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Principios y Principios y fuentes del fuentes del

derecho procesal derecho procesal administrativoadministrativo

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PRINCIPIOS DEL DERECHO PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVOPROCESAL ADMINISTRATIVO

Los principios son un conjunto de normas principales de carácter constitucional, de justicia natural y de derecho supranacional, encargadas de garantizar que el procedimiento administrativo en el Perú se encuentra enmarcado en un Estado de Derecho, donde se garantiza:

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1. Principio de legalidad “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”

2. Principio de debido procedimiento. ”Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido proc. Adm. que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Der. Admi. La regulación propia del D.P.C. es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”

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3. Principio de impulso de oficio. Iniciar, Impulsar, remover, subsanar: ”Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”.

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4. Principio de razonabilidad. ”Las decisiones de la aut. Adm. cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” Debe ser proporcional a la infracción cometida a los daños cometidos, a la gravedad de la conducta. Ejem. por una infracción leve no se debe imponer una sanción grave.

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5.Principio de imparcialidad. ”Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.”

Tratamiento igualitario en el sentido subjetivo y objetivo. Cuando tengan condiciones similares se absuelve sus pretensiones en forma uniforme si son semejantes

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6. Principio de informalismo.”Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.”

En todo procedimiento administrativo existe la posibilidad de que el administrado cometa errores en el procedimiento iniciado, los mismos que pueden ser subsanados.

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7. Principio de Presunción de Veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

8. Principio de Conducta Procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta.

9. Principio de Celeridad. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al Debido Procedimiento o vulnere el ordenamiento

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10. Principio de Eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto

que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

La eficacia implica llegar a un objetivo previamente establecido, aun si existen formalismos cuya realización no incida en su validez, este termino esta vinculado al término eficiencia, que es realizar un objetivo previamente establecido al menor tiempo y costo posible.

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11. Principio de Verdad Material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimiento trilaterales la autoridad administrativa está facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa está obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pueda involucrar también al interés público.

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12. Principio de Participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.

13. Principio de Simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, se debe eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

14. Principio de Uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no sean convertidas en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

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15. Principio de Predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

Este principio implica que un administrado puede predecir si su tramite va a tener o no éxito, incluso la figura de los precedentes de observancia obligatoria tiene relevancia en este aspecto.

16. Principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. La autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplica las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

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No por el hecho de presentar documentos adjuntos a una solicitud en un trámite administrativo se considera que dichos documentos son auténticos o acordes con el tramite, la entidad tiene la facultad de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento, inclusive denunciar este hecho en la vía penal.

“ Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo”.

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FUENTES DEL DERECHO FUENTES DEL DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVOPROCESAL ADMINISTRATIVO::

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FUENTES DEL DERECHO FUENTES DEL DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVOPROCESAL ADMINISTRATIVO

CONCEPTO DE FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO En términos generales se designa fuentes del derecho administrativo al conjunto de conocimientos escritos y no escritos que el derecho administrativo ha empleado para surgir y desarrollarse, es decir, que las fuentes del derecho administrativo no son otra cosa que el origen de donde emanan las normas jurídico-administrativas.

Desarrollaremos conforme a la Ley N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GENERAL

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1. Las disposiciones constitucionales.

2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.

3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.

4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.

5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.

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6.Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.

7.La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.

8.Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.

LPLPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27774AG: Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27774

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9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

10.Los principios generales del derecho administrativo.

LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27774LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27774

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1. Las disposiciones constitucionales. La Constitución es la norma fundamental del Estado que se

caracteriza por su supralegalidad manifestada en su mayor jerarquía y su rigidez (su creación y modificación requiere de la concurrencia de órganos y procedimientos más complejos que los exigidos para crear y modificar las leyes).

Constituye el marco dentro del cual deben ubicarse todas las ramas jurídicas.

El ordenamiento jurídico es como un árbol, el tronco es la Constitución y las ramas todas las demás normas. Ninguna norma puede contravenir, ni por el fondo ni por la forma, las normas constitucionales

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2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.

Los tratados celebrados por el Estado peruano, que según la Constitución Política de 1993, forman parte del derecho nacional.

Los tratados son fuente de derechos y obligaciones para los Estados contratantes y valen como regla del derecho internacional, el Tratado debe ingresar en el ordenamiento jurídico interno, lo que se haría en principio, por una ley de ratificación.

Por esta razón, los tratados son fuentes indirectas del derecho administrativo, especialmente aquellos que versan sobre materias administrativas (sanitaria, transporte, aéreos, comunicaciones, etc.).

Los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros estados, forman parte del derecho nacional.

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3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. Por ley se entiende: Ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto,

obligatorio, impersonal y que contiene una sanción directa o indirecta en caso de inobservancia.

La Leyes es una prescripción dictada por el órgano competente del Estado, según formas prefijadas en la Constitución, que manda, prohíbe, o autoriza algo en consonancia con la justicia y para el bien de todos los miembros de una comunidad.

