vol. 5 nº 2, julio - diciembre 2019

Revista Académica del RENIECISSN:2313-3465

Vol. 5 Nº 2, julio - diciembre 2019

Vol.

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2019

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)Escuela Registral (ER)Subgerencia de Investigación Académica (SGIA)Subgerencia de Publicaciones (SGPB)

Jr. Bolivia 109, Edificio Centro Cívico - Cercado de LimaPágina web: www.reniec.gob.peTodos los derechos reservados

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-10397

ISSN 2313-3465

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

Cuidado de la edición: Álvaro Maurial MacKeeGerardo E. Burneo González

Equipo editorial: Subgerencia de Investigación Académica

Ilustración de carátula:Petroglifo Miculla, departamento de Tacna

Impresión:Mediaprint S.A.C.Jr. Tarapoto 1077 - Breña, Lima

Impreso en el PerúPrinted in Peru

BERNARDO JUAN PACHAS SERRANOJefe Nacional (i)

El presente texto ha sido elaborado por la Escuela Registral

JOSÉ ALFREDO PÉREZ DUHARTEDirector de la Escuela Registral (ER)

DANNY SANTA MARÍA PINEDOSubgerente de Investigación Académica

KARLA BURGA CISNEROS PISETSKYSubgerente de Publicaciones

MARÍA MARTINA CHICLOTE VALDIVIASubgerente de Formación y Capacitación

Nombres, Revista Académica del Renieces una publicación semestral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Fue fundada en el año 2013. Está dirigida a un público académico, servidores del Reniec, funcionarios de otras instituciones públicas y privadas, y todos los interesados en la temática registral y de identificación. Los artículos presentados en la Revista son de responsabilidad exclusiva de los autores y no tienen por qué reflejar la opinión del Reniec. Cada artículo que se recibe es evaluado por el sistema peer review (arbitraje por pares).

DIRECTORBernardo Juan Pachas Serrano

EDITORJosé Alfredo Pérez Duharte

CONSEJO EDITORIALGuillermo Nugent Herrera

Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional Mayor de San Marcos

Fernando Tuesta SoldevillaDepartamento de Ciencias Políticas

Pontificia Universidad Católica del Perú

Antonio Zapata VelascoDepartamento de Humanidades

Pontificia Universidad Católica del Perú

Juan Carlos GodenzziDepartamento de Literatura y Lenguas Modernas

Universidad de Montreal, Canadá

Cristóbal Aljovín de LosadaFacultad de Ciencias Sociales

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

11 Nombres (Lima) 5(2) 2019

NOMBRES, REVISTA ACADÉMICA DEL RENIEC

ISSN 2313-3465

Volumen 5, Número 2: julio-diciembre 2019

CONTENIDO

Editorial ..................................................................................................................................

REGISTRO ELECTORAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

El desafío de formar líderes para las democracias del siglo XXI ..............................The challenge to train leaders for democracies of the 21st CenturyMatías Bianchi

Registro Electoral, gobiernos militares y expansión de la ciudadanía en el Perú entre 1962 y 1980 ...............................................................................................Electoral registry, military governments and expansion of citizenship in Peru between 1962 and 1980Odalis Valladares Chamorro y Mario Meza Bazán

Camino a la paridad y la alternancia. Hacia la representación más equitativa vista en el Congreso de la República en el Perú .........................................Road to parity and alternation. Towards the most equitable representation seen in the peruvian CongressJacqueline Minaya Rodríguez

GESTIÓN DE LA CALIDAD

La calidad en la administración electoral .........................................................................Quality on electoral management administrationYuri Gabriel Beltrán Miranda

La carta de servicios como instrumento de mejora en la gestión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec ..............................The letter of services as an improvement instrument in the management of the National Registry of Identification and Civil StatusRosario Gonzáles Lovón

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12Nombres (Lima) 5(2) 2019

ANTROPONIMIA Y DERECHO AL NOMBRE

Motivos y estrategias en la elección del nombre. Entre la identidad y las expectativas ..............................................................................................................................Motives and strategies in naming. Between identity and expectationsDanny Santa María Pinedo y Álvaro Maurial MacKee

RESEÑAS

DUNBAR TEMPLE, Ella. La institución del jurado. Lima: Centro de Estudios Constitucionales, 2019 ..........................................................................................................

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Editorial

La Escuela Registral del Reniec se complace en presentar el segundo número del quinto volumen de Nombres, Revista Académica del Reniec. En el presente número abordamos tres ejes temáticos relacionados con nuestro quehacer institucional.

El primero, denominado Registro Electoral y Construcción de Ciudadanía, aborda y expone reflexiones sobre los desafíos en la construcción de liderazgos políticos en el contexto de transformaciones económicas, políticas y ambientales; así como la inclusión de ciudadanos —letrados e iletrados— en el registro electoral, elemento de reconocimiento y construcción de ciudadanía. En ese contexto, presentamos también un tema fundamental sobre paridad y alternancia en el sistema de representación política en el Perú.

Por otro lado, el segundo eje temático denominado Gestión de la calidad, presenta dos temas claves para la mejora en el desempeño de las instituciones públicas. En primer lugar, explica cómo la implementación del ISO Electoral fortalece el desempeño de los entes electorales y aporta para generar elecciones íntegras, transparentes y confiables. En segundo lugar, se reflexiona sobre las cartas de servicios como instrumentos de mejora en la gestión institucional a fin de perfeccionar la relación ciudadano-Estado.

Finalmente, el tercer eje temático, denominado Antroponimia y Derecho al Nombre, explora los motivos y estrategias que tienen los padres de familia para elegir un nombre, así como el entorno, que influyen en esta elección. En dicho artículo, se analizan y comprenden testimonios en los que se proyectan expectativas relacionadas con la construcción de identidades personales, de diferenciación, de movilidad social, entre otros.

Esperamos que la lectura de Nombres sea de su agrado.

El editor

REGISTRO ELECTORAL Y

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA


Artículo original ISSN 2313-3465

El desafío de formar líderes para las democracias de siglo XXI

The challenge to train leaders for democracies of the 21st Century

Matías BianchiResumenEl mundo se encuentra experimentando profundas transformaciones económicas, tecnológicas y ambientales. Para ellos se requiere pensar en qué tipo de liderazgos se necesitan para navegar estos tiempos de incertidumbres. Este artículo discute los desafíos presentes, cómo se han respondido anteriormente a contextos similares, y presenta algunas pistas que nos permiten pensar en un paradigma emergente de liderazgo público basados en la ética hacker, la inteligencia colectiva y el uso de herramientas ágiles que apuntan construir sociedades y estados más abiertos. Palabras claveLiderazgo, ética hacker, inteligencia colectiva, gobierno abierto.

AbstractThe world is amidst profound economic, technological and environmental transformations that invite us to think on the leadership required to navigate these times of uncertainties. This paper discusses the current global challenges, previous responses to similar contexts, and it introduces some leads that allow us to devise an emerging paradigm of public leadership based on hacker ethics, collective intelligence, and the use of agile tools aimed at building open states and societies. KeywordsLeadership, hacker ethics, collective intelligence, open government.

1. IntroducciónEl mundo está experimentando profundas transformaciones tanto en la economía como en la tecnología y el ecosistema, desafíos para los cuales el sistema político actual se encuentra incapaz de hacer frente. Las respuestas que demos a esos desafíos serán cruciales para saber si generarán bienestar para las mayorías, darán voz y poder a poblaciones


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excluidas, y permitirán patrones de producción y consumo sostenibles. O simplemente estaremos digitalizando el statu quo de un mundo cada vez más desigual, desintegrado, tribalista y antropocéntrico.

Afortunadamente, existen iniciativas como los laboratorios de innovación y espacios de formación política, que tienen como objetivo dar respuestas a esos contextos. Esos espacios, que son públicos algunos o impulsados por organizaciones civiles otros, están dedicados a experimentar y proveer nuevas formas de canalizar la participación ciudadana, la democracia participativa, la cultura libre y la innovación social (Oliván, 2018). Sin embargo, la realidad es que los espacios todavía son poco comunes y limitados en extensión y profundidad (Bianchi et al., 2017).

Es por ello que se torna fundamental la pregunta sobre cómo formamos a los líderes y lideresas que navegarán esas aguas: ¿qué tipo de liderazgos se requieren para este contexto global?, ¿cuáles son las cosmovisiones y los valores que deberían tener?, ¿cuál es la ética en el ejercicio del poder que se necesita?, ¿cómo van a organizar la acción colectiva?, ¿qué herramientas y dispositivos están disponibles para ellos/as?, y, no menos importante, ¿quién les está capacitando?

Este artículo, en primer lugar, discutirá sobre algunos de los desafíos que vienen surgiendo en los tiempos actuales y en los elementos emergentes que podrían converger en un nuevo paradigma de democracia y liderazgo. En segundo lugar, tomando evidencias de América Latina, mostrará el vacío que existe en la capacitación de líderes con ideas y herramientas que respondan a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Y, finalmente, presentará la experiencia de la Academia de Innovación Política como una iniciativa de la región que tiene como objetivo llenar ese vacío.

2. El mundo frente a una encrucijadaLa denominada Cuarta Revolución Industrial amenaza con transformar la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los avances en inteligencia articifical, robótica, internet de las cosas, impresoras 3D, nanotecnología, biotecnología, computación cuántica y otros tantos desarrollos, nos hacen navegar en aguas desconocidas por la humanidad.



Schwab (2017) sostiene que lo más disruptivo que estamos por experimentar, y por ende lo menos predecible, es que la interacción entre todos esos desarrollos permitirá eliminar los límites entre el mundo físico, digital y biológico. Similarmente, Jeremy Rifkin, con una mirada optimista, nos provoca sugiriendo que nos estamos erigiendo en una sociedad de costo marginal cero, en donde la internet de las cosas permitirá en las próximas décadas reemplazar al capitalismo y a la democracia liberal por una sociedad del “procomún colaborativo” (2014).

Sin embargo, a pesar que estas transformaciones tienen el potencial de democratizar nuestras instituciones, conocimientos y formas de producción, desafortunadamente también presentan enormes desafíos éticos y prácticos para nuestras sociedades. La fuerza transformadora de la revolución digital para democratizar las instituciones reside en la mirada de las tecnoautopistas, que potencialmente permiten que las mayorías tengan voz y puedan participar en la vida pública a un costo muy bajo, facilitando que los recursos públicos se manejen de forma transparente y eficiente (Rifkin 2014). No obstante, observamos que estas herramientas también pueden ser utilizadas para vigilar a los disidentes políticos, manipular la información privada de la ciudadanía e inundar el discurso público con información falsa (Morozov, 2014). Asimismo, el “lado B” de la revolución digital evidencia a un puñado de empresas controlando nuestros datos, y los cuantiosos recursos que ello conlleva, mostrando que el mundo digital es aún más desigual que el mundo analógico; y que la inteligencia artificial puede poner en serios riesgos al trabajo, la seguridad de nuestras vidas y el control de nuestro propio destino.

Simultáneamente, nuestro sistema de vida también se encuentra frente a una paradoja. Al mismo tiempo que se encuentran emergiendo estrategias de economías circulares, se ha profundizado el modelo actual de producción y consumo que está destruyendo el medio ambiente y ha acelerado el cambio climático. La cultura del consumo, la matríz energética basada en hidrocarburos y nuestra propia actitud predatoria está destruyendo la capa de ozono, multiplicando el efecto invernadero y, por ende, sufrimos el calentamiento global, que extingue a decenas de miles de especies anualmente, se acidifican los mares y se destruyen los


Matías Bianchi

bosques. Si no cambiamos nuestra matriz productiva y nuestros patrones de consumo, el mundo tal como lo conocemos dejará de existir.

Además, la creciente interconexión de nuestras economías y la emergencia de sociedades diversas y multiculturales conviven con grandes migraciones forzadas, las más altas desigualdades económicas jamás registradas1 y un creciente renacimiento del tribalismo y la xenofobia.

Estos son, claramente, tiempos de incertidumbre. Y ya no hay consensos ni legitimidad para que marcos tradicionales de pensamiento, ideologías, o tecnologías faciliten un camino teleológico para la consecución de un bien común. Por el contrario, el actual orden mundial parece estar en una encrucijada importante en el cual no solo debemos replantearnos el futuro que queremos construir, sino también las propias herramientas que serán utilizadas. Frente a este contexto, el papel que desempeñan quienes lideran instituciones, movimientos, organizaciones y gobiernos será crucial para definir cómo se conformará el mundo en las décadas venideras. Estos no pueden ser líderes sólo actualizados en tecnología o tendencias digitales de moda, sino que también necesitan tener las habilidades necesarias para transitar desafíos que aún no se han formulado.

3. Cambiar los liderazgos para cambiar el mundo Si bien el actual contexto histórico es único, la realidad es que siempre que el mundo se enfrenta a desafíos importantes para el statu quo, se cuestionan las verdades establecidas, y las herramientas que ayudaron a resolver problemas anteriores se revelan como anacrónicas, lo que hace imperativo reinterpretar la nueva realidad y crear las nuevas herramientas que ayuden responder a esta. Es en momentos como estos donde resurgen preguntas sobre la necesidad de nuevos liderazgos.

Un contexto similar también vivimos durante la consolidación de la Revolución Industrial. El establecimeinto de la democracia liberal en el mundo occidental fue, en gran medida, el resultado de procesos profundos que se consolidaron alrededor de tal revolución. Uno de estos fue el

1 En el nuevo milenio, las personas que tienen más de mil millones de dólares aumentaron a 2200 y las 8 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como la mitad más pobre. Asimismo, este reporte muestra que el 75% de las ciudades del mundo son más desiguales que hace 2 décadas (ONU-Hábitat, 2016).



capitalismo, un modo de producción que se centró en el individuo, que ayudó a liberar a los sirvientes del señor feudal, y que creó las condiciones para el comercio moderno y la producción industrial. El otro fue el nacimiento del Estado-nación, un dispositivo institucional que se volvió crucial para este proceso, por cuanto reglamentó la propiedad privada, facilitó el intercambio comercial, acuñó la moneda, creó mercados y proporcionó la seguridad necesaria para que todo lo demás funcionara.

El resultado fue una revolución que cambió a las sociedades del Atlántico Norte hasta sus raíces y la política no fue la excepción. Poco a poco, y como resultado de las tensiones entre las clases sociales emergentes –primero la burguesía y luego el proletariado organizado– y las élites tradicionales, se conquistaron reformas liberales de las cuales derivaron la consecución de derechos, libertades y el sufragio, siendo este último la columna vertebral de las actuales democracias liberales.

Frente a tantos cambios e incertidumbres, se crearon instituciones académicas referentes que buscan formar los liderazgos que puedan responder a los desafíos de su tiempo. Es así como, después de la vergonzosa rendición en la guerra franco-prusiana en 1870, la caída de Napoleón III y la crisis de la Comuna de París, la élite francesa, temerosa de no estar preparada para enfrentar los desafíos del orden mundial emergente, fundó Sciences Po (Boutmy y Vinet, 1871).

Copiando el plan de estudios de la parisina Sciences Po, y cansados de los tradicionalistas de Oxford y Cambridge, los miembros de la Sociedad Fabiana crearon la London School of Economics con el propósito explícito de “investigar y estudiar los hechos concretos de la vida industrial” (London School of Economics Prospectus, 1946). Del mismo modo, la School of Government de la Universidad de Harvard se estableció en 1936, cuando Estados Unidos ya se había convertido en la economía más grande del mundo y enfrentaba importantes desafíos nacionales e internacionales (Harvard Kennedy School, 2019).

Estas escuelas tenían una visión particular del tipo de recursos humanos que proporcionaban. Alimentadas por las ideas de la época, el consenso, cada vez mayor, era que se necesitaba crear gobiernos que pudieran operar como maquinaria “racional legal”, con una burocracia tecnócrata


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que pudiera funcionar “eficientemente”. Para esa concepción general de la política, la administración pública era una caja negra que operaba de manera autónoma, es decir, separada de la sociedad (Evans, 1989).

Bajo ese paradigma, los liderazgos se reducían a ser meros “gerentes” que tenían que responder a las demandas recibidas de la sociedad. Con matices y diferencias culturales entre los países, el modelo de un liderazgo público de la segunda mitad del siglo XX ha sido similar en las escuelas encargadas de formar a las elites políticas del mundo occidental. El modelo a seguir es el enarqué, un tecnócrata de elite graduado de la École Nationale d’Administration en Francia.

Hoy en día, la tríada conformada por Estado, capitalismo y democracia representativa está bajo sospecha. El Estado-nación ha estado perdiendo sus fuentes de legitimidad frente a las identidades multiculturales y la cultura globalizada. Pero, además, su soberanía se ha visto erosionada por la integración económica y los poderes de facto cada vez más fuertes con alcance global. Aún más, las narrativas del biocentrismo y la sociedad de bienes comunes desafían los principios ontológicos del antropocentrismo, la centralización y la jerarquía, bases del Estado-nación.

Una sociedad, que cada vez es más líquida y se basa en redes, se resiste a las democracias representativas que solo solicitan su voto de forma intermitente y en las que los procesos están controlados jerárquicamente por los partidos políticos (Bauman, 2000). Asimismo, la economía capitalista, que cada vez es más funcional tan solo para una minoría y que anida un patrón de consumo que está cambiando el clima, también está bajo sospecha. ¿Qué futuro? ¿Cómo construirlo y quién lo liderará? Son preguntas sin respuesta.

No hay guion ni fórmulas prediseñadas y las soluciones técnicas ya no funcionan. Las certezas sobre la condición humana y su destino propuestas por el liberalismo o el marxismo son irrelevantes hoy en día, tienen que construirse y esa es una tarea de contrucción (inter)subjetiva. Sin embargo, algunos elementos que podrían fomentar la construcción de un nuevo paradigma para reformar las instituciones, así como para democratizar aún más las sociedades, por suerte ya están presentes en los debates actuales.



4. Hacia una sociedad abiertaEl austríaco Karl Popper propuso la distinción entre una sociedad abierta y una sociedad cerrada en su libro La Sociedad abierta y sus enemigos, publicado en 1945. Este libro fue escrito basado en su experiencia personal y en un contexto en el que el nazismo todavía se encontraba vigente. Eso explica el hecho de que, de alguna manera, es una apología de la democracia liberal y el capitalismo. Claro que hoy el contexto es otro. La democracia liberal no está dando respuestas a las necesidades y demandas sociales y el capitalismo funciona para cada vez menos personas. El peligro es justamente el statu quo que plantea la política tradicional, escindida de la sociedad y encerrada en sí misma. Sin embargo, sus postulados nos brindan luz sobre los elementos constitutivos de la misma. Popper explica que la sociedad abierta es una sociedad basada en la convivencia, en la que la libertad de las personas, la paz, la protección y la defensa de los más débiles son los valores ordenadores. La misma se nutre de nuevas ideas, métodos y procesos favorecedores de una dinámica creativa que permite la discusión, propuestas y acciones para mejoras continuas.

Más se aproxima al contexto actual el enfoque de “democracia del común” (Laval y Dardod, 2015). En una sociedad de comunes, el conocimiento, la cultura, la naturaleza, la salud, las plataformas de información son considerados como bienes de todos y traen beneficios para todos. Es por ello que no pueden ser propiedad exclusiva de nadie, ni pueden ser mercantilizados, y la sociedad tiene que ser lo más abierta posible. La cultura del software libre es un buen modelo de funcionamiento de los comunes, donde el conocimiento es creado colectivamente y compartido en la comunidad, sin exclusiones para terceros (Berry 2005).

Una sociedad abierta es esencialmente democrática porque se basa en el debate público, la participación ciudadana y la mejora permanente. La infraestructura tecnológica y las capacidades técnicas ya están disponibles; sin embargo, para funcionar, la sociedad abierta requiere ser una sociedad de los comunes, lo que significa que el conocimiento, la cultura, la naturaleza, la atención médica e Internet sean considerados bienes de todos/as, con beneficios para todos/as. Es por ello que para avanzar hacia una sociedad abierta, el poder debe estar necesariamente distribuido.


Matías Bianchi

5. Ética del hacker Una de las demandas sociales más preocupantes en todo el mundo es la integridad moral de quienes toman las decisiones. Como respuesta, la cultura del software libre proporciona una ética para el ejercicio del poder que puede replicarse en el ámbito público. Para quienes profesan esta ética, el conocimiento se crea y se comparte colectivamente en comunidad, sin excluir a nadie.

Tal como señalan Reilly y Smith (2013), a diferencia del mercado, una sociedad abierta rechaza el control exclusivo a través de la propiedad y, a diferencia de las corporaciones, rechaza la jerarquía. Una sociedad abierta y democrática requiere una sociedad con capacidades y con agencia para intervenir en la vida pública de la sociedad. Esta es la razón por la cual la cultura hacker ofrece ejemplos de prácticas inherentemente abiertas, compartidas, que pueden modificarse y estar a disposición de cualquiera. En las sociedades más desiguales del mundo, como lo son los países de América Latina, esta agenda es prioritaria.

6. Participación y co-creaciónSimilarmente, como los problemas públicos se consideran complejos por definición, los comunes suministran ideas, información y prototipos diseñados colectivamente para abordarlos. Bajo esta perspectiva, la participación activa de las personas en los asuntos públicos no es solo una cuestión de legitimidad democrática, sino también una necesidad. En una sociedad abierta, se reconocen la complejidad de los problemas, y los ciudadanos brindan ideas, información y soluciones para resolver los desafíos presentados. Las personas son parte del problema y de la solución. Es por ello que una sociedad abierta significa necesariamente distribuir el poder del Estado y de la sociedad.

7. LiderazgoEn una sociedad abierta, el liderazgo no se corresponde con la imagen del hombre heroico construida durante la modernidad. No hay un “superhombre” ni un Che Guevara ni un Napoleón. Abrir una sociedad requiere distribuir el poder entre la gente del común y rechazar la jerarquía. Por lo tanto, más mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, pueblos africanos afectados por la diáspora y personas LGBT requieren



participar en los asuntos públicos. Para poder adaptarse al cambio, ellos y ellas requieren de habilidades de empatía, escucha activa y colaboración que les permitan formar coaliciones de cambio en una sociedad en red. La flexibilidad, la creatividad, la apertura y la confianza son valores cruciales y muy diferentes de los rutinarios, jerárquicos, basados en resultados y tecnocráticos del Siglo XX.

8. HerramientasUna democracia de los comunes plantea desafíos particulares a los/as ciudadanos/as, ya que implica que estos/as sean agentes políticos que necesitan participar más en los asuntos públicos y que deben tener la capacidad de resolver conflictos, cooperar, sentir empatía y ser tolerantes.En cuanto a los/as líderes/as, también deben conocer la política de Internet y conocer el funcionamiento de la tecnología digital. La gobernanza de Internet y los algoritmos implican discusiones sobre derechos humanos, inclusión y, en última instancia, sobre la misma democracia. Estos son debates que no pueden dejarse solo en manos de expertos.

Sin embargo, los liderazgos no pueden centrarse sólo en estar actualizados en tecnología o tendencias digitales, sino que también necesitan tener habilidades para navegar la incertidumbre y co-crear bienes públicos. Esas herramientas podrían ser metodologías tradicionales como la “minga” indígena de participación o el design thinking, que es usado para la creación de soluciones basadas en prototipos.

9. Formar líderes y lideresas en América LatinaCon estas ideas en mente, Asuntos del Sur (www.asuntosdelsur.org) impulsó un proyecto que se trazó el objetivo de comprender cómo formar a los líderes sociales y políticos en América Latina (Bianchi et al., 2016). Así, en 2016, la organización hizo un mapeo de 165 programas de formación dedicados a ese propósito. Estos van desde seminarios, cursos, diplomas, especializaciones, maestrías, becas y educación ejecutiva.

A continuación, se presentan algunos de los hallazgos:

• Los programas de capacitación en tecnología, gobierno abierto y comunicaciones digitales son muy limitados en la región. Esto es aún menor en los que tiene que ver con inteligencia artificial, ingeniería de


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datos y ética de hackers. Paradójicamente, las TIC son hoy un aspecto clave de la modernización del Estado, ya que aumentan la calidad y la eficiencia en la entrega de bienes públicos, y también impactan en la participación ciudadana y la comunicación. Sin duda, este es un vacío importante que deben llenar los programas de capacitación.

• La mayoría de los programas se han concentrado geográficamente en las grandes ciudades y muchos de estos no son ofrecidos en las regiones más pobres o periféricas.

• La mayoría de los programas refuerzan el enfoque técnico-elitista del liderazgo. Las habilidades blandas y la ética se abordan principalmente en niveles no académicos ya que rara vez las maestrías y las especializaciones abordan esos temas. Lo contrario sucede con la formación en administración pública o en herramientas de gestión de proyectos, en donde la mayoría de los temas están cubiertos por más programas académicos que, a su vez, requieren educación formal previa.

• Hay una oferta creciente de programas virtuales, pero aún sólo representan el 20% del total. Esto implica que la oferta refuerza la centralización geográfica.

• Más del 60% de los programas académicos están orientados a la administración pública y dejan por fuera las habilidades sociales, así como el liderazgo social.

• El enfoque en innovación es casi inexistente. La formación conceptual y práctica en design thinking, economías colaborativas, codificación y sociocracia rara vez aparecen en los planes de estudio de los programas.

10. La Academia de Innovación Política Después de conocer estos resultados, en 2017 Asuntos del Sur decidió fundar la Academia de Innovación Política. El objetivo general que se trazó la organización en ese momento fue crear una plataforma educativa para capacitar líderes/as con ideas y herramientas innovadoras para construir democracias más paritarias, inclusivas y participativas en América Latina.



Algunas de las características más importantes son:

Enfocarse en la inclusión: Se tiene la convicción de que para cambiar las democracias actuales es crucial también democratizar las capacidades, de lo contrario, el cambio social continuará siendo un proceso impulsado por las élites. La Academia, por lo tanto, tiene como objetivo llegar a un público amplio y ser accesible en los lugares donde más se necesita. Esa es la razón por la cual se decidió utilizar una plataforma en línea de código abierto Moodle, que ha permitido reducir los costos y llegar a audiencias más amplias. En casos de bajos niveles de conectividad a Internet, como Guatemala, se proporcionaron pendrives, planes de datos para teléfonos móviles o crédito para “cibercafés”.

Además, se han impulsado programas para apoyar procesos sociopolíticos específicos como un grupo de mujeres afro en Esmeraldas, Ecuador; otro de afrobrasileñas, en Salvador de Bahía, y con movimientos emergentes como Semilla, en Guatemala, Revolución Democrática en Chile o Wikipolítica en México.

Enfoque pedagógico: Todos los programas están diseñados para las necesidades de los usuarios/as. La coordinación pedagógica que se centraría en adaptar los contenidos, la plataforma y los ejercicios de la siguiente manera:

• Basado en la acción: Los programas de formación están diseñados para fomentar la acción, por lo tanto, los docentes a cargo son profesionales que comparten sus experiencias prácticas, los desafíos que han enfrentado y las lecciones que han aprendido. Además, los/as estudiantes son evaluados en función del desarrollo de un proyecto, campaña o prototipo para ser implementado en sus comunidades. Así, cada programa de formación proporciona metodologías para desarrollar esas propuestas, que bien pueden ser para apoyar un proceso completo de innovación –design thinking–, o ejercicios más puntuales para facilitar la colaboración o modelos para diseñar estrategias.

• Fácil acceso: Para aumentar el nivel de eficiencia de la experiencia


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de aprendizaje en línea, las aulas virtuales se han diseñado para grupos de no más de 30 a 40 participantes contectados. Además, hay mentores que coordinan las discusiones, desencadenan otras nuevas, resuelven consultas y supervisan el diseño de los proyectos finales de manera personalizada.

• Pensamiento global y local: No todos los lugares tienen los mismos desafíos o prioridades en la agenda; por lo tanto, ha habido una preocupación por complementar el entrenamiento con sesiones presenciales. El objetivo es contextualizar las discusiones a través del vínculo con las experiencias locales y el debate de las agendas locales sobre el tema. Con ese propósito, se han creado asociaciones en México, Guatemala, Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia para facilitar esos espacios.

• Innovación: El plan de estudios de los programas está centrado en la innovación. Este término, por supuesto, puede significar muchas cosas, pero en este caso, hace referencia puntualmente a la innovación política, la cual se entiende como las prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulatorios que conducen a la construcción de sociedades abiertas. Allí se encuentran contenidos relacionados con el feminismo, la sociedad de los comunes y el conocimiento abierto. También se incluyen prácticas vinculadas a tecnologías cívicas, gobierno abierto, inteligencia de datos y blockchain para los sectores públicos, y a metodologías como la inteligencia colectiva, el diseño cívico y el design thinking.

Los temas de formación que han sido implementados hasta ahora son: tecnología cívica, gobierno abierto, economías circulares, laboratorios ciudadanos, tecnologías para el sector público, seguridad digital y datos generados por la ciudadanía, entre otros. Además, los programas incluyen la capacitación en el uso de herramientas ágiles para la innovación, tales como design thinking, Método Feeling, Método SISA y diseño cívico.

En los primeros tres años, casi 5000 líderes/as de 24 países han sido capacitados/as por la Academia. De ese total, el 15% declaró que trabaja para el sector público, otro 22% son militantes activos de los partidos políticos, el 27% trabaja para organizaciones de la sociedad civil y la mayor



parte (alrededor del 35%) se declara a sí mismo como activista. Además, se han realizado sesiones presenciales en ciudades como Salvador de Bahía, Buenos Aires, Guadalajara, Bogotá, Caracas, Maracaibo, Nariño, Managua, Santa Fe y Rosario. Hasta ahora, los resultados han sido muy positivos. Las revisiones de los/as estudiantes muestran que 9 de cada 10 están satisfechos con los contenidos y la plataforma. Cuando los programas también incluyen sesiones presenciales, los niveles de satisfacción aumentan a casi el 100%.

Por otro lado, se han creado 344 proyectos innovadores de impacto local en una amplia gama de campos2. Por ejemplo, Joaquín Paéz, de Córdoba, Argentina, implementó “Tequio”, una plataforma dedicada a aumentar la participación ciudadana en la gobernanza de áreas naturales protegidas. Esta iniciativa, que está poniendo en práctica esquemas de compensación de carbono utilizando la gobernabilidad de colaboración, es pionera en la Argentina.

Por su parte, Diego Cevallos diseñó la iniciativa “El Consejo Abierto de Quito”, que fue adoptado por el gobierno local y que ahora se está expandiendo hacia otras ciudades de Ecuador. Otro proyecto, dirigido por Edna Carolina Camelo Salcedo, de Colombia, es un videojuego llamado “Cóndor”, que propone componentes educativos con el objetivo de aumentar la participación de los jóvenes en la política. Asimismo, un grupo de funcionarios públicos del Gobierno de Neuquén, Argentina, realizó un prototipo de laboratorio ciudadano que se convirtió en el NQNLab, y que ahora está a cargo de coordinar la Confederación Federal de Participación Ciudadana en Argentina.

11. Conclusiones La Cuarta Revolución Industrial está abriendo oportunidades específicas para democratizar las sociedades, para distribuir los recursos de manera más uniforme y generar actividades económicas sostenibles; al mismo tiempo que plantea desafíos muy profundos. Por ello, para aprovechar esas oportunidades y abordar esos desafíos, se requiere una nueva generación de liderazgos que puedan abordarlos.

2 Se pueden consultar en: www.academiainnovacionpolitica.org


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Desafortunadamente, la política aún continúa sin transformarse, por lo que uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo es encontrar nuevas formas de organizar la acción colectiva y construir procesos de toma de decisiones más acordes con las ideas, los valores y las herramientas que están actualmente a nuestra disposición. Es decir, se requiere de un liderazgo con visiones y habilidades específicas para construir las democracias del siglo 21.

Aquí se mostró que la pregunta sobre los tipos de liderazgo y los conjuntos de habilidades que estos deberían tener ha sido un cuestionamiento constante a lo largo de la historia; sin embargo, paradójicamente, hoy este debate es marginal en América Latina, y la oferta de programas e instituciones de formación es inadecuada para responder al escenario actual.

Habrá que esperar que, en lo sucesivo, se desarrolle un ecosistema de personas y organizaciones que trabajen en esa dirección. Los laboratorios de innovación, e incluso sus redes, como LABIC (Laboratorios de Innovación Ciudadana), se centran especialmente en encontrar nuevas formas de organizar la acción colectiva, la representación ciudadana y la construcción de democracias de los comunes (Pascale, 2018).

La Academia de Innovación Política presentada en este documento tiene el objetivo específico de utilizar la innovación para construir democracias que sean más paritarias, inclusivas y participativas. Sus programas de capacitación comparten valores como la ética hacker y el uso de tecnologías y herramientas que podrían promover la colaboración, la horizontalidad y la sostenibilidad. También implementa un modelo de negocio que hace que el programa sea accesible en todos los lugares a muy bajo costo e, incluso a veces, sin costo alguno.

Todavía es muy pronto para evaluar el impacto de este tipo de iniciativas, pero definitivamente proponen una referencia para discutir cómo los/as líderes/as están siendo formados/as por el sector público, la sociedad civil y la ciudadanía en general.



Referencias bibliográficas

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge: Polity.

Berry, David (2005). The Commons, Free Software Magazine. Cita online: http://freesoftwaremagazine.com/articles/commons_as_ideas/

Bianchi, Matías; Perini, Antonella; León, Cristian; Barlassina, María José. (2016) Liderazgos para el Siglo XXI: Una mirada a los programas de formación política en América Latina. Buenos Aires: Asuntos del Sur. Disponible en: https://asuntosdelsur.org/liderazgos-para-el-siglo-xxi/

Boutmy, É., & Vinet, É. (1871). Projet d’une faculté libredes sciences politiques. Paris: Laine.

Evans, P. (1989). Predatory, developmental and other apparatuses: A comparative political economy perspective on the third world state. Sociological Forum, 4(4), 561–587.

Harvard Kennedy School. History retrieved on January 2019. Disponible en: www.hks.harvard.edu/more/about-us/history

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Matías Bianchi

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Sobre el autor

Matías Bianchi es Doctor en Ciencia Política. Es director de Asuntos del Sur y docente de la University of Arizona.

Correspondencia electrónica: [email protected]

@matiasfbianchi

Recibido: 25/09/19

Aprobado para su publicación: 18/11/19



Registro Electoral, gobiernos militares y expansión de la ciudadanía en el Perú entre 1962 y 1980

Electoral registry, military governments and expansion of citizenship in Peru between 1962 and 1980

Odalis Valladares Chamorro y Mario Meza BazánResumenEntre 1962 y 1980 el desarrollo de la ciudadanización tuvo en el registro electoral un instrumento de reconocimiento y construcción de ciudadanía. Este proceso de expansión de derechos a través del registro electoral no se ciñó solo a la incorporación de la nueva población letrada que se sumaba a la ya registrada, sino que se extendió también hacia la población iletrada. Esta última aunque todavía no podía ejercer su derecho al voto, brindó al Estado la oportunidad de reconocer y extender su dominio sobre este importante sector poblacional, con miras a integrarlo a su control como posibles electores. Palabras claveRegistro electoral, estatuto electoral, elecciones, analfabetos, educación, militares.

