$2.000EDICIÓN 2767 SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

www.semanariovoz.com

LA VERDAD DEL PUEBLO

Los próximos 5, 6 y 7 de diciembre, se llevará a cabo en Bogotá el XV Congreso de la Juventud Comunista, organización emblemática de la lucha juvenil democrática y revolucionaria del país. El reto: Construir un gran movimiento juvenil por la paz, la unidad y las luchas juveniles. Un saludo a los jóvenes comunistas

Separata especial

A la mesa, con reglas claras

Deben seguir diálogos sin interrupciones

La Agenda para la Terminación del Confl icto fue violentada con la decisión unilateral del presidente Juan Manuel Santos, de suspender los diálogos de La Habana. Su obligación es reconstruir la confi anza entre las partes, pues el hecho siembra un mal precedente. Cese de fuegos bilateral exigen amigos de la paz. El cuentazo del general Alzate para explicar su retención deja muchas dudas.

Páginas/ 5 y 16Pastor Alape, de la Delegación de Paz de las FARC, entrega al ofi cial de más alta graduación en poder de la guerrilla, el general Rubén Alzate y sus acompa-ñantes. La fotografía provocó debate y controversia en el país, así como justifi caciones inanes del alto mando militar.

XV Congreso de la JUCO

Unidad por la paz y el socialismo

Diciembre 3 de 2014/2

ANA ELSA ROJAS REY

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Ace-vedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVII. Distribución vía Avianca.

VISIÓNCa

rtas

E

Salvar el confl ictoUna de las condiciones de la Agenda de los diálogos, es la de continuar la gue-rra en medio de las conversaciones, lo cual indica que no se debían suspender. Diagnóstica esta suspensión: 1) Presión nacional. 2) Que para hechos iguales, no se realiza el mismo tratamiento. El rompimiento absoluto del protocolo de parte del general Álzate al penetrar en zona roja de infl uencia guerrillera, sin inteligencia antes de incursionar, sin escolta, de civil, etcétera. Peligroso para la Nación que el senador Uribe Vélez, sea informado militarmente, antes que el Presidente de la República y, que lo uti-lice con fi nes políticos. La objetividad es primordial para el éxito de los diálogos. Cuando se ignora lo acontecido y se ha-bla como sabedor, se cae en lo más pro-fundo de la ignorancia, conductora del error, polarización y violencia. La norma y la verdad son esenciales para termi-nar con un confl icto destructor, oneroso y desplazador. Amerita un debate serio para un cese de hostilidades bilateral o unilateral. Todo proceso tiene incon-

venientes que no están en el libreto de apertura, pero con voluntad, solidaridad mundial y responsabilidad patrióticas, se harán los ajustes necesarios para enrutar y magnifi car, logrando por primera vez, en más de cincuenta años, un proceso triunfante, que sitúe a los colombianos en progreso y convivencia. Se volverá a establecer, entonces: “No hay mal que por bien no venga”. Omar León Muriel Arango (vía Internet).

En defensa del diálogoEl Frente Amplio en el departamento de Meta, manifi esta que: Respaldamos la solución negociada al impase sucedido con el general Álzate y sus acompañan-tes. Reconocemos que el diálogo entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia, ha avanzado en su agenda durante estos dos años de discusión en La Habana, Cuba, y que debe llevar a un cese bilate-ral del fuego. Nos identifi camos con las declaraciones del ingeniero Alan Jara, gobernador del Meta en reclamar la con-tinuación de los diálogos en La Habana y celebramos el premio y reconocimiento

que ha tenido el gobernador por su tra-bajo interminable por la paz y los dere-chos humanos. Convocamos al conjunto de la sociedad del Meta a seguir hacien-do compromisos diarios por la paz, la democracia y defensa de los derechos humanos. Bonifacio Medina, Fernan-do Vargas, Héctor Torres, William González, Luis Eduardo Betancur, siguen más fi rmas.

“El Vocero”Amigas y amigos: Reciban cordial saludo desde la localidad de Suba. Compartimos con ustedes El Muisca de Oro otorgado por la Alcaldía de Suba a nuestro pe-riódico “El Vocero”, es un estímulo para seguir trabajando. Los invitamos a leer en esta edición: Los muiscas de oro, Educación por competencias, Las vícti-mas de la violencia (III), 1.500 millones con hambre, Docitea cumplió 101 años, El comparendo ambiental, Tala de árbo-les, Campeonato de atletismo, Carta de Einstein, Humor paisa, Cese bilateral de fuego ya, Comprando en el barrio. Lau-reano Monroy (vía Internet).

l acto se realizó en el teatro León Tolstoi, que dirige con es-toicismo Consuelo Rodríguez, quien dio apertura al caluroso evento, reme-morando la vida y obra de su querida amiga Blanquita.

La iniciativa fue de las alumnas más apreciadas por la artista; Alicia Hernández y Mary Luz Rodríguez, quienes fueron destacadas por Álvaro Oviedo, quien en su sentida interven-ción recordó el aprecio que expresa-ron estas dos mujeres hacia su compa-ñera de toda la vida: Blanca Villamil. Álvaro rememoró los instantes vivi-dos con Blanquita; dijo que era una mujer integral en todos los aspectos de la existencia misma, sobre todo en el amor por el pueblo y sus transfor-maciones para construir una sociedad libre de exclusiones, por ello, en pri-mer plano estaban las mujeres a quie-nes les enseñó a pintar la existencia de manera diferente y demostró cómo con una pluma de cualquier ave en estado inerte, guiada por su mano, toma mo-vimiento y en giros suaves y apacibles, plasma para siempre la esperanza, dan-do color a la existencia, para que nadie vuelva a recordar los dolores de la gue-rra y de esa forma matizar el verde de la naturaleza, el rosado de la vida y el rojo de la sangre que se derrama en las distintas vivencias, superando obstácu-los, aun cuando la muerte se empeñe

en arrebatar la luz de la existencia. Entonces es cuando el arte se hace fu-sil y dispara estrellas para iluminar las ideas del conocimiento.

En las paredes del recinto de la ex-posición, estaban colgados 27 cuadros, que se mecían como un bambú, ese ár-bol que en la fi losofía japonesa repre-senta la fl exibilidad, pero también la fi rmeza. Cada cuadro, tiene su propia fi losofía, pues, la artista plasmó con precisión, las emociones y en cada pin-celada quedó expresado un continuo movimiento irrepetible.

Su obra pictórica

Sus cuadros están pintados con una técnica especial llamada suibokuga ba-sada en elementos naturales que em-plea pinturas naturales como pimen-tón, cúrcuma, paprika, entre otros, so-bre papel de arroz con fondeado de fríjol de soya y formol, para que al im-primir los colores adquieran su propia dimensión, según cuentan sus destaca-das alumnas cuando se dirigen a los y las numerosas visitantes que se intere-san en la exposición.

El evento contó con la presencia de destacados artistas, entre los y las que estaban Olivia Miranda, quien jun-to con Rosita Lamprea y Blanquita, impulsaron la creación de la Brigada Javier Baquero, por los años 70, cuya

base principal eran quienes estudiaban en la Universidad Nacional y pintaban murales alusivos a todo el fervor revo-lucionario de América Latina.

En el evento, estaba sentado el maestro Calarcá, reconocido artista, a nivel nacional e internacional, y ca-ricaturista del periódico VOZ. En es-te concurrido evento estaban el poe-ta Armando Orozco, amigos y ami-gas de la familia Oviedo Villamil y de la Universidad Javeriana, al igual que la presencia del Departamento de Mujeres del PCC. La ceremonia es-tuvo acompañada de la intervención del famoso músico y profesor Miguel Ángel Gil.

La vida es como una pincelada

El 25 de noviembre día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las mujeres,

a las 6 de la tarde se abrió al público la exposición de pintura de la insigne artista Blanca Villamil

Desde luego que en primera fi la es-taban su hijo Álvaro junior con sus tres hijos y demás familia de Blanquita, pa-ra ellos y ellas, ésta valerosa mujer, no ha muerto sino que sigue viviendo en el legado que le dejó a los suyos.

En su pintura está la huella fresca del saber, como constructora de paz y de esperanza para el pueblo colombia-no, en momentos en que todos y todas están en la brega para que la miseria sea cosa del pasado y un nuevo amanecer brillen en el día a día, pues la vida es como una pincelada, que en un conti-nuo movimiento sigue su curso sin de-tenerse, para alcanzar la felicidad. Su legado es artítsico y político.

Diciembre 3 de 2014/3TEMA DE LA SEMANA

En el mes de junio del

año 2007, el periodista Gerardo Reyes me llamó de Estados Unidos y me ha-bló de un video donde aparecía el pre-sidente Álvaro Uribe Vélez, reunido en Puerto Berrío (Antioquia), con varios paramilitares de Barrancabermeja. Me hizo llegar el video y me informó que había hablado con varias personas y ninguna se atrevió a denunciar ese he-cho. A mediados de junio de ese mis-mo año denuncié esa reunión secre-ta ante los medios a nivel nacional; a partir de ese momento se desató con-tra el suscrito una feroz persecución.

El 11 de febrero de 2008, la MAPP (OEA), me informó que un coman-do paramilitar, me estaba haciendo seguimiento para asesinarme, salí de Barrancabermeja y el gobierno me planteó que abandonara el puerto, he-cho que rechace porque el Estado es quien debe garantizar la protección y garantía de los derechos humanos.

El 17 de febrero de 2011, nueva-mente la MAPP (OEA) me abordó para prevenirme que ese grupo paramilitar iba a atentar contra mi integridad físi-ca, colocando un artefacto de alto po-der explosivo en mi sitio de residen-cia. Denunciamos el hecho ante orga-nismos a nivel nacional e internacional viéndome obligado a salir de la ciudad.

Los asesinos cambiaron de estrate-gia, desistieron del asesinato físico y emprendieron la persecución para ejer-cer el asesinato judicial. Es así como el 17 de abril de 2008, en la cárcel de Itagüí (fábrica nacional de montajes), el delincuente confeso Mario Jaimes Mejía, alias El panadero, habló en Justicia y Paz de una falsa reunión en el año 1991, supuestamente para pre-parar la muerte de una persona, donde el criminal planteó que el suscrito ha-bía participado en la susodicha reunión.

La Fiscalía Tercera de Barran ca-ber meja asumió la investigación y al no encontrar pruebas para vincular-me al proceso, tomó la decisión de no abrir ninguna investigación porque no existía mérito para ello. Pero de ma-nera sospechosa el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, el 25 de marzo de 2009, trasladó el proce-so de Barrancabermeja a la ciudad de Bogotá.

Un burdo montaje

El 31 de julio, el último día que Iguarán ejercía como Fiscal General, le asignó el proceso al Fiscal 22 Antiterrorismo, William Gildardo Pacheco Granados y este sin ninguna investigación previa y desconocien-do lo actuado por el Fiscal tercero de Barrancabermeja, inmediatamente me vinculó de manera formal a la inves-tigación con llamado a indagatoria. A partir de ese momento comenzó to-do un mar de arbitrariedades donde se

violó el debido proceso y el derecho a la defensa, y hubo una alianza perversa con el falso testigo alias El panadero. Prueba de ello, es que el investigador Jairo Salazar Medina, en dos ocasiones sacó al señor Fremio Sánchez Carreño otro falso testigo del patio siete de la cárcel Picota al patio ERE 3, llamado de Justicia y Paz, que se encuentra en la parte exterior de la cárcel, para que se reunieran con alias El panadero y se pusieran de acuerdo en el montaje, con el fi n de enlodar el nombre de David Ravelo Crespo.

La prueba reina que tenía la Fiscalía era una foto en la que aparecen va-rias personas con la insurgencia de las FARC en un proceso de paz, y según alias El panadero, David Ravelo apa-recía allí en esa foto. Por eso en varias ocasiones afi rmó al dar la descripción de David Ravelo que era delgado, al-to y moreno; se demostró que quien aparecía en la foto era el periodista Miguel Ángel Rico García del perió-dico Vanguardia Liberal, que se en-contraba cubriendo dichos diálogos. El doctor Horacio Serpa Uribe quien par-ticipó en dicha reunión con otras per-sonas, confi rmaron que quien aparece en la foto es el periodista Miguel Ángel Rico García, desmintiendo lo afi rmado por el falso testigo.

El descaro de este proceso se evi-denció cuando William Pacheco como Fiscal, y Jairo Salazar Medina como investigador, ubicaron en el patio siete de la cárcel Picota, a un joven llamado Fernando Barbudo Chávez, para que declarara en contra de David Ravelo, pero cuando mi abogado Alirio Uribe, contrainterrogó a ese falso testigo des-cubrió que esa persona para la fecha de los hechos que me acusan, tenía sola-mente nueve años de edad, quedando en evidencia el burdo montaje.

Un caballo perchero

Otro elemento importante es que la juez nombrada para llevar el proceso, que era de carrera administrativa, de manera inesperada fue cambiada por

una juez temporal que se encargó ex-clusivamente de mi caso. Esta perso-na actuó como un caballo perchero es decir solamente estaba pensando en condenarme desconociendo las prue-bas documentales y testimoniales que fueron allegadas al proceso y se ba-só en las afi rmaciones de los dos fal-sos testigos.

El mar de irregularidades no paró allí, luego se descubrió que el fi scal William Gildardo Pacheco Granados no podía ni debía ejercer esa función, porque el 6 de marzo de 1991, en la ciu-dad de Armenia, siendo teniente de la policía nacional, desapareció de mane-ra forzada al joven Guillermo Hurtado Parra, hecho atroz que fue comproba-do por la Procuraduría General de la Nación, quien lo destituyó en primera y segunda instancia y la justicia penal militar lo condenó por detención arbi-traria; esta persona utilizó todas las ins-tancias de la justicia colombiana como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado quienes confi rmaron esta destitución por desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, es decir, está plena-mente probado que este criminal, que ejercía como fi scal desapareció al jo-ven Guillermo Hurtado Parra.

Como para Ripley

¡Qué paradoja! Un violador de los derechos humanos como es William Gildardo Pacheco Granados, investi-gando a un defensor de derechos huma-nos, qué garantías podía brindar en el proceso, obviamente ninguna. Este fue el juez natural que me investigó cuan-do la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Justicia) artículo 150, numerales 5º y 6º, dice textualmente que quien ha-lla sido destituido disciplinariamente o condenado penalmente, no puede ejer-cer ningún cargo en la rama judicial, y esta fue la joya que me hizo meter a la cárcel, con falsas pruebas, a sabiendas que tenía un impedimento de orden le-gal, por la inhabilidad especial que le impuso la Procuraduría General de la

Nación.Otro hecho irregular, fue el del in-

vestigador Jairo Salazar Medina, quien para el año 1988 ejercía como tenien-te de la armada nacional en la ciudad de Barrancabermeja y precisamente el 15 de enero de ese año, fue asesi-nado el dirigente sindical de la USO Manuel Gustavo Chacón, por el sub-ofi cial de la armada Francisco Pérez, quien fue condenado a 16 años de cár-cel por dicho asesinato, siendo el jefe inmediato para la época de los hechos Jairo Salazar Medina. El 6 de marzo de 1992, en el periódico El Tiempo se publicó una noticia criminal en la que se informa que el señor Jairo Salazar Medina, había sido destituido de la Armada Nacional por malos manejos en el Fondo Rotario. Otra paradoja, es-te sujeto sigue ejerciendo sus funciones como miembro del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Y fue quien ade-lantó la investigación en mi contra.

Es una venganza

Aquí, lo que queda claro, es el trián-gulo del bajo mundo delincuencial don-de la mentira une a estos tres persona-jes, para elaborar el montaje y cobrar-me toda una vida en defensa de los derechos humanos, utilizando la false-dad como su arma favorita y pisotean-do la verdad. Está claro, que fui conde-nado sin pruebas y solamente existía el interés ilícito de encarcelarme para sa-carme del escenario público. Siempre he expresado que el tallo de la verdad se dobla pero jamás se quiebra, llega-rá el momento en que la verdad va a develar todo ese plan macabro y poner en evidencia el papel de los falsos tes-tigos, porque entre otras cosas, la mis-ma Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos por falso testimo-nio y fraude procesal, al testigo Mario Jaimes Mejía alias El panadero, porque la fi scalía comprobó que este criminal mintió en mi proceso. Me pregunto, si estas eran las únicas pruebas testimo-niales en mi contra, ahora cuáles son las razones legales para que el suscrito siga encarcelado. También es necesa-rio mencionar que el criminal William Gildardo Pacheco Granados, fue vin-culado penalmente al proceso por des-aparición forzada del joven Guillermo Hurtado Parra, por la fi scalía sesenta y siete especializada, por el crimen de le-sa humanidad que es el de desaparición forzada, quedando claro que este juez que me encarceló no tenía jurisdicción para ejercer porque no era competente, y fue quien direccionó todo el monta-je contra el suscrito, creando toda es-ta maraña de mentiras para de manera injusta encarcelarme. Pero seguiré uti-lizando todas las instancias del orden nacional e internacional para dejar cla-ra mi inocencia.

