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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA GESTION PRESUPUESTARIA PP-2

EJERCICIO ECONÓMICO 2011

1. GENERALIDADES

La Contraloría General de la República es el órgano constitucional que se encarga de la

fiscalización del uso de los fondos públicos, así como de auxiliar a la Asamblea Legislativa en

materia de control político, con el fin de contribuir a la mejora de la gestión de la Hacienda Pública.

Para el ejercicio económico del año 2011, la institución para cumplir su misión acorde con el Plan

Estratégico Institucional 2008-2012 “Un compromiso con la sociedad costarricense”, se trazó en

apego a los objetivos estratégicos definidos, las siguientes prioridades:

-Vigilar la captación y el uso de los fondos públicos. Se informa de los esfuerzos realizados en

el uso de mecanismos de valoración de riesgos de las fiscalizaciones para aprovechar de mejor

manera los recursos institucionales; lo cual se tradujo en la identificación de áreas temáticas en 35

instituciones calificadas como las de mayor riesgo. Durante el año 2011 fueron fiscalizadas, con

informe concluido, un total de 29 instituciones que representa un 83 % de cobertura. Tomando en

cuenta todo el universo de fiscalización se elaboró un total de 281 informes.

- Fortalecer el Control Interno en la Administración Pública. Respecto a esta prioridad se

informó lo siguiente: -El diseño y el desarrollo de un índice de gestión institucional del sector

público, se concluyó una herramienta informática que les permite a las auditorías internas incluir

en la página Web de la Contraloría General sus planes de trabajo; se publicó y difundió la versión

renovada de la herramienta “Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas” y como

referencia para los auditores internos se compiló la normativa que debe aplicarse al hacer esas

evaluaciones de calidad; se impartió el curso de control interno en 6 aulas virtuales, a 142

funcionarios de diferentes entidades gubernamentales; se ejecutó un programa con la modalidad

de mesas redondas a un promedio de 170 auditores del Sector Público con la finalidad de

desarrollar sus capacidades y se impartieron 4 charlas a 131 auditores en “Valor Público”.

- Auxiliar a la Asamblea Legislativa en materia de control de la Hacienda Pública . Respecto a

esta función constitucional, se han continuado los esfuerzos de apoyo ante los requerimientos de la

Asamblea, con una serie de acciones que coadyuva a su función del control político, entre ellas:

1.- Consultas sobre proyectos de ley. Se elaboró una serie de criterios sobre proyectos

relacionados con reformas financieras, competencias municipales, apertura de los sectores energía

y electricidad, prevención de corrupción, reformas ambientales y controles en pensiones y ajustes

fiscales. De igual forma, se analizó el proyecto de responsabilidad fiscal que pretende establecer

límites al crecimiento del gasto primario, la deuda y el déficit primario del Gobierno Central.

2.-Asistencia a comparecencias. Se compareció en nueve oportunidades ante diferentes

comisiones.

3.-Asesorías a comisiones legislativas. En este periodo se destaca la gran participación del ente

contralor en el servicio de asesoría a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Comisión

Permanentes de Asuntos Hacendarios y a la Comisión Especial que investigará y rendirá informe



sobre el financiamiento del partido Movimiento Libertario durante las campañas presidenciales, de

diputados y municipales realizadas en 2010 así como la que evaluará e investigará las causas,

responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

4.-Informes presupuestarios. Se emitieron 5 informes: “Presupuestos públicos 2011. Situación y

perspectivas”; “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público. Primer semestre del 2011”;

“Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2012”; “Análisis y

opinión de la gestión de los gobiernos locales que incluye los resultados del Índice de Gestión

Municipal (IGM)”, y por último la “Memoria Anual de la Contraloría General”, presentada a cada una

de las fracciones legislativas.

Los registros estadísticos revelan que se solicitó información de parte de los despachos y

comisiones legislativas en 140 oportunidades, en 135 ocasiones se efectuaron consultas formales

de las comisiones legislativas sobre proyectos de ley, se efectuaron 51 audiencias a diputados en

la Contraloría General, se recibieron 19 solicitudes de estudio de fiscalización y denuncias

presentados por los diputados(as), se asistió a 9 comparecencias de los máximos jerarcas a las

comisiones legislativas, se asesoró a diferentes comisiones, se emitieron 5 informes

presupuestarios especiales y se realizaron 2 presentaciones de la Memoria Anual.