Abstract Between 1962 and 1980 the development of citizenization had an instrument of recognition and construction of citizenship in the electoral register. This process of expansion of rights through the electoral registry was not limited only to the incorporation of the new literate population that was added to the already registered one, but also extended to the illiterate population. The latter, although still could not exercise their right to vote, provided the State with the opportunity to recognize and extend its dominance over this important population sector, with a view to integrating it into its control as possible voters.KeywordsElectoral registry, electoral statute, elections, illiterate, education, military.


Odalis Valladares / Mario Meza

1. Introducción En 1979 el Estado peruano devolvió el derecho al voto a los analfabetos después de 83 años. Esta medida amplió de manera sustantiva la ciudadanía a una importante cantidad de personas que carecían del derecho a la representación y se las hizo partícipes de los asuntos públicos de la nación. En términos prácticos y administrativos este hecho se tradujo en su reincorporación en el registro electoral con miras a llevar a cabo elecciones generales después de 12 años de gobierno militar.

Los analfabetos conformaban un sector que apenas desde diciembre de 1978 habían empezado a ser materia de un registro poblacional. Esto significa que habían permanecido al margen de un registro y solo los censos daban cuenta suya cada diez años. Su reincorporación, en ese sentido, y de acuerdo con las hipótesis más aceptadas, es que este hecho fue la culminación de un proceso que tuvo lugar desde la década de 1960, cuando las bases del régimen oligárquico empezaron a colapsar producto de los movimientos campesinos y de las demandas por la ciudadanización, enarboladas, principalmente, por los partidos políticos antioligárquicos y de izquierda. En un país donde el campesinado componía su rostro mayoritario y en la costa se llevaba a cabo la formación de bolsones de pobreza en las barriadas de los márgenes de las ciudades, el Estado cayó en cuenta de que el tema de la representación ciudadana a través del voto era un desafío muy importante en el proceso de modernización junto con las demandas por educación, reforma agraria o industrialización. Ante esa realidad, la decisión de abordarla desde un frente específico que integrara a la población emergente en el registro electoral se convirtió en una necesidad perentoria.

De acuerdo con la historiografía, el proceso de ciudadanización en el Perú ha supuesto la integración y reconocimiento de derechos en diversos momentos u oleadas democratizadoras dentro de un Estado que mal que bien fue permeable a tales oleadas (López, 1997). Esta propuesta ha sido desarrollada de alguna forma en las últimas décadas por diversos autores, los mismos que han abordado la ciudadanía durante el siglo XIX desde la perspectiva histórico constitucional electoral (Paniagua, 2003; Aljovín,



2005; Chiaramontti, 2005). Otros trabajos han destacado los aspectos jurídicos y políticos de la integración de importantes sectores de la población como los indígenas en el siglo XIX (Núñez, 2005), las mujeres en el siglo XX (Aguilar, 2002; Aguilar, 2003; Paulsen, 2018) y otros han abordado el papel de los analfabetos en la construcción de un régimen electoral moderno e inclusivo y sus efectos políticos (Del Águila, 2009; Segura y Valladares, 2019)1. También hay autores que han planteado el estudio de espacios como el registro civil durante el siglo XIX (Loayza (2015) y en el siglo XX (Velásquez, 2015) para entender el proceso de ciudadanización desde instituciones que han promovido y participado en la integración de la población.

En este contexto, planteamos que los debates doctrinales sobre la construcción de derechos ciudadanos y de espacios que fortalecieran el sentido democratizador del Estado, solo se concretizaron con una expansión de mecanismos jurídicos y administrativos capaces de cimentar su dominio pleno sobre la población en medio de un escenario de crisis y de disolución del control oligárquico. En otras palabras, la soberanía del poder estatal en el Perú solo adquirió sentido con herramientas de gobierno capaces de favorecer la expansión de su dominio estatal sobre la población. Para explicarlo de otro modo, sostenemos que la capacidad de gobierno estuvo en función de crear relaciones complejas entre las personas y las cosas (o medios) sobre las que se gobernaba, en las cuales los mecanismos de dominio imbricaban a las personas y al gobierno en un ejercicio mutuamente relacionado que produciría el fenómeno de la gubernamentalidad (Foucault, 2006, pp. 122-123). La constitución del registro electoral como un instrumento capaz de generar gubernamentalidad y, con ello, legitimidad y soberanía sobre una población que apenas empezaba a integrarse a los regímenes electorales, cumplió esta función inclusiva en la construcción de derechos de una población emergente durante la expansión demográfica, migratoria y urbanizadora.

1 Mientras tanto, el debate sobre la extensión de los derechos ciudadanos, sobre todo del derecho al voto para los interdictos continúa fuera del marco historiográfico. En el ámbito político y constitucional, véase Alberto Vásquez Encalada (2015).



2. El campo y la ciudad, las movilizaciones sociales y las elecciones de 1962

En 1956, el presidente Manuel Prado inauguró su segundo periodo de gobierno después de ocho años de dictadura odriísta. El Perú ciertamente había cambiado rápidamente con respecto a su primer gobierno (1939-1945). La costa concentraba cada vez mayor cantidad de población con respecto a la sierra como parte del proceso de migración y urbanización que se acentuaba en el país. Si en 1940 el 65% de la población había residido en la sierra, el 28,3% en la costa y el 6,7% en la selva, para 1961 la población residente en la sierra había descendido a 52,3%, mientras en la costa había crecido a 39%, lo mismo que en la selva a 8,7%. Estas tendencias no cambiaron durante el siglo XX. Como se verificó más adelante, la población peruana pasó de ser básicamente rural a predominantemente urbana durante el periodo intercensal 1961-1972, cuando el porcentaje de población que residía en ciudades y conglomerados urbanos pasó de 47,4% a 59,4%, respectivamente, de acuerdo con el censo de 1972 (INEI, 2001, p. 39).

Las brechas sociales también se acrecentaron y las condiciones de vida en el campo resultaban cada vez más precarias con respecto a la costa. La necesidad de mejorar la situación agraria y frenar la migración hacia las ciudades fue, en ese sentido, una de las preocupaciones del segundo gobierno de Prado que asumió la necesidad de plantear una reforma de la propiedad de la tierra como una forma de atender la problemática social y agraria. Así, su gobierno llevó a la formación de una comisión encargada de estudiar la implementación de una reforma agraria bajo la dirección del ministro Pedro Beltrán. Las propuestas, sin embargo, quedaron obstruidas en el parlamento por la elite política oligárquica. En 1959 solo se emitió un informe y no se hizo más al respecto. Pero las demandas no se hicieron esperar, desatándose en varias partes de la sierra central y sur del país un proceso de movilización sin precedentes por el acceso a la tierra. Hacia inicios de la década de 1960 la población campesina que vivía lejos de las áreas dinamizadas por la economía capitalista comprendía alrededor de las dos terceras partes de la población total de la sierra. El 40% de esta población, además, estaba concentrada en los cinco departamentos más pobres de la sierra sur. El campesinado más atrasado e indígena que



permanecía en el sur siguió atrapado en una economía de subsistencia y en medio del estancamiento y aislamiento de los mercados, lejos de los hinterland prósperos y modernizados de la sierra (Klaren, 2004, p. 379).

El descontento rural y la movilización campesina que estalló a finales de la década de 1950 por la necesidad de reformar la propiedad de la tierra y eliminar el sistema gamonal y de haciendas, cobró mayor fuerza. Este tuvo uno de sus epicentros en el departamento de Pasco, el más pequeño de la sierra con 138 000 habitantes en 1960 y con una tasa de alfabetismo de 52%. A finales de 1959 este movimiento campesino tomó las tierras de haciendas bajo el liderazgo del aprista Genaro Ledesma Izquieta. Esta movilización continuó hasta 1962 cuando se produjo la sangrienta toma de la hacienda Pocayán.

El valle de La Convención en el departamento de Cusco fue el segundo escenario de movilización campesina. Hacia 1960 contaba con 62 000 habitantes, entre colonos y nativos establecidos alrededor de la economía agrícola en las haciendas de café, cacao, azúcar y té. Esta importante población migrante, ocupada en el trabajo de la tierra con la esperanza de convertirse en agricultores independientes, representó uno de los actores que iniciaría la lucha por el acceso a la tierra a través de su organización en sindicatos. (Klaren, 2004, p. 381). Así, nació el sindicalismo agrario que dio lugar a la creación de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Convención y Lares (FTC), entidad que entabló vínculos con la Federación de Trabajadores del Cusco de influencia comunista. La llegada de Hugo Blanco, un agrónomo troskista por esos años, dinamizó el movimiento campesino. El desenlace fue el desarrollo de una huelga generalizada en el valle y la toma de tierras conocida como la revolución de los arrendires (Rojas, 2019). A fines de 1962 se había tomado 40 de las 380 haciendas de la región. La respuesta del gobierno de Prado fue la legalización de esta toma de tierras, además de absolver las demandas de la población campesina de tal forma que pudo anular la radicalización política del movimiento.

Esta situación puso en evidencia la profunda necesidad de establecer reformas estructurales (Klaren, 2004, p. 375). Hacia 1962 la idea de realizar una reforma agraria era sostenida por todos los partidos de



izquierda, incluso los no marxistas, sectores clericales de la Iglesia católica y hasta las FF.AA. (Meza, 2012, p. 94), de manera que en la campaña electoral de 1962 los candidatos que pensaban alcanzar la presidencia incluyeron el tema de la reforma de la propiedad de la tierra como uno de los puntos fundamentales de sus programas políticos.

Fue en este escenario de movilización social que se realizaron las elecciones generales del 10 de junio de 1962 en las que participaron 7 fuerzas políticas: el Partido Aprista con Víctor Raúl Haya de la Torre; Acción Popular con Fernando Belaunde Terry; la Unión Nacional Odriísta con Manuel A. Odría; el Partido Demócrata Cristiano con Héctor Cornejo Chávez; el Frente de Liberación Nacional con César Pando Egúsquiza; el Partido Socialista del Perú con Luciano Castillo Colonna, y el Movimiento Social Progresista con Alberto Ruiz Eldredge. Estos cuatro últimos de orientación izquierdista.

Los resultados, sin embargo, no establecieron ganador absoluto. De acuerdo con el conteo del Jurado Nacional de Elecciones ninguno de los tres principales candidatos, Haya, Belaunde y Odría, superaron la tercera parte de los votos válidos requeridos por la ley electoral para ser proclamado presidente. Bajo estas circunstancias el Congreso debía definir la elección. No obstante, antes de que se procediera a ello, el 17 de julio de 1962, una Junta Militar encabezada por el general Ricardo Pérez Godoy realizó un golpe de Estado. Una de sus principales medidas fue anular el proceso electoral en marcha (Decreto Ley Nº 14170, 18 de julio de 1962). Su objetivo era impedir la llegada a la presidencia de Haya, quien había obtenido el mayor porcentaje de votos.

3. Los militares, la política y la diplomacia hacia la década de 1960Los militares constituían una fuerza con una fuerte presencia en la política peruana desde la década de 1930, cuando se produjo la caída del régimen leguiísta. Durante el segundo gobierno de Prado, este sector había estrechado vínculos con los Estados Unidos de manera que el Perú recibió asistencia militar en más de 70 millones de dólares (Klaren, 2004, p. 384). En ese contexto, este sector también desarrolló al interior del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), un consenso básico en torno a la necesidad de incluir dentro de su misión histórica de defensa



que los caracterizaba, los conceptos de acción cívica y contrainsurgencia adquiridos a través de su profesionalización. Era una medida necesaria, dadas las condiciones de movilización social y el surgimiento de movimientos guerrilleros de orientación castrista en el centro y sur del país.

En efecto, la amenaza comunista en el continente americano había sido prevista a nivel diplomático en la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Costa Rica, a fines de agosto de 1960, a solicitud del gobierno peruano. En el acta final de la reunión se plasmaron 13 resoluciones: la primera, conocida como la Declaración de San José de Costa Rica, condenaba la intervención de potencias extracontinentales en América. Era una medida en respuesta a la influencia del comunismo en Cuba que había desencadenado la Revolución. La idea de Cuba como un satélite comunista que amenazaba la estabilidad de la región fue aceptada por el pleno de la Reunión a excepción del canciller del Perú, Raúl Porras Barrenechea, que defendió la soberanía cubana (Discurso de Raúl Porras Barrenechea del 23 de agosto de 1960 ante la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores). Los acuerdos contenidos en la Resolución I señalaban que entre los países americanos se:

• Condena enérgicamente la intervención o amenaza de intervención, aún cuando sea condicionada, de una potencia extracontinental en asuntos de las repúblicas americanas y declara que la aceptación de una amenaza de intervención extracontinental por parte de un Estado americano pone en peligro la solidaridad y la seguridad americana, lo que obliga a la Organización de los Estados Americanos a desaprobarla y rechazarla con igual energía.

• Rechaza asimismo la pretensión de las potencias sino soviéticas de utilizar la situación política, económica o social de cualquier Estado americano, por cuanto dicha pretensión es susceptible de quebrantar la unidad continental y de poner en peligro la paz y seguridad del hemisferio (Resolución I, Acta Final VII Reunión. Agosto 22 al 29, 1960).

Pero a inicios de 1962 cuando el sindicalismo agrario se organizaba de la mano de Hugo Blanco y Cuba se convertía en el centro de formación de cuadros guerrilleros, el panorama internacional en América Latina se había polarizado aún más. Dadas “las amenazas a la paz y a



la independencia política de los Estados americanos que puedan surgir de las intervenciones de potencias extracontinentales encaminadas a quebrantar la solidaridad americana” (Resolución del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, aprobada el 4 de diciembre de 1961. Acta Final VIII Reunión), los países miembros, a iniciativa del gobierno de Colombia, se reunieron en Uruguay en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La primera resolución abordó la ofensiva del comunismo en América Latina. En esta se declaraba que “la unidad continental y las instituciones democráticas del hemisferio están actualmente en peligro”, la amenaza que representaba el comunismo y el antiimperialismo para los países de la región quedó explícita de la siguiente manera:

… para lograr sus propósitos subversivos y para ocultar sus verdaderas intenciones, los gobiernos comunistas y sus agentes explotan las legítimas necesidades de los sectores menos favorecidos de la población y las justas aspiraciones nacionales de los pueblos. Con el pretexto de defender los intereses populares, se suprime la libertad, se destruyen las instituciones democráticas, se violan los derechos humanos y se somete al individuo a formas materialistas de vida impuestas por la dictadura de un solo partido. Bajo la consigna del antiimperialismo se pretende establecer un imperialismo opresivo y agresor que subordina a las naciones sojuzgadas a los intereses militaristas y agresivos de potencias extracontinentales… (Resolución I Ofensiva del Comunismo en América, Acta Final VIII Reunión).

Esta fue la última reunión que contó con la participación cubana, pues en el desenlace se definió su exclusión. La resolución sexta: exclusión del actual gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, definiría su posterior aislamiento político y económico.

La situación crítica en el ámbito político y social por la que atravesaba el Perú estuvo enmarcada dentro de esta coyuntura internacional y, en ese contexto, el gobierno militar encabezado por Pérez Godoy planteó dos reformas estratégicas importantes. En el plano electoral abordó la



elaboración de un nuevo Registro Electoral y un Estatuto Electoral, y en el ámbito social incluyó la realización de una reforma agraria para la zona de La Convención, lugar donde las movilizaciones campesinas habían tenido mayor intensidad y la radicalización política podía amenazar la estabilidad del país.

Así, en el plano electoral, el 20 de julio de 1962, después de decretar la nulidad de las elecciones, la Junta de Gobierno derogó el Estatuto Electoral de 1949 (Decreto Ley Nº 14168). Apelando a la búsqueda de una mayor transparencia en los procesos y a la necesidad de elecciones “libres y auténticas”, los militares consideraron que era “indispensable que estas se realicen regidas por un nuevo Estatuto Electoral que garantice debidamente el ejercicio de este derecho ciudadano; y que estén controladas por un Poder Electoral verdaderamente autónomo, que pueda verificar exacta y rápidamente los resultados”. El gobierno militar también recurrió a la Declaración de Santiago, suscrita en la V Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos, de 1959, que en su párrafo 2º establecía que “los gobiernos de las repúblicas americanas deben surgir de elecciones libres”.2 Asimismo, apelaron a la Resolución 4º de la VIII Reunión de Cancilleres de 1962 reunida en Uruguay,3 que instaba a los gobiernos a proceder:

... a la celebración de elecciones libres en sus respectivos países como el medio más eficaz de consulta a la soberana voluntad de sus pueblos para garantizar la restauración de un régimen de derecho, fundado en la autoridad de la ley y en el respeto a los derechos de la persona humana. (Resolución Nº 4, VIII Reunión de Cancilleres de 1962).

Después de derogar el Estatuto Electoral, el gobierno militar ordenó la formación de una Comisión Jurídica Especial para la preparación de uno nuevo. La comisión estaría integrada por un representante designado por cada una de las siguientes instituciones:

2 V Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos, Santiago, Chile. Agosto 12 al 18, 1959.

3 VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Punta del Este, Uruguay. Enero 22 al 31, 1962.



- Corte Suprema de la República;

- Colegio de Abogados de Lima;

- Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos;

- Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú;

- Cuerpo Jurídico de la Fuerza Armada.

Asimismo, se estableció que cada uno de los partidos políticos tenía capacidad para designar un personero que lo represente en la Comisión, aunque solo tendría derecho a voz pero no a voto.

Para el gobierno militar la necesidad de contar con un nuevo registro electoral era apremiante para la ejecución de los comicios que debían de volver a realizarse tras la anulación de la anterior elección y estaban programados para el segundo domingo de junio del año siguiente. Pero, más que ello, había un consenso en su interior de que las elecciones y los organismos del poder electoral no gozaban de una verdadera autonomía. En ese sentido, era de imperiosa necesidad formar un nuevo Registro Electoral que estuviera dotado de disposiciones especiales para su regimiento institucional, de manera que aseguraran su organización técnica e integridad.

El gobierno militar consideraba, también, que dentro de esta reforma del sistema electoral hacía falta mejorar sustancialmente el régimen de los órganos electorales, de los partidos políticos y los procedimientos electorales, con el objetivo de que los procesos garantizaran la libertad de sufragio y el respeto de la voluntad ciudadana. Hasta ese momento, el Estatuto Electoral vigente era el de 1949 (Decreto Ley Nº 11172, del 30 de septiembre de 1949). Se trataba de un estatuto elaborado por orden de la Junta Militar de Gobierno encabezada por Manuel Odría. Era una normativa que contemplaba 238 artículos e incluía la regulación del registro electoral, de los partidos políticos y de los procedimientos electorales en un solo corpus.

El gobierno militar, siguiendo los planteamientos de la Comisión Jurídica Especial, separó así, por primera vez, la normativa electoral en dos instrumentos normativos. De esta manera, el 25 de septiembre de 1962



se creó el Registro Electoral del Perú a través del Decreto Ley Nº 14207, y meses después, el 5 de diciembre, se aprobó el Estatuto Electoral a través del Decreto Ley Nº 14250. Ambos instrumentos se constituyeron en el marco regulador de las elecciones generales del 9 de junio de 1963, en las que saldría ganador el arquitecto Fernando Belaunde Terry.

En el plano social, su principal medida fue la dación del Decreto Ley Nº 14238 Bases para la Reforma Agraria (16 de noviembre 1962) con el cual se creó el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización como su órgano ejecutor. Se inició, así, el proceso de reforma agraria en el valle de La Convención y Lares en el departamento del Cusco, donde se habían llevado a cabo las tomas de tierras por cuenta de los arrendires liderados por Blanco. Aunque los militares esperaban la continuación del proceso, la reforma agraria realizada por Belaunde, a través de la Ley de Reforma Agraria, Nº 15037, del 21 de mayo de 1964, no continuó con el proceso planteado y terminó exceptuando a las grandes propiedades de la costa norte que contenían los complejos agroindustriales azucareros. Finalmente, no fue sino hasta el 24 de junio de 1969, con el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que promulgó el Decreto Ley Nº 17716, cuando se planteó como principal objetivo eliminar el latifundio, el minifundio y toda forma antisocial de tenencia de la tierra.

4. El Registro Electoral del PerúEl Registro Electoral del Perú fue el ente en materia electoral que reemplazó al Registro Electoral Nacional creado a través del artículo 88 de la Constitución de 1933. Definido como “permanente y público”, la organización y funcionamiento de esta entidad fue regida por el Decreto Ley Nº 14207 y el Reglamento del Registro Electoral del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 39 el 19 de octubre de 1962. El gobierno militar buscó que el Registro Electoral del Perú fuera regido “por disposiciones especiales que aseguren su organización técnica y su integridad” con el objetivo de contar con un organismo autónomo y eficiente que garantizara elecciones libres y auténticas. El contenido de la ley de creación del nuevo registro electoral fue difundido y discutido entre los partidos políticos y la opinión pública a través de la prensa y la radio. Sus tres funciones fueron: inscribir a los ciudadanos con derecho a sufragio; otorgar a los inscritos



la correspondiente Libreta Electoral; y formar la Estadística Nacional de Electores (Decreto Ley N.º 14207, Art. 3).

Entre las innovaciones necesarias para su mejor desempeño se estableció que el registro debía renovarse totalmente en el país a partir del 15 de diciembre de 1962 y periódicamente cada 15 años. De ser así, su renovación debía realizarse en diciembre de 1977. Sin embargo, llegado el momento se estipuló que su renovación sería cada veinte años debido a su depuración permanente y a la “organización actualizada de los índices Numérico, Alfabético-Ortográfico y Dactiloscópico de los electores inscritos en el” de manera que los padrones destinados al acto de sufragio podían formularse en cualquier momento (Decreto Ley N° 21901, del 9 agosto de 1977). Para asegurar el cumplimiento de su renovación se estableció, además, la contribución de las Fuerzas Armadas (Art. 117).

La ley del Registro Electoral del Perú formó parte de los procesos encaminados a modernizar la gestión electoral y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Las actividades de corte electoral, desde entonces, también se acrecentaron dada la demanda de inscripciones y hacia la década de 1970, pese a la inexistencia de comicios, dado el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980), estas mantuvieron su continuidad, siguiendo el objetivo de mantener las reformas institucionales modernizadoras del Estado, implementadas con anterioridad.

Con la creación del Registro Electoral del Perú, se establecieron sus organismos integrantes y funciones: el Registro Central, el Registro Provincial, y el Registro Distrital. La legislación estableció, además y por primera vez, —dada la promulgación de la ley para el voto de las mujeres letradas en 1955—, las especificaciones para estas inscripciones. Así, el artículo 38 señalaba:

La mujer para obtener su inscripción acreditará su identidad personal con alguno de los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la partida de nacimiento o de matrimonio otorgada por el Registro Civil, según sea soltera, mayor de edad o casada mayor de 18 años;



2. Copia legalizada de la partida de bautismo o de matrimonio religioso, siempre que el primero haya sido administrado antes del 14 de noviembre de 1936 y el segundo celebrado antes de 4 de octubre de 1930;

3. Copia certificada de la resolución judicial firme de emancipación;

4. Título de peruana por matrimonio, en el caso de haber adquirido por tal causa la nacionalidad peruana;

5. Título de nacionalización en caso de tratarse de extranjera nacionalizada; y

6. Libreta Electoral otorgada conforme a este Decreto Ley, solo en los futuros periodos de renovación del Registro.

Para promover la inscripción de las mujeres con derecho al voto de escasos recursos se estableció que las oficinas de los registros del Estado Civil o parroquiales debían expedir copias certificadas gratuitas de las partidas de nacimiento, bautismo o matrimonio. Estas debían ser en papel sin valor “tratándose de personas notoriamente insolventes y poniendo en aquellas constancia expresa de que la copia solo podrá usarse para los efectos de la inscripción electoral” (Art. 116).

El nuevo marco normativo, igualmente, estableció al detalle el proceso de depuración del registro electoral. Reguló con precisión la exclusión de las inscripciones de los ciudadanos fallecidos; de las que no contuvieran la firma o impresión digital del ciudadano inscrito; las que correspondiesen a ciudadanos inscritos que se encontrasen cumpliendo pena efectiva privativa de la libertad o estén sometidos a interdicción por incapacidad mental o física; las inscripciones múltiples; las que correspondiesen a ciudadanos judicialmente ausentes; las que correspondiesen a ciudadanos que hayan ingresado en la FF.AA. o fuerzas auxiliares; las que adolecieran de falsedad; las correspondientes a ciudadanos que no gozaban del derecho de sufragio en la fecha de su inscripción; y aquellas a las que alcanzase alguna otra causal no contemplada en la ley (Art. 67).

Asimismo, la normativa estableció el Archivo Electoral y su organización junto a sus especificaciones y funcionamiento a través del Archivo



General del Registro Electoral, el Archivo Electoral Provincial, y el Archivo Electoral Distrital. En estas instancias cualquier ciudadano podía solicitar copia literal o fotostática certificada de las partidas de inscripción en el Registro Electoral.

Una innovación muy importante que trajo la normativa fue el establecimiento y las funciones del Padrón Electoral como el instrumento que debía contener “la relación de todas las inscripciones efectuadas en la República, debidamente ordenada por distritos, provincias y departamentos”. Se estableció que este debía consignar los nombres y apellidos de los inscritos, el número de inscripción de cada uno, un signo clave que indicase el grado de instrucción y los nombres del distrito, provincia y departamento, observándose la numeración correlativa. Asimismo, se estableció que cada vez que se convocase a elecciones, la Dirección General del Registro Electoral debía confeccionar las Listas de Electores de las Mesas Receptoras de Sufragio sobre la base del Padrón Electoral, debiendo corresponder a cada distrito tantas listas completas como libros de inscripción tuviera el respectivo distrito.

El carácter exclusivo de la inscripción en el Registro Electoral para quienes supieran leer y escribir, sin embargo, permaneció vigente. El registrador en caso de duda podía someter a quienes pedían la inscripción a un examen que consistía en hacer leer y luego copiar tres renglones de cualquier artículo del Decreto Ley Nº 14207 en los cuadernos especiales que el director general del Registro remitía a las oficinas electorales conjuntamente con los Libros de Inscripción. El saber firmar pero no leer ni escribir también conducía a la inhabilitación para la inscripción y a la expedición de un certificado que acreditaba la denegatoria. Para quienes no se conformaran con esta decisión, la ley señalaba la posibilidad de apelación ante el Juez de Primera Instancia de la provincia dentro del plazo de quince días. Si se determinaba que el solicitante sabía leer y escribir, el juez ordenaba al registrador a proceder con la inscripción, extendiendo una constancia de la resolución judicial al dorso de la partida original y de cada boleta (Art. 45 y 46).

Finalmente, se incluyó de manera específica un Título sobre los delitos, penas y procedimientos judiciales. A diferencia del Estatuto de 1949, que



solo comprendió dos artículos sobre esta materia: el Art. 27 sobre la aplicación del Código Penal en casos de falsedad de documentos para la inscripción u otorgamiento de la libreta electoral para sufragar y el Art. 45 sobre la aplicación del Código Penal por doble inscripción, la normativa de 1962 puso énfasis en castigar cualquier infracción relacionada con la mala administración y las inscripciones irregulares en el Registro Electoral del Perú. En un escenario en el cual los partidos políticos eran los principales promotores de la inscripción de los electores, el Registro Electoral se convirtió en un espacio vital para definir una elección con la inscripción de mayores electores provenientes de las canteras de las fuerzas políticas. Así, las inscripciones irregulares de analfabetos fueron uno de los principales delitos que se buscó eliminar.

La normativa estableció, de esta manera, que el que incurriera en falsedad al presentar los documentos requeridos o diera datos personales falsos para su inscripción en el Registro Electoral u obtuviera su inscripción sin reunir los requisitos o estuviera impedido de hacerlo, sería reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres y tendría una multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro. De la misma forma, el que hiciere en todo o en parte un documento falso o la adulteración de uno verdadero con el objetivo de obtener la inscripción, y el que utilice un documento falso o falsificado como si fuera legítimo sería reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres y tendría una multa no menor de cien soles oro ni mayor de un mil soles oro.

La inscripción más de una vez en el Registro Electoral también fue castigada con prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años e inhabilitación relativa con privación de derechos por el tiempo de privación de libertad. El impedimento de la inscripción o su obstrucción deliberada fue reprimido con prisión de no menos de un mes ni mayor de seis. El uso de violencia o amenazas subió la pena a no menos de un año ni mayor de tres. Asimismo, esta pena debía aplicarse a las personas que impedían la inscripción a varios ciudadanos con el objetivo de alterar los resultados de los procesos electorales.

La normativa hizo énfasis en el castigo a los registradores que cometiesen delitos. Así, el delito del Art. 338 del Código Penal fue penado con prisión



de no menos de un mes ni de más de un año y la inhabilitación conforme a los incisos 1 y 3 del Art. 27 del Código Penal por no menos de dos años. La alteración o falsificación de un registro electoral o su desaparición o destrucción se penó con prisión de no menos de un año ni mayor de tres y una multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro. En el caso de que el delito fuera cometido por el registrador electoral, la pena de prisión fue de no menos de dos años ni mayor de cinco e inhabilitación absoluta por diez años.

En el caso de los funcionarios o empleados del Registro Electoral que omitiesen realizar la depuración del registro, proporcionasen voluntariamente datos falsos en los documentos electorales o los adulterasen, el castigo era prisión de no menos de seis meses ni más de dos años y su inhabilitación no mayor de diez años. En el caso de que los culpables obrasen con el objetivo de alterar la exactitud de un proceso electoral, se estableció una pena de prisión no menor de dos años ni mayor de seis e inhabilitación absoluta por diez años. Mientras que, en el caso de que los culpables obrasen por negligencia, la pena de prisión sería no mayor de seis meses y la multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos.

Igualmente, los registradores electorales que extrajesen o permitieran extraer o entregasen los libros o documentos del Archivo Electoral fueron reprimidos con una pena de prisión de no menos de un año ni mayor de tres e inhabilitación absoluta por diez años. Esta misma pena se aplicó a la autoridad que ordenase la entrega o retiro de los documentos del Archivo General del Registro, además de quedar permanentemente inhabilitados para el desempeño de cargos electorales. Los registradores electorales que efectuaban inscripciones fuera del Registro y los ciudadanos que obtuviesen su inscripción de esta forma serían reprimidos con una pena no menor de seis meses ni mayor de dos años y una multa no menor de quinientos soles oro ni mayor de cinco mil soles oro. El registrador, además, era castigado con inhabilitación relativa no menor de cinco años. En el caso de los registradores que hubiesen efectuado más de diez inscripciones de esta forma informal, su pena fue la prisión por no menos de un año ni mayor de cinco y su inhabilitación absoluta por diez años, además de quedar permanentemente inhabilitados para el desempeño de cargos electorales.



Asimismo, los funcionarios o empleados de correos que retuviesen intencionalmente o hiciesen desaparecer los libros o demás documentos del Registro Electoral, que se remitían de un lugar a otro de la República, serían reprimidos de acuerdo al Art. 362 del Código Penal. Finalmente, en el caso de los funcionarios que no cumpliesen con las obligaciones establecidas debían ser penados según el Art. 338 del Código Penal.

5. El Estatuto Electoral de 1962El Estatuto Electoral promulgado a través de del Decreto Ley Nº 14250 fue el cuerpo normativo para la organización de las elecciones políticas, los órganos del poder electoral y los partidos políticos. Fue elaborado por la Comisión Jurídica Especial que había elaborado también la normativa del Registro Electoral del Perú. El proyecto de ley del Estatuto Electoral, de la misma manera que el proyecto de ley del Registro Electoral del Perú, fue puesto a consideración de la opinión pública y, finalmente, fue promulgado en diciembre de 1962. Dos aspectos que marcaron distancia respecto al estatuto electoral precedente fueron: la eliminación de la prohibición de participar a los partidos políticos de tendencia internacional, y la modificación de los requisitos para la inscripción de las candidaturas a la Presidencia.

La proscripción de fuerzas políticas vinculadas con partidos internacio-nales quedó establecida en el Estatuto Electoral de 1949 (Art. 7, 95, 96, 97 y 98) y había servido para prohibir la participación del APRA en las contiendas electorales. El nuevo estatuto en el lugar de los artículos que afectaban la participación política solo consideró incluir la denegatoria de inscripción a aquellos partidos con programas y actividades contrarias al régimen democrático, a la Constitución y a las leyes de la República (Art. 59). Sin embargo, las modificaciones más importantes fueron las vinculadas con los procedimientos electorales. Así, uno de los requisitos que se estableció para la inscripción de los candidatos a la Presidencia fue la presentación de no menos de cuarenta mil firmas de adherentes para el proceso de 1963 (Art. 252), cuando en el Estatuto de 1949 se pedían solo veinte mil; y de no menos de sesenta mil para las futuras elecciones (Art. 73). Finalmente, los plazos establecidos para las inscripciones de las candidaturas presidenciales también fueron modificados. Si antes se había



definido que estas debían realizarse setenta días antes de la elección y, anteriormente hasta treinta días antes, con el nuevo Estatuto la inscripción debía efectuarse 90 días antes de las elecciones con lo cual se limitaba el tiempo para el recojo de firmas de adherentes.

Estas modificaciones habrían afectado directamente la participación de los partidos políticos para las elecciones de 1963, pues su cumplimiento implicó una mayor logística al interior de estas organizaciones. En efecto, como se constató al final del proceso electoral, la cantidad de fuerzas políticas participantes se vieron reducidas a 4 cuando en el proceso anterior estas habían sumado 7. Solo los partidos más arraigados en la arena política pudieron cumplir con la inscripción: el Partido Aprista con Víctor Raúl Haya de la Torre, la Unión Nacional Odriísta con Manuel Odría y la alianza conformada por Acción Popular y el Demócrata Cristiano con Fernando Belaunde Terry como candidato. La única novedad fue la participación de la organización independiente Unión del Pueblo Peruano con Mario Samamé Boggio. Las fuerzas políticas que habían participado en el proceso anulado de 1962 y no pudieron presentarse fueron: el Frente de Liberación Nacional con César Pando Egúsquiza y el Movimiento Social Progresista con Alberto Ruiz Eldridge Rivera.

6. El proceso de incorporación de la población letrada al Registro Electoral

La búsqueda de profesionalización del Registro Electoral después de su implementación en 1962 cobró interés en la administración pública durante los siguientes años. La elaboración de instrumentos como la Cartilla de instrucciones para los registradores electorales de la República (Registro Electoral del Perú, 1962) da cuenta del esfuerzo por profesionalizar este procedimiento a través de herramientas que sirvieran para el mejor desempeño de los responsables de esta labor. La publicación en julio de 1968 de una renovada normativa: Cartilla de instrucciones sobre el procedimiento para realizar las inscripciones electorales (Registro Electoral del Perú, 1968) reforzó aún más el sentido de la búsqueda de un mejor desempeño de las actividades de corte electoral. Pedro Patrón Faura, director general del Registro Electoral del Perú, señalaba que esta publicación había sido elaborada basada en los Decretos Ley N° 14207 y



N° 16152, respectivamente, y el reglamento, “recopilando además las instrucciones y recomendaciones que continuamente le han enviado las autoridades del registro por oficio telegráficamente”.

