos supeditados a decisiones de arriba que persiguen, sólo, luchar contra la

inflación, no importando el precio social. La huelga pierde fuerza frente a la

necesidad de atender los servicios esenciales a la comunidad (art. 28-2 de la

Constitución española de 1978) y los sindicatos se debilitan en su defensa

desesperada del empleo.

Otra consecuencia complementaria es que el Estado ha decidido declinar su

presencia, antes definitiva, en la economía. El denominado “adelgazamiento de

Estado” es, en rigor, desde el punto de vista laboral, el abandono do un deber

social de crear y mantener empleo, a veces, es cierto, en base a una peligrosa

politica. de subsidios o de precios políticos para ensalzar a las organizaciones

sindicales fieles al sistema. Ante ello, la creación de empleo queda sólo a cargo

del empresario privado quien, como es natural, fija sus reglas de juego,

evidentemente intentando restar avances o provocando retrocesos en la vieja

línea social.

La falta de empleo y, sobre todo, el resultado de una política restrictiva de los

salarios, han conducido a éstos a una disminución insistente, incompatible con las

necesidades familiares. El empresario ha logrado un éxito absoluto al hacer polvo

125

los salarios pero le ocurre como a aquél hombre ahorrativo que enseñó a su

caballo a no comer y cuando estaba absolutamente preparado, se murió de

hambre. Hoy los empresarios sufren y se acongojan para vender y no hay

compradores, por la misma razón que buscan trabajadores y no los encuentran.

La respuesta, en el otro lado de las relaciones sociales, ha sido la economía

informal que podría ocupar en México, en estos momentos, al cincuenta por ciento

de la población económicamente activa. Pero esa economía supone, a su vez, la

falta de ‘contribución fiscal de un enorme grupo y la consecuente falta de

incorporación a la seguridad social, lo que implica restricciones presupuestales

importantes y el nacimiento de una política de “solidaridad”, peleada con la justicia

social y emparentada con la vieja “gracia” de los señores de otros tiempos, sin

olvidar, al menos en México, su clara intención política de compra de votos.

Pero el hecho evidente es que los que trabajan como asalariados, ven cada día

más mermados sus derechos laborales. Los informales no tienen derecho laboral

ni seguridad social. El mundo rechaza las viejas ideas socialistas que tanto

preocuparon a los firmantes del Tratado de Versalles en 1919, dando origen a la

legislación social mundial. Eso significa simplemente que las razones que dieron

origen al derecho del trabajo, hoy ya no existen o no se presentan en la misma

medida.

Si las reglas de juego pierden, por ello, su línea social, es evidente que lo que

quede, por más que siguiendo una línea de conveniencia y una cierta’ tradición se

le llame derecho del trabajo, en realidad no será otra cosa que el regreso a las

viejas formas civiles de regular el trabajo, teniendo como objetivo principal a la

productividad y no al trabajador.

Y ese producto híbrido, quizá adornado con algunas muestras elementales de ios

derechos sociales, será cualquier cosa menos derecho del trabajo.

126

5. LA UBICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO

En términos generales y haciendo un poco abstracción de lo dicho en el inciso

precedente, parecería factible afirmar que el derecho del trabajo pertenece a ese

tercer género que hemos caracterizado siguiendo a Radbrueh y a Campillo. Sin

embargo, tal afirmación, que es válida en términos generales, no lo es si se intenta

obtener un resultado científico. A ese propósito cabría hacer algunas

observaciones.

Desde un punto de vista histórico, las disposiciones reguladoras del contrato de

trabajo, han pertenecido, en una primera etapa, al derecho civil. Así ocurrió en

Francia, en el Código Napoleón, según expusimos antes. En México se produjo un

fenómenos semejante aun cuando sea justo aclarar que la legislación civil

mexicana fue mucho más generosa con los trabajadores que su antecedente

francés (pueden verse, en el CC de 1870 para el Distrito y Territorios Federales,

los capítulos 1 y II del Título Décimo Tercero, del Libro III, relativos al servicio

doméstico, arts. 2551 al 2576 y al servicio por jornal, arts. 2577 al 2587 y del

Código de 1884 sus correlativos, en Libro, Título y capítulos, que corresponden a

los arts. 2434 al 2457 y 2458 al 2468). Esta inclusión en el CC, y la naturaleza

misma de las relaciones reguladas, otorgaron entonces al derecho laboral, el

carácter de derecho privado, ya que se trataba de un derecho individualista,

regulador de relaciones entre particulares, que intentaba realizar la justicia

conmutativa. Aún vigente la ley de 1931, el derecho laboral no perdió total-

mente sus vinculaciones con el derecho privado, al grado de que señala De la

Cueva— reprodujo muchas de sus normas y fórmulas, insistió en la naturaleza

contractual del pacto creador de la relación de trabajo y declaró al derecho común