-Otros aspectos relevantes de la gestión: La institución con el propósito de suministrar un

servicio eficiente al declarante, habilitó la posibilidad de efectuar la declaración en forma digital,

donde se presentaron en esa modalidad 426 de las cuales 366 fueron anuales y 40 iniciales,

propiciando además de la agilidad en el trámite, importantes ahorro de papel y tinta, entre otros. Se

informa que se recibieron 14.560 documentos que corresponden a 2.313 declaraciones iniciales,

10.815 anuales y 1.432 finales. En el servicio de capacitación externa el cual se considera

estratégico - por estar orientado a funcionarios externos a la institución en temas de control interno,

contratación administrativa y sistemas de información de registro externo de la Contraloría General

de la República -, se desarrollaron 107 eventos con un total de 1.730 horas de capacitación

invertidas e impartidas a 3.538 funcionarios.

Finalmente, en relación con los ocho indicadores de resultado institucionales, se informa informa

sobre el resultado de los indicadores “Porcentaje de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas”,

“Tasa de retorno de los productos de fiscalización”, ”Cantidad de estudios con la metodología de

medición de resultados de la fiscalización posterior” y “Grado de satisfacción de la administración

activa sobre los resultados de la fiscalización”, en el análisis programático razón por lo que se

detallarán en ese nivel. Sobre el resultado obtenido el cual fue óptimo para el indicador “Nivel de

satisfacción de los usuarios acerca de la oportunidad y comprensión de la información suministrada

por la Contraloría General de la República en forma electrónica”, en su medición se promedió la

valoración otorgada por la Asamblea Legislativa (75,0%) y por la ciudadanía (74,0%), lo cual

generó una meta alcanzada de 74,0% en contraposición al 72,0% programado.



Respecto al indicador de “Nivel de percepción de los usuarios sobre la gestión de la Contraloría

General de la República”, cuyo resultado fue de 90,3%, también se promedió la valoración

otorgada por la Asamblea Legislativa (71%) y por la ciudadanía (59%). En este caso el promedio

de la meta alcanzada fue 65% en contraposición a la programada de 72%. Para el indicador “Nivel

de confianza institucional obtenido en encuesta de opinión a la ciudadanía” se obtuvo como

resultado un 70,8%, donde se alcanzó un 51% del 72% de lo programado, en este caso se indica

que existe una leve tendencia a calificar mejor la confianza en el órgano contralor en la zona

urbana que en la rural, debido a que en la primera existe un mayor conocimiento de su gestión y

una mayor escolaridad en los encuestados.

2. GESTIÓN FINANCIERA

Los siguientes cuadros muestran los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años

2010 y 2011, tanto en términos nominales (colones corrientes, cuadro No.1A) como en términos

reales (colones constantes base 2010, cuadro No.1B).



El nivel de ejecución presupuestaria alcanzada al 31 de diciembre del año 2011 por la institución

fue de un 91,7%, un 3,0% mayor a la obtenida en la misma fecha en el año 2010. Es importante

señalar que, respondiendo a la solicitud efectuada mediante Directriz Presidencial para la

contención del gasto público, la institución rebajó ¢250,0 millones que representa un ahorro de un

1,4% de su asignación y modifica su nivel de ejecución a un 93,1%.

Se informa que las principales razones que incidieron en los niveles de ejecución obedecen a

recursos ociosos que se presentaron como resultado de lo siguiente: aplicación de porcentajes por

costo de vida menores a los considerados en el presupuesto -para primer semestre 2,5% a los

salarios base y 2,33% a los salarios únicos en lugar del 3,2% estimado y para el segundo un 2,86%

a los salarios base y 2,80% a los salarios únicos en vez del 3,0% considerado-; un nivel de

ocupación que mantuvo un promedio de 9,2 plazas por quincena vacantes, como consecuencia de

las renuncias, jubilaciones (20 funcionarios), ascensos y traslados; y el traslado de 55 puestos del

pago de salario base y pluses a la modalidad de salario único, cuyo costo es menor, y el

consiguiente impacto en las cargas sociales y el pago de cesantía.

