2- federalismo educativo

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CD. MADERO, TAM. – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ASIGNATURA: BASES JURÍDICAS Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO

ASESOR: MAESTRO JOSÉ GUADALUPE PADRÓN MELÉNDEZ

ALUMNO: ABEL SANTIAGO MARTÍNEZ

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2007

ENSAYO: FEDERALISMO EDUCATIVO

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FFEEDDEERRAALLIISSMMOO EEDDUUCCAATTIIVVOO EENN MMÉÉXXIICCOO

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Es sabido que la administración pública tiene diversas tareas y compromisos que la colocan

ante responsabilidades sociales y que superan el simple ámbito de las tareas recurrentes

que cotidianamente desempeña. Unas veces de manera expresa, otras de manera implícita,

esta tiene que prestar precisamente el servicio especializado en la administración de los

bienes públicos, de los bienes que deben servir para el beneficio de la sociedad en su

conjunto y hacerlo de la mejor manera.

Este trabajo tiene como finalidad analizar el Federalismo educativo en México, para ello se

abordan brevemente algunos tópicos inherentes que tienen que ver con antecedentes

históricos y época actual. Las condiciones de instauración del régimen político, el contexto

que obligó a adoptar un federalismo mal entendido en la letra y un centralismo en los hechos,

y que durante todo el periodo de vida independiente ha resultado en un sistema de toma de

decisiones públicas generalmente alejado del sentir y vivir de los ciudadanos.

Obviamente se analiza el tema educativo, muestra el desgaste propio de un monstruo

sociopolítico en el que los receptores del servicio escasamente pueden influir en su

administración, en su supervisión, en su desempeño, dada la gran madeja de intereses en

juego. Especialmente del ámbito educativo se señala el esfuerzo que, al parecer con cierta

seriedad, inició el gobierno de la república a través del Acuerdo Nacional para la

Federalización Educativa de 1992, y los detalles de su aplicación que a la fecha no ha

aterrizado en los municipios, los que siguen siendo ajenos al desempeño de la escuela

pública, así como a los criterios de asignación de maestros, de construcción escolar, o de

las necesidades de cobertura, entre otros.

El federalismo que coincide con las vías democráticas, tiene que culminar, para ser efectivo,

en un municipalismo de hechos, en un municipalismo de carne y hueso, de facultades y de

dineros, de eficacia gubernamental y de honestidad política tal que redunde en una






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generación de confianza social, básica para emprender los retos de una modernización

integral del hábitat humano por excelencia, la comunidad y el municipio mexicanos.

O sea, que el federalismo auténtico de México, o la aplicación del nuevo federalismo que

propuso el Presidente Zedillo desde su primer año de gobierno, debería de concluir en la

redistribución del poder, concretada en la ampliación de facultades legales cuando sea

menester a los estados y municipios, de la dotación de recursos económicos, materiales, de

la asesoría profesional para la elaboración de planes estratégicos de desarrollo a nivel

regional o municipales, y la formación de una cultura donde la responsabilidad la asuman

todos y cada uno de lo mexicanos y se revierta el lastre de todo esperarlo del gobierno y de

cuanto no se logra culpar a este monstruo del imaginario político que tenemos los

mexicanos.






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DDEESSAARRRROOLLLLOO

La educación es una actividad eminentemente social que ha permitido preservar la cultura,

asimilar y desarrollar la ciencia, ampliar el estado de las artes, afianzar la libertad y socializar

al individuo. México, con su rezago económico manifiesta la escasez de recursos humanos

calificados y el bajo desarrollo cultural de nuestros pueblos, obliga a regresar al pasado para

encontrar en los orígenes un sentido de utilidad social a la educación. Esto debiese permitir

reintegrarle su función como instrumento de movilidad social en favor del bienestar de la

amplia mayoría de los mexicanos. Esto afecta negativamente el proceso educativo,

propiciando que disminuya en gran medida la capacidad de los educadores en cada nivel de

enseñanza para transmitir conocimientos; asimismo, ha propiciado que funcionarios sin

escrúpulos y mucho menos vocación de servicio ocupen posiciones directivas y que aún

exista un alto índice de población analfabeta.

