10 derechos indigenas

8/11/2019 10 Derechos Indigenas

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DERECHOS INDGENASY ARMONIZACIN LEGISLATIVA

Declaratoria, relatoras e intervenciones

del Foro Nacional Indgena el 26 de febrero de 2014

lCon las voces de pueblos indgenas de Mxico y las intervenciones deRodolfo Stavenhagen, Jaime Martnez Veloz, Sebastin de la Rosa Pelez

lJulio Moguel (coordinador)


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D, F N I

C F:

Miguel ngel de los Santos David Cienfuegos Enrique FlotaJuan Campos Irma Aguirre Christian Aurora MendozaRafael Arstegui Javier Lpez Javier lvarez Ramos

Margarita Rodrguez Malpica Gustavo Galicia Fabiola Poblano

R F:

Anavel Monterrubio Efrn Arellano Claudia Ayala SnchezRafael Lpez Vega Gabriel Fernndez Espejel

Salvador Moreno Prez

E:Anavel Monterrubio Gabriela Rangel Faz Julio Moguel


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D, F N I

26 2014

C E S O PC D / L

J P E

Mxico, 2014


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D .D, F N I 26 2014

Primera edicin: junio de 2014

D.R. Centro de Estudios Sociales y de Opinin PblicaCmara de Diputados / LXII LegislaturaAv. Congreso de la Unin 66, Edificio I, primer piso,Col. El Parque, Mxico, D.F.

Tel. 5036-0000 ext. 55237,

D.R. Juan Pablos Editor, S.A.2a. Cerrada de Belisario Domnguez 19, Col. del Carmen,Del. Coyoacn, Mxico 04100, D.F.

Imagen de portada: Antar Arstegui

Diseo de portada: Daniel Domnguez Michael

ISBN: 978-607-7919-73-5 ISBN: 978-607-711-229-7 Juan Pablos Editor

Se prohbe la reproduccin total o parcial de esta obra incluido el diseotipogrfico y de portada, sea cual fuere el medio, electrnico o mecnico,sin el consentimiento por escrito de los editores.

Impreso en Mxico / Printed in Mexico

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianzade Editoriales Mexicanas Independientes ()Distribucin: TintaRoja

Derechos indgenas y armonizacin legislativa : declaratoria, relatoras e interven-ciones del Foro Nacional Indgena realizado el 26 de febrero de 2014 / Julio CsarMoguel Viveros, coordinador. -- Mxico : Centro de Estudios Sociales y de Opinin

Pblica, Cmara de Diputados-LXII Legislatura : Juan Pablos Editor, 2014. 1a edicin

205 p. : ilustraciones ; 16.5 x 23 cm.

ISBN: 978-607-7919-73-5 ISBN: 978-607-711-229-7 Juan Pablos Editor

T. 1. Pueblos indgenas - Mxico T. 2. Derechos humanos - Mxico

K3247 D47


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Presentacin 9

P E D I

A L

Palabras de bienvenida de Eduardo Vzquez, secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 17

Intervencin de Jaime Martnez Veloz, comisionado para el Dilogo con los Pueblos Indgenas de Mxico 21

Palabras del diputado Sebastin de la Rosa en el foro Derechos Indgenas y Armonizacin Legislativa 29

La nacin ante el reto de los derechos indgenas Rodolfo Stavenghagen 35

Relatoras del foro 47

Declaratoria general del foro Derechos Indgenas

y Armonizacin Legislativa 75

S C

Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo 81

Acuerdos de San Andrs Larrinzar 103


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8 NDICE

Reformas constitucionales: propuesta de la Comisin de Concordia y Pacificacin 107

Reforma constitucional en el tema de Derechos y Cultura Indgenas (2001) 113

Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechosde los Pueblos Indgenas 123

Numeralia del Foro de Derechos Indgenas y Armonizacin Legislativa 141

T E

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado como parte del derecho al desarrollo

de los pueblos indgenas en Mxico Anavel Monterrubio 147

Numeralia sobre la poblacin indgena de Mxico y su participacin en la produccin agropecuaria Gabriela Rangel Faz 163

Cinco tesis sobre un (otro) Mxico indgena (posible)

Julio Moguel 187


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El da 26 de febrero de 2014 se llev a cabo en la ciudad de Mxicoel foro Derechos Indgenas y Armonizacin Legislativa, dis-tinguindose por ser el tercer evento en el ao de nivel nacional quesobre el tema indgena se realiza en el pas, mrito no menor si seconsidera que, sobre el asunto, para este 2014 est marcada una agendalocal e internacional de grandes vuelos.

El primer evento del ao, antecedente de nuestro foro eventode gran relevancia nacional e internacional, se expres en la movi-lizacin realizada por el el 1 de enero, con la celebracin delvigsimo aniversario del levantamiento zapatista. Distingui a dichaconmemoracin su carcter festivo, con baile y reuniones de convi-vio en los cinco caracolesconocidos.

El segundo acontecimiento de relevancia se dio a finales de ene-ro (el 31 de enero, para ser ms precisos), con la realizacin de laPrimera Reunin de Comunidades, Pueblos y Barrios del DistritoFederal, encuentro en el que pueblos indgenas, comunidades ori-ginarias, barrios autnomos, organizaciones civiles, grupos de in-dgenas migrantes, ejidatarios y comuneros, colectivos, estudiantesy trabajadores organizados de la capital del pas discutieron pro-blemticas, quehaceres y exigencias en derechos que les correspon-

den en su calidad de archipilago de gran significacin dentro delcontinente nacional indgena.

Agreguemos, para mostrar la densidad indgenadel calendariode este 2014, y slo para ejemplificar, que en lo que va del ao (escri-bimos esta presentacin en los primeros das de mayo) ya pudimosatestiguar otros dos importantsimos acontecimientos relativos, co-mo fueron, primero, la presentacin por parte del Ejecutivo deOaxaca al Congreso estatal, el 21 de marzo, de una iniciativa extra-

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PRESENTACIN10

ordinaria dirigida a reformar la Constitucin estatal en lo que al temaindgena respecta,1y, segundo, la inclusin de un captulo especfi-co sobre los derechos indgenas en la Constitucin reformada du-

rante el mes de abril en el estado de Guerrero.2Sin dejar de contarel hecho, no menos significativo, de que hacia finales de abril distin-tas comunidades indgenas del estado de Sinaloa hicieron lo pro-pio, al presentar una iniciativa de reformas en la temtica referida alCongreso del estado, en este caso con la anuencia o acuerdo conel Ejecutivo estatal.3

1Fue el 9 de agosto de 2013 cuando el Comit Tcnico de Expertos, el Consejo

Consultivo de los Pueblos Indgenas y Afromexicano de Oaxaca y la Secretara deAsuntos Indgenas del Gobierno del Estado de Oaxaca present la propuesta inicialde Iniciativa al gobernador del estado, Gabino Cu Monteagudo. Ver la Propues-ta de iniciativa de reformas a la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano deOaxaca sobre derechos de los pueblos indgenas y negro afromexicano de Oaxaca,enHacia el reconocimiento de un estado multicultural en el marco del pluralismo ju-rdico, Oaxaca, Secretara de Asuntos Indgenas del Gobierno del Estado de Oaxaca,agosto de 2013. Con modificaciones relativamente menores, fue ste el documentoque el gobernador de la entidad entreg para su discusin y aprobacin al Congresoestatal el 21 de marzo de 2014.

2Fue el 8 de abril cuando el gobernador de Guerrero promulg la nueva Consti-tucin estatal. Entre los contenidos positivos de dicho nuevo marco legal se encuen-tran el reconocimiento de las comunidades afromexicanas e indgenas como sujetos dederecho.

3Representantes de comunidades indgenas de Sinaloa presentaron ante el Congre-so del estado una iniciativa de ley para proteger sus derechos y garantizar la atencina sus condiciones de salud, educacin, vivienda y otros problemas que padecen, infor-m Nubia Citlali Ramos, presidenta de la Comisin de Asuntos Indgenas en la legis-latura local [] La iniciativa, que est en la Oficiala de Partes del Congreso local, fuerespaldada por gobernadores tradicionales de comunidades indgenas ubicadas en el

centro y norte de la entidad, sobre todo en los municipios de Guasave, Salvador Alva-rado, Sinaloa, Ahome, El Fuerte y Choix [] Desde hace nueve aos, dijo, hay unainiciativa similar en el Poder Legislativo, pero sta ha sido congelada. En el caso deesta nueva propuesta hay modificaciones y fue consensuada con el gobernador MarioLpez Valdez y dirigentes de partidos [] [la iniciativa] es resultado de una consultaen un foro estatal, donde los gobernadores pudieron exponer sus propuestas, y externaronsus necesidades; no se hizo al vapor [] La iniciativa ser incluida adems en las pro-puestas que se impulsarn por conducto del Compromiso por Sinaloa, donde participanautoridades estatales, representantes de partidos y legisladores locales, para promoverreformas polticas y sociales en el estado [] Rumaldo Velasco Quinez, represen-


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DERECHOS INDGENAS Y ARMONIZACIN LEGISLATIVA 11

Siguen a stos diferentes encuentros importantes, entre los que des-taca, por un lado, la movilizacin y eventos que durante varios dasllevar a cabo el hacia finales de mayo y principios de junio y,

por otro, el convocado por la en Nueva York tambin duranteel mes de mayo, mismo que deber conducir al Congreso MundialIndgena a realizarse durante el prximo mes de septiembre.

Regresemos a nuestro encuentro del 26 de febrero, Derechos In-dgenas y Armonizacin Legislativa, para destacar los elementosque marcaron su relevancia. No est dems mencionar que el en-cuentro fue distinguido desde la misma convocatoria: con la pre-sencia coorganizadora adems del Centro de Estudios Sociales y deOpinin Pblica () de la Cmara de Diputado que nos hon-ramos en presidir de la Comisin para el Dilogo con los PueblosIndgenas de Mxico (). Ms destacable an de esta convoca-toria fue el hecho de que conllevaron el apoyo y la participacinactiva de las comisiones indgenas de las Cmaras de Diputados yde Senadores, y la intervencin coorganizadora del Consejo de losPueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal.