De igual forma, en algunas ocasiones se presentaron gastos menores en la atención de los

contratos de soporte en tecnologías de información y algunos otros servicios, así como la



adquisición de varios equipos a un tipo de cambio menor respecto al presupuestado, otro factor

que también incidió en la reducción fue un gasto menor en los viáticos y transporte en el exterior.

Otros aspectos apuntados fueron la adopción de la política institucional de racionalizar algunos

rubros de gasto, tal es el caso del egreso por las suscripciones y el papel para impresión; no se

solicitó reajuste de precios para el servicio médico de empresa; las contrataciones de las asesorías

en materia de medio ambiente y en ciencias económicas y sociales se efectuaron por montos

menores a los estimados, el retraso en el pago del alquiler de equipo para el monitoreo de la flotilla

vehicular y el uso de la modalidad contra demanda para las adquisiciones de suministros.

En relación con los datos que muestra el Cuadro No. 1B, se indica:

- Respecto a costos salariales se han realizado esfuerzos para obtener una mayor eficiencia en el

uso de los recursos, para ello, se pasó de la modalidad de pago de salario base más pluses al

régimen de salario único, se disminuyó la categoría de algunas plazas vacantes y se modificó los

supuestos utilizados para conceder la carrera profesional. En relación a las plazas vacantes, se

han realizado esfuerzos por aplicar los procedimientos de dotación de una forma más oportuna.

-En la formulación presupuestaria del año 2011 se realizó la previsión para hacerle frente a gastos

asociados a la demanda de bienes o servicios, fluctuaciones en los precios de bienes, el pago de

prestaciones legales y para realizar pagos ante eventuales responsabilidades de litigios en los que

se encuentra involucrada la institución. En este mismo periodo se contribuyó a la directriz de

austeridad en aquellos rubros que se preveía tuvieran menor incidencia en la gestión institucional.

Sin embargo, algunos renglones que inicialmente contribuyeron con aportes, fueron reforzados

mediante modificaciones presupuestarias, de conformidad con las nuevas necesidades.

Compromisos no Devengados:

Según la certificación de la Contabilidad Nacional, el compromiso no devengado respecto al año

2010 muestra una tendencia descendente, pasando de ¢25,5 millones a ¢12,5 millones (0,07% del

monto autorizado 2011), las razones esbozadas es que se atenderán posibles reintegros de caja

chica y el pago de bienes o servicios que no concluyeron su entrega en el año 2011, como medida

correctiva se hará un comienzo oportuno de los procesos de contratación con el fin finiquitar la

adquisiciones en el ejercicio. Finalmente, al presentar los compromisos un comportamiento de

reducción y ser ínfima su participación del monto autorizado, se espera que no incidan en forma

significativa en el plan de adquisiciones establecidos para el año 2012.

Modificaciones Presupuestarias

Durante el año 2011, la Contraloría General movilizó algunos recursos presupuestarios para dotar

a algunos rubros de gasto de carácter ineludible para su quehacer, apegándose al cronograma

establecido por la rectoría, por tal motivo no hay observaciones ni recomendaciones al respecto.



3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Los resultados obtenidos en la gestión programática, excluyendo Dirección Estratégica y de Apoyo

por ser el programa de apoyo institucional, se enfocan a los aspectos estratégicos. El Ente

Contralor contó en el programa presupuestario: Fiscalización Superior de la Hacienda Pública con

11 indicadores, de los cuales 10 se identificaron como estratégicos, -según lo dispuesto por la

metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados que ha venido

implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional clasificando los indicadores en

operativos cuando están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del

programa y no miden resultados o efectos directos en la población a quien se brinda el bien o

servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos intermedios y en estratégicos si

están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución y generan efectos directos

sobre la población a quien se brinde el bien o servicio-.