El establecimiento de un sistema educativo público en México se remonta hasta mediados

del siglo XIX, cuando las tendencias liberales de la época de la Reforma se impusieron en la

Constitución de 1857, la cual asignó la responsabilidad de la educación, sobretodo al nivel

elemental a los estados que formaban la Federación. En el contexto revolucionario,

Venustiano Carranza impulsó desde 1915 la municipalización de varios aspectos de la

actividad pública, incluyendo la educación, lo que quedó plasmado en la Constitución de

1917 con consecuencias negativas inmediatas para las escuelas, cuya operación regular no

podían asegurar los municipios, que en una amplia mayoría no contaba con recursos

suficientes.

No fue sino hasta Vasconcelos que los esfuerzos por establecer y encadenar

coherentemente entre sí una visión del mundo y del hombre, un conjunto de valores, una

teoría del conocimiento y una teoría educativa empezaron a estar muy cerca de formar una

verdadera filosofía educativa lógicamente organizada. La iniciativa de transferir la

responsabilidad de la educación al nivel federal recibió el apoyo entusiasta del magisterio, lo

que llevó a la creación de la SEP en 1921. Varios estados de la República firmaron

convenios con el gobierno federal, según los cuales cada entidad mantenía el control del






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sistema educativo preexistente y seguía asegurando su sostenimiento, en tanto que la SEP

debería de asumir la responsabilidad de ampliar el sistema educativo en las áreas

previamente no atendidas. De esta forma surgieron los sistemas educativos duales

(estatales-federales) en casi veinte entidades del país.

El proceso se interrumpió durante la década de 1925 a 1935, y se reanudó al final del

sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, pero con una concepción centralista más marcada,

que hizo que las entidades que firmaron convenios con la Federación respecto a sus

sistemas educativos lo hicieran en términos diferentes, cediendo a la SEP tanto el control de

los elementos preexistentes, como la responsabilidad de las futuras ampliaciones de los

servicios educativos. Así surgieron los sistemas casi exclusivamente federales de las

entidades federativas mexicanas restantes.

Por más de tres décadas, de 1940 a principios de los años setenta, el sistema educativo

nacional funcionó con un enorme subsistema federa en las 32 estados de la República, y una

veintena de subsistemas estatales, obligados también a seguir los planes y programas

establecidos por la SEP, desde que las modificaciones a la Constitución hechas en el

sexenio cardenista confirieron al Congreso de la Unión la facultad de decidir sobre la

educación, por encima de los estados de la Federación.

Esto permite valorar tanto el tamaño del reto federalista adoptado desde el siglo XIX como

los esfuerzos sociales que todavía se necesitan para cumplir con el elevado costo de un error

histórico que desde el primer momento chocó con la realidad de entonces y la realidad

actual. Para adecuarnos al modelo federal, todavía es preciso seguir modificando la realidad

de nuestra vida política, y esto es necesario para la democratización en amplias zonas del

ámbito sociopolítico del país. Un ámbito legal federalista y una práctica política centralista,

este es el resultado de nuestra evolución política en la que los imperativos de la realidad se

impusieron a los imperativos del deseo, del suelo, del ideal despegado del terreno político.






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La centralización de la escuela pública que posteriormente se dio y con la que vivimos, es

una expresión nítida de la fuerza con la que la perversión federalista se ha venido

imponiendo en todo el país.

Con todo, la historia de la escuela pública en el tiempo que siguió a la creación de la

Secretaría, tuvo el enorme mérito de haber actuado con lealtad al concepto federalista,

porque un número muy grande de nuevos docentes fueron distribuidos en la mayoría de los

municipios del país para enseñar lo más elemental: leer, escribir, operaciones aritméticas

básicas e historia, con el fin de combatir la ignorancia que habían dado lugar, entre otras, a la

guerra cristera. Es el periodo glorioso de la escuela pública mexicana, la escuela rural

mexicana que, todavía hoy, se enarbola como una época de enorme legitimación política

para el estado mexicano. Este es, a la vez, el periodo en el que el estado ha estado más

próximo a una muestra de auténtico federalismo.