La Cartilla era una publicación dirigida al “señor registrador electoral”; al respecto, Patrón señalaba:

Confiamos en que le sea útil y que le permita efectuar su importante y delicada labor de tanta responsabilidad con eficacia y sin errores. Así contribuirá usted a conservar el prestigio del Registro, en base a la pureza de los documentos electorales que se emplean y procurando en todo instante actuar en armonía con la ley, con amplio conocimiento de su trabajo y con absoluta honestidad e imparcialidad política; siempre al margen de interferencias extrañas al Registro Electoral del Perú, que es una institución integrante del Poder Electoral, el cual es autónomo por mandato expreso del artículo 88 de la Constitución del Estado. (Registro Electoral del Perú, 1968).

La Cartilla fue una herramienta de suma importancia para el registrador electoral. Contemplaba once capítulos en los que abordaba detenidamente los requisitos establecidos según ley para proceder con la inscripción así como las causales que impedían este registro, y el procedimiento mismo de inscripción. Los procedimientos eran detallados y acompañados con sus respectivos “Ejemplos” para que el registrador tuviera un mejor alcance al momento de ejercer sus funciones. Así, el capítulo cuarto titulado De la inscripción y plazo para ejercitarla, señalaba la norma referente a la obligación de la inscripción en el Registro y su respectivo ejemplo:

La obligación de inscribirse nace el mismo día en que el ciudadano queda comprendido en la Ley 14207 y su Reglamento; y el plazo para inscribirse sin pago de multa se cuenta a partir del día siguiente. Ejemplo: El ciudadano Juan Pérez Torres cumple 21 años el día miércoles 10 de noviembre de 1965, ese mismo día si se presenta al Registro puede ser inscrito, pero el plazo de noventa (90) días se cuenta desde el día jueves 11 de dicho mes y año. (Registro Electoral del Perú, 1968, p. 4)

Además de los ejemplos, la cartilla incluía una sección de “Explicaciones” en la que se añadían especificaciones para la comprensión de algunos



documentos y procedimientos requeridos para la inscripción. Así, el capítulo quinto Documentos válidos para la inscripción de las mujeres mayores de 21 años solteras, contenía el llamado de la Explicación respectiva que debía buscarse al final del documento:

Para las mujeres nacidas con posterioridad al 14 de noviembre de 1936: copia certificada de la partida de nacimiento otorgada únicamente por la municipalidad o fotocopia expedida y debidamente certificada por la misma autoridad municipal; (ver Explicación N.º 27, pág. 40). (Registro Electoral del Perú, 1968, p. 13)

En efecto, la referida Explicación inserta en la sección final señalaba:

Explicación N.º27.- El 14 de noviembre de 1936 entró en vigencia (funciones) el Código Civil que creaba entre otras Instituciones los Registros del Estado Civil y ordenaba que los nacimientos se inscribieran obligatoriamente en este Registro. Por este motivo es que se les obliga a presentar la Partida de Nacimiento del Registro del Estado Civil… (Registro Electoral del Perú, 1968)

La explicación precisaba, además, que existían dos casos especiales que marcaban la excepción de la presentación de la partida de nacimiento: ante la ausencia de registros del Estado Civil en los distritos y cuando estos registros se hubieran perdido por catástrofes, en estos casos tenía validez la partida de bautismo legalizada, previa certificación. La información que contenían las Explicaciones era necesaria dada la multiplicidad de casos que se presentaban al momento de la inscripción y frente a los cuales el registrador tenía que actuar a la brevedad.

La suspensión de los procesos electorales tras el golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968, sin embargo, no interrumpió las funciones del Registro Electoral del Perú. En 1972 el registro en la provincia de Lima y Callao se realizaba en 14 oficinas que atendían a diversos distritos:

- Lima: Lima Cercado, Santa Rosa y Ancón;- La Victoria: La Victoria, La Molina, San Luis y Ate;- Jesús María: Jesús María, Breña, Magdalena del Mar, Pueblo

Libre y San Miguel;



- Miraflores: Miraflores, San Isidro, Chorrillos, Cieneguilla, Barranco y Santiago de Surco;

- Rímac: Rímac, San Juan de Lurigancho, (Barriadas Tres Compuertas, Leticia, Zárate, Campoy y Canto Grande);

- Surquillo: Surquillo, San Juan de Miraflores, Villa Maria del Triunfo, Ciudad de Dios y Atocongo;

- San Martín de Porras: San Martín de Porras y Puente Piedra;

- Comas: Comas, Carabayllo e Independencia;

- Lince: Lince;

- Lurigancho: Lurigancho y Chaclacayo;

- Lurín: Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Santa María del Mar;

- El Agustino: El Agustino, Siete de Octubre, Cerro San Pedro, Vicentelo Alto y Bajo, y Atarjea;

- Callao: Callao Cercado, La Punta, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua Reynoso y Ventanilla;

- Villa El Salvador: atiende a los del lugar.

De acuerdo con el reporte elaborado por el Departamento de Pla-neamiento, Estadística y Publicaciones del Registro Electoral del Perú Población electoral del Perú. Año 1976 (Registro Electoral del Perú, 1977, p. 1) al 31 de diciembre de 1976 existían 3 911 428 inscripciones válidas en la República. Este panorama indicaba un crecimiento notable de la población electoral con respecto a años anteriores y, específicamente, con respecto a la última elección general realizada en 1963 cuando se implementó la normativa conducente a modernizar el sistema electoral.

La población electoral mantuvo una notable tendencia al crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con el gráfico 1, de tener en 1950 una población de 775 862 electores, compuesta netamente por varones letrados, —dado el carácter exclusivo del derecho al voto para este sector—, el Perú pasó a tener hacia 1956, 1 575 741 electores. Este



crecimiento, producto de la inclusión de las mujeres letradas cuyos votos representaron el 33,73% de la población electoral, se mantuvo en los siguientes años. En 1962, cuando se produjeron las elecciones generales que fueron anuladas tras la intervención de las Fuerzas Armadas, el electorado sumaba 2 222 926. Sin embargo, un año después con la reforma electoral y la entrada en vigencia del Registro Electoral del Perú y del nuevo Estatuto Electoral, la población electoral descendió a 2 070 718, mientras que la población en general mantuvo su tendencia al crecimiento llegando a 10 825 811 habitantes. La explicación del descenso del número de electores estaría vinculada con la entrada en vigencia de las nuevas normas electorales que, al parecer, habrían sido eficientes al momento de su aplicación, de manera que hicieron posible anular 152 208 inscripciones que, por alguna de las causales señaladas en la normativa, no se ajustaban a la ley. El número de inscripciones, sin embargo, retomó su crecimiento y hacia 1972 se llegó a los 3 132 099 inscritos y tres años después se alcanzó los 3 699 174, es decir, casi la cuarta parte de la población total del país.

Figura 1. Evolución de la población nacional y electoral, 1950-1980. Fuente: INEI, 2001; JNE, 2017.

Hacia fines de 1975, de acuerdo con el cuadro 1, los departamentos con mayor población electoral estaban en la costa: Lima contaba con 1 533 173 inscritos, La Libertad con 203 474, y Piura con 181 727, mientras que en la sierra sur figuraba Arequipa con 195 641 y en la sierra central, Junín con 185 820



electores. La notable cantidad de población electoral en Junín está vinculada con el proceso de modernización rural que atravesó el Valle del Mantaro. De acuerdo con Klaren, esta zona fue una de las regiones que experimentó un “despertar comercial” entre las décadas de 1950 y 1960 producto del crecimiento económico por el alza de las exportaciones (Klaren, 2004, p. 377). Junín era una región conectada a Lima y a la costa central a través de su capital Huancayo, que creció de 27 000 habitantes en 1940 a 64 000 en 1961. Su burguesía rural conformada por comerciantes, artesanos, burócratas, pequeños y medianos agricultores y pobladores de los pueblos pequeños y ciudades medianas, fue la más beneficiada por este crecimiento, lo que se trasluce en el incremento de electores que de 130 545 en 1967 pasaron a 194 813 en 1976.

Tabla 1. Población electoral por departamentos, 1975.

Departamentos Inscritos válidos Departamentos Inscritos válidos

1 Amazonas 35 684 13 La Libertad 203 474

2 Ancash 151 060 14 Lambayeque 133 539

3 Apurimac 28 799 15 Lima 1 533 173

4 Arequipa 195 641 16 Loreto 103 809

5 Ayacucho 55 440 17 Madre de Dios 4971

6 Cajamarca 132 359 18 Moquegua 23 006

7 Callao 149 141 19 Pasco 35 632

8 Cusco 100 944 20 Piura 181 727

9 Huancavelica 36 512 21 Puno 105 787

10 Huánuco 62 814 22 San Martín 48 907

11 Ica 133 268 23 Tacna 35 529

12 Junín 185 820 24 Tumbes 22 138

Fuente: Registro Electoral del Perú, [1976].

La expansión de la ciudadanía durante las décadas de 1960 y 1970 fue posible gracias al avance de la alfabetización. El analfabetismo, en efecto, de acuerdo con la tabla 2, decreció durante estas décadas aunque en cifras relativas. De haber existido un 60% de analfabetos de quince años a más hacia 1940 a nivel nacional, este descendió al 18% según las cifras del censo de 1981. Lo mismo se apreció en los departamentos de Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Junín. No obstante, en términos absolutos el



número de analfabetos, como señala la figura 2, se incrementó en 1961 con respecto a 1940 y descendió en 1972 a la misma cantidad de 1940. El descenso más notable se verificó recién en 1981.

Tabla 2. Porcentaje de analfabetismo de 15 años a más por departamento, según censos nacionales de 1940, 1961, 1972, 1981.

Departamentos 1940 1961 1972 1981

Arequipa 40 25 17 11

Junín 61 37 28 19

La Libertad 53 36 26 18

Lima 18 10 7 5

Piura 87 43 33 22

República 60 39 27 18

Elaboración propia. Fuente: Contreras, 2014.

Figura 2. Evolución de la población analfabeta de 15 años a más a nivel nacional, 1940-1980.

Fuente: INEI, 1995; Rivero, 1979.

La reforma general de educación del régimen militar promulgada a través de Decreto Ley Nº 19326, del 21 de marzo de 1972, en ese sentido abordó esta problemática de manera puntual, diseñando una estrategia que fue de la mano con la educación formal. Se trató de programas de promoción educativa para las áreas rurales que debían servir, especialmente, para reducir el analfabetismo. Al respecto, y en los casos que fuera necesario, se planteó el uso de la respectiva lengua vernácula para facilitar el proceso de



alfabetización y de castellanización, y para la conservación y comunicación de los auténticos valores de la cultura local (Art. 246).

Este tipo de formación denominada educación no formal incluía “todas las demás formas de aprendizaje que se dan en la sociedad fuera de instituciones educativas especializadas” (Rivero, 1979, p. 13). Su rasgo característico fue tener como ámbito fundamental a la población adulta aunque no excluía la posibilidad de impartirla también a niños y jóvenes, en función de otros centros de interés (Rivero, 1979, p. 14). Dos de los programas de educación no formal fueron el Programa de Alfabetización Integral (ALFIN) destinado a la población fundamentalmente indígena con índices de precariedad casi absoluta, y el Programa de Servicios Educativos en Áreas Rurales (SEAR), que respondía como apoyo del sector educación a organizaciones campesinas surgidas por efecto de la Reforma Agraria (Rivero, 1979, p. 35). El Programa de Alfabetización Integral se puso en marcha en 1973:

El término ‘integral’ se debe a que con la alfabetización propuesta se trataba de reunir los siguientes componentes básicos: aprendizaje de la lectura y escritura fundado sobre bases teóricas y metodológicas que posibiliten una rápida adquisición de los mecanismos de simbolización correspondientes; refuerzo de las técnicas de escritura y lectura aprendidas, a través del ejercicio y de un proceso de seguimiento y ampliación del aprendizaje; estimulación del alfabetizando para la toma de conciencia crítica de su realidad y para la adopción de un compromiso social en el proceso de transformación de su sociedad; vinculación estrecha del aprendizaje de la lectura y escritura con proyectos y programas de desarrollo que a nivel local, regional o nacional, comprometen la existencia del alfabetizando. En suma, la alfabetización era integral al conectar diversos elementos educativos y sociales que constituyen otras tantas dimensiones de la alfabetización. (Rivero, 1979, p. 37).

La demanda de alfabetización no fue, sin embargo, una preocupación única o exclusiva del Estado, sino que también formó parte de las demandas sociales y políticas vinculadas a los partidos y movimientos intelectuales de derecha y de izquierda, a los que les preocupaba incorporar la mayor cantidad de votos y de votantes letrados dentro de los limitados marcos de la ciudadanía y la competencia electoral, que en ese periodo se



identificaba con lo urbano, occidental y, hasta 1955, con lo masculino. En ese contexto, la expansión (o explosión) demográfica impuso sus propias reglas de juego, basadas en las oportunidades que daba la ampliación de un mercado electoral cada vez más creciente pero desconectado de los partidos políticos oficiales, sobre todo en las áreas rurales o en las nacientes zonas urbano marginales. En ese escenario, no deja de ser notable cómo partidos de declarada factura revolucionaria, como el Partido Obrero Revolucionario (POR) de orientación trotskista, vio en esta oportunidad la necesidad de enlazar las demandas de un campesinado hambriento de tierras y de reforma agraria con las demandas del derecho al voto (Moreno, 2016, p. 3). Esta estrategia, desarrollada en un contexto de auge de la lucha armada y guerrillas que buscaban derrocar a los regímenes oligárquicos bajo la inspiración de la Revolución Cubana, no trastocó, obviamente, lo esencial del proyecto ciudadanizador, que fue integrar a la población emergente a través del Registro Electoral, dentro de los ámbitos jurídicos administrativos del dominio gubernamental estatal, garantizando, en última instancia, un control ordenado de la institucionalidad electoral y, con ello, la preservación y reproducción de la democracia representativa.

7. El registro de la población iletrada Si bien la población analfabeta o iletrada fue un sector excluido del Registro Electoral desde la reforma de 1896 y no contaba con la Libreta Electoral ni con un registro específico en el cual inscribirse, el Estado tenía conocimiento, a través de los censos de población, de su cantidad en el país, de ahí que tuviese la necesidad de diseñar programas de alfabetización para contrarrestar esta problemática que afectaba más a los departamentos de la sierra, como lo había demostrado el último censo realizado durante el régimen velasquista en junio de 1972. En esa línea, precisamente, la ley de reforma de la educación, promulgada a inicios del mismo año, planteó abordar estrategias para atender el estado de la educación y combatir el analfabetismo. Tres años más tarde, durante la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, se incluyó dentro del plan de gobierno, conocido como “Túpac Amaru”, el tema “Población”. La necesidad de “Establecer la identificación civil obligatoria para una mejor evaluación poblacional” llevó al régimen militar a crear el Registro de Identificación de los Ciudadanos que no sabían leer



y escribir (Decreto Ley n.º 22379, del 12 de diciembre de 1978), conocido como Registro de Identificación de Analfabetos (RIA), y a la expedición de la Tarjeta Rosada o Tarjeta RIA como documento de identificación.

La identificación del iletrado como “ciudadano” cobró visibilidad durante estas décadas pues la ciudadanía, que hasta la primera mitad del siglo XX había sido entendida como la capacidad de votar exclusiva de la población letrada, empezó a ser inclusiva frente a la población iletrada que crecía cuantitativa y cualitativamente, de manera que ya era considerada dentro de la política de Estado que buscaba completar el registro poblacional del país. Como se ha señalado, el desconocimiento de quiénes conformaban ese importante segmento de población analfabeta que se sabía existente en el país, a través del último censo de población de 1972, creó la necesidad en el Estado de organizar este Registro de manera “que coadyuve al logro de los objetivos señalados para el área social y que sirva de base a futuros requerimientos de orden legal”. De ahí que la inscripción en el Registro de Identificación fuera obligatoria para toda la población que no supiera leer ni escribir en ningún idioma o dialecto, a partir de los 18 años de edad y que la omisión a la inscripción quedara sancionada con S/. 200.00 de multa (Segura y Valladares, 2019).

De este modo, el registro de las personas analfabetas que eran contabilizadas en los censos, —pero no contaban con algún medio de control e identificación que indicara por lo menos su existencia para el Estado—, se hizo parte de una necesidad perentoria para su integración más rápida con el resto de ciudadanos reales del país (López, 1997). Este desconocimiento de hecho fue un problema grave en la medida que sus nefastas consecuencias se sintieron durante el periodo del conflicto armado interno de 1980 al 2000, pues una alta proporción de víctimas asesinadas o desaparecidas en las áreas rurales altoandinas o amazónicas fue parte de poblaciones que no tenían, además de mayor grado de instrucción, un documento que las identificara en las zonas de emergencia (Degregori, 2014; Reniec-Ideele, 2011)4.

4 O que, en su defecto, pudiendo estar registradas no conservaban sus libretas electorales, partidas de nacimiento o de bautizo, ni libretas militares, que no estaban exentas tampoco de errores cometidos al momento de la consignación de datos en algunos de esos registros. En este sentido, no se puede soslayar otro dato relevante: eran las mujeres las que se hallaban en una mayor proporción en un estado de inexistencia legal y de indocumentación crónica.



El Registro de Identificación para analfabetos se organizó bajo la dirección del Jurado Nacional de Elecciones, que dictó disposiciones referentes para la inscripción, las impugnaciones, la depuración y las sanciones respectivas. Se estipuló también que los ministerios de Educación, del Interior, de Guerra, de Marina, de Aeronáutica, de Agricultura y Alimentación, de Transporte y Comunicaciones, y el Instituto Nacional de Estadística debían prestar apoyo al JNE para la formación, organización y funcionamiento del Registro de Identificación (Segura y Valladares, 2019).

Estas medidas fueron publicadas el 16 de enero de 1979 bajo el título Disposiciones Legales sobre el Registro de Identificación de los Ciudadanos que no sepan leer y escribir (JNE, 1979ª). La inscripción del ciudadano analfabeto se podía acreditar con:

- Copia certificada de la partida de nacimiento o de matrimonio otorgada por el Registro Civil o de nacimiento otorgada por los agentes municipales de las comunidades nativas o de las comunidades campesinas, en su caso.

- Copia legalizada de la partida de bautismo o de matrimonio religioso.

- Boleta de inscripción en el Registro Militar.

- Libreta de inscripción en el servicio militar.

Además, era necesario presentar cinco fotografías tipo carnet y, para hacer válida la inscripción, era indispensable contar con las impresiones dactilares. Una vez inscrito, el ciudadano obtenía su respectiva credencial de analfabeto elaborada de cartulina valorada de color rosado. Era una tarjeta de dos cuerpos que contenía en el anverso en letras en miniatura el texto del Decreto Ley n.° 22379, el sello y firma del registrador, la huella dactilar y fotografía del inscrito y un sello del registro de identificación del JNE sobre la fotografía como medida de seguridad (Barrera y Dávila, 2015, p.191).

El Registro fue abierto el 2 de abril de 1979 y su apertura fue anunciada en algunos diarios que hicieron énfasis en la obligatoriedad del registro (El Comercio, 18 de abril de 1979). Para llevar a cabo este proceso, el JNE publicó la Cartilla de Instrucciones para los Registradores del Registro de Identificación de los ciudadanos que no sepan leer y escribir (JNE,



1979b). Este documento especificaba el procedimiento que debía seguir el personal encargado de registrar a los “peruanos, varones y mujeres” que no sabían leer ni escribir, a partir de los 18 años de edad. Era un instructivo que señalaba los documentos requeridos para la inscripción, especificaba quiénes no podían ser parte de él, así como los plazos y las sanciones (Segura y Valladares, 2019).

La elaboración de este registro de carácter civil fue esencial para el desarrollo de las elecciones generales del domingo 18 mayo de 1980 cuando se reintegró a la población analfabeta al padrón electoral. El Registro de Identificación estuvo vigente hasta el 15 de junio de 1984, cuando fue integrado al Registro Electoral del Perú después de que el Estado dispusiese la inscripción “en un solo registro, de todos los peruanos que conforme a ley corresponde ejercer el derecho de sufragio” (Decreto Supremo n.º 024). Segura y Valladares (2019) han establecido entonces que:

… dadas las características bajo las cuales se hizo este registro, —teniendo como eje de elaboración la integración de un sector que probablemente no había tenido, en muchos casos, un contacto directo y formal con el Estado y su administración pública civil—, […] era la primera vez que se establecía, en casi un siglo, un contacto inclusivo con el Estado. En cierto modo, una normativa de este tipo significó una revolución en el ámbito del registro de ciudadanos y una apertura en la conciencia de los individuos de la existencia del Estado en su vida cotidiana.

De acuerdo con Segura y Valladares es cierto que en el contexto de la ruptura del régimen oligárquico el Estado pretendió ser al mismo tiempo más inclusivo, sin embargo, este buscó también regular a una población que se concentraba en áreas rurales y marginales de las ciudades. Para los nuevos ciudadanos iletrados e iletradas registrados, esto significó tener más conciencia de sus vínculos legales y formales con el Estado y, a través de él, con la nación. El trasfondo irónico de este proceso fue que, justo cuando empezaba a funcionar como el sistema electoral más inclusivo de la historia peruana, se dio también el estallido del conflicto armado interno que ensangrentaría al país, retrasando por una década y media más el proceso de inclusión ciudadano electoral.



8. ConclusionesFrente a los enfoques que consideran que la expansión de derechos electorales ha emergido de los procesos demográficos, migratorios y urbanizadores, —marcados por la alfabetización y los movimientos sociales y políticos impulsados por partidos y movimientos sociales reformistas—, también es posible agregar que, en buena parte, esta respondió al interés por construir regímenes de gobierno mediados por la compleja relación entre personas y grupos excluidos de derechos y los instrumentos y medios que intentaban, precisamente, su incorporación o imbricación en los mecanismos jurídicos y administrativos del Estado. Esto se materializó mejor en el Registro Electoral que tradujo, de alguna forma, la gubernamentalidad empleada por los militares, en la construcción de ciudadanos por la vía del derecho al voto durante 1960 y 1980.

En buena parte, esta construcción del registro electoral estuvo condicionada por varios factores. El primero tiene que ver con los procesos de movilización rural campesina, cuyas demandas condujeron al gobierno a medidas como la reforma agraria y abrieron el espacio para la realización de más reformas, pero también a la demanda del derecho al voto entre los partidos políticos de derecha e izquierda, que buscaban captar electores entre la creciente población del campo y la ciudad, que iba alcanzando, a su vez y gradualmente, su inclusión política a través de derechos hasta ese momento bloqueados.

En otro nivel está el papel que desempeñó la política y la diplomacia internacional dominada por el fenómeno de la Guerra Fría y marcada por el miedo al comunismo internacional desde el triunfo de la Revolución cubana y la expulsión de Cuba del concierto de naciones “democráticas” americanas. Este sentimiento de amenaza, particularmente presente entre los sectores militares que gobernaron el país en esas casi dos décadas, se acrecentó, además, por la fuerte presencia de partidos como el aprista o de tintes revolucionarios como el comunista, el trotskista y los guerrilleros de 1965, de manera que empujó al Perú a asumir posturas más inclusivas en materia de derechos electorales, mediante la inscripción del creciente electorado que iba accediendo a la alfabetización y, con ello, a una mayor conciencia de la adquisición del derecho al voto, al punto



tal que partidos como el Comunista del Perú o el Obrero Revolucionario (POR) trotskista veían en esta dinámica una oportunidad para captar más adherentes a sus causas revolucionarias. En el caso de los militares, la estrategia resultó más patente en la medida en que veían que, de alguna manera, la inclusión electoral contrarrestaría la amenaza comunista. De este modo, la promoción de la democracia electoral y la construcción de un Registro Electoral que incorporara a los nuevos votantes habidos en el Perú impedirían la difusión del comunismo revolucionario o, en su defecto, lo domesticaría.

La construcción del Registro Electoral, si bien suponía conservar el carácter exclusivo y excluyente del ejercicio del derecho de ciudadanía frente a los analfabetos y, en buena parte, para las mujeres letradas de los sectores más pobres, supuso también la constatación de las insuficiencias que tuvo el Estado para reconocer la realidad de poblaciones que emergían de los procesos demográficos, migratorios y de reciente alfabetización, e incorporarlas plenamente como sujetos con derecho al voto. Había la necesidad de elaborar un Registro Electoral con información suficientemente verídica de las capacidades de la población inscrita y sumamente actualizado. De alguna manera, la expansión del Registro Electoral supuso mayores controles para afrontar filtraciones indeseadas de electores que no cumplían los requisitos para estar habilitados en el ejercicio del voto.

Más allá de las consideraciones de exclusividad que regían la mentalidad de las elites gobernantes, estaba de por medio el control del mercado electoral, colonizado en buena parte por partidos políticos que alteraban la cantidad de votantes y su voluntad mediante mecanismos de clientelaje. Para los militares, esto fue un problema de fondo, sobre todo durante las elecciones de 1962, cuando vieron el peligro que representaba la llegada del partido aprista al poder, aliado en ese momento con la oligarquía, pues suponía un riesgo para las reformas que debían modernizar al país. Esto explica por qué en ese escenario no era suficiente ser un ciudadano inscrito con derecho al voto, sino también demostrar in situ que se tenía las habilidades letradas y, de no tenerlas, castigar a aquellos que se atrevían a transgredir la norma inscribiéndose falsamente como alfabetizados. Además, para amenguar la influencia de partidos políticos



como el APRA, la norma pasó a exigir que demostraran su capacidad de apoyo electoral legítimo antes de ir a las urnas. Así, para constatar y dar fe del respaldo de la ciudadanía letrada y responsable, se exigió a los partidos un mayor número de firmas de adherentes. De esta manera se profundizó la exigencia del cumplimiento de la normativa hasta las instancias más individuales, interiorizando un sentido de honestidad, veracidad y moralidad en el electorado. Se estaba construyendo de este modo una gubernamentalidad en el sentido foucaltiano del término.

Aun así, se puede observar que los avances no fueron suficientes para los gobiernos militares de 1962 y 1968. Puesto que los analfabetos en tanto población excluida aún del derecho al voto podían ser influidos por los partidos políticos tradicionales y de la izquierda revolucionaria, los militares consideraban que debían actuar rápido para acortar la transición del estado de iletrado al de letrado. En ese contexto, la organización de un registro diferente al electoral pero complementario a este permitió conocer la cantidad y situación de esa población iletrada con miras a acelerar su ingreso al dominio jurídico y administrativo gubernamental. En este sentido, podemos entender cómo el registro electoral y el registro de iletrados se complementaban en una misma política de control, basada en el gobierno de las complejas relaciones de los hombres y las cosas, llamado también gubernamentalidad.

Así se desarrollaba el proyecto de construcción del dominio estatal en el plano del registro electoral hasta su prueba de fuego en las elecciones generales de 1980 y junto a él, se iniciaba el conflicto armado interno que retrasaría por quince años la elaboración de un registro electoral más acorde con las transformaciones sociales y estructurales de la segunda mitad del siglo XX.

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Sobre los autores

Odalis Valladares Chamorro es historiadora por la UNMSM, magíster en Historia por El Colegio de México y candidata a doctora en Historia por la misma institución. Se desempeñó como analista en temas electorales en el Reniec (2018-2019).


Mario Meza Bazán es historiador por la UNMSM, magíster en Antropología por la misma universidad y doctor en Historia por El Colegio de México. Actualmente, es investigador del Lugar de la Memoria (LUM) y docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Recibido: 11/10/19




Camino a la paridad y la alternancia. Hacia la representación más equitativa vista en el Congreso de la República en el Perú

Road to parity and alternation. Towards the most equitable representation seen in the Peruvian Congress

Jacqueline Minaya Rodríguez ResumenEl padrón electoral, instrumento que registra a los ciudadanos electores, revela que el Perú está compuesto por el 50,36% (12 488 163) de mujeres y el 49,64% (12 311 221) de hombres, es decir, las mujeres constituyen la mayoría para las próximas elecciones, mostrando un equilibrio numérico entre ciudadanos y ciudadanas, tendencia numérica iniciada hace varios años. Sin embargo, dicha equidad numérica no está reflejada en los cargos ocupados por mujeres en el Congreso, nunca ha llegado ni al 30%, cuota de género mínima que el Estado ha establecido como mecanismo de acción afirmativa. Como reajuste a la subrepresentación femenina, este año, 2019, el Congreso aprobó la alternancia y cuotas de género de incremento gradual camino a la paridad a ser aplicada desde las elecciones de 2021. Este artículo muestra los alcances de la cuota de género a nivel latinoamericano y nacional para elecciones congresales por ser este uno de los campos de representación política más relevantes. Así mismo, el artículo pone en el centro la cuestión actual sobre la paridad y la alternancia, remarca sus potencialidades para la igualdad de oportunidades de representación y señala algunos de los desafíos a tomar en cuenta para el Perú en miras a una democracia más saludable y equitativa.Palabras claveCuotas, igualdad de oportunidad, democracia, paridad y alternancia.

AbstractThe electoral roll, an instrument that registers electing citizens, reveals that Peru is made up of 50.36% (12,488,163) of women and 49.64% (12,311,221) of men, that is, women represent the majority for the next elections, showing a numerical balance between citizens, a numerical trend started several years ago. However, said numerical equity is nor reflected


Jacqueline Minaya Rodríguez

in the positions held by women in Congress, it has never reached 30%, a minimum gender quota that the State has established as an affirmative action mechanism. As a readjustment to women´s underrepresentation, this 2019 Congress evaluates the alternation and gender quotas of gradual increase in the way to parity to be applied since the 2021 elections. This article shows the achievements of the gender quota at the Latin American and national level for congressional elections for being this one of the most relevant fields of political representation. Likewise, the article puts at the center the current issue on parity and alternation, highlights its potential for equal representation opportunities and points out some of the challenges to be taken into account for Peru in view of a healthier and more equitable democracy.KeywordsQuotas, equal opportunity, democracy, parity and alternation.

1. IntroducciónSegún la legislación aprobada en julio de 2019, en el año 2031, además de alternancia en las listas de partidos (la ubicación intercalada hombre, mujer o mujer, hombre de inicio a fin de la lista), contaremos con paridad (50% de hombres y 50% de mujeres) para asumir cargos de representación popular surgidos en elecciones democráticas. La cuota de género es uno de los instrumentos igualadores de oportunidad política que están siendo asumidos por países de la región latinoamericana, siendo México (42,48%, elecciones 2015) y Bolivia (53,2% elecciones 2015) los más exitosos desde su implementación en el Parlamento.

Por otro lado, durante muchas décadas, la población de hombres y mujeres estuvo casi siempre equiparada numéricamente, pero no sucedía lo mismo con los derechos sociales como a la ciudadanía y a la educación o derechos políticos como el derecho al sufragio y a ejercer cargos políticos bajo elecciones. Sin embargo, y como respuesta a la brecha de representación, durante las décadas de los años 90 y 2000 han sido las leyes de cuotas, principalmente en el Parlamento, las que más han sido experimentadas en países de Latinoamérica para cargos políticos surgidos de elecciones. El Perú no estaba exento a la problemática de la subrrepresentación de la mujer en cargos de representación como el Parlamento. Así lo demuestra el padrón electoral, preparado y actualizado por el Reniec, que en el marco de



las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 señala que de un total de 24 799 384 electores, 50,36% son mujeres habilitadas para sufragar.

En las siguientes páginas presentaremos un panorama general sobre la experiencia latinoamericana y la peruana, respecto a la ley de cuotas de género iniciada en los años 90 y reformulada en los 2000, así como la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia como mecanismo novedoso de acción afirmativa del cual el Perú será parte desde las Elecciones Generales 2021. El trabajo prioriza la observación hacia el Congreso de la República por ser uno de los campos de representación política de gran importancia, y por estar presentes en el imaginario de la ciudadanía al referirse a representación. Junto a ello, buscamos presentar algunos de los alcances prometedores de la paridad y la alternancia, pero también buscamos vislumbrar algunos mecanismos de control y vigilancia a tener en cuenta para que sea debidamente asumido, poniendo en relieve no solo la labor normativa y de acción estatal, sino también desde las tareas de nuestra cultura política como ciudadanos y ciudadanas.

El trabajo está divido de la siguiente manera. Primero daremos una mirada general a la noción de democracia, y junto a esta, veremos que, en su real aplicación, la democracia está impregnada de algunas barreras de representación. El segundo apartado muestra la experiencia latinoamericana y peruana de las cuotas de género en sus tres momentos de implementación, reconociendo algunas lecciones a considerar de cara a la paridad y la alternancia. En la tercera parte mostraremos, precisamente, el momento que el Perú está a punto de vivir: la Ley de Paridad y Alternancia, aprobada por el Congreso en el 2019. Observaremos los detalles generales de la ley y las características que traen sus disposiciones. En el penúltimo apartado, señalaremos algunas advertencias de camino a la paridad y alternancia, vistas en otros países y desde experiencias recogidas por la academia. Finalmente, daremos cuenta de la necesidad de ajustes a las normativas e instrumentos de implementación, pero también de compromiso, tanto de los partidos políticos como de las ciudadanas y ciudadanos en sus distintos campos.

2. Democracia representativa, pero con barrerasLa democracia representativa supone la correcta representación de la voluntad de los ciudadanos bajo el sistema de elecciones como delegación del poder. Su legitimidad está basada en los sistemas electorales, siendo



que las elecciones implican una “técnica y método democrático de designación de representantes del pueblo” (Diccionario CAPEL).

Desde los componentes del sistema democrático, podemos mencionar: el respeto a la voluntad popular (previamente considerando elecciones limpias), el respeto a las libertades y derechos, la responsabilidad de los mandatarios elegidos y la observación ciudadana al proceso político (Dahl, 1989).

Además, las elecciones deben ser libres, limpias, igualitarias, frecuentes y con fechas legalmente establecidas siendo que esas condiciones mantengan las libertades civiles y políticas, y que los representantes tengan el espacio para ejercer su función, siempre bajo el control ciudadano (Bobbio (1985), Dahl (1989), Levistsky y Way (2002), O’ Donnell (2004), Sartori (2007)).

Al respecto, Dahl (1989) señala que una real democracia debe estar orientada hacia la poliarquía, es decir, hacia “el gobierno de muchos” (gobierno del pueblo) mediante mecanismos de representación y donde el Estado garantice la libertad de asociación, libre pensamiento, el derecho de competir en elecciones, las cuales deben ser periódicas, libres y justas; que además produzcan mandatos limitados y la existencia de instituciones vigilantes del voto y de otras expresiones de preferencia de representación política (Dahl, 1989).