Para efecto del presente informe, la institución reportó sobre los indicadores de interés, lo

siguiente:

O.1.1 Instituciones con mayor relevancia y riesgos fiscalizadas. El análisis de riesgos de las

instituciones sujetas a la fiscalización de la Contraloría las ubica en cinco niveles de riesgo: muy

alto, alto, medio, bajo y muy bajo. El resultado de este indicador es de 113,5% pues se alcanzó el

83,0% de cumplimiento respecto del 73,0% programado, donde se determinaron 35 instituciones

sujetas a fiscalización correspondientes a las dos primeras categorías y fueron fiscalizadas con

informe concluido, un total de 29 de ellas, cantidad similar a las fiscalizadas en el año 2010

respecto a una base mayor que agrupaba a 38 seleccionadas. Dentro de las instituciones de mayor

relevancia y riesgo que se fiscalizaron se encuentran: la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos (ARESEP), Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Nacional de

Aprendizaje (INA), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Caja Costarricense de Seguro Social

(CCSS), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI),

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de

Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Educación Pública,

Ministerio de Seguridad Pública, entre otros.

O.02.01 Porcentaje de denuncias contra la corrupción atendidas. El resultado de este

indicador fue de un 95,0% donde se resolvieron 667 de un total de 702 denuncias recibidas, muy

similar al del periodo anterior que fue un 94,4% (680 denuncias resueltas de 720 interpuestas). En

la obtención del resultado, además de la investigación por parte del Área de Denuncias e

Investigaciones (61,0%) gracias a los ajustes internos realizados en los procesos del área, la

especialización del personal y el seguimiento permanente realizado por nivel gerencial responsable

del tema; se contó con la colaboración de otras áreas de la Contraloría General y en un 17% de los

casos fue necesario el traslado de denuncias a las auditorías internas o a la Administración Activa.



O.02.02 Porcentaje de denuncias atendidas en etapa de admisión en un plazo máximo de 15 días hábiles en promedio. El porcentaje de cumplimiento superó las expectativas, ya que se logró

la admisibilidad dentro del plazo de un 84,0% (591 de 702) de las denuncias respecto al 72%

programado, que evidencia una mejoría respecto al logrado en el año anterior (2010), lo anterior

producto de la realización de una serie de cambios importantes en el Área de Atención de

Denuncias e Investigaciones en cuanto al análisis de riesgos para clasificar los casos según

complejidad, prioridad e impacto; análisis de las denuncias de manera estándar y la documentación

de las acciones ejecutadas por los colaboradores encargados de cada caso de manera, que facilite

el abordaje futuro de casos similares; así como la consolidación de la denuncia electrónica, del

total de denuncias que hicieron los ciudadanos el 30,0% se efectuó mediante una aplicación

informática en la página Web de la institución, que luego de ser valoradas, de cumplir con los

parámetros establecidos, se registran en el Sistema de Denuncias (SIDE) para el correspondiente

trámite, lo que redunda en una mejora en la calidad de la atención del ciudadano que se preocupa

por la gestión de la Hacienda Pública en la lucha contra la corrupción.

O.03.01 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los informes de fiscalización. Se reporta la realización del seguimiento oportuno y efectivo a un total acumulado

de 4.633 disposiciones fundamentadas en el artículo 12 de su Ley Orgánica, dándose por

finalizadas 4.081 de ellas lo que representa el 88,1% de logro, que comparado con la meta anual

del 85% establecida para este indicador, se traduce en un cumplimiento de un 103,6%; superior a

los resultados del mismo indicador el año anterior (96,0%). Las disposiciones tienen como

propósito corregir diversos asuntos que inciden en la eficiencia a la Administración, razón por la

cual se dirigen a los jerarcas, titulares subordinados o funcionarios que tengan competencia para

corregir las situaciones determinadas. De forma complementaria en este mismo lapso, se informa

que la institución remitió a las auditorías internas, 148 informes sobre el estado de cumplimiento de

las disposiciones giradas a las entidades respectivas.

O.03.02 Cantidad de estudios con la metodología de medición de resultados de la

fiscalización posterior aplicada. Para el año 2011, se estableció como meta la conclusión de 4

casos y se concluyó un total de 6, dando por superada la meta programada. La metodología de

medición para los resultados de la fiscalización posterior, se empezó a implementar a partir del

2008 bajo la modalidad de proyecto piloto, y en el año 2010 se estableció formalmente con

resultados muy buenos al lograr la conclusión de 6 de los 3 casos programados. Para el año 2011

se programó la realización de mediciones de resultados bajo dos esquemas; uno referido a casos

de estudios finalizados con disposiciones cumplidas por la Administración respectiva; y el otro, para

estudios de fiscalización en desarrollo que desde la fase de planificación cuentan con indicadores

de efecto e impacto y se miden al finalizar el proceso de seguimiento de disposiciones respectivo.