06rabelo@gmail.com

Historia de una infamiaLa semana pasada la Corte Suprema de Justicia aceptó la demanda de casación por la infame condena contra el dirigente comunista David Ravelo Crespo

DAVID RAVELO CRESPO

David Ravelo Crespo, dirigente comunista y activista de derechos humanos a quien le quieren castigar su militancia revolucionaria de toda la vida.

Diciembre 3 de 2014/4CAMPO

A ASOCIACI N CAMPESINA DEL CATATUMBO

AGENCIA PRENSA RURAL

nte los constantes in-cumplimientos del gobierno nacio-nal a los acuerdos alcanzados en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del Catatumbo, dele-gados y delegadas de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) sostuvimos una reunión con la comi-sión de garantes de la MIA en la ciu-dad de Bogotá el viernes 21 de no-viembre.

En dicha reunión, los representantes de las comunidades campesinas orga-nizadas en esta asociación expresamos nuestra preocupación por los gestos desalentadores del gobierno nacional en la mesa, en especial, por su negati-va de discutir y acordar los temas pen-dientes de la agenda.

Sumado a esto, los campesinos y campesinas asistentes a la reunión le recordamos a los garantes el defi cien-te nivel de cumplimiento de los pocos acuerdos signados; mediante la revi-sión taxativa de lo convenido y de sus escasas ejecutorias. Dicha reunión con-cluyó en un compromiso por parte de los garantes de gestionar en distintas instancias ministeriales, e incluso di-rectamente en el nivel presidencial, la

socialización de nuestras preocupacio-nes e inconformidades.

Relación con indígenas

Del mismo modo, los garantes ma-nifestaron su interés de coadyuvar me-diante la gestión de sus buenos ofi cios en la solución de las tensiones terri-toriales entre nuestros hermanos del pueblo Barí y las comunidades cam-pesinas. En este sentido, esperamos que estas buenas labores redunden en el impulso al diálogo directo entre in-dígenas y campesinos.

Igualmente socializamos nuestra petición de que en las instancias ju-diciales encargadas de estudiar temas territoriales relacionados con nuestras pretensiones de constituir zonas de re-serva campesina y ampliar los resguar-dos indígenas respectivamente, escu-chen de manera abierta las voces de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, permitiendo con ello que el ordenamiento del territorio sea produc-to de la ponderación equitativa de los derechos a la tierra y el territorio tan-to de indígenas como de campesinos.

En este sentido, confi amos en que

Comisión de garantes

Ratifican compromiso con mesa del Catatumbo

Voceros campesinos se reúnen con los garantes para solicitar su intermediación ante las autoridades. Comunidades se congregarán el 5 y 6 de diciembre en El Tarra. Presentamos un documento de las comunidades

Comunidades de varios mu-nicipios de la región de la

Orinoquía mantienen la movilización que emprendieron desde el 15 de no-viembre pasado para exigir respuesta

los garantes promoverán el efectivo re-conocimiento de la territorialidad y la cultura campesina en múltiples instan-cias sociales y políticas de la nación, pues para nosotros y nosotras éste es requisito para el ejercicio de nuestros derechos colectivos; además es una an-tesala ineludible para la construcción de una propuesta territorial intercultu-ral, que en condiciones de equidad sa-tisfaga el reconocimiento de los dere-chos a la tierra, el territorio y la diversi-dad cultural de ambos grupos humanos.

Paramilitarismo

Otro de los temas que ocupó esta reunión fue el rechazo a la prolifera-ción del paramilitarismo en la región del Catatumbo, así como en otras re-giones del país, pues para todos y todas resulta inaceptable el recrudecimiento de este trágico fl agelo en los territorios campesinos.

Para tal fi n, los garantes anunciaron que enviarán una comunicación advir-tiendo de éstos hechos a la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y

Naciones Unidas. Esperamos que este tipo de iniciativas aporten al desmon-te efectivo del paramilitarismo de la estructura social, económica y políti-ca del país, permitiendo que el Estado abandone esta práctica de guerra contra los sectores sociales y populares para dar paso a la construcción de una na-ción en paz.

Por último, queremos señalar nues-tra convicción de la importancia del pa-pel de los garantes en el desarrollo de las negociaciones, confi amos en que su papel cobrará, cada vez más, un rol activo que aporte a la construcción de paz en la región del Catatumbo.

Prueba de ello es que desde ya al-gunos miembros de los garantes han confirmado su participación en la constituyente regional del Catatumbo: “Construimos mandatos para la paz y el territorio” el próximo 5 y 6 de di-ciembre en el municipio de El Tarra, donde a su vez se realizará un balance minucioso de los incumplimientos del gobierno y la decisión de agenda, en términos de movilización y paro para el año 2015.

Sigue movilización campesina en el Meta

del Estado colombiano a su pliego de peticiones.

A la protesta, que se desarro-lla en el departamento del Meta y en el norte del Guaviare, se sumaron

cientos de agricultores del municipio de Vistahermosa, quienes interlocuta-ron con las autoridades locales para pe-dir garantías de movilización.

En un consejo de seguridad, el Ejército señaló que esta protesta cam-pesina estaba “infi ltrada” por la gue-rrilla de las FARC, según denunció la Red de Medios Alternativos (Rema).

A pesar de que la alcaldía de Vistahermosa no facilitó la consecu-ción de espacios para el desarrollo de las actividades programadas por los campesinos, se han realizado talleres de capacitación en el tema de dere-chos humanos, así como diversas ac-tividades culturales en el marco de la movilización.

Mientras tanto, otras comunidades se han concentrado en los cascos ur-banos de La Macarena y Puerto Rico, donde se ha venido socializando el pliego de exigencias.

En La Macarena, el campesinado denuncia que soldados del Ejército to-man fotografías de los participantes de la protesta e intervienen en todos los espacios de interlocución.

Voceros de la Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano (Mucapop) gestionan, entre tanto, espacios de negociación de sus peticiones, en torno a “la vi-da, los derechos humanos, el territo-rio y la paz”.

Funcionarios de la gobernación y del Ministerio del Interior han desco-nocido las reuniones con el campesi-nado, a pesar de que el 20 de noviem-bre pasado hubo un encuentro con Juan Carlos Bernal, encargado de la Dirección de Derechos Humanos del citado ministerio.

Alan Jara, gobernador del Meta, ya fue puesto en conocimiento de los motivos de la movilización y los abu-sos del Ejército Nacional en la región. Las comunidades esperan su voluntad política para solucionar los problemas que las aquejan.

“Los campesinos se mantendrán con-centrados hasta que el gobierno nacional se comprometa y exprese su voluntad de paz con el campesinado colombiano a partir de hechos concretos”, reportaron las comunidades movilizadas.

Juan Carlos Bernal (centro), del Ministerio del Interior, en reunión con voceros de las comunida-des de la Orinoquía. Foto Rema-Acpp.

La gobernación departamental y el Ministerio del Interior eluden negociaciones con las comunidades, que exigen “voluntad de paz” del gobierno

De la comisión de garantes hacen parte personalidades como Francisco de Roux, Ernesto Samper, Iván Cepeda y Piedad Córdoba, entre otros. Foto Notimundo.

Diciembre 3 de 2014/5EDITORIAL

La JUCO por la paz

y la unidad juvenil

Columna libre

RODRIGO L PEZ OVIEDO

Recuperar la confi anzaEn clave de izquierdasMirador

CARLOS A. LOZANO GUILL N

WILLIAM MONSALVESECRETARIO GENERAL JUCO

Durante los días 6 al 8 de diciem-bre del presente, la Juventud Comunista Colombiana, JUCO,

realizará en la capital del país su XV Congreso Nacional. Bajo la consigna: Juventud Unida, Luchando por la Paz Democrática y el Socialismo, la JUCO, se reunirá para analizar, refl exionar y propo-ner al conjunto del movimiento juvenil las iniciativas unitarias que permitan profun-dizar la lucha por la paz con justicia social y con ello fortalecer la construcción de la movilización a favor de la salida política al confl icto armado, que permita avanzar en la conquista de mayores derechos para el pueblo colombiano.

El XV Congreso Nacional de la JUCO, se circunscribe en un momento de vital im-portancia para la vida nacional e interna-cional, ligada a la crisis capitalista actual que amenaza la existencia de la humanidad,

precariza los derechos de los trabajadores, las mujeres, niños y ancianos, incrementa el hambre y la destrucción de la naturale-za, deteriora la vida de las jóvenes genera-ciones, condenándolas a desaparecer antes de llegar a su edad madura. Jóvenes son los que van a la guerra y son jóvenes los que mueren en ella, mientras los grandes capi-tales transnacionales se lucran con la sangre de miles que solo tienen como única opción morir en los tiroteos como carne de cañón de ejércitos que protegen los recursos de los poderosos, o en las cloacas de las ciudades en donde los persigue la policía o el ham-bre los coge despiadadamente.

La JUCO ratifi ca su compromiso con las jóvenes generaciones, luchamos con-tra la guerra y promovemos la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, no aceptamos las redadas ni batidas ilega-les del ejército nacional, resistimos con la movilización y la unidad de todas las fuer-zas democráticas y revolucionarias por la construcción de un país en paz con justicia social. De la misma manera, luchamos por el derecho al trabajo digno, al educación pú-blica, a la participación y organización po-lítica, contra la criminalización y estigma-tización de los jóvenes de las ciudades y el campo. El XV Congreso Nacional, es ante todo un espacio de unidad para todos aque-llos jóvenes rebeldes que se levantan desde campos y ciudades contra la barbarie y lu-chan por conquistar lo que nos pertenece.

Es desde este contexto que la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, compren-de los retos actuales de nuestra época y lu-cha por en la idea de avanzar hacia mayores

niveles de unidad tanto del movimiento ju-venil mundial, latinoamericano y especial-mente, el colombiano, como también de las diversas expresiones de lucha social y popu-lar, ligadas a recuperar la iniciativa de ma-sas, poniendo de presente la movilización y la organización en sus variadas expresiones para responder a la crisis política, económi-ca y social del país y a la conquista de la paz con justicia social a través de la solución po-lítica al histórico confl icto social y armado.

Ser joven y ser revolucionario es la ne-cesidad de nuestro tiempo. Las esperanzas que el mundo podrá construir, provienen de la inmensa conciencia colectiva de las jó-venes generaciones que luchen por edifi car un mundo que garantice la existencia dig-na de la humanidad. Se preguntaba el poe-ta uruguayo, Mario Benedetti: ¿qué les que-da a los jóvenes? Podríamos responder que nos queda luchar, unirnos, juntar rebeldías y esperanzas en el sueño de nacer y crecer en construcciones hechas con nuestros pro-pios esfuerzos, inventar y crear para un mun-do sin restricciones y muros que limitan la verdad y la libertad. Nos queda ser nosotros mismos y tener confi anza en que la unidad de los esfuerzos propios y comunes del pre-sente, son también la garantía de un futuro digno y decoroso que podremos llamar nues-tro y de todos.

La JUCO saluda a todas las fuerzas de-mocráticas, juveniles y revolucionarias y ratifi ca su compromiso con las jóvenes ge-neraciones en la lucha por la paz democrá-tica y el socialismo, dos perspectivas que construiremos sin renunciar a la alegría y a la esperanza!

La unidad está en clave de las iz-quierdas. Sí, de las izquierdas,

porque no hay una sola como lo creen algunos en visión estrecha y sectaria. El universo de la izquierda es plural, no todas ellas están comprometidas con el proyecto revolucionario de los comu-nistas y sus aliados que tiene como ob-jetivo la conquista del poder popular y del socialismo. Existen otras organiza-ciones de izquierda, democráticas y re-formistas, que cuentan a la hora de al-canzar un nuevo gobierno de reconci-liación nacional, en camino a cambios políticos, sociales y económicos de sig-no positivo. Es la experiencia reciente de América Latina.

Es el reto que tiene la construc-ción del Frente Amplio por la paz, la democracia y la justicia social, para aglutinar a las fuerzas políticas y so-ciales avanzadas, no solo para rodear de apoyo a los diálogos con las insur-gencias, sino también para promover la lucha popular y la acción de masas contra el régimen neoliberal y capita-lista. Pero, sobre todo, para construir un proyecto alternativo con opción de poder, en el camino de la Asamblea Nacional Constituyente que produzca las reformas democráticas y sociales que Colombia necesita para la paz es-table y duradera.

El Frente Amplio tiene el reto de conformar un bloque de poder contra hegemónico, amplio y representativo del espectro político y social de las iz-quierdas. Aquí no caben las ilusiones de pactos con la burguesía y mucho

menos de tener en cuenta a la su-puesta burguesía nacional, así entre ella misma existan contradicciones sobre la entrega del país a las trans-nacionales con el cuento de la con-fi anza inversionista. Todas esas con-tradicciones tienen que aprovecharse pero en benefi cio de la causa popu-lar y no de componendas y alianzas que terminan desviando el objetivo fundamental de la democracia y de los cambios sociales. La clave es la amplitud pero para los cambios y con principios inalterables.

El concepto de izquierda apareció en la Revolución Francesa en 1789, que fue democrática y revoluciona-ria, pero los principales inspiradores y dirigentes no fueron los trabajado-res como en la Comuna de París, si-no la burguesía que se levantó contra la monarquía y el poder feudal para implantar el capitalismo.

Desde entonces el concepto de iz-quierda está asociado a la lucha por el bienestar social y los cambios de-mocráticos, no todos en dirección al socialismo. La social democracia de-fi ende el capitalismo y cada vez se aleja más de los intereses de los tra-bajadores. Carlos Marx en su tiem-po militó en la “izquierda hegeliana” hasta que descubrió la teoría del co-munismo científi co. Lenin desentra-ñó, por ejemplo, el daño que hace el “izquierdismo” a la revolución al que califi có de enfermedad infantil del co-munismo.

carloslozanogui@outlook.es

Los graves riesgos que a los comentaristas de los grandes

medios puede generarles el salirse de las pautas informativas que emanan de los cuarteles, e incluso a quienes trabajan con plumas fl etadas por los sectores extremos de la derecha, han hecho que sucesos como la retención del general Rubén Darío Alzate, una abogada y un subofi cial del Ejército generen torcidas coincidencias tanto en su califi cación como en la interpre-tación de sus causas y efectos.

La primera coincidencia la dieron al califi car el hecho de ´secuestro´, pese a que el Derecho Internacional Humanitario lo califica de ´reten-ción´. Lo más curioso es que los mis-mos militares, ante hechos parecidos aunque menos graves, han expresado su intención de acudir a los tribunales internacionales en busca de justicia. Sería bueno que aclararan en qué tér-minos han formulado sus denuncias, si en los que establece la normativi-dad que rige en tales tribunales, o en los términos que les dictan sus pro-pósitos de entorpecer los diálogos.

En segundo lugar, en relación con el estado de indefensión en que estaba el General, no han cesado de manifes-tarse algunas opiniones que lo ponen en el papel de gran fi lántropo, capaz de arriesgar su vida con tal de poder llevar algunas posibilidades de pro-greso a comunidades empobrecidas. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas

están comprometidas en los denomina-dos Planes de Consolidación, a través de los cuales combinan su política de guerra con algunos programas de de-sarrollo, suplantando de paso a las au-toridades civiles. De todas formas, es-ta explicación es de las menos creíbles entre todas las que quieran darse, sobre todo teniendo en cuenta los rechazos que han tenido tales programas entre las comunidades campesinas.