Otro elemento a destacar: nuestro encuentro se llev a cabo enel Museo de la Ciudad de Mxico, con la presencia activa de EduardoVzquez, secretario de Cultura del Distrito Federal. Quepa deciraqu que, en su discurso de bienvenida, l mismo seal que el Mu-seo poda considerarse como la casa indgena de Mxico, pues enel Distrito Federal cohabitan muy diferentes etnias, siendo acaso elespacio que, por densidad, resulta ser favorecido por el mayor nme-ro de indgenas en el pas.

Tres extraordinarios ponentes abrieron lo que ya es comn deno-minar las ponencias magistrales: Rodolfo Stavenhagen (quien por

tante de los pueblos indgenas, inform que despus de negociar con el mandatarioestatal, coincidieron en sealar que estas reformas en materia indgena podrn aprobar-se este ao [] Entre las propuestas principales, agreg, estn la integracin de un conse-

jo consultivo donde estn los gobernadores indgenas y tambin tengan representacinlos centros ceremoniales de pescadores indgenas, de jvenes indgenas, de ejidatarios,mujeres, artesanos, La Jornada, 26 de abril de 2014.


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PRESENTACIN12

razones de salud no pudo asistir, pero su ponencia fue leda por unapersona distinguida), Martha Snchez y Pablo Yanes. Ello tambindistingui significativamente nuestro encuentro. Distingui final-

mente nuestro evento, en su mximo nivel, la presencia de repre-sentantes de los ms diversos pueblos y comunidades indgenas delpas. Quisiera detenerme en ello.

El nmero de asistentes rebas los 250, con una presencia sosteni-da que se mantuvo en lo fundamental durante todo el da. De stos,160 indgenas realizaron su registro, con 40 etnias de 18 estados delpas. Mencionemos cada una de esas presencias. Por nmero de asis-tentes: Distrito Federal (46), Chiapas (25), Guerrero (16), Estadode Mxico (12), Puebla (diez), Oaxaca (nueve), Veracruz (siete), Mi-choacn (seis), Sonora (seis), San Luis Potos (cinco), Baja Califor-nia (cuatro), Chihuahua (dos), Hidalgo (dos), Jalisco (dos), Morelos(dos), Nayarit (dos), Quintana Roo (dos), Sinaloa (dos).

En cuanto a su origen indgena, el registro integr: afromexica-nos, amuzgos, chinantecos, chintalolos, coras, cuicatecos, cucaps,chatinos, guarigos, huaves , kiliwas, kumiais, mames, mayas, ma-

yos, mixes, mazahuas, mazatecos, mexicas, mixtecos, nhuatls, oto-mes, paipais, pimas, popolucas, purpechas, rarmuris, pames,teenekes, triquis, tzeltales, tzotziles, tojolabales, tlapanecos, tepe-huanes, wixrikas, yaquis, zapotecas, zoques.

Quines ms participaron en el foro? No mencionar por susnombres a las instituciones civiles, sociales y acadmicas que nos acom-paaron. Baste decir que no menos de 15 instituciones educativasde nivel medio-superior y superior de todo el pas inscribieron pre-

sencias relevantes.Todas estas entidades fueron los componentes bsicos con los quese sell el xito del encuentro.

***

No haremos mencin de otros elementos que distinguieron el foroindgena del 26 de febrero pasado, pues los documentos y escritos


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que integran este libro justamente dan cuenta de ellos. Slo quedeentonces agradecer a todos aquellos que ayudaron en la organizacindel encuentro: a los voluntariosos miembros del y de la

que cubrieron tareas de registro, relatoras, coordinacin de mesasde trabajo, despliegue de tareas operativas. A las autoridades de laSecretara de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. A los direc-tivos y miembros del Consejo de los Pueblos y Barrios Originariosdel Distrito Federal. Al conjunto de los asistentes.

Queda nuestro firme compromiso el seguir apoyando en lo posi-ble toda reunin, debate, foro o convergencia relativos a la temticade nuestro encuentro, en el entendido de que este ao y el que siguemarcarn nuevos caminos, esperamos favorables, para los pueblosy comunidades indgenas de Mxico.

Rafael ArsteguiDirector del Centro de Estudios Sociales

y de Opinin Pblica


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E D I A L


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P E V, C G

D F

Muy buenos das, sean todos bienvenidos.Tengo entendido que estn registrados ms de 40 representantesde diferentes pueblos y alrededor de 70 organizaciones indgenas detodo el pas, de tal forma que hay en este foro una amplia representa-cin de la poblacin indgena de Mxico, reunidos ahora en sta, sucasa, el Museo de la Ciudad de Mxico.

He preparado unas palabras a modo de bienvenida, agradezcomucho la presencia en este acto y saludo a todos los compaeros,tanto del gobierno del Distrito Federal, como del gobierno Fede-ral, legisladores, senadores y diputados, y miembros de la Comisinpara el Dilogo con los Pueblos Indgenas de Mxico y representan-

tes de las diferentes organizaciones.En la esquina que sostiene esta casa habita una serpiente de piedrade la antigua Tenochtitln, serpiente de agua, Dios del agua transfor-mado en piedra, Dios que trae las lluvias, lluvias que generan ferti-lidad. Es un honor recibir a los representantes indgenas de Mxicoen nuestra casa de agua. Esperemos que bajo el cobijo de la serpientede la fertilidad mexica se auspicie una reunin llena de fuerza y devisiones propias a sus valores y voluntades.

La casa de los mexicas, Tenochtitlan, ya era una ciudad diversa.Hoy en da, medio milln de indgenas habita en la capital de M-xico, y un milln en el conjunto de la cuenca de Anhuac donde seasienta la gran metrpoli.

Siendo una ciudad indgena, la ciudad de Mxico es tambin lacapital de todos los mexicanos: centro de la Repblica e, idealmen-te, el gran cobijo de nuestra diversidad. Esta representatividad delos pueblos indgenas, sin embargo, la vivimos acompaada por males


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PALABRAS DEL SECRETARIO DE CULTURA EDUARDO VZQUEZ18

tales como los de la discriminacin, la invisibilidad y el silencia-miento.

Al igual que en las sierras, los desiertos, el altiplano y las costas,

en la ciudad de Mxico los pueblos ancestrales han recibido el mis-mo trato asimtrico. Es por eso que desde hace aos ha comenzadoun largo caminar de los conglomerados indios del pas para exigirlo que les fue negado desde hace 493 aos. Pero hoy los fundamentosde esa lucha, como la serpiente de piedra que sostiene y es basamen-to de esta casa, nos convocan, nos hacen ser parte de las mismas de-mandas.

Silenciosamente, los hermanos indgenas llegan todos los das,desde hace cientos de aos, a esta ciudad. Traen un capital culturalque les permite, en un contexto adverso, identificarse, fortalecersey reproducir formas de organizacin que le son propias. Del cam-po a la ciudad, muchos de ellos se fueron de sus comunidades de ori-gen para seguir estando.

Para ellos queremos trabajar; para ustedes queremos trabajar, tantoen la visibilizacin de sus culturas como en el acompaamiento de sus

instituciones y comunidades, en el proceso de elaboracin de la Leyde Derechos y Cultura de los Pueblos, Barrios Originarios y Comu-nidades Indgenas del Distrito Federal.

La lucha indgena que levanta la voz y que desde 1994 no ha de-jado de hacerse or con nfasis y claridad no slo forma parte de lareconstitucin del tejido social, violentado por el narcotrfico, la vio-lencia sistmica, la injusticia social y la corrupcin poltica; nos ilu-mina adems en el camino hacia una nueva ciudadana participativa

e incluyente.Es necesario, por tanto, forjar una nueva relacin entre las comu-nidades y las instituciones del Estado. Este Estado que hasta ahorales ha fallado a los pueblos indios, y que no ha dado cabida a los ciu-dadanos ni a las comunidades. Los pueblos indgenas reclaman hoyuna nueva relacin en la que las polticas pblicas que les conciernense lleven a cabo a travs de acuerdos explcitos, con procesos de con-sulta que sean transparentes, de buena fe y con formatos de inter-


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vencin que ofrezcan toda la informacin que se requiera. Y, msan, reclaman que sus propias estrategias de vida y desarrollo seanrecogidas por el Estado y otros segmentos de la sociedad para ser

puestas en marcha.Estas decisiones ataen tambin al patrimonio cultural de pueblos

y comunidades indgenas, idea o concepto que comprende las len-guas, las costumbres, los territorios-paisaje renombrados y vividos,la riqueza natural, los lugares histricos, etctera, bienes que debenser salvaguardados bajo los propios criterios de gestin y apropia-cin de los referidos conglomerados indgenas. Porque son y han sidolos propios pueblos indios los que, con su andar en la tierra, han pro-tegido el territorio y sus riquezas, que incluyen, por ejemplo, losnacimientos de las cuencas de agua que nutren cientos de miles dehectreas de riego, o la diversidad de semillas que han domesticadodesde hace miles de aos (como el maz, la principal entre ellas).Todo esto debe ser protegido, con garantas para que sus dueos,las culturas ancestrales de Mxico, sigan siendo sus custodios ybeneficiarios primarios.

As pues, desde esta idea y esta plataforma de unificacin de es-fuerzos, nos proponemos trabajar juntos en sentido contrario a losintereses econmicos que, en el camino trazado de privatizaciones ydespojos, devastan naturaleza, comunidad y nacin; intereses re-presentados, entre otras fuerzas nocivas, por ciertas industrias nosostenibles, por la especulacin inmobiliaria o por una minera queenvenena el agua, explota al ser humano y destruye el medio am-biente.

Por todo esto, en el marco de este evento, nos sumamos al clamory lucha indgenas por el fortalecimiento de la convivencia comunita-ria y el respeto y validacin de derechos esenciales.

A sus 18 aos de vida, ha llegado la hora de que vivamos el cumpli-miento cabal de los Acuerdos de San Andrs Larrinzar.

Reitero entonces a ustedes mi saludo y bienvenida a este Museode la Ciudad de Mxico, por parte de la Secretara de Cultura y delGobierno del Distrito Federal.


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I J M V, D

P I M

Amigas y amigos participantes en este encuentro:Reciban todos los presentes un saludo fraternal del licenciado Mi-guel ngel Osorio Chong, secretario de Gobernacin del gobiernofederal, quien, por mi conducto, expresa su deseo de que los resul-tados de este foro contribuyan a allanar el camino para la cons-truccin de una nueva, mejor y fructfera relacin entre el Estadomexicano y los pueblos originarios de nuestro pas.