La norma legal es dictada sobre la base de la-descripción de la realidad social.

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4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.

Debemos recordar que decreto es un vocablo tomado del latín, que significa decidir, determinar, distinguir; En términos generales, el decreto es:

Una orden girada por una autoridad, dirigida a un gobernado; es decir, es una resolución de un órgano público para un caso concreto.

Acto escrito y unilateral de declaración de voluntad del Poder Ejecutivo, especialmente, que regula situaciones concretas.

Estos decretos son unilaterales, es decir, de declaración de voluntad del Poder Ejecutivo, que contienen decisiones individuales o colectivas si se refieren a varias personas.12/03/201312/03/2013 2222


4.Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.

RESOLUCIÓN SUPREMA:RESOLUCIÓN SUPREMA: Son normas de carácter específico, rubricadas por el

Presidente de la República y refrendadas por el Ministro a cuyo sector correspondan.

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5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.

El Reglamento es el acto unilateral dictado en ejercicio de la función administrativa que crea normas jurídicas generales ..

El Reglamento es la manifestación unilateral de voluntad de la administración que crea normas jurídicas generales.

El Reglamento es una declaración de voluntad unilateral y escrita del Poder Ejecutivo, que crea normas jurídicas generales.

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5.Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance

institucional o provenientes de los sistemas administrativos.

EL ESTATUTOEL ESTATUTO Etimológicamente el término Estatuto proviene del latín statutus;

de statuo, statui: Estatuir, establecer, instaurar. Significa regla que tiene fuerza de ley y por extensión cualquier

ordenamiento eficaz para obligar. El término Estatuto se emplea para denominar aquellos

reglamentos en los que se traza la constitución de un ente público.

Estatuto es, pues, un conjunto orgánico de normas legales, ciertas y estables, que tienen por objeto asegurar positivamente los derechos y deberes de las personas a que él se refiere.

Es una especie de ley menor y en nuestra legislación tiene el carácter de «Reglamento ».

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5.Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance

institucional o provenientes de los sistemas administrativos.

ORDENANZAS . ORDENANZAS .

Son leyes de la Administración Local expedidas por los Concejos Municipales para el buen orden de las cuestiones vecinales o de su competencia.

Ordenanza es pues, cada una de las disposiciones dictadas por un municipio para el gobierno de la respectiva ciudad y su ámbito jurisdiccional; podría decirse que constituye las “ Leyes Municipales”

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6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.””

FUENTES MENORES:FUENTES MENORES: Son más que fuentes, la aplicación misma de las

normas legales superiores en el área administrativa, EL OFICIO, MEMORANDUM, LA CARTA, CARTA NOTARIAL, INSTRUCCIONES, DIRECTIVAS, EL AVISO. LA CIRCULAR EL CARTEL, EL COMUNICADO EL BANDO O PREGÓN, EL TELEGRAMA

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7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.

LA JURISPRUDENCIA:LA JURISPRUDENCIA: Hay dos concepciones de lo que es jurisprudencia:

a) Que es un conjunto de normas y principios imperativos contenidos en las decisiones de los órganos jurisdiccionales;

Esta es la actual noción anglonorteamericana, que identifica jurisprudencia con derecho positivo.

b) Que es la interpretación reiterada concordantes del orden jurídico positivo hechas por órganos jurisdiccionales

Es la más generalizada en el mundo occidental.

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8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales,(…). Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.

Las resoluciones, en sus diversas clasificaciones (Supremas, Ministeriales, Administrativas o circulares, Jefaturales, de Organismos Públicos Descentralizados), vienen a ser pronunciamientos o decisiones que una determinada entidad emite sobre algún asunto relacionado con el ámbito de su competencia.

En el presente caso, la norma se refiere a aquellas que son emitidas a través de los denominados «Tribunales o Consejos», se entiende de carácter administrativo, considerándose además que tales pronunciamientos establezcan criterios interpretativos de carácter general y además sean debidamente publicadas.

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9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

Teniendo en cuenta que determinadas entidades están facultadas para realizar absolución de consultas respecto de la interpretación de normas administrativas, cuya aplicación práctica tiene muchas veces lugar en la propia entidad, la norma objeto de comentario considera que tales pronunciamientos constituye también fuentes del procedimiento administrativo, toda vez que implican un forma de interpretación «oficial» o criterio institucional que se tiene en cuenta al cumplir lo prescrito por alguna norma administrativa.

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10.Los principios generales del derecho administrativo. Entendemos por principios generales del derecho a los

preceptos básicos y esenciales del ordenamiento jurídico de un estado de derecho.

Cuando no hay ley, el juez, debe acudir a principios meta-positivos para decidir la cuestión; desde luego, el Magistrado no puede guiarse por su capricho subjetivo sino de conformidad con principios dotados de validez intrínseca y, además, que no choquen con los preceptos positivos vigentes; el fin supremo de estos principios es el de equidad, que manda solucionar con justicia los casos particulares.

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graciasgracias

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