Y en cuanto a los efectos, muchos de estos comentadores no se han referi-do a los que produjo el hecho, sino a los que sus patronos quisieran que se pro-dujeran: cese unilateral del fuego y al-gunas cuantas concesiones más de par-te de las FARC. Han olvidado que con la retención solo se incurrió en un he-cho normal, aunque deplorable, cuan-do se está en medio de una guerra; que se pactó conversar en medio de fuegos cruzados; y que ninguna de las partes podría retirarse de la mesa de conver-saciones, ocurriera lo que ocurriese en medio de la confrontación.

Santos era precisamente el que más defendía estas condiciones. Es él, en-tonces, quien debe aclarar por qué ce-dió al uribismo y a los generales y ter-minó poniendo en grave riesgo los diálogos. Al igual que muchos colom-bianos, las FARC sienten que su con-traparte rompió la credibilidad en el proceso. Ojalá que no sean demasia-do exigentes en los ajustes que ahora le reclaman.

Diciembre 3 de 2014/6

ALFONSO VEL SQUEZ

D

LABORAL

urante los días 3, 5, 7, 11 y 15 del presente mes, se adelantarán reuniones de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en cuyos temas está la defi -nición del salario mínimo legal y subsidio de trans-porte para el año 2015 en el país.

Históricamente ha sido un ejercicio donde los tra-bajadores han ido perdiendo poder adquisitivo por un lado, porque el costo de la canasta familiar es el doble del monto del salario mínimo y al aplicar un porcentaje igual (IPC) a las dos cifras, en pesos, el resultado es que el coasto de la canasta mínima pa-ra los salarios más bajos crece en pesos a una velo-cidad mayor que el salario.

Pero además, cada vez hay más trabajadores que devengan menos de ese mínimo convirtiéndose en una burla el mal denominado “acuerdo”; el 91 por ciento de los trabajadores del campo devengan me-nos de esos mínimos y en algunas regiones (Sucre, Chocó y Cauca) pagan menos del 50 por ciento del mínimo, inclusive hay empresas que les exigen a las personas que para ingresar a laborar deben presen-tarse con el Sisben para evadir y eludir los pagos a la seguridad social. No en vano, las cifras demuestran que solo 36 de cada 100 colombianos de la población económicamente activa aportan al sistema pensional.

Entonces se ha convertido en una farsa, pero tam-bién porque hay actores en la mesa que le hacen el juego a los propósitos patronales ya que son los prin-cipales expositores de la tercerización (contratos sin-dicales) y en consecuencia para nada les interesa que se corrijan esas injusticias, aunque su discurso sea distinto frente a los medios de comunicación.

Por lo tanto, lo más sensato será que en lugar de buscar un acuerdo como el del jinete con su caba-llo, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, de-be aprovecharse la farsa para publicitar la concep-ción de paz que nos corresponde a los trabajadores: paz con justicia social.

Y esto es la disminución de los aportes a salud del sector pensional (4 por ciento), trabajo con seguridad social y demás derechos, negociación colectiva pa-ra todos los trabajadores (sector público y privado), derogando el decreto 089 y optimizando el 160 de 2014, libertad sindical, eliminación de la terceriza-ción (que el Estado dé ejemplo), una inspección de trabajo que cumpla su papel de conformidad con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, recargos nocturnos y pago de ho-ras extras, dominicales y festivos como antes de la ley 789 de Uribe, y otros temas referentes a la pro-tección del salario.

Al fi nalizar el presente año, el sector fi nanciero obtendrá utilidades por encima de los 16 billones de pesos. Sarmiento Angulo está entre las personas más ricas del mundo y sus trabajadores votan la huelga y resisten al contrapliego, en varias regiones del país los trabajadores mineros no tienen seguridad social, mientras las transnacionales se llevan del país enor-mes utilidades y los pobladores de esas regiones en-ferman y la naturaleza padece los abusos con funes-tas consecuencias, en el Valle del Cauca los ingenios despiden y reprimen a sus trabajadores, etc.

Es una oportunidad para mostrar que existen po-sibilidades de concertación entre contrarios y será un mensaje para que los colombianos adquieran la se-guridad de que las negociaciones entre el Estado y la insurgencia son posibles y los acuerdos serán respe-tados y honrados por las partes, con la participación de la población. Además, que se avanzará hacia una asamblea nacional constituyente que logre parir una nueva concepción de sociedad distinta a un modelo depredador y excluyente como el neoliberal.

El 10 de diciembre tendremos una movilización por el respeto de los derechos humanos, el avance de las negociaciones entre las guerrillas y el Estado, y la construcción de paz con justicia social, ahí nos vemos.

¿Cómo aprovechar la “negociación”

del mínimo?Cada vez hay más trabajadores que devengan menos de ese salario y en algunas regiones pagan por debajo del 50 por ciento

Luego de un proceso de elecciones para obtener representación en el gremio de

maestros, el Partido Comunista gana un esca-ño, después de varios años sin representación, con el dirigente Reinaldo Soledad. “Fue un ca-mino competido -dijo Soledad- por la participa-ción de los diferentes sectores que se mueven dentro del gremio de los docentes, algunos de ellos con años de pertenecer a la dirección del Sindicato, incluso, con vicios de clientelismo y burocratización”.

Según el dirigente, el proceso de elección “se difi culta para los nuevos aspirantes por la falta de tiempo para dedicar a la presentación de las propuestas en las diferentes provincias, por carecer de permiso sindical y, además, no tener acceso a la base de datos de los maestros afi lia-dos que permitan el uso de las redes sociales”.

Su fortaleza estuvo en las propuestas que “tenían dos objetivos; el primero tendiente a mejorar la manera de trabajar las bases para lograr que el sindicato cumpla sus objetivos de mantener una permanente comunicación con los asociados de modo que los directivos estén más en contacto con los mismos, com-plementado con el redireccionamiento de los recursos orientados a la formación sindical. El segundo es el de crear y generar nuevos me-dios de información a los asociados mediante el uso de la tecnología de modo que la página web sea el medio principal, de tal manera que el periódico y la revista pasen de lo físico a lo virtual con el propósito de redireccionar los re-cursos y fortalecer nuestro compromiso con el medio ambiente”.

Respecto a lo reinvindicativo, “está traba-jar por el estatuto docente único, el servicio de salud para los docentes, al lado de lo ético y lo político para que los directivos municipales, zonales o departamentales actúen de acuerdo con los principios de veracidad y oportunidad, entre otros, para que sus actos sean en benefi -cio de la organización sindical por encima del interés personal”

Respecto a los diálogos de paz en La Habana añadió, “vamos a trabajar por el com-promiso con el Frente Amplio por la Paz y los cambios democráticos del país, ya que como maestros somos constructores de sociedad y de vida y, todos los sectores que participan en la organización gremial, sin discriminación ideo-lógica, debemos orientar nuestra actividad ha-cia el logro de la paz”.

Reinaldo Soledad expresó su preocupación por la poca participación de los maestros en las tareas gremiales, por ello plantea dentro de un eje de acción política un espacio de formación sindical, ya que a todos los niveles, incluyen-do el directivo, hace falta formación ideológi-ca y política por lo que se actúa más con crite-rio politiquero. También, generar espacios de formación a nivel directivo y para los docentes no sindicalizados para que los profesores ten-gan un mayor conocimiento de la realidad na-cional y actúen en la lucha sindical con con-ciencia de clase.

El dirigente Soledad cree con convicción que, “los directivos debemos recuperar la ima-gen del sindicato con programas que den resul-tados a mediano plazo y rescaten la dignidad perdida debido al bajo nivel de formación po-lítica y la participación del docente sea cons-ciente”.

Reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Foto Reporteros Asociados.

“Los maestros somos

constructores de sociedad”

Nueva dirección en Sindimaestros, Boyacá

GUILLERMO CASTRO

Diciembre 3 de 2014/7LABORAL

JUAN CARLOS HURTADO F.

Mientras el movimiento

Progresistas del alcalde Gustavo Petro, se reunía en Bogotá, el pasado 26 de noviembre, para escoger precandida-tos a ese cargo y continuar sus polí-ticas; más de 1.500 trabajadores de la Empresa de Acueducto de la ciudad, decepcionados con la Administración Distrital, se congregaban para aprobar un nuevo pliego de peticiones que pre-sentarán a la gerencia.

La decepción la expresaron en va-rias de sus intervenciones, aun por tra-bajadores que militaron en la colectivi-dad de Petro y por otros que sin serlo vieron representados sus intereses en los discursos de campaña. Según ellos, hay un debilitamiento de la empresa y se ha permitido la persecución sindical.

El Acueducto es una de las más im-portantes empresas de la ciudad si se tienen en cuenta los servicios que pres-ta. Tiene 3.700 trabajadores, de los cua-les hay 1970 en Simtraemsdes. VOZ habló con Martín Quijano, presidente de la seccional Bogotá de ese sindicato.

Improvisación

–En las intervenciones escuché denuncias contra la Administración Distrital, ¿puede hablarme de éstas?

–Siempre hemos hecho las denun-cias públicas porque una cosa es lo que dice la Administración de la ciudad y otra es lo que hace. La empresa está ca-si al borde de una crisis por las multas y sanciones que ha tenido por decisiones irresponsables en la supuesta retoma de unos procesos que estaban en ma-nos privadas, que se hicieron sin plani-fi cación y sin orden. Recuerde que ha-ce poco tuvo una multa de más de 360 mil millones de pesos por el tema de la retoma de las basuras, sanciones di-rectas contra el Alcalde y los gerentes.

También pensaban llevarse el com-ponente de alcantarillado para su-puestamente pasar a otra empresa del Estado, pero allá iban a ser subcontra-tadas estas funciones a través de pri-vados. Eso es una política neoliberal donde se manifi esta que se mantendrá lo público pero detrás de eso vienen las alianzas público-privadas, donde los privados son los mayores benefi ciados.

–¿Qué pasó con la empresa a car-go de la recolección de basuras?

–Después de las sanciones y los pro-nunciamientos de la Superintendencia están pensando en reversar el mode-lo y crear una nueva empresa para el Distrito que se va a llamar Empresa de Aseo, que no sabemos si será pública, privada o en alianza.

–¿Pero no se reconocen las buenas

intenciones con la búsqueda de la re-toma de los procesos, independiente-mente de la falta de planeación que ustedes denuncian?

–Claro que lo reconocemos porque siempre hemos estado en contra de en-riquecer al capital privado, pero siem-pre hemos dicho que el modelo no se aplicó de la manera debida, por eso no-sotros dimos ideas y ofrecimos alterna-tivas sobre cómo se debería hacer. Pero la negligencia, la arrogancia de la ad-ministración y los intereses privados, no permitieron que eso fuera así y lle-varon al traste un modelo que podía te-ner un buen resultado.

–¿A qué se refi ere con los intere-ses de los privados?

–En el tema del aseo ya sabemos cómo han sido las licitaciones públicas donde ellos han sido los oferentes y los interesados en ese negocio. En el tema del agua tenemos riesgos desde la parte ambiental, el suministro, la captación, la distribución, hasta la misma comer-cialización. En cada componente hay una multinacional interesada. Así co-mo sucede con la Empresa de Energía; administrada en la parte comercial por Codensa, la parte productora de ener-gía por Emgesa, hacia allá nos quieren

llevar, hacia allá apunta la política de esta administración.

–¿En qué ha mejorado la Empresa de Acueducto con la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía?

–Considero que el riesgo fi nanciero en que se puso a la empresa por deci-siones improvisadas y malos manejos es grande. Quisiera pensar que la em-presa tendió a crecer por la retoma de los procesos, pero eso no se consolidó. Terminamos prestando toda la maqui-naria y los roles, a la corrupción y en benefi cio de los privados.

Recordemos que cuando se hizo la retoma de las basuras se alquilaron vehí-culos que no servían, contrataron carros que no tenían el adecuado mantenimien-to, se contrataron vehículos a precios exorbitantes, edifi cios que se arrenda-ban a diez millones se arrendaron en has-ta cuatro veces más de lo que pagaba el mismo privado, y se hicieron inversio-nes que no aplicaban para el manteni-miento y fortalecimiento de la empresa. Todo eso terminó en corrupción. En su momento el sindicato puso esos casos en conocimiento de los entes de control.

–Con lo que usted afi rma, algunos podrán decir que ustedes se unen al coro de la oposición al actual alcalde.

–Es un riesgo, pero una de las la-bores de la organización sindical es denunciar la corrupción. Sabemos de dónde viene este Alcalde, sabemos que militó en el M–19, pero también sabe-mos que una de las políticas que tenía este partido eran las alianzas público-privadas; a eso le apuntan, aunque dis-frazándolas y mintiéndole a la ciudad con que esos son procesos públicos.

Si en una alianza de esas ponen una empresa pública ya le llaman que todo fue público, pero no muestran el por-centaje de capital que invierten los pri-vados y las multinacionales.

Persecución

–¿Desde que llegó Petro a la Alcaldía en qué han cambiado las re-laciones obrero – patronales o el ac-cionar sindical dentro de esta empre-sa, hay libertad en el ejercicio sindi-cal?

–Han cambiado. En nuestra organi-zación vemos cómo la administración de Petro ha cooptado a dirigentes sin-dicales, les dio más de trescientos pues-tos para poderlos acallar y tenerlos de su lado. Eso llevó a que una organiza-ción sindical como ésta con más de 77 años de historia, terminara dividida. Por ejemplo, Aguas de Bogotá, en un año ha creado más de 12 organizacio-nes sindicales.

El gerente de la empresa protege a la organización sindical que él ayudó a fundar, lo que ha costado un precio alto a Sintraemsdes, con agresiones físicas y verbales a sus afi liados, hay amenazas telefónicas para que nos re-tiremos de la organización. Eso ha si-do denunciado e informado a la Unidad Nacional de Protección.

El otro sindicato presentó unas pe-ticiones que son el mismo pliego que tenemos nosotros. Este no puede ne-gociarse porque son los mismos pun-tos que ya los cubre, pero el Gerente General se puso a negociar y les en-tregó 75 millones de pesos, es decir, van a negociar lo que los trabajado-res ya tienen.

El Gerente también justifi có un con-trato para un abogado amigo de él, Luis Fernando Rengifo, por 80 millones de pesos, para que acompañe una negocia-ción que no irá por más de tres meses.

–¿Cuáles son los puntos princi-pales del petitorio que presentarán?

–Es un petitorio muy político en el sentido que busca mantener los pro-cesos de la empresa de manera direc-ta, con patrimonio público y de mane-ra pública, que apunta al cuidado del medio ambiente, a la regularización de esos contratos que están en otras mo-dalidades para que esos trabajadores sean contratados a término indefi nido.

–¿Usted cómo describiría al geren-te de la empresa?

–Alberto Merlano es un gran ne-gociador, tuvo una trayectoria en Ecopetrol donde dejó dividida a la Unión Sindical Obrera, USO, y dejó otros tres sindicatos. Ya había sido ge-rente de esta empresa en la administra-ción de Luis Eduardo Garzón, donde en una negociación con el sindicato le arrebató el 45 por ciento a los ingresos de los trabajadores. Ese es el gerente que puso la Bogotá Humana.

Bogotá

Antisindicalismo en el Acueducto

El sindicato de esta empresa denuncia improvisación, corrupción y persecución sindical

Edifi cio de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Foto J.C.H.

En la Asamblea de Simtraemsdes votaron para decidir varios aspectos. Foto J.C.H.

Martín Quijano.

Diciembre 3 de 2014/8

Nosotros, los abajo fi rmantes, ex-presamos nuestra seria preocupa-ción por los recortes que la Unidad

Nacional de Protección (UNP) del gobierno colombiano le está haciendo a las medidas de seguridad para los sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposi-ción política.

Los recortes siguen luego del escándalo re-ciente de agosto de este año, que involucra-ba a funcionarios de alto nivel de la UNP, y conllevó a la crisis fi nanciera de la UNP. A pesar del compromiso del gobierno de que los recortes no afectarían la seguridad de ac-tivistas, tenemos conocimiento de numerosos casos de personas en riesgo a quienes les ha sido negada protección adecuada, incluyen-do dirigentes sindicales, y fi guras de la opo-sición política como el senador Iván Cepeda Castro, representante del partido opositor el Polo Democrático, el doctor Carlos Lozano, periodista y vocero de la Marcha Patriótica y la ex senadora Piedad Córdoba, vocera de la Marcha Patriótica, y todos los miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz. Ellos han visto limitado el uso de los guardaespal-das necesarios y los vehículos blindados de los cuales dependen en el quehacer diario en áreas de continuación de confl icto.