De esta forma podemos conceptualizar al Federalismo como un sistema político y de

gobierno basado en el reparto del poder y las competencias entre una entidad estatal central

y otras que voluntariamente se subordinan a este, guardándose márgenes variables de

actuación. Se aplica también el concepto de federalismo al sistema en el que varios estados

que, rigiéndose cada uno por leyes propias, están sujetos en ciertos casos a las decisiones

de un gobierno central. 1

Por lo tanto, el federalismo surge propiamente de la unión de entidades con el objeto de

conformar una república representativa, democrática, federal y soberana, enfatizando

siempre que esta, la soberanía reside originalmente en el pueblo.

En México se viene dando desde principios de los años noventa una renovada polémica

acerca del tema federalista. Así es como se ha acuñado el concepto de “nuevo federalismo”,

el cual pretendería una redistribución de recursos, facultades y atribuciones a favor de las

1 Bobbio, N. Diccionario de Política, Siglo XXI, México, 1981






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entidades federativas, y tendiente a una paulatina descentralización de la toma de

decisiones.

El nuevo federalismo, como parte del discurso del expresidente Zedillo pretendería crear

mayores espacios de participación política en los estados, donde el conjunto de

comunidades contribuya más a la búsqueda y aplicación de soluciones eficaces a los

problemas de la propia entidad y de sus comunidades, teniendo como propósito fundamental

que tanto los estados como los municipios cuenten con atribuciones más amplias para poder

llevar a cabo los programas prioritarios de desarrollo y, como consecuencia, exista una mejor

distribución de recursos entre los entes gubernamentales.

Como notamos, el federalismo no es nuevo en México, desde el inicio de la vida

independiente de México los mexicanos comenzaron a plantear la necesidad de encontrar un

modelo de gobierno que permitiera dotar de autonomía y capacidad de decisión a las

entidades componentes del nuevo país para su régimen interno. El federalismo fue la

respuesta, pero su implantación habría de costar grandes sacrificios.

Con todo y su implantación en los textos constitucionales sucesivos, en la realidad lo que se

dio fue un modelo de relaciones institucionales centralizado, que desde su origen se dio a la

tarea de dotar de facultades administrativas, financieras, jurídicas, políticas, económicas y

militares al gobierno federal en detrimento de las entidades.

El federalismo, la forma de organización política federal, es la que constitucionalmente

impera para la nación mexicana. Así pues, real o sólo formal, el hecho es que las decisiones

públicas se toman bajo una figura jurídico-política que las legitima y da sentido y que es

precisamente la del federalismo.

Ahora bien, una vez contextualizado al Federalismo, veamos como se encuentra el

federalismo educativo; por cierto, su importancia radica básicamente en que es el sector que

llega de manera directa a un mayor número de gente y en los que es más palpable el

contacto entre los gobernados y el gobierno. La mayor parte de la sociedad, por medio de las






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escuelas públicas mantiene un contacto frecuente con la autoridad. No exagero al afirmar

que a través de los servicios educativos, gran cantidad de familias establecen quizás el único

lazo posible que llegan a tener con las autoridades durante toda su vida.

La importancia de este sector de gobierno no pasa por un asunto menor, como se mencionó,

desde 1824 se estableció constitucionalmente que es facultad exclusiva del estado promover

la ilustración, siempre y cuando no se perjudique la libertad que tienen las legislaturas para el

arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.

En el año de 1973, conscientes ya de la errática conducción de la escuela pública, los

gobiernos federales iniciaron un proceso de revertimiento de la centralización educativa. Un

proceso gradual de desconcentración se habría puesto en marcha con la creación de cuatro

unidades de servicios descentralizados que cumplían funciones de administración de

personal, adquisición y distribución de materiales y procesos de información.