Para tener un panorama más completo del sistema democrático basado en elecciones, es importante atender a los criterios politológicos sobre lo que el Estado establece, pero, además, es prioritario prestar atención a la dimensión histórica, cultural y social para evaluar la pertinencia o la necesidad de cambio de las disposiciones que el Estado rige para la democracia de la región latinoamericana y nacional. En efecto, entender la estructura patriarcal y machista de sociedades latinoamericanas, y por supuesto, la peruana, hace ampliar el panorama para dar cuenta de que la democracia “entre iguales” aún no ha sido posible, ya que en la práctica no todos son considerados como “iguales”.

Muchos países del mundo y en Latinoamérica han limitado seriamente sus democracias al no admitir a las mujeres como ciudadanas con derechos civiles, como la educación, y políticos, como el sufragio y la representación en cargos públicos.



La democracia necesita ampliarse, es decir, requiere ampliar las posibilidades para que el conjunto de ciudadanos y ciudadanas pueda participar en la disputa política en igualdad de condiciones (Jardim, 2004, p.182). Al respecto, Jardim señala que “la democracia que excluye es también un régimen dominado por una elite con mucha libertad en relación con la sociedad civil. (…) En ese contexto es muy difícil que los grupos excluidos - y el caso de las mujeres es ejemplar - pueda cambiar mediante instrumentos clásicos de representación, su condición de excluidos (lograr espacios en las listas partidarias y condiciones de igualdad de elección)” (Jardim, 2004, p. 180).

Desde la experiencia peruana respecto a la participación de las mujeres en la vida política oficial y, para efectos demostrativos desde nuestra historia, es preciso recordar el debate congresal sobre el voto femenino. En 1932, en un debate cargado de criterios machistas, el Congreso le dio un no absoluto al voto de la mujer en elecciones presidenciales y, negándose a declararla como ciudadana, tan solo el Parlamento le dio la posibilidad del voto en elecciones municipales, en tanto se consideraba al municipio como un espacio político “menos riesgoso” por estar más cerca a la comunidad y “no tan elevada” como una elección de carácter nacional (Minaya, 2019; Aguilar, 2002).

Con el tiempo, sin embargo, el Perú, como otros países del mundo y de la región, ha sido testigo de movimientos de mujeres que evidenciaron la desigualdad en la representación política, mellando la democracia representativa. Así, fue la presión de movimientos feministas con apoyo de entidades que hicieron presión para que los Estados impulsen su declaración como ciudadana y más adelante, el voto femenino.

Incluso para 1955, año en que el Parlamento declaró el voto femenino, en el contexto de un país oligárguico1, las mujeres eran consideradas como minoría a pesar que en número de población eran casi iguales, aunque con una tasa de analfabetas mucho mayor que la de los varones, y eran vistas

1 El voto femenino fue promovido por el presidente M. Odría guiado por cálculos populistas y electorales. El contexto internacional (economía, movimientos feministas, opinión de Organismos Internacionales) preparó el momento de la aceptación en el debate congresal. Ver Poulsen (2018); Miloslavich (2015); Minaya, Valladores y Morales (2019), entre otros.



como incapacitadas para la vida pública y política, pues, según la lógica machista, no tenían las habilidades “naturales” para ejercer la vida política.

Aunque con notorios avances en la democracia representativa, es decir, con igualdad de oportunidades, (en el caso de este estudio), entre hombres y mujeres para ejercer la vida política, es necesario aprender de nuestra historia y seguir acortando las brechas de representación. En efecto, las sociedades han sido históricamente de carácter patriarcal y esto ha dificultado el acceso de las mujeres a la política (Krook y Norris, 2014; Archenti y Tula, 2008: p. 188). En la actualidad, investigaciones muestran que existe más confianza en los liderazgos de los hombres que en los de las mujeres (Krook y Norris, 2014; D’Adamo et al. 2012); que hay cuestionamientos sobre la capacidad de mando y liderazgo de las mujeres (D’Adamo et al. 2008; Llanos y Sample, 2008).

3. Cuotas de género y su impacto en América Latina y el PerúPara hacer cumplir a cabalidad la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas en los comicios, los Estados cuentan con sistemas electorales especializados en distintos niveles, los cuales implican una serie de procedimientos complejos previos, durante y después del día de la votación, tales como el registro de electores, la inscripción de partidos políticos y candidatos, la elaboración de materiales y locales de votación, el proceso mismo de votación, el anuncio de resultados, entre otros.

En el Perú, el encargado del diseño y administración electoral es el Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En el marco de comicios, el Reniec se encarga de la elaboración y actualización del Padrón Electoral, documento que además de registrar a los ciudadanos hábiles para sufragar, sirve como “ventana” para evidenciar la cantidad de ciudadanos y ciudadanas en correspondencia con el nivel de representación política transparentada en campos políticos legislativos como el Congreso.

El Padrón Electoral fue aprobado por el JNE el 16 de noviembre de 2019 con miras a la las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 (Resolución 0190-2019-JNE), y muestra que la población total de personas aptas para votar es de 24 799 384 electores, dentro de las cuales,



un 50,36% son mujeres y un 49,64% son hombres; es decir, hay más mujeres que hombres habilitados para votar.

Tabla 1. Padrón Electoral por sexo para Elecciones Generales en primera vuelta.

Sexo / Año 2000 2001 2006 2011 2016 2020

Mujeres 50,14% 50,23% 49,84% 50,19% 50,37% 50,36%

Hombres 49,86% 49,77% 50,15% 49,81% 49,62% 49,64%

Fuente: Elaboración propia con datos del JNE-Infogob.

Como muestra la Tabla 12, la población de hombres y mujeres en edad de votar ha sido relativamente equitativa. Estas cifras han sido constantes desde elecciones anteriores. Sin embargo, dicha equidad numérica no está reflejada en los cargos ocupados por mujeres en el Congreso y otros campos legislativos y ejecutivos como gobiernos regionales y municipales. Según se muestra, del 2000 al 2019, las mujeres no han significado una minoría amplia (solo en 2006 alcanzaron un 49,84% según el padrón electoral), pero sí fueron relegadas históricamente, tal como ocurrió en otros países de América Latina.

El preámbulo más cercano a la ley de cuotas se encuentra entre los 80 y 90, años en los que, como reacción ante la desigualdad de oportunidades de representación política, durante años, varios movimientos feministas ejercieron presión social y acciones de información y coordinaciones regionales, a través de encuentros y foros3 en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, los cuales hicieron eco en organismos internacionales como la ONU, impulsando a que gobiernos de distintos países empiecen a aplicar estrategias concretas, siendo la ley de cuota de género la más implementada como impulsor de una ventana de oportunidad durante elecciones, a través de cuotas para las listas finales

2 No se encontraron cifras exactas del padrón electoral dividido por sexo para las elecciones generales de 1990 y las elecciones municipales de 1998.

3 Algunos de las conferencias mundiales sobre mujer fueron organizadas por la ONU en 1975 (México), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995).



de los partidos políticos. En ese sentido, la aplicación de cuotas de género significa la implementación de ajustes para una mejor democracia. Al respecto, Freidenberg define a las cuotas de género de la siguiente manera:

Las cuotas son reglas que provocan diferentes estructuras de oportunidad para la elección de las mujeres, en interacción con otros elementos del sistema político y la voluntad política de las élites y/o de la opinión pública favorables a la representación de las mujeres y a la igualdad entre los géneros. Los argumentos favorables pueden resumirse en los siguientes: a) es una cuestión de justicia, ya que la ausencia sistemática de las mujeres en las instituciones representativas es discriminatoria; b) es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la representación de las mujeres y sus puntos de vista en las decisiones; c) es una cuestión de derechos humanos (Gilas 2014), y d) es una manera de mejorar la calidad democrática, por el impacto en la legitimidad de las legislaturas (Krook 2014; Gilas 2014). (Freidenberg, 2017, p. 11)

En efecto y como veremos, la aplicación de las cuotas no ha sido suficiente y debe interactuar con otras acciones estatales, pero también sociales y culturales. Por su parte, Jardim (2004) señala que “la democracia debe asegurar el conjunto de derechos diferenciados para que las mujeres puedan vivir sus derechos políticos en las mismas condiciones que los hombres” (p. 190).

Visto temporalmente, en los últimos 30 años, los Estados han aplicado leyes de cuotas como dispositivo gradual para la igualdad de oportunidades, siendo el Congreso el campo de aplicación de cuotas con mayor incidencia. De este modo, más de 100 países tienen actualmente alguna política de cuotas, viviendo una suerte de veloz réplica especialmente durante los últimos 15 años, periodo en el que se instauró un 75% de dichas medidas.

Más específicamente, las cuotas de género son caminos de acción afirmativa como impulsor de soluciones institucionales en respuesta a las brechas de representación políticas que históricamente han puesto en desventaja a las mujeres, básicamente generadas desde nociones machistas y patriarcales. En esa dirección, las cuotas reflejan un sentido de justicia.



Así, las cuotas significan “medidas compensatorias y redistributivas que posibilitan una gradual inclusión en las diferentes instituciones representativas” (Freidenberg y Caminotti, 2014, p. 3). Muchos Estados a nivel mundial han asumido las cuotas de género para los Parlamentos y otros espacios de representación del voto popular, para lo cual han incorporado leyes electorales y/o reajustes en la Constitución para poder alterar el significado de la igualdad y representación respecto a los procesos de selección de candidatos (Krook, 2009).

La región latinoamericana vivió un intenso y revelador proceso de aplicación de las leyes de cuotas. Freidenberg y Lajas (2015) muestran este proceso en tres olas o momentos. El primer momento de instalación de acciones afirmativas traducidas en las cuotas de género en América Latina se inició en la década de los noventa, contexto que no estaba exento de los movimientos feministas en acción para lograr mayor democracia desde el equilibrio de poderes en espacios de representación política. Este primer momento, fue inaugurado por Argentina a través de la “Ley de cupos” aprobada en 1991. Luego de unos años, otros Estados de la región inauguraban normativas específicas sobre el porcentaje de género (cuotas) que debían tener los grupos candidatos para cargos de representación popular. Los porcentajes establecidos como mínimos de cuotas para las candidaturas congresales oscilaban entre un 20% y 30%.

Figura 1. Evolución de la participación de mujeres en el Congreso en países latinoamericanos con y sin cuota de género al 2008.

Fuente: Unión Interparlamentaria.

Vistos de manera comparativa, los países con la ley de cuotas lograron elevar el porcentaje de mujeres en el parlamento (Argentina, Brasil,



Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú y República Dominicana) en comparación con aquellos que no contaban con dicha norma de forma institucional (Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela). Sin embargo, la experiencia de esta primera etapa dejó ver algunos defectos clave, tanto en la formulación de la ley, como en la voluntad democrática de los partidos políticos. Por ello, los países evaluaron los alcances que las cuotas habían tenido hasta el momento, preguntándose si esta había logrado generar un equilibrio real entre hombres y mujeres, si bastaban como estrategia de igualdad de oportunidades políticas, o si había algo más que no se había calculado. Los analistas y los propios Estados cayeron en la cuenta que, tal como ocurría en muchos países de la región, uno de los problemas más evidentes era que los partidos colocaban a las mujeres postulantes en el último lugar de la lista de candidatos, sirviendo como “relleno” para acatar el mandato electoral. Junto con ello, se identificó que las leyes no estipulaban sanciones claras y fuertes a los partidos que incumplían con las cuotas (Archenti y Tula, 2014; Freidenberg y Lajas, 2015).

El Perú no estaba exento de casos similares. Así, la ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y la ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, aprobadas en 1997, establecían en conjunto la primera ley de cuotas en el Perú en la que se señalaba la obligatoriedad de la inclusión de no menos del 25% de mujeres y hombres en las listas para elecciones. A pesar de ello, muchos partidos “interpretaban” el mandato a su modo, y colocaban a las mujeres candidatas en la parte final de sus listas, siendo muy difícil que ganasen un cargo, dando amplia ventaja a los candidatos varones.

Así, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) observó los comicios municipales del Perú de 1998. Al respecto, la OEA señaló que “en algunos distritos, la colocación de mujeres candidatas en la mitad inferior de las listas ha demostrado que los partidos y agrupaciones políticas no han respetado a cabalidad las disposiciones legislativas que establecen lo relativo a la participación de mujeres en listas municipales” (1999, p. 50) y como recomendación dicho organismo señaló que el Estado debe “reglamentar las proposiciones relativas a cuotas de mujeres con el propósito de que la ubicación de las



candidatas en las listas haga posible que resulten electas” (1999, p. 50). Como vemos, el Perú y otros países de la región, dejaba en sus leyes espacios libres para el “escape” al cumplimiento democrático, es decir “no contemplaban un mandato de posición fuerte (Archenti y Tula 2013: 3). Así, el desequilibrio de oportunidades políticas no cambiaba sustancialmente.

El segundo momento de aplicación de las cuotas responde al balance y las lecciones que las leyes de las mismas estaban imprimiendo. En esa medida, como mecanismo de corrección, se incrementó el porcentaje exigido en las leyes electorales (Ecuador, 2009; Bolivia, 2010; México 2011), además del reforzamiento de la disposición a fin de reducir o poner coto a las fugas que eliminen “las válvulas de escape” a los partidos por el incumplimiento de la cuota o explicitando que las cuotas alcancen a los suplentes y no solo a los titulares de las listas (Freidenberg y Lajas, 2015, p. 6).

El Perú vivió su segunda etapa a través del incremento del porcentaje de cuota, con lo cual pasó de un 25% a un 30% de mujeres o varones en las listas de candidatos de elección masiva. Este incremento fue aplicado según la ley N° 27387 para elecciones en el Congreso (aprobado en el 2000); y según la ley N° 27683, para comicios regionales, modificado por la ley 29470 (aprobado en el 2009); y la ley 28869 para elecciones municipales (aprobado en el 2006). Se aplicó por primera vez en el 2000 y el número de mujeres parlamentarias se duplicó. Sin embargo, los vicios mencionados en el primer momento eran replicados en esta etapa casi de la misma forma, solo que ya no cumplían con el 25%, sino con el 30%; esto es, entre otras acciones, se ubicaba a las candidatas en posiciones poco expectantes, lo que limitaba las oportunidades de ser electas; además, las leyes no eran drásticas ni se aplicó acciones que aseguraran el cumplimiento de las reglas electorales al respecto.

La tercera etapa se refiere a la identificación de cambios sustanciales y la necesidad de aplicar la ley de cuotas equitativas, es decir, el 50-50 de hombres y mujeres en el parlamento y otros cargos de representación popular, y la alternancia en la lista de partidos en carrera de contienda electoral, lo cual mostraremos con mayor detalle más adelante.



Tabla 2. Impacto de Ley de Cuotas en países latinoamericanos en la Cámara Baja del Congreso.

PaísLey de cuota

- Cámara baja

Año de Ley de cuota

Porcentaje de mujeres antes de

Ley de cuota

Porcentaje después de Ley

de cuota

Cuota actual (2018)

Bolivia 30% 1997 6,9% (1993) 16,9% (2005) 55%

Argentina 30% 1991 8,7% (1989) 35,0% (2005) 39%

Ecuador 20%, 30% 1997, 2000 SD (1996) 25,0% (2006) SD

México 30% 1996, 2002 14,2% (1994) 22,6% (2006) 49%

Perú 25 %, 30% 1997, 2000 10,8% (1995) 29,2% (2006) 28%

Venezuela 30% 1998, 2003 5,9% (1993) 18,0% (2005) 22%

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales.

Aun con las mejoras de la participación femenina vividas desde el año 2000 en adelante, y dentro de las dos olas de cuotas aplicadas en la región, aún existen muchos partidos políticos que buscan la forma de solo cumplir formalmente la norma electoral, pero que obstaculizan la real oportunidad de que más mujeres sean elegidas, lo que continúa reforzando la desigualdad de los derechos políticos. En la actualidad, el Perú no escapa de esta limitación democrática. Así, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política4, señaló que, en las últimas tres elecciones parlamentarias (2006, 2011 y 2016), más del 70% de las mujeres fueron ubicadas en los tercios medios e inferiores y un 41% terminaron en los últimos números de la lista (2018, p. 19). Similar estrategia se pudo evidenciar en 21 de los 26 distritos electorales durante las Elecciones Generales 2016, según lo encontrado por la Defensoría del Pueblo5. Además, según el JNE - Infogob, solo entre el 20-25% las mujeres ocupan los tercios superiores

4 Ver informe completo de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

5 Nota de prensa completa de la Defensoría del Pueblo https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/NP-180-19.pdf



en las listas, porcentaje que se asemeja al resultado final de elegidas. Esta información se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 3. Ubicación de mujeres en las listas para Elecciones Generales (EG) 2006, 2011 y 2016.

Tercios EG 2006 EG 2011* EG 2016*

Tercio Inferior 42,91% 42,55% 40,42%

Tercio Medio 32,21% 35,34% 36,21%

Tercio Superior 24,89% 22,11% 23,37%

Fuente: Infogob *Candidaturas que alcanzaron la inscripción efectiva.

Además de lo identificado en el cuadro, es importante observar la distribución de cargos políticos alcanzados por las mujeres en las últimas elecciones. Según el JNE - Infogob, a nivel regional para el 2018 ninguna de las 25 gubernaturas fue ocupada por una mujer; de las 25 vicegobernaturas, 5 fueron cubiertas por mujeres, mientras que solo 63 fueron elegidas como consejeras de un total de 328. A nivel provincial, de 196 alcaldías fueron elegidas solo 7 mujeres, y de 1764 regidurías tan solo 453 alcanzaron un cargo. Finalmente, a nivel distrital, de 1666 alcaldías solo fueron elegidas 8 mujeres, y de 8891 regidores, solo lograron ser electas 2733 mujeres.

Figura 2. Evolución de la participación femenina en el Parlamento antes y después de la Ley de Cuota de Género6.

Fuente: Diario El Comercio (17/07/2019).

6 Información en https://elcomercio.pe/politica/listas-igualdad-paridad-alternancia-noticia-ecpm-652887-noticia/

Inicio de cuota con el 30%

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Como vimos, aunque la representación femenina en el Parlamento muestra un incremento notorio a partir de la cuota de género, las cifras revelan que las mujeres siguen estando subrrepresentadas. Así, actualmente, de 130 congresistas, 36 son mujeres (27,7%). Es decir, la acción afirmativa para la igualdad de oportunidades desde las cuotas sigue siendo insuficiente, por lo que se abre paso la necesidad de mejores ajustes como la paridad y la alternancia en la representación de cargos políticos.

4. Camino a la paridad y la alternancia en el PerúLa paridad y alternancia son las máximas características de la tercera ola de la ley de cuotas y se inician aproximadamente en el año 2009 (Freidenberg y Lajas, 2015). Este momento es el reflejo de la experiencia acumulada durante los dos periodos previos descritos, tiempos de buenas intenciones, pero con legalidad endeble y aún insuficiente para superar la subrepresentación femenina. De hecho, este periodo ha permitido elevar a otro nivel el derecho a la participación de las mujeres en espacios de representación popular en igualdad de oportunidades.

Para empezar, la alternancia significa el ordenamiento de la lista postulante a elecciones mediante el cual se ubica a una mujer y un varón alternadamente desde el primer hasta el último puesto (hombre, mujer o mujer, hombre), a fin de obtener igual número de representantes para cargos políticos.

Por su parte, la paridad busca garantizar la participación equitativa, es decir, un 50% de hombres y un 50% de mujeres en espacios de poder público.

Juntas, tanto la paridad como la alternancia, han sido pensadas como reajuste necesario a las cuotas, en especial en América Latina, como mecanismo de acción afirmativa, visto desde el incremento progresivo de las cuotas hasta alcanzar la paridad (50%). Los países que aplican paridad y alternancia son Costa Rica (2009), Bolivia (2010), Ecuador (2009) (en la que se establece que cada periodo legislativo se aumenta la cuota en un 5% hasta llegar al 50%), México (2014), Nicaragua (2012), Honduras (2017) y Argentina (2017).

Uno de los países con mejores logros sobre paridad en la representación congresal es Bolivia, país que avanzó hacia la regulación de la paridad y alternancia para todos los cargos de gobierno, de representación y de elección interna. Para las elecciones de 2014, este país alcanzó un alto



cuadro de número de mujeres electas en la Cámara Baja: 53,1% siendo el segundo país con más mujeres en el mundo. Por su parte, Costa Rica tuvo un cambio rotundo a favor de la elección femenina en su Parlamento desde que en 2009 aprobó la ley de paridad y alternancia, año en que se pasó de un 14,6% (con cuota del 40%) a un 27%. Para las elecciones de 2018, había 28 mujeres más a la cabeza de las listas que en el proceso electoral anterior. La paridad tuvo un aumento sustantivo en el presente de las listas con encabezamientos femeninos, pasando de un 22% de las listas en 2014 a un 42% en las elecciones de 2018.

En el Perú, se llegará a la paridad y la alternancia en las elecciones de 2031, en tanto que en ese año la cuota de género será del 50%. Previamente, para las elecciones del 2021 la cuota de género será de 40%, y para las elecciones generales del 2026, del 45%, tal como se aprobó en el Congreso de la República y detallamos a continuación.

Previamente y a modo muy general, hay que mencionar que el Perú se encuentra junto con otros países de la región desde los cuales se han impulsado diversos acuerdos y tratados internacionales7, y en los cuales las sociedades se han movilizado en la búsqueda de similares horizontes democráticos. Dentro de nuestro territorio, aunque con resistencia de muchos partidos políticos en la práctica, recordemos que en el 2007 se aprobó la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, en el año 2018, el Perú declaró los años 2018 al 2027 como el “decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres con el Decreto Supremo 003-2018- PCM.

Después de un intenso debate, el 25 de julio de 2019 el Congreso aprobó por mayoría - con 106 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones - la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones propuesta por la Comisión de Constitución

7 Acuerdos tales como la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.



y Reglamento para permitir la paridad y alternancia en las listas de candidatos de elección popular. De acuerdo con el dictamen aprobado, se plantea la aplicación progresiva de las cuotas de género en las Elecciones Generales 2031. Específicamente la lista de candidatos al Congreso para 2031 debe incluir 50% de mujeres o de varones, ubicados de manera intercalada.

A modo de recuento y panorama muy general, podemos recalcar que meses antes de la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia, y en el marco de la reforma política, en el año 2019 el Ejecutivo convocó a expertos y expertas a conformar la Comisión de Alto Nivel para plantear acciones a tomar en corto y mediano plazo. Dentro de las propuestas de la Comisión, se propuso incluir 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas de candidaturas a cargos de elección popular y dirigenciales en los partidos políticos de manera alternada, además de eliminar el voto preferencial por ser obstructor de oportunidades homogéneas entre hombres y mujeres para ser electos y electas a cargos de representación popular. Todas las propuestas han sido recogidas por el presidente de la República, Martin Vizcarra. En abril, el conjunto de propuestas fue remitido al Congreso de la República para su debate y posterior aprobación. Además, en julio, el primer ministro solicitó a la Comisión de Constitución del Parlamento que la iniciativa sea discutida por separado de la propuesta de democracia interna, puesto que esta ya había sido aprobada.

Paralelamente, el movimiento Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, conformado por el Movimiento Manuela Ramos, CPM Flora Tristán y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria8 impulsó una intensa y dedicada campaña para lograr que desde el Congreso se institucionalicen la paridad y alternancia, entre otras iniciativas democráticas. A su vez, congresistas de la República apoyaron decididamente la propuesta del Legislativo y apoyaron campañas como Somos la Mitad. Así, en el parlamento las congresistas y ahora ex congresistas como Marisa Glave, Indira Huilca, Tania Pariona, Alejandra Aramayo, Mercedes Aráoz, Luz Salgado, Maritza García, entre otras, impulsaron el debate hasta la aprobación final de la propuesta. Además, organismos importantes como

8 Agrupaciones reconocidas por el trabajo académico y social a favor de la igualdad de oportunidades para la ciudadanía.



el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentaron data valiosa que transparentaba la brecha histórica de la representación de las mujeres en cargos políticos de corte legislativo y ejecutivo generados en todo el país. Además, el JNE, la ONPE y el Reniec organizaban actividades para reflexionar al respecto. Por ejemplo, el JNE coordinó la mesa “Mujeres del Bicentenario exhortamos paridad con alternancia”, en la cual estuvo presente la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro. Asimismo, entre otras iniciativas importantes, se encuentra el apoyo ciudadano. IPSOS-PERÚ señaló que el 71% encuestados aprueba el incremento al 50% de hombres y mujeres en las listas.

Regresando al dictamen aprobado en favor de la paridad y la alternancia en el Perú, hay que decir que se modifican los artículos 20, 21 y 116 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Así, el artículo 116 modificado señala que la lista de candidatos para el Congreso en elecciones generales se determina en tres aspectos. Primero, se basa en el resultado de las elecciones internas, y que los candidatos postulan de forma individual. Específicamente, sobre la paridad y alternancia, señala que la lista de candidatos al Parlamento está integrada por no menos del 40% de mujeres o de hombres, ubicados de forma intercalada: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. Segundo, sobre la lista resultante de la elecciones primarias o internas, se ordena según el resultado de la votación y respetando la cuota mínima del 40%. Los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo se continúa con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. Y tercero, sobre la lista de candidatos para las elecciones generales al Congreso de la República, se consideran los resultados de la democracia interna y se ubican los candidatos en forma intercalada: una mujer, un hombre; o un hombre, una mujer.

Además, se presentan tres disposiciones complementaras transitorias. La primera se refiere al voto preferencial. Al respecto, se establece que en las elecciones generales de 2021 es de aplicación el doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde se elige menos de dos congresistas. En este caso, hay un solo voto preferencial opcional. La segunda disposición señala que los organismos del sistema electoral y la



Defensoría del Pueblo se abocan al análisis del proceso electoral, en especial en lo referente a las medidas dictadas para promover la participación de la mujer en la política. En un plazo no mayor de 6 meses de concluido el mismo, presentan un informe al Congreso de la República, para alcanzar sus conclusiones y, en su caso, las propuestas, progresivas o inmediatas, para mejorar la eficacia y el impacto de las acciones dirigidas a favorecer la participación política de la mujer. Finalmente, la tercera disposición, señala la aplicación progresiva de la modificación del artículo 116 de la Ley Nº 26859 que, como se mencionó, iniciará esta nueva etapa de cuotas en el 2021, con un porcentaje no menor del 40% para hombres o mujeres. Luego este porcentaje se incrementará al 45% para los comicios del 2026; y en el 2031, se aplicará la paridad (50 % de mujeres y 50% de hombres).

El artículo 21 en su modificatoria dispone que para las elecciones parlamentarias la elección de congresistas se realiza mediante el sistema del distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. Para elección de congresistas, el territorio es distribuido según circunscripciones electorales, estableciéndose una circunscripción por cada departamento y la provincia constitucional del Callao. Para el caso de Lima Provincias rige lo dispuesto en la Ley N° 29402, Ley de Reforma del Artículo 90 de la Constitución Política del Perú. Además, se dispone que el JNE asigna un escaño a cada circunscripción electoral y distribuye los restantes en forma proporcional al número de votantes.

Finalmente, el modificado artículo 20 señala que la distribución de escaños para el Congreso requerirá como mínimo 5 representantes al Parlamento en más de una circunscripción y al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección congresal; junto con ello, la disposición del requerimiento del 1% de voto adicional por cada partido que la integra.

5. Elementos a tomar en cuenta durante el camino a la paridadLa paridad y alternancia en el Perú está en camino. Sin embargo, y como hicimos mención, la aplicación de las cuotas ha dejado lecciones que fueron acumuladas durante los 30 años de su aplicación de los que no debemos dejar de aprender. Así, para esta nueva etapa en la democracia representativa cristalizada en la alternancia y cuotas de camino a la paridad en el Congreso de la República, es preciso que tomemos en cuenta algunas apreciaciones desde la experiencia vivida tanto en el Perú, como en otros países de la región.



Muchas de las lecciones dejadas, los retos de la aplicación de cuotas y la relativamente nueva experiencia de implementación de la paridad y la alternancia, son recogidas y analizadas en el campo académico. Así, estudios señalan que, en vista de que muchos Estados no han logrado equiparar las oportunidades de representación política entre hombres y mujeres, de la forma en que se esperaba, es necesario aplicar algunos reajustes estratégicos direccionados a la normatividad y a la educación social. Así, Freidenberg y Caminotti (2014) resaltan la necesidad de obtener una “cuota fuerte”, Jones (2009) señala la importancia de fortalecer los sistemas electorales “favorable al género”, mientras que Llanos y Sample (2008) reconocen el protagonismo de “un movimiento de mujeres activo” a favor de la implementación de las cuotas, y Sobrado (2015) da cuenta de la necesidad de contar con organismos electorales con voluntad política para controlar y exigir el cumplimiento de las normas.

Específicamente en lo referente a la cuota fuerte, podemos dar cuenta que esta supone un diseño estratégico. Al respecto, Freidenberg y Lajas (2015, p. 2) señalan que:

Un diseño de cuota fuerte supone un porcentaje alto de exigencia (umbral), aplicada a la fórmula completa (candidaturas titulares y suplentes); con mandato de posición explícito y claro, enforcement (monitoreo, control y sanciones fuertes por no cumplir la cuota) y ausencia de válvulas de escape (Schwindt-Bayer 2009) que facilite el no cumplimiento de la ley de cuota (como la celebración de elecciones primarias para seleccionar candidaturas) (Freidenberg y Caminotti, 2014; CIM, 2013, p. 64).

Además, los estudios señalan que una lista cerrada y bloqueada es favorable para asegurar una mayor representación femenina en cargos políticos (Schwindt-Bayer, 2009 y Krook, 2014), especialmente si se exige posicionar a las candidatas en lugares expectables, no las relega a espacios simbólicos y existen normas estrictas para asegurar el cumplimiento de la exigencia de cuotas y/o paridad (Htun y Jones, 2002).

Sin embargo, además de los ajustes pensados en el diseño y vigilancia institucionales para el mejor cumplimiento de la cuota, existen otros aspectos identificados como obstructores o barreras para la aplicación cabal de la



democracia representativa desde la igualdad de oportunidades. Uno de estos se encuentra en la resistencia que ejercen los partidos políticos al acceso de las mujeres a la representación política.

Sobre el primer aspecto, el “techo de billetes”, se trata de la alta dificultad en conseguir financiación, lo que desanima a un gran grupo de mujeres a participar en contiendas electorales (Pomares, 2014). Dicho problema está relacionado con que las mujeres usualmente, no pertenecen o les cuesta más que a los varones, pertenecer a redes para conseguir apoyo económico o mediático, en especial en tiempos de campaña (Huerta y Magar 2006). Respecto al segundo aspecto, los procesos de elecciones de candidaturas femeninas resultan ser muchas veces un “cuello de botella” que dificulta su participación (Freidenberg y Lajas, 2015) pues en muchos casos, la mayoría de mujeres son parte de las bases de los partidos, pero muy pocas como dirigentes de cargos políticos y no solo logísticos.

Otra barrera, sino la principal, que dificulta la aplicación sin “interpretación” de las normas de las cuotas y/o la paridad, es la cultura ciudadana, entendida como las formas de pensar y actuar, basadas en creencias de los roles o potencialidades por ser hombre o mujer. Dicha barrera puede ser vista desde la posición de los votantes, y está íntimamente relacionada con las creencias sociales que orientan su voto, creencias que la mayoría de veces señala, por ejemplo, que el hombre está “más capacitado” o “sabe más” de política que la mujer. A su vez, esa idea afecta a la propia noción que las mujeres tienen sobre sus propias potencialidades (Freidenberg, 2017) para ejercer su derecho político de representación, lo que convierte el problema, en buena cuenta, en un círculo con salidas altamente complicadas. Además, debido a la división sexual de las actividades familiares, sociales y económicas, muchas mujeres sienten culpa y son culpadas por “dejar a la familia” en pro de aspiraciones políticas.

En ese sentido, sigue siendo un reto que debemos asumir con la paridad y alternancia el mejorar “una cultura ciudadana no discriminatoria, que promueva la equidad de género” que alcance y comprometa al Estado; así como a la academia, al sector laboral, tanto público como privado. Además, es de vital importancia trabajar en las capacidades y habilidades de las mujeres y en la sensibilización del electorado (Krook y Norris, 2014: 3-8). En otras palabras, debemos cambiar los estereotipos de género (Krook y



Norris 2014, Freidenberg, 2015), que tal como señala Freidenberg (2017): “Se trata por tanto de desarrollar acciones y estrategias para combatir los estereotipos en el electorado y entre las mujeres sobre sus propias capacidades, buscando transformar los roles históricos que las discriminan y limitan sus aspiraciones” (p.22).

Es preciso señalar la importancia del proceso de aprendizaje de una sociedad en la superación de desigualdades históricas y la (re)construcción de igualdad de oportunidades en la vida política. La experiencia señala que la efectividad de la cuota se hace más evidente en razón del proceso de aprendizaje que haya asumido la ciudadanía. Freidenberg señala al respecto del proceso de aprendizaje societal en cuanto a las cuotas “que se podría esperar una relación positiva entre el tiempo de vigencia desde la aprobación de la ley de cuota (su edad) y la representación de las mujeres en las legislaturas” (Freidenberg 2017, p. 13).

Finalmente, es clave conectar la voluntad positiva de las entidades correspondientes del Estado para que elaboren normas claras y vigile su cumplimiento. Es importante, además, el compromiso de los partidos políticos en asumir los retos para una sociedad con iguales oportunidades para ocupar cargos políticos, desde los más urgentes como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero, además, es clave la vigilancia atenta y activa de la sociedad; esto es, hacer uso de los medios de transparencia para informarse de las acciones de los partidos políticos, de sus potenciales representantes y de cómo cumplen o no, las leyes de cuotas. En ese sentido, una de las buenas acciones en la que confluyen la mayor cantidad de actores involucrados en el cumplimiento de la cuota, y ahora, camino a la paridad y alternancia, es el compromiso n° 7 del Pacto Ético Electoral, convocado por el JNE en noviembre de 2019. En el Pacto, los partidos postulantes se comprometieron, en el marco de las próximas elecciones congresales extraordinarias 2020, a asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, con posibilidades de salir elegidas/os, en las próximas elecciones. El pacto señala que los partidos se comprometen a “promover una representación inclusiva y efectiva, en sus listas de candidaturas procurando la aplicación de la paridad y la alternancia de género, así como priorizar la inclusión de jóvenes, miembros de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, población afroperuana, además de otras poblaciones



minoritarias o históricamente excluidas” y el JNE les exhorta a “asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, con posibilidades de salir elegidas/os, en sus listas de candidaturas”.

Finalmente, Freidenberg y Lajas (2015) señalan otros factores importantes de influencia para incrementar su efectividad, tales como la edad de la cuota (el tiempo que tiene desde que es aprobada) y el proceso de aprendizaje que supone en los actores políticos; así como el desarrollo económico (Matland, 2005 y Rosen, 2012, p. 2, en Freidenberg y Lajas, 2015) y la superación de la falsa culpa por “dejar de lado” a la familia en razón de válidos objetivos políticos.