En este da nos reunimos en el marco de la celebracin del 18 aniver-sario de la firma de los Acuerdos de San Andrs Larrinzar (signa-dos el 16 de febrero de 1996), y ante la perspectiva de la celebracin,

en septiembre prximo, de la Cumbre Mundial de los PueblosIndgenas, convocada por la Organizacin de las Naciones Unidas.Pero nos reunimos, sobre todo, en el marco de un contexto nacio-nal en el que los pueblos indgenas de Mxico reclaman un cambiode fondo en su relacin con el Estado mexicano.

Quede dicho aqu, y no de paso, que los acuerdos de San AndrsLarrinzar fueron resultado del proceso de construccin de acuer-dos y consensos de mayor horizontalidad y participacin de que

se tenga memoria en la historia del Mxico moderno.Quiz sea un dato menor para algunos, pero sta es la primeraocasin, despus de la reforma de 2001, que un gobierno federalretome tema y debate en torno a los Acuerdos de San Andrs; temaque, sabemos, quiso esconderse durante aos debajo de la alfom-bra. Quizs hoy no encontremos todas las respuestas para nuestraspreguntas, o quiz se produzcan ahora ms preguntas que respues-tas; pero con lo que acabo de referir el tema de San Andrs Larrin-


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INTERVENCIN DEL COMISIONADO JAIME MARTNEZ VELOZ22

zar deja de ser un tab para convertirse en un referente poltico, his-trico y moral que lleve a reabrir el debate no slo sobre la temticaindgena, sino sobre el Mxico al que aspiramos.

Fue el 16 de febrero de 1996, decamos, despus de un largo ycomplicado proceso de negociacin entre el gobierno federal y elEjrcito Zapatista de Liberacin Nacional (), cuando se firma-ron los primeros acuerdos entre ambas delegaciones. Dichos acuer-dos fueron pactados en el marco de una negociacin amparada porla Ley para el Dilogo, la Conciliacin y la Paz Digna en Chiapas,aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unin el 11 de mar-zo de 1995.

Y agreguemos, para reafirmar la relevancia del pacto referido, quelos Acuerdos de San Andrs Larrinzar fueron el resultado de unproceso de negociacin que cont con el respaldo, la autoridad yel compromiso de todas las fuerzas polticas del pas y de todas lasinstituciones de la Repblica.

La elaboracin de la iniciativa de modificaciones constituciona-les en materia indgena derivada de dichos acuerdos fue redactada

en San Cristbal de las Casas por la Comisin de Concordia y Paci-ficacin (Cocopa) en noviembre de 1996, por acuerdo de las partes:el gobierno federal y el .

La iniciativa de ley fue una transcripcin puntual de los acuerdosde paz firmados. El contenido de la iniciativa de ley indgena de laCocopa fue el contenido de los acuerdos de San Andrs Larrinzar,ni ms ni menos.

*

A 18 aos de la firma de los Acuerdos de San Andrs vivimos unarealidad de fuertes contrastes. En el plano nacional e internacional,a pesar de la reforma indgena acotada por el Congreso de la Uninen 2001, se han producido una serie de avances jurdicos normati-vos importantes, entre los que destacan:


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La Declaracin de la en materia de Derechos y CulturaIndgena;

La elevacin a rango constitucional de los Tratados Internacio-

nales, entre ellos el Convenio 169 de la ; La Resolucin del Tribunal de la Suprema Corte de Mxico

dirigida a que toda la jurisprudencia de la Corte Interamerica-na, incluyendo la formada por litigios de los que Mxico no hasido parte, resultara obligatoria para los jueces mexicanos, bajoel principio de que ello fuera aplicable siempre que fuera msfavorable a la persona;

El Protocolo de Actuacin para quienes imparten justicia encaso de que involucren derechos de personas, comunidades ypueblos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.Los criterios de este Protocolo echan por tierra todas las men-tiras y pretextos que han impedido hasta ahora concretar losesfuerzos de paz realizados desde el levantamiento armado delos zapatistas del primero de enero de 1994.

Todos estos avances normativos, sin embargo, contrastan con losdatos oficiales con los que se registran las condiciones sociales y eco-nmicas de pueblos y comunidades indgenas.

Con base en estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacin(Coneval) y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de losHogares 2008 y 2010, la pobreza se ubicaba en un promedio nacio-nal de 44.5 por ciento en 2008 y de 46.2 por ciento en 2010, mien-tras que en la poblacin indgena aqulla casi se duplicaba. En 2008,

el 75.9 de los indgenas era pobre, y en 2010 este rubro ascenda a79.3 por ciento. Es decir, ocho de cada diez indgenas se encontrabaen condiciones de pobreza.

De acuerdo con el Coneval, el 52 por ciento de la poblacin na-cional vive con un ingreso por debajo de la lnea de bienestar gene-ral, mientras que en la poblacin indgena este rubro asciende hastael 80.3 por ciento. De igual forma, segn los propios datos oficia-les, el 19.4 por ciento de la poblacin mexicana tiene en la actuali-


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dad un ingreso por debajo de la lnea de bienestar mnimo, pero enlas poblaciones indgenas este indicador asciende al 52 por ciento.

Esto revela la realidad contrastante entre los promedios nacionales

y la situacin dramtica que viven las comunidades indgenas. Encada uno de los indicadores referidos, la diferencia entre las ca-rencias nacionales y las que padece la poblacin indgena son abis-males.

En materia de rezago educativo la media nacional es de 20.6 porciento y en los indgenas es de 48.6 por ciento. En carencia de ser-vicios de salud el pas tiene un dficit del 31.8 por ciento y con losindgenas esto asciende a 37.2 por ciento. En el caso de carencias porseguridad social, el promedio nacional marca el 60.7 por ciento,mientras que el indgena es del 83.5 por ciento. En cuanto a las ca-rencias de calidad de espacios en la vivienda, el porcentaje nacionalse ubica en 15.2 por ciento, mientras que en las comunidades indge-nas es del 42 por ciento. Sobre la carencia de servicios bsi cos en lavivienda, el promedio nacional asciende a 16.5 por ciento, mientrasque con los indgenas llega al 50.6 por ciento. Y en cuanto a la ca-

rencia de alimentacin, el promedio nacional es de 14.9 por cientomientras en las zonas indgenas registra un 40.5 por ciento.Frente a esta situacin se ha implementado por la actual admi-

nistracin federal un importante programa de obras y servicios pa-ra atender parte de estos enormes rezagos; pero a contrapunto delhecho preocupante de que, aparte de la pobreza referida, los pue-blos y comunidades indgenas del pas tienen que enfrentar unaagresiva poltica de despojo de sus tierras, territorios y recursos natu-

rales.Una lnea de despojo pesa en particular: de 1993 a 2012 se otor-garon 43 675 concesiones mineras, lo que representa una superficieterritorial de 95765800 hectreas. Ello representa casi la mitad delpas, con datos acumulados en los sexenios de Ernesto Zedillo,Vicente Fox y Felipe Caldern.

Del ao 2000 a 2010 se produjeron 420 toneladas de oro, cuan-do en tres siglos slo se extrajeron 190 toneladas. Es decir, en diez


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aos se produjo ms del doble del oro que se produjo en ms de tressiglos de la Colonia.

Cunto de esta riqueza se produjo para incrementar los niveles

de bienestar de la poblacin, y en especial de los pueblos y comu-nidades indgenas? A cunto ascienden los ingresos que las mul-tinacionales dejaron en nuestro pas? Cules han sido los daos almedio ambiente ocasionados por esta poltica y cules son las garan-tas o los compromisos de reparacin que han contrado en este ru-bro las compaas mineras? Cules han sido las contribuciones deesta poltica para mantener la cohesin social a la que aspiramos losmexicanos? Cules son los instrumentos de verificacin que te-nemos como pas para garantizar que la exportacin de materialeshacia otros pases del mundo no llevan incorporados materiales denaturaleza nuclear? Cules han sido los mecanismos que se han uti-lizado para evitar que las comunidades indgenas o rurales sean presadel crimen organizado, entidad que, como todos sabemos, ha en-contrado en la explotacin mineral otra fuente ilegal de ingresos?

En este contexto creo que todava existen ms preguntas que res-

puestas.Frente a estas contrastantes realidades ahora decimos, sin temora equivocarnos, que al amparo de los nuevos marcos nacionales e in-ternacionales en materia de derechos indgenas no existe ningnargumento vlido que impida el cumplimiento de los Acuerdos deSan Andrs.

Ante el conjunto de fenmenos sociales y movilizaciones gene-radas por la implantacin, en territorios indgenas, de proyectos de

despojo como los mencionados, decimos que los Acuerdos de SanAndrs pueden constituir una gua y ruta de trabajo viable para en-frentar de modo importante algunos de estos problemas. Los Acuer-dos de San Andrs no eliminarn las contradicciones existentes entrelos diferentes actores sociales y polticos, pero constituyen una pla-taforma de encuentro que nos permitir procesar las diferencias.

***


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Los Acuerdos de San Andrs no son un punto de llegada sino unpunto de partida para el establecimiento de una nueva relacin en-tre el Estado y los pueblos indgenas de Mxico.

Es necesario encontrar la frmula que nos permita construir unMxico donde el fomento al desarrollo y al progreso no est reidocon el respeto a los derechos de los pueblos y las comunidades in-dgenas y rurales del pas.

Ante esta situacin, el gobierno federal ha planteado, en el PlanNacional de Desarrollo, el compromiso para impulsar un Acuer-do Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pue-blos Indgenas de Mxico, que contemple los instrumentos necesariospara su implementacin.

Este compromiso debe contener iniciativas de Ley de modificacio-nes de carcter constitucional, la revisin de leyes reglamentarias, laelaboracin de la Ley General de Consulta Indgena, la adecuacinde las instituciones mexicanas a la nueva constitucionalidad, as co-mo la elaboracin de polticas pblicas que permitan a los pueblosser sujetos y no objetos de las mismas.

Al mismo tiempo, la Secretara de Gobernacin ha establecido enel Programa Sectorial 2013-2018, publicado el pasado 12 de diciem-bre en el Diario Oficial de la Federacin, el compromiso de impul-sar la armonizacin de la Legislacin Nacional con la Declaracinde las Naciones Unidas en materia de derechos indgenas y con lostratados internacionales.