como un derecho supletorio (De la Cueva, El Nuevo Derecho. . ., p. 80). Aun

ahora, pese a que De la Cueva afirma que la ley de 1970 implica una idea nueva

127

del derecho del trabajo, existen normas reguladoras de relaciones laborales que

tienen un cierto aire privatístico lo que en el fondo no es malo por sí mismo— y, en

todo caso, se conservan expresiones que tienen obvias raíces en una terminología

propia del derecho privado, y. gr.: las de contrato individual y con- trato colectivo

de trabajo. Desde el punto de vista de las relaciones o de las instituciones

reguladas por el derecho del trabajo y estamos pensando en las tesis de Donati,

de De Buen y Fraga, no cabe duda de que, sin negar el predominio de la

tendencia social, la estructura actual presenta normas de derecho privado y de

derecho público. A título de ejemplo podemos mencionar algunos contratos

individuales de trabajo, en los que predominaría una justicia conmutativa, y. gr.: el

de los altos empleados, deportistas, ciertos artistas, etc., que en más de una

ocasión permiten al trabajador imponer condiciones al empleador. A su vez, las

normas reguladoras de las autoridades de trabajo son de derecho público, en

cuanto se refieren a la organización misma del Estado. De todo ello se llega a una

conclusión. No es posible ubicar a ninguna disciplina de las que integran la

Enciclopedia jurídica y en forma especial al derecho del trabajo en sólo una

determinada rama del derecho. Es preciso recoger la tesis que, intentando

satisfacer un rigor científico, prefiere determinar, institucionalmente, la naturaleza

jurídica y no en grupo. Inclusive, el mismo De Buen así lo admite puede haber

relaciones integradoras de una institución, que no correspondan a la tendencia

general de ésta. En realidad podríamos alcanzar, de todas maneras, una

conclusión. Pese a sus escollos termino biológicos y a la circunstancia de que, en

razón de su hoy detenida expansión, el derecho laboral regula relaciones entre

trabajadores y empleadores en las que, no obstante ser de orden individual, no se

produce diferencia entre las partes, fundamentalmente en el orden sustantivo, de

derecho laboral encaja en los lineamientos del derecho social. La mayor parte de

sus instituciones responden a la idea del derecho social e intentan lograr la justicia

social. Claro está que lo que podríamos llamar derecho administrativo laboral, de

recientísima formación y el derecho procesal del trabajo exigirán tina particular

definición de su naturaleza jurídica.

128

INDICE

CAPITULO 1.-EL CONCEPTO DEL DERECHO DEL TRABAJO………… 1-16

1. El trabajo como objeto del derecho laboral.

2. La idea del trabajo en la historia.

3. El trabajo como base de relaciones sociales.

4. El trabajo y la economía.

5. El trabajo como objeto de regulación

Jurídica.

CAPITULO II.- DENOMINACIÓN…………………………………………… 17-32

1. El problema de la denominación.

2. Legislación o derecho.

3. Legislación industrial.

4. Derecho obrero.

5. Derecho del trabajo.

6. Derecho laboral.

7. Derecho social.

8. Otras denominaciones.

9. Consideración final.

CAPITULO III.- LA ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DEL DERECHO DEL

TRABAJO……………………………………………………………………..33-51

1. Consideraciones generales.

2. El plan dogmático y el plan exegético.

3. El programa básico de Derecho del Trabajo 1 y 11 en la

129

Escuela Nacional de Estudios Profesionales “Acatián” (Universidad

Nacional Autónoma de México).

4. El plan de la Ley de 1931.

5.El plan de la Ley de 1970.

6. El plan de exposición en la doctrina mexicana.

7. Nuestro plan de exportación.

CAPITULO IV.- LAS CARACTERISTICAS DEL DERECHO DEL

TRABAJO.....................................................................................52-78

1. Generalidades.

2. El derecho del trabajo es un derecho de la clase trabajadora.

3. El derecho del trabajo como un derecho protector de la clase trabajadora.

4. El derecho del trabajo como un derecho en expansión.

5. El derecho del trabajo coma mínimo de garantías sociales para los trabajadores.

6. El derecho del trabajo: Derecho irrenunciable e imperativo.

7. La teoría de que el derecho del trabajo es derecho reivindicatorio del

proletariado.

8. El derecho del trabajo como un instrumento de coordinación y conjugación de

los intereses que se dan en las empresas, consideradas como unidades

económico-sociales.

9. Sin embargo...

10. A manera de conclusión.

CAPITULO V.- LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO

MEXICANO DEL TRABAJO…………………………………………….79-102

1. El juego de los principios generales del derecho del trabajo.

2. El equilibrio en las relaciones entre patrones y trabajadores, como fin de las

normas de trabajo.

3.El concepto de justicia social.

130

4. El trabajo como derecho y deber sociales.

5. La libertad, la igualdad, la dignidad y la salud de los trabajadores como fines del

derecho laboral.

CAPITULO VI.- LA NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO…103-128

1. Planteamiento del problema.

2. La relación entre derecha público y derecho privado.

3. El derecho social.

4. Las nuevas corrientes.

5. La ubicación del derecho del trabajo.

131