O.03.03 Tasa de retorno de los productos de fiscalización. Es un indicador nuevo cuyo

resultado fue de 29,3 como razón entre los beneficios y los costos de los informes de fiscalización



(¢8.590.635.331/¢293.416.408) identificados durante el periodo 2009 al 2011, que se interpreta de

manera que por cada colón invertido en dichos estudios se obtuvo un beneficio de ¢29,3 para las

finanzas públicas; así, en la cuantificación por concepto de beneficios de la fiscalización por un

monto total de ¢8.590.635.331, se destaca el aumento en la recaudación de impuestos motivado

por el impuesto de renta por cuotas descubiertas en profesiones liberales conforme al informe

DFOE-SAF-IF-06-2011, el cual generó la recuperación de un monto de ¢2.366.000.000,00 y los

costos del estudio fueron de ¢19.283.458,52.

Respecto a los resultados se indica que se definió un valor mínimo en el que se esperaba que los

beneficios fueran al menos similares a los costos invertidos, por lo que: “…dado los resultados

obtenidos en esta primera medición; y que en materia de indicadores, cuando no se cuenta con la

experiencia requerida en esas mediciones, una práctica aceptada técnicamente es que la primera

aplicación de la metodología sea establecida como la referencia para la definición de la meta, se

considera necesario realizar un ajuste en las metas establecidas para los siguientes períodos”.

O.03.05 Grado de satisfacción de la administración activa sobre los resultados de la fiscalización. Como insumo se consideran todos los estudios de auditoría efectuados, valorando el

grado de satisfacción de la Administración Activa respecto de algunos criterios de evaluación como

son: la comunicación de resultados; presentación oral del informe, borrador del informe, informe

definitivo y el valor agregado de los informes de fiscalización posterior. El instrumento para medir la

percepción del cliente externo, se aplica al máximo jerarca administrativo y titulares subordinados

que tuvieron relación con el alcance y ejecución del estudio, dentro de los treinta días hábiles

siguientes de que quede en firme el informe emitido. Así, este indicador obtuvo como resultado un

86,1% (936 respuestas de las cuales 806 fueron de acuerdo y parcialmente de acuerdo) de

satisfacción, conforme a los datos obtenidos de 54 de 69 encuestas efectuadas sobre un total de

43 informes, resultado que supera el 70% establecido como meta y se traduce en un cumplimiento

del 123%. La insatisfacción por parte del fiscalizado radica en los tiempos que se otorgan para la

revisión del borrador del informe y para dar cumplimiento a las diferentes disposiciones emitidas,

estos datos se están evaluando para tomar las acciones que correspondan.

O.04 Tiempo promedio de respuesta en criterios vinculantes. Ingresaron 207 consultas en

materia jurídica, amparadas a la potestad consultiva establecida en el artículo 29 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República, se resolvieron 210 de las cuales 8

corresponden al año 2010, los pronunciamientos se dieron dentro del plazo de los 40 días hábiles,

con un tiempo promedio de atención de 29,2 días hábiles por consulta, cuyo resultado es un

127,0% de cumplimiento en el indicador como consecuencia de los cambios que se le han aplicado

al proceso de atención de las consultas a partir de setiembre de 2010, cuando se conformó una

nueva estructura de la División Jurídica y el nombramiento de una gerencia específica para la

gestión. Todo lo anterior se convirtió en beneficio para los consultantes, pues recibieron una



adecuada interpretación de la normativa relacionada con la Hacienda Pública, lo que permitió

orientar la toma de decisiones hacia una correcta utilización de fondos públicos.

O.05 Tasa de crecimiento en la resolución de los casos bajo el procedimiento de oralidad en la materia de contratación administrativa. El resultado del indicador es de 100,0%, al resolverse

los 2 casos adicionales que representan el 33,0% respecto de los 6 casos considerados en el año

base (2010), por lo tanto la expectativa fue cumplida a cabalidad. Es importante resaltar la

incorporación paulatina de la oralidad en algunos procesos que atiende la Contraloría General, que

requiere de cambios importantes en normativa, equipamiento y gestión en general y que además

conlleva la sensibilización interna y externa. Así, la institución indica que ha ido acogiendo cada

vez más el procedimiento de oralidad tanto en audiencias de trámite como en la resolución de

algunos asuntos de manera definitiva; como resultado se efectuaron 21 audiencias finales, 11

especiales y en 8 casos se dictó la resolución de objeción al cartel en forma oral.