Es de preocupación seria que estos recortes tienen lugar al tiempo de un fuerte aumento en ataques y amenazas de muerte a activistas en Colombia, con 45 activistas de derechos humanos asesinados en los primeros nue-ve meses de 2014, y un incremento del 170 por ciento en violaciones de derechos huma-nos en contra de activistas en los últimos tres meses de acuerdo al programa ONG ‘Somos defensores’. Se calcula que solo un dos por ciento de crímenes en contra de activistas en Colombia llega a una sentencia.

Los recortes a la protección también ponen en peligro la participación segura de la socie-dad civil en las negociaciones de paz actua-les entre el gobierno colombiano y la guerri-lla de las FARC, y establecen un precedente peligroso en relación a las garantías de parti-cipación de la oposición democrática después

del proceso de paz.Nosotros creemos que la participación segura

de activistas de la oposición, derechos humanos y sindicatos es un derecho democrático funda-mental esencial para la paz, que el gobierno co-lombiano tiene la responsabilidad y obligación internacional de garantizar.

Expresamos nuestro apoyo para aquellos que trabajan por la paz y la justicia social en Colombia y llamamos urgentemente al gobierno colombiano a asegurar su protección.

Firman:

Miembros del Parlamento del Reino Unido

Dave Anderson MP, Ann McKechin MP, Katy Clark MP, Rt Hon Tom Clarke MP, Michael Connarty MP, Jeremy Corbyn MP, David Crausby MP, John Cryer MP, Ian Davidson MP, Baroness Dean, Pat Docherty MP, Frank Doran MP, Mark Durkan MP, Natascha Engel MP, Lord Evans of Parkside, Paul Farrelly MP, Rob Flello MP, Paul Flynn MP, Mike Gapes MP, Michelle Gildernew MP, Fabian Hamilton MP, Dai Havard MP, Stephen Hepburn MP, Kelvin Hopkins MP, George Howarth MP, Helen Jones MP, Ian Lavery MP, Andy Love MP, Khalid Mahmood MP, John McDonnell MP, Jim McGovern MP, Paul Maskey MP, Rt Hon Michael Meacher MP, Ian Mearns MP, Francie Malloy MP, Lord Monks, Madeleine Moon MP, Grahame Morris MP, Conor Murphy MP, Sandra Osborne MP, Stephen Pound MP, Linda Riordan MP, Lord Sawyer, Jim Shannon MP, Jim Sheridan MP, Gerry Sutcliffe MP, Mark Tami MP, Derek Twigg MP, Valerie Vaz MP, Tom Watson MP.

Miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte

Cathal Boylan MLA, Michaela Boyle MLA, Micky Brady MLA, Megan Fearon MLA, Phil Flanagan MLA, Chris Hazzard MLA, Gerry Kelly MLA, Seán Lynch MLA, Declan McAleer MLA, John McCallister MLA, Fra McCann

MLA, Jennifer McCannn MLA, Raymond McCartney MLA, Rosie McCorley MLA, Barry McElduff MLA, Bronwyn McGahan MLA, Martin McGuiness MLA, Daithí Mc Kay MLA, Maeve McLaughlin MLA, Ian Milne MLA, Oliver McMullan MLA, Alex Maskey MLA, Mitchel Mc Laughlin MLA, Carál Ní Chuilín MLA, John O’ Dowd MLA, Cathal O’hOisín MLA, Michelle O’Neill MLA, Sue Ramsey MLA, Caitriona Ruane MLA, Pat Sheehan MLA

Miembros del Parlamento de la República de Irlanda

Gerry Adams TD, Eric Byrne TD, Michael Colreavy TD, Seán Crowe TD, David Seantor Cullinane, Pearse Doherty TD, Dessie Ellis TD, Martin Ferris TD, Dominic Hannigan T.D, Mary Lou McDonald TD, Padraig McLaughlin TD, Sandra McLelland TD, Senator Marie Maloney, Caoimhghín O’Caolain TD, Jonathan O’Brien TD, Senator Trevor O’Clochartaigh, Aengus Ó Snodaigh TD, Emmet Stagg TD, Senator Kathryn Reilly, Brian Stanley TD, Peadar Tobin TD.

Dirigentes Sindicales del Reino Unido

Christine Blower General Secretary NUT, Mary Bousted General Secretary ATL, Manuel Cortés General Secretary TSSA, Mark Dickinson General Secretary Nautilus International, Ronnie Draper General Secretary BFAWU, Steve Gillan General Secretary POA, Billy Hayes General Secretary CWU, Sally Hunt General Secretary UCU, Ian Lawrence General Secretary NAPO, Len McCluskey General Secretary UNITE, Gerry Morrissey General Secretary BECTU, Steve Murphy General Secretary UCATT, Chris Keates General Secretary NASUWT, Paul Kenny General Secretary GMB, Dave Prentis General Secretary UNISON, John Smith General Secretary MU, Michelle Stanistreet General Secretary NUJ, Mick Whelan General Secretary ASLEF, Matt Wrack General Secretary FBU

Declaración por la protección de sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros

de la oposición política

Parlamentarios y dirigentes sindicales del Reino Unido e Irlanda escuchan testimonios de las madres de Soacha en Julio 2014 en una delegación organizada por Justicia por Colombia. Foto JFC.

Parlamentarios y dirigentes sindicales expresan su apoyo por la libertad de los presos políticos durante una recepción en el parlamento británico en solidaridad con la Marcha Patriótica en Abril 2014. Foto JFC.

Diciembre 3 de 2014/9ACTUALIDAD

HERN N CAMACHO

Elkin Anselmo Oliveros Polanía Secretario de Agricultura del Tolima.

Tolima toma la delantera con el Pacto Agrario

Con el liderazgo del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón y del secretario de Desarrollo Agropecuario, Elkin Anselmo Oliveros Polanía, el campesino tolimense ha recibido una especial atención re-fl ejada en obras de desarrollo comunitario en los 47 municipios del departamento. Entre los sectores más favorecidos con esta política fi guran los ganaderos, la cafi cultura recibiendo benefi cios directa-mente 25 mil familias ubicadas en los 38 municipios productores de café, también los cacaoteros, proyectos piscícolas, importantes ca-denas alimenticias, acentuando el énfasis en la seguridad alimentaria. Para el gobernante es prio-ritario defender la vocación agropecuaria de los tolimenses, por eso viene apoyando el arreglo de vías y solicitándole al Gobierno Nacional apoyo para hacer realidad la paz con justicia social.

“La Unión Patriótica no está es-perando la personería para se-guir haciendo política a diario

por todo el país”, le dijo a VOZ, su pre-sidenta Aída Avella, justo el día en que era notifi cada por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de la devolución de su personería jurídica tras haberla perdi-do en los comicios del pasado mes de marzo.

Aun cuando la dirección nacional de esa colectividad había advertido las difi cultades para competir en las elec-ciones junto a los partidos tradiciona-les y con poderío económico, solamen-te ocho meses después el CNE le dio la razón con el sentido de la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo Assís: “El partido político -UP- se presentó a las elecciones pa-sadas sin un respaldo económico y sin ningún tipo de espacio en los medios de comunicación, lo que habría pro-vocado una baja votación en las urnas con 99.414 votos cuando debió alcan-zar los 350 mil”.

Y agrega que tal situación gene-ró una consecuencia directa “ante la imposibilidad de inscribir sufi cientes candidatos al Congreso, de realizar en igualdad de condiciones una apropia-da divulgación de su proyecto político, por hechos evidentemente ajenos a la UP, justifi can el no ser contados para la verifi cación del umbral de votación es-tablecido en la Constitución y evitar así la pérdida de su personería jurídica”.

Esas razones son parcialmente cier-tas, consideran voceros de la UP, quie-nes también señalan al gobierno nacio-nal de tener algún grado de responsa-bilidad en el tratamiento desigual a la UP en plena campaña a Congreso, por cuanto violó la orden constitucional de fi nanciamiento a la actividad polí-tica y electoral por parte del Estado a los partidos políticos con personería jurídica reconocida por el CNE: “Los dineros por concepto de adelantos pa-ra el proselitismo que debían llegar al inicio de la campaña llegaron un día antes de la fecha de los comicios”, di-jeron miembros de la comisión de fi -nanzas de la UP.

En el resultado electoral obtenido por la UP pesó también la ausencia de garantías reales para su participación, las mismas por las que había salido del escenario político en el año 2002. “Las constantes amenazas venidas des-de sectores de la ultraderecha colom-biana, fueron de conocimiento público; así como la animadversión de muchos sectores políticos por nuestra propues-ta de paz con justicia social y la sóli-da concepción ideológica por una sali-da política al confl icto social y armado que padece el país, contribuyeron a una nueva andanada de estigmatización y señalamiento contra nuestros candida-tos”, señalaron en un comunicado pú-blico sus voceros.

La responsabilidad del Estado

El reconocimiento del genocidio sigue ausente. El Estado colombia-no se ha negado sistemáticamente a

reconocer su responsabilidad en una política de exterminio contra la militan-cia del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, a lo largo de tres décadas y que tales crímenes aún no encuentran verdad, justicia y repara-ción. Solamente en algunos casos em-blemáticos el gobierno nacional como representante del Estado, ha reconoci-do su responsabilidad tras un juicio en tribunales internacionales, como en el caso del senador y exdirector de VOZ, Manuel Cepeda Vargas.

Exigen reparación integral

Por ello la UP sigue insistiendo en que la reparación debe ser integral y que no permitirá que simplemente con la devolución de su personería sea

sufi ciente para resarcir el daño causa-do a un grupo político en oposición al establecimiento. Recuperar la identi-dad como partido político surgido de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional en 1984, su plataforma política que la convirtió en opción de poder, su labor parlamen-taria, su gestión ejecutiva al frente de importantes municipios donde se pos-tuló con votos como la primera fuer-za política, los proyectos e iniciativas políticas para la profundización de la democracia, las reformas agraria y ur-bana dejadas a media marcha por el asesinato de sus militantes. Son algu-nos aspectos del concepto de repara-ción integral.

Pero también la UP exige el reco-nocimiento de la responsabilidad de

Confi rman Personería Jurídica hasta 2018

UP: un nuevo comienzoLos argumentos para mantener la personería jurídica de la UP son evidentes

empresarios fi nanciadores del parami-litarismo, jefes de partidos políticos que ordenaron masacres contra su mi-litancia y de los perpetradores de los crímines que en su inmensa mayoría corresponde a miembros de la fuerza pública. Sin ello, dicen, no se llega a la paz duradera y estable que se pretende acordar en La Habana.

Con la decisión del CNE, deja a la izquierda con dos partidos políticos para las contiendas locales de 2015, el Polo Democrático y la UP. Pero será el Frente Amplio por la Paz, del que hace parte la UP, el más benefi ciado con la denominada sombrilla política para presentar candidatos de coalición de la izquierda bajo el aval de la UP. Una verdadera consolidación de fuer-zas alternativas por el poder local.

La Unión Patriótica se alista para la campaña electoral de 2015 en unidad con la izquierda colombiana. Foto Archivo.

Diciembre 3 de 2014/10

NOTICAPITAL

BOGOTÁ

REDACCI N BOGOT

E

Dinero para Sector HábitatUna asignación de

712 mil millones de pesos para ser ejecu-tados en la vigencia de 2015 recibirá el Sector Hábitat, conforma-do por la Secretaría Distrital del Hábitat; Caja de Vivienda Popu la r ; Un idad Administrativa Espe-cial de Servicios Pú-b l icos -UAESP- ; Empresa Acueducto Alcantarillado de Bo-go tá; Metrovi vienda y Aguas Bogotá.

Dispensadores de condonesLa Comisión de

Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se ins-talan dispensadores de condones en el Distrito Capital”, de autoría de la Concejal Liliana de Diago, pro-yecto que tiene como objeto la implemen-tación de dispensado-res de condones co-mo medida de salud pública, para de esta manera hacer preven-ción de enfermedades de transmisión sexual, VIH SIDA y emba-razos no deseados. Igualmente estarán dotados con la infor-mación necesaria so-bre su utilización. En países como México, Chile, Ecuador y Argentina se ha lo-grado una gran dismi-nución de los índices de contagio, gracias a su instalación, por es-tos resultados la ciu-dad debe avanzar en los programas de pre-vención y contribuir a la política pública de atención en salud.

l pasado sába-do 29 de noviembre se realizó el Seminario por la Lucha de la Vivienda Digna, impulsado por la Coordinadora Distrital Viviendista (Movimiento 18 de diciembre y víctimas del sector fi nanciero), en donde se abordaron varios temas impor-tantes y se proyectaron otros para el próximo año.

Entre los puntos a destacar está el de fortalecer las orga-nizaciones viviendistas con el ánimo de buscar entre todas, la solución de vivienda tanto a desplazados como a secto-res vulnerables, discapacita-dos y sectores que están en zo-nas de alto riesgo, no solo en Bogotá, sino con proyección a nivel nacional.

Para ello se viene trabajan-do la idea de que los sectores necesitados de la vivienda se pongan de acuerdo para elabo-rar un proyecto de ley que de-be cursar en el Congreso de la República, para que con unos objetivos concretos se dé de una vez por todas, solución a este problema que hoy afecta a miles de personas.

VOZ habló con Gabriel Barrios desplazado del depar-tamento de Bolívar quien vi-ve en Bogotá y es miembro de la Organización Popular Viviendista (Familia unida por un sueño) de la localidad de Ciudad Bolívar: “Pensamos que con las leyes y los decre-tos existentes para solucio-nar el problema de vivienda, el gobierno se queda corto. Estadísticas sostienen que en Bogotá hay alrededor de 400 mil desplazados, pero la mayo-ría de ellos no tienen vivienda propia. El desplazado tienes además desventajas, con la ley 1448 cada día se va aislando más del resto de la sociedad, el desplazado viene convencido de que el gobierno le va a fa-cilitar o solucionar el proble-ma de la vivienda, pero para tener éxito en sus exigencias tiene que contar con el apo-yo del resto de la población”.

Victimas del sector fi nanciero

En el seminario los par-ticipantes expusieron su si-tuación particular, algunos

desalojados de sus viviendas hicieron una presentación de sus casos. Ya la Coordinadora Nacional Viviendista viene trabajando en la recolección de cifras de cuántos desalo-jos hay en la capital y a nivel nacional, para de esta manera tener un panorama real de lo que se vive en lo relacionados con las víctimas del sector fi -nanciero.

Cifras ofi ciales no exactas calculan que solo en Bogotá se realizan diariamente alrededor de cien desalojos, no hay datos ofi ciales a nivel nacional. Lo peor de todo es que un secreto a voces la existencia de un car-tel del remate en el que estarían implicados constructores, enti-dades fi nancieras, jueces, abo-gados y auxiliares de la justicia.

Créditos

VOZ también habló con Luis Jerez de la Central Nacional Provivienda y miem-bro del grupo de inquilinos del norte: “Este seminario planteó más estudio, más propuestas y por ello estamos apuntan-do a una Constituyente por la

Proponen Constituyente por la vivienda digna

En Bogotá se realizan un promedio de 100 desalojos diarios, se calcula que el 60 por ciento de quienes obtienen préstamos de vivienda están en mora

vivienda urbana; considera-mos que el próximo año será muy fructífero para la lucha de la Coordinadora Nacional Viviendista. En cuanto a los desalojos hay que decir que este año han sido muchos en Bogotá ya que el sector fi nan-ciero tiene mucho poder, ade-más nosotros creemos que ge-nera fraudes, engaños y la gen-te tiene precarias condiciones económicas y movidos por la necesidad de la vivienda, se meten en unos créditos que después no pueden pagar, y terminan siendo desalojados sin ninguna oportunidad, para poder renegociar sus créditos, pero cuando los renegocian, les cobran de manera expo-nencial y terminan siendo víc-timas del sector fi nanciero. Se calcula que el 60 por ciento de los acreedores de deudas hipo-tecarias están en mora.”

Para el 25 de enero se pro-yecta realizar un encuentro con todas las organizaciones del sector de vivienda para trazar unos derroteros a se-guir tanto en la Capital de la República como a nivel na-cional.