Por ello este foro, organizado por el Centro de Estudios de Opi-nin Pblica de la Cmara de Diputados y la Comisin para el Di logo

con los Pueblos Indgenas de Mxico de la Secretara de Gobernacintiene como propsitos iniciales:

1. Establecer un intercambio de experiencias entre pueblos ycomunidades indgenas que nos permita aprender de sus vi-vencias y sus luchas en favor de sus derechos y de la construc-cin de un Mxico mejor;


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2. Construir un mecanismo de articulacin y enlace que permitala construccin de las condiciones y la correlacin de fuerzasnecesarias para el fortalecimiento de una nueva iniciativa po-

ltica de corto, mediano y largo alcance, dirigida a conquistarun nuevo marco jurdico y una institucionalidad ms fuerte ade-cuada a los requerimientos de una interculturalidad vigorosay democrtica;

3. Establecer una mtodo de trabajo conjunto y colegiado entrelas dependencias del Poder Ejecutivo, las comisiones legisla-tivas del congreso de la unin y representantes de los pueblosindgenas, para el establecimiento de un programa de trabajoque nos permita concretar los compromisos institucionalesmediante la construccin de consensos a lo largo y lo anchodel pas, donde los actores principales del proceso sean los pue-blos indgenas de Mxico.

Por ello tenemos el firme propsito de que este foro contribuyaal proceso de armonizacin legislativa en curso, como construccin

de todos.sta es la voluntad del Ejecutivo federal consignada en los com-promisos institucionales contrados con el pas.

ste es el compromiso que habr de guiar nuestros esfuerzos enlos prximos meses.

Muchas gracias, y el mejor de los deseos para los resultados de estaimportante reunin de trabajo.


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Seoras y seores representantes de los pueblos y comunidadesindgenas de Mxico,Seoras y seores embajadores o representantes de pases que

comparten con nosotros la condicin de ser naciones de integracinpluricultural,

Seoras y seores representantes de los poderes Ejecutivo, Legis-lativo y Judicial de nuestro pas,

Seoras y seores acadmicos, investigadores o estudiosos de laproblemtica indgena de Mxico y de otros pases,

Amigas y amigos todos:

Si en Mxico existen municipios y comunidades que, como los mi-

choacanos de Chern y de Caltzontzin, hoy por hoy son defenso-res acrrimos de su condicin autonmica como pueblos indgenas,no es porque se les haya ocurrido de pronto subirse al carro de unamoda que ofrezca algunos rditos polticos, sociales o econmicos.

Si la , en el estado de Guerrero, ha estado labrando desdehace tiempo una inscripcin sustantiva en tareas vitales de la vidaregional, no es porque con ello se diviertan y encuentren manerasde hacer valer su presencia en los planos polticos estatales.

Si el mantiene en el estado de Chiapas una presencia regio-nal de gobiernos autnomos no es tampoco porque no tengan otracosa que hacer y les guste jugar a ser oposicin poltica en los planos delMxico moderno.

Todas estas luchas y exigencias provenientes del Mxico indgena,del Mxico profundo, viven y gozan de cabal salud porque respondena un derecho ancestral que legtimamente corresponde a los pueblos ycomunidades indgenas de Mxico, y que han venido plantendo se,

P S R D I

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PALABRAS DEL DIPUTADO SEBASTIN DE LA ROSA30

como exigencias de transformaciones de fondo en el plano consti-tucional, en muy diversos tiempos y en muy diversos mbitos.

Los Acuerdos de San Andrs Larrinzar, que hace unos cuantos

das cumplieran sus 18 aos de vida, y que este encuentro conme-mora, constituyen sin lugar a dudas el parteaguas mayor de dichaexigencia de transformaciones. Con avances en la materia que fue-ron escamoteados y dejados de lado por la reforma constitucionalde 2001, y que an ahora no han querido ser reconocidos en el planoconstitucional.

Hay que decir en este punto que la Comisin de Concordia y Paci-ficacin (Cocopa), encabezada en esas fechas por el entonces dipu-tado Jaime Martnez Veloz, realiz un ejercicio de traduccin dedichos acuerdos al plano legislativo, desde un respeto encomiable ala letra signada de dicho acuerdo. Pero la reforma constitucionalen la que deriv tal esfuerzo de negociones y de lucha, si bien reco gialgunos elementos no despreciables, truque lo sustancial.

Veamos. Los Acuerdos de San Andrs incorporaron:

El reconocimiento de las comunidades indgenas como entida-des de derecho pblico, aceptando en consecuencia sus sis-temas normativos internos en condiciones en que aqullas podanhacer valer su autonoma en sus tierras y territorios;

El reconocimiento de formas propias de organizacin social ypoltica de los indgenas;

Acuerdos de remunicipalizacin y redistritacin que permitie-ran una mejor y ms justa participacin y representacin ind-

gena en los gobiernos locales y en los Congresos; Frmulas asociativas entre municipios de gobierno indgena

(municipios dentro de una sola entidad, o municipios colindan-tes de dos entidades vecinas), dirigidas a permitir la integracinregional de espacios pluritnicos de gobierno.

Pero las reformas constitucionales de 2001 truquearon el espri-tu y la letra de San Andrs, porque:


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Evit sealar que el acceso al uso y disfrute de recursos naturalesse dara en sus tierras y territorios, sustituyendo el enunciadopor los lugares que ocupan y habitan;

Se agreg a esta definicin limitativa otra que coloc a las co-munidades indgenas en condiciones claramente desventajosas,al determinar que tenan derecho al uso y disfrute preferentede los recursos naturales en los lugares que habitan y ocupan;

Se insert la ratificacin de la poltica indigenista con base enun listado simple de programas sociales;

Se suprimi de la propuesta el contenido planteado para el 115constitucional, que era un puente de acceso para la reivindi-

cacin del ejercicio de los derechos que daban contenido a laautonoma;

El derecho a la asociacin qued delimitado para las comunida-des indgenas, argumentando que ya exista para los municipios;

Se hizo a un lado el reconocimiento de las comunidades comoentidades de derecho pblico, estableciendo que eran entida-des de inters pblico;

Se deleg a los estados la determinacin de los alcances que con-

viniera dar al ejercicio de la autonoma.

***

Hoy, a 18 aos de su firma, los Acuerdos de San Andrs muestran suvigor y pertinencia. Mucho ha llovido desde que se firmaron en 1996,pero no pocos acontecimientos, desde entonces, muestran que lo queall se haba establecido marcaba una ruta franca de salida a la pro-

blemtica indgena del pas.Con un aadido del que no pueden enorgullecerse quienes se ne-

garon a convertirla en letra legislativa: los Acuerdos de San Andrsreaparecen ahora convertidos en movilizacin y exigencia. O en elestablecimiento en los hechos de un cuarto piso de poder y gobierno.

Pero, dnde estamos parados ahora? Cules son las exigenciasdel presente? Por qu hemos credo pertinente convocar a un foropara discutir la temtica indgena de Mxico?


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PALABRAS DEL DIPUTADO SEBASTIN DE LA ROSA32

Porque a pesar de todo ha habido algunos avances importantesque conviene rescatar; porque en el plano internacional se ha segui-do avanzando con elementos de cambio que hoy influyen o pue den

influir determinantemente en nuestro Mxico; porque las comuni-dades y pueblos indgenas de Mxico no han bajado la guardia ytienen propuestas significativas a analizar, debatir y considerar enel plano de las reformas legislativas.

Se habla en este evento de la posible y necesaria armonizacinlegislativa. Qu se requiere y qu se puede armonizar?: los dis-tintos cuerpos de ley, encuadres legislativos y avances nacionales einternacionales en materia de derechos indgenas que se han ido enun-ciando y aprobando desde los ltimos aos del siglo pasado.

Cabe tomar en cuenta, en dicho proceso de armonizacin, entreotros, los siguientes elementos:

La incorporacin a la legislacin actual del derecho a la consul-ta por parte de pueblos y comunidades indgenas, elementoque ya se enunciaba en el Convenio 169 de la pero que no

ha adquirido fuerza de ley en el nivel constitucional ni en leyessecundarias; La revisin de los trminos constitucionales con que se pre-

tendi responder a la letra y el contenido de los Acuerdos deSan Andrs, entre los que destaca el reconocimiento de las co-munidades indgenas como sujetos de derecho y otros elemen-tos que ya hemos enunciado;

El enriquecimiento del marco constitucional y de legislacin

en la materia, a partir de las recomendaciones de la ; entreellas, la marcada por la Declaracin de la sobre Derechosde los Pueblos Indgenas del 13 de septiembre de 2007, donde seestablece, entre otras lneas relevantes, el derecho de los pueblosindgenas en el ejercicio de la libre determinacin, aplicado alderecho a la autonoma o el autogobierno en las cuestiones re-lacionadas con sus asuntos internos y locales, as como a dis-poner de medios para financiar sus funciones autnomas.


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La valoracin de avances especficos en materia de reconoci-miento de derechos de pueblos y comunidades indgenas a par-tir de diversos casos resueltos por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos; La revaloracin de los tratados en nuestro orden jurdico a par-

tir de la reforma constitucional de junio de 2011, con la que seincorporan los derechos humanos internacionales (entre elloslos derechos indgenas) a la Constitucin;

La valoracin o revaloracin del sistema de concesiones sobreuso y disfrute de las tierras indgenas en materia de explotacin,como en el caso, tremendamente oneroso y atentatorio de de-rechos, de las explotaciones mineras;

La revisin de los avances en reformas legislativas y de polti-cas pblicas en la materia desarrolladas en distintos estados delpas, entre los que destacan Oaxaca, San Luis Potos, Guerre-ro, Distrito Federal. Dentro de este marco, revisin y valora-cin de:

Disposiciones como la del decreto con el que se reform elartculo 10 de la Constitucin Poltica del Estado de Gue-rrero, as como el artculo correspondiente a la Ley 701 enmateria de seguridad y justicia indgena de la misma entidadfederativa.

Avances en materia indgena en el Distrito Federal, a partirdel acuerdo por el que se cre el Consejo de los Pueblos yBarrios Originarios del Distrito Federal, en 2007 (Gaceta

Oficial del Distrito Federal del 21 de marzo de 2007); de larealizacin del Congreso de Pueblos Originarios, Indgenas,Ncleos Agrarios, Organizaciones Civiles y Tradicionales dela Ciudad de Mxico en 2011; as como de las disposicionesde la Asamblea Legislativa de 2013 por las que se convocaa la integracin del Comit de Mecanismo de la Metodolo-ga y el Seguimiento de la Consulta Indgena.