O.06 Tiempo de resolución del procedimiento administrativo. Durante el año 2011 el tiempo

máximo de resolución en los procedimientos administrativos con acto final dictado –no contempla

el tiempo dedicado en resolver los recursos de revocatoria o apelaciones-, fue de 164 días de los

220 días programados para esos efectos, por lo tanto la meta fue cumplida con suficiente amplitud,

se indica que durante el año se iniciaron 95 expedientes, de los cuales 14 se encuentran en

admisibilidad, 11 en comparecencia, 7 en redacción de acto final, 34 en seguimiento y 29 en

condición de finalizados en firme. Importante rescatar que se dictaron 93 actos finales con la

siguiente composición de: 1 del año 2003, 1 del año 2009, 34 correspondieron al año 2010 y 57 al

año 2011. Además, las principales sanciones disciplinarias que se giraron en el periodo de interés

fueron 49 casos de suspensión, 10 amonestaciones escritas publicadas y 5 despidos, además, se

presentaron 4 sanciones con prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública e

igual cantidad de sanciones por responsabilidad civil.

Los niveles obtenidos en los indicadores de resultados institucionales y los estratégicos

programáticos evidencian los esfuerzos por ejercer la función fiscalizadora en aquellos entes que

representan mayor riesgo dentro del universo de fiscalización, así como en satisfacer a la

administración activa sobre sus actuaciones fiscalizadoras y mejorar el nivel de percepción de los

usuarios respecto a sus servicios. Ahora bien, los resultados de los indicadores programáticos con

niveles de cumplimiento similares o superiores a las metas programadas, obliga a plantearse dos

hipótesis, la primera que las metas programadas responden al límite establecido por la capacidad

máxima de producción, en cuyo caso se hace innecesario para efectos metodológicos medir

aspectos estratégicos sobre los que no puede ofrecerse mejoría, y segundo que las metas

previstas deben ser redefinidas de manera que resulte en un reto de mejoría de la gestión

institucional y programática.

Por otro lado, la institución ha mejorado su programación presupuestaria respetando el marco

metodológico, en lo que respecta a la formulación de un mayor número de indicadores de resultado



institucionales, pasando de 1 a 8 en el año 2010 y de 9 a 10 indicadores estratégicos a nivel

programático en el 2011.

Efectividad de los Programas

El nivel de cumplimiento de los indicadores de resultados y los clasificados como estratégicos

muestran un efectivo desempeño del programa Fiscalización Superior, lo cual es concordante con

una ejecución presupuestaria del 93,1%, que resultó superior en cerca de 5 puntos porcentuales a

la del año 2010.

Estimación de costos

El programa Fiscalización Superior de la Hacienda Pública cuenta con dos productos: Servicios de

Fiscalización Integral de la Hacienda Pública y Servicio de Asesoría Jurídica; el primero absorbe el

81,7% del presupuesto autorizado y el segundo el 18,3%; su ejecución muestra un gasto de

¢9.148,2 millones asociados al producto de fiscalización y de ¢1.907,5 millones al de asesoría

jurídica, para un nivel de ejecución del 93,3% y 86,6%, respectivamente.

4. RECOMENDACIONES



Se recomienda a la Administración efectuar una revisión y replanteamiento de la programación,

pues los resultados de los indicadores estratégicos y sus metas en los periodos 2010-2011

apuntan a esas acciones, al mostrar una gran eficacia en aquellos de carácter permanente y los

nuevos un sobre cumplimiento.

Por último, se recuerda el deber de presentar la información solicitada en todos los extremos,

según el instrumento diseñado para ese fin por el ente rector, de manera que no sea necesario

hacer requerimientos adicionales con posterioridad al recibo del informe.

5. DISPOSICIONES

5.1. De conformidad con lo señalado en el aparte de Recomendaciones, su representada deberá

considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de evaluación.

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