Las mujeres víctimas del confl icto armado y de-

fensoras de derechos humanos residentes en Bogotá D.C. de-nunciaron, las amenazas, lla-madas intimidatorias, perse-cución, hostigamiento y otras formas de violencias y ata-ques, que en muchos casos se han concretado en agresiones físicas y psicológicas contra de sus cuerpos y sus familias, afectando gravemente los en-tornos sociales y los procesos

Luis Jerez. Foto Redacción Bogotá.Seminario por la lucha de la vivienda digna. Foto Redacción Bogotá.Gabriel Barrios. Foto Redacción Bogotá.

organizativos de los que ha-cen parte.

En un comunicado de pren-sa las organizaciones “Mujeres Víctimas del Confl icto Ar ma-do”, “Mesa Autónoma de Mujeres Víctimas Resi den-tes en Bogotá” y “la Alta Con sejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación” hicieron un llamado a las autoridades pa-ra que tomen cartas frente a la permanencia en el Distrito

Capital de grupos armados al margen de la ley, que conti-núan ejerciendo control te-rritorial, limitando y violen-tando la participación y la or-ganización de la ciudadanía y generando nuevos hechos victimizantes en contra de las mujeres.

Las víctimas de estos gru-pos son especialmente acti-vistas, lideresas y defensoras de derechos humanos, quie-nes son revictimizadas, con

discriminación y segregación, desplazamiento intraurbano, ruptura de los núcleos fami-liares y graves afectaciones psicosociales para ellas y sus familias.

“Exigimos al Estado co-lombiano que, en ejercicio de sus deberes garantice el dere-cho a la vida, los demás dere-chos de las mujeres víctimas y la erradicación de las múl-tiples formas de violencia que se ejercen contra las mujeres

Mujeres víctimas del confl icto residentes en Bogotáy que de manera inmediata otorgue medidas de protección a las víctimas de los hechos mencionados. De igual forma demandamos que en las polí-ticas, programas, proyectos y acciones orientados a la pre-vención, atención, protección, sanción y restablecimiento de derechos, se incorpore el en-foque de derechos de las mu-jeres y de equidad de género”, sostiene un aparte del comuni-cado.

Diciembre 3 de 2014/11

ANDR S ARIAS

DERECHOS HUMANOS

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Negligencia médica desata huelga en Picota La Corporación Solidaridad Jurídica se pronunció en favor

de la huelga de los prisioneros políticos de guerra recluidos en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron Picota) en la ciudad de Bogotá, y exigió a las autoridades tomar las medidas ne-cesarias para garantizar sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. Al cierre de esta edición 180 presos políticos y prisioneros de guerra, recluidos en el mismo establecimiento se habían sumado en solidaridad ante la difícil situación de inasistencia médica que tienen que sufrir los detenidos y detenidas del país.

Desaparecido estudiante de UniatlánticoDesde el pasado 21 de noviembre y al cierre de esta edición per-

manecía desaparecido el joven César Eduardo Vesga estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico. Así lo informó la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. El joven se dirigía a la institución académica cuando fue interceptado por desconocidos que no han dado señales del joven. ASPU exigió a los organismos de de-rechos humanos crear la alerta para evitar un triste desenlace.

Muere campesino por ataque del EjércitoEl pasado 23 de noviembre, en el Hospital Regional de Granada

(Meta), falleció el campesino José Norvey González de 32 años, como

consecuencia de la herida de bala propinada por hombres de la Brigada Móvil No 4 del Ejército Nacional el pasado 12 de noviembre en la ve-reda La Esperanza, en el sitio conocido como Taguara, vereda Caño Danta, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Según las denuncias el labriego se movilizaba de su sitio de trabajado, ubica-do en la vereda El Chacón en Caño Cabra, hacia su fi nca, cuando fue baleado por soldados, quienes sin ningún tipo de advertencia, proce-dieron a abrir fuego contra el civil.

Detienen a alcalde de Turbo La Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá

confi rmó la detención preventiva que por el delito de concierto pa-ra delinquir agravado se había dictado el pasado 26 de agosto en pri-mera instancia en contra del actual alcalde de Turbo (Antioquia), William Palacio Valencia, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Entre los capturados hay excandidatos al Senado de la República, excandidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, exalcaldes, exconcejales, líderes políticos, líderes cívicos y servido-res públicos de la región de Urabá. Estas personas se encuentran vin-culadas con el Bloque Élmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y que en el sector bananero de Antioquia, Córdoba y Chocó promovió un grupo llamado Movimiento Político del Urabá Grande, Unida y en Paz.

través de un comuni-cado la Unión de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Ambientales, Agrarias y Gremiales de San Vicente del Caguán (UNIOS), denunció la per-secución en contra de aquellos que se oponen a los estudios de sísmica.

La agremiación sostuvo que: “Ante las acciones de intimidación llevadas a cabo por auto nombrados líderes so-ciales que están al servicio de las em-presas multinacionales de explotación petrolera, que en este momento atentan contra nuestra permanencia en el terri-torio, expresamos que seguimos man-teniendo nuestra oposición al proceso de realización de la sísmica del Bloque Nogal-Manzano de la cuenca Caguán-Putumayo”, ya que según los labriegos; estos procesos de exploración atentan contra el medio ambiente y el recurso hídrico de la región.

Preocupación

En ese mismo sentido, Herson Lugo, presidente de la Corporación pa-ra la defensa de los derechos humanos Caguán Vive, siente una grave preocu-pación por la coyuntura de inseguridad

que se ha generado en la localidad, ya que las personas que vienen haciendo oposición a los estudios sísmicos que adelanta la empresa Petroseismic, con-tratista de la multinacional Emerald Energy han sido hostigados de algu-na manera.

“Varios dirigentes que se encontra-ban socializando sobre las problemática

y el impacto de la locomotora minera en la región, fueron fotografi ados por funcionarios de dicha petrolera, lo que sin duda alguna llena de preocupación a los campesinos, teniendo en cuenta que además vienen siendo víctimas de constantes amenazas por vía telefóni-ca, donde se les quiere obligar a través de estas presiones a fi rmar los permi-sos de intervención”.

Apoyo a campesinos

El mandatario de la localidad Domingo Emilio Pérez, anunció que desde su administración “hay un res-paldo total a las iniciativas que en el ejercicio de la autonomía y la libertad vienen adelantando las juntas de acción comunal, las organizaciones y los cam-pesinos de resistencia a la sísmica, por-que ellos consideran, y comparto ple-namente esta tesis; que la intervención de este modelo va a traer una hecatom-be agroecológica para el territorio, pe-ro a nosotros nos preocupan mucho las constantes amenazas en contra de los dirigentes del sector por parte de agen-tes oscuros que se ven afectados eco-nómicamente por esta resistencia y de-fensa campesina”.

Por otro lado el funcionario expresó

Preocupación por amenazas a líderes campesinos

Oposición a la minería

Domingo Emilio Pérez, alcalde de San Vicente del Caguán.Herson Lugo, Presidente de la Corporación Caguán Vive.

su inquietud por lo que él llamó “la ac-titud y el silencio de la empresa multi-nacional”, y aseguró que esta empresa debe pronunciarse formalmente recha-zando estas acciones de intimidación, y recordó que la historia petrolera en Colombia ha demostrado tener víncu-los con actores criminales que han se-gado la vida de muchos líderes que se han negado a las dinámicas petroleras en el territorio e hizo un llamado a las autoridades a proteger la vida de la co-munidad que se niega a abandonar sus raíces para abrir los horizontes del de-terioro ambiental.

Soluciones inmediatas

El mandatario y el defensor de dere-chos humanos coincidieron en la nece-sidad de acompañamiento de las auto-ridades del alto gobierno, además de la comunidad internacional; pues el tiem-po de socialización y estudio con el que contaba dicha empresa está a punto de terminar; eventualidad que incremen-ta el riesgo para la vida de los dirigen-tes, y anunciaron la realización de to-das las acciones de denuncia pública necesaria para mitigar posibles críme-nes, que además serán apoyados desde la institucionalidad local.

Reiniciar lanza textos de investigación

El pasado 27 de noviembre en el Centro de Memoria de Bogotá se realizó el lanzamien-

to de “Dimensión psicosocial del genocidio contra la Unión Patriótica, impactos a la vida y esperanza de un proyecto democrático” y ¿Es la ley de vícti-mas un instrumento idóneo para reparar integral-mente a las víctimas del genocidio contra la unión patriótica?, ambos textos producidos por un grupo de investigadores, abogados, sicólogos y politólo-gos de la Corporación Reiniciar, con el apoyo de la Embajada de Suecia.

El objetivo de estas publicaciones es entre otros, el de analizar la ley de víctimas, la realidad frente la reparación del grupo político UP, y mostrar de manera sencilla las dimensiones sicológicas de las afectaciones que la persecución contra la Unión Patriótica dejó en los sobrevivientes y en la socie-dad.

Luz Marina Monzón, abo-gada realizadora del libro. Foto Redacción Derechos Humanos.

Diciembre 3 de 2014/12ECONOMÍA

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Visite las páginas web:Partido Comunista Colombiano

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hora cuando el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fe-ria los recursos energéticos del país az-teca, es pertinente recordar que bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas se realizó la nacionalización del petróleo, ordena-da por la Ley de Expropiación de 1936, fundamentada en el artículo 27 de la Constitución de México. El presidente mexicano mediante decreto anunció la nacionalización el día 18 de marzo de 1938. Eran otros hombres corajudos y verdaderos nacionalistas.

La política neoliberal del gobierno Peña Nieto, paradójicamente miem-bro del mismo partido político, el PRI, que había nacionalizado 76 años antes el petróleo, ahora lo entrega a la explo-tación de las empresas privadas nacio-nales y extranjeras. Para realizar su po-lítica antinacionalista y privatizadora el presidente buscó y logró una alian-za con el Partido de Acción Nacional, PAN, que ejerció el poder ejecutivo en México entre los años 2000 y 2012, partido político de derecha, con el cual constituyó una aplastante mayoría en el Senado, que le facilitó varias refor-mas constitucionales que le permitie-ron la felonía de privatizar el tesoro que celosamente cuidaba el pueblo de Benito Juárez.

Como la decisión de privatizar el petróleo constituía una estrategia que venía siendo estudiada por el PRI des-de antes de retomar la presidencia de la república, tan pronto el Senado le aprobó el proyecto de ley que autori-zaba la privatización del petróleo, in-mediatamente se puso a disposición de las empresas privadas 3800 kilóme-tros cuadrados que abarcan el norte de los estados de Veracruz y Puebla, que según los geólogos, representan poco más del 40 por ciento de las reservas de petróleo de México. Se considera

que el potencial de la región ofrecida es de 139 mil millones de barriles de hidrocarburos. En Chicontepec, así se llama esta región, se hallan 90 de los 169 pozos ofrecidos por la Secretaría de Energía de México a los inversio-nistas nacionales y extranjeros.

Se ferian los recursos energéticos

El pago exigido a las empresas pe-troleras por la explotación de los hi-drocarburos es tan irrisorio, que ape-nas llega al 7.5 por ciento de lo que ob-tengan. El Centro de Investigaciones y Docencia Económica, le recordaba al presidente Peña Nieto, que otros paí-ses cobran a las petroleras hasta el 25 por ciento del producto que obtienen.

Hay un hecho que agrava los efec-tos negativos de la privatización, las autoridades mexicanas no tuvieron en cuenta para iniciar el proceso de en-trega de sus recursos energéticos a las empresas extranjeras, que es el mo-mento menos propicio para obtener benefi cios que favorezcan al Estado, ya que los precios del petróleo se de-rrumbaron y van rápidamente hacia la pérdida del 30 por ciento del precio a que se vendía hace apenas tres meses. En consecuencia, entregarán una in-mensa fortuna por unas sumas ridícu-las. Además, los factores geopolíticos son totalmente adversos, hoy ningún miembro de la OPEP -Organización de Países Exportadores de Petróleo- tie-ne posibilidades de infl uir para inver-tir la tendencia hacia la baja del crudo. Ahora es más válida la exclamación de los manitos: ¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos! Con razón los analistas de Goldman Sachs, se regodean exclamando: “La OPEP ya no actúa como productor de referencia del mercado y la oferta de esquistos de Estados Unidos está lla-mada a ocupar ese lugar”.

En esta coyuntura ninguna clase

gobernante medianamente nacionalis-ta privatizaría los recursos energéticos, sólo el PRI, abiertamente derechizado y en alianza con un partido de izquier-da, pero débil, como el PRD, (Partido de la Revolución Democrática), se atre-vió a hacerlo. Tan inadecuada es la si-tuación internacional que la investiga-dora del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Miriam Grunstein la valoró así: “El problema de una bajada de precios, justo en los albores de la apertura energética es que reduce las posibilidades del go-bierno para negociar.” Estas circuns-tancias no importan cuando se trata de una burguesía seducida por el neolibe-ralismo.

* Columnista invitado.

Esquistos. Los esquis-tos son rocas que se com-portan como esponjas y que por ser poco permeables retienen el petróleo y para extraerlo de allí se requie-re la inyección de agua, are-na y gran cantidad de quí-micos a alta presión, lo que produce fi suras o fractura-ción, conocido como frac-king, lo que permite que el crudo y el gas salgan y puedan ir a la superfi cie a través del pozo. A este sis-tema de extracción de cru-do y gas se le ha llamado fracking o fraccionamien-to hidráulico. Esta prácti-ca ha sido cuestionada por los múltiples impactos en la salud humana por los ga-ses que emana, en el pro-pio subsuelo y en la atmos-fera. Esta técnica necesita veinte veces más cantidad de agua que con el méto-do convencional de extrac-ción. Las fuentes subterrá-neas de aguas quedan con-taminadas con elementos radiactivos, se alteran las placas tectónicas generan-do temblores. Precisamente por lo nocivo de este siste-ma Alemania y Francia lo prohibieron. En Colombia lo tratan de implemen-tar a toda costa, a pesar de estos antecedentes. En Puerto Gaitán, la trasna-cional Pacifi c Rubiales ha hecho pruebas y se evi-denciaron los múltiples im-pactos nocivos arriba cita-dos. Incluso Ecopetrol es-tá empeñada en aplicar esta modalidad de explotación aquí.

México

Peña Nieto subasta el petróleo

ADOLFO HERRERA CONSUEGRA*

Diciembre 3 de 2014/13

E ALBERTO ACEVEDO

INTERNACIONAL

A pesar de que una de las prome-sas de campaña electoral de su

primer mandato fue la de introducir una reforma migratoria, que alivie la situa-ción de al menos once millones de in-documentados, que las autoridades cal-culan, existen en el país, seis años des-pués de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Barak Obama anunció un paquete de medidas, tardías e insu-fi cientes que ayudan solo de manera provisional la situación de menos de la mitad de los ilegales que llegan a ese país en busca de trabajo y mejora de sus condiciones de vida.

El decreto de Obama plantea re-gular la situación de entre tres y cin-co millones de migrantes, varios mi-les de ellos de nacionalidad colombia-na, que a partir de hoy podrán salir de

n la consulta electoral, en segunda vuelta, para elegir presi-dente de la República para un perío-do de cinco años, celebrada el pasa-do 30 de noviembre, el candidato del Frente Amplio, del Uruguay, el médico Tabaré Vásquez, de 74 años de edad, obtuvo una cómoda mayoría del 53.5 por ciento de los votos, frente a un 41 por ciento de su opositor, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que en la misma noche de las elecciones reco-noció su derrota.

Oncólogo de profesión, Tabaré Vásquez, con su victoria electoral, pa-sará a la historia del país austral como el primer presidente de izquierda que llega a la casa de gobierno, el tercer ciudadano de ese país en ocupar dos veces la primera magistratura, y con los resultados del domingo, el presi-dente que alcanza la más alta votación en los últimos 70 años de vida política en el Uruguay.

El nuevo gobernante, que se pose-sionará el primero de marzo próximo, había instalado su comando electoral en el hotel Four Points, de Montevideo y al conocer los resultados de la con-tienda hizo su primer discurso a la

nación en calidad de mandatario elec-to. En esta intervención habló de las perspectivas de su gobierno y de la necesidad de mejorar el diálogo con la oposición.