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En octubre del ao pasado (2013) el gobierno mexicano presen-t su segundo informe de desempeo al Consejo de DerechosHumanos de la Organizacin de Naciones Unidas bajo el Meca-nismo de Examen Peridico Universal. En este documento el go-bierno seala algunos progresos realizados en materia jurdica, enprimer lugar el nuevo artculo primero de la Constitucin de los Es-tados Unidos Mexicanos dedicado a los derechos humanos (adopta-do en 2011).

Con un tono de satisfaccin, el documento anuncia que:

Mxico se presenta a la segunda evaluacin del como un Estadoque ha logrado avances trascendentales para garantizar la promocin,proteccin y defensa de los derechos humanos, y que est decidido ano sufrir retroceso alguno en esta materia, gracias al trabajo conjuntoentre los poderes del Estado, la sociedad mexicana y la comunidad in-ternacional.

En cuanto a la poblacin indgena, que merece muy poco espacioen este informe, se indica brevemente las actividades de la ComisinNacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas, y se afirma que

[] un reto fundamental es potenciar la participacin de los pueblosy comunidades indgenas en la vida poltica del pas, reconociendosus usos y costumbres.

Tambin se informa que

Entre 2009 y 2012 la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federacin ha emitido cinco tesis de jurisprudencia y

L

Rodolfo Stavenhagen


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LA NACIN ANTE EL RETO DE LOS DERECHOS INDGENAS36

doce criterios relevantes relacionados con el tema de los usos y cos-tumbres de las comunidades indgenas, los cuales se encuentran en,por lo menos, 40 sentencias.

Aunque se puede suponer que as sea, el informe no menciona siestas tesis y sentencias son favorables a los derechos de los pueblosindgenas.

Por lo dems, el informe reconoce que los casi 16 millones de ind-genas que viven en ms de 64 mil localidades an presentan unimportante rezago en derecho a la alimentacin, salud, educaciny acceso a la justicia.

Ms importante an que este breve diagnstico, basado en datosque genera el propio Estado, el gobierno anuncia en la que:

En febrero de 2013 se cre la Comisin para el Dilogo con los Pue-blos Indgenas de Mxico, para asegurar el respeto a sus derechos hu-manos y su libre determinacin y autonoma. Asimismo, la Secretarade Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolla un plan de traba-jo para garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta y al con-

sentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidadesindgenas en el sector ambiental, conforme a los criterios estableci-dos en el Convenio 169 de la . El plan de trabajo se centra en lacapacitacin de servidores pblicos y el desarrollo de mecanismos es-pecficos para garantizar la debida ejecucin e implementacin de laconsulta.

Finalmente, el informe concluye que:

A pesar de los numerosos avances y programas en la materia, persisteel reto de consolidar la armonizacin del marco jurdico nacional enmateria de derechos indgenas, para asegurar el ejercicio de los dere-chos de las comunidades y pueblos indgenas en todas las esferas dela vida poltica, social y econmica del pas.

En una nota de pie de pgina el gobierno asienta que stas son con-sideraciones prioritarias.


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Yo creo que por esto estamos reunidos aqu el da de hoy: paraasegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblosindgenas en todas las esferas de la vida poltica, social y econmica

del pas.Sabemos, los aqu reunidos, que en la realidad no todo es como se

anuncia en el extranjero. Es necesario reconocer los avances efec-tivos que hubo a lo largo de los ltimos 20 aos, aunque igual mentenecesario es remarcar los retrocesos y las omisiones. Esta afirma-cin aparentemente sencilla tiene diversas vertientes, porque lo quepuede ser un avance para unos es un retroceso para otros. Tomemosun solo ejemplo del mbito jurdico al que da mucha importanciael informe ya mencionado. El artculo 2 de la Constitucin, re-formado en 2001, reconoce y garantiza a los pueblos indgenas eluso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares quehabitan y ocupan las comunidades. Asimismo, el artculo 15 delConvenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, ratifi-cado por Mxico, seala que los recursos naturales existentes en sustierras debern protegerse especialmente. Y la Declaracin de la

sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas que Mxico firm (ypromovi) en 2007 establece que los pueblos indgenas tienen de-recho a sus tierras, territorios y recursos, y los Estados asegurarnel reconocimiento y proteccin jurdicos de esas tierras, territoriosy recursos.

Pero he all que el Estado mexicano hizo exactamente lo contra-rio, cuando en la ley minera de 1992 da preferencia a las compaasmineras sobre los recursos naturales de los pueblos indgenas. Y

con ello resulta que en la prctica una ley secundaria adquiere ma-yor rango que la propia Constitucin.Se podran citar muchos ejemplos adicionales, que numerosos asis-

tentes a este foro sin duda conocen mejor que yo.Debemos admitir que lo poco que se ha logrado en materia de

derechos indgenas se lo debemos a los movimientos y organizacionesindgenas que hicieron su aparicin el escenario nacional (muchasveces con enfoque particularmente regional, municipal o local), a


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partir de las dcadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. stefue un paulatino proceso de organizacin y toma de conciencia dedistintas asociaciones en torno de demandas especficas como el dere-

cho a la tierra, las cuestiones ambientales, la posesin o controlde recursos naturales y de sobrevivencia como el agua y los bosques;el ejercicio de los usos y costumbres y el autogobierno de las comu-nidades; la libertad de comercio y la libertad de expresin, organi-zacin y manifestacin, que con tanta frecuencia han sido violadaspor autoridades gubernamentales en distintos niveles.

Este proceso de maduracin de la movilizacin indgena y su pro-

gresiva consolidacin como nuevo actor poltico en el escenarionacional tuvo su punto de inflexin con la aparicin del Ejrcito Za-patista de Liberacin Nacional () en 1994. No es coinciden-cia, por supuesto, que este ao de 2014 marque el vigsimo aniversariode la aparicin simultnea de dos eventos de enorme importanciapara el pas: el movimiento zapatista y la entrada en vigor del tratadode Libre Comercio de Amrica del Norte (). Uno es la con-traimagen del otro. Mientras que el anuncia el crecimiento, la

modernidad y la prosperidad, el zapatismo reclama a la nacin me-xicana 500 aos de olvido, colonialismo, explotacin, marginaciny discriminacin. Sobre esta base debe ser constituido todo inten-to de reanudar un dilogo medianamente serio y significativo entreel Estado y el movimiento zapatista, entre la nacin mexicana y lospueblos indgenas.

A 20 aos de distancia el no ha podido cumplir con sus pro-mesas, ni han desaparecido ms bien al contrario las razones quedieron lugar al levantamiento zapatista. El ltimo intento de dilogonaufrag en 1996, con la interrupcin de las negociaciones de pazen el municipio de San Andrs Larrinzar (llamado Sakamchen delos Pobres por los indgenas) en Chiapas.

A principios de aquel ao de 1996 se firmaron los Acuerdos de SanAndrs sobre Derechos y Cultura Indgenas. Pero quedaron sin ne-gociar otros temas igualmente importantes.


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Pasaron ms meses de controversias abiertas y conversaciones dis-cretas entre los actores para que la Comisin de Concordia y Paci-ficacin del Congreso de la Unin preparara un texto conocido como

la Ley Cocopa, documento que en teora sera la base de la nuevalegislacin prevista en los acuerdos. Pero, contrariando los com-promisos que haba asumido, el gobierno decidi no proceder con lalegislacin, traicionando as las esperanzas que las negociacioneshaban despertado entre los pueblos indgenas y buena parte de laopinin pblica nacional. Los zapatista se retiraron del dilogo yel conflicto se estanc en una paz armada salpicada de guerra debaja intensidad por parte de las fuerzas federales y estatales.

Ahora, en 2014, a 18 aos de haberse firmado aquella paz a me-dias, podemos plantearnos la pregunta de si existe la posibilidad ola oportunidad de reabrir un debate nacional sobre la relacin de lospueblos indgenas con el Estado mexicano y con la nacin mexicanaen su conjunto. Espero que este foro nos pueda dar una respuesta.

El nuevo artculo 2 de la Constitucin reconoce y garantiza elderecho de los pueblos y las comunidades indgenas a la libre deter-

minacin y, en consecuencia, a la autonoma.Como han sealado diversos analistas, la reforma constitucional enmateria indgena representa una modificacin fundamental del prin-cipio de constitucin de la nacin mexicana; con ella el poder consti-tuyente reconoci principios inditos: el pluralismo cultural, elpluralismo poltico y el pluralismo jurdico, que marcan la pautadel pas hacia un Estado pluricultural de derecho.

No tardaron en plantearse numerosas crticas a la nueva ley ind-

gena. El y organismos afines rechazaron la reforma porque eltexto no se atuvo a la Ley Cocopa (que haba sido negociada con loszapatistas). Tambin se critic el hecho que el Congreso no proce-di a una amplia consulta con organizaciones y pueblos indgenascomo debi haberlo hecho de acuerdo con los compromisos queasumi al ratificar el Convenio 169 de la . Pero el grueso de la opo-sicin se ha centrado en algunas formulaciones sustantivas del nuevotexto constitucional. Al reconocer el derecho de los pueblos indge-


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nas a la libre determinacin, la ley indgena afirma el carcter de estospueblos como sujetos de derecho pblico, pero al mismo tiempodeja a la competencia de las entidades federativas establecer las ca-

ractersticas de este derecho y las normas para el reconocimiento delas comunidades indgenas como entidades de inters pblico.

El descontento generado por la forma en que el Poder Legisla-tivo despach la iniciativa presidencial en materia indgena tuvopor consecuencia que varios estados federales no ratificaran la refor-ma constitucional, por lo que hasta 2008 solamente 14 entidades fe-derativas haban llevado a cabo sus propias reformas respectivas,mientras que otras siete estaban en proceso de hacerlo. Cinco esta-dos ms adoptaron leyes en materia indgena hasta el ao 2012.

Poco despus de su adopcin, la reforma constitucional fue impug-nada en una controversia constitucional interpuesta por ms de 300municipios indgenas en el pas. Sin embargo, la Suprema Corte,en un cuestionado y cuestionable fallo, decidi en 2002 que la con-troversia era improcedente. Varias organizaciones indgenas pre-sentaron tambin una queja ante la Organizacin Internacional del

Trabajo, alegando que la manera en que el Congreso legisl la refor-ma constitucional en materia indgena constitua una violacin alConvenio 169 ratificado por Mxico. Distintas voces, incluyendo100 diputados, pidieron al Congreso reabrir el debate, tomando encuenta las numerosas demandas de organizaciones indgenas y dederechos humanos en el pas, y que modificara el texto con mayorrespeto a la versin original de la Ley Cocopa y los Acuerdos de SanAndrs.