Así mismo, las dimensiones y complejidad del sistema educativo nacional hicieron que se

planteara la cuestión de su descentralización. Primero a través de medidas prácticas para

que trámites administrativos, que previamente sólo podían hacerse en la capital del país, en

lo sucesivo pudieran efectuarse en varios lugares, y luego, en marzo de 1978, con la

creación en cada estado de una delegación de la SEP, que se transformó después en

Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar –USED-, el proceso avanzó en varias

etapas de desconcentración.

Al comenzar el sexenio 82-88, el expresidente Miguel de la Madrid anunció que uno de los

ejes de su gestión sería justamente la descentralización de la vida nacional, y ofreció en

particular transferir a los Estados el manejo de sus sistemas educativos, asegurando que ello

sucedería sin afectar los intereses del SNTE. Sin embargo, el sexenio terminó sin que el

ofrecimiento se cumpliera.

A mediados del sexenio 88-94, cuando se temía que pasaría una administración más sin

avances significativos en cuanto a descentralización, se firmó el Acuerdo Nacional para la






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Modernización de la Educación Básica (ANMEB), entre el gobierno federal, los 31 estados de

la República y el SNTE, el 18 de mayo de 1992. Precedentes políticos necesarios para

promulgar la Ley General de Educación (LGE) el 9 de julio de 1993.

Sobre esto me pregunto, ¿qué es lo que incorporó la nueva Ley General de Educación de

1993 que hace aparecer al estado mexicano como consciente del error de interpretación en

la adopción del federalismo?

La Ley General de Educación de 1993 contiene una reforma del artículo tercero

constitucional producto del Acuerdo del 92, en el que se legisla la facultad de la federación

para de determinar los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria

y normal para toda la República Mexicana , aunque preescribe que, al hacerlo, considerará la

opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales

involucrados en la educación; lo que ya es decir algo, porque el derecho a opinar

específicamente sobre la materia, derecho que al ir acompañado de la fuerza legal para ser

escuchados los gobiernos estatales, abre la posibilidad de intervención en los criterios de

asignación de prioridades, recursos y programas de desarrollo educacional.

Por otro lado, la ley de marras procede a redefinir las facultades en materia educativa

exclusivas de la federación (art. 12 y otros), las exclusivas de los estados (art. 13 y otros), y

las concurrentes de la federación y los estados (art.14), capital de intervención local que se

había perdido en las leyes reglamentarias precedentes.

Ciertamente de ubicarnos en una postura de mayor exigencia, estas modificaciones legales

no implican una entrada plena en el federalismo educativo, apuntan hacia allá pero no llegan

aún a la meta. De hecho hay que percatarse que la desconcentración en el ámbito educativo,

llamada para este caso “federalización”, se detiene en cuanto que transfiere a los estados,

hasta la fecha, funciones operativas y de administración y control político y de recursos

materiales mínimos, pero los limita en cuanto a normatividad, dirección, planeación o

vigilancia.






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De tal forma que si nos remitimos a la Ley General de Educación en su artículo 26, dice que

los gobiernos estatales “proveerán lo conducente para que cada ayuntamiento reciba

recursos para el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo”, sin embargo, vemos que

el federalismo descentralizador cojea aún de manera que es preciso corregir llamando la

atención acerca de que como el federalismo tendría que concluir en el municipalismo para

recuperar toda la fuerza de una nación a favor de los más elevados propósitos de desarrollo

de la nación. La meta final del impulso del nuevo federalismo, es el municipio, la lucha, es el

municipalismo.

La eficiencia administrativa no es ajena a la eficiencia en el contacto humano personalizado y

responsable. El municipalismo es la vía del auténtico movimiento democrático para, otra vez,

federalizar a la federación.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN

Complejo tema, para los neófitos algo complicado, sin embargo por el interés de conocer

acerca de la política educativa de nuestro México, bien vale la pena. Sin desconocer los

avances de la descentralización educativa en las últimas décadas, parece claro también que

falta mucho por hacer. En este sentido es importante subrayar dos ideas:

1) Además de los niveles federal y estatal, los sistemas educativos tienen, por lo menos,

otros dos: el nivel municipal (que podría hacerse coincidir con el nivel de la zona escolar) y el

de la escuela individual. Importa mucho entender que hay decisiones que resulta apropiado

tomar en uno u otro de esos niveles, y que en los sistemas educativos la cantidad e

importancia de las cosas que sólo pueden manejarse adecuadamente en el nivel inferior, el

de la escuela individual, es muy grande, por lo que cualquier sistema debe tener en cuenta la

necesidad de que las escuelas desarrollen la capacidad de manejarse en buena parte como

sistemas autónomos, al tiempo que todos los demás niveles de la pirámide (desde la zona

escolar y el municipio hasta la Federación, pasando por el nivel estatal) se organicen para

brindar un apoyo que permita que cada escuela funcione bien.






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2) Derivada de la anterior, que subraya que, para ser adecuado, un proceso de

descentralización tiene que incluir una dinámica que vaya de la base hacia la cúspide,

además de la que descienda de arriba hacia abajo. Los cambios de tipo normativo y

estructural, que van delegando o, más bien, devolviendo diversas facultades del nivel

federal al estatal y, eventualmente, al municipal, deben complementarse con las

actividades de desarrollo de capacidades por parte de las instancias de la base del

sistema, las escuelas.

De tal modo que el municipalismo tiene, en el horizonte de su modernización presente y

futura, que librar una lucha en contra del centralismo que se ostenta federativo, para ganar

espacios de decisión que le devuelvan la confianza social que el gobierno federal ha perdido,

pero sobre todo pugnar por la devolución de una dignidad en el trato económico para poder

ejercer toda la eficiencia y la escrupulosa responsabilidad con los gobernados de que sea

posible.

El federalismo de hoy, de principios del siglo XXI, se le llame como se le llame: “nuevo” o

“auténtico”, lo que necesita realmente es ser simplemente federalismo, y eso significa que las

responsabilidades, el poder, los recursos económicos, las atribuciones legales, los deberes

éticos ante el gobernado, se tienen que repartir, que la capacidad de decidir tiene que ser

compartida entre los niveles de gobierno que configuran la topología del poder en México.

Una distribución menos radicalizada a favor del centro sobre los municipios en el aspecto

hacendario es urgente y necesaria; una planeación del desarrollo que en lo que toque y

afecte a los municipios no se haga sin su pleno acuerdo es indispensable en la mayor parte

de los asuntos económicos y comerciales; un sistema de educación en el que se reconozca a

las instituciones de educación superior de los estados y municipios mayoría de edad

intelectual para que engarcen sus propios proyectos de crecimiento, expansión y desarrollo a

las necesidades, recursos y potenciales de su territorio debe ser asumido por las autoridades

educativas; delegar a los municipios mexicanos y sus autoridades plena, completa,

intervención en los asuntos de la seguridad pública para que ya no se vea a los presidentes






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municipales encogerse de hombros ante el reclamo de sus gobernados, pues carece de

facultades, de recursos, de gente, de equipo, de todo.

Este panorama invoca la necesidad de revolucionar y de reestructurar la educación poniendo

nuevos cimientos, siendo imprescindible una revolución que fuera más allá de los parches y

los remiendos, cuyo primer paso es armonizar el contexto legal de acuerdo con la realidad

imperante; entre lo establecido jurídicamente en las normas y en lo que en la práctica se

venía realizando. De ahí, que un primer objetivo fuera el de hacer viable la convergencia

entre la instrucción legal y la real, así como en otros tiempos ocupó la atención el vínculo

entre ambas instancias para el Estado.

Revolucionar la educación equivale a combatir desigualdades sociales y regionales, sobre

todo las existentes entre el sector rural y el urbano; permitiendo que la educación, mediante

una creciente participación democrática, vuelva a ser el medio capaz de suprimir o reducir

desigualdades de origen.

Se requiere una revolución en materia educativa que cambie los usos y las prácticas

imperantes de la actividad educativa; que sea un movimiento caracterizado políticamente

para buscar la participación de la sociedad en su conjunto y la solución de los problemas que

afectan a la misma.

De esta forma doy por terminado mi trabajo, agradeciendo su atención.

Abel Santiago Martínez

2- federalismo educativo

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