Diálogo enriquecedor

“Hoy los uruguayos hemos dicho nuevamente sí a más libertades y dere-chos. Mejor democracia y ciudadanía. Nuevas esperanzas y un nuevo porve-nir”, dijo Vásquez al comenzar su alo-cución. A sus electores les ofreció un “profundo y eterno agradecimiento” por haber depositado con su voto su confi anza. “Esto fue fruto de la credi-bilidad del nuevo Frente Amplio, de sus propuestas y convicciones”, pun-tualizó.

Al referirse a la bitácora que orien-tará su gobierno, Vásquez dijo que “la propuesta programática la elaboramos y difundimos en un enriquecedor diá-logo con la sociedad uruguaya. Porque para mejorar la realidad hay que cono-cerla y para ello hay que andar y ver, y estar cerca del corazón de la gente”.

Ese programa, es la continuación de una agenda de diez años de gobiernos de izquierda en ese país, en que cayó el desempleo sensiblemente, aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores y campesinos, se atenuó la desigualdad

social y se avanzó en el reconocimiento de derechos fundamentales a sectores tradicionalmente discriminados.

Para que me guíen

Los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio lograron mantener el crecimiento económico, al tiempo que mejoraron los salarios, las pensiones y el gasto social. Ejes de ese desarro-llo han sido el mejoramiento de la sa-lud pública, la educación y la seguri-dad ciudadana. El programa del Frente Amplio hace énfasis en incrementar el presupuesto para educación pública, en el próximo lustro.

Ampliando su opinión sobre esa agenda de mejoras, Tabaré Vásquez hizo alusión a una mayor igualdad de derechos. “En la sociedad puede haber

asimetrías, pero no puede haber asime-trías en los derechos de la gente ante la ley y la vida. Ahí está la clave de la con-vivencia ciudadana imprescindible pa-ra el desarrollo individual y el de todos. No hay que pensar tanto en las próxi-mas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones”, sentenció.

Vázquez fi nalizó su intervención hablando del diálogo y los acuerdos con la oposición. “Están convocados todos a un diálogo. Que sin ignorar a nadie y abarcando a todos refl eje a las mayorías, porque esto es el alma de la democracia. Yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades pero no puedo, no debo y no quiero traba-jar solo. Convoco a todos los urugua-yos, no para que me sigan, sino para que me guíen y me acompañen”.

Tabaré Vásquez asegura segundo mandato

“Más cerca del corazón de la gente”

En las elecciones generales del pasado domingo en Uruguay, en segunda ronda, el candidato del Frente Amplio, obtuvo una holgada mayoría que permite a la izquierda permanecer un período más en el gobierno

Tabaré Vásquez, presidente electo de Uruguay.

Medidas migratorias de Obama

Tardías e insufi cientesLa especie de amnistía que el mandatario norteamericano ofrece a menos de la mitad de los inmigrantes que se calcula hay en el país, es apenas por dos años. El propio Obama, alienta una política de criminalización hacia los indocumentados

la ilegalidad y obtener un permiso de trabajo con carácter transitorio.

A cambio de este benefi cio, deberán cumplir varios requisitos: Que lleven al menos cinco años de estar viviendo en los Estados Unidos; que no tengan antecedentes penales allí; que se mues-tren dispuestos a pagar impuestos a fu-turo, como el resto de los ciudadanos de ese país. Los benefi ciarios deberán demostrar que tienen hijos nacidos en Norteamérica y sean ciudadanos reco-nocidos o tengan papeles de residentes, y todo esto, antes del año 2010.

Obama dijo que con su propues-ta, pretende que el sistema de migra-ción sea más justo y adecuado, pero todo parece indicar que esto no va a ser así. Junto a las medidas de alivio, Obama promete endurecer la política

antiinmigrantes en la frontera, y de hecho criminaliza a los indocumenta-dos, acusándolos de cometer cerca del 80 por ciento de los delitos que allí se cometen.

Por otro lado, las medidas de reco-nocimiento se extenderán por unos dos años en promedio, mientras el Partido Republicano, que ahora controla las dos cámaras legislativas, asegura que hará todo lo posible porque estas medi-das no se lleven a cabo y de momento anuncia que bloqueará cualquier pro-yecto de ley que tienda a fi nanciar la

propuesta presidencial.Así las cosas, organismos defenso-

res de derechos humanos critican que el presidente demostró que podía tomar esta medida, que estas organizaciones le reclamaron desde hace cinco años y ahora dispone de ellas en el peor mo-mento de su mandato, de mayor debi-lidad política, después de haber sufrido un revés electoral, seguramente con el cálculo de mejorar la percepción entre sus electores, con miras a asegurar la permanencia de su partido en el des-pacho oval.

Inmigrantes en Estados Unidos reclaman sus derechos.

Diciembre 3 de 2014/14

E

MUJERESMercantilización de los cuerpos (II)

La explotación sexual infantil

El proyecto de ley, el Estado y las instituciones que lo representan, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no han tomado medidas pertinentes a una problemática que lleva años y que aun no se ha solucionado

LUZ MIREYA GALLO PI EROS

n la pasada edición, en la separata de mujeres, el semanario cu-brió una parte del tema sobre “la pros-titución”, por su complejidad se reali-za una segunda parte.

Hablar de prostitución en Bogotá, va más allá del discurso de los derechos de las trabajadores sexuales. Claro es-tá, es importante reconocer este como una ofi cio y profesión y que el Estado sea responsable, controle y garanti-ce una vida digna para quien quiera de manera voluntaria trabajar en el. Pero el trabajo sexual es una parte del negocio del sexo, también está la tra-ta de personas y la explotación sexual infantil.

Retomando las denuncias que las trabajadoras sexuales hace a VOZ, y continuando con el análisis de con-secuencias del proyecto de ley 079, queremos explicar con detalle tres fa-lencias que no habla y sanciona dicho proyecto de ley; el trato, control y re-gulación de los clientes, la regulación de los establecimientos de prostitución, (bares, sexshows, residencias, etc.) que a su vez son cómplices y culpables de permitir la explotación sexual infantil, otra tema del que no habla la ley.

Los clientes

VOZ habló con el grupo de amigas de Cindy y todas afi rman que la pros-titución hoy por hoy se ha vuelto más difícil, la mayoría de las mujeres que ingresan al trabajo no logran soportar los karmas que trae consigo el diario vivir, su mayor problema es el trato con el cliente; muchas de ellas se enfrentan a situaciones en que los hombres no quieren y negocian el uso del condón, -la mayoría de nuestros clientes deci-den pagarnos más, si nosotras no usa-mos condón-, al parecer es un problema de cama ajeno a todos y que termina siendo un problema de salud pública.

La exposición de motivos sustenta-dos en el proyecto de ley escasamente caracteriza a los clientes de la prostitu-ción, en su mayoría casados, solteros, separados y en unión libre, donde el 20 por ciento están entre 30 y 35 años, (según cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA, el 58 por ciento de las mujeres amas de casa, es-posas del cliente terminan contagia-das) hay que reconocer que la cultura machista que impera hoy en día en los hombres, es producto de la poca edu-cación sexual y conciencia del uso del preservativo, como lo afi rma Cindy, muchas esposas duermen sin saber qué hace su esposo con nosotras afuera de su casa, y que si él no usa el condón en la calle, mucho menos en su casa”, explica Cindy.

Otro de los errores que tiene el pro-yecto legal, es que habla de los debe-res de las trabajadoras sexuales y muy

poco o nada del control o mecanismo de regulación del cliente. Desconoce información sobre su proveniencia, situación socioeconómica, sus ocupa-ciones, los servicios que más solici-tan, los lugares que visitan, la frecuen-cia con que van, el monto que pagan, los consumos adicionales que hacen en los establecimientos, entre otros. Esto conlleva a que las mujeres traba-jadoras estén en vulnerabilidad dentro de la alcoba.

Cindy: aquí llega la policía y nos requisa, nos humilla y vigila lo que hacemos, pero en cambio nunca ha-cen una requisa a nuestros clientes, muchos de ellos vienen aquí armados, como mínimo con una patecabra, y nuestra vida siempre está expuesta al peligro… sí la policía hiciera requi-sas o pidiera papeles, sabría que en-tre nuestros clientes “algunos” tienen antecedentes, pero como este negocio está controlado por las grandes mafi as, los policías no pueden hacer nada…

De qué forma estas mujeres y hom-bres podrán denunciar una enfermedad venérea o el abuso laboral, ante una aseguradora de riesgos (ARL) sí este no es reconocido como un trabajo le-gal y con todas las garantías pertinen-tes que deben estar a cargo el estado.

Regulación de los establecimientos

Según la iniciativa legal los estable-cimientos tienen que asegurar y afi liar a las trabajadoras al sistema de salud, en su artículo 8, con un tipo de contrato fi -jo o indefi nido, pero no explica o nom-bra la institución que hará seguimiento a esta parágrafo, mucho menos qué ti-po de derechos laborales estarán escri-tos en cada contrato, ¿habrá o no abu-so laboral, horas extras, liquidación?

Por otra parte la ley sanciona, pro-híbe y multa a los proxenetas, o a quie-nes obliguen o inviten a las personas a la prostitución, sanciona a quienes quieren incrementar el número de tra-bajadores sexuales y para ello dispone de sanciones y orden de cárcel. ¿Cómo sancionar al Estado, a los grupos arma-dos que han obligado a las mujeres a ejercer la prostitución? ¿Cómo multar o sancionar al Estado por generar si-tuaciones de pobreza, inequidad entre los sexos, falta de oportunidades, ines-tabilidad laboral? Hay que recordar se-gún cifras de la Secretaría de la Mujer, que de 100 mujeres sólo 12 ingresan li-bremente, sin presiones o amenazas, el 28 por ciento por necesidad económi-ca y falta de oportunidades y el 60 por ciento, por trata de blancas.

La Cámara de Comercio de Bogotá en 1991- 1992 realizó dos estudios so-bre el fenómeno de la prostitución en los sectores centro y Chapinero de la capital, con el objeto de medir la mag-nitud real de la prostitución en térmi-nos cuantitativos, y por otra identifi car las características cualitativas de quie-nes ejercen la actividad.

Las estadísticas presentadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, re-feridas únicamente en la zona centro, arrojan para el año 1991 una población de 10.932 prostitutas adultas, trabajan-do, 1.087 mujeres menores de 25 años en establecimientos y 3.279 trabajan-do en la calle. Como vemos el núme-ro de mujeres que trabajaban en esta época de los noventa es demasiado al-to. Hay que recordar que en Bogotá, toda la zona centro, que cobija la dé-cima, Las Aguas, la calle 25 con 4, to-da la 19 eran centros de prostitución, que al día de hoy se encuentran con un gran desarrollo industrial y comercial.

Ahora todas ellas están en el barrio Santa Fe, en condiciones indignas, sin poder salir de esas calles, puesto que la policía las golpea y detiene en un carro patrulla, si se encuentran ejerciendo su trabajo fuera de la zona de tolerancia. Según el marco jurídico, la prostitu-ción no es ilegal ni carcelable, sin em-bargo se prohíbe el trabajo sexual fue-ra de las zonas de tolerancia y es ahí cuando se cometen violaciones de de-rechos y abusos policiales.

Explotación sexual infantil.

Por otro lado, el número de pobla-ción infantil explotada sexualmente du-rante el año 1993, según estudios de la Cámara de Comercio es de 2.959 niñas en este año. Según este estudio, las ni-ñas son reclutadas en los terminales, robadas en la hora de salida de los co-legios de los barrios más marginales de Bogotá. Queremos recordar que en los años noventa se presentaron mayor nú-mero de denuncias de desaparición de niños, y que en su momento la policía nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron una cam-paña inefi caz. Recuerdan la foto de ni-ños desaparecidos en la caja de leche,

estos niños en su gran mayoría estaban retenidos en la terraza Pasteur, en las calles de Chapinero centro trabajando en las noches.

En el año 1994- 1995 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, realizó un proyecto llamado “Atención Integral al Menor Vinculado a Prostitución”. En esta problemática, el proyecto cubre cuatro componen-tes; Acercamiento a su lugar de traba-jo, Centro Ambulatorio, Hogar de paso, Hogar permanente. Aunque fue un pro-yecto para dar solución, terminó siendo un proyecto asistencialista, darle una cama o comida a un niño que está ex-plotado sexualmente es como aceptar esto como algo “normal”. Al día de hoy la problemática está presente en toda Colombia y hace parte de los paquetes de turismo sexual. Cartagena, Bogotá y Medellín son las ciudades con más alto nivel de niños y niñas en explota-ción sexual.

Según la policía, uno de los mayores problemas que afrontan las autoridades es la falta de un sitio en donde puedan vivir las niñas luego de que la Policía comience a realizar allanamientos en los negocios de los proxenetas. La Fiscalía General de la Nación ya tiene ubicados varios de estos locales, pero está a la espera de que ICBF ponga a funcionar una casa que sirva de vivienda para las menores. ¿Acaso no existe un Código del Menor que tipifi ca como delito todo caso de explotación o maltrato infantil? El decreto 2737 de 1989.

Por otro lado en pocas semanas sal-drá al aire una campaña dirigida a los ofi cinistas, a los estudiantes, a los pro-fesionales y también a los altos ejecu-tivos que en lujosos carros van en bus-ca de pasar el rato con una menor de edad. El mensaje de la campaña va a ser muy directo: “No la recoja; puede ser su hija”.

“No la recoja, puede ser su hija...”.

Diciembre 3 de 2014/15JAQUE MATE

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Los prisioneros políticos

La situación que vivió el país por la retención del general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes desvió la aten-ción de la situación de los pri-sioneros políticos en las cárce-les colombianas, que realizaron protestas en varios centros carce-larios. En Eron Picota los presos políticos y prisioneros de guerra adelantaron jornadas de protes-ta con huelga de hambre y cinco de ellos se cosieron la boca en señal de protesta por la impune violación de los derechos huma-nos. Desde el lunes pasado se in-crementaron las protestas ante el silencio del Inpec. Denunciaron las intimidaciones de un cabo y otros miembros de la guardia del Inpec.

Premio para Huber Ballesteros

Huber Ballesteros, preso po-lítico y dirigente de la CUT y de Marcha Patriótica, ha sido pos-tulado por más de 250 parlamen-tarios para recibir el premio de la Silver Rose (Rosa de Plata) de la red de ONG “Solidar”. La Central Sindical Británica (TUC), que representa a más de seis millones de trabajadores, el Grupo Sindical del Parlamento (con más de 80 parlamenta-rios) el Lord John Monks, Tony Lloyd, comisionado de Policía de la ciudad de Manchester y los sindicatos Unite, Unisón y GMB, los tres más grandes del país, respaldan la petición. La postulación también la hi-cieron la bancada laborista del Parlamento Europeo, el Partido Social Demócrata y Laborista

de Irlanda del Norte. El Partido Cooperativo de Irlanda del Norte y la Central Sindical de Irlanda (ICTU).

Los contrastes

Y a propósito de la postula-ción de Huber Ballesteros para recibir el Premio Rosa de Plata con el apoyo de numerosas orga-nizaciones sindicales que aglu-tinan a millones de trabajado-res del Reino Unido, contrasta la actitud solidaria en el exte-rior con el dirigente agrario y de Marcha Patriótica con el total silencio de la Central Unitaria de Trabajadores a cuyo Comité Ejecutivo pertenece. En las úl-timas elecciones del Comité Ejecutivo, Ballesteros, vicepre-sidente de Fensuagro, fue elegi-do integrante del ejecutivo de la CUT. Pero la camarilla mayori-taria ha impedido que la Central se pronuncie por la libertad del prestigioso dirigente a quien el régimen quiere castigarle su fi r-meza de principios en la defen-sa de los intereses del pueblo co-lombiano.

Aquelarre

La revista Aquelarre de la Universidad del Tolima está pre-parando una edición de varias pá-ginas dedicada a los 50 años de las FARC-EP. Escribirán varios analistas y académicos sobre la realidad política y militar de esta guerrilla, en la actualidad senta-da en la mesa de diálogos de La Habana. Su director, Julio César Carrión, asegura que será un éxi-to editorial, porque los artículos y documentos están elaborados con rigor histórico y académico.

“Paramilitar raso, ocho años de cárcel; paramilitar medio, extraditado a USA;

jefe paramilitar, senador de la república”.

Twitter en las redes sociales.