El pas ha cambiado desde aquellos das de 1996 y, a mi juicio, se-ra difcil reconstruir el ambiente propicio a la negociacin que duran-te un breve momento histrico alent las esperanzas de los pueblosindgenas del pas. Los gobiernos panistas que ocuparon el PoderEjecutivo durante 12 aos se alejaron del tema. El zapatismo se dedica establecer sus autonomas comunitarias y municipales en Chiapas yprefiri no construir alianzas con las fuerzas polticas partidistas delMxico oficial. Las diversas organizaciones indgenas tomaron, por


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lo general, sus propios caminos, aunque algunas mantienen sus con-tactos y acaso vnculos con el .

El Consejo Nacional Indgena sigue en vas de construccin a ni-

vel regional y nacional. Los medios de comunicacin nacionales einternacionales ya no mantienen el mismo inters de antes en la rebe-lin zapatista. Las tendencias conservadoras y represoras van co-brando fuerza en todos los sectores, como resultado del y eldominio del capitalismo depredador y globalizador. En buena par-te del pas las luchas indgenas se han focalizado una vez ms en losconflictos locales que tienen efectos inmediatos en las condiciones devida de la gente.

Hoy, debido a los procesos sealados anteriormente, se han en-treabierto nuevas vas para la defensa de los derechos humanos indi-viduales y colectivos de los pueblos indgenas, pero las rendijas sonangostas y detrs de las puertas se mantienen los bloqueos institu-cionales histricos, apoyados por los intereses fcticos que se hanadueado del poder poltico en nuestro pas.

Gracias a la contrarreforma agraria de 1992 y la creciente privati-

zacin de la propiedad agraria, numerosos territorios indgenas (prin-cipalmente bajo la forma de propiedades ejidales y comunales) se handesintegrado y han perdido su capacidad de sostener las actividadesque los pueblos indgenas necesitan para su sobrevivencia. Situa-cin que se agrav durante dcadas por la falta de polticas pblicasde apoyo a la economa campesina. Esta situacin ha conducido anumerosos focos de conflictos sociales y polticos en el pas, prota-gonizados por comunidades indgenas en defensa de sus territorios

y recursos ante lo que es de hecho una forma de neocolonizacin delMxico indgena.Los estudios han identificado decenas de conflictos en diversas re-

giones que enfrentan a las comunidades con las empresas mineras, ytambin con frecuencia con las autoridades locales y estatales; lo quea menudo conlleva a incidentes de violencia, sin que el gobierno fe-deral, que prcticamente regala las concesiones mineras a los grandesconsorcios extranjeros, haya podido poner un alto a esta rapia.


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La actividad extractivista minera creci considerablemente duran-te la dcada pasada, debido a la generosa distribucin de miles dehectreas de concesiones a decenas de poderosas empresas mineras,

que as se han apoderado efectivamente de buena parte de la super-ficie y del subsuelo del pas. Sus actividades estn amparadas en unaley minera de 1992 que les otorga privilegios en contra de los dere-chos de los campesinos e indgenas. La efmera burbuja econmicaque pueden producir estas actividades es en todo caso mnima fren-te al impacto ambiental, social y cultural negativo que una explota-cin de 10 a 15 aos deja a largo plazo.

El mismo escenario se repite en casos de la instalacin de parquesde generacin elctrica elica (como en el Istmo de Tehuantepec),o de proyectos de construccin de plantas hidroelctricas (comoen Guerrero y en Nayarit), o de grandes obras de infraestructura quedesplazan a comunidades enteras.

Mltiples asociaciones indgenas y de derechos humanos se hanmovilizado en aos recientes para defenderse de estos procesos des-tructores. En algunos casos han logrado pequeas victorias con la

suspensin (temporal o permanente) de la actividad minera. En otros,la corrupcin y la represin fsica hacen estragos en las comunida-des. Quienes defienden a su tierra y sus recursos son con frecuen-cia perseguidos ya que la criminalizacin de la protesta social es unade las violaciones persistentes de los derechos humanos (de las cua-les los indgenas suelen ser vctimas).

El desplazamiento forzado de la poblacin, la contaminacin delos acuferos, la destruccin de la flora y la fauna, la presencia de pro-

blemas nutricionales y de salud materno-infantil debido a los resi-duos contaminantes de la actividad minera a cielo abierto, constituyenotras tantas violaciones graves de los derechos humanos de los pue-blos indgenas, a los cuales no se ha prestado suficiente atencin.

De ah que no basta reformar leyes y reglamentar los principiosconstitucionales (lo que debe ocurrir, por supuesto), como el pro-yecto de ley indgena recin presentado en Oaxaca (agosto de 2013).Es necesario asegurar el cumplimiento de las normas de derechos


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humanos a travs de polticas pblicas eficaces y, sobre todo, conla plena participacin de los pueblos interesados. Entre los derechosya garantizados a nivel internacional est el derecho a la consulta

libre, previa e informada. En Mxico ese derecho an no se ha le-gislado, pero los indgenas y las organizaciones de derechos huma-nos demandan, con justa razn, que sea aplicado y respetado.

Ha resultado muy fcil para el gobierno y las empresas simular laaplicacin de este derecho a la consulta, en vez de respetar plena-mente la voluntad de las comunidades indgenas mediante la parti-cipacin efectiva y responsable de ambas partes. La (no) aplicacinde este derecho no puede seguir siendo un pretexto ms para violarlos derechos humanos.

En la escasa aplicacin del derecho a la consulta previa ya se ad-vierten las dificultades que su implementacin conlleva. Se han do-cumentado numerosos casos en que autoridades corruptas se alancon intereses empresariales o caciquiles para negar a los pueblos in-dgenas el ejercicio libre de este derecho humano. Con frecuenciaellos no disponen de la informacin previa necesaria para conocer

a fondo las implicaciones de tal o cual actividad extractiva o desarro-llista. En ocasiones la empresa anuncia, falsamente, que cuenta conel apoyo de la comunicad. En otras la corrupcin logra dividir a unacomunidad indgena y crea violencia y resentimientos. Considerourgente y prioritario que se implemente este derecho a la consultacon la plena participacin de los propios indgenas y los expertos co-nocedores de la materia, y que se lleve un registro y evaluacin de losresultados obtenidos.

Pero esto sera solamente el comienzo. La Declaracin de la sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas contiene muchoselementos adicionales que hasta la fecha han sido ignorados porlas autoridades. Entre otros, sigue pendiente el tema de la autono-ma, garantizado en el artculo 2 constitucional, que ha generadoun interminable debate. Aunque existen pueblos y comunidades quedeclaran unilateralmente su autonoma, no hay que olvidar que unrgimen autonmico cualquiera que sea debe ser el resultado de


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una negociacin de buena fe entre el Estado nacional y el ente auto-nmico. En caso contrario, no funciona.

Durante casi medio siglo el indigenismo mexicano fue conside-

rado como un modelo de poltica pblica progresista, moderna yesclarecida dentro y fuera del pas, sobre todo en contraste con otrospases latinoamericanos. A partir de los aos ochenta del siglo pasado,reflejando lo que estaba sucediendo en la y otro foros inter-nacionales, comenz a escucharse (aunque no siempre a ser escucha-da) una nueva voz de los pueblos indgenas. Esta voz, cristalizada enun emergente movimiento indgena y expresada a travs del impor-tante papel de voceros intelectuales, profesionales y polticos de laspropias comunidades indgenas, elabor una articulada crtica delindigenismo tradicional y dio a conocer la situacin real de la po-blacin indgena en el pas, poniendo en duda ante la opinin pbli-ca nacional e internacional los anunciados logros del indigenismooficial asimilacionista y modernizador. En este movimiento desta-caron tambin por su activa militancia numerosas mujeres lderes desus comunidades y organizaciones.

Una visin alternativa, la de un Mxico plural, comenz a desli-zarse incluso en el discurso poltico, que finalmente fue recogida,pero slo parcialmente, en la reforma constitucional de 2001. Peroesta visin se entrelaza con la otra poltica que el Estado y la clasepoltica asumieron con entusiasmo: insertar la economa nacional enla globalizacin sin considerar costos ni resultados; privatizar fun-ciones y responsabilidades del Estado sin contemplar consecuenciassociales y culturales; promover la competitividad individualizada sin

tener en cuenta los pilares de la cooperacin y la vida comunitaria,sobre todo en el ya desgarrado campo mexicano en donde radicanprecisamente los pueblos originarios que, segn el artculo 2 cons-titucional, constituyen la base de nuestra nacionalidad.

Quienes son histricamente responsables de estas decisiones noprevieron la creciente desigualdad y polarizacin social que hoy ca-racteriza al pas (aunque era perfectamente previsible); no pensaronen la destruccin del campo sino solamente en las ganancias obteni-


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das de las actividades agrocomerciales que benefician principalmentea algunos estratos privilegiados; no tomaron en consideracin la des-integracin de la vida comunitaria que haba dado fortaleza a lo largo

de nuestra historia precisamente a los pueblos originarios.Segn datos oficiales (), , Banco de Mxico, Banco Mun-

dial, , Banco Interamericano de Desarrollo, , y un sinfnde estudios acadmicos e informes de las organizaciones de la so-ciedad civil, casi la mitad de la poblacin nacional sufre hambre coti-diana; la mayora de los pobres es gente del campo; la pobrezaextrema se concentra entre la poblacin indgena, la que tambinacusa los ms bajos ndices de bienestar social, niveles de vida, ni-veles educativos.

Agrguese a estos datos la creciente criminalidad y violencia quesufre la poblacin nacional; que es precisamente la consecuencia(sin duda inesperada pero ineluctable) de la desintegracin sociala la que acabo de hacer referencia.

Por todo lo anterior cobra importancia prestar debida atencin ala situacin y las demandas de los pueblos indgenas, no meramente

para celebrar la diversidad cultural (como prefieren algunos), o recor-dar la raz profunda de nuestra identidad nacional (como quisieranotros), sino para ponderar serena y objetivamente las disyuntivas quese presentan a la nacin plural que somos y que quisiramos man-tener sin exclusiones ni discriminaciones.