6. ConclusionesSon alrededor de tres décadas que la región latinoamericana viene experimentando leyes de cuota de género que, junto con otras acciones, sirven como mecanismo de acción afirmativa a fin de reducir la brecha de representación política entre hombres y mujeres, pero que, según vimos, no ha sido suficiente para lograr una de las máximas de la democracia representativa: representar adecuadamente a la ciudadanía, esto basado en la igualdad de oportunidades para asumir cargos políticos. En ese camino, la paridad y la alternancia son un mecanismo adecuado para lograr lo que no se logró en las dos etapas anteriores.

Sin duda, el aprendizaje y las experiencias compartidas han sido el motor del mejoramiento de normas legales, acciones estatales y actitudes sociales para (re)construir el derecho político en iguales condiciones.

Es vital que estemos preparados para la implementación de la alternancia y cuotas progresivas camino a la paridad que regirá desde las elecciones de 2021. En efecto, es importante reajustar los mecanismos de control que anticipe las “válvulas de escape” y que existan sanciones fuertes a su incumplimiento. Además, el ordenamiento de listas cerradas y bloqueadas podría ayudar a asegurar más mujeres en escaños en el Congreso.

Junto con ello, nuestra cultura electoral (tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía en general) es clave. Los partidos deben comprometerse a no buscar “interpretaciones” a la ley electoral; por su parte, los múltiples campos de la sociedad deberán estar vigilantes al cumplimento



de las nuevas reglas a favor de la paridad y la alternancia. Sin duda, es fundamental superar estereotipos de género que predice negativamente las capacidades políticas y abren paso a actos discriminatorios.

Si bien la presencia femenina en la política como en el Congreso no necesariamente asegura una sociedad de igualdad de género absoluta, ni políticas exentas totalmente de machismo, ni toma como prioridad las agendas a favor de derechos de las mujeres –metas altamente deseables–, asegurar el acceso de más mujeres a cargos de representación, que antes les eran más fácilmente negados debido a prejuicios, es un gran paso para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ciudadanos, lo que constituye en sí mismo un valor democrático.

El proceso de aprendizaje de la sociedad peruana sobre derechos electorales y cuotas es fundamental para mirar nuestra evolución democrática. Así tenemos que en el año 1932 el Congreso negó la ciudadanía y voto a elecciones generales a la mujer, hasta que recién en 1956 se inauguró el voto femenino (aprobado un año antes) ganando 8 escaños de un total de 182. Han pasado casi 20 años desde el 2000 para que el Congreso apruebe el incremento de cuotas de género de forma progresiva y tendrán que pasar un poco más de 10 años (al 2031) para vivir la paridad. Cabe preguntarse si a pesar del proceso de aprendizaje social ya vivido sobre adecuación a las cuotas, era necesario pasar por dos niveles de cuotas antes de alcanzar la paridad. Sea como sea, estamos en ese camino.


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Sobre la autora

Jacqueline Minaya Rodríguez es licenciada en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y magíster en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador. Docente de Sociología del Desarrollo en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM.

Correo electrónico: [email protected]

Recibido: 01/11/19


GESTIÓN DE LA CALIDAD



La calidad en la administración electoral

Quality on electoral management administration

Yuri Gabriel Beltrán MirandaResumen Los procesos electorales que están basados en los principios democráticos tienen como característica un periodo de preparación, generalmente desarrollado por instituciones profesionales que observan las disposiciones legales locales e internacionales, así como las buenas prácticas adoptadas en otras regiones. Las normas de calidad ISO se han incluido paulatinamente en los procedimientos que desarrollan estas organizaciones para la preparación de sus ejercicios democráticos. Este artículo tiene como objetivo presentar una revisión de la evolución de la Gestión de Calidad y analizar cómo la implementación de normas de calidad ha mejorado el desempeño de las instituciones electorales construyendo así elecciones íntegras, transparentes y confiables.Palabras claveGestión de calidad, ISO electoral, administración electoral, certificación, integridad electoral.

AbstractWhen electoral processes are grounded on democratic principles, they involve preparation by professional electoral management bodies that comply with international and domestic law, and adopt best practices. ISO standards have been gradually included on the procedures developed by professional electoral managers, aiming integrity, transparency and confidence on elections. This article aims to present a review of the evolution of quality management and analyze how the implementation of quality standards has improved the performance of electoral management bodies.Key wordsQuality management, electoral ISO, electoral administration, certification, electoral integrity


Yuri Gabriel Beltrán Miranda

1. IntroducciónEn los últimos años, la sociedad ha incrementado sus demandas y las expectativas de las empresas privadas e instituciones públicas, independientemente que otorguen un bien o un servicio. El sector privado, principalmente, ha adoptado estrategias y políticas en la prestación de sus servicios que le han permitido ser eficiente en sus actividades, como es el caso de la implementación de las normas de calidad ISO en sus procesos. El caso del sector público reviste particular interés puesto que desarrolla sus actividades con recursos públicos, por lo tanto, las exigencias y expectativas se enfocan en un uso eficiente de estos para que arroje como resultado la mejora e innovación en sus servicios.

En este sentido, las instituciones públicas constantemente se encuentran en la búsqueda de eficiencia y transparencia en sus actividades y operaciones, por lo que han evolucionado paulatinamente mediante el incremento de la adopción de los requisitos de las normas ISO en sus procesos. Estas determinaciones les han permitido optar por la implementación y, en su caso, certificación de sus sistemas de Gestión de Calidad, lo que implica mejorar de manera continua los servicios que ofrecen a sus clientes e incrementar el grado de satisfacción de estos.

Las normas internacionales de calidad están basadas en el consenso internacional de las partes interesadas. La contribución de expertos proviene de aquellos más cercanos a las necesidades en materia de normas y de los resultados de su implementación. De esta manera, aunque voluntarias, las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel internacional por sectores públicos y privados (Organización Internacional de Normalización, 2010).

La adopción de normas ISO en la realización de actividades en cualquier organización representa un referente positivo respecto de la diligencia con la que se llevan a cabo: asimismo dota de confianza a las partes interesadas al saber que sus acciones las ejecutan basándose en principios aceptados internacionalmente que son realizados por expertos en el rubro. La calidad en la prestación de servicios fue, durante muchos años, encasillada únicamente para el sector privado. Tradicionalmente no se pensaba que fuera aplicable para el sector público. Sin embargo, se han desarrollado



normas que se enfocan principalmente en este último sector, como son las que tienen como objeto los procesos electorales o el antisoborno.

Silva (2014, p. 380) describe un Sistema de Gestión de Calidad como:

…los procesos, el personal, responsabilidades, funciones, autoridades, lineamientos, estándares, leyes, documentación y recursos de una organización, los cuales interactúan de manera coordinada como un sistema, el cual es dirigido y controlado con el propósito de contribuir en la eficiencia y efectividad de la organización en el logro de sus objetivos en materia de calidad.

Una organización o institución puede tenerlo independientemente de si el sistema está certificado o no. La certificación es un proceso que evalúa los productos o servicios de una organización respecto a normas ISO. Generalmente el Sistema de Gestión no certificado es desarrollado por el personal operativo con base en el modelo ensayo-error; y el certificado es sobre las mejores prácticas internacionales y una cultura de prevención. Además, el Sistema de Gestión de Calidad certificado asegura al cliente que un Organismo Externo a la organización ha llevado a cabo auditorías y ha corroborado que los productos y servicios se llevan a cabo con calidad.

En el caso específico de la región, encontramos que los organismos electorales han optado por implementar sistemas de Gestión de Calidad y certificarlos, ya sea en la norma 9001, o en normas para aspectos específicos como son la relativa a seguridad de la información o la eminentemente electoral. De esta forma, la norma ISO/TS17582:2014 (ISO Electoral) publicada en 2014 y recientemente modificada a 54001:2019, ha establecido un precedente positivo para estos organismos que buscan ofrecer servicios de calidad a la población que atienden. No obstante que en América Latina son pocos los organismos que cuentan con esta distinción, se proyecta a futuro un panorama alentador en el que varias instituciones transiten a la obtención de esta certificación. Debido a ello, este artículo tiene como propósito hacer una breve revisión de la evolución de la Gestión de Calidad, las diferentes etapas y enfoques por las que ha pasado con un énfasis especial en América Latina, de igual forma pretende exponer los principales beneficios que han experimentado



las instituciones electorales que han optado por implementar normas de calidad en sus procesos.

2. Evolución histórica de la calidadLa calidad tuvo gran relevancia en las civilizaciones antiguas, los aztecas y los egipcios realizaban verificaciones como por ejemplo para asegurar que un bloque de piedra que se utilizaría en la construcción de un monumento o pirámide tuviera la forma adecuada. Uno de los primeros escritos que documentan la historia de la calidad es el Código de Hammurabi en Babilonia, en el que se describía cómo proceder si una edificación resultaba de mala calidad: “Si un albañil ha construido una casa y, no siendo ésta suficientemente sólida se hunde y mata a sus ocupantes, el albañil deberá ser ejecutado” (Ascaso, 1999). Los fenicios también tenían claro que la calidad debía estar basada en la eliminación de los errores. Si alguien incumplía los estándares de calidad, los inspectores eliminaban la posibilidad de recurrencia cortándole la mano al infractor.

Antes de la Edad Media, los productores se hacían cargo de la elaboración y además de monitorear la calidad porque sabían que el sustento de su familia dependía de la buena reputación. En 1820, la llegada de la Revolución Industrial trajo consigo la capacidad de producir en mayor cantidad lo que superaba la capacidad de supervisión del dueño. Para seguir asegurando la buena reputación de sus productos necesitó de otra persona denominada “inspector” que pudiera realizar la supervisión de la calidad en todo momento. La función del inspector era realizada por el operario quien al mismo tiempo que producía, revisaba los defectos del producto. No obstante esta evolución, es hasta 1930 que comienza el estudio formal de la calidad (Camisón, Cruz, & González, 2006).

Para estudiar la calidad algunos autores han identificado rasgos que han permitido establecer diez generaciones de la Gestión de la Calidad. Estas generaciones se pueden agrupar en tres enfoques diferentes, a saber: el enfoque técnico, el enfoque humano y el enfoque estratégico.

Camisón (2006) señala que el enfoque técnico, el cual abarca de 1930 a 1960, fue la visión de calidad predominante en Occidente y esta se entendía como la elaboración de un producto de acuerdo con las especificaciones de la organización e, incluso, los japoneses adoptaron

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este enfoque. Estos últimos, al ponerlo en práctica, notaron que algunos fenómenos no podían solucionarse, por lo que lo mejoraron mediante el enfoque humano (1970-1990).

En esa segunda etapa, los japoneses observan que los factores sociales y humanos tienen gran repercusión en la calidad del producto. Se entiende que los trabajadores no son robots que solo deben seguir instrucciones, sino que la calidad de un producto puede ser mejorada gracias a la participación del trabajador en la resolución de problemas de producción e invirtiendo en su formación. Como respuesta a las nuevas amenazas y oportunidades de las décadas de 1970 y 1980, en 1985 surge el enfoque estratégico, que se encuentra vigente en la actualidad. Este enfoque entiende que la calidad debe aplicar conceptos de ambos enfoques, técnico y humano. Además, comprende que la satisfacción del cliente es el centro y razón de ser de la calidad, y los trabajadores de toda la organización son el medio para lograrla (Miranda González, Chamorro Mera & Rubio Lacoba, 2007).

Por ello incorpora el análisis del contexto interno y externo de la empresa que visualiza que en un mundo globalizado los cambios y amenazas pueden afectar a la organización y ésta debe poder gestionar los riesgos para asegurar su supervivencia y éxito sostenido. De ahí que, en esta etapa, la calidad se pueda definir como: el cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas del cliente, a través de la gestión de los procesos y el recurso humano.

La evolución de estas generaciones no cuenta con una secuencia cronológica lineal, sino que, por el contrario, se superponen en el tiempo al recoger las diferentes aportaciones y dinámicas en diversas naciones. Tampoco se indican puntos de ruptura radical, siendo frecuente la coexistencia de diversas etapas en un cierto momento histórico. Sin embargo, la transición de una a otra etapa ha implicado siempre cambios significativos.

Este progreso en la calidad ha permitido que paulatinamente se incorporen nuevos aspectos que fortalezcan su objetivo. El enfoque de calidad en los procesos se constituye como un aliado en las organizaciones que les ayuda a mejorar y hacer eficiente su desempeño, beneficiando así a sus clientes y partes interesadas.



3. Gestión de la Calidad en América LatinaLa evolución de la Gestión de Calidad en América Latina ha atravesado varias fases que han dado lugar a un avance sustantivo en la mejora y democratización del acceso a los servicios públicos. En este proceso de evolución es factible distinguir tres etapas principales de acuerdo con sus características.

Durante la primera fase (1985-1995), las iniciativas de calidad en el servicio público fueron congruentes con una orientación hacia el desempeño, siendo incluidas en las reformas del sector público de numerosos países. En Iberoamérica, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Guatemala, Nicaragua, México, Perú y Venezuela optaron por llevar a cabo reformas que les permitirán la reestructuración y transitar al desarrollo institucional, que por lo general tuvieron su punto de arranque en la normativización de la gestión y mejora de la función pública o servicio civil (Ruíz, 2019).

Durante la segunda fase (1995-2008), surgen los modelos de excelencia que se han consolidado en su aplicación al sector público y han permitido la identificación de mejoras en cada uno de ellos. Adicionalmente permiten conjugar factores como la comunicación interna y externa, la cultura corporativa, el liderazgo, la estrategia, la planificación y la gestión de los procesos y recursos. Los beneficios de estos modelos son diversos, entre ellos encontramos que los directivos asumen e identifican su responsabilidad y se integran con el resto de las actividades organizativas; realizan análisis en las áreas para identificar las principales relaciones causa-efecto entre decisiones, procesos, programas y los resultados obtenidos; y facilitan la integración de los análisis de entorno y el institucional estableciendo conexiones permanentes entre administración y sociedad (Pastor Tejedor, Pastor Tejedor, Calcedo Ascoz, Royo Pérez, & Navarro Elola, 2013 ).

Instituciones públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en Perú (Reniec) han sido acreedoras a distintos premios y reconocimientos vinculados con la calidad, como es el caso del Modelo de excelencia del Fundibeq. En 2018 ganó el galardón Orom por tercera vez. Las primeras dos ocasiones fueron en 2012 y 2016. Adicionalmente a este tercer premio, obtuvo el galardón a la excelencia. El Reniec es un

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claro ejemplo de cómo la aplicación de normas de calidad beneficia a las instituciones públicas.

Finalmente, la tercera fase surge a partir de 2008: pondera que toda administración con vocación de excelencia debe garantizar su sostenibilidad social, económica y medioambiental. Es decir, debe ser capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades.

En las dos últimas décadas y de manera general, las administraciones públicas iberoamericanas han sido capaces de multiplicar y diversificar sus servicios, se han orientado notablemente a la ciudadanía y han mejorado su gestión. La Gestión de Calidad se ha convertido en una especie de “derecho” que sus ciudadanos pueden invocar y que refleja la garantía de seguridad jurídica frente a la discrecionalidad para demandar una Gestión Pública de Calidad. En este contexto de Gestión de Calidad en la prestación de servicios públicos, se han expedido distintas normas ISO que buscan atender sectores específicos, una de ellas es la norma ISO/TS 54001:2019 conocida como la ISO electoral.

4. Contexto de la Calidad en América LatinaAmérica Latina ha enfrentado diversas problemáticas para llegar a la consolidación de la democracia. La crisis de la democracia en América Latina, según cifras del Latinobarómetro 2018, ha aumentado la insatisfacción de un 51% en 2008 a un 71% en 2018. La satisfacción con la democracia disminuye constantemente de un 44% en 2008 hasta un 24% en 2018. En ningún país de la región hay una mayoría satisfecha (Coorporación Latinobarómetro, 2018).

La decreciente satisfacción se expresa en la progresiva desconfianza en las instituciones políticas. Este fenómeno es comprensible cuando se analizan el contexto sociocultural y político de la región que están permeados por los fantasmas del legado del fraude electoral, la desconfianza generalizada en las instituciones y la facilidad con la que se desobedecen las reglas y la ley, sin tener consecuencias ejemplares y disuasivas. De esta forma, la ley se convierte en letra muerta y da oportunidad a que se utilice esta desconfianza para diferentes intereses personales y políticos.



Por otra parte, no se distingue bien entre irregularidades y fraude. Se magnifican y sobreestiman irregularidades que ocurren en cualquier proceso electoral que no deberían deslegitimarlo, pero que afirman un prejuicio profundamente enraizado: que las elecciones son fraudulentas. Entonces, la persistente falta de legitimidad de las instituciones que emanan de las elecciones fomenta la permanencia del desafío con el que se sigue enfrentando la justicia electoral (Nohlen, 2009).

El que una elección y sus resultados gocen de credibilidad ante los ojos de los ciudadanos de un país dependerá del grado en el que se respeten los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política, así como de otras obligaciones internacionales y del grado en el que la elección sea profesional, imparcial, precisa y transparente en todas las etapas de su administración. Al mismo tiempo, la conexión entre la calidad técnica de una elección y la legitimidad de sus resultados es compleja (Fundación Kofi Annan). Entre más intereses haya en una elección, mayor es la posibilidad de que se desconfíe de los resultados o que estos sean impugnados.

Las elecciones basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral, se identifican como “elecciones con integridad” (IDEA Internacional, Fundación Kofi Annan, 2012). Adicionalmente, el informe de la comisión global sobre elecciones, democracia y seguridad refiere que, para llevar a cabo las elecciones con integridad, es necesario resolver cinco problemas principales; entre ellos se encuentra crear organismos electorales profesionales y competentes que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población.

La realización de elecciones libres y honestas es la base del concepto de democracia; ello origina un interés general por la calidad de la democracia y de las elecciones. De allí que Nohlen defina el concepto de integridad electoral por dos aspectos que a veces no se distinguen claramente respecto a sus connotaciones diferentes: el aspecto “integral” o englobador de todo el proceso electoral y el aspecto “íntegro” u honesto que se refiere

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al comportamiento de todos los actores involucrados en el proceso, sean instituciones o seres humanos (Nohlen, 2016).

La integridad electoral parte de dos dimensiones: la primera es la visión integral del proceso y la segunda es la calidad de las elecciones, que supone la relación entre valores y prácticas institucionales (Nohlen, 2015). Esto significa vincular, entre otras cosas, dimensiones como el Estado de Derecho y la profesionalización de la gestión electoral (Norris, 2013).

La noción de integridad electoral incluye valores y principios de eficacia, eficiencia, inclusión, transparencia, igualdad, honestidad y precisión. Todos estos aspectos de la integridad electoral se materializan al realizar procesos electorales en apego a los estándares internacionales de calidad que definen parámetros generales de conducción de estos procesos.

Las elecciones deben brindar oportunidades para que los ciudadanos participen en política, puedan profundizar el compromiso cívico, informar el debate público, estimular la competencia de los partidos, fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno y permitir la solución pacífica de conflictos políticos. El problema es que frecuentemente no se logran estos objetivos, hay una preocupación generalizada por la baja participación, la desafección pública, la polarización del partido, y el fracaso de las elecciones para garantizar resultados legítimos. En algunas regiones las malas prácticas electorales aún continúan (Norris & Grömping, 2006).

Norris (2013) señala que las elecciones deben ser consideradas como un todo, un proceso integral que se encuentra dividido en etapas diferentes, que son la etapa preelectoral, la etapa electoral, conformada por todas las actividades e incidencias que ocurren el día de la elección, y la etapa postelectoral, constituida por el cómputo de los resultados, la verificación y auditoría de los mismos, la calificación de las elecciones (justicia electoral), que aborda las impugnaciones y observaciones al proceso; los informes de los observadores electorales, la proclamación de los resultados oficiales, etcétera. A este planteamiento se le conoce como ciclo electoral.

El ciclo electoral es regulado por un marco normativo, en esta regulación encontramos convenios internacionales y normas globales aplicadas de forma universal a todos los países durante todo el ciclo electoral



(Martínez I Coma, Norris, & Frank, 2015). Estos aspectos de la integridad electoral se materializan al realizar procesos electorales en apego a los estándares internacionales de calidad que definen parámetros generales de conducción de estos procesos.

José Alfredo Pérez Duharte, en su investigación intitulada El impacto de la administración electoral en la democracia latinoamericana (2014), esbozó algunas cuestiones sumamente relevantes respecto al impacto de la calidad electoral en la geozona, y cómo se han insertado en el proceso de evolución de la democracia latinoamericana. En otras palabras, la calidad de la administración electoral busca alcanzar un rendimiento óptimo e integral por parte de las instituciones.

Pérez Duharte logra comprobar que el procedimiento electoral en las democracias latinoamericanas es sumamente importante para generar ambientes de legalidad y estabilidad. Es decir, alejar la cotidianidad del conflicto y la incertidumbre, la cual puede decantar en revueltas sociales ilegales. También confirma que en la geozona -salvo contadas excepciones- se ha conseguido consolidar al menos una democracia electoral, y a pesar de que la democracia no ha traído en ningún caso igualdad social o menor disparidad económica, ha construido contextos de igualdad política institucional y transiciones a través de mecanismos democráticos.

Acertadamente, refiere que en aquellos países con bajos niveles de educación y cultura democrática, la administración de una elección no constituye un tema sencillo y suelen ocurrir errores técnicos que varias veces generan suspicacia política entre los distintos actores que intervienen en un proceso electoral. Las elecciones corren el riesgo de fracasar porque se interpretan las irregularidades técnicas como políticamente ocasionadas por sus oponentes cuando lo que se presenta en realidad es incapacidad e ineficiencia de las autoridades.

América Latina se rige principalmente por organismos electorales independientes que deben buscar la continua mejora, profesionalización, optimización y modernización de sus procedimientos. En ese sentido, los órganos electorales latinoamericanos tienen el gran reto de mejorar sus procedimientos internos, generando reglas claras, válidas para todo el proceso electoral, y transparentando su actividad al hacerla conocida

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por todos los ciudadanos. En este camino, deben, por supuesto, realizar labores de coordinación con aquellas instituciones privadas y del Estado que tengan relación con la función que desempeñan, con la finalidad de obtener el respaldo y la colaboración necesarios para la adecuada realización de sus actividades (Duharte, 2014).

5. ISO Electoral en América LatinaDesde 2012, organismos internacionales, como la Fundación Kofi Annan, advertían sobre la necesidad de establecer un proceso de certificación voluntario que permitiera a los organismos electorales demostrar su profesionalismo, independencia y competencia. Es así que en 2014 la norma ISO/TS17582:2014 (ISO Electoral) fue diseñada con la participación de especialistas electorales a nivel mundial, a través de diversas organizaciones como la Comisión Europea, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Comisión de Venecia, con el apoyo directo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el International Organization for Standardization (ISO).

La discusión de la ISO Electoral tenía como objetivo, además de tener procedimientos electorales robustos, que su ejecución pudiera ser mostrada en forma plena a la ciudadanía, y con ello, mejorar los niveles de credibilidad de la administración electoral. Los argumentos principales de la discusión para la elaboración de la norma se centraban en tener beneficios adicionales. Por un lado, generaría incentivos para los funcionarios de las propias organizaciones por su formación continua; por vez primera se sentirían los funcionarios parte de un gremio con elevados estándares que tienen sus propias reglas, la contribución de cada uno al éxito de la organización se volvería evidente. Por otro lado, lograría redes de cooperación entre los organismos electorales, permitiendo a los más rezagados en alguna competencia adquirirla mediante el apoyo de otros organismos.

En esta ISO Electoral se establecieron los requisitos mínimos que los organismos electorales, en todo el mundo, sin importar si se trataba de organismos nacionales o subnacionales o administrativos o jurisdiccionales, deberían cumplir para la ejecución de los procesos electorales clave durante un ciclo electoral, en cumplimiento a los más altos estándares de



calidad, y en observancia a los marcos legales de cada organización y en cada país. La norma es tan amplia que puede ser aplicada por los distintos tipos de estructura de órganos encargados de llevar a cabo las elecciones.

Recientemente, el 8 de abril de 20191 se publicó la ISO/TS 54001:2019 que sustituyó a la ISO/TS 17582:2014. De igual forma, es un estándar internacional para la aplicación de la norma ISO 9001 (actualizada en 2015), en organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno. También es aplicable a todas las organizaciones electorales comprometidas con cualquier aspecto del proceso electoral, ya sean permanentes o temporales establecidas como apoyo para un período electoral específico (Global STD Certification, 2019).

La actualización de la ISO Electoral refrenda el compromiso internacional para propiciar que los organismos electorales encargados de administrar los comicios establezcan procedimientos al interior de sus instituciones que les permitan homologar y estandarizar sus actividades. Esto paulatinamente implica una mejora continua que se ve reflejada en la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

La adopción de la ISO electoral por diferentes organismos es una muestra del compromiso institucional para entregar elecciones íntegras que permitan el ejercicio de los derechos político-electorales, el cambio pacífico del poder así como la permanencia de las democracias como forma de gobierno.

En este sentido, la norma ISO aplicable a los procesos electorales fue actualizada y ajustada de acuerdo con las modificaciones que sufrió la ISO 9001. La norma 9001 es la base común a todos los sistemas de Gestión de Calidad, de ahí que su importancia sea grande, pues ella delimita los mínimos comunes aceptables para los sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). Esto tiene relación ya que las normas ISO en general representan directrices reconocidas a nivel mundial con las cuales puede prosperar la innovación y sentar una base sólida para ayudar a los gobiernos a contribuir al logro de sus objetivos.

1 Ver https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:54001:ed-1:v1:es

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La norma de calidad enfocada en los procesos electorales (International Organization for Standardization, 2019) establece los requisitos necesarios para un organismo electoral que:

a. necesita demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, para proporcionar resultados confiables, transparentes, libres y justos que cumplan con los requisitos electorales, y

b. dentro del marco legal establecido, tiene como objetivo mejorar la confianza de los ciudadanos, los candidatos, las organizaciones políticas y otros partidos electorales interesados a través de la implementación efectiva del sistema de gestión de la calidad electoral, incluidos los procesos para la mejora continua.

Trás unos años de la creación de la primera versión de la norma ISO Electoral, ahora se tiene certeza de que la implementación de un sistema de gestión de este tipo dota a las instituciones de beneficios como: mejoramiento continuo en la organización del proceso electoral, mejoramiento de la organización interna y de la motivación y el trabajo en equipo, uso eficaz y eficiente de los recursos, identificación de nuevas oportunidades, mejor capacidad de respuesta y flexibilidad, mejora en el flujo de información y visibilidad para tomadores de decisión, y sobre todo, confianza, transparencia y rendición de cuentas en la gestión del organismo.

La esfera pública como la privada comparten un mismo fin, satisfacer al consumidor o ciudadano. Para ambas, el principal objetivo es tener ciudadanos, usuarios satisfechos porque eso justifica su existencia. Entonces lo público es más complejo que lo privado, ya que implica una responsabilidad más allá de lo que se puede medir con intercambios económicos.

Como vemos, el objetivo de estas normas es fortalecer la institución y afianzar la confianza ciudadana. Esto conlleva mejorar la planeación y ejecución de las actividades organizacionales; fortalecer los procesos internos para una adecuada toma de decisiones e incidir en la promoción de una cultura que aspira al perfeccionamiento continúo de los servicios



de la ciudadanía. La construcción de la confianza la conceptualiza como el elemento más importante en la vida de los pueblos, de las ciudades o de los países. Los sistemas estándar (las normas) coadyuvan en su construcción.

Está claro que el mundo de las normas de calidad tiene diferentes vertientes y diferentes objetivos. Cada norma está diseñada con propósitos específicos, pero siempre pensadas en fundamentos básicos como la satisfacción del cliente, la mejora continua y la prevención del riesgo, todos aspectos esenciales para crear instituciones sólidas.

Los beneficios que se obtienen con la implementación de sistemas de Gestión de Calidad son diversos, ya sea al amparo de la norma ISO electoral, la 9001 o cualquiera otra. Distintos órganos electorales de América Latina han experimentado estos beneficios.

Actualmente se encuentran certificados en la norma ISO/TS 17582:20142 (International Electoral Accreditation Body-OEA, 2019):

1. Junta Central Electoral, República Dominicana. Certificada en el ciclo 2015-2018 en siete procesos, a saber: Ciudadanía Educación Electoral, Logística Electoral, Supervisión del financiamiento de campañas, Registro de organizaciones políticas y candidatos, Casting de Votos, Recuento de votos y declaración de resultados y Registro de votantes.

2. Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador. Certificado en el periodo 2017-2020 en ocho procesos, a saber: Ciudadanía Educación Electoral, Logística Electoral, Supervisión del financiamiento de campañas, Registro de organizaciones políticas y candidatos, Resolución de disputas electorales, Casting de Votos, Recuento de votos y declaración de resultados, y Registro de votantes.

3. Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú. Certificado en 2017 con vigencia a 2020 en cinco procesos, a saber: Ciudadanía Educación Electoral, Logística Electoral, Registro de organizaciones políticas y candidatos, Casting de Votos, y Recuento de votos y declaración de resultados.

2 Ver en https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:17582:ed-1:v1:es

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4. Instituto Electoral de la Ciudad de México, México. Con certificado vigente de 2017 a 2020, en seis procesos: Ciudadanía Educación Electoral, Logística Electoral, Registro de organizaciones políticas y candidatos, Resolución de disputas electorales, Casting de Votos, y Recuento de votos y declaración de resultados. El Instituto ha sido el único organismo subnacional certificado en esta norma.

5. Jurado Nacional de Elecciones, Perú. Certificado en el ciclo 2018-2021 en cuatro procesos, a saber: Ciudadanía Educación Electoral, Registro de organizaciones políticas y candidatos, Resolución de disputas electorales y Recuento de votos y declaración de resultados.

Adicionalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia recientemente obtuvo la certificación en la norma 54001:2019 en los siguientes cinco procesos: Ciudadanía Educación Electoral, Logística Electoral, Registro de organizaciones políticas y candidatos, Casting de Votos y Registro de votantes. Este organismo es el primero en certificarse en esta norma.

La Registraduría es un ejemplo de los beneficios que conlleva la certificación en normas ISO. En 2015 obtuvo la certificación en calidad de su servicio de identificación bajo la norma ISO 9001:2008. En el 2018 actualizó esa certificación a la norma ISO 9001:2015. En el 2019 amplió la certificación en calidad en todas las delegaciones departamentales, es decir, a nivel nacional. La alta dirección de la Registraduría está convencida de que la única manera de brindar mayores garantías a los colombianos, en las atribuciones que tiene conferidas, es a través de la obtención de las certificaciones en calidad, lo que implica que la visión externa del personal calificado que evalúa sus procesos y procedimientos se adecue a las normas de calidad que ya previamente han sido establecidas.

No obstante que ya contaba con una certificación en la norma 9001 desde 2015, en octubre de 2019 obtuvo la certificación en la norma 54001 (la nueva ISO Electoral). Esto deja ver que la experiencia trabajando con 9001 ha sido satisfactoria, pues decidieron ampliar sus procesos certificados a una norma especializada en la labor que desempeñan.

En 2015, el Instituto Electoral de la Ciudad de México decidió implementar un Sistema de Gestión de Calidad. Para 2016 se iniciaron las tareas



puntuales para el establecimiento del Sistema, tal y como las plantea la Metodología de la OEA para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE). Ya en 2016, el Instituto se abocó a generar la documentación básica del SGCE necesaria para cumplir con los requisitos que las normas ISO señalan. Para finales de ese año se solicitó al organismo certificador que auditara el Sistema de Gestión de Calidad Electoral para aspirar a obtener la certificación ISO Electoral, la misma que se consiguió, acreditando así al otrora IEDF3 como el único organismo electoral local/subnacional en el mundo con dicha certificación.

Cabe señalar que a través de la ISO Electoral se señalan los requisitos que los organismos electorales, en todo el mundo, tanto de nivel local como nacional, deberían de cumplir para la ejecución de los procesos electorales clave, en concordancia con los más altos estándares de calidad, y en observancia a los marcos legales de cada organización y en cada país. La ISO Electoral establece los ocho procesos electorales a certificar4:

1. Registro de electores.

2. Registro de organizaciones políticas y candidatos.

3. Logística electoral.

4. Emisión del voto.

5. Conteo de votos y declaración de resultados.

6. Educación electoral.

7. Fiscalización del financiamiento de campañas electorales.

8. Resolución de disputas electorales.

Ahora bien, alcanzar la certificación en 2016 (entregada en enero de 2017) fue solo el primer paso, ya que el International Electoral

3 A partir de la Reforma Constitucional de 2016, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) cambió su denominación a Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

4 El IECM se encuentra certificado en 6 de estos 8 procesos. Se excluyen del alcance del SGE los relativos a Registro de Electores y Fiscalización del financiamiento de campañas electorales por ser atribución exclusiva de la autoridad nacional.

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Accreditation Body (IEAB) señala que el ciclo de la certificación dura tres años, y se requieren además auditorías de seguimiento anuales. Durante cada ciclo de certificación, el IEAB requiere que por lo menos una auditoría se realice durante el proceso electoral para verificar en los hechos la ejecución de los procesos y servicios declarados en el Sistema de Gestión Electoral del Instituto.

Derivado de esto, en diciembre de 2017 se realizó una auditoría de seguimiento; y en 2018, tres auditorías más, con la finalidad de verificar todo el ciclo electoral: previo, durante y posterior a la jornada electoral del 1 de julio. Fue con estas auditorías que se finalizó el primer ciclo de auditorías 2016-2018.

Los organismos electorales certificados bajo la norma ISO/TS17582:2014 e ISO/TS 54001/2019 experimentan distintos beneficios que se pueden dividir en tres ámbitos concretos: administrativo, organizativo y público.

1. Ámbito administrativo. Se mejoran aspectos tan relevantes como:

a. Contar con una estructura que permita gestionar, con calidad, el desarrollo de las actividades. (Esta estructura permite analizar el desempeño del Instituto en forma integral y, además, detectar las oportunidades de mejora).

b. Organizar el trabajo de manera simple e integrada, dado que se ordena el trabajo en procesos.

c. Fomentar la mejora continua.

d. Permitir la entrada a la innovación y a nuevos productos y/o servicios. En algunos casos la mejora es incremental y está basada en eliminar debilidades y, en otros casos se realiza a través de la incorporación de nuevas tecnologías o la sustitución de una por otra nueva.

2. Ámbito organizativo. Se refiere a lo siguiente:

a. La fácil reglamentación de áreas tan diversas como capacitación, logística, integración de mesas electorales, calendarios electorales, servicios al ciudadano, manuales y registros electorales.



b. La clara reglamentación de cada proceso y procedimiento permite lograr un mayor nivel de “accountability” (o rendición de cuentas), lo cual genera institucionalidad, dado que los procesos dejan de depender de personas.

c. El impacto directo en la transparencia y en la modernización de funciones, tecnología y procesos.