Diciembre 3 de 2014/16

LA VERDAD DEL PUEBLO

POLÍTICA

E HERN N CAMACHO

Visite nuestra página web: www.semanariovoz.com

l integrante del Secre-ta ria do de las FARC-EP y miembro de la delegación de paz en La Habana, el comandante Pastor Alape, viajó a las selvas del Chocó para hacer entre-ga a la misión humanitaria compues-ta por la Comisión Internacional de la Cruz Roja, CICR, y los países ga-rantes, Cuba y Noruega, del General Rubén Alzate, jefe de la Fuerza de Tarea Titán, y sus acompañantes lue-go de 15 días de retención en poder de esa guerrilla.

Con esto las FARC-EP ratifican lo dicho desde el momento en que fue conocida la retención: facilitar la pronta resolución de lo que llama-ron un impase, en la idea de avanzar sin sobresaltos hacia el acuerdo fi nal. Aun cuando el Ministerio de Defensa manifestó que “desde un principio la misión y la prioridad de las Fuerzas Armadas de Colombia era que estas personas – el general Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego-, regresaran a sus hogares sa-nas y salvas”, en el terreno las opera-ciones militares pretendían un rescate a sangre y fuego.

Los incesantes hostigamien-tos dificultaron su pronta entrega. Desembarcos de tropa, bombardeos en la zona, restricción de la movilidad y los alimentos para los habitantes de las laderas del río Atrato y la multipli-cación del pie de fuerza en el departa-mento, apuntaban a un desenlace trá-gico que golpeara contundentemente el proceso de paz.

La misión humanitaría

El militar de mayor rango de las fuerzas militares en poder de las FARC-EP, quedó en libertad el pasado domingo en inmediaciones del caserío de Vegaez, a orillas del río Arquía. Al tiempo que la Operación Humanitaria Especial lo entregaba al Ejército de Colombia, en la cuarta Brigada de la ciudad de Medellín, lo aguardaba la cú-pula militar y el Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.

El Operativo Humanitario Especial en Chocó no tuvo difi cultades de últi-ma hora, como sí sucedió con la entre-ga de los soldados profesionales Paulo César Rivera y Jonatán Andrés Díaz, en Arauca, cuando patrullas militares torpedearon con su presencia la entrega de los uniformados. Esa liberación fue conducida por otro de los miembros de la delegación de paz de la insurgencia, el comandante Carlos Antonio Losada, como garantía para el cumplimiento de los protocolos concertados por las par-tes. Sin duda un gesto de seriedad de las FARC.

Para las FARC-EP, el general cap-turado, es una de las cabezas visibles

de los planes anti subversión que se de-sarrollan en distintas regiones del país. “El general no iba allá a hacer escuelas, mejorar las condiciones afro ni las con-diciones indígenas. Él iba con su plan y tarea como comandante de esa fuer-za a combatir y aniquilar a las fuerzas guerrilleras en la región. El estableci-miento quiere ponerle otra cara pero ¡eso no lo cree nadie! Eso es parte de esas estrategias que fracasan. Porque no tienen fundamento en la realidad”, dijo Pastor Alape momentos antes de su desplazamiento a las selvas por or-den del comandante de esa guerrilla Timoleón Jiménez.

Desde la presidencia de la República se reconoció el éxito de la Operación Humanitaria Especial como un gesto de voluntad de paz de la insurgencia, cali-fi cando de maduras las decisiones que llevaron a superar el impase: “Aunque el paso dado por las FARC correspon-de al deber de obrar conforme a la ley, es evidente que esa decisión contribu-ye a recuperar el clima propicio pa-ra continuar los diálogos, demuestra la madurez del proceso y nos permite unir nuestra voz a la de millones de co-lombianos que expresan su solidaridad con los liberados”.

Ya en Bogotá y después de los pro-tocolos médicos y las reuniones con el alto mando militar, el general Alzate, entregó la única declaración ofi cial por su retención. Una versión poco crei-ble, mal libretiada y que dejó más pre-guntas de las que se tenía; ademas de

la dimisión de su cargo que fue una decisión advertida por lo que signifi -có su captura.

Otra polémica despertada con el ge-neral fue la foto de éste y Pastor Alape, que contrario a entenderse como un símbolo para catalizar el proceso de paz y la reconciliación entre los co-lombianos, la gran prensa, y el mando militar la utilizaron para desacreditar las conversaciones. Una actitud mez-quina de su parte.

Los efectos

Superados los hechos, sectores polí-ticos del país dijeron que la liberación es una magnífi ca noticia para el país, y reiteraron que el diálogo debe surtirse con las reglas del juego pactadas por las partes. Así como también, exigieron un cese bilateral de fuego que permita tramitar sin contratiempos lo acorda-do en la Agenda para la Terminación del Confl icto.

La crisis propiciada por la decisión de Juan Manuel Santos de suspender los diálogos hasta la entrega del gene-ral Alzate, es un mal presagio para el futuro del proceso pues el estruendo de la guerra no tiene por qué afectar las conversaciones, justo en el momento en que se aprestan las delegaciones a debatir temas trascendentales para la paz y la posguerra.

Sin embargo, el Presidente Santos, sigue empeñado en no variar la tácti-ca militar y reitera que dialogar bajo el fuego es la mejor manera de sacar adelante la negociación: “tengo la con-vicción de que negociar en medio del confl icto ha sido la mejor manera de preservar los elementos esenciales del Estado y evitar que las conversaciones

se conviertan en un ejercicio intermi-nable”.

Es hora del armisticio

Otra cosa piensan las FARC-EP, quienes reiteraron la necesidad de pac-tar un armisticio que garantice al país una plena confi anza en las conversa-ciones y convoque el apoyo popular al proceso de paz. En palabras del jefe de la delegación de paz de esa guerrilla, Iván Márquez, es la hora de desescalar el confl icto con un alto en las hostilida-des desde ambas partes: “Invitamos al Presidente Santos a que, con el corazón en la mano y la mente plena de sentido común, piense que no podemos darle más largas al absurdo de unos diálogos de paz en medio de la guerra. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisti-cio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justifi car la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica, como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese des-tino. Zafémonos de la incoherencia de hablar de reconciliación y de reconoci-miento de las víctimas, sin apagar el fue-go de los fusiles y sin detener las políti-cas económicas neoliberales generado-ras de miseria, que atizan la guerra y la victimización de un pueblo al que le ha llegado la hora de la justicia”.

Los deberes gubernamentales

Otra de las aristas que se despren-den del desescalamiento del confl ic-to y el cese bilateral por defi nirse, es el inmediato abordaje de la liberación de los alzados en armas privados de la libertad en las cárceles colombianas y soslayar de alguna manera la crisis humanitaria que se vive al interior de ellas recientemente denunciada por el Movimiento Nacional Carcelario. Ese sería un gesto de paz abonado al go-bierno nacional.

Lo cierto es que despues del inci-dente hay que trazar nuevas reglas de juego que el gobierno nacional esté dispuesto aceptar y no violentar, co-mo también, tendrá el ejecutivo que asumir una actitud vehemente para ce-rrarle el paso a los enemigos de la pro-ceso, que desde la extrema derecha, es-tán dispuestos a cualquier insensatez para propiciar un rompimiento de las conversaciones. Y por otro lado, zan-jar inmediatamente la división al in-terior de las fuerzas militares atizada por los militares en retiro y el Centro Democrático quienes culpan al gobier-no de estar tramitando una entrega del Estado a la insurgencia y de concertar con las FARC-EP la captura del gene-ral a la que califi can de “sainete”.

Sin duda, la captura de Alzate con todas sus charreteras y su pronta en-trega por parte de las FARC-EP, es un golpe a los opositores de la paz y de-be ser un salto cualitativo para el pro-ceso.

FARC-EP cumplen con entrega de general Alzate

El proceso no se puede estancar

El ofi cial de más alto rango en poder de la guerrilla fue entregado al CICR. Se abre un nuevo momento favorable para el proceso

Carlos Antonio Losada conversa con soldados liberados en Arauca.

Entrega de general Alzate a los delegados de CIRC y países garantes.

¡Hola! Juventud

El 9 de noviembre de 1989, que-daría marcado en el calendario de la humanidad como la gran bo-rrachera de una juventud que extasiada en la

quimera de la propaganda capitalista, se lanzaba a derribar el muro de Berlín y alcanzar “el sueño de una sociedad de abundancia, progreso y libertad”.

El muro de Berlín, más allá del hormigón, el acero y de las garitas de vigilancia, que dividía una ciudad y a un país, era el símbolo de una época de confrontación entre dos visiones de sociedad: La socialista y la capitalista.

Compartamos o no el levantamiento del muro, lo cierto es que después de la segunda guerra mundial, EEUU se consolida como primera potencia im-perialista mundial, e inmediatamente lanza en Europa tres estrategias para la contención del Comunismo: la doctrina Truman la cual planteaba “la política de los Estados Unidos debe ser la de

asistir a los pueblos libres que luchan contra las tentativas de dominación por obra de minorías armadas”, refi -riéndose a las luchas que libraban los comunistas en Grecia y Turquía.

En el mes de julio del mismo año lanza el Plan Marshall, que bajo la mas-carada de la ayuda a la reconstrucción a la Europa de la Post-guerra, hizo de ese continente el primer escenario de confrontación al Comunismo, cons-tituyendo un bloque de contención destinando millonarias inversiones especialmente en la Alemania ocupada por ellos, convirtiendo a Berlín en el teatro de despliegue de fuerza militar y presión diplomática.

Finalmente el 4 de abril de 1949, conforma la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), tratado guerrerista de protección y coopera-ción bélica, política y económica al ser-vicio de las potencias imperialistas. To-das estas estrategias se enmarcaron en su política de equilibrio del terror, que consistía en llevar a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) a una situación de confrontación bélica; lo que posteriormente se denominaría como guerra fría. Para el 13 de agosto de1961, la guerra fría, ya estaba en su punto más álgido y Alemania amanece

Una historia mal contada, contra la juventud

“La caída del muro resolvería los problemas del mundo”

Ya cayó el telón de acero y derribamos el muro de Berlíny ahora todos juntos como hermanos vamos de la mano a comer a un

Burger King y si Lenin levantara la cabeza¡que habéis hecho! darle un Burger con queso,

el imperialismo americano ha entrado en Rusia en Polonia y en Berlín.BOIKOT

★ HAROLD OLAVE*

dividida por un muro, que ofi cializaba lo irreconciliable de los dos sistemas, y por tres décadas existirían dos alema-nias: la RDA (República Democrática Alemana) y la RFA (República Federal Alemana).

Hoy, 25 años después de la caída del muro, los jóvenes de entonces ya no son los mismos y en la resaca que les ha dejado la euforia del espejismo consumista, se encuentra con promesas no cumplidas por un sistema capitalista sumido en una profunda crisis, y un imperio agónico que fabrica guerras y levanta nuevos muros, cercando a paí-ses y pueblos como son las alambradas establecidas por España en Ceuta y Melilla, o el muro de Cisjordania que ha levantado Israel en tierra Palestina y que es 15 veces más largo que el muro de Berlín, o el muro que construyera EEUU en la frontera con México y que

está manchado con la sangre de miles de latinos y latinas que han caído tra-tando de alcanzar el sueño americano. Igualmente está el muro de Marruecos que tiene una extensión sesenta veces mayor que el muro de Berlín. Todos estos muros son sinónimo de barbarie, sometimiento, saqueo y explotación, de los cuales nadie habla.

A pesar de repetirnos hasta el cansancio que con la caída del Muro de Berlín, se alcanzó la libertad, la barbarie capitalista que ha sumido a miles de millones de seres humanos en la pobreza, ponen de presente a los pueblos del mundo que otra es la realidad y que es necesario construir una nueva sociedad justa y conquistar la verdadera liberación del ser humano.

* Dirigente de la Juventud Comu-nista década del 90. ★

Acto de instalación XV Congreso de la JUCODiciembre 5 de 2014

Teatro León Tolstoi. Calle 12C No. 3 - 86 Bogotá. Hora 5 p.m.

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P

★ ANDR S ÁLVAREZ

or esta época del año, son co-munes las noticias que tienen que ver con las negociaciones tripartitas que determinarán el salario mínimo de las y los colombianos para el próximo año. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el

escenario creado en el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, el cual busca fomentar las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores, contribuir a la solución de los confl ictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y la-borales; sin embargo, pareciera que solo funciona para determinar el porcentaje de aumento del salario mínimo cada año.

Para este nuevo periodo, el gobierno de Santos ha propuesto a la Comisión, trabajar por la realización de cinco pactos por el trabajo decente, que son: i) Pacto por la erradicación del trabajo infantil, ii) Pacto por el empleo como servicio público, iii) Pacto por la cali-dad del trabajo y las empresas productivas, iv) Pacto por la formalización y, v) Pacto por la protección a la vejez. Estos cinco pactos por el trabajo decente, harán parte de los instrumentos de política pública

que el Ministerio del Trabajo implementará durante el cuatrienio 2014 – 2018.

Sin embargo, ninguno de los pactos que pro-moverá el gobierno de Santos proponen nada para la juventud. Por un lado, el gobierno es incapaz de garantizar la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo, por otro lado, no existen garantías para el aprovechamiento y buen uso del tiempo libre, la locomotora mineroenergética pone en riesgo el medio ambiente y lo que ofrece el gobierno en ma-teria laboral, no es otra cosa que garantizar la tasa de ganancias a los empresarios en detrimento de la clase trabajadora en general y en particular de las y los jóvenes.

La juventud colombiana, siendo la población mayoritaria en edad de trabajar, padece la cifra más alta de desempleo, vive las peores formas de contratación laboral y se enfrenta diariamente a la creciente informalidad de este sector. La inestabilidad laboral, los contratos basura, el no cubrimiento de la seguridad social en salud y pensión, la tercerización, la desigualdad en el acceso al trabajo, la ausencia de garantías para la organización y los salarios de ham-bre, son la tendencia creciente en la población juvenil.

Con base en la realidad laboral juvenil, se hace necesaria la organización de este importante sector

de la clase trabajadora, que permita luchar por sus derechos, mantener sus puestos de trabajo y conquis-tar mayores garantías laborales. Teniendo en cuenta que las estructuras de las organizaciones sindicales actuales, están hechas para formas de contratación que predominaban en el siglo pasado, cobra cada vez más fuerza otro tipo de propuestas de organización, que sin ser sindicatos, sí apuntan al fortalecimiento del movimiento obrero en su conjunto. El Colectivo de Jóvenes Trabajadores, es una experiencia en ese sentido y se erige como un instrumento para acercar a la población juvenil trabajadora a un proceso orga-nizativo que genere niveles de conciencia y permita asumir un punto de vista crítico y objetivo ante las diferentes problemáticas que aquejan a la juventud, en especial a los jóvenes trabajadores, con el fi n de construir dinámicas que apunten a la defensa y pro-tección de los derechos de la clase trabajadora, sin importar su forma de contratación o fi liación sindical.

Ahora bien, no se trata de asumir de manera resig-nada la realidad laboral juvenil, sino todo lo contrario, de lo que se trata es de cambiarla en benefi cio de la juventud trabajadora. En este sentido, la Campaña Nacional Por un Trabajo Digno para la Juventud, se constituye como uno de los ejes nodales de acción, con la que se busca alcanzar el aumento del salario mínimo, gozar de estabilidad laboral, verdadera se-guridad social, lo que presupone la derogatoria de la ley 100 del 93, derecho a la pensión, garantías para el derecho a la libre asociación, negociación colectiva y para ejercer la actividad sindical, primacía de la realidad sobre la formalidad, capacitación y descanso necesarios, especial protección para la mujer y los jóvenes, cumplimiento de los convenios internacio-nales fi rmados por Colombia ante la OIT, así como formación y atención para jóvenes desempleados que no han terminado sus estudios y desean retornar al sistema educativo, bien sea en la educación formal o no formal.

La Campaña Nacional debe generar en las y los jóvenes trabajadores un estado de concienciación acerca de su condición indigna en el mundo del tra-bajo a partir de la denuncia de la misma, que permita emprender acciones que a futuro conduzcan a la rei-vindicación del derecho al trabajo digno como parte de los derechos juveniles, ligado al fortalecimiento de los mecanismos de organización, sean estos sin-dicatos, colectivos, asociaciones, etc.