En estos das, numerosas organizaciones de la sociedad civil recla-man el cumplimiento de sus derechos. La Comisin Nacional de losDerechos Humanos seala reiteradamente el aumento de violacio-

nes de derechos humanos de los indgenas. Y es que existe una cre-ciente brecha entre las leyes y su implementacin; brecha que se hallenado de violaciones acumuladas de los derechos indgenas.

La legislacin internacional y nacional reconoce la existencia dederechos individuales y colectivos: los de los individuos indgenas;los conocidos derechos civiles y polticos; y los de las colectividades,comunidades y pueblos indgenas que abarcan tambin a los dere-chos econmicos, sociales, culturales y ambientales. Los indgenas


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en Mxico han sido y siguen siendo vctimas de la violacin de am-bas categoras de derechos: individuales y colectivos. Los individua-les se concentran en abusos de las fuerzas del orden, la corrupcin

en la administracin de justicia, la ineficiencia de los servicios pbli-cos (como en educacin, salud, vivienda, servicios urbanos), y lasactitudes racistas y discriminatorias de otros sectores de la poblacinen contra de especialmente las mujeres y los nios y nias indgenas.

La Declaratoria de la y el artculo segundo constitucional re-conocen el derecho de libre determinacin y a la autonoma de lospueblos indgenas. Sin embargo, se trata de otro de los derechos quean no se aplica, tal vez porque nadie sabe bien cmo hacerlo. Mu-chos pueblos indgenas lo proclaman y lo exigen, pero en ausenciade un autntico dilogo nacional sobre el tema. Frente al poco in-ters que las autoridades federales han demostrado por l, algunospueblos han emprendido por su cuenta establecer su propia auto-noma. All estn las experiencias de las comunidades zapatistas enChiapas; all estn tambin los intentos de Chern, en Michoacn, yen algunas otras regiones, como las policas comunitarias en Gue-

rrero de las que ahora se habla mucho en los medios.Tenemos ahora una oportunidad para reconocer la enorme deu-da que nuestro pas tiene con sus pueblos indgenas; y que sirva parareafirmar la voluntad de todos los mexicanos para juntar esfuerzoscon tal de que no sigan las violaciones a sus derechos como ciudada-nos y como pueblos originarios de esta nacin, tal como lo ratifica elartculo segundo constitucional.


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Coordinacin de la MesaMiguel ngel de los Santos y David Cienfuegos.

RelatoraAnavel Monterrubio

I. Numeralia y representatividad de la Mesa

En la Mesa participaron 44 personas de once entidades federativas,con 14 representantes de los pueblos nahua, purpecha, chol, tzel-tal, yaqui, maya y ha hu.

II. Desglose de los puntos de diagnstico establecidos en la Mesa

1. Se busca una armonizacin legislativa que no enve mensajes equi-vocados. Se trata de la constitucin de un marco legislativo queproporcione un claro respaldo legal y de reconocimiento a loscompromisos que Estado y sociedad asuman frente a los dere-chos de pueblos y comunidades indgenas. Para lograrlo es necesa-rio reconocer, primero, la problemtica que actualmente privaentre los distintos pueblos y comunidades indgenas del pas enmateria del reconocimiento de sus derechos.

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RELATORAS DEL FORO48

2. Se dijo, en la tesitura referida, que existen huecos y fallas en loscuerpos legislativos, pero tambin definiciones, recomendacio-nes y convenios nacionales e internacionales que han venido su-

mando elementos positivos de reconocimiento de derechos. Y queson precisamente esos elementos, relativamente dispersos, losque se requiere integrar en ordenamientos claros de reconoci-miento de derechos.

3. Se habl de uno de los casos ms graves en cuanto a la falta dereconocimientos, a saber: el que corresponde al reconocimientode las comunidades indgenas como sujetos de derecho pbli-co tal y como fue establecido con toda claridad en los Acuerdosde San Andrs Larrinzar, o la falta de una clara y prctica for-mulacin de un derecho ya enunciado en el Convenio 169 de la, a saber: el derecho a la consulta.

4. Se consider como sumamente grave el hecho de que, ante losembates de los grandes proyectos de inversin privada en los te-rritorios de los pueblos indgenas (especialmente a partir de lasconcesiones mineras, los proyectos hidroelctricos y elico, etc-

tera), no existe un protocolo reconocido por el gobierno federalpara consultar a los pueblos indgenas sobre la posibilidad deotorgar las concesiones. Agravado lo anterior por el hecho de queal gobierno pareciera no importarle los proyectos productivosgenerados por los propios pueblos y comunidades indgenas, prefi-riendo proyectos destructivos de empresas privadas que no tienennada que ver con los procesos de sustentabilidad.

5. Se agreg que, aun con la obligatoriedad establecida en el artcu-

lo segundo de la Constitucin federal, en varias entidades federa-tivas con poblacin indgena no existe legislacin referida a losderechos de esos pueblos. Y que en algunos casos, aunque existalegislacin, no hay reglamentacin e instituciones que sean capa-ces de aterrizar o de responder al cumplimiento de los referidosderechos.

6. Qued registrado que parte importante de los dficits prevale-cientes en las condiciones de defensa y de lucha de derechos, des-


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de los pueblos y comunidades indgenas, se encuentra la falta deinstrumentos y recursos para que los pueblos indgenas puedancabildear, incidir y generar voluntades polticas positivas hacia ellos

entre quienes tienen la responsabilidad gobernante en el pas.7. Tambin se advirti de un hecho que, vindolo de cerca, resulta

sumamente grave: la acumulacin y avances especficos en muchostemas relativos a los pueblos indgenas de Mxico no se corres-ponde necesariamente con los beneficios aportados. El posicio-namiento al respecto qued formulado en trminos de que Delderecho al hecho hay un largo trecho, pues, aunque hay diag-nsticos, foros, instituciones (como el Inali y las universidadesinterculturales) expresamente abocadas a la atencin y al cumpli-miento de derechos reconocidos, deja mucho que desear lo querealmente funciona y se ejerce en el terreno de los hechos.

8. Otra grave carencia que es necesario subsanar es que en los instru-mentos internacionales y nacionales no se reconoce explcitamen-te la existencia de los pueblos originarios de las zonas urbanas,particularmente en el caso de la ciudad de Mxico. Estos pueblos

estn fuera de los derechos reconocidos en el mbito internacio-nal y nacional, lo cual los vuelve particularmente vulnerables conrespecto a diversos agentes nocivos de inversin, entre los quese encuentran destacadamente los especuladores inmobiliarios.

III. Desglose de los puntos de propuesta

1. Se plante que resulta indispensable disear y aprobar una leyde consulta para los pueblos indgenas, pero con mecanismosy frmulas que no queden en la simulacin y que terminen sien-do vinculantes.

2. Se consider que, dentro del marco de la lucha que los pueblosindgenas estn dando en el tema referido, sera necesario crearespacios que concentren y procesen la informacin requeridapor parte de los pueblos y comunidades indgenas para que ten-


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gan las mejores condiciones para tomar decisiones oportunas,justas y eficientes sobre los proyectos de inversin y de polti-cas pblicas relacionadas con su desarrollo.

3. La armonizacin legislativa debe incluir el reconocimiento de losderechos fundamentales y colectivos en las leyes correspondien-tes de las entidades federativas, pero tambin se requiere regla-mentar los instrumentos que van a hacer efectivos tales derechos;por ejemplo, en materia de educacin debe asegurarse el ejercicioefectivo de los nios a contar con maestros indgenas y que conoz-can la cultura.

4. En materia de propuesta de reforma legislativa, se consider que,en el esfuerzo ya referido de armonizacin, se incluyan principiossimilares alpropersona, con lo que se permita que al momentode aplicar cualquier disposicin deba optarse por aquella que seams favorable a los derechos de los pueblos indgenas.

5. Se consider que la necesaria armonizacin legislativa debe re-flexionar sobre los diferentes niveles y problemticas existen-tes en la realidad o realidades indgenas de Mxico, referido a

los temas de desarrollo social, econmico, cultural, medioam-biental, etctera. 6. El proceso de armonizacin debe considerar los derechos ind-

genas como transversal de los derechos humanos fundamentalesy colectivos.

7. En la misma tesitura, es necesario revisar las contradicciones delartculo segundo y tener cuidado en la formulacin de las leyessecundarias asociadas no slo a la consulta sino a todos los te-

mas que involucran los derechos indgenas, como las leyes secun-darias relacionadas con la reforma energtica. 8. Se plante que las omisiones legislativas no deben ser invocadas

por los jueces para dejar de reconocer los derechos ya gana-dos por pueblos y comunidades indgenas.

9. Se plantea la necesidad de que en el Tratado Transpacfico se in-corpore una clusula protectora para proteger derechos depropiedad intelectual de los pueblos indgenas.


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10. Es necesaria una reforma electoral, que asegure que en los dis-tritos indgenas participen a puestos de eleccin popular ver-daderos representantes de los pueblos indgenas y no de los

partidos polticos. Adems, la designacin de quienes participenen esos procesos se debe hacer a partir de factores culturales pa-ra asegurar que sean verdaderos indgenas.

11. Para armonizar las leyes es necesario considerar la cosmovisinde las 62 etnias y las 365 variantes de las mismas. Para tal fina-lidad, es necesario redefinir la autoadcripcin como pueblosoriginarios, y no como pueblos indgenas. En el mismo sentido,no debe identificarse a los pueblos indgenas como grupos vul-nerables.

12. Se sugiere realizar un segundo evento, que pudiera llevarse a ca-bo en mejores condiciones para facilitar una adecuada discusiny participacin de quienes directa y realmente estn interesados,incluyendo los no indgenas.

13. La consulta debe ser vinculante y debe, adems, ser previa, in-formada y adecuada a las condiciones y circunstancias de los

pueblos indgenas.14. La consulta a los pueblos indgenas debe ser no slo para pro-yectos, sino tambin para la definicin de polticas pblicas.

15. La ley de consulta debe establecer criterios tcnicos, procedimien-tos y metodologas. Es decir, la forma en que se va a desarrollar,se va a aplicar y se va a sancionar.

16. En los rganos encargados de llevar a cabo los procesos de con sultadeben estar integrados representantes de los pueblos indgenas

u originarios.17. Es necesario que el cambie su principio de cuantificar a lapoblacin indgena, puesto que contabiliza slo a quienes hablanalguna lengua indgena, y eso lleva a un subregistro y subestima-cin del nmero de indgenas o miembros de los pueblos origi-narios de Mxico.