La certificación ISO-Electoral enfatiza aspectos como el respeto a las normas jurídicas, imparcialidad y neutralidad, transparencia, exactitud y atención al votante, pues por un lado profundiza la transparencia y la rendición de cuentas a través del mejoramiento de procesos y procedimientos al interior de la institución, así como beneficia el flujo de información para gestionar la toma de decisiones y establece la generación de una cultura de mejora continua en cada tarea realizada por el Instituto.

3. Ámbito público. Aunado a lo anterior, la certificación electoral tiene impactos sociales importantes. El principal efecto es en el aumento de la confianza ciudadana.

Además de estos beneficios, se genera al interior de la Institución una cultura de la mejora continua y de planeación estratégica, apoyados en instrumentos precisos, como encuestas de opinión, para conocer el sentir y expectativa de los usuarios internos y externos. Todos estos beneficios se ven reflejados en los resultados positivos a mediano y largo plazo.

La adopción voluntaria de un Sistema de Gestión de Calidad Electoral, y su posterior certificación en la ISO Electoral. Es una señal inequívoca con toda la ciudadanía sobre el compromiso institucional con la realización de procesos electorales de clase mundial, apegados a los más altos estándares de calidad internacional.

En el campo de la gobernanza electoral, la apertura en cuanto a las reglas y procedimientos, resultados y procesos de decisión utilizados por las autoridades electorales, abonará al aumento de la confianza pública, mejorará la elaboración de políticas públicas electorales y facilitará la rendición de cuentas (Norris & Nai, 2017).

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6. ConclusionesA nivel mundial, la democracia se encuentra bajo el ataque de distintos actores con incentivos y agendas particulares. En este sentido, los sistemas electorales no pueden convertirse en un flanco abierto a estos ataques, sino en una fortaleza de la democracia, su columna vertebral. Es por esto que debemos garantizar que nuestros sistemas electorales sean siempre un espacio en donde la ciudadanía encuentre certidumbre, profesionalismo y transparencia.

En este sentido, los organismos electorales de Perú, Ecuador, República Dominicana, Colombia y en nuestro caso, de la Ciudad de México, acompañados por el IEAB de la OEA, se posicionan como punta de lanza a nivel mundial en la construcción de sistemas electorales íntegros, resilientes y orientados a sus usuarios, a través de la adopción de Sistemas de Gestión de Calidad Electoral y su certificación en la ISO Electoral, y con ello, se aporta a la defensa de la democracia.

Alcanzar la certificación ISO Electoral deberá ser a futuro uno más de los parámetros a través de los cuales medir la integridad electoral de los sistemas electorales en el mundo, tal y como propone Pipa Norris, a través de su índice de Percepción de Integridad Electoral. Es indudable que mientras más organismos electorales se certifiquen en la ISO Electoral, mayor será la garantía de integridad electoral para la ciudadanía.

Los fantasmas de procesos electorales poco transparentes, alejados del marco normativo, influenciados por el gobierno, y con prácticas poco éticas, poco a poco se han ido superando. La confianza de la ciudadanía en los cuerpos electorales por momentos ha enfrentado adelantos, pero también estancamientos. Para cualquier institución electoral organizar elecciones se vuelve un proceso aún más complicado en lugares donde existen recursos inadecuados y personal mal capacitado.

Los sistemas electorales contribuyen a la sostenibilidad del sistema democrático, por ello es indispensable contar con organismos electorales responsables de administrar el proceso electoral que presten servicios efectivamente definidos, implementados y controlados. La legitimidad del organismo electoral estará basada en la implementación completa y transparente de cada proceso.



De allí que propongo un cambio de paradigma en el que las instituciones electorales o los organismos que lleven a cabo procesos indispensables para la celebración de comicios, como son la expedición de cédulas de identidad o el registro de electores, busquen la certificación electoral. Este debe ser el aspecto distintivo de las instituciones electorales en América Latina, organismos constantemente auditados y certificados que generen certeza a la ciudadanía de su proceder con miras a incrementar el nivel de confianza en ellas.


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Sobre el autor


Filiación institucional: Instituto Electoral de la Ciudad de México

Consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Licenciado en Economía por la UNAM. Cuenta con una Especialización en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sus líneas de trabajo incluyen: innovación electoral, voto extraterritorial, calidad en las elecciones e integridad electoral.


Recibido: 22/09/19


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La carta de servicios como instrumento de mejora en la gestión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec

The letter of services as an improvement instrument in the management of the National Registry of Identification

and Civil Status

Rosario Gonzáles LovónResumenEn el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que señala como principio fundamental la orientación a la ciudadanía para una prestación de servicio de calidad, varias organizaciones han optado por emplear instrumentos nuevos de gestión; este es el caso de la Carta de Servicios cuya aplicación alcanza a instituciones no solo públicas sino también privadas de nuestro país, a través de compromisos de calidad adquiridos con la ciudadanía.

En ese sentido, el presente artículo responde a la pregunta: ¿de qué manera las Cartas de Servicio están facilitando las relaciones con el cliente-ciudadano?, teniendo como objetivo impulsar un instrumento de modelo de gestión que facilite las relaciones con el cliente-ciudadano. Este instrumento de mejora se alinea y refuerza al Sistema de Gestión de Calidad implementado en los procesos clave del Reniec. Palabras claveMejora continua, instrumento de gestión, cartas de servicio, certificación, compromisos de calidad.

AbstractWithin the framework of the evolution of the Peruvian State according to the National Policy of Modernization of Public Management that implies the culture of continuous improvement in public entities and points out as a fundamental principle the orientation to the citizenship for a quality service provision, several organizations have chosen to use new management tools that respond to the needs and expectations of the citizens; this is the case of the Letters of Services whose application


Rosario Gonzáles Lovón

reaches institutions not only public but also private of our country. In this regard, this article aims to highlight the usefulness of the Service Charts as a novel instrument aligned with the Quality Management System because it reflects what is most important for the client-citizen seeking satisfaction through quality commitments that the organization assumes publicly, achieving its approach to do so to participate in the management.

KeywordsContinuous improvement, management tool, service letters, quality management system, quality commitments

1. IntroducciónMejorar la calidad, el desempeño y la competitividad es una exigencia creciente para las organizaciones de todo el mundo, por lo cual las respuestas a esta exigencia han sido muy variadas a lo largo de los años.

En nuestro país, la aplicación de la calidad está consolidándose poco a poco en los bancos, en el comercio, en las universidades, en la pequeña y mediana industria. Claro está que la calidad en el sector público no ha alcanzado un crecimiento ni impulso con tanta rapidez como en el sector privado. No obstante ello, muchas entidades públicas han logrado avances importantes en la incorporación de los principios de calidad en sus operaciones y procesos, tales como: Banco de la Nación, Mininter-Migraciones, Minsa-Digemid, JNE, Osinergmin, Ositran, ONP, ONPE, Osiptel, Promperu, Reniec, Sima Perú, Sunarp, Sunass, Sunat, quienes en los últimos años han obtenido la certificación ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad1 (Norma ISO 9001:2015, p.5) a sus principales líneas de producción. Sin embargo, la ciudadanía demanda cada vez más una mejor atención respecto a los servicios que las organizaciones brindan y todo esfuerzo requiere ir a la par de las necesidades actuales de la población.

1 ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). Está integrada por más de 160 países, su función es normar productos y servicios. Dichas normas son optativas.

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La carta de servicios como instrumento de mejora en la gestión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Muchas de las organizaciones públicas mencionadas en la introducción cumplen sus obligaciones para con los clientes-ciudadanos de acuerdo a ley, pero sin ir más allá de lo que la ley les exige. De ese modo descuidan la oportunidad de saber qué es lo más importante para el cliente-ciudadano, de conocer sus necesidades y expectativas, así como el análisis pormenorizado sobre las posibilidades y recursos con los que contaría para poder asumir compromisos al respecto.

En ese sentido, el presente artículo responde la siguiente pregunta: ¿de qué manera las Cartas de Servicio están facilitando las relaciones con el cliente-ciudadano?

La respuesta clave se da al establecer compromisos públicos con el cliente, pues los consumidores, clientes-ciudadanos de hoy en día valoran en mayor medida un servicio si quien se lo presta se compromete públicamente a ofrecérselo y además se le añade el valor de la verificación de su cumplimiento a través de una auditoria de certificación, con lo cual su valor quedará aún más reforzado.

En la actualidad la certificación se concede de acuerdo con los requisitos en la Norma UNE 93200:20082, que es la única en el ámbito internacional que recoge la metodología, contenido y particularidades que debe caracterizar a una Carta de Servicios. Existen numerosas publicaciones que guían y orientan sobre el desarrollo de Cartas de Servicios, pues se trata de una herramienta muy utilizada en diferentes países del mundo desde los años noventa. Si no, echemos una mirada a sus inicios:

a. Su origen se sitúa en Gran Bretaña, en Julio de 1991, cuando se presenta y elabora la primera Carta de Servicio (“Citizen’s Charter”) en el Parlamento Británico, siendo primer ministro británico John Major, con el objetivo de incrementar la calidad de los servicios públicos, dando publicidad a los compromisos de cobertura de las necesidades y expectativas de los ciudadanos (Asociación Española para la Calidad. Comité de Calidad en los Servicios, 2006).

2 Norma UNE 93200:2008, norma española que especifica los requisitos mínimos del contenido y del proceso de elaboración, seguimiento y revisión de las Cartas de Servicios, tanto de organizaciones públicas como de privadas.



b. En 1997, con el cambio de gobierno, se llevó a cabo una gran encuesta sobre el modelo de Cartas de Servicio. Luego del análisis y discusión de los resultados obtenidos se diseñó un nuevo programa de Cartas de Servicio del Reino Unido, denominado “Service First”, que establece principios que debe cumplir cada servicio público:

• Establecer los estándares de servicio.

• Ser accesible y facilitar información detallada.

• Consultar e implicar a los ciudadanos.

• Ofrecer un trato igualitario.

• Corregir lo que funciona mal.

• Utilizar los recursos eficazmente.

• Innovar y mejorar a través de la mejora continua.

• Trabajar con los proveedores.

c. Tras esta experiencia, fueron numerosas las iniciativas llevadas a cabo por las Administraciones públicas europeas. Algunas más relevantes fueron:

• Chartes de Services Publics, 1992 Francia

• Chartes de I’Utilizater des Services Publics, 1992 Bélgica

• Putting Customer First, 1993 Estados Unidos

• Carte dei Servizi, 1994 Italia

• Carta de Servicio, 1996 (*) España

(*) La primera Carta en España fue en el Ayuntamiento de Barcelona

Es importante seguir impulsando y extendiendo esta herramienta modelo a los procesos, siguiendo la metodología de Deming3 como la mejor forma de solucionar problemas mediante la mejora continua, planificando

3 El ciclo de mejora continua de los procesos que significa Planificar (involucrar a la gente correcta, comprender las necesidades de los clientes), Hacer (implementar la mejora/ verificar las causas de los problemas), Verificar (analizar y desplegar los datos, revisar los problemas y errores) y Actuar (incorporar la mejora al proceso, incorporar nuevos proyectos) conocido gracias a Deming.

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nuevos compromisos, hacerlos a la medida de las expectativas del cliente-ciudadano, atributos más relevantes, verificar su cumplimiento de acuerdo con lo planificado y actuar de acuerdo con los resultados.

2. MetodologíaSe analizan los pasos que se siguieron en la implementación de la Carta de Servicios en el Reniec según la Norma UNE 93200:2008.

1.Elaboración de la Carta de Servicios

2.Seguimiento de la Carta de Servicios

3.Revisión y

actualización de la Carta de Servicios

CERTIFICACION DE LA CARTA DE

SERVICIOS

Figura 1. Implementación de la Carta de Servicios.Fuente: Elaboración propia.

2.1 Elaboración de la Carta de Servicios Para la elaboración de la Carta de Servicios se hizo lo siguiente:

1. La Alta Dirección encabezada por el Representante de la Alta Dirección - RAD comunicó a los dueños por los Sistemas de Gestión de los procesos clave, que tienen contacto directo con los clientes - ciudadanos, la decisión de elaborar la Carta de Servicios.

2. El RAD dispuso la constitución y conformación de un equipo de trabajo de carácter multidisciplinario por cada proceso clave, teniendo en cuenta que:

• los integrantes conozcan sus procesos internos;

• los elegidos serían los responsables del servicio sobre el que se establecerían compromisos;



• los integrantes presten directamente el servicio.

3. Constituidos los equipos de trabajo, cada dueño del proceso designó dentro del equipo un responsable para que lo representara cuando fuera preciso y un alterno, quienes debían realizar las tareas de coordinación.

4. Es importante señalar que los integrantes de los equipos recibieron capacitación en la “Norma UNE 93200:2008 - Cartas de Servicios”, a cargo de AENOR PERU antes de iniciar sus actividades.

5. Asimismo, previo a la formulación de los compromisos de las Cartas, los equipos trabajaron en la identificación de las expectativas de los clientes-ciudadanos para cada servicio que recogería la Carta, empleando encuestas y grupos focales. De acuerdo con ello, identificaron las siguientes expectativas sobre los atributos del servicio relevantes para los usuarios.

Tabla 1. Identificación de expectativas de los clientes-ciudadanos.

Proceso Órgano involucrado

Atributos de calidad Expectativas

Registros Civiles

Gerencia de Registros Civiles - GRC

Calidad de atención

Que atiendan todas sus consultas sobre observaciones en las Actas Registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

Registro de Identificación

Gerencia de Operaciones

Registrales - GORGerencia de Registros de Identificación-GRI

Capacidad de respuesta

Que los trámites de DNI de Arequipa sean emitidos en un plazo mínimo.

Registro de Identificación GOR Capacidad de

respuestaQue todos los trámites de atenciones hospitalarias sean atendidos en un plazo mínimo.

Registro Electoral

Gerencia de Registro Electoral - GRE


Publicaciones rápidas de evaluación de requisitos de solicitudes en verificación de firmas.

Registro Electoral GRE Calidad de

atenciónPublicaciones rápidas de resultados del proceso de verificación de firmas.

Registro de Certificación Digital

Gerencia de Registros de Certificación Digital - GRCD

Cumplimiento de plazos

Que las solicitudes de atención al cliente por correo sean atendidas en un plazo mínimo.

Registros de Certificación Digital

GRCD Cumplimiento de plazos

Que las solicitudes de certificado digital de persona jurídica sean atendidas en un plazo mínimo.

Fuente: Elaboración propia.

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6. Los equipos identificaron y definieron los procesos para la prestación de los servicios de cada Carta de Servicios, les hicieron un seguimiento e incluyeron el objetivo, las entradas, las actividades y sus responsables, las salidas, los indicadores de gestión del proceso y las interacciones con otros procesos.

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTESDIAGRAMA DE PROCESOS END TO END CARTA DE SERVICIO

PROCESOS

Solicitudde Emisión de DNIInterno

•Persona Natural

Interno•Persona NaturalRecepción Digitalización Evaluación Emisión DNI/DNIe

RUIPN actualizado

Figura 2 - Diagrama de Procesos: Carta de Servicio GRI-GOR.Fuente: Gerencia de Registros de Identificación.

7. Identificadas las expectativas de los clientes-ciudadanos, es importante tener en cuenta la capacidad del área para ofrecer determinado servicio y luego comparar ambas fuentes de información. Comprobado el grado de cumplimiento de los niveles de calidad esperados por el cliente-ciudadano, el equipo de trabajo determinó los compromisos de calidad a incluirse en la Carta de Servicios. Estos compromisos fueron establecidos teniendo en cuenta las características de acuerdo con el concepto SMART4:

• Específico, el objetivo debe ser lo más concreto posible.

• El objetivo debe ser medible, por lo que ha de ser una meta cuantificable.

• Alcanzable, el objetivo debe ser ambicioso, un reto para nosotros pero posible. Hay que dar la posibilidad de reajustar los objetivos si hay cambios en el entorno.

4 El acrónimo SMART (por sus siglas en Inglés) nos ayuda a definir los objetivos de forma inteligente. Para que nuestra meta tenga un objetivo eficaz debe tener estos requisitos: Specific (Específico), Measurable (Medible), Attanaible (Alcanzable), Realist (Realista), Timely (Tiempo).



• Realista, debemos tener objetivos de acuerdo a nuestras posibilidades (tanto por nuestros recursos disponibles, como por nuestra motivación por lograr dicho objetivo).

• Tiempo, hay que tener establecido una línea temporal. Cada objetivo debe estar definido en el tiempo, ya que nos ayudará a marcar las distintas etapas que nos permitirán llegar a la meta propuesta.

8. Basados en lo anterior, se establecieron los compromisos de calidad a ser asumidos por cada dueño del proceso y por ende de la Organización. Dichos compromisos fueron redactados en lenguaje sencillo y referidos a los atributos del servicio identificados como relevantes por el cliente-ciudadano.

9. Los compromisos de calidad fueron agrupados en tres Cartas de Servicios denominadas:

• Carta de Servicios Registro de Identificación y Registros Civiles.

• Carta de Servicios Registro Electoral.

• Carta de Servicios Registro de Certificación Digital.

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Tabla 2. Compromisos de Calidad: Carta de Servicios de Registros de Identificación y Registros Civiles.

Atributo de Calidad Compromisos de Calidad Indicadores de

CalidadAtención

según alcance

Carta de Servicios Registro Electoral


Publicar el 100% de resultados de la Evaluación de Requisitos de las solicitudes de Verificación de Firmas en el portal web del Registro Electoral de Reniec, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes de recepcionada la solicitud en la Gerencia de Registro Electoral.

Porcentaje de Publica-ciones de Evaluación de Requisitos de las Solici-tudes de Verificación de Firmas, en el portal web del Registro Electoral del Reniec.

Sede GRE


Publicar el 100% de resultados del Proceso de Verificación de Firmas en el portal web del Registro Electoral de Reniec, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles siguientes, culminado el Proceso de Verificación de Firmas (Verificación Semiautomática).

Porcentaje de Publica-ciones de Resultados del Proceso de Verificación de Firmas, en el portal web del Registro Electo-ral de RENIEC.

Carta de Servicios Certificación Digital


Las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo: [email protected], serán atendidas en un plazo no mayor de 12 horas en un 95% desde la asignación del caso (*) , y el 5% restante, en un plazo no mayor de 24 horas.

Porcentaje de las soli-citudes de atención al cliente recepcionadas a través de la cuenta de correo: [email protected] atendidas en el plazo establecido. Sede GRCD


Las solicitudes de certificado digital de persona jurídica serán atendidas en un 90% de los casos en un plazo no mayor a 3 días hábiles, y el 10% restante no superará los 5 días hábiles.

Porcentaje de solicitudes de certificado digital de persona jurídica, atendidas en el plazo establecido.


5

5 Nota (*): El estado de asignación del caso se inicia con la creación del ticket de atención del sistema Servicio de Atención al Cliente (OTRS). El ticket es enviado, vía correo electrónico, por el Sistema Servicio de Atención al Cliente (OTRS) al ciudadano.

El plazo de atención se considera desde que el cliente-ciudadano se apersona a tramitar su solicitud de certificado digital de persona jurídica a la EREP de San Isidro, hasta que se aprueba y se le comunica vía correo electrónico sobre la disponibilidad de descarga de su certificado digital.




CalidadAtención

según alcance

Carta de Servicios Registro de Identificación y Registros Civiles


Garantizar un nivel de satisfacción al ciudadano no menor al 95% en la atención de consultas sobre cancelación, recons-titución, inutilización y observaciones en las actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

Nivel de satisfacción del ciudadano por el servicio brindado en forma presencial a través del personal Reniec.

1er. Piso. Sede San Borja-

GRC


Garantizar que el 85% de los trámites de DNI convencional realizados en la Oficina Registral Arequipa sean emitidos en 48 horas, y el 15% como máximo en 72 horas luego de realizado el trámite .

Porcentaje de trámi-tes de DNI emitidos, atendidos en el Local 0000091 – OR Are-quipa.

OR-Arequipa


Garantizar que el registro de datos e imágenes, necesarios para el trámite de DNI convencional, sean atendidos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles en los Centros de Salud de los siguientes distritos: Jesús María, Callao, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Bellavista, La Victoria, Lima, Miraflores, San Borja y Breña.

Porcentaje de solicitu-des de atención hos-pitalaria atendidas al 100% como máximo en 5 días.

Centros de Salud de

los distritos indicados.


6

7

6 El compromiso de calidad planteado en sus inicios fue muy optimista: al 70% en 24 horas (Tabla 5) no llegándose a cumplir la meta (ENE a MAY 2019), por lo que se replanteó al 85% en 48 horas.

7 Este servicio no aplica para: Inscripción extemporánea, reinscripciones e interdicción, toda vez que requiere un

nuevo análisis. Solicitudes observadas como producto del análisis, como:

• No cumple requisitos TUPA.• Requiere documentos históricos del ciudadano que se encuentran en los archivos

de Reniec, para validar solicitud.• Requiere consulta de perito para verificar imágenes.• Sea transferido a la Subgerencia de Investigación y Depuración, toda vez que la

inscripción se encuentra cancelada o presenta algún tipo de restricción.• Otros motivos de observación.• Trámites de DNI manuales.• Problemas informáticos.• Corte de fluido eléctrico.• Paro/huelga.

DNI electrónico.

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Tabla 3. Compromisos de Calidad. Carta de Servicios de Registros Electoral.

Carta de Servicios de Certificación Digital.


CalidadAtención

según alcance

Carta de Servicios Registro Electoral


Publicar el 100% de resultados de la Evaluación de Requisitos de las solicitudes de Verificación de Firmas en el portal web del Registro Electoral de Reniec, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes, de recepcionada la solicitud en la Gerencia de Registro Electoral.

Porcentaje de Publica-ciones de Evaluación de Requisitos de las Solici-tudes de Verificación de Firmas, en la web del Registro Electoral del Reniec.

Sede GRE


Publicar el 100% de resultados del Proceso de Verificación de Firmas en el portal web del Registro Electoral de Reniec, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles siguientes, culminado el Proceso de Verificación de Firmas (Verificación Semiautomática).

Porcentaje de Publica-ciones de Resultados del Proceso de Verificación de Firmas, en el portal web del Registro Electo-ral de Reniec.

Carta de Servicios Certificación Digital


Las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo: [email protected], serán atendidas en un plazo no mayor de 12 horas en un 95% desde la asignación del caso (*) , y el 5% restante, no mayor de 24 horas

Porcentaje de las soli-citudes de atención al cliente recepcionadas a través de la cuenta de correo: [email protected] atendidas en el plazo establecido. Sede GRCD


Las solicitudes de certificado digital de persona jurídica serán atendidas en un 90% de los casos en un plazo no mayor a 3 días hábiles, y el 10% restante no superará los 5 días hábiles.

Porcentaje de solicitudes de certificado digital de persona jurídica, atendidas en el plazo establecido.


8

8 Nota (*): El estado de asignación del caso se inicia con la creación del ticket de atención del sistema Servicio de Atención al Cliente (OTRS). El ticket es enviado, vía correo electrónico, por el Sistema Servicio de Atención al Cliente (OTRS) al ciudadano.

Nota (*): El plazo de atención se considera desde que el cliente-ciudadano se apersona a tramitar su solicitud de certificado digital de persona jurídica en la EREP San Isidro, hasta que se aprueba y se le comunica vía correo electrónico sobre la disponibilidad de descarga de su Certificado Digital.



10. Cada uno de los indicadores de calidad definidos cuenta con una “Ficha de indicador” por cada uno de los compromisos de la Carta de Servicios, la que cuenta con la siguiente información:

a. Compromiso de calidad.

b. Indicador.

c. Frecuencia de actualización.

d. Unidad de medida.

e. Fórmula de cálculo.

f. Fuente de datos.

g. Definición del Indicador.

h. Responsable de alcanzar la meta.

i. Responsable de seguimiento/informes.

j. Responsable de medición.

k. Meta.

l. Gráfica de seguimiento y presentación.

11. Finalmente, los equipos terminaron de redactar las Cartas de Servicio respetando lo indicado por la Norma UNE 93200, que en su estructura y contenido señala incluir:

a. Objetivos y fines de la organizaciónSe identifica el nombre de nuestra organización, el Reniec, su finalidad, su razón de ser, cumplimiento de su Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad.

b. Servicios prestadosMenciona la relación de servicios según el alcance de la Carta de Servicios sobre los cuales se asumirán los compromisos, relacionando cada uno de ellos con un proceso.

c. Información de contacto respecto a los compromisosNombre y apellidos de la persona responsable del compromiso, teléfono, correo electrónico, ubicación y horario de atención.

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d. Derechos de los clientes-ciudadanos respecto a los servicios brindadosRelación de derechos que les asisten a los clientes-ciudadanos que reciben el servicio.

e. Deberes de los clientes-ciudadanos respecto a los servicios brindadosRelación de deberes de los clientes-ciudadanos respecto a los servicios brindados que reciben.

f. Marco normativoMencionar el marco normativo aplicable a los servicios.

g. Formas de participación de clientes-ciudadanos La forma como los clientes-ciudadanos del Reniec pueden participar para contribuir en la mejora de la prestación del servicio opinando sobre la Carta de Servicios.

h. Compromisos de CalidadMuestra los compromisos de calidad que asume la organización.

i. Indicadores de Calidad Muestra los indicadores de calidad que permitirán medir el cumplimiento de los compromisos.

j. Mecanismos de comunicación externa e interna Indicar los diferentes mecanismos de comunicación de la Carta, por ejemplo a través de la página web, folletos informativos, anuncios en locales; en reuniones internas; intranet institucional, periódicos murales, links de calidad, etc.

k. Medidas de subsanaciónEn caso el Reniec incumpla algún compromiso de calidad, precisa qué medida tomará para subsanar dicha desviación.

l. Formas de presentación de sugerencias y reclamos Se brinda una línea gratuita a nivel nacional, correos, chat y en forma presencial en las instalaciones de cada local a través del buzón de sugerencias y del Libro de Reclamaciones.



m. Información general de la organización, oficina de atención y horarios para realizar el trámiteSe brinda información detallada para la atención de productos y servicios de: Locales de atención, Oficinas Consulares, PVM, MAC, Mesa de Partes, Servicios vía web, ALÓ Reniec, Correo Institucional, Chat, Servicios de Consultas en Línea, Ventanilla. De todos ellos se informa el alcance, horario y ubicación/ información electrónica.

Lo mencionado desde a. hasta m. forma parte de cada una de las tres (3) Cartas de Servicio del Reniec, que fueron aprobadas mediante Resolución Jefatural con una vigencia de 2 años.

2.2. Seguimiento de la Carta de ServiciosSe ha establecido un seguimiento mensual a través de indicadores definidos, para verificar el cumplimiento de los mismos y propiciar la mejora continua; así como plazos para su publicación.

Tabla 4. Seguimiento de la Carta de Servicios.

Carta de Servicios Involucrados Actividades Responsable

consolidar FrecuenciaResponsable Publicación y Coordinación

1. Registro de Identificación y Registros Civiles

GRC, GOR, GRI

• GOR recibe resultados de GRC y GRI y los consolida.

• Entrega consolidada a GTI (quinto día del mes).

• Publicación (sexto día del mes).

GOR

Mensual

Gerencia de Imagen

Institucional - GII

Gerencia de Tecnología de la Información

- GTI 2. Registro

Electoral GRE • Entrega del consolidado a GTI (quinto día del mes).

• Publicación (sexto día del mes).

GRE

3. Certificación Digital GRCD GRCD


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Cabe señalar que los resultados obtenidos para los indicadores de los compromisos de:

Carta de Servicios del Registro de Identificación y Registros CivilesCompromiso 1, Proceso de Registros Civiles, sobre la base de encuestas diarias al 100% a todos los clientes-ciudadanos que realizan consultas sobre cancelación, reconstitución, inutilización y observaciones a las Actas Registrales.

Compromiso 2, Proceso de Gerencia de Operaciones Registrales y Gerencia de Registros de Identificación, sobre la base del resultado obtenido en la emisión del DNI en la Oficina Registral Arequipa dentro de los plazos comprometidos.

Compromiso 3, Proceso de Gerencia de Operaciones Registrales sobre atención en los Centros de Salud, sobre la base de las solicitudes de atención hospitalaria dentro de los plazos comprometidos.

Carta de Servicios del Registro de Certificación DigitalCompromiso 1, sobre la base del resultado de las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo [email protected] y de acuerdo con los plazos comprometidos.

Compromiso 2, sobre la base del resultado de las solicitudes de emisión de certificado digital de persona jurídica de acuerdo con los plazos comprometidos.

Carta de Servicios del Registro Electoral Compromiso 1, sobre la base del resultado de la publicación de la evaluación de requisitos de solicitudes de verificación de firmas de acuerdo a los plazos comprometidos.

Compromiso 2, sobre la base de la publicación de resultados del proceso de verificación de firmas de acuerdo a los plazos comprometidos.

2.3. Revisión y actualización de la Carta de ServiciosLas Cartas de Servicio no son estáticas, deben ser revisadas y actualizadas por lo menos cada dos años (tiempo de vigencia). Su revisión está enfocada a:

• El replanteamiento de compromisos que se hayan desviado de su objetivo.



• Responder a los cambios del entorno que afecten positiva o negativamente los compromisos de calidad del servicio.

• Incluir mejoras en el servicio y/o actualizar los existentes.

Tabla 5. Reformulación de los compromisos de calidad.

CartaCompromisos de Calidad

ANTES (hasta Mayo 2019) REFORMULADOS

Registro de Identificación

y Registros Civiles

Compromiso 1

Garantizar un nivel de satisfacción al ciudadano no menor de 95% en la atención de consultas sobre cancelación, reconstrucción, inutilización y observa-ciones en las Actas Registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

Garantizar un nivel de satisfacción al ciudadano no menor de 93% en la atención de consultas sobre cancelación, reconstrucción, inutilización y observa-ciones en las Actas Registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

Compromiso 2

Garantizar que el 70% de los DNI convencionales tramitados en la Oficina Registral Arequipa sean emitidos en 24 horas y el 30% restante, como máximo en 48 horas luego de realizado el trámite.

Garantizar que el 85% de los DNI convencionales tramitados en la Oficina Registral Arequipa sean emitidos en 48 horas y el 15% restante, como máximo en 72 horas luego de realizado el trámite.

Certificación Digital

Compromiso 1

Las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo: [email protected], serán atendidas, en un 90%, en un plazo no mayor de 12 horas desde la asignación del caso (*) y el 10% restante, no mayor de 24 horas.

Las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo: [email protected], serán atendidas, en un 95%, en un plazo no mayor de 12 horas desde la asignación del caso (*) y el 5% restante, no mayor de 24 horas.

Compromiso 2

Las solicitudes de certificado digital de persona jurídica serán atendidas al menos en un 80% de los casos en un plazo no mayor de 3 días hábiles, y el 20% restante no superará los 5 días hábiles.

Las solicitudes de certificado digital de persona jurídica serán atendidas al menos en un 90% de los casos en un plazo no mayor de 3 días hábiles, y el 10% restante no superará los 5 días hábiles.

En tal sentido, de acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 1, los dueños de los procesos relacionados con los compromisos de calidad solicitaron actualizar las metas de los indicadores de los compromisos de las Cartas de Servicio en el presente año 2019.

135 Nombres (Lima) 5(2) 2019


2.4. Certificación de las Cartas de ServicioExiste un paso muy importante al que han sido sometidas las tres (3) Cartas de Servicio del Reniec y es el de su reconocimiento internacional. Al respecto, las Cartas de Servicio implementadas en el Reniec fueron sometidas a una validación externa y rigurosa por parte de la Certificadora AENOR.

La verificación y la fe de la gestión del cumplimiento de los compromisos a cargo de una entidad externa, independiente y de prestigio, le agregan un valor adicional en cuanto a la garantía de los compromisos instaurados.

En nuestro país la entidad de certificación AENOR es la encargada de validar las Cartas de Servicio y su implementación, bajo la Norma UNE 93200:2008 a través de un examen o auditoría externa.

Con relación al proceso de certificación, esta siguió pasos similares a los de un sistema de gestión:

1. El Reniec solicitó a la Certificadora la auditoría de certificación.

2. La Certificadora cotiza la oferta.

3. Envío de Plan de Auditoría por Certificadora para su revisión.

4. Revisión y/o actualización y envío de Plan de Auditoría a certificadora.

5. Realización de auditoría externa de certificación in situ.

6. Certificadora eleva informe de auditoría que contiene los hallazgos.

7. Organización presenta “Plan de acción” para levantar no conformidades.

8. Certificadora revisa plan de acción y evalúa.

9. Certificadora emite el Certificado.

Es muy recomendable y una buena práctica que una vez implementadas las Cartas de Servicio en la organización, se realice una auditoría interna similar a la realizada en la auditoría externa.

Finalmente, es importante recalcar que luego de la certificación viene el seguimiento anual durante dos años a través de la “Auditoría de seguimiento”



y que, en comparación con la auditoría de certificación, se invertirá menos tiempo en dicho examen, pudiendo abocarse a una revisión documental en algunos casos o a una revisión rápida del cumplimiento de los compromisos. En el tercer año se realiza la auditoría de recertificación o renovación similar a la auditoría de certificación, como se indica en la tabla 6.

Tabla 6. Ciclo de Certificación.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Auditoría inicial Auditoría de seguimiento 1

Auditoría de seguimiento 2

Auditoría de renovación

El Reniec logró certificar sus tres (03) Cartas de Servicio luego de enfrentar un examen de auditoría minucioso los días 27, 28 y 29 Dic-2017. Al respecto, las Certificaciones empezaron su vigencia el 15 Mar-2018. Ya se ha tenido una Auditoría de seguimiento 1 en el presente año, 2019, y se espera una auditoría de seguimiento 2 en el año 2020 para, finalmente, tener una Auditoría de renovación en el año 2021.

3. Resultados Revisemos el seguimiento de las Cartas de Registro de Identificación y de Registro de Certificación Digital.

Carta de Servicios del Registro de Identificación y Registros Civiles

Tabla 7. Medición y seguimiento de indicador de la Carta de Servicios para el proceso de Registros Civiles.

Compromiso 1 (Gerencia de Registros Civiles)Garantizar un nivel de satisfacción al ciudadano no menor al 93% en la atención de consultas sobre

cancelación, reconstitución, inutilización y observaciones en las Actas Registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

Especificaciones Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19

Nivel de satisfacción del ciudadano 96,13% 96,64% 97,43% 97,75% 97,57% 95,75% 97,63% 99,08%

Meta: ( >= ) 93% 93% 93% 93% 93% 95% 95% 95%

Encuestas realizadas 56 78 127 71 63 149 135 94

Fuente: Encuestas realizadas al ciudadano por la Subgerencia de Depuración de la GRC.

137 Nombres (Lima) 5(2) 2019


Figura 3. Carta de Servicios. Resultado del indicador de Satisfacción del Proceso de Registros Civiles del Reniec.

Tabla 8. Medición y seguimiento de indicador de la Carta de Servicios para el proceso de la Gerencia de Operaciones

Registrales y Gerencia de Registros de Identificación.