A partir de la creación de un estado de opinión favorable al Trabajo Digno para la Juventud, de promover el cumplimiento de la jurisprudencia existente en materia laboral en Colombia, originar una discusión sobre el tema entre el gobierno y sus instituciones, empresarios y el movimiento sindical como representantes de las y los trabajadores, de-nunciar los atropellos a la mujer joven trabajadora y sus condiciones desiguales en el acceso al trabajo, ligado a la organización del tribunal internacional de denuncia de violación al derecho al trabajo y a la libre asociación de las y los jóvenes trabajadores; la Campaña Nacional deberá generar un espacio de articulación nacional de la juventud trabajadora que dinamice las iniciativas propias de la campaña y las que resulten posteriores a la misma, estableciendo una agenda de movilización de jóvenes trabajadores reivindicando el derecho a un Trabajo Digno.

Aportar a la construcción de una plataforma de derechos juveniles en la que se encuentre el trabajo digno para la juventud, es una tarea de primer orden. ★

La Juventud Comunista Colombiana, junto al PCC, desde su fundación ha sido tal vez la organización juvenil de

carácter político que mayores aportes ha realizado a la lucha democrática juvenil del país.

Desde su primera experiencia organizativa, la Liga Juvenil Comunista en 1932, enfrentó las ideas retardatarias en nuestro país, organizó e impulsó las movilizaciones antifascistas en so-lidaridad con el movimiento comunista y obrero europeo, pero también contra su agitación en nuestro país encabezados por sectores del parti-do conservador. Era un momento político en el que conservadores y terratenientes se negaban

a perder su hegemonía de cerca de 30 años, habían derrotado el sector progresista del partido liberal y arreciaban la persecución contra la emergente clase obrera y la organización campesina. Atacaban con-tinuamente la apertura democrática que realizaba el gobierno de la “Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo. La aparición del PC de C y la LJC de seguro ayudaron a contener la andanada retarda-taria y ser soporte político de muchas medidas de gobierno, como la ley 200 de 1.936, la apertura de la Universidad Nacional y la creación de su campus, además de mayores condiciones para la movilización obrera y popular.

La segunda experiencia de organización de los jóvenes comunistas y que subsiste de manera inin-terrumpida hasta hoy es la JUCO, reorganizada en

1951 en medio de la clandestinidad ante la despiadada per-secución del gobierno de Laureano Gómez contra el PCC. La decisión de organizar la JUCO mostraría sus resultados en las importantes manifestaciones juveniles y estudiantiles en contra del bombardeo a los poblados campesinos que se oponían a la represión conservadora.

La JUCO promovió en el movimiento estudiantil la lucha contra la dictadura del General Rojas Pinilla, que había ile-galizado al PCC haciendo eco de las tesis anticomunistas del senador norteamericano MacCarthy, estas se expresaron en las movilizaciones estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1954, en las cuales fueron asesinados 10 estudiantes universitarios entre ellos el camarada Elmo Gómez Lusinch.

La JUCO fue protagonista de las grandes luchas que libró la Federación Universitaria Nacional (FUN) contra la dictadura de Rojas Pinilla que a la postre terminaron en su

Las luchas juveniles y el reto, ¡Trabajo digno para

la juventud!★ MARCEL GUARNIZO

La JUCO bastión de la juventud en la lucha po

Marcha por los derechos juveniles.

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D★ JHONNY ALEJANDRO MAR N

entro de lo mucho que se dice frente a nuestra sociedad, es que ha logrado normalizar en la vida cotidiana el estado de guerra. Y si bien es cierto que es fácil exigir mayores desa-

rrollos bélicos en la comodidad de un sofá, y creer que la guerra son noticias compartidas en redes sociales, las consecuencias afectan desde el precio de los alimentos hasta las prioridades de los impuestos.

Dentro de los muchos efectos de la gue-rra está lo que padecemos los jóvenes, los cuales sobrellevamos la carga de la guerra en la cotidianidad, tanto en la propaganda a la muerte hecha por los medios de comunica-ción masivos, como también los procesos de militarización en barrios, colegios, veredas.

Pareciese que los jóvenes solo nos pu-diéramos encontrar y reconocer en medio de la encrucijada; por un lado el abismo del desempleo, de la tercerización, de la imposi-bilidad del acceso a educación, al deporte y a la cultura, y por el otro, el fi lo templado que derrama la sangre de inocentes para garan-tizar las frías cifras bélicas o las ganancias de las multinacionales, ganaderos y terratenientes.

En los colegios, cámaras y requisas van y vienen en las entradas y salidas de las instituciones. Este no es un lugar destinado a desarrollar el conocimiento, la creatividad o acercar al joven a la ciencia, por el contrario, además de ser un negocio para las cajas de compensación, iglesias y entidades prestadores de servicios; el trato, la conducta y las reglas son destinadas a desarrollar en el estudiante un trato de delincuente, en el cual la escuela como centro penitenciario, vigila y castiga al joven e intenta implementar el miedo como arma de dominación.

Sumado a ello nuestro Estado, no conforme con militarizar nuestras escuelas y ciudades, obliga a millares de jóvenes a entregar su vida, prestando un servicio militar por una patria, reglas y leyes, que están destinadas a volver la vida un objeto de cambio y su valor está dado por la riqueza, tierra o negocios que debe garantizar. Año tras año jóvenes son obligados a prestar servicio militar obligatorio, pese a la existencia de la sentencia C-728 en la cual se reconoce la posibilidad de objetar conciencia a la obligatoriedad de prestar servicio militar, en el 2013 la cifra supera los 130 mil jóvenes obligados a vincularse a la guerra gracia a la ley 48 de reclu-tamiento.

Sumado a este fl agelo en el cual pese a la exis-tencia de una sentencia, que obliga a que la ley 48 deba de modifi carse, en tanto que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia al servicio mili-tar obligatorio como un derecho inalienable de cada persona, los colegios no deben entregar listados a los batallones y por el contrario deberían educar a los estudiantes en la posibilidad de hacer uso de este derecho constitucional.

Pero el ejercicio de la militarización de la vida ju-venil es completo. No solo se desconoce un derecho, sino que la práctica de reclutamiento por parte del ejército en nada se diferencia de las pescas o el ejer-cicio de la caza. Además de desconocer la sentencia C-728/09, el ejército tiene una meta de reclutamiento mensual, la cual al no cumplirla por medio del pro-ceso normal de citación, realiza la práctica conocida como batida una forma de reclutamiento forzado, prohibida por la sentencia C-879/11.

Casos de batidas se presentan a diario en todo el territorio nacional, desde jóvenes deportistas como es el caso de Alexánder Solís reconocido atlantista de talla internacional, el cual fue obligado a entrar a un camión del ejército y llevado al Distrito 22 en la ciudad de Pereira, como también ocurre contra miles de jóvenes en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kenne-

derrocamiento. Lamentablemente posterior a ello se impu-so el excluyente régimen del Frente Nacional que también combatió. La JUCO desplegó en este periodo una importante actividad de masas juvenil en campos y ciudades para lograr mayores derechos para la juventud colombiana y por la demo-cratización de la vida nacional. Enfrentó el antidemocrático y policivo Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala mediante la construcción de importantes organizaciones juveniles de masas como la Federación Juvenil Obrera (FJO), además de los jóvenes artistas y los deportistas.

En la década de los 80´s muchas de sus energías y cua-dros se volcaron a la construcción de la Unión de Jóvenes Patriotas (UJP), en la idea de sumar fuerzas a la idea de una salida política al confl icto social y armado que aún desangra la nación y democratizar la vida nacional, promoviendo la organización de los sectores populares en función de la

conducción del Estado y la sociedad colombiana. Muchos mártires del genocidio contra la UP fueron cuadros y militantes que la JUCO.

La década de los noventas supuso para el PCC y la mima JUCO la reducción de sus fuerzas ante el retrai-miento de las ideas comunistas y transformadoras de la sociedad, a pesar de ello la JUCO ha persistido en la idea de construir una patria nueva, de conquistar la paz con justicia social. Con este horizonte construyó escenarios de articulación juvenil por la paz, movi-lizó un gran contingente de jóvenes en el fracasado proceso de paz de San Vicente del Caguan.

Empotrado Uribe y su proyecto de ultraderecha en el poder por casi una década, luchó por los derechos juveniles, enfrentó la persecución contra los dirigen-tes de las organizaciones de masas que promovía y el asesinato de sus propios dirigentes. Además de ello la JUCO se sumó a la construcción de los diversos procesos de unidad socio-política como el Frente

Social y Político y posteriormente al Polo Demo-crático Alternativo, el primero ya desaparecido y el segundo que atraviesa una fuerte crisis interna producida entre otras cosas por nuestra expulsión.

Esta historia de lucha de la JUCO es parte del acumulado colectivo del pueblo colombiano por lograr abrir el espacio político, por construir la democracia en todos sus ámbitos, política, eco-nómica, social y cultural.

En momentos en que se abren nuevas posi-bilidades para la solución política entre la insur-gencia de las FARC-EP y el Estado colombiano, donde hay una reanimación de la lucha social y se hacen ingentes esfuerzos en el campo popular por construir el Frente Amplio, la JUCO deberá jugar un papel más aguerrido junto a otras fuerzas juveniles, nuevas y veteranas, en la batalla por la democracia; es seguro que el movimiento popular le tiene su espacio. ★

Objeción de conciencia o ¿servicio militar para la guerra?

A desmilitarizar la vida juvenil

dy en Bogotá o cualquier rincón del país, donde son obligados a portar un uniforme por una guerra la cual se puede detener y sobre todo, no es necesario seguir derramando más sangre en función de los intereses de las grandes multinacionales, o terratenientes que no solo despojan tierras, derechos sino también, la vida de jóvenes que son obligados a vincularse en una guerra en la cual simplemente son instrumentos para los intereses de unos pocos.

Si realmente estamos pensando en la posibilidad de generar una paz democrática en nuestro país, es necesario replantear el tipo de relacionamiento del Estado y con los jóvenes. La militarización, el miedo y el terror deberán ser dejados atrás como conductas por parte del Estado, y en contraposición para una posibilidad de edifi cación de la paz, es necesario garantizar el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como una herramienta para la paz, pero también el fortalecimiento del sis-tema educativo, de la garantía de la escolaridad, del acceso a la educación superior, al trabajo digno, a la cultura, al deporte y a la recreación, para que la paz no sea el simple ejercicio retórico del silenciamiento de las armas y sea por el contrario la realización de una nueva sociedad, donde la esperanza, la alegría y la vida sean pilares de una nueva patria. ★

or la democracia

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L★ CARLOS MARIO RESTREPO

os distintos me-dios de comunica-ción han realizado hasta el momento importantes in-vestigaciones so-bre los sucesos acaecidos en la

universidad San Martín, revelando cómo la familia Alvear, en cabeza de Mariano Alvear, desviaron las rentas de la institución para crear todo tipo de negocios lucrativos paralelos que van desde una empresa de papelería, pasando por fondos fi cticios de inver-siones, hasta una constructora; todas empresas con las cuales se legalizaba el desvío de las rentas, cuya fuente principal son las matrículas de los es-tudiantes. Los casos más escandalosos son el Centro Internacional de Biotec-nología Reproductiva y la cadena de restaurantes Burguer Market, negocios que se benefi ciaron de los recursos de la educación, según reveló el diario El Espectador el 16 de noviembre. Pero estas son apenas las consecuencias de un problema más de fondo: el papel regulador del Ministerio de Educación.

De acuerdo con la ley 30, a las uni-versidades se les otorgaba la autonomía universitaria con el fi n de que estas pudieran crear nuevo conocimiento a través de la investigación, sin la tutela e infl uencia de los gobiernos de turno; esto equilibrado con el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia que debía ejercer el gobierno del cumpli-miento de sus objetivos y de la calidad del servicio, ya que estas no podían ser islas independientes del Estado que no le rindieran cuentas a este o a la sociedad. La autonomía debía tener un límite y solo la ley 30 o el congreso podía defi nir ese límite.

Sin embargo algo extraño sucedió con la ley 30. Por un lado defi nió para las universidades públicas un consejo superior con fuerte presencia del gobier-no nacional, al tiempo que las defi nió como instituciones del Estado para que sus rentas pudieran ser controladas por la Contraloría y sus funcionarios por la

Procuraduría; en síntesis, el Estado y sus instituciones de control tienen, gracias a la ley 30, las herramientas para vigilar las universidades públicas, incluso al punto de generar, en la práctica, situa-ciones violatorias de su autonomía e imponerle a estas un rumbo de acuerdo con su política educativa.

Otra cosa sucedió con las privadas. En la ley nunca se definió ningún miembro del gobierno en los consejos directivos, ya que esto podía atentar contra las sacro-santas e irrefutables normas del derecho privado. Esto

muestra que, por encima de la auto-nomía universitaria, el gobierno le dio libertad e independencia a los privados. Muy coherente con el neoliberalismo de los gobiernos de los últimos 20 años, pero poco coherente con el mismo con-tenido de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la autonomía.

En Colombia, cuando se constituye una entidad sin ánimo de lucro para cualquier fi n, estas son reguladas por la súper-sociedades o las súper-personas jurídicas, quienes verifican que sus rentas se invierten en la razón social por la cual fueron creadas. Para el caso de las universidades privadas, que obligatoriamente tienen un carácter de instituciones sin ánimo de lucro (de uti-

lidad común), esta regulación la debe hacer el Ministerio de Educación. La pregunta es: ¿existe normatividad que le otorgue al MEN las potestades y he-rramientas para comportarse como una superintendencia para vigilar y regular a las IES privadas? ¿Debería existir una institución para tal fi n?

Sin vacilar un segundo Santos res-pondería afi rmativamente, ya que ha insistido en crear una superintendencia para la educación superior. Aun así es claro que la intención del gobierno es dar un golpe mediático para dar la

sensación de que esta “tomando medi-das”, pero no tiene en mente resolverlo de fondo.

La solución real es crear una nor-matividad regulatoria que impida que el derecho privado se vuelva el refugio de quienes quieren usar la educación superior con fi nes lucrativos, que le permita al Estado verifi car y vigilar que las IES privadas invierten sus rentas en su razón social sin violar su autonomía fi nanciera para ejecutar sus gastos.

Sin embargo, Santos parece que encontró la excusa perfecta para cons-treñir aún más la escasa autonomía universitaria. Su modelo, conocido como “Acuerdo por lo superior 2034”, plantea las bases de su apuesta mediáti-

La crisis detrás de la universidadLa crisis detrás de la universidad

Caso San MartínCaso San Martín

Marcha estudiantil en Bogotá.

ca más altisonante sobre la calidad: su reciente decreto 2219 de 2014. Con la excusa de los sucesos de la San Martín, realmente no le hace ni un rasguño a lo privado, ni ataca la raíz del problema.

Este decreto, entre otras cosas, plantea que el Ministerio podrá, in-distintamente del carácter público o privado de la IES, determinar las condiciones que esta deberá atender para su funcionamiento académico, administrativo y fi nanciero, cuando considere el Ministerio que la IES no está cumpliendo con sus objetivos o se afecta su calidad. Esto quiere decir que el día en que una universida pública o privada aplique criterios de calidad distintos a los del gobierno, será inter-venida por el Ministerio.

El decreto también permite suspen-der la vigencia del registro califi cado y, como consecuencia, que el progra-ma o los programas intervenidos sean errados o no reciban nuevos estudian-tes. Cuando esto se aplicó en la San Martín, solo produjo la indignación y movilización de estudiantes y padres de familia que esperan del gobierno medidas, pero que no afecten la conti-nuidad de sus estudios ni incrementen la tragedia social.

Es así como el gobierno aprovecha el contexto para profundizar su idea neoliberal de acabar con la autonomía universitaria, mientras el problema real se profundiza.

Solamente bajo un nuevo gobierno y una nueva visión de la educación superior, será posible acabar con toda la ambición de lucro y negocio que se mueve en torno a este derecho funda-mental, que va desde la malversación de los fondos que se obtienen de las matrículas, hasta todos los negocios que se mueven alrededor de la educa-ción como papelería, construcción de edifi cios para infraestructura, equipos e insumos para la investigación, el al-quiler o renta de edifi cios y auditorios para empresas, entre muchos otros que sirven para lucrar a los privados a través del derecho que tenemos todos a la educación. ★

Estudiantes protestan contra la mala calidad de la educación.