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Coordinacin de la MesaEnrique Flota yJuan Campos

RelatoraEfrn Arellano


En la Mesa se registraron 37 participantes, de los cuales siete fue-ron acadmicos, 13 representantes de diversas organizaciones y16 indgenas a nombre propio o de alguna organizacin. Los pue-blos y/o comunidades indgenas representados fueron wixrika(cinco), triqui (tres), zapoteca (tres), mixteca (dos) y uno de lassiguientes: nahua, mepnao, tzetzal, otom y huelta.

II. Desglose de los puntos de diagnstico

1. En Mxico los indgenas sufren una constante violacin a susderechos, particularmente el referido al libre y justo acceso a laaplicacin de la justicia. Son, adems, discriminados por policas,

investigadores, agentes del Ministerio Pblico y por juzga do-res, debido a la permanencia de fuertes cargas de racismo en lacultu ra nacional y al desconocimiento ms o menos generalizadoque existe sobre sus derechos, cultura y tradiciones.

2. La Constitucin ya establece, en su artculo segundo, que en todoslos juicios desarrollados en los que se implique poblacin ind-gena deber tomarse en cuenta sus costumbres y caractersticasculturales, respetando plenamente sus derechos humanos. Tam bin


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se establece que los indgenas tienen derecho a ser asistidos pordefensores con conocimientos de sus costumbres y de su lengua.Por otro lado, para el caso de los migrantes indgenas la Consti-

tucin mandata a la federacin y a los estados a establecer accionespara proteger sus derechos, con apoyos derivados a los jornale-ros agrcolas. Dentro de ese marco se establecen lneas de inter-vencin para que se provean servicios de salud a las mujeres y, engeneral, se vele por los derechos humanos de esta poblacin. Peroen la realidad todos esos derechos no se respetan, pues son viola-dos sistemticamente por la falta de instituciones adecuadas; porla falta de capacitacin de los operadores del sistema de seguridady justicia; por la inexistencia de protocolos para la canalizacin ytratamiento de personas indgenas; y por la falta de respeto a lossistemas normativos propios de los pueblos indgenas. A lo lar-go de los aos estos problemas han subsistido por la falta de unaadecuada armonizacin legislativa y una escasa voluntad polti-ca de los gobiernos en turno.

3. En el sistema penitenciario no existen las condiciones adecuadas

para la poblacin indgena. Muchos de ellos estn presos sin sa-ber que sus derechos fueron violados, pues no reivindicaron du-rante el proceso la calidad de indgenas o bien padecieron unatraduccin inadecuada de su lengua. Tambin existen los casos delos denominados pagadores, referido el trmino a aquellas per-sonas que se encuentran presas por estar pagando la sentencia deotra persona que no es indgena. La falta de proteccin adecua-da de los derechos obedece tambin a la existencia de alrededor de

10 millones de personas sin acta de nacimiento.

III. Desglose de los puntos de propuesta

1. Es necesario que en la Constitucin federal se reconozca a losindgenas como sujetos de derecho pblico.


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2. Que se lleve a cabo un proceso de armonizacin legislativa queincluya los tratados internacionales, la Constitucin, las leyessecundarias y los reglamentos de operacin en todo el pas.

3. Que se constituyan Ministerios Pblicos competentes a lo lar-go y ancho del pas en materia de juicios que impliquen a po-blacin indgena, de manera que no se dependa en forma tandeterminante de la disponibilidad o de la aptitud de los intr-pretes.

4. Que se establezca la obligatoriedad de todas las agencias del Mi-nisterio Pblico a que tengan los conocimientos sobre derechosindgenas, al tiempo en que se les obligue a dar parte a una agen-cia especializada.

5. Crear instancias u organismos que puedan ofrecer apoyo a lasautoridades y la poblacin, a fin de promover y proteger demanera adecuada los derechos de los indgenas en conflicto conla ley.

6. Que en todos los juicios donde est involucrado un indgenase haga vlida la obligatoriedad de contar con un intrprete lin-

gstico y con un especialista en la lengua, tradiciones y cultura. 7. Que se establezcan sanciones especficas contra los funcionariosque no respeten los derechos indgenas en los juicios.

8. Que en los juicios y procesos legales en los que estn involu-crados los indgenas se incorpore el criteriopro persona, el cualdetermina que la norma que mejor protege y da contenido aun derecho reconocido, debe ser tomada como base para la in-terpretacin judicial en un caso especfico.

9. Que se establezca por ley la obligacin de reponer los procesosen los cuales no se respetaron los derechos especficos de la po-blacin indgena.

10. Que se amplen y se fortalezcan los procesos de certificacin delos intrpretes y traductores culturales, para poder multipli-car los casos atendidos.

11. Que los abogados y defensores de los indgenas se vean obligadosa recurrir a todas las instancias en los procesos judiciales.


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12. Que se realice un diagnstico muy preciso sobre la situacin ac-tual de la poblacin indgena en los reclusorios del pas y sobrela violacin de sus derechos.

13. Que en el sistema de ejecucin de sentencias se establezca la po-sibilidad de que, para los casos indgenas, se hagan compatibleslas sanciones con su cultura. Incluir para ello sanciones diferen-tes al encarcelamiento.

14. Que se garantice que en los centros de reclusin se ofrezcan es-quemas de atencin integral a la poblacin indgena, que atiendasus caractersticas de salud, gnero y edad.

15. Que la Cmara de Diputados tramite una minuta aprobada porel Senado de la Repblica, a fin de elevar a rango constitucional elderecho a tener un acta de nacimiento de manera universal, opor-tuna y gratuita.

16. Que se d nfasis al cumplimiento de los derechos laboralesde los indgenas, en lugar de implementar programas sociales decombate a la pobreza.

17. Que se establezca una ley de proteccin de los derechos de los

migrantes indgenas en trnsito, con la constitucin de una ins-tancia que regule su cumplimiento y un observatorio que vigi-le la proteccin efectiva de los derechos de esta poblacin.

18. Que se amplen la educacin cvica con derechos y obligacionespara toda la poblacin, y que las universidades impartan carre-ras especializadas en los asuntos indgenas.

19. Que se constituyan mecanismos para la promocin y protec-cin de los derechos de los migrantes indgenas, que incluyan

un monitoreo sobre la situacin de sus derechos laborales y elcomportamiento de las empresas.20. Que en caso de los hospitales donde se ofrece atencin de medi-

cina tradicional existan traductores que permitan una adecuadacomunicacin entre los mdicos homepata y el tradicional.


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Coordinacin de la MesaIrma Aguirre yChristian Aurora Mendoza

ModeradoraMartha Gonzlez

RelatoraClaudia Ayala Snchez


En la Mesa participaron 31 personas, de las cuales 23 provinie-ron de la zona Centro (, Estado de Mxico, Tlaxcala, Puebla);siete del Sur-Sureste de Mxico (Oaxaca, Chiapas, Guerrero);

y, uno de la zona Norte (Sinaloa). Los pueblos y comunidadesindgenas representados fueron: mazahua, otom, tzotzil, tutu-nak, pueblos originarios de Tlalpan y de Magdalena Contreras(San Nicols Totolapan), tzeltal, zapoteco y zoque.

II. Desglose de los puntos de diagnstico

1. La mujer sufre triple discriminacin: por ser mujer, por ser ind-gena, por ser pobre.

2. Las mujeres de los pueblos originarios no legitiman el liderazgode las mujeres indgenas. Existe un celo de gnero entre ellas.

3. No se visibiliza a las nias (poblacin infantil y juvenil de laspoblaciones indgenas) en las leyes que tocan a los pueblos origi-narios.


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4. No se visualiza el tema de la discapacidad en mujeres indgenas. 5. La discriminacin de gnero es exclusiva de las comunidades

indgenas, aunque s hay diferencias. No es igual la discrimina-

cin de mujeres urbanas (nivel escolaridad alto) a la que padecenlas mujeres de comunidades rurales. S hay diferencia, aunquecada una, en su contexto, viven discriminacin de gnero.

6. La igualdad entre mujeres y hombres requiere un anlisis deacciones a nivel nacional.

7. Faltan polticas efectivas en materia de salud sexual y reproduc-tiva.

8. Es necesario impulsar el liderazgo de mujeres, preponderante-mente, de las indgenas.

9. Acceder a la igualdad entre mujeres y hombres es una metaexclusiva de la mujer, tanto en el movimiento feminista como enel indgena: Lo de mujeres, slo a mujeres.

10. Prevalece en el pas, en todos los mbitos, una fuerte discrimi-nacin por gnero.

11. Reiteradamente las mujeres no ejercen sus derechos humanos

en las comunidades indgenas, lo cual las condena a una margi-nacin an mayor.12. El Estado no cuenta con una poltica de promocin cultural e

informacin que promueva la equidad de gnero, en particulardirigida a las mujeres indgenas.

13. Las mujeres no cuentan con una adecuada representacin y par-ticipacin poltica, debido, entre otras razones , a que no existenlos mecanismos de capacitacin adecuados, tanto para las muje res

urbanas como rurales; por ello las mujeres no estn adecuadamentepreparadas para ampliar estos espacios.14. Por la falta de politizacin de la mujer, tambin se observa vio-

lencia institucional, pues la mujer toca las puertas de las insti-tuciones pero no le quieren abrir.

15. Debido a los altos ndices de emigracin, muchas mujeres casadasheterosexuales han sido infectadas de -, lo que reclamaacciones pblicas especficas. Adems de que la nula educacin


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sexual dirigida a los adolescentes est trayendo aparejado conta-gio de en la primera experiencia sexual.

16. Se detecta un escaso acceso a la informacin, as como carencia

de contenidos adecuados para promover la participacin y edu-cacin de la mujer indgena.

17. Existe violencia sexual de gnero.18. La mujer no tiene acceso a la propiedad ni de la tierra, ni de los

medios de produccin e incluso ni de su propio cuerpo pues si-gue requiriendo de la tutela del marido para decidir sobre el n-mero de hijos y el espaciamiento entre nacimientos.

19. Violacin a sus derechos culturales.20. La violencia verbal sigue presente hacia los pueblos originarios.

III. Desglose de los puntos de propuesta1. Transversalizacin para una perspectiva de gnero en todos los

programas de la administracin pblica federal.

2. Reflexionar cules diferencias o cmo se conjuga la discrimina-cin de gnero

10 derechos indigenas

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