Compromiso 2 (Gerencia de Operaciones Registrales y Gerencia Registros de Identificación)Garantizar que los trámites de DNI convencional realizados en la Oficina Registral Arequipa, sean emitidos al

70% en 24 horas y el 30%, como máximo, en 48 horas de realizado el trámite.


Meta 1: (Emisión de DNI al 70% en 24 hrs) 70% 70% 70% 70% 70%

Meta 1 reformulada: (Emisión de DNI al 85% en 48 hrs) 85% 85% 85%

Resultado indicador (Meta 1) 45,04% 15,44% 18,77% 64,50% 41,93%Resultado indicador (Meta 1 reformulada) 88,96% 83,20% 96,73%

Meta 2: (Emisión de DNI al 30% en 48 hrs) 30% 30% 30% 30% 30%

Meta 2 reformulada: (Emisión de DNI al 15% en 72 hrs) 15% 15% 15%

Resultado del indicador (Meta 2) 54,96% 84,56% 81,23% 35,50% 58,07%

Resultado indicador (Meta 2 reformulada) 11,04% 16,80% 3,27%

Fuente: Subgerencia de Gestión de Base de Datos.

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Figura 4. Plazos de entrega de DNI en la Oficina Registral de Arequipa.Fuente: Subgerencia de Gestión de Base de Datos.

Tabla 9. Medición y seguimiento de indicador de la Carta de Servicios para el proceso: Gerencia de Operaciones Registrales.

Compromiso 3 (Gerencia de Operaciones Registrales)Garantizar que el registro de datos e imágenes, necesarios para el trámite de DNI convencional,

sean atendido al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles en los Centros de Salud de los siguientes distritos: Jesús María, Callao, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Bellavista, La Victoria,

Lima, Miraflores, San Borja y Breña.


Total de solicitudes de atención hospitalaria 53 56 42 40 53 37 48 36

Total de solicitudes de atención hospitalarias den-tro del plazo establecido

53 56 42 40 53 37 48 35

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Resultado del indicador 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

Fuente: Encuestas realizadas al ciudadano por la Subgerencia de Depuración de la GRC.

139 Nombres (Lima) 5(2) 2019


Figura 5. Porcentaje de solicitudes de atención hospitalaria dentro del plazo establecido.

Fuente: Oficina de Atenciones Especiales de la GOR.

3.1. Análisis del resultado de los indicadores - Carta de Servicios del Registro de Identificación y Registros Civiles

Compromiso 1: Garantizar un nivel de satisfacción al ciudadano no menor al 93% en la atención de consultas sobre cancelación, reconstitución, inutilización y observaciones en las actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

La tendencia de la satisfacción por la atención del cliente-ciudadano sobre las consultas diarias que realiza en la sede San Borja ha sido ascendente y ha superado la meta del 93%; en tal sentido, se ha considerado mejorar la meta al 95% a partir del mes de junio-2019.

Compromiso 2: Garantizar que los trámites de DNI convencional realizados en la Oficina Registral Arequipa sean emitidos el 70% en 24 horas y el 30% máximo en 48 horas luego de realizado el trámite.

Se observa que el resultado del indicador de Ene-19 a May-19 no ha logrado alcanzar la Meta 1: Emisión de DNI al 70% en 24 horas situándose mayormente dentro de las 48 horas, por lo que la GOR y GRI decidieron actualizar la meta del indicador a partir de Jun-2019 tal como se indica en la Tabla 8.

Al no alcanzar el compromiso 2, se procedió de acuerdo con lo indicado en el inciso K. Medidas de subsanación, de la Carta de Servicios y Norma



UNE 93200, ofreciendo las disculpas a los clientes-ciudadanos que fueron afectados por la entrega de su DNI fuera del plazo indicado.

A partir de Jun-2019 con la Meta 1 (reformulada), Emisión del DNI al 85% en 48 hrs, se ha logrado alcanzar la meta planteada así como la Meta 2 (reformulada): el 15% restante en 72 horas.

Compromiso 3: Garantizar que el registro de datos e imágenes, necesarios para el trámite de DNI convencional, sean atendidas al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles en los Centros de Salud de los siguientes distritos: Jesús María, Callao, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Bellavista, La Victoria, Lima, Miraflores, San Borja y Breña.

En este caso el compromiso ha sido cumplido al 100% hasta Jul-2019 en un plazo no mayor a 5 días y en agosto al 97%.

Tabla 10a. Medición y seguimiento de indicadores de la Carta de Servicios del Registro de Certificación Digital.

Compromiso 1 (Gerencia de Registros de Certificación Digital)Las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo: [email protected] serán atendidas, el 95%, en un plazo no mayor de 12 horas desde la asignación del caso (*), y el 5% restante en

un plazo no mayor a 24 horas.


Meta 1: (Atención al 95% en 12 hrs) 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Resultado Indicador (Meta1) 100% 100% 100% 100% 96,97% 98,38% 99,49% 96,55%

Meta 2: (Atención del 5% restante no más de 24 hrs) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Resultado Indicador (Meta2) 3,03% 1,62% 0,51% 3,45%

Total de atenciones 183 192 186 209 297 185 197 174

Fuente: Gerencia de Registros de Certificación Digital - GRCD.

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Tabla 10b. Medición y seguimiento de indicadores de la Carta de Servicios del Registro de Certificación Digital.

Compromiso 2 (Gerencia de Registros de Certificación Digital)Las solicitudes de emisión de certificado digital de persona jurídica serán atendidas al menos en un 90%

de los casos en un plazo no mayor a 3 días hábiles, y el 10% restante no superará los 5 días hábiles.


Meta 1: Atención al 90% en no más de 3 días hábiles. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Resultado Indicador (Meta1) 100% 100% 99,74% 100% 100% 100% 100% 100%

Meta 2: Atención del 10% restan-te no superará los 5 días hábiles 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Resultado Indicador (Meta2) 0,26%

Total de atenciones 6930 5944 7297 4954 5806 6731 6632 6528

Fuente: Gerencia de Registros de Certificación Digital - GRCD.

Figuras 6a y 6b. Plazo de atención de solicitudes de atención al cliente.Fuente: Gerencia de Registros de Certificación Digital - GRCD.



Figuras 7a y 7b. Plazo de atención de solicitudes de emisión de certificado digital a persona jurídica.

3.2. Análisis del resultado de los indicadores - Carta de Servicios del Registro de Certificación Digital

Compromiso 1: Las solicitudes de atención al cliente que ingresan a través del correo: [email protected] serán atendidas, el 95%, en un plazo no mayor de 12 horas desde la asignación del caso (*), y el 5% restante, en un plazo no mayor a 24 horas.

Este indicador ha tenido un comportamiento hasta el mes de Abr-2019 del 100% para un plazo de atención no mayor de 12 horas, y a partir de May-2019 registró también el cumplimiento de la meta 2 con el 3,03%, 1,62%, 0,51% y 3,45%, respectivamente de atención en un plazo no mayor a 24 horas.

143 Nombres (Lima) 5(2) 2019


Compromiso 2: Las solicitudes de emisión de certificado digital de persona jurídica serán atendidas al menos en un 90% de los casos en un plazo no mayor a 3 días hábiles, y el 10% restante no superará los 5 días hábiles.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la Meta 1, de atención al 90% en no más de 3 días hábiles, desde el mes de Ene-19 a Ago-19 ha superado la meta registrando una atención de persona jurídica al 100%.

Los resultados de la medición mensual de los indicadores son publicados en el Portal del Reniec9 como una muestra de la transparencia y el compromiso adquirido con el cliente-ciudadano y, asimismo, son de conocimiento en toda la Organización a través de la intranet institucional para generar el apoyo e involucramiento de los colaboradores en el cumplimiento de las metas propuestas.

4. Las cartas de servicios en nuestro paísEs importante señalar los siguientes hechos que han propiciado el establecimiento de Cartas de Servicio en las organizaciones de nuestro país:

En el Año 2008, el Perú suscribió la Carta Iberoamericana de Calidad en Gestión Pública (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2008), que promueve el establecimiento de un enfoque común acerca de las nociones de calidad y de excelencia en la gestión pública, a partir del cual se adopte un conjunto de principios y orientaciones que sirvan de referencia a las diferentes administraciones públicas iberoamericanas en la formulación de sus políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan la mejora continua de la calidad de su gestión pública.

En el Año 2010, en el marco de la Política Nacional de Simplificación Administrativa definida y aprobada mediante Decreto Supremo N°25-2010-PCM, que orienta la actuación de las entidades públicas en todo el ámbito nacional con la finalidad de que estas brinden procedimientos y servicios administrativos valiosos y oportunos para la ciudadanía, se aprueba el “Plan Nacional de Simplificación

9 https://www.reniec.gob.pe/portal/html/institucional/cartas-servicio/77-RRCC-AGOSTO-2019.pdf



Administrativa 2010-2014” mediante Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM, en cuya Estrategia 1.2: Desarrollar mecanismos que faciliten la simplificación administrativa, establece como Acción 1.2.8: Suscripción de Cartas de Compromiso de las entidades públicas con la ciudadanía.

Las siguientes organizaciones han suscrito y varias de ellas obtenido Certificación Internacional de sus Cartas de Servicio:

• SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2010.

• MTPE, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2014.

• OSIPTEL, Regulador de las Telecomunicaciones, 2015.

• OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2015.

• RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2018.

• SANIPES, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 2018.

5. Indicadores de cartas de servicios de otras organizacionesA continuación se muestran los Compromisos de Calidad de las Organizaciones: SAT, MTPE y OSIPTEL, plasmados en indicadores de seguimiento de sus Cartas de Servicios.

SAT - Servicio de Administración Tributaria, ha establecido compromisos con sus clientes para la atención de llamadas a través de ALO SAT.

MTPE - Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ha establecido un compromiso sobre información de mercado de trabajo a través de charlas.

OSIPTEL - Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomuni-caciones, ha establecido un compromiso sobre consultas de sus clientes vía correo electrónico o formulario web.

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Organización: Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT

Tabla 11. Carta de Servicios del SAT.

Compromiso Lograr un nivel de llamadas atendidas a través del ALO SAT (3152400), no menor al 90%, del total de llamadas ingresadas, en el horario de 9.00 am a 6.00 pm de lunes a viernes y de 9.00 am

a 1.00 pm los sábados.

Especificaciones1er

Trim-18

2do

Trim-18

3er

Trim-18

4to

Trim-18

1ro

Trim-192do

Trim-19

Nivel de llamadas atendidas 91,80% 95,40% 98,00% 97,50% 98,90% 96,90%

Meta: ( >= ) 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Llamadas atendidas 235 582 208 251 217 719 198 011 199 988 234 994

Total de llamadas 256 594 218 225 222 261 203 167 202 209 242 575

Figura 8. Nivel de llamadas atendidas en ALO SAT.Fuente: https://www.sat.gob.pe/websitev9/Portals/0/Docs/Servicios/CartaServicios/

EvaluacionCartaServicios75.pdf

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Organización: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE

Tabla 12. Carta de Servicios del MTPE.

Compromiso Lograr un nivel de satisfacción del usuario con respecto al desarrollo de la charla y/o taller de

información del Mercado de Trabajo, igual o superior al 80%.

EspecificacionesEne

19

Feb

19

Mar

19

Abr

19

May

19

Jun

19

Jul

19

Ago

19

Nivel de satisfacción del usuario 92% 93% 97% 95% 97% 93% 85% 96%

Meta: ( >= ) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85%

Encuestas realizadas 70 65 15 22 22 14 67 30

Usuarios atendidos 130 125 15 23 22 14 67 30

Figura 9. Nivel de satisfacción sobre información del mercado de trabajo - MTPE.Fuente: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios/carta-serv-informacion-mercado-de-trabajo/

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Organización: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

Tabla 13. Carta de Servicios de OSIPTEL.

Compromiso Nº 3 Atender el 80% de las consultas recibidas vía correo electrónico o formulario web, en 6 días

hábiles, y la diferencia no pasará de 12 días hábiles.

Especificaciones1er

Trim-18

2do

Trim-18

3er

Trim-18

4to

Trim-18

1ro

Trim-18

Meta 1: (Atender consultas al 80% en 6 días) 80% 80% 80% 80% 80%

Resultado indicador (Meta 1) 88,20% 92,80% 82,80% 60,40% 73,80%

Meta 2: (Atender consultas al 20% no más de 12 días) 20% 20% 20% 20% 20%

Resultado indicador (Meta 2) 11,80% 7,20% 16,90% 35,30% 22%

Más de 12 días(*) 0,30% 4,30% 4,20%

Figura 10. Nivel de llamadas atendidas en ALO SAT.Fuente: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios/carta-serv-informacion-mercado-de-trabajo/

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(*) OSIPTEL adoptó las medidas de subsanación correspondientes en relación al 0,30%, 4,30%, 4,20% de consultas que fueron atendidas fuera de plazo.

5.1. Análisis del compromiso SAT• El seguimiento del compromiso de calidad sobre la atención de las

llamadas a través del ALO SAT es medido a través de indicadores de manera trimestral.

• El resultado del indicador de nivel de llamadas atendidas supera ampliamente la meta establecida de atención del 90%.

• Las llamadas solicitando atención superan las 200 000 por trimestre.

5.2. Análisis del indicador de MTPE• El seguimiento del compromiso de calidad está relacionado con la

información que se brinda al usuario sobre el mercado de trabajo existente y es medido mensualmente.

• La satisfacción expresada por los usuarios a través de encuestas por la información recibida supera ampliamente la meta establecida del 80%; observándose que la meta ha sido ajustada al 85% a partir de Jul-2019.

• En su mayoría los usuarios atendidos son encuestados.

5.3. Análisis del indicador de OSIPTEL• El seguimiento del compromiso de calidad se relaciona con la atención

de las consultas recibidas por correo electrónico o formulario web, es medido a través de indicadores de manera trimestral.

• No se han cumplido las metas establecidas y se entiende que se adoptaron las medidas de subsanación correspondientes de explicación al usuario.

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Tabla 14. Comparación de resultados de compromisos de otras organizaciones con los del Reniec.

Otras Organizaciones RENIEC

Se muestra el seguimiento de los compromisos de manera trimestral, lo que muchas veces no va a permitir tomar acciones inmediatas.

El seguimiento a los compromisos es mensual, lo que le facilita tomar a tiempo acciones correctivas.

A excepción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, varios compromisos de calidad están en una sola Carta de Servicios.

Ha agrupado convenientemente sus compromisos de calidad por proceso, trabajo por procesos.

Las metas establecidas están bastante por debajo de los resultados que se alcanzan.

Las metas establecidas son retadoras e involucran a todos para su logro.

Las metas requieren ajustarse de acuerdo con los resultados obtenidos y/o buscar nuevos compromisos en beneficio de los clientes-ciudadanos.

Ha actualizado las metas de sus compromisos a partir de junio 2019 y está en la búsqueda de nuevos compromisos para con los clientes-ciudadanos.

Las medidas de subsanación por incumplimiento de los compromisos son trimestrales.

De acuerdo a lo establecido en las Cartas de Servicio las medidas de subsanación son inmediatas.


6. Discusión Tal como se menciona en la introducción del presente artículo, muchas de las organizaciones públicas no van más allá de lo que la ley les exige y es por ello que la Carta de Servicios pretende cerrar las brechas existentes entre lo que el cliente-ciudadano recibe y lo que requiere y espera, claro está que dentro de las posibilidades y recursos de la organización para asumir compromisos bajo el contexto de una cultura de calidad.

Al respecto, las Cartas de Servicios, al estar alineada con los objetivos institucionales, suman esfuerzos a las organizaciones, especialmente a aquellas que poseen sistemas de gestión certificados y que buscan la excelencia.

En ese sentido, la Carta de Servicios, y la Norma UNE 93200:2008 que la respalda, muestran un instrumento novedoso de alcance internacional que fortalece el Sistema de Gestión de Calidad en el Reniec. Esto lo podemos visualizar mejor en la siguiente tabla:



Tabla 15. Comparación de resultados de compromisos de otras organizaciones con los del Reniec.

Otras Organizaciones RENIEC

Ausencia de compromisos de calidad. Mejorar los servicios mediante el establecimiento de compromisos de calidad.

No se detalla los servicios. Dar a conocer los servicios a los clientes-ciudadanos.

Trabajo individual por área. Fortalecer el trabajo en equipo, facilitando el involucramiento de las personas que la componen.

Falta de identificación y análisis de las necesidades y expectativas de los clientes-ciudadanos.

Identificar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes-ciudadanos a quienes se dirige el servicio.

Ausencia de encuestas de satisfacción. Elaborar encuestas de satisfacción que se necesiten para cada Carta de Servicios.

Mediano seguimiento de la satisfacción del cliente-ciudadano.

Incrementar progresivamente el nivel de satisfacción del cliente-ciudadano respecto a los productos o servicios, con un mayor seguimiento.

Mediano interés en la concientización por el Sistema de Gestión de Calidad.

Mayor concientización del personal para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, integrándolo.

Ausencia de opinión del ciudadano en compromisos de calidad.

Mejorar los canales de comunicación con el cliente-ciudadano al solicitarle su opinión sobre los compromisos establecidos.


7. Conclusiones El Reniec ha asumido compromisos públicos con los clientes-

ciudadanos a través de tres Cartas de Servicio:

1. Carta de Servicios Registro de Identificación y Registros Civiles.

2. Carta de Servicios Registro Electoral.

3. Carta de Servicios Registro de Certificación Digital.

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Los compromisos establecidos en cada Carta de Servicios han logrado excelentes resultados en la satisfacción del cliente-ciudadano:

• En la Carta de Servicios del Registro de Identificación y Registros Civiles, el compromiso de la Gerencia de Registros Civiles pasó de un 96,13% a un 99,08% de satisfacción en siete meses; el compromiso de la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Registros de Identificación en el último trimestre pasó del 88,96% al 96,73% de satisfacción.

• En la Carta de Servicios del Registro de Certificación Digital se ha logrado el 100% de satisfacción de las personas jurídicas durante el presente año.

Con el resultado obtenido por las Cartas de Servicios en la mejora de los procesos y la satisfacción del cliente-ciudadano, varios procesos en la organización están evaluando la necesidad de incorporar nuevos compromisos con el cliente-ciudadano, teniendo en cuenta los atributos más relevantes y el tratar de comprometerse con ellos en puntos clave como: disponibilidad de tecnologías, capacidad de respuesta, infraestructura, trato recibido, entre otros.

Las Cartas de Servicio no son estáticas, sino que son revisadas y actualizadas con la finalidad de replantear compromisos que se hayan desviado de su objetivo, responder a los cambios del entorno que afecten positiva o negativamente los compromisos de calidad del servicio, incluir mejoras en el servicio y/o actualizar los existentes.

Las tres Cartas de Servicios del Reniec han sido sometidas a un examen de validación externa por parte de la Certificadora AENOR, obteniendo reconocimiento internacional al ser Certificadas bajo la Norma ISO 93200:2008, es decir una organización independiente y de prestigio ha verificado y ha dado fe de la gestión y cumplimiento de los compromisos asumidos, reforzando aún más su valor.

Las Cartas de Servicios, y la Norma UNE 93200:2008 que la respaldan, muestran un instrumento novedoso de alcance internacional que fortalece el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en el Reniec.



Bibliografía

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2008). Norma UNE 93200, Madrid, España: AENOR.

Carta de Servicios del RENIEC.

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Sobre la autora

Rosario Leonor Gonzáles Lovón es ingeniero Industrial, magíster en Administración, y doctorado en Gestión de Empresas. Auditora líder en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2014, Sistemas de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015 y en ISO Electoral Norma ISO/TS 17582:2014, con experiencia en Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001. Docente y expositora en Temas de Calidad e Ingeniería.


Recibido: 21/10/19


ANTROPONIMIA Y DERECHO AL NOMBRE

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Motivos y estrategias en la elección del nombre. Entre la identidad y las expectativas

Motives and strategies in naming. Between identity and expectations

Danny Santa María Pinedo y Álvaro Maurial MackeeResumen En este artículo exponemos diversos ángulos en la concepción y percepción del nombre a través de la mirada de los involucrados en el proceso de elegir, decidir e inscribir los nombres.

En ese sentido, el propósito del artículo es conocer y comprender las dinámicas que incluye el proceso de su asignación.

Así, analizamos, a través de entrevistas semiestructuradas, las motivaciones y expectativas de los padres para elegir y decidir por uno o un conjunto de nombres cuyos significados e importancia se adecuan a una negociación entre ellos.

Se concluye que el nombre es importante en la trayectoria individual porque identifica las experiencias de su portador, con lo cual aporta en su autodefinición y en la diferenciación de los otros sujetos de su entorno. En ese sentido, cumple un rol individualizador, lo cual es clave en la formación de la identidad personal.Palabras claveNombre, identidad, elección del nombre, motivos antroponímicos.

AbstractIn this article we expose various angles in the conception and perception of the name through the gaze of those involved in the process of choosing, deciding and registering names.

The purpose of the article is to know and understand the dynamics involved in the naming process.

Thus, we analyze, through semi-structured interviews, the motivations and expectations of parents to choose and decide on one or a set of


Danny Santa María Pinedo / Álvaro Maurial Mackee

names whose meanings and importance are adapted to a negotiation between them.

It is concluded that the name is important in the individual trajectory because it identifies the experiences of its bearer and so it contributes to his or her self-definition and to the differentiation of the other subjects of his or her surroundings. In that sense, it fulfills an individualizing role, which is key in the formation of personal identity.Keywords Proper name, identity, choice of name, anthroponymic motives

1. IntroducciónEl objetivo del artículo es analizar los motivos y dinámicas en el proceso de elección y asignación del nombre. Describiremos el rol de los padres y actores cercanos a su elección y los motivos involucrados en él. Los supuestos de este artículo apuntan a que los nombres asignados a los individuos responden a expectativas de los padres y se relacionan con roles de género, de movilidad social y a la construcción de su individualidad.

La primera parte del artículo busca ubicar al lector en algunas definiciones que se usarán en el transcurso de la lectura. En primer lugar, definimos al nombre desde un punto de vista jurídico asociado al derecho a la identidad y a la existencia jurídica del individuo. Del mismo modo, lo definimos desde una concepción sociológica que abarca prácticas culturales y su condición de nexo identificador e individualizador en la historia de vida de los individuos. El carácter metodológico y analítico de este estudio nos invita a pensar en el nombre como uno de los elementos principales en la interacción social de los individuos, de su presentación y de su construcción personal.

En segundo lugar, definimos la identidad como un atributo inherente al nombre; es decir, que ayuda a la definición del individuo a través de la diferenciación y de la generalización. Esto quiere decir, que el sujeto es único y diferente en función de lo que comparte con los demás. Pero la identidad y el nombre también se conectan a través de la identificación, es decir, desde la documentación o identificación que es, a la vez, un derecho y un conector que logra contener las diversas experiencias de

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vida del individuo y lo ayuda a construir su proyecto de vida. En resumen, la identidad es relacional.

En tercer lugar, presentamos otro elemento inherente al nombre: la individualización. Este es un proceso que busca hacer único al individuo a través de las condiciones que le dan libertad y sentido de la acción. Significa la autoafirmación de uno mismo. Como lo menciona Claude Dubar (2002): la meta de la individualidad y la individualización es ser un individuo único en un contexto de cambio de modelo cultural. Así, la identidad y la individualización se conjugan con el nombre para hacer de un individuo una historia de vida.

La segunda parte del artículo tiene como objetivo conocer y comprender los motivos de los padres para asignar uno o un conjunto de nombres. Para ello, hemos entrevistado a seis padres de familia de zona urbana a fin de tener datos sobre sus motivaciones, expectativas y los medios que usaron para pensar, elegir y decidir por nombres. Del mismo modo, conoceremos quiénes intervienen en dicha decisión. En general, de las entrevistas y revisión literaria obtenemos datos que coinciden en los motivos para la elección de un nombre. Por ejemplo, la importancia de los referentes ubicados en la comunidad o en la familia, cuyos nombres son otorgados a un niño o niña a fin de cumplir con expectativas o conservar una memoria generacional que representa cualidades como el liderazgo, la bondad y las experiencias de vida en sí mismas.

1.1 Antecedentes El nombre es un signo distintivo que individualiza e identifica a su portador. Es el nexo que conecta diversas experiencias y cuya elección contiene aspectos culturales, motivos y expectativas; así como una movilización de personas para su registro. Es una identidad impuesta que responde a expectativas de los padres hacia los hijos (Sue y Telles, 2007).

De acuerdo con el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante Reniec), el nombre es la composición de los prenombres y los apellidos de la persona (Donayre, 2010, p. 377), e imprescindible para la personalidad e identidad del individuo (Adrianzén en Reniec, 2010, p. 338). En el lenguaje cotidiano



solemos equiparar el prenombre con el nombre. En ese sentido, para estos fines proponemos usar la categoría nombre como equivalente del prenombre.

El nombre (prenombres y apellidos) está vinculado al derecho a la identidad. Se ampara en el inciso 1 del artículo 2° de nuestra Constitución Política; así como en instrumentos supranacionales como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Se ampara también en la Declaración de los Derechos del Niño, que en su Principio No. 3 establece que “el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad”, así como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en el artículo 24.2 menciona que “todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre” (Salmón, 2006, pp. 28-31). En suma, hay un marco normativo que convierte al individuo en un sujeto de derechos.

Desde las Ciencias Sociales, el nombre es una palabra, o enunciado, que en todas las culturas posee el mismo estatuto paradójico. A una sociedad le permite designar a cada uno de sus miembros como un individuo singular, pero este no puede infringir las leyes de la palabra común. Ya se lo reciba del padre, de la madre, del esposo o de la comunidad ―o uno mismo haya tomado la iniciativa de atribuírselo― se mantiene como una fórmula por medio de la cual un grupo se apropia de la identidad de los individuos que la encarnan, al mismo tiempo, que se reconoce su derecho a la autonomía (Christin 2001, p.13).

El sociólogo Erving Goffman indica que el nombre es una de las partes fundamentales de la vida del individuo. Se relaciona con lo que él denomina “fachada”: dotación expresiva empleada intencional o inconscientemente durante la actuación individual. La fachada cuenta con un conjunto de dotaciones de signos que forman parte de nuestra identidad personal. Aquí se incluyen datos como la talla, la edad, el sexo, las expresiones faciales, las insignias de cargo, y por extensión, el nombre (2001, pp. 33-34).

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En esa misma línea de análisis, para Claude Dubar el nombre es un canal de información y el punto de partida para un aprendizaje experiencial que permite la construcción personal de saberes reconocidos a partir de una experiencia conocida (2005, p. 205).

En tal sentido, nos permitiremos definir el nombre como el atributo con el que interactuamos cotidianamente en colectivo y que hace posible construir nuestra individualidad e identidad personal en un contexto en el que su portador es un sujeto de derecho.

1.2. Identidad individual y nombre Desde el punto de vista jurídico, la identidad es un derecho que guarda relación con otros derechos como a la integridad y al libre desarrollo; a educarse como parte del crecimiento de la propia identidad a través del conocimiento y la reflexión; a la libertad de conciencia y religión; a la libertad de opinión y difusión, entre otros (Rubio Correa en Reniec, 2010, p. 46).

También es el reconocimiento de la existencia de las personas por parte de los Estados que implica el otorgamiento de ciudadanía y la habilitación de otros derechos como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la participación política, etc. (Tamargo, en Reniec, 2010, p. 91).

Por su parte, Carlos Fernández Sessarego la define como el:

…conjunto de atributos y características que permiten individualizar a una persona en la sociedad; es decir, todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” y no “otro”, permitiendo a los demás conocer a “cierta persona” en su “mismidad (…). (Hernández Alarcón, 2010, p. 362)

Por su parte, Goffman sostiene que la identidad personal cuenta con dos elementos: las marcas positivas o soportes de identidad (p.e. el DNI) y la combinación única de los ítems de la historia vital, adheridos al individuo por medio de esos soportes (2006, p. 73). Por ejemplo, el DNI conecta hechos de nuestras experiencias individuales o colectivas como ejercer el derecho al voto, ser elegido representante público o participar en la vida pública, cambiar de Estado Civil, entre otras cosas.



En segundo lugar, Dubar considera que la identidad es el resultado de una doble operación lingüística entre la “diferenciación” y la “generalización”. La primera incide en la singularidad de uno en relación con los demás: la identidad es la diferencia. Mientras que la segunda, ubica a la identidad en la pertenencia común. Entre ambas perspectivas se afirma que lo que hay de único es lo que hay de compartido (2002, p. 11).

En ese sentido, la identidad personal es una configuración dinámica de todas las formas de identificaciones: nombres, documentos oficiales, diferenciaciones, generalizaciones, atributos, etc. De ese modo, Dubar introduce la categoría denominada “identidad narrativa”: construcción en la que un sujeto sitúa una disposición de sus experiencias significantes (2002, p. 235). Se refiere a los proyectos de vida que nos garantizan coherencia íntima y donde el sujeto-que-aprende se construye en su interacción a partir de diversos signos, símbolos y sentidos: como el nombre, cuyo rol es identificar al individuo y hacerlo reconocible en el colectivo (2002, p. 201).

La identidad narrativa también asegura un bienestar subjetivo que en conjunción con otras convenciones sociales ayudan en la integración social y es parte fundamental del bienestar individual. Por ejemplo, en el principio ‘interés superior del niño’ el nombre se considera como uno de los elementos más importantes en el desarrollo del individuo.

En suma, la identidad legal o positiva es el reconocimiento de los ciudadanos a través de la organización de los Estados; mientras que la identidad personal se refiere a la construcción individual a partir de la interacción entre las diferencias y generalidades del individuo en el colectivo.

1.3 La individualización construida desde el nombreEn el ámbito del Registro Civil, los nombres son los elementos que buscan diferenciar al niño o niña que los recibirá. Por ejemplo, cuando los padres eligen uno o una combinación de ellos en función de un idioma específico por distintas razones; cuando deciden asegurar su pronunciación a través de la escritura, es decir, adecuarlos a su lengua madre; cuando afirman que asignan algunos nombres porque sus hijos deberían construir una personalidad o cualidad o cuando signifiquen alguna expectativa hacia

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ellos (Sue y Telles, 2007). De esto, podemos decir que el nombre es un canal que transmite información sobre el individuo y su entorno.

En ese sentido, la individualización también significa la autoafirmación de uno mismo en función a los elementos que forman parte de nuestra identidad personal, tal como lo hemos venido mencionando. Además, brinda una idea de libertad individual en la que asumimos nuestros proyectos personales y, asimismo, hace posible la integración social. Para Zygmunt Bauman, la individualización consiste en hacer que la “identidad” humana deje de ser un “dato” para convertirse en una “tarea”, y en cargar sobre los actores la responsabilidad de la tarea y de las consecuencias (y efectos secundarios) de su actuación (en Beck y Beck-Gernsheim, 2003, p. 20).

Pero hacerla una “tarea” implica contar con distintas posibilidades y condiciones para actuar. Por ello, el sociólogo alemán Ulrich Beck menciona que el proceso de individualización implicaría una conversión hacia un homo options, aquel que decida entre lo que desea ser y desea hacer: la vida, la muerte, el género, la corporeidad, la religión, el matrimonio y la constitución de su identidad personal a partir de sus nombres, entre otros. (2003, p. 44).

Todo este proceso, que es tanto individual como social, significa que existe una concepción de individuo que implica un “…mayor énfasis en el ‘yo individual’, repositorio de sentimientos, emociones, libertad, espacio interno, por consiguiente capaz de aspirar a la libertad y la igualdad” (Damatta, 2002, pp. 227-228).

De acuerdo con todo lo mencionado, la individualización es el proceso en el que se conjugan elementos que hacen único al individuo, además, de las condiciones necesarias que le dan libertad a su ámbito y sentido de la acción, es decir, lo que puede ser, hacer y decidir. En este proceso los individuos nos encontramos en el centro de la acción social, interactuando y comunicándonos con nuestros pares en función de nuestros intereses y motivaciones. A pesar de ello, la meta de la individualidad y la individualización es ser un individuo único en un contexto de cambio de modelo cultural que implica “ser uno mismo” (Ehrenberg, citado en Dubar, 2002, p. 189).



1.4. El nombre en un contexto de jerarquía social El nombre también es un elemento de discusión que implica reconocernos en una cultura o identidad cultural específica (con sus formas de escribir y sus formas de hablar) que se mantiene o que se transforma en el tiempo debido a su disposición para los cambios. En ese mismo contexto, los individuos nos construimos una identidad personal a través de un aprendizaje cotidiano en esa identidad cultural donde vivimos e interactuamos.

Su elección es refrendada, valorada o cuestionada a priori y a posteriori. La elección del nombre es un ritual cultural universal que le otorga al individuo ciertas responsabilidades en función de su valoración, de su significado, de su escritura o sonoridad, de su referente inmediato, de su idioma de origen y de sus motivos y expectativas. Este ritual pasa por pensar, elegir y decidir por un nombre e ir al registro civil a inscribirlo. Posteriormente, el individuo vive su nombre en su interacción cotidiana.

Por ejemplo, el sociólogo Richard Breen mencionaba que en Tuog, en la Irlanda del primer cuarto del siglo XX, los nombres como Goretti, en honor a la santa italiana María Goretti, indicaban intenciones como el rol que la mujer socialmente debía cumplir. Es decir, las ubicaban en un rol social específico (1982). De este modo, las motivaciones y expectativas de los padres están inmersas en esta dinámica.

En cambio, en el contexto estadounidense Biavaschi, Giulietti y Siddique estudian la relación entre inmigración, cambio de nombre y movilidad social. La dinámica de esta relación muestra que, inicialmente, los nombres ubicaban socialmente a los nuevos ciudadanos. De ese modo, encuentran que los inmigrantes que cambiaron sus nombres de origen a nombres estadounidenses (en inglés) incrementaron sus ingresos hasta en un 14%; a diferencia de los que no lo hicieron. A este fenómeno lo denominaron “la americanización del nombre” (o en una versión adecuada: la anglofonización del nombre). Así, Giovanni pasó a llamarse John para asimilarse socialmente y tener mayor éxito en el mercado laboral. Una de las conclusiones de este estudio sugiere que la asimilación cultural fue un instrumento para la asimilación económica (2013).

Por otra parte, ¿por qué importan tanto los nombres en el mercado laboral?, se preguntan Fernández (2014), quien supone que en el mundo

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laboral los empleadores usan el nombre de los candidatos para inferir el nivel socioeconómico de los padres porque creen que afecta la calidad de su educación y sus habilidades. Este imaginario responde al modo como los nombres clasifican socialmente y reproducen las jerarquías que suponen (y esconden) la calidad del individuo a partir de la etiqueta. Por lo cual, decidir por alguien en función de su nombre conlleva prácticas de discriminación.

2. Diseño de la investigaciónEl artículo está escrito bajo un enfoque cualitativo. Este enfoque se basa en la teoría fundamentada, es decir, en la búsqueda y construcción de una explicación a partir de la inducción: elementos de la realidad que van de lo particular a lo general.

2.1. Descripción de la muestra y de los escenarios elegidosSe realizaron seis entrevistas semiestructuradas a padres de la zona urbana de una ciudad del país. La guía de entrevistas para los padres contiene un grupo de preguntas relacionadas con la gestación del nombre, es decir, cómo y cuándo lo eligieron; luego, un par de preguntas sobre su entorno para dicha elección para, después, consultar sobre los motivos de su elección. Luego, llegados al punto de recoger datos sobre las motivaciones, hicimos preguntas relacionadas con el nombre, la identidad y la individualidad con la intención de recoger datos que indiquen el rol del nombre en la formación de la persona.

3. Resultados

3.1. Estrategias y motivos en la asignación del nombreLa asignación del nombre es el proceso a través del cual se piensa, elige y registra un nombre. Aquí analizamos, en primer lugar, cómo los padres piensan el nombre para asignarlo. En segundo lugar, conocemos a los actores que intervienen en este proceso. Aquí encontraremos la existencia de un círculo íntimo cuya opinión es valorada y tomada en cuenta para la elección del nombre; del mismo modo, la participación de otros actores como los medios y redes de comunicación que cumplen un rol en el armado de una lista de nombres a fin de usarlas como recurso de negociación



en la elección y decisión de los padres. En tercer lugar, conoceremos las motivaciones de los padres para decidirse por uno o un conjunto de nombres, qué los mueve y por qué. De ese modo, iniciamos este proceso en el que los padres piensan y deciden por uno o más nombres de acuerdo con sus motivaciones, estrategias y expectativas.

3.2. Motivaciones en la elección del nombre En las entrevistas, encontramos que el “gusto” es uno de los motivos que preconcibe un conjunto de nombres de acuerdo con influencias y referencias sociales o culturales que son valoradas, producidas y reproducidas por las personas en su tiempo y en su entorno. De ello, podemos inducir que para decidir qué nos gusta, evaluamos la estética de un nombre, su sonoridad o cuáles significados se adecuan más a lo que deseamos brindarle al recién nacido. Los significados se evalúan usando diversos medios que acompañan la creación de listas de nombres: Internet, diarios en versiones impresas, televisión, radio, etc. Como menciona Pierre Bourdieu, el gusto limita nuestras preferencias e ideas y pertenece a un orden abstracto que conforma nuestros criterios y disposiciones hacia las cosas (1998, p. 10).

Por ejemplo, uno de los entrevistados mencionó que junto a su esposa combinaron sus gustos (sic) para elegir el nombre de su hijo. Este proceso canalizó sus expectativas:

…había otro [nombre] que siempre estaba en mi cabeza… Alessandro, por un jugador de futbol, Alessandro del Piero de Italia. Y entonces… empecé a buscar su significado y me gustó que significara “el protector del hombre”. Entonces, combinamos Alessandro Matías, con mi gusto y el gusto de mi esposa, que era Matías. Recuerdo haber hecho una lista de 23 nombres bajada de Internet. Entonces, traté de buscar el significado de cada uno, (…) pero de todos [los nombres] nos quedamos con Alessandro. O sea, igual, el nombre que yo quería tenía que estar en la lista, el nombre que le gustaba a mi esposa tenía que estar en la lista (Padre de Alessandro Matías).

Como observamos en la cita, la decisión fue concertada y demuestra que en la asignación del nombre la participación de ambos padres resulta

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fundamental porque son los dos los que asumen, en igualdad, decidir por el primer paso en la construcción de su identidad y de su individualidad, de acuerdo con sus preferencias.

Por otro lado, hay una concepción estética que busca la belleza del nombre con el fin de cuidar o realzar la integridad del individuo. En ese sentido, los padres deciden cuáles pueden o no ser bonitos; es decir, el nombre bajo la concepción estética ha atravesado por un proceso de aprendizaje y diferenciación respecto a otros que no pueden tener el mismo valor social o personal. Así, se piensan nombres que no se relacionen con bromas, burlas o que causen sobrenombres a futuro.

La negociación para su elección involucra también su ubicación en los posteriores documentos oficiales, ya sea usando el nombre de uno de los padres o uno de los familiares más cercanos de acuerdo con su valoración en el ámbito familiar. Además, existe aún la costumbre de padres que deciden que sus hijos se llamen como ellos, así como de madres que en honor al padre hacen lo mismo. Por ejemplo, dos entrevistadas manifiestan desde su punto de vista la última afirmación. Una de ellas menciona:

Su papá quería que se llame Henrry1 Adriano, pero a mí no me parecía. Bueno, como habíamos acordado que si iba a ser varón, él le ponía el nombre [Henrry]… yo le he escogido Adriano y él quería a como dé lugar que lleve su nombre y le he dado la opción que le ponga como segundo nombre. (Madre de Adriano Henrry)

Y posteriormente, la siguiente dice:

…se supone que si era mujer, el nombre lo ponía yo, y si era varón, lo ponía él, pero cuando ya nació siempre sabíamos que su primer nombre era Andrea, el segundo nombre era el detalle… que lo iba a poner yo. ¿Andrea por qué? Porque Andrés es el papá. (Madre de Andrea del Carmen)

Si bien ambos testimonios reflejan una sola etiqueta, es decir, “negociación”, la diferencia se marca en el grado de aceptación que hay para que los niños hereden el nombre del padre. En el primer caso, el

1 Forma escrita del nombre con el que fue inscrito en el acta de nacimiento.



proceso de negociación es más complejo porque posteriormente la madre manifiesta que los niños deben construir una identidad e individualizarse a través de una personalidad propia con un nombre diferente al del padre, aunque Adriano es la masculinización del nombre de su abuela:

…voy a pronunciar Adriano y siempre mi abuelita Adriana va a estar presente en él (…) al llamarle Henrry pienso que le estoy llamando a él [padre]. Aparte también nunca he estado de acuerdo porque cada persona tiene su propia personalidad y debe tener otro nombre diferente. (Madre de Adriano Henrry)

Como observamos, el hijo de la entrevistada hereda en primer lugar el nombre (en masculino) de su abuela materna y, posteriormente, el de su padre; lo que significa evaluar cuál de los dos tiene mayor valor subjetivo para ambos y, según eso, se pone en evidencia la jerarquía de lo que ambos nombres significan para ellos. De hecho, pensamos que las trayectorias de vida de los ancianos pueden tener un peso más grande porque representan valores construidos y traspasados a través de un tipo de educación y vida cotidiana compartida en el ámbito familiar, de igual manera, traspasado también por el nombre.

En el segundo caso, la siguiente entrevistada nos manifiesta un acuerdo para que el nombre de la hija sea la versión femenina del nombre del padre. A pesar de manifestar un dilema para decidirlo, sí era claro el rol de ambos padres al momento de conocer el sexo de su hija: si era mujer, el nombre lo ponía la madre; si era varón, el padre. Ahora, como manifiesta la entrevistada, el segundo nombre era el detalle y en un principio ya había sido definido como Camila, pero…

Resulta que cuando fuimos a la municipalidad a firmarla, el papá en vez de ponerle Andrea Camila le puso Andrea del Carmen, por el nombre de su mamá. Su mamá es Carmen. Yo, sorprendida, me molesté porque no quería que su nombre sea así. O sea, su [segundo] nombre fue del momento. Porque hasta el momento de llenar los datos que nos piden… para mí era Andrea Camila; entonces resulta que cuando ya empiezo a firmar (porque yo estaba atendiendo a la bebé cuando tenía que firmar) leo el nombre y decía Andrea del

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Carmen, pero como no era para estar peleando y discutiendo se quedó como Andrea del Carmen. (Madre de Andrea del Carmen)

El acuerdo entre ambos ha sido roto por la decisión unilateral del padre y ejercida a la hora de su inscripción en la Oficina de Registro Civil mientras la madre atendía a la hija. Si bien en un primer momento ambos tenían un rol en la elección y decisión del nombre (si era mujer lo decidía la madre y si era varón, el padre), este se rompe porque uno de ellos decide a costa del otro colocar uno que no ha sido ni acordado ni pensado por ambos. A pesar de que la madre decide ponerle el nombre del esposo en honor a él (SIC), él decide colocarle el de su madre como segundo nombre. En tal sentido, él tenía una motivación no negociada que se materializa a la hora de la inscripción y que fue adoptada por la madre a fin de evitar un conflicto en ese momento.

Inferimos de esta motivación que tanto la identidad como la individualización son, en tercer lugar, motivos para elegir y decidir por un nombre. De ese modo, en los casos analizados observamos que los tipos de negociación para su elección y decisión varían de acuerdo con el caso y los actores.

En las dos citas anteriores, vemos que las motivaciones de ambas madres son diversas (la primera no quería que su hijo herede el nombre del padre; en cambio la segunda sí), pero coinciden en que los nombres de ambos niños no están fuera del ámbito y registro familiar, lo que refuerza un tipo de identidad que reconoce un tipo de motivación: la transferencia de cualidades o memorias a través del nombre de un familiar o adecuación al género a fin de evocar, recordar o traspasar cualidades de una persona a otra. Curiosamente, a pesar de ser nombres existentes en sus respectivas familias, una de las madres manifiesta que busca crear una identidad y una personalidad que individualice a su hijo.

En general, los nombres tienen significados que hacen referencias a valores y prácticas culturales y además a actividades de personas que han tenido una trayectoria importante en su entorno.

Otra madre entrevistada menciona la forma como junto a su esposo eligieron los nombres de su primer hijo varón mediante el uso de Internet. La elección fue de último minuto en el caso del primer nombre, ya que



el segundo había sido decidido porque ambos estaban seguros de que era una niña, pero la ecografía no había tenido un resultado preciso. Entonces, tuvieron que usar la versión masculina de Alessandra y el esposo buscó el otro nombre de forma apurada:

Como nació varón su papá buscó nombres en Internet y…quería que sea judío o griego. Entonces encontró un nombre llamado Raveh, que tenía un significado muy bonito para él: “sediento de Dios”. Eso es lo que él quería y como le iba a llamar Alessandra a la bebe, le pusimos Alessandro, Raveh Alessandro. Él quedó así. A su papá le gustan esa clase de nombres, no sé más. Entonces cuando él fue a visitarme [me dijo]: ―Se va a llamar Raveh ― ¿Por qué Raveh? ―Porque significa “sediento de Dios”. Alessandro porque quedaba de Alessandra, pues (Madre de Raveh).

Para este caso los nombres que los padres eligieron no se encuentran en el entorno de sus familias y el medio utilizado para la búsqueda de sus significados fue Internet.

Por otro lado, la elección del nombre se asocia con la movilidad social. Una pareja de esposos nos cuenta que la elección del nombre de su hijo fue una decisión unilateral, pues fue el padre quien lo decidió gracias a un programa televisivo de entretenimiento. De acuerdo con ello, nos cuentan porqué su hijo se llama Axel Danilo:

Madre: … su papá ha pensado en ese nombre.

Padre: Es un señor que es, imagino…. lo veo por la televisión, me parece que es un artista. Axel. Le veo por ahí, por la televisión. Me ha gustado ese nombre. Es un artista. Por eso le puse ese nombre. Danilo es el nombre de uno de mis sobrinitos. (Padres de Axel Danilo).

En el transcurso de la entrevista, el padre sigue contándonos que le gustaría que su hijo sea como el artista que nos ha mencionado o, si hubiera más posibilidades, buscar mejores profesiones (sic). En este caso, las expectativas representan proyectos de movilidad social.

De los motivos encontrados en las entrevistas desprendemos que los nombres también responden a intenciones que buscan movilizar

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socialmente a los individuos. Estas expectativas son diferentes en cada contexto. Si bien el nombre influye en la vida de los individuos, no determina ni el aprendizaje ni el éxito individual; lo que demuestra en ocasiones el carácter de la sociedad para evaluar la etiqueta y el contenido.

En términos de Sue y Telles, los motivos para asignar nombres en un idioma como el inglés son una estrategia de asimilación con expectativas de movilidad social que buscan evitar formas de discriminación y conectar con las primeras identidades étnicas (2007).

Así, lo que en las tres últimas citas mostramos es que si bien existen prácticas sociales y culturales en la búsqueda de los nombres y sus significados, también existen motivaciones, expectativas e intenciones en el valor que le damos a uno específico.

Como vemos, los motivos para la asignación de nombres también se relacionan con el uso de los medios de comunicación, sus soportes y formatos. Estos se asocian con los gustos, referencias hacia otras personas (familiares, personajes públicos, etc.), movilidad social, expectativas y experiencias individuales y colectivas para configurar un tipo de ordenamiento en los nombres, pues encontramos variedades en diversos idiomas, valoraciones diversas y diferentes formas de escribirlos.

Respecto a esto, observamos que, en general, hay una tendencia a la mezcla de nombres a través de sus prácticas de asignación; es decir, que las influencias culturales que se configuran en factores como el gusto permiten una hibridación en los nombres que se puede notar en combinaciones en distintos idiomas. Esta tendencia se manifiesta en sus repeticiones inscritas en el Reniec que nos permiten advertir que los nombres son una representación del Perú: un abanico de diversidad y diferencia que tiende a la hibridación. En ese sentido, encontramos que su escritura también es un motivo en el proceso de su asignación, tal como lo manifiesta una madre entrevistada:

Me agradó el nombre. Veía cosas prácticas, como cuando [Andrea] entre al jardín va a aprender a escribir rápidamente su nombre. Son cosas muy prácticas: An-dre-a –del- Car-men. [Andrea del Carmen] (Madre de Andrea del Carmen).



En resumen, los motivos en la elección del nombre guardan relación con los gustos, las cualidades y memorias familiares que potencialmente se transfieren, las expectativas que representan una posible movilización social y la forma de su escritura en sí misma.

4. DiscusiónEn relación con los resultados encontrados respecto a las motivaciones para elegir el nombre, Sue y Telles explican que los motivos para asignar nombres (naming), en un contexto estadounidense, son la asimilación social y cultural a la sociedad que los acoge. Indican que las hijas de inmigrantes latinoamericanos nacidas en los Estados Unidos son nominadas con nombres no traducibles al castellano (p.ej. Kimberly) a fin de evitar algún tipo de discriminación futura, lo que nos lleva a analizar un contexto en el cual las mujeres son más propensas a la discriminación; por ende, es necesario integrarlas más rápidamente que los hombres (2007, p. 1392).

Asimismo, encuentran que los nombres en inglés traducibles al castellano conectan a sus hijos varones con su primera identidad étnica (2007, p. 1409). Los autores encuentran que la exposición a la cultura norteamericana influye en la decisión para elegir un nombre, como el origen étnico de los padres (en este caso latinoamericanos).

Así, las variables de su investigación atraviesan tres espacios de la vida cotidiana que tienen relación con el sentido de la apropiación y la identidad: etnicidad, género y lugar de nacimiento. Adicionalmente, arguyen que elegir el nombre es una decisión cultural importante porque significa el otorgamiento de una identidad étnica, lo que los padres esperan para sus hijos tanto en términos de socialización como en el desarrollo de identidades personales (Sue & Telles, 2007).

Por otro lado, una motivación para elegir un nombre se relaciona con los roles de género que Richard Breen presenta en su estudio sobre el registro bautismal de la comunidad irlandesa de Tuogh. Su premisa es que el nombre clasifica y ubica socialmente. Encuentra que los nombres cristianos como “María” buscaban establecer roles de género como la pureza o lo que la mujer, socialmente, debía ser. Además, estos servían

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como formas de protección en momentos de enfermedad, pues eran invocados cuando su portador se encontraba en infortunio. (1982, p. 702).

Asimismo, esta dinámica respondía al estatus social mediante el cual los padres pensaban, elegían y decidían por el nombre de algún familiar de trascendencia social que representara algún tipo de éxito económico o político a fin de que sus hijos heredaran un bien económico. Del mismo modo, los nombres de los familiares adultos y solteros eran otorgados a un recién nacido a fin de buscar los mismos beneficios.

Así, los ejemplos que hemos mencionado muestran motivaciones que representan las expectativas de los padres. De ese modo, una expectativa es lo que uno espera de alguien, lo que se quiere de alguien a partir de algo.

En tal sentido, el patrón de transmisión del significado o cualidad de los nombres de un referente a otro es una acción que encontramos en diversos grupos sociales; ya sean indígenas, mestizos, de zonas rurales o de zonas urbanas, tal como lo vimos en el análisis de las entrevistas. De ese modo, encontramos que entre estos no hay diferencias sustanciales en sus motivaciones: lo que hay son maneras relativamente diversas de reflejarlas en los nombres.

4.1. Pensar el nombre antes del nacimientoCuando se asigna un nombre se utilizan diversos recursos que permiten una elección que se adecue a variables como los gustos, las expectativas, la cultura de una comunidad, la tradición o la transferencia de cualidades de una persona (que sirve como referente) a otra (que sirve como receptor) o su estructura escrita y fonética. Pensar el nombre antes del nacimiento busca individualizar y transmitir ciertas características a la identidad del recién nacido.

Por otro lado, el sexo —primer elemento de la identidad del individuo — ayuda a delimitar las decisiones en la elección del nombre. Aunque varios entrevistados manifiestan que ni bien iniciado el embarazo o antes de ello ya han pensado o decidido un nombre, el hecho es que la tecnología a través de una ecografía ayuda a delimitar el ámbito de decisión de los padres y, además, permite configurar algunos detalles, como marcadores sociales, que van a complementar la identidad del recién nacido a partir de un nombre.



A partir de ello y de acuerdo con los datos recogidos, el nombre es pensado antes, durante e incluso después del embarazo, pero no significa que haya existido una elección inmediata, sino más bien la creación de listas de nombres y/o búsqueda de sus significados a través de medios como Internet. Cuando se crean las listas, se eligen variables como las cualidades de sus referentes que pueden estar ubicados en la familia, y sirven como “herencias cualitativas” (transmitir o evitar cualidades), o en personajes públicos que desarrollan un tipo de actividad. La variable ‘gusto’ también juega un rol importante para definir la estética del nombre.

Principalmente, la exposición ante una cultura que tiene a la información como herramienta cotidiana representa un mediador importante para decidir por un nombre. Pensar en el nombre apoyándose en medios electrónicos como la radio, la televisión o Internet se complementa con elegir un nombre leído en un diario de papel, una tecnología que circula conjuntamente con las otras, así como también usar el santoral católico o el martirologio romano. Por ejemplo, uno de los padres entrevistados menciona que para decidir el nombre de su hijo había creado una lista de ellos descargados de Internet, cada nombre con un significado y conversado con su esposa. Entre ellos eligieron una combinación que configuraba sus expectativas y gustos. Por otro lado, los nombres también pueden ser pensados (y posteriormente escogidos) desde otro tipo de soporte, como un periódico, pues suele contener y canalizar las expectativas o gustos que busquen una identidad específica en los hijos.

La fusión de nombres en castellano y en otras lenguas, como el inglés, también es una tendencia y es una representación de los gustos, en el consumo de información, en las elecciones e influencias culturales que modifican sustancialmente el escenario de los registros civiles y la sociedad. Siguiendo esta línea, algunos padres entrevistados han pensado en opciones como Adrián, Daniel, Ethan, Matthew, Fabrizio o María. Y como lo manifiesta uno de ellos: “…traté de buscar el significado de cada uno. Algunos no tenían. Algunos eran alemanes, algunos eran griegos, algunos egipcios, árabes inclusive” (padre de Alessandro).

Ante ello, Sue y Telles (2007, p. 1412) argumentan que con el incremento de la globalización de la cultura (…) el aprendizaje y exposición al inglés,

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especialmente a través de los medios masivos de comunicación, se está convirtiendo en más y más común en todos los países de Latinoamérica que los nombres de los hijos sean asignados en este idioma o en otros.

4.2. ¿Quiénes intervienen en la elección del nombre? Los ámbitos familiares influyen en los padres en la elección del nombre. A través de esto se manifiestan formas de afecto positivo en esa relación, pues los padres consideran la existencia de sentimientos positivos entre estos y sus parientes o sus círculos amicales más cercanos que participan en estas decisiones (Rossi, 1965, p. 501).

Según las entrevistas realizadas, encontramos un círculo familiar y amical con cierto grado de influencia en la decisión de los decisores del nombre. En algunos casos, es la pareja la que negocia y discute el nombre que debe llevar el hijo o hija. De ese modo, encontramos que son los siguientes actores los que intervienen en el proceso de asignación del nombre:

a. Abuelos - Suegros.

b. Abuelas - Suegras.

c. Hermano(s) del Padre.

d. Hermana(s) de la Madre.

e. Amigo(s) - Amiga(s).

Como se observa, el círculo de influencia abarca dos espacios en la relación con los padres: el primero es el círculo familiar donde en algunos casos intervienen los abuelos-suegros o abuelas-suegras, pero no es un punto determinante, ya que uno de los entrevistados manifiesta que no quería que ni sus padres ni los padres de su esposa intervinieran para evitar cualquier tipo de desacuerdo o disgusto en él o en su esposa.

Por ejemplo, una de las entrevistadas menciona que para decidir el nombre de su hijo, en primer lugar había negociado con su esposo para que cada uno de ellos decida un nombre y su ubicación en el acta de nacimiento. La decisión del padre era que su hijo le heredara su nombre y que estuviera en primer lugar en el acta; en cambio, la madre consultó a una



de sus hermanas y decidió que herede el nombre de una de sus abuelas, adecuándolo en su versión masculina. Otra entrevistada manifiesta que los tíos paternos de sus hijos participaron en la elección del nombre del primero de ellos con propuestas que fueron aceptadas.

5. ConclusionesEl nombre es un atributo distintivo que nos individualiza e identifica en el transcurso de nuestras vidas. Además, es una identidad impuesta de los padres hacia los hijos (Sue y Telles, 2007). Es un punto en la red de relaciones donde se amplían las historias biográficas y se enlazan las experiencias vividas. Es inherente a la individualidad y a la identidad, pues ayuda a construirlos en cada trayectoria.

En razón de ello, hemos explicado el proceso de su asignación desde una perspectiva sociológica que analiza las motivaciones y expectativas de los padres para elegir y decidir por un nombre cuya significación e importancia se adecúan a una negociación dada entre ellos y su entorno.

De ese modo, concluimos que, en primer lugar, el nombre contiene las experiencias construidas en la trayectoria individual y aporta con la autodefinición y diferenciación de los sujetos en relación con su entorno. En ese sentido, cumple un rol individualizador y ayuda a la formación de la identidad personal.

En segundo lugar, su elección responde a ‘gustos’ de los padres, es decir, a aquellas predisposiciones que influyen en su elección mediado por la estética, la sonoridad o por su significación.

En tercer lugar, existen motivos y expectativas relacionados con cualidades y memorias de las experiencias vividas en el ámbito familiar, laboral o, incluso, por su importancia social.

Luego, en cuarto lugar, la escritura del nombre es un motivo para su elección por relacionarse con cuestiones prácticas que permitirían a su portador una fácil pronunciación y aprendizaje de su escritura. Esto, grosso modo, es una forma de individualización y de construcción de la identidad personal, tal como indica Goffman en los antecedentes de este artículo.

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En estos ámbitos, las redes y medios de comunicación juegan un papel importante, pues ayudan a crear listas de nombres que sirven como referentes en la elección de los padres.

Por otro lado, el nombre es pensado antes del nacimiento y vincula los motivos y expectativas de su elección con la participación de un círculo íntimo de personas ubicado en su entorno familiar y amical.

Finalmente, concluimos que la elección de un nombre —mediado por motivos y expectativas— pensado y planificado conlleva a un registro más eficiente y, por ende, al ejercicio del derecho a la identidad y al nombre. Asimismo, coadyuva a la construcción de una identidad personal relacionada con los entornos familiares y sociales.


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Sobre los autores:

Danny Santa María Pinedo

Sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con estudios de Maestría en Sociología con mención en Estudios Políticos por la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia en investigación en el ámbito electoral (ONPE) y registral civil en temas relacionados con identidad, identificación e interculturalidad (Reniec).

Actualmente es Subgerente de Investigación Académica de la Escuela Registral del Reniec.


Álvaro Maurial Mackee

Filósofo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Docente por la Universidad San Ignacio de Loyola. Con estudios de maestría en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en Antropología Visual por la PUCP. Con experiencia editorial en la Universidad de San Martín de Porres y diversas instituciones públicas.


Recibido: 29/09/19


RESEÑAS

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DUNBAR TEMPLE, Ella. La institución del jurado. Lima: Centros de Estudios Constitucionales, 2019.

Por Nora Lorenzo1

Transcurría el año de 1938 y la prometedora historiadora del derecho, Ella Dunbar Temple, se recibía de bachiller en Jurisprudencia con una tesis nominada “La institución del Jurado”2 que examina profundamente a la institución del jurado; institución que permite a un grupo lego de ciudadanos participar en un proceso judicial, y tener en él potestad para emitir un veredicto de culpabilidad o de inocencia según sea el caso.

En los primeros apartados, Ella Dunbar transita por el intrincado sendero histórico del jurado. Detecta posibles antecedentes del jurado en los heliastas atenienses, en los iudice jurati romanos, en La Lex Sempronia Judiciaria de Cayo Graco. En las postrimerías de la República, se detiene a analizar la Ley del año 684 del pretor Marco Aurelius Cotta. Incluye también en su estudio a los arimanni, los boni-hominis, manifestaciones de justicia popular en los pueblos germánicos.3

La Ley Sálica es también incluida en este estudio, anota que en ella se admitía un tribunal popular compuesto por hombres libres. Halla en las Cartas Forales de Castilla —concretamente en el fuero municipal de Toledo de 1222— disposiciones similares a la del jurado, lo propio con el Breviario de Alarico. Es, finalmente, en Inglaterra, donde Ella Dunbar halla las modernas características de esta institución.4

1 Nora Lorenzo Quilla, abogada por la UNSA y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente labora en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Correo: [email protected].

2 Dunbar Temple, Ella. La institución del jurado. [microforma]. Tesis sustentada en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1938. Recientemente el Centro de Estudios Constitucionales ha publicado una nueva edición ello en el marco del Colección «Biblioteca Constitucional del Bicentenario», con el ánimo de revalorar el aporte de las mujeres en el debate jurídico. DUNBAR TEMPLE, Ella. La Institución del jurado. Lima: Centros de Estudios Constitucionales, 2019.

3 Ibid., pp.19-96.4 Ibid.


En otro apartado, Ella se ocupa de los principios y características positivizados del jurado desde una perspectiva comparada. Y es, debo agregar, muy escrupulosa. También recoge en su texto, las diversas apreciaciones que en torno a esta institución existen en la doctrina. Se observa una gran cantidad de juristas en abierta oposición al jurado, la misma Ella era partidaria de su destierro.5

Finalmente, en abierta oposición al jurado, considera Ella que esta institución requiere para su funcionamiento un alto nivel de preparación en los ciudadanos, imposible de hallar, a su juicio, aun en los países más ilustrados. Cuestiona a esta institución y señala que esta carece de imparcialidad e independencia. Le teme a un veredicto sin motivación; aún más a un jurado sin responsabilidad. Por todas estas razones, el jurado es, para Ella Dunbar, una institución caduca sostenida en el tiempo únicamente por razones políticas.

Cuestiona su falta de correspondencia con la corriente criminológica de su época. Y es que, en efecto, el tránsito de la escuela clásica a la positivista, con la incorporación, en el análisis jurídico penal, de corrientes culturales decimonónicas como la frenología, la “fisionomía” o las teorías evolucionistas de Darwin y Spencer, implicaría que el estudio del delito del delincuente adquiera connotaciones “científicas”. Se intentó tener una explicación científica de la conducta desviada.

Naturalmente en este escenario un jurado lego, cuestionado precisamente por carecer de conocimientos especializados sobre la conducta criminal, contrariaba los postulados del positivismo, y no tenía en este periodo un futuro cierto.

El determinismo biológico, que emergía a finales del siglo XIX, fue poco a poco acogido por los penalistas de este periodo, y coherentes con estos postulados, se opusieron al jurado popular. Pocos como Emilio Forero, Mariano H. Cornejo, o José Antonio Encinas, pese a la tesis

5 Ibid., pp. 97-215.

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criminológica mayoritaria del momento, defenderían a esta institución.6 Como diría Jiménez de Asúa, esta sería una herida de muerte para la institución del jurado.

Han transcurrido por lo menos 80 años desde la sustentación de esta investigación, y aún hoy el tema no ha perdido vigencia. Lo ocurrido en Argentina, quizás sirva para mostrarlo de alguna forma. Hacia el año 2015, en la provincia argentina de Neuquén, se realizó un juicio por un jurado intercultural, quizá el primero de su tipo en Latinoamérica. Un tribunal compuesto por doce jurados, seis de ellos pertenecientes al pueblo mapuche, declararon no culpable a la líder mapuche Relmu Ñanku, en quien pesaba un pedido fiscal por tentativa de homicidio, ello derivado de un enfrentamiento generado en el marco de un desalojo en territorio ancestral indígena. Dicho juicio se desarrolló con base en lo prescrito en el CPP de Neuquén, que exige, para su desarrollo, un jurado integrado por personas del mismo entorno social y cultural del imputado. Aun más específico es lo establecido en la provincia de Chaco, en donde se exige que la mitad de los jurados tengan que ser obligatoriamente miembros de Qom, Wichi o Mocoví, pueblos originarios de la zona.

Todo ello es una clara muestra de la evolución que podría tener esta institución en nuestra región, el caso argentino no es pues aislado. La discusión sobre la admisión de esta institución en los ordenamientos procesales está aún presente. En nuestro país no han sido pocos los debates (conocido es el debate de Mariano H. Cornejo y Manuel Vicente Villarán7) o los proyectos de ley que han intentado reintroducir esta institución — la institución del jurado existió en nuestro país para delitos

6 Forero, Emilio. Proyecto de Código de enjuiciamiento por jurados en materia criminal. Lima: Imp. de la Opinión Nacional, 1874. Cornejo, Mariano H. (Mariano Harlan). Defensa del juicio oral y del jurado. Lima: Estado, 1916. Cornejo, Mariano H. (Mariano Harlan). La reforma del procedimiento penal en el Perú. Conferencia sobre el jurado: sustentada por el Presidente de la Comisión Reformadora de los Códigos Penales, Dr. D. Mariano H. Cornejo, el domingo 6 de agosto de 1916, en el Teatro Excélsior. Lima: Imp. del Estado-Núñez, 1916.

7 Cornejo, Mariano H. (Mariano Harlan). La reforma del procedimiento penal en el Perú: en pro y en contra del jurado: interesantes artículos del Presidente de la Comisión Reformadora de los Códigos Penales, Dr. D. Mariano H. Cornejo, y del Decano del Ilustre Colegio de Abogados Dr. D. Manuel Vicente Villarán. Lima: Impr. del Estado, 1916.


de imprenta hasta 19398— en nuestra legislación procesal. En cualquier caso, la discusión aún está vigente, más aún tomando en cuenta las características de nuestro país. El trabajo de Ella Dunbar es evidentemente una obligada obra de consulta.

Finalmente, cabe agradecer por la notable e incansable labor que realiza desde el Centro de Estudios Constitucionales, el profesor Carlos Ramos Núñez, rescatando en sus publicaciones obras como la de Ella Dunbar, quizá un tanto olvidadas en el tiempo, pero no cabe duda que necesarias en el debate jurídico actual.

8 Ramos Núñez, Carlos. Justicia Profana: el jurado de imprenta en el Perú. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. Es un estudio histórico del funcionamiento de esta institución en nuestro país.

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Instrucciones para los autores

1. La Revista Académica es una publicación anual de la Escuela Registral (ER) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Fue fundada en 2013. Sus artículos son elaborados por destacados especialistas del Derecho, la Historia, las Ciencias Sociales y otras disciplinas afines al estudio de la identificación y registro de hechos vitales de los peruanos, provenientes de diversas instituciones locales y extranjeras, públicas y privadas, así como por funcionarios del RENIEC que reflexionan sobre su quehacer. Está dirigida a un público académico, servidores del RENIEC, funcionarios de otras instituciones públicas y privadas, y todos los interesados en la temática registral y de identificación. La revista es editada por la Dirección de la Escuela Registral del RENIEC. Cada artículo que se recibe es evaluado por el sistema peer review (arbitraje por pares).

2. Los artículos deben ser originales e inéditos además de concisos. Los artículos deben contar para su publicación con la aprobación del Comité Editorial así como de la Dirección de la Revista.

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c. Tres palabras clave en español y en inglés.

d Breve biografía de los autores, entre 100 y 120 palabras.

5. Las citas bibliográficas se basan en pautas establecidas por la American Psycological Association (APA).

• Libro (un autor) Referencia: Muñoz, R. (2002). Estudio práctico de la fusión y escisión de sociedades. México: ISEF.

En el texto: (Muñoz, 2002).

Si el libro tiene más de un volumen o se cita algún tomo (t.) o volumen (vol./vols.) en particular, la referencia es la siguiente:

Colombo, C. J., Alvarez Juliá, L., Neuss, Germán R. J., y Porcel, R. J. (1992). Curso de derecho procesal y civil (vols. 1-7). Buenos Aires: Abeledo- Perrot. Cita en el texto (Colombo, y otros, 1992, vol. 1, p. 120) Freud, S. (2005). El malestar en la cultura. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras Completas: Sigmund Freud (vol. 21, pp. 57-140). Buenos Aires: Amorrortu (Trabajo original publicado 1930). Cita en el texto (Freud, 1930/2005, p. 57)

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• Libro (dos o más autores) Referencia:

González, R., y Ramírez, J.L. (2007). La teoría de los valores. México: Prentice-Hall.

En el texto: (González y Ramírez, 2007)

• Libro (tres o más autores) Referencia:

Hernández, E.G., Rojas, H., Ramírez, J.L., y González, R. (1998). Algunos aportes de la psicología al estudio de los valores. Madrid, España: Pirámide.

En el texto:

En el caso de tres o más autores, se citarán todos ellos la primera vez que se haga referencia a su trabajo. De allí en adelante, se utilizará solamente el apellido del primer autor, seguido por las siglas et al. y después el año de publicación. A continuación un ejemplo:

Las teorías del aprendizaje cognoscitivo han sido importantes en este sentido (Rojas, Vargas, González y Gutiérrez, 2007).

(Esto se hace la primera vez que se citan en el texto).

Otras formas de aprendizaje han sido descritas en la literatura sobre aprendizaje cognoscitivo (Rojas et al., 2007).

(Esto se hace después de la primera cita).

• Capítulo de libro Referencia:

Arce, J.C., y Gutiérrez, M. (2012). Indicadores financieros y su relación con la economía futura latinoamericana. En R.J. Porras (Ed.), El rumbo económico de América Latina (pp. 100-121). Bogotá, Colombia: Nuevo Camino.

En el texto: (Arce y Gutiérrez, 2012, p. 104).


• Artículo de publicación periódica Referencia:

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En el texto: (Mora y Domínguez, 2010, p. 334).

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Revista Académica del RENIECISSN:2313-3465

Vol. 5 Nº 2, julio - diciembre 2019

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2019

vol. 5 nº 2, julio - diciembre 2019

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